[Página 1] AÑO CXLV - MES X Número 41.448 Caracas, viernes 27 de julio de 2018 SUMARIO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 3.554, mediante el cual se nombra a la ciudadana Caryl Lynn Bertho de Acosta, como Presidenta del Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), en calidad de Encargada, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Decreto N° 3.555, mediante el cual se nombra a la ciudadana Stella Marina Lugo de Montilla, como Presidenta del Instituto Nacional de Turismo, en calidad de Encargada. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Resoluciones mediante las cuales se prorroga, por un lapso de noventa (90) días continuos, el Proceso de Intervención de los Cuerpos de Policía de los Municipios que en ellas se especifican del Estado Anzoátegui, y se actualizan los integrantes de la Junta de Intervención de los Cuerpos de Policía que en ellas se mencionan. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jesús Enrique Gómez Burgos, como Director General de Turismo Popular, adscrito al Despacho de la Viceministra de Turismo Nacional, de este Ministerio. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD Resolución mediante la cual se designan a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros de la Junta Directiva de la Empresa Socialista para la Producción de Medicamentos Biológicos, C.A., (ESPROMED BIO, C.A.). Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas Providencia mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO Resolución mediante la cual se procede a culminar la Encargaduría a la ciudadana Adriana Francisca Zárraga Verhooks, como Directora General (E) de la Oficina de Gestión Humana, de este Ministerio. Resoluciones mediante las cuales se confiere a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, en las clases que en ellas se especifican, la Condecoración Orden al Mérito en el Trabajo, como reconocimiento a su compromiso, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo y con la lucha a favor de la clase trabajadora de la Contraloría Municipal del Municipio Ambrosio Plaza del Estado Miranda, de la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia), del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Biblioteca, así como Seguros Horizonte, S.A., y la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Resoluciones mediante las cuales se designan a los ciudadanos que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Ministerio. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Ministerio. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Ludovic Alejandro López Rojas, como Director (E) de la Unidad Territorial de Ecosocialismo Zulia, de este Ministerio. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Pedro Luis Romero Valles, como Presidente, en calidad de Titular, de la Empresa Fábrica para Procesamiento de Sábila de Venezuela, S.A., (SABILVEN) TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Sala Constitucional Decisión mediante la cual se declara la Constitucionalidad del Decreto N° 3.503, del 09 de julio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.435 de la misma data, mediante el cual se decretó el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y ciudadanos habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida. “Sentencia mediante la cual se anula parcialmente el parágrafo segundo del Artículo 80 de la Ley de Abogados, en la parte que dispone que los Miembros del Consejo Directivo del Instituto de Previsión Social del Abogado deberán estar domiciliados en el Área Metropolitana de Caracas”. Corte Disciplinaria Judicial Decisión mediante la cual se declara desistido el recurso de apelación contra la Sentencia N° TDJ-SD-2018-12, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en fecha 06 de febrero de 2018, ejercido por la apoderada judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la delegada de la Inspectoría General de Tribunales, y confirmó la referida Sentencia que absolvió de responsabilidad disciplinaria judicial al ciudadano Antonio María Herrera Mora, Juez del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del estado Portuguesa, con sede en Acarigua. página original (tal como se publicó) [Página 2] 442.542 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 27 de julio de 2018 Decisiones mediante las cuales la Corte Disciplinaria Judicial se pronuncia con relación al Sobreseimiento de las investigaciones seguidas a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan. Sentencia mediante la cual se declara Con Lugar el recurso de apelación ejercido por la ciudadana Yolivey Flores Muñoz, en su condición de Jueza Titular de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Mérida; anuló la referida Sentencia dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 17/04/2018; declaró el Sobreseimiento de la investigación, ordenando el archivo de las actuaciones; levantó la medida de suspensión del ejercicio del cargo, y ordenó la reincorporación al cargo de la mencionada Jueza. DEFENSA PÚBLICA Resolución mediante la cual se retira al ciudadano José Luís Useche Parra, de la Defensa Pública. Resolución mediante la cual cesa la Encargaduría contenida en la Resolución N° DDPG-2017-193, de fecha 16 de mayo de 2017, mediante la cual se designó a la ciudadana Yelitza Alexandra Palacios Amaya, como Jefa de Despacho, en condición de Encargada, adscrita a la Unidad de Auditoría Interna. Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se especifican, para ocupar los cargos que en ellas se mencionan, de este Organismo. Resoluciones mediante las cuales se trasladan a la ciudadana y a los ciudadanos que en ellas se indican, a las Defensorías que en ellas se especifican. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resolución mediante la cual se prorroga, desde el primero (1°) hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2018, el lapso para la presentación de la declaración jurada de patrimonio actualizada, establecida en la Resolución N° 01-00-000160, de fecha 23 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.905, de fecha 17 de mayo de 2016. Prórroga valida única y exclusivamente para el presente período fiscal. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Vicepresidenta Ejecutiva de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 Extraordinario, de fecha 21 de junio de 2018. DECRETA Artículo 1°. Nombro a la ciudadana CARYL LYNN BERTHO DE ACOSTA, titular de la cédula de identidad N° V-8.943.716, como PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAMUJER), en calidad de Encargada, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 2°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los veintisiete días del mes de julio de dos mil dieciocho. Años 208° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana Ejecútese, (L.S.) Decreto N° 3.554 27 de julio de 2018 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, concatenado con los artículos 34 y 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con los artículos 4º, 18, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. Decreto N° 3.555 27 de julio de 2018 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, concatenado con los artículos 34 y 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con los artículos 4º, 18, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Vicepresidenta Ejecutiva de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 Extraordinario, de fecha 21 de junio de 2018. página original (tal como se publicó) [Página 3] Viernes 27 de julio de 2018 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 442.543 DECRETA Artículo 1°. Nombro a la ciudadana STELLA MARINA LUGO DE MONTILLA, titular de la cédula de identidad N° V-8.811.039, como PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO, en calidad de Encargada, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 2°. Se instruye a la Ministra del Poder Popular para El Turismo, la instrumentación de la designación prevista en el presente Decreto, de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable. Artículo 3°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los veintisiete días del mes de julio de dos mil dieciocho. Años 208° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana Ejecútese, (L.S.) Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Turismo (L.S.) STELLA MARINA LUGO DE MONTILLA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ página original (tal como se publicó) [Página 4] 11. Realizar inspecciones y auditorías correspondientes al cuerpo de policía. 12. Colectar todas las armas y municiones pertenecientes al cuerpo de policía y hacer un registro de las mismas. 13. Solicitar los informes y soportes referentes a extravíos o robos de armas o municiones pertenecientes al cuerpo policial. 14. Realizar un registro del Parque Automotor del cuerpo de policía. 15. Controlar, usar y ocupar las instalaciones, dotación y equipamiento policial, de conformidad con la normativa aplicable. 16. Elaborar y ejecutar los planes de vigilancia y patrullaje, de acuerdo a la georeferenciación del delito. 17. Activar el servicio de policía comunal. 18. Cualesquiera otras que sean necesarias y oportunas para cumplir con el procedimiento de intervención, con base en la normativa jurídica vigente. Artículo 4. Se designa al ciudadano HERNÁN RAFAEL DÍAZ BLANCHARD, titular de la cédula de identidad N° V-8.345.129, como Director General (Encargado) del Cuerpo de Policía del Municipio Anaco del estado Anzoátegui, mientras dure el proceso de intervención. Artículo 5. Se mantienen vigentes las restantes disposiciones contenidas en la Resolución Nº 039, de fecha 24 de enero de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.334, de fecha 2 de febrero de 2018, para llevar a cabo el proceso de intervención del Cuerpo de Policía del Municipio Anaco del estado Anzoátegui. Artículo 6. Queda encargado de la ejecución de esta Resolución, el Despacho del Viceministro o Viceministra del Sistema Integrado de Policía del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Artículo 7. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese. Por el Ejecutivo Nacional, NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES Ministro del Poder Pópular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz ^11N15 1 ; REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 208°, 159° y 19° 137 No$ FECHA:_2 6 JUL 2018 RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, NÉSToR LUIS REVERoL ToRRES, designado mediante Decreto N° 2.405 de fecha 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 40.957, de la misma fecha, ratificado mediante Decreto N° 3.464, de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419, de la misma fecha; en ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 78 numerales 2, 19 y 27 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014; en concordancia con lo establecido en el artículo 31 del Decreto N° 2.378 sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.238 Extraordinario, de fecha 13 de Julio de 2016; artículo 2 del Decreto Nº 1.624, de fecha 20 de febrero de 2015, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.627, de fecha 24 de marzo de 2015; de conformidad con lo establecido en el artículo 18, numerales 4, 7, 8 y 13, y artículo 75 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.940 Extraordinario, de fecha 7 de diciembre de 2009, en concordancia con lo previsto en los artículos 103, 104 y 105 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, de fecha 21 de marzo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.290 Extraordinario, de la misma fecha, POR CUANTO Es deber del Estado venezolano garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes, en los distintos ámbitos político-territoriales, mediante la supervisión y control de la correcta actuación policial, POR CUANTO Los Cuerpos de Policía en sus distintos ámbitos político-territoriales deben ejercer el servicio de policía con estricta sujeción a los principios y lineamientos establecidos en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y a los lineamientos y directrices dictados por el Órgano Rector y, en tal sentido, deben contar con las condiciones necesarias para el correcto desempeño de sus funciones, que propendan a la satisfacción de las necesidades de seguridad de la comunidad en la que operan, POR CUANTO Es atribución del Órgano Rector en materia de seguridad ciudadana y del Servicio de Policía, proceder a la intervención de los Cuerpos de Policía, cuando se determine la participación masiva y continuada de sus funcionarios y funcionarias policiales en violación de los derechos humanos, en redes delictivas o en actividades que atenten contra el orden constitucional, o cuando exista la solicitud del Ministerio Público, del gobernador o gobernadora, el alcalde o la alcaldesa correspondiente, POR CUANTO El Cuerpo de Policía del Municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, se encuentra sometido a un proceso de intervención, ordenado mediante Resolución No 040, de fecha 24 de enero de 2018, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.328, de fecha 25 de enero de 2018, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, POR CUANTO Durante el proceso de intervención persisten elementos de convicción que dan motivo para prorrogar el proceso antes referido, con el fin de reorganizar y fortalecer la correcta prestación del servicio de policía, de conformidad con las leyes, reglamentos y resoluciones, RESUELVE Artículo 1. Se prorroga por un lapso de noventa (90) días continuos el proceso de intervención del Cuerpo de Policía del Municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, a los fines de dar continuidad a los programas de Asistencia Técnica que se están cumpliendo en el referido cuerpo de policía. Artículo 2. Se actualizan los integrantes de la Junta de Intervención del Cuerpo de Policía del Municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, la cual estará conformada por los ciudadanos que a continuación se detallan: CÉDULA DE NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIDAD RAÚL MANUEL MEJÍAS CONTRERAS V-11.690.398 JOSÉ LUIS MACUARE HERNÁNDEZ V-12.979.006 V-19.123.579 MISAEL EDUARDO ARISTEIGUIETA OLAIZOLA Artículo 3. La Junta de Intervención del Cuerpo de Policía del Municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, tendrá las siguientes atribuciones: 1. Proponer la designación y remoción del personal de libre nombramiento y remoción del cuerpo de policía, con excepción del Director General o Directora General y demás directiva. 2. Declarar la reestructuración administrativa del cuerpo de policía. 3. Iniciar los procedimientos de reducción de personal, de conformidad con la normativa aplicable y lo establecido en esta Resolución. 4. Iniciar los procedimientos de suspensión inmediata de funcionarios y funcionarias policiales, de conformidad con la normativa aplicable y lo establecido en esta resolución. 5. Iniciar los procedimientos de suspensión inmediata de funcionarios y funcionarias de la administración pública pertenecientes al cuerpo de policía, de conformidad con la normativa aplicable y lo establecido en esta Resolución. 6. Oficiar a los órganos jurisdiccionales con competencia en materia penal, civil y administrativa, en los casos que existan suficientes elementos probatorios de convicción donde se evidencie la comisión de hechos irregulares. 7. Iniciar los procedimientos de ingreso de personal, de conformidad con la normativa aplicable y lo establecido en esta Resolución. 8. Asesorar al Director General o Directora General en materia de administración del presupuesto del cuerpo de policía objeto de intervención, en los términos establecidos en la normativa jurídica vigente. página original (tal como se publicó) [Página 5] Viernes 27 de julio de 2018 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 442.545 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD página original (tal como se publicó) [Página 6] ARTícuLo 3. Se ordena a la Consultoría Jurídica de la mencionada empresa del estado, realizar las respectivas actuaciones por ante el Registro Mercantil para el debido asiento e inscripción del acta de Asamblea de Accionista que corresponda de acuerdo con el ordenamiento legal. ARTícuLo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, CARLOS HUMBERTO ALVARADO GONZALEZ MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD Decreto N° 3.489 de fecha 25 de junio de 2018 G.O.R.B.V. N° 41.426 de la misma fecha REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD INSTITUTO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARACAS CARACAS, 01 DE JUNIO DE 2018 208°, 159o y 190 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 021-2018 En ejercicio de las atribuciones que me confiere la Resolución N° 365 de fecha 15 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 40.704 de fecha 16 de julio de 2015, y de conformidad con lo dispuesto en el literal "a" del artículos 14 del Estatuto Orgánico del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, en concordancia con los artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; el artículo 15 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; la Resolución N° 01-00-000266 de fecha 22 de diciembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.827 de fecha 23 de diciembre de 2011, emanada de la Contraloría General de la República sobre el Modelo Genérico de Reglamento Interno de Unidades de Auditoría Interna, esta Dirección, dispone: Dictar el siguiente, REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL INSTITUTO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARACAS CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Este Reglamento tiene por objeto establecer la estructura organizativa de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, así como las funciones de las dependencias que la integran y las atribuciones genéricas y específicas que ejercerán sus responsables. Artículo 2. La Unidad de Auditoría Interna es el órgano especializado y profesional de control fiscal interno del Instituto Autónomo Hospital Universitario' de Caracas. Su titular y demás personal actuarán de manera objetiva e imparcial en el desempeño de sus funciones y darán cumplimiento a las disposiciones constitucionales, legales y sublegales que la regulan y especialmente, a los lineamientos y políticas que dicte la Contraloría General de la República como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal y a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Artículo 3. Para el ejercicio de sus funciones la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas se regirá por lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento; la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público; el Reglamento sobre la Organización del Control Interno en la Administración Pública Nacional, la normativa dictada por la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, las Normas Generales de Auditoría de Estado, las Normas Generales de Control Interno, y demás normativas dictadas por la Contraloría General de la República y demás instrumentos legales y sublegales que resulten aplicables. Artículo 4. La Unidad de Auditoría Interna ejercerá sus funciones de control posterior sólo en las dependencias del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas. La Unidad de Auditoría Interna realizará el examen posterior, objetivo, sistemático y profesional de las actividades administrativas, presupuestarias y financieras del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, con el fin de evaluarlas, verificarlas y elaborar el respectivo informe con las observaciones, hallazgos, conclusiones y recomendaciones correspondientes. En el ejercicio de sus funciones la Unidad de Auditoría Interna podrá realizar actuaciones de control dirigidas a evaluar las operaciones realizadas por las celebren operaciones con el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas o que hayan recibido aportes, subsidios, otras transferencias o incentivos fiscales, o que en cualquier forma intervengan en la administración, manejo o custodia de recursos del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, a objeto de verificar que tales recursos hayan sido invertidos en las finalidades para las cuales fueron otorgados. Igualmente, deberá ejercer sobre dichas personas las potestades investigativas, sancionatorias y resarcitorias, a que hubiere lugar, cuando corresponda. Artículo 5. La Unidad de Auditoría Interna tendrá acceso a los registros, documentos y operaciones realizadas por las dependencias sujetas a su control, necesarios para la ejecución de sus funciones; y podrá apoyarse en los informes, dictámenes y estudios técnicos emitidos por auditores, consultores, profesionales independientes o firma de auditores, registrados y calificados ante la Contraloría General de la República. Artículo 6. Las servidoras o servidores públicos y los particulares están obligados a proporcionar a la Unidad de Auditoría Interna, las informaciones escritas o verbales, los libros, registros y demás documentos que le sean requeridos en el ejercicio de sus competencias, así como a atender oportunamente las citaciones o convocatorias que le sean formuladas. Artículo 7. La Unidad de Auditoría Interna estará adscrita a la máxima autoridad jerárquica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas; sin embargo, su personal, funciones y actividades estarán desvinculados de las operaciones sujetas a su control, a fin de garantizar la independencia de criterio en sus actuaciones, así como su objetividad e imparcialidad. Artículo 8. La máxima autoridad jerárquica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, deberá dotar a la Unidad de Auditoría Interna de razonables recursos presupuestarios, humanos, administrativos y materiales, incluyendo un adecuado espacio físico, que le permitan ejercer con eficacia sus funciones. Artículo 9. La máxima autoridad jerárquica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, dotará a la Unidad de Auditoría Interna del personal profesional idóneo y necesario para el cumplimiento de sus funciones, seleccionado por su capacidad técnica, profesional y elevados valores éticos. Su nombramiento o designación debe realizarse con la previa opinión favorable de la Auditora o Auditor Interno. Para la remoción, destitución o traslado del personal de la Unidad de Auditoría Interna, se requerirá la opinión previa de la Auditora o Auditor Interno. Artículo 10. La Unidad de Auditoría Interna, comunicará los resultados, conclusiones y recomendaciones de las actuaciones practicadas en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, a la máxima autoridad jerárquica de la Institución, al responsable de la dependencia donde se ejecutó la actividad objeto de evaluación, así como a las demás autoridades a quienes legalmente esté atribuida la posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias. CAPÍTULO II DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Artículo 11. Para el cumplimiento de su misión, funciones y objetivos, así como del logro de sus metas, la Unidad de Auditoría Interna tendrá la estructura organizativa básica, siguiente: 1 Despacho de la Auditora o Auditor Interno. 2 Departamento de Control Posterior. 3 Departamento de Determinación de Responsabilidades. Artículo 12. La Unidad de Auditoría Interna actuará bajo la dirección y responsabilidad de una Auditora o Auditor Interno, quien será designada o designado por la máxima autoridad jerárquica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, de acuerdo con los resultados del concurso público, previsto en la normativa dictada a tal efecto por la Contraloría General de la República, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. La Auditora o Auditor Interno así designada o designado, durará cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones, podrá ser reelegida o reelegido mediante concurso público por una sola vez, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y no podrá ser removida o removido o destituida o destituido del cargo sin la previa autorización del Contralor o Contralora General de la República. página original (tal como se publicó) [Página 7] Artículo 13. Las faltas temporales de la Auditora o Auditor Interno, serán inferior dentro de la Unidad de Auditoría Interna, quien será designada o designado por la máxima autoridad jerárquica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas. Artículo 14. Cuando se produzca la falta absoluta de la Auditora o Auditor Interno, la máxima autoridad jerárquica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, designará como Auditora o Auditor Interno al servidor público que ocupe el cargo de rango inmediatamente inferior dentro de la Unidad de Auditoría Interna y convocará el respectivo concurso público para la designación del titular del órgano de control fiscal, de conformidad con lo previsto en la normativa dictada al efecto por la Contralora o Contralor General de la República. Artículo 15. Los responsables de los Departamentos de Control Posterior y Determinación de Responsabilidades, tendrán el mismo nivel o rango jerárquico que se establezca para cargos similares en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, y serán conceptuados como personal de confianza, por lo cual podrán ser removidos de sus cargos por la máxima autoridad, previa solicitud de la Auditora o Auditor Interno. CAPÍTULO III DE LAS FUNCIONES Artículo 16. Son funciones de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, las siguientes: 1. Ejercer funciones de control posterior en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas. 2. Evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial de las distintas dependencias del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, así como el examen de los registros y estados financieros para determinar su pertinencia y confiabilidad y la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía en el marco de las operaciones realizadas. 3. Realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones, así como para evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de su gestión. 4. Realizar auditorías, estudios, análisis e investigaciones respecto de las actividades del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, para evaluar los planes y programas en cuya ejecución intervenga. Igualmente, podrá realizar los estudios e investigaciones que sean necesarios para evaluar el cumplimiento y los resultados de las políticas y decisiones gubernamentales. 5. Efectuar estudios organizativos, estadísticos, económicos y financieros, análisis e investigaciones de cualquier naturaleza, para determinar el costo de los servicios públicos, los resultados de la acción administrativa y, en general, la eficacia con que opera el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas. 6. Vigilar que los aportes, subsidios y otras transferencias hechas por el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, a otras entidades públicas o privadas sean invertidos en las finalidades para las cuales fueron efectuados. A tal efecto, podrá practicar inspecciones y establecer los sistemas de control que estimen convenientes. 7. Realizar el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación y declaratoria de fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes públicos, en los términos y condiciones establecidos por la Contralora o Contralor General de la República en la Resolución dictada al efecto. 8. Evaluar la veracidad de la información financiera y administrativa, para determinar su pertinencia y confiabilidad a fin de hacerla útil, confiable y oportuna, para dar cumplimiento a los planes, proyectos y presupuestos, en correspondencia con las políticas sectoriales en el marco de la operaciones realizadas. 9. Proponer a la máxima autoridad jerárquica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, recomendaciones orientadas a fortalecer el Sistema de Control Interno, para la protección y salvaguarda del patrimonio público. 10. Recibir y tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que formule cualquier órgano, ente o servidores públicos, vinculadas con la comisión de actos, con la administración, manejo y custodia de fondos o bienes públicos del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas. 11. Realizar seguimiento al plan de acciones correctivas implementado por el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas y sus dependencias, para verificar el cumplimiento eficaz y oportuno de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría o de cualquier actividad de control, tanto por la Contraloría General de la República como por la Unidad de Auditoría Interna. 12. Recibir y verificar las cauciones presentadas por los funcionarios encargados de la administración y liquidación de ingresos o de la recepción, custodia y manejo de fondos o bienes públicos del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, antes de la toma de posesión del cargo. 13. Verificar la sinceridad, exactitud y observaciones que se formulen a las actas de entrega presentadas por las máximas autoridades jerárquicas y demás gerentes, jefes o autoridades administrativas de cada departamento, sección o cuadro organizativo del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas. 14. Participar, cuando se estime pertinente, con carácter de observador sin derecho a voto, en los procedimientos de contrataciones públicas realizados por el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas. 15. Fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión pública del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, sin menoscabo de las funciones que le corresponda ejercer a la Oficina de Atención Ciudadana. 16. Ejercer la potestad investigativa, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento. 17. Iniciar, sustanciar y decidir de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades, a objeto de formular reparos, declarar la responsabilidad administrativa o imponer multas, cuando corresponda. 18. Remitir a la Contraloría General de la República los expedientes en los que se encuentren involucrados funcionarios de alto nivel en el ejercicio de sus cargos, cuando existan elementos de convicción o prueba que puedan comprometer su responsabilidad. 19. Establecer sistemas que faciliten el control, seguimiento y medición del desempeño de la Unidad de Auditoría Interna. 20. Promover el uso y actualización de manuales de normas y procedimientos que garanticen la realización de procesos eficientes, así como el cumplimiento de los aspectos legales, técnicos y administrativos de los procesos y procedimientos del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas. 21. Elaborar su Plan Operativo Anual tomando en consideración las solicitudes y los lineamientos que le formule la Contraloría General de la República o cualquier órgano o ente legalmente competente para ello, según el caso; las denuncias recibidas, las áreas estratégicas, así como la situación administrativa, importancia, dimensión y áreas críticas del Instituto Autónomo del Hospital Universitario de Caracas. 22. Elaborar su proyecto de presupuesto anual con base a criterios de calidad, economía y eficiencia, a fin de que la máxima autoridad jerárquica, lo incorpore al presupuesto del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas. 23. Presentar Informe de Gestión de sus actividades, ante la máxima autoridad jerárquica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas. 24. Las demás funciones que señale la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno, así como las asignadas por la máxima autoridad jerárquica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, en el marco de las competencias que les corresponde ejercer a los órganos de control fiscal interno. Artículo 17. El Departamento de Control Posterior tendrá las funciones siguientes: 1. Evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial de las distintas dependencias del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, así como el examen de los registros y estados financieros para determinar su pertinencia y confiabilidad y la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía en el marco de las operaciones realizadas. página original (tal como se publicó) [Página 8] 2. Realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones, así como para evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de su gestión. 3. Realizar auditorías, estudios, análisis e investigaciones respecto de las actividades del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas para evaluar los planes, programas y convenios suscritos con otras instituciones públicas y privados, en cuya ejecución intervenga. Igualmente, podrá realizar los estudios e investigaciones que sean necesarios para evaluar el cumplimiento y los resultados de las políticas y decisiones gubernamentales. 4. Efectuar estudios organizativos, estadísticos, económicos y financieros, análisis e investigaciones de cualquier naturaleza, para determinar el costo de los servicios públicos, los resultados de la acción administrativa y, en general, la eficacia con que opera el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas. 5. Vigilar que los aportes, subsidios y otras transferencias hechas por el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, a otras entidades públicas o privadas sean invertidos en las finalidades para las cuales fueron efectuados. A tal efecto, podrá practicar inspecciones y establecer los sistemas de control que estimen convenientes. 6. Realizar el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación y declaratoria de fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes públicos, en los términos previstos en la Normas para la Formación, Participación, Rendición, Examen y Calificación de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital, Municipal y sus Entes Descentralizados emanadas por la Contralora o Contralor General de la República. 7. Recibir y tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que formule cualquier órgano, ente o servidores públicos, vinculadas con la comisión de actos, con la administración, manejo y custodia de fondos o bienes públicos del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas. 8. Realizar seguimiento al plan de acciones correctivas implementado por el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas y sus dependencias, con la finalidad de que se cumplan las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría o de cualquier actividad de control. 9. Recibir y verificar las cauciones presentadas por los funcionarios encargados de la administración y liquidación de ingresos o de la recepción, custodia y manejo de fondos o bienes públicos del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, antes de la toma de posesión del cargo. 10. Verificar la sinceridad, exactitud y observaciones que se formulen a las actas de entrega presentadas por las máximas autoridades jerárquicas y demás gerentes, jefes o autoridades administrativas de cada departamento, sección o cuadro organizativo del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas. 11. Fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión pública del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, sin menoscabo de las funciones que le corresponde ejercer a la Oficina de Atención Ciudadana. 12. Ejercer las actividades inherentes a la potestad investigativa, entre las cuales se encuentran: a. Realizar las actuaciones que sean necesarias, a fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, determinar el monto de los daños causados al patrimonio público, si fuere el caso, así como la procedencia de acciones fiscales. b. Formar el expediente de la investigación. c. Notificar de manera específica y clara a los interesados legítimos vinculados con actos, hechos u omisiones objeto de investigación. d. Ordenar, mediante oficio suscrito por la Auditora o Auditor Interno de la citación, o comparecencia de cualquier persona a los fines de rendir declaración y tomarle la declaración correspondiente. e. Elaborar un informe dejando constancia de los resultados de las actuaciones realizadas con ocasión del ejercicio de la potestad investigativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 77 de su Reglamento. f. Elaborar comunicación a fin de que la Auditora o Auditor Interno remita a la Contraloría General de la República el expediente de la investigación o de la actuación de control, cuando existan elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas a funcionarios de alto nivel del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, que se encuentren en ejercicio de sus cargos. g. Remitir a la dependencia encargada de la determinación de responsabilidades, el expediente de la potestad investigativa que contenga el informe de resultados, a los fines de que ésta proceda, según corresponda, al archivo de las actuaciones realizadas o al inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades. h. Realizar las actuaciones necesarias, a solicitud de la Contraloría General de la República cuando esta presuma que hubiera ocurrido actos, hechos u omisiones contrarias a normas legales o sublegales, e informarle los resultados dentro del plazo que se acuerde a tal fin. 13. Evaluar los sistemas de información del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas y sus dependencias, a fin de determinar el cumplimiento de las normas establecidas en las leyes que rigen el Acceso de Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos. 14. Las demás funciones que le señale la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno, así como las asignadas por la Auditora o Auditor Interno. Artículo 18. El Departamento de Determinación de Responsabilidades, tendrá las funciones siguientes: 1. Valorar el informe de resultados a que se refiere el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, a fin de ordenar, mediante auto motivado, el archivo de las actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, para la formulación de reparos, declaratoria de responsabilidad administrativa, o la imposición de multas, según corresponda. 2. Iniciar, sustanciar y decidir, previa delegación de la Auditora o Auditor Interno, los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento. 3. Notificar a los interesados, según lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, de la apertura del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades. 4. Elaborar oficio, a fin de que la Auditora o Auditor Interno remita a la Contralora o Contralor General de la República copia certificada de la decisión que declare la responsabilidad administrativa, así como del auto que declare la firmeza de la decisión o de la resolución que resuelva el recurso de reconsideración, según el caso, a fin de que éste acuerde la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses; la destitución o la imposición de la inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años del declarado responsable. 5. Elaborar oficio, a fin de que la Auditora o Auditor Interno remita a la Contraloría General de la República el expediente de la investigación o de la actuación de control, cuando existan elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas a funcionarios de alto nivel del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, que se encuentren en ejercicio de sus cargos. 6. Dictar los autos para mejor proveer a que hubiere lugar. 7. Asesorar a la Auditora o Auditor Interno sobre los recursos de reconsideración interpuestos contra las decisiones de formulación de reparos, declaración de responsabilidad administrativa e imposición de multas en los casos que sea procedente. 8. Realizar los escritos de remisión de documentos y expedientes al Ministerio Público, con motivo de la actividad de control fiscal ejercida en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas. página original (tal como se publicó) [Página 9] 9. Las demás funciones que señale la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno, así como las asignadas por la Auditora o Auditor Interno. CAPÍTULO IV DE LAS ATRIBUCIONES Artículo 19. Son atribuciones de la Auditora o Auditor Interno, las siguientes: 1. Planificar, supervisar, coordinar, dirigir y controlar las actividades desarrolladas por los Departamentos de la Unidad de Auditoría Interna. 2. Elaborar y someter a la aprobación de la máxima autoridad jerárquica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, el reglamento interno, la resolución organizativa, así como, los manuales de organización, normas y procedimientos, con el fin de regular el funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna, según corresponda. 3. Aprobar el Plan Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna y coordinar la ejecución del mismo. 4. Coordinar la formulación del proyecto de presupuesto de la Unidad de Auditoría Interna. 5. Asegurar el cumplimiento de las normas, sistemas y procedimientos de control interno, que dicte la Contraloría General de la República; la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, en el caso de los órganos del Poder Ejecutivo Nacional y sus entes descentralizados; y la máxima autoridad jerárquica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas. 6. Elaborar y presentar ante la máxima autoridad jerárquica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, el informe de gestión anual de la Unidad de Auditoría Interna. 7. Atender, tramitar y resolver los asuntos relacionados con el personal a su cargo, de acuerdo con lo previsto en la normativa legal aplicable al Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas. 8. Evaluar los procesos inherentes a la Unidad de Auditoría Interna, y adoptar las medidas tendentes a optimizarlos. 9. Recibir y absolver consultas sobre las materias de su competencia. 10. Suscribir la correspondencia y demás documentos emanados de la Unidad de Auditoría Interna, sin perjuicio de las atribuciones similares asignadas a otros servidores públicos adscritos a los Departamentos de la Unidad de Auditoría Interna. 11. Solicitar a la máxima autoridad jerárquica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, la suspensión, en el ejercicio del cargo, de funcionarios sometidos a una investigación o a un procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades. 12. Declarar la responsabilidad administrativa, formular reparos, imponer multas, absolver de dichas responsabilidades o pronunciar el sobreseimiento. 13. Participar a la Contraloría General de la República el inicio de las investigaciones que se ordenen, así como los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades que inicie la Unidad de Auditoría Interna. 14. Decidir los recursos de reconsideración y/o de revisión interpuestos contra las decisiones que determinen la responsabilidad administrativa, formulen reparos e impongan multas. 15. Suscribir informes de las actuaciones de control. 16. Comunicar los resultados, conclusiones y recomendaciones de las actuaciones practicadas en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, a la máxima autoridad jerárquica de la Institución, al responsable de la dependencia evaluada, así como a las demás autoridades a quienes legalmente esté atribuida la posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias. 17. Participar a la Contraloría General de la República las decisiones de absolución o sobreseimiento que dicte. 18. Remitir a la Contralora o Contralor General de la República, copia certificada de la decisión que declare la responsabilidad administrativa, así como del auto que declare la firmeza de la decisión o de la resolución que resuelva el recurso de reconsideración, a fin de que éste o ésta aplique las sanciones accesorias a la declaratoria de dicha responsabilidad, previstas en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 19. Remitir a la Contraloría General de la República, los expedientes de la investigación o de la actuación de control, cuando existan elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas a funcionarios de alto nivel del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, que se encuentren en el ejercicio de sus cargos. 20. Remitir al Ministerio Público la documentación contentiva de los indicios de responsabilidad penal y civil, cuando se detecte que se ha causado daño al patrimonio de un órgano o ente del sector público, pero no sea procedente la formulación de reparo. 21. Certificar y remitir a la Contraloría General de la República copia de los documentos que reposen en la Unidad de Auditoría Interna, que ésta le solicite de conformidad con lo previsto en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, actuando en su carácter de órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal. 22. Remitir a la Contraloría General de la República o al órgano de control externo competente, según corresponda, el acta de entrega de la Unidad de Auditoría Interna a su cargo, de conformidad con lo previsto en la normativa que regula la entrega de los órganos y entidades de la Administración Pública y de sus respectivas oficinas o dependencias. 23. Certificar los documentos que reposen en los archivos de la Unidad de Auditoría Interna y delegar esta competencia en el personal del Órgano de Control Fiscal Interno. 24. Ordenar la publicación de la decisión de declaratoria de responsabilidad administrativa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, cuando haya quedado firme en sede administrativa. 25. Las demás atribuciones que le confiera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno. Artículo 20. Los responsables de los Departamentos de Control Posterior y Determinación de Responsabilidades de la Unidad de Auditoría Interna, tendrán las atribuciones comunes siguientes: 1. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades que se deben cumplir en las dependencias a su cargo. 2. Velar porque los Departamentos a su cargo cumplan con las funciones que le asigna este Reglamento. 3. Evaluar los procesos inherentes a la Unidad de Auditoría Interna, y adoptar todas las medidas tendentes a optimizarlos. 4. Decidir todos los asuntos que le competen a los Departamentos a su cargo. 5. Presentar a la Auditora o Auditor Interno, informes periódicos y anuales acerca de las actividades desarrolladas en los Departamentos a su cargo. 6. Atender, tramitar y resolver los asuntos relacionados con el personal a su cargo, de acuerdo con las normas establecidas en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas. 7. Participar en el diseño de políticas y en la definición de objetivos institucionales, así como sugerir medidas encaminadas a mejorar el funcionamiento de la dependencia a su cargo. 8. Absolver consultas en las materias de su competencia. 9. Elevar a consideración de la Auditora o Auditor Interno, el proyecto de sometidos a una investigación o a un procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, según corresponda. 10. Firmar la correspondencia y documentos emanados del respectivo departamento cuando ello sea procedente. 11. Someter a la consideración de la Auditora o Auditor Interno, el inicio de las potestades investigativas o la apertura del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, según corresponda; e informar, previo a la toma de decisiones, los resultados de las investigaciones realizadas o de los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades llevados a cabo. página original (tal como se publicó) [Página 10] 12. Las demás atribuciones que le confiera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno, así como las asignadas por el Auditor Interno. Artículo 21. La Jefa o Jefe del Departamento de Control Posterior tendrá las atribuciones específicas siguientes: 1. Dictar el auto de proceder de la potestad investigativa. 2. Someter a la consideración de la Auditora o Auditor Interno, la programación de las auditorías y demás actuaciones de control, antes de su ejecución. 3. Suscribir el informe de resultados de la potestad investigativa a que se refiere el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y el artículo 77 de su Reglamento. 4. Suscribir informes de las actuaciones de control practicadas y preparar comunicación para la firma de la Auditora o Auditor Interno a objeto de remitir oportunamente los resultados, conclusiones y recomendaciones, a las dependencias evaluadas y a las demás autoridades a quienes legalmente esté atribuida la posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias. 5. Comunicar los resultados, conclusiones y recomendaciones de las actuaciones practicadas en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, a la máxima autoridad jerárquica de la Institución, al responsable de la dependencia evaluada, así como a las demás autoridades a quienes legalmente esté atribuida la posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias 6. Las demás atribuciones que le confiera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno, así como las asignadas por la Auditora o Auditor Interno. Artículo 22. La Jefa o Jefe del Departamento de Determinación de Responsabilidades, tendrá las atribuciones específicas siguientes: 1. Valorar el informe de resultados a que se refiere el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con el fin de ordenar mediante auto motivado, el archivo de las actuaciones realizadas o el inicio de procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, para la formulación de reparos, declaratoria de responsabilidad administrativa o la imposición de multas; según corresponda. El procedimiento podrá igualmente ser iniciado por denuncia o a solicitud de cualquier organismo o empleado público, siempre que a la misma se acompañen elementos suficientes de convicción o prueba que permitan presumir fundadamente la responsabilidad administrativa. 2. Dictar el auto motivado a que se refiere el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 88 de su Reglamento y notificarlo a los presuntos responsables. 3. Disponer lo conducente para que sean evacuadas las pruebas indicadas o promovidas por los sujetos presuntamente responsables de los actos, hechos u omisiones o por sus representantes legales. 4. Fijar, por auto expreso, la realización del acto oral y público a que se refieren los artículos 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y artículos 92 al 97 de su Reglamento. 5. Dictar, previa delegación de la Auditora o Auditor Interno, las decisiones a que se refiere el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 6. Imponer, por delegación de la titular o el titular de la Unidad de Auditoría Interna, las multas previstas en los artículos 94 y 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y participarlas al órgano recaudador correspondiente. 7. Ordenar la acumulación de expedientes cuando sea procedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 8. Elaborar oficio con el fin de que la Auditora o Auditor Interno, participe a la Contraloría General de la República el inicio de los procedimientos de determinación de responsabilidades. 9. Elaborar oficio con el fin de que la Auditora o Auditor Interno remita a la Contraloría General de la República el expediente de la investigación o de la actuación de control, cuando existan elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas a funcionarios de alto nivel. 10. Las demás atribuciones que le confiera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno, así como las asignadas por la Auditora o Auditor Interno. CAPÍTULO V RECEPCIÓN, MANEJO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS Artículo 23. Toda la documentación de la Unidad de Auditoría Interna, por su naturaleza es reservada para el servicio de la misma, y la exhibición de su contenido, inspección, certificación o publicidad respecto a terceros sólo podrá realizarse de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y demás normativa legal o sublegal que resulte aplicable. Artículo 24. La correspondencia recibida y despachada, así como los expedientes administrativos, papeles de trabajo producto de las actuaciones realizadas y demás documentación relacionada con la Unidad de Auditoría Interna, deberá registrarse, resguardarse y archivarse de acuerdo con lo establecido en el manual respectivo. Artículo 25. La Auditora o Auditor Interno calificará, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás normativa legal y sublegal que regula la materia, la confidencialidad y reserva de los documentos que están bajo su control y custodia. Artículo 26. Los papeles de trabajo generados por las actuaciones realizadas son propiedad de la Unidad de Auditoría Interna y por tanto, ésta será responsable de su archivo, manejo y custodia. Los papeles de trabajo, deberán conservarse por la Unidad de Auditoría Interna por, al menos, diez (10) años, salvo que conste en ellos derechos o acciones a favor de los órganos y entes sujetos a control o que estén desprovistos de efectos jurídicos. Artículo 27. Sólo tendrán acceso a los archivos los servidores públicos adscritos a la Unidad de Auditoría Interna. El acceso por parte de otros funcionarios o empleados públicos o particulares, debe ser autorizado por la Auditora o Auditor Interno, o en quien delegue tal función. Artículo 28. La Auditora o Auditor Interno certificará los documentos que reposen en los archivos de la Unidad de Auditoría Interna; asimismo, podrá expedir certificaciones sobre datos de carácter estadísticos, no reservados, que consten en expedientes o registros a su cargo, y para los cuales no exista prohibición expresa de divulgación. Artículo 29. La Auditora o Auditor Interno podrá delegar la competencia de certificar documentos en el personal de la Unidad de Auditoría Interna. CAPÍTULO VI DISPOSICIONES FINALES Artículo 30. Todo lo no previsto en este Reglamento Interno, se regirá por las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos normativos legales y sublegales que resulten aplicables. Artículo 31. Este Reglamento podrá ser modificado oída la opinión de la titular o el titular de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, y de ser el caso, a solicitud de la Contraloría General de la República, asegurando siempre el mayor grado de independencia del órgano de control fiscal interno dentro de la organización. Artículo 32. Este Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, ANTONIETA CAPORALE ZAMORA Secretaria- Directora del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (I.A.H.U.C.) página original (tal como se publicó) [Página 11] MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCION N° 444 Caracas, 17 de julio de 2018 Años 208º, 159º y 19º El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, designado mediante Decreto Nº 3.464, de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.419, de igual fecha; en ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas en los numerales 2, 3, 12, 19 y 26 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; procede a CULMINAR LA ENCARGADURÍA a la Ciudadana ADRIANA identidad cédula VERHOOKS, ZARRAGA FRANCISCA N° 6.514.620, COMO DIRECTORA GENERAL (E) DE LA OFICINA DE GESTIóN HUMANA del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, otorgada mediante Resolución No. 510, de fecha 24 de agosto de 2017. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese. GERMAN EDUARDO PIÑATE RODRIGUEZ MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO Según Decreto No 3.464 de fecha 14/06/2018 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No.41.419 de fecha 14/06/2018 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO Caracas 18 de Julio de 2018 208°, 159° y 190 N°449 RESOLUCIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Sobre Condecoración "Orden al Mérito en el Trabajo", tal y como se lee en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.920 de fecha 29 de abril de 2008, se confiere la condecoración ORDEN AL MÉRITO EN EL TRABAJO, como reconocimiento a Su compromisO, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo y con la lucha a favor de la clase trabajadora de la, CONTRALORIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AMBROSIO PLAZA DEL ESTADO MIRANDA, a Ios siguientes ciudadanos: PRIMERA CLASE - ALFREDO MANEIRO BERROTERAN ALAYON, PEDRO RAMON TERCERA CLASE - ARGELIA LAYA BARBOZA ARAGORT, CARMEN DAMELIS TORRES CASTILLO, OLGA ANDREINA PARRA, NORAIMA DEL CARMEN Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, Germán Eduardo, Piñate Rodríguez Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo Según Decreto N°.3.464 de fecha 14/06/2018 Gaceta Oficial Nro.41.419 de fecha 14/06/2018 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO Caracas 18 de Julio de 2018 208°, 159° y 190 N°450 RESOLUCIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Sobre Condecoración "Orden al Mérito en el Trabajo", tal y como se lee en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.920 de fecha 29 de abril de 2008, se confiere la condecoración ORDEN AL MÉRITO EN EL TRABAJO, comO reconocimiento a Su compromiso, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo y con la lucha a favor de la clase trabajadora de la, CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN ZULIANA (CoRPozULIA), a los siguientes ciudadanos: PRIMERA CLASE — EUMELIA HERNÁNDEZ. FUENMAYOR PARRA, ARELIS COROMOTO PRIMERA CLASE - ALFREDO MANEIRO ARCON, EDGAR JESÚS SEGUNDA CLASE - CARMEN CLEMENTE TRAVIESO VIERA MENDOZA, MARITZA DEL CARMEN VILLALOBOS TORRES, YIRDEL DE LA CHIQUINQUIRÁ TERCERA CLASE - ARGELIA LAYA MORALES MORAN, LUZ MALE Y TERCERA CLASE - PEDRO PASCUAL ABARCA SUAREZ SUAREZ, FELIX WUENLLER Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, Germán Eduardo, Piñate Rodríguez Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo Según Decreto N°.3.464 de fecha 14/06/2018 Gaceta Oficial Nro.41.419 de fecha 14/06/2018 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 18 de Julio de 2018 208°, 159° y 19° N°451 RESOLUCIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Sobre Condecoración "Orden al Mérito en el Trabajo", tal y como se lee en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.920 de fecha 29 de abril de 2008, se confiere la condecoración ORDEN AL MÉRITO EN EL TRABAJO, como reconocimiento a su compromiso, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo y con la lucha a favor de la clase trabajadora del a, INSTITUTO AUTÓNOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y SERVICIOS DE BIBLIOTECA , a los siguientes ciudadanos: PRIMERA CLASE - EUMELIA HERNÁNDEZ BRITO CORRO, LILIBER JOSEFINA IBARRA RODRÍGUEZ, VICKI JOSEFINA PAREDES, CARMEN YADIRA VERA NIÑO, ROSA AURA VELIZ, MIGUELINA COROMOTO CALDERON MARTINEZ, MILAGROS DEL VALLE MALAVE DELGADO, ELEIDA JOSEFINA HERNANDEZ GUERRERO, SOLANGE PAOLA LOPEZ ALMEIDA, JUANA CATALINA PRIMERA CLASE - ALFREDO MANEIRO CAÑIZALEZ GRATEROL, JOSÉ GREGORIO MURIA MEJICANO, JESUS ARMANDO MEZA MONSALVE, HUMBERTO JOSÉ VERA BENITEZ, WINCKELMAN JESÚS LEDEZMA ESCALONA, CARLOS GIOVANNI CASTRO OLIVO, ANTONIO APARICIO SEGUNDA CLASE - CARMEN CLEMENTE TRAVIESO GONZALEZ, FELICITA JOSEFINA VALDERRAMA VILLALBA, GRACIBELL OCANDO GONZALEZ, MARIFE DIAZ QUINTERO, IVONNE JOSEFINA SILVERA BLANCO, YIRA NOHEMI MORA, MARÍA LUCECITA MEDINA PEREIRA, VILMA ELY FUENMAYOR VIAÑA, GABRIELA página original (tal como se publicó) [Página 12] SEGUNDA CLASE - CARMEN CLEMENTE TRAVIESO RAMOS GONZALEZ, ARELYS HAYDEE BENITEZ ROMERO, LIDIA JOSEFINA CAMPOS HERNANDEZ, YUN SCARLET HERNÁNDEZ RANGEL, NELLY JOSEFINA MATHEUS VILORIA, MARILUZ URIMARE HERRERA ECHARRY, DACIA VIRGINIA SILVA, CARMEN EULOGIA CARRILLO TORRES, SANDRA MARINA TORRES ARMAS, INGRID TERESA MENDEZ LEAL, MARÍA NELIA ARIAS GARRIDO, LINDA MORELLA TOVAR VILLARREAL, SORAYA MORET, MARY SOLANGE USECHE MORA, BLANCA JASMIN SEGUNDA CLASE - ANTONIO DÍAZ "POPE" GRUBER SANCHEZ, REINALDO JOSÉ RIVAS GARCIA, EDGAR JOSÉ TORRES GUEDEZ, RUFO JOSÉ RUEDA GUARIN, HENRY OMAR GONZALEZ HERNÁNDEZ, ALEXIS JOSÉ SANSONETTI BELLO, PEDRO LUIS GONZALEZ MACHADO, MELECIO ANTONIO TERCERA CLASE - ARGELIA LAYA QUIÑONEZ CASTRO MARY ANYER PELAYO USECHE, AYLIN CAROLINA FUIGUEROA LANDAETA, RAIZA EMMA BELLO VILLEGAS, CAROLINA DEL VALLE MARTINEZ SALTRÓN, GIOMAR ALEXANDRA SUÁREZ ÁNGEL, YAXI COROMOTO CUEVAS, ANA CECILIA RAMIREZ ALBARRAN, ELIZABETH SOTO, YRSILA DEL CARMEN MENDEZ CASTIBLANCO, IMAR ELISA RUIZ VARELA, YOLANDA JOSEFINA LÓPEZ LÓPEZ, MARÍA ELENA TERCERA CLASE - PEDRO PASCUAL ABARCA PRADO ARELLANO, ANDRÉS AVELINO TORRES ZAMBRANO, WUILMEN ALEXANDER DE PRISCO ESPINOZA, GIOVANNY Por el Ejecutivo Nacional, Comuníquese y Publíquese Germán Eduardo, Piñate Rodríguez Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo Según Decreto N°.3.464 de fecha 14/06/2018 Gaceta Oficial Nro.41.419 de fecha 14/06/2018 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO Caracas 18 de Julio de 2018 2080, 1590 y 190 N°452 RESOLUCIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Sobre Condecoración "Orden al Mérito en el Trabajo", tal y como se lee en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.920 de fecha 29 de abril de 2008, se confiere la condecoración ORDEN AL MÉRITO EN EL TRABAJO, como reconocimiento a SU compromiso, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo y con la lucha a favor de la clase trabajadora de la, SEGURos HORIzoNTE, S.A., a los siguientes ciudadanos: PRIMERA CLASE — EUMELIA HERNÁNDEZ FINOL HERNANDEZ, MARIEVA GRACIELA TORRES DURAN, YRENE YARITZA VALDERRAMA SIFONTES, ROSA DEL VALLE HERRERA DE AZUAJE, CRISÁLIDA ZAMBRANO, DEYANIRA BECHARA AGUILERA, CLEOPATRA BLANCO, ADRIANA JOSEFINA APONTE PÉREZ, EDMA SOLKIVIA SOTO, MARÍA INES GÓMEZ, MORONA GLICEDI FARRERAS, YADIRA JOSEFINA GONZÁLEZ DE GIRÓN, CRUZ IRASEMA BENITEZ HERNÁNDEZ, YLIANA MARÍA MARTÍNEZ CENTENO, LUISA BELTRANA MACHADO MARTÍNEZ, NEREIDA JOSEFINA GONZÁLEZ DE CEGARRA, YSBELIA MARGARITA MORENO MEDINA, ISABEL DE LA CONSOLACIÓN SOLORZANO MEDINA, OMAIRA DE JESÚS BECERRA PÉREZ, ANA LETICIA ALVARADO ARRIECHE, MILENY ROSMARY GARCÍA DE ABDALA, YORLY MAGALY HERNÁNDEZ ACOSTA, GRISEL COROMOTO PRIMERA CLASE - ALFREDO MANEIRO GONZALEZ MARTINEZ, SERGIO SALAZAR TORRES, HENRY RANGEL, ANGEL HUMBERTO CADIZ BUSTAMANTE, JOSÉ ANTONIO ABACHE SANOJA, JORGE ESTEBAN FERNÁNDEZ ROMERO, PEDRO JOSÉ CEDEÑO GARRIDO, JUAN RANULFO PRIMERA CLASE - ALFREDO MANEIRO RIVERO FUENMAYOR, CESAR EDILBERTO OCANDO GARCÍA, CARLOS GREGORIO ANGEL FERNÁNDEZ, JOSÉ AGUSTÍN REY GRIMAN, CESAR IGNACIO GARCÍA ROMERO, NELSON EDUARDO TORRES BETANCOURT, RAMON LUCIANO LUGO, ANTONIO DEL CARMEN LEON, ALFREDO JOSÉ ESAA OCHOA, PABLO RAMON SEGUNDA CLASE - CARMEN CLEMENTE TRAVIESO MORA LÓPEZ, MAYDA ELIZABETH RIERA PEROZO, MAGDALENE ALVAREZ RAMIREZ, CLARA ROSA REYNA MORENO, DANIELA JOSEFINA GUILLEN RODRÍGUEZ, ALBA MILEY SOUSA CORREIA, IDALINA MARÍA SANCHEZ MATOS, MARVY CARMEN PRADO CARRILLO, NANCY CAROLINA ANTIA HERNÁNDEZ, MARISETH DEL CARMEN GARCÍA CUEVAS, JUVELIA JOSEFINA GUERRA MARTÍNEZ, MILAGRO DEL VALLE PIMENTEL RAMIREZ, YETZENIA BEIRIMAR GONZÁLEZ BARCENAS, ERICKA DE LAS NIEVES MENESES RODRÍGUEZ, MAYELY ARBELIS ARAQUE RAMÍREZ, DORIS ENEIDA SEGUNDA CLASE - ANTONIO DÍAZ "POPE" LEÓN DELGADO, MIGUEL YOVANNYS VENTA RANGEL, JESÚS MANUEL DÍAZ, ORLANDO JOSÉ VIELMA BARRIOS, EDIXON ENRIQUE LÓPEZ SALAZAR, ANDRÉS JOSÉ SIGNORELLI VIVENES, ANTONIO SALVADOR GONZÁLEZ PINTO, RICHARD ENRIQUE GUZMAN RIVERO, LEONARDO JOSÉ FERMIN GUEVARA, GILMER RAFAEL JAIME HERNÁNDEZ, DOUGLAS ALBERTO ROJAS ZAMBRANO, JORGE LUIS TERCERA CLASE - ARGELIA LAYA ORTEGA SALCEDO, ZOILA YADIRA ARAQUE CHACON MILITZA JOHANA PINTO BARRIOS, ALEJANDRA MIGDALIA OROZCO FIGUEROA, JOHANNA VERGARA GONZÁLEZ, IRIS LILIANA PINO BRICEÑO, JENIFER MINERVA NADALES ARMAS, YENSSI MARYFELIX HERAS JIMENEZ, YAMILET MARGARITA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, YAIMER COROMOTO ECHENIQUE CASTRO, YURAIMA LILIANA CORDERO GUERRA, CELSA LEMARY MARTÍNEZ GIL, NORYALI JOSEFINA PIÑA DE JIMENEZ, ZORELIA CARIDAD AGUILERA ZABALA, NATHALIE JOSEFINA BLANCO DELGADO, YAJAIRA JOSEFINA HERNANDEZ QUINTERO, ANNIE KATHERINE ZAPATA COITA, YUDERBIS YOHANA CARABALLO MÉNDEZ, BARBARA DOMINIC MORENO ROJAS, KIMBERLEY CHARLOTTE ACOSTA, MARYSABEL ALEJANDRA DE NAZARETH CARRILLO REYES, ALIX MICHELLE ACOSTA VANDES, LACEY DAYANA TERCERA CLASE - PEDRO PASCUAL ABARCA MILITELLO BLANCO, JULIO GIOVANNI RAMIREZ VARELA, ALBERTO SANCHEZ CASTILLO, LUIS ALEXANDER LATAN SAEZ, ANTHONY EDUARDO Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, Germán Eduardo, Piñate Rodríguez Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo Según Decreto N°.3.464 de fecha 14/06/2018 Gaceta Oficial Nro.41.419 de fecha 14/06/2018 página original (tal como se publicó) [Página 13] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO Caracas 18 de Julio de 2018 208°, 159º y 19º N°453 RESOLUCIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Sobre Condecoración "Orden al Mérito en el Trabajo", tal y como se lee en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.920 de fecha 29 de abril de 2008, se confiere la condecoración ORDEN AL MÉRITO EN EL TRABAJO, como reconocimiento a Su compromiso, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo y con la lucha a favor de la clase trabajadora de la, UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA, UBV, a los siguientes ciudadanos: TERCERA CLASE — ARGELIA LAYA. CALANCHE DE LOVERA, MARÍA MARGARITA PARRA AZUAJE, GLADYS JOSEFINA LÓPEZ DUQUE, GLORIA MARSY VILLA SOJO, MARICEL OMIRA SOTO VIVAS, RAQUEL DEL CARMEN DELGADO NODA, ROSALÍA CASTILLO MORENO, MARY DEL CARMEN GONZÁLEZ ARIAS, SONIA JUDITH GUTIERREZ MOLINA, LENS TAHIS MUÑOZ RIVAS, MARINA JOSEFINA GONZÁLEZ CASIQUE, YURBIS DAMELIS MONRROY GARCÍA, JANETH DEL VALLE SANCHEZ ROMERO, MILAGROS MARIBEL OCHOA FIGUEROA, EURICIA MARGARITA BARRETO CASTAÑEDA, ROSSANA DEL CARMEN RODRÍGUEZ BARRETO, SONIA YOLANDA IDROGO GUERRA, MARTHA ELIANA BITRIAGO ESTEVES, MERCEDES ADRIANA HURTADO PICO, YANELIS IVONNE COLINA ROMERO, MEILIN FRANCISCA CAÑAS GONZÁLEZ, BRICEIDA DEL CARMEN RAMOS ROMERO, MARÍA FERNANDA QUINTERO, EGLEIDA ANTONIETA MONTES MONRROY, YIPSI CARMINIA CÓRDOVA GONZÁLEZ, BASILISA MARTÍNEZ, CAROLINA MARYORI SOJO CABRITA, YULIANA GABRIELA QUINTANA PARRA, JUSMARY COROMOTO ORTEGA FARIÑO, JHINI MERCEDES MONTILVA ARAQUE, ISABEL TERCERA CLASE - PEDRO PASCUAL ABARCA. BUITRAGO MÁRQUEZ, NELSO ENRIQUE VIDAL LANDAETA, WILLIAM OSWALDO GONZÁLEZ CANACHE, FRANKLIN ALEXANDER URIBE SILVA, FREDDY ARMANDO ROLIS DELGADO, JOSHALBERT JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ NARVAEZ, JOSUÉ JESÚS HURTADO PEÑA, NELSON ARNOLDO RIVERA URANGA, MANUEL ANTONIO TERAN DÍAZ, SATURNINO TENORIO ROMERO, EDGAR FELIX GONZÁLEZ SOTILLO, MIGUEL ANTONIO BELEÑO ESQUIVEL, VÍCTOR MORENO MOLINA, JOSÉ CARLOS FLORES MARCANO, GUILLERMO JORGE Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, Germán Eduardo, Piñate Rodríguez Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo Según Decreto N°.3.464 de fecha 14/06/2018 Gaceta Oficial Nro.41.419 de fecha 14/06/2018 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL POPER POPULAR DE PETRÓLEO DESPACHO DEL MINISTRO 208.°, 159.° y 19.° Caracas, 23 de julio de 2018 RESOLUCIÓN N.° 090 De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se encarga a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, al ciudadano CÉSAR EDUARDO COLMENAREz MENDOZA, Con Cédula de Identidad N.° V-16.676.967, como Director General de la Dirección Regional Zona Central, adscrito al Despacho del Ministro, ejerciendo las establecidas en el Artículo 37 del Reglamento Orgánico de este Ministerio, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 40.627, de fecha 24 de marzo de 2015; así como cualquier otra contemplada en el ordenamiento jurídico vigente. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 78, numerales 1, 19 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el Artículo 1.° del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, se delega en el ciudadano CÉsAR EDUARDo Colmenarez MENDOZA, la firma de los actos y documentos que a continuación se indican: a) Las circulares, comunicaciones y avisos oficiales emanados de la Dirección Regional Zona Central. b) Los oficios de respuesta a funcionarios subalternos, administrativos, judiciales o municipales de los estados y del Distrito Capital relacionados con los asuntos de la Dirección Regional Zona Central. c) La correspondencia postal, telegráfica, radiotelegráfica o de cualquier otra naturaleza, en respuesta a solicitudes dirigidas por particulares a la Dirección Regional Zona Central. d) La certificación de las copias de los documentos, oficios, memoranda y circulares emanados de la Dirección Regional Zona Central. Comuníquese y publge Por el Ejecutivo Nacional, MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ Ministro del Poder Popular de Petróleo REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL POPER POPULAR DE PETRÓLEO DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 23 de julio de 2018 208.°, 159.° y 19.° RESOLUCIÓN N.° 091 De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se encarga a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, al ciudadano CARLos EDUARDo CASTELLANOS MORETA, Con Cédula de Identidad N.° V-14.935.068, como Director de Exploración, Reserva y Tierras, adscrito a la Dirección General de Exploración y Producción de Hidrocarburos del Despacho del Viceministro de Hidrocarburos de este Ministerio, ejerciendo las competencias inherentes al referido cargo. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 78, numerales 1, 19 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el Artículo 1.° del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, se delega en el ciudadano CARLOS EDUARDO CASTELLANOS MORETA, la firma de los actos y documentos que a continuación se indican: a) Las circulares, comunicaciones y avisos oficiales emanados de la Dirección de Exploración, Reserva y Tierras. página original (tal como se publicó) [Página 14] b) Los oficios de respuesta a funcionarios subalternos, administrativos, judiciales o municipales de los estados y del Distrito Capital relacionados con los asuntos de la Dirección de Exploración, Reserva y Tierras. c) La correspondencia postal, telegráfica, radiotelegráfica o de cualquier otra naturaleza, en respuesta a solicitudes dirigidas por particulares a la Dirección de Exploración, Reserva y Tierras. d) La certificación de las copias de los documentos, oficios, memoranda y circulares emanados de la Dirección de Exploración, Reserva y Tierras. Comuníquese y publíquese Por el Ejecutivo Nacional, MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ Ministro del Poder Popular de Petróleo REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL POPER POPULAR DE PETRÓLEO DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 23 de julio de 2018 208.°, 159.° y 19.° RESOLUCIÓN N.° 092 De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se encarga a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, al Ciudadano RAFAEL JOSÉ FERRER WASHINGTON, con Cédula de Identidad N.° V-12.114.421, como Director de Producción y Conservación de Petróleo, adscrito a la Dirección General de Exploración y Producción de Hidrocarburos del Despacho del Viceministro de Hidrocarburos de este Ministerio, ejerciendo las competencias inherentes al referido cargo. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 78, numerales 1, 19 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el Artículo 1.° del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, se delega en el ciudadano RAFAEL JOsÉ FERRER WASHINGToN, la firma de los actos y documentos que a continuación se indican: a) Las circulares, comunicaciones y avisos oficiales emanados de la Dirección de Producción y Conservación de Petróleo. b) Los oficios de respuesta a funcionarios subalternos, administrativos, judiciales o municipales de los estados y del Distrito Capital relacionados con los asuntos de la Dirección de Producción y Conservación de Petróleo. c) La correspondencia postal, telegráfica, radiotelegráfica o de cualquier otra naturaleza, en respuesta a solicitudes dirigidas por particulares a la Dirección de Producción y Conservación de Petróleo. d) La certificación de las copias de los documentos, oficios, memoranda y circulares emanados de la Dirección de Producción y Conservación de Petróleo. Comuníquesey publíguese Por el Ejegutivo Nacional, INISTRD Ministro del Poder Popular de Petróleo REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 26 de julio de 2018 208.°, 159.° y 19.° RESOLUCIÓN N.° 103 De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se encarga a partir de la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, al ciudadano ERLING PERKINS ROJAS CASTILLO, titular de Cédula de Identidad N.° V-6.182.496, como Director General de Mercado Interno, adscrito al Despacho del Viceministro de Refinación y Petroquímica. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 26 del Artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en los Ministros del Ejecutivo Nacional, se delega en el ciudadano ERLING PERKINS ROJAS CASTILLo, la firma de los actos y documentos que a continuación se indican: a) Las circulares, comunicaciones y avisos oficiales emanados de la Dirección General de Mercado Interno. b) Los oficios de respuesta a funcionarios subalternos, administrativos, judiciales o municipales de los Estados y del Distrito Capital relacionados con asuntos de la Dirección General de Mercado Interno. c) La correspondencia postal, telegráfica, radiotelegráfica o de cualquier otra naturaleza en respuesta a las solicitudes dirigidas a la Dirección General de Mercado Interno. d) La certificación de las copias de los documentos, oficios, memorandos y circulares emanados de la Dirección General de Mercado Interno. Se autoriza al ciudadano ERLING PERKINS ROJAS CASTILLO, el ejercicio de las siguientes funciones: 1) Planificar centralizadamente las actividades inherentes al mercado interno de los derivados de hidrocarburos bajo los lineamientos establecidos en las leyes, a fin de contribuir con el desarrollo coordinado e integrado del plan del sector. 2) Formular políticas públicas en materia de suministro, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los derivados de hidrocarburos líquidos, a fin de abastecer las necesidades del mercado interno. 3) Elaborar proyectos de normas y resoluciones que permitan regular las actividades del mercado interno de los derivados de hidrocarburos. 4) Formular lineamientos para la fijación de volúmenes y precios de los derivados de los hidrocarburos, a fin de asegurar la racionalización del consumo en el mercado interno. 5) Evaluar, elaborar y aplicar la propuesta de estructura de precios de los combustibles líquidos, a fin de asegurar el servicio público y el desarrollo de la economía. 6) Formular lineamientos para prevenir la contaminación del ambiente en las actividades de suministro, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los derivados de los hidrocarburos líquidos, para contribuir al desarrollo sustentable, en coordinación con los Ministerios con competencia en materia ambiental y social. 7) Evaluar y emitir pronunciamiento en relación a las autorizaciones para el ejercicio de las actividades de transporte, distribución y expendio de productos derivados de hidrocarburos líquidos. 8) Evaluar y emitir pronunciamiento en relación a las autorizaciones de cesión o traspaso de permisos otorgados, para el ejercicio de las actividades de transporte, distribución y expendio de productos derivados de hidrocarburos. 9) Evaluar y emitir pronunciamiento sobre la aprobación de solicitudes referidas a la construcción, modificación, ampliación, destrucción, o desmantelamiento de establecimientos destinados al mercado interno de productos derivados de los hidrocarburos líquidos. 10) Evaluar y emitir pronunciamiento sobre la revocatoria de las autorizaciones o permisos otorgados para el ejercicio de las actividades de transporte, distribución y expendio de productos derivados de hidrocarburos líquidos. página original (tal como se publicó) [Página 15] Viernes 27 de julio de 2018 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 442.555 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO página original (tal como se publicó) [Página 16] le deleguen atribuciones, deberán indicar seguidamente bajo la firma del ciudadano designado, el nombre de quien lo suscribe, la titularidad con la que actúa, la fecha, el número de Resolución y Gaceta Oficial donde fue publicada, según !o establecido en e! artículo 18, numera! 7 de !a Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficia! de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníqueg (L.S.) AleryaRefef HERYCIANNYER RANGEL HERNÁNDEZ Poder Popular para el Ecosocialismo Designado mediante 3.464, de fecha 14 de junio de 2018; publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de la misma fecha. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAALIMENTACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO. DM/N° 037-18 Caracas, 17 de julio de 2018 208°, 1590 y 19° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para la Alimentación, LUIs ALBERTO MEDINA RAMIREz, designado mediante Decreto N° 3.026 de fecha 21 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 41.218 de fecha 21 de agosto de 2017; en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en los numerales 1, 9, 19 y 27 del artículo 78, y en el numeral 3 del artículo 120 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. RESUELVE ARTÍCULO 1. Designar al ciudadanO PEDRO LUIS ROMERO VALLES, cédula de identidad N° v-7.529.637, como Presidente de la empresa FÁBRICA PARA PROCESAMIENTO DE SÁBILA DE VENEZUELA, S.A (SABILVEN), en calidad de titular. ARTícuLo 2. El ciudadano designado mediante la presente Resolución, tendrá las atribuciones inherentes a su cargo previstas en el Acta Constitutiva y Estatutaria de dicha Empresa, y las demás que le delegue la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Alimentación en el marco de su competencia. Igualmente, deberá cumplir con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el ordenamiento jurídico vigente, así como enmarcar sus actuaciones en los principios y valores humanistas del socialismo, cuyo objetivo fundamental descansa sobre la justicia social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanos, el Poder Popular y las instituciones de la República, contemplados en las Líneas Generales del Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 del Proyecto Nacional "Simón Bolívar". ARTícuLo 3. Los actos y documentos firmados con motivo del presente nombramiento, deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del ciudadano designado, la fecha y número del presente acto y la fecha y.: número de la Gaceta Oficial en que haya sido publicada, de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. ARTícuLo 4. De conformidad con lo estipulado en el artículo 30 de la Ley Contra la Corrupción y sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el funcionario designado deberá presentar declaración jurada de su patrimonio dentro de los treinta (30) días siguientes a la toma de posesión de su cargo. ARTícuLo 5. De conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese. Por el Ejecutivo Nacional, ALBERTO MEDINA RAMIREZ eoder Popular para la Alimentación MINISTRO TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 0483 LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA CONSTITUCIONAL Expediente N° 18-0345 PONENCIA CONJUNTA El 18 de julio de 2018 fue recibido por la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, comunicación del 12 de julio del corriente, suscrita por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, anexo al cual remitió el Decreto n.° 3.503 del 09 de julio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 41.435 de la misma fecha, mediante el cual se prorroga el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional (Decreto n° 3.413 del 10 de mayo de 2018), dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida. Dicha remisión se efectuó con el objeto de que esta Sala Constitucional se pronuncie acerca de la constitucionalidad del señalado Decreto, en atención a lo dispuesto en los artículos 336, numeral 6 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 25, numeral 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, visto que "...resulta Jurídicamente imposible la remisión del Decreto antes señalado a la asamblea Nacional para su consideración y aprobación, por cuanto ese órgano Legislativo mantiene e! Desacato Contumaz, respecto a las Sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia". Ese mismo día, se acordó agregar al expediente y se acordó resolver en forma conjunta el presente asunto. Realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones: I CONTENIDO DEL DECRETO N° 3.503 DEL 09 DE JULIO DE 2018 Decreto N° 3.503 09 de julio de 2018 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República En cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario de El Libertador Simón Bolivar y los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el marco del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 ejusdem, concatenados con los articulos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en Consejo de Ministros, CONSIDERANDO Que el Ejecutivo Nacional, garante del bienestar de la población venezolana, decretó en el mes de enero del presente año el Estado de Excepción y de Emergencia Económica, a fin de disponer de los mecanismos juridicos y fácticos que le permitieran dictar las medidas necesarias para proteger al Pueblo de los embates de la guerra económica que pretende cercenar el derecho de las venezolanas y los venezolanos a ser libres e independientes y a vivir dignamente bajo el modelo de organización social y económico que ha decidido adoptar, CONSIDERANDO Que en virtud de que persisten las circunstancias excepcionales, extraordinarias y coyunturales que motivaron la declaratoria de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, se requiere adoptar nuevas medidas y profundizar las que se encuentran en ejecución, con la finalidad de proteger y garantizar los derechos a la vida digna, la salud, la alimentación, la educación, el trabajo, la paz, la seguridad y todos aquellos derechos reivindicados a las venezolanas y los venezolanos por la Revolución Bolivariana. página original (tal como se publicó) [Página 17] DECRETO Artículo 1°. Se prorroga por sesenta (60) días, el plazo establecido en el Decreto N° 3.413, de fecha 10 de mayo de 2018, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica, en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las Instituciones Públicas y a las Ciudadanas y los Ciudadanos habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° Extraordinario 6.356, de fecha 09 de enero de 2018, visto que subsiste la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economia venezolana; a fin de que el Poder Ejecutivo pueda seguir brindando protección a las venezolanas y los venezolanos contra la guerra económica. Artículo 2°. Este Decreto entrará en vigencia a partir del 10 de julio de 2018. Dado en Caracas, a los nueve días del mes de marzo de dos mil dieciocho. Años 208° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana. II DE LA COMPETENCIA Corresponde a esta Sala Constitucional determinar su competencia para pronunciarse acerca de la constitucionalidad del Decreto n° 3.503 del 09 de julio de 2018, mediante el cual se prorroga el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional (Decreto n° 3.413 del 10 de mayo de 2018), dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las Instituciones Públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida. En tal sentido, se observa que el artículo 336 constitucional dispone que: Articulo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: (.….) 6.- Revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente o Presidenta de la República. (Subrayado añadido). Por su parte, el artículo 339 eiusdem, establece lo siguiente: Artículo 339. El Decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional, o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El Decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Presidente o Presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron. Por su parte, el artículo 25, numeral 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 39.552 del 1 de octubre de 2010), ley posterior a la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, establece lo siguiente: Artículo 25. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: (... 6. Revisar en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción que sean dictados por el Presidente o Presidenta de la República (Subrayado añadido). Como puede apreciarse, conforme a las referidas normas constitucionales y legales, corresponde a esta Sala Constitucional revisar, en todo caso y aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaran estados de excepción, sus prórrogas o aumento del número de garantías restringidas, dictados por el Presidente de la República. En consecuencia, esta Sala resulta competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del Decreto n° 3.503 del 09 de julio de 2018. Así se decide. III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Verificada la competencia de esta Sala Constitucional para conocer del presente asunto, cumplidos los trámites correspondientes y estando dentro de la oportunidad que establece el articulo 339 constitucional para dictar el fallo, incumbe en este estado analizar la constitucionalidad del Decreto n° 3.503 del 09 de julio de 2018, en el que se prorrogó el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional (Decreto n° 3.413 del 10 de mayo de 2018), para lo cual se observa lo siguiente: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desarrolla varios extremos fundamentales de estos estados de excepción y determina los controles a los cuales deben sujetarse los decretos mediante los cuales se declaran tales circunstancias extraordinarias (artículos 236, numeral 7, 337, 338 y 339). Por otra parte, el desarrollo legislativo de esta figura jurídica extraordinaria de orden constitucional, está regulado como antes se apuntó en la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción, los cuales han sido definidos como circunstancias extraordinarias dotadas de la característica de la irresistibilidad de los fenómenos y la lesividad de sus efectos, que se plantean en un régimen constitucional, afectando o amenazando con hacerlo a sus instituciones fundamentales, impidiendo el normal desarrollo de la vida ciudadana y alterando la organización y funcionamiento de los poderes públicos (Rondón de Sansó, Hildegard. El Régimen de los estados de excepción en la Constitución de 1999, en Cuatro Temas Algidos de la Constitución Venezolana de 1999. Caracas. 2004). En tal sentido, puede afirmarse que los estados de excepción son circunstancias de variada índole, que pueden afectar la seguridad de la Nación, de las instituciones o de los ciudadanos, para cuya atención no serían totalmente suficientes ni adecuadas a los fines del restablecimiento de la normalidad, las facultades de que dispone ordinariamente el Poder Público, y ante las cuales el ciudadano Presidente de la República, en Consejo de Ministros, está investido de potestades plenas para declarar tal estado, prorrogarlo o aumentar el número de garantías constitucionales restringidas con miras a proteger el bien común, y disponer de tales medidas en los términos que contemple en el Decreto respectivo, en el marco constitucional, para garantizar la seguridad y defensa de la República, y de su soberanía en todos sus atributos y aspectos; en fin, para proteger el propio orden constitucional. En este orden de ideas, debe indicarse que tanto los estados de excepción como sus prórrogas solamente pueden declararse ante situaciones objetivas de suma gravedad que hagan insuficientes los medios ordinarios de que dispone el Estado para afrontarlos. De alli que uno de los extremos que han de ponderarse se refiere a la proporcionalidad de las medidas decretadas respecto de la ratio o las situaciones de hecho acontecidas. Dicho lo anterior, esta Sala estima de relevancia hacer referencia a la situación económica, social y política actual, para lo cual en atención a la notoriedad comunicacional, entre otras tantas, se citan las siguientes notas informativas: 1. Venezuela rechaza “agresión continuada" de UE y dice no aceptará "amenazas". Disponible en: http://efectococuyo.com/politica/venezuela-rechaza-agresioncontinuada-de-ue-y-dice-no-aceptará-amenazas/ Consultado el 20 julio de 2018. El Gobierno venezolano rechazó este lunes, 25 de junio, lo que consideró como una “agresión continuada e injerencista" por parte de la Unión Europea (UE), luego de que la comunidad política aprobara sanciones contra 11 funcionarios venezolanos, entre los que está la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y dijo que no aceptará "amenazas". "Venezuela rechaza categóricamente la agresión continuada e injerencista de la Unión Europea, que constituye una franca intromisión en los asuntos soberanos de nuestro país, al adoptar pretendidas medidas restrictivas contrarias al Derecho Internacional contra once altos funcionarios del Estado Venezolano", según un comunicado de la Cancillería venezolana. El Ministerio de Exteriores, que indicó que es sorprendente la flagrante subordinación" de la UE al Gobierno de Donald Trump, aseguró que "no aceptará amenazas de ninguna potencia o grupo de países coaligados con reminiscencias imperiales". En ese sentido, reiteró que el pueblo "venezolano es soberano e independiente" y que sus instituciones democráticas surgen del sufragio universal y que responderá todas las agresiones con la debida proporcionalidad". Los ministros de Exteriores de la UE aprobaron este lunes sanciones contra otros once funcionarios, además de los siete sancionados en enero pasado, al página original (tal como se publicó) [Página 18] considerar que han violado derechos humanos y socavado la democracia y el Estado de derecho". Entre los sancionados hoy, además de Rodríguez también se encuentra el vicepresidente del Área Económica, Tareck el Aissami; Sergio Rivero, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Jesús Suárez, comandante general del Ejército Bolivariano; Iván Hermández, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Completan la lista Elías Jaua, ministro de Educación; Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); Freddy Alirio Bernal, responsable de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción; Katherine Nayarith Harrington, vicefiscal general; Socorro Elizabeth Hernández, miembro del CNE y Xavier Antonio Moreno, secretario general del CNE. A estos funcionarios la UE ha impuesto la prohibición de viajar a territorio comunitario y la congelación de los bienes que puedan tener en la Unión. Para la Administración de Nicolás Maduro estas medidas, que asegura, son “diseñadas por los sectores más extremistas y guerreristas" del Gobierno de Estados Unidos, atentan "contra la paz política" del país caribeño y "contra la tranquilidad y el diálogo entre los venezolanos y las venezolanas". "El mundo multipolar espera independencia en la conducta de la Unión Europea, ante las evidencias y el peligro del resurgimiento del unilateralismo", agregó. 2. OEA aprueba resolución que conduce a histórica suspensión de Venezuela. Disponible en:https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/americalatina/venezuela-es/article212595094.html Consultado el 20 de julio de 2018. La Organización de los Estados Americanos condenó el martes la "farsa electoral" cometida en mayo por el régimen de Nicolas Maduro y ratificó la existencia de una "alteración" en el orden constitucional de Venezuela, al aprobar una resolución que da los primeros pasos para la histórica suspensión del país sudamericano de la OEA. La resolución, presentada por Estados Unidos junto con algunos de los paises más influyentes del continente, fue aprobada por una relación de 19 votos a favor, cuatro votos en contra y 11 abstenciones, en una clara señal de que el régimen bolivariano sigue perdiendo respaldo en la región en la medida que su crisis se profundiza. La resolución es vista como el primer paso hacia la suspensión de Venezuela a tenor con los procedimientos de la Carta Democrática Interamericana, que deberá aprobarse en otra sesión a ser convocada en un futuro con dos tercios de los votos. La suspensión es la mayor sanción que tiene el organismo y que en sus 70 años de historia solamente ha impuesto a dos países: Cuba y Honduras. La resolución fue impulsada por Estados Unidos y los : 4 países del Grupo de Lima, un bloque que suma más del 90 por ciento de la población en el continente: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Estados Unidos, que ha tildado "el régimen de Maduro" de "dictadura", ha desplegado en las últimas semanas sus esfuerzos diplomáticos con el argumento de que la OEA debe hacer valer los principios democráticos que dice defender. "En nombre del presidente Trump, pido a la comunidad de naciones libres, de todo este Nuevo Mundo, que expulsen a la dictadura de Maduro de la Organización de los Estados Americanos. La OEA debe representar la libertad. Y ahora es el momento", dijo el vicepresidente Mike Pence, durante una recepción el lunes en la Casa Blanca. Pence, quien hace un mes pidió lo mismo al visitar la sede de la OEA, dijo que los países que se sumen a esta iniciativa, "demostrarán su compromiso de forjar vínculos más fuertes con Estados Unidos" y mencion5 posibilidades de cooperación en inversiones financieras, de energía. infraestructura y seguridad. Los prospectos de una eventual remoción de Venezuela fueron ridiculizados en la tarde del lunes por el propio Maduro, quien dijo que la organización no podía expuisar a Venezuela porque el país ya había renunciado a la organización. "Nosotros denunciamos a la OEA y nos vamos de la OEA [...] ya van 13 meses de los 24 que tenemos que esperar para que sea efectivo. Cuando Venezuela salga de la OEA vamos a hacer una gran fiesta nacional", manifestó Maduro. Pero expertos consultados dijeron que la separación de Venezuela de la organización tracria repercusiones inmediatas y de peso. Para comenzar, desvincularse de la OEA separa a Venezuela de una red de organizaciones multilaterales vinculadas a la agrupación que durante años han trabajado para mejorar el bienestar de la región, como la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto Agropecuario de las Américas, explicó Guillermo Cochez, ex embajador de Panamá ante la OEA. "Todos esos organismos regionales pasarían a excluir a Venezuela, y eso la isla más de lo que está aislada ahora mismo", advirtió Cochez. Pero quizás más impactante sería la condena moral que va acompañada a la decisión de suspender a Venezuela. "Es una declaración de que Venezuela es expulsada porque es un Estado que rompe con todos los principios y valores de la organización hemisférica", dijo desde Caracas Milos Alcala y, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. Le estarían diciendo, "no es que usted se va, sino que nosotros le expulsamos, porque usted no puede pertenecer a un club de democracia, un club donde los derechos humanos son fundamentales y donde usted insulta a todos", agregó el diplomático. La resolución incluye una condena de las elecciones del 20 de mayo, en las que el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, declaró a Maduro como ganador de una elección presidencial que había sido declarada de antemano como fraudulenta por la comunidad intermacional. La resolución también cuestiona la renuncia del régimen de permitir el ingreso de la ayuda humanitaria para aliviar la acentuada penuria por la que atraviesan los venezolanos por falta de comida y medicinas. Asimismo, la resolución exige al régimen que restaure la plena autoridad de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Para que la resolución fuese aprobada se necesitaban al menos 18 votos de los 35 estados miembros, mientras que la votación para suspender a Venezuela, que seria en una eventual Asamblea General Extraordinaria. requeriría 24 votos. 3. Florido: "Vienen reacciones para presionar al gobierno de Venezuela". Disponible en: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/florida-vienenreacciones-para-presionar-gobierno-venezuela_230013 Consultado el 20 de julio de 2018. Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN), aseguró que países de la región tendrán reacciones para presionar al gobierno de Nicolás Maduro a que haga elecciones libres. "Vienen reacciones en cadena de presión por parte de la región ante la negativa del régimen de Nicolás Maduro a realizar elecciones libres, a abrir el canal humanitario y a restituir el orden constitucional en Venezuela", expresó el parlamentario. Agregó que las sanciones impuestas por el gobierno de Venezuela por 90 dias a la acrolínea Copa Airlines le quita derechos a los venezolanos, reseñó El Pitazo. “Es una irresponsabilidad que el régimen accione de esta manera. Es la única empresa aérea con la que los venezolanos cuentan para poder llegar a Panamá, específicamente en mi caso y el de muchos diputados y venezolanos que hemos tenido que salir por la frontera producto de una prohibición migratoria, es decir, de esta manera actúan las dictaduras", manifestó. Precisó que durante la reunión sostenida con la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel de Saint, también se tocaron temas de carácter migratorio. Además, solicitó al gobierno de Panamá alzar su voz en la Cumbre de las Américas para que los países de la región concedan una prórroga a los venezolanos que tengan pasaporte vencido. 4. Almagro pide más sanciones contra Venezuela. Disponible en: http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Almagropide-mas-sanciones-contra-Venezuela-20180104-0040.html Consultado el 20 de julio de 2018. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se pronunció el jueves a favor de sanciones adicionales contra funcionarios y el aparato financiero venezolanos que Ileven al presidente Nicolás Maduro a celebrar elecciones imparciales. -El camino diplomático que queda por delante es el camino de las sanciones y de negociaciones serias para la redemocratización", dijo el uruguay o a reporteros en la sede de la organización. "Tiene que haber sanciones cada vez más duras, que permitan que el régimen venezolano estructura un proceso electoral claro". The Associated Press solicitó un comentario a la embajada venezolana, sin obtener la de inmediato. Almagro se pronunció a favor de aumentar las sanciones no solamente contra funcionarios del gobierno venezolano, sino también contra el aparato financiero de la nación sudamericana. Además de haberle congelado bienes en Estados Unidos y suspender visas a docenas de funcionarios, el gobierno del presidente Donald Trump prohibió a firmas estadounidenses hacer nuevos préstamos a Venezuela por considerar que el gobierno de Caracas violó los derechos humanos durante las protestas antigubemamentales de 2017 que dejaron más de 120 muertos. Canadá y la Unión Europea también se sumaron a las sanciones. Almagro dijo que la meta final es la celebración de un sistema electoral nuevo que permita votar incluso a los venezolanos expatriados. "Si hay algo que nos da una dimensión de la crisis es la migración de cuatro millones de venezolanos en los últimos años. Es una migración más alta que la que ha habido desde el Medio Oriente a Europa", indicó. La constitución venezolana establece que este año culmina el sexenio presidencial, pero el gobierno de Maduro aún no ha fijado :na fecha para los comicios. Almagro agregó que los tres expertos designados por él le pidieron hasta fines de mes para elaborar un informe sobre la posibilidad de que Venezuela haya sido escenario de crimenes de lesa humanidad que ameriten ser investigados por la Corte Penal Internacional. Venezuela, que en abril de 2017 inició un trámite de dos años para abandonar la OEA, se opone a la elaboración de tal informe por considerar que no corresponde a la misión del organismo. De lo anterior, se observa que existe y así ha sido reconocido por el órgano legislativo nacional que se mantiene en desacato a las decisiones de este Alto Tribunal, una situación nacional extraordinaria, vinculada a la materia económica, a la seguridad de la Nación y de los ciudadanos y ciudadanas, a la paz social, que afecta el orden constitucional, lo cual exige la toma de medidas excepcionales y oportunas con la finalidad de lograr el restablecimiento de la situación de normalidad social y, por ende, de normalidad conforme a los valores, principios y fines que proyecta la Constitución. En este sentido, revisado como ha sido el contenido del instrumento jurídico sometido a control constitucional, se observa que se trata de un Decreto cuyo objeto es, a tenor de su artículo 1, es prorrogar por sesenta (60) días, el plazo establecido en el Decreto N° 3.413 (analizado en sentencia n° 0381/18). página original (tal como se publicó) [Página 19] La fundamentación jurídica, la cual expresa los dispositivos constitucionales y legales en que se basan las competencias que está ejerciendo el ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros, entre los cuales se invocan los artículos 226 y 236, numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se refieren a la acción de gobierno y a la facultad para dictar estados de excepción, sus prórrogas o aumentos del número de garantías restringidas, en concordancia con los artículos 337, 338 y 339 eiusdem, normas que a su vez fueron concatenadas con los artículos 2 al 7, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Visto el referido Decreto, esta Sala Constitucional advierte que en sentencias números: 4 del 20 de enero de 2016, 7 del 11 de febrero de 2016, 184 del 17 de marzo de 2016, 411 del 19 de mayo de 2016, 615 del 19 de julio de 2016, 810 del 21 de septiembre de 2016, 4 del 19 de enero de 2017, 113 del 20 de marzo de 2017 y, 364 del 24 de mayo de 2017, 959 del 22 noviembre de 2017, ratificaron el criterio del primer fallo sobre algunas nociones de carácter doctrinario respecto de la naturaleza, contenido y alcance de los estados de excepción, como mecanismos constitucionales válidos para que el Presidente de la República pueda tomar medidas extraordinarias y excepcionales cuando existan tales situaciones fácticas de alarma, emergencia o calamidad. Al respecto, como antes se indicó, el Decreto sometido al control de esta Sala plantea desde su primer artículo, que el mismo tiene como objeto prorrogar el decreto n° 3.413 del 10 de mayo de 2018, en el que el Ejecutivo, hace uso de dicha facultad, para disponer de la atribución para adoptar las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, aumentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, dadas las situaciones fácticas y jurídicas bajo las cuales es adoptado y los efectos que debe surtir con la inmediatez que impone la gravedad o entidad de las circunstancias vulneradoras que el Poder Público, con facultades extraordinarias temporales derivadas del propio Decreto, pues el Presidente de la República como Jefe de Estado y del Ejecutivo Nacional está en la obligación de atender para restaurar la normalidad en el funcionamiento del sistema socio-económico, para ponderar y garantizar de forma cabal e inaplazable los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas. Por ello, se observa que se trata de un límite y ponderación legítima respecto del ejercicio de algunos derechos y garantías constitucionales, fundado en razones excepcionales, cuyo único propósito es establecer un orden alternativo, temporal y proporcional dirigido a salvaguardar la eficacia del Texto Constitucional y, por ende, la eficacia de los derechos y garantías, en situaciones de anormalidad de tal entidad que comprometan la seguridad de la Nación, de sus habitantes, la armonía social, la vida económica de la Nación, de sus ciudadanos o ciudadanas, así como el normal funcionamiento de los Poderes Públicos y de la comunidad en general. Observa esta Sala Constitucional que el Decreto n° 3.413 del 10 de mayo de 2018, mediante el cual se declaró el Estado de Excepción y de Emergencia Económica, en todo el Territorio Nacional, atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica, que encuentran razón, además, en el contexto económico latinoamericano y global actual, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado, ineludibles para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz y para la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, conforme a lo previsto en el articulo 3 Constitucional. De allí que se estime ajustado al orden constitucional y por ende procedente, que el Ejecutivo Nacional, constatadas las circunstancias suscitadas y que se mantienen en el espacio geográfico de la República, emplee las medidas amparadas por el decreto bajo estudio, en cumplimiento del deber irrenunciable e ineludible del Estado Venezolano de garantizar el acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos y de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad, asegurando el derecho a la vida digna de todos los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela. En fin, estima esta Sala que el Decreto sometido a control de constitucionalidad cumple con los principios y normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en tratados internacionales sobre derechos humanos válidamente suscritos y ratificados por la República y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Finalmente, esta Sala reitera una vez más que el órganc legislativo nacional se encuentra en flagrante desacato al Poder Judicial, específicamente, a las decisiones dictadas por esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; razón por la cual, cualquier acto mediante el cual se pretenda desaprobar o inobservar el Decreto antes indicado es nulo, inexistente, ineficaz y carente de validez. Así se declara. Por último, se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia. IV DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la ley, declara: 1.- Que es COMPETENTE para revisar la constitucionalidad del Decreto n.° 3.503 del 09 de julio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial n° 41.435 de esa misma fecha, mediante el cual se prorroga el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional (Decreto n° 3.413 del 10 de mayo de 2018), dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las Instituciones Públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la República. 2.- La CONSTITUCIONALIDAD del Decreto n.° 3.503 del 09 de julio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial n.° 41.435 de esa misma fecha. 3.- NULO, INEXISTENTE E INEFICAZ cualqu:er acto en el cual la Asamblea Nacional pretenda desaprobar el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica n.° 3.503 del 09 de julio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial n.° 41.435 de esa misma fecha. 4.-Se REITERA que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo los acuerdos dictados y leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. 5.- Se REITERA que las sentencias de la Sala Constitucional tienen carácter vinculante y efectos erga omnes, inclusive para todos los órganos del Poder Público Nacional. 6.- Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada de la presente decisión al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y a la Procuraduría General de la República en la figura del Procurador General Encargado. Archívese. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los —25 — días del mes de Jolo de dos mil dieciocho (2018). Años: 208° de la Independencia y 159° de la Federación. El Presidente dφ ja Sala, Juan José Mendoza Jover El Vicepresidente, Arcadio Delgado Rosales página original (tal como se publicó) [Página 20] Los Magistrados, Carmen Zuleta de Merchán AMMGp Gladys María Gutiérrez Alvarado Calixto Ortoga Rios Luis Fernando Damiani Bustillos Lourdes Benicia Suárez Andersonf La Secretaria, Anihochg Mónica Andrea Rodriguez Flores LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 0419 EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL Exp. n.° 13-0586 Magistrado Ponente: CALIXTO ORTEGA RIOS Mediante la sentencia N° 499, dictada por esta Sala el 27 de abril de 2015, se acordó, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, iniciar de oficio el juicio de nulidad establecido en la referida Ley, con respecto al artículo 80 de la Ley de Abogados. En la referida decisión, igualmente, se ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que practicara las citaciones correspondientes al Presidente de la Asamblea Nacional. Asimismo, se ordenó notificar al ciudadano Fiscal General de la República, así como al ciudadano Defensor del Pueblo y, por último, se acordó la suspensión del Parágrafo Segundo de la norma sobre la cual versa la presente nulidad. Por auto del 17 de junio de 2015, el Juzgado de Sustanciación ordenó practicar las notificaciones legales. El 17 de junio de 2015, se libró el cartel de emplazamiento a los interesados, el cual fue publicado por el Juzgado de Sustanciación de esta Sala el 30 de junio de 2015. El 16 de julio de 2015, el abogado Luis González, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 7.541, actuando con el carácter de Presidente del Instituto de Previsión Social del Abogado, solicitó que se admitiera su intervención en el presente juicio. Por auto del 26 de noviembre de 2015, el Juzgado de Sustanciación admitió la intervención del abogado Luis González en la presente causa. El 17 de diciembre de 2015, el abogado Luis González presentó escrito en el cual emitió su opinión y, al mismo tiempo. promovió pruebas sobre el presente asunto. Por medio de escrito presentado el 17 de diciembre de 2015, los abogados María Elena Delgado, José Calzadilla, José Rojas y Joel Seijas, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 64.949, 92.948, 65.630 y 109.373, respectivamente, actuando como apoderados judiciales de la Asamblea Nacional, presentaron su escrito de consideraciones. El 23 de diciembre de 2015, se constituyó esta Sala Constitucional en virtud de la incorporación de los Magistrados designados por la Asamblea Nacional en sesión extraordinaria celebrada el 23 del mismo mes y año, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.816, del 23 de diciembre de 2015. quedó integrada de la siguiente forma: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Carmen Zuleta de Merchán, Juan José Mendoza Jover, Calixto Antonio Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson. El 15 de marzo de 2016, se reasignó Ia ponencia al Magistrado doctor CALIXTO ORTEGA RIOS, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo. El 24 de febrero de 2017, se reconstituyó esta Sala Constitucional quedando integrada de la siguiente forma: Magistrado Juan José Mendoza Jover, Presidente; Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Carmen Zulcta de Merchán. Gladys María Gutiérrez Alvarado, Calixto Ortega Rios, Luis Ferando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson. Efectuado el estudio del expediente, pasa la Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones: I DE LA NORMA OBJETO DE LA PRESENTE NULIDAD Tal como se estableció supra, el caso de autos tiene lugar a consecuencia de la eventual violación del derecho a la igualdad, a que se refiere el articulo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del articulo 80 de la Ley de Abogados, que es del siguiente tenor: "Articulo 80: Los órganos del Instituto son: a) La Asamblea General que estará integrada hasta por cinco (5) representantes de cada Colegio de Abogados. Parágrafo Segundo: Los miembros del Consejo Directivo del Instituto, según designados por la Asamblea General del mismo, deberán estar domiciliados en el área metropolitana de Caracas y durarán dos años en el ejercicio de sus funciones”. I1 FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA QUE DECLARÓ CONFORME A DERECHO LA DESAPLICACIÓN DEL PARÁGRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 80 DE LA LEY DE ABOGADOS La sentencia que dio lugar a la apertura del presente juicio anulatorio, preciso lo que a continuación se transcribe: “El Parágrafo Segundo del artículo 80 de la Ley de Abogados, así como el articulo 93 de su Reglamento condicionan el derecho al sufragio activo y pasivo de los aspirantes a miembros del Consejo Directivo del Inpreabogado, al establecer que deben estar domiciliados en el Área Metropolitana de Caracas y, en consecuencia, fueron desaplicados por su eventual colisión con el dispositivo contenido en el articulo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ya que en criterio de la Sala Electoral de este Alto Tribunal establecen una discriminación respecto de los abogados no domiciliados en esta Ciudad Capital. Entre tanto, el artículo 84 del reglamento de la Ley de Abogados establece que la máxima autoridad del referido instituto se encuentra a cargo de la Asamblea General. la cual. está constituida por los representantes de todos los Colegios de Abogados. Según la sentencia bajo examen. dicha norma establece un régimen de elección de segundo grado. ya que atribuye a la Asamblea General (integrada por los representantes de todos los Colegios de Abogados de la República) la designación del Consejo Directivo del Inpreabogado. en violación del derecho de participación y del principio de universalidad del voto. Ello así. es menester señalar que tal como precisó esta Sala en la sentencia N° 1457 del 27 de julio de 2007, caso: Pedro José Martinez Yánez, el derecho a la igualdad, es uno de los principios inherentes a la naturaleza del hombre y, por tanto, forma parte del elenco de postulados superiores del Estado, conforme lo establece el artículo 2 del Texto Fundamental. Así, la igualdad se presenta como una de las decisiones políticas fundamentales del Estado de derecho y de justicia, del cual constituye un presupuesto cardinal y básico. Es decir. es una regla primaria de nuestro sistena jurídico. Por ello, el Texto Fundamental reconoce en el articulo 21 al principio de igualdad, como un 'elemento rector de todo el ordenamiento jurídico, (Pérez Royo. Curso de Derecho Constitucional, Editorial Marcia! Pons, 2009. p. 289). página original (tal como se publicó) [Página 21] En otras palabras, es un valor inserto en nuestro Ordenamiento, que se traduce en un principio general, el cual a su vez se concreta como derecho subjetivo que afecta a todos los derechos constitucionales, y como obligación de los poderes públicos de hacerla real allí donde no surja de forma espontánca' (Molas. Derecho Constitucional, Editorial Tecnos, 1998, p. 299). De este modo. la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce expresamente a la igualdad como una de las bases del sistema político instaurado, sobre el cual surge un deber de protección que trasciende la noción retórica, para asumirlo como una técnica jurídica operante, que tiende a equilibrar las situaciones juridicas de los particulares de una manera no sólo declarativa, sino también real y verdadera. Con ello, es uno de los fines del Estado, que consiste en el derecho i que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a uno de lo que se concede a otro en iguales circunstancias, lo cual implica. que ante diferencias fácticas, la ley no puede establecer disposiciones uniformes. En este contexto, Garcia Morillo afirma (Derecho Constitucional, 2000. p. 171). que es un derecho prototípicamente relacional, por cuanto antes de concebirlo de manera autónoma, se observa conjuntamente con otro derecho o en una determinada situación material, es decir, 'no se viola la igualdad en abstracto, sino en relación con — esto es en la regulación, ejecución o aplicación, ejercicio, etc.- el acceso a los cargos públicos, la libertad de residencia. el derecho al trabajo o la tutela judicial efectiva, por solo poner unos ejemplos' (Garcia Morillo. Derecho Constitucional, 200, p. 174). En efecto, el derecho a la igualdad 'no es propiamente hablando un derecho autónomo de los otros derechos, puesto que dificiimente puede materializarse en abstracto" (Molas. Derecho Constitucional, Editorial Tecnos, p. 299), es decir, que aparece adminiculado con otros derechos, concretándose siempre en una situación material determinada. Este derecho, ha ido 'superando cada vez más el concepto formal de igualdad ante la ley y adentrándose en el de igualdad material, esto es. igualdad dentro de la ley o en la ley. En cierta forma, ello ha supuesto la ruptura, al menos parcial, de los caracteres de universalidad. generalidad, abstracción y duración de la ley, al admitirse las leyes singulares o sectoriales -con destinatarios individuales o grupales concretos-, las leyes temporales -cuya validez se persigue sólo durante una época concreta- y las leyes diferencíadoras, que, aún siendo generales o duraderas, otorgan distintos tratamientos en función de sus características' (García Morillo, ob. cit., p. 172). Tal fenómeno no es injustificado, pues viene determinado por la constatación de diferencias entre las situaciones fácticas de los sujetos de derecho y por la obligación que la Constirución impone a los Poderes Públicos de procurar que esa igualdad sea real y efectiva Estas circunstancias, aunadas a la complejidad de la sociedad moderna y al carácter social del Estado venezolano, explican que un gran número de normas otorguen, hoy, tratamiento diferente a supuestos de hecho que se entienden distintos. Actualmente, la igualdad se constituye en una situación jurídica de poder, que permite la 'reacción frente a la posible arbitrariedad de los poderes públicos. No se trata ya de que éstos no puedan, en sus actuaciones. diferenciar entre individuos o grupos: se trata de que, si lo hacen, su actuación no puede ser arbitraria. Es, por lo tanto, un principio negativo, limitativo. que acota un ámbito de actuación de los poderes públicos, y reaccional. que permite a los particulares reaccionar frente a las actuaciones de aquellos cuando sean arbitrarias" (García Morillo. ob. Cit.. p. 173). De este modo, la igualdad juridica no implica un trato igual en todos los casos con abstracción de los elementos diferenciadores. Se prohibe la discriminación, pero no toda desigualdad es una discriminación. Se prohiben las normaciones <.