Gaceta Oficial N° 41.448
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AÑO CXLV - MES X Número 41.448 Caracas, viernes 27 de julio de 2018
SUMARIO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 3.554, mediante el cual se nombra a la ciudadana Caryl Lynn Bertho de Acosta, como Presidenta del Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), en calidad de Encargada, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género.
Decreto N° 3.555, mediante el cual se nombra a la ciudadana Stella Marina Lugo de Montilla, como Presidenta del Instituto Nacional de Turismo, en calidad de Encargada.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Resoluciones mediante las cuales se prorroga, por un lapso de noventa (90) días continuos, el Proceso de Intervención de los Cuerpos de Policía de los Municipios que en ellas se especifican del Estado Anzoátegui, y se actualizan los integrantes de la Junta de Intervención de los Cuerpos de Policía que en ellas se mencionan.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TURISMO Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jesús Enrique Gómez Burgos, como Director General de Turismo Popular, adscrito al Despacho de la Viceministra de Turismo Nacional, de este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA SALUD Resolución mediante la cual se designan a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros de la Junta Directiva de la Empresa Socialista para la Producción de Medicamentos Biológicos, C.A., (ESPROMED BIO, C.A.).
Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas Providencia mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO Resolución mediante la cual se procede a culminar la Encargaduría a la ciudadana Adriana Francisca Zárraga Verhooks, como Directora General (E) de la Oficina de Gestión Humana, de este Ministerio.
Resoluciones mediante las cuales se confiere a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, en las clases que en ellas se especifican, la Condecoración Orden al Mérito en el Trabajo, como reconocimiento a su compromiso, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo y con la lucha a favor de la clase trabajadora de la Contraloría Municipal del Municipio Ambrosio Plaza del Estado Miranda, de la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia), del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Biblioteca, así como Seguros Horizonte, S.A., y la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE PETRÓLEO Resoluciones mediante las cuales se designan a los ciudadanos que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL ECOSOCIALISMO Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Ludovic Alejandro López Rojas, como Director (E) de la Unidad Territorial de Ecosocialismo Zulia, de este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA ALIMENTACIÓN Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Pedro Luis Romero Valles, como Presidente, en calidad de Titular, de la Empresa Fábrica para Procesamiento de Sábila de Venezuela, S.A., (SABILVEN)
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Sala Constitucional Decisión mediante la cual se declara la Constitucionalidad del
Decreto N° 3.503, del 09 de julio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.435 de la misma data, mediante el cual se decretó el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y ciudadanos habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.
“Sentencia mediante la cual se anula parcialmente el parágrafo
segundo del Artículo 80 de la Ley de Abogados, en la parte que dispone que los Miembros del Consejo Directivo del Instituto de Previsión Social del Abogado deberán estar domiciliados en el Área Metropolitana de Caracas”.
Corte Disciplinaria Judicial Decisión mediante la cual se declara desistido el recurso de apelación contra la Sentencia N° TDJ-SD-2018-12, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en fecha 06 de febrero de 2018, ejercido por la apoderada judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la delegada de la Inspectoría General de Tribunales, y confirmó la referida Sentencia que absolvió de responsabilidad disciplinaria judicial al ciudadano Antonio María Herrera Mora, Juez del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del estado Portuguesa, con sede en Acarigua.
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442.542 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 27 de julio de 2018 Decisiones mediante las cuales la Corte Disciplinaria Judicial se pronuncia con relación al Sobreseimiento de las investigaciones seguidas a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan.
Sentencia mediante la cual se declara Con Lugar el recurso de apelación ejercido por la ciudadana Yolivey Flores Muñoz, en su condición de Jueza Titular de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Mérida; anuló la referida Sentencia dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 17/04/2018; declaró el Sobreseimiento de la investigación, ordenando el archivo de las actuaciones; levantó la medida de suspensión del ejercicio del cargo, y ordenó la reincorporación al cargo de la mencionada Jueza.
DEFENSA PÚBLICA Resolución mediante la cual se retira al ciudadano José Luís Useche Parra, de la Defensa Pública.
Resolución mediante la cual cesa la Encargaduría contenida en la Resolución N° DDPG-2017-193, de fecha 16 de mayo de 2017, mediante la cual se designó a la ciudadana Yelitza Alexandra Palacios Amaya, como Jefa de Despacho, en condición de Encargada, adscrita a la Unidad de Auditoría Interna.
Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se especifican, para ocupar los cargos que en ellas se mencionan, de este Organismo.
Resoluciones mediante las cuales se trasladan a la ciudadana y a los ciudadanos que en ellas se indican, a las Defensorías que en ellas se especifican.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resolución mediante la cual se prorroga, desde el primero (1°) hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2018, el lapso para la presentación de la declaración jurada de patrimonio actualizada, establecida en la Resolución N° 01-00-000160, de fecha 23 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.905, de fecha 17 de mayo de 2016. Prórroga valida única y exclusivamente para el presente período fiscal.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Vicepresidenta Ejecutiva de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 Extraordinario, de fecha 21 de junio de 2018.
DECRETA Artículo 1°. Nombro a la ciudadana CARYL LYNN BERTHO DE ACOSTA, titular de la cédula de identidad N° V-8.943.716, como PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAMUJER), en calidad de Encargada, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 2°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los veintisiete días del mes de julio de dos mil dieciocho. Años 208° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana Ejecútese, (L.S.)
Decreto N° 3.554 27 de julio de 2018
NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, concatenado con los artículos 34 y 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con los artículos 4º, 18, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer.
Decreto N° 3.555 27 de julio de 2018
NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, concatenado con los artículos 34 y 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con los artículos 4º, 18, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Vicepresidenta Ejecutiva de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 Extraordinario, de fecha 21 de junio de 2018.
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Viernes 27 de julio de 2018 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 442.543
DECRETA Artículo 1°. Nombro a la ciudadana STELLA MARINA LUGO DE MONTILLA, titular de la cédula de identidad N° V-8.811.039, como PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO, en calidad de Encargada, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 2°. Se instruye a la Ministra del Poder Popular para El Turismo, la instrumentación de la designación prevista en el presente Decreto, de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable. Artículo 3°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los veintisiete días del mes de julio de dos mil dieciocho. Años 208° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana Ejecútese, (L.S.)
Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Turismo (L.S.)
STELLA MARINA LUGO DE MONTILLA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES INTERIORES,
JUSTICIA Y PAZ
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11. Realizar inspecciones y auditorías correspondientes al cuerpo de policía.
12. Colectar todas las armas y municiones pertenecientes al cuerpo de policía y hacer un registro de las mismas.
13. Solicitar los informes y soportes referentes a extravíos o robos de armas o municiones pertenecientes al cuerpo policial.
14. Realizar un registro del Parque Automotor del cuerpo de policía.
15. Controlar, usar y ocupar las instalaciones, dotación y equipamiento policial, de conformidad con la normativa aplicable.
16. Elaborar y ejecutar los planes de vigilancia y patrullaje, de acuerdo a la georeferenciación del delito.
17. Activar el servicio de policía comunal.
18. Cualesquiera otras que sean necesarias y oportunas para cumplir con el procedimiento de intervención, con base en la normativa jurídica vigente.
Artículo 4. Se designa al ciudadano HERNÁN RAFAEL DÍAZ BLANCHARD, titular de la cédula de identidad N° V-8.345.129, como Director General (Encargado) del Cuerpo de Policía del Municipio Anaco del estado Anzoátegui, mientras dure el proceso de intervención.
Artículo 5. Se mantienen vigentes las restantes disposiciones contenidas en la Resolución Nº 039, de fecha 24 de enero de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.334, de fecha 2 de febrero de 2018, para llevar a cabo el proceso de intervención del Cuerpo de Policía del Municipio Anaco del estado Anzoátegui.
Artículo 6. Queda encargado de la ejecución de esta Resolución, el Despacho del Viceministro o Viceministra del Sistema Integrado de Policía del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Artículo 7. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES Ministro del Poder Pópular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz ^11N15 1 ;
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 208°, 159° y 19° 137 No$ FECHA:_2 6 JUL 2018
RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, NÉSToR LUIS REVERoL ToRRES, designado mediante Decreto N° 2.405 de fecha 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 40.957, de la misma fecha, ratificado mediante Decreto N° 3.464, de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419, de la misma fecha; en ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 78 numerales 2, 19 y 27 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014; en concordancia con lo establecido en el artículo 31 del Decreto N° 2.378 sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.238 Extraordinario, de fecha 13 de Julio de 2016; artículo 2 del Decreto Nº 1.624, de fecha 20 de febrero de 2015, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.627, de fecha 24 de marzo de 2015; de conformidad con lo establecido en el artículo 18, numerales 4, 7, 8 y 13, y artículo 75 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.940 Extraordinario, de fecha 7 de diciembre de 2009, en concordancia con lo previsto en los artículos 103, 104 y 105 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, de fecha 21 de marzo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.290 Extraordinario, de la misma fecha,
POR CUANTO Es deber del Estado venezolano garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes, en los distintos ámbitos político-territoriales, mediante la supervisión y control de la correcta actuación policial, POR CUANTO Los Cuerpos de Policía en sus distintos ámbitos político-territoriales deben ejercer el servicio de policía con estricta sujeción a los principios y lineamientos establecidos en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y a los lineamientos y directrices dictados por el Órgano Rector y, en tal sentido, deben contar con las condiciones necesarias para el correcto desempeño de sus funciones, que propendan a la satisfacción de las necesidades de seguridad de la comunidad en la que operan, POR CUANTO Es atribución del Órgano Rector en materia de seguridad ciudadana y del Servicio de Policía, proceder a la intervención de los Cuerpos de Policía, cuando se determine la participación masiva y continuada de sus funcionarios y funcionarias policiales en violación de los derechos humanos, en redes delictivas o en actividades que atenten contra el orden constitucional, o cuando exista la solicitud del Ministerio Público, del gobernador o gobernadora, el alcalde o la alcaldesa correspondiente, POR CUANTO El Cuerpo de Policía del Municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, se encuentra sometido a un proceso de intervención, ordenado mediante Resolución No 040, de fecha 24 de enero de 2018, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.328, de fecha 25 de enero de 2018, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, POR CUANTO Durante el proceso de intervención persisten elementos de convicción que dan motivo para prorrogar el proceso antes referido, con el fin de reorganizar y fortalecer la correcta prestación del servicio de policía, de conformidad con las leyes, reglamentos y resoluciones, RESUELVE
Artículo 1. Se prorroga por un lapso de noventa (90) días continuos el proceso de intervención del Cuerpo de Policía del Municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, a los fines de dar continuidad a los programas de Asistencia Técnica que se están cumpliendo en el referido cuerpo de policía.
Artículo 2. Se actualizan los integrantes de la Junta de Intervención del Cuerpo de Policía del Municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, la cual estará conformada por los ciudadanos que a continuación se detallan:
CÉDULA DE NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIDAD RAÚL MANUEL MEJÍAS CONTRERAS V-11.690.398 JOSÉ LUIS MACUARE HERNÁNDEZ V-12.979.006 V-19.123.579 MISAEL EDUARDO ARISTEIGUIETA OLAIZOLA
Artículo 3. La Junta de Intervención del Cuerpo de Policía del Municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, tendrá las siguientes atribuciones:
1. Proponer la designación y remoción del personal de libre nombramiento y remoción del cuerpo de policía, con excepción del Director General o Directora General y demás directiva.
2. Declarar la reestructuración administrativa del cuerpo de policía.
3. Iniciar los procedimientos de reducción de personal, de conformidad con la normativa aplicable y lo establecido en esta Resolución.
4. Iniciar los procedimientos de suspensión inmediata de funcionarios y funcionarias policiales, de conformidad con la normativa aplicable y lo establecido en esta resolución.
5. Iniciar los procedimientos de suspensión inmediata de funcionarios y funcionarias de la administración pública pertenecientes al cuerpo de policía, de conformidad con la normativa aplicable y lo establecido en esta Resolución.
6. Oficiar a los órganos jurisdiccionales con competencia en materia penal, civil y administrativa, en los casos que existan suficientes elementos probatorios de convicción donde se evidencie la comisión de hechos irregulares.
7. Iniciar los procedimientos de ingreso de personal, de conformidad con la normativa aplicable y lo establecido en esta Resolución.
8. Asesorar al Director General o Directora General en materia de administración del presupuesto del cuerpo de policía objeto de intervención, en los términos establecidos en la normativa jurídica vigente.
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Viernes 27 de julio de 2018 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 442.545
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TURISMO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA SALUD
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ARTícuLo 3. Se ordena a la Consultoría Jurídica de la mencionada empresa del estado, realizar las respectivas actuaciones por ante el Registro Mercantil para el debido asiento e inscripción del acta de Asamblea de Accionista que corresponda de acuerdo con el ordenamiento legal.
ARTícuLo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese, CARLOS HUMBERTO ALVARADO GONZALEZ MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD Decreto N° 3.489 de fecha 25 de junio de 2018 G.O.R.B.V. N° 41.426 de la misma fecha
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD INSTITUTO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARACAS CARACAS, 01 DE JUNIO DE 2018 208°, 159o y 190 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 021-2018 En ejercicio de las atribuciones que me confiere la Resolución N° 365 de fecha 15 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 40.704 de fecha 16 de julio de 2015, y de conformidad con lo dispuesto en el literal "a" del artículos 14 del Estatuto Orgánico del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, en concordancia con los artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; el artículo 15 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; la Resolución N° 01-00-000266 de fecha 22 de diciembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.827 de fecha 23 de diciembre de 2011, emanada de la Contraloría General de la República sobre el Modelo Genérico de Reglamento Interno de Unidades de Auditoría Interna, esta Dirección, dispone:
Dictar el siguiente, REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL INSTITUTO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARACAS CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Este Reglamento tiene por objeto establecer la estructura organizativa de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, así como las funciones de las dependencias que la integran y las atribuciones genéricas y específicas que ejercerán sus responsables.
Artículo 2. La Unidad de Auditoría Interna es el órgano especializado y profesional de control fiscal interno del Instituto Autónomo Hospital Universitario' de Caracas. Su titular y demás personal actuarán de manera objetiva e imparcial en el desempeño de sus funciones y darán cumplimiento a las disposiciones constitucionales, legales y sublegales que la regulan y especialmente, a los lineamientos y políticas que dicte la Contraloría General de la República como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal y a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna.
Artículo 3. Para el ejercicio de sus funciones la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas se regirá por lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento; la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público;
el Reglamento sobre la Organización del Control Interno en la Administración Pública Nacional, la normativa dictada por la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, las Normas Generales de Auditoría de Estado, las Normas Generales de Control Interno, y demás normativas dictadas por la Contraloría General de la República y demás instrumentos legales y sublegales que resulten aplicables.
Artículo 4. La Unidad de Auditoría Interna ejercerá sus funciones de control posterior sólo en las dependencias del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas.
La Unidad de Auditoría Interna realizará el examen posterior, objetivo, sistemático y profesional de las actividades administrativas, presupuestarias y financieras del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, con el fin de evaluarlas, verificarlas y elaborar el respectivo informe con las observaciones, hallazgos, conclusiones y recomendaciones correspondientes.
En el ejercicio de sus funciones la Unidad de Auditoría Interna podrá realizar actuaciones de control dirigidas a evaluar las operaciones realizadas por las celebren operaciones con el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas o que hayan recibido aportes, subsidios, otras transferencias o incentivos fiscales, o que en cualquier forma intervengan en la administración, manejo o custodia de recursos del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, a objeto de verificar que tales recursos hayan sido invertidos en las finalidades para las cuales fueron otorgados.
Igualmente, deberá ejercer sobre dichas personas las potestades investigativas, sancionatorias y resarcitorias, a que hubiere lugar, cuando corresponda.
Artículo 5. La Unidad de Auditoría Interna tendrá acceso a los registros, documentos y operaciones realizadas por las dependencias sujetas a su control, necesarios para la ejecución de sus funciones; y podrá apoyarse en los informes, dictámenes y estudios técnicos emitidos por auditores, consultores, profesionales independientes o firma de auditores, registrados y calificados ante la Contraloría General de la República.
Artículo 6. Las servidoras o servidores públicos y los particulares están obligados a proporcionar a la Unidad de Auditoría Interna, las informaciones escritas o verbales, los libros, registros y demás documentos que le sean requeridos en el ejercicio de sus competencias, así como a atender oportunamente las citaciones o convocatorias que le sean formuladas.
Artículo 7. La Unidad de Auditoría Interna estará adscrita a la máxima autoridad jerárquica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas; sin embargo, su personal, funciones y actividades estarán desvinculados de las operaciones sujetas a su control, a fin de garantizar la independencia de criterio en sus actuaciones, así como su objetividad e imparcialidad.
Artículo 8. La máxima autoridad jerárquica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, deberá dotar a la Unidad de Auditoría Interna de razonables recursos presupuestarios, humanos, administrativos y materiales, incluyendo un adecuado espacio físico, que le permitan ejercer con eficacia sus funciones.
Artículo 9. La máxima autoridad jerárquica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, dotará a la Unidad de Auditoría Interna del personal profesional idóneo y necesario para el cumplimiento de sus funciones, seleccionado por su capacidad técnica, profesional y elevados valores éticos. Su nombramiento o designación debe realizarse con la previa opinión favorable de la Auditora o Auditor Interno.
Para la remoción, destitución o traslado del personal de la Unidad de Auditoría Interna, se requerirá la opinión previa de la Auditora o Auditor Interno.
Artículo 10. La Unidad de Auditoría Interna, comunicará los resultados, conclusiones y recomendaciones de las actuaciones practicadas en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, a la máxima autoridad jerárquica de la Institución, al responsable de la dependencia donde se ejecutó la actividad objeto de evaluación, así como a las demás autoridades a quienes legalmente esté atribuida la posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias.
CAPÍTULO II DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Artículo 11. Para el cumplimiento de su misión, funciones y objetivos, así como del logro de sus metas, la Unidad de Auditoría Interna tendrá la estructura organizativa básica, siguiente:
1 Despacho de la Auditora o Auditor Interno.
2 Departamento de Control Posterior.
3 Departamento de Determinación de Responsabilidades.
Artículo 12. La Unidad de Auditoría Interna actuará bajo la dirección y responsabilidad de una Auditora o Auditor Interno, quien será designada o designado por la máxima autoridad jerárquica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, de acuerdo con los resultados del concurso público, previsto en la normativa dictada a tal efecto por la Contraloría General de la República, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
La Auditora o Auditor Interno así designada o designado, durará cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones, podrá ser reelegida o reelegido mediante concurso público por una sola vez, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y no podrá ser removida o removido o destituida o destituido del cargo sin la previa autorización del Contralor o Contralora General de la República.
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Artículo 13. Las faltas temporales de la Auditora o Auditor Interno, serán inferior dentro de la Unidad de Auditoría Interna, quien será designada o designado por la máxima autoridad jerárquica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas.
Artículo 14. Cuando se produzca la falta absoluta de la Auditora o Auditor Interno, la máxima autoridad jerárquica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, designará como Auditora o Auditor Interno al servidor público que ocupe el cargo de rango inmediatamente inferior dentro de la Unidad de Auditoría Interna y convocará el respectivo concurso público para la designación del titular del órgano de control fiscal, de conformidad con lo previsto en la normativa dictada al efecto por la Contralora o Contralor General de la República.
Artículo 15. Los responsables de los Departamentos de Control Posterior y Determinación de Responsabilidades, tendrán el mismo nivel o rango jerárquico que se establezca para cargos similares en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, y serán conceptuados como personal de confianza, por lo cual podrán ser removidos de sus cargos por la máxima autoridad, previa solicitud de la Auditora o Auditor Interno.
CAPÍTULO III DE LAS FUNCIONES Artículo 16. Son funciones de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, las siguientes:
1. Ejercer funciones de control posterior en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas.
2. Evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial de las distintas dependencias del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, así como el examen de los registros y estados financieros para determinar su pertinencia y confiabilidad y la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía en el marco de las operaciones realizadas.
3. Realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones, así como para evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de su gestión.
4. Realizar auditorías, estudios, análisis e investigaciones respecto de las actividades del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, para evaluar los planes y programas en cuya ejecución intervenga. Igualmente, podrá realizar los estudios e investigaciones que sean necesarios para evaluar el cumplimiento y los resultados de las políticas y decisiones gubernamentales.
5. Efectuar estudios organizativos, estadísticos, económicos y financieros, análisis e investigaciones de cualquier naturaleza, para determinar el costo de los servicios públicos, los resultados de la acción administrativa y, en general, la eficacia con que opera el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas.
6. Vigilar que los aportes, subsidios y otras transferencias hechas por el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, a otras entidades públicas o privadas sean invertidos en las finalidades para las cuales fueron efectuados. A tal efecto, podrá practicar inspecciones y establecer los sistemas de control que estimen convenientes.
7. Realizar el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación y declaratoria de fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes públicos, en los términos y condiciones establecidos por la Contralora o Contralor General de la República en la Resolución dictada al efecto.
8. Evaluar la veracidad de la información financiera y administrativa, para determinar su pertinencia y confiabilidad a fin de hacerla útil, confiable y oportuna, para dar cumplimiento a los planes, proyectos y presupuestos, en correspondencia con las políticas sectoriales en el marco de la operaciones realizadas.
9. Proponer a la máxima autoridad jerárquica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, recomendaciones orientadas a fortalecer el Sistema de Control Interno, para la protección y salvaguarda del patrimonio público.
10. Recibir y tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que formule cualquier órgano, ente o servidores públicos, vinculadas con la comisión de actos, con la administración, manejo y custodia de fondos o bienes públicos del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas.
11. Realizar seguimiento al plan de acciones correctivas implementado por el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas y sus dependencias, para verificar el cumplimiento eficaz y oportuno de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría o de cualquier actividad de control, tanto por la Contraloría General de la República como por la Unidad de Auditoría Interna.
12. Recibir y verificar las cauciones presentadas por los funcionarios encargados de la administración y liquidación de ingresos o de la recepción, custodia y manejo de fondos o bienes públicos del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, antes de la toma de posesión del cargo.
13. Verificar la sinceridad, exactitud y observaciones que se formulen a las actas de entrega presentadas por las máximas autoridades jerárquicas y demás gerentes, jefes o autoridades administrativas de cada departamento, sección o cuadro organizativo del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas.
14. Participar, cuando se estime pertinente, con carácter de observador sin derecho a voto, en los procedimientos de contrataciones públicas realizados por el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas.
15. Fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión pública del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, sin menoscabo de las funciones que le corresponda ejercer a la Oficina de Atención Ciudadana.
16. Ejercer la potestad investigativa, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento.
17. Iniciar, sustanciar y decidir de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades, a objeto de formular reparos, declarar la responsabilidad administrativa o imponer multas, cuando corresponda.
18. Remitir a la Contraloría General de la República los expedientes en los que se encuentren involucrados funcionarios de alto nivel en el ejercicio de sus cargos, cuando existan elementos de convicción o prueba que puedan comprometer su responsabilidad.
19. Establecer sistemas que faciliten el control, seguimiento y medición del desempeño de la Unidad de Auditoría Interna.
20. Promover el uso y actualización de manuales de normas y procedimientos que garanticen la realización de procesos eficientes, así como el cumplimiento de los aspectos legales, técnicos y administrativos de los procesos y procedimientos del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas.
21. Elaborar su Plan Operativo Anual tomando en consideración las solicitudes y los lineamientos que le formule la Contraloría General de la República o cualquier órgano o ente legalmente competente para ello, según el caso; las denuncias recibidas, las áreas estratégicas, así como la situación administrativa, importancia, dimensión y áreas críticas del Instituto Autónomo del Hospital Universitario de Caracas.
22. Elaborar su proyecto de presupuesto anual con base a criterios de calidad, economía y eficiencia, a fin de que la máxima autoridad jerárquica, lo incorpore al presupuesto del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas.
23. Presentar Informe de Gestión de sus actividades, ante la máxima autoridad jerárquica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas.
24. Las demás funciones que señale la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno, así como las asignadas por la máxima autoridad jerárquica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, en el marco de las competencias que les corresponde ejercer a los órganos de control fiscal interno.
Artículo 17. El Departamento de Control Posterior tendrá las funciones siguientes:
1. Evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial de las distintas dependencias del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, así como el examen de los registros y estados financieros para determinar su pertinencia y confiabilidad y la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía en el marco de las operaciones realizadas.
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2. Realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones, así como para evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de su gestión.
3. Realizar auditorías, estudios, análisis e investigaciones respecto de las actividades del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas para evaluar los planes, programas y convenios suscritos con otras instituciones públicas y privados, en cuya ejecución intervenga. Igualmente, podrá realizar los estudios e investigaciones que sean necesarios para evaluar el cumplimiento y los resultados de las políticas y decisiones gubernamentales.
4. Efectuar estudios organizativos, estadísticos, económicos y financieros, análisis e investigaciones de cualquier naturaleza, para determinar el costo de los servicios públicos, los resultados de la acción administrativa y, en general, la eficacia con que opera el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas.
5. Vigilar que los aportes, subsidios y otras transferencias hechas por el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, a otras entidades públicas o privadas sean invertidos en las finalidades para las cuales fueron efectuados. A tal efecto, podrá practicar inspecciones y establecer los sistemas de control que estimen convenientes.
6. Realizar el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación y declaratoria de fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes públicos, en los términos previstos en la Normas para la Formación, Participación, Rendición, Examen y Calificación de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital, Municipal y sus Entes Descentralizados emanadas por la Contralora o Contralor General de la República.
7. Recibir y tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que formule cualquier órgano, ente o servidores públicos, vinculadas con la comisión de actos, con la administración, manejo y custodia de fondos o bienes públicos del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas.
8. Realizar seguimiento al plan de acciones correctivas implementado por el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas y sus dependencias, con la finalidad de que se cumplan las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría o de cualquier actividad de control.
9. Recibir y verificar las cauciones presentadas por los funcionarios encargados de la administración y liquidación de ingresos o de la recepción, custodia y manejo de fondos o bienes públicos del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, antes de la toma de posesión del cargo.
10. Verificar la sinceridad, exactitud y observaciones que se formulen a las actas de entrega presentadas por las máximas autoridades jerárquicas y demás gerentes, jefes o autoridades administrativas de cada departamento, sección o cuadro organizativo del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas.
11. Fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión pública del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, sin menoscabo de las funciones que le corresponde ejercer a la Oficina de Atención Ciudadana.
12. Ejercer las actividades inherentes a la potestad investigativa, entre las cuales se encuentran:
a. Realizar las actuaciones que sean necesarias, a fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, determinar el monto de los daños causados al patrimonio público, si fuere el caso, así como la procedencia de acciones fiscales.
b. Formar el expediente de la investigación.
c. Notificar de manera específica y clara a los interesados legítimos vinculados con actos, hechos u omisiones objeto de investigación.
d. Ordenar, mediante oficio suscrito por la Auditora o Auditor Interno de la citación, o comparecencia de cualquier persona a los fines de rendir declaración y tomarle la declaración correspondiente.
e. Elaborar un informe dejando constancia de los resultados de las actuaciones realizadas con ocasión del ejercicio de la potestad investigativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 77 de su Reglamento.
f. Elaborar comunicación a fin de que la Auditora o Auditor Interno remita a la Contraloría General de la República el expediente de la investigación o de la actuación de control, cuando existan elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas a funcionarios de alto nivel del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, que se encuentren en ejercicio de sus cargos.
g. Remitir a la dependencia encargada de la determinación de responsabilidades, el expediente de la potestad investigativa que contenga el informe de resultados, a los fines de que ésta proceda, según corresponda, al archivo de las actuaciones realizadas o al inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades.
h. Realizar las actuaciones necesarias, a solicitud de la Contraloría General de la República cuando esta presuma que hubiera ocurrido actos, hechos u omisiones contrarias a normas legales o sublegales, e informarle los resultados dentro del plazo que se acuerde a tal fin.
13. Evaluar los sistemas de información del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas y sus dependencias, a fin de determinar el cumplimiento de las normas establecidas en las leyes que rigen el Acceso de Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos.
14. Las demás funciones que le señale la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno, así como las asignadas por la Auditora o Auditor Interno.
Artículo 18. El Departamento de Determinación de Responsabilidades, tendrá las funciones siguientes:
1. Valorar el informe de resultados a que se refiere el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, a fin de ordenar, mediante auto motivado, el archivo de las actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, para la formulación de reparos, declaratoria de responsabilidad administrativa, o la imposición de multas, según corresponda.
2. Iniciar, sustanciar y decidir, previa delegación de la Auditora o Auditor Interno, los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento.
3. Notificar a los interesados, según lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, de la apertura del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades.
4. Elaborar oficio, a fin de que la Auditora o Auditor Interno remita a la Contralora o Contralor General de la República copia certificada de la decisión que declare la responsabilidad administrativa, así como del auto que declare la firmeza de la decisión o de la resolución que resuelva el recurso de reconsideración, según el caso, a fin de que éste acuerde la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses; la destitución o la imposición de la inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años del declarado responsable.
5. Elaborar oficio, a fin de que la Auditora o Auditor Interno remita a la Contraloría General de la República el expediente de la investigación o de la actuación de control, cuando existan elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas a funcionarios de alto nivel del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, que se encuentren en ejercicio de sus cargos.
6. Dictar los autos para mejor proveer a que hubiere lugar.
7. Asesorar a la Auditora o Auditor Interno sobre los recursos de reconsideración interpuestos contra las decisiones de formulación de reparos, declaración de responsabilidad administrativa e imposición de multas en los casos que sea procedente.
8. Realizar los escritos de remisión de documentos y expedientes al Ministerio Público, con motivo de la actividad de control fiscal ejercida en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas.
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9. Las demás funciones que señale la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno, así como las asignadas por la Auditora o Auditor Interno.
CAPÍTULO IV DE LAS ATRIBUCIONES Artículo 19. Son atribuciones de la Auditora o Auditor Interno, las siguientes:
1. Planificar, supervisar, coordinar, dirigir y controlar las actividades desarrolladas por los Departamentos de la Unidad de Auditoría Interna.
2. Elaborar y someter a la aprobación de la máxima autoridad jerárquica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, el reglamento interno, la resolución organizativa, así como, los manuales de organización, normas y procedimientos, con el fin de regular el funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna, según corresponda.
3. Aprobar el Plan Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna y coordinar la ejecución del mismo.
4. Coordinar la formulación del proyecto de presupuesto de la Unidad de Auditoría Interna.
5. Asegurar el cumplimiento de las normas, sistemas y procedimientos de control interno, que dicte la Contraloría General de la República; la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, en el caso de los órganos del Poder Ejecutivo Nacional y sus entes descentralizados; y la máxima autoridad jerárquica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas.
6. Elaborar y presentar ante la máxima autoridad jerárquica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, el informe de gestión anual de la Unidad de Auditoría Interna.
7. Atender, tramitar y resolver los asuntos relacionados con el personal a su cargo, de acuerdo con lo previsto en la normativa legal aplicable al Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas.
8. Evaluar los procesos inherentes a la Unidad de Auditoría Interna, y adoptar las medidas tendentes a optimizarlos.
9. Recibir y absolver consultas sobre las materias de su competencia.
10. Suscribir la correspondencia y demás documentos emanados de la Unidad de Auditoría Interna, sin perjuicio de las atribuciones similares asignadas a otros servidores públicos adscritos a los Departamentos de la Unidad de Auditoría Interna.
11. Solicitar a la máxima autoridad jerárquica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, la suspensión, en el ejercicio del cargo, de funcionarios sometidos a una investigación o a un procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades.
12. Declarar la responsabilidad administrativa, formular reparos, imponer multas, absolver de dichas responsabilidades o pronunciar el sobreseimiento.
13. Participar a la Contraloría General de la República el inicio de las investigaciones que se ordenen, así como los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades que inicie la Unidad de Auditoría Interna.
14. Decidir los recursos de reconsideración y/o de revisión interpuestos contra las decisiones que determinen la responsabilidad administrativa, formulen reparos e impongan multas.
15. Suscribir informes de las actuaciones de control.
16. Comunicar los resultados, conclusiones y recomendaciones de las actuaciones practicadas en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, a la máxima autoridad jerárquica de la Institución, al responsable de la dependencia evaluada, así como a las demás autoridades a quienes legalmente esté atribuida la posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias.
17. Participar a la Contraloría General de la República las decisiones de absolución o sobreseimiento que dicte.
18. Remitir a la Contralora o Contralor General de la República, copia certificada de la decisión que declare la responsabilidad administrativa, así como del auto que declare la firmeza de la decisión o de la resolución que resuelva el recurso de reconsideración, a fin de que éste o ésta aplique las sanciones accesorias a la declaratoria de dicha responsabilidad, previstas en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
19. Remitir a la Contraloría General de la República, los expedientes de la investigación o de la actuación de control, cuando existan elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas a funcionarios de alto nivel del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, que se encuentren en el ejercicio de sus cargos.
20. Remitir al Ministerio Público la documentación contentiva de los indicios de responsabilidad penal y civil, cuando se detecte que se ha causado daño al patrimonio de un órgano o ente del sector público, pero no sea procedente la formulación de reparo.
21. Certificar y remitir a la Contraloría General de la República copia de los documentos que reposen en la Unidad de Auditoría Interna, que ésta le solicite de conformidad con lo previsto en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, actuando en su carácter de órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal.
22. Remitir a la Contraloría General de la República o al órgano de control externo competente, según corresponda, el acta de entrega de la Unidad de Auditoría Interna a su cargo, de conformidad con lo previsto en la normativa que regula la entrega de los órganos y entidades de la Administración Pública y de sus respectivas oficinas o dependencias.
23. Certificar los documentos que reposen en los archivos de la Unidad de Auditoría Interna y delegar esta competencia en el personal del Órgano de Control Fiscal Interno.
24. Ordenar la publicación de la decisión de declaratoria de responsabilidad administrativa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, cuando haya quedado firme en sede administrativa.
25. Las demás atribuciones que le confiera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno.
Artículo 20. Los responsables de los Departamentos de Control Posterior y Determinación de Responsabilidades de la Unidad de Auditoría Interna, tendrán las atribuciones comunes siguientes:
1. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades que se deben cumplir en las dependencias a su cargo.
2. Velar porque los Departamentos a su cargo cumplan con las funciones que le asigna este Reglamento.
3. Evaluar los procesos inherentes a la Unidad de Auditoría Interna, y adoptar todas las medidas tendentes a optimizarlos.
4. Decidir todos los asuntos que le competen a los Departamentos a su cargo.
5. Presentar a la Auditora o Auditor Interno, informes periódicos y anuales acerca de las actividades desarrolladas en los Departamentos a su cargo.
6. Atender, tramitar y resolver los asuntos relacionados con el personal a su cargo, de acuerdo con las normas establecidas en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas.
7. Participar en el diseño de políticas y en la definición de objetivos institucionales, así como sugerir medidas encaminadas a mejorar el funcionamiento de la dependencia a su cargo.
8. Absolver consultas en las materias de su competencia.
9. Elevar a consideración de la Auditora o Auditor Interno, el proyecto de sometidos a una investigación o a un procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, según corresponda.
10. Firmar la correspondencia y documentos emanados del respectivo departamento cuando ello sea procedente.
11. Someter a la consideración de la Auditora o Auditor Interno, el inicio de las potestades investigativas o la apertura del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, según corresponda; e informar, previo a la toma de decisiones, los resultados de las investigaciones realizadas o de los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades llevados a cabo.
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12. Las demás atribuciones que le confiera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno, así como las asignadas por el Auditor Interno.
Artículo 21. La Jefa o Jefe del Departamento de Control Posterior tendrá las atribuciones específicas siguientes:
1. Dictar el auto de proceder de la potestad investigativa.
2. Someter a la consideración de la Auditora o Auditor Interno, la programación de las auditorías y demás actuaciones de control, antes de su ejecución.
3. Suscribir el informe de resultados de la potestad investigativa a que se refiere el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y el artículo 77 de su Reglamento.
4. Suscribir informes de las actuaciones de control practicadas y preparar comunicación para la firma de la Auditora o Auditor Interno a objeto de remitir oportunamente los resultados, conclusiones y recomendaciones, a las dependencias evaluadas y a las demás autoridades a quienes legalmente esté atribuida la posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias.
5. Comunicar los resultados, conclusiones y recomendaciones de las actuaciones practicadas en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, a la máxima autoridad jerárquica de la Institución, al responsable de la dependencia evaluada, así como a las demás autoridades a quienes legalmente esté atribuida la posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias 6. Las demás atribuciones que le confiera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno, así como las asignadas por la Auditora o Auditor Interno.
Artículo 22. La Jefa o Jefe del Departamento de Determinación de Responsabilidades, tendrá las atribuciones específicas siguientes:
1. Valorar el informe de resultados a que se refiere el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con el fin de ordenar mediante auto motivado, el archivo de las actuaciones realizadas o el inicio de procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, para la formulación de reparos, declaratoria de responsabilidad administrativa o la imposición de multas; según corresponda.
El procedimiento podrá igualmente ser iniciado por denuncia o a solicitud de cualquier organismo o empleado público, siempre que a la misma se acompañen elementos suficientes de convicción o prueba que permitan presumir fundadamente la responsabilidad administrativa.
2. Dictar el auto motivado a que se refiere el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 88 de su Reglamento y notificarlo a los presuntos responsables.
3. Disponer lo conducente para que sean evacuadas las pruebas indicadas o promovidas por los sujetos presuntamente responsables de los actos, hechos u omisiones o por sus representantes legales.
4. Fijar, por auto expreso, la realización del acto oral y público a que se refieren los artículos 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y artículos 92 al 97 de su Reglamento.
5. Dictar, previa delegación de la Auditora o Auditor Interno, las decisiones a que se refiere el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
6. Imponer, por delegación de la titular o el titular de la Unidad de Auditoría Interna, las multas previstas en los artículos 94 y 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y participarlas al órgano recaudador correspondiente.
7. Ordenar la acumulación de expedientes cuando sea procedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
8. Elaborar oficio con el fin de que la Auditora o Auditor Interno, participe a la Contraloría General de la República el inicio de los procedimientos de determinación de responsabilidades.
9. Elaborar oficio con el fin de que la Auditora o Auditor Interno remita a la Contraloría General de la República el expediente de la investigación o de la actuación de control, cuando existan elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas a funcionarios de alto nivel.
10. Las demás atribuciones que le confiera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno, así como las asignadas por la Auditora o Auditor Interno.
CAPÍTULO V RECEPCIÓN, MANEJO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS Artículo 23. Toda la documentación de la Unidad de Auditoría Interna, por su naturaleza es reservada para el servicio de la misma, y la exhibición de su contenido, inspección, certificación o publicidad respecto a terceros sólo podrá realizarse de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y demás normativa legal o sublegal que resulte aplicable.
Artículo 24. La correspondencia recibida y despachada, así como los expedientes administrativos, papeles de trabajo producto de las actuaciones realizadas y demás documentación relacionada con la Unidad de Auditoría Interna, deberá registrarse, resguardarse y archivarse de acuerdo con lo establecido en el manual respectivo.
Artículo 25. La Auditora o Auditor Interno calificará, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás normativa legal y sublegal que regula la materia, la confidencialidad y reserva de los documentos que están bajo su control y custodia.
Artículo 26. Los papeles de trabajo generados por las actuaciones realizadas son propiedad de la Unidad de Auditoría Interna y por tanto, ésta será responsable de su archivo, manejo y custodia.
Los papeles de trabajo, deberán conservarse por la Unidad de Auditoría Interna por, al menos, diez (10) años, salvo que conste en ellos derechos o acciones a favor de los órganos y entes sujetos a control o que estén desprovistos de efectos jurídicos.
Artículo 27. Sólo tendrán acceso a los archivos los servidores públicos adscritos a la Unidad de Auditoría Interna. El acceso por parte de otros funcionarios o empleados públicos o particulares, debe ser autorizado por la Auditora o Auditor Interno, o en quien delegue tal función.
Artículo 28. La Auditora o Auditor Interno certificará los documentos que reposen en los archivos de la Unidad de Auditoría Interna; asimismo, podrá expedir certificaciones sobre datos de carácter estadísticos, no reservados, que consten en expedientes o registros a su cargo, y para los cuales no exista prohibición expresa de divulgación.
Artículo 29. La Auditora o Auditor Interno podrá delegar la competencia de certificar documentos en el personal de la Unidad de Auditoría Interna.
CAPÍTULO VI DISPOSICIONES FINALES Artículo 30. Todo lo no previsto en este Reglamento Interno, se regirá por las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos normativos legales y sublegales que resulten aplicables.
Artículo 31. Este Reglamento podrá ser modificado oída la opinión de la titular o el titular de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, y de ser el caso, a solicitud de la Contraloría General de la República, asegurando siempre el mayor grado de independencia del órgano de control fiscal interno dentro de la organización.
Artículo 32. Este Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese, ANTONIETA CAPORALE ZAMORA Secretaria- Directora del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (I.A.H.U.C.)
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCION N° 444 Caracas, 17 de julio de 2018 Años 208º, 159º y 19º El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, designado mediante Decreto Nº 3.464, de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.419, de igual fecha; en ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas en los numerales 2, 3, 12, 19 y 26 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; procede a CULMINAR LA ENCARGADURÍA a la Ciudadana ADRIANA identidad cédula VERHOOKS, ZARRAGA FRANCISCA N° 6.514.620, COMO DIRECTORA GENERAL (E) DE LA OFICINA DE GESTIóN HUMANA del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, otorgada mediante Resolución No. 510, de fecha 24 de agosto de 2017.
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
GERMAN EDUARDO PIÑATE RODRIGUEZ MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO Según Decreto No 3.464 de fecha 14/06/2018 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No.41.419 de fecha 14/06/2018
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO Caracas 18 de Julio de 2018 208°, 159° y 190 N°449 RESOLUCIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Sobre Condecoración "Orden al Mérito en el Trabajo", tal y como se lee en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.920 de fecha 29 de abril de 2008, se confiere la condecoración ORDEN AL MÉRITO EN EL TRABAJO, como reconocimiento a Su compromisO, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo y con la lucha a favor de la clase trabajadora de la, CONTRALORIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AMBROSIO PLAZA DEL ESTADO MIRANDA, a Ios siguientes ciudadanos:
PRIMERA CLASE - ALFREDO MANEIRO BERROTERAN ALAYON, PEDRO RAMON
TERCERA CLASE - ARGELIA LAYA BARBOZA ARAGORT, CARMEN DAMELIS TORRES CASTILLO, OLGA ANDREINA PARRA, NORAIMA DEL CARMEN
Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, Germán Eduardo, Piñate Rodríguez Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo Según Decreto N°.3.464 de fecha 14/06/2018 Gaceta Oficial Nro.41.419 de fecha 14/06/2018
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO Caracas 18 de Julio de 2018 208°, 159° y 190 N°450 RESOLUCIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Sobre Condecoración "Orden al Mérito en el Trabajo", tal y como se lee en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.920 de fecha 29 de abril de 2008, se confiere la condecoración ORDEN AL MÉRITO EN EL TRABAJO, comO reconocimiento a Su compromiso, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo y con la lucha a favor de la clase trabajadora de la, CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN ZULIANA (CoRPozULIA), a los siguientes ciudadanos:
PRIMERA CLASE — EUMELIA HERNÁNDEZ.
FUENMAYOR PARRA, ARELIS COROMOTO PRIMERA CLASE - ALFREDO MANEIRO ARCON, EDGAR JESÚS SEGUNDA CLASE - CARMEN CLEMENTE TRAVIESO VIERA MENDOZA, MARITZA DEL CARMEN VILLALOBOS TORRES, YIRDEL DE LA CHIQUINQUIRÁ TERCERA CLASE - ARGELIA LAYA MORALES MORAN, LUZ MALE Y TERCERA CLASE - PEDRO PASCUAL ABARCA SUAREZ SUAREZ, FELIX WUENLLER
Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, Germán Eduardo, Piñate Rodríguez Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo Según Decreto N°.3.464 de fecha 14/06/2018 Gaceta Oficial Nro.41.419 de fecha 14/06/2018
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO
Caracas, 18 de Julio de 2018 208°, 159° y 19° N°451 RESOLUCIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Sobre Condecoración "Orden al Mérito en el Trabajo", tal y como se lee en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.920 de fecha 29 de abril de 2008, se confiere la condecoración ORDEN AL MÉRITO EN EL TRABAJO, como reconocimiento a su compromiso, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo y con la lucha a favor de la clase trabajadora del a, INSTITUTO AUTÓNOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y SERVICIOS DE BIBLIOTECA , a los siguientes ciudadanos:
PRIMERA CLASE - EUMELIA HERNÁNDEZ BRITO CORRO, LILIBER JOSEFINA IBARRA RODRÍGUEZ, VICKI JOSEFINA PAREDES, CARMEN YADIRA VERA NIÑO, ROSA AURA VELIZ, MIGUELINA COROMOTO CALDERON MARTINEZ, MILAGROS DEL VALLE MALAVE DELGADO, ELEIDA JOSEFINA HERNANDEZ GUERRERO, SOLANGE PAOLA LOPEZ ALMEIDA, JUANA CATALINA PRIMERA CLASE - ALFREDO MANEIRO CAÑIZALEZ GRATEROL, JOSÉ GREGORIO MURIA MEJICANO, JESUS ARMANDO MEZA MONSALVE, HUMBERTO JOSÉ VERA BENITEZ, WINCKELMAN JESÚS LEDEZMA ESCALONA, CARLOS GIOVANNI CASTRO OLIVO, ANTONIO APARICIO SEGUNDA CLASE - CARMEN CLEMENTE TRAVIESO GONZALEZ, FELICITA JOSEFINA VALDERRAMA VILLALBA, GRACIBELL OCANDO GONZALEZ, MARIFE DIAZ QUINTERO, IVONNE JOSEFINA SILVERA BLANCO, YIRA NOHEMI MORA, MARÍA LUCECITA MEDINA PEREIRA, VILMA ELY FUENMAYOR VIAÑA, GABRIELA
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SEGUNDA CLASE - CARMEN CLEMENTE TRAVIESO RAMOS GONZALEZ, ARELYS HAYDEE BENITEZ ROMERO, LIDIA JOSEFINA CAMPOS HERNANDEZ, YUN SCARLET HERNÁNDEZ RANGEL, NELLY JOSEFINA MATHEUS VILORIA, MARILUZ URIMARE HERRERA ECHARRY, DACIA VIRGINIA SILVA, CARMEN EULOGIA CARRILLO TORRES, SANDRA MARINA TORRES ARMAS, INGRID TERESA MENDEZ LEAL, MARÍA NELIA ARIAS GARRIDO, LINDA MORELLA TOVAR VILLARREAL, SORAYA MORET, MARY SOLANGE USECHE MORA, BLANCA JASMIN SEGUNDA CLASE - ANTONIO DÍAZ "POPE" GRUBER SANCHEZ, REINALDO JOSÉ RIVAS GARCIA, EDGAR JOSÉ TORRES GUEDEZ, RUFO JOSÉ RUEDA GUARIN, HENRY OMAR GONZALEZ HERNÁNDEZ, ALEXIS JOSÉ SANSONETTI BELLO, PEDRO LUIS GONZALEZ MACHADO, MELECIO ANTONIO TERCERA CLASE - ARGELIA LAYA QUIÑONEZ CASTRO MARY ANYER PELAYO USECHE, AYLIN CAROLINA FUIGUEROA LANDAETA, RAIZA EMMA BELLO VILLEGAS, CAROLINA DEL VALLE MARTINEZ SALTRÓN, GIOMAR ALEXANDRA SUÁREZ ÁNGEL, YAXI COROMOTO CUEVAS, ANA CECILIA RAMIREZ ALBARRAN, ELIZABETH SOTO, YRSILA DEL CARMEN MENDEZ CASTIBLANCO, IMAR ELISA RUIZ VARELA, YOLANDA JOSEFINA LÓPEZ LÓPEZ, MARÍA ELENA TERCERA CLASE - PEDRO PASCUAL ABARCA PRADO ARELLANO, ANDRÉS AVELINO TORRES ZAMBRANO, WUILMEN ALEXANDER DE PRISCO ESPINOZA, GIOVANNY
Por el Ejecutivo Nacional, Comuníquese y Publíquese
Germán Eduardo, Piñate Rodríguez Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo Según Decreto N°.3.464 de fecha 14/06/2018 Gaceta Oficial Nro.41.419 de fecha 14/06/2018
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO Caracas 18 de Julio de 2018 2080, 1590 y 190 N°452 RESOLUCIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Sobre Condecoración "Orden al Mérito en el Trabajo", tal y como se lee en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.920 de fecha 29 de abril de 2008, se confiere la condecoración ORDEN AL MÉRITO EN EL TRABAJO, como reconocimiento a SU compromiso, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo y con la lucha a favor de la clase trabajadora de la, SEGURos HORIzoNTE, S.A., a los siguientes ciudadanos:
PRIMERA CLASE — EUMELIA HERNÁNDEZ FINOL HERNANDEZ, MARIEVA GRACIELA TORRES DURAN, YRENE YARITZA VALDERRAMA SIFONTES, ROSA DEL VALLE HERRERA DE AZUAJE, CRISÁLIDA ZAMBRANO, DEYANIRA BECHARA AGUILERA, CLEOPATRA BLANCO, ADRIANA JOSEFINA APONTE PÉREZ, EDMA SOLKIVIA SOTO, MARÍA INES GÓMEZ, MORONA GLICEDI FARRERAS, YADIRA JOSEFINA GONZÁLEZ DE GIRÓN, CRUZ IRASEMA BENITEZ HERNÁNDEZ, YLIANA MARÍA MARTÍNEZ CENTENO, LUISA BELTRANA MACHADO MARTÍNEZ, NEREIDA JOSEFINA GONZÁLEZ DE CEGARRA, YSBELIA MARGARITA MORENO MEDINA, ISABEL DE LA CONSOLACIÓN
SOLORZANO MEDINA, OMAIRA DE JESÚS BECERRA PÉREZ, ANA LETICIA ALVARADO ARRIECHE, MILENY ROSMARY GARCÍA DE ABDALA, YORLY MAGALY HERNÁNDEZ ACOSTA, GRISEL COROMOTO PRIMERA CLASE - ALFREDO MANEIRO GONZALEZ MARTINEZ, SERGIO SALAZAR TORRES, HENRY RANGEL, ANGEL HUMBERTO CADIZ BUSTAMANTE, JOSÉ ANTONIO ABACHE SANOJA, JORGE ESTEBAN FERNÁNDEZ ROMERO, PEDRO JOSÉ CEDEÑO GARRIDO, JUAN RANULFO
PRIMERA CLASE - ALFREDO MANEIRO RIVERO FUENMAYOR, CESAR EDILBERTO OCANDO GARCÍA, CARLOS GREGORIO ANGEL FERNÁNDEZ, JOSÉ AGUSTÍN REY GRIMAN, CESAR IGNACIO GARCÍA ROMERO, NELSON EDUARDO TORRES BETANCOURT, RAMON LUCIANO LUGO, ANTONIO DEL CARMEN LEON, ALFREDO JOSÉ ESAA OCHOA, PABLO RAMON SEGUNDA CLASE - CARMEN CLEMENTE TRAVIESO MORA LÓPEZ, MAYDA ELIZABETH RIERA PEROZO, MAGDALENE ALVAREZ RAMIREZ, CLARA ROSA REYNA MORENO, DANIELA JOSEFINA GUILLEN RODRÍGUEZ, ALBA MILEY SOUSA CORREIA, IDALINA MARÍA SANCHEZ MATOS, MARVY CARMEN PRADO CARRILLO, NANCY CAROLINA ANTIA HERNÁNDEZ, MARISETH DEL CARMEN GARCÍA CUEVAS, JUVELIA JOSEFINA GUERRA MARTÍNEZ, MILAGRO DEL VALLE PIMENTEL RAMIREZ, YETZENIA BEIRIMAR GONZÁLEZ BARCENAS, ERICKA DE LAS NIEVES MENESES RODRÍGUEZ, MAYELY ARBELIS ARAQUE RAMÍREZ, DORIS ENEIDA SEGUNDA CLASE - ANTONIO DÍAZ "POPE" LEÓN DELGADO, MIGUEL YOVANNYS VENTA RANGEL, JESÚS MANUEL DÍAZ, ORLANDO JOSÉ VIELMA BARRIOS, EDIXON ENRIQUE LÓPEZ SALAZAR, ANDRÉS JOSÉ SIGNORELLI VIVENES, ANTONIO SALVADOR GONZÁLEZ PINTO, RICHARD ENRIQUE GUZMAN RIVERO, LEONARDO JOSÉ FERMIN GUEVARA, GILMER RAFAEL JAIME HERNÁNDEZ, DOUGLAS ALBERTO ROJAS ZAMBRANO, JORGE LUIS TERCERA CLASE - ARGELIA LAYA ORTEGA SALCEDO, ZOILA YADIRA ARAQUE CHACON MILITZA JOHANA PINTO BARRIOS, ALEJANDRA MIGDALIA OROZCO FIGUEROA, JOHANNA VERGARA GONZÁLEZ, IRIS LILIANA PINO BRICEÑO, JENIFER MINERVA NADALES ARMAS, YENSSI MARYFELIX HERAS JIMENEZ, YAMILET MARGARITA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, YAIMER COROMOTO ECHENIQUE CASTRO, YURAIMA LILIANA CORDERO GUERRA, CELSA LEMARY MARTÍNEZ GIL, NORYALI JOSEFINA PIÑA DE JIMENEZ, ZORELIA CARIDAD AGUILERA ZABALA, NATHALIE JOSEFINA BLANCO DELGADO, YAJAIRA JOSEFINA HERNANDEZ QUINTERO, ANNIE KATHERINE ZAPATA COITA, YUDERBIS YOHANA CARABALLO MÉNDEZ, BARBARA DOMINIC MORENO ROJAS, KIMBERLEY CHARLOTTE ACOSTA, MARYSABEL ALEJANDRA DE NAZARETH CARRILLO REYES, ALIX MICHELLE ACOSTA VANDES, LACEY DAYANA TERCERA CLASE - PEDRO PASCUAL ABARCA MILITELLO BLANCO, JULIO GIOVANNI RAMIREZ VARELA, ALBERTO SANCHEZ CASTILLO, LUIS ALEXANDER LATAN SAEZ, ANTHONY EDUARDO
Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, Germán Eduardo, Piñate Rodríguez Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo Según Decreto N°.3.464 de fecha 14/06/2018 Gaceta Oficial Nro.41.419 de fecha 14/06/2018
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO
Caracas 18 de Julio de 2018 208°, 159º y 19º N°453 RESOLUCIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Sobre Condecoración "Orden al Mérito en el Trabajo", tal y como se lee en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.920 de fecha 29 de abril de 2008, se confiere la condecoración ORDEN AL MÉRITO EN EL TRABAJO, como reconocimiento a Su compromiso, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo y con la lucha a favor de la clase trabajadora de la, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA, UBV, a los siguientes ciudadanos:
TERCERA CLASE — ARGELIA LAYA.
CALANCHE DE LOVERA, MARÍA MARGARITA PARRA AZUAJE, GLADYS JOSEFINA LÓPEZ DUQUE, GLORIA MARSY VILLA SOJO, MARICEL OMIRA SOTO VIVAS, RAQUEL DEL CARMEN DELGADO NODA, ROSALÍA CASTILLO MORENO, MARY DEL CARMEN GONZÁLEZ ARIAS, SONIA JUDITH GUTIERREZ MOLINA, LENS TAHIS MUÑOZ RIVAS, MARINA JOSEFINA GONZÁLEZ CASIQUE, YURBIS DAMELIS MONRROY GARCÍA, JANETH DEL VALLE SANCHEZ ROMERO, MILAGROS MARIBEL OCHOA FIGUEROA, EURICIA MARGARITA BARRETO CASTAÑEDA, ROSSANA DEL CARMEN RODRÍGUEZ BARRETO, SONIA YOLANDA IDROGO GUERRA, MARTHA ELIANA BITRIAGO ESTEVES, MERCEDES ADRIANA HURTADO PICO, YANELIS IVONNE COLINA ROMERO, MEILIN FRANCISCA CAÑAS GONZÁLEZ, BRICEIDA DEL CARMEN RAMOS ROMERO, MARÍA FERNANDA QUINTERO, EGLEIDA ANTONIETA MONTES MONRROY, YIPSI CARMINIA CÓRDOVA GONZÁLEZ, BASILISA MARTÍNEZ, CAROLINA MARYORI SOJO CABRITA, YULIANA GABRIELA QUINTANA PARRA, JUSMARY COROMOTO ORTEGA FARIÑO, JHINI MERCEDES MONTILVA ARAQUE, ISABEL TERCERA CLASE - PEDRO PASCUAL ABARCA.
BUITRAGO MÁRQUEZ, NELSO ENRIQUE VIDAL LANDAETA, WILLIAM OSWALDO GONZÁLEZ CANACHE, FRANKLIN ALEXANDER URIBE SILVA, FREDDY ARMANDO ROLIS DELGADO, JOSHALBERT JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ NARVAEZ, JOSUÉ JESÚS HURTADO PEÑA, NELSON ARNOLDO RIVERA URANGA, MANUEL ANTONIO TERAN DÍAZ, SATURNINO TENORIO ROMERO, EDGAR FELIX GONZÁLEZ SOTILLO, MIGUEL ANTONIO BELEÑO ESQUIVEL, VÍCTOR MORENO MOLINA, JOSÉ CARLOS FLORES MARCANO, GUILLERMO JORGE
Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, Germán Eduardo, Piñate Rodríguez Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo Según Decreto N°.3.464 de fecha 14/06/2018 Gaceta Oficial Nro.41.419 de fecha 14/06/2018
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL POPER POPULAR DE PETRÓLEO DESPACHO DEL MINISTRO
208.°, 159.° y 19.° Caracas, 23 de julio de 2018
RESOLUCIÓN N.° 090
De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se encarga a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, al ciudadano CÉSAR EDUARDO COLMENAREz MENDOZA, Con Cédula de Identidad N.° V-16.676.967, como Director General de la Dirección Regional Zona Central, adscrito al Despacho del Ministro, ejerciendo las establecidas en el Artículo 37 del Reglamento Orgánico de este Ministerio, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 40.627, de fecha 24 de marzo de 2015; así como cualquier otra contemplada en el ordenamiento jurídico vigente. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 78, numerales 1, 19 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el Artículo 1.° del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, se delega en el ciudadano CÉsAR EDUARDo Colmenarez MENDOZA, la firma de los actos y documentos que a continuación se indican:
a) Las circulares, comunicaciones y avisos oficiales emanados de la Dirección Regional Zona Central.
b) Los oficios de respuesta a funcionarios subalternos, administrativos, judiciales o municipales de los estados y del Distrito Capital relacionados con los asuntos de la Dirección Regional Zona Central.
c) La correspondencia postal, telegráfica, radiotelegráfica o de cualquier otra naturaleza, en respuesta a solicitudes dirigidas por particulares a la Dirección Regional Zona Central.
d) La certificación de las copias de los documentos, oficios, memoranda y circulares emanados de la Dirección Regional Zona Central.
Comuníquese y publge Por el Ejecutivo Nacional, MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ Ministro del Poder Popular de Petróleo
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL POPER POPULAR DE PETRÓLEO DESPACHO DEL MINISTRO
Caracas, 23 de julio de 2018 208.°, 159.° y 19.°
RESOLUCIÓN N.° 091
De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se encarga a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, al ciudadano CARLos EDUARDo CASTELLANOS MORETA, Con Cédula de Identidad N.° V-14.935.068, como Director de Exploración, Reserva y Tierras, adscrito a la Dirección General de Exploración y Producción de Hidrocarburos del Despacho del Viceministro de Hidrocarburos de este Ministerio, ejerciendo las competencias inherentes al referido cargo. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 78, numerales 1, 19 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el Artículo 1.° del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, se delega en el ciudadano CARLOS EDUARDO CASTELLANOS MORETA, la firma de los actos y documentos que a continuación se indican:
a) Las circulares, comunicaciones y avisos oficiales emanados de la Dirección de Exploración, Reserva y Tierras.
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b) Los oficios de respuesta a funcionarios subalternos, administrativos, judiciales o municipales de los estados y del Distrito Capital relacionados con los asuntos de la Dirección de Exploración, Reserva y Tierras.
c) La correspondencia postal, telegráfica, radiotelegráfica o de cualquier otra naturaleza, en respuesta a solicitudes dirigidas por particulares a la Dirección de Exploración, Reserva y Tierras.
d) La certificación de las copias de los documentos, oficios, memoranda y circulares emanados de la Dirección de Exploración, Reserva y Tierras.
Comuníquese y publíquese Por el Ejecutivo Nacional, MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ Ministro del Poder Popular de Petróleo
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL POPER POPULAR DE PETRÓLEO DESPACHO DEL MINISTRO
Caracas, 23 de julio de 2018 208.°, 159.° y 19.°
RESOLUCIÓN N.° 092
De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se encarga a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, al Ciudadano RAFAEL JOSÉ FERRER WASHINGTON, con Cédula de Identidad N.° V-12.114.421, como Director de Producción y Conservación de Petróleo, adscrito a la Dirección General de Exploración y Producción de Hidrocarburos del Despacho del Viceministro de Hidrocarburos de este Ministerio, ejerciendo las competencias inherentes al referido cargo. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 78, numerales 1, 19 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el Artículo 1.° del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, se delega en el ciudadano RAFAEL JOsÉ FERRER WASHINGToN, la firma de los actos y documentos que a continuación se indican:
a) Las circulares, comunicaciones y avisos oficiales emanados de la Dirección de Producción y Conservación de Petróleo.
b) Los oficios de respuesta a funcionarios subalternos, administrativos, judiciales o municipales de los estados y del Distrito Capital relacionados con los asuntos de la Dirección de Producción y Conservación de Petróleo.
c) La correspondencia postal, telegráfica, radiotelegráfica o de cualquier otra naturaleza, en respuesta a solicitudes dirigidas por particulares a la Dirección de Producción y Conservación de Petróleo.
d) La certificación de las copias de los documentos, oficios, memoranda y circulares emanados de la Dirección de Producción y Conservación de Petróleo.
Comuníquesey publíguese Por el Ejegutivo Nacional, INISTRD Ministro del Poder Popular de Petróleo
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO DESPACHO DEL MINISTRO
Caracas, 26 de julio de 2018 208.°, 159.° y 19.°
RESOLUCIÓN N.° 103
De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se encarga a partir de la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, al ciudadano ERLING PERKINS ROJAS CASTILLO, titular de Cédula de Identidad N.° V-6.182.496, como Director General de Mercado Interno, adscrito al Despacho del Viceministro de Refinación y Petroquímica.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 26 del Artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en los Ministros del Ejecutivo Nacional, se delega en el ciudadano ERLING PERKINS ROJAS CASTILLo, la firma de los actos y documentos que a continuación se indican:
a) Las circulares, comunicaciones y avisos oficiales emanados de la Dirección General de Mercado Interno.
b) Los oficios de respuesta a funcionarios subalternos, administrativos, judiciales o municipales de los Estados y del Distrito Capital relacionados con asuntos de la Dirección General de Mercado Interno.
c) La correspondencia postal, telegráfica, radiotelegráfica o de cualquier otra naturaleza en respuesta a las solicitudes dirigidas a la Dirección General de Mercado Interno.
d) La certificación de las copias de los documentos, oficios, memorandos y circulares emanados de la Dirección General de Mercado Interno.
Se autoriza al ciudadano ERLING PERKINS ROJAS CASTILLO, el ejercicio de las siguientes funciones:
1) Planificar centralizadamente las actividades inherentes al mercado interno de los derivados de hidrocarburos bajo los lineamientos establecidos en las leyes, a fin de contribuir con el desarrollo coordinado e integrado del plan del sector.
2) Formular políticas públicas en materia de suministro, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los derivados de hidrocarburos líquidos, a fin de abastecer las necesidades del mercado interno.
3) Elaborar proyectos de normas y resoluciones que permitan regular las actividades del mercado interno de los derivados de hidrocarburos.
4) Formular lineamientos para la fijación de volúmenes y precios de los derivados de los hidrocarburos, a fin de asegurar la racionalización del consumo en el mercado interno.
5) Evaluar, elaborar y aplicar la propuesta de estructura de precios de los combustibles líquidos, a fin de asegurar el servicio público y el desarrollo de la economía.
6) Formular lineamientos para prevenir la contaminación del ambiente en las actividades de suministro, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los derivados de los hidrocarburos líquidos, para contribuir al desarrollo sustentable, en coordinación con los Ministerios con competencia en materia ambiental y social.
7) Evaluar y emitir pronunciamiento en relación a las autorizaciones para el ejercicio de las actividades de transporte, distribución y expendio de productos derivados de hidrocarburos líquidos.
8) Evaluar y emitir pronunciamiento en relación a las autorizaciones de cesión o traspaso de permisos otorgados, para el ejercicio de las actividades de transporte, distribución y expendio de productos derivados de hidrocarburos.
9) Evaluar y emitir pronunciamiento sobre la aprobación de solicitudes referidas a la construcción, modificación, ampliación, destrucción, o desmantelamiento de establecimientos destinados al mercado interno de productos derivados de los hidrocarburos líquidos.
10) Evaluar y emitir pronunciamiento sobre la revocatoria de las autorizaciones o permisos otorgados para el ejercicio de las actividades de transporte, distribución y expendio de productos derivados de hidrocarburos líquidos.
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Viernes 27 de julio de 2018 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 442.555
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL ECOSOCIALISMO
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le deleguen atribuciones, deberán indicar seguidamente bajo la firma del ciudadano designado, el nombre de quien lo suscribe, la titularidad con la que actúa, la fecha, el número de Resolución y Gaceta Oficial donde fue publicada, según !o establecido en e! artículo 18, numera! 7 de !a Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficia! de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníqueg (L.S.)
AleryaRefef HERYCIANNYER RANGEL HERNÁNDEZ Poder Popular para el Ecosocialismo Designado mediante 3.464, de fecha 14 de junio de 2018; publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de la misma fecha.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAALIMENTACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO. DM/N° 037-18
Caracas, 17 de julio de 2018 208°, 1590 y 19° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para la Alimentación, LUIs ALBERTO MEDINA RAMIREz, designado mediante Decreto N° 3.026 de fecha 21 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 41.218 de fecha 21 de agosto de 2017; en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en los numerales 1, 9, 19 y 27 del artículo 78, y en el numeral 3 del artículo 120 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
RESUELVE
ARTÍCULO 1. Designar al ciudadanO PEDRO LUIS ROMERO VALLES, cédula de identidad N° v-7.529.637, como Presidente de la empresa FÁBRICA PARA PROCESAMIENTO DE SÁBILA DE VENEZUELA, S.A (SABILVEN), en calidad de titular.
ARTícuLo 2. El ciudadano designado mediante la presente Resolución, tendrá las atribuciones inherentes a su cargo previstas en el Acta Constitutiva y Estatutaria de dicha Empresa, y las demás que le delegue la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Alimentación en el marco de su competencia. Igualmente, deberá cumplir con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el ordenamiento jurídico vigente, así como enmarcar sus actuaciones en los principios y valores humanistas del socialismo, cuyo objetivo fundamental descansa sobre la justicia social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanos, el Poder Popular y las instituciones de la República, contemplados en las Líneas Generales del Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 del Proyecto Nacional "Simón Bolívar".
ARTícuLo 3. Los actos y documentos firmados con motivo del presente nombramiento, deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del ciudadano designado, la fecha y número del presente acto y la fecha y.:
número de la Gaceta Oficial en que haya sido publicada, de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
ARTícuLo 4. De conformidad con lo estipulado en el artículo 30 de la Ley Contra la Corrupción y sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el funcionario designado deberá presentar declaración jurada de su patrimonio dentro de los treinta (30) días siguientes a la toma de posesión de su cargo.
ARTícuLo 5. De conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, ALBERTO MEDINA RAMIREZ eoder Popular para la Alimentación MINISTRO TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 0483 LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA CONSTITUCIONAL Expediente N° 18-0345
PONENCIA CONJUNTA
El 18 de julio de 2018 fue recibido por la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, comunicación del 12 de julio del corriente, suscrita por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, anexo al cual remitió el Decreto n.° 3.503 del 09 de julio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 41.435 de la misma fecha, mediante el cual se prorroga el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional (Decreto n° 3.413 del 10 de mayo de 2018), dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.
Dicha remisión se efectuó con el objeto de que esta Sala Constitucional se pronuncie acerca de la constitucionalidad del señalado Decreto, en atención a lo dispuesto en los artículos 336, numeral 6 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 25, numeral 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, visto que "...resulta Jurídicamente imposible la remisión del Decreto antes señalado a la asamblea Nacional para su consideración y aprobación, por cuanto ese órgano Legislativo mantiene e! Desacato Contumaz, respecto a las Sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia".
Ese mismo día, se acordó agregar al expediente y se acordó resolver en forma conjunta el presente asunto.
Realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I CONTENIDO DEL DECRETO N° 3.503 DEL 09 DE JULIO DE 2018
Decreto N° 3.503 09 de julio de 2018
NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República En cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario de El Libertador Simón Bolivar y los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el marco del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 ejusdem, concatenados con los articulos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en Consejo de Ministros, CONSIDERANDO Que el Ejecutivo Nacional, garante del bienestar de la población venezolana, decretó en el mes de enero del presente año el Estado de Excepción y de Emergencia Económica, a fin de disponer de los mecanismos juridicos y fácticos que le permitieran dictar las medidas necesarias para proteger al Pueblo de los embates de la guerra económica que pretende cercenar el derecho de las venezolanas y los venezolanos a ser libres e independientes y a vivir dignamente bajo el modelo de organización social y económico que ha decidido adoptar, CONSIDERANDO Que en virtud de que persisten las circunstancias excepcionales, extraordinarias y coyunturales que motivaron la declaratoria de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, se requiere adoptar nuevas medidas y profundizar las que se encuentran en ejecución, con la finalidad de proteger y garantizar los derechos a la vida digna, la salud, la alimentación, la educación, el trabajo, la paz, la seguridad y todos aquellos derechos reivindicados a las venezolanas y los venezolanos por la Revolución Bolivariana.
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DECRETO Artículo 1°. Se prorroga por sesenta (60) días, el plazo establecido en el Decreto N° 3.413, de fecha 10 de mayo de 2018, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica, en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las Instituciones Públicas y a las Ciudadanas y los Ciudadanos habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° Extraordinario 6.356, de fecha 09 de enero de 2018, visto que subsiste la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economia venezolana; a fin de que el Poder Ejecutivo pueda seguir brindando protección a las venezolanas y los venezolanos contra la guerra económica.
Artículo 2°. Este Decreto entrará en vigencia a partir del 10 de julio de 2018.
Dado en Caracas, a los nueve días del mes de marzo de dos mil dieciocho. Años 208° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana.
II DE LA COMPETENCIA Corresponde a esta Sala Constitucional determinar su competencia para pronunciarse acerca de la constitucionalidad del Decreto n° 3.503 del 09 de julio de 2018, mediante el cual se prorroga el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional (Decreto n° 3.413 del 10 de mayo de 2018), dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las Instituciones Públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.
En tal sentido, se observa que el artículo 336 constitucional dispone que:
Articulo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
(.….) 6.- Revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente o Presidenta de la República. (Subrayado añadido).
Por su parte, el artículo 339 eiusdem, establece lo siguiente:
Artículo 339. El Decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional, o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El Decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Presidente o Presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron.
Por su parte, el artículo 25, numeral 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 39.552 del 1 de octubre de 2010), ley posterior a la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, establece lo siguiente:
Artículo 25. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
(...
6. Revisar en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción que sean dictados por el Presidente o Presidenta de la República (Subrayado añadido).
Como puede apreciarse, conforme a las referidas normas constitucionales y legales, corresponde a esta Sala Constitucional revisar, en todo caso y aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaran estados de excepción, sus prórrogas o aumento del número de garantías restringidas, dictados por el Presidente de la República.
En consecuencia, esta Sala resulta competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del Decreto n° 3.503 del 09 de julio de 2018. Así se decide.
III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Verificada la competencia de esta Sala Constitucional para conocer del presente asunto, cumplidos los trámites correspondientes y estando dentro de la oportunidad que establece el articulo 339 constitucional para dictar el fallo, incumbe en este estado analizar la constitucionalidad del Decreto n° 3.503 del 09 de julio de 2018, en el que se prorrogó el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional (Decreto n° 3.413 del 10 de mayo de 2018), para lo cual se observa lo siguiente:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desarrolla varios extremos fundamentales de estos estados de excepción y determina los controles a los cuales deben sujetarse los decretos mediante los cuales se declaran tales circunstancias extraordinarias (artículos 236, numeral 7, 337, 338 y 339).
Por otra parte, el desarrollo legislativo de esta figura jurídica extraordinaria de orden constitucional, está regulado como antes se apuntó en la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción, los cuales han sido definidos como circunstancias extraordinarias dotadas de la característica de la irresistibilidad de los fenómenos y la lesividad de sus efectos, que se plantean en un régimen constitucional, afectando o amenazando con hacerlo a sus instituciones fundamentales, impidiendo el normal desarrollo de la vida ciudadana y alterando la organización y funcionamiento de los poderes públicos (Rondón de Sansó, Hildegard. El Régimen de los estados de excepción en la Constitución de 1999, en Cuatro Temas Algidos de la Constitución Venezolana de 1999. Caracas. 2004).
En tal sentido, puede afirmarse que los estados de excepción son circunstancias de variada índole, que pueden afectar la seguridad de la Nación, de las instituciones o de los ciudadanos, para cuya atención no serían totalmente suficientes ni adecuadas a los fines del restablecimiento de la normalidad, las facultades de que dispone ordinariamente el Poder Público, y ante las cuales el ciudadano Presidente de la República, en Consejo de Ministros, está investido de potestades plenas para declarar tal estado, prorrogarlo o aumentar el número de garantías constitucionales restringidas con miras a proteger el bien común, y disponer de tales medidas en los términos que contemple en el Decreto respectivo, en el marco constitucional, para garantizar la seguridad y defensa de la República, y de su soberanía en todos sus atributos y aspectos; en fin, para proteger el propio orden constitucional.
En este orden de ideas, debe indicarse que tanto los estados de excepción como sus prórrogas solamente pueden declararse ante situaciones objetivas de suma gravedad que hagan insuficientes los medios ordinarios de que dispone el Estado para afrontarlos. De alli que uno de los extremos que han de ponderarse se refiere a la proporcionalidad de las medidas decretadas respecto de la ratio o las situaciones de hecho acontecidas.
Dicho lo anterior, esta Sala estima de relevancia hacer referencia a la situación económica, social y política actual, para lo cual en atención a la notoriedad comunicacional, entre otras tantas, se citan las siguientes notas informativas:
1. Venezuela rechaza “agresión continuada" de UE y dice no aceptará "amenazas".
Disponible en: http://efectococuyo.com/politica/venezuela-rechaza-agresioncontinuada-de-ue-y-dice-no-aceptará-amenazas/ Consultado el 20 julio de 2018.
El Gobierno venezolano rechazó este lunes, 25 de junio, lo que consideró como una “agresión continuada e injerencista" por parte de la Unión Europea (UE), luego de que la comunidad política aprobara sanciones contra 11 funcionarios venezolanos, entre los que está la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y dijo que no aceptará "amenazas".
"Venezuela rechaza categóricamente la agresión continuada e injerencista de la Unión Europea, que constituye una franca intromisión en los asuntos soberanos de nuestro país, al adoptar pretendidas medidas restrictivas contrarias al Derecho Internacional contra once altos funcionarios del Estado Venezolano", según un comunicado de la Cancillería venezolana.
El Ministerio de Exteriores, que indicó que es sorprendente la flagrante subordinación" de la UE al Gobierno de Donald Trump, aseguró que "no aceptará amenazas de ninguna potencia o grupo de países coaligados con reminiscencias imperiales".
En ese sentido, reiteró que el pueblo "venezolano es soberano e independiente" y que sus instituciones democráticas surgen del sufragio universal y que responderá todas las agresiones con la debida proporcionalidad".
Los ministros de Exteriores de la UE aprobaron este lunes sanciones contra otros once funcionarios, además de los siete sancionados en enero pasado, al
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considerar que han violado derechos humanos y socavado la democracia y el Estado de derecho".
Entre los sancionados hoy, además de Rodríguez también se encuentra el vicepresidente del Área Económica, Tareck el Aissami; Sergio Rivero, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Jesús Suárez, comandante general del Ejército Bolivariano; Iván Hermández, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Completan la lista Elías Jaua, ministro de Educación; Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); Freddy Alirio Bernal, responsable de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción;
Katherine Nayarith Harrington, vicefiscal general; Socorro Elizabeth Hernández, miembro del CNE y Xavier Antonio Moreno, secretario general del CNE.
A estos funcionarios la UE ha impuesto la prohibición de viajar a territorio comunitario y la congelación de los bienes que puedan tener en la Unión.
Para la Administración de Nicolás Maduro estas medidas, que asegura, son “diseñadas por los sectores más extremistas y guerreristas" del Gobierno de Estados Unidos, atentan "contra la paz política" del país caribeño y "contra la tranquilidad y el diálogo entre los venezolanos y las venezolanas".
"El mundo multipolar espera independencia en la conducta de la Unión Europea, ante las evidencias y el peligro del resurgimiento del unilateralismo", agregó.
2. OEA aprueba resolución que conduce a histórica suspensión de Venezuela.
Disponible en:https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/americalatina/venezuela-es/article212595094.html Consultado el 20 de julio de 2018.
La Organización de los Estados Americanos condenó el martes la "farsa electoral" cometida en mayo por el régimen de Nicolas Maduro y ratificó la existencia de una "alteración" en el orden constitucional de Venezuela, al aprobar una resolución que da los primeros pasos para la histórica suspensión del país sudamericano de la OEA.
La resolución, presentada por Estados Unidos junto con algunos de los paises más influyentes del continente, fue aprobada por una relación de 19 votos a favor, cuatro votos en contra y 11 abstenciones, en una clara señal de que el régimen bolivariano sigue perdiendo respaldo en la región en la medida que su crisis se profundiza.
La resolución es vista como el primer paso hacia la suspensión de Venezuela a tenor con los procedimientos de la Carta Democrática Interamericana, que deberá aprobarse en otra sesión a ser convocada en un futuro con dos tercios de los votos.
La suspensión es la mayor sanción que tiene el organismo y que en sus 70 años de historia solamente ha impuesto a dos países: Cuba y Honduras.
La resolución fue impulsada por Estados Unidos y los : 4 países del Grupo de Lima, un bloque que suma más del 90 por ciento de la población en el continente: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.
Estados Unidos, que ha tildado "el régimen de Maduro" de "dictadura", ha desplegado en las últimas semanas sus esfuerzos diplomáticos con el argumento de que la OEA debe hacer valer los principios democráticos que dice defender.
"En nombre del presidente Trump, pido a la comunidad de naciones libres, de todo este Nuevo Mundo, que expulsen a la dictadura de Maduro de la Organización de los Estados Americanos. La OEA debe representar la libertad. Y ahora es el momento", dijo el vicepresidente Mike Pence, durante una recepción el lunes en la Casa Blanca.
Pence, quien hace un mes pidió lo mismo al visitar la sede de la OEA, dijo que los países que se sumen a esta iniciativa, "demostrarán su compromiso de forjar vínculos más fuertes con Estados Unidos" y mencion5 posibilidades de cooperación en inversiones financieras, de energía. infraestructura y seguridad.
Los prospectos de una eventual remoción de Venezuela fueron ridiculizados en la tarde del lunes por el propio Maduro, quien dijo que la organización no podía expuisar a Venezuela porque el país ya había renunciado a la organización.
"Nosotros denunciamos a la OEA y nos vamos de la OEA [...] ya van 13 meses de los 24 que tenemos que esperar para que sea efectivo. Cuando Venezuela salga de la OEA vamos a hacer una gran fiesta nacional", manifestó Maduro.
Pero expertos consultados dijeron que la separación de Venezuela de la organización tracria repercusiones inmediatas y de peso.
Para comenzar, desvincularse de la OEA separa a Venezuela de una red de organizaciones multilaterales vinculadas a la agrupación que durante años han trabajado para mejorar el bienestar de la región, como la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto Agropecuario de las Américas, explicó Guillermo Cochez, ex embajador de Panamá ante la OEA.
"Todos esos organismos regionales pasarían a excluir a Venezuela, y eso la isla más de lo que está aislada ahora mismo", advirtió Cochez.
Pero quizás más impactante sería la condena moral que va acompañada a la decisión de suspender a Venezuela.
"Es una declaración de que Venezuela es expulsada porque es un Estado que rompe con todos los principios y valores de la organización hemisférica", dijo desde Caracas Milos Alcala y, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas.
Le estarían diciendo, "no es que usted se va, sino que nosotros le expulsamos, porque usted no puede pertenecer a un club de democracia, un club donde los derechos humanos son fundamentales y donde usted insulta a todos", agregó el diplomático.
La resolución incluye una condena de las elecciones del 20 de mayo, en las que el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, declaró a Maduro como ganador de una elección presidencial que había sido declarada de antemano como fraudulenta por la comunidad intermacional.
La resolución también cuestiona la renuncia del régimen de permitir el ingreso de la ayuda humanitaria para aliviar la acentuada penuria por la que atraviesan los venezolanos por falta de comida y medicinas.
Asimismo, la resolución exige al régimen que restaure la plena autoridad de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
Para que la resolución fuese aprobada se necesitaban al menos 18 votos de los 35 estados miembros, mientras que la votación para suspender a Venezuela, que seria en una eventual Asamblea General Extraordinaria. requeriría 24 votos.
3. Florido: "Vienen reacciones para presionar al gobierno de Venezuela".
Disponible en: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/florida-vienenreacciones-para-presionar-gobierno-venezuela_230013 Consultado el 20 de julio de 2018.
Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN), aseguró que países de la región tendrán reacciones para presionar al gobierno de Nicolás Maduro a que haga elecciones libres.
"Vienen reacciones en cadena de presión por parte de la región ante la negativa del régimen de Nicolás Maduro a realizar elecciones libres, a abrir el canal humanitario y a restituir el orden constitucional en Venezuela", expresó el parlamentario.
Agregó que las sanciones impuestas por el gobierno de Venezuela por 90 dias a la acrolínea Copa Airlines le quita derechos a los venezolanos, reseñó El Pitazo.
“Es una irresponsabilidad que el régimen accione de esta manera. Es la única empresa aérea con la que los venezolanos cuentan para poder llegar a Panamá, específicamente en mi caso y el de muchos diputados y venezolanos que hemos tenido que salir por la frontera producto de una prohibición migratoria, es decir, de esta manera actúan las dictaduras", manifestó.
Precisó que durante la reunión sostenida con la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel de Saint, también se tocaron temas de carácter migratorio.
Además, solicitó al gobierno de Panamá alzar su voz en la Cumbre de las Américas para que los países de la región concedan una prórroga a los venezolanos que tengan pasaporte vencido.
4. Almagro pide más sanciones contra Venezuela.
Disponible en: http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Almagropide-mas-sanciones-contra-Venezuela-20180104-0040.html Consultado el 20 de julio de 2018.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se pronunció el jueves a favor de sanciones adicionales contra funcionarios y el aparato financiero venezolanos que Ileven al presidente Nicolás Maduro a celebrar elecciones imparciales.
-El camino diplomático que queda por delante es el camino de las sanciones y de negociaciones serias para la redemocratización", dijo el uruguay o a reporteros en la sede de la organización. "Tiene que haber sanciones cada vez más duras, que permitan que el régimen venezolano estructura un proceso electoral claro".
The Associated Press solicitó un comentario a la embajada venezolana, sin obtener la de inmediato.
Almagro se pronunció a favor de aumentar las sanciones no solamente contra funcionarios del gobierno venezolano, sino también contra el aparato financiero de la nación sudamericana.
Además de haberle congelado bienes en Estados Unidos y suspender visas a docenas de funcionarios, el gobierno del presidente Donald Trump prohibió a firmas estadounidenses hacer nuevos préstamos a Venezuela por considerar que el gobierno de Caracas violó los derechos humanos durante las protestas antigubemamentales de 2017 que dejaron más de 120 muertos.
Canadá y la Unión Europea también se sumaron a las sanciones.
Almagro dijo que la meta final es la celebración de un sistema electoral nuevo que permita votar incluso a los venezolanos expatriados.
"Si hay algo que nos da una dimensión de la crisis es la migración de cuatro millones de venezolanos en los últimos años. Es una migración más alta que la que ha habido desde el Medio Oriente a Europa", indicó.
La constitución venezolana establece que este año culmina el sexenio presidencial, pero el gobierno de Maduro aún no ha fijado :na fecha para los comicios.
Almagro agregó que los tres expertos designados por él le pidieron hasta fines de mes para elaborar un informe sobre la posibilidad de que Venezuela haya sido escenario de crimenes de lesa humanidad que ameriten ser investigados por la Corte Penal Internacional.
Venezuela, que en abril de 2017 inició un trámite de dos años para abandonar la OEA, se opone a la elaboración de tal informe por considerar que no corresponde a la misión del organismo.
De lo anterior, se observa que existe y así ha sido reconocido por el órgano legislativo nacional que se mantiene en desacato a las decisiones de este Alto Tribunal, una situación nacional extraordinaria, vinculada a la materia económica, a la seguridad de la Nación y de los ciudadanos y ciudadanas, a la paz social, que afecta el orden constitucional, lo cual exige la toma de medidas excepcionales y oportunas con la finalidad de lograr el restablecimiento de la situación de normalidad social y, por ende, de normalidad conforme a los valores, principios y fines que proyecta la Constitución.
En este sentido, revisado como ha sido el contenido del instrumento jurídico sometido a control constitucional, se observa que se trata de un Decreto cuyo objeto es, a tenor de su artículo 1, es prorrogar por sesenta (60) días, el plazo establecido en el Decreto N° 3.413 (analizado en sentencia n° 0381/18).
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La fundamentación jurídica, la cual expresa los dispositivos constitucionales y legales en que se basan las competencias que está ejerciendo el ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros, entre los cuales se invocan los artículos 226 y 236, numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se refieren a la acción de gobierno y a la facultad para dictar estados de excepción, sus prórrogas o aumentos del número de garantías restringidas, en concordancia con los artículos 337, 338 y 339 eiusdem, normas que a su vez fueron concatenadas con los artículos 2 al 7, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
Visto el referido Decreto, esta Sala Constitucional advierte que en sentencias números: 4 del 20 de enero de 2016, 7 del 11 de febrero de 2016, 184 del 17 de marzo de 2016, 411 del 19 de mayo de 2016, 615 del 19 de julio de 2016, 810 del 21 de septiembre de 2016, 4 del 19 de enero de 2017, 113 del 20 de marzo de 2017 y, 364 del 24 de mayo de 2017, 959 del 22 noviembre de 2017, ratificaron el criterio del primer fallo sobre algunas nociones de carácter doctrinario respecto de la naturaleza, contenido y alcance de los estados de excepción, como mecanismos constitucionales válidos para que el Presidente de la República pueda tomar medidas extraordinarias y excepcionales cuando existan tales situaciones fácticas de alarma, emergencia o calamidad.
Al respecto, como antes se indicó, el Decreto sometido al control de esta Sala plantea desde su primer artículo, que el mismo tiene como objeto prorrogar el decreto n° 3.413 del 10 de mayo de 2018, en el que el Ejecutivo, hace uso de dicha facultad, para disponer de la atribución para adoptar las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, aumentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, dadas las situaciones fácticas y jurídicas bajo las cuales es adoptado y los efectos que debe surtir con la inmediatez que impone la gravedad o entidad de las circunstancias vulneradoras que el Poder Público, con facultades extraordinarias temporales derivadas del propio Decreto, pues el Presidente de la República como Jefe de Estado y del Ejecutivo Nacional está en la obligación de atender para restaurar la normalidad en el funcionamiento del sistema socio-económico, para ponderar y garantizar de forma cabal e inaplazable los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Por ello, se observa que se trata de un límite y ponderación legítima respecto del ejercicio de algunos derechos y garantías constitucionales, fundado en razones excepcionales, cuyo único propósito es establecer un orden alternativo, temporal y proporcional dirigido a salvaguardar la eficacia del Texto Constitucional y, por ende, la eficacia de los derechos y garantías, en situaciones de anormalidad de tal entidad que comprometan la seguridad de la Nación, de sus habitantes, la armonía social, la vida económica de la Nación, de sus ciudadanos o ciudadanas, así como el normal funcionamiento de los Poderes Públicos y de la comunidad en general.
Observa esta Sala Constitucional que el Decreto n° 3.413 del 10 de mayo de 2018, mediante el cual se declaró el Estado de Excepción y de Emergencia Económica, en todo el Territorio Nacional, atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica, que encuentran razón, además, en el contexto económico latinoamericano y global actual, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado, ineludibles para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz y para la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, conforme a lo previsto en el articulo 3 Constitucional.
De allí que se estime ajustado al orden constitucional y por ende procedente, que el Ejecutivo Nacional, constatadas las circunstancias suscitadas y que se mantienen en el espacio geográfico de la República, emplee las medidas amparadas por el decreto bajo estudio, en cumplimiento del deber irrenunciable e ineludible del Estado Venezolano de garantizar el acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos y de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad, asegurando el derecho a la vida digna de todos los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela.
En fin, estima esta Sala que el Decreto sometido a control de constitucionalidad cumple con los principios y normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en tratados internacionales sobre derechos humanos válidamente suscritos y ratificados por la República y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
Finalmente, esta Sala reitera una vez más que el órganc legislativo nacional se encuentra en flagrante desacato al Poder Judicial, específicamente, a las decisiones dictadas por esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; razón por la cual, cualquier acto mediante el cual se pretenda desaprobar o inobservar el Decreto antes indicado es nulo, inexistente, ineficaz y carente de validez. Así se declara.
Por último, se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia.
IV DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:
1.- Que es COMPETENTE para revisar la constitucionalidad del Decreto n.° 3.503 del 09 de julio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial n° 41.435 de esa misma fecha, mediante el cual se prorroga el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional (Decreto n° 3.413 del 10 de mayo de 2018), dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las Instituciones Públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la República.
2.- La CONSTITUCIONALIDAD del Decreto n.° 3.503 del 09 de julio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial n.° 41.435 de esa misma fecha.
3.- NULO, INEXISTENTE E INEFICAZ cualqu:er acto en el cual la Asamblea Nacional pretenda desaprobar el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica n.° 3.503 del 09 de julio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial n.° 41.435 de esa misma fecha.
4.-Se REITERA que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo los acuerdos dictados y leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia.
5.- Se REITERA que las sentencias de la Sala Constitucional tienen carácter vinculante y efectos erga omnes, inclusive para todos los órganos del Poder Público Nacional.
6.- Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia.
Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada de la presente decisión al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y a la Procuraduría General de la República en la figura del Procurador General Encargado. Archívese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los —25 — días del mes de Jolo de dos mil dieciocho (2018). Años: 208° de la Independencia y 159° de la Federación.
El Presidente dφ ja Sala, Juan José Mendoza Jover
El Vicepresidente, Arcadio Delgado Rosales
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Los Magistrados, Carmen Zuleta de Merchán AMMGp Gladys María Gutiérrez Alvarado Calixto Ortoga Rios Luis Fernando Damiani Bustillos Lourdes Benicia Suárez Andersonf La Secretaria, Anihochg Mónica Andrea Rodriguez Flores LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 0419 EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL Exp. n.° 13-0586 Magistrado Ponente: CALIXTO ORTEGA RIOS Mediante la sentencia N° 499, dictada por esta Sala el 27 de abril de 2015, se acordó, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, iniciar de oficio el juicio de nulidad establecido en la referida Ley, con respecto al artículo 80 de la Ley de Abogados. En la referida decisión, igualmente, se ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que practicara las citaciones correspondientes al Presidente de la Asamblea Nacional. Asimismo, se ordenó notificar al ciudadano Fiscal General de la República, así como al ciudadano Defensor del Pueblo y, por último, se acordó la suspensión del Parágrafo Segundo de la norma sobre la cual versa la presente nulidad.
Por auto del 17 de junio de 2015, el Juzgado de Sustanciación ordenó practicar las notificaciones legales.
El 17 de junio de 2015, se libró el cartel de emplazamiento a los interesados, el cual fue publicado por el Juzgado de Sustanciación de esta Sala el 30 de junio de 2015.
El 16 de julio de 2015, el abogado Luis González, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 7.541, actuando con el carácter de Presidente del Instituto de Previsión Social del Abogado, solicitó que se admitiera su intervención en el presente juicio.
Por auto del 26 de noviembre de 2015, el Juzgado de Sustanciación admitió la intervención del abogado Luis González en la presente causa.
El 17 de diciembre de 2015, el abogado Luis González presentó escrito en el cual emitió su opinión y, al mismo tiempo. promovió pruebas sobre el presente asunto.
Por medio de escrito presentado el 17 de diciembre de 2015, los abogados María Elena Delgado, José Calzadilla, José Rojas y Joel Seijas, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 64.949, 92.948, 65.630 y 109.373, respectivamente, actuando como apoderados judiciales de la Asamblea Nacional, presentaron su escrito de consideraciones.
El 23 de diciembre de 2015, se constituyó esta Sala Constitucional en virtud de la incorporación de los Magistrados designados por la Asamblea Nacional en sesión extraordinaria celebrada el 23 del mismo mes y año, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.816, del 23 de diciembre de 2015. quedó integrada de la siguiente forma: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Carmen Zuleta de Merchán, Juan José Mendoza Jover, Calixto Antonio Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson.
El 15 de marzo de 2016, se reasignó Ia ponencia al Magistrado doctor CALIXTO ORTEGA RIOS, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
El 24 de febrero de 2017, se reconstituyó esta Sala Constitucional quedando integrada de la siguiente forma: Magistrado Juan José Mendoza Jover, Presidente; Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Carmen Zulcta de Merchán. Gladys María Gutiérrez Alvarado, Calixto Ortega Rios, Luis Ferando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson.
Efectuado el estudio del expediente, pasa la Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
DE LA NORMA OBJETO DE LA PRESENTE NULIDAD
Tal como se estableció supra, el caso de autos tiene lugar a consecuencia de la eventual violación del derecho a la igualdad, a que se refiere el articulo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del articulo 80 de la Ley de Abogados, que es del siguiente tenor:
"Articulo 80: Los órganos del Instituto son:
a) La Asamblea General que estará integrada hasta por cinco (5) representantes de cada Colegio de Abogados.
Parágrafo Segundo: Los miembros del Consejo Directivo del Instituto, según designados por la Asamblea General del mismo, deberán estar domiciliados en el área metropolitana de Caracas y durarán dos años en el ejercicio de sus funciones”.
I1 FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA QUE DECLARÓ CONFORME A DERECHO LA DESAPLICACIÓN DEL PARÁGRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 80 DE LA LEY DE ABOGADOS
La sentencia que dio lugar a la apertura del presente juicio anulatorio, preciso lo que a continuación se transcribe:
“El Parágrafo Segundo del artículo 80 de la Ley de Abogados, así como el articulo 93 de su Reglamento condicionan el derecho al sufragio activo y pasivo de los aspirantes a miembros del Consejo Directivo del Inpreabogado, al establecer que deben estar domiciliados en el Área Metropolitana de Caracas y, en consecuencia, fueron desaplicados por su eventual colisión con el dispositivo contenido en el articulo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ya que en criterio de la Sala Electoral de este Alto Tribunal establecen una discriminación respecto de los abogados no domiciliados en esta Ciudad Capital.
Entre tanto, el artículo 84 del reglamento de la Ley de Abogados establece que la máxima autoridad del referido instituto se encuentra a cargo de la Asamblea General. la cual. está constituida por los representantes de todos los Colegios de Abogados. Según la sentencia bajo examen. dicha norma establece un régimen de elección de segundo grado. ya que atribuye a la Asamblea General (integrada por los representantes de todos los Colegios de Abogados de la República) la designación del Consejo Directivo del Inpreabogado. en violación del derecho de participación y del principio de universalidad del voto.
Ello así. es menester señalar que tal como precisó esta Sala en la sentencia N° 1457 del 27 de julio de 2007, caso: Pedro José Martinez Yánez, el derecho a la igualdad, es uno de los principios inherentes a la naturaleza del hombre y, por tanto, forma parte del elenco de postulados superiores del Estado, conforme lo establece el artículo 2 del Texto Fundamental.
Así, la igualdad se presenta como una de las decisiones políticas fundamentales del Estado de derecho y de justicia, del cual constituye un presupuesto cardinal y básico. Es decir. es una regla primaria de nuestro sistena jurídico. Por ello, el Texto Fundamental reconoce en el articulo 21 al principio de igualdad, como un 'elemento rector de todo el ordenamiento jurídico, (Pérez Royo. Curso de Derecho Constitucional, Editorial Marcia! Pons, 2009. p. 289).
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En otras palabras, es un valor inserto en nuestro Ordenamiento, que se traduce en un principio general, el cual a su vez se concreta como derecho subjetivo que afecta a todos los derechos constitucionales, y como obligación de los poderes públicos de hacerla real allí donde no surja de forma espontánca' (Molas. Derecho Constitucional, Editorial Tecnos, 1998, p. 299).
De este modo. la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce expresamente a la igualdad como una de las bases del sistema político instaurado, sobre el cual surge un deber de protección que trasciende la noción retórica, para asumirlo como una técnica jurídica operante, que tiende a equilibrar las situaciones juridicas de los particulares de una manera no sólo declarativa, sino también real y verdadera.
Con ello, es uno de los fines del Estado, que consiste en el derecho i que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a uno de lo que se concede a otro en iguales circunstancias, lo cual implica. que ante diferencias fácticas, la ley no puede establecer disposiciones uniformes.
En este contexto, Garcia Morillo afirma (Derecho Constitucional, 2000. p. 171). que es un derecho prototípicamente relacional, por cuanto antes de concebirlo de manera autónoma, se observa conjuntamente con otro derecho o en una determinada situación material, es decir, 'no se viola la igualdad en abstracto, sino en relación con — esto es en la regulación, ejecución o aplicación, ejercicio, etc.- el acceso a los cargos públicos, la libertad de residencia. el derecho al trabajo o la tutela judicial efectiva, por solo poner unos ejemplos' (Garcia Morillo. Derecho Constitucional, 200, p. 174).
En efecto, el derecho a la igualdad 'no es propiamente hablando un derecho autónomo de los otros derechos, puesto que dificiimente puede materializarse en abstracto" (Molas. Derecho Constitucional, Editorial Tecnos, p. 299), es decir, que aparece adminiculado con otros derechos, concretándose siempre en una situación material determinada.
Este derecho, ha ido 'superando cada vez más el concepto formal de igualdad ante la ley y adentrándose en el de igualdad material, esto es. igualdad dentro de la ley o en la ley. En cierta forma, ello ha supuesto la ruptura, al menos parcial, de los caracteres de universalidad. generalidad, abstracción y duración de la ley, al admitirse las leyes singulares o sectoriales -con destinatarios individuales o grupales concretos-, las leyes temporales -cuya validez se persigue sólo durante una época concreta- y las leyes diferencíadoras, que, aún siendo generales o duraderas, otorgan distintos tratamientos en función de sus características' (García Morillo, ob. cit., p. 172).
Tal fenómeno no es injustificado, pues viene determinado por la constatación de diferencias entre las situaciones fácticas de los sujetos de derecho y por la obligación que la Constirución impone a los Poderes Públicos de procurar que esa igualdad sea real y efectiva Estas circunstancias, aunadas a la complejidad de la sociedad moderna y al carácter social del Estado venezolano, explican que un gran número de normas otorguen, hoy, tratamiento diferente a supuestos de hecho que se entienden distintos.
Actualmente, la igualdad se constituye en una situación jurídica de poder, que permite la 'reacción frente a la posible arbitrariedad de los poderes públicos. No se trata ya de que éstos no puedan, en sus actuaciones. diferenciar entre individuos o grupos: se trata de que, si lo hacen, su actuación no puede ser arbitraria. Es, por lo tanto, un principio negativo, limitativo. que acota un ámbito de actuación de los poderes públicos, y reaccional. que permite a los particulares reaccionar frente a las actuaciones de aquellos cuando sean arbitrarias" (García Morillo. ob. Cit.. p. 173).
De este modo, la igualdad juridica no implica un trato igual en todos los casos con abstracción de los elementos diferenciadores. Se prohibe la discriminación, pero no toda desigualdad es una discriminación. Se prohiben las normaciones <.<no justificadas? (es decir arbitrarias o discriminatorias), pero no las normaciones diferenciadas, si corresponden a supuestos de hecho diferentes' (Molas, ob. Cit., p. 30l). A mayor abundamiento. los dos corolario de la noción de igualdad: a) no asimilar a los distintos y b) no establecer diferencias entre los iguales.
En este mismo sentido, el referido autor sostiene, que la igualdad no exige tratar de manera igual situaciones diferentes' (Molas, ob. Cit., p. 301), sino, que prohíbe la discriminación, que consiste en la diferenciación 'que se funda en un prejuicio negativo en virtud del cual los miembros de un grupo son tratados como seres no ya diferentes sino inferiores (en ciertos aspectos al menos). El motivo de la discriminación es algo más que irrazonable, es odioso, y de ningún modo puede aceptarse porque resulta humillante para quienes sufren esa marginación.' (Bilbao. La Eficacia de los Derechos Fundamentales Frente a Particulares. 1997. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid.p. 398).
Al respecto, esta Sala en sentencia del 17 de febrero de 2006, dictada en el caso José Gómez Cordero, señaló:
el principio de igualdad implica un trato igual para quienes se encuentren en situación de igualdad -igualdad como equiparación-, y un trato desigual para quienes se encuentren en situación de desigualdad -igualdad como diferenciación- (vid. sentencia n° 898/2002, del 13 de mayo). En este último supuesto, para lograr justificar el divergente tratamiento que se pretenda aplicar, el establecimiento de las diferencias debe ser llevado a cabo con base en motivos objetivos, razonables y congruentes.
De lo anterior se desprende que no resulta correcto conferirle un tratamiento desigual a supuestos fácticos que ostenten un contenido semejante y que posean un marco jurídico equiparable. pero debe aclararse que igualdad no constituye sinónimo de identidad, por lo que también sería violatorio del principio de igualdad darle un tratamiento igualitario a supuestos que sean distintos (vid. GUI MORI, Tomás. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL ÍNTEGRA 1981-2001. Tomo 1. Editorial Bosch. Barcelona, 2002, p. 332). Lo que podría resumirse en dos conclusiones: 'No asimilar a los distintos, y no establecer diferencias entre los iguales, como se dijo ut supra' Con ello, no cualquier trato desigual resulta discriminatorio, pues sólo lo es el trato desigual no basado en causas objetivas y razonables. En efecto. la igualdad constitucional no prohibe que el legislador diferencie. Si lo hiciera, el legislador no podria hacer nada. No se aprobaría ni una sola ley. Lo que prohibe es que diferencie de una manera no objetiva, no razonable y no proporcionada, Es decir, que tome partido ante el ejercicio del derecho a la diferencia' (Pérez Royo. Curso de Derecho Constitucional, 2o00. p. 311).
De alli. que el legislador pueda introducir diferencias de trato cuando no sean arbitrarias, esto es, cuando estén justificadas por la situación real de los individuos o grupos, con lo cual la vigencia del principio de igualdad, no debe analizarse desde una visión puramente formalista.
Ello así, el Parágrafo Segundo del artículo 80 de la Ley de Abogados y el artículo 93 de su Reglamento establecen que sólo pueden formar parte dei Consejo Directivo del Inpreabogado quienes estén domiciliados en el Área Metropolitana de Caracas. Es decir. que se limita la capacidad de postulación de los asociados según un criterio que está referido al asiento de los negocios e intereses del abogado, independientemente de sus condiciones gremiales. es decir, de sus vinculos efectivos con la corporación y, por ende, de su participación en los asuntos de la comunidad juridica, que en concepto de esta Sala, son los elementos que deben tomarse en cuenta a la hora de evaluar las condiciones de un abogado para integrar la directiva de la federación que agrupa a los profesionales del derecho.
En otras palabras, las referidas normas establecen una restricción del derecho de acceso a los cargos directivos del gremio de los abogados, que sólo toma en cuenta un elemento que es ajeno al desempeño que puede tener un miembro de la asociación en favor de sus intereses comunes y elio, es irracional y, por tanto, discrininatorio. isi se declara"
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OPINIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL ABOGADO
El Presidente del Instituto de Previsión Social del Abogado señaló en su escrito que la norma sobre la cual versa el presente asunto, no contraría en modo alguno al Texto Fundamental y. además, satisface las necesidades corporativas especiales del Instituto, por lo que, a su decir, no hay argumentos que sustente su nulidad.
IV
OPINIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL
La representación de la Asamblea Nacional afirmó que la disposición bajo examen viola el derecho constitucional a la igualdad, ya que establece una discriminación respecto a los abogados no domiciliados en el Área Metropolitana de Caracas para integrar el Consejo Directivo del Instituto y, que por tal razón, debe declararse su nulidad.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Pasa esta Sala. previo estudio de los alegatos esgrimidos en el presente caso. a decidir sobre el mérito del asunto y, en tal sentido observa que la norma bajo examen establece lo siguiente:
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"Articulo 80: Los órganos del Instituto son:
a) La Asamblea General que estará integrada hasta por cinco (5) representantes de cada Colegio de Abogados.
(..) Parágrafo Segundo: Los miembros del Consejo Directivo del Instituto. serán designados por la Asamblea General del mismo, deberán estar domiciliados en el Área Metropolitana de Caracas y durarán dos años en el ejercicio de sus funciones".
La norma transcrita establece como está organizado el Instituto de Previsión Social del Abogado, así como la integración de su Asamblea General y, finalmente, el método de designación del Consejo Directivo, cuyos miembros deben estar domiciliados en el Área Metropolitana de Caracas, lo cual, es precisamente, el fundamento que dio lugar al inicio del presente juicio anulatorio. pues esta Sala consideró, que para el caso concreto, tal situación se presentaba discriminatoria respecto de los agremiados que no están domiciliados en la ciudad Capital.
Ello así, es menester señalar que, tal como precisó esta Sala en la sentencia N° 1457 del 27 de julio de 2007. caso: Pedro José Martinez Yánez, el derecho a la igualdad es uno de los principios inherentes a la naturaleza del hombre y, por tanto. forma parte del elenco de postulados superiores del Estado, conforme lo establece el artículo 2 del Texto Fundamental.
Efectivamente, el derecho a la igualdad es uno de los axiomas del Estado de derecho y de justicia. En otras palabras, un presupuesto cardinal y básico de nuestro ordenamiento y. de allí. que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo reconoce como un derecho fundamental (artículo 21).
Por tanto, se trata de uno de los principios juridicos del Estado y, al mismo tiempo, de un derecho relacional, es decir, de un derecho que:
En primer lugar, no debe analizarse de forma autónoma, sino respecto a otro derecho y por ende, adminiculado con otro derecho. Es decir, “no se viola la igualdad en abstracto, sino en relación con - esto es en la regulación, ejecución o aplicación. ejercicio, etc.- el acceso a los cargos públicos, la libertad de residencia, el derecho al trabajo o la tutela judicial efectiva, por solo poner unos ejemplos" (García Morillo, Los Derechos de la Libertad (I). La Libertad Personal. Derecho Constitucional Voi. I. Valencia: Cuarta Edición, p. 174).
En segundo lugar, la vigencia o lesión a este derecho (y eventualmente a todos los derechos). debe ser analizada en el contexto de una situación especifica, para así verificar si la situación resulta o no discriminatoria.
En tercer lugar. debe observarse que, hoy dia este derecho tiende a evitar la discriminación, esto es, la diferenciación “que se funda en un prejuicio negativo en virtud del cual los miembros de un grupo son tratados como seres no ya diferentes sino inferiores (en ciertos aspectos al menos). El motivo de la discriminación es algo más que irrazonable, es odioso, y de ningún modo puede aceptarse porque resulta humillante para quienes sufren esa marginación." (Bilbao, J. La Eficacia de los Derechos Fundamentales Frente a Particulares, 1997, Centro de Estudios Constitucionales. Madrid.p. 398).
Así lo precisó esta Sala en sentencia del 17 de febrero de 2006, dictada en el caso José Gómez Cordero, señaló:
"el principio de igualdad implica un trato igual para quienes se encuentren en situación de igualdad -igualdad como equiparación-, y un trato desigual para quienes se encuentren en situación de desigualdad -igualdad como diferenciación- (vid. sentencia n° 898:2002, del 13 de mayo). En este último supuesto. para lograr justificar el divergente tratamiento que se pretenda aplicar, el establecimiento de las diferencias debe ser llevado a cabo con base en motivos objetivos, razonables y congruentes.
De lo anterior se desprende que no resulta correcto conierirle un tratamiento desigual a supuestos fácticos que ostenten un contenido semejante y que posean un marco juridico equiparable, pero debe aclararse que igualdad no constituye sinónimo de identidad, por lo que también seria violatorio del principio de igualdad darle un tratamiento igualitario a supuestos que sean distintos (vid. GUI MORI, Tomás. JURISPRUDENCLA CONSTITUCIONAL. ÍNTEGRA 1981-2001. Tomo I. Editorial Bosch. Barcelona. 2002. p. 332). Lo que podría resumirse en dos conclusiones: 'No asimilar a los distintos, y no establecer diferencias entre los iguales,' como se dijo ut supra".
De la sentencia parcialmente transcrita se colige que, no cualquier trato desigual resulta discriminatorio, sino aquel que no está basado en causas objetivas y razonables. En efecto, "la igualdad constitucional no prohíbe que el legislador diferencie. Si lo hiciera, el legislador no podría hacer nada. No se aprobaría ni una sola ley. Lo que prohibe es que diferencie de una manera no objetiva. no razonable y no proporcionada. Es decir, que tome partido ante el ejercicio del derecho a la diferencia" (Pérez Royo, Curso de Derecho Constitucional. 2000, p. 311).
De alli, que el legislador pueda introducir diferencias de trato cuando no sean arbitrarias, esto es, cuando estén justificadas por la situación real de los individuos o grupos, con lo cual la vigencia del principio de igualdad, no debe analizarse desde una visión puramente formalista.
Ello asi, el Parágrafo Segundo del articulo 80 de la Ley de Abogados establece que sólo pueden formar parte del Consejo Directivo del Inpreabogado quienes estén domiciliados en el Area Metropolitana de Caracas, lo cual, determina que la capacidad de postulación de los asociados para integrar Consejo Directivo está limitada a quienes tienen como asiento de sus negocios e intereses al Área Metropolitana de Caracas.
Lo expuesto evidencia que, al igual de lo que ocurría con la Ley sobre La Academia de Ciencias Políticas y Sociales (parcialmente anulada por esta Sala en la sentencia N° 1986, dictada el 23 de octubre de 2007, en la cual se exigía que los postulados estuviesen residenciados en esta ciudad Capital), el legislador utilizó un criterio geográfico y patrimonial, que no està necesariamente vinculado a las condiciones gremiales de los postulados y a su participación en los asuntos de la comunidad jurídica, que en criterio de esta Sala, son los elementos que deben tomarse en cuenta a la hora de evaluar las condiciones de un abogado para integrar el Consejo Directivo de la federación que agrupa a los profesionales del derecho.
En efecto, el domicilio de un agremiado, en nada determina sus nexos efectivos con la federación y su desempeño en favor de los intereses comunes. Antes bien, puede darse el caso de abogados que estén domiciliados fuera del Área Metropolitana de Caracas y desarrollen una actividad gremial notable.
Siendo ello asi. la norma bajo examen establece una restricción del derecho de acceso a los cargos directivos del gremio de los abogados, que toma en cuenta únicamente elementos geográficos y patrimoniales, los cuales, son ajenos a la condición gremial y, por tanto, resultan irracionales y, en consecuencia, discriminatorios para los abogados domiciliados fuera del Área Metropolitana de Caracas.
En razón de las consideraciones expuestas, se anula parcialmente el parágrafo segundo del artículo 80 de la Ley de Abogados en la parte que dispone lo siguiente. "deberán estar domiciliados en el Área Metropolitana de Caracas".
Finalmente, corresponde determinar los efectos de la presente decisión anulatoria en el tiempo y, en tal sentido, desde sus inicios (Vid. sentencia 518, del 1° de junio de 2000, caso: Alejandro Romero, entre otras), esta Sala Constitucional hizo suya la doctrina de la extinta Corte Suprema de Justicia, según la cual, la nulidad por inconstitucionalidad produce efectos ex tunc, es decir, hacia el pasado. Salvo que en aras de la seguridad juridica y para evitar mayores perjuicios, se fijen los efectos anulatorios ex nunc o hacia el futuro (Vid. 359 del 11 de mayo de 2000. dictada en el caso Jesús María Cordero Giusti).
En el caso de autos, en resguardo del principio de seguridad jurídica, esta Sala fija los efectos del fallo anulatorio ex mune, es decir, hacia el futuro. desde el momento en que se publique el presente fallo.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena la publicación de esta sentencia en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, con la leyenda: "“sentencia mediante la cual se anula parcialmente el parágrafo segundo del artículo 80 de la Ley de Abogados. en la parte que dispone que los miembros del Consejo Directivo del Instituto de Previsión Social del Abogado "deberán estar domiciliados en el Área Metropolitana de Caracas". Asi se decide.
V
DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:
1.- ANULA PARCIALMENTE el artículo 80 de la Ley de Abogados.
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2.- FIJA los efectos del presente fallo con carácter ex nunc y, por tanto, hacia el futuro, desde el momento de publicación del presente fallo.
3.- ORDENA la publicación de esta sentencia en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Así como en la Gaceta Judicial con la leyenda: "sentencia mediante la cual se anula parcialmente el parágrafo segundo del artículo 80 de la Ley de Abogados, en la parte que dispone que los miembros del Consejo Directivo del Instituto de Previsión Social del Abogado deberán estar domiciliados en el Área Metropolitana de Caracas"..
Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los22días del mes dede dos mil dieciocho. Años: 208° de la Independencia y 159º de la Federación.
El Presidente,
JUANJOSÉ MENDOZA JOVER
El Vicepresidente,
ARCADIO DELGADO ROSALES
Los Magistrados,
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
CALIXTO ORTEGA RIOS Ponente
LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
LOURDESBENICIA SUÁREZ ANDERSON RH RENE ALBERTODEGRAVES ALMARZA
La Secretaria,
MÓNICA ANDREA RODRIGUÊZ FLORES
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE
PODER JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL
EXPEDIENTE N° AP61-R-2018-000004 JUEZ PONENTE: DRA. MERLY MORALES HERNANDEZ.
Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial, conocer del recurso de apelación interpuesto por la ciudadana MARÍA ANTONIETA BEROES RÍOS, titular de la cédula de identidad N° V-9.119.621, actuando por delegación de la Inspectoría General de Tribunales (en adelante IGT), según resolución N° 0003-2017, de fecha 16 de mayo de 2017, publicada en Gaceta Oficial N° 41.164, de fecha 02 de junio de 2017, en contra de la sentencia N° TDJ-SD-2018-12, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo adelante TDJ) en fecha 06 de febrero de 2018, mediante la cual absolvió de responsabilidad disciplinaria al ciudadano ANTONIO MARÍA HERRERA MORA, titular de la cédula de identidad N° V-7.547.750, Juez Titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del estado Portuguesa, con sede en Acarigua, del ilícito previsto en el numeral 14 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, actualmente numeral 15 del artículo 29 del vigente Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (en lo sucesivo Código de Ética).
1 ANTECEDENTES El presente proceso disciplinario se inició en virtud de denuncia interpuesta en fecha 16 de agosto de 2010 por la ciudadana Luisa Velis Milano, titular de la Cédula de Identidad N° V-8.255.897, en su condición de apoderada judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), parte accionada en la demanda de cobro de diferencia de prestaciones sociales intentada por la ciudadana Gregoria Ramona Sánchez, titular de la cedula de identidad N.° 5.944-764, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del estado Portuguesa, con sede en Acarigua, en la cual señaló que el Juez antes identificado el día 29 de octubre de 2013 practicó medida de embargo contra la cuenta 1020384850001016394, del Banco de Venezuela por la cantidad de 152.826,86 bolívares perteneciente al IVsS, indicando que el dicho instituto tiene personalidad jurídica autónoma y patrimonio propio, independiente del Fisco Nacional, y que goza de los privilegios consagrados en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (en lo adelante Ley de la Procuraduría), denunciando que el Juez investigado causó un perjuicio al patrimonio público La Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, en fecha 17 de junio de 2016 recibió procedente de la IGT, documentos relacionados con las mencionadas denuncias.
En fecha 08 de noviembre de 2017, el TDJ celebró la audiencia oral y pública con la finalidad de emitir el respectivo pronunciamiento decisorio, en el que declaró sin lugar la solicitud de archivo judicial de las actuaciones; y absolvió de responsabilidad disciplinaria al Juez ANTONIO MARÍA HERRERA MORA por los hechos denunciados; y en fecha 6 de febrero de 2018, el TDJ publicó el extenso de la mencionada decisión.
En fecha 8 de febrero de 2018, la representante de la IGT presentó ante el TDJ diligencia apelando de la decisión dictada en fecha 6 de febrero de 2018.
En fecha 22 de marzo de 2018, la abogada ERIS COROMOTO VILLEGAS, en su condición la apoderada judicial del IVSS consignó ante el TDJ diligencia en la que apeló de la decisión dictada en fecha 6 de febrero de 2018.
En fecha 16 de abril de 2018, TDJ admitió los recursos de apelación interpuestos, oyéndolos en ambos efectos, y ordenó mediante oficio N° TDJ-220-2018, la remisión de la presente causa a esta Superioridad.
En fecha 26 de abril de 2018, la secretaría de esta Corte dejó constancia que en fecha 24 de abril del año en curso, se recibió la causa signada con el N° AP61-D-2013- 000391, procedente de la URDD de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, a la cual se le dio entrada y se le asignó el N° AP61-R-2018-000004, correspondiéndole la ponencia según el orden cronológico alternativo a la Jueza MERLY MORALES HERNÁNDEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En fecha 08 de mayo de 2018, esta Corte Disciplinaria Judicial, fijó oportunidad para la realización de la audiencia oral y pública.
En fecha 16 de mayo de 2018, la representante de la IGT consignó escrito de fundamentación del recurso de apelación ejercido.
En fecha 21 de junio de 2018, se realizó la audiencia oral y pública de segunda instancia, se dejó constancia que se encontraba presente la representante de la IGT), y que el Juez denunciado no formuló contestación a la apelación y no compareció al acto, una vez escuchada la exposición de la recurrente, esta Corte Disciplinaria, declaró:
DESISTIDO el recurso de apelación ejercido por la abogada ERIS COROMOTO apelación presentado por la delegada de la IGT contra la sentencia N° TDJ-SD-2018-12,
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dictada por el TDJ en fecha 06 de febrero de 2018; y confirmó los pronunciamientos del dispositivo de la citada sentencia N° TDJ-SD-2018-12.
II DEL RECURSO DE APELACIÓN En fecha 16 de mayo de 2018, la IGT consignó escrito de fundamentación del recurso de apelación en los siguientes términos:
La recurrente sostuvo que la primera instancia disciplinaria incurrió en el vicio de infracción de ley por inaplicación de las consecuencias jurídicas por haber el Juez investigado subsumido su conducta en el supuesto previsto en el numeral 15 del artículo 29 del Código de Ética, asimismo, sostuvo que el TDJ estableció que el Juez denunciado no desplegó la conducta imputada por su representada.
Que el TDJ, había establecido que la conducta imputada como disciplinariamente sancionable, no se desplegó por cuanto el Juez investigado actuó conforme a las normas que consideró aplicables al caso sometido a conocimiento, haciendo uso de su independencia y su autonomía jurisdiccional.
Alega la recurrente que los privilegios y prerrogativas de los cuales gozan los Institutos Autónomos, como entes descentralizados funcionalmente, es un tema que viene siendo tratado por el legislador patrio y la doctrina y que son los mismos privilegios y prerrogativas de la República, indicando que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), viene reconociendo desde el año 2002 que los Institutos Autónomos, gozan de los mismos privilegios y prerrogativas de la República; y que desde la entrada en vigencia de las Leyes Orgánicas de la Administración Pública, Administración Financiera del Sector Publico, Régimen Presupuestario entre otras, son extensivos los privilegios y prerrogativas de la República a los Institutos Autónomos.
Que el TDJ a los fines de absolver al Juez investigado, no aplicó las consecuencias sancionado por el legislador patrio, en el numeral 15 del artículo 29 del Código de Ética, ya que la recurrida hizo mención a la "...decisión dictada por la SC del TSJ, N° 1892 del 11/07/2003, pasando por inadvertido que en ese caso y en aquella época en que sucedieron aquellos hechos juzgados en sede jurisdiccional constitucional (3-10-2001, de la Ley de Salud del Estado Apure, publicada en la gaceta oficial de esa Entidad Federal, el 8/06/2000, Nº 307, no se evidenciaba que el Instituto Autónomo de Salud del Estado Apure (Insalud-Apure), hubiese gozado de las prerrogativas otorgadas al Estado Apure, en consecuencia no gozaba de los privilegios y prerrogativas de la República...".
Que la Primera Instancia, comprobó que el Juez investigado, el día 29 de octubre de 2013 practicó embargo ejecutivo sobre la cuenta corriente a nombre del IVSS por la cantidad de Bs 152.826.86, que para el momento de la ocurrencia de los hechos se encontraba vigente la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y que en los artículos 99 y 100 se especifica el inicio del procedimiento para ejecutar lo decidido y las medidas a adoptar para que no se afecten los servicios.
A juicio de la recurrente, el Juez investigado, ignoró los precedentes jurisprudenciales y vinculantes establecidos por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, y que con ello no desarrolló su actividad jurisdiccional conforme al derecho, según se lo establecía el artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que dispone que en los procesos en los cuales se encuentren involucrados los derechos, bienes o intereses patrimoniales de la República, los funcionarios judiciales deben observar los privilegios y prerrogativas consagradas en leyes especiales.
III DE LA DECISIÓN RECURRIDA
TDJ-SD-2018-12, en la cual absolvió de responsabilidad disciplinaria al Juez ANTONIO MARÍA HERRERA MORA, por presuntamente incurrir en el ilícito previsto en el numeral 15 del artículo 29 del Código de Ética.
El TDJ primeramente realizó un análisis sobre el ilícito imputado por la IGT, vale decir abuso de autoridad, concluyendo que el mismo requiere que la conducta desplegada carezca de base legal y, que tal conducta resulte en extremo desproporcionada, lo que pondría en evidencia la inidoneidad del Juez para el ejercicio de la función jurisdiccional.
La Primera Instancia Disciplinaria seguidamente pasó a valorar si las actuaciones, realizadas por el Juez denunciado se subsumen en el supuesto de abuso de autoridad imputado, haciendo las siguientes consideraciones:
La recurrida evidenció que el Juez denunciado admitió demanda incoada por la ciudadana Gregoria Ramona Sánchez, contra el IVSS "Centro Materno Infantil Dr. José Gregorio Hernández" por concepto de cobro de diferencia de prestaciones sociales, y que ordenó la notificación del Procurador General, suspendiendo la causa por un lapso de 90 días continuos conforme al artículo 96 de la Ley de la Procuraduría.
Asimismo, constató el a quo que en fecha 30 de abril de 2010 se dio inicio a la audiencia preliminar del juicio, la cual continuo el 22 de junio de 2010 se realizó la prolongación de la audiencia preliminar con la incomparecencia del demandado, no decretándose la presunción de la admisión de los hechos alegados por el demandante y ordenó remitir al Tribunal de Juicio; y el día 18 de abril de 2011 se realizó la audiencia de juicio oral y pública, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Jueza Gabriela Briceño Voirin, se declaró con lugar la acción incoada contra el IVSS, siendo publicado el extenso de la misma el 28 de abril del mismo año.
Verificó asimismo el a quo que una vez notificados las partes y la Procuraduría General de la República, conforme al artículo 97 de la Ley de la Procuraduría, y cumpliéndose el lapso de suspensión de la causa por 30 días continuos, el 5 de agosto de 2011 se remitió el expediente al Juzgado Superior Primero de Trabajo a los fines de su consulta obligatoria, quien en fecha 02 de abril de 2012 confirmó la referida decisión del 28 de abril de 2011 y remitió el expediente al tribunal a cargo del Juez denunciado.
El a quo constató igualmente que el 29 de octubre de 2013 el Juez denunciado se trasladó y constituyó en la sede del Banco de Venezuela, en Acarigua, estado Portuguesa y practicó embargo ejecutivo sobre la cuenta corriente del IVSS por la cantidad de Bs.
152.826,86, emitiéndose cheque de gerencia a nombre de la demandante por la mencionada cantidad.
La Primera Instancia Disciplinaria constató que el Jurisdicente denunciado cumplió con el procedimiento desde la admisión de la demanda hasta la ejecución forzosa de la sentencia conforme a lo establecido en los mencionados artículos 99 y 100 de la Ley de la Procuraduría, considerando que el Juez ANTONIO MARÍA HERRERA MORA actuó conforme a su interpretación de la Ley y el ordenamiento jurídico en su labor de administrar justicia.
Posteriormente el TDJ realizó consideraciones respecto del derecho al trabajo como la actuación del Juez investigado no constituía abuso de autoridad o extralimitación de funciones, y en consecuencia decidió absolver de responsabilidad disciplinaria al Juez ANTONIO MARÍA HERRERA MORA.
IV DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Con anterioridad a cualquier pronunciamiento, esta Corte Disciplinaria Judicial debe determinar su competencia para conocer del presente recurso ordinario de apelación y a tal efecto observa lo siguiente:
En este sentido el artículo 37 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015, establece la competencia de la Corte Disciplinaria para el conocimiento de los recursos de apelación contra las sentencias definitivas, en los siguientes términos:
Establece el artículo 37 del Código de Ética lo siguiente:
"Articulo 37: Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra las decisiones del Tribunal Disciplinario Judicial, ya sean interlocutorias o definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y el resto de la normativa que guarde relación con la idoneidad judicial y el desempeño del Juez venezolano y Jueza venezolana." (Negrillas de esta alzada).
Desprendiéndose de la norma ut supra transcrita, la competencia de este órgano jurisdiccional como alzada natural del Tribunal Disciplinario Judicial para conocer de los recursos de apelación que se intentaren contra las decisiones que de él emanen, debiendo garantizar la correcta interpretación y aplicación de las normas disciplinarias vigentes y del ordenamiento jurídico patrio. Y así se declara.- V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Declarada la competencia para conocer del presente asunto, analizadas las actas que conforman el presente expediente disciplinario, esta Corte Disciplinaria Judicial pasa a decidir, previa las siguientes consideraciones:
Del recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial del IVSS.
De las actas que conforman el presente expediente, se desprende que en fecha 22 de marzo de 2018 la abogada ERIS COROMOTO VILLEGAS, en su condición la apoderada judicial del IVSS, presentó diligencia apelando de la decisión dictada por el TDJ en fecha 6 de febrero de 2018 (folio 153 de la pieza 3). Asimismo, la Secretaría de esta Instancia Judicial el 06 de junio de 2018 (folio 168 de la pieza 3), certificó los días de despacho transcurridos desde la fecha en la cual se fijó la oportunidad para la celebración de la audiencia oral y pública, hasta la oportunidad en la cual fenecía el lapso para fundamentar la apelación por parte de apoderada del Instituto Venezolano de los Seguros identificada no interpuso su escrito fundado de las razones de su impugnación de la sentencia N° TDJ-SD-2018-12, dictada por el TDJ en fecha 06 de febrero de 2018.
Es necesario destacar que el artículo 86 del Código de Ética señala que una vez fijada por auto expreso la oportunidad para la celebración de la audiencia oral de apelación, el recurrente tendrá un lapso de cinco días para presentar escrito fundado contentivo de las razones por las cuales impugna la decisión.
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La exigencia de presentar escrito fundado del recurso de apelación es un requisito de procedibilidad para intentar el recurso y una carga procesal para la parte que pretenda seguir la litis en la instancia superior, asimismo, la doctrina ha señalado que la formalización de la apelación es una parte esencial del procedimiento, pues si el apelante no presentare por escrito las razones de su impugnación en el lapso indicado, se considerará que ha desistido de la apelación, de tal forma que la no presentación del mencionado escrito de fundamentación del recurso ordinario de apelación, revela una falta de interés en la continuación de la fase recursiva por parte del impugnante. (Vid. Sentencia N° 15, del 4 de abril de 2018 de esta Corte Disciplinaria Judicial).
Ahora bien, aun cuando el vigente Código de Ética no contempla expresamente la sanción de perención del recurso por falta de fundamentación, si establece como norma supletoria y normativa complementaria, las previsiones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal (artículo 47), y dado que su sistema recursivo se asienta en la fundamentación de los recursos, estableciendo como un requisito de procedibilidad para su trámite que los mismos se encuentren ceñidos a las condiciones de forma y tiempo establecidos en dicho texto adjetivo, tal como lo refiere el artículo 426, al señalar que "Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este Código, con indicación específica de los puntos impugnados de la decisión"; de allí que quienes aquí decidimos consideran aplicable supletoriamente dicha norma al sistema recursivo disciplinario.
Corolario de lo antes expuesto esta Alzada Disciplinaria al verificar que del computo realizado por la Secretaría de esta Corte el lapso para interponer el escrito de fundamentación feneció el día 16 de mayo de 2018, sin que la recurrente cumpliera con la carga procesal, prevista en el artículo 86 del Código de Ética, no obstante haber interpuesto oportunamente el recurso, es por lo que ante la ausencia de los motivos de hecho y derecho para sostener el acto recursivo que evidenciara las razones para impugnar el fallo que le resultó adverso, resulta forzoso para esta Instancia Superior declarar DESISTIDO el recurso de apelación ejercido por la abogada ERIS COROMOTO VILLEGAS, en su condición de apoderada judicial del IVSS, contra la sentencia N° TDJ- SD-2018-12, dictada por el TDJ en fecha 06 de febrero de 2018. Y así se decide.
Del recurso de apelación interpuesto por la IGT En el escrito de fundamentación de la apelación por parte de la IGT, se evidencia que dicha representación se circunscribió a impugnar el pronunciamiento, denunciando consecuencias jurídicas de la norma contenida en el numeral 15 del artículo 29 del Código de Ética, esto es, la sanción de destitución correspondiente al ilícito de abuso de autoridad, destacando que los artículos 99 y 100 de la Ley de la Procuraduría señalan el inicio del procedimiento para ejecutar lo decidido y que tal inicio consistía en que el organismo público adoptarse e informase sobre las previsiones necesarias para que la actividad o servicio no se viera interrumpida, señalando que una vez cumplido el lapso fijado sin que mediara respuesta de la Procuraduría General de la República, el Juez podía proceder a la ejecución, pero ciñéndose al procedimiento previsto en los artículos 87 y 88 numerales 1 y 2 de la Ley de la Procuraduría; del mismo modo a fin de reforzar sus asertos, hizo referencia al contenido de sentencia N° 1582 dictada por la Sala Constitucional de TSJ de fecha 21 de octubre de 2008, referida a los privilegios y prerrogativas de la República.
El Órgano Investigador afirmó que el proceder del Juez denunciado al materializar la medida de embargo ejecutivo sin considerar los artículos mencionados de la Ley de la Procuraduría y la doctrina de la Sala Constitucional del TSJ, resultó en su criterio una actuación carente de fundamento legal y una desmedida utilización de sus funciones; asimismo, señaló que el TDJ no calificó la conducta del Juez investigado como abusiva jurisdiccional al adoptar en su decisión la interpretación de la ley vigente y el derecho que creyó pertinente, de allí la disconformidad (..) de la IGT, la cual se exterioriza en la solicitud de nulidad del fallo cuestionado por adolecer del vicio de infracción de ley en sentido estricto por inaplicación de las consecuencias jurídicas..." Respecto al vicio de infracción de ley delatado por la recurrente, la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal ha establecido los distintos supuestos de procedencia de la infracción de ley, dentro de los cuales se pueden advertir los siguientes: a) La interpretación errónea, esto es, el error acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley; b) la falsa aplicación, que se produce cuando el Juez aplica una determinada norma jurídica a una situación de hecho que no es la contemplada en ella, esto es, el error que puede provenir de la comprobación de los hechos o de un error en la calificación jurídica de la hipótesis concreta, y c) la violación infracción de ley en sentido estricto, que es cuando se aplica una norma que no esté vigente, o se le niegue aplicación a una norma en vigor. (Vid. Sentencia N° 11, del 27 de junio de 2012 de esta Corte Disciplinaria Judicial) En relación al denunciado vicio de infracción de ley delatado por el recurrente, el autor Humberto Enrique IIl Bello Tabares afirma en su texto Tratado de Recursos Judiciales que el vicio de infracción de Ley atinente a la falta de aplicación se genera en los casos en que el operador de justicia omite la aplicación de la norma jurídica que se identifica y que debe ser utilizada para resolver el caso concreto. De tal forma que el vicio se configura cuando el Juez no aplica una norma jurídica vigente, a pesar de resultar idónea para resolver el asunto debatido, lo cual conduce a la violación directa de la norma, pues en este supuesto la situación ha debido ser decidida de conformidad con la previsión legal que contiene la solución y que el Juez no aplicó.
De los conceptos antes expuestos y de lectura del escrito de fundamentación de la IGT observa este Órgano Colegiado que la recurrente delata es el vició de infracción de ley por falta de aplicación del numeral 15 del artículo 29 del Código de Ética, ya que a su juicio la conducta del Juez denunciado resultaba subsumible en esta previsión normativa.
Ahora bien, a los fines de precisar si la recurrida incurrió en el vicio de infracción de ley por falta de aplicación, se hace necesario considerar el contenido y alcance del ilícito de abuso de autoridad imputado por el Órgano Investigador, así como examinar la decisión mediante la cual el TDJ absolvió de responsabilidad disciplinaria al Juez ANTONIO HERRERA MORA, a fin de determinar si se adecuar o no al supuesto de hecho previsto en el artículo 29 numeral 15 del Código de Ética.
En relación al ilícito de abuso de autoridad, Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 227, de fecha 8 de febrero de 2007, estableció que dicha falta se refiere:
"...al ejercicio abusivo, esto es, extremo, desproporcionado o injustificado de los deberes legales que corresponden a todo Juez. Así, la aplicación de esta causal requiere de la verificación de dos supuestos: la total carencia de base legal en la actuación y la disciplinario.
La función del Juez es administrar justicia dentro de los límites que el ordenamiento le fija, y su competencia específica es atribuida por la Ley en razón de la materia, cuantía y territorio, dentro de los cuales cada uno desarrollará sus funciones. En tal sentido, para que se verifique este ilícito disciplinario no basta constatar que se trate de un simple ejercicio de una competencia ajena o simplemente fuera de su ámbito operativo, sino que desproporcionada en el ejercicio de sus deberes legales, que debe poner en evidencia su inidoneidad para ocupar el cargo de Juez..." Criterio este acogido por esta Corte Disciplinaria Judicial en reiteradas sentencias cuando ha sostenido que el abuso de autoridad se produce cuando el sentenciador realiza desmedida de sus atribuciones, debiendo entenderse que se trata de un ejercicio desproporcionado e injustificado de las competencias que le corresponde a todo Juez. (Vid. Sentencias de esta Corte Nros. 18 y 3 del 07 de agosto de 2012 y 21 de enero de 2015, respectivamente).
El a quo estableció en el fallo recurrido que el Juez ANTONIO MARÍA HERRERA MORA no había incurrido en abuso de autoridad al practicar el embargo ejecutivo sobre bienes del IVSS, en fecha 29 de octubre de 2013, y que su ejecución la realizó en Procuraduría General de la República, por considerar que era el procedimiento aplicable, señalando que el Juez antes nombrado actuó conforme a lo que fue su interpretación de la Ley y el ordenamiento jurídico.
Visto lo decidido por el TDJ y lo alegado por la recurrente en su escrito de alega tener el IVSS y dentro de estos, el lapso para que la institución tome las previsiones necesarias para el cumplimiento de la obligación que se le ha ordenado a través de la resolución judicial. Así las cosas, esta Alzada pudo observar lo siguiente:
Corre inserto al folio 70 de la pieza 2 del presente expediente auto de dictado por el Juez denunciado en fecha 14 de octubre de 2009 mediante el cual admitió la demanda por concepto de cobro de diferencia de prestaciones sociales interpuesto contra el IVSS "Centro Materno Infantil Dr. José Gregorio Hernández", asimismo, ordenó la notificación del Procurador General y suspendió la causa por un lapso de 90 días continuos, contados desde la fecha de la última de las notificaciones, conforme al artículo 96 de la Ley de la Procuraduría.
Verificó esta Alzada que en fecha 30 de abril de 2010 se dio inicio a la audiencia preliminar del juicio (folio 99, pieza 2) con la comparecencia de la demandante y del apoderado judicial del IVSS; y en fecha 22 de junio de 2010 se realizó la prolongación de la audiencia preliminar y ante la incomparecencia del representante judicial del demandado, no decretó la presunción de la admisión de los hechos alegados por la' demandante y ordenó remitir el expediente al Tribunal de Juicio.
El expediente contentivo de la mencionada demanda contra el IVSS recibido por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción judicial del Estado Portuguesa con sede en Acarigua, a cargo de la Jueza Gabriela Briceño Voirin, quien celebró audiencia en fecha 18 de abril de 2011, declaró con lugar la mencionada demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales, y además dejó constancia que solamente compareció la apoderada judicial de la parte demandante, no así la representación del IVSS (folios 157 al 159 de la pieza 2), siendo publicado el extenso del mencionado dispositivo el 28 de abril de 2011, donde la Jueza antes nombrada al referirse a las prerrogativas del ente público señaló que ante la inasistencia de la demandada a la audiencia de juicio se tenía como contradicha las alegaciones de la parte actora, ello en cumplimiento del artículo 68 de la Ley de la Procuraduría, asimismo, ordenó la notificación al Procurador General de la República (folios 160 a 179 de la pieza 2).
De igual manera constató esta Alzada que en fecha 5 de agosto de 2011 la Jueza Gabriela Briceño dictó auto en el cual dejó constancia de haber transcurrido el lapso de
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suspensión de 30 días continuos establecido en el artículo 97 de la Ley de la Procuraduría, y ordenó remitir el expediente al Juzgado Superior para su consulta conforme al artículo 72 ejusdem(folios 191 y 192 de la pieza 2). También se verificó que el Juzgado Superior Primero de Trabajo en fecha 02 de abril de 2012 confirmó la referida decisión del 28 de abril de 2011 y remitió el expediente al tribunal a cargo del Juez denunciado el 6 de febrero de 2013.
Se pudo observar que una vez recibido el expediente en fecha 21 de febrero de 2013 por el Juez Antonio María Herrera, este designó como experta a la ciudadana Evelyn Moreno a fin de realizar la experticia complementaria del fallo, (folio 349 de la pieza 2); y luego de la solicitud de la parte actora del cumplimiento voluntario de la sentencia y posteriormente la ejecución forzosa, el Juez investigado el 21 de mayo de 2013, dictó decreto de ejecución forzosa, haciendo saber a las partes la suspensión del proceso por un lapso de 45 días continuos, ordenó la notificación del Procurador General de la República "...a los fines de que se adopten las previsiones necesarias para que no se interrumpa la actividad o servicio a la que esté afectado el bien..". (folio 365 de la pieza 2).
Consta al folio 390 de la pieza 2 del presente expediente, que una vez notificada la Procuraduría General de la República, esta remitió oficio de fecha 25 de junio de 2013 dirigido al Juez denunciado, en el que acusa recibo de la notificación e informa que "...dirigió comunicación a (IVsS), con el objeto de informar sobre la notificación realizada...".
Del recorrido procesal ampliamente reseñado, observan quienes aquí deciden que el Juzgador denunciado si observó las prerrogativas y privilegios que establecía la Ley de la Procuraduría General de la República vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos, a saber, las suspensiones por los lapsos ordenados en el artículo 99 ejusdem, la no declaratoria de la confesión ficta al IVSS a pesar de que siendo notificados oportunamente solo comparecieron a la primera audiencia preliminar, no así a los demás actos procesales; la consulta obligatoria prevista en la normativa in comento; y la no condenatoria en costas procesales.
Resulta conveniente referir el desarrollo doctrinario sobre la figura de los privilegios y prerrogativas de la administración pública, así como su vinculación con derechos fundamentales de los administrados a fin de determinar la existencia de base legal o no del dictamen judicial proferido por el Juez sometido a procedimiento disciplinario, y en tal sentido tenemos, que la Sala Constitucional en sentencia N° 2935 del 28 de noviembre de 2002, estableció sobre los privilegios y prerrogativas lo siguiente:
"... Privilegio es gracia o prerrogativa que concede el superior, exceptuando o liberando a uno de una carga o gravamen, concediéndole una excepción de que no gozan otros; excepción significa cosa que se aparta de la regla o condición general de generalidad de lo que se trata o de la regla común; y privilegiar, significa conceder Editorial Abeledo-Perrot, Pág. 579). Por ello, encuentra lógico este autor que, dentro de un régimen republicano, como el establecido en su Constitución Nacional, rija el principio de la igualdad de todos los habitantes ante la Ley, y como elemento corolario, que las excepciones o privilegios, en los contados casos en que la Constitución, y en función de ésta, la ley los autorice en forma explícita, sean de interpretación restringida...
Nuestro ordenamiento constitucional acogió el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 26), asi como también, de manera general el derecho de igualdad (artículo 21), conforme al cual, todos los ciudadanos deben considerarse iguales ante la ley. En desarrollo de este último derecho existe, igualmente, un principio de igualdad procesal, que si bien no tiene carácter absoluto, y por tanto, es relativo a la condición que la Ley determina para un mismo grupo de individuos (CUENCA, Humberto. Derecho Procesal Civil, Tomo I), sólo puede regularse diferenciadamente por el Legislador de forma justificada, excepcional y restringida para no violentar la igualdad que debe regir como principio fundamental.
Es por ello que, en determinadas ocasiones, en las que el Estado participa en procesos judiciales, no puede considerársele en igualdad de condiciones frente a los particulares por los específicos intereses a los cuales representa; lo que obliga al Legislador a establecer ciertas desigualdades legítimas, a través del establecimiento de privilegios a su favor, que, sin embargo, no pueden desconocer derechos legítimos de aquéllos, erigiéndose como permisibles en tanto y en cuanto no impliquen una infracción del Texto Constitucional, razón por la cual, la materia de privilegios o prerrogativas se encuentra sometida a la reserva constitucional, sin que sea posible su establecimiento cuando, sin que estén previstos en la Constitución, sean ciudadanos, requiriéndose entonces una redacción expresa y explicita en la norma jurídica que los crea, lo que trae como consecuencia la misma exigencia al operador jurídico, cuando incursiona en la interpretación de estas instituciones.
El reconocimiento de prerrogativas o privilegios a favor de la Administración es entonces, viable, por el interés que, en un momento dado, exista en dar protección a determinado bien o valor jurídico a través de esta institución; sin embargo, exige, en primer término, el respeto de los derechos fundamentales del ciudadano; y, en segundo lugar, requiere que su estipulación sea expresa y explicita; de alli que la búsqueda de un equilibrio se imponga, no estando permitido al Legislador instaurar tales excepciones de manera genérica e imprecisa, sin considerar la incidencia que su vigencia pueda ocasionar en los derechos del ciudadano o, peor aún, que éstas se deriven de interpretaciones de principios legales.
De manera que la idea de que los Institutos Autónomos gozan de los privilegios procesales otorgados a la República en atención al principio de unidad presupuestaria, atenta contra el carácter restrictivo que se le debe dar a todo privilegio o prerrogativa, pues dichos privilegios procesales, al menos hasta la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Administración Pública, existían sólo cuando la ley que crease al Instituto le atribuyese al mismo tales privilegios -articulo 74 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República-, ya que, actualmente, el artículo 97 de la indicada ley dispone que "IJos institutos autónomos gozarán de los privilegios y prerrogativas que la ley nacional acuerde a la República, los estados, los distritos metropolitanos o los municipios", pero, en definitiva, durante el régimen anterior, que fue bajo el cual se dictó la sentencia que originó la acción de amparo, conforme lo dispuesto en el articulo 71 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, los bienes pertenecientes a los institutos autónomos no se encontraban per se sometidos al régimen de los bienes nacionales..." Por otro la misma Sala Constitucional del TSJ, en sentencia 624 del 15 de mayo de 2012, sobre el mismo tema de los privilegios y prerrogativas, estableció lo siguiente:
Sin embargo esta Sala ya ha señalado, que los privilegios y prerrogativas de las que goza la Administración Pública en sus distintas manifestaciones (centralizada, descentralizada, nacional, estadal o municipal, funcional, etc.), son taxativos y deben ser interpretadas de manera restrictiva ya que de hacer una interpretación amplia o aplicar analogía de dichas normas, se atentaría contra el derecho a la igualdad y justicia social que se consagra como principio fundamental en la Constitución, así como tampoco son extensibles como lo sería el caso de las empresas de la Administración Pública (Vid. sentencias N° 1331/17.12.2010 y N° 1453/10.08.2011). Por ello, de los únicos privilegios que gozan los Institutos Autónomos son: 1) el antejuicio administrativo (artículos 56 al 62 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República); 2) que no opera la confesión ficta (artículo 68 eiusdem); 3) no pueden ser condenadas en costas (artículo 76 ibidem); 4) no se les puede exigir caución (artículo 71 eiusdem); 5) no están sujetas a medidas preventivas o ejecutivas (articulo 75 ibidem), recordando sobre este punto lo ya dicho por esta Sala en sentencia N° 1104/23.05.2006; 6) que tienen consulta obligatoria ante una sentencia definitiva desfavorable (artículo 72 eiusdem); 7) que se requiere autorización para transar, convenir, desistir, comprometer en árbitros y conciliar (artículo 70 ibidem); 8) que poseen un régimen especial de citaciones y notificaciones (artículos 66, 81, 82, 83, 85 y 86 eiusdem); 9) que las autoridades y representantes de los entes públicos no están obligados a absolver posiciones juradas ni prestar juramento decisorio (artículo 78 ibidem); 10) tienen un régimen especial de ejecución de sentencias condenatorias (artículo 87 al 89 eiusdem)...". (Destacado de esta Corte Disciplinaria).
De la lectura de los fallos reseñados se evidencia que el criterio mantenido por la Sala Constitucional del TSJ, respecto a las prerrogativas de los institutos autónomos ha sido cambiante, pues en el primer criterio citado se establecía que dicho privilegios y prerrogativas eran de carácter restrictivo y dichos entes no gozarán de los mismos, mientras que en el segundo criterio esbozado señalan que si resultaban aplicables a los institutos autónomos.
De igual forma, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social, publicado en Gaceta Oficial N° 39.912 el 30 de abril de 2012, establece que el IVSS es:
"Un organismo denominado Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, con personalidad jurídica autónoma y patrimonio propio, distinto e independiente del Fisco Nacional, con domicilio principal en la ciudad de Caracas y jurisdicción en todo el territorio de la República, administrará todos los ramos del Seguro Social Obligatorio y solucionará las cuestiones de principio de carácter general" Por otro lado, resulta pertinente referir que el Texto Constitucional reconoce prerrogativas a los trabajadores, los cuales son desarrollados en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, así tenemos que el artículo 92 señala que el salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata, asimismo, el artículo 151 de la ley laboral señala que los créditos de los trabajadores gozarán de privilegio y preferencia absoluta sobre cualquier otra deuda del patrono o patrona, incluyendo los créditos hipotecarios y prendarios, obligando al Juez o Jueza del trabajo a preservar esta garantía.
De todo lo anteriormente expuesto se puede evidenciar que el Juez denunciado no actuó carente de base legal, pues aplicó las normas reseñadas en el presente fallo, que consideró ajustadas a la resolución de la controversia sometida a su consideración, y en relación a su actividad jurisdiccional ponderó la aparente colisión entre los derechos fundamentales del trabajador y los privilegios y prerrogativas de los que goza el ente el mencionado proceso, apreciando según su prudente arbitrio y conforme a las facultades inherentes a su cargo, reconocida en el artículo 4 del Código de Ética, lo que consideró como la mejor solución para el aseguramiento de lo decidido por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción judicial del estado Portuguesa con sede en Acarigua, habida cuenta de la fase del proceso cuyo conocimiento le es asignado de acuerdo a la distribución de competencias de los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo. Y así se establece.- Resulta conveniente referir, que la Jurisdicción Disciplinaria Judicial no puede concebirse como una tercera instancia revisora de criterios judiciales, pues solo le corresponde examinar la actividad jurisdiccional de los Jueces cuando sea necesario analizar su idoneidad y excelencia en el ejercicio de sus funciones para las cuales fueron investidos como administradores de justicia, a tenor del citado artículo 4 del Código de convencimiento de la aplicación de una u otra norma jurídica resulta incensurable en sede disciplinaria, habida cuenta que cualquier error de juzgamiento comporta una sanción procesal (revocación o nulidad del fallo) a través de los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico.
Corolario de lo anterior, resulta forzoso para este Órgano de Alzada luego del examen minucioso de las actuaciones contentivas en el presente expediente, dictaminar que el Juez ANTONIO MARÍA HERRERA MORA no incurrió en el ilícito disciplinario de abuso de autoridad imputado por al IGT, tal como categóricamente lo determinó el TDJ, en razón de haber sustentado su actuación judicial en la aplicación de las normas jurídicas tantas veces reseñadas en el presente fallo, así como en criterios jurisprudenciales esgrimidos por nuestro Máximo Tribunal, con lo cual se excluye los elementos constitutivos de ilícito de abuso de autoridad que le fuera imputado por el Órgano de Investigación y que acertadamente fue desestimado por el TDJ en la decisión recurrida, por lo cual concluyen estos Juzgadores que el vicio delatado además de haber sido
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erróneamente formulado, pues pretendió denunciar la falta de aplicación de una consecuencia jurídica de una norma que el TDJ luego de concluido el debate consideró que no podía aplicarse el ilícito contenido en dicha norma, pues estableció que la actuación del Juez denunciado fue sustentado en normas legales y su conducta en ámbito de sus competencias y no desproporcionada. Y así se decide.- Vistas las razones de hecho y de derecho antes esbozados, resulta forzoso para esta Alzada, declarar DESISTIDO el recurso de apelación contra la sentencia N° TDJ-SD- 2018-12, dictada por el TDJ en fecha 06 de febrero de 2018, ejercido por la abogada ERIS COROMOTO VILLEGAS, en su condición la apoderada judicial del IVSS; SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la ciudadana MARÍA ANTONIETA BEROES RÍOS, actuando por delegación de la IGT, en contra de la sentencia N° TDJ-SD-2018-12, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en fecha 06 de febrero de 2018, y confirmar los pronunciamientos del dispositivo de la citada sentencia N° TDJ-SD-2018-12. Y así se decide.
VI DECISIÓN Por los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: DESISTIDO el recurso de apelación contra la sentencia N° TDJ-SD-2018-12, dictada por el TDJ en fecha 06 de febrero de 2018, ejercido por la abogada ERIS COROMOTO VILLEGAS, en su condición la apoderada judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. SEGUNDO: SIN LUGAR el recurso apelación interpuesto por la profesional del derecho MARÍA ANTONIETA BEROES RÍOS, actuando por delegación de la Inspectoría General de Tribunales, contra la sentencia N° TDJ-SD-2018-12, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en fecha 06 de febrero de 2018. TERCERO: SE CONFIRMA en todas y cada una de sus partes la sentencia N° TDJ-SD-2018-12, mediante el cual el TDJ absolvió de responsabilidad disciplinaria judicial al ciudadano ANTONIO MARÍA HERRERA MORA, titular de la cédula de identidad N° V-7.547.750, Juez Titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del estado Portuguesa, con sede en Acarigua del ilícito previsto en el artículo 29, numeral 15 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado. Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a la Inspectoría General de Tribunales, y a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial.
Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de Ética.
Dada, firmada y sellada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas, a losn (1 ) días del mes de julio de dos mil :dieciocho (2018). Años 208°de la Independencia y 159° de la, Federación.
TULIO IMÉNEZ RODRIGUEZ VICEPRE$IDENTAPONENTE CORTE MERLY MORALES HERNANDEZ JUEZA PRINCIPA
ANA CECILIA ZULUETA RODBIGUEZ SECRETARIA (E), mm V CARMEN CARREÑO Hoy miércoles, once (11) de julio del afo dos mil dieciocho (2018), siendo las 2:10 p.m., se publicó la anteror gerson bajos el N° 36.
CARMEN CANENO La Secretarta-
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL 3 JUEZA PONENTE: ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEŽ Expediente N° AP61-S-2018-000045 Mediante Oficio N° TDJ-419-2018 de fecha 25/06/2018, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo.sucesivo, TDJ) remitió a esta Corte el expediente N° AP61-S-2018- 0000045 (f. 32 p. 2), contentivo del procedimiento disciplinario instruido al ciudadano SERGIO AMADOR PÉREZ SAYA, titular de la cédula de identidad N° 6.854.145, en su carácter de Juez Titular de la Sala 2 del Tribunal de Primera Instancia de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado cargo.
Tal remisión se realizó con ocasión de la Consulta obligatoria en la que se encuentra sometida la Sentencia N° TDJ-SD-2018-30 de fecha 24/04/2018 dictada por el TDJ, El 28/06/2018 la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, URDD) de esta Jurisdicción le dio entrada al expediente, conservó la numeración AP61-S-2018-000045 (f. 33 p. 2) y lo remitió a la Secretaría de esta Corte, órgano que en fecha 28/06/2018 dejó constancia de la asignación de la ponencia a la Jueza Ana Cecilia Zulueta Rodríguez y del pase de actuaciones correspondientes en al 02/07/2018.
| ANTECEDENTES
El 12/03/2018 la Inspectoría General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT) dio por terminada la fase de instrucción del expediente administrativo disciplinario en la 06/06/2008, en virtud de haber dictado Acto Conclusivo (f. 3 al 6 p. 2) en el que solicitó el sobreseimiento de la investigación, respecto al hecho denunciado, referido a no haber dado despacho el 10/08/2007 de conformidad con el numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
En fecha 24/04/2018, el TDJ dictó Sentencia TDJ-SD-2018-30 en la que, conforme a la solicitud del órgano investigador disciplinario, decretó el sobreseimiento de la investigación.
II DEL FALLO CONSULTADO En fecha 24/04/2018 el TDJ dictó la Sentencia N° TDJ-SD-2018-30, en la que continuación se transcriben:
"ÚNICO: Se decreta el sOBREsEIMIENTO de la investigación seguida al ciudadano SERGIO AMADOR PÉREz SAYA.., con relación al hecho denunciado de no dar primer supuesto del numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana." (resaltado de la cita).
En el análisis para fundamentar su dispositiva, el a quo consideró el hecho denunciado y verificó que la ausencia del mencionado juzgador se produjo justificadamente, la cual fue asentada en el libro diario del Tribunal, indicándose que asistiría a una Jornada de Derecho Procesal del Trabajo, situación que dio mérito, en la presente causa, a declarar el sobreseimiento de la investigación solicitada, por cuanto el hecho no se realizó.
III DE LA COMPETENCIA Debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer el asunto sometido a su consideración y, al respecto, observa:
El artículo 71 del Código de Ética, establece:
"Articulo 71. El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas.
Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando:
(...) El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco días siguientes." (Resaltado de esta Alzada).
La norma parcialmente transcrita define el sobreseimiento y sus efectos una vez declarado, así como su alcance con relación a las medidas dictadas durante el curso del proceso disciplinario. Prevé, igualmente, el trámite que debe cumplirse, los supuestos que dan lugar a su declaratoria y el órgano competente para solicitarlo y
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decretarlo. Igualmente, en su parte in fine, atribuye la competencia a esta Corte para conocer en consulta la decisión que lo declara en Primera Instancia.
Al respecto, es oportuno advertir, que la norma contenida en el artículo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, así como la medida cautelar dictada en la Sentencia N° 516 de fecha 07/05/2013 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ocasión del juicio de Nulidad por atribución de la competencia disciplinaria en referencia.
Venezolano y Jueza Venezolana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario de fecha 28/12/2015, como en el texto de la medida cautelar que, con ocasión de esta reforma, dictó la Sala Constitucional del Alto Tribunal mediante Sentencia N° 6 del 04/02/2016. Las observaciones que preceden permiten colegir la atribución de competencia objetiva para el conocimiento de la Consulta en consideración.
destacar que la norma disciplinaria en su texto original y en su reforma, estableció que el ámbito de aplicación alcanzaría a todos los ciudadanos investidos conforme a la ley para actuar en nombre de la República en ejercicio de la jurisdicción de manera permanente, temporal, ocasional, accidental o provisoria. La aplicación de tal disposición fue suspendida cautelarmente por las Sentencias N° 516 y 6 proferidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fechas 07/05/2013 y 04/02/2016, respectivamente, restringiendo su ámbito de aplicación sólo a los Jueces Titulares.
Ahora bien, constatado en autos que el objeto de la presente causa es el conocimiento en Consulta de la Sentencia N° TDJ-SD-2018-30 de fecha 24/04/2018 dictada por el a quo, en la que se decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida al ciudadano SERGIO AMADOR PÉREZ SAYA, titular de la cédula de identidad N° 6.854.145, en su carácter de Juez Titular, y por ende, verificadas las de esta Alzada, esta Corte declara su competencia. Así se decide.
IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Establecida como ha sido la competencia, esta Corte pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones.
A los efectos de resolver la consulta obligatoria de ley, esta Alzada recalca que el Sobreseimiento previsto en el artículo 71 del Código de Ética constituye una atribuírsele al juez denunciado, el hecho no es típico, la acción disciplinaria ha prescrito, resulta acreditada la cosa juzgada, no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial o la muerte del juez).
Una vez proferida la decisión por parte del órgano disciplinario de Primera Instancia Judicial, ésta deberá ser consultada ante el órgano superior disciplinario y conlleva, como consecuencia de su confirmación, la extinción del proceso disciplinario judicial y la imposibilidad de perseguir nuevamente al sujeto de derecho en favor de quien es dictado el sobreseimiento, en razón del carácter de cosa juzgada que adquiere su pronunciamiento.
En este sentido, la Corte Disciplinaria Judicial en Sentencia N° 23 de fecha 10/10/2012, dejó establecido que el Sobreseimiento en materia disciplinaria era una institución dispuesta en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana en la misma forma y con la misma naturaleza que en el ámbito penal ordinario, habiéndose reeditado en los mismos términos en la formulación legislativa vigente.
Al respecto, igualmente indicó, que tal figura jurídica comportaba un pronunciamiento jurisdiccional que impedía la continuación de la persecución del Tribunal competente constatara que alguna de las causales previstas en la ley adjetiva aplicable se había materializado.
La finalidad de esta institución es poner término al procedimiento de manera anticipada y atribuye a su declaratoria el carácter de cosa juzgada.
Ahora bien, con relación al caso sometido a consulta, observa esta Alzada que el a quo decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación de conformidad con el primer supuesto del numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética, respecto al hecho consistente en no haber dado despacho injustificadamente el día 10/08/2007.
En mérito de lo anterior, esta Alzada considera necesario realizar algunas consideraciones acerca de la causal de Sobreseimiento contenida en el numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética, según el cual la conducta reprochada que dio lugar al procedimiento disciplinario no se realizó.
De acuerdo al dispositivo normativo en mención, el sobreseimiento procede, entre no se realizó o no puede ser atribuido al sujeto investigado.
evento, que se trata tanto del supuesto de acreditación de falsedad del hecho Lo mismo ocurre en lo que respecta a que el hecho "no puede atribuírsele al sujeto no se haya podido probar su participación.
En este sentido, si uno de los objetos de la investigación es la comprobación del hecho disciplinable presuntamente cometido, en caso de que el hecho que motivó el proceso disciplinario no hubiere existido o que el Juez denunciado no sea responsable del mismo, procederá la conclusión del proceso a través de la figura del Sobreseimiento.
Precisado lo anterior, pasa esta Alzada a verificar las consideraciones explanadas por el TDJ en la fundamentación de su pronunciamiento.
Respecto al hecho consistente según el cual el Juez investigado no dio despacho el día 10 de agosto de 2007, injustificadamente, esta Alzada observa que el jurisdicente en esa misma fecha dejó constancia, en el Libro Diario de Actuaciones de la Sala de Juicio N° 2 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Circuito Judicial del estado Aragua, de lo siguiente: "...No hay despacho. Por cuanto el Juez, Dr. Sergio Pérez Saya asistirá a las / Jornadas de Derecho Procesal del Trabajo con motivo del 5to. Aniversario de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en, el Estado Aragua, conforme a permiso concedido por la Sala Social del TSJ..". (f.
198 p. 1) Asimismo, se observó a los autos que cursan en el presente expediente copia del certificado otorgado al mencionado Juez por el Centro de Estudios Jurídicos con ocasión a su asistencia a las referidas jornadas de derecho procesal del trabajo, el cuestionado día. (f. 190 p. 1) Como corolario, confirma esta Corte que la ausencia del Juez investigado el 10/08/2007 en la Sala que presidía para ese momento y por lo cual no dio despacho, se encuentra plenamente justificada, situación que no constituye un ilícito disciplinable, de conformidad con el primer supuesto del numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética.
En consecuencia, tal como lo advirtió el sentenciador de la primera instancia había materializado, extremo que determina el pronunciamiento confirmatorio de esta Corte en cuanto al dispositivo único de la Sentencia sometida a Consulta. Así se decide.
Visto que de la revisión del fallo consultado no evidencia esta Alzada violación a vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, CONFIRMA la sentencia del Tribunal Disciplinario Judicial N° TDJ-SD-2018-30 dictada en fecha 24/04/2018. Así se decide.
V DECISIÓN Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
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1. Declara su COMPETENCIA para conocer en Consulta la Sentencia N° TDJ-SD- 2018-30 de fecha 24/04/2018 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en la que se decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida al ciudadano SERGIO AMADOR PÉREZ SAYA, titular de la cédula de identidad N° 6.854.145, en su carácter de Juez Titular de la Sala 2 del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, por las presuntas irregularidades cometidas durante el desempeño del cargo.
2. CONFIRMA a decisión N° TDJ-SD-2018-30 dictada en fecha 24/04/2018 por el Tribunal Disciplinario Judicial.
Publíquese, regístrese. Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en (12) días del mes de julio de la ciudad de caracas, a losn 2018. Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación.
El Presidente, TULIO SIMÉNEZ RODRÍGUEZ Jueza-Penente, JUDICIAL ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Vicepresidenta MERLY JAQUELINE MORALES HERNÁNDEZ La Secretacia (E), CARMEN CARREÑO Exp. N° AP61-S-2018-000045 Hoy miércoles, once (1)de juio el ao dos mil dieciocho (2018), siendo laspanbio anterior decisión bajo el N° 35.
CARMEN CARREÑO La Secretaria (E)
Quien suscribe, CARMEN CARREÑO, Secretaria Encargada de la Corte Disciplinaria Judicial, conforme al artículo 112 del Código de Procedimiento Civil, certifica: Que las copias fotostáticas que anteceden son fieles y exactas de la decisión N° 35, publicada en fecha 11 de julio de 2018, dictada por esta Corte Disciplinaria Judicial; cursantes a los folios treinta y cinco (35) al treinta y ocho (38) de la pieza número dos (02), del expediente número AP61-S-2018-000045, nomenclatura de esta Instancia Judicial. Certificación que se expide a los doce (12) días del mes de julio de 2018.- La Secretaria (E),
CARMEN CARREÑO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZ PONENTE: TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ EXPEDIENTE N° AP61-D-2015-000064 Mediante oficio N° TDJ-421-2018 de fecha 25 de junio de 2018, el Tribunal Disciplinario CDJ), expediente signado con el N° AP61-D-2015-000064, contentivo del procedimiento disciplinario seguido en contra del ciudadano HOMERO JOSÉ SÁNCHEZ FEBRES, titular de la cédula de identidad N° V- 3.036.101, por las actuaciones realizadas durante su Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.
Tal remisión se realizó en virtud de lo ordenado en el auto dictado por el TDJ en esa misma fecha, mediante el cual remitió el expediente disciplinario N° AP61-D-2015-000064, a los efectos de la Consulta Obligatoria de la sentencia N° TDJ-SD-2017-69, de fecha 04 de octubre de 2017 y su posterior aclaratoria de sentencia N° TDJ-SI-2018-01, fecha 10 de enero de 2018 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en la cual decretó el sobreseimiento de la investigación con relación a las solicitudes efectuadas por la Inspectoría General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT) en su acto conclusivo.
El 28 de junio de 2018, la Secretaría de esta CDJ recibió el presente expediente proveniente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, URDD), el cual quedó signado bajo el alfanumérico AP61-D-2015-000064. Asimismo, dejó constancia de su distribución correspondiéndole la ponencia al Juez TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Corresponde a esta Alzada resolver sobre la presente Consulta Obligatoria y dictar sentencia, previa las siguientes consideraciones:
| ANTECEDENTES En fecha 26 de febrero de 2016, la IGT ordenó abrir el expediente administrativo disciplinario N° 160146, en razón del escrito de denuncia presentado por el ciudadano Luis Genaro Rangel González, en contra del ciudadano HOMERO JOsÉ SÁNCHEZ, en su condición de Juez Titular del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la en el desempeño de sus funciones. (f.173, p.1).
El 11 de noviembre de 2016, la IGT dio por terminada la fase de instrucción del presente expediente; y solicitó la declaratoria de sobreseimiento de la investigación disciplinaria de Venezolano y Jueza Venezolana. (f. 213 al 219, p. 2).
Luego, el 2 de febrero de 2017, el TDJ recibió procedente de la IGT el presente asunto y le dio entrada. Asimismo, se designó según distribución aleatoria llevada por el Sistema de Gestión Judicial a la jueza Jacqueline Del Valle Sosa Mariño, como ponente para el conocimiento del caso. (f. 224, p. 2).
Liegado el 4 de octubre de 2017, el TDJ dictó sentencia N° TDJ-SD-2017-69, mediante la cual declaró procedente el sobreseimiento de la investigación solicitado por la IGT, en el dispositivo primero, segundo y cuarto; y declaró improcedente el sobreseimiento de la investigación en su dispositivo tercero. (f. 244 al 254, p. 2).
II DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA En fecha 04 de octubre de 2017, el iudex a quo dictó sentencia N° TDJ-SD-2017-69 y en fecha 10 de enero de 2018, se pronunció sobre la solicitud de aclaratoria de la precitada decisión, en la que declaró lo siguiente:
"..."
PRIMERO: Se decreta el SOBREsEIMIENTO de la investigación seguida la ciudadano HOMERO JOSÉ SÁNCHEZ FEBRES, titular de la cédula de identidad N° V-3.036.101, con relación al presunto hecho que la "Jueza Accidental" inobservó que la representación Judicial del tercero interesado en la acción de Amparo interpuesta por el ciudadano Luis Gerardo Rangel González estuvo presente en la audiencia constitucional y ejerció recurso de apelación contra la sentencia de amparo sin consignar poder judicial y sin demostrar la cualidad de parte del proceso, de conformidad con el segundo supuesto del numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, por cuanto no se le puede atribuir el hecho al juez investigado. sEGuNDo: Se decreta el SÁNCHEz FEBRES.. con relación al hecho que el Juez investigado presuntamente amparo constitucional intentada contra el fallo dictado por el Tribunal presuntamente agraviante, de conformidad con el numeral 5 del artículo 71 del Código de Ética del Juez sobreseimiento de la investigación seguida al ciudadano HOMERO JOSÉ SÁNCHEZ FEBREs... con relación al hecho de acordar copias certificadas estando inhibido del SÁNCHEz... con relación al hecho que presuntamente " la Jueza Accidental " designada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, declaró con lugar el recurso de apelación presentado por el tercero interesado, pese a que el recurrente no había presentado poder que acreditara su representación oportunamente, de conformidad con el segundo supuesto del numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, por cuanto el hecho no se le puede atribuir al juez investigado.
QUINTO: Se ORDENA la remisión del presente expediente a la Corte Disciplinaria Judicial a los efectos de la consulta obligatoria, dentro del lapso previsto en el último aparte del articulo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. SEXTo: Se ORDENA la remisión del presente expediente a la Inspectoría General de Tribunales, una vez que adquiera el carácter de definitivamente firme, para que presente nuevo acto conclusivo en cuanto a la solicitud de sobreseimiento declarada improcedente en esta decisión, de conformidad con el criterio expuesto por la Corte Disciplinaria Judicial en sentencia N° 11 de fecha 20 de septiembre de 2016. (...) III DE LA SOLICITUD DE ACLARATORIA En fecha 07 de noviembre de 2017, el ciudadano Jesús Alberto Montes Delgado, apoderado judicial del denunciante ciudadano Luis Gerardo Rangel Gónzalez, solicitó aclaratoria del tercer dispositivo de la decisión N° TDJ-SD-2017-69, dictada en fecha 04 de octubre de 2017 por el TDJ; en los siguientes términos:
Yo, JESÚS ALBERTO MONTES DELGADO... en mi carácter de apoderado judicial del ciudadano LUIS GERARDO RANGEL GONZÁLEZ... acudo ante usted deferentemente a los efectos de solicitar se deje sin efecto la apelación anticipada interpuesta en fecha 01 de noviembre de 2017, con motivo del fallo de sobreseimiento de la investigación a favor del ciudadano HOMERO SÁNCHEz FEBRES, en su carácter de Juez Superior Primero en lo
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Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida; de la cual me di por notificado en 26 de octubre de 2017; en razón de haber analizada (sic) con detenimiento la misma y haberse presentado dudas en torno al Aparte tercero, por lo cual requiero respetuosamente de conformidad con el artículo 252 del Código SANCHEz FEBRES...con relación al hecho de acordar copias certificadas estando inhibido del conocimiento del asunto del amparo constitucional por motivo de amistad manifiesta con el tercero interesado ciudadano Abdel Mario Fuenmayor Peley."
IV DE LA ACLARATORIA DE LA SENTENCIA N° TDJ-SD-2017-69 En fecha 10 de enero de 2018, el TDJ se pronunció sobre la solicitud de aclaratoria de su fallo proferido respecto a su tercer dispositivo; a saber:
"(...) el Tribunal al momento de decidir el sobreseimiento solicitado, observó que ese hecho eventualmente pudiera encuadrar en alguna falta de las previstas en el Código de Ética del Juez y Jueza Venezolana, por lo que se considera que debe formularse un nuevo acto conclusivo acusatorio con relación a este hecho, motivo por el cual el Tribunal declaró IMPRoCEDENTE la solicitud de sobreseimiento realizada por la Inspectoría General de Tribunales.
concatenado con los dispositivos QUINTO Y SEXTO de la decisión en comento (...) (..) el presente expediente judicial disciplinario debe ser remitido nuevamente a la Inspectoría General de Tribunales, con la finalidad de realizar un nuevo acto conclusivo en el cual debe tratarse únicamente el punto contenido en el tercer dispositivo de la decisión, pues a consideración de este Tribunal no existen suficientes elementos para que sea decretado el sobreseimiento de la acción disciplinaria. Asi se declara.
PRIMERO: Se declara PROCEDENTE la solicitud de aclaratoria de la sentencia TDJ-SD- 2017-69 de fecha 4 de octubre de 2017 realizada por el ciudadano JESÚS ALBERTO MONTES DELGADO, en su condición de apoderado judicial del denunciante. SEGUNDO:
Se declara RESUELTA la solicitud de aclaratoria de la sentencia N° TDJ-SD-2017-69 dictada por este Tribunal en fecha 4 de octubre de 2017, realizada por el ciudadano JEsúS ALBERTO MONTES DELGADO, en su condición de apoderado judicial del denunciante.
V DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Previo a cualquier pronunciamiento, debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer de la presente Consulta Obligatoria, y a tal efecto observa lo siguiente:
El artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015, preceptúa la competencia de esta Alzada Disciplinaria para el conocimiento de las Consultas Obligatorias a las decisiones del Tribunal Disciplinario Judicial que decreten el sobreseimiento, y en tal sentido establece lo siguiente:
Artículo 71: El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas.
Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando:
1. El hecho no se realizó o no puede atribuírsele al sujeto investigado.
(..) 5. No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial.
(...) La norma parcialmente transcrita define el Sobreseimiento y sus efectos una vez declarado, así como su alcance con relación a las medidas dictadas durante el curso del proceso disciplinario. Prevé, igualmente, el trámite que debe cumplirse, los supuestos que dan lugar a su declaratoria y el órgano competente para solicitarlo y decretarlo. Igualmente, en su parte in fine, atribuye la competencia a esta Corte para conocer en Consulta la decisión que lo declara en Primera Instancia.
Al respecto, es oportuno advertir, que la norma contenida en el artículo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, así como la medida cautelar dictada en la Sentencia N° 516 de fecha 7 de mayo de 2013, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ocasión al juicio de Nulidad por inconstitucionalidad incoado contra la norma disciplinaria, mantuvo incólume la atribución de la competencia disciplinaria en referencia.
Esta norma atributiva de competencia fue reeditada en idénticos términos tanto en la reforma que tuvo lugar con la promulgación del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario de fecha 28 de diciembre de 2015, como en el texto de la medida cautelar que, con ocasión de esta reforma, dictó la Sala Constitucional del Alto Tribunal mediante Sentencia N° 6 del 4 de febrero de 2016. Las observaciones que preceden permiten colegir la atribución de competencia objetiva para el conocimiento de la Consulta en consideración.
Con relación a la atribución de competencia subjetiva para conocer, es oportuno destacar que la norma disciplinaria en su texto original y en su reforma, estableció que el ámbito de aplicación alcanzaría a todos los ciudadanos investidos conforme a la ley para actuar en nombre de la República en ejercicio de la jurisdicción de manera permanente, temporal, ocasional, accidental o provisoria. La aplicación de tal disposición fue suspendida cautelarmente por las Sentencias N° 516 y 6 proferidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fechas 7 de mayo de 2013 y 4 de febrero de 2016, respectivamente, restringiendo su ámbito de aplicación sólo a los Jueces Titulares.
Ahora bien, constatado en autos que el objeto de la presente causa es el conocimiento en Consulta de la Sentencia N° TDJ-SD-2017-69, de fecha 04 de octubre de 2017, y su posterior aclaratoria la cual quedó registrada bajo el N° TDJ-SI-2018-01, fecha 10 de enero de 2018, dictada por el a quo, en la que se decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación respecto a su acto conclusivo, seguida en contra del ciudadano HOMERo JOSÉ SÁNCHEŽ FEBRES, titular de la cédula de identidad N° V- 3.036.101, por las actuaciones realizadas durante su desempeño como Juez Titular del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, esta Corte declara su competencia. Así se decide.
VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Determinada la competencia, pasa esta Alzada a emitir pronunciamiento, previas las siguientes consideraciones:
A los efectos de resolver la consulta obligatoria de ley, la Corte observa que el sobreseimiento previsto en el artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana constituye una modalidad de concluir los procesos disciplinarios judiciales, de forma anticipada, al evidenciarse la procedencia de uno o varios de los supuestos contenidos en dicho artículo () que el hecho del proceso no ser realizó, no pueda atribuírsele al juez denunciado, (II) que el hecho no sea típico, (Il) que la acción disciplinaria haya prescrito, (IV) que resulte acreditada la cosa juzgada, (V) que no exista la posibilidad de incorpora nuevos datos a la investigación o (VI) la muerte del juez denunciado o jueza denunciada, y cuya decisión por parte del órgano disciplinario de Primera Instancia Judicial deberá ser, por mandato de ley, consultada ante el órgano superior disciplinario. De all que, resuelta dicha a favor de quien es dictado el sobreseimiento, en razón de su carácter de cosa juzgada.
En este sentido, observa esta Alzada que la IGT solicitó el sobreseimiento de la investigación disciplinaria de conformidad con el artículo 71, numerales 1 y 5 del Código de Ética, seguida al ciudadano HOMERO JOSÉ SÁNCHEZ FEBRES, Juez Titular del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, por sus actuaciones en la tramitación de la causa judicial N° 5.989, en torno a los hechos vulnerado el derecho a la defensa y al debido proceso en relación al desalojo del comercio identificado como Restaurante "Casa Verde" con ocasión a una medida de secuestro practicada en virtud de la demanda que por cumplimiento de contrato por vencimiento de prórroga legal acción el ciudadano Abdel Mario Fuemayor Peley contra el hoy denunciante ante la Inpectoría General de Tribunales.
Al respecto, el Órgano Auxiliar determinó los siguientes hechos reprochados por el denunciante de marras en contra del Juez, a saber: () que la representación Judicial del tercero interesado actuó en la audiencia de amparo constitucional, concerniente a la acción de amparo incoada por el ciudadano Luis Gerardo Rangel González -denunciante- sin haber consignado poder ni demostrado su cualidad de parte, aunado al hecho de haber ejercido el recurso de apelación sin tener la cualidad para ello, y la Jueza Accidental inobservó dicha irregularidad. (I) por presuntamente haber influenciado en las decisiones que adoptaron los jueces que tramitaron tanto la demanda de cumplimiento de contrato de arrendamiento como la acción de amparo constitucional intentada contra el fallo dictado por el Tribunal presuntamente agraviante. (II) por presuntamente haber acordado copias certificadas solicitadas por la representación judicial del tercero interesado, encontrándose inhibido del conocimiento del asunto del amparo constitucional. (IV) que la Jueza Accidental designada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar el recurso de apelación, presentado por el tercero interesado, y a decir del denunciante éste carecía de cualidad, toda vez que no presentó poder que acreditara su representación oportunamente.
Como consecuencia de la denuncia formulada en contra del Juez investigado disciplinariamente, la IGT verificó lo siguiente:
Respecto al primer hecho reprochado, el Órgano Instructor corroboró que la representación judicial del ciudadano Abdel Mario Fuenmayor Peley -tercero interesado- el día 5 de diciembre de 2013, al solicitar la expedición de las copias certificadas, consignó el poder que la acredita para representar al precitado ciudadano, corroborando a su vez que con la presentación de dicho poder quedaron convalidadas todas las actuaciones efectuadas por su persona; asimismo, la IGT constató que el Juez sometido a procedimiento disciplinario no ciudadano Luis Gerardo Rangel González -denunciante-, ni tramitó el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial, razón por la cual consideró que el ilícito disciplinario denunciado no puede atribuírsele al Juez denunciado, en consecuencia, la IGT desestimó este hecho denunciado por cuanto el mismo no puede atribuirse al Juez investigado Por otra parte, también observó la IGT que el primero de los hechos denunciados fue dirigido en contra del Juez Homero José Sánchez Febres, y no contra la Jueza Accidental; quedando desestimado dicho hecho por parte del Órgano Auxiliar del Tribunal Supremo Justicia.
En cuanto, al segundo hecho disciplinable -haber influenciado en las decisiones adoptadas por otros jueces en la demanda por cumplimiento de contrato de arrendamiento como la acción de amparo constitucional intentada contra el fallo dictado por el Tribunal presuntamente agraviante- la IGT estableció que no quedó demostrado durante la investigación realizada que el Juez investigado hubiese influenciado en los jueces actuantes, tanto en el procedimiento de amparo constitucional como en el juicio de cumplimiento de contrato. Del mismo modo, dejó asentado que el denunciante ejerció los recursos procesales de ley que consideró pertinentes para hacer valer su pretensión, en consecuencia, el Investigador Disciplinario desestimó este hecho, por cuanto el mismo no se realizó.
El tercer illcito endilgado al Juez, por el denunciante, -haber acordado copias certificadas solicitadas por la representación judicial del tercero interesado, encontrándose inhibido del Betty Josefina Rondón apoderada judicial del tercero interesado consignó en fecha 5 de diciembre de 2013, poder que la acreditada como representante judicial de éste; y que según criterio jurisprudencial todas las actuaciones anteriores quedaron convalidadas, también constató que el Juez investigado únicamente acordó las copias certificadas solicitadas por la referida apoderada, quedando evidenciado que con dicha actuación el Juez no emitió pronunciamiento de fondo en el que pudiera desprenderse que el Juez inhibido y _aguí denunciado hubiese favorecido a la parte contraria, sin embargo, una vez inhibido procedió inmediatamente de conformidad con la doctrina vinculante sobre materia de amparo, a tramitar lo conducente para que el Juez Especial que se designara por la Instancia competente, procediera a conocer el asunto; tales apreciaciones condujeron a la IGT, a desestimar el presente hecho por cuanto no puede atribuírsele al Jurisdicente.
Como último hecho disciplinable, es decir: que la Jueza Accidental designada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar el recurso de apelación, presentado por la apoderada judicial del tercero interesado, sin tener la cualidad para ello, denunciante de marras ejerció recurso de revisión contra el fallo dictado el dia 8 de enero de 2013, por el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, el cual fue declarado "no ha lugar" en fecha 2 de marzo de 2016, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, desprendiéndose de la lectura del fallo emitido por la Superioridad "que el denunciante a través del referido recurso de revisión advirtió la falta de representación... asl como los presuntos vicios invocados en la denuncia objeto del presente expediente administrativo disciplinario iniciado contra el Juez investigado, argumentando... que 'la sentencia objeto de revisión está ajustada a derecho y que lo que pretende (sic) el solicitante era plantear de nuevo los alegatos referidos a la procedencia de la arrendaticia..."; razón por la cual, la IGT estableció que no puede convertirse en una tercera instancia para así revisar las decisiones de los jueces, por lo que desestimó este último hecho denunciado.
Por todo lo anteriormente precisado, el Órgano Instructor solicitó el sobreseimiento de la investigación disciplinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, numeral 1 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolano, al comprobar que el hecho no se realizó o no se le puede atribuir al Juez denunciado.
Ahora bien, en relación al caso sometido a consulta, observa esta Alzada que el a quo efectuó un recuento detallado de las actuaciones que cursan en el presente expediente calidad de arrendamiento controvertido por los ciudadanos Abdel Mario Fuenmayor Peley y Luis Gerardo Rangel González -aquí denunciante-; pudiendo constatar la procedencia del sobreseimiento de la investigación disciplinaria, respecto a cada uno de los ilicitos delatados, de la siguiente manera:
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En cuanto, al primer ilícito denunciado "... inobservancia por parte de la Jueza Accidental en que la representación Judicial del tercero interesado en la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Luis Gerardo Rangel González procedió a estar presente en la audiencia constitucional y además ejerció recurso de apelación contra la sentencia de amparo sin consignar poder judicial.." el TDJ, en primer lugar, verificó las actuaciones realizadas por el Juez denunciado, a saber: (l) auto de fecha 9 de diciembre de 2013, en el que acordó la expedición de constancias a la ciudadana Betty Josefina Rondón, y se pronunció por auto separado sobre la remisión de las constancias a distintas instituciones; (I) Decisión de fecha 9 de diciembre de 2013, en la que declaró con lugar la abstención formulada por el Juez José Rafael Centeno Quintero, para conocer de la acción de Amparo Constitucional; (II) auto de fecha 19 de diciembre de 2013, en el que el Juez denunciado declaró su imposibilidad de seguir conociendo la causa, por existir amistad manifiesta con el ciudadano Abdel Mario Fuenmayor Peley -parte arrendadora y demandante en la causa principal- y tercero interesado en la causa de amparo, y (IV) auto de fecha 9 de enero de 2014, acordando oficiar a la Rectoría Civil del Estado Mérida, a los fines de instar a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, para que designe a un Juez especial que conozca la abstención propuesta, en vista que ambos Juzgados Superiores carecen de jueces suplentes y con jueces que puedan conocer de la causa.
Por otra parte, indicó la Primera Instancia Disciplinaria Judicial que existieron cuatro jueces que conocieron de la acción de amparo interpuesta y de las apelaciones contra las sentencias dictadas, con ocasión al litigio de arrendamiento, cuyas actuaciones se detallan de la siguiente manera:
El juez ALBIO CONTRERAS ZAMBRANO, del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida dictó sentencia en fecha 10 de abril de 2013, que declaró inadmisible la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por la parte arrendataria, contra la sentencia de fecha 8 de enero de 2013, que declaró con lugar la demanda por vencimiento de prórroga legal incoada por el ciudadano Abdel Mario Fuenmayor Peley -parte arrendadora-, contra el ciudadano Luis Gerardo Rangel González -parte arrendataria-, por cuanto el accionante en amparo no agotó el recurso de hecho que correspondía, es decir no cumplió con la carga procesal.
Posteriormente, el 18 de junio de 2013, pasó a conocer el juez LEOMAR ANTONIO NAVAS MAITA, del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte arrendataria, en contra de la sentencia del día 10 de abril de 2013, anteriormente establecida, anulando la recurrida.
Más adelante, el juez JUAN CARLOS GUEVARA LISCANO, del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 24 de septiembre de 2013, declaró con lugar la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el arrendatario, anuló la decisión de fecha 8 de enero de 2013 y ordenó proferir un nuevo fallo a un Tribunal de la misma categoría y a quien corresponda por distribución.
Finalmente, la jueza HELLEN MATILDE TORRES del Juzgado Superior Primero Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Betty Josefina Rondón, apoderada judicial del ciudadano Abdel Mario Fuenmayor Peley -demandante en la causa principal y tercero interesado en la acción de amparo-, revocó la decisión de fecha 29 de el ciudadano Luis Gerardo Rangel González —parte demandada en la causa principal y demandante en amparo-.
Las apreciaciones establecidas anteriormente respecto al primer ilícito denunciado, fueron Febres, solamente acordó expedir certificaciones a la tercera interesada, decidió la inhibición formulada por el Juez José Rafael Centeno Quintero, y planteó su inhibición para conocer de la acción de amparo, más no realizó la audiencia de amparo constitucional así como tampoco, emitió decisión de fondo de la causa principal ni decidió sobre su apelación, razón por la cual, el TDJ declaró procedente el sobreseimiento de la investigación de conformidad con el artículo 71, numeral 1 del Código de Ética, al no poder atribuírsele al Juez investigado interesado en amparo, ya que a decir del a quo, el Juez no tuvo ninguna participación en la audiencia de amparo constitucional ni en la apelación, la cual fue decidida por la Jueza Accidental.
Precisado lo anterior, y verificadas las consideraciones explanadas por el a quo en la fundamentación de su pronunciamiento, respecto al primer ilícito denunciado, esta Alzada observa que la queja consiste en la inobservancia por parte de la Jueza Accidental en cuanto a la falta de poder que autorice a la abogada Betty Josefina Rondón a ejercer la representación del ciudadano Abdel Mario Fuenmayor Peley en la audiencia constitucional donde éste último funge como tercero interesado, así como también a ejercer recurso de apelación.
Este Despacho Superior, verificó que la audiencia constitucional a la cual hizo referencia el denunciante fue celebrada ante el Juez Albio Contreras Zambrano del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida quien dictó sentencia en fecha 10 de abril de 2013, declarando inadmisible la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por la parte arrendataria -denunciante ante esta Instancia Disciplinaria Judicial-, y el recurso de apelación aludido se refiere al interpuesto por abogada Betty Josefina Rondón en su condición de apoderada del ciudadano Abdel Mario Fuenmayor Peley, en fecha 30 de octubre de 2013 contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Mérida, el 29 de octubre de 2013, y el cual fue decidido el 23 de febrero de 2015, por la Jueza Accidental Hellen Matilde Torres.
Por otra parte, se verificó que la Jueza Hellen Matilde Torres fue designada en fecha 16 de enero de 2015, por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia como Jueza Accidental para conocer de la causa civil sub examine, en virtud de las inhibiciones planteadas por los jueces José Rafael Centeno Quintero, en su condición de Juez Temporal del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito y Homero José Sánchez Febres, en su condición de Juez del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, ambos de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en el año 2013.
En este sentido, los Jueces integrantes de esta Corte llegamos a la razonable convicción que a la persona a la que se le atribuyó el hecho reprochado, es decir el Juez Homero José Sánchez Febres no pudo haber cometido la inobservancia delatada por el denunciante en los actos judiciales invocados y ni en ningún otro; toda vez que el Juez denunciado en ningún momento dictó decisión alguna concerniente a la causa civil examinada, situación ésta que determina el pronunciamiento confirmatorio en cuanto al primer dispositivo decretado por el TDJ, quedando sobreseído el presente hecho en contra de Juez investigado, de conformidad del artículo 71, numeral 1 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Y así se decide.
En cuanto al segundo de los hechos reprochados, es decir, que el Juez Homero Sánchez cumplimiento de contrato de arrendamiento y la acción de amparo constitucional, la Primera que dieron lugar al sobreseimiento en el primero de los hechos denunciados, llegando a la convicción que la investigación efectuada por el órgano Instructor no arrojó pruebas que demuestren la existencia del hecho presuntamente ilícito sobre el Juez disciplinable, razón en el artículo 71, numeral 5 del Código de Ética.
En este sentido, de acuerdo a la revisión del asunto, verificó esta Alzada que evidentemente a pesar que el hecho endilgado constituye un ilicito susceptible de sanción disciplinaria, proseguible de oficio, la IGT no recabó suficientes elementos de convicción que demuestren la culpabilidad del Juez, y tomando en consideración el tiempo transcurrido, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación que den base para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del Juez, por lo que sería inoficioso insistir en mantener un proceso ante este Órgano jurisdiccional que en definitiva va a ser sobreseído, razón por la cual, esta Corte confirma el sobreseimiento decretado por el a quo en el dispositivo segundo del fallo emitido. Y así se decide.
Respecto al tercer ilícito denunciado, referente al hecho de que el Juez investigado acordó copias certificadas estando incurso en causales de inhibición del conocimiento del asunto de la demanda de cumplimiento de contrato de arrendamiento y del amparo constitucional por motivo de amistad manifiesta con el ciudadano Abdel Mario Fuemayo Peley -tercero interesado-, el TDJ valoró en primer lugar el auto dictado por el Juez denunciado en fecha 9 de diciembre de 2013, en el cual acordó "expedir por Secretaría las constancias -cuatro (04)
Por otra parte, constató el a quo que el Juez sometido a procedimiento disciplinario, el mismo día 9 de diciembre de 2013, declaró con lugar la abstención del Juez José Rafael Centeno Quintero del Juzgado Superior Primero Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida; y luego, el día 19 del mismo mes y año el Juez denunciado se inhibió del conocimiento de la causa de amparo constitucional por amistad manifiesta con el ciudadano Abdel Mario Fuenmayor Peley -demandante en la causa principal y tercero interesado- "quien por muchos años fue el médico de cabecera y amigo personal de mi difunto padre, e igualmente ha sido y es hoy en día el médico de confianza y amigo personal de mi señora madre y de toda mi familia...".
Además, el Juez en fecha 9 de enero de 2014, ofició a la Rectoría Civil del Estado Mérida, solicitando se sirviera tramitar ante la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia el nombramiento con carácter de urgencia de un Juez Especial, para que conozca la con jueces que puedan conocer la causa.
Posteriormente, el TDJ procedió analizar el contenido del artículo 93 del Código de Procedimiento Civil el cual establece que "Ni la recusación ni la inhibición detendrán el curso de la causa cuyo conocimiento pasará inmediatamente mientras se decide la incidencia a otro Tribunal de la proceso, y en caso contrario, pasará los autos al inhibido o recusado".
Advirtió, la Primera Instancia Disciplinaria Judicial que una vez que el Juez se encuentre inhibido, no se está facultado para realizar ninguna actuación en el expediente, debiendo desprenderse de la causa que pasará al conocimiento de un nuevo Juez; tal advertencia la complemento con lo establecido en la decisión N° 449, de fecha 6 de abril de 2005, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el expediente N° 05-3019.
Las apreciaciones anteriores, determinaron en el iudex a quo la convicción de declarar improcedente la solicitud de sobreseimiento de la investigación presentada por la IGT, respecto al tercer ilícito denunciado, al considerar que no se evidenciaron elementos de convicción que puedan impedir la atribución de la presunta inobservancia al Juez posible existencia de una conducta disciplinable por parte del Juez investigado, razón por la cual ordenó la remisión del presente expediente a la IGT, para que presente nuevo acto conclusivo en cuanto a este hecho una vez que la decisión proferida haya adquirido el carácter de definitiva.
En este sentido, esta Alzada observa que riela a los folios 1 al 65 de la primera pieza, la decisión proferida por la Jueza Accidental en fecha 23 de febrero de 2015, donde se desprende del iter procesal, lo siguiente:
Que el Juez denunciado pasó a conocer la causa civil, en virtud de la inhibición planteada por el Juez José Rafael Centeno Quintero, para conocer de la apelación interpuesta por la abogada Betty Josefina Fuenmayor Peley, en su carácter de tercero interesado, contra la decisión de fecha 29 de octubre de 2013, mediante la cual el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Mérida, declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el hoy denunciante, contra la decisión de fecha 8 de enero de 2013, proferida por el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador, Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.
recibido el expediente y acordó que resolverá lo conducente dentro de los tres días de despacho siguientes a la fecha del referido auto." Posteriormente, la recurrente -representante judicial del amigo del Juez denunciado- solicitó Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, y que se dejara constancia que la misma no se encuentra firme en virtud del ejercicio del recurso de apelación..." Observa este Despacho Superior que, la abogada Betty Josefina Rondón continuó efectuando una serie de solicitudes, propias de las labores judiciales para la cual fue autorizada mediante poder por el ciudadano Abdel Mario Fuenmayor Peley -demandante en la causa principal y tercero interesado-, entre las cuales esta Alzada hace especial énfasis en la solicitud para que el Juzgado Superior oficiara a "... la Alcaldia del Municipio Libertador del Estado Mérida, al Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria (SAMAT), a la Dirección Estadal Ambiental Mérida... y al Departamento de Gerencia de Vialidad Urbana de la Alcaldia del Municipio Libertador del Estado Mérida, a los fines de hacerle entrega de las constancias antes señaladas.".
Sigue diciendo, el iter procesal anteriormente aludido lo siguiente: "Mediante acta de fecha 19 del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, se abstuvo de conocer la presente causa; señalando que su impedimento obraba contra la parte recurrente".
Ahora bien, esta Alzada considera importante recalcar el hecho que el Juez denunciado fundamentó en fecha 19 de diciembre de 2013, su inhibición por ser el médico de cabecera y amigo personal de mi difunto padre, e igualmente ha sido y es hoy en día el médico de confianza y amigo personal de mi señora madre y de toda mi familia, sin embargo, es el día 2 de diciembre de 2013- varios días antes de la inhibición del Juez denunciado- que el Juzgado Superior recibiera el expediente por propuesta apelación, sin que mediara de manera inmediata la correspondiente acta de inhibición; No obstante, se desprende que desde que el Juzgado Superior tuvo conocimiento del caso en cuestión, se proveyeron copias certificadas a la parte recurrente y se resolvieron sobre la remisión de constancias a las diferentes instituciones. (Negrillas de esta Superioridad).
Tales apreciaciones generan dudas razonables a esta Alzada para decretar el sobreseimiento por el presente hecho a favor del Juez denunciado, toda vez que no se evidencia de las actas procesales que componen el presente expediente disciplinario que la Inspectoría General de Tribunales haya demostrado fehacientemente la exculpabilidad del Juez, además tómese en cuenta que el iter procesal establecido por la Jueza Accidental
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únicamente precisó el autor de la acción, cuando se refirió al acta de fecha 19 de diciembre de 2013, generando dudas acerca de las actuaciones precedentes a la fecha de la precitada acta, y ante la presunción de la existencia que el hecho denunciado pudiera ser susceptible de sanción disciplinaria y partiendo quienes aquí presumimos considerado como anticipado el derecho a la defensa del Juez, esta Alzada confirma el dispositivo tercero de la sentencia N° TDJ-SD-2017-69 de fecha 04 de octubre de 2017, emitida por el TDJ, y su posterior aclaratoria N° TDJ-SI-2018-01 de fecha 10 de enero de 2018, en consecuencia, se declara IMPRoCEDENTE el sobreseimiento de la investigación por el hecho referido. Y así se decide.
Para finalizar, el último de los hechos reprochados por el denunciante se refiere a la Tribunal Supremo de Justicia, al declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el tercero interesado en amparo constitucional, sin que la apoderada judicial del recurrente hubiera presentado su cualidad mediante poder que la acredite para actuar en representación del mismo.
Al respecto, el TDJ decretó el sobreseimiento de la investigación disciplinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 71, numeral 1 del Código de Ética, toda vez que evidenció que la sentencia dictada por la Jueza Accidental que declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por la representación del tercero interesado no fue proferida por el Juez denunciado, no pudiendo quedar evidenciado alguna actuación irregular susceptible de sanción disciplinaria en contra del Juez.
Evaluado por esta Alzada, los resultados de la investigación disciplinaria, así como las decidimos, llegamos a la certera convicción, que no hay forma lógica y razonable de vincular al Juez investigado con el hecho infractor, toda vez que lo denunciado busca castigar al autor de la inobservancia en la que presuntamente incurrió el Juez que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Betty Josefina Rondón, en su condición de apoderada judicial del ciudadano Abdel Mario Fuenmayor Peley -demandante en la causa principal y tercero interesado-, quedando comprobado, que la sentencia con ocasión al acto recursivo fue proferida la Jueza Accidental Hellen Matilde Torres, en fecha 23 de febrero de 2015, razón por la cual se confirma el sobreseimiento decretado por el a quo en el dispositivo cuarto del fallo proferido, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, numeral 1 del Código de Ética. Y así se decide.
Visto que de la revisión del fallo consultado no se evidencia la violación a normas de orden público y constitucional, ni infracciones a las interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SD-2017- 69, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 4 de octubre de 2017y su posterior aclaratoria N° TDJ-SI-2018-01 de fecha 10 de enero de 2018. Así se decide.
VI DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: RESUELTA la consulta obligatoria con motivo de la sentencia N° TDJ-SD-2017- 69, dictada en fecha 4 de octubre de 2017, por el Tribunal Disciplinario Judicial, en la causa AP61-D-2015-000064, nomenclatura interna de dicho Juzgado, mediante la cual decretó el General de Tribunales, en fecha 3 de noviembre de 2016, al ciudadano HOMERO JOSÉ SÁNCHEZ FEBRES, titular de la cédula de identidad N° 3.036.101, Juez Titular del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, numerales 1 y 5, del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SD-2017-69, dictada en fecha 4 de octubre de 2017, por el Tribunal Disciplinario Judicial.
Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial. Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales, de conformidad con el articulo 91 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Cúmplase con lo ordenado.
Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
Dada, sellada y firmada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas a los once (11) días del mes de julio de dos mil dieciocho (2018). Año 207° de la Independencia y 159° de la Federación.
JUEZ PRESIDENTE - PONENTE
TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ JUEZA VICEPRESIDENTA
MERLY MORALES HERNANDEZ JUEZA
ANA CECILIA ZULUETARODRÍGUEZ SECRETARIA (E)
CARMEN CARREÑO Hoy miércoles, once (11) de juio del año dos mi dierocng e18), iendgfas 3:00prd, Se publicó la anterior decisión bujo el nómero 37.
Grmen Careño ha SecrttanaLE).
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE
PODER JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL
EXPEDIENTE N° AP61-S-2015-000102
JUEZA PONENTE: DRA. MERLY MORALES HERNANDEZ
Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial, pronunciarse sobre la consulta obligatoria de ley, relacionada con la decisión N° TDJ-SD-2017-74 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo adelante TDJ) en fecha 08 de Noviembre de 2017, en la causa signada con el N° AP61-S-2015-000102 (Cuaderno Separado de la causa principal N° AP61-D-2015-000157), nomenclatura que conserva, mediante la cual, decretó el sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana: JULIA YANEXY QUERO MOYETONES, titular de la cédula de identidad N° V-8.052.665, Jueza Titular del Tribunal del Municipio Páez del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, en cuanto a los hechos denunciados por los ciudadanos:
CLEOTILDE TORREALBA SILVA y SAMUEL RAMÓN ROJAS OROZCO, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-5.948.003 y V-2.724.577, respectivamente, según los cuales atribuyó descuidos por parte de la juzgadora antes identificada, en la tramitación de la causa N° 5209-09, al presuntamente haber omitido hechos importantes para dictar sentencia, tales como la prescripción adquisitiva y la prejudicialidad penal; e igualmente denunciaron que la mencionada Jueza no había agregado al expediente judicial, un oficio remitido por el Ministerio Público relacionado con denuncia penal formulada en contra de la parte demandante de la causa en cuestión. El sobreseimiento de la investigación fue decretado de conformidad con el primer supuesto previsto en el numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (en lo sucesivo Código de Ética), relativo a que los hechos no se realizaron.
| ANTECEDENTES Una vez efectuada la respectiva investigación disciplinaria, la Inspectoría General de Tribunales (en lo adelante IGT) dictó acto conclusivo en fecha 28 de septiembre de 2015, a través del cual solicitó el sobreseimiento de la Investigación seguida a la Jueza: JULIA YANEXY QUERO MOYETONES, por considerar que los hechos denunciados por los ciudadanos: CLEOTILDE TORREALBA SILVA y SAMUEL, RAMÓN ROJAS OROZCO, no se realizaron.
En fecha 17 de noviembre de 2015, la Oficina de Sustanciación de esta sobreseimiento remitir al TDJ copias certificadas, a los fines de su pronunciamiento.
En fecha 01 de diciembre de 2015, fue recibida ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial (en adelante U.R.D.D), las actuaciones relativas a la investigación seguida a la Jueza denunciada, asimismo se dejó constancia que según el Sistema de Gestión Judicial, le correspondió la ponencia, a la ciudadana Jueza JACQUELINE DEL VALLE SOSA MARIÑO.
En fecha 08 de noviembre de 2017, el TDJ dictó decisión decretando, el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la Jueza denunciada, de conformidad con el numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética.
En fecha 25 de junio de 2018, el TDJ ordenó remitir la presente causa a esta Alzada, a los efectos de su respectiva consulta obligatoria de ley; tal remisión la efectuó a través del oficio N° TDJ-418-2018.
En fecha 28 de junio de 2018, la secretaria de la Corte Disciplinaria Judicial, dejó constancia de la recepción del asunto proveniente del Tribunal Disciplinario Judicial signado con el N° AP61-S-2015-000102, así como de la asignación de la ponencia según el orden cronológico alternativo a la Jueza MERLY MORALES HERNÁNDEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
II DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA En fecha 08 de Noviembre de 2017, el TDJ publicó la decisión N° TDJ-SD-2017- 74, decretando el sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana: JULIA YANEXY QUERO MOYETONES, antes identificada, sustentada en las siguientes consideraciones:
En cuanto al primer hecho denunciado referido a que la Jueza investigada al dictar sentencia presuntamente omitió pronunciarse en relación a la prescripción adquisitiva y la prejudicialidad penal, el TDJ consideró que la denunciante CLEOTILDE
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TORREALBA SILVA, no había alegado ante el tribunal a cargo de la Jueza denunciada, dichas pretensiones, por lo que decretó el sobreseimiento de la Investigación de conformidad con lo establecido en el articulo 71 ordinal 1 del Código de Ética.
En relación al segundo hecho concerniente a que la Jueza denunciada no Ministerio Público, el TDJ verificó de las actuaciones del referido expediente que no existía tal oficio, concluyendo que el hecho denunciado no se había realizado, decretando el sobreseimiento de la investigación conforme a lo establecido en el artículo 71.1 del Código de Ética.
III DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Previo a cualquier pronunciamiento, debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer de la presente consulta obligatoria y a tal efecto observa lo siguiente:
El artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015, preceptúa la competencia de esta Alzada Disciplinaria para el conocimiento de las consultas obligatorias a las decisiones del Tribunal Disciplinario Judicial que decreten el sobreseimiento, y en tal sentido establece lo siguiente:
Artículo 71: El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas.
Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando:
1. El hecho no se realizó o no puede atribuírsele al sujeto investigado 2. El hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario.
3. La acción disciplinaria haya prescrito.
4. Resulte acreditada la cosa juzgada investigación y no haya base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial.
6. La muerte del juez o la jueza.
El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento de la investigación, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco días siguientes." (Resaltado de esta Alzada)
La norma ut supra transcrita, además de establecer en forma taxativa las causales que dan lugar a la declaratoria del sobreseimiento, siendo esta una de las formas de terminación anticipada del proceso disciplinario judicial, estatuye igualmente la consulta obligatoria a esta Alzada Colegiada de la resolución judicial que decrete el mismo, ello no solo en atención al cumplimiento del Principio de la doble instancia, cuyo derecho para las partes en juicio, es inherente al debido proceso, sino por la trascendental consecuencia de su decreto, a saber, la terminación del proceso disciplinario. De allí que el legislador de tan especial materia, haya establecido la revisión por un Tribunal de Alzada, del fallo que declara la finalización del proceso como consecuencia del sobreseimiento y solo al verificarse los supuestos indicados en la norma aplicable, procederá su declaratoria.
Ahora bien, la circunstancia de que el hecho no se realizó, corresponde a una causal prevista en los supuestos normativos señalados por el legislador disciplinario y que habilitan al Tribunal de Primera Instancia Disciplinaria para decretar el sobreseimiento de la investigación, previa verificación exhaustiva de la actuación del Juzgador. En tal sentido, se puede evidenciar de la sentencia N° TDJ-SD-2017-74 dictada en fecha 08 de Noviembre de 2017, que el TDJ decretó el sobreseimiento de la investigación seguida a la Jueza JULIA YANEXY QUERO MOYETONES, al considerar que los hechos denunciados no se realizaron, de conformidad con el numeral 1, del artículo 71 del vigente Código de Ética; asimismo, ordenó la remisión del expediente a los fines de la consulta obligatoria prevista en el último párrafo del artículo antes mencionado que señala que el auto razonado mediante el cual se decrete el sobreseimiento, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco (05) días siguientes; por todo lo antes expuesto esta Alzada se declara declara.
IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Determinada la competencia, pasa esta Corte Disciplinaria Judicial a emitir pronunciamiento en los siguientes términos:
Esta Alzada, considera oportuno reiterar lo señalado en otros fallos en relación al sobreseimiento previsto en la norma adjetiva disciplinaria, el cual constituye una forma de concluir los procesos disciplinarios judiciales en forma anticipada, siendo de la exclusiva competencia de la autoridad judicial su decreto, siempre que resulte acreditado de forma concluyente cualquiera de las causales previa y taxativamente proceso no se realizó; que no pueda atribuírsele al Juez denunciado; que el hecho no sea típico; que la acción disciplinaria haya prescrito; que resulte acreditada la cosa por la muerte del juez; tal declaratoria por parte del órgano jurisdiccional, comporta previamente un examen exhaustivo de todos los supuestos establecidos en la norma que regula dicha figura procesal, para poder arribar al convencimiento de la imposibilidad de la sanción disciplinaria y por ende la finalización del proceso.
En las presentes actuaciones se observa que la Inspectoría General de Tribunales solicitó como acto conclusivo el sobreseimiento de la investigación seguida a la Jueza JULIA YANEXY QUERO MOYETONES, con fundamento al numeral 1, del artículo 71 del Código de Ética, el cual establece que los órganos de la jurisdicción disciplinaria decretarán el sobreseimiento cuando el hecho no se haya realizado o no pueda atribuírsele al sujeto investigado, siendo decretado por el órgano jurisdiccional.- Ahora bien, esta Superior Instancia considera necesario destacar que sobre el Código de Ética, atinente a que el hecho investigado no se realizó, se trata tanto del supuesto de acreditación de falsedad del hecho imputado, como del que no se haya podido probar la existencia de tal hecho, configurándose cuando el elemento objetivo del hecho denunciado no se ha podido demostrar en la realidad, siendo necesario para que se verifique el supuesto de esta causal, que el juez disciplinario haya llegado a la convicción de que no ha existido aquella conducta que provocó el inicio del proceso disciplinario, se trata pues, de la inexistencia fáctica del hecho objeto de la investigación y exige la convicción del órgano disciplinario judicial de la certeza sobre su no realización (Vid. Sentencia N° 13 del 27 de abril de 2017 de esta Corte Disciplinaria Judicial).
Así las cosas, observa quienes aquí deciden, que el Órgano de Investigación fundamentó su solicitud de sobreseimiento, en cuanto al primer hecho denunciado referido a que la Jueza investigada, al dictar sentencia omitió pronunciarse sobre la prescripción adquisitiva y la prejudicialidad Penal, en la causa Judicial N° 5209-09, (nomenclatura interna del Tribunal a cargo de la Jurisdicente denunciada), al respecto considera esta alzada necesario señalar lo que establece el artículo 690 del Código Procedimiento Civil respecto a la Prescripción Adquisitiva .
"...Cuando se pretenda la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva según la ley, o la declaración de cualquier otro derecho real susceptible de prescripción adquisitiva, el interesado presentará demanda en forma ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil del lugar de situación del inmueble..." (Resaltado de esta Corte) De igual manera establece el Código de Procedimiento Civil con respecto a la Prejudicialidad en su artículo 346 lo siguiente:
"... Dentro del lapso fijado para la contestación de la demanda, podrá el demandado en vez de contestar la promover las siguientes cuestiones previas:
(Omissis).
8.- La existencia de una cuestión prejudicial que deba resolverse en un proceso distinto..." De los artículos que preceden se desprende, que en el caso de la prescripción adquisitiva esta acción debe ser interpuesta de forma autónoma ante el Juez civil competente del lugar donde se encuentre el inmueble; y en cuanto a la existencia de una cuestión prejudicial, del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, parcialmente citado se puede colegir que cuando esta exista debe promoverse dentro del lapso de la contestación de la demanda.
Ahora bien, de la revisión de las actuaciones que conforma el presente expediente N° AP61-S-2015-000102, especificamente de la pieza 1, folios 8 al 12, se constató que la denunciante alegó como cuestión previa, la prevista en el numeral 5to, del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida según la profesional del derecho, a la falta de claridad en la relación de los hechos y los fundamentos en que se basa la pretensión al existir discrepancia entre el tipo de contrato alegado por la parte actora y la que aduce la demandada, verificando quienes aquí deciden que no fue alegada como cuestión previa ni como defensa de fondo la existencia de Prejudicialidad penal ni la Prescripción adquisitiva; Así las cosas, no podía la Jueza Investigada pronunciarse respecto a situaciones no alegadas por las partes, razón por la cual debe confirmarse la causal de sobreseimiento establecida en el numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética, por cuanto los hechos denunciados no se realizaron. Y así se decide.
En cuanto al segundo hecho denunciado relacionado a que la Jueza investigada dejó de agregar al expediente judicial un oficio que le había sido remitido observa esta Alzada que no consta en autos el oficio N° 18F1-2C-396-2010, verificándose que el único oficio emanado de la fiscalía es el suscrito por el Fiscal Superior del estado Portuguesa, que se encuentra dirigido al denunciante Samuel Rojas Orozco (Pieza 1, folio 27), donde se le participa que con ocasión a la inhibición presentada por el Abogado MOISES CORDERO, Fiscal Primero del Segundo Circuito del Estado Portuguesa, debe comparecer al Despacho Fiscal Segundo del mismo Circuito, en razón de ello, esta Instancia Superior considera procedente confirmar el decreto de sobreseimiento de la investigación, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética, por cuanto el hecho denunciado no se realizó, tal como lo declaró el a quo. Y así se decide.
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En razón de los fundamentos antes expuestos esta Corte Disciplinaria Judicial, declara RESUELTA la consulta obligatoria de la sentencia N° TDJ-SD-2017-74, dictada en fecha 08 de Noviembre de 2017, con motivo del sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana JULIA YANEXY QUERO MOYETONES, titular de la cédula de
sentencia N° TDJ-SD-2017-74, dictada en fecha 08 de Noviembre de 2017, por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual DECRETÓ el sobreseimiento de la investigación disciplinaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 71, numeral 1, del Código de Ética, en virtud de que los hechos denunciados no se realizaron. Y así se decide.- V DECISIÓN Por las razónes antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: RESUELTA la consulta obligatoria de la sentencia N° TDJ-SD- 2017-74, dictada en fecha 08 de Noviembre de 2017, con motivo del sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana: JULIA YANEXY QUERO MOYETONES, titular de la cédula de identidad N° V-8.052.665, Jueza Titular del Tribunal del Municipio Páez del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa. SEGUNDO:
2017, por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual DECRETÓ el sobreseimiento de la investigación disciplinaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 71, numeral 1, del Código de Ética, en virtud de que los hechos denunciados no se realizaron.
Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial.
Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales, de conformidad con el artículo 91 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
Cúmplase lo ordenado.
Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
Dada, firmada y sellada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas, a losnae (17 ) días del mes de julio de dos mil dieciocho (2018). Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación.
JUEZ PRESIDENTE,
TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ VICEPRESIDENTAPONENTE
MERLY MORALESRERNÁNDEZ JUEZA PRINGIRAL,
ANA CECILIA ZUQUETA RODRIGUEZ SECRETARIA (), Drudn CARMEN CARREÑO EXP. Nº AP61-S-2015-000102 Hoy miércoles, once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018), siendo las 3:45 p.m., se publicó la anterior decisión bajo el N° 38 CARMEN CARREÑO La Secretaria (E)
Quien suscribe, CARMEN CARREÑo, Secretaria Encargada de la Corte Disciplinaria Judicial, conforme al artículo 112 del Código de Procedimiento Civil, certifica: Que las copias fotostáticas que anteceden son fieles y exactas de la decisión N° 38, publicada en fecha 11 de julio de 2018, dictada por esta Corte Disciplinaria Judicial; cursantes a los folios sesenta y ocho (68) al setenta y uno (71), con sus respectivos vueltos, del Expediente N.° AP61-S-2015-000102 (Cuaderno Separado) de la pieza número uno (01), nomenclatura de esta Instancia Judicial. Certificación que se expide a los doce (12) días del mes de julio de 2018.
La Secretaria (E),
CARMEN CARREÑO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL
JUEZA PONENTE: ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Expediente N° AP61-R-2018-000005 Mediante Oficio N° TDJ-254-2018 de fecha 30/04/2018, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ) remitió a esta Corte el expediente N° AP61-A-2016- 000013, contentivo del procedimiento disciplinario seguido a la ciudadana YOLIVEY FLORES MUÑOZ, titular de la cédula de identidad N° V-11.461.882, con ocasión de su desempeño como Jueza Titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Mérida.
24/04/2018 por las ciudadanas Yolivey Flores Muñoz en su condición de Jueza representación de la Inspectoría General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT), contra la Sentencia N° TDJ-SD-2018-26 del 17/04/2018 dictada por el TDJ, en la que declaró la responsabilidad disciplinaria de la prenombrada Jueza e impuso la sanción de Destitución por haber decidido más de lo solicitado y la absolvió de la causa N° 27.523 mediante fijación de Boleta en la cartelera del Tribunal.
El 02/05/2018 la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Jurisdicción (en lo sucesivo, URDD) dio entrada al expediente, le asignó el número AP61-R-2018-000005 y dejó constancia de su distribución, correspondiendo la ponencia a la Jueza Ana Cecilia Zulueta Rodríguez, quien con tal carácter suscribe.
En fecha 14/05/2018 la Secretaría de esta Corte fijó el décimo tercer (13°) día de despacho siguiente, más siete (7) días continuos de término de distancia, como oportunidad para que tuviera lugar la audiencia de apelación, de conformidad con el artículo 86 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (en lo sucesivo, Código de Ética).
Mediante escrito consignado el 22/05/2018 la representación judicial de la IGT fundamentó la apelación interpuesta y en fecha 30/05/2018 la Jueza investigada hizo lo propio respecto al recurso ejercido el 24/04/2018.
El 04/06/2018 la Jueza identificada consignó escrito de contestación a la fundamentación de la apelación interpuesta por la delegada de la IGT y luego, en fecha 11/06/2018, esa representación consignó su contestación a la fundamentación del recurso introducido por la Jueza investigada.
En fecha 20/06/2018 se realizó la audiencia oral y pública programada y se dejó constancia de la presencia de la Jueza inquirida y la representación de la IGT.
Escuchadas las exposiciones de las partes, esta Corte acordó diferir la lectura del dispositivo para el séptimo (7°) día de despacho siguiente, acto que tuvo lugar el 03/07/2018.
Realizado el estudio de las actas que integran el expediente de la causa y analizados los alegatos expuestos en la audiencia oral, pasa esta Corte a resolver | ANTECEDENTES En fecha 08/06/2010 la IGT recibió el Oficio N° CJ-10-883 del 20/05/2010, suscrito por la Presidenta de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, en el que notificó la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo de la ciudadana Yolivey Flores Muñoz, Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Mérida.
En fecha 07/06/2010 la IGT ordenó abrir el expediente disciplinario identificándolo bajo el número 100198 y el 03/06/2011 acordó iniciar la investigación disciplinaria. El 30/03/2016 presentó ante la URDD de esta jurisdicción el correspondiente acto conclusivo en el que solicitó la imposición de la sanción de destitución, de
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Venezolano y la Jueza Venezolana, normativa aplicable al caso en razón de su vigencia temporal.
En idéntica data la URDD dio por recibido el expediente disciplinario. El 20/04/2016 la Oficina de Sustanciación acordó darle entrada; mediante auto del 03/05/2016 admitió la petición de sanción de destitución y ordenó la citación y notificaciones correspondientes, remitiendo el expediente al TDJ el 01/08/2017.
Verificado el procedimiento de primera instancia, el TDJ dictó decisión el 17/04/2018 mediante Sentencia N° TDJ-SD-2018-26.
Mediante diligencias de fecha 24/04/2018 tanto la Jueza investigada como la IGT recurrieron la referida Sentencia. Por auto del 30/04/2018 el TDJ oyó en ambos efectos sendos recursos y ordenó la remisión del expediente a esta Corte, de conformidad con el artículo 86 del Código de Ética.
II DEL FALLO APELADO El 17/04/2018 el TDJ dictó la Sentencia N° TDJ-SD-2018-26, en el proceso disciplinario seguido a la Jueza investiga, en la cual decretó lo siguiente:
"Primero: Se declara SIN LUGAR el alegato de la Jueza YOLIVEY FLORES MUÑOz referido a la solicitud de archivo de la presente causa.
Segundo: Se declara SIN LUGAR el alegato de la Jueza... referido a la solicitud de sobreseimiento por la prescripción de la acción disciplinaria...
Tercero: Se declara SIN LUGAR el alegato de la jueza... referido a la perención de la instancia por la falta de impuso (sic) de la Inspectoría General de Tribunales como titular de la acción disciplinaria.
Cuarto: Se DECLARA la responsabilidad disciplinaria a la ciudadana... por el hecho de decidir más allá de lo solicitado al pronunciarse sobre el fondo de la demanda en la decisión Código de Ética del Juez [Venezolano] y la Jueza Venezolana de 2009... por lo que se impone la sanción disciplinaria de DESTITUCIÓN.
Quinto: Se ABSUELVE de responsabilidad disciplinaria judicial a la ciudadana... por el hecho de ordenar la notificación de la parte demandada mediante la fijación de la boleta en la cartelera del Tribunal, cuando en autos constaba el domicilio procesal, en el cual se había practicado previamente su citación en la causa judicial 27.523... previsto en el 23 del artículo 33 del Código de Ética del Juez y la Jueza Venezolana de 2009...
Sexto: como consecuencia de la sanción disciplinaria de DESTITUCION determinada en el dispositivo Cuarto, se impone a la ciudadana.. la INHABILITACIÓN para el desempeño de funciones dentro del Sistema de Justicia por siete (7) años... tiempo que este Tribunal determina cumplido..." El a quo fundamentó su decisión en las siguientes consideraciones:
Bajo el epígrafe intitulado III. DECLARACIONES PREVIAS, el sentenciador se pronunció desestimando la solicitud de archivo de la causa con fundamento en el artículo 58 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana vigente desde el 06/08/2009, con base en los siguientes motivos: (i) imprecisión en cuanto a la duración de la investigación, toda vez que, a juicio del sentenciador, el legislador no estableció si se trataba de días, semanas, meses o años; (i) ausencia de regulación relativa al vencimiento del lapso para investigar en el procedimiento oral previsto en el Código de Procedimiento Civil (en lo sucesivo, CPC), normativa de aplicación supletoria y, (i) la Jueza investigada no realizó solicitud alguna a los fines del establecimiento de un plazo prudencial para la conclusión de la investigación, resultando inoficiosa tal solicitud una vez presentado el acto conclusivo, ello en aplicación supletoria del Código Orgánico Procesal Penal.
En cuanto a la solicitud de declaratoria prescripción alegada por la Jueza, el a quo desestimó tal pretensión, bajo el argumento de su interrupción por efecto del acto de inicio de la investigación por parte de la IGT.
Al respecto, estableció que el presunto hecho disciplinable se había concretado con la emisión del auto de fecha 26/06/2009 y que la investigación disciplinaria se había transcurrido los tres (3) años para que operara la prescripción, conforme a la previsión contenida en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura.
Por último, en el mismo inciso, discurrió sobre el alegato de la Jueza respecto a la perención de instancia por falta de impulso de la investigación, desestimando tal pretensión dado que, a su juicio, conforme a los artículos 313 y 314 del Código Orgánico Procesal Penal, el plazo para la realización de la investigación no es un lapso de perención de instancia sino un "... límite temporal a la investigación disciplinaria judicial llevada por la Inspectoría General de Tribunales, que permitiría al sujeto investigado solicitar el control de la investigación por haber vencido el lapso para su realización; no obstante tal posibilidad de solicitar el control, como fue detallado anteriormente, culminó al momento de ser presentado el acto conclusivo de acusación por la Inspectoría General de Tribunales..."
A renglón seguido, en la fundamentación del fallo recurrido, realizó pronunciamiento en cuanto a los ilícitos disciplinarios respecto de los cuales fue solicitada la imposición de sanción, en los términos que a continuación se explanan.
menoscabo a los derechos o garantías fundamentales en el marco de la tutela judicial efectiva..", ilícito imputado a la Jueza “...por decidir más allá de lo solicitado al pronunciarse sobre el fondo de la demanda en la decisión del recurso de apelación de la causa N° 27.831...", el juzgador precisó (i) que la Jueza se refirió alternativamente a la sentencia (interlocutoria) apelada como una repositoria y una definitiva; (ii que generó una consecuencia inadecuada al anular una decisión que produjo una reposición; (ii que se pronunció sobre el fondo de la controversia en aplicación errónea del artículo 209 del CPC, (iv) que contravino el debido proceso, el derecho a la defensa, y el principio de la doble instancia, al impedir a las partes disponer de una decisión definitiva en primera instancia.
Por otra parte, respecto a la fijación de la boleta en la cartelera del Tribunal en la causa N° 27.523, el TDJ decidió la absolución de la Jueza investigada, dado que tal actuación estuvo fundamentada en el principio de la autonomía judicial, al interpretar concatenadamente los artículos 174 y 233 del CPC.
Como consecuencia de la sanción de destitución, el TDJ impuso a la Jueza la inhabilitación para el desempeño de funciones en el Sistema de Justicia por siete (7)
suspendida del cargo desde el 20/05/2010, ello con ocasión del Oficio N° CJ883 suscrito por la Presidenta de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia.
III FUNDAMENTO DE LAS APELACIONES Mediante escrito presentado el 22/05/2018, la representación de la IGT fundamentó el recurso de apelación interpuesto el 24/04/2018, en los siguientes términos:
Delató que la recurrida adolecía del vicio de falso supuesto de hecho o error de derecho a la defensa de la demandada al ordenar su notificación mediante la publicación en la boleta en la cartelera del Tribunal, omitiendo en su análisis que en el expediente constaba el domicilio procesal.
señalar que la Jueza había actuado conforme al principio de autonomía judicial, obviando que ésta en un primer momento había ordenado citar a la demandada el 11/02/2008 en la dirección procesal aportada por la demandante, tal como consta en el expediente de la causa, y luego, mediante decisión de fecha 26/06/2009, había afirmado que el domicilio no constaba, razón por la que ordenó la fijación en cartelera de la cuestionada boleta.
Sobre la inhabilitación impuesta a la Jueza, señaló que el TDJ incurrió en error al señalar que la Jueza se encontraba suspendida sin goce de sueldo, cuando lo cierto era que se encontraba suspendida con goce de sueldo desde el 30/06/2010 en virtud de la reconsideración de la Comisión Judicial, equivocación que determinó que cuando lo correcto, a juicio de la recurrente, era computar el referido plazo a partir de la fecha en que adquiriera firmeza la sentencia.
Por su parte, la Jueza, a través de diligencia presentada el 30/05/2018, consignó su escrito de fundamentación de la apelación, en el cual expuso:
En cuanto a la declaratoria sin lugar relativa a la solicitud de archivo de las actuaciones, alegó la violación de "..los principios seguridad jurídica, expectativa plausible y de confianza legítima, así como a los derechos constitucionales a la .
igualdad, tutela judicial eficaz, defensa y debido proceso..." y del contenido de los artículos 3 y 6 del Código de Ética, violación que motivó bajo las siguientes consideraciones:
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la causa N° AP61-D-2013-000391, es decir, casi 8 años después que la IGT ordenara la apertura del procedimiento en su contra, lo cual contraviene la doctrina vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según la cual los criterios jurisprudenciales rigen pro futuro.
2) Que el TDJ erró en la interpretación del artículo 58 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, dado que la omisión del vocablo "días" obedece a un error material o de imprenta, y no a una laguna o vacío normativo como lo estimó el iudex a quo; incluso, contraviene lo establecido en la decisión N° 1.388 proferida el 17/10/2013 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ocasión de la solicitud de aclaratoria de la sentencia N° 516 de fecha 07/05/2013 dictada por la misma Sala.
Respecto a la solicitud de prescripción de la acción disciplinaria, declarada sin lugar por la recurrida, la Jueza expuso:
1) Que conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sala Político Administrativa del Alto Tribunal, el plazo para que opere la prescripción comienza a correr a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento del hecho presuntamente disciplinable (Vid. sentencia N° 1437 del 12/11/2008, reiterada en fallo N° 528 de fecha 17/05/2016).
2) Esgrimió que, en atención al criterio que precede y visto que la IGT consignó en fecha 01/07/2011 las resultas de las inspecciones practicadas, el lapso de tres (3) años para que operara la prescripción había vencido el 01/07/2014, de conformidad con el artículo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, en razón de lo cual debió ser declarada la prescripción de la acción disciplinaria con relación al ilícito disciplinario presuntamente verificado en el curso de la causa N° 27.523.
inmotivación, por cuanto la solicitud de declaratoria de prescripción de la acción disciplinaria no fue examinada en los términos expuestos, circunstancia que comporta la nulidad del fallo.
En cuanto a la solicitud de perención de la instancia, señaló que la recurrida está inficionada por inmotivación, con base en las siguientes consideraciones:
1) Que el expediente permaneció paralizado en el proceso de la investigación, sin actuación alguna, por más de cuatro (4) años, entre el 01/07/2011 y el 13/11/2015.
determinó su pronunciamiento respecto de la solicitud de archivo de actuaciones, alejándose de esta forma de los hechos expuestos en el escrito de descargo como fundamento de su pedimento.
3) En este sentido alegó, que la naturaleza jurídica de la institución procesal invocada "... fue instituida por el legislador para evitar que se eternizaran las causas por falta de impulso procesal de las partes en el lapso establecido por la ley....
4) Arguyó, que el TDJ tergiversó su alegato en cuanto a la duración de la investigación al referirse al contenido del artículo 58 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, obviando la referencia que ella hiciera al artículo 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y al encabezado del artículo 267 CPC.
Por último, respecto a la declaratoria de responsabilidad por la cual se le impuso la sanción disciplinaria de Destitución, señaló que el TDJ incurrió en un error al subsumir el hecho cuestionado en la causa N° 27.831 en el ilícito disciplinario "descuido injustificado", previsto en el numeral 23 del artículo 33 del Código de Ética, delación que sustentó con los siguientes razonamientos:
1) Que la decisión de fecha 22/02/2010 fue considerada como un acto de trámite, cuando realmente se trataba de la decisión definitiva en una causa y no de una o varias tramitaciones procedimentales.
2) Que el TDJ se apartó de la metodología de interpretación impuesta en el artículo 4 del Código Civil y del criterio expuesto por esta Corte en la decisión N° 2 de fecha 17/01/2013, relativa al contenido y alcance del supuesto ilícito disciplinario imputado.
3) Que a su juicio, los errores de juzgamiento no deben dar lugar a juicios disciplinarios contra los Jueces, en virtud que contra tales errores las partes pueden ejercer el control a través de los recursos legales y constitucionales pertinentes.
4) Que el hecho reprochado no constituye una conducta negativa o una actuación omisiva tal como como lo describe el supuesto bajo examen, sino que, por el contrario, el hecho que se reprocha constituye "...actividad volitiva causa en curso.
5) Por último, señaló que el TDJ omitió pronunciamiento sobre el exceso en que habría incurrido la IGT en la investigación, al desplegar su actuación sobre una causa en curso fuera del periodo inspeccionado, es decir, agregó como parte de la inspección una actuación que está fuera del ámbito temporal de su investigación.
IV CONTESTACIÓN DE LAS APELACIONES Mediante diligencia presentada el 04/06/2018, la Jueza investigada consignó escrito de contestación a la apelación de la IGT, en el que manifestó lo siguiente:
1) Sobre la insistencia de la IGT en reprochar el hecho ilícito presuntamente.
sobre el fondo acerca de las imputaciones hechas por la IGT..." si resultaba declarada la prescripción de la acción sobre el particular.
2) Igualmente, reiteró los alegatos que expuso en su escrito de fundamentación referidos al alcance y contenido del numeral 23 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana y a la subsunción en su hipótesis del hecho reprochado.
3) Al respecto, solicitó la revisión de la vigencia temporal de la norma de acuerdo al supuesto sancionatorio aplicable, conforme al principio de irretroactividad y de temporalidad, debiendo adecuarse al principio favorabilidad que alcanza a la Jueza acusada, en razón que la norma vigente para el momento del hecho imputado era la Ley de Carrera Judicial y no el referido Código.
4) Igualmente, acotó que no se debe confundir el domicilio civil con el domicilio procesal previsto en el artículo 174 del CPC, dado que el señalado en la causa N° 27.523 fue sólo a los efectos de practicar la citación del demandado, refiriendo en este sentido el contenido de la decisión "...N° 687, dictada bajo la ponencia del magistrado José M. Delgado Ocando el 7 de junio de 2000 (caso: Jack Viacava)..." de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
5) Por último, réplica que la postergación solicitada por la IGT del cómputo de siete (7) años por inhabilitación, es un derecho previsto en el artículo 26 del Código de Ética, "...dado que la misma fue impuesta de forma cautelar, y permaneció en el tiempo de forma injusta debido a la inercia de la IGT quien presentó Acusación a más de cuatro (4) años, desde que realizó la investigación..de manera que pretendiendo con la apelación indicar que se haga una vez firme la decisión que resuelva, no sólo hace más gravosa mi situación, sino que violenta abiertamente mi condición de trabajadora..." Por su parte la representación de la IGT, mediante escrito de fecha 11/06/2018, consignó escrito de contestación, en el cual expuso:
investigación, por lo que no puede posteriormente solicitar su nulidad.
2) Contrario a lo expuesto por la Jueza, el TDJ fundamento su solicitud de prescripción de la acción disciplinaria y de perención de la instancia, pues aplicó criterio sostenido por el TDJ y la CDJ.
3) La sentencia recurrida no adolece del vicio delatado por la Jueza, con respecto a la declaración de descuidos injustificados, dado que quedó
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negligente sin que medie justa causa que excuse tal omisión...", criterio sostenido por el TDJ, la CDJ y la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, sobre el mencionado supuesto.
V DE LA COMPETENCIA
para conocer el asunto sometido a su consideración y, al respecto, observa:
El artículo 37 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 extraordinaria del 28 de diciembre de 2015, establece la competencia de la Corte Disciplinaria Judicial para conocer las apelaciones interpuestas contra las decisiones dictadas por el TDJ, ya sean interlocutorias o definitivas, en los términos que a continuación se transcriben:
"Artículo 37. Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra decisiones del Tribunal Disciplinario Judicial, ya sean interlocutorias o definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y el resto de la normativa que guarde relación con la idoneidad judicial y el desempeño del juez venezolano y jueza venezolana".
que permite a esta Alzada verificar que, efectivamente, se trata de una apelación contra la sentencia definitiva dictada por el TDJ, razón por la cual esta Corte declara su competencia para conocer el presente asunto. Así se decide.
VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Establecida como ha sido la competencia de esta Corte, analizadas las actas que cursan en el expediente y considerados los alegatos expuestos por las partes en el epígrafe identificado III. DECLARACIONES PREVIAS, con vista a los alegatos esgrimidos en la fundamentación de la apelación por la Jueza recurrente, toda vez que los mismos están dirigidos al cuestionamiento del proceso cumplido en la investigación administrativa disciplinaria que dio lugar al procedimiento disciplinario judicial y que pudieran resultar determinantes en la decisión de la presente causa.
Observa esta Corte que la Jueza sometida a procedimiento, tanto en la fundamentación de su apelación como en el escrito de descargos presentado en fecha 13/10/2016 ante la primera instancia disciplinaria, solicitó con carácter previo para su consideración, que se decretara el archivo de las actuaciones visto el vencimiento del lapso previsto por el legislador para el cumplimiento de la actividad investigativa.
En este sentido, agregó, que en fecha 07/06/2010 la IGT ordenó abrir el expediente y el 01/07/2011 fueron agregadas al expediente administrativo las actas de las inspecciones realizadas, siendo ésta la última actuación cumplida en el proceso de investigación.
Arguyó, igualmente, que el acto conclusivo de acusación fue emitido en fecha 13/11/2015, sin que se hubiera producido ningún tipo de actuación por parte del órgano investigador en el período comprendido entre el 01/07/2011 y el 13/11/2015 ni constara en autos alguna prórroga o justificación del retardo, lo que en definitiva determinó una paralización durante un plazo superior a los cuatro (4) años.
Por su parte, la IGT en el escrito de contestación a la apelación refutó el argumento que precede y manifestó que la Jueza ha debido solicitar al TDJ el establecimiento de un plazo para concluir la investigación y no lo hizo, por lo que tal omisión determinaba la imposibilidad de impugnar el acto conclusivo ya dictado.
En este orden de ideas adujo, en la oportunidad de celebración de la audiencia oral y pública, que para el momento en que se realizó la investigación no existía ningún reglamento interno que estableciera procedimiento alguno ni plazo para el cumplimiento de la actividad investigativa; agregó, que los cambios operados en la designación del Inspector General habían provocado el retardo en la emisión del acto conclusivo, vista la copiosa cantidad de jueces sometidos a procedimiento disciplinario.
Sostuvo, que si bien la IGT asumir su retardo, la jueza investigada no podía insistir en el alegato bajo examen, por cuanto no obstante estar suspendida con goce de sueldo, no había diligenciado oportunamente para impulsar la investigación, solicitar el establecimiento de un plazo para su culminación y para la presentación del acto conclusivo correspondiente.
Sobre el particular el TDJ, en la decisión de fecha 17/04/2018, declaró sin lugar la cuanto a la duración de la investigación, al no establecer si se trataba de días, semanas, meses o años; (i) ausencia de regulación en el procedimiento oral previsto en el CPC, normativa de aplicación supletoria y, (i) la Jueza investigada no realizó solicitud alguna a los fines del establecimiento de un plazo prudencial para la conclusión de la investigación, resultando inoficiosa tal solicitud una vez presentado el acto conclusivo, todo ello en aplicación supletoria del Código Orgánico Procesal Penal.
Dadas las circunstancias señaladas, repara esta Alzada en que el quid iuris objeto de consideración se circunscribe a la determinación preliminar de los efectos del investigación adelantada por el órgano competente.
Como premisa del examen que de seguidas corresponde, no puede obviar este juzgador, que el iudex a quo, en orden a la consideración de los efectos del vencimiento del plazo previsto legalmente para la realización y culminación de la investigación, extremo delatado por la Jueza recurrente, obvió la aplicación de la investigación.
En este sentido, bajo la premisa doctrinaria y jurisprudencial pacíficamente reiterada' por todas las Salas de nuestro Máximo Tribunal, debe esta Corte asentar que las normas adjetivas o de procedimiento tienen aplicación a partir del momento de su entrada en vigencia.
En este sentido, aun cuando la eficacia temporal de la norma procesal pudiera dar lugar a un debate jurídico en tanto y en cuanto constituye materia de orden público, su aplicación a los hechos debe respetar la validez y los efectos producidos por la aplicación de la norma adjetiva derogada.
En consecuencia, la nueva norma adjetiva que entra en vigor modificaría los trámites futuros de un procedimiento en curso, pero en ningún caso podría afectar la validez y efectos de los trámites procedimentales ya consumados, ello en razón de la máxima doctrina del Principio tempus regir actúa. Se reitera, modifica los actos futuros de un procedimiento en curso, pero no afecta la validez y efectos del trámite procedimental definitivamente consumado, éste último se regirá en cuanto a sus efectos y consecuencias por la ley vigente al momento de su formación.
Advierte así esta Alzada, que el sentenciador disciplinario de primera instancia en su análisis se circunscribió al Código de Ética 2009, normativa que había sido derogada por el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 de fecha 23/08/2010, soslayando además que esta última normativa estuvo suspendida parcialmente por una medida cautelar dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante la Sentencia N° 516 de fecha 07/05/2013.
Igualmente se destaca, que el iudex a quo obvió el contenido de la Aclaratoria de la sentencia en referencia, inserto en la decisión N° 1.388 de fecha 17/10/2013, dictada por la misma Sala del Alto Tribunal a solicitud de esta jurisdicción disciplinaria, en la artículo 58 del Código durará diez (10) días hábiles contados a partir de la apertura partir del auto de apertura de la investigación para que ésta concluya también es un mecanismo de control, pues finalizado dicho acto obliga a impulsar la sanción, a solicitar el archivo de las actuaciones o a solicitar el sobreseimiento en los términos descritos."
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En orden al razonamiento que precede resulta forzoso concluir, que si bien existía una vacío legal en el dispositivo contenido en el artículo 58 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, al señalar al respecto un "..lapso de diez hábiles contados a partir de la apertura de la investigación...", tal omisión resultó colmada con la interpretación contenida en las mencionadas decisiones, por lo que el TDJ en aplicación de la misma disposición, vencido dicho plazo “...[debió] decidir decretar el sobreseimiento de la investigación y ordenar el archivo de las actuaciones.".
Ahora bien, de la lectura de la sentencia recurrida emerge que el a quo omitió: (i) considerar el contenido de la decisión N° 1.388 de fecha 17/10/2013 de la Sala Constitucional, sobre la Aclaratoria que hiciera con ocasión del contenido del artículo 58 del Código de Ética y (ii valorar el contenido de la solicitud efectuada por la Jueza sobre la duración de la investigación, dado que la duración de la misma tenía un plazo definido en "días".
Sobre el control de la investigación, esta Corte no puede dejar de señalar que, hasta el momento de publicación de las decisiones mencionadas que suspendieron parcialmente algunos artículos del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, las potestades de investigación correspondían a este órgano disciplinario judicial a través de su Oficina de Sustanciación y el TDJ tenía la competencia y debía ejercer el control de la investigación.
Luego, en acatamiento de las decisiones antes dichas, tal facultad de control de la investigación fue atribuida como competencia de la IGT, por lo que conforme al diseño procesal previsto y al mecanismo de control en él inserto, debió activarse el ejercicio de la competencia de control de la investigación una vez constatado el vencimiento del plazo de su duración y vistas tanto la omisión de actuación alguna.
por parte de la Jueza en el procedimiento de investigación una vez consignadas en el expediente las actas de inspección, como la ausencia de alguna solicitud de En este sentido, se insiste, no puede dejar de significar esta Alzada en su análisis la omisión que del control de la investigación tuvo la IGT, ya que a partir de la Sentencia N° 516 del 07/05/2013 y su Aclaratoria mediante la Sentencia N° 1.388 de fecha 17/10/2013, tal competencia le fue atribuida y se estableció el vencimiento del plazo y sus efectos como mecanismo de control de la investigación en el diseño procesal previsto por el legislador, por lo que resulta absolutamente contrario a derecho colocar la carga del control de la investigación en cabeza del Juez sometido a proceso disciplinario, tal como lo manifestó la IGT tanto en su contestación a la apelación como en los alegatos proferidos en la audiencia oral y pública.
Reiteran así, quienes aquí deciden, que el Principio de integralidad de la tutela judicial tiene plena vigencia para todas las actuaciones judiciales y administrativas, por lo que no puede admitirse una omisión o actuación arbitraria de los órganos administrativos que mantenga en inseguridad jurídica latente a los funcionarios sometidos a investigación y, mucho menos, ante la omisión del ejercicio de su competencia, pretender que sean los jueces sometidos a procedimiento quienes controlen la investigación, ya que tal actividad sólo puede ser realizada por los órganos legalmente competentes, más aún en casos como el presente en que la IGT inició de oficio la investigación, lo que le impone una actuación ajustada a la ley y al derecho. (Vid. Artículo 141 de la Constitución de la República de Venezuela).
Conforme a lo expuesto, esta Corte estima que el TDJ no debió haber desechado el argumento de la Jueza en la oportunidad en que valoró su escrito de descargo, dado que como bien señala la decisión de la Sala Constitucional, ya identificada, el control momento en que se delató o se solicitó el control de la investigación el a quo debió pronunciarse, no solo por la oportunidad, sino porque el acto conclusivo de fecha 13/11/2015 no escapa del control jurisdiccional de este Órgano Jurisdiccional.
En tal sentido, esta Corte a los fines de precisar en el tiempo las actuaciones realizadas en el curso de la investigación llevada por la IGT en el presente caso, pasa a detallar lo siguiente:
1. Acto que ordena la apertura del expediente administrativo N° 100198. (f.2 p.1) 2. Acto de Inicio de la Investigación fue el 03/06/2011. (f. 3 p. 1) 3. Acta de Inspección Integral 1 del 06/06/2011. (f. 12 al 14 p.1) 4. Acta de notificación de fecha 07/06/2011. (f. 9 p.1)
5. Acta de Inspección Integral 2 del 07/06/2011. (f.15 al 17 p.1) 6. Acta de Inspección Integral 3 de fecha 08/06/2011. (f. 18 al 21 p.1) 7. Acta de fecha 08/06/2011, solicitando información sobre los Recursos de Amparo Constitucional al Juzgado Superior Primero. (f. 34 y 35 p.1) 8. Acta del 08/06/2011, solicitando información sobre los Recursos de Amparo Constitucional al Juzgado Superior Segundo. (f. 36 y 37 p.1) 9. Acta de fecha 09/06/2011, solicitando revisión de expedientes en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Mérida. (f. 38 y 39 p.1) 10. Acta de Inspección Integral 4 de fecha 09/06/2011. (f. 22 al 29 p.1)
asignado a la Jueza acusada. (f. 40 y 41 p.1)
12.Acta de Inspección Integral 5 de fecha 13/06/2011. (f. 30 al 33 p.1)
13.Acta de incorporación de los documentos de investigación de fecha 01/07/2011. (f. 8 p.1) 14. Acto conclusivo de la IGT del 13/11/2015. (f. 170 p. 6)
15.Presentación del Acto Conclusivo y del expediente disciplinario por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos el 30/03/2016. (f. 183 p.6)
Vista la cronología que antecede, debe resaltar esta Corte que la notificación realizada a la Jueza acusada con ocasión del inicio del procedimiento estableció que, una vez concluida la investigación, tendría la oportunidad de presentar los alegatos de defensa pertinentes. Sin embargo, no cursa en autos notificación alguna investigación ni sobre la oportunidad en la que debería presentar sus alegatos de defensa.
Aun cuando en la última de las inspecciones se advierte una mención atribuida a la Jueza en el sentido de que oportunamente consignaría su escrito de descargo, no se evidencia en autos actuación alguna por parte del órgano investigador atribuyendo algún efecto a la omisión en el cumplimiento de tal carga, así como tampoco se evidencia alguna actividad del órgano investigador dirigida a establecer un límite temporal para su cumplimiento, o actuación alguna que determine una prórroga de la investigación o su conclusión.
En este orden de ideas, solo se advierten en autos las actas de las inspecciones investigador una vez realizada la última de las inspecciones; solo se evidencia la Jurisdicción el día 30/03/2016.
Los particulares narrados patentizan a esta Alzada, que desde el inicio de la investigación (03/06/2011) hasta la fecha de elaboración del acto conclusivo (13/11/2015), transcurrieron cuatro (4) años, cinco (5) meses y diez (10) días, período que excede con creces el plazo en que debía realizarse la investigación, conforme a lo establecido en el artículo 58 del Código de Ética.
Así las cosas, debe entenderse que el establecimiento de un plazo para la duración de la investigación, constituye un mecanismo de tutela no solo del debido proceso, garantizados a los intervinientes en el proceso, con lo cual la parte que pudiera resultar afectada por una duración extendida e irracional de un determinado plazo, puede instar su control, en virtud que dicha duración no puede transgredir la tutela judicial de jerarquía Constitucional, en lo referente a la celeridad procesal y al lapso determinado legalmente para la conclusión de la investigación.
En tal sentido, el TDJ, en su carácter de órgano de control de la investigación debió valorar la solicitud que con relación al alegato bajo examen realizó oportunamente y con carácter preliminar la Jueza investigada, a los fines de producir el pronunciamiento que, en el contexto del supuesto invocado, estableció el Legislador;
es decir, conforme al artículo 58 ejusdem, debió declarar el sobreseimiento de la investigación y el archivo de las actuaciones.
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Conforme al razonamiento que precede, esta Corte advierte que el a quo incurrió en un error de juzgamiento por errónea interpretación del derecho, dado que al pronunciarse sobre el alcance del artículo 58 del Código de Ética, omitió el contenido de la Sentencia N° 516 del 7/05/2013 y su Aclaratoria contenida en la decisión N° 1.388 de fecha 17/10/2013, dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto para la fecha en que dictó su decisión ya se había establecido que el vocablo "... días ..." era el que debía entenderse inserto el consecuencia, debió haberse pronunciado sobre el alegato referido al archivo de las actuaciones formulado por la Jueza, considerando el efecto jurídico del vencimiento de dicho plazo, cual es decretar el sobreseimiento y ordenar el archivo de las actuaciones.
En el presente caso la investigación fue iniciada por la IGT el 03/06/2011, sin embargo, entre el 01/07/2011 y el 13/11/2015 no hubo actuación investigativa alguna en el expediente N° 100198, ni tampoco hubo algún acto motivado que explicara la inacción de la IGT antes de la emisión de su acto conclusivo que diera mérito a tal paralización, por lo que esta Alzada considera que ha operado la consecuencia jurídica contemplada en el artículo 58 del Código de Ética y por lo tanto declara el sobreseimiento de la investigación y ordena el archivo de las actuaciones. Así se decide.
Por último, visto que en el fallo apelado esta Corte observó la vulneración de interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declara la nulidad de la sentencia del Tribunal Disciplinario Judicial N° TDJ- SD-2018-26 dictada en fecha 17/04/2018. Así se decide.
VII DECISIÓN Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley:
1. Declara su COMPETENCIA para conocer los recursos de apelación interpuestos en fecha 24/04/2018, por las ciudadanas Yolivey Flores Muñoz, portadora de la cédula de identidad N° 11.461.882, en su condición de Jueza Titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, y Soraya Montero Pardo, portadora de la cédula de identidad N° 5.803.896, actuando por delegación de la Inspectoría General de Tribunales, contra la sentencia N° irregularidades cometidas por la Jueza durante el desempeño del cargo.
Declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 2.
24/04/2018, por la ciudadana YOLIVEY FLORES MUÑOZ, portadora de la cédula de identidad N° 11.461.882, en su condición de Jueza Titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, contra la sentencia N° TDJ-SD- 2018-26 dictada por el TDJ en fecha 17/04/2018, mediante la cual se declaró su responsabilidad disciplinaria, por las presuntas irregularidades cometidas durante el desempeño del cargo.
ANULA la Sentencia N° TDJ-SD-2018-26 dictada por el TDJ en fecha 17/04/2018.
3.
Declara el SOBRESEIMIENTO de la investigación y ordena el ARCHIVO de las 4.
actuaciones, de conformidad con el articulo 58 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana normativa vigente ratione temporis.
LEVANTA la medida de suspensión del ejercicio del cargo sin goce de 5.
sueldo decretada por la Comisión Judicial el 20 de mayo de 2010, reconsiderada por la misma Comisión Judicial e impuesta como suspensión del ejercicio del cargo con goce de sueldo en el mes de agosto de 2010.
6. ORDENA la reincorporación de la ciudadana Yolivey Flores Muñoz al cargo de Jueza Titular de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, o a un cargo de similar jerarquía.
Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de' la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas, a los einties(23) días del mes de julio de 2018.
Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación.
EL JUEZ PRESIDENTE,
TULIO IMÉNEZ RODRÍGUEZ
hue ANA CECILIAZULUETA RODRÍGUEZ
LA JUEZA VICEPRESIDENTA,
MERLY JAQUELINE MORALES HERNÁNDEZ LA SECRETARIA (E),
CARMEN CARREÑO
Exp. AP61-R-2018-000005
Hoy lunes, veintitres (23) de julio del año dos mil dieciocho (2018), siendo Ja 03:40 p.m., se publicó la anterior decisión bajo el N° 39.
La Secretaria (E),
CARMEN CARREÑO
Quien suscribe, CARMEN CARREÑO, Secretaria Encargada de la Corte Disciplinaria Judicial, conforme al artículo 112 del Código de Procedimiento Civil, certifica: Que las copias fotostáticas que anteceden son fieles y exactas de la decisión N° 39, publicada en fecha 23 de julio de 2018, dictada por esta Corte Disciplinaria Judicial; cursantes a los folios trece (13) al folio veintitres (23), con sus respectivos vueltos, del expediente número AP61-R-2018-000005, de la pieza número siete (07), nomenclatura de esta Instancia Judicial.
Certificación que se expide a los veinticinco (25) días del mes de julio de 2018.- La Secretaria (E),
CARMEN CARREÑO
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DEFENSA PÚBLICA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
N° DDPG-2018-435 Caracas, 18 de junio de 2018 159°, 208° y 19° La DefensOra Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que al ciudadano JOSÉ LUÍs USECHE PARRA, titular de la cédula de identidad N° V-5.685.640, fue removido del cargo Director de Derecho Civil, Agrario, Laboral y Contencioso Administrativo, adscrito a la Dirección Nacional de Actuación Procesal de la Defensa Pública, mediante Resolución N° DDPG-2018-333, de fecha 27 de abril de· 2018, siendo notificado de la decisión antes referida en fecha 11 de mayo de 2018.
CONSIDERANDO Que el ciudadano antes referido se encontraba en situación de disponibilidad, a los fines de dar cumplimiento a las gestiones reubicatorias, al haberse evidenciado que ocupó dentro de la Administración Pública, un cargo calificado o considerado como de carrera y, que tales trámites resultaron infructuosos.
RESUELVE
PRIMERO: RETIRAR al ciudadanO JOSÉ LUÍS USECHE PARRA, titular de la cédula de identidad N° V-5.685.640, de la Defensa Pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa, a partir del doce (12) de junio de 2018.
SEGunDo: Notificar por órgano de la Dirección Nacional de Recursos Humanos de la Defensa Publica, al ciudadano antes identificado, del contenido de la presente resolución, con la expresa indicación del Recurso Jurisdiccional que procede contra la misma, el Tribunal por ante el cual podrá interponerlo, y el término para su presentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
TERCERo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, sellada y firmada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese, DRA, SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada megiante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
KDEVENSORN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Nº° DDPG-2018-441 Caracas, 25 de junio de 2018 159°, 208° y 19° La DefenSora Pública General, DRA. SUSANA BARREIRoS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República: Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que corresponde a la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de este Órgano Constitucional.
CONSIDERANDO Que en la Resolución N° DDPG-2017-193 de fecha 16 de mayo de 2017, la ciudadana YELITZÀ ALEXANDRA PALACIOS AMAYA, titular de la céduIa de identidad N° V-12.912.703 fue designada como Jefa del Despacho, en condición de Encargada, adscrita a la Unidad de Auditoria Interna, y que tal nombramiento fue dictado y materializado en su momento, por la sola voluntad unilateral de la Máxima Autoridad de este Órgano Constitucional, competente para ello.
RESUELVE PRIMERo: CESAR, a partir de ia fecha de notificación del presente acto administrativo, la encargaduría contenida en la Resolución N° DDPG-2017-193 de fecha 16 de mayo c:e 2017, mediante la cual se designó a la ciudadana YELITZA ALEXANDRA PALACICS AMAYA, titular de la cédula de identidad N° V-12.912.703, como Jefa de Despacho, en condición de Encargada, adscrita a la Unidad de Auditoria Interna.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, sellada y firmada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíguese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana. de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 27 de abril de 2018 Nº DDPG-2018-336 159°, 208° y 19° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° v-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.
CONSIDERANDO Que la Máxima Autoridad de la Defensa Pública, otorgó al ciudadano MIGUEL ÁNGEL MENDOZA RIVAS, titular de la cédula de identidad N° V- 14.890.461, quien se desempeña como Jefe de División de Eventos, adscrito a la Dirección Nacional de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales, Comisión de Servicio, a partir del 08 de febrero de 2018.
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RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR al CiUdadanO OSCAR ALBERTO TORRES ALBARRAN, titular de la cédula de identidad N° V-16.226.979, como Jefe de la División de Eventos, adscrito a la Dirección Nacional de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales en condición de Suplente.
La presente designación surtirá efectos a partir del 08 de febrero 2018, hasta la reincorporación efectiva del mencionado ciudadano, período en el cual deberá reconocerle al ciudadano aquí nombrado, todos los beneficios e incidencias laborales propios del cargo de Jefe de la División de Eventos.
S SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publiíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asambiea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vénezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Caracas, 07 de mayo de 2018 N° DDPG-2018-373 159°, 208° y 19°
La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana KENGELY ABIGAIL PEÑALOZA DUARTE, titular de la cédula de identidad N° V-18.829.681, Analista Profesional I, como Jefe de la División de Contabilidad, de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, adscrita a la Dirección Nacional de Administración, en condición de Encargada, a partir de la fecha de su notificación.
sEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado-en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de \enezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Caracas, 22 de mayo de 2018 N° DDPG-2018-393 159°, 208° y 19°
La DefenSora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem,
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR al CiUdadanO JULIO EDNEIL MORENO GONzÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.345.141, Analista Profesional II, como Jefe de la División de Telecomunicaciones y Redes, adscrito a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información, en condición de Encargado, a partir de la fecha de su notificación.
sEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuereo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Caracas, 22 de mayo de 2018 N° DDPG-2018-394 159°, 208° y 19o
La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
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CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR al CiUdadanO PASTOR ANTONIO GUERRA LOPEZ, titular de la cédula de identidad N° V-6.922.363, Analista Profesional I, como Jefe de la División de Proyectos e Innovaciones Tecnológicas, adscrito a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información, en condición de Encargado, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asambtea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
N° DDPG-2018-395 Caracas, 22 de mayo de 2018 159°, 208° y 19° La DefenSora Pública General, DRA. SUSANA BARREIRoS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem,
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana ANYEL CRISTAL BRAFFILTTE vERA, titular de la cédula de identidad N° V-16.264.079, Analista Profesional I, como Jefa de la División de Soporte Técnico, adscrita a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información, en condición de Encargada, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado er la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de-Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2018-437 Caracas, 18 de junio de 2018 159°, 208° y 19° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.
CONSIDERANDO Que el ciudadanO WADIN CONCEPCIÓN BARRIOS PIÑANGO, titular de la cédula de identidad N° V-14.519.784, quien se desempeña como Jefe de la División de Procedimientos Administrativos y Judiciales, adscrito a la Consultoría Jurídica, en condición de Encargado, comenzó a disfrutar del periodo vacacional a partir del 10 de abril de 2018.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana ADRIANA JOSELIN REQUENA DURAN, titular de la cédula de identidad N° V-16.362.269, como Jefa de la División de Procedimientos Administrativos y Judiciales, en condición de Suplente. La presente designación surtirá efectos a partir del 10 de abril 2018, hasta la reincorporación efectiva del mencionado ciudadano, período en el cual deberá reconocerle a la ciudadana aquí nombrada, todos los beneficios e incidencias laborales propios del cargo de Jefa de la División de Procedimientos Administrativos y Judiciales.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, DRA, SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Désignaia-mediante Acuerdo de la Asambiea Nacional, de fecha 10 de diciembre de,2925, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vesiezela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Nº DDPG-2018-443 Caracas, 02 de julio de 2018 159°, 208° y 19° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem,
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
página original (tal como se publicó)

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CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana LILIANA COROMOTO GARANTóN, titular de la cédula de identidad N° v-9.299.905, como Defensora Pública Auxiliar Trigésima Cuarta (34°) con competencia en materia Penal Ordinario en fase de Ejecución, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del área metropolitana de Caracas, extensión Centro, a partir de la fecha de su notificación.
sEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publigado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Nº DDPG-2018-461 Caracas, 02 de julio de 2018 159°, 208° y 190 La DefenSOra Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem,
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR al CiUdadanO LUIS BELTRAN FUENTES GONzÁLEz, titular de la cédula de identidad N° V-8.393.744, Defensor Público Provisorio Tercero (3°) con competencia en materia Penal Ordinario, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Nueva Esparta, como Coordinador de esa Unidad Regional, en condición de Encargado, a partir de la fecha de notificación.
SEGunpo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo dela Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
N° DDPG-2018-462 Caracas, 02 de julio de 2018 159°, 208° y 19° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem,
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR al CiUdadanO WILLY ALEXANDER MEDINA MONToYA, titular de la cédula de identidad N° V-18.419.508, Defensor Público Provisorio Tercero (3°) con competencia en materia Especial de Delitos de Violencia contra la Mujer, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Táchira, como Coordinador de esa Unidad Regional, en condición de Encargado, a partir de la fecha de notificación.
sEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 04 de julio de 2018 Nº DDPG-2018-465 159º, 208° y 19o La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem,
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
página original (tal como se publicó)

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CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal que ocupará cargos de libre nombramiento y remoción en este Órgano Constitucional.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana BLANCA DEL CARMEN PACHECO CRESP0, titular de !a cédula de identidad N° V-11.921.060, Inspectora de Disciplina, como Directora de Administración de Personal, adscrita a la Dirección Nacional de Recursos Humanos, en condición de Encargada, a partir de la fecha de su notificación.
sEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuergo de la Asarrblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Nº DDPG-2018-456 Caracas, 02 de julio de 2018 159°, 208° y 19° La DefensOra Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem,
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado-del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana SORAIMA ROSA PEREZ DE DE ACEVED0, titular de la cédula de identidad N° V-8.279.391, como Defensora Pública Provisoria Décima Tercera (13°) con competencia en materia Especial de Delitos contra la Mujer, adscrita a la Unidad Regionai de la Defensa Pública del área metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de u notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA/BARREIROS RODRIGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, pusticado en la Gaceta Oficial de la República Dolivariana de Venezuela Mª 40.807. de fecha 10 de diciembre de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Nº DDPG-2018-475 Caracas, 17 de julio de 2018 159°, 208° y 19o° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem,
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana SUELKYS SIKIHU RODRÍGUEZ VALERA, titular de la cédula de identidad N° V-14.219.239, como Defensora Pública Auxiliar Primera (1°) con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Apure, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquesey Publíquese
DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DEFEÑŠORA PÚBLICA GENERAL Designada rediante Acuérgo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 diciembre de 2015, pubicado e la Gaceta Oficial de la República Bolivaaña de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Nº DDPG-2018-476 Caracas, 17 de julio de 2018 159°, 208° y 19° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° v-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado cel personal de la Defensa Pública.
página original (tal como se publicó)

Página 45
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana ANGELA XIOMARA SUÁREZ JIMÉNEZ, titular de la cédula de identidad N° V-20.011.275, como Defensora Pública Auxiliar Segunda (2°) con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Barinas, a partir de :a fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publiquése, DRA. SUSAÑA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana-ee-Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Nº DDPG-2018-477 Caracas, 17 de julio de 2018 159°, 208° y 190 La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem,
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR al CiUdadanO YONATHAN ALBERTO JAIMES VILLAMIzAR, titular de la cédula de identidad N° v-14.504.690, como Defensor Público Auxiliar Tercero (3°) con competencia en materia Penal Ordinario, en fase de Ejecución, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Barinas, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DEFEÑSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de didembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Nº DDPG-2018-478 Caracas, 17 de julio de 2018 159°, 208° y 19° La DefensOra Pública General, DRA. SUSANA BARREIRoS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacionai, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem,
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR al CiUdadanO JOSE ALI MONTECANO LA CRUZ HERNANDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-16.958.119, como Defensor Público Auxiliar Quinto (5°) con competencia en materia Penal Ordinario, en fase de Ejecución, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Barinas, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publiqueşe, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSORAPÚBLICA GENERAL Pesignada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 cadiciembre de 2015/ publicadoen la Gaceta Oficial de la República Bolivariapa de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Caracas, 17 de julio de 2018 Nº DDPG-2018-479 159°, 208° y 19°
La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem,
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, llascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
página original (tal como se publicó)

Página 46
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana YENIFER DEL CARMEN RAMIREZ NARVAEz, titular de la cédula de identidad N° V-16.934.277, como Defensora Pública Auxiliar Décima Segunda (12°) con competencia en materia Penal Ordinario, en fase de Ejecución, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Barinas, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFEÑSORA PÚBLICA GENERAL Designda mediante Acuerdo de a Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado èn la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Nº DDPG-2018-480 Caracas, 17 de julio de 2018 159°, 208° y 19° La DefenSOra Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem,
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR al CiUdadanO VICTOR RAFAEL RIVAS TREJO, titular de la cédula de identidad N° V-14.662.899, como Defensor Público Auxiliar Primero (1°) con competencia en materia Especial de Delitos de Violencia contra la Mujer, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Barinas, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese;
DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSÓRA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivararia de Venezuela-N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Nº DDPG-2018-481 Caracas, 17 de julio de 2018 159°, 208° y 19° La DefenSora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem,
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la ciUdadana DAYANA KATERINE OVIEDO, titular de la cédula de identidad N° v-20.011.427, como Defensora Pública Auxiliar Segunda (2°) con competencia en materia Agraria, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Barinas, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíqueşe, DRA, SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DÊFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de ja Asamblea Nacional, de fecha 10e-diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariaria de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Nº DDPG-2018-482 Caracas, 17 de julio de 2018 159°, 208° y 19° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem,
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
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CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana JUDEX Y DEL VALLE RIVERO RONDON, titular de la cédula de identidad N° V-14.549.639, como Defensora Pública Auxiliar Primera (1°) con competencia en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Barinas, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publiquése, ORA. SUSAÑA BARREIROS RODRIGUEZ DEFENSORÁ PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 dedíciembre de 2915, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana-de-Verezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2018-483 Caracas, 17 de julio de 2018 159°, 208° y 190 La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem,
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado cel personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana BEATRIZ COROMOTO FERNANDEZ SALOM, titular de la cédula de identidad N° V-7.786.174, como Defensora Pública Provisoria Trigésima Cuarta (34°) con competencia en materia Penal Ordinario e Indígena en fase de Ejecución, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Zulia, a partir de la fecha de su notificación.
sEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese;
DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 e'diciembre de 2015, publicado en/la Gaceta Oficial de la República Bolivaxiana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
N° DDPG-2018-485 Caracas, 17 de julio de 2018 159°, 208° y 19° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° v-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem,
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana IRAKNIA DANIELA RUIZ SULBARAN, titular de la cédula de identidad N° V-18.580.323, como Defensora Pública Auxiliar. Primera (1°) con competencia en materia Contencioso-Administrativo, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Sucre, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publígueşe, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Desasnada mediante Acuerdo de la Asambiea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Veriezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
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N° DDPG-2018-486 Caracas, 17 de julio de 2018 159°, 208° y 19° La DefensOra Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem,
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
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CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana ANDREA DEL VALLE FUENTES GUTIÉRREz, titular de la cédula de identidad N° V-19.081.228, como Defensora Pública Auxiliar Segunda (2°) con competencia en materia Contencioso-Administrativo, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Sucre, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíqueşé, DRA SUSAÑA BARREIROS RODRIGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo,e la Asamblea Nacional, de fecha 10 de dicienabre de 2015, publicado-en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
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Caracas, 17 de julio de 2018 Nº DDPG-2018-487 159°, 208° y 19°
La DefensOra Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem,
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana LUCILA DEL CARMEN RENGIFO, titular de la cédula de identidad N° V-17.532.238, como Defensora Pública Auxiliar Décima Sexta (16°) con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Bolivariano de Miranda, a partir de la fecha de su notificación.
sEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publiquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Aguerdo de (a Asambiea Nacional, de fecha 10 de diciémbre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana®de-Menezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Caracas, 17 de julio de 2018 Nº DDPG-2018-489 159°, 208° y 19°
La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem,
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado c'el personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a Ia CiUdadana LUZ MARINA CAMPOS SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.453.241, como Defensora Pública Auxiliar Septuagésima (70°) con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del área metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Pubjiqúęse;
DRA. SUSAÑA BARREIROS RODRIGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana:de Vpezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
N° DDPG-2018-490 Caracas, 17 de julio de 2018 159°, 208° y 19° La DefensOra Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, llascenso v traslado del personal de la Defensa Pública.
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CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana SANDRA VANESSA VIASUS PÉREZ, titular de la cédula de identidad N° V-18.933.314, como Defensora Pública Auxiliar Septuagésima Novena (79°) con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del área metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su notificación.
sEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese yPubliquèse, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de-la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Caracas, 17 de julio de 2018 N° DDPG-2018-491 159°, 208° y190
La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIRoS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem,
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana ALEXANDRA YAKELIN DELGADO CHACIN, titular de la cédula de identidad N° V-19.337.905, como Defensora Pública Provisoria Primera (1°) con competencia en materia Especial de Delitos de Violencia contra la Mujer, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Carabobo, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, DRA SÚSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha e diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivagiaina de Veaezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Caracas, 17 de julio de 2018 N° DDPG-2018-492 159°, 208° y 19°
La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem,
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR al CiUdadanO CARLOS RAMON VIDAL JUÁREZ, titular de la cédula de identidad N° V-19.222.354, como Defensor Público Provisorio Segundo (2°) con competencia en materia Agraria, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Guárico, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publiquese;
DRA SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 e diciembre de 2915, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivanaga.de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2018-493 Caracas, 17 de julio de 2018 1590, 208° y 19° La DefenSora Pública General, DRA. SUSANA BARREIRoS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.
CONSIDERANDO Que la Máxima Autoridad de la Defensa Pública, otorgó a la ciudadana WENDY MARLI HERNÁNDEZ CORTEZ, titular de la cédula de identidad N° V-13.448.462, quien se desempeña como Delegada de la Unidad Regional de la Defensa Pública del área metropolitana de Caracas, extensión Centro, en condición de Encargada, Comisión de Servicio Interna a partir del 17 de julio de 2018.
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RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana ZULEIMA JOSEFINA GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.734.232, como Delegada de la Unidad Regional de la Defensa Pública del área metropolitana de Caracas, extensión Centro, en condición de Suplente. La presente designación surtirá efectos a partir del 17 de julio de 2018, hasta la reincorporación efectiva de la mencionada ciudadana, período en el cual deberá reconocerle a la ciudadana aquí nombrada, todos los beneficios e incidencias laborales propios del cargo de Delegada de la Unidad Regional de la Defensa Pública del área metropolitana de Caracas.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, DRA SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Pesignada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 diciembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariara_de Venezõela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Caracas, 17 de julio de 2018 N° DDPG-2018-494 159°, 208° y 19°
La DefenSOra Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional.
CONSIDERANDO Que de conformidad con el artículo 71 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, la Comisión de Servicio será la situación administrativa de carácter ejercicio de un cargo diferente, de igual o superior nivel del cual es titular.
CONSIDERANDO Que el Consejo Universitario de la Universidad Bolivariana de Venezuela, a través de Resolución N° CU-v-09-14-2018, de fecha 04 de julio de 2018, aprobó la comisión de servicios a la ciudadana soRANGEL YSABEL GASCÓN GARCÍA, titular de la cédula de identidad N° V-10.693.398, para cumplir funciones en este Órgano Constitucional, por el período de un (1) año.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana SORANGEL YSABEL GASCÓN GARCÍA, titular de la cédula de identidad N° V-10.693.398, como Sub Directora de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, bajo la figura administrativa de Comisión de Servicios, por el lapso de un (1) año, siendo efectiva desde el 17 de julio de 2018.
SEGunDo: A los fines del cálculo de la remuneración que debe percibir la ciudadana SORANGEL YSABEL GASCóN GARCÍA, aquí suficientemente identificada, por los servicios que debe prestar en la Defensa Pública, esta última deberá consignar constancia emitida por la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde se describa el monto o ingreso total mensual que en la actualidad devenga como contraprestación por el último cargo desempeñado en el referido instituto, a los fines de determinar la diferencia de dicho monto con la remuneración asignada al cargo de Sub Directora, que desempeñará conforme a lo acordado en el presente acto, en el entendido que dicha diferencia corresponderá pagar la a la Defensa Pública.
TERCERO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquesey/Publíquesé;.
DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acucrdo de la Asamblea Nacional, de fecha à0 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vegezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Caracas, 17 de julio de 2018 N° DDPG-2018-488 159º, 208° y 19°
La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem,
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas.
RESUELVE
PRIMERO: DESIGNAR al CiUdadanO REYNALDO EFRAIN JURADO MARIN, titular de la cédula de identidad N° V-17.610.644, como Defensor Público Auxiliar Cuarto (4°) con competencia en materia Penal Ordinario, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del área metropolitana de Caracas, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publiquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Diesignada mediante Aguerdo de (a Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciémbre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de-Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Nº DDPG-2018-385 Caracas, 14 de mayo de 2018 159°, 208° y 19° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIRoS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 17, ejusdem,
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de este Órgano Constitucional.
CONSIDERANDO Que es potestad de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, asignar la competencia de los Defensores Públicos o Defensoras Públicas, por territorio y materia.
RESUELVE
PRIMERO: TRASLADAR al CiudadanO RAMÓN ANTONIO CARPIO REQUENA, titular de la cédula de identidad N° V-6.849.280, Defensor Público Provisorio Segundo (2°) con competencia en materia Agraria, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Bolivariano de Miranda, a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Nueva Esparta, para que se desempeñe como Defensor Público Provisorio Quinto (5°), con competencia en materia Penal Ordinario, a partir de la fecha de su notificación.
sEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
N° DDPG-2018-398 Caracas, 22 de mayo de 2018 159°, 208° y 19° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem,
CONSIDERANDO
Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de este Órgano Constitucional.
RESUELVE
PRIMERO: TRASLADAR a la CiUdadana THAIS MARÍA CALATAYUD LóPEz, titular de la cédula de identidad N° V-15.613.890, Analista Profesional I, y Especialista de Área en condición de Encargada, adscrita a la Coordinación General de la Defensa Pública, para que continúe con sus funciones en la Dirección del Despacho de la Defensora Pública General, a partir de la fecha de su notificación.
SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GÉNERAL Designada mediante Acuerdo @e la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicadoén la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA
Caracas, 11 de junio de 2018 N° DDPG-2018-433 159°, 208° y 19°
La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem,
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública.
CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de este Órgano Constitucional.
RESUELVE
PRIMERO: TRASLADAR al CiUdadanO JUAN EDUARDO CARRASCO LoRCA, titular de la cédula de identidad N° V-11.820.411, Técnico III, y Especialista de Área en condición de Encargado, adscrito a la Coordinación General de la Defensa Pública, para que continúe con sus funciones en la División de Transporte de la Dirección Nacional de Servicios, a partir de la MSAF fecha de su notificación.
sEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas.
Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de diciorbre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República e e
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
208%, 159º y 19° Caracas, 26 de julio de 2018 RESOLUCIÓN
N.° 01-00-000452 MANUEL E. GALINDO B.
Contralor General de la República
En ejercicio de la atribución prevista en el numeral 3 del artículo 289 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 3 y 78 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 4 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
CONSIDERANDO Que de acuerdo con lo establecido en la Convención Interamericana Contra la Corrupción y en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, ratificadas por Venezuela, cada Estado Parte, en atención a los principios fundamentales de su derecho interno, deberá adoptar, mantener y fortalecer sistemas eficaces para la declaración de los ingresos, activos y pasivos, destinados a promover la transparencia y simplificar los procedimientos administrativos.
CONSIDERANDO Que de acuerdo al Objetivo General 2.4.1.2. de las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, sancionado por la Asamblea Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
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N.° 6.118 Extraordinario de fecha 4 de diciembre de 2013, es fundamental desarrollar una batalla frontal contra las diversas formas de corrupción, fortaleciendo las instituciones del Estado, fomentando la participación protagónica del Poder Popular, promoviendo la transparencia y la automatización de la gestión pública, así como los mecanismos legales de sanción penal, administrativa, civil y disciplinaria contra las lesiones o el manejo inadecuado de los fondos públicos.
CONSIDERANDO
Que el numeral 2 del artículo 41 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, establece los deberes y atribuciones que le corresponden a este Órgano de Control Fiscal en materia de corrupción, el cual contempla el exigir la formulación y presentación de la declaración jurada de patrimonio a las personas que deban hacerlo de acuerdo con el artículo 3 del Decreto Ley antes citado.
CONSIDERANDO Que en el artículo 1 de la Resolución N.° 01-00-000160 de fecha 23 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 40.905 de fecha 17 de mayo de 2016, exige la presentación anual de la declaración jurada de patrimonio por concepto de actualización a las máximas autoridades, funcionarios que ejercen cargos de alto nivel y de confianza de los órganos y entes señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en los términos establecidos en esa Resolución.
CONSIDERANDO Que el artículo 5 de la Resolución N.° 01-00-000160, anteriormente identificada, señala que la declaración jurada de patrimonio por concepto de actualización, deberá presentarse dentro del lapso comprendido desde el primero (1°) hasta el treinta y uno (31) de julio de cada año.
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CONSIDERANDO
Que el día 31 de julio de 2018, vence el plazo para que las máximas autoridades, funcionarios que ejercen cargos de alto nivel y de confianza de los órganos y entes señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, presenten la declaración jurada de patrimonio actualizada correspondiente al año 2018.
RESUELVE:
Artículo 1.- Prorrogar desde el primero (1°) hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2018, el lapso para la presentación de la declaración jurada de patrimonio actualizada, establecida en la Resolución N.° 01-00-000160 de fecha 23 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 40.905 de fecha 17 de mayo de 2016. Prórroga valida única y exclusivamente para el presente período fiscal.
Artículo 2.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada en Caracas, alos veintiséis (26) días del mes de julio de dos mil dieciocho (2018). Años 208° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana.
Comuníquese y publíquese en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y/o en el portal web de la Contraloría General de la República www.cgr.gob.ve.
MANUEL'E. GALINDO B.
Contralor Generalde la República
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AÑO CXLV - MES X Número 41.448 Caracas, viernes 27 de julio de 2018 Esta Gaceta contiene 56 páginas, costo equivalente a 22,85 % valor Unidad Tributaria
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