[Página 1] GACETA A OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Caracas, martes 10 de enero de 2012 AÑO CXXXIX MES III SUMARIO Contraloría General de la República Resolución mediante la cual el ciudadano Contralor General de la República, para la época, impuso al ciudadano Vicente Emilio Jubes López, la sanción de Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un período de quince (15) años. Resolución mediante la cual el ciudadano Contralor General de la República, para la época, impuso al ciudadano Tobias Nóbrega Suárez, la sanción de Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un período de quince (15) años. Resolución mediante la cual el ciudadano Contralor General de la República, para la época, impuso al ciudadano Alfredo Quintana Cárdenas, la sanción de Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un período de quince (15) años. Resolución mediante la cual el ciudadano Contralor General de la República, para la época, impuso al ciudadano Ezequiel Campos Jordán, la sanción de Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un período de quince (15) años. Decisión mediante la cual se declaró Sin Lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto por el ciudadano Ezequiel Campos Jordán, en consecuencia, se confirmó el Acto Administrativo contenido en la Resolución Nº 01-00-000436, de fecha 09 de diciembre de 2010. Decisión mediante la cual se declaró Sin Lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto por el ciudadano Luis Alberto Rosanes Barquín, en consecuencia, se confirmó el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° 01-00-000437, de fecha 09 de diciembre de 2010. Decisión mediante la cual se declara la Responsabilidad Administrativa del ciudadano Francisco Javier López Rodríguez. Decisión mediante la cual se declara la Responsabilidad Administrativa de la ciudadana Teresa D'Oliveira. Decisión mediante la cual se declara la Responsabilidad Administrativa de los ciudadanos Ángel Barrero, Eduardo Pino y Pedro Carranza Cabrera . Decisión mediante la cual se declara la Responsabilidad Administrativa de los ciudadanos Carlos Leopoldo Bazzanella Modera, Jhonny José Marín Serrano, Néstor González González y Baudilio Gómez Galarraga. N° 6.069 Extraordinario CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resolución N° 01-00- 000375 Caracas. 2016 CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI Contralor General de la República CONSIDERANDO Que en fecha 1° de enero de 2002, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001, la cual en su articulo 127 deroga la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.017 Extraordinario del 13 de diciembre de 1995. CONSIDERANDO Que el articulo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 1º de enero de 2002, establece que: "(...) Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilicito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un perlodo no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable (...) e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años (...)". CONSIDERANDO Que en auto decisorio de fecha 07 de enero de 2010, suscrito por el ciudadano ALEXANDER PÉREZ ABREU, en su carácter de Director Sectorial de la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Organismo Contralor, en uso de las atribuciones que le fueron delegadas por quien suscribe a través de Resolución N° 01-00-035 de fecha 17 de enero de 2006, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.364 de fecha 24 de enero de 2006, constan los fundamentos de hecho y de derecho que ciudadano VICENTE EMILIO JUBÉS LÓPEZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.331.852. en su condición de Perito Avaluador del inmueble denominado edificio Bilbao, por los hechos siguientes: PRIMERO: Por haberse concertado con los ciudadanos TOBiAS NÓBREGA SUÁREZ, ALFREDO QUINTANA GÁRDENAS, VICENTE EMILIO JUBES LÓPEZ, JESÚS RODOLFO BERMÚDEZ ACOSTA. y con la COMPANIA ANÓNIMA YAVONCA OFICINA TÉCNICA, todos identificados en autos, en la adquisición del edificio Bilbao, sin que precios fuesen justos y razonables; dicha afirmación derivó de los siguientes eventos: página original (tal como se publicó) [Página 2] En fecha 15 de julio de 2002. el ciudadano Tobias Nóbrega Suárez, en su condición de Ministro del entonces Ministerio de Finanzas, en la actualidad Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, Presidente de la República, la Reprogramación de la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el ejercicio fiscal del año 2001, con la finalidad de incluir al programa de "Adquisición de la Sede de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública". Asimismo, requirió autorización para realizar una Operación de Crédito Público, la cual estaría destinada al financiamiento de dicha adquisición, hasta por la cantidad de cinco millones trescientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América sin centavos (USs 5.350.000.00). o su equivalente en Bolivares, Euros o Yenes. Mediante Decreto N° 1917 de fecha 10 de agosto de 2002. se procedió a la Quingentésima Trigésima Tercera emisión de Bonos de la Deuda Pública Nacional. constitutivos de empréstitos internos destinados al financiamiento de Programas y/o Proyectos a cargo dei Ministerio de Finanzas, entre los que se encuentran la adquisición de la sede de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, por la cantidad de Bs. 3.878.750.000.00. el cual fue publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.506 de fecha 15 de agosto de 2002. En fecha 12 de agosto de 2002, el Ministerio de la Secretaria de la Presidencia y la Oficina de la Secretaria del Consejo de Ministros, informaron a través del Oficio SCM N° 2833 al ciudadano Tobias Nóbrega Suárez, en su condición de Ministro de Finanzas, que la solicitud fue aprobada en reuniones de Consejos de Ministros y en tal sentido, lo autorizan a celebrar en nombre de la República Bolivariana En fecha 13 de agosto de 2002, el ciudadano Ramón Llaneza Fernández. Director de la Compañia Anónima Yavonca Oficina Técnica C.A., ofertó al entonces Ministerio de Finanzas, la venta de un inmueble denominado edificio Bilbao (incluidos bienes muebles), ubicado en la Urbanización la Urbina, Municipio Sucre del Estado Miranda, por la cantidad de tres mil ochocientos setenta y ocho millones setecientos cincuenta mil bolivares (Bs. 3.878.750.000.00). setecientos cincuenta bolivares fuertes (Bs. F. 3.878.750,00). En fecha 30 de agosto de 2002, los ciudadanos Alfredo Quintana Cárdenas y Ezequiel Campos, en sus condiciones de Director de Bienes y Servicios Administrativos. y Jefe de la Oficina de Inmueble del entonces Ministerio de Finanzas, respectivamente, realizaron un "INFORME SOBRE EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS PARA SELECCIONAR LA EMPRESA QUE SUMINISTRARÁ EL EDIFICIO SEDE DE LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO DE LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA ENAHP- IUT", dirigido a la ciudadana Guainía Pereira, quien para esa fecha fungía como Directora General de Servicios de ese ente Ministerial, en el que recomendaron se estudiara la posibilidad de adquirir el como sede de los programas de postgrado de la Escuela para poder disponer de una edificación acorde a los nuevos requerimientos de la institución y se adjudicara directamente la compra del inmueble, dada la urgente necesidad de solventar el grave problema de espacio de la Escuela. En esa misma fecha, 30 de agosto de 2002, los Ingenieros Luís Emilio Jubés V. y Vicente Jubés L. en su condición de Peritos Avaluadores, realizaron Informe Técnico de Avalúo, sobre el inmueble denominado edificio Bilbao, previa solicitud del Ministerio de Finanzas, en la que determinaron que el inmueble tenla un valor de mercado de DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVEECIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CINCO CIÉNTIMOS (Bs. 2.210.398.957,05) 6 DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLIVARES FUERTES CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. F. 2.210.398,96). En fecha 02 de septiembre de 2002, el ciudadano Alfredo Quintana en su condición de Director de Bienes y Servicios Administrativos del entonces Ministerio de Finanzas, le participó a la Compañía Anónima Yavonca Oficina Técnica C.A.. que se habia elegido la oferta presentada por su empresa, para lo cual se requirió la constitución de una fianza de anticipo que garantice la adquisición de la nueva sede y fuesen cumplidos todos los requerimientos de Ley. En fecha 03 de septiembre de 2002, la Compañía Anónima Yavonca Fernández, presentó fianza de anticipo al entonces Ministerio de Finanzas, la cual fue otorgada en esa misma fecha por Seguros Pirámide. en la Notaria Pública Octava del Municipio Sucre del Estado Miranda, por la cantidad de tres mil ochocientos setenta y ocho millones setecientos cincuenta mil bolívares (Bs. 3.878.750.000.00). setecientos cincuenta bolivares fuertes (Bs. F. 3.878.750.00). Mediante (Oficio N° 1334 de fecha 06 de septiembre de 2002, el ciudadano Jesús Bermúdez Acosta, en su condición de Viceministro de Gestión Financiera del entonces Ministerio de Finanzas, solicitó al Vicepresidente de Operaciones Nacionales del Banco Central de Venezuela, "asignar en dación en pago, Bonos de la Deuda Pública OFICINA TÉCNICA C.A. POr un mOnto de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 3.878.750.000.00)" equivalentes a tres millones ochocientos setenta y ocho mil setecientos cincuenta bolívares fuertes (Bs. F. 3.878.750,00). En fecha 23 de septiembre de 2002, la Compañía Anónima Yavonca Oficina Técnica C.A., a través del ciudadano Ramón Llaneza Fernández, notificó al anterior Ministerio de Finanzas, en la actualidad Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, que recibió a su entera y cabal satisfacción la cantidad de tres mil ochocientos setenta y ocho millones setecientos cincuenta mil bollvares (Bs. 3.878.750.000,00), equivalentes a tres millones ochocientos setenta y ocho mil setecientos cincuenta bollvares fuertes (Bs. F. 3.878.750,00). representados en Bonos de la Deuda Pública Nacional,a través del documento identificado como DBPSO1068D0010, correspondiente al Decreto N° 1068, Clase D, no obstante para esta fecha, la propiedad del inmueble estaba acreditada a Inversiones Recemundi. C.A. (local PB-1), Inversiones Renda y Álvarez C.A. (local PB-2), Inversiones Salcedo C.A. (local 1-A). Inversora Inmobiliaria Renpui, C.A. (local 2-B) e Inmobiliaria Renjas, C.A. (local 3-C), de acuerdo a la certificación de la tradición legal por el lapso de los últimos cinco (05) años, otorgada por la Registradora Inmobiliaria del Primer Circuito de Registro Público, Municipio Sucre del Estado Miranda, en la que se indicó, entre otros aspectos, que las mencionadas empresas, vendieron a la Compañía Anónima Yavonca Oficina Técnica C.A., los locales que conforman el inmueble antes mencionado en fecha 12 de diciembre de 2002, por la cantidad total de un mil novecientos veintiocho millones quinientos mil bolivares con cero céntimos (Bs. 1.928.500.000,00) ó un millón novecientos veintiocho mil quinientos bolivares fuertes (Bs. F. 1.928.500,00), siendo sus accionistas de acuerdo al documento constitutivo los ciudadanos Ramón Llaneza Fernández y Cristóbal Von Wachter. Yavonca Oficina Técnica C.A. y el entonces Ministerio de Finanzas por órgano de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, cinco (05) documentos de compra venta de los locales que conforman el inmueble en cuestión, por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Sucre del Estado Miranda, sobre la base del avalúo realizado por los peritos, los cuales totalizaron la cantidad de tres mil ochocientos setenta y ocho millones setecientos cincuenta mil bollvares (Bs. 3.878.750.000,00), setecientos cincuenta bolivares fuertes (Bs. F. 3.878.750,00), monto éste previamente cancelado a la Compañia/Anónima Yavonca Oficina Técnica C.A.. en fecha 23 de septiembre de 2002, a través de la emisión de Bonos de la Deuda Pública Nacional, identificado como DBPSO1068D0010, correspondiente al Decreto 1068. Clase D. En fecha 15 de diciembre de 2004, este Organismo Contralor determinó a través de avalúo, que el precio justo y razonable de la referida propiedad al mes de diciembre de 2002, era de un mil quinientos sesenta millones de bollvares (Bs. 1.560.000.000.00), es (Bs. F. 1.560.000.00), lo que representa una diferencia dos mil trescientos dieciocho millones setecientos cincuenta mil bolivares (Bs. 2.318.750.000.00). ó dos millones trescientos dieciocho mil setecientos cincuenta bolivares fuertes (Bs. F. 2.318.750,00), respecto a lo que pagó el Ministerio por el costo del inmueble y una ocho mil novecientos cincuenta y siete bolivares con cinco céntimos (Bs. 650.398.957,05) ó seiscientos cincuenta mil trescientos noventa y ocho bolivares fuertes con noventa y seis céntimos (Bs. F. 650.398,96), respecto al avalúo que realizaran los ciudadanos Luis Emilio Jubés V. y Vicente Jubés L., en su condición de Peritos Avaluadores. Tales hechos configuraron el supuesto generador de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el numeral 20 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y generaron daño patrimonial por cincuenta mil bolivares (Bs. 2.318.750.000.00). ó dos millones trescientos dieciocho mil setecientos cincuenta bolívares fuertes (Bs. F. 2.318.750,00), respecto a lo que se pagó por el costo del inmueble, atribuido de manera solidaria a los ciudadanos Guainía Pereira Hernández; Alfredo Quintana Cárdenas y Ezequiel Campos. quienes recomendaron a ésta a través de informe la compra del inmueble referido; Luís Emillo Jubés V., Vicente Jubés L., quienes realizaron el Informe de avalúo sobre el inmueble cuestionado; Jesús Rodolfo Bermúdez Acosta, quien suscribió el Oficio N° 1334 de mencionado: Compañia Anónima Yavonca Oficina Técnica, quien presentó la oferta de venta por un monto de Bs. 3.878.750.000,00 sin ser la propietaria del inmueble y recibió la totalidad del pago, así como a Tobías Nóbrega Suárez. como máxima autoridad del fondos públicos, facultado para ejercer la superior administración, dirección, Inspección y resguardo de los bienes del Ministerio y quien página original (tal como se publicó) [Página 3] debió otorcar. previo cumplimiento de las formalidades de Ley, los contratos relacionados con asuntos propios del Ministerio, tal y como lo dispone al artículo 76 numerales 11 y 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, asumiendo la responsabilidad que se derive de ellos. pues ésta condición le estaba atribuida por desempeñar el cargo de Ministro de Finanzas. SEGUNDO: Por haber actuado de manera negligente en la solicitud clel Ministerio de Finanzas, en la actualidad Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, utilizando en la determinación de los precios unitarios a los fines de precisar el valor del referido edificio, un modelo estadistico de regresión lineal múltiple, sin detallar los procedimientos realizados ni especificar la valoración del total de las variables independientes que intervienen en el modelo; b) le confirió al sótano del edificio un valor como área vendible (local comercial), sin tomar en cuenta que en las cláusulas dos y cinco del Documento de Condominio, se señala dicho nivel para la instalación de áreas de servicios comunes y como uso de estacionamiento con capacidad para 14 puestos. los cuales se le asigna a las áreas vendibles de las plantas baja y las plantas tipo, por lo tanto, tomando en cuenta que en la mayoria de las referenciales de valor de locales comerciales usadas incluyen puesto de estacionamiento, se considera improcedente la valorización del sótano del edificio en cuestión, ya establecidos para las áreas netas; c) la aplicación que hizo a las plantas tipo 1, 2 y 3 de un indicador de precios provenientes de operaciones de locales comerciales, se considera inadecuado, ya que las mismas por sus caracteristicas y por lo señalado en el Documento de Condominio, sólo se específica como locales comerciales los situados en la planta baja del edificio, adaptándose más al uso de oficinas o de locales industriales, que por las condiciones del mercado inmobiliario, presenta menores precios. Asimismo, señaló el precitado ciudadano en el referido Informe Técnico de Avalúo, que el inmueble tenia un valor del mercado de dos mil doscientos diez millones trescientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y siete bolivares con cero cinco céntimos (Bs. 2.210.398.957,05). es decir, dos fuertes con noventa y seis céntimos (Bs. F. 2.210.398,96). monto éste del cual difiere este organismo contralor, toda vez que en Informe determinó un valor justo y razonable, al mes de diciembre del año 2002 de un mil quinientos sesenta millones de bolivares con cero céntimos (Bs. 1.560.000.000.00). es decir, un millón quinientos sesenta mil bolivares fuertes (Bs. F. 1.560.000,00). cifra que establece una diferencia de seiscientos cincuenta millones trescientos cinco céntimos (Bs. 650.398.957,05), ó seiscientos cincuenta mil trescientos noventa y ocho bolivares fuertes con noventa y seis céntimos (Bs. F. 650.398.96). respecto a la valuación efectuada; responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. CONSIDERANDO Que en fecha 05 de mayo de 2010, se declaró SIN LUGAR el EMILIO JUBÉS VELA, titular de la cédula de identidad N° 2.948.008, actuando en nombre y representación del ciudadano VICENTE 10.331.852, contra la decisión que declaró su responsabilidad administrativa, anteriormente aludida. CONSIDERANDO Que de conformidad con el artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 12 de agosto de 2009, para acordar la suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo o la destitución del cargo, e imponer la inhabilitación para el ejercicio dle sus funciones públicas derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 105 de la mencionada Ley, el Contralor General de la República tomará en consideración la entidad o gravedad del ilicito o irregularidad administrativa que dio lugar a dicha declaratoria de manera que la sanción sea proporcional a los hechos. RESUELVE De conformidad con lo establecido en el articulo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el articulo 112 de su Reglamento, imponer al ciudadano VICENTE EMILIO JUBÉS de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un periodo de QUINCE (15) AÑOS, contado a partir de la notificación de la presente Resolución. Notifiquese al interesado. Infórmese al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas y a la Dirección General de Coordinación y Seguimiento adscrita al Despacho del Viceministro de Planificación Social e Institucional del referido Ministerio y al Consejo Nacional Electoral (CNE). Cúmplasgpubliquese, CLODOSBALDORUŠSSIÁN UZCÁTEGUI 8"Contralor General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resolución N° 01-00- 000413 Caracas. 9 :. 2010 CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI Contralor General de la República CONSIDERANDO Que en fecha 1º de enero de 2002, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001, la cual en su articulo 127 deroga la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.017 Extraordinario del 13 de diciembre de 1995. CONSIDERANDO Que el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría vigente a partir del 1° de enero de 2002, establece que: "(...) Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilicito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable (...) e imponer, atendiendo la gravedad, de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años (.)". CONSIDERANDO Que en auto decisorio de fecha 07 de enero de 2010, suscrito por el ciudadano ALEXANDER PÉREZ ABREU, en su carácter de Director Sectorial de la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Organismo Contralor, en uso de las atribuciones que le fueron delegadas por quien suscribe a través de Resolución N° 01-00-035 de fecha 17 de enero de 2006, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.364 de fecha 24 de enero de 2006, constan los fundamentos de hecho y de derecho que ciudadano TOBÍAS NÓBREGA SUÁREZ, titular de la cédula de identidad N° V-5.962.893. en su condición de Ministro de Finanzas, para el momento de ocurrencia de los hechos irregulares que a continuación de indican: PRIMERO: Por haberse concertado con los ciudadanos ALFREDO QUINTANA CÁRDENAS. EZEQUIEL CAMPOS JORDÁN, GUAINÍA VICENTE EMILIO JUBES LÓPEZ, JESÚS RODOLFO BERMÚDEZ ACOSTA y COn la COMPAÑÍA ANÓNIMA YAVONCA OFICINA TÉCNICA, C.A., todos identificados en autos, para la adquisición del edificio Bilbao, sin que ésta empresa fuese la legitima propietaria y sin verificarse que los precios fuesen justos y razonables; dicha afirmación cerivó de los siguientes eventos: página original (tal como se publicó) [Página 4] En fecha 15 de julio de 2002, el ciudadano Tobías Nóbrega Suárez, en su condición de Ministro del entonces Ministerio de Finanzas, en la actualidad Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, solicitó mediante Punto de Cuenta N° 145-2002 al ciudadano Presidente de la República, la Reprogramación de la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el ejercicio fiscal del año 2001, con la finalidad de incluir al programa de "Adquisición de la Sede de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública". Asimismo, requirió autorización para realizar una Operación de Crédito Público, la cual estaría destinada al financiamiento de dicha adquisición, hasta por la cantidad de cinco millones trescientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América sin centavos (USs 5.350.000,00). o su equivalente en Bollvares, Euros o Yenes. Mediante Decreto N° 1917 de fecha 10 de agosto de 2002, se procedió a la Quingentésima Trigésima Tercera emisión de Bonos de la Deuda Pública Nacional, constitutivos de empréstitos internos destinados al financiamiento de Programas y/o Proyectos a cargo del Ministerio de Finanzas, entre los que se encuentran la adquisición de la sede de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, por la cantidad de Bs. 3.878.750.000.00, el cual fue publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.506 de fecha 15 de agosto de 2002. En fecha 12 de agosto de 2002, el Ministerio de la Secretaria de la informaron a través del Oficio SCM N° 2833 al ciudadano Tobías Nóbrega Suárez, en su condición de Ministro de Finanzas, que la solicitud fue aprobada en reuniones de Consejos de Ministros y en tal sentido, lo autorizan a celebrar en nombre de la República Bolivariana de Venezuiela, una operación de crédito público. En fecha 13 de agosto de 2002. el ciudadano Ramón Llaneza Fernández. Director de la Compañia Anónima Yavonca Oficina Técnica C.A.. ofertó al entonces Ministerio de Finanzas. la venta de un inmueble denominado edificio Bilbao (incluidos bienes muebles). ubicado en la Urbanización la Urbina, Municipio Sucre del Estado Miranda, por la cantidad de tres mil ochocientos setenta y ocho millones setecientos cincuenta mil bolivares (Bs. 3.878.750.000.00). setecientos cincuenta bolivares fuertes (Bs. F. 3.878.750,00). En fecha 30 de agosto de 2002, los ciudadanos Alfredo Quintana Cárdenas y Ezequiel Campos, en sus condiciones de Director de Bienes y Servicios Administrativos, y Jefe de la Oficina de Inmueble del entonces Ministerio de Finanzas, respectivamente, realizaron un "INFORME SOBRE EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS PARA SELECCIONAR LA EMPRESA QUE SUMINISTRARÁ EL EDIFICIO SEDE DE LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO DE LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA ENAHP- IUT", dirigido a la ciudadana Guainia Pereira, quien para esa fecha fungla como Directora General de Servicios de ese ente Ministerial, en el que recomendaron se estudiara la posibilidad de adquirir el edificio propuesto por la empresa Yavonca Oficina Técnica C.A., como sede de los programas de postgrado de la Escuela para poder disponer de una edificación acorde a los nuevos requerimientos de la institución y se adjudicara directamente la compra del inmueble, dada Escuela. En esa misma fecha, 30 de agosto de 2002, los Ingenieros Luís Emilio Jubés V. y Vicente Jubés L.. en su condición de Peritos Avaluadores, realizaron Informe Técnico de Avalúo, sobre el inmueble denominado edificio Bilbao, previa solicitud del Ministerio de Finanzas, en la que determinaron que el inmueble tenía un valor de mercado de DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLIVARES CON DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLIVARES FUERTES CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. F. 2.210.398,96). En fecha 02 de septiembre de 2002, el ciudadano Alfredo Quintana en su condición de Director de Bienes y Servicios Administrativos del entonces Ministerio de Finanzas. le participó a la Compañía Anónima presentada por su empresa, para lo cual se requirió la constitución de una fianza cle anticipo que garantice la adquisición de la nueva sede y fuesen cumplidos todos los requerimientos de Ley. En fecha 0:3 de septiembre de 2002, la Compañia Anónima Yavonca Fernández., presentó fianza de anticipo al entonces Ministerio de Finanzas, la cual fue otorgada en esa misma fecha por Seguros Pirámide, en la Notaria Pública Octava del Municipio Sucre del Estado millones setecientos cincuenta mil bolivares (Bs. 3.878.750.000.00). setecientos cincuenta bolivares fuertes (Bs. F. 3.878.750,00). Mediante C)ficio N° 1334 de fecha 06 de septiembre de 2002, el ciudadano Jesús Bermúdez Acosta, en su condición de Viceministro de Gestión Financiera del entonces Ministerio de Finanzas, solicitó al Vicepresidente de Operaciones Nacionales del Banco Central de Venezuela, "asignar en dación en pago, Bonos de la Deuda Pública OFICINA TÉCNICA C.A. pOr un monto de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVAREs (Bs. 3.878.750.000,00)" equivalentes a tres millones ochocientos setenta y ocho mil setecientos cincuenta bolivares fuertes (Bs. F. 3.878.750,00). En fecha 23 de septiembre de 2002, la Compañía Anónima Yavonca Oficina Técnica C.A.. a través del ciudadano Ramón Llaneza Fernández, notificó al anterior Ministerio de Finanzas, en la actualidad Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, que recibió a su entera y cabal satisfacción la cantidad de tres mil ochocientos (Bs. 3.878.750.000,00), equivalentes a tres millones ochocientos (Bs. F. 3.878.750,00), representados en Bonos de la Deuda Pública Nacional, a través del documento identificado como DBPSO1068D0010, correspondiente al Decreto N° 1068, Clase D. no obstante para esta fecha, la propiedad del inmueble estaba acreditada a Inversiones Recemundi. C.A. (local PB-1), Inversiones Renda y Álvarez C.A. (local PB-2), Inversiones Salcedo C.A. (local 1-A), Inversora Inmobiliaria Renpui, C.A. (local 2-B) e Inmobiliaria Renjas, C.A. (local 3-C), de acuerdo a la certificación de la tradición legal por el lapso de los últimos cinco (05) años, otorgada por la Registradora Inmobiliaria del Primer Circuito de Registro Público, Municipio Sucre del Estado Miranda, en la que se indicó, entre otros aspectos, que las mencionadas empresas, vendieron a la Compañía Anónima Yavonca Oficina Técnica C.A.. los locales que conforman el inmueble antes mencionado en fecha 12 de diciembre de 2002, por la cantidad-total de un mil novecientos veintiocho millones quinientos mil bolivares con veintiocho mil quinientos bolivares fuertes (Bs. F. 1.928.500,00). siendo sus accionistas de acuerdo al documento constitutivo los ciudadanos Ramón Llaneza Fernández y Cristóbal Von Wachter. Yavonca Oficina Técnica C.A. y el entonces Ministerio de Finanzas por órgano de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, cinco (05) documentos de compra venta de los locales que conforman al inmueble en cuestión. por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Sucre del Estado Miranda, sobre la base del avalúo realizado por los peritos, los cuales totalizaron la cantidad de tres mil ochocientos setenta y ocho millones equivalentes a tres millones ochocientos setenta y ocho mil setecientos cincuenta bolivares fuertes (Bs. F. 3.878.750,00). monto éste previamente cancelado a la Compañía Anónima Yavonca Oficina Técnica C.A., en fecha 23 de septiembre de 2002, a través de la emisión de Bonos de la Deuda Pública Nacional, identificado como DBPSO1068D0010, correspondiente al Decreto 1068, Clase D. En fecha 15 de diciembre de 2004, este Organismo Contralor determinó a través de avalúo, que el precio justo y razonable de la quinientos sesenta millones de bolivares (Bs. 1.560.000.000,00), es trescientos dieciocho millones setecientos cincuenta mil bolivares setecientos cincuenta bolivares fuertes (Bs. F. 2.318.750.00). respecto a lo que pagó el Ministerio por el costo, del inmueble y una diferencia de seiscientos cincuenta millones trescientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y siete bolivares con cinco céntimos (Bs. 650.398.957,05) ó seiscientos cincuenta mil trescientos noventa y ocho_bolivares fuertescon noventa y seis céntimos (Bs. F. 650.398,96), respecto al avalúo que realizaran los ciudadanos Luis Emilio Jubés V. y Vicente Jubés L.. en su condición de Peritos Avaluadores. Tales hechos configuraron el supuesto generador de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el numeral 20 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y generaron daño patrimonial por la cantidad de dos mil trescientos dieciocho millones setecientos trescientos dieciocho mil setecientos cincuenta bolivares fuertes (Bs. F. 2.318.750,00), respecto a lo que se pagó por el costo del inmueble, atribuido de manera solidaria a los ciudadanos Guainía Pereira Hernández: Alfredo Quintana Cárdenas y Ezequiel Campos, quienes recomendaron a ésta a través de informe la compra del inmueble referido; Luís Emilio Jubés V., Vicente Jubés L., quienes realizaron el informe de avalúo sobre el inmueble cuestionado; Jesús Rodolfo Bermúdez Acosta, quien suscribió el Oficio N° 1334 de Operaciones Nacionales del Banco Central de Venezuela, ya mencionado; Compañía Anónima Yavonca Oficina Técnica. quien presentó la oferta de venta por un monto de Bs. 3.878.750.000.00 sin ser la propietaria del inmueble y recibió la totalidad del pago, así como a Tobías Nóbrega Suárez. como máxima autoridad del entonces Ministerio de Finanzas, responsable del manejo de los fondos públicos, facultado para ejercer la superior administración, dirección, inspección y resguardo de los bienes del Ministerio y quien página original (tal como se publicó) [Página 5] debió otorgar, previo cumplimiento de las formalidades de Ley, los contratos relacionados con asuntos propios del Ministerio, tal y como Administración Pública, asumiendo la responsabilidad que se derive de ellos, pues ésta condición le estaba atribuida por desempeñar el cargo de Ministro de Finanzas. SEGUNDO: Por haberse concertado con los ciudadanos ALFREDO QUINTANA CÁRDENAS, GUAINÍA CECILIA PEREIRA HERNÁNDEZ. LUIS ALBERTO ROSANES BARQUIN, JESÚS RODOLFO INMOBILIARIA CHACAO C.A.. todos identificados en autos. para la adquisición del edificio Citibank, sin ser ésta la legítima propietaria y sin verificarse que los precios fuesen justos y razonables; dicha afirmación derivó de los siguientes eventos: En fecha 03 de diciembre de 2002, la Sociedad Mercantil Inmobiliaria Chacao C.A.. a través de su Director, ciudadano Antonio Pardo Andretta, ofreció en venta al entonces Ministerio de Finanzas, un inmueble denominado Citibank, ubicado en Carmelitas. Distrito Capital, por la cantidad de nueve millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 9.500.000,00), estableciendo el dólares de los Estados Unidos de América (USs 6.500.000,00), en instrumentos financieros de la República Bolivariana de Venezuela. En fecha 10 de diciembre de 2002, el Ingeniero Luis Alberto Rosanes Barquín, en su condición de Perito Avaluador, realizó Informe Técnico de Avalúo, sobre el inmueble denominado edificio Citibank, previa inmueble tenia un valor de QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN BOLÍVARES CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (Bs. 15.580.307.951,26) 6 QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SIETE BOLÍVARES FUERTES CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. F. 15.580.307,95). En fecha 18 de diciembre de 2002, el ciudadano Tobías Nóbrega Suárez, en su condición de Ministro de Finanzas, solicitó mediante Punto de Cuenta N° 358-2002. al ciudadano Presidente de la República la autorización para una Operación de Crédito Público, destinada al Financiamiento del Programa "Incorporación de nuevas dependencias Administrativas", hasta por la cantidad de nueve millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 9.500.000,00) o su equivalente en Bolivares, Euros o Yenes, a cargo del ministerio, una vez fuera incluido en la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el ejercicio fiscal 2001, mediante reprogramación debidamente certificada por el Consejo de Ministros. En esa misma fecha, 18 de diciembre de 2002, el ciudadano Alfredo Quintana, en su condición de Director de Bienes y Servicios proceso de selección de ofertas, de cuya evaluación determinó que la mejor oferta presentada fue la de Inmobiliaria Chacao C.A. sobre el inmueble denominado edificio Cltibank. En reunión de Consejo de Ministros N° 280 del 19 de diciembre de 2002, se aprobó la solicitud efectuada por el entonces Ministerio de Finanzas, y en tal sentido, en fechas 24 y 26 de diciembre de 2002, a través de Oficios SCM N° 3051 y N° SCM 3108. la Vicepresidencia de la República y la Oficina de la Secretarla del Consejo de Ministros, informaron al respecto. El 20 de diciembre de 2002, la ciudadana Guainía Pereira, en su condición de Directora General de Servicios del entonces Ministerio de Finanzas, participó a la empresa Inmobiliaria Chacao C.A.. que el Ministerio habia manifestado la voluntad de adquirir el inmueble y solicitó a la misma la presentación de una fianza por el 100% del monto de la transacción. En fecha 24 de diciembre de 2002, la Sociedad Mercantil Inversora Previcrédito, otorgó fianza de fiel cumplimiento. por ante la Notaría Pública Trigésima Primera del Municipio Libertador, por la cantidad de nueve millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 9.500.000,00). En esa misma fecha, 24 de diciembre de 2002, la Sociedad Mercantil Inmobiliaria Chacao C.A. a través de su Director, ciudadano Antonio Pardo Andretta, participó al ciudadano Ministro de Finanzas, la designación "a la Fideicomiso La Previsora y/o Seguros La Previsora como receptor de los instrumentos financieros y/o dinero, por el monto de nueve millones quinientos mil dólares (USD 9.500.000,00)". que serían asignados por la compra-venta del edificio denominado Citibank. En fecha 27 de diciembre de 2002, el ciudadano Jesús Bermúdez Acosta, en su condición de Viceministro de Gestión Financiera del entonces Ministerio de Finanzas, emitió pagaré por la cantidad de seis millones quinientos mil dólares (US$ 6.500.000,00) a favor del Banco de Venezuela, de acuerdo a instrucciones dadas por la empresa Inmobiliaria Chacao. C.A. En fecha 30 de diciembre de 2002, el ciudadano Jesús Bermúdez Acosta, en su condición de Viceministro de Gestión Financiera del entonces Ministerio de Finanzas, realizó transferencia por la cantidad Morgan Chase Bank, a la cuenta Custodia del referido Banco, de acuerdo a instrucciones dadas por la empresa Inmobiliaria Chacao, C.A. Esta situación materializa el hecho de haber pagado a una persona jurídica que no era la propietaria del bien, toda vez que para estas fechas la titularidad sobre el inmueble estaba acreditada a Inversiones y Adelantos C.A. (INADECA). de acuerdo al contenido de la certificación legal del inmueble, de los últimos diez (10) años, otorgado por el Registrador Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, siendo que en fecha 30 de enero de 2003, se efectuó la compra venta del inmueble en cuestión Mercantil Inmobiliaria Chacao C.A., por la cantidad de cuatro millones América (US$ 4.785.000,00). según consta en documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, quedando registrado bajo el N° 31, Tomo 06, Protocolo Primero. En fecha 06 de febrero de 2003, se autenticó por ante la Notaría Pública Quinta del Municipio Chacao, documento de compra venta entre la Inmobiliaria Chacao C.A.. y el Ministerio de Finanzas, por la cantidad de nueve millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 9.500.000,00). En fecha 24 de abril de 2003, se dejó sin efecto el anterior documento de compra venta y se autenticó por ante la misma Notaría Pública un nuevo documento de compra venta, el cual quedó asentado bajo el N° 24, Tomo 25 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaria. En fecha 25 de mayo de 2004, se protocolizó el anterior documento de compra-venta, por ante el Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, quedando registrado bajo el N° 24, Tomo 8, Protocolo Primero. La negociación en referencia, se efectuó sin verificar que los precios fuesen justos y razonables, toda vez que del Informe de Técnico suscrito por funcionario de este Organismo Contralor en fecha 15 de diciembre de 2004, se determinó que el valor del inmueble al mes de abril del año 2003 era de NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DE BOLIVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 9.772.000.000,00) 6 NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 9.772.000,00), cifra con la cual se establece una diferencia de CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE BOLIVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 5.428.000.000,00). es decir, CINCO FUERTES (Bs. F. 5.428.000,00) respecto al monto de QUINCE MIL DOSCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 15.200.000.000,00). equivalentes a QUINCE MILLONES DOSCIENTOS MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 15.200.000,00), luego de hacer la conversión monetaria, pagados por el Ministerio de Finanzas a Inmobiliaria Chacao C.A. por el edificio Citibank. Tales hechos, configuraron el supuesto generador de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el numeral 20 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y daño patrimonial por la cantidad (Bs. 5.428.000.000.00). es decir, cinco millones cuatrocientos veintiocho mil bollvares fuertes (Bs. F. 5.428.000,00), atribuido de manera solidaria a los ciudadanos Luís Alberto Rosanes Barquín, quien realizó el Informe de Avalúo tomado como referencia por el Ministerio para efectuar la negociación; Alfredo Quintana, quien fue la de Inmobiliaria Chacao sobre el inmueble denominado edificio Citibank; Guainía Pereira, quien participó a la empresa Inmobiliaria Chacao C.A., que el Ministerio había manifestado la voluntad de adquirir el inmueble y solicitó a la misma la presentación de una fianza por el 100% del monto de la transacción; Jesús Bermúdez Acosta, quien emitió pagaré por la cantidad de seis millones Venezuela y realizó transferencia por la cantidad de tres millones de dólares (US$ 3.000.000,00) a través del JP Morgan Chase Bank, a la cuenta Custodia del referido Banco, de acuerdo a instrucciones dadas por la empresa Inmobiliaria Chacao, C.A.:; Sociedad Mercantil Inmobiliaria Chacao C.A., al ofrecer en venta el inmueble en cuestión y recibir nueve millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 9.500.000,00), sin ser la propietaria del bien inmueble: así como el ciudadano Tobías Nóbrega Suárez, como máxima autoridad del entonces Ministerio de Finanzas, responsable del manejo de los fondos públicos, facultado para ejercer la superior administración, dirección, inspección y resguardo de los bienes del Ministerio y quien debió otorgar, previo cumplimiento de las formalidades de Ley, los contratos relacionados con asuntos propios del Ministerio, tal y como lo dispone el articulo 76 numerales 11 y 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, asumiendo la responsabilidad que se derive de ellos, pues ésta condición le estaba atribuida por desempeñar el cargo de Ministro de Finanzas. página original (tal como se publicó) [Página 6] permitir que un funcionario sin competencia para ello, suscribiera en fueron registrados ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Sucre del Estado Miranda, bajo los números 22, 23, 25, 26 y 27, Tomo 27, Protocolo Primero, en nombre del Ministerio, siendo que él era la persona competente para realizar esa operación de compra-venta, en aplicación del articulo 76 numeral 15 de la Ley Orgánica de Administración Pública, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos; configurándose de esta manera el supuesto generador de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. CUARTO: Por haber actuado de manera negligente en la preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio público, al permitir que un funcionario sin competencia para ello, suscribiera en inmueble denominado Edificio Citibank, quedando inserto bajo el N° 31. Tomo & de los Libros de Autenticaciones llevados por la Notaría fecha 24 de abril de 2003, quedando inserto bajo el N° 24, Tomo 25 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa misma Notaría Pública y protocolizado ante el Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital. bajo el N° 24, Tomo 08, Protocolo Primero en fecha 25 de mayo de 2004, en nombre del Ministerio, siendo que él era la persona competente para realizar esa operación de compra venta, en aplicación del artículo 76 numeral 15 de la Ley Orgánica de Administración Pública, vigente supuesto generador de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. QUINTO: Por haber actuado de manera negligente en la preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio público, toda vez que no inspección de obras para que ejerciera el control y fiscalización de los trabajos realizados ATECORE, la empresa por REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES, C.A.; cOn ocasión de seis (06) contratos de obras suscritos por la Directora General de Servicios del entonces Ministerio de Finanzas, hoy Ministerio del Poder Popular para Planificación y Finanzas. por un monto total de ochocientos ochenta y tres millones cincuenta y nueve mil seiscientos cuarenta bollvares. cinco ochenta y con céntimos (Bs. 883.059.645,80). a saber. ochocientos ochenta y tres mil (Bs. F. 883.059.65), no obstante de que en los contratos principales realizaría el Ministerio, por medio de una empresa especializada en el ramo de inspección de obras, quien responderá ante la Dirección de Bienes y Servicios Administrativos del Ministerio de la verdad y las obras" situación ésta que se traduce en un incumplimiento de la normativa establecida en los artículos 40 y 41 ,de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras, publicadas en Extraordinario de fecha 16 de septiembre de 1996, vigente para el el supuesto generador de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. SEXTO: Por haber actuado de manera negligente en la preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio público, al permitir que la Directora General de Servicios del entonces Ministerio de Finanzas, suscribiera siete (7) contratos de obras, por un monto total de un mil siete millones seiscientos treinta y tres mil quinientos cincuenta y cuatro bolivares con cincuenta y un céntimos (Bs. 1.007.633.554,51). equivalentes a un millón siete mil seiscientos treinta y tres bolivares fuertes con cincuenta y cinco céntimos (Bs. F. 1.007.633,55). sin cumplimiento de las obligaciones, la contratista presentarla al Ministerio, a la firma del contrato, la fianza de fiel cumplimiento, y en el artículo 10 de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras, publicadas en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.096 Extraordinario de fecha 16 de septiembre de 1996, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, estaba obligaciones que se asume según el contrato, el Contratista deberá constituir, antes de la suscripción del contrato, una fianza de fiel cumplimiento otorgada por un instituto bancario o una empresa de seguros, a satisfacción del Ente Contratante, de acuerdo al texto elaborado por éste y hasta por la cantidad que se indique en el documento principal.."; todo lo cual se subsume en el supuesto General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. SÉPTIMO: Por haber actuado de manera negligente en la preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio público, toda vez que no cumplió con la disposición legal prevista en el articulo 5 de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República, al permitir la suscripción de documentos de compra venta de los edificios Bilbao y Citibank, sin que previamente a ello, se solicitara la opinión previa, expresa y favorable de la Procuraduria General de la República, en atención a que los referidos contratos se constituyeron como actos de disposición relacionados con los bienes e intereses públicos en ello y en el caso del edificio Citibank, no se atendió con lo establecido en los artículos 12 y 13 eiusdem, toda vez que en el constituyendo asi el supuesto generador de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. OCTAVO: Prescindió del procedimiento de Licitación General, previsto en el articulo 61 numeral 1 de la Ley de Licitaciones, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.556 Extraordinario de fecha 13 de noviembre de 2001, vigente en ese momento, para adquirir los bienes muebles descritos en la oferta de venta fecha 13 de agosto de 2002, entre los que se destacan: servidores, impresoras laser yet, computadoras portátiles, proyectores multimedia, televisores plasma de 42", valorados en un mil seiscientos setenta y cinco millones ciento noventa y ocho mil quinientos sesenta y cuatro bollvares con ochenta y ocho céntimos (Bs. 1.675.198.564,88) ó un millón seiscientos setenta y cinco mil ciento noventa y ocho bolivares fuertes con cincuenta y seis céntimos (Bs. F. 1.675.198,56), los cuales fueron incorporados en el mes de marzo de 2005, como Bienes Nacionales en la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública Instituto Universitario de Tecnologia (IUT); hecho irregular que fue subsumido en el supuesto generador de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. NOVENO: Prescindió del procedimiento de Adjudicación Directa, previsto en el articulo 87 numeral 2 del Decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.556 Extraordinario de fecha 13 de noviembre de 2001, vigente en ese momento, toda vez que como contratos en representación del órgano, no dictó el acto motivado que justificara adecuadamente la procedencia de adjudicar directamente a la ATECORE, empresa REPRESENTACIONES Y Instalación de Impermeabilización General en el Edificio Ramia" (ADJsuscrito entre el entonces Ministerio de Finanzas, hoy Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas y la referida empresa, por un monto de Sesenta y Seis Millones Ochocientos Treinta y Siete Mil Ciento Treinta Bollvares con Veinte Céntimos (Bs. 66.837.130,20), equivalentes a sesenta y seis mil ochocientos treinta y siete bolivares fuertes con trece céntimos (Bs. F. 66.837,13). y siendo que se refiere a un contrato de obras, cuyo monto es inferior a las 11.500 Unidades Tributarias, debió aplicarse la normativa establecida en el artículo 87 generador de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. DÉCIMO: Prescindió del procedimiento de Licitación Selectiva previsto en el artículo 72 numeral 2 del Decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.556 Extraordinario de fecha 13 de noviembre de 2001, vigente para el momento, que correspondia de acuerdo al monto de la contratación, toda vez que se adjudicó directamente empresa la ATECORE. a REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES, C.A., la ejecución de la obra "Pintura, Limpieza y Remodelaciones Generales en Fachadas del Edificio Citibank," (ADJ-2003-DGS-03), según contrato de fecha 22 de abril de 2003, por un monto de trescientos catorce millones seiscientos noventa y ocho mil ciento cincuenta y un bolivares con sesenta y nueve céntimos (Bs. 314.698.151,69). es decir, trescientos catorce mil seiscientos noventa y ocho bolivares fuertes con quince céntimos (Bs. F. 314.698,15); hecho irregular que se subsume en el dispuesto en el numeral 1 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. DÉCIMO PRIMERO: Prescindió del procedimiento de Licitación General previsto en el artículo 61 numeral 2 del Decreto de Reforma página original (tal como se publicó) [Página 7] Parcial de la Ley de Licitaciones. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.556 Extraordinario de fecha 3 de noviembre de 2001, vigente para ese momento, que correspondia de acuerdo al monto de la contratación, toda vez que se empresa ATECORE, adjudicó directamente REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES, C.A., la ejecución de la obra "Cableado, Reparación y Puesta en Funcionamiento de Voz y Data en el Edificio Citibank" (ADJ-2003-DGS-08), según contrato de seiscientos diecinueve mil seiscientos cuarenta y tres bollvares con setenta y dos céntimos (Bs. 1.012.619.643,72), equivalente a un millón doce mil seiscientos diecinueve bolivares fuertes con sesenta y cuatro céntimos (Bs. 1.012.619,64): hecho irregular que se subsume en el supuesto generador de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. DÉCIMO SEGUNDO: Prescindió del procedimiento de Licitación General, previsto en el artículo 61 numeral 2 del Decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.556 Extraordinario de fecha 13 de noviembre de 2001, vigente para el momento, que corresponda de acuerdo a la suma total del monto de los addenda de fechas 30 de abril. 07 de agosto, 25 de septiembre y 28 de octubre de 2003, realizados al contrato original de fecha 22 de abril de 2003, suscrito entre el entonces Ministerio de Finanzas, hoy Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas y la empresa ATECORE, REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES, C.A., suma ésta que asciende a la cantidad de quinientos sesenta y ocho millones trescientos sesenta y un mil cuatrocientos noventa y cuatro bolivares con once céntimos (Bs. 568.361.494,11). a saber, quinientos sesenta y ocho mil trescientos sesenta y un bolivares fuertes con cuarenta y nueve céntimos (Bs. F. 568.361,49): hecho irregular que se subsume en el supuesto generador de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. DÉCIMO TERCERO: Prescindió del procedimiento de Licitación General, previsto en el articulo 61 numeral 1 del Decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones, vigente para el momento, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.556 Extraordinario de fecha 13 de noviembre de 2001, que correspondia de acuerdo al monto del addendum de fecha 30 de diciembre cle 2003, realizado al contrato original de fecha 27 de octubre de 2003, suscrito entre el entonces Ministerio de Finanzas, hoy Ministerio del Poder Popular para Planificación y Finanzas y la CONSIDERANDO Que la decisión de fecha 07 de enero de 2010 por la cual se V-5.962.893, antes aludida, quedó firme en vía administrativa, en virtud de no haber interpuesto el Recurso de Reconsideración en el lapso previsto para ello por la Ley. CONSIDERANDO Que de conformidad con el articulo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 12 de agosto de 2009. para acordar la suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo o la destitución del cargo, e imponer la inhabilitación para el ejercicio de sus funciones públicas derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el República tomará en consideración la entidad o gravedad del ilicito o irregularidad administrativa que dio lugar a dicha declaratoria de manera que la sanción sea proporcional a los hechos. RESUELVE De conformidad con lo establecido en el articulo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 112 de su Reglamento, imponer al ciudadano TOBÍAS NÓBREGA SUÁREZ. titular de la cédula de identidad N° V-5.962.893, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un periodo de QUINCE (15) AÑOS, contado a partir de la notificación de la presente Resolución. Notifiquese al interesado. Infónmese al Ministerio del Poder Populat de Planificación y Finanzas y a la Dirección General de Coordinación y Seguimiento adscrita al Despacho del Viceministro de Planificación Social e Institucional del referido Ministerio, asi como al Consejo Nacional Electoral (C.N.E.), Cúmplase y publíguese, ContralorGeneral de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resolución N° 01-00- Caracas, 0 9 DIC 2010, CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI Contralor General de la República CONSIDERANDO Que en fecha 1° de enero de 2002. entró en vigencia la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.347 de fecha 17 de diciembre ce 2001, la cual en su articulo 127 deroga la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.017 Extraordinario del 13 de diciembre de 1995. CONSIDERANDO Que el articulo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. vigente a partir del 1° de enero de 2002, establece que: "(...) Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilicito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un periodo no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable (...) inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años (..)" CONSIDERANDO Que en auto decisorio de fecha 07 de enero de 2010, suscrito por el ciudadano ALEXANDER PÉREZ ABREU, en su carácter de Director Sectorial de la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Organismo Contralor, en uso de las atribuciones que le fueron delegadas por quien suscribe a través de Resolución N° 01-00-035 de fecha 17 de enero de 2006, publicada en Gaceta Oficial de la Repúolica Bolivariana de Venezuela N° 38.364 de fecha 24 de enero de 2006, constan los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la declaratoria de responsabilidad administrativa del ciudadano ALFREDO QUINTANA CÁRDENAS, titular de la cédula de identidad N° V-9.884.767. quien fue designado a partir del 18 de junio de 2002, como Director de Bienes y Servicios Administrativos en el entonces Ministerio de Finanzas, en la actualidad Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, por los hechos siguientes: PRIMERO: Por haberse concertado con los ciudadanos TOBIAS NÓBREGA SUÁREZ. EZEQUIEL CAMPOS JORDÁN, GUAINÍA CECILIA F'EREIRA HERNÁNDEZ. LUIS EMILIO JUBES VELA, VICENTE EMILIO JUBES LÓPEZ, JESÚS RODOLFO BERMÚDEZ ACOSTA y COn la COMPAÑÍA ANÓNIMA YAVONCA_OFICINA edificio Bilbao, sin que ésta empresa fuese la legitima propietaria y sin verificarse que los precios fuesen justos y razonables; dicha afirmación derivó de los siguientes eventos: En fecha 15 de julio de 2002, el ciudadano Tobias Nóbrega Suárez, en su condición de Ministro del entonces Ministerio de Finanzas, en la página original (tal como se publicó) [Página 8] actualidad Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. Presidente de la República, la Reprogramación de la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el ejercicio fiscal del año 2001, con la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública". Asimismo, requirió autorización para realizar una Operación de Crédito Público, la cual estaria destinada al financiamiento de dicha adquisición, hasta por la cantidad de cinco millones trescientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América sin centavos (Uss 5.350.000,00). o su equivalente en Bolivares. Euros o Yenes: procedió a la Quingentésima Trigésima Tercera emisión de Bonos de la Deuda Pública Nacional. constitutivos de empréstitos internos destinados al financiamiento de Programas y/o Proyectos a cargo del Ministerio de Finanzas, entre los que se encuentran la adquisición de la sede de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, por la cantidad de Bs. 3.878.750.000.00. el cual fue publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.506 de fecha 15 de agosto de 2002 En fecha 12 de agosto de 2002, el Ministerio de la Secretaria de la Presidencia y la Oficina de la Secretaria del Consejo de Ministros, informaron a través del Oficio SCM N° 2833 al ciudadano Tobias Nóbrega Suárez, en su condición de Ministro de Finanzas, que la solicitud fue aprobada en reuniones de Consejos de Ministros y en tal sentido, lo autorizan a celebrar en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, una operación de crédito público. En fecha 13 de agosto de 2002, el ciudadano Ramón Llaneza Fernández. Director de la Compañia Anónima Yavonca Oficina Técnica ClA.. ofertó al entonces Ministerio de Finanzas, la venta de un inmueble denominado edificio Bilbao (incluidos bienes muebles). ubicado en la Urbanización la Urbina, Municipio Sucre del Estado Miranda, por la cantidad de tres mil ochocientos setenta y ocho millones setecientos cincuenta mil bolivares (Bs. 3.878.750.000,00). equivalentes a tres millones ochocientos setenta y ocho mil setecientos cincuenta bolivares fuertes (Bs. F. 3.878.750.00). En fecha 30 de agosto de 2002, los ciudadanos Alfredo Quintana Cárdenas y Ezequiel Campos. en sus condiciones de Director de Bienes y Servicios Administrativos. y Jefe de la Oficina de Inmueble del entonces Ministerio de Finanzas, respectivamente, realizaron un "INFORME SOBRE EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS PARA SELECCIONAR LA EMPRESA QUE SUMINISTRARÁ EL EDIFICIO SEDE DE LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO DE LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA ENAHPfungia como Directora General de Servicios de ese ente Ministerial, en el que recomendaron se estudiara la posibilidad de adquirir el como sede de los programas de postgrado de la Escuela para poder disponer cle una edificación acorde a los nuevos requerimientos de la institución y se adjudicara directamente la compra del inmueble, dada la urgente necesidad de solventar el grave problema de espacio de la Escuela. En esa misma fecha, 30 de agosto de 2002, los Ingenieros Luis Emilio Jubés V. y Vicente Jubés L.. en su condición de Peritos Avaluadores. realizaron Informe Técnicc de Avalúo, sobre el inmueble denominado edificio Bilbao, previa solicitud del Ministerio de Finanzas, en la que determinaron que el inmueble tenía un valor de mercado de DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLIVARES CON CINCO CENTIMOS (Bs. 2.210.398.957,05) ó DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLIVARES FUERTES CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. F. 2.210.398,96). En fecha 02 de septiembre de 2002, el ciudadano:Alfredo Quintana en su condición de Director de Bienes y Servicios Administrativos del entonces Ministerio de Finanzas, le participó a la Compañia Anónima Yavonca Cficina Técnica C.A.. que se habia elegido la oferta presentada por su empresa, para lo cual se requirió la constitución de una fianza de anticipo que garantice la adquisición de la nueva sede y fuesen cumplidos todos los requerimientos de Ley. En fecha 03 de septiembre de 2002, la Compañia Anónima Yavonca Oficina Técnica C.A.. a través del ciudadano Ramón Llaneza Pirámide, en la Notaria Pública Octava del Municipio Sucre del Estado Miranda, por la cantidad de tres mil ochocientos setenta y ocho millones setecientos cincuenta mil bolivares (Bs. 3.878.750.000.00). setecientos cincuenta bolivares fuertes (Bs. F. 3.878.750.00). Mediante Oficio N° 1334 de fecha 06 de septiembre de 2002, el ciudadano Jesús Bermúdez Acosta. en su condición de Viceministro de Gestión Financiera del entonces Ministerio de Finanzas, solicitó al Vicepresidente de Operaciones Nacionales del Banco Central de Nacional a través de Banco Caroni Banco Universal a YAVONCA OFICINA TÉCNICA C.A. pOr un mOntO de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVAREs (Bs. 3.878.750.000,00)" equivalentes a tres millones ochocientos setenta y ocho mil setecientos cincuenta bolivares fuertes (Bs. F. 3.878.750,00). En fecha 23 de septiembre de 2002, la Compañía Anónima Yavonca Fernández, notificó al anterior Ministerio de Finanzas, en la actualidad Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, que recibió a su entera y cabal satisfacción la cantidad de tres mil ochocientos setenta y ocho millones setecientos cincuenta mil bolivares (Bs. 3.878.750.00o,00), equivalentes a tres millones ochocientos (Bs. F. 3.878.750,00). representados en Bonos de la Deuda Pública Nacional. través del documento identificado como DBPSO1068D0010, correspondiente al Decreto N° 1068, Clase D, no obstante para esta fecha, la propiedad del inmueble estaba acreditada a Inversiones Recemundi, C.A. (local PB-1). Inversiones Renda y Álvarez C.A. (local PB-2). Inversiones Salcedo C.A. (local 1-A). Inversora Inmobiliaria Renpui, C.A. (local 2-B) e Inmobiliaria Renjas, C.A. (local 3-C). de acuerdo a la certificación de la tradición legal por el lapso de los últimos cinco (05) años, otorgada por la Registradora Inmobiliania del Primer Circuito de Registro Público, Municipio Sucre del Estado Miranda, en la que se indicó, entre otros aspectos, que las mencionadas empresas, vendieron a la Compañía Anónima Yavonca Oficina Técnica C.A.. los locales que conforman el inmueble antes mencionado en fecha 12 de diciembre de 2002. por la cantidad total de un mil novecientos veintiocho millones quinientos mil bolivares con cero céntimos (Bs. 1.928.500.000.00) ó un millón novecientos veintiocho mil quinientos bolivares fuertes (Bs. F. 1.928.500,00). siendo sus accionistas de acuerdo al documento constitutivo los ciudadanos Ramón Llaneza Fernández y Cristóbal Von Wachter diciembre de 20oz, se protocolizan entre la Compañia Anónima Yavonca Oficina Técnica C.A. y el entonces Ministerio de Finanzas por órgano de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, cinco (05) documentos de compra venta de los locales que conforman el inmueble en cuestión, por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Sucre del Estado Miranda, sobre la base del avalúo realizado por los peritos, los cuales totalizaron la cantidad de tres mil ochocientos setenta y ocho millones setecientos cincuenta bolivares fuertes (Bs. F. 3.878.750,00), monto éste previamente cancelado a la Compañia Anónima Yavonca Oficina Técnica C.A. en fecha 23 de septiembre de 2002, a través de la emisión de Bonos de la Deuda Pública Nacional, identificado como DBPSO1068D001D, correspondiente al Decreto 1068, Clase D. En fecha 15 de diciembre de 2004, este Organismo Contralor determinó a través de avalúo, que el precio justo. y razonable de la referida propiedad al mes de diciembre de 2q02, era de un mil quinientos sesenta millones de bolivares (Bs. 1.560.000.000.00), es decir, un millon quinientos sesenta mil bolivares fuertes (Bs. F. 1.560.00p.o0). lo que representa una diferencia dos mil trescientos dieciocho millones setecientos cincuenta mil bolivares respecto a lo que pagó el Ministerio por el costo del inmueble y una ocho mil novecientos cincuenta y siete bolivares, con cinco céntimos (Bs. 650.398.957.05) ó seiscientos cincuenta mil trescientos noventa ocho bolivares fuertes con noventa y seis céntimos (Bs. F. 650.398,96), respecto al avalúo que realizaran los ciudadanos Luis Emilio Jubés V. y Vicente Jubés L.. en su condición de Peritos Avaluadores. Tales hechos configuraron el supuesto generador de responsabilidad administrativa, a tener de lo dispuesto en el numeral 20 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y generaron daño patrimonial por la cantidad de dos mil trescientos dieciocho millones setecientos cincuenta mil bolivares (Bs. 2.318.750.000,00). ó dos millones trescientos dieciocho mil setecientos cincuenta bolivares fuertes (Bs. F. 2.318.750.00), respecto a lo que se pagó por el costo del inmueble. Hernández: Alfredo Quintana Cárdenas y Ezequiel Campos, quienes recomendaron a ésta a través de informe la compra del inmueble referido: Luis Emilio Jubés V., Vicente Jubés L. quienes realizaron el informe de avalúo sobre el inmueble cuestionado; Jesús Rodolfo Bermúdez Acosta, quien suscribió el Oficio N° 1334 de fecha 06 de septiembre de 2002, dirigido al Vicepresidente de Operaciones Nacipnales del Banco Central de Venezuela, ya mencionado: Compañía Anónima Yavonca Oficina Técnica, quien presentó la oferta de venta por un monto de Bs. 3.878.750.000,00 sin ser la propietaria del inmueble y recibió la totalidad del pago, asi como a Tobias Móbrega Suárez, como máxima autoridad del entonces Ministerio de Finanzas, responsable del manejo de los fondos públicos, facultado para ejercer la superior administración, dirección, inspección y resguardo de los bienes del Ministerio y quien debió otorgar, previo cumplimiento de las formalidades de Ley, los contratos relacionados con asuntos propios del Ministerio, tal y como página original (tal como se publicó) [Página 9] lo dispone el articulo 76 numerales 11 y 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, asumiendo la responsabilidad que se derive de ellos. pues ésta condición le estaba atribuida por desempeñar el cargo de Ministro de Finanzas. SEGUNDO: Por haberse concertado con los ciudadanos TOBIAS NÓBREGA SUÁREZ, GUAINÍA CECILIA PEREIRA HERNÁNDEZ, BERMÚDEZ ACOSTA y COn la SOCIEDAD MERCANTIL INMOBILIARIA CHACAO C.A.. todos identificados en autos, para la adquisición del edificio Citibank, sin ser ésta la legítima propietaria y sin verificarse que los precios fuesen justos y razonables; dicha afirmación derivó de los siguientes eventos: En fecha 03 de diciembre de 2002, la Sociedad Mercantil Inmobiliaria Chacao C.A. a través de su Director, ciudadano Antonio Pardo Andretta, ofreció en venta al entonces Ministerio de Finanzas, un inmueble denominado Citibank. ubicado en Carmelitas, Distrito Capital. po: la cantidad de nueve millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USs 9.500.000,00), estableciendo el pago de tres millones de dolares de los Estados Unidos de América (US$ 3.000.000.00), en efectivo y el resto, seis millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 6.500.000.00). en instrumentos financieros de la República Bolivariana de Venezuela. En fecha 10 de diciembre de 2002, el Ingeniero Luís Alberto Rosanes Barquin, en su condición de Perito Avaluador, realizó Informe Técnico de Avalúo, sobre el inmueble denominado edificio Citibank, previa solicitud del Ministerio de Finanzas, en el que determinó que el inmUeble tenia un valor de QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN BOLIVARES CONVEINTISEIS CÉNTIMOS (BS. 15.580.307.951,26) 6 QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SIETE BOLIVARES FUERTES CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. F. 15.580.307,95). En fecha 18 de diciembre de 2002, el ciudadano Tobias Nóbrega Suárez, en su condición de Ministro de Finanzas, solicitó mediante República la autorización para una Operación de Crédito Público, destinada al Financiamiento del Programa "Incorporación de nuevas millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USs 9.500.000,00) o su equivalente en Bolivares, Euros o Yenes, a cargo del ministerio, una vez fuera incluido en la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el ejercicio fiscal 2001. mediante. reprogramación debidamente certificada por el Consejo de Ministros. En esa misma fecha, 18 de diciembre de 2002, el ciudadano Alfredo proceso de selección de ofertas, de cuya evaluación determinó que la mejor oferta presentada fue la de Inmobiliaria Chacao C.A. sobre el inmueble denominado edificio Citibank. En reunión de Consejo de Ministros N° 280 del 19 de diciembre de 2002, se aprobó la solicitud efectuada por el entonces Ministerio de Finanzas, y en tal sentido, en fechas 24 y 26 de diciembre de 2002, a travès de Oficios SCM N° 3051 y N° SCM 3108, la Vicepresidencia de la República y la Oficina de la Secretaria del Consejo de Ministros, informaron al respecto. El 20 de diciembre de 2002, la ciudadana Guainía Pereira, en su condición de Directora General de Servicios del entonces Ministerio de Finanzas. participó a la empresa Inmobiliaria Chacao C.A., que el solicitó a la misma la presentación de una fianza por el 100% del monto de la transacción. En fecha 24 de diciembre de 2002, la Sociedad Mercantil Inversora Previcrédito, otorgó fianza de fiel cumplimiento, por ante la Notaria Pública Trigésima Primera del Municipio Libertador, por la cantidad de América (US$ 9.500.000,00). En esa misma fecha, 24 de diciembre de 2002, Inmobiliaria Chacao C.A. a través de su Director, ciudadano Antonio Pardo Andretta, Fideicomiso La Previsora y/o Seguros La Previsora como receptor de asignados por la compra-venta del edificio denominado Citibank. En fecha 27 de diciembre de 2002, el ciudadano Jesús Bermúdez Acosta, en su condición de Viceministro de Gestión Financiera del entonces Ministerio de Finanzas, emitió pagaré por la cantidad de seis millones quinientos mil dólares (USs 6.500.000,00) a favor del Banco de Venezuela, de acuerdo a instrucciones dadas por la empresa Inmobiliania Chacao, C.A. En fecha 30 de diciembre de 2002, el ciudadano Jesús Bermúdez Acosta, en su condición de Viceministro de Gestión Financiera del entonces Ministerio de Finanzas, realizó transferencia por la cantidad Morgan Chase Bank, a la cuenta Custodia del referido Banco, de C.A. Esta situación materializa el hecho de haber pagado a una persona jurídica que no era la propietaria del bien, toda vez que para estas fechas la titularidad sobre el inmueble estaba acreditada a Inversiones y Adelantos C.A. (INADECA). de acuerdo al contenido de la otorgado por el Registrador Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital. siendo que en fecha 30 de enero de 2003, se efectuó la compra venta del inmueble en cuestión entre INVERSIONES y ADELANTOS C.A. (INADECA) y la Sociedad Mercantil Inmobiliaria Chacao C.A. por la cantidad de cuatro millones setecientos ochenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (USs 4.785.000.00), según consta en documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro. Público del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, quedando registrado bajo el N° 31. Tomo 06. Protocolo Primero. En fecha 06 de febrero de 2003, se autenticó por ante la Notaria Pública Quinta del Municipio Chacao, documento de compra venta entre la Inmobiliaria Chacao C.A.. y el Ministerio de Finanzas, por la Unidos de América (US$ 9.500.000.00). En fecha 24 de abril de 2003, se dejó sin efecto el anterior documento de compra venta y se autenticó por ante la misma Notaria Pública un nuevo documento de compra venta, el cual quedó asentado bajo el N° 24. Tomo 25 de los Libros de Aufenticaciones llevados por esa Notaria. En fecha 25 de mayo de 2004, se protocolizó el anterior documento de compra-venta, por ante el Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital. quedando registrado bajo el N° 24. Tomo 8. Protocolo Primero. La negociación en referencia, se efectuó sin verificar.que los precios fuesen justos y razonables, loda vez que del Informe de Técnico suscrito por funcionario de este Organismo Contralor en fecha 15 de diciembre de'2004, se determinó que el valor del inmueble al mes de abril del año 2003 era de NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS_ MILLONES DE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 9.772.000.000,00) 6 NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 9.772.000,00), CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 5.428.000.000,00). es deCir. CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 5.428.000,00) respecto al monto de QUINCE MIL DOSCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 15.200.000.000,00). equivalentes a QUINCE MILLONES DOSCIENTOS MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 15.200.000,00), luego de hacer la conversión monetaria, pagados por el Ministerio de Finanzas a Inmobiliaria Chacao C.A. por el edificio Citibank. Tales hechos, configuraron el supuesto generador de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el numeral 20 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y dei Sistema Nacional de Control Fiscal, y daño patrimonial por la cantidad (Bs. 5.428.000.000.00). es decir, cinco millones cuatrocientos veintiocho mil bolivares fuertes (Bs. F. 5.428.000,00), atribuido de manera solidaria a los ciudadanos Luís Alberto Rosanes Barquín, quien realizó el Informe de Avalúo tomado como referencia por el Ministerio para efectuar la negociación: Alfredo Quintana, quien fue la de Inmobiliaria Chacao sobre el inmueble denominado edificio Citibank; Guainia Pereira, quien participó a la empresa Inmobiliaria Chacao C.A., que el Ministerio habia manifestado la voluntad de adquirir el inmueble y solicitó a la misma la presentación de una fianza por el 100% del monto de la transacción: Jesús Bermúdez Acosta, quien emitió pagaré por la cantidad de seis millones quinientos mil dólares (USs 6.500.000,00) a favor del Banco de Venezuela y realizó transferencia por la cantidad de tres millones de dólares (US$ 3.000.000,00) a través del JP Morgan Chase Bank, a la cuenta Custodia del referido Banco, de acuerdo a instrucciones dadas por la empresa Inmobiliaria Chacao, C.A.: Sociedad Mercantil Inmobiliaria Chacao C.A., al ofrecer en venta el inmueble en cuestión y recibir nueve millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 9.500.000,00). sin ser la propietaria del inmueble; asi como el ciudadano Tobías Nóbrega Suárez, como máxima autoridad del entonces Ministerio de Finanzas, responsable del manejo de los fondos públicos, facultado para ejercer la superior administración, dirección, inspección y resguardo de los bienes del Ministerio y quien debió otorgar, previo cumplimiento de las formalidades de Ley. los contratos relacionados con asuntos propios del Ministerio, tal y como lo dispone el articulo 76 numerales 11 y 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, asumiendo la responsabilidad que se derive de ellos, pues ésta condición le estaba atribuida por desempeñar el cargo de Ministro de Finanzas. página original (tal como se publicó) [Página 10] TERCERO: Por haber desplegado una conducta imprudente en la preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio público, al haber suscrito dos (2) Actas de Inicio, un (1) Acta de Terminación y un (1) Acta de Aceptación Provisional de Obra, sin tener legalmente atribuida la competencia para firmar dichos documentos y sin contar con la aprobación de un Ingeniero Inspector. Cabe señalar que la elaboración de Actas de Inicio y Terminación corresponde al Ingeniero Inspector, de conformidad con lo establecido en el articulo 45, literales a, d. g. m, o numerales 8, 9. 10, 11 y 12. y p de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras. publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.096 momento. Asimismo, cabe destacar que para la suscripción del Acta de Recepción Provisional de la obra, se requeria contar además con la firma del Ingeniero Residente, conforme a lo previsto en el artículo 93 eiusdem. De igual manera, suscribió Valuaciones. Relaciones de Obras y Cómputos Métricos, entre otros, correspondientes a cuatro (4) órdenes de pago identificadas con los Nros. 3916 de fecha 11 de julio, 4547 de fecha 11 de agosto, 4897 de fecha 27 de agosto y 5470 de 22 de septiembre. todas del año 2003. sin tener legalmente atribuida la competencia para firmar dichos documentos y sin contar con la aprobación de un Ingeniero Inspector; configurándose de esta manera el supuesto generador de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. CONSIDERANDO Que el 09 de marzo de 2010, se declaró SIN LUGAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por los ciudadanos Amy Vielma Lozada, Gonzalo Álvarez Dominguez y Federico Gasiba. inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 104.873, 4.920 y 71.407, respectivamente, en su condición de Representantes Legales del ciudadano ALFREDO QUINTANA CÁRDENA:S, titular de la cédula de identidad N° V-9.884.767, contra la decisión que declaró su responsabilidad administrativa, anteriormente aludida. CONSIDERANDO Que de conformidad con el articulo 112 del Reglamento de la Ley Orgánic:a de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 12 de agosto de 2009, para acordar la suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo o la destitución del cargo, e imponer la inhabilitación para el ejercicio de sus funciones públicas derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 105 de la mencionada Ley. el Contralor General de la República tomará en consideración la entidad o gravedad del ilicito o irregularidad administrativa que dio lugar a dicha declaratoria de manera que la sanción sea proporcional-a los hechos. RESUELVE De conformidad con lo establecido en el articulo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de: Control Fiscal, en concordancia con el articulo 112 de su Reglamento, imponer al ciudadano ALFREDO QUINTANA CÁRDENAS. titular de la cédula de identidad N° V-9.884.767, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un periodo de QUINCE (15) AÑOS, contado a partir de la notificación de la presente Resolución. Notifiquese al interesado. Infórmese al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas y a la Dirección General de Coordinación y Seguimiento adscrita al Despacho del Viceministro de Planificación Social e Institucionai del referido Ministerio, asi como al Consejo Nacional Electoral (CNE). Cúrnolase publiquese, CLODOSBALOORUSSIAN UZCATEGUI Contralor Ganeral de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resolución N° 01-00nC0436 Caracas, 1 2810 CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI Contralor General de la República CONSIDERANDO Que en fecha 1° de enero de 2002, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001, la cual en su articulo 127 deroga la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.017 Extraordinario del 13 de diciembre de 1995. CONSIDERANDO Que el articulo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. vigente a partir del 1º de enero de 2002, establece que: D "(..) Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilicito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un periodo no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable (...) e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitacićn para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años (..)". CONSIDERANDO Que en auto decisorio de fecha 07 de enero de 2010, suscrito por el ciudadano ALEXANDER PÉREZ ABREU. en su carácter de Director Sectorial de la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Organismo Contralor, en uso de las atribuciones que le fueron delegadas por quien suscribe a través de Resolución N° 01-00-035 de fecha 17 de enero de 2006, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.364 de fecha 24 de enero de 2006, constan los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la declaratoria de responsabilidad administrativa del ciudadano EZEQUIEL CAMPOS JORDÁN, titular de la cédula de identidad N° V-10.704.457, quien fue designado a partir del 16 de agosto de 2003. como Director de Servicios Financieros de la Dirección General de Servicios del entonces Ministerio de Finanzas. en la actualidad Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. y se evidenció que el referido ciudadano para el 30 de agosto de 2:002, ostentaba el cargo de Jefe de la Oficina de Inmueble del entonces Ministerio de Finanzas, por los hechos siguientes: PRIMERO: Por haberse concertado con los ciudadanos TOBIAS NÓBREGA SUÁREZ, ALFREDO QUINTANA CÁRDENAS, GUAINÍA CECILIA PEREIRA HERNÁNDEZ, LUIS EMILIO JUBES VELA, VICENTE EMILIO JUBES LÓPEZ, JESÚS RODOLFO BERMÚDEZ ACOSTA y la COMPAÑÍA ANÓNIMA YAVONCA OFICINA TÉCNICA. todos identificados en autos, para la adquisición del edificio Bilbao, sin ser la empresa su legitimo propietario y sin verificarse que los precios fuesen justos y razonables: dicha afirmación derivó de los siguientes eventos: En fecha 15 de julio de 2002, el ciudadano Tobías Nóbrega Suárez, en su condición de Ministro del entonces Ministerio de Finanzas, en la actualidad Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, solicitó mediante Punto de Cuenta N° 145-2002 al ciudadano Presidente de la República, la Reprogramación de la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el ejercicio fiscal del año 2001, con la finalidad de incluir al programa de "Adquisición de la Sede de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública". Asimismo, requirió autorización para realizar una Operación de Crédito Público. la cual estaria destinada al financiamiento de dicha adquisición, hasta por la cantidad de cinco millones trescientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América sin centavos (USs 5.350.000,00). o su equivalente en Bolivares, Euros o Yenes. Mediante Decreto N° 1917 de fecha 10 de agosto de 2002, se procedió a la Quingentésima Trigésima Tercera emisión de Bonos de la Deuda Pública Nacional. constitutivos de empréstitos internos página original (tal como se publicó) [Página 11] destinados al financiamiento de Programas y/o Proyectos a cargo del Ministerio de Finanzas, entre los que se encuentran la adquisición de la sede de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.506 de fecha 15 de agosto de 2002. En fecha 12 de agosto de 2002, el Ministerio de la Secretaria de la Presidencia y la Oficina de la Secretaria del Consejo de Ministros, Nóbrega Suárez, en su condición de Ministro de Finanzas, que la solicitud fue: aprobada en reuniones de Consejos de Ministros y en tal sentido, lo autorizan a celebrar en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, una operación de crédito público. En fecha 13 de agosto de 2002, el ciudadano Ramón Llaneza Fernández, Director de la Compañia Anónima Yavonca Oficina Técnica C./A.. ofertó al entonces Ministerio de Finanzas, la venta de un inmueble denominado edificio Bilbao (incluidos bienes muebles), ubicado en la Urbanización la Urbina, Municipio Sucre del Estado Miranda, por la cantidad de tres mil ochocientos setenta y ocho millones setecientos cincuenta mil bolivares (Bs. 3.878.750.000,00). setecientos cincuenta bolivares fuertes (Bs. F. 3.878.750,00). En fecha 30 de agosto de 2002, los ciudadanos Alfredo Quintana Cárdenas y Ezequiel Campos. en sus condiciones de Director de Bienes y Servicios Administrativos. y Jefe de la Oficina de Inmueble del entonces Ministerio de Finanzas, respectivamente, realizaron un "INFORME SOBRE EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS PARA SELECCIONAR LA EMPRESA QUE SUMINISTRARÁ EL EDIFICIO SEDE DE LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO DE LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA ENAHP- IUT". dirigido a la ciudadana Guainia Pereira, quien para esa fecha fungía como Directora General de Servicios de ese ente Ministerial, en el que recomendaron se estudiara la posibilidad de adquirir el edificio propuesto por la empresa Yavonca Oficina Técnica C.A.. como sede de los programas de postgrado de la Escuela para poder disponer de una edificación acorde a los nuevos requerimientos de la institución y se adjudicara directamente la compra del inmueble, dada la urgente necesidad de solventar el grave problema de espacio de la Escuela. En esa misma fecha, 30 de agosto de 2002, los Ingenieros Luís Emilio Jubés V. y Vicente Jubés L.. en su condición de Peritos Avaluadores, realizaron Informe Técnico de Avalúo, sobre el inmueble denominado edificio Bilbao, previa solicitud del Ministerio de Finanzas, en la que determinaron que el inmueble tenia un valor de mercado de DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVE:CIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CINCO CENTIMOS (Bs. 2.210.398.957.05) ó DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLÍVARES FUERTES CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. F. 2.210.398,96). En fecha 02 de septiembre de 2002, el ciudadano'Alfredo Quintana en su condición de Director de Bienes y Servicios Administrativos del entonces Ministerio de Finanzas, le participó a la Compañía Anónima Yavonca Oficina Técnica C.A. que se había elegido la oferta presentada por su empresa, para lo cual se requirió la constitución de una fianza de anticipo que garantice la adquisición de la nueva sede y fuesen cumplidos todos los requerimientos de Ley. En fecha 03 de septiembre de 2002, la Compañía Anónima Yavonca Oficina Técnica C.A.. a través del ciudadano Ramón Llaneza Fernández, presentó fianza de anticipo al entonces Ministerio de Finanzas, la cual fue otorgada en esa misma fecha por Seguros Pirámide, en la Notaria Pública Octava del Municipio Sucre del Estado Miranda, por la cantidad de tres mil ochocientos setenta y ocho millones setecientos cincuenta mil bolivares (Bs. 3.878.750.000.00). setecientos cincuenta bolivares fuertes (Bs. F. 3.878.750,00). Mediante Oficio N° 1334 de fecha 06 de septiembre de 2002. el ciudadano Jesús Bermúdez Acosta, en su condición de Viceministro de Gestión Financiera del entonces Ministerio de Finanzas, solicitó al Vicepresidente de Operaciones Nacionales del Banco Central de Venezuela, "asignar en dación en pago, Bonos de la Deuda Pública Nacional a través de Banco Caroni Banco Universal a YAVCNCA OFICINA TÉCNICA C.A. pOr un monto de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 3.878.750.000,00)" equivalentes a tres millones ochocientos setenta y ocho mil setecientos cincuenta bolivares fuertes (Bs. F. 3.878.750.00). En fecha 23 de septiembre de 2002, la Compañía Anónima Yavonca Oficina Técnica C.A.. a través del ciudadano Ramón Llaneza Fernández, notificó al anterior Ministerio de Finanzas, en la actualidad Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, que recibió a su entera y cabal satisfacción la cantidad de tres mil ochocientos setenta y ocho millones setecientos cincuenta mil bolivares (Bs. 3.878 750.000,00), equivalentes a tres millones ochocientos setenta y ocho mil setecientos cincuenta bolivares fuertes (Bs. F. 3.878.750,00), representados en Bonos de la Deuda Pública identificado como Nacional,a DBPSO1068D0010, correspondiente al Decreto N° 1068, Clase D, no obstante para esta fecha, la propiedad del inmueble estaba acreditada a Inversiones Recemundi, C.A. (local PB-1). Inversiones Renda y Álvarez C.A. (local PB-2). Inversiones Salcedo C.A. (local 1-A). Inversora Inmobiliaria Renpui, C.A. (local 2-B) e Inmobiliaria Renjas, C.A. (local 3-C), de acuerdo a la certificación de la tradición legal por el lapso de los últimos cinco (05) años, otorgada por la Registradora Inmobiliana del Primer Circuito de Registro Público, Municipio Sucre del Estado Miranda, en la que se indicó, entre otros aspectos, que las mencionadas empresas, vendieron a la Compañia Anónima Yavonca Oficina Técnica C.A.. los locales que conforman el inmueble antes mencionado en fecha 12 de diciembre de 2002. por la cantidad total de un mil novecientos veintiocho millones quinientos mil bolivares con cero céntimos (Bs. 1.928.500.000.00) 6 un millón novecientos veintiocho mil quinientos bolivares fuertes (Bs. F. 1.928.500,00), siendo sus accionistas de acuerdo al documento constitutivo los ciudadanos Ramón Llaneza Fernández y Cristóbal Von Wachter. Transcurridos pocos dias de esta negociación, cabe decir, el 23 de diciembre de 2002, se protocolizan entre la Compañía Anónima Yavonca Oficina Técnica C.A. y el entonces Ministerio de Finanzas por órgano de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, cinco (05) documentos de compra venta de los locales que conforman el inmueble en cuestión, por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Sucre del Estado Miranda, sobre la base del avalúo realizado por los peritos, los cuales totalizaron la cantidad de tres mil ochocientos setenta y ocho millones setecientos cincuenta mil bolivares (Bs. 3.878.750.000,00). equivalentes a tres millones ochocientos setenta y ocho mil setecientos cincuenta bolivares fuertes (Bs. F. 3.878.750,00), monto éste previamente cancelado a la Compañía Anónima Yavonca Oficina Técnica C.A., en fecha 23 de septiembre de 2002, a través de la emisión de Bonos de la Deuda Pública Nacional, identificado como DBPSO1068D0010, correspondiente al Decreto 1068, Clase D. En fecha 15 de diciembre de 2004, este Organismo Contralor determinó a través de avalúo, que el precio justo y razonable de la referida propiedad al mes de diciembre de 2002, era de un mil quinientos sesenta millones de bolivares (Bs. 1.560.000.000,00). es decir, un millón quinientos sesenta mil bolivares fuertes trescientos dieciocho millones setecientos cincuenta mil bolívares (Bs. 2.318.750.000,00), ó dos millones trescientos dieciocho mil setecientos cincuenta bolivares fuertes (Bs. F. 2.318.750,00), respecto a lo que pagó el Ministerio por el costo del inmueble y una diferencia de seiscientos cincuenta millones trescientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y siete bolívares con cinco céntimos (Bs. 650.398.957,05) ó seiscientos cincuenta mil trescientos noventa y ocho bolivares fuertes con noventa y seis céntimos (Bs. F. 650.398,96), respecto al avalúo que realizaran los ciudadanos Luis Emilio Jubés V. y Vicente Jubés L.. en su condición de Peritos Avaluadores. Tales hechos configuraron el supuesto generador de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el numeral 20 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscat. y generaron daño patrimonial por la cantidad de dos mil trescientos dieciocho millones setecientos cincuenta mil bolivares (Bs. 2.318.750.000,00). 6 dos millones trescientos dieciocho mil setecientos cincuenta bolivares fuertes (Bs. F. 2.318.750,00), respecto a lo que se pagó por el costo del inmueble, atribuido de manera solidaria a los ciudadanos Guainia Pereira Hernández: Alfredo Quintana Cárdenas y Ezequiel Campos, quienes recomendaron a ésta a través de informe la compra del inmueble referido; Luís Emilio Jubés V., Vicente Jubés L.., quienes realizaron el informe de avalúo sobre el inmueble cuestionado; Jesús Rodolfo Bermúdez Acosta, quien suscribió el Oficio N° 1334 de fecha 06 de septiembre de 2002, dirigido al Vicepresidente de Operaciones Nacionales del Banco Central de Venezuela, ya mencionado; Compañía Anónima Yavonca Oficina Técnica, quien presentó la oferta de venta por un monto de Bs. 3.878.750.000,00 sin ser la propietaria del inmueble y recibió la totalidad del pago, así como a Tobías Nóbrega Suárez, como máxima autoridad del entonces Ministerio de Finanzas, responsable del manejo de los fondos públicos, facultado para ejercer la superior administración, dirección, inspección y resguardo de los bienes del Ministerio y quien debió otorgar, previo cumplimiento de las formalidades de Ley, los contratos relacionados con asuntos propios del Ministerio, tal y como lo dispone el articulo 76 numerales 11 y 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, asumiendo la responsabilidad que se derive de ellos, pues ésta condición le estaba atribuida por desempeñar el cargo de Ministro de Finanzas. SEGUNDO: Por haber actuado de manera imprudente en la preservación.y salvaguarda de los bienes del patrimonio público, en su condición de Director de Servicios Financieros de la Dirección General de Servicios del entonces Ministerio de Finanzas. para la época, al haber conformado y tramitado seis (6) órdenes de pagos sin suscritas y aprobadas por un Ingeniero Inspector, conforme a lo establecido en el articulo en el artículo 56 de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras, publicadas en página original (tal como se publicó) [Página 12] la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.096 Extraordinario del 16 de septiembre de 1996, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, configurándose de esta manera el supuesto generador de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional cle Control Fiscal. CONSIDERANDO Que la decisión de fecha 07 de enero de 2010 por la cual se declaró la responsabilidad administrativa del ciudadano EZEQUIEL CAMPOS JORDÁN, titular de la cédula de identidad N° V-10.704.457, antes aludida, quedó firme en via administrativa, en virtud de no haber interpuesto el Recurso de Reconsideración en el lapso previsto para ello por la Ley. CONSIDERANDO Que de conformidad con el articulo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 12 de agosto de 2009, sueldo o la destitución del cargo, e imponer la inhabilitación para el ejercicio de sus funciones públicas derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 105 de la mencionada Ley, el Contralor General de la República tomará en consideración la entidad o gravedad del ilicito o irregularidad administrativa que dio lugar a dicha declaratoria de manera que la sanción sea proporcional a los hechos. RESUELVE De conformidad con lo establecido en el articulo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el articulo 112 de su Reglamento, imponer al ciudadano EZEQUIEL CAMPOS JORDÁN, titular de la cédula de identidad N° V-10.704.457. la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un periodo de QUINCE (15) AÑOS, contado a partir de la notificación de la presente Resolución. Notifiquese al interesado. Infórmese al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas y a la Dirección General de Coordinación y Seguimiento adscrita al Despacho del Viceministro de Planificación Social e Institucional del referido Ministerio y al Consejo Nacional Electoral (CNE). Cúmplase ypubliquese, Contralor General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DESPACHO DEL CONTRALOR N°01-00-g'0021 3 Caracas, 0 3 NOV 2011 En fecha 20 de junio de 2011, el ciudadano Eduardo A. Mejias Rengifo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 27.075, actuando en su carácter de representante del ciudadano Ezequiel José Campos Jordán, titular de la cédula de identidad N° 10.704.457, interpuso en tiempo hábil, recurso de reconsideración contra Resolución N° 01-00-000436 de fecha 09 de Diciembre de 2010, dictada por este despacho, en ejercicio de las competencias previstas en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 112 de su Reglamento; a través de la cual resolvió imponer al prenombrado ciudadano la sanción de Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de quince (15) años, contado a partir de la ejecución de dicha Resolución, toda vez que mediante auto decisorio de fecha 07 de enero de 2010, suscrito por el Director de Determinación de Responsabilidad Administrativa de la Dirección General de Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República, declaró su responsabilidad administrativa, en su condición de Director de Servicios Financieros de la Dirección General de Servicios del entonces Ministerio de Finanzas, en la actualidad Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, por los hechos irregulares descritos tanto en la aludida Decisión como en la Resolución impugnada. FUNDAMENTOS DEL RECURSO En su escrito, el ciudadano Ezequiel José Campos antes identificado, alega fundamentalmente lo Jordán, siguiente: Que, en fecha 09 de mayo de 2011, mediante cartel publicado en el diario VEA, se le notificó de la Resolución N° 01- 00-436 de fecha 09 de diciembre de 2010, a través de la cual se le impuso sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de quince (15) años, la cual cursa en el Expediente N° 08-01-05-08-004 llevado por la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría General de la República, en el que previamente se le declaró responsable en lo administrativo. Que, "(.) el contenido de la referida Resolución N° 01-00- 436 de fecha 09 de Diciembre de 2010, (...) mediante la cual, en responsabilidad administrativa en la condición de Director de Servicios Financieros de la Dirección General de Servicios...", vulnera los artículos 12 y 69 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Que, en el caso concreto "(...) no concuerdan los supuestos de hecho (...) con los presupuestos de derecho, por lo que mal pueden conducir a la manifestación de voluntad para producir el acto administrativo aquí recurrido", toda vez que excede el límite del poder reglado, violando el contenido del articulo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ya que no asigna un poder discrecional al Contralor General de la República, en cuanto a la aplicación de sanciones. Que, para dictar un acto, la administración "(..) tiene que partir de la existencia de unos supuestos o circunstancias de hecho que justifiquen su actuación, pero a los efectos de que no se convierta en arbitraria la actuación del funcionario, esta obligada, en primer lugar, a comprobar adecuadamente los hechos, y en segundo lugar, a calificar los adecuadamente para página original (tal como se publicó) [Página 13] subsumirlos en el presupuesto de hecho que autoriza la actuación...". Que, la Contraloría General de la República tiene la carga de la prueba de los presupuestos de hecho, y si no las comprueba, transgrede el contenido normativo previsto en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Que, "Junto con el ciudadano Alfredo Quintana [manifestó su] opinión sobre la compra del Edificio Bilbao para la sede de la Escuela de Hacienda (...) por lo que al no comprobar con hechos (...), vulnera el contenido de su obligación previsto en el Artículo 69 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.... Que, en ejercicio de su cargo, no se comprobó que cometería algún hecho que pudiera ser merecedor de una sanción disciplinaria, por lo que resulta elocuente que el Acto Decisorio no contiene elementos fácticos. Que, "...) como se puede constatar en la descripción típica [del] Ordinal 20° del Artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se requiere que haya habido una "concertación" de su parte para la celebración de la compra del bien inmueble para lograr así la vinculación con el cargo que se desempeña y que dentro de sus funciones no está la de concertar o comprar...". Que, en el presente caso, existe falta de descripción típica de los "(...) elementos objetivos que agreguen a la conducta que se pretende imputar un elemento objetivo de lo justo, referido al dolo o también al fin", de ahí que, se estará en presencia de un contraviene el principio sustancial previsto en el artículo 1° del Código Penal, según el cual nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviera expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiere establecido previamente. Que, no es sobre la base de presunciones en que debería considerarse verificada la concertación prevista en el artículo 91, numeral 20, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal, lo cual pudiera entenderse como una ausencia total de tipicidad. Que, niega, rechaza y contradice que su responsabilidad administrativa se encuentra comprometida por los ilícitos que se le imputan, toda vez como Director de Servicios Financieros de la Dirección General de Servicios del entonces Ministerio de Finanzas, no conformó las seis (6) órdenes de pago, sin que la respectivas valuaciones de obras ejecutadas hayan sido suscrita y aprobadas por un Ingeniero Inspector. Que, el acto presenta un vicio en la causa, al no constatar y justificar los hechos en su justa medida, lo que hace inexacto su apreciación, ya que la causa es el elemento de fondo de los actos administrativos. Que, en su escrito recursivo, al igual que en sus declaraciones ante el Contralor General, demostró, que cumplió como buen padre de familia con sus obligaciones atinentes al cargo de Director de Servicios Financieros de la Dirección General de Servicios y Director Adjunto al Contralor Interno del Ministerio de Finanzas, apegado a la norma de ética; así como a las normas y leyes concernientes a la responsabilidad de los funcionarios públicos. Que, la Contraloría General de la República lo ha condenado por una infracción, "(...) pero no tipifica la misma sino que toma una decisión sobre hechos que a su criterio configuran la transgresión.... Que, la discrecionalidad otorgada a la Contraloría General de la República para determinar y fijar las faltas susceptibles de generar la declaratoria de responsabilidad administrativa, contradice el principio de la legalidad (artículo 1° Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos), ya que creó una figura delictiva para aplicar una pena. Que, el Organismo Contralor al imponer el monto de la sanción no autolimitó su discrecionalidad, lo que es de obligatorio cumplimiento conforme a la Ley que rige su actuación. Que, demanda formalmente la nulidad del auto de responsabilidad Administrativa, por no cumplir con lo establecido y previsto en el Articulo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ya que no hay sumisión a la legalidad. Que, la sanción aplicada no se sustenta en la debida ".) proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y los fines de la norma, aunado a que no se respeto su derecho a la igualdad (Artículo 49 de la Constitución Nacional) y el principio de imparcialidad (Artículo 30 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.)... Finalmente, solicita que se declare con lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto y, en consecuencia, se revoque la Resolución impugnada. ANÁLISIS DEL ASUNTO Visto el contexto de los planteamientos formulados por el ciudadano Ezequiel José Campos Jordán, quien suscribe, procede a resolver el recurso de reconsideración que nos atañe, en los términos siguientes: La Dirección de Determinación de Responsabilidad de la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Órgano página original (tal como se publicó) [Página 14] Contralor, mediante Auto Decisorio de fecha 07 de enero de 2010, declaró la responsabilidad administrativa del recurrente por los hechos irregulares que se detallan en el considerando tercero de la resolución impugnada y que se resumen a continuación: PRIMERO: Por haberse concertado con los ciudadanos TOBÍAS NÓBREGA SUÁREZ, ALFREDO QUINTANA CÁRDENAS, GUAINÍA CECILIA PEREIRA HERNANDEZ, LUIS EMILIO JUBES VELA, VICENTE EMILIO JUBES LÓPEZ, JESUS RODOLFO BERMÚDEZ ACOSTA y, la COMPAÑÍA ANÓNIMA YAVONCA OFICINA TÉCNICA, para la adquisición del edificio Bilbao, sin ser la empresa su legitimo propietario y sin verificarse que los precios fuesen justos y razonables, configurandoelsupuestogeneradorde responsabilidad administrativa previsto en el numeral 20 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. SEGUNDO: Por haber actuado de manera imprudente en la preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio público, en su condición de Director de Servicios Financieros de la Dirección General de servicios del entonces Ministerio de Finanzas, para la época, al haber conformado y tramitado seis (6) órdenes de pago sin que las respectivas valuaciones de obra ejecutada haya sido suscritas y aprobadas por un Ingeniero Inspector, conforme a lo establecido en el articulo 56 de las Condiciones Generales de Concentración para la Ejecución de Obra, publicadas en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.096 Extraordinaria del 16 de septiembre de 1996, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, configurándose de esta manera el supuesto generador de responsabilidad administrativa, a tenor de los dispuesto en el numeral 2 de 1 artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Como consecuencia de lo anterior, se le impuso sanción de multa de manera individual por la cantidad de setecientos setenta y cinco unidades tributarias (775 U.T) equivalente al monto de Once Millones Cuatrocientos Setenta Mil Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 11.470.000,00). considerándose al efecto la circunstancia agravante contenida en el literal "c" y la circunstancia atenuante prevista en el numeral 1 del artículo 66 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, ello de conformidad a lo previsto en el artículo 103 eiusdem, y atención a lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento de la Ley Orgánica General de la Contraloría General de la República en concordancia con el artículo 37 del Código Penal, vigentes para el momento de la ocurrencia de los hechos. Asimismo, se le formuló reparo resarcitorio por la cantidad de Dos Millones Trescientos Dieciocho Mil Setecientos Cincuenta Bolívares Fuertes con Cero Céntimos (Bs.F. 2.318.750,00), monto que deberá reparar solidariamente con los ciudadanos Tobías Nóbrega Suárez, Guainía Pereira Hernández, Alfredo Quintana Cárdenas, Luís Emilio Jubés V, Vicente Jubés L y la Compañía Anónima Yavonca Oficina Técnica C.A. Contra el referido acto administrativo, el recurrente no interpuso recurso de reconsideración en el lapso previsto para administrativa la Decisión de fecha 07 de mayo de 2010, dictada por la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos especiales de este Organismo Contralor. Seguidamente, como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad administrativa, el Contralor General de la República con base en la competencia atribuida en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 112 de su Reglamento, impuso al ciudadano, mediante Resolución N° 01-00-000436 de fecha 09 de diciembre de 2010, la sanción de Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un periodo de quince (15) años. Precisado lo anterior se observa que, de la lectura detallada que se realice al escrito que nos atañe, puede colegirse que, si bien se indica que el recurso de reconsideración se ejerce contra la Resolución por la cual se Impone la sanción de inhabilitación, no es menos cierto que los argumentos expuestos por el recurrente, se encuentran dirigidos a cuestionar los formalmente la nulidad del acto de responsabilidad administrativa, por no haberse cumplido con lo previsto en el Artículo 12 de la ley Orgánica de Procedimientos Administrativos..." En efecto, de la revisión que se realice del expediente administrativo, se advierte que este Organismo Contralor ante la imposibilidad de practicar la notificación del recurrente, procedió a la publicación del cartel de notificación en el diario VEA en AD fecha 09 de mayo de 2011, con la finalidad de participarle el contenido de la referida Resolución N° 01-00-000436 del 09 de diciembre de 2010, cuyo texto Integro fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela N° 39.664 del 02 de mayo de 2011, entendiéndose por notificado al término de quince (15) días hábiles siguientes a la publicación del mencionado cartel. Al respecto, se observa que no obstante habérsele indicado expresamente al recurrente que podrá ejercer contra dicho acto, Recurso de Reconsideración previsto en el artículo 114 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en un lapso de 15 días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación; el recurrente, lo que cuestiona en su escrito es el fundamento de los criterios que sustentaron la Decisión del 07 de enero de 2010, a través de la cual, como se señalo ut supra, se declaró su responsabilidad administrativa, la cual quedó firme en sede administrativa, produciendo los efectos de conformidad con los principios de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos. página original (tal como se publicó) [Página 15] Por lo expuesto, se colige que mediante los alegatos expuestos en su escrito recursivo, el ciudadano Ezequiel José Campos Jordán, lo que pretende es una revisión del Auto Decisorio que declaró su responsabilidad administrativa, con la única finalidad de tener una nueva oportunidad de alegación y defensa de sus intereses, lo cual es inadmisible, toda vez que ello implicaría habilitar otra Instancia recursiva para una decisión que quedó firme en sede administrativa. A mayor abundancia, es pertinente destacar que las decisiones a que se contrae el artículo 103 de la vigente Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, son dictadas por las máximas autoridades de los órganos de control fiscal -sus titulares o sus delegatarios-, por ende, éstos agotan la vía administrativa. Al respecto, la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1107 de fecha 9 de junio de 2001, al pronunciarse sobre la firmeza de los actos administrativos, señaló lo siguiente: "..la firmeza de los actos administrativos en sede administrativa (...) se vincula con el acto administrativo definido no sujeto a revisión ordinaria en sede administrativa (...) ya. sea por que el acto causó estado al agotarse la vía administrativa (...) o porque adquirió firmeza al no ser impugnado..." (Negrita de quien suscribe). En consecuencia, resulta claro que, esta Autoridad, no puede analizar las argumentaciones formuladas por el ciudadano Ezequiel José Campos Jordán, ya que se encuentran dirigidas a cuestionar un acto administrativo diferente a la Resolución N° 01-00-000436 de fecha 09 de diciembre de 2010, por la cual, el Contralor General de la República, le impuso la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas para un periodo de quince (15) años. Así se declara. DECISIÓN Por las razones expuestas, quien suscribe, actuando en su carácter de Contralora General de la República (E), conforme a lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, declara Sin Lugar el recurso de reconsideración interpuesto por el ciudadano Ezequiel José Campos Jordán, antes identificado y, en consecuencia, Se Confirma el acto administrativo contenido en la Resolución N° 01-00-000436 de fecha 09 de diciembre de 2010. Notifíquese al interesado la presente Decisión. Comuníquese a los mismos entes y organismos señalados en el acto recurrido. DELINA GONZÁLEZ REPÚBL entrará General de la República (E) REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 201° y 1520 SE HACE SABER Al ciudadanO LUIS ALBERTO ROSANES BARQUÍN, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.180.276, que mediante Resolución N° 01-00-000155 de fecha 26 de julio de 2011, suscrita por la ciudadana Contralora General de la República (E), se declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto por su persona y en consecuencia, se confirmó el acto administrativo contenido en la Resolución N° 01-00-000437 de fecha 09 de diciembre de 2010, mediante el cual se le impuso la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de quince (15) años, contado a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución. La referida Resolución es del tenor siguiente: "DESPACHO DEL CONTRALOR Caracas, 26 de julio de 2010 N° 01-00-000155 Mediante escrito consignado ante este Organismo Contralor, en fecha 18 de abril de 2011, el ciudadano LUIS ALBERTO ROSANES BARQuIN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No 3.180.276, asistido por la abogada Gloria María Rodríguez de Rosanes, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 9.757, interpuso en tiempo hábil recurso de reconsideración contra la Resolución N° 01-00-000437 de fecha 09 de diciembre de 2010, dictada por el Contralor General de la República, en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el 112 de su Reglamento, a través de la cual se le impuso la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de quince (15) años, contado a partir de la fecha de notificación de la misma, en virtud de haber sido declarado responsable en lo administrativo en su condición de Perito Avaluador del Inmueble Denominado edificio Citibank, según se desprende del Auto Decisorio de fecha 07 de enero de 2010, emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Organismo Contralor. FUNDAMENTOS DEL RECURSO En su escrito, el ciudadano LUIS ALBERTO ROSANES BARQUIN, señala fundamentalmente lo siguiente: Que, no es cierto que actuó en concierto para la adquisición de inmueble alguno, por cuanto no se evidencia que el informe elaborado por, su persona como perito avaluador tuvo como objetivo establecer el precio; de adquisición del inmueble edificio Citibank. Que, en el expediente administrativo para la determinación de responsabilidades, no existe oficio alguno que haga constar que el Ministerio de Finanzas lo contrató como perito avaluador; ni recibo que haga constar que el aludido Ente le canceló por el trabajo de avalúo presentado, por lo que considera no haber incurrido en la causal contenida en el artículo 20 del Artículo 91 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este Organismo Contralor. Que, ratifica el contenido del escrito presentado ante esta Contraloría General de la República en fecha 3 de julio de 2006, mediante el cual realizó consideraciones respecto a su intervención en la realización del informe técnico de avalúo del edificio Citibank y; objeta el informe presentado por el auditor Iván López. página original (tal como se publicó) [Página 16] Que, el referido auditor Iván López, no tiene la cualidad para realizar! ningún tipo de avalúo inmobiliario, ya que no tiene la preparación ni las credenciales requeridas; no es ingeniero ni arquitecto; no está inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, en SOITAVE, ni en SUDEBAN. Que, en fecha 25 de agosto de 2004, "la Comisión Delegada de la Comisión Permanente de Contraloría" ordenó la realización del avalúo del edificio Citibank relacionado con la estimación del valor de mercado para la fecha 24 de abril de 2003, del cual se obtuvo como valor del referido edificio la cantidad de Bs. 16.400.000.000,00 y el avalúo realizado por su persona el 10 de diciembre de 2001 arrojó un monto de Bs. 15.580.307.951,26, lo que evidencia que los dos avalúos son proporcionalmente iguales. Finalmente señala que, el 11 de noviembre de 2010, interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia, recurso contencioso administrativo de nulidad contra la decisión de fecha 21 de diciembre de 2009, recaída en el expediente N° 08-01-05-08-04 de este Organismo Contralor. ANÁLISIS DEL ASUNTO Vistos los planteamientos y requerimientos formulados por el ciudadano LUIS ALBERTO ROSANES BARQUIN, quien suscribe, prOcede a resolver el recurso de reconsideración que nos atañe, en los términos siguientes: La Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Órgano Contralor, mediante Auto Decisorio de fecha 07 de enero de 2010, declaró la responsabilidad administrativa del recurrente por los hechos irregulares que se detallan en el considerando tercero de la Resolución impugnada y que se resumen a continuación: "PRIMERO: Por haberse concertado con los ciudadanos Tobías Nóbrega Suárez, Alfredo Quintana Cárdenas, Guainía cecilia Pereira Hermández, Jesús Rodolfo Bermúdez Acosta y con la Sociedad Mercantil Inmobiliaria Chacao C.A., (..) en la adquisición del edificio Citibank, sin ser la empresa la legítima propietaria y sin verificarse que los precios fuesen justos y razonables...". "sEGunpo: Por haber actuado de manera negligente en la preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio público, al suscribir un informe Técnico de Ministerio de Finanzas, (...) y emplear el modelo estadístico de regresión lineal múltiple, no utilizó datos de compra venta de oficinas situadas en las Parroquias Candelaria y Altagracia con fechas de registro cercanas a diciembre de 2002 (fecha del avalúo); el referido modelo utilizó una muestra de 165 referencias de valor, protocolizadas en el período comprendido entre abril 1997 y mayo 2002, con la inclusión de 3 referencias de que sólo representan el 1,8 % del total de la muestra. No obstante, concluyó en el referido Informe Técnico que el valor del mercado de la propiedad objeto de estudio es de (...) (Bs.F. 15.580.307,95), monto este del cual difirió este Organismo Contralor, según consta en Informe Técnico elaborado una vez consideradas las características del inmueble, así como las condiciones abril del año 2003, ascendía a (..) (Bs.F. 9.772.000,00), cifra con la cual se establece una diferencia de (...) (Bs.F. 5.428.000,00), respecto al Ministerio de Finanzas por la Torre Citibank.... Las conductas anteriormente descritas, se subsumieron en los supuestos generadores de responsabilidad administrativa, previstos en los numerales 2 y 20 respectivamente, del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Como consecuencia de lo anterior, se le impuso sanción de multa de manera individual por la cantidad de Ocho Millones Ciento Cuarenta Mil Bolívares (Bs. 8.140.000,00), equivalente a Ocho Mil Ciento Cuarenta Bolívares Fuertes (Bs.F. 8.140, 00), considerándose al efecto la atenuante prevista en el numeral 1 del artículo 66 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Cantraloría General de República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, ello de conformidad a lo previsto en el artículo 103 de la Ley eiusdem, y en atención a lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento de la Ley Orgánica General de la República en concordancia con el artículo 37 del Código Penal vigentes para el momento de la ocurrencia de los hechos. Asimismo, se le formuló reparo resarcitorio por la cantidad de Cinco Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Bolivares Fuertes (Bs.F 5.428.000,00), monto que deberá reparar solidariamente con los ciudadanos Tobías Nóbrega Suárez, Alfredo Quintana, Guanía Pereira, Jesús Rodolfo Bermúdez Acosta y la Sociedad Mercantil Inmobiliaria Chacao C.A. Contra el referido acto administrativo, el recurrente interpuso recurso de reconsideración, el cuai fue declarado Sin Lugar mediante Decisión de fecha 07 de mayo de 2010, dictada por la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Organismo Contralor. Por consiguiente, importa señalar que la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de quince (15) años, impuesta al prenombrado ciudadano, mediante la Resolución N° 01-00-000437 de fecha 09 de diciembre de 2010, deriva del ejercicio por parte de la Contraloría General de la República, de la competencia atribuida en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en concordancia con el. artículo 112 de su Reglamento, aplicable como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad administrativa, de la que fue objeto en el marco del correspondiente procedimiento administrativo Precisado lo anterior y circunscribiéndonos a las denuncias formuladas por el impugnante, este Despacho observa que los argumentos expuestos pOr el ciudadanO LUIS ALBERTO ROSANES BARQUIN en su escrito recursivo objeto del presente análisis, así como la documentación cuestionar la naturaleza de los hechos por los cuales se determinó su responsabilidad administrativa. En tal sentido, quien suscribe, pasa a decidir sobre la base de las consideraciones siguientes: El Oficio de IMotificación N° 08-01-181 de fecha 04 de febrero de 2011, recibido par el impugnante el día 31 de marzo de ese mismo año, es claro al señalar que, contra la Resolución N° 01-00-000437 de fecha 09 de diciembre de zeo, podrá interponer el respectivo recurso de reconsideración ante este Despacho; sin embargo, el recurrente, lo que cuestiona es el fundamento de los criterios que sustentaron la Decisión del 07 de enero de 2ono, a través de la cual, como se señaló ut supra, se declaró su responsabilidad administrativa. En este orden de ideas, es de advertir que con dichos alegatos, el ciudadano LUIS ALBERTO ROSANES BARQUIN, lo que persigue es la revisión del Auto Decisorio que declaró su responsabilidad administrativa, con la única finalidad de tener una nueva oportunidad de alegación y defensa de sus intereses, lo cual es inadmisible, toda vez que constituiría habilitar otra instancia de un asunto que fue resuelto por una decisión que quedó firme en sede administrativa. A mayor abundamiento, las decisiones a que se contrae el artículo 103 de la vigente Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, son dictadas por las máximas delegatarios-, por ende, éstos agotan la vía administrativa. Al respecto, la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1107 de fecha 19 de junio de 2001, al pronunciarse sobre la firmeza de los actos administrativos, señaló lo siguiente: página original (tal como se publicó) [Página 17] administrativa (..) se vincula con el acto administrativo administrativa (..) ya sea porque el acto causó estado al agotarse la vía administrativa (...) o porque adquirió firmeza al no ser impugnado...". En este contexto, es claro que, en esta etapa del procedimiento, recursivo, dirigidas a cuestionar el fundamento de la responsabilidad administrativa que le fue atribuida. Así se declara. DECISIÓN Contralora General de la República (E), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, declara Sin Lugar el recurso de reconsideración interpuesto por el ciudadano LUIS ALBERTO ROSANES BARQuIN, antes identificado y, en consecuencia, confirma el acto administrativo contenido en la Resolución N° 01-00-000437 de fecha 09 de diciembre de 2010, a través del cual, este Despacho le impuso la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de quince (15) años, contado a parti de la fecha de notificación de la misma. Notifíquese al interesado la presente decisión. Comuníquese a los mismos entes y organismos señalados en el acto recurrido. Publíquese. ADELINA GONZÁLEZ Contralora General de la República (E)" Se le advierte que se entenderá por notificado quince (15) días hábiles después de la publicación del Cartel en un diario de mayor circulación de la entidad territorial donde la autoridad que conoce el asunto tiene su sede, de conformidad con lo previsto en la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, cuya reforma fue publicada en la Extraordinario, de fecha 23 de diciembre de 2010, en concordancia con lo Administrativos, por cuanto ha resultado impracticable su notificación personal. Asimismo, se advierte que podrá interponer el Recurso de Nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia, previsto en el artículo 114 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en el plazo de ciento ochenta (180) conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de junio de del Tribunal Supremo de Justicia (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 de fecha 01 de octubre 2010). Cúmplase y publíquese, ALEXANDER PÉREZ ABRE Director de determinación de Respons REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DECISIÓN 200° y 151° 1 ANTECEDENTES Se dio inicio al presente procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades previsto en el Titulo ll"De las Potestades de investigación, de las Responsabilidades y de las Sanciones". Capitulo IV Del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades". articulos 95 y siguientes de la Ley Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001, mediante auto de fecha 23 de noviembre de 2010 (folios 921 al 934) en virtud del Informe de Resultados del Proceso Investigativo identificado con el N° P1-03-01-03-2003 de fecha 20 de enero de 2004 llevado por la Dirección de Control de Estados de la Dirección General de Control de Estados y Municipios de este Organismo Contralor, así como del contenido del Informe Definitivo N° 07-01-204 de fecha 20 de diciembre de 2001. La actuación fiscal practicada en el Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INvIvAR) estuvo orientada a la evaluación del control interno asi como a la verificación de planes operativos, funcionamiento del Instituto, la contratación y ejecución de obras y la adquisición de bienes y servicios durante el año 2000. B.- DE LOS HALLAZGOS DE AUDITORIA En el Informe de resultados del proceso investigativo identificado con el N° PI-03- 01-03-2003 iniciado por la Dirección de Control de Estados de la Dirección General de Control Estados y Municipios de este Organismo Contralor, se destaca el hallazgo siguiente: "Para la realización del convenio CONAVI-INVIVAR. para la construcción de obras de urbanismo Hacienda Pantin, Municipio Manño del Estado Aragua, aprobado en fecha 01/11/1999, por un empresa Constructora Kobe, S.A. se observó, la suscripción de siete (7) contratos para el movimiento de tierra en vialidad por la cantidad total de Bs. 285.051.338,87 y doce (12) contratos para el movimiento de Derra en terrazas. por la cantidad total de Bs. 603.485.592.00. para un total global de Bs. 888.516.928,87, sin que se evidenciara en los documentos, constancia de los procedimientos licitatorios para el otorgamiento de la referida obra. En ese sentido, cabe destacar que de conformidad con lo previsto en la Ley de Licitación Nacionai en el articuio 74, se procederà por licitación general en el caso de construcción de obras, si el contrato a sec otorgado es por un monto estimado superior a veinte mil unidades tributarias (20.000 U.T.)". Sobre la base del hallazgo antes descrito, se dio inicio al procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades mediante Auto de fecha 23 de administrativa. C.- DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES. Análisis de Hechos y Supuestos Generadores de Responsabilidad realizada, quien suscribe tiene a bien referirse al hecho presuntamente irregular que se derivó del análisis del Informe Definitivo N° 07-01-204 de fecha 20 de diciembre de 2001, asl como al Informe de Resultados del Procedimiento Investigativo identificado con el N° P1-03-01-03-2003 de fecha 20 de enero de 2004, ambos emanados de la Dirección de Control de Estados de la Dirección General de Control de Estados y Municipios de este Organismo Contralor, hecho que ocurrió en el Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INvivAR). asi como de las actuaciones cursantes en el expediente conformado al efecto, las cuales sirvieran de sustento para el inicio y continuidad del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, razón por la que forman parte integrante del expediente administrativo identificado con el N° 08-01-07- 10-004: -A- Prescindencia del procedimiento de Licitación General, previsto en el articulo 74 numeral 2 del Decreto con rango y fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Licitaciones, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.386 Extraordinario de fecha 11 de octubre de 1999, vigente para el momento de los hechos y que correspondía de acuerdo al monto total de las contrataciones efectuadas, a saber, la cantidad de Bs. 888.516.928.87, equivalentes a Bs.F. 88.516,93, toda vez que el Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INVIVAR), le adjudicó directamente a la empresa Constructora KOVHE S.A. la ejecución de movimientos de tierras de vialidad -para lo cual se suscribieron siete (7) contratos-, asi como los movimientos de tierras en terrazas para la cual se suscribieron doce (12) contratos-, todos relacionados con el Desarrollo Urbanistico Hacienda Pantin, ubicada en el Municipio Mariño del Estado Aragua; ello en el marco del convenio CONAVI-INVIVAR-SAFIV, suscrito en fecha 13 de enero de 2000. ante la Notaria Pública Cuarta del Municipio Baruta del Estado Miranda, por un monto de Bs. 2.497.989.000.02, equivalente a Bs.F. 2.497.989,00, cuyo objeto era la construcción de obras de Urbanismo (movimientos de tierras en vialidad y movimientos de tierras en terrazas) en el Desarrollo Urbanistico antes referido. Al respecto, el articulo 74 de del Decreto con rango y fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Licitaciones, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° hechos, establecía lo que a continuación se indica: intemaclonalmente: 1° En el caso de adquisición de blenes o contratación da servicios, si el contrato a ser otorgado es por un monto estimado superior a diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.): y 2° En el caso de construcción de obras, si el contrato a ser otorgado es por un mento estimado superior a veinte mil unidades tributarias (20.00 U.T.". (Destacado nuestro). página original (tal como se publicó) [Página 18] suscripción de los contratos para movimientos de tierras de vialidad y movimientos de tierras en terrazas, el monto total de éstos superaba las veinte mil unidades tributarias (20.000 U.T). cuyo valor individualmente considerado ascendía a la cantidad de nueve mil seiscientos bolivares (Bs. 9.600,00) según Providencia Administrativa SENIAT N° 088 del 29 de marzo de 1999, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.673 de fecha 05 de abril de En este orden de ideas, conviene destacar que la intención del legislador bajo la vigencia del marco normativo objeto de análisis, era la de privilegiar como mecanismo de selección de contratistas de manera obligatoria la licitación general. por ser el único procedimiento que no tenia carácter excepcional. por cuanto la licitación selectiva y la razones que justifican la no utilización del procedimiento de licitación general. Es pertinente acotar, como principio general, que los mecanismos de selección de contractual, por el que los órganos y entidades que conforman el sector público, en ejercicio de la función administrativa invitan a los interesados para que, sujetándose a las institución, siempre en aras de salvaguardar principios insoslayables como la legalidad, la Ahora bien, con respecto al hecho presuntamente irregular, conviene destacar que lo ajustado a derecho era que el Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INVIVAR), convocara a un procedimiento de Licitación General y no que adjudicara directamente los diecinueve (19) contratos a la empresa Constructora KOVHE S.A., en virtud que la división de la obra con fundamento en el ordenamiento juridico vigente para la época, sólo podia efectuarse bajo la figura de un acto motivado que justificara previo agotamiento del procedimiento de licitación general, como era conocido; en tal sentido, ocurrencia de los hechos, establecía lo siguiente: Articulo 32 "Solo por cajas debidamente justificada. a luiclo de la máxima autoridad administrativa del ente contratante. se podrà dividir en varios contratos la contratación de una obna o la contratación para la adquisición de bienes o la prestación de servicios. Paragrafo Unico. En todo caso, cuando el monto total de la obra, suministro g servicio, determine que el procedimiento apicabio es el de licitación general o licitación selectiva. se procederaà a la selección conforme a esos procedimientos. aun cuando el monto de la contratación sea inferior a los exigidos en los articulos 74 y 75 de esta Ley". (Subrayado y negrilas nuestras). de que la máxima autoridad del ente decidiera dividir la obra en varios contratos, como ocurrió en el caso que nos ocupa, toda vez, que la adjudicación efectuada no era ajustada al procedimiento, en virtud que la misma no cumplía con los requisitos del articulo 79 de la Ley de Licitaciones, vigente para el momento de la ocurrencia del hecho, la cual que se desprende que no podía quedar a la discrecionalidad del ente contratante, la para su procedencia. En este sentido, se evidenció que se realizaron adjudicaciones directas a través de diecinueve (19) contratos, sin estar, los mismos ajustados a los supuestos establecidos en el articulo 79 de la Ley de Licitaciones, publicada en Gaceta Oficial de la República de siguiente: Articulo 79: "Se podrà proceder por adjudicación directa. independientemente del monto de la contratación, siempre y cuando la motivado, justifique adecuadamente su procedencia, en los siguientes supuestos: 1° Si se trata de suministros requeridos para el debido desarrollo de un determinado proceso productivo y del retardo por la apertura de un procedimiento licitatorio pudiera resultar gravemente afectada la continuidad del mismo. 2° Si se trata de la adquisición de obras artísticas o cientificas. 3° Si. según información suministrada por el Registro Nacional de Contratistas, los bienes o senvicios a contratar los produce, vende o presta un solo fabricante o proveedor o cuando las condiciones técnicas de un determinado bien, servicio u obra excluyen toda posibilidad de competencia. 4 En caso de contratos que tengan por objeto la fabricación de equipos, la adquisición de bienes o la contratación de servicios, en equipos o servicios. emergencia comprobada dentro del respectivo organismo o ente; o licitatorio pudieren resultar perjuicios paca el ente contratante". Tal hecho presuntamente podria configurar el supuesto generador de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el articulo 113 numeral 1, vigente para el momento de la ocurrencia del hecho irregular, el cual establecía: "ARTiCULO 113: "Son hechos generadores de responsabilidad administrativa, Patrimonio Público, los que se mencionan a continuación. 1. La adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios, con prescindencia de los procedimientos previstos en la Ley de Licitaciones, en la normativa aplicable (..) (OMISSIS)". administrativa a tenor de lo previsto en el numeral 1 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, cuyo tenor es el siguiente: administrativa los actos, hachos u omisiones que se mencionan a continuación: 1. La adquisición de bienes, la contratación de obras o de servicios, con Licitaciones o en la normativa aplicable. (OMISSIS)". De las disposiciones antes comentadas se desprende que la Ley de Licitaciones. aplicable rationae temporis. preveía los procedimientos que en cada caso debían ser contratistas, para la ejecución de obras, la adquisición de bienes y la prestación de servicios. De igual manera dicha Ley, señalaba expresamente cuales son los órganos y cual se infiere que frente a un caso concreto, en el cual era procedente y obligatorio el inicio de algunos de los procedimientos de selección de contratistas anteriormente mencionados, en virtud del monto y de la naturaleza de los contratos, que el órgano o establecido en la Ley de Licitaciones, en comento. RELACIÓN DE CAUSALIDAD Y ELEMENTOS PROBATORIOS En este estado, resulta necesario establecer la relación de causalidad de los comisiones de los hechos presuntamente irregulares anteriormente señalados: -A- RELACIÓN DE CAUSALIDAD DEL CIUDADANO FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RODRÍGUEZ El ciudadano FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad V-2.455.387, fue designado Secretario de Estado, Presidente del Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INvIVAR). por el Gobernador del Estado Aragua, nombramiento éste publicado en la Gaceta Oficial del Estado Aragua Extraordinaria N° 387 de fecha 27 de mayo de 1996. Para el cumplimiento de su objetivo, el Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INViVAR). tenia entre otras, la atribución de celebrar contratos con personas naturales o juridicas. de carácter civil o mercantil, a los fines de remodelar, ampliar, construir, adquirir o enajenar viviendas, según puede evidenciarse de la Reforma cual fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado Aragua Extraordinaria N° 154 de fecha 28 de diciembre de 1992. Asimismo, de conformidad con el articulo 17 de la Ley del Instituto en comento, el Presidente, tenia las siguientes funciones: (OMISSIS) 9) Firmar los contratos, ordenes de pago, cheques, letras de cambio y cualquier efecto de comercio. (OmisSis)" contratos a la empresa Constructora KOVHE S.A.. por concepto de movimientos de tierras en terrazas y movimientos de tierras en vialidad, cuyo objeto fue la Construcción de Obras de Urbanismo en la Hacienda El Pantin, Municipio Mariño del Estado Aragua, por un monto que ascendió a la cantidad de Bs. 88.516.928,87, equivalentes a Bs.F. 888.516.93, con prescindencia de procedimiento lictatorio que correspondia de acuerdo al monto general (sumatoria de cada uno de los contratos), a saber, Licitación General N° Contrato Fecha Monto en Bs. Objetivo de la Obra Follos 2000-003 21/02/2000 49.099.644,13 Movimiento de Tierra en Vialidad desde 225 calle 1 hasta calle 4. 227 2000-004 49.019.970,38 23/02/2000 Movimiento de Tierra en Vialidad desde 243 calle 5 hasta calle 7. 245 2000-005 25/02/2000 49.769.034,89 Movimiento de Tierra en Vialidad desde 267 al calle 8 hasta calle 10. 269 2000-006 01/03/2000 49.179.317,88 Movimiento de Tierra en Vialidad desde 289 al calle 11 hasta calle 14. 291 200-007 06/03/2000 39.019.190.13 Movimiento de Tierra en Vialidad desde 308 al calle 15 hasta calle 17. 310 2000-011 15/03/2000 28.198.239.88 Movimiento de Tierra en Vialidad desde 341 al calle 18 hasta Calle 21. 343 2000-042 04/05/2000 20.765.939.58 Movimiento de Tierra en Vialidad. 870 Avenida 01 entre Calles 18 y 21. 872 2000-012 16/03/2000 48.758.212,97 Movimiento de Tierra en Terrazas desde al 372 Terraza 1 hasta Terraza 4. 374 2000-013 16/03/2000 47.505.170.79 Movimiento de Tierra en Terrazas desde 399 al Terraza 5 hasta Terraza 7. 401 03/04/2000 45.128.885.92 2000-026 Movimiento de Tierra en Terrazas desde 426 al la Terraza 8 hasta la Terraza 10. 428 2000-027 04/04/2000 49 490.671.33 Movimiento de Tierra en Terrazas desde 893 al Terraza 11 hasta Terraza 13. 895 06/04/2000 2000-028 Movimiento de Tierra en Terrazas 14, 17 47.445.916.17 488 al y 18. 490 2000-029 10/04/2000 48 859.682.26 Movimiento de Tierra en Terrazas desde 519 al Terrazas 19 hasta 21. 521 2000-030 11/04/2000 49.238.544.18 Movimiento de Tierra en Terrazas 22 y 552 al 23 554 27/04/2000 52.846.111,26 2000-039 Movimiento de Tierra en Terrazas 29 y 583 al 30. 585 2000-040 28/04/2000 59.230.960,89 Movimiento de Tierra en Terrazas 31. 32 619 al y 34. 621 2000-041 02/05/2000 60 457,309,89 Movimiento de Tierra en Terrazas 33 y 650 al 35 652 22/05/2000 63.043 416.98 2000-054 Movimiento de Tierra en Terrazas 28, 37 679 y 39. 681 2000-055 05/06/2000 31.460 709,36 Movimiento de Tierra en Terraza 39 704 (Servicios). 706 Total Bs. 888.516.928,87 Total Bs.F. 88.516,93 página original (tal como se publicó) [Página 19] administrativa, a tenor de lo dispuesto en el articulo 113 numeral 1. vigente para el momento de la ocurrencia del hecho irregular, conducta ésta que continúa siendo supuesto generador de responsabilidad administrativa a tenor de lo previsto en el numeral 1 del articulo 91 de la Ley Orgánica de al Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Los elementos probatorios que demuestran la comisión del hecho presuntamente irregular, antes descrito, y la participación del Ciudadano FRANcisCO JAVIER LÓPEZ RODRiGuEZ, antes identificado, en el mismo son los que a continuación se mencionan: 1.- Informe Definitivo N° 07-01-204 de fecha 20 de diciembre de 2001, realizado por la Dirección de Control de Estados de este Organismo Contralor (folios 3 al 25). 2.- Informe de Resultados de fecha 20 de enero de 2004, realizado por la Dirección de Control de Estados de este Organismo Contralor (folios 827 al 854). 3. Copia certificada del Convenio suscrito entre CONAVI-INVIVAR-SAFIV, el cual fue autenticado ante la Notaria Pública Cuarta del Municipio Baruta del Estado Miranda en fecha 13 de enero de 2000, quedando anotado bajo el N° 3, tomo 2 de los libros de Urbanístico (Hacienda el Pantin), ubicado en el Municipio Mariño del Edo Aragua (folios 857 al 861). 4.- Copia certificada del Contrato de Fideicomiso suscrito entre el Presidente de INVIVAR Municipio Baruta del Estado Miranda en fecha 31 de enero de 200, a los fines de ejecutar el Desarrollo Urbanistico en la Hacienda El Pantin, ubicado en el Municipio Mariño del Estado Aragua (folios 215 al 221). 5.- Copia certificada del Contrato N° 200-003 de fecha 21 de febrero de 200, suscrito entre el Presidente del Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INVIVAR) y la empresa Constructora KOVHE S.A. por un monto de cuarenta y nueve millones noventa y nueve mil seiscientos cuarenta y cuatro bolivares con trece cêntimos (Bs. 49.099.644,13) Bs.F. 49.099,64, por concepto de movimiento de Tierra en vialidad desde la calle 1 hasta la calle 4 del Desarrollo Urbanistico Hacienda El Pantin, ubicado en el Municipio Mariño del Estado Aragua (folios 225 al 227). 6.- Copia certificada del Contrato N° 2000-004 de fecha 23 de febrero de 2000, suscrito entre el Presidente del Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INVIVAR) y la empresa Constructora KOVHE S.A. por un monto de cuarenta y nueve millones (Bs. 49.019.970.38) o Bs.F. 49.019.97. por concepto de movimiento de Tierra en vialidad desde la calle 5 hasta la calle 7 del Desarrollo Urbanistico Hacienda El Pantin, ubicado en el Municipio Mariño del Estado Aragua (folios 243 al 245). 7.- Copia certificada del Contrato N° 200-005 de fecha 25 de febrero de 200, suscrito entre el Presidente del Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INVIVAR) y la empresa Constructora KOVHE S.A. por un monto de cuarenta y nueve millones setecientos sesenta y nueve mil treinta y cuatro bolivares con ochenta y nueve cêntimos (Bs. 49.769.034,89) o Bs.F. 49.789.03, por concepto de movimiento de Tierra en vialidad desde la calle 8 hasta la calle 10 del Desarrollo Urbanistico Hacienda El Pantin, ubicado en el Municipio Mariñno del Estado Aragua (folios 287 al 269). 8.- Copia certificada del Contrato N° 2000-006 de fecha 01 de marzo de 200, suscrito entre el Presidente del Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INVIVAR) y la empresa Constructora KOVHE S.A., por un monto de cuarenta y nueve millones ciento (Bs. 49.179.317.88) & Bs.F. 49.179.32, por concepto de movimiento de Tierra en vialidad desde la calle 11 hasta la calle 14 del Desarollo Urbanistico Hacienda El Pantin, ubicado en el Municipio Mariño del Estado Aragua (folios 289 al 291). 9. Copia certificada del Contrato N° 2000-007 de fecha 06 de marzo de 200, suscrito entre el Presidente del Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INVIVAR) y la empresa Constructora KOVHE S.A. por un monto de treinta y nueve millones diecinueve mil ciento noventa bolivares con trece céntimos (Bs. 39.019.190.13) 6 Bs.F. 39.019,19. por concepto de movimiento de Tierra en vialidad desde la calle 15 hasta la calle 17 del Desarrollo Urbanistico Hacienda El Pantin. ubicado en el Municipio Mariño del Estado Aragua (folios 308 al 310). 10.- Copia certificada del Contrato N° 200-011 de fecha 15 de marzo de 2000, suscrito entre el Presidente del Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INVIVAR) y la empresa Constructora KOVHE S.A. por un monto de veintiocho millones ciento (Bs. 28.198.239,88) o Bs.F. 28.198,24, por concepto de movimiento de Tierra vialidad desde la calle 18 hasta la calle 21 del Desarrollo Urbanistico Hacienda El Pantin, ubicado en el Municipio Mariño del Estado Aragua (folios 341 al 343). 11.- Copia certificada del Contrato N° 2000-042 de fecha 04 de mayo de 200, suscrito entre el Presidente del Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INVivAR) y la empresa Constructora KOVHE S.A. por un monto de veinte millones setecientos (Bs. 20 765.939.58) o Bs.F. 20.765.939,58, por concepto de movimiento de Tiera en vialidad avenida 01 entre calles 18 y 21 del Desarrollo Urbanistico Hacienda El Pantin, ubicado en el Municipio Mariño del Estado Aragua (folios 870 al 872). 12 - Copia certificada del Contrato N° 2000-012 de fecha 16 de marzo de 200, suscrito entre el Presidente del Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INVIVAR) y la empresa Constructora KOVHE S.A. por un monto de cuarenta y ocho millones setecientos cincuenta y ocho mil doscientos doce bolivares con noventa y siete céntimos (Bs 48 758.212.97) 6 Bs. F 48 758.21. por concepto de movimiento de Tierra en terrazas 1. 2. 3 y 4 del Desarollo Urbanistico Hacienda El Pantin, ubicado en el Municipio Mariño del Estado Aragua (folios 372 al 374). 13 -Copia certificada del Contrato N° 2000-013 de fecha 16 de marzo de 2000, suscrito entre el Presidente del Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INVIVAR) y la empresa Constructora KOVHE S.A. por un monto de cuarenta y siete millones (Bs. 47.505.170,79) o Bs.F. 47.505.170,79, por concepto de movimiento de Tiera en terrazas 5. 8 y 7 del Desarrollo Urbanistico Hacienda El Pantin, ubicado en el Municipio Mariño del Estado Aragua (folios 399 al 401). 14.- Copia certificada del Contrato N° 200-026 de fecha 03 de abril de 200, suscrito entre el Presidente del Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INVIVAR) y la empresa Constructora KOVHE S.A. por un monto de cuarenta y cinco millones ciento veintiocho mil ochocientos ochenta y cinco bolivares con noventa y dos céntimos (Bs. 45.128.885,92) ó Bs.F. 45.128, 88, por concepto de movimiento de Tierra en terrazas 8. 9 y 10 del Desarrollo Urbanistico Hacienda El Pantin, ubicado en el Municipio Mariño 15.- Copia certificada del Contrato N° 200-027 de fecha 04 de abril de 200, suscrito entre el Presidente del Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INVIVAR) y la empresa Constructora KOVHE S.A. por un monto de cuarenta y nueve millones (Bs. 49.490.671,33) 6 Bs.F. 49.490.67, por concepto de movimiento de tierra en terrazas 11. 12 y 13 del Desarrollo Urbanistico Hacienda El Pantin, ubicado en el Municipio Mariño 16. Copia certificada del Contrato N° 200-028 de fecha 06 de abril de 200, suscrito entre el Presidente del Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INVIVAR) y la empresa Constructora KOVHE S.A.. por un monto de cuarenta y siete millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos dieciséis bolivares con diecisiete céntimos (Bs. 47.445.916,17) 6 Bs.F.47.445,91, por concepto de movimiento de tierra en terrazas 14. 17 y 18 del Desarrollo Urbanistico Hacienda El Pantin, ubicado en el Municipio Mariño 17.- Copia certificada del Contrato N° 200-029 de fecha 10 de abril de 200, suscrito entre el Presidente del Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INVIVAR) y la empresa Constructora KOVHE S:A.. por un monto de cuarenta y ocho millones ochocientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y dos bolivares con veintiséis céntimos (Bs. 48.859.682,26). o Bs.F. 48.859,69, por concepto de movimiento de tierra en terrazas 19. 20 y 21 del Desarrollo Urbanistico Hacienda El Pantin. ubicado en el Municipio Mariño del Estado Aragua (folios 519 al 521). 18.- Copia certificada del Contrato N° 200-030 de fecha 11 de abril de 200, suscrito entre el Presidente del Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INVIVAR) y la empresa Constructora KOVHE S.A. por un monto de cuarenta y nueve millones doscientos treinta y ocho mil- quinientos cuarenta y cuatro bolivares con dieciocho cêntimos (Bs. 49.238.544,18) o Bs.F. 49.238,54, por concepto de movimiento de tierra en terrazas 22 y 23 del Desarrollo Urbanistico Hacienda El Pantin, ubicado en el Municipio Mariño del Estado Aragua (folios 552 al 554). 19.- Copia certificada del Contrato N° 2000-039 de fecha 27 de abril de 200, suscrito entre el Presidente del Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INVIVAR) y la empresa Constructora KOVHE S.A.. por un monto de cincuenta y dos millones (Bs. 52.846.111,26) Bs.F. 52.846,11. por concepto de movimiento de tierra en terrazas 29 y 30 del Desarrollo Urbanistico Hacienda El Pantin, ubicado en el Municipio Mariño del 20.- Copia certificada del Contrato N° 2000-040 de fecha 28 de abril de 200, suscrito entre el Presidente del Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INVIVAR) y la empresa Constructora KOVHE S.A.. por un monto de cincuenta y nueve millones (Bs. 59.230.960,89) 6 BsF. 59.230.96. por concepto de movimiento de tierra en terrazas 31. 32 y 34 del Desarrollo Urbanistico Hacienda El Pantin, ubicado en el Municipio Mariño 21.- Copia certificada del Contrato N° 200-041 de fecha 02 de mayo de 2000, suscrito entre el Presidente del Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INVIVAR) y la empresa Constructora KOVHE S.A. por un monto de sesenta millones cuatrocientos cincuenta y siete mil trescientos nueve bolivares con ochenta y nueve céntimos (Bs. 60.457.309,89) 6 Bs.F. 60.457.31, por concepto de movimiento de tierra en terrazas 33 y 35 del Desarollo Urbanistico Hacienda El Pantin, ubicado en el Municipio Mariño del 22.- Copia certificada del Contrato N° 200-054 de fecha 22 de mayo de 200, suscrito entre el Presidente del Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INVIVAR) y la empresa Constructora KOVHE S.A. por un monto de sesenta y tres millones cuarenta y (Bs. 63.043.416,98) 6 Bs.F. 63.043.42. por concepto de movimiento de tierra en terrazas 28, 37 y 39 del Desarrollo Urbanístico Hacienda El Pantin, ubicado en el Municipio Mariño del Estado Aragua (folios 679 al 681). 23.- Copia certificada del Contrato N° 2000-055 de fecha 05 de junio de 2000, suscrito entre el Presidente del Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INVIVAR) y la empresa Constructora KOVHE S.A. por un monto de treinta y un millones cuatrocientos Bs.F. 31.460,71, por concepto de movimiento de tierra en terraza 39 (Servicios) del Desarrollo Urbanistico Hacienda El Pantin, ubicado en el Municipio Mariño del Estado Aragua (folios 704 al 706). DE LA NOTIFICACIÓN Y DE LAS PRUEBAS INDICADAS POR EL INTERESADO. El auto que dio inicio al presente procedimiento administrativo, fue notificado durante el año 2010, al ciudadano FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RODRiGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-2.455.387. tal como se evidencia del Oficio N° 08-01-2165 de fecha 26 de noviembre de 2010, debidamente recibido por su destinatario en fecha 08 de diciembre de 2010 (folios 939 al 941). en el cual se le indicaron las fases del Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control página original (tal como se publicó) [Página 20] Fiscal, asl como se le hizo la mención de que quedaba a derecho para todos los efectos del procedimiento. El mencionado ciudadano presentó en fecha 10 de enero de 2011, escrito de Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y articulo 91 del Reglamento de la aludida Ley. Asimismo, esta Dirección mediante auto de fecha 11 de enero de 2011, se pronunció respecto al escrito de indicación de pruebas, en los términos siguientes: "En el escrito en referencia el ciudadano en cuestión, indicò en relación a la firma de contratos de INVIVAR con la Constructora Kobe, S.A., sin observar el articulo 74 de la Ley de Licitaciones, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, la ratificación en cada una de sus partes, lo expresado en la 825 del expediente administrativo; quien suscribe, la admite y se reserva el pronunciamiento respecto de la misma en la oportunidad en que deba dictarse la decisión que habrá de recaer en el presente procedimiento administrativo. En relación a los demás argumentos planteados vinculados con el fondo del nn e rn n decisión que habra de recaer en el presente procedimiento administrativo". MOTIVA DE LOS ALEGATOS DE DEFENSA EXPUESTOS POR EL IMPUTADO DURANTE LA REALIZACIÓN DEL ACTO ORAL Y PÚBLICO CELEBRADO EN FECHA 01 DE FEBRERO DE 2011 Y EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES El 01 de febrero de 2011, a las 9:15 a.m. se inició y llevó a cabo el acto oral y público a que se contrae el articulo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, cuya reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, en relación con los articulos 92 al 97 del Reglamento de la Ley en comento, vinculado con el Procadimiento Administrativo para la Determinación de autos e imputado en el presente procedimiento o su representante legal en caso de que lo tuviese, expresen en forma oral y pública, los argumentos que consideren les asisten para la mejor defensa de sus derechos e intereses. En el desarrollo del acto oral y público, se le concedió el derecho de palabra al ciudadano FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RODRÍGUEZ, quien expuso fundamentalmente lo siguiente: "(.) en relación a los hechos reconozco y acepto la veracidad de todo los expedientes que están en ese expediente (.) del caso. En el año 2000 terminó mi actividad en el Instituto de la Vivienda y en el año 2003 fue cuando se inició la ventilación de todos estos detalles que estamos hoy tratando. En ese momento yo me asesores con un Abogado amigo y plantee el escrito que está anexo también a ese expediente donde yo daba, lo que consideraba que eran mis razones de peso para haber hecho lo que en ese momento se efectuó (...) han pasado siete años desuês de ese hecho cuando me vueiven a citar y entonces yo hice otro escrito donde ratifico en todas sus partes lo que ya había entregado en el 2003, siete años después; no buque Abogado, porque, primero no consideré necesario, segundo el Abogado que me asistió en esa época no lo volví a conseguir, no se si murió, no pude hacer contacto y no involucre a otro pues a revisar algo que está muy voluminoso y yo invoquê en este último escrito la posibilidad de la prescripción de esos hechos, ha pasado tanto tiempo que ya ese Instituto ni siquiera existe. ya fue eliminado. Que puedo yo hablar del Instituto y mi actividad profesional en él? Yo me iniciè cuando crearon el Instituto, yo tengo 24 años de actividad en la Administración Pública, a lo mejor esto no tiene nada que ver con lo que está investigando pero yo quisiera que ustedes tuvieran un perfil de mi persona, porque si yo no les digo cual es mi persona pues a lo mejor usted cree que está tratando con otro tipo (.) yo le dediquen 24 años de mi vida a la Administración Pública, 14 años, fueron mis primeros 14 años de actividad profesional al Banco Obrero, hoy INAVI, y ejerce todos los cargos dentro de ese organismo hasta ocupar el cargo de Ingeniero Civil Jefe Il y ser el Jefe de la parte técnica (.) del INAVIl para esa época del Estado Carabobo y yo tuve bajo mi control infinidad de obras, y creo que haberle defendido los recursos al Estado como no le ha defendido nadie los realitos al Estado Venezolano. Después de eso especê a ejercer mi actividad profesional por mi cuenta, no soy empresario, nunca fui empresario, siempre temi el responderle a un obrero por su salario los viernes y por eso nunca orgánicê una empresa y me dediquen a ejercer libremente la profesión, en sse sentido, fui Ingeniero de muchas empresas que me buscaron para hacer residencia y esa actividad la cumpli mas o menos en 10 años. En el año 91, volví a entrar en la Administración Pública más para ayudar al Gobemador de esa Pública, incluso hubo personas, colegas que me recomendaron que si yo volvia no iba a durar en esos cargos ni una semana por mi forma de ser, porque se suponía que en esa época ya las empresas contratistas tengan mucho peso en imponer Ingenieros Inspectores e imponer criterios y no dejarse inspeccionar las obras como está establecido. De todas maneras, yo asumir el reto y en realidad logré mantenerse 10 años en la Administración Pública, no me mantuve porque, porque entendió mi posición y cuando consideró que habla empresas que yo no acepte la forma como lo estaba haciendo, quitó las empresas y me dejó a mi la época esa normalmente era quitar una línea INVIVAR mientras existió, desde el año 91 hasta el año 200, pasaron por mis manos, primero, porque yo fui el Gerente Técnico hasta el año 96 y después porque fui el Presidente y como Presidente no dejé de hacer el técnico del Instituto, o sea, siempre estuve de cabeza de grupo y no se hizo ningún tipo de contratación que no estableciera yo las reglas del juego, desdo ese punto de vista yo asumo la responsabilidad de todo lo que usted considero. Que no se hicieron Licitaciones, es correcto, no hicieron licitaciones porque ese Instituto era un Instituto muy pequeñito, incipiente, ahi no habla personal para nada, ni Divisiones ni Departamento, ni se crearon tampoco, porque la idea fue tener un Instituto con poca carga burocrática y que fuera más efectivo; nosotros establecidos como programa solamente porque as lo permitirán los recursos. solamente, urbanizar, le voy a poner un ejemplo: cuando empezamos como Instiuto el monto global anual que uno administraba, fueron setecientos millones de bollvares de esa época, y esos setecientos a los dos años bajaron a cuatrocientos cuarenta millones, eso era lo que veniamos administrando nosotros y los recursos adicionales que aparecieron, aparecieron fue ya en el año 2000, cuando ya el Consejo Nacional de la Vivienda estableció ciertas reglas del juego y ya empezó a recursos nacionales a dedicárselos a las regiones para lograr esos programas de vivienda, pero mientras yo estuve en ese Instituto jamás se construyó una unidad de vivienda, ahi nosotros lo que hicimos fue urbanizar y que logramos con esa urbanización?, bueno, crear una fueron como una especie de invasiones controladas, porque ellos recibieron sus parcelas con los inicialmente fue criticado porque consideraron que estábamos ranchificando al Estado. porque lo primero que hada el adjudicatario de la parcela era establecer un ranchito y después empezaron a consolidar sus viviendas, pues a la larga voy yo de recorrido por todos esos terrenos que entregados urbanizados y todos están consolidados con viviendas realmente interesantes (..): desde ese punto de vista (.) yo he disfrutado mi ejercicio profesional en la Administración Pública y eso es lo que yo tendría que agregar aqul, hoy en dia todavia yo vengo con tranquilidad a este ambiente a exponer esto y considero bueno que tenga, responsabilidad, acepto, y en descargo de la responsabilidad, lo que le he explicado y de ese hecho han pasado bastantes añitos para averiguar lo que sucedió (..) muchos de los que están en ese expediente ya han muerto, yo me conservó porque yo vivo haciendo mucho ejercicio, tengo 70 años, yo soy un consumado atleta, la de residente, mucha gente que me busca, porque soy muy solicitado, cuando termino una obra alguien me busca (..) y muchas veces hago de Ingeniero, la misma actividad que hice cuando recién graduado. yo he estado al frente de movimientos de tierras recientes donde estoy Desarrllo y yo mandándolo a colocar, colóquemelo aqul, como un Jefe de Campo (..) todavía hago esa actividad, es todo lo que puedo agregar, muy amable por escucharme". Luego de haberse trascrito los fundamentos esenciales de la deposición efectuada por el ciudadano FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RODRÍGUEZ., en el Acto Oral y Público celebrado en fecha 01 de febrero de 2011, conforme lo establece la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, asi como del Reglamento de la aludida Ley, se observó similitud con los argumentos planteados en escritos consignados con anterioridad por el referido ciudadano y que están debidamente incorporados al expediente administrativo, el primero de ellos, consignado en fecha 22 de diciembre de 2003 por ante la Dirección de Control de Estados de este máximo Órgano de Control Fiscal (folios 821 al 825), y el segundo, en fecha 10 de enero de 2011, conforme a lo dispuesto en el articulo 101 que rige nuestras funciones, ante esta Dirección de Determinación de Responsabilidades (folios 945 y 946). Asl tenemos que en el acto oral y público se alegó la prescripción por el transcurso del tiempo y en el escrito consignado en fecha 10 de enero de 2011, cursante a los folios 945 y 946 del expediente, señaló entre otros aspectos, lo que a continuación se indica: Constructora Kovhe. S.A. sin observar el articulo 74 de la Ley de Licitaciones. ratifica en cada una de sus partes, lo expresado en la 825 del expediente. Que han transcurrido 10 años de los hechos que se le imputan; por lo que invocó la Prescripción de las acciones administrativas prescripción de la acción antes referida, toda vez que si la misma se encuentra consumada no podrá perseguirse la responsabilidad administrativa que pudiera derivarse del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades como el que la figura de la prescripción, por tratarse una institución de orden público y su importancia dentro del procedimiento administrativo sancionatorio. La prescripción comporta la extinción, con el transcurso del tiempo, de la Potestad Sancionatoria respecto a los supuestos específicos, esto es, que ante la comisión de un ilicito administrativo, los órganos de control fiscal, deberán iniciar el procedimiento transcurra pacificamente el tiempo previsto en la legislación para que opere la extinción de esa Potestad. En el caso que nos ocupa, es conveniente señalar que los hechos ocurrieron bajo la vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República de 1.995, y que entró en vigencia el 1° de febrero de 1.996, la cual nada señala en materia de prescripción, no obstante, ante la ausencia de una norma legal y expresa que regulase el lapso de prescripción, asi como los actos susceptibles de interrumpir la, era necesario acudir a lo dispuesto en la derogada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público; ello obedece a que el procedimiento seguido por esta Contralorla tiene indiscutiblemente carácter administrativo. considerándose como Ley aplicable supletoriamente. la Ley tomando en cuenta que dicha ley contenía supuestos generadores de responsabilidad funciones eran susceptibles de generar dicha responsabilidad. De manera que para que se originará la responsabilidad administrativa se debía incurrir en una de las causales que a este efecto habla previsto la Ley Orgánica de la Contralorla General de la República y la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, vigentes para el momento, por ende, en ausencia de una disposición normativa que regulara el lapso de prescripción responsabilidad, es lógico que se aplicara lo dispuesto en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, criterio éste que ha sido adoptado por este Organismo Contralor. De todo lo expuesto se deduce que ante el vado existente en la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República, vigente para el momento de ocurrencia del hecho, que atentaran contra el patrimonio público, entre las cuales se encontraban enmarcados los ilícitos administrativos cometidos por los funcionarios públicos al servicio del Estado. De lo anteriormente expuesto, se concluye que en cuanto a la aplicación de la institución de la prescripción al derecho sancionador, se aplican las disposiciones relativas Salvaguarda del Patrimonio Público, en los términos siguientes: Articulo 102. "Las acciones penales, civiles y administrativas derivadas de la presente Lay, prescribirán por cinco años, los cuales se contaran siguiendo las. reglas establecidas en el Código Penal. Sin embargo, cuando el infractor fuere funcionario público, la prescripción comenzara a contarse desde la fecha de cesación en el cargo o función (..)". (Enfasis nuestro). En este sentido. la prescripción estaba regulada a partir de cinco (05) años, contados desde la fecha de ocurrencia del hecho y cuando se trataba de funcionarios públicos, comenzaba a contarse a partir de la fecha de cesación en el ejercicio del cargo ostentado por el funcionario a quien se le hubiere atribuido la comisión del hecho presuntamente irregular. página original (tal como se publicó) [Página 21] momento de ocurrencia de los actos, hechos u omisiones presuntamente irregulares, que expresamente disponia: "Articulo 110. Se interrumpirà el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el reo, si éste se fugare. Interrumpirán también la prescripción el auto de detención o de citación para rendir indagatoria y las diligencias procesales que lea sigan; pero si el juicio, sin culpa del reo, se prolongare por un tiempo Igual al de la prescripción aplicable. más la mitad del mismo, se declarará prescrita la acción penal. Si estabiece la Ley un término de prescripción menor de un año, quedará ella interrumpida por cualquier acto de procedimiento: pero si en el término de un año. contado desde el dia an que comenzó a correr la prescripción, no se dictare sentencia condenatoria, se tendra por prescrita la acción penal. La prescripción intemumpida comenzarà a correr nuevamente desde el dia de la interrupción. punible, aún cuando los actos que interrumpan la prescripción no se refieran sino a uno" (Destacado nuestro). En este contexto, es menester indicar que en fecha 25 de noviembre de 1999, la Sala Plitico Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrado Belén Ramirez Landaeta (Exp. 5840), dictó la sentencia N° 1.622. a través de la cual fue emitido pronunciamiento con Código Penal al procedimiento administrativo sancionador, en los términos siguientes: Al respecto, observa la Sala que uno de los principlos que gobieman la actividad procedimiento administrativo sancionador, es el de la prescripción de la acción sancionatoria. La aceptación de la prescripción como principio general, se traduce en que dicha institución puede llegar aplicarse, incluso por analogía, en ausencia de una norma que fije el lapso de prescripción aplicable para un determinado campo de la actividad administrativa sancionatoria. Asi lo ha entendido esta Sala. al sostener en sentencia del 23 de febrero de 1995, que en ausencia de un plazo especial, son aplicables las reglas generales estabiecidas en el Código Penal a los fines de establecer. el lapso de prescripción de la acción administrativa. Los motivos lógicos que sirven de fundamento al instituto de la prescripción, son diversos, y entre alos suelen invocarse razones de seguridad juridica, representados por la necesidad de que no se prolonguen indefinidamente situaciones expectantes de posible sanción y su permanencia en el Derecho material sancionador. asi como las razones de oportunidad. pues se afirma que cuando pasa cierto tempo se carece de razón para el castigo. porque buena medida, al modificar el tiempo las circunstancias concurrentes, la adecuación entre el hecho y la sanción principal desaparece (Cfr NIETO, ALEJANDRO. Derecho Administrativo Sancionador. Edit. Civitas: pp 482-463). Respecto de ello, observa la Sala que hasta la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Publico, no existia una norma general que estableciera el plazo de prescripción aplicable a la acción sancionatoria destinada a declarar la De otra parte, en cuanto al primer acto susceptible de interrumpir la prescripción de la acción sancionatoria, observa la Sala, que la ausencia de la disposición legal expresa en el âmbito administrativo, resulta aplicable el principio general consagrado en el articulo 110 del Código Penal, conforme el cual. pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatona, o por la requisitoria que se libre contra el reo, si êste se fugare, Interrumpirá también la prescripción el auto de detención o de citación para rendir indagatoria y las diligencias procesales que le sigan; pero si el juicio, sin culpa del reo, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable más la mitad del mismo (..) susceptible de interrumpir dicho laso de prescripción, es la emisión del auto de detención, si se trata de delitos que merecen pena privativa de libertad; o la citaciôn para rendir declaración indagatoria (luego que se dicta el auto de somalimiento a juicio), si se trata de ilícitos no merecedores de penas corporales. Las declaraciones informativas sin juramento, que rinden los indiciados en la elena de investigación, no son suficientes para producir el señalado efecto interruptivo. Aplicando mutatis mutandi los referidos principios al procedimiento administrativo sancionador, resulta concluyente que el primer acto interruptivo de la prescripción en tales procedimientos lo constituye el levantamiento dei Acta de Formulación de Cargos, por ser ese tramite el que se asimila al auto de procesamiento judicial, en cuanto circunscribe la averiguación en una determinada persona (êénfasis nuestro). En este sentido, debe recordarse que al igual de lo que acontece en el proceso penaljudicial, en el procedimiento de averiguaciones administrativas, durante la fase sumaria que procedo a la formulación de cargos de responsabilidad administrativa, lo que se investigan son simples hechos. Solo ai tales hechos so comprueban, y existen fundados indicios que permite suponer la participación de un determinado funcionario en su comisión, es que se inicia el procedimiento correspondiente Acta de Formulación de Cargos. Del mismo modo, tal como sometimiento a juicio, segun el caso). en el procedimiento administrativo sancionador en acta de cargos es el acto de tramite que inicia al procesamiento del funcionario, quien -al serie formulado los cargos respectivos- adquiere la condición de parte investigada en el procedimiento (énfasis nuestro) En definitiva, es concluyente para esa Sala que asi como en el proceso penal el auto de procesamiento (de detención o la citación para rendir declaración indagatoria, si se hubiere dictado un auto de sometimiento a juicio) es el primer acto susceptible de interrumpir la prescripción de la acción penal en el procedimiento administrativo sancionador, dicha función la cumple el Acta de Formulación de Cargos, por cuanto gn dicho acto de tramite, por primera vez se le imputa al sujeto investiondo la presunta comisión de actuacionesilicitas"(êénfasis y subrayado de la sentencia). Tal como se desprende de lo parcialmente trascrito, fue a través de la jurisprudencia que se estabiecieron los principios y reglas que rigen la materia de la prescripción en los procedimientos administrativos sancionatorios. En este contexto, quedó definido que el acto que interrumpia la prescripción de la acción en materia de procedimientos administrativos de carácter sancionatorio era el Acta de Formulación de Cargos. por cuanto era a partir de ese momento que se adquirir la investigaciones llevadas por el Órgano de Control en el ejercicio de sus funciones. Posteriormente, en fecha 19 de septiembre de 2002, la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa (Exp. N° 0840), dictó la sentencia N° 01140, publicada el 24 de septiembre del mismo año, y siguientes: "(.) La prescripción, cuyo termino ha sido concebido en el derecho de diversas formas. esta referido, entre otras, en materia penal, a la extinción de la acción o de la pena, por virtud del transcurso del tiempo. Esto ultimo es importante porque precisa distinguir entre uno y otro caso. De esta forma, se entiende que la figura de la prescripción resulta diferente según se trate de la acción o de la pena, pues en el primer caso, atiende el transcurso del tiempo desde que ocumeron los hechos imputados y hasta al momento en que tiene lugar el ejercicio de la acción respectiva: mientras que, en el segundo supuesto, esto es. la prescripción de la pena, ésta opera a partir del momanto en que se dicta la decisión y hasta el termino que fije la ley en cada caso. Partiando de los argumentos señalados y en el sentido que aqui nos ocupa, a saber, la extinción de la llamada por el recurrente acción administrativa; es importante aclarar primero que no existe tal figura, pues la acción es de orden exclusivamente jurisdiccional, por lo que siempre estará referida en este último sentido. Se trata, por el contrario, de la actividad de policia que desempeña la administración con el objeto de establecer responsabilidades administrativas: a través del ejercicio de su potestad sancionatoria. Dicho esto, se entiende que la prescripción administrativa se consumaria cuando el lapso transcurrido desde la fecha en que sucedieron los hechos imputados y hasta el momento en que se da inicio al procedimiento administrativo correspondiente, supere el Como quiera que con la prescripción, se persigue extinguir el procedimiento administrativo cuando ha transcurrido un tiempo superior a cinco años, desde que el funcionario cesará en el cargo y hasta que se dictara el suto de apertura de la averiguación administrativa correspondiente, lo que supone el ejercicio de la acción" (Enfasis nuestro). De conformidad con el criterio señalado en el fallo parcialmente trascrito, y con fundamento en el procedimiento sancionatorio administrativo contemplado en la Ley ocurrencia de los actos, hechos u omisiones que motivaron el inicio del presente procedimiento, el Auto de Apertura interrumpia la prescripción de la acción, por cuanto en propiamente dicho, y es a partir de ali donde se concretan los actos, hechos u omisiones que determinarán la sustanciación de dicha investigación y la posterior formulación de cargos, como resultado de la misma. Este criterio fue sostenido en Sentencia N° 01853, de la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 19 de julio de 2006, con ponencia del Magistrado Hadell Mostafá Paolini, recalda en el expediente N° 1998-14828. El fallo en comento estableció: .Con relación al primer vicio alegado, esto es, la prescripción de la acción Salvaguarda del Patrimonio Publico, aplicable ratione temporis, esta Sala considera necesario referirse al contenido de la mencionada disposición, la cual establecia: Las acciones penales, civiles y administrativas derivadas de la presente Ley. prescribirán por cinco años, los cuales ae contaran aiquiendo las reglas establecidas en el Códiao Penal._ Sin embargo, cuando el infractor fuere funcionario público, la prescripción comenzará a contarse desde la fecha de cesación en el cargo o función, y si se tratare de funcionarios que gocen de inmunidad, se contará a partir de momento en que ésta hubiere cesado o haya sido allanada. (Subrayado de esta Sala). Asi, el articulo 110 del Código Penal aplicable ratione temporis, el cual consagra los modos de intemupción de la prescripción para intentar acciones penales, y resulta aplicable supietonamente a los procedimientos administrativos (Vid. Sentencia de esa Sala N° 681 del 8 de mayo de 2003) dispone lo siguiente: Se intemumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el reo, si éste se fugare. Intemumpicón también la prescripción el auto de detención o de citación para rendir indagatoria.y.las digencias procesales que les sigan, pero si el juicio, ain culpa del reo. se.prolonaare por un tiempo iqunl al de lo.prescripción.epicable. mite.lemitad del mismo. se declarenà prescrita la acción penal. La prescripción interrumpida comenzarà a correr nuevamente desde el dia de la interrupción. hecho punible, aun cuando los actos que interumpan la prescripción no se refieren sino Ahora bien, respecto a la prescripción en materia administrativa, considera esta Sala mediante sentencia N° 1.140 del 24 de septiembre de 2002, se estableció lo siguiente: cuyo término ha sido concebido en el derecho en diversas formas, está referido, entre otras, en maleria penal, a la extinción de la acción o de la pena, por virtud del transcurso el tiempo. Esto último es importante porque precisa distinguir entre uno y otro caso. De esta forma. se entiende que la figura de la prescripción resulta diferente según se trate de la acción o de la pena, pues en el primer caso, atiende al transcurso del tiempo desde que ocurrieron los hechos imputados y hasta el momento en que se tiene lugar el ejercicio de la acción respectiva; mientras que, en el segundo supuesto, esto es, la prescripción de la pena, ésta opera a partir del momento en que se dicta la decisión y hasta el lérmino que fije la ley en cada caso. Partiendo de los argumentos señalados y en el sentido que aqul nos ocupa, a saber, la extinción de la llamada por el recurrente acción administrativa; es e sn n n e n e exclusivamente jurisdiccional. por lo que siempre estarà referida en este ultimo sentido. Se trata, por el contrario, de la actividad de policia que desempeña la administración con el objeto de establecer responsabilidades administrativas, a través del ejercicio de su potestad sancionatoria. Dicho esto. se entiende que la prescripción administrativa e consumaria cuando el lapso transecurndo desde la fecha en que sucedieron los hechos imputados y hasta el momento en que se de inicio a procedimiento administrativo correspondiente, supere el lapso establecido en la ley ain haberse ejercido la acción respectiva. Al respecto, es menester acudir a lo dispuesto en el articulo 102 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, el cual reza asi: 'Las acciones penales, civiles y administrativas dervadas de la presente ley. prescribirán por cinco años, los cuales se contaran siguiendo las reglas establecidas en el Código Penal. Sin embargo, cuando el infractor fuere funcionario publico, la prescripción comenzará a contarse desde la fecha de cesación en el cargo o función, y si se tratare de funcionarios que gocen de inmunidad, se contara a partir del momento en que ésta hubiere casado o haya sido allanada" La norma transcrita describe el lapso máximo para ejercer las acciones contra los ilicitos de naturaleza cvil, penal y administrativa que surjan como consecuencia de la aplicación de la citada ley. En función de ella, cabe ahora precisar los hechos constatados en el expediente administrativo del caso, los cuales se resumen de la siguiente manera: En fecha 22 de abril de 1994, el ciudadano Henry Matheus Lugo cesó en el cargo que venia ejerciendo como Presidente de la Corporación Venezolana del Suroeste (C.V.S). sin embargo, previo a la apertura de la averiguación administrativa correspondiente, destaca al follo 168 de la pieza administrativa, el acta de fecha 11 de agosto de 1994, suscrita por el Corporación Venezolana del Suroeste. (CVS), en la oportunidad de efectuar el control perceptivo a la obra "Reparación y Reconstrucción de la Carrelera Los Monos-Abejales". en la cual se deja constancia de las presuntas iegularidados observadas en las respectivas contrataciones. De otra parte. core inserto al folio uno que el dia 22 de enero de 1996, la Directora de Control del Sector Económico y Financiero de la Contraloria General de la Republica, presentó un informe por el cuai ordenó formar el expediente administrativo y practicar las diigancias dirigidas a esclarecer los hechos y responsabilidades a las que hubiere lugar. Efectuadas las investigaciones preliminares del caso, el 22 de mayo de 1996 la Dirección indicada procedió a dictar el auto de apertura del procedi anto administrativo correspondiente. En fecha 27 de abril de 1999. el Contralor General de la República, con base en el articulo 64 de la entonces vigante Ley de Licitaciones, dictó la resolución de carácter sancionatorio por la cual Impuso multa de quinientos mil bolivares al ciudadano Henry Matheus Lugo, por las irregularidades presuntamente cometidas durante el ejercicio comprendido entre el 15 de sepliembre de 1982 y hasta el 22 de abril de 1994, fecha en la cual cesó en las funciones desempeñadas. De todo lo expuesto se deduce que ante el vacio existente en la Ley de Licilaciones, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, y de cuya violación se originó la presunta responsabilidad administrativa, se hizo preciso acudir al cuerpo normativo que, para ese entonces. regulaba las conductas irregulares que atentaran contra el patrimonio público, ante las cuales evidentemente se encontraban enmarcados los ilicitos administrativos cometidos por los funcionarios públicos al servicio del Estado. Se acudió, entonces, a la Ley Osgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, la cual como antes se indicara, establece la prescripción de cinco años para los funcionarios públicos a partir de la cesación en el ejercicio del cargo. Como quiera. que con la prescripción. se peraiaue extinguir el procedimiento edministretivo cuando ha transcurrido un liempo superior a cinco años, desde que el funcionario cesará en el cargo. y hasta que se dictara el asto de apertura de la averiasación administrativa correspondien nte. lo que supone el ejercicio de la acción: esta Sala. en aplicación supletoria del Codigo Penal, a la cuel remite la ley citada ut supre en su articulo 108. interpreta que desdo el 22 de abril de 1994. fecha en la cual el recurrente cesò en el cargo desempeñado y hasta el momento en que se dictó el auto de apertura de la averiguación administrative correspondiente. esto es, en lecha 22 de mavo de 1996. transcurrió un lapso de dos años y un mes, lo que notebi ente representa un periodo de tiempo menor al lapso de prescripción establecido en la loy'.(Resaltado del presente Atendiendo a lo dispuesto en la disposición del Código Penal anteriormente citada, asi como a la transcrita decisión de esta Sala. en el caso concreto se observa que para la fecha en que dictó el auto de apertura del procedimiento administrativo, el recurrente todavia desempeñaba funciones como Consultor Juridico del Centro Simón Bolivar, C.A. por lo que el lapso de prescripción comenzó a transcurrir en el mes de julio ce 1992, cuando éste cesó en el ejercicio de funciones públicas. Ahora bien, la Dirección de Averiguaciones Administrativas del Organo Contralor en fecha 14 de junio de 1994 imputóò cargos al accionante, oportunidad en la que de sucesivo a la apertura del procedimiento administrativo- se interrumpió el lapso de prescripción de cinco (5) años previsto en la comentada disposición legal. página original (tal como se publicó) [Página 22] Ali. a tenor de lo dispuesto an el comentado aríclo, rolongado el procedimiento por el lapso de prescripción más la mitad del mismo Asi. en al caso concreto, la prescripción se interumpió el 14 de junio de 1994, con la imputación de cargos al ciudadano Roland Petis Pifano. y prolongado el procedimiento, este no podia extenderse por más de siete (7) años y seis (6) meses. De all que. habiéndose formulado cargos ai reciente el 14 de junio de 1994 (fecha an Ia que se interrumpir la prescripción). al 13 de noviembre de 1997, oportunidad en la qu el Contraior General de la Republica decidió el recurso jerárquico interpuesto, resulta evidente que de conformidad con la citada disposición del Codigo Penal, no se habia producido la prescripción de cinco (5) años establecida en la Ley Orgánica de Saivaguarda del Patrimonio Publico. Con fundamento en lo anteriormente expresado, se desestima la renuncia de prescripción alegada. Asi se decide." Sobre la base de lo precedentemente expuesto y tomando en consideración los criterios reiterados por el máximo Tribunal de la Republica Bolivariana de Venezuela, se averiguaciones administrativas eran bajo la vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría de los actos, hechos u omisiones presuntamente irregulares, y en segundo lugar, el acto de formulación de cargos, por cuanto en el mismo se le imputa por primera vez al sujeto investigado, la presunta comisión de actuaciones que pudieran acarrear su responsabilidad administrativa. Asimismo, con relación al lapso máximo de prescripción, el artículo 110 del Código nuevamente desde el dia de la interrupción. Al efecto, existian dos (2) posibilidades, a saber: Si desde el momento en que comenzaba a contarse la prescripción habian transcurrido cinco (5) años sin que ésta hubiere sido interumpida, entonces la acción se interrumpida, comenzaba a contarse nuevamente dicho lapso y si éste llegaba a sumar cinco (5) años más dos (2) años y seis (6) meses, sin que hubiere recaido decisión en el caso, entonces en ese momento operaba la prescripción. del Sistema Nacional de Control Fiscal, se establece en el articulo 114 del TITULO II. De las Potestades de Investigación, de las Responsabilidades y de las Sanciones, Capitulo VI. De la Prescripción. lo siguiente: "Articulo 114. Las acciones administrativas sancionatorias o resarcitorias derivadas de la presente Ley. prescribirán en el término de cinco (5) años, salvo que en Leyes especiales so establezcan plazos diferentes. Dicho término se comenzará a contar desde la fecha de ocurrencia del hecho, acto u omisión que ongine la responsabilidad administrativa, la imposición de la multa o la formulación del reparo; sin embargo, cuando el infractor fuere funcionario público, la prescpción comenzará a contarse desde la fecha de casación en el cargo o función ostentado para la época de ocurrencia de la iregulandad. Si se tratare de funcionarios que gocan de inmunidad, se contará a partir del momento en que esta hubiere cesado o haya sido alzada Si durante el lapso de prescnpción el infractor llegare a gozar de inmunidad, se continuarán los procedimientos que pudieran dar lugar a las acciones En caso de reparos tributarios, la prescripción se regirá por lo establecido en el Codigo Orgánico Tributario". Se desprende de la norma transcrita que el lapso de prescripción establecido en la Ley Orgánica que regula nuestro funcionamiento, aplicable a las acciones administrativas destinadas a hàcer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos y bienes públicos. es de cinco (5) años, lapso que, en el caso de funcionarios públicos, ocurrieron los actos, hechos u omisiones presuntamente generadores de la responsabilidad administrativa. No obstante, de acuerdo con el artículo 115 eiusdem, constituyen actos articulo 110 del Código Penal, los siguientes: conforme a lo previsto en el articulo 79 de la Ley Orgánica de la Contraloria General da la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 2. La notificación a los interesados del auto de apertura del procedimiento administrativo instrumento legal establecido. 3. Por cualquier actuación fiscal notificada a los interesados, an la que se haga constar la existencia de irregularidades, siempre que se inicie el procedimiento administrativo para la delerminación de responsabilidades establecido en la Lay que nos ocupa. En el caso en particular se observa que con ocasión del ejercicio de la Potestad de Investigación identificada con el N° PI- 03-01-03-2003, la Dirección de Control de Estados de este Organismo Contraior, notificó con fundamento en lo dispuesto en el articulo 79 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la Republica y del Sistema Nacional de Control FisCal, al ciudadano FRANCISCO JAVIER LOPEZ RODRÍGUEZ, mediante CARTEL DE PRENSA, publicado en el Diario "Últimas Noticias" de fecha 21 de noviembre de 2003. por cuanto resultó infructuosa su notificación personal, a través del cual quedó a fecha posterior a su notificación por cartel -conforme al articulo 79 antes aludido-, alegatos de defensa, y posteriormente, en fecha 20 de enero de 2004, la Dirección de Control de Estados de este Organismo Contralor, emitió su Informe de Resultados (folios 827 al 854). Siendo ello asi. resulta conveniente citar el contenido del articulo 79 eiusdem, el cual es del siguiente tenor: reservado. pero si en el curso de una investigación el rgano de control fiscal imputare a alguna persona actos, hechos u omisiones que comprometan su responsabilidad, podra promover todos los medios probatorios necesarios para su defensa. de conformidad con lo previsto en el ordenamiento juridico". (Destacado nuestro). Estando contestes con el contenido del artículo citado, en el CARTEL DE PRENSA, ya mencionado, se le informó al ciudadano, con el detalle requerido, todos los actos, hechos u omisiones, que dieron origen a la mencionada Potestad de Investigación, los cuales, con posterioridad, sirvieron de fundamento para que la Dirección de Determinación de Responsabilidades iniciara en fecha 23 de noviembre de 2010, el debidamente notificado en fecha 08 de diciembre de 2010 al ciudadano FRANCISCO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ, según consta en Oficio N° 08-01-2165 de fecha 26 de noviembre de 2010 (folios 939 al 941). Con el aludido cartel de prensa, asi como en las ulteriores actuaciones verificadas una vez formalizada la Potestad de Investigación, este Organismo Contralor, interrumpió el lapso de prescripción, en los términos exigidos en el numeral 1 del articulo 115 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, toda vez que se le suministró al imputado toda la información vinculada con las investigaciones llevadas a cabo por este Organismo Contralor para que promoverá, dentro del lapso indicado en la notificación -publicada en cartel de prensa-, los elementos de prueba que tuviese a bien producir, necesarios para el esclarecimiento de los actos. hechos u omisiones, a objeto de privilegiarle, en esta fase del procedimiento, el derecho a la defensa y en apego a este principio, también se le dio acceso irrestricto al expediente, y atribuidos todos los órganos de control fiscal que Integran el Sistema Nacional de Control Fiscal los cuales constituyen actuaciones juridicamente validas y suficientes para interrumpir la prescripción, en los términos señalados en el articulo 115 antes referido. Sobre este particular, es conveniente reiterar que este Organismo Contralor comparte el criterio adoptado por el máximo Tribunal de la Republica y al cual se ha hecho referencia en la presente decisión, en el sentido que una vez interrumpida la prescripción, a travès de los mecanismos expresamente previstos en la Ley Orgánica que regula nuestro funcionamiento, dispondrá de conformidad con lo previsto en el articulo 110 del Código Penal, aplicable de manera supletoria, de un tiempo igual al de la prescripción aplicable, a saber, cinco (5) años, más la mitad del mismo, es decir, dos años y seis meses (2 años y 6 meses), para dictar la decisión que ponga fin al procedimiento. En este orden de ideas, es pertinente señalar que la Potestad Investigativa, es eventual responsabilidad será determinada, de haber meritos para ello, con posterioridad, situación que traduce en la practica que la mencionada Potestad constituye un presupuesto lógico del procedimiento sancionatorio propiamente dicho, toda vez que la primera sugiere elementos de convicción o prueba que pudieran, como se indicó, dar lugar al segundo, de manera que una vez notificado el inicio de la Potestad Investigativa. y verificadas las actuaciones posteriores que son inherentes a esta fase, se interrumpe la prescripción en los términos ya mencionados y. por ende, el órgano de control fiscal dispondrá del lapso previsto en el articulo 110 del Código Penal a los fines de emitir la decisión que pondrá fin al procedimiento, sin menoscabo de que, cada acto de sustanciación dentro del procedimiento sea susceptible, de interrumpir sucesivamente la prescripción, en los términos indicados en la norma objeto de análisis. Con fundamento en los razonamientos expuestos, quien suscribe, desecha los argumentos vinculados con la prescripción administrativa esgrimidos por el ciudadano FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RODRIGUEZ. Y asI se decide. prescrita, quien suscribe, considera necesario analizar los demás argumentos de defensa indicados por el imputado en la presente causa. A tales fines tenemos: El ciudadano Francisco Javier López Rodriguez, mencionó en el acto oral y público desempeñó funciones públicas, en los términos siguientes: Que se inició cuando crearon el INVIVAR, que tiene 24 años de actividad profesional fue en el Banco Obrero, hoy INAVI -para esa época del Estado Carabobo- que tuvo bajo su control infinidad de obras, y que siempre profesional por su cuenta, que no es empresario y nunca lo fue y que se ha dedicado a ejercer libremente la profesión, en ese sentido, fue Ingeniero de muchas empresas que lo buscaron para hacer residencia y esa acividad la cumplió más o menos en 10 años. Que en el año 1991, volvió a entrar en la Administración Publica para recomendaban lo contrario, porque los contratistas tenían mucho peso en imponer Ingenieros Inspectores e imponer criterios y no dejarse inspeccionar que todos los contratos que firmó en INVIVAR, desde el año 91 hasta el año 2000, pasaron por sus manos, primero, porque fue el Gerente Técnico hasta el año 1996 y después porque fue el Presidente y siempre estuvo como cabeza de grupo, y en atención a ello, asume la responsabilidad de todo lo hechos y aceptó la veracidad de todo lo que contiene el expediente. Estados. durante al año 2003. cursante a los folios 821 al 825 del expediente administrativo y por ante esta Dirección conforme al articulo 101 de la Ley que rige similar: página original (tal como se publicó) [Página 23] del Estado Aragua (INvIVAR) no ha cometido ningún acto, hecho u omisión contrario a Ley que pueda comprometer su responsabilidad administrativa o Presidencia del Instituto: desde este punto de vista, la totalidad de las Respecto a estos alegatos de defensa, quien suscribe, considera que el ilicito administrativo imputado al indiciado, previsto en el numeral 1 del articulo 113 de la Ley mantiene el carácter de ilicito administrativo en el numeral 1 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, posee una naturaleza especial, pues, se perfecciona por el hecho mismo de que la irregularidad ocurra, independientemente de la intención del agente o sujeto pasible de la irregularidad y el autor de la misma, para que se configure el ilicito administrativo, independientemente de la buena conducta ética y personal desplegada por el funcionario público a lo largo de sus años de servicio en la Administración Pública. Por lo tanto, para que se considere consumado el ilicito administrativo bajo examen, basta que se verifique la relación de causalidad entre el hecho irregular y el autor del mismo, por lo cual se prevé la responsabilidad objetiva en el ilicito en cuestión. Siendo ello así, nos encontramos que las actuaciones de la administración pública y de sus funcionarios, deben estar ceñidas dentro del marco jurídico que la regula, y cualquier acto realizado contrario al mandato de las normas bajo las cuales debe regirse, no estaria conforme con el consagrado Principio de Legalidad, previsto en el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: En tal sentido, es una conditio sine quanon, que si un organismo tiene carácter público, sus funcionarios, no tendrán prerrogativas de tener un actuar discrecional, por el contrario, deberán asumir su responsabilidad como un buen padre de familia, en favor de los intereses que le corresponde tutelar y el apartase de ello, inexorablemente lo sujeta a una eventual declaratoria de responsabilidad administrativa, por aplicación del principio de la Es asi como en el texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. específicamente en el -Titulo /V Del Poder Público, Capltulo I De las Disposiciones Fundamentales- articulo 139, aparece regulado el carácter personal de la responsabilidad, que en un sentido amplio vincula al universo de sujetos que investidos de entiéndase (Legislativo. Judicial, Ejecutivo, Ciudadano y Electoral). Dicha norma señala, en un sentido claro y por lo demás inequívoco: Articuio 139. "El ejercicio del Poder Pblico acarrea responsabilidad Individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley."(Destacado nuestro) De conformidad con la norma antes transcrita, el ejercicio del Poder Público acarrea la responsabilidad individual de quien lo ejerce. Debe asentarse que la norma en cuestión alude a la responsabilidad por el ejercicio del Poder Público sin discriminar en cuál de las esferas del mismo se produce, por ello debe necesariamente afirmarse que se aplica a todos los Poderes Públicos, es decir, tanto al ejercicio del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal y dentro de cada una de ellas, a cualquiera de las ramas en que los mismo se ejercen. Luego de hacer mención a los anteriores principios, nos encontramos con el hecho el hecho irregular, admitió su participación y responsabilidad por los hechos investigados y que fueron el fundamento para el inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, y por esta circunstancia (admisión de hechos) aunado a que la única irregularidad cuestionada por esta Dirección fue la prescindencia del procedimiento de Licitación General, lo cual ha criterio de quien suscribe, deber ser considerado como atenuante al momento de efectuar el cálculo de la multa correspondiente y cuya mención se hará en la dispositiva de la presente decisión. Y así se decide. En otro orden de ideas, el referido ciudadano manifestó en el acto oral y público, lo siguiente: Que INVIVAR se estableció como programa solamente urbanizar urbanización permitia crear una minima infraestructura hacia los beneficiaros de las parcelas toda vez que ellos las recibieron con los serviclos completos construyó una unidad de vivienda, y que ha disfrutado su ejercicio profesional en la Administración Pública, que muchos de los que están en ese expediente ya han muerto, y él se conserva porque vive haciendo mucho ejercicio y que tiene 70 años. Asimismo, el referido ciudadano manifestó en el escrito cursante a los folios 821 al 825 del expediente. y en el escrito de indicación de pruebas del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, cursante a los folios 945 y 946 del mismo, alegatos que son coincidentes con los efectuados en el acto oral y público, razón por la cual su valoración se hará en conjunto. Al respecto, nos encontramos con lo siguiente: Que INvIVAR desde que existió se limitó solo a la construcción de las donde fue actuando, dejando la responsabilidad de la Construcción de Viviendas a otros Organismos como INAVI y FUNDABARRIOS, entes con vista INVIVAR se limitó a la ejecución de obras relacionadas con los mismos, tales como: Movimiento de tierras para la viabilidad, movimiento de tierra para las terrazas, redes de cloacas, redes de acueducto, sistemas de drenaje de agua de lluvia, redes de distribución eléctrica, pavimentación de calles, obras exteriores como aceras, brocales y arborización. una misma empresa para evitar la interferencia en los respectivos trabajos Esto es explicable debido a que cuando se prepara la explanación del terreno para definir el sector de la terrazas y calles, no se deben abrir zanjas para colocar redes de cloacas y acueducto, siendo necesario igualmente terminar y coordinar las actividades previo a la ejecución de las restantes, tales como brocales, aceras, pavimentación y redes eléctricas y de esta manera hacer más eficiente y provechoso la ejecución de la obra y seguramente más partidas que se utilizaron, fueron los que ya previamente la Contraloria del Estado Aragua tenía estabiecido para todo tipo de obra que se construla en la zona, evitando con ello, cualquier sobreprecio en los contratos respectivos. corresponden a recursos del año 199, ejecutados a principios del año 2000 en función de la recepción de los dozavos enviados por CONAVI. Los precisa del objeto de cada contrato, con señalamiento expreso y preciso del caracteristica técnica con el precio estipulado en el respectivo contrato. Igualmente INVIVAR se caracterizó desde su creación, como un ente del Estado sano, y no contrajo deudas que no estuvieran presupuestadas, al entrarán al instituto. INVIVAR utilizó los recursos provenientes del Situado para sus gastos de Operación y uilizó los recursos provenientes de la Ley de Poltica mes de Septiembre y Octubre del ejercicio fiscal, teniendo con ello un retardo la recepción de los recursos estos venlan en forma de dozavos. Respecto a estos alegatos, quien suscribe la presente decisión, destaca que una vez recibido en la Dirección de Determinación de Responsabilidades, el resultado de la actuación de control llevada a cabo por la Dirección de Control de Estados de este Organismo Contralor -agotada previamente la potestad investigativa a que se contrae la soportaban los hallazgos de auditoria y que constituyen la base y fundamento para la emisión del auto de inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, considerándose solamente como presunto hecho irregular, el haberse suscrito varios contratos con la empresa Constructora Kovhe S.A. para movimientos de tierra en vialidad y movimientos de tierras en terrazas en la Hacienda Pantin, Municipio Mariño del Estado Aragua, tal y como quedó evidenciado en el auto de inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades de fecha 23 de noviembre de 2003. con prescindencia presuntamente del procedimiento de licitación general, previsto en la Ley de Licitaciones, según Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.388 Extraordinario de fecha 11 de octubre de 1999, por lo que no constituye punto controvertido ni se cuestionó el hecho de que el Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua, desde sus inicios se limitará sólo a la construcción de las Obras de Urbanismo correspondiente a los Desarrollos Urbanísticos en donde fue actuando, dejando la responsabilidad de la Construcción de Viviendas a otros Organismos como INAVI y FUNDABARRIOS; que INVIVAR ejecútese obras relacionadas con Movimiento de tierras para la viabilidad, movimiento de tierra para las terrazas, redes de cloacas, redes de acueducto, sistemas de drenaje de agua de lluvia, redes de distribución eléctrica, pavimentación de calles, obras exteriores come aceras, brocales y arborización; que los Precios Unitarios de las diferentes partidas que se utilizaron, fueron los que la Contraloría del Estado Aragua tenia establecido para todo tipo de obra que se construir en la zona, evitando sobreprecio en los contratos; el origen de los recursos y su ejecución; atraso en la recepción de los recursos y que estos venlan en forma de dozavos. No obstante, el referido ciudadano manifestó el haber estado conciente de que "estas actividades deban ser ejecutadas por una misma empresa para evitar la interferencia en los respectivos trabajos", razón por la que en lo que al aspecto debatido en la presente causa, lejos de desvirtuar la irregularidad, la confirma y se reproduce lo expuesto respecto a la aplicación de atenuantes al momento de indicarse el monto de la multa correspondiente. Y asi se decide. destacó lo siguiente: la cifra prevista en al articulo 74 de la Ley de Licitaciones, que obliga a la licitación general cuando el Contrato a ser otorgando es por un monto superior a 20.000 Unidades Tributarias (UT). En este caso ninguno de los contratos firmados en su gestión como Presidente de INVIVAR fue superior a las 20.000 UT -cuyo valor por Unidad Tributaria para la época era de Bs. 9.600 entre el 01 de enero y el 23 de mayo de 2000 y de Bs. 11.600 a partir del 24 de mayo de 2000 y por el resto del año. para los respectivos montos proceder a la contratación por Licitación General en los términos del referido artículo 74 de la Ley de Licitaciones. Posteriormente, en el acto oral y público, alegó fundamentalmente, lo siguiente: Que no se hicieron Licitaciones. porque ese Instituto era un Instituto muy pequeñito, incipiente, ahi no había personal para nada, ni Divisiones ni Departamento, ni se crearon tampoco. porque la idea fue tener un Instituto con poca carga burocrática y que fuera más efectivo. necesario realizar las siguientes consideraciones referente a los procedimientos de selección de contratistas establecidos en la Ley de Licitaciones, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.386 Extraordinario de fecha 11 de octubre de 1999 y su respectivo Reglamento, publicado en la Gaceta Oficial de la República de página original (tal como se publicó) [Página 24] ocurrencia del hecho presuntamente irregular, tales procedimientos eran denominados: Licitación General, Licitación Selectiva y Adjudicación Directa. En este orden de ideas, conviene destacar que la intención del legislador era, baj la vigencia de esa Ley, privilegiar como mecanismo de selección de contratistas de manera obligatoria la Licitación General, en la actualidad Concurso Abierto, por ser el único procedimiento que no tiene carácter excepcional, toda vez que tanto la Licitación Selectiva como la Adjudicación Directa, para la época, eran mecanismos de selección de contratistas de carácter excepcional y sólo procedan previa constatación de los supuestos de hecho y las razones que justificaban la no utilización del procedimiento de Licitación General. En la Legislación Nacional, los procedimientos de selección del contratista por parte de los entes y organismos públicos que enumeraba el articulo 2. para la ejecución de obras, la adquisición de bienes y la prestación de servicios, disponía lo siguiente. Articulo 2°: "Están sujetos a esta Ley los procedimientos de selección del contratista que lleven a cabo los siguientes entes: (OMISSIS) 8° Los Estados, los Municipios. los Institutos Autónomos Estadales o Municipales, las asociaciones civiles y sociedades en cuyo patrimonio éstos entes mencionados en este ordinal, o aquellas en cuya administración éstos esta Ley hayan de ser total o parcialmente pagados con aportes, distintos a los del Situado Constitucional, de alguno de los sujetos señalados en los ordinales anteriores (.). definiciones: Articulo 4°: "Licitación General es el procedimiento competitivo de previstos en esta Ley. en el que puede participar cualquier persona natural o juridica, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley. su reglamentación y las condiciones particulares inherentes a cada proceso de licitación". Articulo 5°: "Licitación Selectiva es el procedimiento competitivo invitados a presentar ofertas por ei ente contratante, en base a su capacidad técnica, financiera y legal" selección de contratista, en el que éste es escogido por el ente contratante. a travês de un procedimiento simplificado". En esta misma linea argumentativa conviene destacar que los artículos 74, 75 y 78 de la citada Ley, prevén los distintos supuestos en que, dependiendo del monto de la contratación, deba fundamentarse la procedencia de cualquiera de los procedimientos antes mencionados, al disponer. Sección Primera De la Licitación General Articulo 74: "Se procederà por licitación general o licitación internacionalmente: 1° En el caso de adquisición de bienes o contratación de servicios, si el contrato a ser otorgado es por un monto estimado superior a diez mil unidades tributarias (10.000U.T): y 2° En el caso de construcción de obras, si el contrato a ser otorgado es por un monto estimado superior a veinte mil unidades tributarias (20.000 U T). Sección Segunda De la Licitación Selectiva Articulo 75: Podrá procederse por licitación selectiva, licitación general o licitación anunciada internacionalmente: 1° En el caso de adquisición de bienes o contratación de servicios, si el contrato a ser otorgado es por un precio estimado desde mil unidades tributarias (1.000 U.T.) y hasta diez mil unidades tributarias (10.00 U.T.): y 2° En el caso de construcción de obras, si el contrato a ser otorgado es por un precio estimado superior a siete mil unidades tributarias (7.0 U.T.) y hasta veinte mil unidades tributarias (20.000 U.T.)". Sección Tercera De la Adjudicación Directa Articulo 78: "Se podrá proceder por licitación general, licitación selectiva, licitación anunciada internacionalmente o adjudicación directa: 1° En el caso de adquisición de bienes o contratación de servicios, si el contrato a ser otorgado es por un precio estimado de hasta mil unidades tributarias (1.000 U.T.) 2° En el caso de construcción de obras, si el contrato a ser otorgado es por un precio estimado de hasta siete mil unidades tributarias (7.00 U.T.): y 3° Si la ejecución de la obra, el suministro de los bienes o la prestación del Al analizar dichos articulos, observamos que el legisiador al referirse a las contrataciones. estableció que para proceder al otorgamiento de tales contratos, debian realizarse el procedimiento previsto en la Ley de Licitaciones, cuando su precio estimado fuese superior a las cantidades establecidas, a saber: Licitación Generai, cuando la adquisición de bienes o contratación de servicios es superior a Noventa y Seis Milones de Bolivares (Bs. 96.000.000.00). -en la actualidad Bs. F. 96.000.00- y en el caso de superior a Ciento Noventa y Dos Millones de Bolivares (Bs. 192.00.000,00) -equivalente en la actualidad a Bs. F. 192.000,00-; Licitación Selectiva cuando se trata de adquisición de bienes o contratación de servicios desde Nueve Miliones Seiscientos Ml Bollvares (Bs. 9.600.000,00) -equivalente a Bs. F. 9.600,00- y hasta la cantidad de Noventa y Seis Millones de Bolivares (Bs. 96.000.000,00) 6 Bs. F. 96.000.00, en caso de construcción de obras cuyo monto sea superior a Sesenta y Siete Millones Doscientos Mil Bolivares (Bs. 67.200.000,00) -Bs. F. 67.200,00- y hasta Ciento Noventa y Dos Milones de Bolivares (Bs. 192.000.00,00) 6 Bs. F. 192.000,00. y Adjudicación Directa, cuando el contrato a ser otorgado es por un precio estimado de hasta Nueve Miliones Quinientos Noventa y Nueve Mil Bollvares (Bs. 9.599.000.00) o su equivalente en la actualidad en Bs. F. 9.599,00. De los procedimientos se selección de contratista antes señalados, es oportuno En este sentido el articulo 79 de la Ley de Licitaciones, vigente para el ejercicio fiscal 2000, establecia: monto de la contratación, siempre y cuando la máxima autoridad del órgano o ente contratante, mediante acto motivado, justique adecuadamente su procedencia, en los siguientes supuestos: 1° Si se fila de suministros requeridos para el debido desarrollo de un determinado proceso productivo y del retardo por la apertura de un procedimnientto licitatorio pudiera resultar gravemente afectada la continuidad del mismo. 2° Si se trata de adquisiciones de obras artísticas o cientificas; 3° Si. según la información suministrada por el Registro Nacional de Contratistas, los bienes o servicios a contratar los produce, vende o presta un solo fabricante o proveedor o cuando las condiciones técnicas de determinado bien. senvicio s obra excluyen toda posibilidad de competencia, 4° En caso de contrato que tengan por objeto la fabricación de equipos, la adquisición de bienes o la contratación de servicios, en los que no fuere posible los fabricantes y proveedores convienen en producir o suministrar esos bienes. equipos o senicios. 5° En caso de calamdades que afecten a la colectividad o de emergencia comprobada dentro del respectivo organismo o ente; o, 6° Si se trata de obras o bienes regulados por contratos resueltos o rescindidos y del retardo por la apertura de un nuevo proceso licitatorio pudieren resultar perjuicios para el ente contratante. requisito necesario para que el ente u organismo obligado a licitar, adjudique de manera directa una determinada apntratación de servicios, adquisición de bienes o la construcción de una determinada obra, es decr, que esté expresamente previsto. Ahora bien, la sola configuración de alguno de estos seis (6) supuestos, no es suficiente. conforme a dicha disposición pera proceder a la adjudicación directa, sino que es necesario además un acto motivado emanado de la máxima autoridad del órgano o ente de que se trate, que justifique de manera adecuada la realización de tal procedimiento. Ahora bien, la Ley de Licitaciones vigente para el momento de ocurrencia de los hechos establecia ademas, lo siguiente Articulo 32. Sélo por causas debidamente justificadas, a juicio de épridad administrativa del ente contratante. 8e poder la máxima au dividir en varlos contratos la contratación de una misma obra o la contratación para la adquisición de bienes o la prestación de sarvicios". Parágrafo Único: En todo caso, cuando el monto total de la obra, suministro o senvicio, determine que el procedimiento aplicable es el de licitación general o licitación selectiva, se procederà a la selección conforme a esos procedimientos, aun cuando el monto de la Ley". (Subrayado y negrillas nuestra). La norma antes trascrita establecia la posibilidad de que, por via de excepción, la máxima autoridad administrativa o el órgano superior del ente contratante, divida o fracción en varios contratos la misma abra, siempre que existan razones que los justifique. En este sentido, el legislador perseguía como regla la prohibición de dividir en varios contratos una misma obra, lo que se ha denominado por la Doctrina "fraccionamiento del contrato", y cuya finalidad es eludir el procedimiento natural de selección de contratista para la adquisición de bienes, contratación de senvicios y ejecución de obras. Asi, la división en varios contratos en los términos del texto legal bajo análisis, era permitido en determinados casos y constituía una excepción bajo supuestos debidamente justificados, como lo planteaba el artículo 32 antes trascrito. Cabe precisar, que en estos casos, cuando el monto total determinaba el procedimiento de licitación, a seguir el funcionario, a los efectos de seleccionar a la empresa contratista, estaba obligado a aplicarlo. En el caso de autos, se desprende que en los diecinueve (19) contratos suscritos entre el ciudadano Francisco Javier López Rodriguez, actuando con el carácter de empresa Constructora Kawhe S.A. se prescindió del procedimiento de Licitación General. establecido en el articulo 74 ordinal 2° de la Ley de Licitaciones, vigente para el momento del denominada Desarrollo Urbanistico Hacienda Pantin, ubicada. en el Municipio Mariño del Estado Aragua (Movimientos de Tierras en Vialidad y Movimientos de Tierras en Terrazas). la cual fue fraccionada sin causa debidamente justificada. En efecto, correspondia la convocatoria para una Licitación General de acuerdo a la suma total de cada uno de los contratos suscritos de forma individual; los fondos empleados para cancelar a las contrataciones eran recursos públicos; y el indiciado era el responsable de la administración del petrimanio del ente y los hechos ocurrieron con ocasión de su manejo (de esos fondos públicos) pues al no realizar el procedimiento licitatorio que correspondia, no existia garantia de que la administración contratará en las condiciones más favorables. En este sentido, cabe señalar que la finalidad de todo procedimiento licitatorio, no es otra, que la determinación, a través de criterios de libre competencia entre los interesados, de la voluntad de la administración de contratar la oferta más ventajosa para el Ente Público, previendo el Legislador diversos procedimientos a travès de los cuales pueden llevarse a cabo tales contrataciones, y entre otros, se prevé el de la adjudicación directa. En este mismo orden de ideas, conviene enfatizar que se trata de diecinueve (19) contrataciones para la realización de obras de igual naturaleza y en un mismo Desarrollo Urbanistico (Hacienda El Pantin Municipid Mariño del Estado Aragua) las cuales fueron ejecutadas por la misma Contratista Constructora Kovhe S.A. y que superan en su página original (tal como se publicó) [Página 25] conjunto la cantidad de Cento Noventa y dos millones de Bolivares (Bs. 192.00.000.00) -hoy dia la cantidad de Bs. F. 192.00.00- lo que en principio exigiria el cumplimiento del procedimiento de Licitación General, el cual no fue efectuado tal y como se evidenció de las copias certificadas de los contratos suscritos entre el Presidente del Instituto Corporativo de la Vivienda (INVIVAR) y el Presidente de la empresa Constructora Kovhe S.A. la cual se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial de Estado Aragua, bajo el Tomo 12 . N° 5-A en fecha 7 de febrero de 1997, y que fueron detalladas en el auto de inicio del procedimiento administrativo. En consecuencia al existir identidad entre los diciente (19) contratos, cuyo objeto Desarrollo Urbanistico Hacienda Pantin, ubicada en el Municipio Mariño del Estado Aragua, es evidente que la obra fue fraccionada y en ese caso, la máxima autoridad del ente debia proceder obligatoriamente a la selección del contratista, a través del procedimiento de Licitación General, con base al monto total de la obra, aun cuando el monto de cada en una de las contrataciones individualmente consideradas, fue inferior al exigido en el 74 ordinal 2° del articulo de la mencionada Ley. ciudadano FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RODRIGUEZ, en su condición de Presidente del Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INvIvAR). para el momento impuesta por la Ley que rige la materia, lo cual configura indiscutiblemente un supuesto. de responsabilidad administrativa, de conformidad con el numeral 1 del articulo 113 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Contraloria General de la República, actualmente articulo 91 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Contralorla General de la Republica y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Y asi se decide. pruebas producidas por el imputado y los alegatos esgrimidos en el Acto Oral y Público, quien decide ratifica en todas sus partes la imputación formulada en el Auto de Inicio de la presente causa de fecha 23 de noviembre de 2010, cursantes a los folios 921 al 934 del expediente administrativo, al ciudadano FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RODRIGUEZ. titular de la cédula de identidad N° V-2 455.387, suficientemente identificado en autos. Y asi se decide. ⅢⅢ DISPOSITIVA Director de la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales, actuando por delegación del ciudadano Contraior General de la República, según consta en Resolución N° 01-00-035 de fecha 17 de enero de 2008, publicada en la Gacata Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.364 de fecha 24 de enero de 2008, conforme a lo dispuesto en el numeral 20 del articulo 2 de la Máximo Órgano de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República remisión expresa del articulo 6 del mismo instrumento, actuando en atención a la República y del Sisterna Nacional de Control Fiscal, cuya reforma se publicó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 8.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, para dictar las decisiones a que se refiere el articulo 103 de la misma Ley, en consonancia con los articulos 97 y 98 del Reglamento de la aludida Ley, reproduce el pronunciamiento realizado en el Acto Oral y Público de fecha 01 de febrero de 2011, en el Auditorio "Los Contralores, ubicado en el piso 4 del edificio sede de la pronunciamiento: 1.- Se declara la Responsabilidad Administrativa del ciudadano: FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RODRIGUEZ, itular de la cèdula de identidad Vivienda del Estado Aragua (INVIVAR), durante el año 200, por el hecho administrativo de fecha 23 de noviembre de 2010. 2.- En atención a lo dispuesto en el articulo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, cuya reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinano de fecha 23 de diciembre de 2010, en concordancia con el articulo 121 de para el momento de la ocurrencia del hecho irregular objeto del presente procedimiento. asi como. en resguardo al Principio de Ietroactividad de la Ley contenido en el articulo 44 de la Constitución de la República de Venezuela vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos, actualmente articulo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quien suscribe, en concordancia a lo dispuesto en el articulo 67 del derogado Reglamento de la Ley Orgânica de la Contraloria General de la República, publicado en Gaceta Oficial de la Repubica de Venezuela N° 5.128 Extraordinario de fecha 30 de compensado de conformidad con lo establecido en el articulo 103 de la Ley Orgânica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal, la previstas en los numerales 1 y 4. tipificadas en el articulo 67 del Reglamento de la Ley época, referidas a la condición de funcionario público del declarado responsable; el no haber incurrido el mismo en falta que amerite la imposición de multa, durante los tres (3) años anteriores a aquél en que se cometió la infracción y las demás atenuantes que juzgadores, y de conformidad con el articulo 1 de la Ley que establece el Factor de Cálculo de Contribuciones, Garantias. Sanciones. Beneficios Procesales o de otra Naturaleza en Leyes Vigentes (Gaceta Oficial N° 36.362 de fecha 26 de diciembre de 1997), que sustituye el salario minimo como factor de cálculo de sanciones por el valor equivalente en bollvares a tres (3) unidades tributarias (U.T). vigente para el momento en que ocurrió el hecho irregular. ACUERDA: Imponer multa al ciudadano FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RODRIGUEZ, btular de la cédula de identidad V-2.455.387, en su condición de Presidente del Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INVIVAR). para el momento de ocurrencia del hecho. por la cantidad de un millón conversión monetaria, equivale a la cantidad de un mil doscientos noventa y seis (Bs. 9.600.00), según la Providencia N° 088 de facha 29 de marzo de 1999, emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT). publicada en la Gaceta Oficial N° 36.673 de fecha 05 de abril de ese mismo año. 3.- Se le notifica al Ciudadano FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RODRÍGUEZ, ya identificado, que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 107 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, cuya reforma se publicó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, en concordancia con el artículo 100 del Reglamento de la aludida Ley, que a partir de la presente fecha podrá interponer el Recurso de Reconsideración ante quien decide, dentro de un lapso de quince (15) dias hábiles más dos (02) dias continuos que se concede como término de la distancia, ó de acuerdo con lo previsto en el articulo 108 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal, (cuya reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010) podrá interponer Recurso de Nulidad por ante el Tribunal Supremo de Justicia, dentro de un lapso de seis (6) meses. 4.- En atención a los principios de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos se ordena la aplicación y formalización de la multa a que se retrotrae el presente auto decisorio. 5. En consecuencia del pronunciamiento efectuado en el Acto Oral y Público de fecha 01 de febrero de 2011, quien suscribe, ordena remitir copia certificada de la presente decisión a la Gobernación del Estado Aragua, toda vez que el Instituto Corporativo de la Vivienda del Estado Aragua (INVIVAR) fue suprimido, a la Dirección General de Control de Estados y Municipios de este Organismo Contralor y a la Dirección General de Coordinación y Seguimiento adscrita al Despacho del Viceministro de Planificación Social e Institucional del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas. 6.- Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el articulo 101 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal Cúmplase. ALEXANDER PÉREZ ARE REPÚBLICA BOLÍVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Caracas, 27 septiembre de 2011. DECISIÓN 201" y 152° ANTECEDENTES Se dio inicio al presente procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades previsto en el TItulo II."DE LAS POTESTADES DE INVESTIGACIÓN, LAS RESPONSABILIDADES. Y SANCIONES", Capitulo IV "Del procedimiento administrativa, para la determinación de responsablidades", articulos 95 y siguientes de la Ley Orgánica de la ContraloraGeneral de la República y del Sistema Naclonal de Control Fiscal, cuya reforma parcial fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013.Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, mediante auto de fecha 27 de junio de 2011 (folios 2395 al 2417) en virtud del Informe de Resultados de fecha 05. de marzo dal 2009, correspondiente a la potestad de Investigación identificada con el N° 12-001-2008, llevada por la Dirección de Control del Sector Infraestructura y Social, adscrita a la Dirección General de Control de los Poderes Públicos Nacionales de la Contraloria General de la República, asi como del contenido del Informe Definitivo N° página original (tal como se publicó) [Página 26] La actuación fiscal practicada en la Unidad Administradora Desconcentrada, Zona Deportes, actual Ministerio del Poder Popular para la Educación, estuvo orientada a examinar la Cuenta de Gastos correspondiente al ejercicio presupuestario 2001 y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen el control fiscal. B.- DEL HALLAZGO DE AUDITORIA En el Informe de Resultados de fecha 05 de marzo del 2009, correspondiente al proceso investigativo identificado con el N° 12-001-2008, antes referido, se destaca el hallazgo siguiente: fechas estaban sujetas al procedimiento previsto en el ordinal 1° del 2000 y 13-11-2001, respectivamente, aplicables de acuerdo con las fechas de las adquisiciones (..). para el ejercicio presupuestario objeto de existencia de actos motivados que justifiquen la realización de dichas adquisiciones, en contravención con lo contemplado en el articulo 81 de la citada Ley". (... Administrativo para la Determinación de Responsabilidades medlante Auto de fecha 27 de junio de 2011, toda vez que del mismo se derivó presunta irregularidad administrativa. C.- DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES. Análisis del Hecho y del Supuesto Generador de Responsabllidad Una vez expuesto lo anterior, quien suscribe, tiene a bien referirse al Informe Definitivo N° 0268 de fecha 09 de diciembre del año 2004 y al Informe de Resultados de fecha 05 de marzo del 2009, correspondiente a la potestad de Investigación identificada con el N° 12-001-2008, ya mencionada, de los cuales se desprenden los hallazgos siguientes: -A- A.1.- .- La Unidad Administradora Desconcentrada, Zona Educativa del estado Anzoátegul, dependiente del extinto Ministerio de Educación y Deportes, actual Ministerio del Poder Popular para la Educación, durante el año 2000, omitió presuntamente el procedimiento de Licitación General, previsto en el ordinal 1° del articulo 76 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones, publicada en diciembre de 2000, para la adquisición de productos de Papel y Cartón para Oficina, por un monto de doscientos millones seiscientos veinte mil seiscientos sesenta y dos bollvares con cinco cêntimos (Bs. 200.820.662,05) equivalente a doscientos mil seiscientos veinte bollvares fuertes cón sesenta y seis céntimos (Bs.F. 200.620,66); que correspondia de acuerdo al monto de la Unidad Tributaria aplicable para el momento de las adquisiciones. En tal sentido el articulo 76 ordinal 1° de la Ley de Licitaciones contempla lo siguiente: internacionalmente: 1. En el caso de adquisición de bienes o contratación de servicios, si el contrato a ser otorgado es por un monto estimado superior a diez mil unidades tributarias ( 10.000 UT) (OMISSIS)". Ahora bien, es menester señalar que la cuantificación en bollvares de la unidad tributaria vigente durante las adquisiciones de los suministros y materiales en el semestre complementario 2000, era de Bs. 11.600.00, según Providencia del Ministerio de Finanzas N° 417 del 23 de mayo de 2000, publicada en Gacata Oficial N° 36,957 del 24 de mayo de 2000. A.2.- Asimismo, durante el ejercicio presupuestario 2001, se realizaron adquisiciones de productos de papel y cartón para oficina por un monto de doscientos cuarenta y cuatro millones veinte mil doscientos veintiocho bollvares con ochenta y seis céntimos (Bs. 244.020.228,88) equivalente a doscientos cuarenta y cuatro mil veinte bollvares fuertes con veintitrés céntimos (Bs.F. 244.020,23): productos de papel y cartón céntimos (Bs. 167.282.246.68) equivalente a ciento sesenta y siete mil doscientos útiles de limpieza y aseo por un monto de doscientos treinta milones setecientos setenta mil trescientos cincuenta y dos bollvares con sesenta y tres céntimos (Bs. 230.770.352,63) equivalentes a doscientos treinta mil setecientos setenta bolivares fuertes con treinta y cinco céntimos (Bs.F. 230.770,35); equipos de enseñanza, deporte y recreación por un monto de ciento setenta y seis milones diecinueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro bolivares con sesenta y cinco céntimos (Bs. 176.019.484,65) equivalentes a ciento setenta y seis mil diecinueve bollvares fuertes con cuarenta y ocho céntimos (Bs.F. 176.019,48) y Mobilirio y equipos de oficina por un monto de ciento con sesenta y cinco cêntimos (Bs. 16.657.717,65) equivalente a ciento sesenta y seis mil 166.657,72). presuntamente con prescindencia del procedimiento de Licitación General, previsto en el ordinal 1° del articulo 76 y en el numeral 1 del artículo 61 de los Decretos con Rango y Fuerza de Lay de Reforma Parclal de la de Ley de Licitaciones, publicados en las Gacetas Oficiales de la Republica Bollvariana de Venezuela Nros. 37.097 y 5.556 (E) del 12 de diciembre de 2000 y 13 de noviembre de 2001, respectivamente, aplicables de acuerdo con las fechas de las adquisiciones. En tal sentido el articulo 76 ordinal 1° de la Ley de Lictaciones contempla lo siguiente: Articulo 78: "Se proosidera por Licitación General o Ucitación anunciada Intemnacionalmente: 1.° En el caso de adquisición de bienes o contratación de servicios, si el contrato a ser otorgado es por un, monto estimado superior a diez ml unidades tributarias (10.000 UT) (OMISSIS)". Asimismo, el articulo 61 numeral 1 de la Ley de Licitaciones contemplaba lo siguiente: Articulo 61. "Debe procederse por Licltación General o Uicltación anunciada Internacionalmente: 1. En el csso de adquisición de bienes o contratación de servicios si el contrato a ser otorgado es por un monto estimado superior a once mil unidades tributarlas (11.000 UT) (OMISSIS)". Respecto a lo anterior, es menester señalar que para el momento de la adquisición de los materiales, suministros y bienes muebles, el valor de la unidad tributaria para el iniclo del ejercicio presupuestario era de Bs. 11.600,00, según Gaceta Oficlal de la República Bollvariana de Venezuela N° 36.957 del 24 de mayo de 2000 y posteriormente de Bs. 13.200.00 según Gaceta Oficial N° 37.183 del 24 de abril de 2001, camblando asl, desde la vigencia de ésta última, el monto a cuantificar en Unidades Tributarias para A.3.- Por otra parte, La Unidad Desconcentrada en cuestión, adquirió durante el ejercicio presupuestario 2001 útiles de escritorio, oficina y materiales de enseñanza por un monto de ciento cinco millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil novecientos frainta y cinco bollvares con ochenta y tres céntimos (Bs. 105.448.935,83) equivalentes a ciento (Bs.F 105.448,94) material de enseñanza por un monto de noventa y cuatro millones seiscientos ochenta y ocho mil ciento setenta bollvares con siete céntimos (Bs. 94.688.170,07) equivalentes a noventa y cuatro mil seiscientos ochenta y ocho bolívares fuertes con diecisiete céntimos (Bs.F. 94.688,17); asl, como maquinarias y equipos de artes gráficas y reproducción por un monto de diecisiete millones novecientos catorce mil bolívares (Bs. 17.914.00,00) equivalentes a diecisiete mil novecientos catorce bolvares fuertes (Bs.F. 17.914,00): sin dar cumplimiento al procedimiento de Lictación Selectiva, previsto en el articulo 77 ordinal 1° de la Ley de Licitaciones, aplicable para la fecha de las adquisiciones, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.097 del 12 de diciembre de 2000; asimismo, se adquirieron útiles de escritorio oficinas y Materiales de enseñanza por la cantidad de treinta y siete millones ochocientos ocho mil setecientos quince bollvares con cuarenta y siete céntimos (Bs. 37.808.715,47) céntimos (Bs.F. 37.808,72). presuntamente con prescindencia del procedimiento de Licitación Selectiva antes descrito, previsto en el numeral 1 del artículo 72 del Decreto con Rango y Fuerza de Lay de Reforma Parcial de la de Ley de Licitaciones, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.556 (E) del 13 de noviembre de 2001. En tal sentido el artículo 77 ordinal 1° del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Reforma parcial de la Ley de Licitaciones contemplaba lo siguiente: Articulo 17. "Podra procederse por Iicitación selectiva, licitación. general 1° En el caso de la adquisición de bienes o contratación de servicios, si el contrato a ser otorgado es por un precio estimado desde milunidades tributarias (1.000 U.T. y hasta diez ml unidades tributarias (10.000 U.T.). (OMISSIS)". Asimismo, el artículo 72 numeral 1 de la Ley de Licitaciones contemplaba lo siguiente: Artieulo 72.- "Puede procederse por Icitación selectiva: 1° En el caso de la adquisición de bienes o contratación de servicios, s l contrato ser otorgado es por un precio estimado desde mil cien unidades tributarias (1.100 U.T.) y hasta once mll unidades tributarias (1.000 U.T.). (OMISSIS)". Ahora bien, de acuerdo con el criterio expuesto por este Organismo Contralor, aún cuando los Decretos con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Lay de Licitaciones, vigentes para las fechas de las adquisiciones, no estableclan la forma de procedimientos de selección de contratista, el valor que debe aplicarse es el vigente para el momento de hacer el llamado al proceso licitatorio, a los fines de ubicar por categorías los contratos de obra, bienes y servicios, según el monto de los mismos. En tal sentido, el monto de la unidad tributaria que para la fecha se encontraba vigente era de Bs. 11.600.00, según Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela N° 36.957 del República Bolivariana de Venezuela N° 37.183 del 24 de abril de 2001, encontrándose expedidos en cuanto al limite de ley, los montos de las adquisiciones realizadas por la referida Unidad Desconcentrada, en proporción a las unidades tributarias establecidas dentro de cada figura licitatoria en los artículos supra citados. página original (tal como se publicó) [Página 27] Educativa, están detalladas en el anexo único del Informe de Resultados de la Actuación Fiscal que referimos al inicio del presente capitulo, y que forman parte del presente auto; los cuales cursan en los follos 2381 al 2391 del expediente administrativo. En este orden de ideas, conviene destacar que la intención del legislador es la de privilegiar como mecanismo de selección de contratistas de manera obligatoria la Licitación General, por ser el único procedimiento que no tiene carácter excepcional. Tanto la Licitación Seiectiva como la adjudicación directa son mecanismos de selección de contratistas de carácter excepcional y sólo proceden previa constatación de los supuestos de hecho y las razones que justifican la no utilización del procedimiento de licitación general, modalidades previstas en los instrumentos legales antes aludidos y que denominaciones (concurso abierto, concurso cerrado, etc.) En consecuencia, los hechos antes descritos, presuntamente podrían configurar el supuesto generador de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 113 de la derogada Ley Orgánica de la Contralorla General de la Independientemente de la responsabiidad civil o penal a que haya lugar, además de lo previstos en el Titulo IV de la Ley Orgánica de salvaguarda del patrimonio Publico, los que mencionan a continuación: 1.-La adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios, con normativa aplicabie, o a precios significativamente superiores a los del mercado. sin la debida Justificación, cuando se trate de operaciones no sujetas a citación (OMISSIS)". El supuesto generador de responsabilidad supra descrito, se mantiene vigente en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en el numeral 1 del articulo 91, el cual establece: administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación: 1.-La adquisición de bienes, la contratación de obras o de servicios, con Inobservancia total o parcial dei procedimiento de selección de contratistas que comesponda, en cada caso, según lo previsto en la ley de Licitaciones o en la normativa aplicable. (OMISSIS)". De las disposiciones antes comentadas se desprende que los Decretos con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones, preveían los procedimientos que en cada caso debían de ser realizados por parte del órgano o ente promovente, a los fines de la selección de contratistas, para la ejecución de obras, la adquisición de bienes y la prestación de servicios. De igual manera dicha Ley, señalaba expresamente cuáles son los órganos y entes que por su condición, estaban obligados a cumplir con los procedimientos previstos en las mencionadas Leyes, de lo cual se infiere, que en un determinado caso, en el cual por la naturaleza o cuantía del contrato sea procedente y obligatorio dar inicio a algunos de los procedimientos de selección de contratistas, que anteriormente se señalaron, el órgano o ente tendría la obligación de momento, en la actualidad Ley de Contrataciones Públicas. RELACIÓN DE CAUSALIDAD Y ELEMENTOS PROBATORIOS En este estado, resulta necesario estabiecer la relación de causalidad de la ciudadana que en el ejercicio de las funciones públicas encomendadas, tuvo a su cargo o en cualquier forma intervino en la comisión de los hechos que pudieran comprometer su responsabilidad administrativa, los cuales fueron referidos con anterioridad. Relación de Causalidad de la cludadana TERESA D'OLIVEIRA La cludadana Teresa D'Olivelra, itular de la cédula de identidad N° V-3.937.105, República de Venezuela, como Directora de la Zona Educativa del estado Anzoátegul en atribución de cuentadante de la referida Zona Educativa, según consta en la Resolución N° 82 de fecha 25 de marzo de 1999, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.871 del 29 de marzo de 1999. señalada Zona Educativa y Cuentadante de la Unidad Desconcentrada en comento, incumpliendo, presuntamente, los decretos con rango y fuerza de Ley de Reforma parcial de la Ley de Licitaciones, citadas anteriormente, cuyo contenido estuvo orientado a adquisición de bienes muebles y la prestación de servicios. Conviene destacar que la observancia de lo dispuesto en las leyes mencionadas es de obligatorio cumplimiento, en atención al principio de legalidad previsto en el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; que rige la actividad sublegales que integran el ordenamiento juridico y que informan su actuación. Por ello, la referida ciudadana, en el año 2000 presuntamente omitió el procedimiento de Licitación General, previsto en el ordinal 1° del artículo 76 de la Lay de Licltaciones. publicada en Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela N° 37.097 de fecha 12 de diciembre de 200. para la adquisición de productos de papel y cartón para oficina, por un monto de doscientos millones seiscientos veinte mil seiscientos sesenta y dos bolívares con cinco céntimos (Bs. 200.620.662.05) equivalente a doscientos mil seiscientos veinte bolivares fuertes con sesenta y seis céntimos (Bs.F 200.620.68): que correspondía de acuerdo al monto de la Unidad Tributaria aplicable para el momento de las adquisiciones. Asimismo, durante el ejercicio presupuestario 2001, realizó adquisiciones de productos de papel y cartón para oficina por un monto de ochenta y seis céntimos (Bs. 244.020.228,86) equivalente a doscientos cuarenta y cuatro mil veinte bolivares fuertes con veintitrés céntimos (Bs.F. 244.020,23); productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción, por un monto de ciento sesenta y siete millones doscientos ochenta y dos mil doscientos cuarenta y seis bollvares con sesenta y ocho céntimos (Bs. 167.282.246.88) equivalente a ciento sesenta y siete mil doscientos ochenta y dos bollvares-fuertes con veinticinco céntimos (Bs.F. 167.282,25); materiales y útiles de limpleza y aseo por un monto de doscientos treinta millones setecientos setenta 230.770.352.63) equivalentes a doscientos treinta mil setecientos setenta bollvares fuertes con treinta y cinco céntimos (Bs.F. 230.770,35); equipos de enseñanza, deporte y recreación por un monto de ciento setenta y seis millones diecinueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro bollvares con sesenta y cinco céntimos (Bs. 176.019.484.65) equivalentes a ciento setenta y seis mil diecinueve bolivares fuertes con cuarenta y ocho céntimos (Bs.F. 176.019,48) y Mobiliario y equipos de oficina, por un mento de ciento sesenta y seis millones seiscientos cincuenta y siete mil setecientos diecisiete bollvares con sesenta y cinco céntimos (Bs. 166.657.717,65) equivalente a ciento sesenta y seis mil 188.857,72): con prescindencia del procedimiento de Licitación General. previsto en el ordinal 1° del artículo 78 y en el numeral 1° del articulo 61 de los Decretos de Ley de Licitaciones publicados en las Gacetas Oficiales Nros. 37.097 y 5.556 Extraordinario del 12 de diciembre de 2000 y 13 de noviembre de 2001, respectivamente, aplicables de acuerdo con las fechas de las adquisiciones. Adicionalmente, efectuó adquisiciones de útiles de escritorio, oficina y materiales de enseñanza por un monto de ciento cinco millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil novecientos treinta y cinco bolívares con ochenta y tres céntimos (Bs. 105.448.935.83) equivalentes a ciento cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho bolivares fuertes con noventa y cuatro céntimos (Bs.F 105.448,94): material de enseñanza por un monto de noventa y cuatro millones seiscientos ochenta y ocho mil ciento setenta bolivares con siete céntimos (Bs. 94.688.170.07) equivalentes a noventa y cuatro mil seiscientos ochenta y ocho bollvares fuertes con diecisiete céntimos (Bs.F. 94.688.17); asl, como maquinarias y equipos de artes gráficas y reproducción por un monto de diecisiete millones novecientos catorce mil bollvares (Bs. 17.914.000,00) equivalentes a diecisiete mil novecientos catorce bollvares fuertes (Bs.F. 17.914.00): sin dar cumplimiento al procedimiento de Licitación Selectiva, previsto en el articulo 77 ordinal 1° de la Ley de Licitaciones, aplicable para la fecha de las adquisiciones. publicada en Gaceta Ofictal de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.097 del 12 de diciembre de 2000; finalmente, adquirió útiles de escritorio oficinas y Materiales de enseñanza por un monto de treinta y siete millones ochocientos ocho mil setecientos quince bollvares con cuarenta y siete céntimos (Bs. 37.808.715.47) equivalente a treinta y siete mil ochocientos ocho bollvares fuertes con setenta y dos céntimos (Bs.F. 37.808,72) presuntamente con prescindencia del procedimiento de Licitación Selectiva antes descrito. previsto en el numeral 1 del articulo 72 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la de Ley de Licitaciones, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.556 Extraordinario del 13 de noviembre de 2001 De lo expuesto se desprende, que las adquisiciones realizadas estaban sometidas a un régimen de aprobación a cargo de la ciudadana en cuestión, razón por la cual éstas debían ser firmadas, toda vez que requiere expresamente una firma para autorizar asi la emisión de cada orden de compra, como en efecto lo hizo en cada una de éstas. Con ocasión de las atribuciones conferidas a su cargo, correspondiéndole emitir dichas Órdenes de Compra. Tales hechos, constituyen presuntamente, supuesto generador de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 113 numeral 1 de la Ley ocurrencia de los hechos, supuesto que se mantiene en el numeral 1 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Los elementos probatorios que demuestran la comisión de los hechos que pudieran comprometer la responsabilidad administrativa, antes descritos y la participación de la ciudadana Teresa D'Olivelra. antes identificada, son los siguientes: 1. Informe Definitivo N° 0288 de fecha 09 de diciembre de 2004, realizado por la Dirección de Control del Sector Infraestructura y Social, adscrita a la Dirección General de Control de los Poderes Públicos Nacionales de la Contraloria General página original (tal como se publicó) [Página 28] 2. Informe de Resultados de fecha 05 de marzo de 2009, realizado por la Dirección de Control del Sector Infraestructura y Social de este Organismo Contralor (follos 2366 al 2380). 3. Copia Certificada de la Resolución N° 82 de fecha 25-03-199, donde se le designó a la ciudadana Teresa D'Oliveira, como Directora y Cuentadante de La Zona Educativa del estado Anzoátegui, a partir de la fecha que contiene la 4. Copias Certificadas de las Ordenes de Compras emitidas en el año 2000, identificadas con los Nros. 0370, 0371, 0382, 0385, 0386, 0387, 0388, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395. 0396, 0423. 0424, 0425, 0426. 0428. 0436, 0437, 0440, 0441, 0442,0443(folios,101.105.109.112.116,119,122,126,128,131,135,138,141,144,148, 152,156,159.162,165,168,171.174.177). 5. Copias Certificadas de las Órdenes de Compras emitidas durante el ejercicio Presupuestario 2001, identificada con los Nros. 0036, 0037, 0042, 0045. 0060, 0082. 0083. 0100, 0103, 0110. 0135, 0136. 0138, 0195, 0197. 0270. 0272, 0287, 0297, 0302. 0329, 0331, 0334. 0348, 0367, 0374, 0376. 0387, 0401, 0441. 0476, 0477, 0489. 0490. 0502. 0504. 0511, 0050, 0086, 0087. 0114. 0117. 0137, 0160. 0161, 0196. 0204, 0246. 0250. 0251, 0252, 0263, 0264. 0271. 0293, 0296, 0299, 0307. 0325. 0391, 0392, 0428, 0035, 0047, 0054, 0055, 0094. 0098, 0115. 0194. 0258, 0259, 0303, 0304, 0328, 0335. 0336, 0353, 0354, 0371, 0385, 0399. 0403, 0404, 0410. 0411, 0415. 0416. 0420, 0424, 0426, 0432, 0478. 0479, 0491, 0004, 0022, 0025, 0032, 0033. 0049. 0064. 0073, 0090, 0097, 0052, 0164, 0176. 0177, 0183. 0247, 0269, 0276, 0300. 0311, 0312. 0316. 0356. 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0381. 0389, 0390. 0393, 0394, 0470. 0003, 0007, 0026. 0028, 0051, 0056, 0059, 0061, 0062, 0101, 0102. 0126, 0142. 0146, 0153, 0165. 0168, 0215. 0217. 0232, 0234, 0239, 0305, 0306, 0326, 0043, 0046, 0052, 0081, 0084, 0085, 0100, 0107, 0109, 0110, 0113, 0134, 0257, 0289, 0324. 0009, 0011, 0019. 0070, 0071. 0122, 0123, 0125, 0174, 0175, 0260, 0261, 0262, 0281, 0112, 0267, 0268, 0333, 0377, 0379, 0380, 0384, 0388 (folios 180. 184, 188. 192, 197. 201, 205, 209, 213, 217. 221. 225. 229, 234, 238. 242. 251. 255, 272. 277, 281. 285, 289, 293. 297, 304. 308, 312. 321, 325, 329. 334, 338. 342. 346, 350, 354. 358, 362, 366, 370, 375, 379. 384, 388, 392, 396. 400. 404. 408, 410, 414, 419. 424, 428, 432. 438. 443, 447. 451. 455, 459, 463, 468. 472, 476, 480, 484, 488, 492, 496, 502, 506, 510, 514, 518, 523, 529, 533, 537, 541, 545, 549. 555, 561, 567, 573, 579, 585. 590, 595, 599, 602, 606, 611, 615, 618, 622. 626, 630, 634, 637, 641, 645, 648, 652, 655, 659, 663, 668. 671, 674, 677. 680, 683. 691, 696, 700, 705, 710, 715, 720, 725, 730, 735, 739, 743, 749, 754, 757, 761, 765, 768, 775, 78, 783, 788, 793. 797. 802, 811, 817. 821, 825, 829 833, 839, 845, 851, 855, 861. 869, 877, 881, 888. 896, 900, 904, 907). DE LA NOTIFICACIÓN Y DE LAS PRUEBAS INDICADAS POR LA INTERESADA. El auto que dio inicio al presente procedimiento administrativo, fue notificado durante el año 2011, a la ciudadana TERESA D'OLIVEIRA, titular de la cédula de identidad N° V-3.937.105, tal como se evidencia del Oficio N° 08-01-1304 de fecha 18 de julio de 2011, debidamente recibido por su destinataria en fecha 05 de agosto de 2011 (folios 2418 al 2420 ). en el cual se le indicaron las fases del procedimiento administrativo General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. y su Reglamento, asl procedimiento. La mencionada ciudadana presentó en fecha 26 de agosto de 2011, escrito de Orgánica de la Contralorla General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en correspondencia con el articulo 91 de su Reglamento. Asimismo, esta Dirección mediante auto de fecha 31 de agosto 2011, se pronunció respecto al escrito de indicación de pruebas, en los términos siguientes: "..) En el escrito en referencia se planean una serie de argumentos que guardan relación con el fondo del asunto, razón por lo cual, quien suscribe, los admite, no obstante, su valoración y pronunciamiento se efectuará en la oportunidad en que deba dictarse la decisión que habrá de recaer en el presente procedimiento administrativo. En la narración de los fundamentos de defensa, se hizo mención a reproducidas, referidas a: memorando N° 1.551 y recortes de prensa que afirman la gratuidad de la educación pública folios Nros. 1390 al 1400; informe de actividades y manual para instructores de alfabetización, folios mediante el cual se autoriza la constitución de Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (FUNDABIT), folio 1426, Relación de planteles aluden a la reubicación de niños damnificados a los planteles educativos de Anzoátegui, folios Nros. 1675 al 1677. 1679. 1681 y 1682: cuadro demostrativo de órdenes de compra, del semestre complementario 2000. Nros 1384 y 1385, órdenes de compras y respectivas facturas, folios Nros. Educación Cultura y Deporte. Gaceta Oficial N° 5.531 extraordinario del 17 resolución mediante el cual se le otorga la jubilación a la ciudadana Teresa D'Oliveira de fecha 18 de marzo de 2003, folio N° 1183: correspondencia dirigida a la Dra. Mercedes Bianco. Directora General de Control de los Poderes Públicos Nacionaies de la Contraloria General de la República, 1105. procedimiento administrativo." De igual manera en fecha 01 de septiembre de 2011, la prenombrada ciudadana consignó escrito de alcance. por lo que, quien suscribe, se pronunció al respecto mediante auto de fecha 02 de septiembre de 2011, en los términos siguientes: "...) estando fuera de la oportunidad legal a que hace mención el articulo 99 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Reglamento de la aludida Ley, tiene a bien ampliar alegatos y ratificar el escrito consignado por ante esta Dirección en fecha 26 de agosto de acto público, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 101 eiusdem (..) En la narración de los fundamentos de defensa, se hizo mención a pruebas que constan en el expediente administrativo, sin embargo, no alusión en el escrito, se observó que los mismos están referidos a: Acta del 20 de septiembre de 2004, suscrita por funcionarios de la Contraloría General de la República, asi como por el Director y el Jefe de Administración de la Zona Educativa para la fecha de su emisión, en el relación a la cuenta de gastos correspondiente a fondos girados a dicha correspondiente examen "IN-SITU" (folio 1195): Correspondencia de fecha 02 de agosto de 2002, emitida por la ciudadana Teresa D'Oliveira, en su condición de Directora de la Zona Educativa del estado Anzoâtegui, en el que informa que la referida Zona Educativa se encontraba formada y lista presupuestario 2001 y semestre complementario 200 (folio 1193): Acta Educación, Cultura y Deporte y el jefe de Administración de la Zona auditoria de fecha 30 de agosto de 2002, emitida por el Contralor delegado de la Dirección de Auditoría Intena del Misterio de Educación, Cultura y Educativa del estado Anzoátegui, dirigida a la Contraloria General de la septiembre de 2004, relacionada con las notas de entrega de materiales y de 2005. por la ciudadana Teresa D'Oliveira, antes identificada, a los fines Infraestructura y Social de este Organismo Contralor (folios 88 al 90). reserva el pronunciamiento respecto de las mismas en la oportunidad en procedimiento administrativo (...)" I1 MOTIVA DE LOS ALEGATOS DE DEFENSA EXPUESTOS POR LA IMPUTADA DURANTE LA REALIZACIÓN DEL ACTO ORAL Y PÚBLICO CELEBRADO EN FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES El 19 de septiembre de 2011, a las 9:00 a.m.. se realizó el Acto Oral y Público a República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, cuya reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, en relación con los articulos 92 al 97 del Reglamento de la Ley en comento, vinculado con el Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, iniciado por auto de fecha 27 de junio de 2010, para que la ciudadana TERESA D'OLIVEIRA, ampliamente identificada en autos e imputada en el forma oral y pública, los argumentos que consideren les asisten para la mejor defensa de sus derechos e intereses. En el desarrollo del Acto Oral y Público, se le concedió el derecho de palabra a la ciudadana TERESA D'OLIVEIRA, quien expuso fundamentalmente lo siguiente: "Buenos días. Dr. Alexander Pérez. Dr. José Márquez y Dra. que está describiera el Dr. José Márquez. fui Directora de la Zona educativa del semestre complementario y el ejercicio fiscal 2001: bien, realmente. cuando llegue a la Zona Educativa de Anzoátegui en el año 99, ya se veía, se vislumbraba, que se tenía que buscar una solución , en relación a lo que venia ocurriendo con la situación de la educación en el país, la educación habla llegado a unos niveles realmente alarmantes, en cuanto a sus niveles de prosecución, repitencia y deserción escolar, por otra parte. habla un importante abandono en la infraestructura y en materia de General. Ante esta grave situación por la que atravesaba la educación en el pais. cuando se aprobó la Constitución Bolivariana de Venezuela, se dedicaron unos articulos muy importantes en materia educativa tendientes página original (tal como se publicó) [Página 29] Bolivariana de Venezuela, el Presidente de la República (..) no se hizo creación de las escuelas bolivarianas, asl sucesivamente, la reactivación de las escuelas técnicas, creación de Centros Bolivarianos de Centros de Informática y Telemática, liderizar la Campaña Bolivariana de previstos por la Constitución propiamente dicha, sino que surgieron por las escolar que atender, el estado Anzoátegui no escapa de esta migración de personas que se vieron afectadas por esta situación, también como los catástrofe que hubo en Vargas en diciembre, había ocurrido una situación de inundación en el estado Anzoátegui, y trajo también damnificados que atender. Cuando el Presidente de la República aprueba estos decretos (...) en principio es para darle oportunidad a que todos los niños tuvieran acceso a la escuela o a la posibilidad de estudio, asimismo, venía ocurriendo durante muchos años que con estos recursos que cobraban los Directores venian dándole un poquito, por decirlo asi, de seguimiento a los planteles. pero no habia una claridad exacta del destino, de todos éstos recursos que se recababan, porque en contra posición a lo que se pedía a los representantes, había mucho abandono en la planta fisica escolar y cuando yo llegue, me encontré con un alto volumen de pupitres sin tablas y otra cantidad alta de alumnos sentados en el piso. Bien, entonces con el no cobro de matricula, se le estaba dando una oportunidad de ingreso al estudio a un alto volumen de la población, que por otra parte, no contaban niveles que estaban alcanzando en materia de deserción en la falta de manifiesto en los altos niveles de personas analfabetas, porque al no quedan en sus casas y formaban parte de ese gran grupo de analfabetas. vaya al aspecto educativo, sino que también incluya aspectos de salud de alimentación, de cultura y deportes en una jornada diaria de actividad, alumnos; con la creación de las Escuelas Bolivarianas, había un problema también alli de que los alumnos que ya no se podian atender en el turno de la tarde, había que generar espacio donde atenderlos, porque ya no recibiendo sus clases. por otra parte, no podia Venezuela estar ajeno al el rector de las politicas educativas, de all se creó la necesidad junto con particular, sino que eran una especie de núcleo, de sitios a donde acudían las escuelas a tener una formación inicial en materia de informática; por entonces la Campaña Bolivariana de Alfabetización para poder nivelar, situación de analfabetas y entonces paralelo al proceso educativo regular también se tenía que atender esta situación de la Campaña Bolivariana de Alfabetización. Paralelo a esto, entonces surge como le dije al principio, una catástrofe en Vargas, que hacen que emigren a todos lo estados, los cuales no escapaba Anzoátegui, una seri en de alumnos que atender, que una vez que se intento tratar los de ubicar en las escuelas establecidas y al ver que esto no, no èra posible porque se había rebasado nuestras aulas. particular se crearon dos escuelas, una en la base aérea que queda en Barcelona "Teniente Luls del Valle Garcia" y otra escuela especificamente urbanizadoras que habian prestado a los damnificados y en el caso de Barcelona, la escuela se creó en una base aérea, como es de suponer, recursos humanos. Bien, cuando hablamos del año escolar, normalmente nos referimos al año escolar sin que cuando uno está metido en situaciones como éstas, de financieras, de cuentadante de la Contraloria, nos detengamos a pensar un poco en las fechas y/ o el compromiso que ocupa un año escolar, porque hoy hay otra disposición, cuando el año escolar comenzaba era el 16 de septiembre y terminada el 31 de julio, si observamos y nos referimos ejercicios fiscales, el ejercicio fiscal 2000, que termina en diciembre del situación dificulta que a veces, lo que está previsto, lo que es la teoría, se pueda llevar a cabo, me explico, o se pueda llevar a cabo totalmente diciembre del 99, bueno all ocurrió, un caso particular, una inundación querían entregar y hubo que promover situaciones qua permitieran hacer Educación una escuela que estaba abandonada hace muchos años para que se ubicarán all, una antigua escuela granja de Barcelona, pero se tuvo que atender, no sólo las emergencias desde el punto de vista de la inundación, sino la escasez con la que quedaron los niños con matricula escolar, donde no tenian ni lo minimo para ir al desarrollo de unas actividades, entonces se organizaron centros de acopio, para proveer los Presidente, más o menos entre julio y agosto, y paralelo a eso es cuando el Presidente Decreta los enunciados que explique antes, no cobro de matriculas, Escuelas Bolivarianas, etc. entonces en el ejercicio de ese normales de un año escolar, regulares de un año escolar, tuve que refiere a la falta de dotación y a un sin número de cosas que faltaban en las escuelas, lo que se necesitaba para ese año escolar, se habla previsto al inicio de ese ejercicio fiscal, es decir, lo que yo necesitaba en septiembre, no tuvo nada que ver con su presupuesto, porque se tuvo que ver con el 2007, se estaba ejecutando a partir de marzo del 99, y estando en septiembre se tuvo que culminar el año con todas esas situaciones emergencia con ese mismo presupuesto, eso era imposible, decirlo sería uná falacia, porque movilizar, digamos alumnos, como por ejemplo los de las Escuelas Bolivarianas que requerlan un tumo completo, que requerían una serie de insumos extras (..) además había que darle deporte, habla que darío cultura y alimentación, había que tener implementos con los que no se contaba, pero por ser un mandato había que darle forma, había que acatar las instrucciones de nuestro Presidente y asi ocurrió con la Campaña Bolivariana de Alfabetización que tampoco tenía presupuesto, que ya mencione, entonces paralelo a la ejecución del año escolar de septiembre del 99 al último dia hábil de diciembre, entonces se tuvo que atender por una parte los aspectos regulares de un año escolar, como los Presidente, eso hizo que lo que se tenía previsto desde el año anterior, en un presupuesto, creo que lo aprobaban entre noviembre y diciembre del año 97, eso motivó a que ese presupuesto simplemente se desgastara, previsto para esa parte del año y la que continuaba en enero, para poderie hacer frente a todas esas situaciones extras que se generaron, bien como todas esas situaciones extras, que no puedo desmenuzar por el espacio de tiempo, sin embargo yo estoy dejando un informe en donde las descrito; luego al llegar enero, me encuentro con una realidad, no cuento parte, se sabe que el ejercicio fiscal que se aprueba más o menos entre octubre y noviembre, viene bajando a las instituciones más o menos entre los meses de marzo y abril, realmente, yo, no podia esperar, de una contempla la Constitución Bolivariana de Venezuela, eran los articulos que contempla la Ley de Educación y de situaciones jurídicas que, a las que yo me veía obligada a dar respuesta, no estoy subestimando para nada la Contraloria, la valorizo, simplemente que en algún momento determinado a veces se tiene que sacrificar los elementos esenciales de los aspectos de Contraloría, como en ese momento en enero del 2000, no contaba con los recursos, los había tenido que gastar (...) entonces ocurrió pues, que ante ésta premura, no fue que no se Licitó sino que fundamentado en las Gacetas que antes mencionó (..), alli hay una, la del 2000, dice el artículo 81 en su parágrafo 5 y la otra la del 2001 en su articulo 88 en sus numerales 6 y 7, que tiene previsto algunas emergencias y, cuando la situación se declara en algunas emergencias internas, esta prevista las adjudicaciones directas. y entonces eso fue lo que ocurrió, en relación a otros tipos de licitaciones que se pudieron haber dado, en los dos casos tanto en el 2001 como en el 2000, las últimas ordenes de pago, la mayoría técnicamente imposible su Licitación, aunque por razones de tiempo intentamos unas Licitaciones en el 2000, se hicieron las ofertas, los ocurriendo los procesos, pero lamentablemente, lo que yo si hubiera motivados que es lo único que me falta, para haber comprobado y darle forma a toda ésta situación, pero muy lamentablemente la persons que desconozco, decidió eliminar los archivos de la gestión que yo ejecute, nuevos a portes al informe que había entregado anteriormente y estuve revisando y esto no es como muy conveniente, pero lamentablemente eso yo ademas de recurrir a la Zona Educativa Anzoátegul, recurrir al Ministerio de Educación quien no tiene ese material (...) y asi sucesivamente he ido muchisimas gracias por su atención (...)" Luego de haber transcritos los fundamentos de la deposición efectuada por la ciudadana Teresa D'Oliveira, en el Acto Oral y Público, celebrado en fecha 19 de septiembre de 2011, conforme lo establece la Lay Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, asi como del Reglamento de la aludida Ley, se observó similitud con los argumentos planteados en escritos consignados, con anterioridad. por la referida ciudadana y que están debidamente incorporados en el expediente administrativo, el primero de ellos, consignado en fecha 14 de enero del 2009 por ante la Dirección de Control del Sector Infraestructura y Social (folios 1094 al 1103) y el segundo, en fechas 26 de agosto y 1 de septiembre del 2011 ante ésta Dirección (folios 2427 al 2457 y 2462 al 2469), de conformidad con lo previsto con el articulo 101 de la Ley que rige las funciones de este Organismo Contralor y, finalmente el consignado en fecha 19 de septiembre de 2011, con motivo de la Audiencia Oral y Pública celebrada; por que se procederá a su valoración en conjunto, asi tenemos: En primer término, quien suscribe, considera menester realizar las siguientes consideraciones referente a los procedimientos de selección de contratistas establecidos en los Decretos con Rango y Fuerza de Ley de Reforma parcial de la Ley de Licitaciones, publicados en las Gacetas Oficiales de la República de Venezuela N° 37.097 del 12 de diciembre de 2000 y N° 5.556 Extraordinario del 13 de noviembre de 2001 y su respectivo Reglamento, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.830 de fecha 30 de octubre de 1991. vigentes para el momento de la ocurrencia del hecho presuntamente irregular, tales procedimientos son: Licitación General, Licitación Selectiva y Adjudicación Directa. En este orden de ideas, conviene destacar que la intención del legislador bajo el esquema normativo que se analizó, era la de privilegiar como mecanismo de selección de contratistas de manera obligatoria la Licitaclón General, por ser el único procedimiento que no tenla carácter excepcional. Tanto la Licitación Selectiva como la Adjudicación Directa son mecanismos de selección de contratistas de carácter excepcional y sólo proceden previa constatación de los supuestos de hecho y las razones que justificaban la no utilización del procedimiento de Licitación General. En este contexto, conviene acotar que los Órganos del Poder Nacional, con fundamento en lo que disponia el articulo 2 de la Ley de Licitaciones, publicada en las Gaceta, Oficial de la República de Venezuela N° 37.097 del 12 de diclembre de 2000. para la ejecución de obras, la adquisición de bienes y la prestación de servicios, estaban Artículo 2°: "Están sujetos a esta Ley los procedimientos de selección del contratista que lleven a cabo los siguientes entes: 1° Los Órganos del Poder Nacional; (OMISSIS) (..)" Por su parte los articulos 6, 7 y 9 de la referida Ley, establecía las siguientes definiciones: Articulo 6°: "Licitación General es el procedimiento competitivo de selección de contratista, cuyo llamado ha sido publicado en los medios previstos en esta Ley, en el que puede participar cualquier persona natural o juridica. previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley, su reglamentación y las condiciones particulares inherentes a cada proceso de licitación". Articulo 7°: "Licitación Selectiva es el procedimiento competitivo excepcional de selección del contratista en el que los participantes son página original (tal como se publicó) [Página 30] invitados a presentar ofertas por el ente contratante. en base a su capacidad técnica, financiera y legal". contratante, a travês de un procedimiento simplificado". En esta misma línea argumentativa conviene destacar que los articulos 76, 77 y 80 de la citada Ley, contemplaban los distintos supuestos en que, dependiendo del monto de la contratación, se debe fundamentar la procedencia de cualquiera de los procedimientos antes mencionados, a saber. Articulo 76: "Se procederá por licitación general o licitación anunciada internacionalmente: 1° En el caso de adquisición de bienes o contratación de servicios, si el unidades tributarias (10.000 U.T): y 2° En el caso de construcción de obras, si el contrato a ser otorgado es por un monto estimado superior a veinte mil unidades tributarias (20.000 U.T). Articulo 77: "Podraà procederse por licitación selectiva, licitación general o licitación anunciada internacionalmente: 1° En ei caso de la adquisición de bienes o contratación de servicios, si el tributarias (1.000 U.T.) y hasta diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.): 2° En el caso de construcción de obras, si el contrato a ser otorgado es por un precio estimado superior a siete mil unidades tributarias (7.000 U.T.) y hasta veinte mil unidades tributarias (20.000 U.T.)". Articulo 80: "Se podrá proceder por licitación general, citación selectiva, licitación anunciada internacionalmente o adjudicación directa: 1° En el caso de adquisición de bienes o contratación de servicios, si el tributarias (1.000 U.T.). 2° En el caso de construcción de obras, si el contrato a ser otorgado es por un precio estimado de hasta siete mil unidades tributarias (7.000 U.T.): 3° Si la ejecución de la obra, el suministro de los bienes o la prestación del Las normas aludidas, se mantuvieron vigentes en la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.556 Extraordinario del 13 de noviembre de 2001. al establecer lo siguiente: Anunciada Internacionalmente: 1. En el caso de adquisición de bienes o contratación de servicios, si el 2. En el caso de construcción de obras, si el contrato a ser otorgado es por un monto estimado superior a veinticinco mil unidades tributarias (25.000 UT.)". Articulo 72: "Puede procederse por Licitación Selectiva: 1. En el caso de la adquisición de bienes o contratación de servicios, si el tributarias (1. 100 UT.) y hasta once mll unidades tributarias (11.000 UT.). 2. En el caso de construcción de obras, si el contrato a ser otorgado es por (11.500 UT.) y hasta veinticinco mil unidades tributarias (25.000 UT.)". Articulo 87: "Se puede proceder por Adjudicación Directa: 1. En el caso de adquisición de bienes o contratación de servicios, si el 2. En el caso de construcción de obras, si el contrato a ser otorgado es por un precio estimado de hasta once mil quinientas unidades tributarias (11.500 UT.). 3. Si la ejecución de la obra, el suministro de los bienes o la prestación dei Al analizar dichos articulos, observamos que el legisiador al referirse a las adquisiciones realizadas por la ciudadana en cuestión, establece que para proceder a la adquisición de tales bienes, debía realizarse el procedimiento previsto en atención a los extremos exigidos en la legislación vigente. En tal sentido, se ha evidenciado que el Bs. 11.6800.00. según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.957 del 24 de mayo de 2000 y, posteriormente, de Bs. 13.200.00 según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.183 del 24 de abril de 2001, encontrándose en consecuencia, dentro de los parámetros que exigla la norma para que la escogencia del contratista, se hiciere bajo la modalidad de Lictación General o Licitación Selectiva, según correspondiese. En tal sentido, la escogencia del contratista debía hacerse mediante el mecanismo de Licitación General. cuando la adquisición de bienes o contratación de servicios fuese posteriormente, de ciento cuarenta y cinco millones doscientos mil bollvares vigente aplicable y la unidad tributaria vigente para ese momento; asi pues, que para el rubro de productos de papel y cartón para oficina, las adquisiciones durante el semestre complementario 2000, ascendieron a doscientos millones seiscientos veinte mil seiscientos sesenta y dos bolivares con cinco céntimos (Bs. 200.620.662,05) equivalente (Bs.F 200.620.86). Asimismo, durante el ejercicio presupuestario 2001, fueron realizadas adquisiciones de productos de papel y cartón para oficina por un monto de doscientos cuarenta y cuatro milones veinte mil doscientos veintiocho bolivares con ochenta y seis céntimos (Bs. 244.020.228,86) equivalente a doscientos cuarenta y cuatro mil veinte bollvares fuertes con veintitrés céntimos (Bs.F. 244.020.23): productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción, por un monto de ciento sesenta y siete millones doscientos ochenta y dos mil doscientos cuarenta y seis bolivares con sesenta y ocho cêntimos (Bs. 187.282.246.68) equivalente a ciento sesenta y siete mil doscientos ochenta y dos bolivares fuertes con veinticinco céntimos (Bs.F. 167.282,25); materiales y útiles de limpieza y aseo por un monto de doscientos treinta millones setecientos setenta (Bs. 230.770.352,63) equivalentes a doscientos treinta mil setecientos setenta bolivares fuertes con treinta y cinco céntimos (Bs.F. 230.770,35): equipos de enseñanza, deporte y equivalentes a ciento setenta y seis mil diecinueve bolivares fuertes con cuarenta y ocho céntimos (Bs.F. 176.019,48) y Mobilirio y equipos de oficina, por un monto de ciento sesenta y seis millones seiscientos cincuenta y siete mil setecientos diecisiete bollvares (Bs.F.166.657,72). En cuanto a la Licitación Selectiva para la adquisición de bienes o contratación de servicios, se debía tener en cuenta, en atención a los extremos legales que debian ser observados, que limites, en el caso en particular. estaban comprendidos entre las cantidades de catorce millones quinientos veinte mil bollvares (Bs. 14.520.000,00) y de ciento cuarenta y cinco millones doscientos mil bolivares (Bs. 145.200.000.00). para la fecha de vigencia de la referida unidad tributaria y de las adquisiciones con base en lo expuesto, la selección del contratista que debia proveer los bienes que se detallan a continuación, estaba condicionada al otorgamiento del procedimiento de selección de contratista, toda vez que la adquisición de los útiles de escritorio, oficina y materiales de noventa y cuatro céntimos (Bs.F 105.448.94): el material de enseñanza se ubicó en noventa y cuatro millones seiscientos ochenta y ocho mil ciento setenta bollvares con siete céntimos (Bs. 94.688.170.07) equivalentes a noventa y cuatro mil seiscientos ochenta y ocho bolivares fuertes con diecisiete céntimos (Bs.F. 94.688,17); el monto de adquisición de las maquinarias y equipos de artes gráficas y reproducción ascendió a un monto de diecisiete millones novecientos catorce mil bollvares (Bs. 17.914.000.00) equivalentes a diecisiete mil novecientos catorce bolívares fuertes (Bs.F. 17.914,00): y el monto de la adquisición de los útiles de escritorio oficinas y Materiales de enseñanza totalizó la cantidad de treinta y siete millones ochocientos ocho mil setecientos quince bollvares con cuarenta y siete céntimos (Bs. 37.808.715.47) equivalente a treinta y siete mil ochocientos ocho bolivares fuertes con setenta y dos céntimos (Bs.F. 37.808,72) Ahora bien, la inobservancia respecto a los procedimientos previstos en la Ley de Licitaciones. por parte de la cuentadante de la Zona Educativa del estado Anzoátegui en cuestión, la hace susceptible de incurrir en responsabilidad administrativa, a tenor de lo previsto en el numeral 1 del articulo 113 de la Ley Orgânica de la Contralorla General de la República, vigente para el momento, el cual mantiene el carácter de licito administrativo en el numeral 1 del artículo 91 de la Ley Orgânica de la Contraioria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Bajo las consideraciones antes planteadas, nos encontramos que las actuaciones de la Administración Pública y de sus funcionarios, deben estar ceñidas dentro del marco cuales debe regirse, no estaria conforme con el consagrado Principio de Legalidad. previsto en el articulo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, es una conditio sine quanon, que si un organismo tiene carácter público, sus funcionarios, no tendrán prerrogativas de tener un actuar discrecional, por el contrario, deberán asumir su responsabilidad como un buen padre de familia, en favor de los intereses que le corresponde tutelar y el apartase de ello, inexorablemente lo sujeta a una eventual declaratoria de responsabilidad administrativa, por aplicación del principio de la responsabilidad individual. Venezuela, especificamente en el -Titulo /V Del Poder Público, Capitulo / De las Disposiciones Fundamentales-, articulo 139, aparece regulado el carácter personal de la responsabilidad, que en un sentido amplio vincula al universo de sujetos que investidos de competencias públicas, motorizan la voluntad administrativa respecto de los cometidos claramente definidos a cada una de las ramas que componen el Poder Público, entiéndase (Legislativo, Judicial, Ejecutivo. Ciudadano y Electoral). Dicha norma señala, en un sentido claro y por lo demás inequívoco: Articulo 139. "E ejercicio del Poder Publico acarrea responsabilidad Individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la De conformidad con la norma antes transcrita, el ejercicio del Poder Público acarrea la responsabilidad individual de quien lo ejerce. Debe asentarse que la norma en cuestión alude a la responsabilidad por el ejercicio del Poder Público sin discriminar en cual de las esferas del mismo se produce, por ello debe necesariamente afirmarse que se Nacionel, Estadal y Municipal y dentro de cada una de llas, a cualquiera de las ramas en que los mismo se ejercen. procedimientos de selección de contratistas, previstos en la Ley de Licitaciones aplicables página original (tal como se publicó) [Página 31] mencionados, como en el marco del acto oral y público y en el escrito consignado por la imputada en la audiencia de la presente causa. A tales fines tenemos, que la ciudadana ". ) ACCIONES EN MATERIA DE (sIc) EDUCATIVA Con la aprobación en 1.999 de la Constitución y los procesos de cambio, la que desde el año 1.999 al 2.001. se concretaron diversas leyes, decretos y'o resoluciones. que condujeron al inicio de los cambios que se requieren para mejorar la educación en el pais. Surgiendo a nivel nacional el desarrollo en dicho lapso de tiempo (sic), de una serie de proyectos planificados y permanentemente abiertos a la integración del entorno social y concurso de la comunidad en el proceso educativo, fundamentados en las distintas leyes aprobadas, a saber. . Creación de Escuelas Bolivarianas Reactivación, Modemización y Actualización de Escuelas Técnicas Robinsonianas Campañas Bolivariana de Alfabetización Creación de los Centros Bolivanianas (sic) de Informática y Telemática (.." Sobre la defensa antes expuesta, relacionada con las acciones que en materia educativa instauró el Presidente de la República, en vispera de la aprobación del nuevo marco Constitucional en el año 1999, entre las cuales se encontraban: el no pago de matricula, creación de Escuelas Bolivarianas; reactivación, modemización y actualización de Escuelas Técnicas Robinsonianas y, luego de su aprobación, a saber, las Campañas Bolivarianas de Alfabetización y creación de los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática, por ser la educación un servicio prioritario como política de Estado, quien suscribe, observa que: La Constitución de la República de Venezuela del 23 de enero de 1961, en su articulo 78 establecia: "Articulo 78. Todos tienen derecho a la educación. El Estado creará y sostendrá escuelas, instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso a la educación y a la cultura, sin más limitaciones que La educación impartida por los institutos oficiales sera gratuita en todos sus ciclos. Sin embargo, la ley podrá establecer excepciones respecto de la enseñanza supenor y especial, cuando se trate de personas provistas de medios de fortuna" (Destacado Nuestro). Por su parte, la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en su articulo 102, lo siguiente: Articulo 102. La educación es un derecho humano y un deber social fundamental. es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá modalidades. y como instrumento del conocimiento cientifico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa. consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional. y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad. promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de esta Constitución y en la ley" (Destacado Nuestro). Bajo este epígrafe, el Ejecutivo Nacional, a través del Ministro de Educación, Cultura y Deporte para la época, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 3, 55 y 107 de la Ley de Educación, efectivamente dictó una serie de Resoluciones entre las que se encuentran la N° 177 de fecha 6 de septiembre de 1999, publicada en Gaceta Oficial académicas en las Escuelas Técnicas (folios 1403 y 1404). asimismo, en dicha Gaceta Oficial también se encuentra inserta la Resolución N° 179 de fecha 15 del mismo mes y año, la cual hace alusión a la creación de las Escuelas Bolivarianas. Ahora bien, en cuanto a los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática, cabe destacar que estos fueron creados a través del Decreto N° 1.193. publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.137 de fecha 9 de febrero de 2001, mediante el cual se autorizó la constitución de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (FUNDABIT) (folio 1426). con el objetivo de que ésta desarrollara actividades orientadas al mejoramiento de la cultura de Informatica y telemática en general y asimismo, creara, dirigiera y administrará dichos centros. De lo antes expuesto, cabe enfatizar que dichos actos administrativos se encuentran cónsonos con el marco constitucional, los cuales tal y como lo afirmó la indiciada, condujeron a una serie de cambios que requerían renovar aspectos en materia educativa por parte del entonces Ministerio de Educación, Cutura y Deporte, entre los cuales se encontraban las estructuras educativas antes señaladas, por lo que siendo esto asi. la acción emprendida por el Estado Venezolano de ratificar la gratuidad de la educación, como la creación de otras estructuras, por el referido ente Ministerial se encuentra justificada y ajustada a derecho, no obstante la existencia de un nuevo marco normativo no implicaba el desconocimiento de los principios que rigen a la Administración Pública, entre los que se encuentra el de la Legalidad, ya referido, lo cual traduce que todas las actuaciones desarrolladas por ésta, deben estar al amparo de las disposiciones legales y sublegales, incluidas aquellas relacionadas con los procedimientos de selección de contratistas. Y asi se declara. Adicionalmente, la prenombrada ciudadana alegó a su favor, en el escrito de indicación de pruebas cursante a los folios 2427 al 2457, en lo referente al no pago de matricula, los siguientes aspectos: ".) Al comenzar el año escolar 1.99-2.00, las autoridades del MECD fueron Contraloria General de la Republica). Por otra parte, esta situación hay que contrastaria con otro tipo de denuncias a las que también el Estado debe prestar atención porque muestran la otra cara de una realidad que no puede ser ocultada, me refiero a las dificultades que tienen los planteles en cuanto a presupuesto para poder funcionar. (.) El Estado Anzoátegui no escapaba de esta realidad (.) tal era el caso que se encontraban escuelas tanto en el minimas adecuadas para un normal funcionamiento (Ver folios N° 1392 al Repúbica) (..) La Zona Educativa del Estado Anzoátegui dedicó especial atención a la solución de los múltiples problemas que tenían las diferentes escuelas del Estado adscritas al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes al comienzo del año lectivo, los cuales se maximizaron por el incremento de la matricula, debido principalmente al estimulo y a las facilidades aplicadas por la acceso a una educación de mejor calidad que la que existia en ese entonces, esfuerzos y recursos financieros (. ) Se establecieron planes estratégicos Maquinarias y equipos de artes graficas y reproducción, Productos de papel y cartón Materiales y útiles de limpieza (...)" De igual manera, en el Acto Oral y Público y escrito consignado ese mismo día, con respecto a la prohibición por parte del Ministerio de Educación, del no cobro de la matrícula escolar, estos alegatos resultaron ser coincidentes, razón por la cual su valoraciones hará en conjunto. "(..) Ante ésta grave situación por la que atravesaba la educación en el dedicaron unos articulos muy importantes en materia educativa tendientes articulos y ante la resiente aprobada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Presidente de la República (.) no se hizo acciones. fue el no cobro de matricula (.) con el no cobro de matricula, volumen de la población, que por otra parte, no contaban con los recursos para inscribirse y que en parte, a esto se debla los altos niveles que escolar (...)" En lo que se refiere al argumento expuesto por la indiciada, referente a que con motivo de la decisión asumida por el Presidente de la República del no pago de la matrícula escolar, medida ésta que fue ratificada por el ente Ministerial, a través del Memorándum N° 1.551 de fecha 19 de julio de 199 (folio 1390). quien suscribe, debe destacar, que ésta tiene su fundamento como ya se mencionó, en el articulo 78 de la Constitución de la República de Venezuela ut supra indicado. orden ésta dictada por el Ejecutivo Nacional, basada en la Ley momento de ocurrencia de los hechos, las cuales indican entre otros aspectos, que el Estado garantizará el acceso a la educación en todos sus niveles y modalidades, sin más limitaciones que de las derivadas de la vocación y de las aptitudes. No obstante, la existencia dei precepto Constitucional y el desarrll del mismo en otros instrumentos y su aplicación por funcionarios públicos, no significa obviar mecanismos jurídicos diseñados para garantizar la escogencia de la mejor oferta. que funcionarán, quien suscribe, una vez revisado ei expediente administrativo, evidenció efectivamente, tal y como lo manifestó la indiciada, el ente a su cargo, recibía recursos, no obstante, ese hecho, no es lo cuestionado por este Organismo Contralor, sino que ela en su materiales, suministros y maquinaria durante el ejercicio presupuestario 2001 y semestre ocurrencia de los hechos, razón por lo cual, se desestima el argumento expuesto por la precitada ciudadana. Y asi se decide. Modernización y Actualización de Escuelas Técnicas Robinsonianas", la referida cludadana esgrimió como defensa en su escrito de prueba, lo siguiente: "..) Ante la dificil situación por la que atravesaba la educación en el país. se deslumbra la necesidad de implantar las Escuelas Bolivarianas, como alternativa ante los problemas mencionados anteriormente. por lo cual el República) dictaminó la creación de dichas escuelas a fin de brindar una Anzoátegui se crearon veintiún (21) Escuelas Bolivarianas (...) El proyecto factores. tales como: exclusión escolar, desnutrición, repitencia, bajo económica y social del pals (.) Para la Escuela Bolivariana se definen los siguientes componentes. entendiendo como dimensiones inseparables de una acción integral e integradora para el cambio del sistema escolar. (...) La jornada escolar completa 40 horas semanales distribuidas en ocho (8) Construcción curricular sostenida en un sistema de formación permanente (..) Desarrollo de nuevas formas de gestión escolar (..) No sólo se trata página original (tal como se publicó) [Página 32] de un proceso formativo de orden pedagógico y didáctico, sino también de se aprobaban los Presupuestos requeridos para tan magno compromiso y llegarán las Ordenes de Pago del Ministerio de Finanzas) con la intención de cubrir las necesidades relacionadas con: Materiales de enseñanza. Equipos de enseñanza, deportes y recreación, Mobliarios de enseñanza Mobiliarios y equipos de oficina, Úties de escritorio de Oficina, Maquinarias y Materiales y útiles de limpieza Materiales de talleres para reparaciones 1416 al 1420) (.) Para el año 1.99, 30 años después del cierre técnico creciente deterioro de la planta fisica, la obsolencia (sic) del equipamiento de laboratorios y talleres, tres diseños curriculares paralelos, contratación y estancamiento de la matricula (sic). docentes desactualizados ante las nuevas tecnologias, todo esto da origen a la Resolución N° 177 de fecha expediente N° 08-01-05-11-005 en la Contralorla General de la República) () a fin de adecuarias a las nuevas condiciones juridicas, políticas y sociales del país (.…) Para llo, el Ministerio de Educación y Deportes. generó pollicas educativas destinadas a fortalecer el nuevo Estado Docente que impulse el paso de una democracia política y representativa a una democracia social y participativa, de estado de derecho a un estado de justicia () para lograr esto, se propuso la transformación del nivel en un proceso dinámico, integral y descentralizado que permitiera planificar, ejecutar. decisiones, la comunicación efectiva, el uso eficiente de los recursos y la supervisión entendida como acompañamiento y seguimiento del proceso educativo (.) Las polticas de la Educación Técnica Robinsoniana se concretan mediante la puesta en marcha del proyecto Reactivación, Modemización y Actualización de las Escuelas Técnicas Robinsonianas (.) El mismo se pone en práctica mediante los iguientes objetivos (..) Rehabitar y dotar la planta fisica de las Escuelas Técnicas Robinsonianas (.) Dotar los laboratorios y talleres (.) Construir el currículo de las Escuelas (…) Redimensionar ei cientifica y pedagógica (..) Fortalecer los centros de Educación Técnica en cuanto a la gestión del proceso educativo (. ) En el proceso de Reactivación de las Escuelas Técnicas se insistió en ajustar la estructura funcional productiva escolar (.) Ante toda esta realidad, en beneficio del país y la a la Reactivación y Modemización de las Escuelas Técnicas, se estableció un plan de emergencia estratégico que permitió dar inicio a lo establecido en la Resolución N° 177, que permitió gestionar los insumos necesarios(...)" De manera coincidente dicho alegato, fue ratificado en Audiencia Oral y Pública y, en el escrito consignado en dicha acto, en el cual aludió, que el Primer Mandatario Nacional, Decretó la creación de las Escuelas Bolivarianas y la reactivación de las Escuelas Técnicas Robinsonianas, manifestando a tal efecto lo siguiente: "(..) cuando se crea la escuela bolivarians lo hace el Presidente, bajo la educativo, sino que también incluya aspectos de salud de alimentación, de cultura y deportes en una jornada diaria de actividad, como se sabe antes las escuelas tenían dos turnos, entonces en la mañana se atendía un grupo de alumnos y en la tarde otro grupo de alumnos, con la creación de las Escuelas Bolivarianas, había un problema también all de que los la misma escuela donde normalmente venían recibiendo sus clases (..) Sobre la defensa antes expuesta, quien suscribe, reitera, que la creación de las Escuelas Bolivarianas y la Reactivación de las Escuelas Técnicas Robinsonianas, no se originaron dentro de un contexto que apremiaba en factor tiempo, por el contrario, èstas educativos se adecuaran a través de una ajustada planificación, a las necesidades de las comunidades en el proceso de transformación social del Estado Venezolano y para educativas, asi como la de impulsar su población joven con propuestas para la formación integral y laboral que contribuya tanto en su desarrollo humano y a la satisfacción de sus necesidades a través del trabajo productivo, tal y como se indican en los considerandos de las Resoluciones N° 177 y 179, ut supra citadas. Asimismo, es menester acotar, que las fechas de las Resoluciones en comento, son de fecha 23 de septiembre del año 1999, lo que demuestra que para el momento de las adquisiciones efectuadas en diciembre de 2000 y durante el ejercicio presupuestario 2001, cuestionadas por este Organismo Contralor, la indiciada tuvo tiempo suficiente para planificar las adquisiciones y ejecutar de acuerdo a los nuevos lineamientos educativos el presupuesto asignado y manejado por la Zona Educativa para el momento de ocurrencia de los hechos, razones que conducen a desestimar los argumentos expuestos por la indiciada.Y asi se decide. De la misma forma, la precitada ciudadana argumentó a su favor, en el escrito de indicación de pruebas del presente procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, en lo que se refiere a las "Campañas Bollvariana de Alfabetización" y la "Creación de los Centros Bolivarianos de Informática y Teiemática" que: "..) El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, (..) decretó el 18-09-2000 la Campaña Bolivariana de Alfabetización Comisión Nacional programa destinado a la población rural, población indigena y campesina, población penitenciaria. jóvenes no escolarizados (.) En el Estado Anzoategui el 14-06-2.000 se juramento la Comisión de la Campaña Bolivariana de Alfabetización, la cual quedó Presidida por la Directora de la Zona 69.829. De junio 2.00 a febrero 2.001, se inicio la 1° Fase, donde se alfabetizar, se realizaron para ello múltiples actividades que condujeron múltiples logros, se contó con grandes fortalezas, muchas dificultades. grandes debilidades y amenazas, pero muchas oportunidades. Ahora bien cuando hago referencia a debilidades y amenazas, principalmente hago referencia a la falta de presupuesto, y poder asi cumplir con esta gran determinado (.) En tal sentido en reuniones con las Comisión Estadal. se decidió entre otros aspectos, realizar un Manual para los Instructores de Alfabetización del Estado Anzoátegui (..) (Ver folios N° 1512 al 1522 de expediente N° 08-01-05-11-005 de la Contraloria General de la República), en el cual se invirtieron materiales de cartón, plástico, papel, encuademación. entre otros, asi como equipos e insumos de reproducción (.) No obstante. aunque se previó seguimiento, control y evaluación que mostró que el programa a pesar de estar auspiciado por la propia Presidencia de la Repúbica no tuvo arraigo ni cobertura suficiente, la coordinación de las diferentes instancias involucradas se hizo insuficiente e ineficiente. En esta circunstancia, el gobierno cubano, ganador del Premio Intemacional de la UNESCO por sus iniciativas de allabetización ofrece una nueva metodología a nuestro pais con la donación de equipos carilias y materiales además de la disposición de envio de orientadores entrenados para ejecutario (...) nn n informática a nivel mundial, por lo que ante esta realidad y poder asi brindar oportunidad para tener acceso a la misma, y encami amos a ese alto potencial tecnológico que venia penetrando en todos los ambitos de la vida del ser humano se creó une fundación (FUNDABIT) que seria la encargada de viabilizar fos CBIT para vinculados con tales retos (.) Creación 1428 de exqpe ediente N° 08-01-05-11- 005 de la Contraloria General de la República) (.) la cual funcionara adscrita al Ministerio de Educación. Cullura . previsto en el arlicuilo 15, numeral 3 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley sobre Adscripción de Institutos Autónomos. Empresas del Estado. Fundaciones, Asociaciones, y Sociedades Civiles del Estado a los órganos de la Administración Central (…) En el Estado Anzoátegui durante el periodo (sic) 2.000-2.001 se crearon CBIT, atendiendo a uns población estudiantil de 1168 alumnos, 30 miembros del Personal de la Zona Educativa y 95 Paricpartes del INCE (Ver pea N° 9. Pag 2-124 del empederte N° 08-01-05-1-005 de le Contraloria General de la República). Todo esto si (sic) contar con un presupuesto asignado para tal fin, esta activicad se logrò con el evidentamentie esto requirió de una dotación de mobiliario y equipos de computación (...f. Asimismo, la referida ciudadana, hizo alusión en el Acto Oral y Público, a la creación de los Cenfros Bolivarianos de Informática y Telemática y las Campañas Bolivarianas de Alfabetización, eran otras acciónes emprendidas por el Ejecutivo Nacional, por lo que al ser coincidente todos lo alegatos efectuados, su valoración se hará en conjunto. Al respecto nos encontramos con que: ".) ess fita de recursos se debia de manifestó en los altos nive los de r hg opción al no faner ese ingreso, pues se quedan en sus casas y formaban parie de ese gran grupo de analfabetas (.) de alli se crió la necesidad junto con al Presidente de la República de crear un Decuato en el cual se creó los Centros Bolivarianos de Informática que no eran para una escuela en particular, sino que eran una especie de núcleo, de sitos a donde acudian las escuelas a tener una formación inicial en materia de informática: por otra parte, también se creo la Campaña Bolivarians de Alfabetización, porque se estaban dando entonces con estes otras opciones pasos para poder nivelar parta de la problemática educativa. pero era necesario entonces la Campaña Bolivariana de Alfabetización para poder nivelar, toda esa cantidad de niños, niñas, jóvenes y adultos que estaban en situación de analfabetas y entonces paralelo al proceso educativo regular también se tenía que atender esta situación de la Campaña Bolivariana de Alfabetización (...)" Ahora bien, en consideración a lo antes esgrimido, quien decide, considera oportuno realizar las siguientes observaciones, a saber. De la revisión efectuada al expediente administrativo, se evidenció que cursa a los folios 1428 al 1479. informe final de actividades correspondiente al periodo junio 2000 a febrero de 2001. relativo al programa denominado "Campaña Bolivariana de Alfabetización", asi como recortes de prensa que rielan a los folios 1481 al 1493, en los cuales se demuestra la cobertura publicitaria dada por los medios de comunicación social de dicha entidad territorial a la referida actividad educativa. Adicionalmente, en relación a los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática, tenemos que estos fueron creados a través del Decreto N° 1.193, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.137 de fecha 9 de En este mismo arden de ideas, es importante establecer que aún cuando la indiciada presidió la referida Comisión en el estado Anzoátegui sobre los programas de alfabetización y aunado a ésto, se hayan creado Centros Bolivarianos de Informática y Telemática, con el fin de fortalecer la educación en Venezuela, con motivo de la implementación de las politicas gubernamentales que en materia educativa se ejecutaron durante los años 200D y 2001, tal y como lo afirmó la precitada ciudadana en su escrito de indicación de pruebas y en el marco del Acto Oral y Público, éstos planes educativos, referencia, en su planificación presupuestaria para los ejercicios fiscales antes aludidos. para asi comprometer y causar en los términos previamente programados, los gastos a los ésta hizo mención; aunado a lo anterior, las situaciones expuestas por la indiciada no constituyen punto controvertido en la presente causa, toda vez que se cuestiona el hecho de haber adquirido materiales, suministros y maquinaria, sin que se hubiesen agotado los mecanismos de selección de contratistas previstos en las Leyes de Licitaciones aplicables ratione temporis. Razones éstas que conllevan a quien decide la presente causa, a desestimar los alegatos planteados por la defensa. Y asi se decide. En cuanto a la "Atención a los alumnos y docentes damnificados" la indiciada manifestó en su escrito de indicación de prueba de fecha 26 de agosto de 2011 el cual cursa a los folios 2427 al 2457, que: ".) Obviamentie, la tragedia ocurrida en el pais en diciembre de 1.999 incidiò en el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes que vivian en las zonas del desastre, y en menor medida tambiên afectó a los que estudiaban () reue n ny e n Estado Ancoilegui migraron inicialmente aproximadamente 829 estudiantes. i n e Anzoátegui en los refugios habilitados por ellos, para atender a las familias damnificadas procedentes del Estado Vargas, estas cifras variaron en la medida en que continuarán enviando más familias al Estado. En tal sentido puse en práctica un-plan de emergencia como lo ameritaba la catástrofe ocurrida en sbonde se efectuaron las siguientes actividades: 1. Reunión con los Jefes de Distritos Escolares y los Jefes de División de la ZE.A. 2. Se clasifiaron los alumnos por nivel y grados de estudio, determir mnos de Nivel de Preescolar. Nivel de Básc I Il Ill etapa y que habían al del Nivel de filedia Diversificada. página original (tal como se publicó) [Página 33] 4. Se planificó, diseñó y puso en marcha la "Escuela de Emergencia en la Base Aérea Teniente Luis del Valle Garcia" para atender una población de 224 alumnos, 77 de Bâsica 1 y I Etapa y 147 del Nivel de preescolar. 5. Se veló por garantizar el ingreso a 870 alumnos de la población (aún sistema educativo, tanto en planteles públicos como privados del Estado Anzoátegui. 6. Participación activa en la elaboración de Planes Operativos estratégicos para brindar atención a la población de damnificados en los diferentes refugios (870) personas a través de las Coordinaciones de Difusión Cultural, Diseño Cumcular, Educ. Preescolar, Coord. de Deportes y especialmente Bienestar Estudiantil (Orientadores, Médicos. Psicólogos). 7. Se participó activamente en la inserción de los trabajadores del Ministerio de Educación. Cultura y Deportes afectados por la tragedia para garantizarles 8. Participación activa en la recolección de materiales didácticos para la población de damnificados. Es ciaro, que para situaciones de catástrofe como esta, no se tiene previsto ningún tipo de presupuesto que conduzcan a licitación alguna, tal y como lo plantea la Ley de Licitaciones Gaceta Oficial N° 37.097 del 12 de diciembre de 2.000, en su articulo N° 81, Numeral N° 5 "Cuando se interior o exterior, asl como en caso de emergencia comprobada dentro del respectivo organismo o ente" Como producto de la tragedia los niños, niñas y adolescente ante la carencia de útiles escolares, vestido y calzado, la Zona 05-11-005 de la Contraloría General de la República) (..)" Adicionalmente, tenemos que en el Acto Oral y Público. asi como en escrito consignado en el marco dei desarrolo de la audiencia en referencia, la precitada ciudadana alegó con respecto a la emergencia acaecida en el año 1999, lo que continuación se indica: "() Paralelo a esto, entonces surge como le dije al principio, una cuales no escapaba Anzoátegui. una seri en de alumnos que atender, que una vez que se intento tratarios de ubicar en las escuelas establecidas y al ver que esto no, no era posible porque se había rebasado nuestras aulas. particular se crearon dos escuelas, una en la base aérea que queda en Barcelona "Teniente Luis del Valle Garcia" y otra escuela especificamente conocido como el Tigrito, en el sector de San Antonio, la escuela se llama Barcelona la escuela se creó en una base aérea, como es de suponer. esto requiere de una dotación minima, requiere pupitres, requiere recursos humanos (..)" Sobre la defensa antes planteada, quien decide, considera necesario aclarar, que en ningún momento este Organismo Contralor desconoce la emergencia acaecida en el año 1999 en el estado Vargas y, en otros estados del pals como bien hizo alusión la indiciada en su escrito de indicación de pruebas y en el Acto Oral y Público. por lo que cabe constitucional, previsto en el articulo 190. numeral 6° de la Constitución de año 1961, Capitulo II las cuales establecen las Atribuciones del Presidente de la República, dictó el Decreto N° 577 el 15 de diciembre de 1999. publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.851 en la misma fecha, declarando en Estado de Emergencia Nacional. todas aquellas entidades federales que sufrieron los efectos inmediatos del fenómeno climatológico que en él se señaló. infraestructura vial, ocasionando en algunos casos aislamientos de centros poblados, interrupción de los servicios de electricidad y aguas, asi mismo, quedaron numerosas desaparecidos, por lo que tal situación debía ser atendida inmediatamente. paso a una regulación temporal y extraordinaria que permita superar la circunstancia sobrevenida; por ello, las facultades del Ejecutivo Nacional, en tanto sean ejercidas con implementar, no pueden verse limitadas a un asunto meramente competencial y asl lo ha considerado la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Levis Ignacio Zerpa, en la cual se efectuó una interpretación del artículo 88 numerales 5 y 6 de la Ley de Licitaciones. publicada en la Gaceta Oficial N° 5.556 Extraordinario del 13 de noviembre de 2001, y determinó el alcance e inteligencia que debe atribuirsele al régimen excepcional de "emergencias" previsto en dicha normativa, destacándose en el referido fallo lo siguiente: "(.) Por lo demás, entiende la Sala que la verificación de fenómenos magnitud de la amenaza o perjuicio ocasionado. Asl, si con la finalidad de solventar la situación sobrevenida, a juicio del Presidente de la República, resulta conveniente proceder a la declaratoria de un estado de excepción de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución, contrataciones, que garanticen la prestación del servicio eléctrico a la población. Sin embargo, frente a un estado de excepción (estado de alarma o conmoción interior o exterior), conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 88 de la Ley de Licitaciones, el ente prestador del servicio podrá realizar la selección de contratistas a través del mecanismo de Servicio Elêctrico, por cuanto se trata de una atribución propia del Centro Nacional de Gestion del Sistema Eléctrico, la cual podra ejercer, como ya se ha dicho, únicamente en situaciones de emergencia. Liegado a este punto, resulta esencial llamar la atención sobre la facultad discrecional que se concreta en el poder que otorga el indicado dispositivo al organo contratante para hacer uso de esta especial forma de selección de contratistas. Al respecto, debe quedar claro que tomada tal decisión, la máxima autoridad deberá justificar adecuadamente la procedencia de la adjudicación directa mediante acto debidamente motivado. Es decir, no se trata de una facultad conferida sin limitaciones, pues verificado el supuesto a que se refiere el numeral 5 del articulo 88 (0 cualquier otro caso de los señalados en dicho dispositivo, a los cuales es extensible esta suficientemente las razones que motivaron tal decisión. Efectuada la selección del contratista de acuerdo a lo preceptuado en el articulo 88 ibidem. queda entonces a la unidad de auditor la interna del fundamento en las causales señaladas en dicha norma, sin perjuicio de 2.- Por otra parte, se pregunta la solicitante y en este sentido pide se interprete el numeral 6 del articulo 88 de la Ley de Licitaciones-, si puede distintas a las decretadas previamente por el Presidente de la República, deben ser enmarcadas dentro del caso de emergencia comprobada en el apoderados, emergencias intradministrativas), o si por el contrario, puede servicio pueden acudir a una figura autónoma que les habilite a afrontar tales situaciones bajo la via de adjudicación directa, para garantizar la continuidad del servicio. A este respecto, la Sala juzga pertinente destacar en primer lugar, que la que resulta obvio que el supuesto al que alude el mencionado dispositivo que siendo distinta de aquellas previstas en la Constitución (de las cuales se ha hecho referencia suficientemente en la presente decisión), deba ser considerada como emergencia dentro del órgano. En este orden de ideas, a los efectos de la interpretación solicitada, resulta innecesario extenderse en mayores explicaciones en relación a la primera de las aseveraciones realizadas por la peticionaria. No obstante, se estima conveniente hacer referencia a la expresión 'emergencia comprobada dentro del respectivo organismo o ente', habida selección de contratistas a los procedimientos licitatorios. En este sentido, se observa: Dispone el articulo 5, numeral 11 de la Ley de Licitaciones que a los fines de ese texto legal, se define la expresión 'emergencia comprobada' como los hechos o circunstancias sobrevenidas que tienen como consecuencia legisiador ha otorgado a los entes a que se refiere el articulo 2 ibidem, la independientemente del monto de la contratación y siempre que su maxima autoridad justifique adecuadamente tal proceder mediante acto debidamente motivado. en caso de emergencia comprobada dentro de dicho snte. e de Licitaciones. dicha potestad podrá ser ejercida cuando un acontecimiento sobrevenido dentro de éstas (y no especifica el legislador servicio, o amenace con hacerlo; siendo preciso observar que en el último de estos casos, debe surgir en la máxima autoridad del organismo la duda emergencia inter a podria repercutir gravemente en el desarrollo de sus actividades, al punto que el cese total o parcial de la prestación de este servicio público, surja como una consecuencia inminente. En otras palabras, la situación a la cual se refiere la ley como emergencia constituya una amenaza para la continuidad del servicio, ha de acaecer dentro del organismo y tener tal entidad que genere o pueda generar un requiriéndose por tanto la inmediata intervención de sus autoridades a fin de garantizar a la población el goce del servicio de la misma manera que lo recibe en condiciones de normalidad, de modo que si la necesidad o emergencia impone contratar la ejecución de obras o la adquisición de bienes muebies para que el ente realice las funciones que está llamado a preceptuado en el articulo 88, numeral 6 eiusdem. En este punto, resulta motivado, quedando a los entes contralores, la revisión de las medidas ejecutadas por el órgano contratante con fundamento en el supuesto bajo análisis(...)". De lo anteriormente expuesto y. visto que fue un hecho público y notorio, lo ocurrido los días 15 y 16 de diciembre de 1999. por las luvias que afectaron gravemente el sistema social y educativo del estado Vargas y otros estados del pals, como el estado Anzoátegui, quien fue una de las entidades territoriales receptoras, encargadas de atender a un números grupo de alumnos que se trasladaron a esa localidad procedente del estado Vargas y. por el cual, vista la emergencia, se crearon escuelas como la ubicada en la Base Aérea de Barcelona denominada, Teniente Luis del Vale Garcla, y otra en la localidad de San José de Guanipa, El Tigrito, lamada "José Maria Vargas", situación ésta que no esta desconociendo el Organismo Contralor No obstante lo anterior, y visto que es menester contrastar la temporalidad de los hechos que nos ocupan, por cuanto este Máximo Órgano de Control Fiscal no cuestionó las distintas adquisiciones de materiales y suministros, que se pudieron haberse realizado para la fecha en que la Zona Educativa del estado Anzoátegui atendió la emergencia educacional, sobrevenida de los hechos acaecidos en el estado Vargas y otros estados, a saber durante los primeros meses del año 2000. es decir, el correspondiente al año adquisición de materiales y suministros con prescindencia del procedimiento Licitatorio correspondiente, por la suma de doscientos millones seiscientos veinte mil seiscientos sesenta y dos bolivares (Bs. 200.620.862.00) equivalente a doscientos mil seiscientos de diciembre del año 2000, mediante "adjudicación directa", como bien lo reconoció la indiciada tanto en su escrito de indicación de pruebas, como en el marco de la Audiencia Oral y Pública.. página original (tal como se publicó) [Página 34] Lo que evidencio a todas luces. que dichas circunstancias extraordinarias y apremiantes. no pudieron afectar para la fecha de las adquisiciones cuestionadas en su representaron dichas circunstancias un peligro inminente que amenazará con la paralización del año escolar que se encontraba en curso para el momento de las adquisiciones cuestionadas, como erróneamente lo manifestó la indiciada, razones êstas que conlevan a quien decide la presente causa, a desestimar en esta oportunidad los alegatos planteados por la defensa. Y asl se decide. indiciada en escrito de indicación de prueba, adicionalmente alegó que: "(.) los cambios producidos por las Resoluciones y/o Decretos sobrevenidas por el Presidente (.) es decir contempla medidas de orden económico que vienen del Presidente y por ser la educación un servicio Escuelas Bolivarianas". "Reactivación, Modernización y Actualización de- Alfabetización". "Creación de los Centros Bolivarianas de Informática y Telemática". "Atención a los alumnos y docentes damnificados" descritos proceder al pago de inmediato ya qus los recursos estaban Validamente ante tanta premura se procedió a efectuar adquisiciones de los insumos precios en el mercado y atendiendo a las mejores ofertas. y a las adjudicación directa. Ya que el año escolar estaba en curso y no era justo para los niños, niñas y adolescentes la paralización por falta de insumos, tal como se plantea en la Ley de Licitaciones Gaceta N° 5.556 del 13 de recurridos para la continuidad del proceso productivo y del retardo por la apertura de un procedimiento licitatorio y pudiera resultar gravemente adjudicaciones directas"() no se podia paralizar el servicio educativo y de Parágrafo N°7 'Cuando se trate de servicios básicos indispensables para el funcionamiento de la institución. Almacen de la Zona Educativa (. ) Por tanto. los fondos que se utilizaron expediente N° 08-01-05-11-005 en la Contraloria General de la República) Asi tenemos, que en el marco del Acto Oral y Público y en escrito consignado dentro del mismo, la indiciada expuso fundamentalmente que: "(..) ante ésta premura, no fue que no se Licitó sino que fundamentado en las Gacetas que antes mencionó () alli hay una, la del 2000. dice el articulo 81 en su parágrafo 5 y la otra la del 2001 en su articulo 88 en sus numerales 6 y 7. que tiene previsto algunas emergencias. y cuando la situación se deciara en algunas emergencias internas, està prevista las adjudicaciones directas. y entonces eso fue lo que ocurrió, en relación a tanto en el 2001 como en el 2000 (.) pero lamentablemente. lo que yo si actos motivados que es lo único que me falta para haber comprobado y darle forma a toda ésta situación, pero muy lamentablemente la persona nuevos a portes al informe que habia entregado anteriormente y estuve revisando y esto no es como muy conveniente, pero lamentablemente eso me imposibilita a mi a poder demostrar lo de los actos motivados, porque yo a demás de recurrir a la Zona Educativa Anzoátegui, recurrir al Ministerio de Educación quien no tiene ese material(...)" Con respecto a la defensa antes aludida, cabe enfatizar que para que pueda prosperar el supuesto de emergencia alegado por la indiciada, era necesario que se cumplieran con determinados requisitos exigidos por el legislador para que pudiera procederse a la Adjudicación Directa. En este sentido tenemos, que el articulo 81 de la Ley de Licitaciones, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 37.097 de fecha 12 de diciembre de 2000, establecia: independientemente del monto de la contratación, siempre y cuando la máxima autondad del órgano o ente contratante, mediante acto motivado, justifique adecuadamente su procedencia, en los siguientes supuestos: procedimiento licitatorio pudiera resultar gravemente afectada la continuidad del mismo. 2° Si se trata de adquisiciones de obras artísticas o cientificas: 3° Si. según la información suministrada por el Registro Nacional de Contratistas, los bienes o servicios a contratar los produce, vende o presta un determinado bien, servicio u obra excluyen toda posibilidad de competencia; 4° En caso de contratos que tengan por objeto la fabricación de equipos, la cuales los fabricantes y proveedores convienen en producir o suministrar esos brenes, equipos o servicios. 5° Cuando se decrete estado de alarma. de emergencia económica o de conmoción intenor o exterior asi como en caso de emergencia comprobada 6° Si se trata de obras. servicios o benes regulados por contratos resueltos Iicitatono pudieren resultar perjuicios para el ente contratante. 7° En caso de obras, servicios o adquisiciones que por razones de interés ochenta (180) dias, conforme a un plan excepcional de desarrollo económico y social. aprobado previamente en Consejo de Ministros. En Consejo de Ministros se definirán con precisión las obras. servicios y adquisiciones que encargados de su ejecución. Licitaciones publicada en el Gaceta Oficial de la Republica Bollvariana de Venezuela N° 5.556 Extraordinario de fecha 13 de noviembre de 2001, que prevela: Articulo 88: Se puede proceder por Adjudicación Directa. independientemente del monto de la contratación, siempre y cuando la máxima autoridad del organo o ente contratante, mediante acto motivado. justifique adecuadamente su procedencia. en los siguientes supuestos: 1. Si se trata de suministros requeridos para la continuidad del proceso pudiera resultar gravemente afectada la continuidad del mismo. 2. Si se trata de la adquisición de obras artísticas o cientificas. 3. Si. según la información suministrada por el Registro Nacional de Contratistas, los bienes o servicios a contratar los produce, vende o presta competencia. 4. En caso de contratos que tengan por objeto la fabricación de equipos, la suministrar esos bienes, equipos o servicios. 5. Cuando se decrete estado de alarma, de conmoción interior o exterior. 6. En caso de emergencia comprobada dentro del respectivo organismo o ente. 7. Cuándo se trate de servicios básicos indispensable para el funcionamiento de la institución. 8. Se trata de obras o bienes regulados por contratos resueltos o licitatorio pudieren resultar perjuicios para el ente contratante. 9. En caso de obras, servicios o adquisiciones que por razones de interés general deban ser ejecutados en un plazo perentorio no mayor de ciento ochenta (180) dias hábiles, conforme a un plan excepcional de desarrollo económico y social. aprobado previamente en Consejo de Ministros. En Consejo de Ministros se definirán con precisión las obras, servicios y Del análisis de las normas antes transcritas, tenemos que para que se pueda proceder por Adjudicación Directa es necesario que se configure alguno de los supuestos establecidos en las normas citadas. todo lo cual requiere adicionalmente de un acto motivado emanado de la máxima autoridad del órgano o ente de que se trate, que justifique de manera adecuada la realización de tal procedimiento. Ahora bien, conviene acotar que la Ley de Licitaciones vigente para el momento de ocurrencia de los hechos establecia ademas, lo siguiente: máxima autoridad administrativa del ente contratante. se podrá dividir en varios contratos la contratación de una misma obra o la contratación para la adquisición de bienes o la prestación de servicios" suministro o servicio, determine que el procedimiento aplicable es el de conforme a esos procedimientos, aun cuando el monto de la contratación sea inferior a los exigidos en los articulos 76 y 77 de esta Ley" La norma antes trascrita establecia la posibilidad de que, por via de excepción, la máxima autoridad administrativa o el órgano superior del ente contratante, divida o fracción en varios contratos la misma contratación para la adquisición de bienes, siempre que existan de dividir en varios contratos u ordenes de compras una misma obra o adquisición, lo que se ha denominado por la Doctrina "fraccionamiento del contrato". y cuya finalidad es eludir el procedimiento natural de selección de contratista para la adquisición de bienes, contratación condición de Cuentadante de la referida Zona Educativa, fracción las compras realizadas según se evidencia en la relación de las órdenes de compras, cursante a los folios 2381 al 2391, sin justificar dichas adquisiciones tal y como lo plantea el articulo 34 uf supra trascrito, procedimiento de licitación, el funcionario ineludiblemente, debera proceder a realizar el procedimiento correspondiente para la selección de contratistas, previsto en las citadas De igual manera, conviene destacar con respecto a la situación de emergencia invocada por la indiciada, que ha sido criterio reiterado de este Máximo Órgano Contralor, que para que ésta se configure, deben obligatoriamente converger tres (3) elementos o características a saber: imprevisible, daño eventual y la urgencia; no obstante, se desprende de lo alegado, que el Acto Motivado al que se hace alusión en los supra citados articulos 81 debiendo contener los antes citados elementos que caracterizan a la denominada "emergencia comprobada", el carácter imprevisto e imprevisible del hecho o suceso que da lugar a la emergencia, el daño cual o eventual que causa o pueda causar el hecho o solución que debe dársele a este hecho o suceso, a tal punto que no pueda esperase que transcurran los lapsos de duración propios de los procedimientos de Licitación General y Selectiva, regulado en las Leyes de Licitaciones vigentes para el momento de ocurrencia de los hechos. página original (tal como se publicó) [Página 35] En este sentido, se considera oportuno hacer referencia a lo previsto en el numeral 11 del artículo 5 del Decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones, publicada en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.558 Extraordinario de fecha 13 de noviembre de 2001, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, establecía lo siguiente: "Artículo 5. A los fines del presente Decreto Lay, se define lo siguiente: (OMISSIS) 11. Emergencia comprobada: son los hechos o circunstancias sobrevenidas total o parcial de las actividades del ente. (OMISSIS) Como puede observarse, de la norma parcialmente transcrita, ésta hace alusión a la expresión "emergencia comprobada". definiéndola como los hechos o circunstancias sobrevenidas que tienen como consecuencia, la paralización o la amenaza de paralización total o parcial de las actividades del ente, por lo que siendo esto asi, es deber de la máxima emergencia dentro del mismo, a los fines de evitar la suspensión del servicio que éste prestado. En este mismo orden de ideas, es preciso señalar que en el campo del derecho administrativo, urgencia significa "apremiante", "de necesidad impostergable", "de tramitación uno excepcional. La causa por la cual el procedimiento administrativo normal no se presta para alcanzar el fin perseguido está determinado por el factor tiempo, de tal manera, de no conseguirse dicha finalidad en un lapso determinado para la cual la institución normal no era idónea, la meta habrá de dejado de interesar a la administración o hubiere perdido su razón tiempo aunada a la insuficiencia de los procedimientos normales para darle cumplimiento por ser sus plazos incompatibles con la finalidad propuesta. En consecuencia, podemos afirmar que la "emergencia", como supuesto de Licitaciones vigentes, respectivamente, tenían que estar circunscritas a hechos ocurridos internamente en el ente u organismo y cuya calificación como situación de emergencia, tenía la obligación la ciudadana Teresa D'Oliveira, en su condición de Cuentadante de la Zona Educativa del estado Anzoátegui, justificar a través de un acto motivado partiendo de los elementos que caracterizan una emergencia comprobada. la referida Zona Educativa, suscribió las Ordenes de Compra emitidas por el mencionado ente, omitiendo los procedimientos de Licitaciones, previstos en los Decretos con Rango y Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela Nros. 37.097 y 5.556 Extraordinario de fechas 12 de diciembre de 2000 y 13 de noviembre de 2001, respectivamente, aplicables de acuerdo con las datas de las adquisiciones los bienes. En efecto, correspondia realizar convocatoria para una Licitación General y otra Selectiva, de acuerdo a la suma total de cada uno de las órdenes de compras suscritas cancelar dichas adquisiciones eran recursos públicos: y la indiciada como responsable del correspondientes, no garantizó que se contratará en las condiciones más favorables para el Estado. evidencia de las órdenes de compras, cuyo objeto estaba circunscrito a la adquisición de bienes de igual naturaleza, es evidente que las compras de los insumos antes aludidos, identificada, debió ineludiblemente agotar los procedimientos de selección de contratista para la adquisición de los bienes señalados con anterioridad. No obstante la referida ciudadana manifestó que "(..) ante ésta premura, no fue que no se Licitó sino que fundamentado en las Gacetas que antes mencionó (..) ll hay una, la del 2000, dice el articulo 81 en su parágrafo 5 y la otra la del 2001 en su articulo 88 en sus numerales 6 y 7, que tiene previsto algunas emergencias, y cuando la situación se declara en algunas emergencias internas, está prevista las adjudicaciones directas, y entonces eso fue lo que ocurrió", razón por la que en relación al aspecto debatido en la presente causa, lejos de desvirtuar la irregularidad, la confirma, por lo que, quien suscribe, reproduce lo expuesto respecto a la aplicación de atenuantes al momento de cuantificarse el monto de la multa correspondiente. Y asi se decide. Ahora bien, en lo que respecta a la imposibilidad de poder demostrar a través de los referidos actos motivados por ella elaborados, en su condición de Cuentadante de la referida Zona Educativa, ésta manifestó que acudió a varias instancias, entre ellas el Ministerio de Educación sin poder ubicar los mismos. Sobre el alegato antes planteado, es importante puntualizar el valor probatorio de los informes realizados por este Órgano Contralor, los cuales tiene su fundamento legal en lo establecido en el articulo 124 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.017 Extraordinario del 13 de diciembre 1995, vigente para el momento de ocurrencia del hecho irregular, que disponía: Articulo 124: "Las diligencias efectuadas por la Contraloria, Incluida la testimonial, tiene fuerza probatoria mientras no sean desvirtuadas en el debate Judicial (..) (Destacado nuestro)". Dicha norma, se mantiene redactada en idénticos términos en la Ley Orgánica de la Contralorla General de la República y del sistema Nacional de Control Fiscal (cuya reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010), en su artículo 83, el cual es del tenor siguiente: Articulo 83: "La Responsabilidad Penal se hará efectiva de conformidad Las diligencias efectuadas por los órganos de control fiacal, incluida la prueba testimonial, tienen fuerza probatoria mientras no sean desvirtuadas en el debate judicial."(Destacado nuestro) De la transcripción de las normas antes mencionadas, se observa que el legislador Máximo Organismo Fiscalizador, haya logrado acumular u obtener durante ei procedimiento investigativo; esto tiene gran importancia a los efectos, de asignar eficacia a la tramitación administrativa de los procedimientos, ya que de ésta manera ellas constituirian un fundamento serio y de valor que necesariamente habrán de ser consideradas y ponderadas en plenitud de las instancias judiciales. Así lo admitido, la extinta Corte Suprema de Justicia, actualmente Tribunal Supremo de Justicia, al afirmar como documentos públicos, en cuanto al valor probatorio que debe dárseles en juicio. En tal sentido, cabe aclarar que la Dirección de control del Sector Infraestructura y Educativa en referencia, recabó todas las evidencia que soportan el hallazgo que dió origen al presente procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades. no obstante, dentro de éstos soportes documentales no se encontraron los referidos actos Ahora bien, es importante enfatizar, que independientemente que la indiciada hubiere elaborado los actos motivados ut supra indicados, de la revisión efectuada al expediente administrativo no se evidenció, que tales actos administrativos justificaban las adquisiciones de los bienes por ella realizada, pues no había a criterio de quien suscribe. para ese momento una amenaza de paralización de las actividades escolares ya que, como ya se ha mencionado a lo largo de la presente decisión, era su deber como máxima las compras a efectuar, por lo que la emergencia por ella alegada, carece de fundamento, comprobada establecidos en los articulos 81 y 88 ya citados, durante el ejercicio fiscal 2001 y el semestre complementario 2000, por lo que al no desvirtuar el hecho imputado, se desestima el planteamiento. Y asi se decide. Por otra parte, la ciudadana Teresa D'Oliveira, esgrimió en el escrito de pruebas, que se había iniciado un procedimiento de Licitación indicando: muebles, que por sus caracteristicas y fechas estaban sujetas a procesos licitatorios. cumplo con infirmarles (sic) que durante el periodo (sic) del ejercicio fiscal 2.001 y el semestre complementario de 2.000, se dio inicio a un proceso de licitación para lo cual se nombró una Comisión de Licitaciones de Compras y Servicios de la Zona Educativa del Estado consignaron los recaudos, dicha Comisión la declaró desierta (.)". Asimismo, en el Acto Oral y Público la precitada ciudadana manifestó en forma coincidente con respecto a este aspecto, lo siguiente: "(..) aunque por razones de tiempo intentamos unas Licitaciones en el bueno asl más o menos fueron ocurriendo los procesos (...)" Sobre la defensa antes expuesta, quien decide, considera oportuno hacer algunas consideraciones en relación al procedimiento de selección de contratistas y el procedimiento a.seguir, previsto en el Reglamento de la Ley de Licitaciones, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.830 de fecha 30 de octubre de 1991, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, el cual disponía lo siguiente: Articulo 51: "Los procesos de selección del contratista, promovidos por los sujetos a que se refiere el artículo 2 de la Ley, se harán a través de adjudicaciones directas" nueva saivo que por causas justificadas a juicio de la máxima autoridad directa" máxima autoridad administrativa del organismo o ente licitante. oida la opinión de la Comisión de Licitación, se determine que no es posible iniciar directa". procedimiento a seguir para la selección de contratistas era el siguiente: página original (tal como se publicó) [Página 36] licitación, al igual que la forma cómo se evaluará la misma, la hora y la fecha del proceso, fijada por la Comisión de Licltaciones. previamente elegida por la máxima autoridad administrativa del ente al que hace referencia el artículo 2 de la Ley de Licitaciones; se procedía, a la divulgación de una convocatoria, la cual era publicada por prensa a los fines de que las empresas interesadas en participar en dicho proceso acudieran el día y hora fijado para la apertura del acto. posteriormente, llegado el dia, los miembros de la Comisión de Licitaciones recibirán sobre único por parte de los oferentes, donde manifestarlan su voluntad de participar y los demás anexos de la documentación preliminar relacionada con éstos. presentes: acto seguido, se aclaraban las dudas que pudieran existir sobre las especificaciones técnicas, condiciones generales y sobre cualquier información relativa al proceso de licitación. Seguidamente, se entraba en la etapa de Precalificación y Anáisis de Ofertas, donde se analizada la Información recibida, se comparan entre si y, se emitía una preclasificados por haber cumplido con los requisitos exigidos en la Ley; posteriormente, Comisión de Licitaciones emitía un informe razonado, sobre las ventajas y autoridad encargada de la contratación decidiera emitir la declaratoria de Buena Pro, que no es más que declarar la(s) propuesta(s) que ha(n) obtenido el mayor puntaje dentro del Proceso de Selección o por el contrario declarar desierta la Licitación. decisión a través de un aviso que deberia publicar la autoridad encargada del ente en un diario de los de mayor circulación a nivel local y nacional. Por el contrario, si se otorga la buena pro se notificada de esta decisión al beneficiario de la misma, asi como, a quienes mereclan la segunda o tercera opción (si la hubiere), como a todos aquellos que habían ofertado en el proceso. esencialmente las mismas que en uno de Licitación General, con la única variante que se sustituye el aviso de prensa por invitaciones a participar Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se evidencia, que la indiciada, alegó como argumento de justificación para eximirse de responsabilidad administrativa por los hechos cuestionados, que la Comisión de Licitación respectiva, procedió a dar inicio al procedimiento licitatorio para la adquisición de materiales, suministros y maquinaria de la Zona Educativa del estado Anzoátegui con la cual se pretendió adquirir productos de papel y cartón para la oficina, útiles de escritorio y oficina, materiales de limpieza y materiales de enseñanza, a tales fines. fue publicado aviso de prensa (folio 1385) en la cual consta la manifestación de voluntad contractual administrativa, con la fecha para la recaudación de los requisitos exigidos a los interesados en participar, a saber, para el lapso del 2 al 28 de agosto del 2000, data que si bien, pudiera ser considerada idónea para planificar las adquisiciones que la referida Zona Educativa necesitarla para el inicio del venidero año escolar (200 - 2001), no es congruente en cuanto a las fechas en las que se procedió a adquinr los materiales, suministros y maquinaria cuestionados por este Organismo Contralor, ya que, las órdenes de compras fueron emitidas en fecha posterior, es decir, a partir del 21 de diciembre de 2000 y durante todo el ejercicio fiscal 2001, tal y como se evidencia en el cuadro demostrativo de las órdenes de compras, anexo al auto Por otra parte, se observó que la indiciada, entre otros argumentos manifestó que se declaró desierto el procedimiento de licitación, en virtud de que los oferentes no consignaron los recaudos exigidos por la Comisión de Licitaciones, por lo que visto la situación planteada, se procedió a declarar desierto el procedimiento, sin atender a las demás disposiciones legales que el Reglamento en comento preveía, cuando lo correcto y determinara, que no era posible iniciar otra Licitación General, en cuyo caso se tenia que proceder a efectuar una Licitación Selectiva. y en el supuesto que fuere declarada desierta ésta última, se procedería a adjudicar de manera directa, la adquisición de bienes objetos del presente cuestionamiento: por lo que cabe destacar, quien suscribe, verificó que las etapas antes indicadas no fueron ejecutadas. En adición a lo anterior, de igual manera se pudo evidenciar, que las adquisiciones de los bienes relacionados en las órdenes de compras cursantes en el expediente presuntamente irregular cuestionado inicialmente, a saber, el haber efectuado compras de materiales, suministros y maquinaria Incumpliendo con los Decretos con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones, citadas con anterioridad, de selección de contratistas, para la ejecución de obras, la adquisición de bienes muebles y la prestación de servicios, sin que mediaren la existencia de actos motivados que justifiquen a realización de dichas adquisiciones. en contravención con lo contemplado en la normativa supra citada. En consecuencia, valorado como fue el alegato expuesto por la indiciada en su escrito de indicación de pruebas, quien decide, lo desestima, por carecer Adicionalmente, la precitada ciudadana en escrito de pruebas, asl como en el la recepción a las Órdenes de Pago de manera coincidente que; "El análisis del Semestre Complementario esta (sic) vinculado con el destinadas a financiar las suplencias a empleados, obreros y primas de transporte (Partidas que no pueden ser sometidas a Licitación). Otras tres (3). la N° 58434 fue recibida el -28 de marzo del 2.000, la N° 64223 con fecha 22 puede observarse, por una parte existe un gran desfasé entre el inicio del año escolar el 15 de septiembre de 1.99 a la fecha de Orden de Pago. ya que tanto al inicio como durante el periodo (sic) de actividades escolares se pensum de estudio (.) La otras ocho (8) Ordenes de Pago. se hicieron efectivas entre los meses de diciembre 2.00 y enero 2.001, prácticamente razones de tiempo no fue imposible dictar. lo que condujo al Semestre Complementario del 2.00 (enero a junio de 2.001). lo cual justifica que no se pudieron ejecutar durante el año 2.000, ya que los fondos de la Hacienda Pública solo (sic) pueden utilizarse hasta el 31 de diciembre del año en curso, fecha del cierre del ejercicio fiscal, para lo cual se tuvieron que elaborar con Adquiridos. (.) Por lo tanto, en cuanto a lo que refiere la Contraloria del examen en situ de la Cuenta de Gastos. Ejercicio Presupuestario 2.001 y Semestre Complementario 2.000 con respecto a las Ordenes de Compra emitidas el 21 de diciembre del 2.000 por las razones antes expuestas no se pudieron someter a un proceso de licitación (.) Con respecto al Ejercicio marzo del 2.001, la segunda y tercera del de junio y la cuarta en el mes de escolar habia iniciado el 15 de septiembre del 2.000, lo cual indica que no se contaban con los recursos a tiempo para dar inicio al año escolar (..) diciembre, cuando ya no da tiempo de licitar tomando en consideración el concepto de activos reales, servicios no personales, materiales y suministros y gastos de personal, fueron depositados según la orden de pago N° 3792 y N° 4303. de fechas 13/11/2.001 y 07/11/2.001 respectivamente. (Ver folios General de la República). Cabe destacar además que las ordenes N° 876 de Remuneración de Nómina y N° 3033 para pago de Medicinas, Gastos Sobre la defensa antes expuesta, quien suscribe, observó de los soportes cursan en el expediente administrativo órdenes de pago en las que se evidenció que algunas de éstas estaban destinadas a financiar las suplencias a empleados, obreros y primas de transporte, las cuales cursan a los folios 1276, 1278, 1280 al 1283 y 1286; sin embargo, las mismas, no guardan relación alguna con los hechos imputados ni se enmarcan dentro de lo cuestionado por este Organismo Contralor en el Auto de Inicio de fecha 27 de junio de 2011. En este sentido, cabe destacar, que la ciudadana llamada al presente procedimiento administrativo, no puede sustentar como causa de justificación para adjudicar de manera motivado alguno, al "desfase" al que hace alusión, en la recepción de las órdenes de pago por afirmación tiene su fundamento en las Leyes de Presupuestos vigentes para el momento de ocurrencia de los hechos, por lo que, al reconocer la indiciada que procedía a (..) efectuar adquisiciones de los insumos con diversos proveedores de bienes y servicios, buscando los mejores precios en el mercado y atendiendo a las mejores ofertas, y a las posibilidades de espera de pago que oscilaba desde 30 hasta 120 dias por adjudicación directa (.)". quien pudo haber cumplido fielmente con los procedimientos previstos en materia de selección de contratistas. ya citados y de esta manera ejecutar el presupuesto con apego a los principios administrativos y limitaciones que prevé las Leyes que regulan la materia y su Reglamento, vigentes para el momento de ocurrencia de los hechos, el cual en su articulo 5, prevela: Articulo 5°.A los fines de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley, para previstos los recursos correspondientes a la contratación que se promovente o en cualesquiera otros instrumentos legales que prevean la obtención de los recursos necesarios para atender los compromisos a asumir. Cumplidos los lapsos a que se refiere el articulo 54 de la Ley y no existiendo disponibilidad presupuestaria, el ente promovente se presupuestaria. Confqrme a lo dispuesto en este Reglamento si a los seis (6) meses de la orden de suspensión no se ha producido la disponibilidad requerida, el procedimiento se considerará terminado. prestarse con cargo a más de un ejercicio presupuestario, se podrá iniciar presupuestaria sea inferior al monto total de la obra, suministro o servicio. otorgamiento de la buena pro, sea superior a los recursos asignados en el disponibilidad requerida en este atículo, cuando ella cubra la contratación página original (tal como se publicó) [Página 37] GACETAOFICLALDE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 6.069 Extraordinario Siendo esto así, y sin lugar a equívocos, de la norma ut supra citada se evidencia. que la ciudadana en cuestión, en su condición de cuentadante de la Zona Educativa del estado Anzoátegui, no previó una adecuada planificación en cuanto a la ejecución del presupuesto asignado, pues se desprende de la Orden de Pago N° 180450 de fecha 18 de septiembre del año 2000 y de la Autorización Anual para Comprometer N° 153 de fecha 14 de agosto de 200, la cual forma parte de la misma, que el Organismo Rector en materia educativa, le asignó a la partida 4.02 denominada Materiales y Suministros, un ochocientos doce bolivares (Bs. 544.247.812) equivalentes a quinientos cuarenta y cuatro 544.247.81). asimismo se constató que en la Distribución Institucional del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio Presupuestario 2001. le fue asignado a la referida Zona Educativa, a través de la referida partida presupuestaria la cantidad de seis mil quinientos noventa y un mil millones ciento treinta mil ciento noventa y nueve bollvares (Bs. 6.591.130.199) equivalentes a seis millones quinientos noventa y un mil ciento treinta bollvares fuertes con diecinueve céntimos (Bs.F. 6.591.130,19). lo cual demuestra a todas luces. que la indiciada si tenia presupuesto asignado para realizar previo agotamiento de materia educativa que requeria el ente a su cargo. De lo antes expuesto. queda demostrado que la indiciada contaba con una previsión de recursos, con los cuales pudo haber realizado los procedimientos de Licitación respectivos. y de èsta manera dar cumplimiento a los tres pasos ineludibles que intervienen en la ejecución del gasto público, a saber, compromiso (acto administrativo adoptado o por un funcionario competente , mediante el cual éste asume en nombre de la institución que representa una obligación, que afecta a los fondos públicos en nombre de eila). causación (momento cuando se genera la obligación de pagar, ya sea por la pago (cancelación de la obligación validamente adquirida). en razón de los razonamientos antes expuestos. se desestima la defensa antes esgrimida. Y así se decide. Por otra parte, la ciudadana en cuestión, en escrito de alcance, consignado ante la Dirección de Determinación de Responsabilidades en fecha 01 de septiembre de 2011. Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. en relación con el articulo 91 del Reglamento de la aludida Ley. esgrimió lo siguiente: "..) En cuanto a los remanentes de Fondo en Avance y en Anticipo que no fueron reintegrados al Tesoro Nacional dentro de los lapsos previstos, fue motivado a que deil Nivel Central se reciben fondos en su mayorla en el mes de diciembre (cierre del ejercicio fiscal) para lo cual se tienen que elaborar las relaciones de compromisos validamente adquiridos al termino del ejercicio fiscal. para ser cancelados en el semestre complementano ejecutándose en al cierre del 30-08. por lo que se creyó conveniente esperar para efectuar el reintegro de las dos (2) cuentas. ( ) y poder asi determinar el monto exacto a reintegrar, en si se consideró efectuar un solo reintegro por cada cuenta y no dos (2) que sena lo correcto pero que generaría retraso en la Ejecución Presupuestada ya que como se sabe el complementario también se ejecuta que la ejecución del Presupuesto Fiscal fue efectuada mediante la "Distribución Institucional" del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio Fiscal al cual corresponde (..) En cuanto a Fondos y órdenes de Pagos depositados en la cuenta bancaria para atender fondos de avance cuyo corresponden en los el articulo N° 37. del R.L.O.P. sino a lo previsto en el tardanzas en las reposiciones de fondos de la dirección de finanzas y a los funcionamiento, se tomo prestado provisionalmente de esa cuenta para atender gastos de funcionamiento mientras llegaban los fondos de anticipo con los cuales a su vez se cancelaban los gastos de fondo en avance por un monto igual al tomado por préstamo (..) En cuanto al punto sobre el Orden informarle que estos si presentaban ese orden y estaban organizados y completos para su revisión In Situ por los funcionarios comisionados para su inspección realizada en Almacén de la Zona Educativa, para verificar las no fueron presentadas las tarjetas Kárdex, ni de estantes, sin embargo se pudo constatar la existencia de Actas de salidas de material, fijadas por los Directores de los distintos planteles. Ya para la fecha de mi gestión se Materiales y Suministros establecidos por el Sistema Integrado de Gestión y Control de Finanzas Públicas (SIGECOF). no obstante como pudieron haber observado los funcionados el almacen no cumple con las condiciones minimas de seguridad especialmente en cuanto a vigilancia (.) me di a la tarea de ubicar un local, casa o edificio construido. y comenzar a gestionar ante el extinto MECD hoy MPP para la Educación, alguna alternativa viable en la cual también estaria incluido el almacén. Tal es el caso que para esa época el edificio donde funcionó Corpoven y el Banco de la Construcción de Oriente (BCO), estaba abandonado además era de FOGADE, también muy instalación. gran área de estacionamiento, después de consultar y con la oficinas dependientes de la ZEA, hasta tanto se formalizará la adquisición solicitar una inspección y posterior presupuesto a FEDE (..) En cuanto al Inventario de Bienes Nacionales. para esa fecha si estaban organizados presupuestario y de personal se tenia. Además se estaban adecuando al Sistema SIGECOF. los mismos eran enviados regularmente al Nivel Central suministrando 1 l En cuanto a la observación de que no fueron presentados los comprobantes originales de inversión presupuestaria por la cantidad de 534 249 159.20, cumplo con informaries que estos para el 2.004. fecha de la Auditona efectuada por la Contraloría se encontraban en el Dpto. de Contabilidad de la ZEA, Iistos y ordenados para el Examen "In Situ". () En cuanto a la no colocación de Fondos en Cuentas de Alto Rendimiento. en cumplimiento del Decreto N° 345, informó que los mismos no se hicieron pnncpalmente motivado al retardo con que se recibian los 37 puntos controvertidos en la presente causa; en virtud que los mismos, no guardan relación con lo cuestionado por este Organismo Contralor, en el Informe Definitivo de Auditoria de fecha 08 de diciembre de 2004. sin embargo, es menester señalar, que una vez recibido en esta Dirección de Determinación de Responsabilidades, el resultado de la actuación de la potestad investigativa a que se contrae la causa, se valoró, revisó y estudió cuidadosamente todos los soportes documentales que soportaban los hallazgos de auditoria y que constituyo la base y fundamento para dar inicio el presente procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, considerándose únicamente como presunto hecho irregular, el haberse efectuado compras de materiales, suministros y maquinaria omitiendo los Decretos con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de junio de 2011, donde se demuestra que la referida ciudadana actúo con prescindencia del Licitaciones. según Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 37.097 del 12 de del 13 de noviembre de 2001, respectivamente. Y asi se decide. mencionado, señaló que: ") En primer lugar, cuando se va a proceder a efectuar una licitación se diferentes fechas y por ende las compras se efectuaron en diferentes fechas que van desde el mes de abni a dicembre, por otra parte dado que el año escolar había iniciado y no se contaba con los recursos tanto para en inicio y necesidades extras que surgieron con la aprobación de decretos advenidos por parte de Presidente. Por lo que con la primera Orden de Pago y a fin de canalizar las necesidades que se tenian en los planteles, las compras se efectuaron por adjudicación directa, ya que el curso del proceso educativo no se podia paralizar. por lo que ser tuvo que proceder a cancelar los Compromisos Validamente Adquindos y asi sucesivamente en la medida en caso en particular no se pueden agrupar aún siendo de la misma categoria adquisiciones efectuadas con diferentes órdenes de Pago y en diferentes invertidos en compras, ya que estos se sucedieron con diferentes órdenes de Resoluciones y/o Decretos sobrevenidos por el Presidente Chávez, a saber: "No pago de matricula". la Creación de EB, la Reactivación, Modernización y Actualización de ETR, la Campaña Bolivariana de Alfabetización, la Creación de los CBIT y la Atención a los Alumnos y Docentes damnificados Por lo que no procede la aplicación del Art. N° 76 de la Ley de Licitaciones (...) aplicación del Art. N° 77 y 72 de la Ley de Licitaciones (...)". En relación al alegato antes expuesto, es pertinente señalar que al momento de convocar a un proceso de licitación, éste debe darse por rubros o categorías semejantes. En adición a lo anterior, es necesario indicar que la agrupación de las órdenes de compras cuestionadas las cuales fueron contabilizadas y totalizadas. por año presupuestario y rubros adquiridos, fue realizada a los fines de demostrar el fraccionamiento de las adquisiciones y la procedimientos de selección contratistas correspondientes, siendo estos hechos, lo cuestionado por este Organismo Contralor en el Auto de inicio cursante en el expediente aparejado al año presupuestano, los mismos son disimiles en cuanto al momento de iniciarse y cerrase cada uno de éstos. en lo que se refiere al año escolar, este se inicia en el mes de septiembre de determinado año en curso al mes de julio del próximo, y el ejercicio fiscal se inicia el 1° de enero al 31 de diciembre de un mismo año, siendo esto asl, se adquisiciones. por parte de quien fungió como Directoral de la Zona Educativa del estado anteriormente con respecto a la emergencia comprobada y a las acciones que en materia educativa fueron alegadas por la indiciada en sus escritos, razones éstas que conllevan a quien decide la presente causa, a desestimar los alegatos planteados por la indiciada. Y asi se decide. Adicionalmente, la referida ciudadana alegó en escrito de pruebas que: ".) Sin embargo quiero aclara que tal y como lo presentan es el deber ser. pero en la realidad ocurren otras cosas que no permite darte este tratamiento, como por ejemplo lo tarde que bajan los recursos a las zonas educativas . (sic) lo cual afecta notoriamente el comportamiento de las alto volumen de necesidades como la forma tan heterogénea en que llegan los recursos no nos permitió cubrir los a cabalidad (...)" Adicionadamente, la referida indiciada en el Acto Oral y Público planteó de manera retardada, indicando que: "(.) cuando el año escolar comenzaba era el 16 de septiembre y 200, fijense, el año escolar 2000, comenzó en el 99, es decir, comenzó el 16 de septiembre del 99 y culminó el 31 de julio del 2001, a lo que me refiero es que es un año escolar qus está entre dos ejercicios fiscales, el 2001 que termina en diciembre del 2001, esta situación dificulta que a veces, lo que està previsto, lo que es la teoria, se pueda llevar a cabo, me explico. o se pueda llevar a cabo totalmente pues. fijense, sin nos referimos a lo que ocurrió de septiembre del 99 a diciembre del 99 (.) como los aspectos extras que generaron estos decretos aprobados por el Presidente, eso hizo que lo que se tenia previsto desde el año anterior, en un presupuesto, creo que lo aprobaban entre noviembre y diciembre del año 97. eso motivó a que ese presupuesto simplemente se desgastara. página original (tal como se publicó) [Página 38] previstos para esa parte del año y la que continuaba en enero, para poderle hacer frente a todas esas situaciones extras que se generaron, bien cuando llegó a enero, me encuentro con una realidad, ya no tengo como todas esas situaciones extras, que no puedo desmenuzar por el espacio de tiempo, sin embargo yo estoy dejando un informe en donde las con los recursos para continuar con el año escolar, entonces por otra parte, se sabe que el ejercicio fiscal que se aprueba más o menos entre octubre y noviembre. viene bajando a las instituciones más o menos entre los meses de marzo y abril, realmente, yo no podia esperar, de una prioridad absoluta que tiene los niños, era la LOPNA, era los artículos que contempla la Constitución Bolivariana de Venezuela. eran los articulos que En relación al defensa antes planteada, tenemos que destacar que tal y como se manifestó anteriormente, el ejercicio presupuestario difiere del calendario escolar, pues en el primero de los casos se inicia el 1° de enero y culmina el 31 de diciembre, en el caso fiscal se está culminado el año escolar. y a la mitad del semestre se está iniciando un nuevo año escolar, y no como erróneamente lo manifestó la indiciada en el acto oral y público, que el año escolar se inició en el mes septiembre de 1999 y culminó en el mes de julio de 2001. expuestas en relación al envió y recepción de los recursos por parte del ente Ministerial rector en la materia educativa, en el sentido que la precitada ciudadana, debió con suficiente anticipación y con fundamento tanto en la Ley de Presupuesto como en las cumplimiento a la ejecución del gasto público, lo que lleva implicito que debió ineludibiemente planificar las adquisiciones de los bienes que requería el ente a su cargo, por lo que, quien suscribe, desestima el argumento antes expuesto. Y asi se declara. de 2011, la indiciada consigno escrito en el cual indico entre otros particulares, lo siguiente: "(..) Si como Cuentadante eran atribuciones conferidas a mi responsabilidad y que en aste caso me refiero al Administrador quien lamentablemente falleció, pero que también tenia participación en compras y facturas. Y en otros aspectos relacionadas con las delegue (sic) en el varios aspectos de la administración de acuerdo a sus funciones, según se desprende de las Gacetas Oficiales de la Republica Bolivariana de Venezuela Números 5531(E) (Reglamento Interno del Ministerio del Poder Popular para la el 17/05/2001 y 05/03/2008 respectivamente (...)" Sobre el planteamiento antes expuesto, quien suscribe reproduce el mérito favorable en lo que se refiere al Principio de Legalidad antes expuesto. Cuentadante de la Zona Educativa del estado Anzoátegui, delego la facultad de varios aspectos relacionados en el área de administración, en un Administrador de su confianza, que posteriormente fallecióò. es importante destacar, que los instrumentos legales a los que hizo alusión ut supra, efectivamente están referidos en primer lugar, al Reglamento Interno de Ministerio de Educación. Cultura y Deportes, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.531 de fecha 17 de mayo de 2001 el cual establece en los articulos 180 y 181 numerales 6 y 7 lo siguiente: "Articulo 180: Las Zonas Educativas son órganos desconcentrados del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, adscritas al Vice Ministro de División de Planificación y Presupuesto, la División de Personal, la División de Administración y Servicios, la División de Registro, Control y Evaluación de Estudios. la División Académica, la División de Coordinación con Entes Públicos y Privados Culturales. la División de Protección y Desarrollo Estudianti, la División de Coordinación de los Distritos Escolares, y los Distritos Escolares "Articulo181: Corresponde al Despacho del Director:. (Omisis) 6. Dirigir el personal, los recursos financieros y los bienes asignados a la zona educativa. 7. Rendir cuenta de los ingresos y gastos de la Zona Educativa (Omisis)" Por otra parte, cabe acotar que el Reglamento ut supra citado, se encuentra en Educación, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38. 884 de fecha 5 de marzo de 2008. el cual indica en sus artículos 64 y 66 lo siguiente: desconcentrados del Ministerio del Poder Popular para la Educación, dependen jerárquicamente de la Oficina de Coordinación de las Zonas operativas de carácter técnico administrativo, responsables de la ejecución de la politica educativa, asi como de la administración, organización, funcionamiento y supervisión de los planteles y centros educativos oficiales y_privados pertenecientes a los subsistemas del Sistema Educativo Bolivaniano. ubicados en sus respectivos ámbitos geográficos y atendiendo a la vinculación directa con las comunidades a traves de la participación, preparación, adopción e implementación de las decisiones." "Articulo 66. Las máximas autoridades administrativas de las Direcciones de la Zona Educativas tendrán rango de Directores o Directores de Línea." De las trascripciones de las normas se desprende que las Zonas Educativas. como unidades operativas dependientes del referido ente ministerial, tienen en primer educativo en su respectivo ambito geográfico. y por otra parte, su máxima autoridad son los Directores debidamente designados por el Ministro, por lo que siendo esto asi, la responsable de dicho ente Desconcentrado era la indiciada como Directora de la referida Zona Educativa. Ahora bien, en el caso que nos ocupa tenemos, que contrariamente al argumento confianza la administración de los recursos que recibía a través de las órdenes de pago en las cuales aparecía como destinatario su persona, quien suscribe, debe destacar, que dicha delegación no consta en autos del expediente administrativo y de existir, éste hecho constituye un desplazamiento de su responsabilidad hacia otra persona, en virtud que la única responsable de la administración de dichos recursos era ella en su condición de Cuentadante, según se evidenció de la designación efectuada por el Ministro de Educación, Cultura y Deportes, a través de la Resolución N° 82 de fecha 25 de marzo de 1999. publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.671 de fecha 29 del mismo mes y año (folios 1190 al 1191). Adicionalmente, cabe enfatizar con respecto a este planteamiento, que nuestra legislación consagra a través del Principio de Responsabilidad Individual que el funcionario es responsable por sus actos, hechos u omisiones, dicha disposición se respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, disposiciones éstas que son concordantes entre si, las cuales establecen: derechos garantizados por esta Constitución es nulo, y los funcionarios y empleados públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal. civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores manifiestamente contrarias a la Constitución y a las leyes." "Articulo 121. El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad "Articulo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley. De las normas antes trascritas, se concluye que el ejercicio del Poder Público acarrea la responsabilidad individual de quien lo ejerce. Debe asentarse además, que las normas en cuestión aluden a la responsabilidad por el ejercicio del Poder Público sin discriminar en cuál de las esferas del mismo se produce. por ello debe necesariamente afirmarse que se aplica a todos los Poderes Públicos, es decir, tanto al Ejercicio del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal y dentro de cada una de ellas, a cualquiera de las ramas en que los mismos se ejercen. De alli que, se puede inferi la responsabilidad individual de todos los funcionarios (Ministros, Presidentes de Institutos. Legisiadores. Gobernadores, Administradores, violación de ley, este último, contentivo de una universalidad de situaciones y hechos, que eventualmente podrian generar consecuencias en el ámbito del Derecho Administrativo, para quien se reputa responsables de la correspondiente trasgresión. Por lo que al omitió la indiciada los procedimiento de selección de contratistas, previstos en las Leyes de Licitaciones, antes aludidas, incurrió con su conducta en responsabilidad administrativa que se materializó cuando ésta como funcionario público desplegó una conducta irregular que fue subsumida en el supuesto generador de responsabilidad administrativa previsto en el articulo 113 numeral 1 de la derogada Ley Orgánica de la Contraloria General de la República, todo ello en virtud de lo establecido en el articulo 112 de la Ley que regla las funciones de este Máximo Organo de Control Fiscal. y actualmente mantiene su continuidad en el articulo 91 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en otros instrumentos normativos ya citados en la presente decisión, en razón de lo expuesto queda desvirtuado el alegato planteado. Y así se decide: Finalmente, la ciudadana Teresa D'Oliveira, plenamente identificada en autos, manifestó en su escrito de indicación de pruebas, haber obtenido muchos los logros. 2000 y 2000-2001, y por ende durante el ejercicio fiscal 2001 y el semestre complementario del 2000, contribuyendo en la fase inicial de los procesos de transformación y de cambio que desarrollo de sus descargos, asimismo, hizo mención a que actuó como Funcionario Público. en el estado Anzoátegui, en nombre del Presidente de la República y del Ministro de experiencias y cumpliendo con cada uno de los objetivos que se le encomendó en forma oportuna, con eficiencia, efectividad, responsabilidad, transparencia, honestidad, mucha dedicación y esfuerzo. En razón a los alegatos expuestos anteriormente, quien decide, los desestima, por no ser punto controvertido en la presente causa y no considerarse como fuente de justificación. las condiciones subjetivas que rodean los hechos cuestionados. Y asi se decide. página original (tal como se publicó) [Página 39] ciudadana Teresa D'Oliveir, en su condición de Directora de la supra señalada Zona Educativa y Cuentadante de la Unidad Desconcentrada en cuestión. para el momento de la suscripción de las Ordenes de Compras cuestionadas, no dio cumplimiento a la exigencia impuesta por la Ley que rige la materia, lo cual configura indiscutiblemente un supuesto de responsabilidad administrativa, de conformidad con el numeral 1 del artículo actualmente articulo 91 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Y asi se decide. Analizados como han sido los soportes documentales cursantes en autos, las pruebas producidas por la imputada y los alegatos esgrimidos en el Acto Oral y Público. quien decide ratifica en todas sus partes la imputación formulada en el Auto de Inicio de la presente causa de fecha 27 de junio de 2011, cursantes a los folios 2395 al 2417 del expediente administrativo, a la ciudadana TERESA D'OLIVEIRA, titular de la cêdula de identidad N° V-3.937.105. suficientemente identificada en autos. Y asi se decide. 111 DISPOSITIVA En mérito de los razonamientos precedentemente expuestos. quien suscribe, Director de la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales, actuando por delegación de la ciudadana Contralora General de la República (E). según consta en Resolución N° 01-00-000173 de fecha 19 de agosto de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.032 Extraordinario de fecha 22 de agosto de 2011. conforme a lo dispuesto en el numeral 20 del articulo 2 de la Resolución Organizativa N° 5 de fecha 23 de diciembre de 2003, emanada de este Máximo Órgano de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.881 de fecha 17 de febrero de 2004, invocado por remisión expresa del articulo 6 del mismo instrumento, actuando en atención a la atribución prevista en el artículo 106 de la Ley Orgánica de la reforma se publicó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extracrdinario de fecha 23 de diciembre de 2010. para dictar las decisiones a que se refiere el artículo 103 de la misma Ley. en consonancia con los articulos 97 y 98 del Reglamento de la aludida Ley, reproduce el pronunciamiento realizado en el Acto Oral y Público de fecha 19 de septiembre de 2011, en el Auditorio "Los Contralores", ubicado en el piso 4 del edificio sede de la Contraloria General de la República, a través del cual se emitió el siguiente pronunciamiento: 1.- Se declara la Responsabilidad Administrativa de la ciudadana: a).-TERESA D'OLIVEIRA, titular de la cédula de identidad N° V-3.937.105, en su condición Directora de la Zona Educativa del estado Anzoátegui. durante el año 2000 y 2001. domiciliada en. San Bernardino. Avenida Licenciado Aranda. Casa N° 32. Caracas - Distrito Capital. por el hecho irregular descrito e imputado en el auto de inicio del procedimiento administrativo de fecha 27 de junio de 2011 2.- Tomando en consideración lo dispuesto en el articulo 105 de la Ley Orgánica de la reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° la derogada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, norma ésta vigente procedimiento, asi como, en resguardo del Principio de Iretroactividad de la Ley. contenido en el articulo 44 de la Constitución de la República de Venezuela, vigente para la época de ocurrencia de los hechos, actualmente articulo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. quien decide, en concordancia con el articulo 68 del Reglamento de la Ley Orgánica de Contralorla General de República, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.128 Extraordinario de fecha 30 de diciembre de 1996 y el articulo 37 del Código Penal, vigentes para el momento de la ocurrencia de los hechos, y habiéndose considerado y compensado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 103 de la Ley Orgánica de la Contralorla General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal. (cuya reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010), la circunstancia agravante contenida en el literal "b" y. las circunstancias atenuantes previstas en los numerales 1 y 4. ambas General de la República, vigente para la época, circunstancias referidas a la condición de funcionario público de la declarada responsable en lo administrativo; el no haber incurrido la misma en faltas que ameriten la imposición de multas, durante los tres (3) años anteriores a aquél en que se cometió la infracción y que de los resultados de la actuación fiscal, no se desprende que las circunstancias que motivaron el inicio del procedimiento de determinación de responsabilidades, hayan generado daños al patrimonio público, de Contribuciones, Garantias, Sanciones. Beneficios Procesales o de otra Naturaleza sustituye al salario minimo como factor de cálculo de sanciones por el valor equivalente en bolivares a tres (3) unidades tributarias (U.T), vigente para el momento en que ocurrieron los hechos irregulares, ACUERDA imponer multa por la cantidad de un millón quinientos sesenta y seis mil bolivares (Bs. 1.566.000,00) equivalente a la Cantidad de mil quinientos sesenta y seis bolivares fuertes (Bs. F. 1.566,00) a la ciudadana TERESA D'OLIVEIRA, plenamente identificada en autos, en su condición de Directora de la Zona Educativa del estado Anzoátegui, adscrito al extinto Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, actual Ministerio del Poder Popular para la Educación, teniendo en consideración que el valor de la unidad tributaria para la época, fue establecida en la cantidad de once mil seiscientos bolivares (Bs. 11.600.00) equivalente a once bolivares fuertes con sesenta céntimos (Bs. F. 11,60). vigente para el momento de ocurrencia de los hechos irregulares, según providencia N° 417 de fecha 23 de mayo de 2000. emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). publicada en la Gaceta Oficial N° 36.957 de fecha 24 del mismo mes y año, cantidad ésta que equivale a cuarenta y cinco (45) salarios mínimos que cantidad de ciento treinta y cinco unidades tributarias (135 U.T). TERCERO: Se le notifica a la Ciudadana TERESA D'OLIVEIRA, ya identificada, que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 107 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, cuya reforma se publicó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010. en concordancia con el articulo 100 del Reglamento de la aludida Ley, podrá interponer contra la presente decisión que declara su responsabilidad administrativa Recurso de Reconsideración ante quien decide, dentro de un lapso de quince (15) dias hábiles, contado a partir de que conste por escrito la decisión en el Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal. podrà interponer Recurso de Nulidad por ante el Tribunal Supremo de Justicia, en el plazo de ciento ochenta (180) dias continuos, contado a partir de la fecha de notificación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con el numeral 5 del articulo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. CUARTO: En atención a los principios de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos se ordena la aplicación y formalización de la multa a que se retrotrae el presente auto decisono. QUINTO: En consecuencia del pronunciamiento efectuado en el Acto Oral y Público de presente decisión al Ministerio del Poder Popular para la Educación, a la Dirección General de Control de los Poderes Públicos Nacionales de este Organismo Contralor y, a la Dirección General de Coordinación y Seguimiento adscrito al Despacho del Vice- Ministerio de Planificación y Desarrollo Institucional del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. SEXTO: Publiquese la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Cúmplase. Director e Determinación Respons REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GEMERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Caracas, 24 de enero de 2011 AUTO DECISORIO 200° y 151° 1 NARRATIVA A. ANTECEDENTES Se dio inicio al presente procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades previsto en el Titulo II "De las Potestades de investigación, de las Responsabilidades y de las Sanciones". Capítulo IV "Del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades" articulos 95 y siguientes de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37,347 de fecha 17 de diciembre de 2001, mediante auto de fecha 24 de septiembre de 2010 (folios 333 al 375) en virtud del Informe Definitivo N° 07-01-124 de fecha 28 de noviembre de 2003 y al Informe de Resultados de fecha 16 de febrero de 2004 de la Potestad de Investigación identificada con el N° P1 03-01-13-03, contentivo de los resultados de la Potestad Investigativa practicada en el Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC). llevado por la Dirección de Control de Estados de la Dirección General de Control de Estados y Municipios de esta Contraloría General de la República, ordenada mediante el Oficio Credencial N° 07-01-227 de fecha 29 de octubre de 2003, suscrito por la Directora de Control de Estados. La actuación fiscal estuvo orientada a determinar la legalidad y sinceridad de pagos imputados a la partida presupuestaria 4.03.08.05.00, denominada "Servicios Médicos, Odontológicos y otros Servicios de Sanidad", correspondiente al ejercicio fiscal del año 1999. página original (tal como se publicó) [Página 40] B.- DE LOS HALLAZGOS DE AUDITORIA Y DE LA POTESTAD INVESTIGATIVA De la actuación fiscal practicada a los pagos realizados por el Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, imputados a la partida presupuestaria Sanidad", se desprendió el siguiente hallazgo. Durante el ejercicio fiscal del año 199, se determinó que el Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo le imputó a la partida 4.03.08.05.00 denominada "Servicios Médicos, Odontológicos y otros Servicios de Sanidad". la cantidad total de cuarenta y seis millones quinientos noventa y nueve mil ochocientos dieciséis Bolivares con sesenta y nueve céntimos (Bs. 46.599.816,69).) no obstante, que de acuerdo a su naturaleza, los refendos pagos constituyen gastos de personal. por cuanto los su grupo familiar, por lo cual se concluye que debieron ser imputados a la partida 4.01.07.06.00 denominada "Ayuda para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización de empleados. C.- DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES. ANÁLISIS DEL HECHO Y SUPUESTOS GENERADORES DE RESPONSABILIDAD Una vez narrado el hallazgo determinado en la actuación fiscal realizada, quien suscribe, tiene a bien referirse al hecho presuntamente irregular que se derivaô del análisis del Informe Definitivo N° 07-01-124 de fecha 28 de noviembre de 2003 y al Informe de Resultados de fecha 16 de febrero de 2004 de la Potestad de Investigación identificada con el N° Pl 03-01-13-03, contentivo de los resultados de la Potestad Investigativa ejercida por este Organismo Contralor en el Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del conformado al efecto, las cuales sirvieron de sustento para el inicio y continuidad del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, razón por la que forman parte integrante del expediente administrativo identificado con el N° 08-01-07-10-003. nomenclatura de esta Dirección de Determinación de Responsabilidades, en los términos siguientes: -A- El Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo empleó fondos públicos en finalidades diferentes a las previstas, toda vez que realizó pagos por concepto de asistencia médica a sus empleados y familiares, los cuales fueron imputados y otros Servicios de Sanidad", no obstante, que de conformidad con la naturaleza del gasto, éstos debieron ser imputados con cargo a la partida presupuestaria 4.01.07.06.00 denominada "Ayuda para Medicinas. Gastos Médicos, Odontológicos y de Hospitalización de Empleados". En este orden de ideas, es necesario señalar que de conformidad con el Plan Único de Cuentas', que se encontraba vigente para el momento de ocurrencia del hecho, conceptos de adquisición de bienes y/o servicios prestados por personas jurídicas a favor del ente, en ese sentido cabe destacar que las erogaciones que se efectuaron fueron por concepto de gastos de personal, por cuanto los beneficiarios de los servicios médicos eran funcionanos del Instituto en comento, beneficio extensible a su grupo familiar. y por esa razón debieron ser imputados a la partida 4.01.07.06.00. Es asi como las mencionadas partidas presupuestarias, contengan lo siguiente: -a 03 08. 05.00 Servicios médicos, odontológico y tros servicios de sanidad. Servicios médicos y odontológicos prestados por personas juridicas' -4.01.07.06.0 Ayudas para medicinas. gastos médicos, odontológicos y de hospitalización de empleados. Subvención que se otorga para atender la adquisición de medicinas y el financiamiento de gastos médicos, odontológicos y de hospitalización del empleado o de su grupo familiar Asimiamo, se incluye igual concepto para los funcionarios electos de los organos legislativos nacional y estadal. cuando corresponda" La situación descrita, se produjo durante los siguientes perlodos y por las cantidades totales que a continuación se señalan: 1. Desde el período comprendido entre el 10 de febrero de 1999 hasta el 23 de cantidad total de cuarenta y seis millones quinientos noventa y nueve mil ochocientos dieciséis Bollvares con sesenta y nueve cêntimos (Bs.46.599.816, 69), equivalentes en Bollvares Fuertes a cuarenta y seis mil quinientos noventa y nueve con ochenta y un cêntimos (Bs.F 46.599,81). 2. Desde el periodo comprendido entre el 10 de febrero de 1999 hasta el 25 de abril de 1999. se imputaron a la supra mencionada partida 4.03.08.05.00, la cantidad de doce millones doscientos catorce mil novecientos noventa y nueve con dieciséis céntimos (Bs.12.214.999,16). equivalentes en Bolivares Fuertes a doce mil doscientos catorce con noventa y nueve cêntimos (Bs.F.12.214.99). 3. Desde el periodo comprendido entre el 27 de abril de 1999 hasta el 23 de diciembre de 1999, se pagaron con cargo a la partida 4.03.08.05.00, en comento, la cantidad de treinta y cuatro millones trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos diecisiete Pubicado en la Gaceta Oficai de a Repubt-à de Venezuela N° 4 689 Extraordinano de fecha 02 de febrero de 1994. Bolivares con cincuenta y tres céntimos (Bs.34.384.817.53), equivalentes en Bolivares Fuertes a treinta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro con ochenta y un céntimos (Bs.F.34.384.81). Lo anteriormente señalado se puede observar gráficamente a continuación. PAGOS REALIZADOS POR EL INSTITUTO DE VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO DE BARRIOS DEL ESTADO CARABOBO IMPUTADOS A LA PARTIDA "4.03.08.05.00" NUMERO DE FECHA MONTO BS/BS F COMPROBANTE DE PAGO CON CHEQUE 33491 10-02/99 360.000.00 360.00 33653 25/02/99 498.160.00 498.16 33718 01/03/99 1 199.989.00 1.199.98 01/03/99 33703 570.433,60 570.43 33704 01/03/99 831.040,40 831.04 33817 05/03/99 754.800,00 754.80 34118 26/03/09 1:200 143,47 1.200.14 34261 12/04799 798.300.04 798,39 13/04/99 34281 1.200.000,00 1 200.00 34318 14/04/99 1.070,400,00 1.070.40 14/04799 34319 940.000,00 940.00 34353 20/04/99 1.200. 146,85 1 200.14 34354 20/0499 798.760.00 798.78 34355 20/04/99 792.720.00 792.72 34424 27/04/99 483.040.00 483.04 04/05/99 34529 200.000,00 34897 17/05/99 655.200.00 655.20 17/05/99 34893 115.271.15 115.27 34831 31/05/99 732 000,00 732.00 34867 03/06/99 3 368 453.00 3 368,45 34907 09/06/99 480 000.00 480.00 33472 05/08/09 344.000,00 344.00 38167 18/10/99 522 307.21 522.30 35385 2907795 556.800.00 558.80 35392 2407/99 908.0000 908.00 35464 04/08/99 707 080,89 707.08 35463 04/08/99 502 850,00 502.85 35462 04/08/99 958.607.75 986.80 35544 12/08/99 1 096.368,25 1.096.36. 355F7 17/08/99 218.407.50 218.40 35600 18/08/99 187 758,49 167.15 35688 30/08799 378.783.75 378.78 35797 08/08999 77.285,00 77.26 08/09/99 35805 190,867,50 190.86 35806 080999 45.441.00 45.44 35803 08/09/99 38 650.00 38.65 35804 08/09/99 934 048,00 934.04 35802 0B/09799 101.070,52 101.07 35934 16/05/90 920.083.00 920.08 35913 16/0999 1 00000.00 1.000.00 35982 22/09/99 1.000.000,0 1.000,00 38027 28/09/99 58 235.20 58,23 38021 270599 892.000,00 892.00 36026 27/09/99 1 312 306,05 1 312.39 36072 06/10/99 1 600.000,00 1.600.00 30071 06/10/99 648.173,40 548,17 38083 11/10/99 1 108 310.00 1.108.31 36084 11/10/99 1.000 000,00 1 000.00 36178 19/10/99 190.207,83 190.29 38143 15/10/99 84.00,72 84.08 36200 20/10/99 585 327.35 565.32 38297 28/10/99 1 003 500,00 1 003,50 363386 0B/11/99 123.590,00 123,59 38450 18/11/09 428.400.00 428,40 38451 1B/11/99 839.430,12 839.43 36507 27/11799 911.000.0 911.00 38587 30/11/99 60.009,50 60.96 36586 30/11/99 787.608,09 787,60 36585 30/1199 495.005.00 405.48 36584 30/1199 402.850,40 402.05 38383 30/11/99 598.031.90 598.03 37509 23/12/99 2.000.000,00 2.000.00 37381 20/12/99 438.000.00 438.00 37519 2312/99 1.08.522,85 1.058,52 37518 23/12/99 508.967,50 508.00 37516 23/12/99 306.075.65 308,07 37517 23/12/99 70.550.00 70.55 Sobre el particular planteado, es pertinente mencionar la base constitucional que establece los lineamientos normativos aplicables a la situación antes descrita, y que fueron desarrollados legislativamente, fundamentos que en la actualidad mantienen su continuidad, es asl como el articulo 227 de la derogada Constitución de la República de Venezuela², vigente para la fecha de ocurrencia del hecho mencionado, prescribía lo que a continuación se transcribe: 2 Publicada en Ia Gaceta Ofical de la Republica de Venezueta N° 3 357 de fecha 23 de enero de 1961. página original (tal como se publicó) [Página 41] "Articulo 227. No se hará del Tesoro Nacional gasto alguno que no haya sido previsto en la Ley de Presupuesto. Sólo podran decretarse créditos adicionales al presupuesto, para gastos necesarios no previstos o cuyas paridas resulten insuficientes y sempre que el Tesoro cuente con recursos para atender a la respectiva erogación. A este afecto se requerirá previamente el voto favorable del Consejo de Ministros y la autorzación de las cámaras en sesión conjunta, o, en su defecto, de la Comisión Delegada" El artículo precedentemente trascrito encuentra su correlativo en el articulo 314 de la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela®, cuyo texto es el siguiente: "Articulo 314. No se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la Ley de Presupuesto. Solo podrán decretarse créditos adicionales al presupuesto para gastos necesarios no previstos o cuyas partidas resumen insuficientes, siempre que el Tesoro Nacional cuente con recursos para atender la respecira erogación; a este efecto se requerirà previamente el voto favorable del Consejo de Ministros y la autorización de la Asamblea Nacional o, en su defecto, de la Comisión Delegada." En este mismo orden de ideas, es necesario destacar el articulo 43 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario". vigente y aplicable al hecho antes mencionado, el cual prescribía: "Articulo 43. No se podrán adquirir compromisos para los cuales no existan créditos presupuestarios, ni disponer de créditos para una finalidad distinta a la prevista" (Destacado nuestro). La norma mencionada supra, hace referencia al denominado Principio de Especialización Cualitativa del Presupuesto de Gastos, según el cual no podrán ejecutarse gastos con una finalidad distinta a la prevista en el respectivo crédito presupuestario, lo que traduce en la práctica que no podrán imputarse gastos en una partida que no haya sido prevista para tal fin. Este principio sigue vigente en el articulo 49 siguiente: "Articulo 49. No se podrán adqur compromisos para los cualas no existan créditos presupuestarios, ni disponer de créditos para una finalidad distinta a la prevista' (Destacado nuestro) El hecho descrito, presuntamente podría configurar el supuesto generador de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 113 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República". vigente para el momento de su ocurrencia, el cual establecia: "Articulo 113 Son hachos generadores de responsablidad administrativa. mente de la responsabilidad cvil o penal a que haya lugar, además de los previstos en el Titulo IV de la Ley Orgsnica de Salvaguacda del Patrimonio Público, los que se mencionan a continuación (OMISSIS) 12. El empleo de fondos pubicos en finalidades diferentes de aquéllas a que estuvieren destinados por ley. por reglamento o por acto administrativo. (OMISSIS) Supuesto que se mantiene en el numeral 22 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal", el cual establece: "Articulo 91. Sin perjuicio de la responsabidad civil o penal, y de lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación. (OMISSIS) 22. el empleo de fondos de alguno de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del articulo 9 de esta Ley en finalidades diferentes a aquelas a que estuvieron destinados por Ley, regiamento o cualquier otra norma, incluida la normativa intema o acto administrativo. (OMISSIS) El ilicito administrativo precedentemente señalado, se configura cuando un funcionario público que actúa con facultad legal de disponer de los bienes de los que es responsable, les da una aplicación diferente de aquella a que estuvieron destinados. Dicho funcionario público, debe ser el encargado de ordenar su empleo o de destinarlos directamente al objetivo que le ha sido asignado. RELACIÓN DE CAUSALIDAD Y ELEMENTOS PROBATORIOS Órgano de Control Fiscal, resulta necesario verificar la participación de los funcionarios públicos yfo particulares en la comisión de los mismos: -A- Relación de Causalidad del ciudadano PEDRO ANTONIC CARRANZA CABRERA El ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, titular de cédula de identidad N° 4.034.845, se desempeñó como Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, durante el periodo comprendido entre el 01 de abri de 1997 y el 22 de febrero de 2000, de acuerdo a la certificación de cargos expedida en copia debidamente certificada por el Instituto, teniendo por la naturaleza de su cargo, entre otras, las funciones de organizar y controlar la administración del presupuesto de ingresos y gastos del Instituto en comento. 3 Publicada en la Gaceta Ofical de a Repiblca Bolvrana de Venezueta h° 36.850 de fecha 30 de diciembre de 1o. Publicada en Gaceta Oicial de la Republica de Venezuela N° 4 718 Extraordinario de fecha 26 de abril de 1994, asi como publicada en la Gaceta Ocal d a Repubica de Venezueta N°5 358 Extraordinario de fecha 29 de junio de 1999. Pubicada en la Gacets Ofical de la Repubica Boivarana de Venazucl I° 39 465 de lecha 14 de julo de 2010. o Publicada en Gaceta Olicial de la Republica de Venezuels N° 5 017 Extraordinario de fecha 13 de diciembre de 1995. 7 Publicada en Gaceta Oficial de la Repblica Bolivanana de Venezuels N° 37 347 de fecha 17 de diciembre de 2001 En ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera presuntamente empleó fondos públicos en finalidades diferentes a las previstas, toda vez que realizó pagos por conceptos de asistencia médica a empleados y familiares del Instituto en comento, imputados a la partida presupuestaria 4.03.08.05.00 denominada "Servicios Médicos, Odontológicos y otros Servicios de Sanidad", sin embargo, de conformidad con la naturaleza del gasto, debieron ser imputados con cargo a médicos, odontológicos y de hospitalización de empleados", no obstante, lo previsto en el ocurrencia del hecho mencionado, establecia que no se podrán disponer de créditos presupuestarios para una finalidad distinta a la prevista. La situación antes descrita se produjo desde el período comprendido entre el 10 de febrero de 1999 hasta el 23 de diciembre de 1999, por la cantidad total de cuarenta y seis millones quinientos noventa y nueve mil ochocientos dieciséis Bolívares con sesenta y nueve céntimos (Bs. 46.599.816,69), equivalentes en Bolivares Fuertes a cuarenta y seis mil quinientos noventa y nueve con ochenta y un céntimos (Bs. F. 46.599,81), la mencionada cantidad se encuentra discriminada gráficamente de la siguiente manera: NUMERO DE FECHA MONTO BS/BS.F ROBANITE DE PAGO CONCHEQUE 10/02/89 360.000.00 33491 33653 25/02/99 498.160.00 495,16 33718 0103/99 1. 109.909,80 1 199.98 33703 01/03/99 570.433,60 570.43 33704 0103/99 B31 046,40 831.04 33817 05/03/99 754.800,00 754.80 34118 26/03/99 1 200.143,47 1 200.14 34201. 12/04/99 708.300.04 798,39 34281 13/04/99 1.200.000.00 1200.00 34318 14/04/99 1.070.400.00 1 070,40 34319 14/04/98 940.00,00 940,00 34353 1.200.140.85 20/04/99 1.200.14 34354 200499 798.780.00 798,78 20/04/99 34355 792.720.00 702,72 3424 277104/99 483.040,00 483.04 34529 04/05/99 200.00,00 200.00 17/05799 34697 655 200.00 655 20 17/05/19 3463 115.271,15 115,27 31/05/19 34831 732.000.00 03/0619 34667 3.360,45 34907 09/06/99 480 00,00 480.00 364.000, 0 05/0879 36472 344.00 18/10/99 522.307,21 38167 522.30 35285 2907/99 556.800,00 556.80 35392 29/07190 35404 04/086/99 707.080,80 707,08 35463 04/08/99 502.850,00 35402 04/08/19 988.60 35546 12/08/99 35577 17/08699 218.407,50 218.40 35600 18/08/99 167.758,49 167.15 35680 30/08/99 378.783.75 376.78 77 285.00 35797 08/09/99 77.26 35805 08/09/99 190.867,50 190.08 35806 45.441,00 08/09/99 45.44 30560.00 35803 08/09/99 38,05 35804 08/09/99 934 048,00 934.04 35802 0B/09/99 101.070,52 101.07 35934 16/099 820 083,00 920.08 35913 100000 16/099 35982 22/09/99 1.000.00,00 1.000.00 36027 28.09790 58,235.20 58.23 30021 822 000,00 270899 892.00 36026 27/009 1.312.308,05 1 312 30 06/10/99 36072 1.00.000.00 1.800.00 36071 06/10/99 048.173.48 648,17 38003 111099 1.108.310.00 1.108,31 11/1099 36084 1.000.000,00 1.000.00 100.297,83 191099 36178 190 29 15/1099 36143 84.060.72 84.00 36200 20/10/99 565.327,35 585,32 36297 20/10/99 08/1199 36336 123.590,00 123.59 36450 18/11/99 428.400.00 428,40 36451 18/11/99 839.430.12 839.43 36507 27711/99 911.000,00 911.00 36587 30/11/99 80.089,50 60.88 36586 30/11/99 36585 3011/99 495.480 36584 30/1199 492 850,40 58050 36583 30/1199 37509 23/12/99 2 000.0 37381 20/12/99 438.900.00 438.90 37519 23/12/99 1 058.522.85 1.058,52 37518 23/12/99 506.967,50 586.96 306.075.65 37516 25/12199 37517 23/12/99 B Publicads en Gaceta Oical dela Repblic de Venezuels no a 718 Extraodinro e leca 28 de abrl de 194, asi como la publicada en la Gaceta Oficil de la Repúbica de Venezuela N° 5 358 Extraornaro de fecha 29 de junio de 199 página original (tal como se publicó) [Página 42] administrativa, a tenor de lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 113 de la Ley ocurrencia, el cual establecia: "Articulo 113 Son hechos generadores de responsabilidad administrativa, independientemente de la responsabidad cvil o penal a que haya lugar, además de los previstos en el Tituo IV de la Ly Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Púbico, los que se mencionan a continuación. (OMISSIS) 12 El empleo de fondos pobios e finalidades didentes de aquélla que estuvieren destinados por ley pr reglamento o por acto administrativo. (OMISSIS)" la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal", el cual establece: "Articulo 91. Sin perjuicio de la responsabidad cilo penal, y de lo que dispongan otras leyes. constituyen supuestos generadores de responsabidad administrativa los ados, hechos u omisiones que se mencionan a continuación: (OMISSIS) 22. el empleo de fondos de alguno de los entes y organismos señalados an los numerales 1 al 11 del articulo 9 de esta Ley en fnaidades diferentes a aquellas a que estuvieron destinados por Ley. Los elementos probatorios que demuestran la comisión del hecho presuntamente irregular descrito. y la participación del ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera en el mismo, son los siguientes: 1. Informe Definitivo N° 07-01-124, de fecha 28 de noviembre de 2003. (folios 3 al 14). 2. Informe de Resultados de fecha 16 de febrero de 2004, de la Potestad de Investigación (folios 319 al 330). 3. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 33491, de fecha 10 de febrero de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de trescientos sesenta mil Bolívares con cero céntimos (Bs. 360.000,00) equivalentes en Bollvares Fuertes a trescientos sesenta con cero céntimos (Bs. F 360.00). por concepto de cancelación de servicios médicos realizados (legrado uterino). imputados a la partida N° 4.03.08.05.00. (Folio 51). 4. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 33653, de fecha 25 de febrero de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de cuatrocientos noventa y ocho mil ciento sesenta Bolívares con cero céntimos (Bs. 498.160.00), equivalentes en Bolívares Fuertes a cuatrocientos noventa y ocho con dieciséis céntimos (Bs. F 498,16), por concepto de adenoides), imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 52). 5. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 33718, de fecha 01 de marzo de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de un millón ciento noventa y nueve mil novecientos ochenta y nueve con ochenta céntimos (Bs. 1.199.989,80), equivalentes en Bolívares Fuertes a mil ciento noventa y nueve con noventa y ocho céntimos (Bs. F 1.199,98). por concepto de servicios médicos por intervención quirúrgica de apendicitis aguda, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 53). 6. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 33703, de fecha 01 de marzo de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su _condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de quinientos setenta mil cuatrocientos treinta y tres Bolivares con sesenta céntimos (Bs. 570.433,60), equivalentes en Bollvares Fuertes a quinientos setenta con cuarenta y tres céntimos (Bs. F 570,43), por concepto de servicios médicos por hospitalización (hipertensión severa). imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 54). 7. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 33704, de fecha 01 de condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de ochocientos treinta y un mil cuarenta y seis Bolivares con cuarenta céntimos (Bs. 831.046,40), equivalentes en Bolivares Fuertes a ochocientos treinta uno con cuatro céntimos (Bs. F 831,04), por concepto de servicios médicos por cesárea, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 55). 8. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 33817, de fecha 05 de condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. por un monto de setecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos Bollvares con cero cêntimos (Bs. 754.800,00), equivalentes en Bolivares partida 4.03.08.05.00. (Folio 56). 9. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número. 34118, de fecha 26 de marzo de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento 9 Pubicada en Gaceta Ofciald Ri- de Venezela 17 Extraorinario de feca 13 diciembre de 195. 10 Pubicda enla Ofical lR.ica Bolvrana de Véneziel N° 37 34 de feca 17 d diciembre de 2001. de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de un mlln doscientos il ciento cuarenta y tres Bolivares con cuarenta y siete céntimos (Bs. 1.200.143,47), equivalentes en Bolívares Fuertes a mil doscientos con catorce céntimos (Bs. F 1.200,14). por concepto de servicios médicos por intervención quirúrgica, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 57). 10. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34261, de fecha 12 de abril de 199,firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de setecientos noventa y ocho mil cuatrocientos Bolivares con cero céntimos (Bs. 798.400,0), equivalentes en Bollvares Fuertes a setecientos noventa y ocho con cuarenta céntimos (Bs. F 798,40). por concepto de cirugia 11. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34281, de fecha 13 de abril de 199, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de un millón doscientos mil Bolivares con cero céntimos (Bs. 1.200.000.00), equivalentes en Bolivares Fuertes a mil doscientos con cero céntimos (Bs. F 1.200.00). por concepto de intervención quirúrgica por tumor de muñeca izquierda, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 59). 12. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34318, de fecha 14 de abril de 199, fimado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. por un monto de un millón setenta mil cuatrocientos Bolívares con cero cêntimos (Bs. 1.070.400,00), equivalentes en Bollvares Fuertes a mil setenta con cuarenta céntimos (Bs. F 1.070.40). por concepto de gastos médicos, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 60). 13. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34319, de fecha 14 de abril de 199, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios céntimos (Bs. 940.000.00). equivalentes en Bolivares Fuertes a novecientos cuarenta con cero céntimos (Bs. F 940,00). por concepto de cancelación de 80% de gastos médicos por 14. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34353, de fecha 20 de abril de 199 firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de un millón doscientos mil ciento cuarenta y seis Bolívares con ochenta y cinco cêntimos (Bs. 1.200.146,85), equivalentes en Bollvares Fuertes a mil doscientos con catorce céntimos (Bs. F 1.200,14). por concepto de colecistectomia por laparoscopia, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 62). 15. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34354, de fecha 20 de abril de 199, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. por un monto de setecientos noventa_y ocho mil setecientos sesenta Bolivares con cero céntimos (Bs. 798.760,00). equivalentes en Bollvares Fuertes a setecientos noventa y ocho con setenta y seis céntimos (Bs. F 798,76), por concepto de gastos médicos por cesárea, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 63). 16. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34355, de fecha 20 de abril de 199, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de setecientos noventa y dos mil setecientos veinte Bolivares con cero céntimos (Bs. 792.720,00). equivalentes en Bolivares Fuertes a setecientos noventa y dos con setenta céntimos (Bs. F 792,70). por concepto de servicios médicos por intervención quirúrgica, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 64). 17. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34529, de fecha 27 de abril de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de doscientos mil Bollvares con cero céntimos (Bs. 200.00.00), equivalentes en Bolivares Fuertes a doscientos con cuatro céntimos (Bs. F 200.00), por concepto de cancelación de 80% de servicios médicos realizados, imputados 18. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34697, de 17 de mayo de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de seiscientos cincuenta y cinco mil doscientos Bolivares cincuenta y cinco con veinte céntimos (Bs. F 655,20). por concepto de gastos médicos por hernioplastia umbilicar. imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 67). 19. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34693, de fecha 17 de mayo de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barríos del Estado Carabobo, por un monto de ciento quince mil doscientos setenta y dos Bolívares con cero céntimos (Bs. 115.272,00), equivalentes en Bolívares Fuertes a traumatismo, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 68). 20. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34831, de fecha 31 de mayo de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. por un monto de setecientos treinta y dos mil Bolivares con cero céntimos (Bs. 732.000,00), equivalentes en Bolívares Fuertes a setecientos página original (tal como se publicó) [Página 43] treinta y dos con cero céntimos (Bs F 732.0). pr concepto d servicios médicos resizados, imputaosa la pri 4.03.0.05.0. Folio 08. 21. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34867, de fecha 03 de junio de 1999, fimado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. por un monto de tres millones trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres Bolivares con cero céntimos (Bs. 3.368.453.00), equivalentes en Bollvares Fuertes a tres mil trescientos sesenta y ocho con cuarenta y cinco cêntimos (Bs. F 3.368,45). por concepto de servicios médicos por intervención 22. Copia certicada de comprobante de pago con cheque número 34907, de fecha 06 de junio de 199 firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. por un monto de cuatrocientos ochenta mil Bolivares con cero céntimos (Bs. 480.00.00), equivalentes en Bolivares Fuertes a cuatrocientos ochenta con cero céntimos (Bs. F 480.00). por concepto de gastos médicos, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 71). 23. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35472, de fecha 05 de agosto de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barros del Estado Carabobo. por un monto de trescientos cuarenta y cuatro mil Bollvares con cero céntimos (Bs. 344.00.00), equivalentes en Bolivares Fuertes a trescientos cuarenta y cuatro con cero céntimos (Bs. F 344,00). por concepto de 4.03.08.05.00. (Folio 72). 24. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36167, de fecha 18 de octubre de 199, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de quinientos trece mil novecientos noventa y cinco Bolivares con cuarenta y seis céntimos (Bs. 513.995,46) equivalentes en Bolivares Fuertes a quinientos trece con noventa y cinco cêntimos (Bs. F 513,95). por concepto de sustitución a comprobante N° 35187, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio.73). 25. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35385, de fecha 29 de julio de 199, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de quinientos cincuenta y seis mil ochocientos Bolívares con cero cêntimos (Bs. 556.800,00), equivalentes en Bolivares Fuertes a quinientos cincuenta y seis con ochenta cêntimos (Bs. F 556,80). por concepto de cancelación de 80% de servicios médicos por intervención quirúrgica, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 74). julio de 1999, frmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de novecientos ocho mil Bollvares con cero cêntimos (Bs. 908.00.00). equivalentes en Bolivares Fuertes a novecientos ocho con cero céntimos (Bs. F 908.00). por concepto de cancelación de 80% de servicios médicos realizados, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 75). 27. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35464, de fecha 04 de condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de setecientos siete mil ochenta Bolívares con ochenta y nueve cêntimos (Bs. 707.080,89), equivalentes en Bollvares Fuertes a setecientos siete con ocho céntimos (Bs. F 707,08). por concepto de cancelación de 80% de servicios médicos por cardiopatía, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 76). 28. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35463, de fecha 04 de condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de quinientos dos mil seiscientos cincuenta Bolivares con cero centimos (Bs 502.6850.00). equivalentes en Bolivares Fuertes a quinientos dos con sesenta y cinco centimos (Bs. F 502.65). por concepto de servicios médicos realizados, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 77). 2. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35462. e fecha 27 de abil de 199 firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de novecientos ochenta y seis mil seiscientos siete Bolivares con setenta y cinco cêntimos (Bs. 986.607,75). equivalentes en Bolivares Fuertes a novecientos ochenta y seis con sesenta y siete céntimos (Bs. F 986,67). por concepto de cancelación de 80% de servicios médicos por intervención quirúrgica, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 78). 30. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 3554, de fecha 12 de condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. por un monto de un millón noventa y seis mil trescientos sesenta y ocho Bolivares con veinticinco cêntimos (Bs. 1.096.368.25) equivalentes en Bolivares Fuertes a mil noventa y seis con treinta y seis céntimos (Bs. F 1.096,36). por concepto de cancelación de 80% de servicios médicos por histerectomia, imputados a la partida 4.03.08.05.0. (Folio 79). 31. Copia certicada de comprobante de pago con cheque número 3557, de fecha 17 de agosto de 1999. firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de retr ea d dmitrcio dl rsto de enda y mint o de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de doscientos dieciocho mil cuatrocientos siete Bolivares con cincuenta centimos (Bs. 218.407,50). equivalentes en Bolivares Fuertes a doscientos dieciocho con cuarenta céntimos (Bs. F 218,40). por concepto de servicios médicos por malestar general, imputados a la partida 4.03.08.05.0. (Folio 80). 32. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35600, de fecha 18 de agosto de 1999, fimado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de ciento sesenta y siete mil setecientos cincuenta y ocho Bolivares con cuarenta y nueve céntimos (Bs. 187.758.49), equivalentes en Bolivares Fuertes a ciento sesenta y siete con setenta y cinco cêntimos (Bs. F 167,75). por concepto de servicios médicos realizados, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 81). 33. Copia crtifcada de comprobante de pago con cheque número 35688, de fecha 30 de agosto de 199, fimado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. por un monto de trescientos setenta y seis mil setecientos ochenta y tres Bolivares con setenta y cinco céntimos (Bs. 376.783,75). cêntimos (Bs. F 376,78). por concepto de servicios médicos por crisis hipertensiva, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 82). 34. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35797, de fecha 08 de septiembre de 199, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de setenta y siete mil doscientos sesenta y cinco Bolivares con cero cêntimos (Bs. 77.265.00), equivalentes en Bolivares Fuertes a setenta y siete con veintiséis céntimos (Bs. F 77,26). por concepto de servicios médicos por dolor abdominal, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 83). 35. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35805, de fecha 08 de septiembre de 199, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de ciento noventa mil ochocientos sesenta y siete Bolivares con cero céntimos (Bs. 190 867,00), equivalentes en Bolívares Fuertes a ciento noventa con ochenta y seis céntimos (Bs. F 190,86). por concepto de servicios médicos por traumatismo, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 84). 36. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35806, de fecha 08 de septiembre de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y un Bollvares con cero céntimos (Bs. 45.441.00). equivalentes en Bolivares Fuertes a cuarenta y cinco con cuarenta y cuatro céntimos (Bs. F 45,44). por concepto de servicios médicos por malestar general, imputados a la partida 4.03.08.05.0. (Folio 85). 37. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35803, de fecha 08 de septiembre de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barros del Estado Carabobo. por un monto de treinta y ocho mil seiscientos cincuenta Bolivares con cero cêntimos (Bs. 38.650.00). equivalentes en Bollvares Fuertes a treinta y ocho con sesenta y cinco céntimos (Bs. F 38,65). por concepto de servicios médicos realizados, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio86). 38. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35804, de fecha 08 de septiembre de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de novecientos treinta y cuatro mil cuarenta y ocho Bolvares con cero cêntimos (Bs. 934.048,00), equivalentes en Bolivares Fuertes a novecientos treinta y cuatro con cuatro cêntimos (Bs. F 934,04). por concepto de servicios médicos por cesárea, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 87). 39. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35802, de fecha 08 de septiembre de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de ciento un mil setenta Bolivares con cincuenta y dos cêntimos (Bs. 101.070,52), equivalentes en Bolivares Fuertes a ciento uno con siete cêntimos (Bs. F 101.07), por concepto de cancelación de gastos médicos por dolor abdominal, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 88). 40. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35934, de fecha 16 de septiembre de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de novecientos veinte mil ochenta y tres Bolivares con cero cêntimos (Bs. 920.083,00). equivalentes en Bolivares Fuertes a novecientos veinte con ocho céntimos (Bs. F 920,08). por concepto de servicios médicos 41. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35913, de fecha 16 de septiembre de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de un misión de Bolivares con cero céntimos (Bs. 1.00.00,00), equivalentes en Bollvares Fuertes a mil con cero cêntirmos (Bs. F 1.00,00). por concepto de servicios médicos, imputados a la partida 4 03.08.05.00. (Folio 90). 4. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35982, de fecha 22 de septiembre de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de un millón de Bolivares con cero página original (tal como se publicó) [Página 44] céntimos (Bs. 1.00.00.00) equivalentes en Bolvares Fuertes a mil con cero céntimos imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 91). 43. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36027, de fecha 28 de septiembre de 199, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. por un monto de cincuenta y ocho mil doscientos treinta y cinco Bolivares con veinte céntimos (Bs. 58.235,20), equivalentes en Bollvares Fuertes a. cincuenta y ocho con veintitrés céntimos (Bs. F 58,23). por concepto de servicios médicos realizados, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 92). 44. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36021, de fecha 27 de septiembre de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de ochocientos noventa y dos mil Bolivares con cero céntimos (Bs. 892.000.00), equivalentes en Bollvares Fuertes a ochocientos noventa y dos con cero cêntimos (Bs. F 892;00). por concepto de servicios médicos realizados, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 93). 45. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36026, de fecha 28 de septiembre de 199, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de un misión trescientos doce mil trescientos noventa y ocho Bolivares con ochenta y cinco céntimos (Bs. 1.312.398,85), (Bs. F 1.312,39), por concepto de servicios médicos por prolapso, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 94). 46. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36072, de fecha 06 de octubre de 1999, firmado por ei ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. por un monto de un millón seiscientos mil Bolívares con cero céntimos (Bs. 1.600.000.00), equivalentes en Bolivares Fuertes a mil seiscientos con cero céntimos (Bs. F 1.600.00). por concepto de servicios médicos realizados. imputados 47. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36071, de fecha 06 de condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. por un monto de seiscientos cuarenta y ocho mil ciento setenta y cuatro Bolivares con veintiseis céntimos (Bs. 648.174,26). equivalentes en Bolívares Fuertes a seiscientos cuarenta y ocho con diecisiete céntimos (Bs. F 648,17). por concepto de servicios médicos realizados, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 96). 48. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36083, de fecha 11 de condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de un millón ciento ocho mil trescientos diez Bollvares con cero céntimos (Bs. 1.108.310,00). equivalentes en Bollvares Fuertes a mil ciento ocho con treinta y un céntimos (Bs. F 1.108,31). por concepto de servicios 49. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36084, de fecha 11 de octubre de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de un millón de Bollvares con cero céntimos (Bs. 1.00.00.00). equivalentes en Bollvares Fuertes a mil con cero céntimos (Bs. F 1.000,0). por concepto de servicios médicos realizados, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 98). 50. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36178, de fecha 19 de octubre de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto ciento noventa mil doscientos noventa y Fuertes a ciento noventa con veintinueve cêntimos (Bs. F 190,29). por concepto de honorarios por servicios administrativos, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 99). 51. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36143, de fecha 15 de octubre de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de ochenta y cuatro mil sesenta Bolívares con setenta y dos céntimos (Bs. 84.060,72), equivalentes en Bollvares Fuertes a ochenta y cuatro con seis céntimos (Bs. F 84.06). por concepto de servicios médicos realizados, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 100). 52. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36200, de fecha 20 de octubre de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. por un monto de quinientos sesenta y cinco mil trescientos veintisiete Bolivares con treinta y cinco céntimos (Bs. 565.327,35). equivalentes en Bolivares Fuertes a quinientos sesenta y cinco con treinta y dos céntimos (Bs. F 565,32). por concepto de servicios médicos realizados, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 101). octubre de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de un millón tres mil quinientos Bolivares con cero céntimos (B. 1.003.50,00, equivalentes en Bolivares Fuertes a mil tres con cincuenta céntimos (Bs. F 1.003.50). por concepto de servicios médicos realizados. imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 102). 54. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36336, de fecha 02 de noviembre de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de ciento veintiocho mil seiscientos cinco Bollivares con cero céntimos (Bs. 128.605,00), equivalentes en Bollvares Fuertes a ciento veintiocho con sesenta céntimos (Bs. F 128,60). por concepto de servicios médicos realizados, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 103). 55. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36450, de fecha 18 de noviembre de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos Bollvares con cero céntimos (Bs. 428.400.00), equivalentes en Bollvares Fuertes a cuatrocientos veintiocho con cuarenta céntimos (Bs. F 428.40). por concepto de servicios médicos por gastropatia aguda, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 104). 56. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36451, de fecha 18 de noviembre de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de ochocientos treinta y nueve mil cuatrocientos treinta Bolivares con doce céntimos (Bs. 839.430,12), equivalentes en Bolivares Fuertes a ochocientos treinta y nueve con cuarenta y tres céntimos (Bs. F 839,43), por concepto de servicios médicos por cesárea, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Follo 105). 57. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36507, de fecha 22 de noviembre de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de novecientos once mil Bolívares con cero céntimos (Bs. 911.00,00). equivalentes en Bolivares Fuertes a novecientos once con cero céntimos (Bs. F 911.00). por concepto de servicios médicos por cesárea, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 106). 58. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36587, de fecha 30 de noviembre de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de sesenta mil novecientos sesenta y nueve Bolivares con cincuenta y ocho cêntimos (Bs. 60.969,58), equivalentes en Bollvares Fuertes a sesenta con noventa y seis céntimos (Bs. F 60,96), por concepto de servicios médicos por gastritis, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 107). 59. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36586, de fecha 30 de condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. por un monto de setecientos ochenta y siete mil seiscientos ocho Bolivares con nueve céntimos (Bs. 787.608,09), equivalentes en Bolívares Fuertes a setecientos ochenta y siete con sesenta céntimos (Bs. F 787,60), por 4.03.08.05.00. (Folio 108). 60. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36585, de fecha 30 de noviembre de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento cuatrocientos sesenta y cinco Bolivares con cero céntimos (Bs. 495.465,00), equivalentes (Bs. F 495,46), por concepto de servicios médicos realizados por hipertensión arterial, imputados a la partida 4.03.08.05.0. (Folio 109). 61. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36584, de fecha 30 de noviembre de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. por un monto de cuatrocientos noventa y dos mil ochocientos cincuenta Bollvares con cuarenta céntimos (Bs. 492.850,40), equivalentes en (Bs. F 492,85), por concepto de servicios médicos realizados por parto normal, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 110). 62. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36583, de fecha 30 de noviembre de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de quinientos noventa y seis mil treinta y un Bollvares con noventa céntimos (Bs. 596.031,90), equivalentes en Bollvares Fuertes a (Folio 111). 63. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 37509, de fecha 23 de diciembre de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. por un monto de dos millones de Bolivares con cero céntimos (Bs. F 2.000,00). por concepto de servicios médicos realizados, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 112). página original (tal como se publicó) [Página 45] 64. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 37381, de fecha 20 de condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de cuatrocientos treinta y seis mil de servicios médicos realizados por legrado uterino, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 113). 65. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 37519, de fecha 23 de diciembre de 199, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de un misión cincuenta y ocho mil equivalentes en Bolívares Fuertes a mil cincuenta y ocho con cincuenta y dos cêntimos 66. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 37518, de fecha 23 de diciembre de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento novecientos sesenta y siete Bolivares con cincuenta céntimos (Bs. 586.967,50). 67. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 37516, de fecha 23 de diciembre de 1999. firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento Bollvares con sesenta y cinco céntimos (Bs. 306.075,65), equivalentes en Bolívares Fuertes a trescientos seis con siete céntimos (Bs. F 306,07). por concepto de servicios médicos realizados por dolor lumbar, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 116). 68. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 37517, de fecha 23 de diciembre de 1999, firmado por el ciudadano Pedro Antonio Carranza Cabrera, en su condición de Director General de Administración del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. por un monto de setenta mil quinientos cincuenta Bollvares con cero céntimos (Bs. 70.550.00), equivalentes en Bolívares Fuertes a setenta con cincuenta y cinco céntimos (Bs. F 70.55). por- concepto de servicios médicos realizados por traumatismo, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 117). 69. Copia de Registro de cheques con cargo a la partida 4.03.08.05.00 "Servicios Médicos, Odontológicos y otros Servicios de Sanidad", emitido por la Gerencia de Informática del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, (folios 118 al 124). 70. Copia certificada de la ejecución financiera de la partida presupuestaria 4.03.08.05.00 denominada Servicios Médicos. Odontológicos y otros Servicios de Sanidad". (folios 125 al 133). -B- Relación de Causalidad del ciudadano ANGEL BARRENO El ciudadano Angel Barreno. titular de la Cédula de Identidad N° 5.388.949, Presidente Encargado del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Brrios del Estado N° 924 Extraordinario de fecha 20 de enero de 199. Cargo que ejerció durante el período comprendido entre el 20 de enero de 1999 y el 25 de abril de 1999, correspondiéndole las siguientes atribuciones de acuerdo al articulo 14 de la Ley del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo", aplicable para el momento de ocurrencia de los hechos, el cual establecia lo que a continuación se transcribe: "Articulo 14. Son atrbuciones del Presidente: a) Conocer y resolver acerca de los acos. operaciones y negocios que interesan al instituto. (OMISSIS) (OMISSIS) k) Fimar los contratos, ordenes de pago, cheques, letras de cambio y cualquier efecto de comercio. (OMISSIS)". empleó fondos públicos en finalidades diferentes a las previstas, toda vez que realizó comento, los cuales fueron imputados a la partida presupuestaria 4.03.08.05.00 embargo, de conformidad con la naturaleza del gasto, debieron ser imputados con cargo a Médicos, Odontológicos y de Hospitalización de Empleados". No obstante, lo previsto en ocurrencia del hecho mencionado, señalaba que no se podrán disponer de créditos La situación antes descrita se produjo desde el período comprendido entre el 10 11 ublicada en Gaceta Oficai del Estado Crabobo N° 369-A Extraordiario de fecha 8 do Julo de 190. 12 Publicada en Gsceta Oficial de la Repúbic de Venezuela N° 4.718 Extraordinario de fecha 26 de abri de 1994. (Bs. 12.214.999,16), equivalentes en Bolivares Fuertes a doce mil doscientos catorce con noventa y nueve cêntimos (Bs. F 12.214,99). la mencionada cantidad se encuentra discriminada gráficamente de la siguiente manera: NUMERO DE FECHA MONTO BS/BS.F COMPROBANTE DE PAGO CON CHEQUE 1002/99 33491 33853 25/02/99 498.160.00 498,18 33718 01/03/99 1.199.989,80 1.199.98 33703 01/03/99 570 433,60 570.43 33704 01/03/99 831.048,40 831.04 33817 05/03/99 754.800.00 754,80 34118 26/03/99 1.200 143,47 1.200,14 34281 12/04/99 798.309,04 798,39 34281 13/0499 1.200.000,00 1.200.00 34318 14/04/99 1 070.400.00 1 070.40 34319 14/0499 940 000.00 940.00 34353 20/04/99 1 200 146.85 1 200,14 34354 20104/99 798 760.00 34355 20/04/99 792 720.00 792.72 El hecho descrito, presuntamente podría configurar el supuesto generador de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 113 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República". vigente para el momento de su ocurrencia, el cual establecia: "Articulo 113. Son hechos generadores de responsabidad administrativa, independientemente de la responsabidad civil o penal a que haya lugar además de los previstos en el Titulo IV de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrmono Público. los que se mencionan a continuación. (OMISSIS) 12 El empleo de fondos públicos en finalidades diferentes de aquéllas s que estuvieren destinados (OMISSIS)" la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal", el cual establece: "Articulo 91. Sin perjuco de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras leyes, constluyen supuestos generadores de responsabidad administrativa los actos, hechos u omisiones (OMISSIS) 22 el empleo de fondos de alguno de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 dei articuio9 de esta Ley en finalidades diferentes a aquella a que estuvieron destinados por Ley. reglamento o cualquier otra norma, incluida la normativa interna o acto administrativo. (OMISSIS) Los elementos probatorios que demuestran la comisión del hecho presuntamente irregular descrito, y la participación del ciudadano Angel Barreno en el mismo, son los siguientes: 1. Informe Definitivo N° 07-01-124, de fecha 28 de noviembre de 2003, (folios 3 al 14). 2. Informe de Resultados de fecha 16 de febrero de 2004, de la Potestad de Investigación (folios 319 al 330). 3. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 33491, de fecha 10 de febrero de 1999, firmado por el ciudadano Angel Barreno, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de trescientos sesenta mil Bolivares con cero céntimos (Bs. 360.000,00), equivalentes en Bolivares Fuertes a trescientos sesenta con cero céntimos (Bs. F 360,00). por concepto 4.03.08.05.00. (Folio 51). 4. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 33653, de fecha 25 de febrero de 199, firmado por el ciudadano Angel Barreno, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de cuatrocientos noventa y ocho mil ciento sesenta Bolivares con cero céntimos (Bs. 498.160.00). equivalentes en Bollvares Fuertes a cuatrocientos noventa y ocho con dieciséis céntimos (Bs. F 498.16). por concepto de cancelación del 80% de servicios 4.03.08:05.00. (Folio 52). 5. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 33718, de fecha 01 de marzo de 199, firmado por el ciudadano Angel Barreno, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barros del Estado Carabobo, por un monto de un millón ciento noventa y nueve mil novecientos ochenta y nueve con ochenta céntimos (Bs. 1.199.989,80), equivalentes en Bolívares Fuertes a mil ciento noventa y nueve con noventa y ocho céntimos (Bs. F 1.199.98). por concepto de servicios médicos por intervención quirúrgica de apendicitis aguda, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 53). 6. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 33703, de fecha 01 de marzo de 1999, firmado por el ciudadano Angel Barreno, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de (Bs. 570.433,60) equivalentes en Bolívares Fuertes a quinientos setenta con cuarenta y tres céntimos (Bs. F 570,43). por concepto de servicios médicos por hospitalización (hipertensión severa) imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 54). 7. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 33704, de fecha 01 de 13 Publicad en Gacta Ofcial d la República de Venezuela e 5.017 Exrardinaro de fecha 13 d diciembre de 195. 14 Publicada en Gaceta Oßcil de la Repúbica Bolvariana de Venezuela N° 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001. página original (tal como se publicó) [Página 46] marzo de 199, firmado por el ciudadano Angel Barreno. en su condición de Presidente del instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de ochocientos treinta y un mil cuarenta y seis Bolivares con cuarenta céntimos (Bs. 831.046.40). equivalentes en Bolivares Fuertes a ochocientos treinta uno con cuatro céntimos (Bs. F 831.04), por concepto de servicios médicos por cesárea, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 55). 8. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 33817, de fecha 05 de marzo de 1999, firmado por el ciudadano Angel Barreno, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barros del Estado Carabobo, por un monto de (Bs. 754.800.00). equivalentes en Bolivares Fuertes a setecientos cincuenta y cuatro con ochenta céntimos (Bs. F 754.80). por concepto de cancelación del 80% de servicios médicos por hospitalización. imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 56). 9. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34118. de fecha 26 de marzo de 199. firmado por el ciudadano Angel Barreno, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. por un monto de un millón doscientos mil ciento cuarenta tres Bolivares con cuarenta y siete céntimos (Bs. 1.200.143.47). equivalentes en Bolivares Fuertes a mil doscientos con catorce céntimos (Bs. F 1.200. 14). por concepto de servicios médicos por intervención quirúrgica, 10. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34261, de fecha 12 de abril de 1999. firmado por el ciudadano Angel Barreno. en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barros del Estado Carabobo, por un monto de (Bs. 798 400.00). equivalentes en Bolivares Fuertes a setecientos noventa y ocho con cuarenta céntimos (Bs F 798.40). por concepto de cirugia por emergencia, imputados a la partida 4.03.08.05.00 (Folio 58) 11. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34281, de fecha 13 de abril de 1999. firmado por el ciudadano Angel Barreno. en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Bamros del Estado Carabobo. por un monto de un millón doscientos mil Bolivares con cero céntimos (Bs. 1.200.000.00). equivalentes en Bolivares Fuertes a mil doscientos con cero céntimos (Bs. F 1.200.0). por concepto de 4.03.08.05 00. (Folio 59) 12. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34318. de fecha 14 de abril de 1999. firmado por el ciudadano Angel Barreno. en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. por un monto de un millón setenta mil cuatrocientos Bolivares con cero cêntimos (Bs. 1.070.400.00). equivalentes en Bolivares Fuertes a mil setenta con cuarenta céntimos (Bs. F 1.070.40). 13. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34319, de fecha 14 de abril de 1999, firmado por el ciudadano Angel Barreno. en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. por un monto de novecientos cuarenta mil Bolivares con cero céntimos (Bs. 940.000.00). equivalentes en Balivares Fuertes a novecientos cuarenta con cero céntimos (Bs. F 940.00). por concepto de cancelación de 80% de gastos médicos por histerectomía, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 61) 14. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34353, de fecha 20 de abril de 199. frmado por el ciudadano Angel Barreno. en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barros del Estado Carabobo. por un monto de un millón doscientos mil cento cuarenta y seis Bolivares con ochenta y cinco céntimos (Bs 1 200 146.85). equivalentes en Bolivares Fuertes a mil doscientos con catorce la partida 4 03.08.05 00. (Folio 62). 15. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34354. de fecha 20 de abril de 199, firmado por el ciudadano Angel Barreno. en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de (Bs 798 760.00). equivalentes en Bolivares Fuertes a setecientos noventa y ocho con setenta y seis céntimos (Bs F 798 76) por concepto de gastos médicos por cesárea. imputados a la partida 4 03 08 05 00 (Folio 63) 16. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34355, de fecha 20 de abril de 199. firmado por el ciudadano Angel Barreno. en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de (Bs 792 720.00). equivalentes en Bolivares Fuertes a setecientos noventa y dos con setenta cêntimos (Bs F 792 70) por concepto de servicios médicos por intervención quirúrgica. imputados a la partida 4 03 08 05 00 (Folio 64) 17 Copia de Registro de cheques con cargo a la partida 4 03 08 05 00 Servicios Informática del Instituto de Irvienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. (folios 118 y 119) 18 Copia certificada de la ejecución financiera de la partida presupuestaria 4 3 08 05.00 denominada Servicios Médicos Odontotógicos y otros Servicios de Sanidad: (folios 125 al 133) -C. Relación de Sausalidad del judadano EDUARDO PINO El cudadano Fduardo Pino titular de a Cádula de Identidad N° 7012 914 se desempeñó en el cargo de Presirlente dei Instituto de /unda / Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, según consta su nombramiento en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo N° 956 Extraordinario de fecha 27 de abril de 1999, correspondiêndole las siguientes atribuciones de acuerdo al articulo 14 de la Ley del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo". aplicable para el momento de ocurrencia de los hechos, el cual señalaba lo que a continuación se transcribe: "Articulo 14. Son atribuciones del Presdente: a) Conocer y resolver acerca de los acos, operaciones y negocios que interesan al Instituto. (OMISSIS) h) Ejecutar el presupuesto (OMISSIS) a) Firmar los contratos ordenes de pago. cheques. letras de cambio y cualquier efecto de comercio. (OMISSIS)" En ejercicio de sus competencias. el ciudadano Eduardo Pino en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, presuntamente empleó fondos públicos en finalidades diferentes a las previstas, toda vez Odontológicos y otros Servicios de Sanidad", sin embargo, de conformidad con la 4.01.07.06.00 denominada "Ayuda para Medicinas. Gastos Médicos, Odontológicos y de Hospitalización de Empleados" No obstante, lo previsto en el articulo 43 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestano" vigente para la fecha de ocurrencia del hecho mencionado, establecia que no se podrán disponer de créditos presupuestarios para una finalidad distinta a la prevista. La situación antes descrita se produjo desde el periodo comprendido entre el 27 de abril de 1999 hasta el 23 de diciembre de 1999, por la cantidad total de treinta y cuatro millones trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos diecisiete Bollvares con cincuenta y tres cêntimos (Bs. 34.384.817,53) equivalentes en Bolivares Fuertes a treinta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro con ochenta y un céntimos (Bs. F 34.384,81), monto que se encuentra discriminado gráficamente de la siguiente manera: MONTO BS/BS F FECHA CON CHEQUE 000 27:0499 34424 34529 0470599 200 000.0 200.00 34687 17/05/99 34603 17/05/99 115 271.15 115.27 3431 31/05/99 732.000.00 732.00 34867 03/06/99 3 368 453.00 3 308.45 34907 09/08/99 480 000 400.00 35472 05/08/99 344.000,00 344.00 38167 18/10/99 522 307.21 35385 29/07199 556 800.00 550.00 35392 29/0700 908.000.0 908.00 35404 04/08/00 707.000.09 707.08 35463 04-08/99 502 650.00 5-02,65 35482 04/08/99 908.607.75 988,60 355-44 12/08/90 1.98.368.25 1.096,36 35577 17/0899 218.407.50 218.40 35600 18/0899 167 758,49 167.15 3508 30/08/9 378 783.75 376,78 35797 08/0w99 77 205.00 77.20 35005 08/09i59 190.867.50 190,80 35806 08/0109 45.441.00 45.44 35803 0B/09V9 38 650.00 38.05 35804 934.048.00 934.04 35002 101 070.52 101.97 359034 18/09/9 $20 083.00 920.00 35913 18/0990 1 00 000.00 1.000.00 35982 22/09/99 1 000.000.00 1 000.00 36027 28/09/99 58 235.20 58,23 36021 27089 092 000.00 892.00 36020 2709/99 1.312 308.05 1312,39 36072 0-/109 1.600 000.0D 1.000.00 38071 06/10/99 848 173.40 648,17 3608 11/109 1 108 310.00 1.1008.31 36084 1109 1 000 000.00 1 000.00 36178 191099 190 207.03 6143 190.29 15/10/99 04 00.72 04.00 38200 20/10/99 505 327.35 505.32 38297 28/109 1 003500.00 128 333 0ani 123.59 36450 181199 428 400.00 428.40 30451 1B1199 839 430,12 839.43 38507 2219 011 000.00 911.00 765807 301/09 60 009.50 36506 30/11/9 787.60 3585 30/11/99 495 485.00 405,40 36504 30/1179 402 850.40 492.85 36583 30199 506 031.90 17509 2312h9 2 000,00 17381 262121/9 436 800.00 438.00 1/56 2V120 1 058 522.05 1.050.52 17518 201219 508 967.50 508, 1/516 7117199 308 076.85 308.07 2v1799 70 550.00 70.58 Feaaa laea Atradn fea 18 de ude 990 página original (tal como se publicó) [Página 47] responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 113 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República"?. vigente para el momento de su ocurrencia, el cual establecia: "Articulo 113. Son hechos generadores de responsabilidad administrativa, independientemente de la responsabidad cil o penal a que haya lugar además de los previstos en el Titulo IV de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrmonio Púbico, los que se mencionan a continuación. (OMISSIS) 12. El empleo de fondos públics en finalidades déerentes de aqulas a que estuvieren destinados (OMISSIS)" Supuesto que se mantiene en el numeral 22 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal". el cual establece: "Articulo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad cil o penal, y de lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de responsabidad administrativa los actos, hechos u omisiones (OMISSIS) 22 el empleo de fondos de alguno de los entes y organismos señalados en los numeraies 1 al 11 del articulo 9 de esta Ley en finalidades diferentes a aquellas a que estuvieron destinados por Ley. Los elementos probatorios que demuestran la comisión del hecho presuntamente irregular descrito, y la participación del ciudadano Eduardo PIno en el mismo, son los siguientes: 1. Informe Definitivo N° 07-01-124, de fecha 28 de noviembre de 2003, (folios 3 al 14). 2. Informe de Resultados de fecha 16 de febrero de 2004, de la Potestad de Investigación (folios 319 al 330). 3. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34424, de fecha 27 de abril de 199, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de cuatrocientos ochenta y tres mil cuarenta Bolívares con cero céntimos (Bs. 483.040,00). equivalentes en Bollvares Fuertes a cuatrocientos ochenta y tres con cuatro cêntimos (Bs. F 483,04). por concepto de cancelación de 80% de servicios médicos realizados, 4. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34529, de fecha 27 de abril de 199, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de doscientos mil Bollvares con cero céntimos (Bs. 200.000.00), equivalentes en Bolivares Fuertes a doscientos con cero céntimos (Bs. F 200.00). por concepto de cancelación de 80% de servicios médicos realizados, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 66). 5. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34697, de fecha 17 de mayo de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de seiscientos cincuenta y cinco mil doscientos Bolivares con cero céntimos (Bs. 655.200.00). equivalentes en Bolivares Fuertes a seiscientos cincuenta y cinco con veinte cêntimos (Bs. F 655,20). por concepto de gastos médicos por hernioplastia umbilicar, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 67). 6. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34693, de fecha 17 de mayo de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de ciento quince mil doscientos setenta y dos mil Bollvares con cero céntimos (Bs. 115.272,00), equivalentes en Bolivares Fuertes a ciento quince con veintisiete céntimos (Bs. F 115.27). por concepto de gastos médicos por traumatismo, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 68). 7. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34831, de fecha 31 de mayo de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. por un monto de setecientos treinta y dos mil Bolivares con cero céntimos (Bs. 732.000.00), equivalentes en Bolivares Fuertes a setecientos treinta y dos con cero céntimos (Bs. F 732,00), por 69). 8. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34867, de fecha 03 de junio de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de tres millones trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres Bollvares con cero céntimos (Bs. 3.368.453,00) equivalentes en Bollvares Fuertes a tres mil trescientos sesenta y ocho con cuarenta y cinco céntimos (Bs. F 3.368,45). por concepto de servicios médicos por intervención quirúrgica, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 70). 9. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 34907, de fecha 06 de junio de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. por un monto de cuatrocientos ochenta mil Bolivares con cero céntimos (Bs. 480.000.00). equivalentes en Bollvares Fuertes a cuatrocientos ochenta con cero cêntimos (Bs. F 480.00). por concepto de gastos médicos, imputados a la partida 4.03.08.05 00. (Folio 71). 10. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35472, de fecha 05 de agosto de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de trescientos cuarenta y cuatro mil Bolivares con cero céntimos (Bs. 344.000,00), equivalentes en Bolivares Fuertes a trescientos cuarenta y cuatro con cero céntimos (Bs. F 344,00), por concepto de cancelación de 80% de servicios médicos realizados, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 72). 11. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36167, de fecha 18 de octubre de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de (Bs. 513.995,46) equivalentes en Bolivares Fuertes a quinientos trece con noventa y cinco céntimos (Bs. F 513,95). por concepto de sustitución de pago a comprobante N° 35187, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 73). 12. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35385, de fecha 29 de julio de 199, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de quinientos cincuenta y seis mil ochocientos Boliívares con cero céntimos (Bs. 556.800,00). intervención quirúrgica, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 74). 13. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35392, de fecha 29 de julio de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de novecientos ocho mil Bolivares con cero céntimos (Bs. 908.000.00). equivalentes en Bolivares Fuertes a novecientos ocho con cero céntimos (Bs. F 908,00), por concepto de cancelación de 80% de servicios médicos realizados, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 75). 14. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35464, de fecha 04 de agosto de 1999, fimado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Iinstituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de setecientos siete mil ochenta Bolivares con ochenta y nueve céntimos (Bs. 707.080,89). equivalentes en Boiivares Fuertes a setecientos siete con ocho céntimos (Bs. F 707,08), por concepto de cancelación de 80% de servicios médicos por cardiopatía, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 76). 15. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35463, de fecha 04 de agosto de 199, fimado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barros del Estado Carabobo, por un monto de quinientos dos mil seiscientos cincuenta Bolivares con cero céntimos (Bs. 502.650.00). (Bs. F 502,65). por concepto de servicios médicos realizados, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 77). 16. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35462, de fecha 27 de abril de 199, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de novecientos ochenta y seis mil seiscientos siete Bolivares con setenta y cinco céntimos (Bs. 986.607,75), equivalentes en Bollvares Fuertes a novecientos ochenta y seis con sesenta y siete cêntimos (Bs. F 986,67). por concepto de cancelación de 80% de servicios 17. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35544, de fecha 12 de agosto de 199, firmado por el ciudadaño Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. por un monto de un millón noventa y seis mil trescientos sesenta y ocho Bolivares con veinticinco céntimos (Bs. 1.096.368,25) equivalentes en Bolivares Fuertes a mil noventa y seis con treinta y seis céntimos (Bs. F 1.096,36). por concepto de cancelación de 80% de servicios médicos por histerectomía, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 79). 18. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 3577, de fecha 17 de agosto de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de (Bs. 218.407,50) equivalentes en Bolivares Fuertes a doscientos dieciocho con cuarenta imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 80). 19. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35600, de fecha 18 de agosto de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de ciento sesenta y siete mil setecientos cincuenta y ocho Bollvares con cuarenta y nueve céntimos (Bs. 167.758,49). equivalentes en Bolivares Fuertes a ciento sesenta y siete con setenta y cinco céntimos (Bs. F 167.75). por concepto de servicios médicos realizados, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 81). 20. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35688, de fecha 30 de agosto de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de céntimos (Bs. 376.783.75). equivalentes en Bolivares Fuertes a trescientos setenta y seis con setenta y ocho céntimos (Bs. F 376.78). por concepto. de servicios médicos por crisis hipertensiva, imputados a la partida 4 03.08.05.00. (Folio 82). 21. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35797, de fecha 08 de septiembre de 1999. firmado por el ciudadano Eduardo Pino. en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de setenta y siete mil doscientos sesenta y cinco Bolivares con cero cêntimos (Bs 77.265.00). equivalentes en Bolivares Fuertes a setenta y siete con veintiséis página original (tal como se publicó) [Página 48] imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 83). 22. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35805, de fecha 08 de septiembre de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de ciento noventa mil ochocientos sesenta y siete Bolívares con cero céntimos (Bs. 190.867,00), equivalentes en Bolivares Fuertes a ciento noventa con ochenta y seis céntimos (Bs. F 190,86). por concepto de servicios médicos por traumatismo, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 84). 23. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35806, de fecha 08 de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por (Bs. 45.441,00), equivalentes en Bolivares Fuertes a cuarenta y cinco con cuarenta y cuatro céntimos (Bs. F 45,4). por concepto de servicios médicos por malestar general, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 85). 24. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35803, de fecha 08 de septiembre de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de treinta y ocho mil seiscientos cincuenta Bolivares con cero céntimos (Bs. 38.650,00), equivalentes en Bolivares Fuertes a treinta y ocho con sesenta y cinco partida 4.03.08.05.00. (Folio 86). 25. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35804, de fecha 08 de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de novecientos treinta y cuatro mil cuarenta y ocho Bolívares con cero cêntimos (Bs. 934.048,00), equivalentes en Bolivares Fuertes a novecientos treinta y cuatro con cuatro céntimos (Bs. F 934.04). por concepto de servicios médicos por cesárea, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 87). 26. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35802, de fecha 08 de septiembre de 1999. firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por a e n en en (Bs. 101.070,52). equivalentes en Bolivares Fuertes a ciento uno con siete céntimos (Bs. F 101,07). por concepto de cancelación de gastos médicos por dolor abdominal, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 88). 27. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35934, de fecha 16 de septiembre de 199, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por (Bs. 920.083,00) equivalentes en Bolivares Fuertes a novecientos veinte con ocho cêntimos (Bs. F 920,08). por concepto de servicios médicos realizados, imputados a la 28. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35913, de fecha 16 de septiembre de 199, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por Bolivares Fuertes a mil con cero céntimos (Bs. F 1.00,00). por concepto de servicios médicos, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 90). 29. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 35982, de fecha 22 de septiembre de 199, fimado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de un millón de Bolivares con cero cêntimos (Bs. 1.00.00,00), equivalentes en médicos por histerectomia abdominal, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 91). 30. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36027, de fecha 28 de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. por un monto de cincuenta y ocho mil doscientos treinta y cinco Bollvares con veinte céntimos (Bs. 58.235.20), equivalentes en Bollvares Fuertes a cincuenta y ocho con veintitrés céntimos (8s. F 58,23). por concepto de servicios médicos realizados, imputados a la 31. Copia certiada de comprobante de pago con cheque número 36021, de fecha 27 de septiembre de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de ochocientos noventa y dos mil Bolívares con cero céntimos (Bs. 892.000,00). equivalentes en Bolivares Fuertes a ochocientos noventa y dos con cero céntimos (Bs. F 892,00) por concepto de servicios médicos realizados, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 93). 32. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36026, de fecha 28 de septiembre de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de un millón trescientos doce mil trescientos noventa y ocho Bolivares con ochenta y cinco céntimos (Bs. 1.312.398,85), equivalentes en Bolivares Fuertes a mil trescientos doce con treinta y nueve céntimos (Bs. F 1.312.39), por concepto de servicios médicos por prolapso, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 94). 33. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36072, de fecha 06 de octubre de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de un millón seiscientos mil olivares con cro céntimos (s. 1.60.00.0) quvalentes en Bolívares Fuertes a mil seiscientos con cero cêntimos (Bs. F 1.600.00), por concepto de servicios médicos realizados, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 95). 34. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36071, de fecha 06 de octubre de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barros del Estado Carabobo, por un monto de seiscientos cuarenta y ocho mil ciento setenta y cuatro Bolivares con veintiséis céntimos (Bs. 648. 174,26) equivalentes en Bolivares Fuertes a seiscientos cuarenta y ocho con imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 96). 35. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36083, de fecha 11 de octubre de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de un millón ciento ocho mil trescientos diez Bolivares con cero céntimos (Bs. 1.108.310,00), equivalentes en Bolivares Fuertes a mil ciento ocho con treinta y un céntimos (Bs. F 1.108,31). por concepto de servicios médicos realizados, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 97). 36. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36084, de fecha 11 de octubre de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de un millón de Blivares con cero céntimos (Bs. 1.00.000,00), equivalentes en Bolivares Fuertes a mil con cero céntimos (Bs. F 1.00,00), por concepto de servicios médicos 37. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 38178, de fecha 19 de octubre de 199, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto ciento noventa mil doscientos noventa y siete Bolivares con ochenta y tres cêntimos (Bs. 190.297,83). equivalentes en Bolivares Fuertes a ciento noventa con veintinueve imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 99). 38. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36143, de fecha 15 de octubre de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Baios del Estado Carabobo, por un monto de ochenta y cuatro mil sesenta Bolivares con setenta y dos céntimos (Bs. 84.060,72), equivalentes en Bolivares Fuertes a ochenta y cuatro con seis cêntimos (Bs. F 84,06). por concepto de servicios médicos realizados. imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 100). 39. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36200, de fecha 20 de octubre de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de quinientos sesenta y cinco mil trescientos veintisiete Bolivares con treinta y cinco cêntimos (Bs. 565.327,35). equivalentes en Bolivares Fuertes a quinientos sesenta y cinco con treinta y dos céntimos (Bs. F 565,32). por concepto de servicios médicos realizados, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 101). 40. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36297, de fecha 28 de octubre de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de en Bolivares Fuertes a mil tres con cincuenta céntimos (Bs. F 1.003,50), por concepto de servicios médicos realizados, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 102). 41. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36336, de fecha 02 de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por (Bs. 128.605,00), equivalentes en Bolivares Fuertes a ciento veintiocho con sesenta céntimos (Bs. F 128.60), por concepto de servicios médicos realizados, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 103). 42. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36450, de fecha 18 de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por (Bs. 428.40.00), equivalentes en Bolivares Fuertes a cuatrocientos veintiocho con cuarenta céntimos (Bs. F 428,40). por concepto de servicios médicos por gastropatia aguda, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 104). 43. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36451, de fecha 18 de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de ochocientos treinta y nueve mil cuatrocientos treinta Bollvares con doce céntimos (Bs. 839.430,12), equivalentes en Bolivares Fuertes a ochocientos treinta y nueve con cuarenta y tres cêntimos (Bs. F 839.43). por concepto de servicios médicos por cesárea, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 105). 44. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36507, de fecha 22 de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de novecientos once mil Bolivares con cero cêntimos (Bs. 911.000,00). equivalentes en Bolivares Fuertes a novecientos once con cero cêntimos (Bs. F 911.00). por concepto de servicios médicos por cesárea, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 106). 45. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36587, de fecha 30 de noviembre de 199, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por página original (tal como se publicó) [Página 49] cêntimos (Bs. 60.969,58), equivalentes en Bolivares Fuertes a sesenta con noventa y seis céntimos (Bs. F 60.96). por concepto de servicios médicos por gastritis, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 107) 46. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36586, de fecha 30 de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de setecientos ochenta y siete mil seiscientos ocho Bollvares con nueve céntimos (Bs. 787.608,09). equivalentes en Bollvares Fuertes a setecientos ochenta y siete con sesenta céntimos (Bs. F 787,60). por concepto de servicios médicos realizados por cesárea, imputados a la partida N° 4.03.08.05.00. (Folio 108). 47. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36585, de fecha 30 de noviembre de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino. en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barros del Estado Carabobo, por un monto de cuatrocientos noventa y cinco mil cuatrocientos sesenta y cinco Bolivares con cero céntimos (Bs. 495.465.00). equivalentes en Bolívares Fuertes a cuatrocientos noventa y cinco con cuarenta y seis céntimos (Bs. F 495,46). por concepto de servicios médicos realizados por hipertensión arterial. imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 109). 48. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36584, de fecha 30 de noviembre de 199. firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barros del Estado Carabobo, por un monto de cuatrocientos noventa y dos mil ochocientos cincuenta Bolivares con cuarenta céntimos (Bs. 492.850.40). equivalentes en Bolivares Fuertes a cuatrocientos noventa y dos con ochenta y cinco cêntimos (Bs. F 492,85). por concepto de servicios médicos realizados por parto normal, imputados a ta partida 4.03.08.05.00. (Folio 110). 49. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 36583, de fecha 30 de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de quinientos noventa y seis mil treinta y un Bolivares con noventa céntimos (Bs. 596.031,90), equivalentes en Bolivares Fuertes a quinientos noventa y seis con tres céntimos (Bs. F 596,03). por concepto de servicios médicos realizados por hemorragia digestiva, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 111). 50. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 37509, de fecha 23 de diciembre de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de dos millones de Bollvares con cero céntimos (Bs. 2.000.000,00). equivalentes en Bolivares Fuertes a dos mil con cero céntimos (Bs. F 2.00.00). por concepto de servicios médicos realizados, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 112). 51. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 37381, de fecha 20 de diciembre de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. por un monto de cuatrocientos treinta y seis mil novecientos Bolivares con cero cêntimos (Bs. 436.900.00). equivalentes en Bollvares Fuertes a cuatrocientos treinta y seis con noventa céntimos imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 113). 52. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 37519, de fecha 23 de diciembre de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de un millón cincuenta y ocho mil quinientos veintidós Bollivares con ochenta y cinco céntimos (Bs. 1.058.522.85), equivalentes en Bolivares Fuertes a mil cincuenta y ocho con cincuenta y dos céntimos (Bs. F 1.058,52). por concepto de servicios médicos 53. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 37518, de fecha 23 de diciembre de 199, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de quinientos ochenta y seis mil novecientos sesenta y siete Bolivares con cincuenta céntimos (Bs. 586.967,50). equivalentes en Bolivares Fuertes a quinientos ochenta y seis con noventa y seis céntimos (Bs. F 586,96). por concepto de servicios médicos realizados por neumonía, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 115). 54. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 37516, de fecha 23 de diciembre de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de trescientos seis mil setenta y cinco Bolivares con sesenta y cinco céntimos (Bs. 306.075,65), equivalentes en Bolivares Fuertes a trescientos seis con siete céntimos (Bs. F 306.07). por concepto de servicios médicos realizados por dolor lumbar, imputados a la partida 4.03.08.05.00. (Folio 116). 55. Copia certificada de comprobante de pago con cheque número 37517, de fecha 23 de diciembre de 1999, firmado por el ciudadano Eduardo Pino, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, por un monto de setenta mil quinientos cincuenta Bolivares con cero céntimos (Bs. 70.550.00). equivalentes en Bolivares Fuertes a setenta con cincuenta y cinco céntimos (Bs. F. 70,55). por concepto de servicios médicos realizados por traumatismo, imputados 56. Copia de Registro de cheques con cargo a la partida 4.03.08.05.00 "Servicios Médicos, Odontológicos y otros Servicios de Sanidad", emitido por la Gerencia de Informática del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, (folios 119 al 124). 57. Copia certicada de la ejecución financiera de la partida presupuestaria 4 03.08.05.00 denominada Servicios Médicos. Odontológicos y otros Servicios de Sanidad (folios 125 al 133). DE LAS NOTIFICACIONES Y DE LAS PRUEBAS INDICADAS POR LOS INTERESADOS. El auto que dio inicio al presente procedimiento administrativo fue notificado durante el año 2010 en atención al siguiente orden: a) Al ciudadano ANGEL BARRENO, titular de la cédula de Identidad N° V-5.388.949, tal como se evidencia en el Oficio N° 08-01-2017 de fecha 09 de noviembre de 2010, debidamente recibido por su persona en fecha 12 de noviembre de 2010 (folios 376 al 378). en el cual se le indicaron las fases del procedimiento administrativo General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, asi como se le hizo la mención de que quedaba a derecho para todos los efectos del procedimiento. Cabe destacar, que esta Dirección libró auto de fecha 06 de diciembre de 2010 (folios 389 y 390), en la cual, se dejó constancia de lo siguiente: "Visto que la Dirección de Cantrol de Estados de la Dirección General de Control de Estados y Municipios de la Contraloria General de la República, practicó actuación Fiscal en el instituto de Vivenda y Equpamiento de Barrios del estedo Carabobo, cuyos resultados constan en el Informe Definitivo N° 07-01-124 de fecha 28 de noviembre de 2003, actuación que estuvo onentada a analizar la ejecución presupuestana y financiera del referido Instuto. de la Pantida N° 4.03 08.05 00 denominada "Servicios Médicos. Odontológicos y otros Servicios de Sanidad" correspondiente al ejercicio fiscal del año 1999. Visto el Informe de Resutados de fecha 16 de febrero de 2004 de la Potestad de investigación identificada con el N° Pl 03-01-13-03 de fecha 04 de diciembre de 2003. Visto que en fecha 24 de septiembre de 2010. se suscribió auto de inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades. por la ocurrencia de presuntas irregularidades ocurridas en el mencionado Instituto Visto que en fecha 09 de noviembre de 2010. se librò Oficio N° 08-01-2017 dirigido al ciudadano ANGEL BARRENO. Btular de la cêdula de identidad Nº V-5.388.949, el cual fue debidamente recibido por el interesado, tal y como se evidencia de los folios 376 al 378 del expediente Visto que el lapso a que se contrae el articulo 99 de la Ley Orgánica de la Contralorla General de la Repubica y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el articulo 91 del Regiamento de la Ley en comento. establecido para indicar las pruebas que producirà en al acto oral y público a que se refiere el articulo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la Repúbica y del Sistema Nacional de Control Fiscal venció el día veces 03 de-diciembre de 2010. a las 3 30 p m. en consecuencia, el referido lapso transcuriò integramente sin que el ciudadano ANGEL. BARRENO, haya presentado por ante esta Dirección escrto de indicación de pruebas, quien suscnbe, deja constancia de la presente situación y acuerda estampar un ejemplar del presente auto en el expediente administrativo identificado con el N° 08-01-07-10-003." Posteriormente, el ciudadano JONATHAN GARCIA NIEVES. abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 69.233, en su condición de representante legal del ciudadano ANGEL. BARRENO, plenamente identificado en autos. presento escrito de indicación de pruebas de conformidad al articulo 99 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el articulo 91 del Reglamento de la Ley en comento, en fecha 06 de diciembre de 2010, constante de treinta (30) folios, debidamente recibido por esta Dirección en esa misma fecha a las 10:36 a.m. (folios 376 al 378). No obstante, esta Dirección mediante auto de fecha 06 de diciembre de 2010 (folio 391), indicó lo siguiente: "Visto que el crudadano JONATHAN A. GARCiA NIEVESs, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 89.233, en su condición de representante legal del Ciudadano ANGEL BARRENO, stular de la cêdula de identidad N° V. 5.388.949. en su carácter de imputado en el presente procedimiento administrativo. cuyo expediente quedo distinguido con el N° 08-01-07-10-003, presentó escrito de indicación de pruebas en fecha 06 de diciembre de 2010, constante de treinta a m. cabe destacar que en el mencionado escrito, se nace referencia a la promoción de la documental constituida por copia"fotostática del documento descriptivo del cargo de Gerente de Administración del referido Instituto marcada con la letra "B". no obstante, no lue consignado el anexo al cuai se alude. En este sentido, se observa que el lapso a que se contrae el articulo 99 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la Repúbica y Reglamento de la Ley en comento, establecido para indicar las pruebas que producirà en el acto oral y púbico a que se refiere el articulo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de ia República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, venció en fecha 03 de diclembre de 2010, a las 3:30 p.m. lo cual fue señalado en el referido expediente. mediante Auto de Vencimiento de Indicación de Pruebas de fecha 06 de diciembre de 2010 (folios 389 al 390). No obstante. en aras de privilegiar el derecho a la defensa establecido en el articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venazuela, quien suscribe, ordena incorporar o al respectivo expediente, y se reserva el pronunciamiento respecto a su contenido en la oportunidad en que deba dictarse la decisión que habrá de recaer en el presente procedimiento administrativo. b) Al ciudadano PEDRO ANTONIO CARRANZA CABRERA, titular de la cédula de Identidad N° V-4.034.845, tal como se evidencia en el Oficio N° 08-01-2018 de fecha 09 de noviembre de 2010, debidamente recibido por su destinatario en fecha 15 de Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, asl como se le hizo la mención de que quedaba a derecho para todos los efectos del procedimiento. indicación de pruebas de conformidad con lo establecido en el articulo 99 de la Ley Orgánica de la Contralorla y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el articulo 91 del Reglamento de la aludida Ley. Asimismo, esta Dirección mediante auto de fecha 10 de diciembre de 2010, se pronunció en los términos siguientes: "Visto que el ciudadano PEDRO ANTONIO CARRANZA, titular de la cédula de identidad N° V. 4.034 845. en su carácter de imputado en el presente procedimiento administrativo. cuyo expediente quedo distinguido con el N° 08-01-07-10-003, presento escrito dentro del lapso estabiecido en el rticulo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el articulo 91 del Reglamento de la referida Ley. de fecha 06 de diciembre de 2010. constante de tres (03) folios sin anexos, debidamente recibido por esta Dirección en fecha 08 de diciembre de 2010, en este sentido, quien suscnbe, ordena incorporarlo al respectivo expediente, y se reserva el pronunciamiento respecto a su contenido en la oportunidad en que deba dictarse la decisión que habrá de recaer en el presente procedimiento administrativo. c) Al ciudadano EDUARDO PINO, tular de la cédula de Identidad N° V-7 012.914, tal como se evidencia en el Oficio N° 08-01-2019 de fecha 09 de noviembre de 2010. página original (tal como se publicó) [Página 50] debidamente recibido por su destinatario en fecha 22 de noviembre de 2010 (folios 382 al 384). en el cual se le indicaron las fases del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades previsto en la Ley Orgánica de la Contralorla General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como se le hizo la mención de que quedaba a derecho para todos los efectos del procedimiento. En este orden, el ciudadano JONATHAN GARCÍA NIEVES, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 89.233, en su condición de representante legal del indiciado, debidamente acreditado en autos, presentó escrito de indicación de pruebas en fecha 15 de diciembre de 2010, de conformidad con lo establecido en el articulo 99 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el articulo 91 del Reglamento de la aludida Ley (folio 427 al 456). En este sentido, esta Dirección mediante auto de fecha 17 de diciembre de 2010 se pronunció en los siguientes términos: () 1) En el escrito de indicación de pruebas, el representante legal del ciudadano Eduardo Pino. promovió las documentales que cursan en los folios 51 al 117 -ambos inclusive-, 140 y 141 del expediente administrativo, quien suscribe, las admite y se dictarse la decisión que habrá de recaer en el presente procedimiento administrativo. 2. Con fundamento en el articulo 54 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, fue promovida la prueba de informe inter-administrativo y solicitó que la máxima autoridad del IVEC, informe sobre las funciones y/o atribuciones de la Gerencia de Administración de dicho instituto, asi como de la Jefatura de Presupuesto adscrita a la misma, por lo que quien suscribe, la admite y se reserva el pronunciamiento respecto de la misma en la oportunidad en que deba dictarse la decisión que habrá de recaer en el presente procedimiento administrativo." En este orden de ideas, esta Dirección a través de Oficio N° 08-01-001 de fecha 04 de enero de 2011, solicitó la colaboración del Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, a los fines de que informara cuáles eran las funciones y/o atribuciones de la Gerencia de Administración y de la Jefatura de Presupuesto del Instituto al cual preside, vigente para el ejercicio fiscal 1999, en cuyo caso debía indicar el documento o instrumento juridico (debidamente aprobado por la máxima autoridad) de donde se extrae la información, y remitir un ejemplar en copia certificada. En cumplimiento a lo anterior, el Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, mediante Oficios Nros. P-01-2011-0021 y P-01-2011-0022, ambos de fecha 11 de enero de 2011, respectivamente, dio respuesta a lo solicitado, a lo cual ésta Dirección incorporó al expediente administrativo identificado con el N° 08-01-07-10-003. I1 MOTIVA DE LOS ALEGATOS DE DEFENSA EXPUESTOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LOS IMPUTADOS DURANTE LA REALIZACIÓN DEL ACTO ORAL Y PÚBLICO CELEBRADO EN FECHA 14 DE ENERO DE 2011 Y EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES El día 14 de enero de 2011 a las 9:00 a.m. se inició el acto oral y público a que se contrae el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Contralorla General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en relación con los articulos 92 al 97 del Reglamento de la Ley en comento, vinculado con el Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, iniciado por auto de fecha 24 de septiembre de 2010, para que los ciudadanos: PEDRO CARRANZA CABRERA, ANGEL BARRENO y EDUARDO PINO, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-4.034.845, V-5.388.949 y V-7.012.914, respectivamente, en sus condiciones de Director General de Administración, Presidente Encargado y Presidente, todos del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC) para los períodos señalados en autos, imputados en derechos e intereses. En actas levantadas en el marco del acto oral y público, ya aludido, se dejó expresa constancia de la ausencia del ciudadano PEDRO CARRANZA CABRERA, plenamente identificado en autos. BARRENO, EDUARDO PINO y de sus defensores, ciudadanos JONATHAN GARCÍA NIEVES y MARIOSKA GAVIDIA CASTELLANOS, plenamente identificados en autos. ciudadano ANGEL BARRENO, quien cedió su derecho al defensor JONATHAN GARCÍA EDUARDO PINO, en su condición de imputado, quien se reitera estuvo presente en el acto. El referido defensor, alegó fundamentalmente lo siguiente: "Antes que todo muy buenos días, por razones, por limitaciones de tiempo debo dar por dichas y ratifcadas en este acto todas y cada una de las consideraciones que fueron explanadas en los respectivos escritos de 'defensa (.) de manera de que eso quede apuntado ali en el acta, y voy a proceder (.) brevemente exponer sobre las consideraciones que considero más, más puntuales. Como un punto preliminar (.) tratando el tema de la prescripción observemos lo siguiente. La Ley de Contraloria del 95 nada (.) preveía en materia de prescripción y sabemos del criterio de este máximo Organo Contralor en cuanto a que en este caso se aplica el 102 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público el cual establecia un lapso de prescripción de cinco años. No obstante, nosotros (..) observamos que el texto expreso del articulo 102 de la Ley de Salvaguarda es el siguiente, cito: las acciones penales, civiles y administrativas derivadas de la presente Ley inequívoca que es una prescripción de las acciones derivadas de esa Ley no de otra, en este sentido observamos que según el articulo 4 del Código Civil en la manera como deben interpretarse las normas es la siguiente. dice el Códiao Cilen su articulo 4: a la Ley debe atribulrsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras según la conexión de elas entre si y la intencion dei legisiador', entonces. derivadas de esa ley. como transporarlas hasta otra ley (.) consideramos que esto no (.) sería una interpretación ajustada a los principios contenidos en el articulo 4 del Código Civil. Adicionalmente, observamos que segun la doctrina nacional () entre otros autores a José Araujo Juárez. José Peña Solis y el escritono Badell& Grau. (.…) en España Parejo Afonso, Garcia Enterria, Tomás Ramón Fernández y fundamentalmente Alejandro Nieto, asi como también la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la Corte Suprema de Justicia venezolana (.) este tipo de lagunas juridicas como las que presentaba la Ley del 95 al no prever un lapso de prescripción debla ser legado con la norma general que rigiera la materia sancionatoria que tanto en España como en el caso venezolano es la norma, se entiende que es el Código Penal, siendo asi, nosotros () rechazamos (…) contradecimos que sea aplicabie el 102 de la Ley de Salvaguarda por razones obvias, y consideramos, coincidimos, pues nos adherimos al criterio de la jurisprudencia y de la doctrina (.) en cuanto a que el lapso de prescripción aplicabie es el previsto en el 108 del Código Penal, el cual establece que salvo en casos de que la ley disponga de otra cosa, la acción penal prescribe asi, ordinal 8") por un año, si el hecho punible sólo acarreará arresto por tiempo de uno a seis meses o multa mayor de ciento cincuenta bolivares o suspensión de ejercicio de la profesión, industria o arte, entonces ese (.) a nuestra manera de ver, como dije. ese es el lapso de prescripción aplicable. Adicionalmente, observamos que los mecanismos de interrupción de la prescripción previstos en la ley (..) del 2001 en la Ley Orgánica de la Contraloria General de la Republica y del Sistema Nacional de Control Fiscal no son aplicables al presente caso por dos razones, una, es que ésta Ley entró en vigencia con posterioridad a la ocurrencia de los hechos y la materia de prescripción y de interrupción de la prescripción es en esencia materia de derecho sustantivo, es decir, no es materia de derecho adjetivo, no es materia de hecho a la ocurrencia del hecho de que se está imputando, so pena de incurre en una manifiesta violación del Pasado este punto preliminar entramos a considerar sobre el fondo de nuestros argumentos, el primero de ellos es de naturaleza de rango constitucional, asl observamos nosotros también inspirados en la doctrina nacional y extranjera y también en una sentencia de la Sala Piena de la Corte Suprema de Justicia, que se desprende del articulo 49 de la carta fundamental, un principio de culpabilidad según el cual nadie puede ser deciarado responsabie sin que se le haya verificado, sin que se le haya probado su culpabilidad, entendiendo por culpabilidad la existencia de una de las dos hipótesis clásicas de el dolo o la cupa; una responsabilidad objetiva como la que algunos autores y operadores del derecho (.) le atribuyen, por ejemplo, a la ley, por ejemplo, a algunos de los supuestos de la Ley de Contraloria que establecerán supuestos de responsabilidad objetiva (.) esto a nuestra manera de ver y acogiéndonos a esta jurisprudencia, estaria violando ese principio de culpabilidad, es decir, hay que de todas todas para responsabilizar a una persona (.) probable su actuación mediante dolo o culpa, es decir, impericia, imprudencia, etcétera. En este sentido, me permito citar (..) la sentencia que les comento del Tribunal Supremo de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, esta cita la tomé (.) de la obra "Régimen de Control Fiscal". editada por el escritorio Badel & Grau 1998, páginas 210 y 212 (.) leo: 'Señala la Sala Plena, carecerán de fundamento constitucional las leyes administrativas que dediquen un capitulo de su normativa a regular disposiciones penales o las sanciones o pena sin que se refieran precisamente a conductas dolosas o culposas, sino al incumplimiento general de deberes juridicos del administrado frente a la administración', es decir, que a criterio de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, hay que venficar la actuación mediante, bajo dolo o culpa de los imputados, en este caso. Siendo que en éste procedimiento de ninguna manera ha quedado probado que mis defendidos hayan actuado bajo efecto de ninguna de esas hipótesis, ni la de doio, ni la de culpa, sólo está probado en autos que ellos firmaron los cheques, pero no que hayan tenido un dolo para malversar o que una eventual y negada por nosotros malversación haya sido culpa de ellos, al contrario, tenemos razones para pensar que el supuesto negado de que hubiera habido una malversación, sería responsabilidad de funcionarios subalternos a quienes corresponda realizar las imputaciones presupuestarias, a quienes correspondia realizar los controles previos y controles, incluso, sobre esos funcionarios que estaban en supervisiones directas, inmediatas de estos funcionarios que estaban realizando funciones de control. (.) como otro argumento de fondo pasamos a argumentos de rango legal y es que definitivamente a nuestra manera de ver, no hubo malversación de fondos tal como vamos a exponer los de seguida. (.) se imputa a mis defendidos la incurrencia en el supuesto de responsabilidad previsto en el 113 numeral 2 de la Ley de las que estuvieren previstas por leyes, reglamentos o actos administrativos, aqul, es importante resaltar lo siguiente La partida 4.03.08.05.00, expresamente según el Plan Único de Cuentas, vigente ratione temporis. osea, para el año 99 contemplaba dos extremos indispensables, dos únicos e indispensables extremos para que procederán pagos por esa partida, y estos extremos son los siguientes. Primero, la naturaleza del servicio prestado, según el clasificador presupuestario, la naturaleza debía ser un servicio médico, odontológico de sanidad, es decir, la naturaleza debía ser en esa materia de salud como termino general. genérico (.) y el segundo requisito indispensable o extremo, es la naturaleza juridica del prestador de servicios por esa partida, sólo se puede pagar a prestadores de servicios que gocen de la naturaleza de personas juridicas, es decir, a entes, no se les puede pagar a personas naturales (.) entonces, sólo se pagarán por servicios de salud y eso se cumplió en todos y cada una de las operaciones y sólo se pagaba cuando el prestador de servicios fuera una persona juridica, y està probado en autos que solamente fue asi que se procedió al pago. (.) actuando conforme a los principios de acuciosidad, especialidad y especificación presupuestaria el IVEC actuò, muy por el contrario, de manera exhaustiva y diligente, el IVEC previó con base legal, es decir, con base en el Plan Único de Cuentas dos partidas que podia prever perfectamente como todo organismo público, que era por via de la 4.01 el reemboiso, el pago, la subvención directa al trabajador de los gastos en que hubiere incurrido al trabajador, de hecho, la partida 40.01 que fue leida hace algún momento, expresa de manera inequívoca que el pago se realizaría, el beneficiario es a empleados, no dice empleados y o familiares de los empleados, sólo empleados (.) por eso es que por vía de 4.01 (..) mientras que en el caso de la 4.03 estamos hablando de un servicio de salud, verdad, pero que evidentemente no puede ser beneficiario el ente u organismo por razones naturales, es decir, primero, el organismo no es una persona biológica, no tiene una vida propia, como () se le puede prestar servicio de salud a una parsona juridica, osea, eso de perogrullo se cae, no cuadra en la lógica, entonces, como vale en este momento hacer la permita pagos por servicios de salud si no fuese para los trabajadores de la institución y en este caso sus familiares por la política que tenian de asistencia a su grupo familiar?, osea entonces quedar la la partida como letra muerta en el Plan Único de Cuentas, porque siempre el ente va a ser una persona (.) abstracta, incorpora, no natural, que no es susceptible de ser beneficiaria de ese servicio, lo cual además profundizamos con el hecho de que el IVEC no tiene por objeto la salud pública, esto será el caso de Carabobo como In Salud ya ese es su objeto, entonces, el objeto del IVEC no era prestar servicios de salud, es decir, que no podia gastar tampoco esa partida prestando salud pública y entonces tampoco el servicio le podia ser prestado a ella misma, al IVEC. porque es una persona juridica, entonces, me pregunto y le solicito a este máximo Organismo Contralor que revise ese criterio, yo cuestionó fundamentalmente es el criterio de la auditoria, yo considero, consideramos nosotros, perdon: que el hallazgo de auditoria indujo al error a este lustre organismo contralor por cuanto () la auditoria no fue exhaustiva, no se, no se entró a profundidad a considerar sobre los cuatro elementos del hallazgo, el criterio està errado, ese criterio utilizado en el hallazgo no permite, no es pertinente, para hablar de una malversación, en este caso, osea, Imaginense que en la que en el hallazgo de auditoria dice: ese gasto debió haberse hecho por la 4.01: ustedes se imaginan que mi defendido hubiesen pagado por 4.01, que es una partida prevista para reemboisar, para pagar directamente al trabajador los gastos en que incurrió y que lo hubiese pagado a una clinica por esa partida, all si habría habido malversación de fondos, es decir, de manera clara la malversación de fondos sólo ocurra en el presente caso, en el caso que nos ocupa, si con la parida 4.01 de gastos de personal, entonces, nosotros hubiésemos pagado en este caso mis defendidos directamente a la clínica, eso, malversó, porque esa partida no era para pagar a personas juridicas sino para beneficiar directamente al trabajador, y hubiese sido también malversación si con la partida 4.03 que es para prestación de servicios directos al ente, verdad, por servicios de salud, entonces, yo hubiese pagado, reintegrado a los trabajadores en esos dos, en esas dos hipótesis es que habria ocurrido malversación; en el peor de los casos, en el supuesto negado de que la interpretación sea contraria a lo que estamos plasmado, esto no debió pasar de una mera recomendación, es decir, la auditoría ha debido concluir, recomendarse, a lo sumo tenga en cuanta para el próximo perlodo presupuestario cuando vaya a formular excluya de su de su presupuesto la partida 4.03 (.) prevista para salud, porqué por las razones que expresa ahorita, porque esta institución no tene por objeto (.. la prestación de salud pública y evidentemente como es una persona juridica no puede ser beneficiaria de ese tipo de servicios, entonces, esa habria sido una recomendación y habria tenido la oportunidad la administración del IVEC de acatar la, pero de ninguna manera, como repito, ha habido malversación, (.) decla que el hallazgo (..) carece de criterio porque de ninguna manera se deja claro (.) la manera en que se violó el Plan Único de Cuentas, osea, la malversación en qué consistió, osea, no (.) se expresa, nosotros, deducimos por lógica, lo que estamos diciendo acá, osea, nosotros vemos la cuenta, la interpretamos, vemos los gastos y decimos, oye, si esto no encuadraba aqul entonces donde encuadra?, es imposible que encuadrara en la otra. (.) también cuestionamos el hallazgo de auditoria porque consideramos que no (…) perm tió al máximo Organo Contralor a través de esta honorable dirección (.) observar el principio de tipicidad exhaustiva con respecto a los (.) imputados, en este caso mis defendidos, por cuanto el hecho no puede ser subsumido de manera perfecta, inequívoca, exhausta en ese tipo (..) en ese supuesto de responsabilidad administrativa, como repito, ali no se desvió fondos, muy por el contrario, se imputó el gasto a la partida especifica para eso, servicio prestado por una clínica, es decir, persona juridica y la naturaleza salud, esa era, y no otra, mal podia haberse imputado por la otra, sin haber incurrido, ahi si, en ese caso, en una malversación de fondos. Una vez que existe la partida 4.03.08. 05.00 en un presupuesto, la administración bene la potestad de recomendación, mira ustedes de verdad eliminen esa partida porque no no no es pertinente para los fines () de la institución (.) recomiéndameia y la eliminó, pero una vez que existe, existe también la potestad de ejecutará, no existe partida que no sea ejecutable. Otro argumento es la ausencia de nexo causal; en el expediente está probado que mis defendidos firmaron los cheques con los que se pagó pero aqul no se està imputando la responsabilidad por ordenación de pagos indebidos o contrarios a la normativa, no, es malversación, entonces, para determinar el nexo causal tenemos que decir cuál fue el hecho puntual que generó la malversación, la firma del alto gerente público que debe confiar en la cadena sucesiva y larga de funcionarios subalternos que tienen competencia, pericia y atribuciones para realizar perfectamente las imputaciones presupuestarias para realizar los controles previos o es del gerente, entonces, si hubo una mala imputación -en el supuesto negado de que hubiera una mala, una una malversación de fondos, tendria que ser porque se imputó mal, mis representados no eran quienes realizaron las imputaciones, sino los analistas, no eran los responsables directos como lo eran los Jefes de los Departamentos de Presupuesto de velar -como lo dice las normas intemas de la Instución- de que ellos presupuestaria, había por lo menos tres escalones de subordinación de funcionarios y cargos entre el primer punto de la imputación y la firma de mis representados, es decir alli no hay nexo causal que permita decir que en una negada malversación fuese responsabilidad de los altos gerentes. Todos y cada uno de los pagos -es de resaltar- que todos y cada uno de los pagos realizados por mis representados fueron previamente chequeados y/o autorizados por el personal subalterno, según los limites de cada quien en sus atribuciones. es decir, cuando a elos les llegaba la oportunidad de firmar el cheque ya eso tenla sello húmedo y firma de toda esa cadena de funcionarios, es decir, que ellos perfectamente no sólo podían sino que también debían, por el principio de confianza legitima y también por el principio para no obstrui (.. la propia administración, página original (tal como se publicó) [Página 51] tenia que confiar que eso vena bien, osea, nay una cadena de funcionarios competentes para elo ustedes se previo del cheque que esta fijando en ese momento està bien, no, osea, cada quien hay que delimitar las responsabidades y como le dje aqui no se imputó responsabilidad por pagos sino por malversación, u n n n n control previo, bien, entonces, esas no son las responsabilidades de mis dafendidos, pero en todo caso, es a todo evento este argumento, porque nosotros insistimos en que de manera evidente all no hubo malversación, basta ver, lástima que no pudimos traer la proyección hoy, basta ver la letra del Plan Único de Cuentas para observar que allos dos extremos están cumplidos". (.) adicionalmente a todos estos argumentos que yo considero de naturaleza juridica, hay unos argumentos que van un poco más alla del derecho y yo he tenido bien dellamar argumentos metajuridicos y son los siguientes: ya para cerrar, con la prevision de ambas partidas presupuestarias (.) la administración del IVEC, en este caso, mis representados. lo que hicieron fue procurar un mayor margen de cobertura ante (.) los incidentes de tipo sanitario, de salud, etcétera, de sus trabajadores y de los famiares, es decir, digentemente como un buen padre de familia, como un buen patrono con una conciencia social previó la posibilidad de una partida (.) para reembolsar directamente al trabajador que pudo, que tuvo recursos como pagarlo o en el trabajador a ese, a esa pesada carga económica. (.) se actuó en pro del derecho a la salud de lon trabajadores y de sus famiares y con ello en garantia del sacratisimo derecho a la vida, es decir, se actuó contemplaba esa partida y de hecho todavia la contempla y con los mismos extremos por cierto y de ninguna manera se actuó deshonestamente, ali nunca hubo una licitación para casarse con una clinica ni nada do eso, no, el (.) trabajador o sus familiares buscaban los servicios en la clinica que ellos consideraban de su confianza ya que esa era la que se pagaba, o sea, no hubo, fue totalmente, la actuación fue honesta, nunca hubo fraude, no se actuó de manera dolosa, fraudulenta y mucho menos contraria a la moral administrativa. Como dije., repito. (.) en todo caso, mis clientes como altos gerentes públicos no tenian tiempo para detenerse a verificar (.) la calidad del control previo (..) no obstante, que ellos tampoco lo tienen como atribución. En virtud de todo esto ya para concluir. (.) solicito en orden subsidiario las siguientes peticiones: causas. En segundo lugar, solicitó que se declare el sobreseimiento de éste procedimiento, por haber prescrito las acciones fiscales intentadas, es decir, ya fuere por el caso de la prescripción anual del Código Penal o la quinquenal de la Ley de Salvaguarda, si este Órgano de Control insistiera en mantener ese criterio, en ambos casos esta prescrita la acción por cuanto no se intemumpió (.) ese dicho lapso de prescripción, ya que los supuestos previstos en la ley del 2001, la Ley de Contraloria y del Sistema Nacional de Control Fiscal, no (.) operan de manera retroactiva, y los previstos en el Código Penal tampoco ocuieron y finalmente, repito, de manera subsidiaria de que en el caso de que se tome una decisión (.) contraria a los intereses de mis representados que se tome en cuenta el principio de proporcionalidad de las sanciones en virtud del cual (..) la sanción tendria que evidentemente estar apegada a (.) una a un, en lo que en derecho administrativo se transparencia, es decir, no produjeron daño. (.) tendrían razones para creer que el control previo estaba bien hecho, habia una cadena larga de funcionanos evidentemente que tendría que ser una sanción muy minima, entonces, no obstante, yo confio en la justicia y este tipo de actos me hacen creer en ella (.) con todo esto, consignar, que conste en acta que consignamos un ejemplar de unos tips que fortalecen el escrito." ANGEL BARRENO y EDUARDO PINO, ampliamente identificados en autos, manifestó en cada uno de los escritos de indicación de pruebas, alegatos similares a lo expuesto en acto oral y público, por lo que se procede de seguidas a su valoración en conjunto. En los escritos de indicación de pruebas como en el marco de la celebración del acto oral y público, el ciudadano JONATHAN GARCÍA NIEVES señaló respecto a la figura de la prescripción, lo siguiente: - Que la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República, vigente para el año 1995. no estabiece ninguna previsión en materia de prescripción de la acción para perseguir la responsabilidad administrativa; que hay un vacio; que hay que tomar en consideración lo en el numeral 6° que la acción penal prescribe por un año y siendo que la Ley que rige nuestras funciones, no dispone otra cosa, resulta aplicable la prescripción de un año; que es criterio reiterado de este Organismo Contralor, la aplicabilidad del artículo 102 de la derogada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, en materia de prescripción y que ésta Ley no resulta aplicable por cuanto la prescripción allinstituida, es sólo para las acciones derivadas de esa Ley, tomando en consideración además, lo dispuesto en el Salvaguarda del Patrimonio Público, no le favorece a sus representados y que las normas en materia de prescripción de acciones para perseguir ilicitos de cualquier naturaleza, constituyen materias de Derecho Sustantivo, y por tanto comparten la misma suerte de las normas que prevén las respectivas tipificaciones legales -supuestos de responsabilidad en sus representados, no estaban vigentes las actuales previsiones en materia de interrupción de la prescripción en materia de acciones fiscales, razón por la que mal puede reputarse como interrumpida la prescripción, por el hecho de que a sus representados se le hubiere practicado alguna de las notificaciones a que se contrae el articulo 115 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, llo so pena de incurrir en violación del "Principio de Irretroactividad de la Ley ". y viciar, asi, de nulidad la decisión a ser proferida en este procedimiento. En este orden de ideas, el ciudadano PEDRO CARRANZA CABRERA, mencionó en cuanto a la prescripción, en su escrito de indicación de pruebas, fundamentalmente lo siguiente: - Que los hechos mencionados en el informe de la contraloría se realizaron en el año 1999, por lo que han transcurrido mas de 10 años desde ese entonces, lo cual equivale a que deberia estar expirado por la cantidad de tiempo transcurrido." Luego de haberse hecho referencia a los alegatos de defensa expuestos por el ciudadano JONATHAN GARCÍA NIEVES, en su condición de representante legal de los ciudadanos ANGEL BARRENO y EDUARDO PINO, asI como los del ciudadano PEDRO prescripción de la acción antes referida, toda vez que si la misma se encuentra consumada no podrá perseguirse la responsabilidad administrativa que pudiera derivarse del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades como el que nos ocupa. En tal sentido, es oportuno realizar las siguientes consideraciones respecto a la figura de la prescripción, por tratarse una institución de orden público y su importancia dentro del procedimiento administrativo sancionatorio. La prescripción comporta la extinción, con el transcurso del tiempo, de la Potestad Sancionatoria respecto a los supuestos específicos, esto es, que ante la comisión de un transcurra pacificamente e tiempo previsto en la legislación para que opere la extinción de esa Potestad. En el caso que nos ocupa, es conveniente serñ.alar que los hechos ocurrieron bajo la vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995, la cual y expresa que regulase el lapso de prescripción, asl como los actos susceptibles de Salvaguarda del Patrimonio Público: ello obedece a que el procedimiento seguido por esta Contraloría tiene indiscutiblemente carácter administrativo, considerándose como Ley ser ley especial en la materla, tomando en cuenta que dicha ley contenía supuestos generadores de responsabilidad administrativa, que junto con los previstos en la ley que regía y aún rige nuestras funciones eran susceptibles de generar dicha responsabilidad. De manera que para que se originará la responsabilidad administrativa se debla incurrir en una de las causales que a este efecto habla previsto la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, vigentes para el momento, por ende, en ausencia de una disposición normativa hacer efectiva dicha responsabilidad, debía supletoriamente aplicar lo dispuesto en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, criterio éste que ha sido adoptado por este Organismo Contralor. De todo lo expuesto se deduce que en materia de prescripción existía un vado en la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República, vigente para el momento de ocurrencia del hecho, razón por la que se hacía preciso acudir de manera supletoria al cuerpo normativo que, para ese entonces, regulaba además las conductas irregulares que atentaran contra el patrimonio público, entre las cuales se encontraban del Estado, como lo es la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. De lo anteriormente expuesto, se concluye que en cuanto a la aplicación de la institución de la prescripción al derecho sancionador, se aplican las disposiciones relativas presente Lay, prescribirán por cinco años, los cuales se contarán siguiendo las reglas establecidas en el Código Penal. Sin embargo, cuando el infractor fuere funcionario púbico, la prescripción comenzara a contarse desde la fecha de cesación en el cargo o función (.)" (Enfasis nuestro) contados desde la fecha de ocurrencia del hecho y cuando se trataba de funcionarios ostentado por el funcionario a quien se le hubiere atribuido la comisión del hecho presuntamente irregular. Salvaguarda del Patrimonio Público, hada una remisión expresa al artículo 110 del Código Penal, razón por la que estimamos citar su contenido: pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el reo, si éste se fugare. Interrumpirán también la prescripción el auto de detención o de citación para rendir indagatoria y las diligencias procesales que les sigan; pero si el juicio, sin culpa dei reo, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicabie. más la mitad del mismo, se declarará prescrita la acción penal. Si establece la Ley un término de prescripción menor de un año, quedará ella interrumpida por cualquier acto de procedimiento, pero si en el término de un año. contado desde el dia en que comenzó a correr la prescripción, no se dictare sentencia condenatoria, se tendráà por prescrita la acción penal. La prescripción interrumpida comenzarà a correr nuevamente desde el dia de la interrupción. La interrupción de la prescripción surte efecto para todos los que han ocurrido al hecho punible, aún cuando los actos que interrumpan la prescripción no se refieran sino a uno" (Destacado nuestro) En este contexto, es menester indicar que en fecha 25 de noviembre de 1999, la Sala Polltico Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal (Exp. 5840), dictó la sentencia N° 1.622, a través de la cual fue emitido pronunciamiento con relación a la aplicación supletoria de los principios contenidos en el artículo 110 del Código Penal al procedimiento administrativo sancionador, en los términos siguientes: Al respecto, observa la Sala que uno de los principios que gobiernan la actividad estricto sensu, y al procedimiento administrativo sancionador, es el de la prescripción de la acción sancionatoria. La aceptación de la prescripción como principio general, se traduce en que dicha institución puede legar aplicarse, incluso por analogía, en ausencia de una norma que fie el lapso de prescripción aplicable para un determinado campo de la Asl lo ha entendido esta Sala. al sostener en sentencia del 23 de fabrero de 1995, que en ausencia de un plazo especial, son aplicables las reglas generales establecidas en el Codigo Penal a los fines de establecer, el lapso de prescripción de la acción prescripción, son diversos, y entre ellos suelen invocarse razones de seguridad juridica, representados por la necesidad de que no se prolonguen indefinidamente situaciones expectantes de posible sanción y su permanencia en el Derecho material sancionador, asi como las razones de oportunidad. pues se afirma que cuando pasa cierto tiempo se carece de razón para el castigo, porque buena medida, al modificar el tempo las circunstancias concurrentes, la adecuación entre el hecho y la sanción principal desaparece (Cfr NIETO, ALEJANERO. Derecho Administratvo Sancionador. Edit. Civitas: pp 462-483). página original (tal como se publicó) [Página 52] Respecto de ello, observa la Sala que hasta la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, no existia una norma general que estableciera el plazo de prescripción aplicable a la acción sancionatona destinada a declarar la responsabidad administrativa de los funcionarios públicos De otra parte, en cuanto al primer acto susceptible de interrumpir la prescripción de la acción sancionatoria, observa la Sala, que la ausencia de la disposición legal expresa en el âmbito administrativo, resulta aplicable el prncipio general consagrado en el articulo 110 del Código Penal, conforme el cual. pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatona, o por la requisitoria que se libre contra el reo, si èste se fugare. Interrumpirá también la prescripción el auto de detención o de citación para rendir indagatona y las digencias procesales que le sigan, pero si el juicio, sin culpa del reo. se prolongare por un bempo igual al de la prescnpción aplicable más la mitad del mismo ( susceptible de interrumpir dicho laso de prescnpción, es la emisión del auto de rendir declaración indagatona (luego que se dicta el auto de sometimiento a juicio), si se trata de ilicitos no merecedores de penas corporales Las declaraciones informativas sin juramento, que rnden los indicados en la etapa de investigación, no son suficientes para producir el señalado efecto interruptivo sancionador, resulta concluyente que el primer acto interruptivo de la prescripción en tales procedimientos lo constituye el levantamiento del Acta de Formulación de Cargos, por ser ese tramite el que se asimila al auto de procesamiento judicial, en cuanto circunscribe la averiguación en una determinada persona (énfasis nuestro) En este sentido, debe recordarse que al igual de o que acontece en el proceso penaiadministrativa, lo que se investigan son simples hechos. Solo si tales hechos se comprueban, y existen fundados Indicios que permite suponer la participación de un determinado funcionario en su comisión, es que se inicia el procedimiento acontece en el proceso penal con el auto de procesamiento (el auto de detención o sometimiento a juicio, segun el caso), en el procedimiento, administrativo sancionador en acta de cargos es el acto de tramite que inicia el procesamiento del funcionario, quien -al serle formulado los cargos respectivos- adquiere la condición de parte investigada en el procedimiento (êénfasis nuestro) En definitiva, es concluyente para esa Sala que asi como en el proceso penal el auto de procesamiento (de detención o la citación para rendir declaración indagatoria. s. se hubiere dictado un auto de sometimiento a juicio) es el primer acto susceptible de interrumpir la prescnpción de la acción penal en el procedimiento administrativo sancionador. dicha función la cumple el Acta de Formulación de Cargos. por cuanto en dicho acto de tramite por primera vez se le imputa al siete investigado la presunta comisión de actuaciones ilícitas" (énfasis y subrayado de la sentencia) Tal como se desprende de lo parcialmente trascrito, fue a través de la jurisprudencia que se establecieron los principios y reglas que rigen la materia de la prescripción en lo procedimientos administrativos sancionatorios. En este contexto, quedó definido que el acto que interrumpia la prescripción de la acción en materia de procedimientos administrativos de carácter sancionatorio era el Acta de Formulación de Cargos, por cuanto era a partir de ese momento que se adquirir la condición de parte investigada (imputado) de ilicitos concretos producto de las investigaciones llevadas por el Órgano de Control en el ejercicio de sus funciones. Posteriormente, en fecha 19 de septiembre de 2002, la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa (Exp. N° 0840), dictó la sentencia N° 01140. publicada el 24 de septiembre del mismo año. y siguientes: _) La prescnpcón. cuyo termino ha sido concebido en el derecho de diversas formas. está referido, entre otras, en matena penal a la extinción de la acción o de la pena, por virtud del transcurso del bempo Esto último es importante porque precisa distinguir entre uno y otro caso De esta forma, se entiende que la figura de la prescripción resulta diferente según se trate de la acción o de la pena, pues en el primer caso, aten de el transcurso del bempo desde que ocurneron los hechos imputados y hasta el momento en que tiene lugar el ejercicio de la acción respectiva, mientras que, en el segundo supuesto, esto es, la prescripción de la pena, ésta opera a partr del momento en que se dicta la decision y Partiendo de los argumentos señalados y en el sentido que aqul nos ocupa, a saber, la extinción de la llamada por el recurrente acción administrativa; es importante aclarar n contrano, de la actividad de policia que desempeña la administración con el objeto de sancionatona. Dicho esto, se entiende que la prescripción administrativa se consumaríia cuando el lapso transcurndo desde la fecha en que sucedieron los hechos imputados y hasta el momento en que se da inicio al procedimiento administrativo correspondiente, supere el lapso establecido en la ley sin haberse ejercido la acción respectiva. Como quiera que con la prescripción, se persigue extinguir el procedimiento administrativo cuando ha transcurrido un tiempo suparior a cinco años, desde que el funcionario cesará en el cargo y hasta que se dictara el auto de apertura de la averiguación administrativa correspondiente, lo que supone el ejercicio de la acción' (énfasis nuestro) De conformidad con el criterio señalado en el fallo parcialmente trascrito, y con fundamento en el procedimiento sancionatorio administrativo contemplado en la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República de 1995, vigente para la fecha de ocurrencia de los actos, hechos u omisiones que motivaron el inicio del presente propiamente dicho, y es a partir de alli donde se concretan los actos, hechos u omisiones que determinarán la sustanciación de dicha investigación y la posterior formulación de cargos, como resultado de la misma. Este criterio fue sostenido en Sentencia N° 01853. de la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 19 de julio de 2006, con ponencia del Magistrado Hadell Mostafa Paolini, recaida en el expediente N° 1998-14828. El fallo en comento estableció: Con relación al primer vicio alegado, esto es, la prescripción de la acción sancionatona, la cual -a juicio del recurrente- se produjo por haber transcuido el lapso de prescripción de cnco (5) años previsto en el articulo 102 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Pubico. aplicable ratione tempons, esta Sala considera necesario referirse al contenido de la mencionada disposición, la cual establecía Las acciones penales, civiles y administrativas derivadas de la presonte Ley. prescribirán por cinco años, los cuales se contarán siguiendo las reglas establecidas en el Código Penal._Sin embargo, cuando el infractor fuere funcionano púbico, la prescripción comenzara a contarse desde la fecha de cesación en el cargo o función, y si se tratare de funcionanos que gocen de inmunidad, se contarà a partr de momento en que esta hubiere cesado o haya sido allanada (subrayado de esta Sala) Asi. el articulo 110 del Codigo Penal aplicabie ratione temporis, el cual consagra los modos de interrupción de la prescripción para intentar acciones penales, y resulta aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos (Vid. Sentencia de esa Sala N° 681 del 8 de mayo de 2003) dispone lo siguiente. Se interrumpirá el curso de la prescnpción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el reo, si éste se fugare Interrumpiran también la prescripción el auto de detención o de citación para rendir indagatoria y las digencias procesales que les sigan, pero si el lucio, sin cupa del reo. se prolongare por un tiempo iqual al de la prescripción aplicable, más la mitad del mismo. se declararà presunta la acción penal. La prescripción interrumpida comenzarà a correr nuevamente desde el dia de la interrupción. La interrupción de la prescnpción surte efectos para todos los que han concurndo al hecho punible, aun cuando los actos que interrumpan la prescripción no se refieren sino Ahora bien, respecto a la prescnpción en materia administrativa, considera esta Sala oportuno ratificar lo que al respecto ya ha sido señalado en otras oportunidades Así. mediante sentencia N° 1 140 del 24 de septembre de 2002, se estableció lo siguiente. 'Antes de entrar al examen del presente caso, es preciso señalar que la prescnpción, cuyo têreino ha sido concebido en el derecho en diversas formas, esta referido, entre otras, en matena penal, a la extinción de la acción o de la pena, por virtud del transcurso el tiempo. Esto último es importante porque precisa distinguir entre uno y otro caso. De esta forma, se entiende que la figura de la prescripción resulta diferente según se trate de la acción o de la pena, pues en el primer caso, atiende al transcurso del tiempo desde que ocurrieron los hechos imputados y hasta el momento en que se tiene lugar el ejercicio de la acción respectiva: mientras que, en el segundo supuesto, esto es, la prescripción de la pena, ésta opera a partir del momento en que se dicta la decisión y hasta el termino que fje la ley en cada caso. Partendo de los argumentos señalados y en el sentido que aquí nos ocupa, a saber, la extinción de la lamada por el recurrente acción administrativa, es importante aclarar primero que no existe tal figura, pues la acción es de orden exclusivamente jurisdiccional. por lo que siempre estará referida en este ultimo sentido. Se trata. por el contrano. de la actvdad de policia que desempeña la administración con el objeto de establecer responsablidades administrativas, a través del ejercicio de su potestad sancionatona. Dicho esto. se entiende que la prescripción administrativa se consumaria cuando el lapso transcurndo desde la fecha en que sucedieron los hechos imputados y hasta el momento en que se da inicio a procedimiento administrativo correspondiente. supere el lapso establecido en la ley sin haberse ejercido la acción respectiva. Al respecto, es menester acudir a lo dispuesto en el articulo 102 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Púbico. el cual reza asi Las acciones penales, civiles y administrativas dervadas de la presente ley prescnbirán por cinco años, los cuales se contarán siguiendo las regias establecidas en el Código Penal. Sin embargo, cuando el infractor fuere funcionario publico la prescnpción comenzarà a contarse desde la fecha de cesación en el cargo o función. y si se tratare de funcionarios que gocen de inmunidad, se contará a partr del momento en que ésta hubiere casado o haya sido allanada' La norma transcrita describe el lapso máximo para ejercer las acciones contra Jos ilicitos de naturaleza civil, penal y administrativa que surjan como consecuencia de la aplicación de la citada ley En función de ella, cabe ahora precisar los hechos constatados en el expediente administrativo del caso, los cuales se resumen de la siguiente manera:. En fecha 22 de abril de 1994, el ciudadano Henry Mathus Jugo cesó en el cargo que venia ejerciendo como Presidente de la corporación Venezolana del Suroeste (C.v.S). sin embargo, previo a la apertura de la averiguación administrativa correspondiente, destaca al folio 168 de la pieza administrativa, el acta de fecha 11 de agosto de 1994, suscrita por el representante de la Contraloria General de la Repubica y el representante de la corporación Venezolana del Suroeste. (CVS). en la oportunidad de efectuar el control perceptivo a la obra "Reparación y Reconstrucción de la Carretera Los Monos-Abejales" en la cual se deja constancia de las presuntas irregularidades observadas en las respectivas contrataciones De otra parte corre inserto al folio uno que el día 22 de enero de 1995. la Directora de control del Sector Económico y Financiero de la Contraloria General de la Republica. presento un informe por el cual ordenó formar el expediente administrativo y practicar las digencias digidas a esclarecer los hechos y responsabilidades a las que hubiere lugar Efectuadas las investigaciones preliminares del caso, el 22 de mayo de 1996 la Dirección indicada procedió a dictar el auto de apertura del procedimiento administrativo correspondiente En fecha 27 de abril de 1999, el Contralor General de la Republica, con base en el Articulo 64 de la entonces vigente Ley de Licitaciones, dicto la resolución de carácter sancionatorio por la cual impuso multa de quinientos mil bolivares al ciudadano Henry Matheus Jugo. por las irregulandades presuntamente cometidas durante el ejercicio comprendido entre el 15 de septiembre de 1992 y hasta el 22 de abril de 1994, fecha en la cual cesó en las funciones desempeñadas. De todo lo expuesto se deduce que ante el vacio existente en la Ley de Lictaciones. vigente para el momento en administrativa, se hizo, preciso acudir al cuerpo normativo que, para ese entonces. regulaba las conductas irregulares que atentaran contra el patrimonio público, entre las cuales evidentemente se encontraban enmarcados los ilicitos administrativos cometidos por los funcionarios pubicos al servicio del Estado. Se acudió, entonces. a la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrmonio Púbico la cual como antes se indicara, cesación en el ejercicio del cargo Como quiera que con la prescripción, se persigue extinguir el procedimiento administrativo cuando ha transcunido un bempo supenor a cinco años, desde que el funcionario cesará en el cargo y hasta que se dictara el auto de apertura de la averiguación administrativa correspondiente, lo que supone el ejercicio de la acción. esta Sala. en apicación supletoria del Código Penal. a la cual remite la ley citada ut supra en su articulo 108. interpreta que desde el 22 de abril de 1994, fecha en la cual el recurrente cesó en el cargo desempeñado y hasta el momento en que se dictó el auto de apertura de la avenguación administrativa correspondiente, esto es en fecha 22 de mayo de 1996, transcurso un lapso de dos años y un mes. lo que notabiemente representa un perodo de tempo menor al lapso de prescripción establecido en la ley. (Resaltado del presente fallo) Atendiendo a lo dispuesto en la disposición del Codigo Penal anteriormente citada, asi como a la transcrita decisión de esta Sala, en el caso concreto se observa que para la fecha en que dicto el auto de apertura del procedimiento administrativo, el recurrente todavia desempeñaba funciones como Consultor Juridico del Centro Simón Bclivar. 1992, cuando éste cesô en el ejercicio de funciones públicas. Ahora bien, la Dirección de Avenguaciones Administrativas del Organo Contralor en sucesivo a la apertura del procedimiento administrativo- se interrumpió el lapso de Asi, a tenor de lo dispuesto en el comentado articulo, prolongado el procedimiento por causa no imputable al investigado, la prescripción una vez interrumpida no podia superar el lapso de prescripción más la mitad del mismo. Asl. en el caso concreto. la prescripción se interrumpió el 14 de junio de 1994, con la imputación de cargos al ciudadano Roland Pett Pifano, y prolongado el procedimiento, éste no podia extenderse por más de siete (7) años y seis (8) meses. De alli que, habiéndose formulado cargos al recurrente el 14 de junio de 1994 (fecha en la que se interrumpió la prescnpción). al 13 de noviembre de 1997, oportunidad en la que el Contralor General de la Republica decidió el recurso jerárquico interpuesto, resulta evidente que de conformidad con la citada disposición del Código Penal, no se habla Salvaguarda del Patrimonio Publico. Con fundamento en lo anteriormente expresado, se desestima la renuncia de prescripción alegada. Asi se decide. criterios reiterados por el máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, se concluye que los actos susceptibles de interrumpir la prescripción en materia de General de la República: en primer lugar, el auto de apertura por contener la descripción de los actos, hechos u omisiones presuntamente irregulares, y en segundo lugar, el acto de formôlación de cargos, por cuanto en el mismo se le imputa por primera vez al sujeto investigado, la presunta comisión de actuaciones que pudieran acarrear su responsabilidad administrativa Asimismo, con relación al lapso máximo de prescripción, el articulo 110 del Código Penal establecía que si el "juicio", sin culpa del "reo", se prolongaba por un tiempo igual al de la prescripción aplicable, más la mitad del mismo, entonces operaba la prescripción de nuevamente desde el día de la interrupción. Al efecto, existían dos (2) posibilidades, a saber: página original (tal como se publicó) [Página 53] transcurrido cinco (5) años sin que ésta hubiere sido interrumpida, entonces la acción se encontraba prescrita; si durante el transcurso del lapso de prescripción ésta era interrumpida, comenzaba a contarse nuevamente dicho lapso y si éstellegaba a sumar cinco (5) años más dos (2) años y seis (6) meses, sin que hubiere recaido decisión en el del Sistema Nacional de Control Fiscal, se establece en el articulo 114 del TITULO II. De las Potestades de investigación, de las Responsabilidades y de las Sanciones, Capitulo VI. De la Prescripción, lo siguiente: "Articulo 114. Las acciones administrativas sancionatorias o resarcitorias dervadas de la presente Ley, prescribirán en el término de cinco (5) años, salvo que en Leyes especiales se establezcan plazos diferentes. Dicho término se comenzará a contar desde la fecha de ocurrencia del hecho, acto u omisión que origine la responsabilidad administrativa, la imposición de la multa o la formulación del reparo, sin embargo, cuando el infractor fuere funcionario público, la ostentado para la época de ocurrencia de la irregulandad Si se tratare de funcionarios que gocen de inmunidad, se contará a partir del momento en que êsta hubiere cesado o haya sido allanada. Si durante el lapso de prescripción el infractor llegare a gozar de inmunidad, se continuarán los procedimientos que pudieran dar lugar a las acciones administrativas, sancionatonas o resarcitorias que correspondan. En caso de reparos tributanos, la prescripción se regirá por lo establecido en el Codigo Orgánico Tributario". Se desprende de la norma transcrita que el lapso de prescripción establecido en la Ley Orgânica que regula nuestro funcionamiento, aplicable a las acciones administrativas destinadas a hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos por irregularidades vinculadas con el manejo, custodia y administración de fondos, valores y bienes públicos, es de cinco (5) años, lapso que, en el caso de funcionarios públicos, deberá ser contado a partir de la fecha de cesación del cargo o función en el que ocurrieron los actos, hechos u omisiones presuntamente generadores de la responsabilidad administrativa. No obstante, de acuerdo con el articulo 115 eiusdem, constituyen actos susceptibles de interrumpir la prescripción, y por ende la apertura de lapso previsto en el articulo 110 del Código Penal, los siguientes: conforme a lo previsto en el articulo 79 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la Republica y del Sistema Nacional de Control Fiscal 2. La notificación a los interesados del auto de apertura del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades en los términos establecidos en el instrumento lega establecido. 3. Por cualquier actuación fiscal notificada a los interesados, en la que se haga constar la existencia de irregularidades, siempre que se inicie el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades establecido en la Ley que nos ocupa. En el caso en particular se observa que con ocasión de haberse formalizado la Potestad de Investigación cuyo expediente quedò identificado con el N° PI- 03-01-13-03, la Dirección General de Control de Estados y Municipios de este Organismo Contralor, notificó con fundamento en lo dispuesto en el articulo 79 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la Republica y del Sistema Nacional de Control Fiscal. a los ciudadanos, Pedro Carranza Cabrera, mediante Oficio Nro. 07-01-007 de fecha 06 de enero de 2004, debidamente recibido en fecha 13 de enero de 2004, Angel Barreno mediante Oficio Nro. 07-01-005 de fecha 06 de enero de 2004, debidamente recibido en fecha 14 de enero de 2004 y Eduardo Pino, mediante Oficio Nro. 07-01-006 de fecha 06 de enero de 2004, debidamente recibido en fecha 14 de enero de 2004, notificaciones a través de las cuales los precitados ciudadanos quedaron a derecho para todos los efectos de la Potestad de Investigación, tuvieron la oportunidad (desde esa fase del procedimiento) de conocer los hechos investigados y con base en ello ejercer su derecho a la defensa, aspecto que quedó patentizado cuando fueron consignados en fechas posteriores a sus notificaciones conforme al articulo 79 antes aludido, alegatos de defensa, y posteriormente, en fecha 16 de febrero de 2004, la Dirección General de Control de Estados y Municipios de la Dirección de Control de Estados de este Organismo Contralor, emitió su Informe de Resultados (folios 319 al 330). Siendo ello asi, resulta conveniente citar el contenido del articulo 79 eiusdem, el cual es del siguiente tenor: reservado, pero si en el curso de una investigación el órgano de control fiscal Imputare a alguna persona actos, hechos u omisiones que comprometan su responsabilidad, quedará obligado a Informar la de manera especifica y clara de los hechos que se le imputan. En estos casos, el imputado tendrá inmediatamente acceso al expediente y podrá promover todos los medios probatorios necesarios para su defensa, de conformidad con lo previsto en el ordenamiento juridico". (Destacado nuestro). Estando contestes con el contenido del articulo citado, los referidos Oficios de Notificaciones de la Dirección de Control de Estados y Municipios, ya mencionado, informó a los precitados ciudadanos, con el detalle requerido, todos los actos, hechos u omisiones, que dieron origen a la mencionada Potestad de Investigación, los cuales, con posterioridad, sirvieron de fundamento para que la Dirección de Determinación de Responsabilidades iniciara en fecha 24 de septiembre de 2010, el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, el cual fue notificado a los ciudadanos ANGEL BARRENO, mediante Oficio Nro. 08-01-2017, siendo recibido en fecha 12 de noviembre de 2010: PEDRO CARRANZA CABRERA, mediante Oficio Nro. 08-01-2018, siendo recibido en fecha 15 de noviembre de 2010 y EDUARDO PINO, mediante Oficio Nro. 08-01-2019, siendo recibido en fecha 22 de noviembre de 2010. Con las aludidas notificaciones, asf como en las ulteriores actuaciones verificadas una vez formalizada la Potestad de Investigación, este Organismo Contralor. interrumpió el lapso de prescripción, en los términos exigidos en el numeral 1 del articulo 115 de la Fiscal, toda vez que se le suministró a los imputados toda la información vinculada con las investigaciones llevadas a cabo por este Organismo Contralor para que promovieran, dentro del lapso indicado en las notificaciones, los elementos de prueba que tuviesen a bien producir, necesarios para el esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones, a objeto de privilegiarles, en esta fase del procedimiento, el derecho a la defensa y en apego a este principio, también se les dio acceso irrestricto al expediente, y adicionalmente, tenemos el Informe de Resultados, el cual contiene las resultas de la potestad investigativa que en ejercicio de las facultades legales y constitucionales tienen atribuidos todos los órganos de control fiscal que integran el Sistema nacional de Control Fiscal, los cuales constituyen actuaciones jurídicamente validas y suficientes para interrumpir la prescripción, en los términos señalados en el articulo 115 antes referido. hecho referencia en la presente decisión, en el sentido que una vez interrumpida la prescripción, a través de los mecanismos expresamente previstos en la Ley Orgánica que regula nuestro funcionamiento, dispondrá de conformidad con lo previsto en el articulo 110 del Código Penal, aplicable de manera supletoria, de un tiempo igual al de la prescripción aplicable, a saber, cinco (5) años, más la mitad del mismo, es decir, dos años y seis meses (2 años y 6 meses), para dictar la decisión que ponga fin al procedimiento. En este orden de ideas, es pertinente señalar que la Potestad Investigativa, es necesaria a los fines de verificar la ocurrencia de los actos, hechos u omisiones cuya eventual responsabilidad será determinada, de haber meritos para ello, con posterioridad, presupuesto lógico del procedimiento sancionatorio propiamente dicho, toda vez que la primera sugiere elementos de convicción o prueba que pudieran, como se indicó, dar lugar al segundo, de manera que una vez notificado el inicio de la Potestad Investigativa, y verificadas las actuaciones posteriores que son inherentes a esta fase, se interrumpe la dispondrá del lapso previsto en el articulo 110 del Código Penal a los fines de emitir la decisión que pondrá fin al procedimiento, sin menoscabo de que, cada acto de sustanciación dentro del procedimiento sea susceptible, de interrumpir sucesivamente la prescripción, en los términos indicados en la norma objeto de análisis. Con fundamento en los razonamientos expuestos, quien suscribe, desecha los defensa de los ciudadanos ANGEL BARRENO y EDUARDO PINO, asI como los argumentos de defensa en torno a este punto, planteados por el ciudadano PEDRo CARRANZA CABRERA. AsÍ se declara. Una vez efectuados y valorados los razonamientos en torno a la figura de la prescripción, quien suscribe, considera necesario analizar los demás argumentos de defensa indicados por los imputados en la presente causa. A tales fines tenemos: El abogado defensor de los Ciudadanos ANGEL. BARRENO y EDUARDO PINO, expuso tanto en la audiencia oral y pública, asl como en los respectivos escritos de indicaciones de pruebas, lo siguiente: - Que partiendo del Principio de la supremacia Constitucional (Artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). y conforme al criterio de la Doctrina nacional y extranjera reconocida, en nuestra República no puede aceptarse un sistema de responsabilidades objetivas. Ello en el sentido de que para que a una persona pueda responsabilizársele y sancionársele por la comisión de algún acto, hecho u omisión debe su contra; haciendo referencia a jurisprudencia de la Sala Plena de la extinta Corte Suprema de Justicia y que en los hechos que se imputan a sus representados, no obraron con intención alguna de vulnerar el ordenamiento jurídico (ausencia de dolo). En cuanto al alegato señalado ut supra quien suscribe, estima pertinente hacer referencia al criterio establecido por la Sala Polltico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 0780 de fecha 09 de septiembre de 2008, que en materia de responsabilidad administrativa estableció lo siguiente: "..) en materia de responsabilidad administrativa a diferencia del Derecho prescindiéndose de la intención del sujeto para su determinación, sino que basta la simple concreción del hecho consagrado en la norma como antijuridica y sancionable para verificar la responsabilidad del funcionario público". La referida decisión fue ratificada en Sentencias Nros. 00407 y 00038 de fechas 26 de marzo de 2009 y 20 de enero de 2010, respectivamente, dictadas por la misma Sala En este sentido, la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 50013 de fecha 09 de enero de 2008. Exp. N° 2006-0453, precisó: "(..) Finalmente, corresponde a la Sala decidir la última denuncia realizada por la apoderada judicial del actor, para quien su mandante no es responsable en virtud que Para elo, sostiene que resulta insólito que la CGR mantenga el criterio de la responsablidad objetiva o por resultado. ya superada a nivel constitucional, pues reiteramos que a partir de la Constitución de 1999, debe desestimarse de plano, por ser contará a lo preceptuado en su articuio 49 numerales 1 y 5. que sin lugar a dudas, establece la culpabilidad en el sentido de que nadie puede ser sancionado página original (tal como se publicó) [Página 54] prescindiendo de los elementos dolo o culpa, cuando se congura un hecho típicamente antijurídico que ha causado una lesión al patrimonio público. Es decir, por el solo hecho de realizar la conducta tipificada por la ley como antjuridica y sancionabie, se incurre en responsabilidad o en delta, segun sea el caso. La responsabilidad objetiva implica la negación del principio de culpabilidad En este sentido, no es extraño encontrar dentro del ordenamiento juridico normas que prevean la responsabilidad objetiva, como lo son por ejemplo, la maiversación de Público, actualmente en la Ley Contra la Corrupción" En este orden de ideas, y en complemento de lo anterior, el ilícito administrativo de la Contraloria General de la República, vigente para el momento, el cual mantiene el carácter de ilicito administrativo en el numeral 22 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. posee una ocurra, independientemente de la intención del agente o sujeto pasible de la norma y del causalidad entre la irregularidad y el autor de la misma. la responsabilidad administrativa, requiera la demostración de la intencionalidad del sujeto a quien va dirigida la norma. Por lo tanto, para que se considere consumado el ilícito administrativo bajo examen, basta que se verifique la relación de causalidad entre el el ilicito en cuestión. sanciona la violación objetiva del ordenamiento que le es propio, sin considerar los motivos, las intenciones o la entidad de los intereses que el funcionario debía proteger, ya que el articulo 43 de la Ley Orgánica del Régimen Presupuestario, vigente en el articulo esgrimida no desvirtúa el carácter irregular del hecho imputado ni la responsabilidad de los indiciados. Y asi se declara. Siguiendo con el análisis de los alegatos de defensa, nos encontramos que tanto en el acto oral y público asi como en los escritos de indicaciones de pruebas. el defensor de los ciudadanos ANGEL BARRENO y EDUARDO PINO, indicó fundamentalmente lo señalados en autos fueron imputados a la partida correcta, y en consecuencia, el equipo auditor de este máximo Organo de Control Fiscal hizo incurrir en un error a esta Dirección, lo que se traduce en un falso supuesto de hecho y de derecho y que además, se violó el presupuestaria en la partida 4.03.08.05.00, indispensablemente los respectivos pagos habrían de tener como beneficiarios directos a los trabajadores del IVEC, quienes, por ser personas naturales, mal podian recibir pagos por una partida cuyos fondos estaban previstos únicamente para el pago a personas juridicas: que los pagos efectuados nunca fueron por conceptos de reembolsos a trabajadores, ni por ninguna otra figura similar, sino Que para que en un caso como en el que nos ocupa, pudiera hablarse de una desviación en la finalidad de los recursos de marras, necesariamente tendría que haberse producido alguna de las siguientes hipótesis: A) Que se efectuara pagos a personas jurídicas por la ocupa. IVEC o concluir que en el próximo periodo presupuestario excluya de su presupuesto a la partida 4.03. pero una vez que existe se puede ejecutar, porque no hay partida que no sea ejecutable. correspondia realizar las imputaciones presupuestarias del caso; actuaron tomando en cuenta no solo el derecho a la salud de sus compañeros, sino también el hecho de que existia una partida presupuestaria que, expresamente y conforme al Plan Único de dificultades económicas para el acceso a los respectivos servicios. Circunstancia ésta que que pudieron haberes hecho incurrir en algún error material o técnico producto de la buena fe; pero jamás en actos, hechos u omisiones fraudulentos o contrarios a la moral administrativa. Que con la utilización de la partida 4.03.08.05.00 lo que perseguía el Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barros del Estado Carabobo (IVEC) era garantizarle a sus oportuna y adecuada; sin que ésta dependerá de la disponibilidad o no de recursos económicos por parte de los mismos. Ello en el sentido de que los trabajadores no tuvieran que afectar sus ajustadas economias familiares, para pagar directamente sus servicios de salud: teniendo luego, que esperar la tramitación de reembolsos para recuperar los gastos en que hubieren incurrido, desequilibrando asi sus economias domésticas. Que se actuó en beneficio del fundamental derecho a la salud y, a través de éste, en pro del sacratisimo derecho a la vida, el cual constituía un derecho humano que debemos proteger mediante las operaciones de ejecución presupuestarias erróneamente cuestionadas por el equipo auditor, cuyo informe generó el presente procedimiento. fundamental referir en primer lugar, que la actividad de la Administración Pública se rige derogada Constitución de la República de Venezuela, vigente para la fecha de ocurrencia del hecho mencionado cuyo texto es el siguiente: "Articulo 117. La Constitución y ls leyes definen las atribuciones del Poder Publico. ellas debe El artículo precedentemente trascrito encuentra su correlativo en el artículo 137 de la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual prescribe: "Articulo 137. Esta Constitución y laly definen las atribuciones de los organos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen". La norma señalada, se encuentra ratificada por el artículo 141 eiusdem, el cual es del tenor siguiente: fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia. transparencia, rendición de cuentas y responsabidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho" De la lectura de las disposiciones transcritas, cabe referir, que se impone a las autoridades y en general a los funcionarios que ejercen el poder público, la obligación de ceñir todas sus actuaciones a lo que dispongan las normas del llamado "bloque de mismos, lo cual significa que todos los actos que realicen los órganos que integran la Administración Pública, deben ceñirse al ordenamiento jurídico establecido, y ésta sólo puede actuar válidamente si se encuentra habilitada previamente por una norma juridica. la Administración Pública de la de los particulares, ya que los primeros están constreñidos a realizar sólo aquellas actividades que le son asignadas por una norma del ordenamiento deben estar ceñidas dentro del marco juridico que la regula, y cualquier acto realizado contrario al mandato de las normas bajo las cuales debe regirse, no estaría conforme con el consagrado Principio de Legalidad, el cual fue objeto de análisis supra. En tal sentido, es una conditio sine quanon, que si un organismo tiene carácter público, sus funcionarios, no tendrán prerrogativas de tener un actuar discrecional, por el contrario, deberán asumir su responsabilidad como un buen padre de familia, en favor de los intereses que le corresponde tutelar. En este sentido, conviene destacar que el Estado, a través del tiempo, ha realizado esfuerzos para definir sus objetivos, funciones, funcionamiento, administración de recursos, procedimientos de trabajo, análisis de resultados, impacto de las acciones y estructuras organizativas, para adaptarse a las nuevas realidades, e ir de la mano con los fundamental para cumplir sus objetivos, toda vez que mientras mejor maneje sus recursos, mas se avanzada en pro de su población. por Programas". se extraen las Bases Teóricas del Presupuesto por Programas, publicación hecha por la Oficina Central de Presupuesto (OCEPRE), actualmente Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE). de acuerdo al cual se conoce como Presupuesto al sistema mediante el cual se elabora, aprueba, coordina la ejecución, controla y evalúa la producción pública (bien o servicio) de una institución, sector o región, en función de las constituye en un excelente instrumento de gobierno, administración y planificación, ya que en la praxis de una institución, sector o región. De lo anterior se desprende que el presupuesto de gastos es el instrumento por excelencia a través del cual, se contemplan las cantidades máximas que puede comprometer y gastar un ente público parallevar a cabo su gestión administrativa en un indiscriminado por parte de los administradores. lineamientos normativos aplicables al presupuesto público, y que fueron desarrollados legislativamente, siendo tan importantes. que en la actualidad aún mantienen su continuidad, es asi como el articulo 227 de la derogada Constitución de la República de continuación se transcribe: -Articu o 227. No se hara del eso Nacional gsto alguno que no hys sio previsto n a Ley de Presupuesto. Sólo podrán decretarse créditos adicionales al presupuesto, para gastos necesarios no previstos Ministros y a autorización de las camaras en sesion conjunta, o. en su defecto, de la Comisión Delegada" página original (tal como se publicó) [Página 55] El artículo precedentemente trascrito encuentra su correlativo en el articulo 314 de la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo texto es el siguiente: -Articulo 314. No se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la Lay de Presupuesto. Sólo podrán decrelarse créditos adicionales al presupuesto para gastos necesanos no previsión o cuyas partidas resulten insuficientes. siempre que el Tesoro Nacional cuente con recursos para atender la respectiva erogación a este efecto, se requerirá previamente el voto favorable del Consejo de Mnistros y la autonzacón de la Asamblea Nacional o. en su defecto, de la Comsión Delegada En este orden de ideas, es necesario destacar el articulo 43 de la Ley Orgánica de prescribía: presupuestarios, ni disponer de crèdatos para una finalidad distinta a la prevista". (Destacado nuestro) De las normas mencionadas supra, se deriva que no podrán imputarse gastos a una partida, de un programa o proyecto que no haya sido previsto en la partida correspondiente del respectivo programa, subprograma o proyecto: además de que la finalidad del gasto no està únicamente contemplada en la partida, sino que también está delimitada por el proyecto; el subprograma o el programa donde haya sido estimada la presupuestario, lo que traduce en.rla práctica que no podrán imputarse gastos en una partida que no haya sido prevista para tal fin. Vale decir, que los créditos presupuestarios se otorgan para una determinada finalidad y deben utilizarse para cumplir con el objeto cambiar el objeto o destino de dichos créditos. Financiera del Sector Público, que señala: presupuestarios, ni disponer de créditos para una finalidad distinta a la prevista" (Destacado nuestro). En consecuencia, y de acuerdo con la Sala Polltico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia N° 00864, de fecha 21 de julio de 2004, en Venezuela se encuentran consagrados: ") los principios por los que debe regirse la ejecución del presupuesto de gastos, a saber. los principios de Especilicdad Cualitativa y Cuantitativa. conforme a ios cuales las autorizaciones disponbes para la formulación y ejecución del presupuesto de gastos, deben utizarse tanto dentro de los limites previstos como para el objeto indicado, no teniendo Ios funcionarios ejecutores Ahora bien, vale destacar, que este presupuesto es controlado a través del Plan Único de Cuentas, (hoy denominado Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos) instrumento puesto en vigencia por primera vez, mediante la Resolución N° 69, dictada por la Oficina Central de Presupuesto (OCEPRE) y publicada en la Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 4.540 Extraordinario de fecha 12 de marzo de 1993, en la actualidad Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), y que de acuerdo a la Asociación Venezolana de Presupuesto Público (AVPP, 1994) es la esencia del Sistema Integrado de Información Contable y Presupuestaria de la Administración del Sector Público (SICOP), denominación de las cuentas a las que se les asigna un código. La finalidad de esta clasificación, entre otras razones, es la de unificar criterios en la asignación de las cuantías monetarias y facilitar el control de los recursos financieros otorgados. imputados correctamente a la partida presupuestaria correspondiente, se hacía necesario atender a lo dispuesto en el Plan Único de Cuentas, antes referido. hoy Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos, el cual debía emplearse en la formulación, ejecución y control del presupuesto del sector público, estableciendo restricciones en el ámbito cuantitativo y cualitativo para la Administración, en orden a garantizar la correcta utilización de los recursos públicos. En este sentido, el Plan de Cuentas Presupuestarias está integrado por siete 1.00.00.00.00 Activos 2.00.00.00.00 Pasivos 3.00.00.00.00 Recursos 4.00.00.00.00 Egresos 5.00.00.00.00 Resultados 6.00.00.00.00 Patrimonio - Capital 7.00.00.00.00 Cuentas de Orden Cada grupo de cuentas básicas, a su vez, tiene cuatro niveles de desagregación identificados por códigos numéricos de ocho posiciones, y por la clasificación. denominación y descripción de las respectivas cuentas. Ahora bien, luego de haber hecho referencia a las consideraciones teóricas ofrecidas con anteriondad, se observa que en la documentación cursante en autos, constan las órdenes de pago, asi como el registro de la ejecución financiera del presupuesto de gastos del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. en lo sucesivo IVEC. los cuales fueron debidamente señalados y especificados en e! respectivo auto de inicio de fecha 24 de septiembre de 2010 y fueron reproducidos supra en la presente decisión. Asi de los mencionados documentos se desprende que los gastos por concepto de asistencia médica y odontológica a los empleados del IVEC y a sus familiares fueron imputados a la partida presupuestaria 4.03.08.05.00, erogaciones a juicio de este Organismo Contralor, constituyen gastos de personal, toda vez que debieron imputarse a la partida 4.01.07.06.00 denominada "Ayudas para medicinas. gastos médicos. odontológicos y de hospitalización de empleados", cuya medicinas y el financiamiento de gastos médicos, odontológicos y de hospitalización del Incorporando estos razonamientos al caso en concreto, se observa que las personas juridicas, tanto para realizar acciones juridicas, administrativas o de Indole similar, como para mantener los bienes de la institución en condiciones normales de funcionamiento. Incluye alquileres de inmuebles y equipos; servicios básicos; servicios de técnicos; conservación y reparaciones menores de maquinarias y equipos; conservación y construcción de edificaciones para la venta y otros servicios. En este sentido, para atender gastos de personal, tales pagos debieron imputarse con cargo a la partida 4.01.07.06.00, el cual integra la partida 4.01, denominada "Gastos de personal", que incluye remuneraciones por sueldos, salarios y otras retribuciones, así como compensaciones según las escalas, primas, complementos, aguinaldos, utilidades, aportes patronales, subvenciones. prestaciones sociales, otras indemnizaciones y cualquier otra remuneración o beneficio correspondiente a trabajadores del sector público, de conformidad con el ordenamiento juridico y convenciones colectivas de trabajo. Sobre el particular, de la documentación cursante en autos, asl como la indicada en los respectivos escritos cursantes a los folios 392 al 456, no se evidencia ningún tipo contratación de dichos servicios, razón por la cual los mencionados gastos no debieron imputarse a la antes mencionada partida 4.03.08.05.00. En este orden , indica la defensa, que el equipo auditor de la Dirección General de Control de Estados de la Contraloria General de la República, hizo a esta Dirección incurrir en un error toda vez que interpretó de manera incorrecta cuál era la partida a la que dichas órdenes de pago debieron ser imputadas, y en consecuencia en un falso razonamiento exhaustivo- que hubo desviación de los recursos previstos en la partida 4.03.08.05.00; obviando el hecho de que los dos (2) extremos previstos en el Plan Único de Cuentas, para producir erogaciones por dicha partida: 1. Que el servicio sea de naturaleza médica odontológica o de sanidad: y 2. que tal servicio fuere prestado por una persona jurídica), fueron cumplidos en todos y cada uno de los casos de marras." En razón de lo expuesto, quien aqui decide, estima conveniente precisar que la documentación cursante en el expediente objeto de análisis, es pertinente y suficiente para demostrar la comisión del hecho que motivó el inicio de la presente causa, según se evidencia de la revisión del propio expediente, el cual fue debidamente sustanciado y tramitado por el equipo auditor de la Dirección General de Control de Estados de este Máximo Órgano de Control Fiscal: aunado a lo anterior, en el Informe de Resultados se aprecian las conclusiones de un arduo trabajo y estudio por parte de la mencionada Dirección Sectorial (folios 319 al 330), luego de haber agotado previamente la Potestad Investigativa que se formalizó en virtud de haberse observado que la ejecución presupuestaria del Instituto en comento, especificamente las erogaciones imputadas a la partida 4.03.08.05.00, son contrarias al Plan Único de Cuentas, para la época, toda vez que debieron imputarse a la partida 4.01.07.06.00, por las razones explicadas supra. En consecuencia, no se incurrió en un error, no se partió de un supuesto falso ni creado toda vez que quedó demostrado en autos y en las ya aludidas explicaciones cual era la partida correcta. Asi para ilustrar acerca del tema del error, quien aqui decide procederá a citar el criterio del vicio de falso supuesto de hecho y de derecho que ha establecido la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 01640 de fecha 03 de octubre de 2007, el cual se ha mantenido y ratificado posteriormente en Sentencias de la misma Sala (Nros. 00407, 00780 y 00038 de fechas 26 de marzo de 2009, 09 de septiembre de 2008 y 20 de enero de 2010) respectivamente. En este sentido, se estableció lo siguiente: "Al respecto, se observa que lo denunciado por el actor, se refiere al vicio de falso supuesto, el cual, se Conigura de dos maneras diferentes La primera, relativa al falso supuesto de hecho, se verifica cuando la Administración al dictar un acto administralivo fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el asunto objeto de decisión La segunda, en cambio se presenta cando los hechos que dan origen a la decisión administrativa estén, se corresponden con lo acontecido son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el página original (tal como se publicó) [Página 56] esfera de los derechos subjetivos del administrado; caso en el cual se está en presencia de un falso supuesto de derecho que acarrearía la anulabilidad del acto." indiciados, alega a los fines de ilustrar que este Ôrgano de Control Fiscal ha incurrido en el mismo, que contrario a lo imputado, en el caso que nos ocupa se han verificado los dos (2) extremos exigidos en el Plan Único de Cuentas, para producir erogaciones por dicha partida, a saber, que el servicio sea de naturaleza médica odontológica o de sanidad; y que tal servicio fuere prestado por una persona juridica, fueron cumplidos en todos y cada uno de los casos de marras. Expuesto asi el alegado vicio, se hace pertinente resaltar que los pagos se realizaron en beneficio de personas naturales (trabajadores y sus familiares), y no a favor de personas juridicas, por cuanto como ya se ha indicado para que pudiera imputarse el pago por la partida 4.03.08.05.00, era necesario la preexistencia de algún nexo contractual entre el IVEC y el prestador del servicio, razones éstas que permiten ratificar el criterio sostenido por esta Contraloria General de la Repúbica, en el sentido que los conceptos objeto de cuestionamiento debieron ser imputados por la partida 4.01.07.06.00, la cual constituye un rubro especifico dentro de la partida 4.01 denominada "Gastos de Personal", y no la 4.03 especificada para "Servicios no personales". En el mismo sentido, la defensa manifestó la pregunta siguiente en el escrito de indicación de pruebas: "¿Si al IVEC. por ser una persona juridica, mal puede serte prestado servicio de salud alguno, y ademas su objeto instucional no era -n es- el sufragar gastos de salud pubica, entonces quienes bino sus trabajadores podrian haber sido los beneficianos Al respecto, conviene señalar que tal como se analizó supra, se realizó una incorrecta imputación de las erogaciones efectuadas por cuanto los servicios médicos prestados estaban dirigidos en beneficio de personas naturales, razón por la cual, a criterio de esta Dirección, los indiciados identificados en autos, violentaron uno de los principios básicos en materia presupuestaria como lo es el de especificidad cualitativa también denominado especificidad del presupuesto de gastos, de acuerdo al cual los créditos presupuestarios se otorgan para una finalidad especifica y no deben utilizarse para un objeto distinto al indicado por la referida partida de acuerdo al anterior Plan Único de Cuentas. hoy Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos. Afirmar lo contrario., seria tanto como admitir la posiblidad de efectuar pagos con cargo a partidas que no se corresponde en atención a la naturaleza y beneficiario del pago, lo que traería como consecuencia un desequilibrio en las asignaciones del presupuesto, lo cual ha sido expresamente prohibido por la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario en su articulo 43 aplicable ratione temporis. En el caso que nos ocupa, la Sala Poltico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 000103 de fecha 09 de enero de 2008, indicó: "Por tanto, si la Ley de Presupuesto, a través de las autorizaciones contenidas en sus partidas, determina el empleo que debe dársele a los créditos, es claro, que el funcionario que no acoja lo establecido en el texto presupuestario, incurre en violación del citado principio de especificidad cualitativa: que se concreta en la utilización del Plan Unico de Cuentas de Recursos y Egresos, de acuerdo con el Sistema de Información Contable y Presupuesto, que es de uso obligatorio por parte de los órganos ejecutores y entes sujetos a la citada Ley. En tal sentido, el funcionano ejecutor del presupuesto no puede apartarse ni desigarse de lo dispuesto en dicho instrumento, respecto a la clasificación de las partidas y sus descrpciones, sn incur en violación de los principios presupuestanos En cuanto a la violación del principio de Tipicidad Exhaustiva, resulta pertinente mencionar los requisitos y obligaciones que se derivan de éste en el ámbito del —Derecho Administrativo Sancionatorio- el cual se traduce en la posibilidad cierta dada a la Administración, de sancionar sobre la base de una disposición legal anterior, ciertas conductas consideradas irregulares por el legislador, ello así, apunta acerca de la necesidad de que tales situaciones necesariamente deben estar contenidas en una ley -con anterioridad a la ejecución de determinado actuar-, por ello dicho cuerpo normativo estarà llamado a definir de una manera clara y precisa, primero la conducta presuntamente irregular: y segundo la sanción que comporta la materialización efectiva de dicha irregularidad por un sujeto determinado, en apego a la garantía prevista en el numeral 6, del articulo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela que señala lo siguiente: administrativas, y en consecuencia. (SISSIO) 8. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. (Omissis)." Sobre la base de tal principio, la Administración al momento de sancionar cualquier conducta previamente definida por el legislador como irregular, está en el deber de adecuar el hecho presuntamente irregular al supuesto general y abstracto consagrado en la ley. y en consecuencia, deberá ajustar los hechos detectados en el proceso de investigación, a los limites y extremos previamente establecidos por el legislador en el tipo de que se trate, tal situación excluye cualquier posibilidad jurídicamente valida, de que se impute un hecho generador de responsabilidad a quienes hubiesen incurrido en una conducta que sólo guardase ciertas similitudes y que no fuera idéntica a la descrita en la norma contentiva del supuesto correspondiente, por lo que, la falta de uno sólo de los elementos objetivos o subjetivos configurativos del mismo, se traduce en la imposibilidad de calificar la conducta como irregular. Dentro de esta linea argumentativa, se observa que la conducta que se reputa como regular y que sitio como fundamento para este procedimiento administrativo, fue realizada conforme a lo alegado y probado en autos, ya que ésta se adecua al supuesto generador de responsabilidad administrativo invocado en el auto de inicio de fecha 24 de septiembre de 2010, toda vez que se reitera lo mencionado supra en cuanto a que los pagos se realizaron en beneficio de las personas naturales (trabajadores y sus familiares). y no a favor de personas jurídicas, en consecuencia, los pagos realizados constituyen gastos de personal y son el fundamento de este procedimiento administrativo para la establecida para el manejo correcto del patrimonio público asignado al Instituto, es decir, se emplearon fondos públicos en finalidades diferentes de aquéllas a que estaban destinadas por Ley. Aunado a lo, debemos reiterar que de acuerdo al literal h del artículo 14 de la Ley del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), los ciudadanos ANGEL BARRENO y EDUARDO PINO, terán la obligación legal de ejecutar el presupuesto de gastos, de ello se deriva la obligación de verificar la correcta imputación presupuestaria antes de ordenar el pago, toda vez que debían responder frente al patrimonio público corno un BUEN PADRE DE FAMILIA. En similares términos, la responsabilidad del ciudadano PEDRO CARRANZA CABRERA, en su condición de Director General de Administración del Instituto en comento, deviene por el hecho de organizar y controlar la administración del Presupuesto de Ingresos y Gastos, por lo tanto, conforme al principio constitucional de responsabilidad individual, no era posible ni juridicamente admisible, conformarse con la verificación que efectuasen los funcionarios subaltemos del Instituto antes de suscribir los pagos. Por otra parte, en lo que respecta a la acreditación del funcionario actuante en el marco de la actuación de control fiscal, debemos precisar que ei Auditor designado por este Organismo Contralor, estaba debidamente acreditado para la realización de la actuación de control y quien con su experiencia, elaboró el Informe de Resultados que cursa en el presente expediente administrativo, los cuales tienen pleno valor probatorio conforme a lo establecido en el único aparte del articulo 83 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual establece: Artículo 83: "() Las digencias efectuadas por los órganos de control fiscal. incluida la prueba testimonial tienen fuerza probatoria mientras no sean rn n e De la trascripción que antecede, se observa que el legislador ha cuidado en asignar fuerza probatoria a los elementos de juicio o probanzas que la Contraloría haya logrado acumular u obtener durante el procedimiento investigativo. Esto tiene gran importancia para los efectos de asignar eficacia a la tramitación de los procedimientos administrativos ya que de esta manera ellas constituirán un fundamento serio y de valor que necesariamente habrán de ser consideradas y ponderadas en plenitud en las instancias judiciales. Asi lo ha admitido la extinta Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, al afirmar que los informes rendidos por la Contraloría General de la República son catalogados como documentos públicos, en cuanto al valor probatorio que debe dárseles en juicio. En cuanto al cuestionamiento realizado a que el grupo de auditores de este Organismo Contralor, debió efectuar recomendaciones o conclusiones para excluir la partida 4.03 de su presupuesto, resulta pertinente destacar que en el Informe Definitivo. Nro. 07-01-124. la Dirección de Contral de Estados de la Dirección General de Control de Estados y Municipios, se aprecian las recomendaciones dadas para que las mismas sean atendidas y subsanadas en beneficio de una gestión administrativa más efectiva y eficiente, que tienda a la optimización de los recursos y a la salvaguarda del patrimonio del Estado. Por ultimo, este Organismo Contralor no cuestionó ni duda del hecho de que los investigados hayan actuado en apego al derecho a la vida y a la salud de los trabajadores controvertido en la presente causa. Por todas y cada una de las razones antes expuestas, quien suscribe, desecha los argumentos que sobre estos aspectos fueron expuestos por la defensa. Y así se declara. En otro orden de ideas, la defensa de los ciudadanos ANGEL BARRENO y siguientes: defendidos toda vez que en virtud del Principio de Confianza Legitima, éstos confiaron en su personal subalterno que era el encargado de realizar las imputaciones presupuestarias. Que sus defendidos firmaron los cheques con los que se pagó, pero no se está imputando la responsabilidad por ordenación de pagos indebidos o contrarias a la norma; que el ilicito atribuido es malversación y por ello es necesario determinar el nexo causal o Que en el caso de que hubiese una mala imputación presupuestaria, sus defendidos no efectuaron las imputaciones, sino los analistas. Existian los Jefes de Departamento de Presupuestos y habia por lo menos tres escaleras de subordinación de funcionarios y cargos, quienes de acuerdo a sus atrbuciones se encargaban de velar por la materia presupuestaria. La responsabilidad directa con respecto al control de la administración presupuestaria del IVEC, estaba. bajo la responsabilidad de la Dirección General de Administración y Finanzas. La Dirección Ejecutiva del IVEC tenía a su cargo página original (tal como se publicó) [Página 57] el supervisar ls labores de l Direción General de Administración y Finanzas, asi como autorizar los pagos correspondientes. Que cuando a ellos les legaba la oportunidad de firmar el cheque, ya los mismos tenían sello húmedo y firma de la cadena de funcionarios subalternos encargados del control y la revisión de los casos. Dentro de este contexto y antes de entrar a analizar los argumentos aportados por la defensa, quien suscribe, estima pertinente traer a colación los argumentos aportados por el ciudadano PEDRO CARRANZA CABRERA, en el escrito de indicación de pruebas, cursante a los folios 424 al 426 del expediente administrativo. El referido ciudadano señalo: Que en la época en la cual se desempeñó como Director de Administración del IVEC, la firma del administrador en las órdenes de pago solamente se realizaba para aprobar únicamente los aspectos financieros de cada erogación y no los presupuestarios y por ende todo pago que llegaba a administración debía venir con su documentación de soporte y aprobación previa de áreas antecesoras no sometidas jerárquica ni operativamente a control de la Dirección de Administración. Que en todo lo referente a las Unidades de Presupuesto las aprobaciones debian responsabilidad de Administración sino bajo las órdenes exclusivas de la Presidencia del Instituto y esto obedece estrictamente al control interno del Instituto. Que las Órdenes de Pago debian llegar al área administrativa con la debida imputación presupuestaria con su firma y sello de aprobación emanada de la Unidad de Presupuesto, sólo basta ver el organigrama de la institución, la Ley de creación del instituto de vivienda, manuales internos de Normas y Procedimientos yfo con la Unidad de Contraloria del mismo instituto. Que las fimas aprobatorias siempre correspondieron a Presidencia, Dirección Ejecutiva y a otras Direcciones tales como Proyectos e Ingeniería. Esto se estructuró asi justamente para que administración, que supervisará a la Banca y a Tesorería no aprobara ni pagara nada por si misma. Esta afirmación puede ser verificada por la Unidad de Contraloría Interna de la Contraloria General del Estado Carabobo. Ahora bien, visto como fueron los alegatos presentados por la defensa de los ciudadanos ANGEL BARRENO y EDUARDO PINO, asi como los argumentos planteados por el ciudadano PEDRO CARRANZA CABRERA, quien suscribe, considera necesario efectuar las siguientes consideraciones: En la fase de indicación de pruebas del presente procedimiento, el abogado defensor del ciudadano EDUARDO PINO, promovió la prueba de informes y solicitó a esta Dirección se informara sobre las funciones yo atribuciones de la Gerencia de Administración asi como de la Jefatura de Presupuesto del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC) Con relación a lo planteado en el escrito de indicación de pruebas, conviene destacar, que mediante Oficio N° 08-01-001 de fecha de fecha 04 de enero de 2011, se solicitó la colaboración al Presidente del referido Instituto a los fines de que informara cuáles eran las funciones y/o atribuciones de la Gerencia de Administración y de la Jefatura de Presupuesto del Instituto, vigente para el ejercicio fiscal 1999. en cuyo caso debia indicar el documento o instrumento juridico (debidamente aprobado por la máxima autoridad) de donde se extrae la información, y remitir un ejemplar en copia certificada a esta Dirección. En cumplimiento a lo solicitado. el Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), remitió la información a través de Oficios Nros. P-01-2011-0021 y P-01-2011-0022, ambos de fecha 11 de enero de 2011, cursante a los folios 485 al 521 del expediente administrativo. Luego de haber examinado y valorado el contenido de los mencionados oficios y los soportes documentales que los acompañan, asi como los demás elementos probatorios cursantes en autos, quien suscribe, estima que si bien se refleja como responsabilidad del Jefe de la Unidad de Presupuesto observar que se cumpla con los procedimientos y normativas establecidas en materia presupuestaria, asl como revisar los establecido en el presupuesto del Instituto. y que es responsabilidad del analista de otras, no es menos cierto que el tratar de desplazar la responsabilidad de ilicito imputado. cual es, malversación de fondos públicos hacia éstos funcionarios, y hacia la Gerencia de la Dirección Ejecutiva, excusándose en el principio de confianza legitima, no es causal de exoneración de responsabilidad administrativa, toda vez que tanto los funcionarios que desempeñaron el cargo de Presidente del Instituto -cuya obligación ineludible de acuerdo a los artículos 8 y 14 de la Ley del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, era velar por la correcta ejecución del presupuesto, y la Dirección y Administración del Instituto- asi como el Director General de Administración -quien debla razón, de haberse percatado de la incorrecta imputación presupuestaria que en la cadena de trámites para que se produjera el pago realizaran los funcionarios subalternos, lo correcto era corregir la situación y asi dar cumplimiento al deber que tenían de ejecutar y manejar el presupuesto como buenos padres de familia, para posteriormente ordenar el pago por los conceptos que hoy están siendo cuestionados. En abono de lo anterior, el desempeño de Presidente exige el cumplimiento de una serie de atribuciones relacionadas con la verificación de la adecuación del pago sometido a examen, entre éstas, evidentemente constatar que los pagos asignados se correspondan con las partidas presupuestarias. De manera que, si bien los ciudadanos ANGEL. BARRENO y EDUARDO PINO, no ostentaban el cargo que, en su criterio, debia una actuación diligente en el desempeño de sus funciones. En este sentido, resulta pertinente, traer a colación la Sentencia dictada por la Sala Polltico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 00113 de fecha 30 de enero de 2007, que señala lo siguiente "Determinado como ha sdo el alcance de la participación dei recurrente en la celebración de los contratos y las ordenes de pago emitidas, cabe precisar ahora si tal como lo indicara en su escrto recursivo, su condición de Presidente le exime de responsabidad por cuanto la función de imputación presupuestaria, corresponde de manera exclusiva y excluyente, al Director General del Instituto. por consitur estas funciones, materia propia de la gestón diana Al respecto, vale puntualizar que ciertamente el Manual de Organización de Cargos estabiecido para los funcionanos adscritos al Instituto Autónomo Regional de Vialidad del Estado Carabobo (INvIAL). especificamente atribuye al Analista de Presupuesto. la función de venficar la disponibilidad y comprometer en el presupuesto, los mantos correspondientes al gasto y asignar los códigos de las partidas referenciales en la documentación de la transacción. lo cual a su vez es reportado al Jefe de Presupuesto. supervisado por ei Gerente de Administración y Finanzas, y al momento de ejercer las funciones de contro, constatado por el Contralor Interno del órgano Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el articulo 13 de la Ley mediante la cual el Estado Carabobo asume la Administración y Mantenimiento de las Vias de Comunicación Terrestres. publicada en Gaceta Ofical de esa entidad en fecha 10 de enero de 1994. y por el cual se crea el Instuto Autónomo, Regional de Vialdad del Estado Carabobo, se establece "La Dirección y Administración del Instituto estarà a cargo de una Junta Directiva integrada por un (1) Presidente y sers (6) directores principales, cada uno con sus respectivos suplentes Según dispone la norma transcrita, el Presidente del Instituto ejerce conjuntamente con el resto de la Junta Directiva. la dirección y, sobre todo, la administración del instituto en referencia, por lo que aun cuando la ley antes citada establezca atrbuciones genéricas a funciones que desempeña, resultan trascendentes para la buena marcha de la institución La circunstancia de conformar con su frma las órdenes de pago giradas a cargo del órgano que preside. aun cuando éstas sean emitidas y revisadas por funcionanos adscritos al ente autónomo, supone un deber de vigencia minimo, cópsono con la responsabilidad que implica ser el Presidente de un órgano de la Administración Púbca. Asi, su desempeño como Presidente exige el cumplimiento do una serie de atribuciones relacionadas con la verificación de la adecuación del pago sometido a examen, entre éstas, evidentemente constatar que los pagos asignados se correspondan con las partidas presupuestarias. De manera que, al bien el accionante no ostentaba el cargo que, en su criterio, debia proveer a la imputación correcta de las partidas, tal circunstancia no es óbice para exigir una actuación diligente en el desempeño de sus funciones. Por tales razones, esta Sala considera que el ciudadano Abdon Vivas O'Connor infringió el contenido del articulo 43 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, al disponer de créditos públicos para una finalidad distinta a la prevista en el presupuesto, lo que ineludiblemente lo hzo incurre en responsabilidad administrativa. Asi, como quiera que el licto administrativo se mantuvo en el tiempo con postenoridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la Repúbica, publicada en Gaceta Oficial Nro. 5.017 de fecha 13 de diciembre de 1995, se estima que su conducta configuró el supuesto contemplado en el articulo 113, numeral 12. el cual dispone. "Son hechos generadores de responsabidad administrativa, independientemente de la responsabilidad cvi o penal a que haya lugar, además de fos previstos en el Titulo IV de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrmonio Público, los que se mencionan a continuación: (omissis) 12.- el empleo de fondos pubicos en finalidades diferentes de aquellas a que estuveren destinados por ley por reglamento o por acto administrativo. En ese sentido. la Sala Palico-Administrativa coincide en darle validez al acto administrativo dictado por la Contraloria General de la República, por el cual declara responsable en lo administrativo al ciudadano Abdón Vivas O'Connor en su condición de Presidente del Instuto Autónomo Regional de Viaidad del Estado Carabobo (INVIAL). por su gestión durante el ejercicio fiscal 1995 y primer semestre de 1996: resultando en interpuesto." (Resaltado nuestro) estructura organizativa del referido Instituto, la competencia en materia de aprobación de gastos. presupone ineludiblemente la participación del Presidente y del Gerente de Administración. Ello implica, contrario a lo que afirman los indiciados, que existen a sus cargos un elenco de deberes y obligaciones inherentes y consustanciales de aquella competencia, es decir, en materia de ejecución de presupuesto de gastos del Instituto, que necesariamente implican, en la etapa final de la formalización del pago, la verificación partida, asi como la legalidad del concepto del gasto. En el presente caso, quedo demostrado la incorrecta imputación presupuestaria en las órdenes de pago que hoy nos ocupan, toda vez que el lícito perseguido se configura cuando los administradores de fondos o bienes públicos les den un destino distinto, al (Principio de Especificidad Cualitativa). bien por su monto (Principio de Especificidad Cuantitativa) o por el ejercicio fiscal al cual están destinado (Principio de Anualidad), es causa suficiente para declarar la responsabilidad administrativa de los funcionarios o particulares infractores, ya que es de consumación instantánea, independientemente de la conducta dolosa o culposa de su agente. y cuyo nexo causal o relación de causalidad fueron debidamente detallados en el auto de inicio de fecha 24 de septiembre de 2010, quedando sentado que la intervención de los indiciados en el procedimiento administrativo llevado a cabo por esta Dirección, era fundamental. Por todas y cada una de las consideraciones dadas con anterioridad, quien suscribe, desestima los argumentos planteados. Y asi se declara. Continúa la defensa de los ciudadanos ANGEL BARRENO y EDUARDO PINO, esgrimiendo lo siguiente: Que en el caso de se dicte una decisión contraria a los intereses de sus representados, la misma sea ajustada al principio de proporcionalidad de las sanciones. tomando en cuenta que no hubo daño al patrimonio, asi como las atenuantes y agravantes de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República, aplicable página original (tal como se publicó) [Página 58] En relación a lo planteado. quien suscribe, considera que estos argumentos fueron tomados en consideración al momento de realizar los cálculos de las multas, conforme lo establece el Reglamento de la Ley que rige nuestras funciones y demás instrumentos normativos aplicables a cada uno de ellos. los cuales fueron del conocimiento de los mismos en el acta suscrita en el marco del acto oral y público celebrado en fecha 14 de enero de 2011, en el Auditorio Los Contralores, ubicado en el piso 4 del edificio sede de la Contraloria General de la República. Y asi se decide. Adicionalmente, la defensa de los Ciudadanos ANGEL BARRENO y EDUARDO PINO, en el escrito de indicación de pruebas, promovió las documentales insertas a los folios 140 y 141 del expediente administrativo, las cuales están referidas al Manual de Organización del IVEC. con la finalidad de probar que la responsabilidad directa del control de la administración presupuestaria del Instituto estaba bajo la Dirección General de Administración y Finanzas y que la Dirección Ejecutiva del IVEC tenia a su cargo el supervisar las labores de esa Dirección, asi como autorizar los pagos correspondientes. Cabe destacar, que la referida prueba fue admitida por esta Dirección, tal y como se hizo constar en autos de fechas 06 y 17 de diciembre de 2010 debidamente incorporados al expediente, no obstante, se hace la salvedad de que el referido instrumento legal fue aprobado por el Consejo Directivo de: IVEC en fecha 02 de julio de 2003, vigente a partir del 21 de julio de ese mismo año, por lo tanto, tomando en consideración que los hechos ocurrieron durante el año 1999. podemos afirmar sin lugar a equivoco que no era aplicable para perlodo que hoy nos ocupa. Y así se decide. Finalmente. el ciudadano PEDRO CARRANZA CABRERA, en su escrito de indicación de pruebas, efectuó otros argumentos de defensa, en los términos siguientes: - Que ha estado separado del cargo Director General de Administración del IVEC por más de 10 años y que su situación personal es bastante precaria y más bien por necesidad está esperando llegar a la edad de 60 años para tramitar su pensión de vejez o jubilación asl como la de su esposa. Para verificar esto último pueden revisar su situación patrimonial personal que demuestra que vive en la misma vivienda. Respecto a lo planteado, quien suscribe considera que éstos alegatos no son punto controvertido en la-presente causa, razón por la cual, deben ser desestimados. Y así se decido. - Solicitó respetuosamente a la autoridad contralora consideración y la exoneración de que creyó era su deber para ese entonces, sin tener ningún poder en el cargo para aprobar nada y siempre fue su intención cumpli a cabalidad con el estado venezolano obedeciendo sin ningún beneficio personal y tratando de cumplir con la patria. En cuanto a las consideraciones expuestas, quien suscribe, reproduce en todas y cada una de sus partes los análisis efectuados en la presente decisión, toda vez que como se indicara y explicara està demostrada la configuración de un ilícito administrativo y la participación de su persona en la materialización del mismo. Y así se decide. pruebas producidas por la defensa de los ciudadanos llamados al presente procedimiento administrativo así como los imputados y los alegatos esgrimidos en el Acto Oral y Público, quien decide ratifica en todas sus partes las imputaciones formuladas en el Auto de Inicio de la presente causa de fecha 24 de septiembre de 2010, cursantes a los folios 331 al 375 a los Ciudadanos ANGEL BARRENO, EDUARDO PINO_ y PEDRO CARRANZA V-4.034.045, respectivamente. todos suficientemente identificaus en autos. Y asi se decide. 111 DISPOSITIVA En mérito de los razonamientos precedentemente expuestos, quien suscribe, Director de la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de la República, según consta en Resolución N° 01-00-035 de fecha 17 de enero de 2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.364 de fecha 24 de enero de 2006, conforme a lo dispuesto en el numeral 20 del articulo 2 de la Resolución Organizativa N° 5 de fecha 23 de diciembre de 2003, emanada de este Máximo Órgano de Control Fiscal. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.881 de fecha 17 de febrero de 2004, invocado por remisión expresa del articulo 6 del mismo instrumento, actuando en atención a la atribución prevista en el articulo 106 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010), para dictar las decisiones a que se refiere el articulo 103 de la misma Ley, en consonancia con los articulos 97 y 98 del Reglamento de la aludida Ley, reproduce el pronunciamiento realizado en el. Acto. Oral y Público de fecha 14 de enero de 2011, en el Auditorio "Los Contralores". ubicado en el piso 4 del edificio sede de la Contraloría General de la República, a través del cual se emitió el siguiente pronunciamiento: 1.- Se declara la Responsabilidad Administrativa de los ciudadanos: ANGEL BARRENO, titular de la cédula de identidad Nro. V-5.388.949, en su condición de Presidente Encargado del Instituto de Vivienda y Equipamiento de en el auto de inicio del procedimiento administrativo de fecha 24 de septiembre de 2010. EDUARDO PINO, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.012.914, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, desde el 27 de abril de 1999, por el hecho irregular descrito e imputado en el auto de inicio del procedimiento administrativo de fecha 24 de septiembre de 2010. PEDRO CARRANZA CABRERA. titular de la cédula de identidad Nro. Instituto de Vivienda y Equipamiento de Brrios del Estado Carabobo, durante el periodo comprendido desde el 01 de abril de 1997 hasta el 22 de febrero de procedimiento administrativo de fecha 24 de septiembre de 2010. 2.- En atención a lo dispuesto en el articulo 105 de la Ley Orgánica de la Contralorla General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (cuya reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010), en concordancia con el artículo 121 de procedimiento, asi como, en resguardo al Principio de Iretroactividad de la Ley contenido en el articulo 44 de la Constitución de la República de Venezuela vigente para la fecha de Bolivariana de Venezuela, quien suscribe, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 67 del derogado Reglamento de la Ley Orgánica de la Contralorla General de la República, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.128 Extraordinario de fecha 30 de diciembre de 1996 y el articulo 37 del Código Penal, habiéndose considerado y compensado de conformidad con lo establecido en el articulo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal (cuya reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010), la circunstancia agravante contenida en el iteral "b" y la circunstancia atenuante prevista en el numeral 1, ambas tipificadas en el articulo 67 del derogado Reglamento de la Ley Orgánica de la Contralorla General de la República, antes mencionado, referidas a la condición de funcionario público de los declarados responsables. y el no haber incurrido los mismos en falta que amerite la imposición de multas. durante los tres (3) años anteriores a aquél en que se cometió la infracción, de conformidad con el articulo 1 de la Ley que establece el Factor de Cálculo de Contribuciones, Garantías, Sanciones. Beneficios Procesales o de otra Naturaleza en Leyes Vigentes (Gaceta Oficial N° 36.362 de fecha 26 de diciembre de 1997), que sustituye el salario minimo como factor de cálculo de sanciones por el valor equivalente en bolivares a tres (3) unidades tributarias (U.T) vigente para el momento en que ocurrieron Ios nechos Irregulares ACUERDA: Imponer multa de manera individual a los Ciudadanos ANGEL BARRENO y PEDRO CARRANZA CABRERA, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-5.388.949 y V-4.034.845, en sus condiciones de Presidente (E) y Director General de Administración, ambos del Inslituto de Vivienda y Equipamiento de Barros del Estado Carabobo. para el momento de ocurrencia de los hechos, por la 1.243.200.00) equivalente a un mil doscientos cuarenta y tres bollvares fuertes con veinte céntimos (Bs. F. 1.243,20) en razón de la entidad del hecho irregular y en atención a la Unidad Tributaria establecida en siete mil cuatrocientos bollvares (Bs. 7.400,00), según la Providencia N° 569 de fecha de 03 de abril de 1998, emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), publicada en la Gaceta Oficial N° 36.432 de fecha 14 de abril de ese mismo año, cantidad ésta que equivale a 56 salarios minimos (168 U.T). 3.- En atención a lo dispuesto en el articulo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (cuya reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010), en concordancia con el artículo 121 de procedimiento, asi como, en resguardo al Principio de Irreroactividad de la Ley contenido en el artículo 44 de la Constitución de la República de Venezuela vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos, actualmente articulo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quien suscribe, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 67 del derogado Reglamento de la Ley Orgánica de la Contralorla General de la República, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.128 Extraordinario de fecha 30 de diciembre de 1996 y el articulo 37 del Código Penal, habiéndose considerado y compensado de conformidad con lo establecido en el articulo 103 de la Ley Orgánica de reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010), la circunstancia agravante contenida en el literal "b" y la circunstancia atenuante prevista en el numeral 1, ambas tipificadas en el artículo 67 del derogado Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, antes mencionado, referidas a la condición de funcionario página original (tal como se publicó) [Página 59] amerite la imposición de multas, durante los tres (3) años anteriores a aquél en que se cometió la infracción, de conformidad con el artículo 1 de la Ley que estabiece el Factor de Cálculo de Contribuciones, Garantías, Sanciones, Beneficios Procesales o de otra Naturaleza en Leyes Vigentes (Gaceta Oficial N° 36.362 de fecha 26 de diciembre de 1997). que sustituye el salario mínimo como factor de cálculo de sanciones por el valor equivalente en bolivares a tres (3) unidades tributarias (U.T), vigente para el momento en que ocurrieron los hechos irregulares ACUERDA: Imponer multa de manera individual al ciudadano EDUARDO PINO. titular de la cédula de identidad Nro. V-7.012.914, en su condición de Presidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, para el momento de ocurrencia de los hechos, por la cantidad de un millón seiscientos doce mil ochocientos bolivares (Bs. 1.612.800,00) equivalente a un mil seiscientos doce bolivares fuertes con ochenta céntimos (Bs. F. 1.612,80) en razón de la entidad del hecho irregular y en atención a la Unidad Tributaria establecida en nueve mil seiscientos bolivares (Bs. 9.600.00). según la Providencia N° 088 de fecha 29 de marzo de 1999, emanada del Servicio Naclonal Integrado de Administración Tributaria (SENIAT). publicada en la Gaceta Oficial N° 36.673 de fecha 05 de abril de ese mismo año, cantidad ésta que equivale a 56 salarios minimos (168 U.T). 4.- Se les notifica a los Ciudadanos ANGEL BARRENO, EDUARDO PINO y PEDRO CARRANZA CABRERA, ya identificados, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Contralorla General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (cuya reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010), en concordancia con el articulo 100 del Reglamento de la aludida Ley. que a partir de la presente fecha, podrán interponer el correspondiente Recurso de Reconsideración ante quien decide, dentro de un lapso de quince (15) días hábiles más dos (02) días continuos que se concede como término de la distancia, 6 de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal (cuya reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010). podrán interponer Recurso de Nulidad por ante el Tribunal Supremo de Justicia, 5.- En atención a los principios de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos se ordena la aplicación y formalización de la multa a que se retrotrae el presente auto decisorio. 6.- En consecuencia del pronunciamiento efectuado en el Acto Oral y Público de fecha 14 de enero de 2011, quien suscribe, ordena remitir copia certificada de la presente decisión al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC). a la Dirección General de Control de Estados y Municipios de este Organismo Contralor y a la Dirección General de Coordinación y Seguimiento adscrita al Despacho del Viceministro de Planificación Social e Institucional del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas. 7.- Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el artícuio 101 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Cúmplase, ALEXANDER PÉREZ ABRO República Bolivariana de Venezuela Contraloría General de la República Dirección General de Procedimlentos Especiales Dirección de Determinación de Responsabilidades 200° y 152° Caracas, 15 de abril de 2011. DECISIÓN 1 NARRATIVA A. DE LOS HECHOS. Se inició la presente averiguación administrativa, mediante auto de apertura de fecha 10 de diciembre de 2001, inserto a los folios 1 al 6 del expediente signado con el N° 08-01-05-01-081, dictado por la entonces Directora de Averiguaciones Administrativas (E) de la Dirección General de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales, en atención a adscritos a la Dirección de Control del Sector de los Poderes Nacionales y de Seguridad Pública de la Dirección General de Control de la Administración Central y de los Poderes Nacionales de este Organismo. Contralor, en cumplimiento del Plan de Acciones Fiscales correspondientes al año 1999, vinculados con la evaluación selectiva de aspectos de la formulación, ejecución y resultados del "Proyecto de Acción de Integración Social (Pro- Pais)" del Proyecto Bolivar 2000, durante el ejercicio fiscal 1999, de la cual se derivaron presuntas irregularidades administrativas, las cuales se mencionan a continuación: "Direcclón Reglonal Puerto Ayacucho. Presuntos pagos efectuados por concepto de ayudas económicas y pagos de mano de obra, por un monto de SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 6.900.000,o), respecto a los cuales no fue precisado su verdadero destino, situación ésta que de ser verificada, constituiría supuesto generador de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo estabiecido en el articulo 37 de la Ley Orgánica de Saivaguarda del Patrimonio Público. Dirección Regional Barceiona. Presunta negligencia en la preservación de bienes del patrimonio público, al ser adquiridos materiales para ejecución de obras por un monto de DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL BOLIVARES responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del articulo 113 de la Lay Orgánica de la Contraloria General de la República. Dirección Regional Maturin. público, al ser adquiridos materiales a la empresa "Multimateriaies de Arcillas Hernández C.A por un monto de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 7.400.000.o0), desconociéndose el destino de los mismos. situación ésta que de ser verificada, constituirá supuesto generador de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del articulo 113 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. b.- Presuntos pagos por un monto de SIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 7.510.000,oo), supuestamente por concepto de gastos de mano de obra, asi como nóminas de personal, de los cuales se desconoce la obra ejecutada o el servicio efectivamente prestado, situación responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el c. Presuntos pagos por un monto de DIECISEIS MILLONES CIENTO concepto de ayudas económicas, medicinas, viáticos y alimentación, sin haberse comprobado la sinceridad de dichos gastos, toda vez que no se encontraron los comprobantes justificativos de tales gastos, situación ésta que de ser verificada, constituiría supuesto generador de responsablidad administrativa, de conformidad con lo estabiecido en el articulo 37 de la Ley Dirección Regional Acarigua. a. Presunta negligencia en la preservación de bienes del patrimonio público, al ser adquiridos a la empresa "Representaciones y Construcciones Rodriguez", materiales para ejecución de obras por un monto de DIECISEIS administrativa, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 113 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República. b.- Presunta utilización de facturas de la empresa "PIMACO", por un monto (Bs. 18.220.000,oo) para justificar erogaciones, siendo que tal monto no fue reconocido como facturado por los representantes legales de dicha Contraloria General de la República. c.- Presuntos pagOs por un monto de CINCO MILLONES DE BOLIVARES Comandos Rurales N° 49 de la Guardia Nacional, sin haberse comprobado la sinceridad de dichos gastos, toda vez que no se pudo verificar la efectiva administrativa, de conformidad con lo establecido en el articulo 37 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. DIrección Regional San Juan de los Morros. a. Presunto pago. por un monto total de UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS BOLIVARES CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 1.637.182.49), relacionados con la ejecutada por la empresa Constructora 2000, sin que presuntamente exista constancia de: 1.- sondeos eléctricos para la ubicación de stió de pozo (Bs. 1.174.244:07). relacionado en la partida N° 1 del presupuesto original; 2 . registro eléctrico con curvas de potencial espontáneo y resistividad (Bs. 335.776,96), relacionado en la partida N° 5 del presupuesto original: 3.no se observó la construcción de fosas y canales de lodo para la circulación del lodo de perforación (Bs. 127.161,46), relacionado en la partida N° 3 del supuesto generador de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del articulo 113 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República. b.- Presunta negligencia en la preservación de bienes del patrimonio (Bs. 154.080.000.0o) y "Concretera y Bloques La Puerta" (Bs. 32.650.00.oo), materiales para ejecución de obras por un monto total de establecido en el numeral 3 del articulo 113 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República. Dirección Reglonal Caracas. BOLIVARES (Bs. 7.820.000,oo) para justificar erogaciones por el referido monto, siendo que el representante legal de dicha empresa reconoce el número de control de una de dichas facturas, pero por un monto de CIENTO SETENTA MIL BOLIVARES (Bs. 170.000,oo), situación ésta, que de ser verificada, administrativa, de conformidad con lo establecido en el numeral 13, del Dirección Regional San Fernando de Apure. Presunta utilización de dos (2) facturas de la empresa "Servicios Girasol C.A" Por un mOnto de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL representante legal de dicha empresa no reconoce ni los delos ni las firmas verificada.constituiria supuesto generador de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el numeral 13 del articulo 113 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República. página original (tal como se publicó) [Página 60] Dirección Reglonal Mérida. Presuntos pagos efectuados por concep:o de ayudas económicas, pago de SEISCIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 24.680.000,oo), respecto a los cuales no pudo ser comprobada la sinceridad del gasto, situación ésta que de ser verificada, constituiria supuesto generador de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el articulo 37 de la Ley Orgânica de Salvaguarda del Patrimonio Público. DIrección Regional Maracay. Presuntos pagos efectuados en el "403 G.A.C. G/J Bartolomé Salom (Bs. 1,58 millones) y la 42 Brigada de Infanlerla de Paracaidistas (Bs. 1.23 millones). por un monto total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 2.810.000,oo), respecto a los cuales no fue precisado su verdadero destino, situación ésta que de ser verificada, constituiria supuesto generador de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo Patrimonio Público". averiguación administrativa, se observó que en las Direcciones Regionales que a continuación se señalan, no se determinó la ocurrencia de los actos, hechos u omisiones generadores de responsabilidad administrativa a la luz de lo tipificado en el articulo 113 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para el momento de los hechos que se investigan, hoy contenidos en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la se explica seguidamente, razón por la cual en relación a los mismos no fue procedente la formulación de cargos: 1) DIRECCIÓN REGIONAL PUERTO AYACUCHO El Informe Parcial elaborado en el mes de mayo del año 2001 por funcionarios adscritos a la Dirección de Control del Sector de los Poderes Nacionales y de Seguridad Pública de este Organismo Contralor, contiene los resultados de la verificación de la información suministrada por la Dirección Regional Puerto Ayacucho de la Fundación Proyecto Pais, con relación a las observaciones formuladas en el Informe Preliminar de fecha 24 de enero de 2001, circunscrito al análisis selectivo de las actividades ejecutadas con cargo al citado Proyecto Pro-Pals, durante el lapso comprendido entre el 27 de febrero de 1999 y el 20 de marzo de 2000, incorporado al expediente administrativo en entre otros particulares lo siguiente: "(...) 407 Con el objeto de comprobar la veracidad y sinceridad de la información inspecciones a los trabajos ejecutados, seleccionándose una muestra de las actividades realizadas en el Municipio Atures (Puerto Ayacucho). por ser el inspecciones, se exponen de seguida: 4. De las entrevistas efectuadas a 5 civiles y 4 miltares que prestaron servicios a la Dirección Regional Puerto Ayacucho con motivo de la ejesuclón de actividades del Proyecto Bollvar 2000 se dejó constancia que los citados servicios. 5. Como resultado de la colaboración solicitada a la Oficina Nacional de Identificación, se logró la ubicación de la dirección de habitación de algunos civiles que recibieron ayuda económica del Proyecto Bolivar 2000, quienes en la entrevista practicada por la Comisión de la Contraloria General, dejaron Puerto Ayacucho de la Fundación Pro País. 7. Se tomaron evidencias fotográficas de las obras inspeccionadas y se recopilaron ejemplares de la prensa local, (Periódicos y Revistas). donde se sinceridad, por cuanto no se ubicaron los beneficiarios de ayudas económicas Visto el contenido de las observaciones all indicadas, la entonces Dirección de Averiguaciones Administrativas de la otrora Dirección General de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales de este Organismo Contralor, mediante auto de fecha 10 de diciembre de 2001, inició la correspondiente averiguación administrativa, de obra, por un monto de seis millones novecientos mil bolivares con cero céntimos (Bs. 6.900.000,00), equivalente a seis mil novecientos bollvares fuertes (Bs. F. 6.900,00), respecto a los cuales no habla sido precisado su verdadero destino, situación que de verificarse, constituiría supuesto generador de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el articulo 37 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos. supuesto que mantiene su ilicitud en el articulo 91 numeral 14 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Sin embargo, conforme al principio de la verdad material que rige al procedimiento administrativo sancionatorio, consagrado de manera expresa en el artículo 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual faculta a la Administración de oficio o necesarias para el mejor conocimiento y esclarecimiento de los hechos que se Investigan, Determinación de Responsabilidades de este Organismo Contralor, solicitó a través de menorândum N° 08-01-203 de fecha 25 de junio de 2002, a la entonces Dirección General de Control de la Administración Central y de los Poderes Nacionales, la verificación de las observaciones realizadas en los Informes Parciales antes aludidos, tal y como se evidencia de los folios 169 al 174, toda vez que: () El respectivo Informe Parcial señala en la pg. (.) 4.07. punto 7, que se obra, por la Cantidad de SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 6.900.000.co). respecto a los cuales no fue posible comprobar su sinceridad, ya que no se ubicaron los beneficiarios de las ayudas económicas otorgadas, ni fue precisado el pago de mano de obra efectuado. Sin embargo, entrevistó a civiles y militares, quienes afirmaron haber recibido pagos por prestar servicios, asi como se ubicaron a ciudadanos que dejaron constancia Regional. Observación: El Informe Parcial no relaciona estas situaciones ni señala que ésta documentación justifica el gasto efectuado". En respuesta a lo planteado, la otrora Dirección General de Control de la Administración Central y de los Poderes Naconales de este Organismo Contralor, a través de memorándum N° 05-03-1055 de fecha 12 de julio de 2002, cursante a los folios 175 al 185, informó a la entonces Dirección de Averiguaciones Administrativas, lo siguiente: (..) Sobre el particular es necesario hacer de su conocimiento, que los Selectiva de Aspectos de la Formulación. Ejecución y Resultados del Proyecto de Acción de Integración Social (PRO-PAIS). del Proyecto Bolivar 2000", se corresponden con los resultados obtenidos por los auditores que integraron las distintas comisiones que llevaron a cabo la evaluación del Proyecto Pro-Pais. y los hechos determinados están suficientemente soportados por los correspondientes papeles de trabajo y las conclusiones vinculadas con cada una de las observaciones o situación objeto de estudio: no obstante a los fines de aclararle las dudas manifestadas en su Memorándum, de seguida le expongo por Dirección Regional y en el mismo orden, los procedimientos aplicados y las conclusiones derivadas del análisis realizado en esas Dependencias de la Fundación Proyecto País. Dirección Regional Puerto Ayacucho (...) Al respecto, se indica lo siguiente: a) el monto de Bs. 6.900.000.00, de acuerdo con lo indicado en el anexo No. 3 del Informe Parcial, corresponde 1.910.000.00. para ayudas económicas: Bs. 1.903.000,00. por concepto de mano de obra y Bs. 273.197,18. por adquisiciones: b) las encuestas realizadas por la Comisión de la Contraloria fueron practicadas sobre una casos, por ejemplo el personal militar, se encontraba destacado en otras dependencias militares fuera del Estado Amazonas, otros no fueron ubicados, por cuanto se dificultó encontrar las direcciones de habitación; c) por todos los conceptos de gastos antes descritos, existen comprobantes documentales a nivel de la Dirección Regional Puerto Ayacucho, copia de los cuales están incorporados en los respectivos papeles de trabajo: d) saivo por la faita de ubicación de los beneficiarios o de aplicación de en la utilización de estos recursos, por parte de la Dirección Regional". (Destacado nuestro). Las razones que anteceden fueron consideradas por la entonces Dirección de Averiguaciones Administrativas de la Dirección General de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales, para no continuar con el procedimiento administrativo dirigido a determinar las responsabilidades a que hubiere lugar, respecto a los hechos ocurridos en la Dirección Regional Puerto Ayacucho, en los términos planteados en el auto de inicio de fecha 10 de diciembre de 2001. Así se declara. 2) DIRECCIÓN REGIONAL ACARIGUA. El Informe Parcial elaborado en el mes de mayo del año 2001 por funcionarios adscritos a la Dirección de Control del Sector de los Poderes Nacionales y de Seguridad Pública de este Organismo Contralor, contiene los resultados de la verificación de la información suministrada por la Dirección Regional Acarigua de la Fundación Proyecto Paíis, con relación a las observaciones formuladas en el Informe Preliminar de fecha 24 de enero de 2001, circunscrito al análisis selectivo de las actividades ejecutadas con cargo al citado Proyecto Pro-País, durante el lapso comprendido entre el 27 de febrero de certificada, cursante a los folios 58 al 70, el cual reflejó entre otros particulares lo siguiente: En el Capltulo denominado "Resultados de la verificación fiscal de las operaciones y transacciones efectuadas por el Destacamento No. 41 de la Guardia Nacional durante el periodo 27-02-99 al 30-06-99, en la ejecución del Proyecto Pro- Pais del Proyecto Bolivar 2000", se determineć especificamente en el punto 4.04, lo que a continuación se indica: -4.04 Como resultado de esa verificación, esta Contraloria. General determinó lo siguiente: 1. El Destacamento No. 41 transfirió Bs. 10.00 millones a las dependencias que se indican: (..) b) Bs. 5,00 millones al Destacamento de Comandos Rurales No. 49 de la Guardia Nacional, mediante cheque No. 90925502 del Banco Unión, el cual fue depositado en la Cuenta Corriente No. 035-28077-4 del Banco Unión, a nombre de "Gastos del Proyecto Bolivar 2000, Destacamento de Comandos Rurales No, 49". (OMISSIS) 3. De la fiscalización efectuada por la Comisión de la Contraloría General (..) se determinó: (OMISSIS) 3.3 En cuanto a los 5.0 millones entregados al Destacamento de Comandos Rurales No. 49 de la Guardia Nacional, no existen soportes documentales que avalen su aplicación. A tal efecto, el Director Regional Acarigua de la Fundación Proyecto Pais en Guanare manifestó a esta Contralorla General, con el Oficio de fecha 10-05-200, que le han remitido varias comunicaciones al Comandante de ese Destacamento, sin que hasta la fecha se haya recibido alguna respuesta con respecto a la aplicación de estos recursos, acción que resultados positivos al respecto". Asimismo, en el capitulo denominado Resultados de la verificación fiscal de las operaciones y transacciones efectuadas por el Batallón "Vuelvan Caras", durante página original (tal como se publicó) [Página 61] el periodo 01-07-1999 al 05-05-2000, en la ejecución del Proyecto Pro-Pais del Proyecto Bolivar 2000, especificamente en el número 4.05, punto 3.1, se determinó: "(...) 3. Con relación a las adquisiciones de materiales de ferretería, construcción y contables de las empresas proveedoras, c) el reconocimiento por parte de Darticular, se verificó 3.1 Adquisiciones a la empresa Representaciones y Construcciones Rodriguez presentárselas al Representante Legal de esta empresa, de lo cual se dejó constancia en acla de fecha 26-04-200", éste reconoció su emisión y venta porque el Contador de la empresa no ha registrado el ingreso respectivo. Con respecto a estas adquisiciones, no fue posible verificar la aplicación de Contraloria General por el Director Regional de la Fundación, aún cuando el transcurso de la Comisión (OMISSIS) 3.3 Compras por Bs. 45.46 millones a la empresa PIMACO, reflejadas en 47 manifestaron a la Comisión de la Contraloría, que salvo las facturas Nos. suministradas en blanco a personal del Batallión "Vuelvan Caras". el resto de las facturas que le fueron presentadas por un monto de Bs. 27.24 millones. De la revisión efectuada por la Comis:ón de esta Contraloria General se observó, que las caracteristicas, sello y firma que aparecen en las facturas no reconocidas por la empresa, son idénticas a las que poseen las facturas que si fueron aceptadas. 4. En los registros del Batallón "Vuelvan Caras" figuran 52 centros educativos los materiales de construcción y pinturas por un monto total de Bs. 72,62 millones. Asimismo, se indica la utilización de Bs. 9.38 millones en deportivas. y de Bs. 6,00 millones en la reparación del Hospital Central J.M. Casal Ramos. De seguida se mencionan los centros educativos en los que, conforme a los registros, fueron aplicados los materiales (...). 5. Con el objeto de comprobar la aplicación de los materiales adquiridos por el Batalión "Vuelvan Caras" a las diversas empresas fiscalizadas, se practicó una inspección a nivel de 8 de los entes mencionados en el cuadro anterior. se dejó constancia en actas, determinándose con razonable certeza, que en los centros inspeccionados, los materiales utilizados están razonable y adquiridos para su utilización en esos centros, los cuales se relacionan de seguida (...). Visto el contenido de las observaciones indicadas con anterioridad, las cuales reflejaron presuntamente la ocurrencia de irregularidades, se inició en fecha 10 de diciembre de 2001, la correspondiente averiguación administrativa, por los siguientes hechos: a) Presunta negligencia en la preservación de bienes del patrimonio público, al ser adquiridos a la empresa "Representaciones y Construcciones Rodríguaz", materiales para ejecución de obras por un monto de dieciséis millones doscientos diez mil bollvares (Bs. 16.210.000.00) -equivalente a dieciséis mil doscientos diez bolivares fuertes (Bs. F. 16.210,00- desconociéndose el destino de los mismos: b) Presunta utilización de facturas de la empresa PIMACO. por un monto de dieciocho millones doscientos veinte mil bolivares (Bs. 18.220.000.00) -equivalente a dieciocho mil doscientos veinte bollvares fuertes (Bs. F. 18.220,00)- para justificar erogaciones, siendo que tal monto no fue c) Presuntos pagos por un monto de cinco millones de bolivares (Bs. 5.00.000.00) -equivalente a cinco mil bollvares fuertes Bs. F. 5.000,00- supuestamente efectuados al comprobado la sinceridad de dichos gastos, toda vez que no se pudo verificar la efectiva justificativos de tales gastos, supuestos éstos presuntamente generadores de articulo 113 de la Ley Orgánica de la Contralorla General de la República, asl como en el articulo 37 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, los cuales mantienen su licitud en los numerales 2. 14 y 21 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contralorla General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Sin embargo, conforme al principio de la verdad material que rige al procedimiento administrativo sancionatorio, consagrado de manera expresa en el artículo 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual faculta a la Administración de oficio o la entonces Dirección de Averiguaciones Administrativas, hoy Dirección de Determinación de Responsabilidades de este Organismo Contralor, solicitó a través de memorándum N° 08-01-203 de fecha 25 de junio de 2002, a la otrora Dirección General de Control de la Administración Central y de los Poderes Nacionales, la verificación de las observaciones realizadas en los Informes Parciales antes aludidos, tal y como se evidencia de los folios 169 al 174, toda vez que: ".) a.- En el número 4.05, Punto 3.1. pág. 10 del Informe Parcial, se señala Construcciones Rodriguez" de materiales para la ejecución de obras por un monto de DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 16.210.000.oo). sin poder verificar su aplicación. Por otra parte, en el número Observación: No se indica en el informe si dentro de este monto de Bs. 72.62 millones se encuentran incluidos los 16,21 millones que se mencionan como desconocida su aplicación (impreciso). efectuado ventas justificadas por la Dirección Regional en tres facturas, por suministradas en blanco. En tal sentido, la Comisión de la C.G.R. indicó en el empresa son idêéticas en cuanto a sus características, sello y firma, a las facturas reconocidas. Observación: No se expresa si con esta observación por parte de a comisión de la Contraloría, se considera justificado el gasto En respuesta a lo planteado, la otrora Dirección General de Control de la Administración Centra y de los Poderes Nacionales de este Organismo Contralor, a través de memorándum N° 05-03-1055 de fecha 12 de julio de 2002, cursante a los folios 175 al 185, informo a la entonces Dirección de Averiguaciones Administrativas, lo siguiente: (..) Sobre el particular es necesario hacer de su conocimiento, que los Dirección Regional, como en el Informe Definitivo de la "Evaluación Proyecto de Acción de Integración Social (PRO-PAÍS), del Proyecto Bollvar vinculadas con cada una de las observaciones o situación objeto de estudio; Memorándum, de seguida le expongo por Dirección Regional y en el mismo orden, los procedimientos aplicados y las conclusiones derivadas del análisis realizado en esas Dependencias de la Fundación Proyecto Pals. (OMISSIS) Dirección Reglonal Acarigua: a) (...) Se precisa que al mencionar en el Informe Parcial, la comprobación de aplicación de materiales de construcción y pinturas por Bs. 72,62 millones, se refiere a la verificación efectuada acerca de la aplicación de materiales a nivel de distintos centros educativos y de salud del Estado adquiridos por Bs. 16,21 millones a la empresa "Representaciones y Construcclones Rodriguez" (Destacado nuestro). (..) La Comisión de la Contraloría General de la República, no se b) mismas no presentaron ningún elemento que en apariencia distorsionara su veracidad. además, que en las verificaciones realizadas para comprobar la aplicación de materiales, se constató la utilización de descritos en las ya citadas facturas" Las razones que anteceden fueron consideradas por la entonces Dirección de Averiguaciones Administrativas de la Dirección General de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales, para no continuar la sustanciación de la causa respecto a los hechos identificados como a y b indicados en el auto de apertura de fecha 10 de diciembre de 2001, vinculados con el procedimiento administrativo dirigido a determinar las responsabilidades a que hubiere lugar. Asl se declara. saber, presuntos pagos por un monto de cinco millones de bolivares (Bs. 5.000.0000,00) -equivalente a cinco mil bolivares fuertes (Bs. F. 5.000.00)-. supuestamente efectuados al Destacamento de Comandos Rurales N° 49 de la Guardia Nacional. sin haberse comprobado la sinceridad de dichos gastos, toda vez que no se pudo efectuar la efectiva utilización del referido monto, por cuanto no fueron suministrados los comprobantes funcionarios de este Organismo Contralor en el Informe Parcial, no se encontró ningún no se encontró soporte documental que evidencie la entrega del cheque N° 90925502 del Banco Unión, por un monto de cinco millones de bollvares (Bs. 5.000.000,00) o cinco mill bollvares fuertes (Bs. F. 5.000.00). el cual había sido entregado al Destacamento de Comandos Rurales No. 49 de la Guardia Nacional; no hay copia del Estado de la Cuenta Corriente N° 035-28077-4 del Banco Unión que evidencie el depósito del dinero), elementos éstos necesarios para acreditar el ingreso de los recursos a manos del Destacamento de Comandos Rurales N° 49 de la Guardia Nacional, razón por la cual, la entonces Dirección de Averiguaciones Administrativas de este Organismo Contralor, ante continuó con la averiguación administrativa, respecto a este hecho. Asl se decide. 3) DIRECCIÓN REGIONAL SAN JUAN DE LOS MORROS El Informe Parcial elaborado en el mes de mayo del año 2001 por funcionarios adscritos a la Dirección de Control del Sector de los Poderes Nacionales y de Seguridad Pública de este Organismo Contralor, contiene los resultados de la verificación de la Fundación Proyecto Pas, con relación a las observaciones formuladas en el Informe Preliminar de fecha 24 de enero de 2001, cuyo alcance abarcó la revisión selectiva de las actividades ejecutadas desde el 27 de febrero de 1999 y el 24 de marzo de 2000. incorporado al expediente administrativo en copia certificada, cursante a los folios 71 al 90, con sus respectivos anexos, el cual reflejó entre otros particulares lo siguiente: "(..) 4.02 Como resultado del análisis dirigido a comprobar la veracidad y sinceridad de los gastos por Bs. 170.35 millones, efectuados por la Dirección Regional San Juan de los Morros, durante el periodo sujeto a evaluación, se selección para su inspección y fiscalización, operaciones por Bs. 148.24 millones, tomando en consideración para esa selección aspectos como. Monto facturado por cada empresa, volumen y características de los materiales adquiridos, monto invertido en reparaciones de áreas militares y adquisición de activos, entre otros, de cuyo análisis esta Contralorla General determinó lo siguiente: (OMISSIS) información suministrada por los administradores del Proyecto Bollvar 2000 en el Estado Guárico, fueron aplicados los materiales adquiridos, a sabor: Urbanización (ETA) ubicada en la vía que conduce a Barrialito, en las inmediaciones de la ciudad de Zaraza del Estado Guárico, al sur-este de la población, con el objeto de comprobar si los materiales descritos en cada factura, se corresponden con los efectivamente utilizados en cada obra, se determinó: (OMISSIS) 2.2 Respecto a la perforación de un pozo en la Urbanización "El Portal de Los Morros", ejecutada por la empresa Constructora 2000, por un monto de Bs. 19,00 millones: página original (tal como se publicó) [Página 62] Presupuesto Original. b) No se observó en el lugar de la obra, la construcción de fosas y canales de lodo para la circulación del lodo de perforación, descrito en la partida 3 del Presupuesto Original. c) Inexistencia de Libro Diario de Obra, hojas de medición, perti litológico de los estratos perforados, pruebas de bombeo, informes y otros datos sobre la obra correspondiente, de conformidad con lo previsto en la Norma No. 589-79 de COVENIN". Adicionalmente, el mismo Informe Parcial, reflejó respecto al segundo hecho presuntamente irregular, lo siguiente: "4.11 En particular, los datos de estas operaciones son los siguientes: 1. Adquisiciones a la empresa Casa Castillo CRL. a) De la fiscalización se dejó reconoció éstas como ventas a la Dirección Regional San Juan de los Morros. c) Cheques por Bs. 154.08 millones fueron endosados a personas de la Dirección Regional, quienes le entregaban el dinero en efectivo a la empresa. d) Las contables de la empresa. Adquisiciones a la empresa Concretera y Bioques la Puerta: a) De la 2. fiscalización se dejó constancia en acta de fecha 06-04-2001. b) Le fueron millones, quien reconoció haber efectuado ventas por este monto a la Dirección Regional San Juan de los Morros, c) Manifestó el Representante Legal de la empress, que cheques por Bs. 32,65 millones le fueron endosados a personas de la Dirección Regional, quienes le devolvieron el efectivo a la empresa. d) Las Vista las anteriores observaciones, vinculados con la ocurrencia de presuntas irregularidades, se inició en fecha 10 de diciembre de 2001, la correspondiente averiguación administrativa, toda vez que presuntamente se generó un pago por un monto total de un millón seiscientos treinta y siete mil ciento ochenta y dos bolivares con cuarenta y nueve céntimos (Bs. 1.637.182.49) -equivalente a un mil seiscientos treinta y siete bollvares fuertes con dieciocho céntimos (Bs. F. 1.637,18)-, relacionados con la obra "Perforación de un pozo en la Urbanización El Portal de los Morros", ejecutada por la empresa Constructora 200, sin que existiese constancia de: a) sondeos eléctricos para la ubicación de sitio de pozo (Bs. 1.174.244.07). relacionado en la partida N° 1 del resistividad (Bs. 335.776,96), relacionado en la partida N° 5 del presupuesto original; c) no se observó la construcción de fosas y canales de lodo para la circulación del lodo de perforación (Bs. 127.161,46), relacionado en la partida N° 3 del presupuesto original. Adicionalmente, una presunta negligencia en la preservación de bienes del patrimonio público, al ser adquiridos a las empresas "Casa Castillo C.R.L.", la cantidad de ciento cincuenta y cuatro millones ochenta mll bollvares (Bs. 154.080.000,00) o ciento cincuenta y cuatro mil ochenta bolivares fuertes (Bs. F. 154.080,00) y "Concretera y Bloques La Puerta" por treinta y dos millones seiscientos cincuenta mil bollvares (Bs. 32.650.00,00) -equivalente a treinta y dos mil seiscientos cincuenta bollvares fuertes (Bs. F. 32.650,00)-, materiales para ejecución de obras, por un monto total de ciento ochenta y seis millones setecientos treinta mil bollvares (Bs. 186.730.000.00) o ciento ochenta y seis mil setecientos treinta bolivares fuertes (Bs. F. 186.730,00) desconociéndose el destino de los mismos, conductas presuntamente generadoras de responsabilidad administrativa de Contralorla General de la República, supuestos que se mantienen en los numerales 10 y Sistema Nacional de Control Fiscal. Sin embargo, conforme al principio de la verdad material que rige al procedimiento administrativo sancionatorio, consagrado de manera expresa en el articulo 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual faculta a la Administración de oficio o la entonces Dirección de Averiguaciones Administrativas, hoy Dirección'de Determinación 08-01-203 de fecha 25 de junio de 2002, a la otrora Dirección General de Control de la Administración Central y de los Poderes Nacionales, la verificación de las observaciones realizadas en los Informes Parclales antes aludidos, tal y como se evidencia de los follos 169 al 174, toda vez que: "(...) DIrecclón Regional San Juan de los Morros a.- En el numero 4.02. punto 2, numeral 2.2. pág. 8 del Informe Parcial, se señala que se efectuaron pagos, por un monto total de DIECINUEVE MLLONES DE BOLIVARES, relacionados con la obra: "perforación de un sondeos eléctricos para la ubicación de sitio de pozo (Bs. 1.174.244,07). relacionado en la partida N° 1 del presupuesto original: 2.- registro eléctrico con curvas de potencial espontáneo y resistividad (Bs. 335.776,96). relacionado en la partida N° 5 del presupuesto original: 3.- no se observó la construcción de fosas y canales de lodo para la circulación del lodo de perforación (Bs. 127.161,46), relacionado en la partida N° 3 del presupuesto original, para fotalizar un monto de UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS BOLIVARES CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 1.637.182,49). Observación: El monto total de la obra (Bs. 19 millones) es el que se describe como pago irregular, siendo 1.637.182). b.- En los números 4.11 y 4.12. págs. 11 y 12, del Informe Parcial, se indica que se efectuó la adquisición a las empresas "Casa Castillo C.R.L." (Bs. 154.080.000,00) y "Concrelera y Bloques La Puerta" (Bs. 32.650.000,0o), de materiales para la ejecución de obras. por un monto total de CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL BOLIVARES Observación: Estos gastos no se encuentran justificados en el Informe Parcial". En respuesta a lo planteado, la otrora Dirección General de Control de la Administración Central y de los Poderes Nacionales de este Organismo Contralor, a través de memorándum N° 05-03-1055 de fecha 12 de julio de 2002, cursante a los folios 175 al 185, informó a la entonces Dirección de Averiguaciones Administrativas, lo siguiente: "(.) Sobre el particular es necesario hacer de su conocimiento, que los Selectiva de Aspectos de la Formulación, Ejecución y Resultados del Proyecto de Acción de Integración Social (PRO-PAÍS), del Proyecto Bollvar 2000", se corresponden con los resultados obtenidos por los auditores que integraron las distintas comisiones quellevaron a cabo la evaluación del vinculadas con cada una de las observaciones o situación objeto de estudio; Memorándum, de seguida le expongo por Dirección Regional y en el mismo orden, los procedimientos aplicados y las conclusiones derivadas del análisis realizado en esas Dependencias de la Fundación Proyecto Pals. (OMISSIS) Dirección Regional San Juan de los Morros efectuado por el referido contrato de perforación, ya'que en el mismo sólo eléctricos adscritos en las partidas 1 y 5 del Presupuesto Original b) no se observó en el lugar de la obra, la construcción de fosas y canales de lodo presupuesto original: c) inexistencia de Libro Diario de Obra, hojas de informes y otros datos sobre la obra correspondiente, de conformidad con lo previsto en la Norma No. 589-79 de COVENIN°. Respecto al segundo hecho mencionado como presuntamente irregular, se destaca lo siguiente: "b) (..) Respecto a esta observación, se indica que en fecha 28-01-2002, fueron remitidos por parte de la Presidenta de la Comisión de Contraioría de la Asamblea Nacional. copia de unos documentos vinculados con estas adquisiciones, los cuales fueron valorados por esta Contraloría General de la República, de cuyos resultados se elaboró un Informe Especial (..". Sobre el particular antes referido, se observó que a los folios 187 al 207 cursa Informe Especial de verificación de la documentación suministrada a la Contraloría General de la República, por la Presidenta de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, relacionada con ésta Dirección Regional, debidamente suscrita por el ciudadano Contralor General de la República, en la que se indicó, entre otros particulares, especificamente en el punto 7.03, lo siguiente: "(.) 3. La Comisión de la Contraloria General de la República examinó la Cedeño, consistente en recibos, facturas y otros documentos, presentados por dicho ciudadano como soporte del destino que le mecanismo de los endosos. En el examen del 80,29% del monto, se determinó la idoneidad de los soportes documentales y la sinceridad de las operaciones consistentes en adquisiciones de materiales, relacionadas con el Proyecto Bolivar 2000". De lo expuesto, resulta imperioso señalar, el valor probatorio de los Informes Extraordinario del 13 de diciembre de 1995), vigente para el momento del hecho irregular, que disponga: Articulo 124: "Las diligencias efectuadas por la Contraloria, Incluida la prueba testimonial, tiene fuerza probatoria mientras no sean desvirtuadas en el debate Judicial (..)" (Destacado nuestro) República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001, cuya reforma parcial se publicó en Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010), establece lo siguiente: Articulo 83: (.) Las diligencias efectuadas por los órganos de control fiscal, incluida la prueba testimonial, tienen fuerza probatoria mientras no sean desvirtuadas en el debate judicial". (Destacado nuestro). De la transcripción que antecede, se observa que el legislador ha cuidado en asignar fuerza probatoria a los elementos de juicio o probanzas que la Contraloría General de la República haya logrado acumular u obtener durante el procedimiento investigativo. Esto tiene gran importancia para los efectos de asignar eficacia a la tramitación administrativa de las averiguaciones, ya que de esta manera ellas constituirán un fundamento serio y de valor que necesariamente habrán de ser consideradas y ponderadas en plenitud en las instancias judiciales. Asi lo ha admitido la extinta Corte Suprema de Justicia, noy Tribunal Supremo de Justicia, al afirmar que los Informes rendidos por la Contraloria General de la República son catalogados como documentos En este orden de ideas. debemos entender que los Informes son actos producidos resultados de las actuaciones especificas realizadas y las debidas conclusiones. De lo expuesto, una vez iniciada una averiguación administrativa, se reunirán elementos de juicio, declaraciones, experticlas e informes que se estimen necesarlos para esclarecer la verdad de los hechos, y todas esas diligencias ejecutadas por la Contraloría tienen fuerza probatoria mientras que no sean desvirtuadas en el debate judicial. página original (tal como se publicó) [Página 63] Por lo tanto. el contenido de las observaciones del Informe Especial de verificación de la documentación suministrada a la Contraloría General de la República, por la Presidenta de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, cursante a los folios 187 al 207, fueron determinantes para que la entonces Dirección de Averiguaciones Administrativas de este Organismo Contralor, no continuara con la ocurridas en la Dirección Regional San Juan de los Morros. Asl se decide. 4) DIRECCIÓN REGIONAL CARACAS El Informe Parcial elaborado en el mes de julio del año 2001 por funcionarios adscritos a la Dirección de Control del Sector de los Poderes Nacionales y de Seguridad Pública de este Organismo Contralor, contiene los resultados de la verificación de la información suministrada por la Dirección Regional Caracas de la Fundación Proyecto Pals, con relación a las observaciones formuladas en el Informe Preliminar de fecha 24 de enero de 2001, cuyo alcance abarcó la revisión selectiva de las actividades ejecutadas hasta el 17 de septiembre de 1999, incorporado al expediente administrativo en copia certificada, cursante a los folios 91 al 109, reflejó en el punto IV (folio 103) entre otros particulares, lo siguiente: "(..) El Organismo Contralor se trasladó a la empresa MATERiALES comerciaimente. La Contraloria General de la República le presentó para su 14166, 14167, 14168, 14171, 14172, 14193, 4196, 14206, 14208, 14209, todas de fecha 25-05-99, con excepción de la 14198 de fecha 28-05-99, por Rodeo. Municipio Zamora, Estado Miranda. En respuesta a la solicitud del Órgano Contralor, reconoció las facturas en cuanto a: número de factura, facturadas, alegando que únicamente cobró por medio del Destacamento 55, Bs. 169.325,00. De esta situación surge una diferencia por Bs. 7.656.256,68". Asimismo, el Informe Definitivo indicó en el Capitulo denominado "Observaciones en adquisiciones por monto global de Bs. 11,49 millones en las Direcciones Regionales de Caracas y San Femando de Apure", específicamente en el punto 3.14, lo siguiente (folio 154): "(..) 3.14 En la fiscalización de las empresas Materlales Loricar S.R.l., y (..) proveedoras de las Direcciones Regionales Caracas y (..) en la revisión de los Libros de Ventas y de los talonarios de facturas correlativas, se determinaron diferencias por Bs. 7,65 millones (..) entre el monto reseñado en las facturas en poder de las Direcciones Regionales señaladas y presentadas a la Contraloria General como soporte de las adquisiciones de materiales de ferreteria y construcción (..). y el monto reconocido y suministrado por este. Con relación a estos particulares, se observa: 1. El representante legal de la empresa Materlales Loricar S.R.. dejó constar en acta levantada por este Organismo Contralor, que reconocla el número de control de la factura en poder de la Dirección Regional Caracas, no asi de la cantidad de bolivares facturados, equivalente a Bs. 7,82 millones, toda vez que sólo cobró la cantidad de Bs. 170.000,00". Vista las anteriores observaciones, en donde se presumir la ocurrencia de averiguación administrativa, toda vez que presuntamente se habían utilizado facturas de la empresa "Materiales Loricar S.R.L.". por un monto total de siete millones ochocientos veinte mil bollvares (Bs. 7.820.000,00) -equivalente a siete mil ochocientos veinte bollvares fuertes (Bs. F. 7.820,00) para justificar erogaciones por el referido monto, siendo que el representante legal de la empresa reconoció el número de control de una de dichas facturas, pero por un monto de ciento setenta mil bollvares (Bs. 170.000.00) o ciento setenta bollvares fuertes (Bs. F. 170,00), conducta presuntamente generadora de responsablidad administrativa de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 113 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República, supuesto que se mantiene en el numeral 21 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Sin embargo, conforme al principio de la verdad material que rige al procedimiento administrativo sancionatorio, consagrado de manera expresa en el artículo 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual faculta a la Administración de oficio necesarias para el mejor conocimiento y esclarecimiento de los hechos que se investigan, la entonces Dirección de Averiguaciones Administrativas, hoy Dirección de Determinación de Responsabilidades de este Organismo Contralor, solicitó a travês de memorándum N° 08-01-203 de fecha 25 de junio de 2002, a la otrora Dirección General de Control de la Administración Central y de los Poderes Nacionales, la verificación de las observaciones realizadas en los Informes Parciales antes'aludidos, tal y como se evidencia de los follos 169 al 174, toda vez que: "(...) DIrecclón Reglonal Caracas En el Capitulo 3, punto 3,14, numeral 1, del Informe Defintivo, se destaca la utilización de facturas de la empresa "Materiales Loricar S.R.L." por un BOLIVARES (Bs. 7.820.000,oo) para justificar erogaciones por el referido número de control de una de dichas facturas, pero por un monto de CIENTO SETENTA MIL. BOLIVARES (Bs. 170.000,oo). Observaclón: No existe un pronunciamiento de la Comisión de la Contralorla en torno a este hallazgo, por lo que no se puede precisar si es cierto lo referido por el representante de la citada empresa". En respuesta a lo planteado, la otrora Dirección. General de Control de la Administración Central y de los Poderes Nacionales de este Organismo Contralor, a través de memorándum N° 05-03-1055 de fecha 12 de Julio de 2002, cursante a los folios 175 al 185, informó a la entonces Dirección de Averiguaciones Administrativas, lo siguiente: (..) Sobre el particular es necesario hacer de su conocimiento, que los Proyecto de Acción de Integración Social (PRO-PAlS), del Proyecto Bolivar integraron las distintas comisiones que llevaron a cabo la evaluación dei soportados por los correspondientes papeles de trabajo y las conclusiones vinculadas con cada una de las observaciones o situación objeto de estudio; Memorándum, de seguida le expongo por Dirección Regional y en el mismo orden, los procedimientos aplicados y las conclusiones derivadas del análisis realizado en esas Dependencias de la Fundación Proyecto País. (OMISSIS) Dirección Regional Caracas (...) Se informa lo siguiente: a) los recursos cuya aplicación se encuentra justificada con las facturas Nos. 14163, 14164, 14165, 14166, 14167. 14168, 14171, 14172. 14193, 14206, 14208, 14209, todas de fecha 25-05- 99 y la factura No. 14196 de fecha 28-05-99 de Materiales Loricar, C.A.. por un monto total de Bs. 7.825.581,68. le fueron entregados por la Dirección Regional Caracas al Cnel. (GN) Omar Rulz Manzanares, C.. No. 5.566.054, quien para la fecha de asignación de tales recursos era el Comandante del Destacamento No. 55 de la Guardia Nacional; b) al entrevistar al Cnel. (GN) Omar Ruiz Manzanares, éste manifestó que los recursos recibidos por Bs. 7.825.581,68, que aparecen justificados con las facturas de la empresa Materiales Loricar, C.A.. en realidad fueron utilizados para la adquisición de materiales eléctricos y de construcción a la empresa Transporte 19-87 KA Ambulatorio Rural Tipo Il y Unidad Básica Nacional, ubicadas en Capaya, Estado Miranda. Al efecto consignó las facturas Nos. 025410 y 025425. ambas de fecha 08-11-99. por Bs. 2.997.666,00 y Bs. 4.677.104,06 respectivamente; c) en la fiscalización a la empresa Transporte 19-87 KA- MAPO, C.A, se le presentaron al Representante Legal de esta empresa, copias de las dos facturas (025410 y 025425), este reconoció haber emitido tales facturas, por los materiales descritos en las mismas y por el monto que efectivo. Igualmente, manifestó, que no pose la los libros de contabilidad de inundaciones ocurridas en diciembre de 1999; d) a los fines de comprobar la aplicación de los materiales adquiridos a la empresa Transporte 19-87 KA- MAPO, C.A.. la Comisión de Contraloría practicó una inspección en la Iglesia Nuestrs Señora de Inestra, en el Ambulatorio Rural Tipo Il y en la Unidad Básica Nacional en Capays, de cuyos resultados se dejó constancia guardan una vinculación razonable con los descritos en las facturas de la empresa Transporte 19-87 KA-MAPO, C.A.". Las consideraciones que anteceden emanadas de la otrora Dirección General de Control de la Administración Central y de los Poderes Nacionales de este Organismo Contralor, fueron determinantes para no continuar con la sustanciación respecto a presuntas irregularidades ocuidas en la Dirección Regional Caracas. Así se decide. 5) DIRECCIÓN REGIONAL SAN FERNANDO DE APURE El Informe Parcial elaborado en. el mes de junio del año 2001 por funcionarios adscritos a la Dirección de Control del Sector de los Poderes Nacionales y de Seguridad Pública de este Organismo Contralor, contiene los resultados de la verificación de la información suministrada por la Dirección Regional San Ferando la Fundación Proyecto Pals, con relación a las observaciones formuladas en el Informe Prellminar de fecha 24 de enero de 2001, cuyo alcance abarcó la revisión selectiva de las actividades ejecutadas desde el 27 de febrero de 1999 al 02 de junio de 2000, incorporado al expediente otros particulares lo siguiente: "(..) 4.02 Como resultado del análisis dirigido a comprobar la veracidad y sinceridad San Femando de Apure de la Fundación Proyecto Pals, durante el periodo sujeto a evaluación, esta Contraloría General constató lo sigulente: 1. De la fiscalización practicada en la sede de la empresa, Estación de Servicios Girasol, C.A. el Presidente de la misma manifestó: a) que millones de las cuales cobró Bs. 17.23 millones en cheques y Bs. 0,5 fechas 25-06 y 26-07-1999, ambas por Bs. 1,92 millones, manifestó que las mismas corresponden a su empresa, no obstante, no reconoció la fima ni ei de sus ventas está basado en las facturas de compras, registradas en el Libro de Diario por el monto mensual de los litros de gasolina adquiridos, 2. De la solicitud enviada al Banco Unibanca, en relación al envio de las copias facturas Nos. 0018 y 0023, aún no se ha recibido respuesta". Asimismo, el Informe Definitivo indicó en el Capitulo denominado "Observaciones en adquisiciones por monto global de Bs. 11,49 millones en las Direcciones Reglonales de Caracas y San Femando de Apure", específicamente en el punto 3.14, lo siguiente (folio 154): "(...) 3.14 En la fiscalización de las empresas (..) y Servicios Girasol C.A. proveedoras de las Direcciones Regionales (..) y San Femando de Apure, respectivamente, en la revisión de los Libros de Ventas y de los talonarios de facturas correlativas. se determinaron diferencias por (..) y Bs. 3,84 millones (...) entre el monto reseñado en las facturas en poder de las Direcciones Regionales señaladas y presentadas a la Contraloria General como soporte de las adquisiciones (..) combustible y lubricantes, y el monto reconocido y registrado en la contabilidad de las empresas, como efectivamente suministrado por éstas. Con relación a estos particulares, se observa: (OMISSIS) 2. Por otra parte el propietario de la empresa Servicios Girasol C.A., no obstante reconocer las facturas como emitidas por su empresa, no página original (tal como se publicó) [Página 64] reconoció la fima ni al sello que poseen las dos facturas en poder de la Diracción Regional San Femando de Apure, por Bs. 1,92 millones cada una". Vista las anteriores observaciones, en donde se presume la ocurrencia de Iregularidadès, sa inició en fecha 10 de diciembre de 2001, la correspondiente averiguación administrativa, toda vez que presuntamente se utilizaron dos facturas de la empresa "Servicios Girasol C.A.", por un monto de un millón novecientos veinte mil (Bs. F. 1.920.00) cada una, arrojando un total de tres millones ochocientos cuarenta mil bollvares (Bs. 3.840.00,00) equivalente a tres mil ochocientos cuarenta bollvares fuertes (Bs. F. 3.840,00). para justificar erogaciones por el referido monto, siendo que el representante legal de dicha empresa no reconoce ni los sellos ni las firmas estampadas en las referidas facturas, conducta ésta que pudiese constituir presuntamente el supuesto generador de responsabilidad administrativa de conformidad a lo dispuesto en el artículo 113 numeral 13 de la Ley Orgánica de la Contralorfa General de la República, supuesto Contraloria Ganeral de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Sin embargo, conforme al principio de la verdad material que rige al procedimiento administrativo sancionatorio, consagrado de manera expresa en el articulo 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual faculta a la Administración de oficio o necesarias para el mejor conocimiento y esclarecimiento de los hechos que se investigan, la entonces Dirección de Averiguaciones Administrativas, hoy Dirección de Determinación de Responsabilidades de este Organismo Contralor, solicitó a través de memorándum N° 08-01-203 de fecha 25 de junio de 2002, a la otrora Dirección General de Control de la Administración Central y da los Poderes Nacionales, la verificación de las observaciones realizadas en los Informes Parciales antes aludidos, tal y como se evidencia de los folios 169 al 174, toda vez que: "(...) Direccilón Regional San Fernando de Apure. En al Caplitulo 3, punto 3,14, numeral 2, del Informe Definitivo, se refiere la utilización da dos (2) facturas de la empresa "Servicios Girasol C.A." por un monto de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 1.920.00.co) cada una (monta, total Bs. 3.840.000.0o). para justificar erogaciones por el referido monto, siendo que el representante legal de respectivas facturas. Observación: La Comisión de la Contraloría no emite opinión en cuanto a este hallazgo, por lo que no se puede precisar si es cierto lo expresado por el representante de la aludida empresa". En respuesta a lo planteado, la otrora Dirección General de Control de la Administración Central y de los Poderes Nacionales de este Organismo Contralor, a través de memorándum N° 05-03-1055 de fecha 12 de Julio de 2002, cursante a los folios 175 al 185, Informó a la entonces Dirección de Averiguaclones Administrativas, lo siguiente: (.) Sobre el particular es necesario hacer de su conocimiento, que los Dirección Regional. como en el Informe Definitivo de la "Evaluación Selectiva de Aspectos de la Formulación, Ejecución y Resultados del Proyeclo de Acción de Integración Social (PRO-PAÍS), del Proyecto Bolivar integraron las distintas comisiones que llevaron a cabo la evaluación del vinculadas con cada una de las observaciones o situación objeto de estudio; Memorândum. de seguida le expongo por Dirección Regional y en el mismo orden, los procedimientos aplicados y las conclusiones derivadas del análisis realizado en esas Dependencias de la Fundación Proyecto Pais. (OMISSIS) Dirección Reglonal San Fernando de Apure (..) Se Informa, que de conformidad con la documentación remitida a esta Contralorla Ganeral de la República, por parte del Banco Unibanca, en fecha 27-06-2002, en atención a nuestro Oficlo No. 05-02-01398 de fecha 25-05-2001; los cheques Nos. 90678498 y 42875562 de fechas 22-07-99 y 16-08-99 respectivamente, por un monto de Bs. 1.825.847,46 cada uno, los cuales fueron supuestamente emitidos por la Dirección Regional San Fernando de Apure, para cancelar las supuestas adquisiciones realizadas a la empresa "Servicios Girasol. C.A". a través de las facturas Nos. 0018 y 0023 de fechas 25-06-99 y 26-07-99, respectivamente. de acuerdo con el anverso de tales cheques, suministrados por el citado banco, fueron suscritos conjuntamente. por los cludadanos G.B. (EJ.) Gonzalo M. Chaparro Espinoza, Tcnel. (Ej) Gustavo J. González Gorrin, y MT/1" (EJ.) Angel Alfonso González. y según su reverso cobrados por ellos mismos. Dichos ciudadanos para la fecha de emisión de los cheques, ocupaban los cargos de Director Regional, Jefe de Administración y Logistica y Contable de la Dirección Regional San Fernando de Apure de la Fundación Proyecto Pals. Se anexan al presente, copia fotostática de los cheques de referencia (...)". Sobre este particular, cursa, al expediente administrativo además de los Informes emanados de este Organismo Contralor, los cuales tienen valor probatorio conforme al articulo- 124 de la derogada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y articulo' 83 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, acta suscrita en fecha 28 de mayo de 201, en la que itular de la cédula de identidad N° 9.596.175, reconoció las facturas Nos. 0018 y 023 de fechas 25 de junio y 26 de juio de 1999, como pertenecientes a su empresa, no obstante, no reconoció la firma ni el sello de la empresa que en ellas aparecen (folios 3378 al 3380). De igual manera, existen en el expediente, copias certificadas de los adversos y reversos de los cheques del entonces BANCO UNIBANCA, emitidos para pagar las facturas antes referidas; cheques éstos emitidos a nombre de la Fundación Proyecto Pafs, Identificados con los números 90678498 y 42875562 de fechas 22 de julio y 16 de agosto, ambos del año 1999, por la cantidad de un misión novecientos veinticinco mll ochocientos cuarenta y siete bolvares con cuarenta y seis céntimos (Bs. 1.925.847.46) -equivalente en la (Bs. F. 1.925,85)- cada uno, los cuales fueron endosados pcr los cludadanos Gustavo González, Angel Alfonso González y Gonzalo Ramón Chaparro, funcionarios de la Fundación Proyecto Pals (folios 3384 al 3388). se considerô que estos elementos no fueron suficientes demostrar el presunto licito investigado, a saber, las actuaciones simuladas o fraudulentas en la administración, manejo o custodia de bienes o fondos manifestado por el representante de la empresa, y aunado a ello, no pudiera atribuirse a persona alguna la acción simulada o fraudulenta, por lo que fueron razones suficientes para no continuar con la sustanciación respecto a presuntas irregularidades ocurridas en la Dirección Reglonal San Femando de Apure. Asl se decide. 6) DIRECCIÓN REGIONAL MÉRIDA adscritos a la Dirección de Control del Sector de los Poderes Nacionales y de Seguridad Pública de este Organismo Contralor, contiene los resultados de la verificación de la Pals, con relación a las observaciones formuladas en el Informe Preliminar de fecha 24 cargo al citado Proyecto Pro-Pals, durante el lapso comprendido entre el 27 de febrero de 1999 y el 01 de _octubre de 1999, Incorporado al expediente administrativo en copia certificada, con anexo único, cursante a los folios 114 al 121 el cual reflejó entre otros particulares lo siguiente: "(..) 4.os Con respecto a pagos por concepto de mano de obra, viáticos o concesión de ayudas a 205 personas, correspondiente a 137 civiles y 88 militares, por un monto total de Bs. 100,79 millones se obsarvs: a) La Comisión de la Contraloria, analizó los soportes documentales de las erogaciones y elaboró nómina con identificación de los destinatarios de éstas, con señalamiento de los montos erogados y el concepto; b) En fecha 11-04-01., se requirió de la Dirección Reglonal Mérids, la ubicación y la citación pars que contestaran encuestas de la Comisión de la Contraloria Generai de la República; c) ciudadanos, es decis, 57 civiles y 41 militares, que recibieron fondos por Bs. 76.11 millones, por los conceptos indicados; d) Dos de los 98 ciudadanos a que se refiere el punto anterior, presentaron comprobación razonable de erogaciones por Bs. 11,99 millones, Incluidos en los citados 76,11 millones, efectuadas a favor de 44 ciudadanos; e) En ese lapso, pese a las reiteradas solicitudes verbales formuladas por la Comisión de la Contralorla General de la República, a las autoridades de la Dirección Regional Mérida, para que ubicarán a los cludadanos restantes (63) no fue posible contactarlos; l) El monto de las erogaciones recibidas por los cludadanos que no fueron ubicados por la Dirección Regional Mérida, ascendió a Bs. 24,88 milones". Por otra parte, el Informe Definitivo Indicó en el folio 156 la "Imposibilidad de comprobar erogaciones por Bs. 24,68 millones en la Dirección Regional Mérida", en los términos siguientes: (.) 3.168 En el caso de la Dirección Regional Méride, en la cual se aplicaron Bs. 100,48 millones an la concesión de ayudas económicas y pagos de viáticos y mano de obra, no fue posible comprobar la sinceridad de Bs. 24,68 esos pagos, registrados en las nóminas existentes en esa dependencia como soportes documentales, no pudieron ser localizados por la Comisión de la Contraloria General, y campoco fueron ubicados por las autoridades de la Dirección Regional". reflejaron presuntamente la ocurrencia de Irregularidades, se inició en fecha 10 de diciembre de 2001, la correspondiente averiguación administrativa, por presuntos pagos efectuados por concepto de ayudas económicas, pago de viáticos y mano de obra, por un monto de veinticuatro millones seiscientos ochenta mil bolvares (Bs. 24.680.000,00) equivalente a veinticuatro mll seiscientos ochenta bolvares fuertes (Bs. F. 24.680,00). respecto a los cuales no-pudo ser comprobada la sinceridad del gasto, conducta ésta presuntamente generadora de responsabilidad administrativa a tenor de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonlo Público, la cual se mantiene en el articulo 91 numeral 14 de la Lay Orgánica de la Contraloría General de la Repúbica y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Sin embargo, conforme al principio de la verdad material que rige al procedimiento administrativo sancionatorio, consagrado de manera expresa en. el artículo 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ei cual faculta a la Administración de oficlo o necesarias para el mejor conocimiento y esclarecimiento de los hechos que se investigan, la entonces Dirección de Averiguaciones Administrativas, hoy Dirección de Determinación de Responsabilidades de este Organismo Contralor, solicitó a través de memorándum N° 08-01-203 de fecha 25 de junio de 2002, a la otrora Dirección General de Control de la Administración Central y de los Poderes Nacionales, la verificación de las observaciones realizadas en los Informes Parciales antes aludidos, tal y como se evidencia de los folios 169 al 174, toda vez que: "Dirección Regional Mérida. En al Capitulo 3. punto 3.16, del Informe Definitivo, se Indicó que no se pudo comprobar la sinceridad de pagos efectuados por concepto de ayudas económicas, pago de viáticos y mano de obra. por un monto total de VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 24.680.000,co). Observación: No se indica en el Informe si estos gastos pudieron ser justificados". página original (tal como se publicó) [Página 65] Administración Central y de los Poderes Nacionales de este Organismo Contralor, a través de memorándum N° 05-03-1055 de fecha 12 de julio de 2002, cursante a los folios 175 al 185, informó a la entonces Dirección de Averiguaclones Administrativas, lo siguiente: (.) Sobre el particular es necesario hacer de su conocimiento, que los aspectos. contenidos tanto en los Informes Parciales referido a cada Dirección Regional, como en el Informe Definitivo de la "Evaluación Selectiva de Aspectos de la Formulación, Ejecución y Resultados del Proyecto de Acción de Integración Social (PRO-PAIS). del Proyecto Bollvar 2000", se corresponden con los resultados obtenidos por los auditores que soportados por los correspondientes papeles de trabajo y las conclusiones vinculadas con cada una de las observaciones o situación objeto de estudio; no obstante a los fines de aclararle las dudas manifestadas en su Memorándum, de seguida le expongo por Dirección Regional y en el mismo orden, los procedimientos aplicados y las conclusiones derivadas del análisis realizado en esas Dependencias de la Fundación Proyecto País. (OMISSIS) Dirección Reglonal Mänds (...) Se indica lo siguiente: a) la verificación efectuada por la Comisión de la Contraloria General de la República, respecto a la sinceridad de los gestos por los conceptos antes mencionados, se basó en la comprobación SELECTIVA, mediante la aplicación de encuestas a los beneficiarios que fueron localizados, por cuanto muchos de ellos, efectivos militares adscritos a la citada Dirección Regional, para la fecha de la concesión de las ayudas o pagos de los viáticos o mano de obra, hablan sido trasladados a otros destinos en el mismo Ejército, pero fuera del Estado Mérda; b) en la Dirección Regional Mérida de la Fundación Proyecto Pais. existen comprobantes (nóminas), cuyas copias reposan en los papeles de trabajo, en las cuales se describen los nombres de los beneficiarios, con indicación t en n n p En relación con el presunto hecho Iegular señalado en el auto de apertura de fecha 10 de diciembre de 2001, vinculado a presuntos pagos efectuados por concepto de ayudas económicas, pago de viáticos y mano de obra, por un monto de veinticuatro millones seiscientos ochenta mil bolivares (Bs. 24.680.00.00) o veinticuatro mil seiscientos ochenta bolivares fuertes (Bs. F. 24.680.00), respecto a los cuales no pudo ser comprobada la sinceridad del gasto, se observó que los comprobantes o nóminas las cuales describen los nombres de los beneficiarios, con Indicación del monto que cada uno percibló, no reposan en el presente expediente administrativo, es decir, no hay pruebas que soporten el hallazgo de auditoria, razones suficientes para que ésta Dirección no administrativo soportes documentales o pruebas fehacientes que permitan corroborar el presunto hecho Irregular. Asl se decide. 7) DIRECCIÓN REGIONAL MARACAY El Informe Parcial elaborado en el mes de Jullo del año 2001 por funcionarios adscritos a la Dirección de Control del Sector de los- Poderes Nacionales y de Seguridad Información suministrada por la Dirección Regional Maracay de la Fundación Proyecto Pais, con relación a las observaciones formuladas en el Informe Preliminar de fecha 24 de enero de 2001, circunscrito al análisis selectivo de las actividades ejecutadas con cargo al citado Proyecto Pro-Pals, durante el lapso comprendido entre el 27 de febrero de 1999 y el 30 de noviembre de 1999, Incorporado al expediente administrativo en copia cesrtiicada, cursante a los folios 122 al 128, reflejó entre otros particulares lo siguiente: En el Capltulo denominado "Resultados de la verificación practicada por la Contraloria General de la República, con relación a la Información suministrada por la autoridades de la Dirección Reglonal Maracay de la Fundación Proyecto Pais", se continuación: (.) La cantidad de Bs. 2,81 millones, no fue rendida por los Sectores responsables: Compañía de Comando y Servicios (Bs. 1,23) y 403 G.A.C. G/J Batallón Bartoloma Salom (Bs. 1.58). Para el momento de corte de la actuación de la Comisión de la Contraloria General de la República se encontraba pendiente la presentación de comprobantes Justificativos de la Inversin por Bs. 0.64 millones, por parte del Batallón del Cuartel Ganeral José Luls Betancourt". En este orden de ideas, el Informe Definitivo indicó en el Capltulo denominado "Inexistencla de soportes documentales por Bs. 2,81 millones en la Dirección Regional Maracay", lo siguiente: reiteradas. diligencias efectuadas por las autoridades de la Dirección Regional y las practicadas por la Comisión de esta Contralorla General, no fueron consignados documentos que justificaran la aplicación o utilización de tales recursos". reflejaron presuntamente la ocurrencia de irregularidades, se inició en fecha 10 de efectuados en el "403 G.A.C G/J Bartolomé Salom" (Bs. 1,58 millones) y la 42 Brigada de Infantería de Paracaidistas (Bs. 1,23 millones). por un monto total de dos millones ochocientos diez-mil bollvares (Bs. 2.810.000.00) o dos mil ochocientos diez bollvares conducta presuntamente generadora de responsablidad administrativa conforme a lo dispuesto en ei artículo 37 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, situación que continua siendo irregular conforme a lo dispuesto en el artículo 91 numeral 14 de la Ley Orgánica de la Contralorla General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Sin embargo, conforme al principio de la verdad material que rige al procedimiento administrativo sancionatorio, consagrado de manera expresa en el articulo 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual faculta a la Administración de oficio o necesarias para el mejor conocimiento y esclarecimiento de los hechos que se Investigan, la entonces Dirección de Averiguaciones Administrativas, hoy Dirección de Determinación de Responsabilidades de este Organismo Contralor, solicitó a través de memorándum N° 08-01-203 de fecha 25 de junio de 2002, a la otrora Dirección General de Control de la Administración Central y de los Poderes Nacionales, la verificación de las observaciones realizadas en los Informes Parclales antes aludidos, tal y como se evidencia de los follos 169 al 174, toda vez que: "En el Capitulo 3, punto 3,15, del Informe Definitivo, se hace referencia a los millones) y la 42 Brigada de Infanterla de Paracaidistas (Bs. 1,23 mlliones). por un monto total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 2.810.000,oo), respecto a los cusies no fue precisado su verdadero destino. Observación: No se indica en el Informe si estos gastos pudieron ser justificados" En respuesta a lo planteado, la otrora Dirección General de Control de la Administración Central y de los Poderes Nacionales de este Organismo Contralor, a través de memorándum N° 05-03-1055 de fecha 12 de Julo de 2002, cursante a los follos 175 al 185, informó a la entonces Dirección de Averiguaciones Administrativas, lo siguiente: "(..) Sobre el particular es necesario hacer de su conocimiento, que los Selectiva de Aspectos de la Formulación, Ejecución y Resultados del Proyecto de Acción de Integración Social (PRO-PAÍS), del Proyecto Bollivar e o n n no obstante a los fines de aciararie las dudas manifestadas an su Memorándum, de seguida le expongo por Dirección Regional y en el mismo orden, los procedimientos aplicados y las conclusiones derivadas del análisis realizado en esas Dependencias de la Fundación Proyecto País. (OMISSIS) DIirección Reglonal Maracay (..) Se informa qus los gastos de referencia no se encuentran justificados, recursos. La observación descrita anteriormente se menciona en el punto 3.16 del Informe Definitivo". Respecto a este hecho, se observó que la averiguación fue iniciada en fecha 10 de diciembre de 2001, por presuntos pagos efectuados en el "403 G.A.C. G/J Bartolomé Salom (Bs. 1,58 millones) y la 42 Brigada de Infanterla de Paracaidistas (Bs. 1,23 millones), por un monto total de dos millones ochocientos diez mll bolivares (Bs. 2.810.000.00) equivalente a dos mil ochocientos diez bollvares fuertes (Bs. F. 2.810.00), respecto a los cuales no fue precisado su verdadero destino, no obstante, de la revisión de los soportes documentales cursantes en autos no se observaron los respaldos de los depósitos realizados ni otros soportes vinculados con el "403 G.A.C. G/J Bartolomé Salom y la 42 Brigada de Infantera de Paracaidistas, que permitan evidenciar que los recursos objeto de cuestionamiento fueron efectivamente administrativo, cursantes a los folios 3125 al 3129 y 3166, no guardan relación con el hecho descrito como Irregular, en tal sentido, al resultar evidente que en el referido expediente, no existen elementos probatorios que determinen con precisión, la comisión del presunto hecho regular descrito en el auto de Inicio de la averiguación administrativa, la entonces Dirección de Averguaciones Administrativas de este Organismo Contralor, en la actualidad Dirección de Dateminación de Responsabilidades, no continuó con la sustanciación de la causa en lo concerniente al aludido hecho. Asl se decide. B. DE LA DOCUMENTACIÓN QUE CURSA EN EL EXPEDIENTE 1. Copia certificada del Informe Parcial elaborado en fecha 13 de julio de 2001 por funcionarios adscritos a la Dirección de Control del Sector de los Poderes Nacionales y de Seguridad Pública de este Organismo Contralor, contentivo de la evaluación selectiva de aspectos de la formulación, ejecución y resultados del Proyecto de Acción de Integración Social (Pro-Pals) del Proyecto Bolivar 200, tendente a la verificación de Información suministrada por la Dirección Regional Barcelona de la Fundación Proyecto Pais, con relación a las observaciones formuladas por este Organismo de Control Fiscal en el Informe Preliminar de fecha 24 de enero de 2001, el cual comprendió las actividades ejecutadas durante el lapso comprendido entre el 27 de febrero de 1999 y el 2. Copia certificada del Informe Parcial elaborado en el mes de mayo de 2001 por funcionarios adscritos a la Dirección de Control del Sector de los Poderes Naclonales y de Seguridad Pública de este Organismo Contralor, contentivo de la evaluación selectiva de aspectos de la formulación, ejecución y resultados del Proyecto de Ación de Integración Social (Pro-Pais) del Proyecto Bollvar 200, tendente a la verificación de página original (tal como se publicó) [Página 66] Informaclón suministrada por la Dirección Regional Maturin de la Fundación Proyecto Pais, con relación a las observaciones formuladas por este Organismo de Control Fiscal actividades ejecutadas durante el lapso comprendido entre el 27 de febrero de 199 y el 3. Informe Definitivo de la Evaluación Selectiva de Aspectos de la Fomulación, Ejecución y Resultados del Proyecto de Acción de Integración Social (Pro-Pals) del Regional durante el año 199, entre los cuales se encuentran los sigulentes documentos: a) Ordenes de Compra Nros. 004, 084, 088 y 089 de fechas 23, 28 de mayo, 15 y 16 de Junlo de 19ee, a nombre de la empresa Mercantil Anzoátegui S.R.L. por las cantidades doe tres millones cuatrocientos mil bolvares (Bs. 3.400.000,00) o tres mil cuatrocientos bolivares fuertes (Bs. F. 3.400.00), ochocientos cincuenta y seis mil bolivares (Bs. F. 858,00), sels millones ester.a un mll quinientos veintidos bolívares con cuatro céntimos (Bs. 6.071.522.04) o seis ml setenta y un bollvares fuertes con cincuenta y dos cântimos (Bs. F. 6.071,52) y seis mlloes novecientos treinta y sels ml ochocientos veintiséis bolivares con sesenta y cuatro (Bs. 8.936.826,84) o seis mil novecientos treinta y sels bollvares fuertes con ochenta y tres cêntimos (Bs. F. 6.838,83), respectvamento, b) Facturas Nros. 0152, 0178, 0182 y 0183 de fechas 23, 28 de mayo, 17 y 18 de junio de 1989, respectivamente, emitidas por la empresa Mercantil Anzodtegul S.R.L. por leas cantidades alba mencionadas y c) Comprobantes de egresos emitidos en fechas 24, 28 de mayo, 17 y 18 de jJunlo de 199, a nombre de la empresa Mercantil Arzoátegul S.R.L. por las cantidades de tres millones cuatrocientos mil bolívares (Bs. 3.400.000,00) o tres mil cuatrocientos bolvares fuertes (Bs. F. 3.400,00). ochocientos cincuenta y sels mil bolívares (Bs. 856.00.00) equivalente a ochocientos cincuenta y sels bollvares fuertes (Bs. F. 856,00), seis millones setenta y un mll quinientos veintidos bllveres con cuatro cêntimos (Bs. 8.071.522,04) o seis ml setenta y un bolivares fuertes con cincuenta y dos cêntimos (Bs. F. 6.071,529) y seis millones novecientos treinta y seis mil ochocientos veintiséis bollvares con sesenta y cuatro (Bs. 8.938.828,84) o seis mi novecientos treinta y seis bolivares fuertes con ochenta y tres cóntimos (ba. F. 8.938,83), respectivamente, asi como informes y escritos de descargos presentados por el cludadano Carlos Leopoldo Bazzanella Modera, en su carácter de ex Director de la Dirección Regional Barcelona (follos 1507 al 1692). 5. Acta de fecha 12 de septiembre de 2001, suscrita por un funcionario de la Contralora General de la República y por personal adscrito a la Dirección Regional Barcelona, en la derivados de Ia evaluación realizada, relacionada con el Proyecto Bollvar 200 (ellos 1893 al 1695). 8. Informe sin fecha suscrito por un-Auditor de la Contralorfa General de la República, a través del cual realiza aclaratoria al-informe Parclat del mes de mayo de 2001, Plan Bolivar 2000, Dirección Regional Maturíp; relacionada con las observaciones formuladas por la otrora Dirección de Averiguaciones Administrativas de este Organismo Contralor (follos 1697 y 1698). 7. Copias de documentos varios vinculados a la Direión Regional Maturin, Estado Monagas, durante el afo 19e9, entre los cuales se mencionan: facturas, órdenes de Dirección Regional, Informes y descargos presentados por cludadano Nestor González 8. Escrito de fecha 08 de agosto de 2004, presentado por el cludadano CARLOS consignó entre otros aspectos, relación de coplas de Infrsestructuras atendidas durante su gestión por el Plan Bollvar 200 (follo 3439 al 361). BAZZANELLA MODERA, solicitó a este Organismo Contralor, se le Informara sobre el estado actual de las investigaciones, asi como coplas simples del presente expediente 10. Auto de fecha 20 de abil de 2005, suscrito por el Director de la Dirección de CARLOS BAZZANELLA, el estado actual de la causa y se acordó expedir las copias simples solicitadas por el cludadano en mención (foio 3794). 11. Oficio N° 08-01-481 de fecha 02 de mayo de 2005. a través del cual el Director de la Dirección de Determinación de Responsablidades (E). dio respuesta a los particulares solicitados por el ciudadano CARLOS BAZZANELLA, en su escrito de fecha 15 de abril 12. Escrito de fecha 05 de septiembre de 2008, a través del cual el cludadano JOHNNY JOSÉ MARÍN sERRANO, consignó copla de decisiÓn de fecha 21 de Julio de 2008 emanada del Tribunal Quinto de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzátegui, en el que se decretó el Sobreseimiento de la Causs signada con el N° BP01-P-2004-479 (follos 3807 al 3832). 13. Oficio N° 08-01-87 de fecha 22 de enero de 2007. a través del cual esta Dirección solicito al cludadano G/D (EJ) Jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional, copias certificadas de facturas emitidas por la empresa Mercantil Anzoategui, de Brigada (EJ), Secretarlo Ejecutivo de la Fundación "Proyecto Pais", en la que remitió a esta Dirección Información solicitada mediante Oficlo N° 08-01-87 de fecha 22 de enero de 2007 (follos 3835 al 3847). . DECLARACIONES SIN JURAMENTO/ FORMULACIONES DE CARGOS ESCRITO DE DESCARGO. 1. Acta de declaración sin juramento de fecha 05 de agosto de 2004, rendida por el ciudadano CARLOS LEOPOLDO BAZZANELLA MODERA, en su condición de Director Regional de la Fundación Proyecto Pals en Barcelona, Estado Anzodtegul, de conformidad con lo dispuesto en el articu o 119 de l Lay Orgánica de la Contraloria General de la República, vigente para el momanto de ocurrencia vinculados con los hechos presuntamente Iegulares (follos 3397 al 3438). 2. Acta de declaración sin Juramento de fecha 09 de agosto de 2004 rendida por el ciudadano JOHNNY JOSÈ MARIN SERRANO, en su condición de Administrador de la Dirección Regional Barcelona, Estado Anzoátegul, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 119 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República (folios 3814 al 3817). autos (folios 3818 al 3820). 4. Acta de formulación de cargos de fecha 18 de agosto de 2004, del cludadano JOHNNY JOSÈ MARIN SERRANO, ampliamente Identifiado en autos (follos 3821 al 3823). 5. Escrito de fecha 29 de septiembre de 2004, suscrito por el ciudadano CARLOS LEOPOLDO BAZZANELLA MODERA, a través del cual sólido a ésta Dirección contestación do los cargos por las razones al indicadas (folo3824). 6. Escrito de fecha 01 de octubre de 2004, presentado por el ciudadano JOHNNY JOSÈ MARIN SERRANO, a través del cual solicitó a esta Dirección de contestación de los cargos por las razones all Indicadas (olio 3625). 7. Oficio N° 08-01-1405 de fecha 11 de octubre de 2004 librado a nombre del ciudadano NESTOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, de conformidad a lo dispuesto en vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos Investigados, en concordancia con ei articulo 117 de la Ley Orgânica de la Contralorla General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con el objeto de rendir declaración en relación a la averiguación administrativa que adelanta éste Organismo Contralor, con motivo de presuntas iegularidades ocurridas en la 8. Acta de fecha 03 de noviembre de 2004, suscrita por el mensajero pedestre de este Organismo Contralor, a través de la cual consignó el Oficlo N° 08-01-1405. dirigido al cludadano NESTOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, por cCuanto *(.. no se pudo ubicar al destinatario en su residencia, logré había con un vecino el cual no Acta de fecha 08 de noviembre de 2004, suscrita por el mensajero de esto Organismo Contralor, a traves de la cual consignó el Oficio N° 08-01-1405, dirido al ciudadano NESTOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ., por cuanto "(..) la sSeñora (nombre desconocido) quien dijo ser su esposa se negó a reclbiro* (folio 3827). En atención al contenido de las anteriores Actas, se procedió a la citación del cludadano NESTOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, a través de carteles, publicados en el Diario Últimas Noticlas an fechas 18 y 22 de noviembre de 2004, toda vez que 9. Oficlo N° 08-01-1406 de fecha 11 de octubre de 2004 librado a nombre del ciudadano BAUDILIO GÓMEZ GALARRAGA, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 119 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República, vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos Investigados, en concordancia con el articulo 117 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con el objeto de rendir declaración en relación a la averiguación administrativa que adelanta éste Organismo Contralor, con motivo de presuntas Irregularidades ocuridas en la Contraloria del Estado Carabobo, a traves de la cual dejó constancia de lo siguiente: "(.) que los d/as 05/1/04 y 08/1/04, a las 2:30 p.m y 12:55 p.m. respectivamente, el funcionario Avaro Tejada Londono, se trasiado a la residencia del ciudadano BAUDILIo GOMEZ, donde le Informaron que no se encontraba ciudadano BAUDILIO GOMEZ GALARRAGA, a través de Carteles, publicados en los Diarios Úlimas Noticias y El Carabobeño en fecha 06 y 10 de enero de 2005, respectivamente, toda vez que resultó infructuosa la citación personal (folios 3778 al 3781). 11. Escrito de fecha 22 de diciembre de 2004 con anexos, suscito por los amplamente identicado en autos, a través del cual presentaron sus alegatos de defensa, de conformidad con el articulo 120 de la Ley Orgánica de la Contraloria Ganeral de la República, vigente para el momento de ocurrencia de los hechas (folios 3836 al 3777). 12. Acta de Formulación de Cargos en Ausencils de fecha 20 de diciembre de 2004. del. ciudadano NESTOR GONZÁLEZ GONZALEZ, ampliamente Identificado en autos (folios 3782 al 3785). 13. Cartfel de Notficación publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.118 de fecha 31 de enero de 2005, el cual contiene el Acta de Formulación de Cargos del cludadano NESTOR GONZALEZ GONZALEZ (ellos 3786 al 3788). 14. Acta de formulación de cargos en ausencia de fecha 04 de febrero de 2005, del ciudadano BAUDILIO GÓMEZ GALARRAGA, ampliamente Identificado en autos (follos 3789 al 3792). 15. Auto de fecha 12 de mayo de 2005, a través del cual el Director de Determinación de Responsablidades (E). acordo notificar por carteles a los cludadanos NESTOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ y BAUDILIO GÓMEZ GALARRAGA, amplamente Identificados, de los cargos formulados en actas de fechas 20 de diclembre de 2004 y 04 de febrero de 2005, respectivamente (folios 3797). página original (tal como se publicó) [Página 67] 16. Cartel de Notificación publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.195 de fecha 28 de mayo de 2005, el cual contiene el Acta de Formulación de Cargos del ciudadano BAUDILIO GÓMEZ GALARRAGA (folios 3802 al 3804). 17. Cartel de Notificación de Cargos en Ausencia de los ciudadanos NESTOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ y BAUDILIO GÓMEZ GALARRAGA, Bmplamente identificados. publicado en el Diario Últimas Noticias de fecha 22 de agosto de 2005 (folio 3788). D. FORMULACIÓN DE CARGOS. De conformidad con lo previsto en el articulo 119 de la Ley Orgánica de la hechos presuntamente Irregulares, previa valoración de los documentos probatorios cursantes al expediente y de las declaraciones sin Juramento rendidas por los cludadanos CARLOS LEOPOLDO BAZZANELLA MODERA y JOHNNY JOSÉ MARÍN SERRANO. titulares de la cédula de Identidad Nros. 3.300.515 y 4.852.337, respectivamente, so acordó formularios cargo en su condición de Director Regional en Barcelona, Estado de los mencionados. y al segundo, como Administrador en la Dirección Regional Barcelona, Estado Anzoategui, del Proyecto de Acción de Integración Social (Plan Bolivar 200), durante el ejercicio fiscal 1999, en los términos siguientes: "ÚNICO Por haber ordenado, durante el año 199. pagos por Ba. 18.944 348.79 por concepto de adquisición de materiales de construcción. no obstante qus no consta que eil gasto haya sido causado, toda vez que no efectuado, aai como tampoco consta al destino que se la habria dado a dichos materiales de construcción, lo cual de ser corroborado, conatituiria negligencia en la preservación de bienes del patrimonio público. contemplado como supuealo generador de responsabilidad administrativa an el numeral 3 del articulo 113 de ia derogada Ley Orgánica de la Contraioria General dela Republica. vigente para la lecha de ocurrencia de los presuntos hechos irregulares invastipados, el cual mantiene su carácter de licto administrativo en el numeral 2 del ariculo 91 de la Ley Orgánica de la Contraioria General de le República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (.. En este mismo orden de ideas, de conformidad con lo previsto en el segundo aparte del articulo 119 de la Ley Orgânica de la Contraloria General de la Repúbica. vigente para el momento de ocurrencia de los hechos presuntamente irregulares. previa valoración de los documentos probatorios cursantes al expediente, se acordo formularle cargos en ausencia a los cludadanos NESTOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ y BAUDILIO GÓMEZ GALARRAGA, Btulares de la cédula de identidad Nros. 3.586.875 y 4.087.691. en su condición de Director Regional en Maturin, Estado Monagas, el primero de los respectivamente, ambos del Proyecto de Acción de Integración Soclal (Plan Bollvar 200) durante el ejercicio fiscal 1999, en los términos sigulentes: "PRIMERO: Por haber efectuado pagos por un monto de SIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL BOLIVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 7.510.000.00). supuestamente por concepto de mano de obra para ejecución de obras, asi como pagos de nóminas de personai, siendo que tales gastos no fueron debidamente justificados. toda vez que sa desconocen, tanto las supuestas obras ejecutadas. como los servicios presuntamente prestados, situación ésto. que de ser corroborada constituirá supuesto generador de responsabidad administrativa. contemplado en el articulo 37 de la derogada Lay Orgánica de Salveguarda del Patrmonio Público, vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos investigados, el cual mantiene su carácter de licito administrativo en ei numeral 14 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. SEguNDO: Por haber efectuado pagos por un monto de DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS concepto de ayudas económicas, medicinas, viáticos y alimentación, siendo contemplado en el articuio 37 de ia derogada Lay Orgánica de Saivaguarda deil Patrimonio Público, vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos investigados, el cual mantiene su carácter de licito administrativo en ol numeral 14 del articulo 91 de la Lay Orgánica de la Contraloria Genoral de la República y del Sistema Nscional de Control Fiscal (..)". MOTIVA Relacionadas las actuaciones y examinada la documentación que íntegro el Responsabilidades de la Dirección General de Procadimientos Especiales, consideró que resultados obtenidos en dos Direcciones Regionales, dieron lugar a la prosecución de la misma, razón por la cual pasa a pronunciarse sobre el carácter presuntamente irregular derivarse. Conviene asi destacar qus de los resultados obtenidos de la actuación fiscal resultados del "Proyecto de Acción de Integración Social (Pro-Pals)" del "Proyecto Bollvar presuntamente irregulares, en las Direcciones Regionales que a continuación se indican: "Dirección Regional Barcelona. Presunta negligencia en ia preservación de bienos del patrimonio público, al ser adquiridos maleriales para ejecución de obras por un monto do DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL BOLIVARES responsabidad administrativa, de conformidad con lo establecido en al numeral 3 del ariculo 113 de la Lay Orgánica de la Contraloria General de la República. DIrección Reglonal Maturin. a. Presunta negligencia en la preservación de bienes del patrimonio público. al ser adquiridos materiaios a la empresa "Multimateriales de Arcilas Hernández C.A. por un monto de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 7.40.0.00), desconociéndose al destino de los mismos, situación esta que de ser verificada, conaturia supueslo generador de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo estabiecido en el numeral 3 del articulo 113 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República. D. Presuntos pagos Dor un monto de SIETE MILONES QUINIENTOS DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 7.510.00,0o). supuestamente por conceplo de gastos de mano de obra, asi como nóminas al personal, de los cuales so desconoce la obra ejecutada o el servicio efectivamente prestado, situación ésta que de ser verificada, constiuria supuesto generador de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo estabiecido en el articulo 37 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimanio Púbico. o- Presuntos pagos por un monto de DIECISEIs MILLONEs CIENTO OCHENTA MIL BOLIVARES (Ba 18.180.000,00), supuestamente por concepto de ayudas económicas, medicinas, viáticos y alimentación. sin haberse comprobado la sinceridad de dichos gastos. toda vez que no so pudo verificar la electiva utilización del referido monto. aal como los que de ser verificada, constiturio supuesto generador de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo estabiecido en el articulo 37 do la Ley Orgánica de Saivsguarda del Patrimonio Público" Maturin. a saber: Presunta negligencia en la preservación de bienes del patrimonio público, al ser adquiridos materiales a la empress "Multimateriales de Arcillas Hemández C.A.". por un monto de siete millones cuatrocientos mil bolivares (Bs. 7.400.00.00) equivalente a siete mil cuatrocientos bolivares fuertes (Bs. F. 7.400.00), desconociéndose el destino de los mismos. situación ésta que de ser verificada, constituirá supuesto generador de responsabllidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del articulo 113 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República. Contraloria General de la Repúbica. y del Sistama Nacional de Control Fiscal, es necesario realizar la siguiente consideración previa: Mediante Memorándum N° 08-01-203 de fecha 25 de Junio de 2002. la entonces Dirección de Averiguaciones Administrativas de este Organismo Contralor, solito a la otrora Dirección General de Control de la Administración Central y de los Poderes Nacionales, la verificación de los Informes Parciales elaborados, tal y como se evidencia de los folos 189 al 174, toda vez que surgleron contradiciones e Incongruencias en los mismos, entre otros, en los târminos siguientes: "En el capitulo 4. punto 4.04, número 2. pãg. 7, del respectivo Informe Parcial, so señala la adquisición de materia los a la empresa "Multimaleriales de Arcilas Hemández CA. por un monto de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 7.400.000,0o), de los cuales no so pudo verificar su aplicación. Sin embargo, en el capitulo 4. punto 4.08. adquiridos por la Dir. Regional investigada, afectuaron inspecciones en las diferentes Instituciones Educativas y de Salud donde se aplicaron o utilizaron los materia los adquiridos segun las facturas presentadas. concluyendo qua existe una vinculación razonable entre los materiales descritos en dichas facturas y los que se splicaron o utilizaron en los distintos centros Inspeccionacos. Observación: La primers afirmación En respuesta a las observaciones formuladas la otrora Dirección General de Control de la Administración Central y de los Poderes Nacionales, informó lo sigulente: "Sobre este particular cabe señalar, que el procedimiento inicial aplicado por esta Contraloria Generai de la República an la Diresción. Regional Maturin, adquisiciones, mencionaban al destino da tales materiales, hecho que no so ejecutadas. de cuyos resultados so dejo constancia en actas que reposan en los papa los de trabajo, se comprobó que los materiales utizados en éstas, guardan relación o se encuentran razonablemente vinculados con los materiales descritos en cada factura soportes de taies adquisiciones" Las razones consideradas por la mencionada Dirección General de Control de la Administración Central y de los Poderes Nacionales de este Organismo Contralor fueron vinculantes para que Is otrora Dirección de Averiguaciones Administrativas no continuara con la sustanciación de la causa respecto al punto identificado como a) del auto de apertura de la averiguación administrativa vinculado con la Dirección Regional Maturin, a saber: Presunta negligencia en la preservación de bienes del patrimonio público, al ser adquiridos materiales a la empresa "Multimateriales de Arcllas Hernández C.A., por un monto de siete millones cuatrocientos mll bolivares (Bs. 7.400.000.00). equivalente a siete mil cuatrocientos bolvares fuertes (Bs. F. 7.400.00). desconoceênose el destino de los mismos Asi se decide. Realizadas las consideraciones que anteceden, quien suscribe, pasa de seguidas encuadró e: hecho presuntamente Iregular cuido en la Dirección Regional Barcelona: Al respecto, el numeral 3 del articulo 113 de la derogada Ley Orgánica de la hechos, señialaba Articulo 113: "Son hechos generadores de responsablidad administrativa. dail Palrimono Púbico, los que se mencionan a continuación. (OMISSIS) 3 La omisión, retardo, negligencia o Imprudencia en in preservación y causado perjuicio material a dicho patrimonio. (OMISSIS)". (Ressitado nuestro). articulo 91 numeral 2 de la Ley Organica de la Contraiora General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en los términos siguientes: Articulo 91.- "Sin perjuicio do la responsabilidad civi o penal, y de lo que dispongan otras leyes. constituyen supuestos generadores de responsabidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación: (OMISSIS) 2. La omisión, retardo, negligencia o Imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio da un ante u organismo de los señalados an los numeraies 1 al 11 del atículo 9 de esta (OMISSIS) (Resaltado nuestro). En lo referente a la negligencia en la preservación y salvaguarda de los bienes o instrumentos normativos en comento, debe hacerse especial énfasis en la conducta, bien sea activa u omisiva, asumida por un funcionario que, directa o Indirectamente, tenga incidencia o se encuentre an la cadena del manejo del patrimonio de alguno de estos entes u organismos En este sentido, estariamos en presencia de un funclonaro negligente. cuando este asuma una conducta de descuido -o falta de cuido, de aplicación o de exactitud- que redunde an detrimento del patrimonio del ante u organismo afectado. De mcdo tal, que una actitud de dejadez, desidia o abandono, frente a lo que debe ser la responsabliuad comida por un buen padre de faria. en perjuicio de los intereses que le corresponde tuteier, constituye pues, negigencis. En fin. para determinar si una conducta es negligente carta con precisar la desidia el descuido, el abandono o la falta de previsión., sin necesidad de demostrar el doio o intención de dañar sin aus tampoco hays aa.P sei, en el mane;o de los Inicreses de un ente u organismo, lo n-enos que se debe ser es prev.sivo y cuidadoso De tal manera que, quien debrendc prever el resultado parudiciai no lo prevé, o previêdolo, no toma las medidas oportunas para evitarlo, actos con negligenc'a o culpa grave, aun cuando no se haya causado daño alguno al patrimonio ce' ente u organismo afectado. página original (tal como se publicó) [Página 68] Por su parte, los hechos presuntamente irregulares detectados an la Dirección Regional Maturin, se subsumieron en el supuesto generador de responsabilidad administrativa previsto en el articulo 37 de la Ley Organica de Salvaguarda del Patrimonio Público, vigente para ese momento, ei cual disponia: haber procedido en cumplimiento de orden de funcionario superior, al pago uso o disposición indebida do loa fondos u otros bienes de que sea responsabie, saivo que compruebe haber advertido por escrito la legalidad de la orden recibida. El funcionario qus ordene tal pago o empleo llegal, serà responsable administrativamente (..)" (Destacado nuestro). administrativa a tenor de lo previsto en el numeral 14 del articulo 91 de la Lay Orgánica de la Contraloria General de Ia República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. el cual establece: Articulo 91.- "Sin perjuicio de la responsabilidad chil o penal, y de lo que responsablidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se (OMISSIS) 14. el pago, uso o disposición legal da los fondos u otros bienes de que sean responsables el particular o funcionario respectivo, salvo que éstos compruaben haber procadido en cumplimiento de orden de funcionario recibida, sin perjuicio de la responsablidad de quien Impartió la orden. (OMISSIS)". De las anteriores transcripclones se evidencia la obligación que tiene el funcionario ordenador de los pagos, de hacerlo en atención a las disposiciones legales que le son aplicables a cada situación en particular, y la Inobservancia del marco normativo al que debe ceñir su conducta, lo hace susceptible de Incurrir, además de la responsabilidad administrativa, en responsabilidad civil y/ o penal. configuración de los supuestos generadores de responsabilidad administrativa, quien decide, estima antes de entrar a analizar los alegatos de defensa, realizar la sigulente aclaratoria: En Actas de fechas 17 y 18 de agosto de 2004, se acordo formuleries cargos a los cludadanos CARLOS LEOPOLDO BAZZANELLA MODERA y JOHNNY JOSÉ MARÍN condición de Director Reglonal en Barcelona, Estado Anzoátegul, el primero de los mencionados. y el segundo como Administrador en Barcelona, Estado Anzoátegui, respectivamente, ambos del Proyecto de Acclón de Integración Social (Pian Bollvar 200). durante el ejercicio fiscal 1999, en los términos sigulentes: 16.944.348.79 por concepto de adquisición de materiales de construcción. no obstante que no consta que el gasto haya aido causado, toda vez que no fueron presentados los onginales de los soportes del gasto supuestamente efectuado, asi como tampoco consta al destino que se la habria dado a dichos materiales do construcción, lo cual de ser corroborado, constituiría negligencia en la preservación de bienes del patrimonio público. contemplado como supuesto generador de responsabilidad administrativa Contraiora General de la República, vigente para la fecha de ocurrencia de los presuntos hechos irregulares investigados, el cual mantiene su carácier de ilito administrativo en al numeral 2 del articulo 91 de la Ley Orgánica de Is Contraloria General de la Repúbica y deil Sistema Nacional de Control Fiscal(..... Dichas actas comprenden los hechos de los cuales pudieran resultar presuntamente responsables a quien se le formulan los cargos, toda vez que en este acto se precisa la materia objeto de la controversia y se fjan los extremos sobre los desprende que fueron dos hechos presuntamente irregulares ocurridos durante el año cargos que hoy nos ocupa, a saber: Ordenación de pagos por dieciseis millones novecientos cuarenta y cuatro mll trescientos cuarenta y ocho bolivares con setenta y nueve cántimos (Bs. bollvares fuertes con treinta y cinco cêntimos (Bs. F. 18.944,35)- por concepto de adquisición de materiales de construcción, no obstante que no consta que el gasto haya sido causado, toda vez que: A) no fueron presentados los oralnales de los soportes del gasto supuestamente efectuado. y B) asi como tampoco consta el destino que se le habría dado a dichos materia los de construcción (Subrayado nuestro). Los anteriores hechos fueron subsumidos an el articulo 113 numeral 3 de la Ley ocurrencia de los hechos, supuesto que se mantiene en el numeral 2 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de ls República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Luego de haber realizado la anterior acaraioria, se procede al anaáis de fog alegatos y documentos presentados por los cludadanos CARLOS BAZZANELLA MODERA y JOHNNY MARÍN SERRANO, armpllamente Identificados en autos, de conformidad al articulo 120 de la Lay Orgânica de la Contralorla General de la República, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, los cuales están contenidos en escrito de fecha 22 de diciembre de 2004. con anexos Identificados como A1 al A11 (folios 3638 al 37/7). En tai sentido, se destaca lo sigulente. "() desde ei mismo momento en qua nos enteramos de la situación en que nos encontrábamos nos avocamos a digenciar al respecto y producto de un arduo y nada facil trabajo de investigación y pesquisas que realizábamos y habida cuenta del poco tiempo del que disponiamos para tales fines, se logró la consecución de una serie de documentos que fueron obtenidos en los entes y dependencias en ellos especificados y que ahora se envían a ese despacho oficlal, conjuntamente con el presente escrito para su evaluación con miras a justificar los detalles observados en las actas de formulación de cargos ya conocidas; esos documentos son los siguientes: 1.1.- Oficio Nro. DA.561 del 14SEP04. (original) donde el Coronal (GN) Johnny Marin Serrano, solicita recaudos al ciudadano G/B (EJ) Rafael Roman Vethencurt. 1.2.- Oficio Nro, 8368 del 06Oct04, (original) donde se le da respuesta al oficlo anterior. (anexo 2). 1.3.- Copia del acta de la Contraloria General de las Fuerzas Armadas Nacionales. UCONGEFAN Nro. 166-B-99. del 29 de noviembre de 1.999, certificada por el cludadano G/B(EJ) Rafael Maria Román Vethencurt, Contraior General de la organizacion del Teatro de Operaciones Nro. 3 con sus unidades de apoyo y 1.4.- Copia dei oficio de la Contralorla General de la Fuarza Armada Naclonal Nro. Vethencurt, Contralor General de la FAN. actual: documento éste dirigido al ciudadano G/B(EJ) presidente de la fundación Proyecto Pais y el cual contempla (26) obras de la relación entregada, de las cuales veinticuatro (24) de los directamente la sstiafacción de parte de la comunidad o integrantes de las entidades por los trabajos del Plan Bolivar 2000, en la recuperación de sus plantas fisicas o entornos vecinales y fue una constante la solicitud de nuevos operativos para mantener o enfocar necesidades pendientes ... (anexo 4). 1.5.- Veintiséis (26) reportes de inspección elaborados por la Dirección de Control de Ingresos de la Contraloria General de las FF AA.NN, suscritas cada una por el responsable del Proyecto Bollvar 2000, por un representante de la obra seleccionada y por el comisionado auditor de la Contraloria General de la Fuerza Armada Nacional. debidamente certificadas por el ciudadano G/B (EJ) Rafael Maria Román Vethencurt, Contralor General de la FAN (firmadas en original): actas de formulación de cargos que ahora nos ocupan: "c) no fue posible comprobar el destino que se le dio a los materiales Indicados en dichos documentos...". 1.6.- Oficio sin número, de fecha 25 de octubre de 2004, (original), suscrito por el Coronel Johnny José Marin Serrano, solitando al ciudadano General de División del Ejército, Jullo Ramón Quintero VIloria, Jefe del Comando Unificado Nro. 1 de la F.A.N. copias certificadas del oficio Nro. CU-1-10-50s-01 de fecha 19nOV2001 con todos sus anexos, emanado del Comando Unificado Nro. 1 de la Fuerza Armada Nacional para ei ciudadano Dr, Clodosvaldo Russian, Contralor General de la República, mediante el cual so da respuesta, en forma general, al informe definitivo de dicho ente contralor y, en particular en lo que refiere a la Dirección Regional Barcalona, se remiten copias fotostáticas de las facturas debidamente firmadas y selladas en original por el proveedor, asl como órdenes de compra an original y copia al carbón de los cheques: vouchers (comprobantes de egreso) y estados de cuentas bancarias (Banco Unión), (anexo 6). 1.7.- Oficlo Nro. FPP-ADM-CONT-2004-01. del 17NOV2004, (original), suscrito por el cludadano General de División (EJ) Jullo Ramón Quintero Viloria, actual comandante del CUFAN nro. 1 y Presidente de la Fundación Proyecto Pais, dando respuesta a la solicitud referida en el numeral anterior, mediante el cual nos remite. debidamente certificados los documentos, fotocoplados a color, que se detallan a continuación: A. factura No. 0183 de la empresa Mercantil Anzoálegul. por un monto de Bs. 8.936.828,84, B. orden de compra Nro. 089 por el mismo monto; C. factura No. 0182 de la miama empresa, por un monto de Bs. 6.071.522,04: D. orden de compra No. 086 por el mismo monto; E. factura No. 0178 de la miama empresa, por un monto de Bs. 856.000.00; F. orden de compra No. 084 por el mismo monto y G. el acto motivado No. 2, suscrito por el ciudadano General de Brigada del Ejército Germán Marin Gómez, quien para entonces ocupaba al cargo que actualmente ocupaba el General de División (EJ) Julio Ramón Quintero Viloria; a travês del cual se considera la procedencia de adjudicación directa para la adquisición de pintura, cemento, cal, yeso y otros a la EMPRESA MERCENTIL ANZOATEGUI S.R.L. Resalta el oficio en cuestión que ". mencionados soportes únicos reposan en la División de Contabilided adscrita a la Gerencia de administración, para su revisión IN-SITU por cualquier ente u organismo dal estado que la requiera. Motivo por el cual se realiza la certificación de la documentación antes mencionada, pertenecientes a la Dirección Regional de Barcelona, Estado Anzoátegui". (anexo 7): esperando nosotros como Interesados en al esclarecimiento total del presente caso, que estos recaudos atiendan a la n e e n n n n e n embargo, an adquisición por Bs. 16,94 millones, los documentos existentes en la Dirección Regional son copias fotostáticas y en consecuencia, no son soportes Idóneos para justificar las transacciones". Igualmente es importante resaltar que la factura No. 0152 por un monto de Bs. 3.400.000,00 bs. de la empresa Mercanti Anzoátegul no fue posible encontraría en el CUFAN. sencillamente por que la misma corresponde, según pudimos determinar, a una rendición de cuentas que fue enviada a la gobernación del Estado Anzoátegul, ya para el inicio del Plan Bolivar 2000, los cuales fueron rendidos en su momento; en tal sentido, el Sargento Técnico de 1ra(GN) José Gregorio Romero Rataco mediante oficio sin número de fecha 10 de diciembre de 2004 (original) se dirige a la Dirección de Planlficación y Administración Presupuestaria de la Gobernación del Estado Anzoategui en procura de los soportes originales de dichas rendiciones, en donde se encuentra Incluida la factura que ahora nos Interesa, pero dicha diciembre de 2004 (original) que, en cuanto a esos recaudos: ".los mismos fueron buscados y no se encantraron, debido a que el archivo donde reposaba dicha documentación fue violentado, y muchas de las cajas del Departamento de Rendición de Cuentas no aparecen." (negrilas nuestras): situación ésta que Contraloría General los soportes que justifiquen las operaciones por nosotros 1.8.- Oficio S/N de fecha 30 de agosto de 2004, suscrito por el Coronel (GN) Johnny Marin Serrano, con relación anexa, (originales) solitando recaudos a la J.9.- Oficio S/N de fecha 17 de diciembre de 2004 de BANESCO. (original). suscrito por el ciudadano Luis Martines, Gerente del Centro de Atención Integral autenticadas del anverso y reverso de los cheques especificados en el anexo anterior, con excepción del cheque Nro. 90464258 por Bs. 13.965.964,74, que no aparece pese a las solicitudes efectuadas, presumiendo el sr. Luis Martinez que pudo haber sido solicitado por algún ente contralor; donde se puede apreciar por el anverso, que fueron la mayoria a nombre de Mercantil Anzoátegul SRL y. por el reverso, que fueron endossdos y cobrados por el ciudadano Francisco Rafsel Rondón Cl. 1.181.654 representante de dicha empresa, leyéndose igualmente en el anverso lo siguiente: "Registro No. 116 del 30-11-1970, tomo B-1, folios 142 al 147 Barcelona". Del mismo modo el cheque Nro. 90462138 por un monto de Ba. 856.000,DD, NO ENDOSABLE, a nOmbre de SISTEMA DRY WALL y/o PATRICIO RODRiGUEZ. (Anexo 8), se aprecia que fue hecho afectivo dicho cheque por una persona natural, portadora de la cédula de identidad Nro. 8.304.585 quien, luego de las averiguaciones correspondientes, que se adiclonan al presente trabajo, resultó ser al señor Patricio Rodriguez Rondón, un constructor de obras civiles, nativo de Puerto la Cruz. Estado Anzoátegul, residenclado en la ciudad de Cumana, Estado Sucre y dueño de la firma comercial SISTEMA DRY WALL. Plan Bolivar 2000 en la Guarnición de Barcelona, para el momento en que ocurrieron los hachos que ahora se investigan (Anexo 9-1). pretendiéndose con esta Información demostrar que únicamente fue el beneficiario del cheque, quien hizo efectivo el cobro del mismo y no otra persona. Es importante recaicar en este punto, el hecho de que se pudo lograr la consecución del 90% de las copias de los cheques solicitados a BENESCO, pese al tiempo transcurrido. 1.10.- Sendas fotocopias de los Ocho (08) estados de cuenta Integral del Banco Unión, donde aparecen especificados todos y cada uno de los cheques, que en su oportunidad fueron emitidos por la administración del Plan Bollvar 2000 y que conforman una rendición de cuentas por un monto de Bs. 55.772.761,73, donde formulaciones de cargos suficientemente conocidas. (Anexo 10). Anzoátegul SRL." donde aparece la firma del Sr. Francisco Rafael Rondón, la cual puede ser cotejada con la firma que se aprecia al reverso de los cheques citados en el punto anterior, Igualmente aparece en dicho registro lo siguiente: "..bajo el No. 116, folios vuelto 142 al 147, tomo B-1 de fecha 30 de noviembre de 1970". Seguridad Pública de la Contralorla General de la República". prenombrados ciudadanos, quien suscribe, conviene referir en primer lugar a los que se encuentran vinculados con la ordenación de pagos por la cantidad de dieciséis millones novecientos cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta y ocho bollvares con setenta y bolivares fuertes con treinta y cinco cêntimos (Bs. F. 16.944,35). por concepto de adquisición de materiales de construcción, no obstante que no consta que el gasto haya gasto supuestamente efectuado los cuales comprenden los puntos 1.6 al 1.10 del escrito de defensa con sus respectivos anexos Nros. 6 al 11. Sobre este particular los ciudadanos Carlos Bazzanella Modera y Johnny Marin Serrano, ofrecieron como prueba a su favor coplas fotostáticas a color debidamente certificadas de los sigulentes documentos: Fecha Empresa Monto Bs. Orden de Compra Focha N° Mercantil Anzoátegui 858.000.00 0178 28/05/1999 Mercantil Anzoßtegui 0182 6.071.522.04 17/08/1995 086 0183 18/06/199g Mercantl Anzoätegul 6.938.826,64 089 página original (tal como se publicó) [Página 69] De igual manera, ofrecieron como prueba, copla certicada del Acto Motivado N° 2. a través del cual el Gral. Brig. (EJ.) Germán Marin Gömez, consideró procedente la adjudicación directa a la empresa Mercantil Anzoátegul, para la adquisición de pintura, cemento, cal, yeso y otros. egresos, los cuales contienen la siguiente Información: Beneficiario con la Factura Mercantil Anzo@tegul S R.L 24/05/190 3.400 00,00 90482079 Union 0152 Mercantl Anz0tegul S RL 28/0519 858 00,0 90462138 Unón 0178 Mercantl Anzoátegul . R.L. 17/06r190 8.071.622,04 90482183 Union 0182 Mercantil Anzoätegul 5.R.L 18/06/1909 6.936 828,64 90482162 Unión 0183 Adicionalmente, presentaron copias simples de: A) Estados de Cuenta Integral del suprimido Banco Unión, donde aparecen especificados todos y cada uno de los cheques emitidos por el Plan Bolvar 200, que conformaron la rendición de cuentas, por un monto de cincuenta y cinco millones setecientos setenta y dos mil setecientos sesenta y un bolivar con setenta y tres céntimos (Bs. 55.772.761,73) -equivalente a cincuenta y cinco mil setecientos setenta y dos mil bolivares fuertes con setenta y seis céntimos (Bs. F. 55.772,76). an donde se encuentran Incluidos los dieciséis millones novecientos cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta y ocho bolivares con setenta y nueve cêntimos (Bs. 16.944.348,79) o dieciséis mil novecientos cuarenta y cuatro bolivares fuertes con Registro de Comercio de la empresa Mercantil Anzoátegul, S.R.L., de donde se desprende que el Presidente de la referida compañia es el cludadano Francisco Rafael Rondón, ttular de la cédula de Identidad N° 1.151.654. C) Cheques girados a favor de la empresa Mercantil Anzoátegui S.R.L., endosados y cobrados por el cludadano Francisco Rafael Rondón y cheque girado a favor de Sistema Dry Wall y/o Patricio Rodriguez, endosado y cobrado por el dueño de la firma comercial antes indicada. por un monto de tres millones cuatrocientos mil bolivares (Bs. 3.40.00.00) -equivalente a tres mil cuatrocientos bollvares fuertes (Bs. F. 3.400.0), no fue posible encontrar la en el CUFAN, ya que pertenece a rendición de cuentas que fue enviada a la Gobernación del Estado Anzoátegul, toda vez que se recibió un aporte de setenta millones de bolívares (Bs. 70.000.000.00) o setenta ml bollvares fuertes (Bs. F. 70.000.00). para el inicio del Plan Bollvar 200, los cuales fueron rendidos en su momento y que en atención a ello, libraron oficio a la Dirección de Planificación y Administración Presupuestaria de la Gobernación del Estado Anzoátegui en procura de los soportes originales de dichas rendiciones, en donde se encuentra incluida la factura N° 0152 y dicha dependencia les contestó que los recaudos fueron buscados y no encontrados debido a que el archivo Departamento de Rendición de Cuentas no aparecen, situación que escapa a las sustanciación complementaria a cbjeto de obtener los medios probatorios idóneos con miras a determinar, si efectivamente subsiste o no el hecho presuntamente irregular Imputado en las Actas de Formulaciones de Cargos de fechas 17 y 18 de agosto de 2004 (folios 3618 al 3623) en aras de resguardar al principio de la verdad material que debe regir en todo procedimiento administrativo antes de la expedición del acto administrativo que corresponda, conforme al cual, la decisión debe ajustarse a la verdad real y efectiva Procedimientos Administrativos. Asl Yenemos, que mediante Oficio N° 08-01-87 de fecha 22 de enero de 2007, està Direción de Detéminación de Responsalidades slicto al G/D (EJ) Jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional, colaboración en el sentido de que suministrará coplas certificadas de las facturas que se Indican a continuación, las cuales Barcelona de la Fundación Proyecto Pais, durante el afo 1999 (folos 3833 y 38:34): Monto en B. Factura N° Fecha Orden de Fecha 23/05/1999 3.400.000,00 0152 23/05/1999 004 856.000,00 28/05/1999 0178 084 28/05/1999 0182 6.071 522,04 17/06/1999 088 15/08/1999 18/08/1999 0183 6.938.828,64 16/06/1999 089 En atención a lo solicitado, el ciudadano General de Brigada (EJ) Secretario Ejecutivo de la Fundación "Proyecto Pals", mediante Oficlo N° 0005-07 sin fecha, recibido por ante este Organismo Contralor en fecha 28 de febrero de 2007, respondió en los "Cumpliendo instrucciones del ciudadano General de División (EJ) Presidente de la Fundación Proyecto Pals. tengo ei agrado de n n mn no n ocasión propicia para infomarie que en nuestros archivos, no reposan los comprobantes Originaies solicitados por ustedes, en la comunicación citada en referencia, relacionada con el T.O.S N° 03 Barcelona Estado Anzoátegul. Sn tal sentido, le remito copia de las Fundación". Ahora bien, una vez confrontados como han sido a simple vista las coplas fotostáticas de los comprobantes de egresos a nombre de la empresa Mercantil Anzoátegul S.R.L.. facturas Nros. 0152, 0178, 0182 y 0183 y las órdenes de compra Nros.04, 084, 08 y 089 a nombre de la referida empresa remitidas a esta Dirección por el ciudadano General de Brigada (EJ) Secretario Ejecutivo de la Fundación "Proyecto Palis", tal y como cursan a los folios 3838 al 3847, se evidenció que tanto las facturas Nros. 0178. 0182 y 0183 as1 como las órdenes de Compra Nros. 084, 086 y 089, se cludadanos Carlos Bazanella Modera y Johnny Marin Serrano, en el anexo identificado como A7 (follos 3722 al 3727). Recordemos que es necesario ls existencia previa de un compromiso y que éste se haya prestado o suministrado para posteriormente generar su pago, en tal sentido, nos encontramos que desde el punto de vista presupuestario intervienen tres (3) pasos Ineludibles en la ejecución del gato público: compromiso (ecto adminitativo adoptado por el funcionario competente, mediante el cual éste asume en nombre de la Insttución que representa una obligación, que afecta a los fondos públicos en nombre de ella), causación (momento cuando se genera la obligación de pagar, ya ses por la contraprestación de bienes o serviclos o por disposiciones legales o contractuales). y En la ejecución del gasto público, una vez adquirido el compromiso, y causado el gasto, es obligatorio a los fines de efectuar el pago. que la obligación de que se trate haya sido efectivamente ejecutada, toda vez que de lo contrario se estaria cancelando una obra, bien o servicio que jamás se realizó o adquirió, lo que daría lugar a un pago que no se debe por parte de la administración. Vista las previsiones antes expuestas y analizadas las copias certificadas de las facturas Nros. 0178, 0182 y 0183 as1 como las órdenes de Compra Nros. 084, 086 y 089. respectivamente, aportadas por los ciudadanos Carlos Bazzanella Modera y Johnny Marin Serrano, como fundamento de su defensa, quien aqul decide estima que los compromisos adquiridos a través de las órdenes de compra en comento, fueron causados, situación que dio origen a la emisión de los comprobantes de egresos y posteriores cheques, tal y como se indica seguidamente: Monto en Bs. Cheque Banco Relaclonado Beneficlario Facha con Factura Mercantd Anz20tegui RL 28/05/100 858 00,0 00402138 Unon 0178 Mercants Anzoélegul S R L 17/0s/199g 8 071 522 04 90462183 Unión 0182 Mercanti Anzoátegui S R L 18/c6/1999 8.936 828,64 90462162 Unon 0183 Adicionalmente, confrontados como han sido la información comprendida en los comprobantes de egresos con las copias de los cheques del Banco Banesco (anexo A9. del escrito de defensa), debidamente refrendada por el Gerente del Centro de Atención Integral de las Fuerzas Armadas. se evidenció que éstos se corresponden con el beneficiario Mercanti Anzoátegui S.R.L. endosados por el representante de la empresa en mención y son concordantes sus montos, a excepción del cheque N° 90462138 del suprimido Banco Unión, cuyo beneficiario fue SISTEMA DRY WALL Y/O PATRICIO empresa Mercantil Anzoategui S.R.L. vinculada además con la orden de compra N° 084. fue o no cancelada (folios 3747. 3748, 3750 y 3751). Respecto a la factura N° 0152. vinculada a la orden de compra N° 004 y comprobante de egreso a nombre de Mercantil Anzoátegul S.R.L., se estima conveniente referir que aún cuando el ciudadano General de Brigadu (EJ) Secretario Ejecutivo de la Fundación "Proyecto Pals", remitió copia simple de dichos documentos, los indiciados de CUFAN, ya que pertenece a rendición de cuentas que fue enviada a la Gobernación del dicha dependencia contestó que los recaudos fueron buscados y no encontrados debido. a que el archivo donde reposaba dicha documentación fue violentado y muchas de las cajas del Departamento de Rendición de Cuentas no aparecen. En atención a ello, conviene destacar que uno de los objetivos planteados por este Organismo Contralor en el Informe Definitivo de la Evaluación Selectiva de Aspectos de la Formulación, Ejecución y Resultados del "Proyecto de Acción de Integración Social (PROPAIS)" del Proyecto Bollvar 2000, fue el de verificar los elementos de legalidad y sinceridad financiera relacionados con la administración de los recursos públicos del Proyecto PROPAIS (folio133). Asi encontramos que la Lay Orgánica de la Contraloria General de la República, Contralor, en ejercicio de sus funciones podia realizar, entre otras, exámenes de la cuentas a los entes públicos, dependencias y organismos de la Administración Central, con el fin de verificar la legalidad y sinceridad de sus operaciones financieras. Esta modalidad de control se encuentra, de igual manera contemplada en la Ley Orgánica de la Contralorla General de la República y del Sistema Nascional Control Fiscal, de all que corresponde a la Contraloria General de la República, efectuar los exámenes que sujetos a su control. Esa competencia que tiene atribuida la Contralorla General de República, no sólo tiene por objeto verificar ls sinceridad de los hechos, en cuanto a su existencia y efectiva realización, sino que su radio de acción también abarca, examinar si los registros y sistemas contables respectivos se ajustan a las disposiciones legales y técnicas prescritas. Respecto a la sinceridad, conocida también como el Control de la Veracidad, es examinada mediante la revisión de la documentación o comprobantes presentados y recae, como bien lo señala Siebel Girón, en su obras El Control Fiscal. La Contraloria General de la Repblica. 1968. Caracas: Smar, S.L. Pág. 231: "(..) sobre los aspectos de la autentidad de los documentos, beneficiarios de los pagos o créditos. y demás datos contenidos en la comprobación general. Esta verificación esta muy relacionada con la probidad administrativa, ya que puede existir en un momento dado la simulación de hechos o pueda elaborarse una comprobación que carezca de autenticidad en la cual, se falsifiquen firmas, se haga aparecer mayores cantidades de las efectivamente adeudadas, se trate de relacionar, mas de una vez. un gasto ya comprobado, se usen comprobantes duplicados o se utilicen, con tal carácter, copias de los originales, etc". De lo anteriormente transcrito se desprende sin lugar a equivoco que ese control de veracidad sobre los documentos està circunscrito a la presentación y seguimiento de funcionarios competentes, toda vaz que los mismos dan fe de su contenido. Luego de haber realizado la anterior referencia y visto que la copla de la orden de compra N° 004 y la copia de la factura 0152, referidas con anterioridad, no pudieron ser cursantes al expediente reposan en copia simple, se estima que esta situación Impide a realizado. Por todas y cada una de las consideraciones realizadas con anterioridad, quien aqui decide considera que los alegatos presentados por los Indiciados CARLOS BAZZANELLA MODERA y JOHNNY MARÍN SERRANO, vinculados con las órdenes de compra Nros. 086 y 089, facturas 0182 y 0183. asi como los respectivos comprobantes de egresos y cheques, tenen fuerza probatoria, toda vez que consignaron ante esta Dirección copia certificadas de los referidos soportes documentales, no asi respecto a los pagos relacionados con la orden de compra N° 004 y factura N° 0152, toda vez que no se logró obtener copia certificada u original de los referidos documentos. Adiclonalmente, eil comprobante de egreso de fecha 28/05/1999, que corresponde al pago de la orden de página original (tal como se publicó) [Página 70] compra N° 084 y factura N° 0178 relejó en el recuaro donde se idetinca el número de cheque, lo siguiente: 90462138. La anterior numeración se corresponde con copla de un administrativo, sin embargo, se detailó que el beneficiario de ese instrumento camblario no fue la empresa Mercantil Anzotegui S.R.L, sino SISTEMA DRY WALL Y/O PATRICIO efectuó el pago de la orden de compra N° 084, razones éstas para considerar que no están dados los supuestos para desvirtuar totalmente las imputaciones formuladas a los Indiciados respecto a este hecho regular señalado en las actas de formulaciones de cargos de fechas 17 y 18 de agosto de 2004. Asi se decida. Conviene referir en segundo lugar, a los documentos vinculados con la ordenación de pagos por concepto de adquisición de materiales de construcción, sin que conste el destino dado a dichos materiales. En tal sentido, se observó: Respecto a los alegatos identificados como 1.1 y 1.2, anexos A1 y A2, del escrito de defensa de los ciudadanos CARLOS BAZZANELLA MODERA y JOHNNY MARÍN SERRANO. se consideran actos de mero tramite realizados por el ciudadano Johnny Marin Serrano a fin de recopilar -entre otros- copias de las Actas de Inspecclones de obras realizadas por la Contraloria General de las Fuerzas Armadas Nacionales, en distintos Municipios del Estado Anzostegui. Dichas comunicaciones no aportan ningún elemento que permitan desvirtuar los hachos presuntamente irregulares señalados en las Actas de Formulaciones de Cargos de fechas 17 y 18 de agosto de 2004 (folios 3618 al 3623). Aal se decide. En cuanto al Acta UCONGEFAN N° 186-B-99 de fecha 29 de noviembre de 199, levantada en el Comando Regional N° 7 de la Guarda Nacional, sede donde funciona la Direción Regional Barcelona de la Fundación Proyecto Pais (Plan Bolvar 2000) y suscrita por el Director, Adminigtrador, Contabie de la Unidad y Comisionado designado legalidad, sinceridad, exactitud y correcta inversión de los fondos públicos, desde el punto de vista financiero y presupuestario (punto 1.3 del escrito de defensa, anexo A3) se estima que la misma no contiene ningún elemento que contribuya a desvirtuar los hechos presuntamente irregulares, toda vez que si bien es cierto nos indican el panorama respecto a algunas obras ejecutadas por el Pian Bollvar 200, no es menos cierto que lo que cuestiona este Organismo Contralor es el destino dado a los materiales adquiridos a la empress Mercantil Anzoategui S.R.L en vitud de que se desconoce con la precisión que el caso amerita que cantidad de material de los comprados a la referida empresa fueron empleados en cada una de ess obras ejecutadas. Inspección" (documentos del escrito de defenss identicado como 1.5, anexo A5). suscrito por funcionario de la Contraioria General de las Fuerzas Armadas Nacionales, representante del Plan Bolvar 2000 y representante de la obra, nos refejan que tipo de (mantenimiento. acondicionamiento, reparación o construcción) más no se Indica los materiales que fueron utilizados para ejecutar los trabajos. En razón de lo expuesto, los mencionados "Reportes de Inspección", no aportan ningún elemento que desvirtúen la imputación formulada, contrariamente a lo expresado por los imputados al referir que en los reportes de inspección "(.) esta en parte, el destino de los materiales a que so refieren las actes de formulación de cargos que ahora nos ocupan" Visto lo anterior, se evidencia que no existen registros que permitan mantener un verificar la legalidad y sinceridad de los materiales adquiridos a la empresa Mercantil Anzoátegul S.R.L., toda vez que no se pudo determinar la distribución de los mismos en las obras ejecutadas. Asl so decide. Finalmento, la copia del Oficio N° 884 de fecha 03 de febrero de 200, suscrita por el Contralor General de las Fuerzas Armadas (punto 1.4 del escrito de descargos, anexo A4), dirigido al Presidente de la Fundación Proyecto Pals, en donde se destaca que de veintiséis (28) reportes Inspeccionados, veinticuatro (24) resultaron conformes y so comprobó entre otros aspectos, la satisfacción por parte de la comunidad, se estima una vez más que lo que se está cuestionando es el destino dado a los materiales comprados a la empresa Mercantil Anzoátegul S.R.L. no la conformidad por parte de la Contraloria General de las Fuerzas Armadas a las obras ejecutadas, razón por la cual esta prueba documental no desvirtúa los cargos formulados an fechas 17 y 18 de agosto de 2004 (folios 3618 al 3623). Asl 8e decide. "Como se puede apreciar, los hechos que se investigan datan de finales del año 1. 999 habiendo transcurrido por lo tanto, hasta la presente fecha, cinco que muchos de los archivos de los entes a los cuales se scudió en procura de los mismos, no estaban del todo organizados o sencillamente no existian en parte o totalmente, verbo y gracia la Gobernación del Estado Anzoátegui, por que se habian deteriorado y. por ende, los habían dotado a la basura, amén de que varias entidades bancarias se fusionaron, incluyendo al otrora Banco Unión, para dar paso al hoy Banesco, todo lo cual nos ha obligado a pedir una prorroga a la Contralora General de la República para poder dar respuesta a sus requerimientos". Sobre el particular planteado, el alegato esgrimido esta vinculado a las escrito de defensa, se considera que no son punto controvertido en la presente causa. razón por la cual este alegato debe ser desestimado. Asi se decide. Igualmente se quiere significar "que el monto por el cual se formularon los demás recaudos que hemos presentado, especificados en el punto Nro. 1.6. pudimos obtener en los documentos ya conocidos, existiendo por lo tanto una diferencia de 8s. 219.999,89 por encima de la suma objetada, lo cual puede haber sido producto de una equivocación matemática, seguramente involuntaria". facturas (Nros. 0152, 0178, 0182 y 0183). órdenes de compra (Nros. 04, 084. 086 y 089). y comprobantes de egreso. que la sumatoria del monto de las mismas ascendieron a la cantidad de diecisiete milioes doscientos sesenta y cuatro mil trescientos cuarenta y ocho bollvares con sesenta y ocho cântimos (Bs. 17.264.348,68). equivalente a diecisiete (Bs. F. 17.264,35). tal y como se desprende del siguiente cuadro, incurrendose en un error material, al momento de formular los cargos en Actas de fechas 17 y 18 de agosto de 2004, toda vez que en ellas se Indico: "Por haber ordenado, durante el año 199, pagos por Bs. 16.844:348,79". Factura N° Focha Monto en Bs. Orden de Fochs Compra N° 23/05/1900 3.400.000.00 28/05/1999 0178 856.000.00 084 6 071.522.04 17/06/1990 0182 088 15/06/1999 0183 18/06/1999 8. 936 826,84 089 18/06/1999 Yotal Bs. 17.264.348,68 Total Bs. F. 17.284,35 Al respecto, esta Direción considera conveniente citar lo dispuesto en el articulo 84 de la Ley Orgánica de Procadimiento Administrativo, el cual dispone: Articulo 84.- "Las administración podra en cualquier tiempo corregir emores materiales o de cálculo en que hubiere incurrido en la configuración de los actos administrativos." Dicha disposición se erige, dentro del Capitulo IV "De la Revisión de los Actos en Via Administrativa". como una de la acciones, que en ejercicio de la potestad de particulares, la cual se traduce en la posibilidad de: convalidar, revocar, anular y corregir. los actos administrativos dictados por ésta en ejercicio de las competencias que le han sido legalmente atribuidas, en aras de proteger, defender o tutelar el Interés público que esta representa. fiscalizar, para controlar, y, en su caso, para enmendar (José Roberto Droml, IEAL. Madrid 1988). Es por el que la potestad de Autotutela de la Administración aparece Intimamente emparentada con la revocación, la anulación, la convalidación y la rectificación. de la Lay Orgánica de Procedimientos Administrativos, se corre el error material en que se Incurro an las Actas de Formulaciones de Cargos de fechas 17 y 18 de agosto de 2004, al Iindicar la cantidad de dieciséis millones novecientos cuarenta y cuatro mill trescientos cuarenta y ocho bollvares con setenta y nueve cêntimos (Bs.18.944.348,79). dieciséis mil novecientos cuarenta y custro bollvares fuertes con treinta y cinco cêntimos (Bs. F. 18.944,35). siendo lo correcto Is cantidad de diecisiete millones doscientos sesenta y cuatro mil trescientos cuarenta y ocho bolivares con sesenta y ocho cêntimos (Bs. 17.264.348,88) o diecisiete mll doscientos sesenta y cuatro bollvares fuertes con treinta y cinco cêntimos (Bs. F. 17.284,35). Asl se decide.- (.) es Importante recaicar el hacho de que por mucho tiempo no fuimos República respecto ai presente caso, para darle celeridad y fluldez al mismo, actuales momentos, con los Inconvenientes qus ello trajo consigo, pudimos haberlos obtenido Biempo atrás, donde seguramente el resultado hubiese constituirnos en verdaderos investigadores, como lo hemos hecho hasta la que los hechos que ahora se investigan sean esclarecidos por completo". Respecto a este alegato corresponde advertir a titulo de antecedente, que conforme a la Ley Orgânica de la Contraloria General de la República, vigente para el momento de practicarse la actuación fiscal que originó el inicio del procedimiento de averiguaciones administrativas, las actuaciones fiscales (inspecciones, fiscalizaciones y fiscalización de ingresos. gastos y bienes públicos constitucional y legalmente atribuidas a este Organismo Contralor, lo cual Implicaba que de oficio o por denuncia, se podían entes públicos, dependencias y demás organismos sometidos a su control, relacionados con la administración, manejo y custodia de bienes o fondos públicos. En este sentido, los resultados de las actuaciones fiscales, fueron recogidos por plasmados en un instrumento denominado Informe Parcial. Como paso sigulente, el contenido de este Informe se hacia del conocimiento de las autoridades del ente u organo objeto de la actuación fiscal, a fin de que datas formularán las observaciones que estimarán pertinentes y aportaran -de ser el caso- la documentación a que hubiere lugar, patentizándose el primer acto de control de prueba y por ende el derecho a la defensa. asentada en el referido Informe conjuntamente con las observaciones formuladas por las autoridades del ente u organo suditado, surgla el denominado Informe Definitivo, el cual representa el Instrumento a través del cual el organismo contralor, recomienda, sugiere, exhorta, Insta al ente u órgano para que elabore un plan de acciones correctivas a fin de deficiencias detectadas. Por su parte, el articulo 112 eiusdem, vigente para el momento de la ocurrencia de averiquciones administrativas cuando surgleren indicios de que funcionarios poblices o particulares, que tengan a su cargo o Interenganen cuaqulerfomaen la dministreción. manejo o custodia, de bienes o fondos pueblos de los entidades sujetas a su control. hayan Incurrido en los actos, hechos u omisiones genaradoras de responsablidad administrativa a que se refiere esta Loy. y la Ley Orgónica de Salvaguardo del Pattmonio Púbico. Este Averiguegión proceder aún cuando dichas personas hubieren cesado en Asi. el articulo 115 ibidem, establecia el inicio del procedimiento administrativo mediante auto de apertura, debidamente motivado, continuaba con la sustanciación de la averiguación administrativa, haciendo remisión al Reglamento de la Ley. con el objeto de reunir en el expediente los documentos, declaraciones, experticias, Informes y demás elementos de juicio que sean necesarios para esclarecer la verdad de los actos, hechos u Es necesario Indicar además que el procedimiento de averiguaciones administrativas previsto en la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República de 1995, vigente para la fecha de ocurrencia del hecho cuestionado, se dividia en una primera fase de sustanciación o investigación previa de los hechos por parte del órgano de control, la cual està-referida a todos los actos que anteceden a la formulación de cargos, incluyendo la declaración de los presuntos indiciados a los fines de la valoración de sus dichos, asi como deposiciones de testigos, entre otros, y durante ese lapso, las actuaciones corresponden al Organo Contralor, quien debe procurar establecer la verdad material de los hechos, actos u omisiones investigados. página original (tal como se publicó) [Página 71] Asimismo, en una segunda fase de la sustanciación, la oual se Inicia con la imposición de los cargos, comienza a transcut un lapa o de cuarentas y cinco (45) diss continuos para que el Interesdo pueda desplegar exhauativamento su derecho a la defensa: que transcumido se lapso, el organo de control debe dictar uns decisión responsabilidad adminlatrativa, supuesto en el que puede ser ejercido el recurso administrativo correspondiente. n e cludadanos Carlos Bazzanella y Johnny Marin Seran o, les fue formulado cargo y se les previno que podian dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a su notficación "contestar el cargo meciante escrto razonado, fin da que ses apreclado en la declaión que recaige sobre el punto" slendo esta la oportunidad idónea para presentar las pruebas y eer valoradio en la decision dofinitive, por lo tanto, ol hecho de ofrecer las pruebas on antelación en nada modicaria el sentido de la presente deción, en virtud do quo hay que respetar y acatar las normas do procedimiento apcables al co. Asl se decide. . "(..) quaremos dejar como punto de anális y raflaxión una seria de aspectos que, de alguna manera redundaron an detrimento de la ejecución y administración del Plan Bolivar 20 en In Guemnición de Barcalona, bajo nuestra dirección y administración, tal es el caso de que a dicho pian so le dio Inicio en una forma muy volenta y atropeliada, os decir, un buan dia recibimos Instrucciones del Comando Uniicado de la Fuerza Armada Nacional (CUFAN) respecto a que al dia siguiento arrancaba ei mismo, debiendo por lo tanto dársele publicación y tener ai personal y a las unidades participantes debidamente equipadas logisticamente con bragas, guantes, jentee protectores, cascos, tapa nariz, carrtilas, machetes. escobas y demás útles para esos fines, Incluyandose la alimentación y el transporte deil personal. no teniendo para elo ninguna disponibilidad presupuestaria, mucho menos una programación de las obras a restizar y ni so diga de un formal o donde so estampará en forma detallada y n r embargo ss cumplió a cabalidad ls orden Impartida, eso ai con mucho antusiasmo y profesionalismo dado que estábamos realizando una labor loable y donde los únicos beneficiados eran los de menos recursos, los de a pio, los excluidos socialmente hablando, ya que como militares qus somos jamás nos pasó por is mente hacer lo contrario, (esto se llama on el argot militar: "desobediencia". que constituye delta) es tan asl que fuimos objeto de Innumerabies siogios tanto de propios, como de extraños por lo vistos o del acto de inauguración en un principio y. postariormento, por los n n n ro cumplimiento, Otro aspecto Importante es el hecho de que la sdminiatración Serrano, como administrador, y al Sarganto Técnico de primera(GN) José Gregorio Romero Retaco, como contable, (lo Ideal es que hubiese sido un equipo compieto de trabajo Integrado, como minimo, por nueve (09) personas), únicamente los dos para atender a un plan que se Inicia de la manera como se ha explicado, pero no por negligencia de nuestra parte, sino que para eso momento no contábamoa con personal profesional militar capacitado en el áres de administración, y no podiamos contratar personal civil para esos efectos, os mas no teniamos iden de cómo lbamos s afoctuar las rendiciones de cuentas llegado el momento ni cuanto ibamos a recibir en recursos financieros para el Plan bollvar 200, no obstante sobre la marcha se fueron afinando detsles, se nos Informo respecto a como rendir ajustados al plan único de cuentas y asi efectuados nuestras rendiciones, con las inatrucclones del CUFAN de que para poder recibir nuevos recursos financieros, debiamos rendir los recursos recibidos con antelación, todo ello se materializó después de innumarabies llamadas teiefónicas, enviar y recibir fases, viajes Intespectivos y frecuentes al Ministerio de la Delensa, etc. Pero, pase a todos los Inconvenientes, se nos felicio verbalmente en varias ocasional por lo Impecable de nuestras rendiciones y por la n u e profesionales antes citados no solamente adminiatraban el Plan Bolivar 2000, este fue sencllamente una responsabilidad adicional, ya que au Número 7 de la Guardia Nacional, que es bastante solo con lo atinenla ai pago mensual del personal miltar y cili de todas las unidades de nuestro componente ubicadas en los estados Anzoátegul, Sucre, Monagas y Nuava Esparta, Incluyendo las diferentes primas que dicho parsonal devenga, mas los gaslos de funcionamiento de dichas unidades, todo lo cual se rinde a la Dirección de finanzas de la Guardia Nacional, al Ministerio de la Defensa y a otro a Ministerios a los cuales so le presta servicios, taies como Energia y Minas (servicio a pdvsa), Intarior y Juaticia (servicio en las cárosies y oualodia de poivorines con expioalvos para canteras), aolo por citar algunos ejampios, del mismo modo por aar el Comando Regional Nro. 7, pars el año 1999, al Comando de la Guamición militar de Barcelona, también se randian cuantas, aunque en menor cuantía, al Ministerio de la Dafensa; en resumen, tenaimos que solo disponiamoa de dos (02) personas para suministrar al Comando Reglonal Nro. 7, la Guarnición mitar de Barcelona y, como sl fuera poco, el Plan Bolivar 2000, con lo que ello Involucraba desde el punto de vías de volumen de papel que se manejaba on ese entonces. Como so puede apreciar en la exposición que antecado, tener a la vez tantas responsablidades, que constituyen un verdadero trabajo titânico, y no Incurrir en algún tipo de error, sería un poco mas que Impoalbio, de all n n n n nn n e un mas no pretendemos que sos una excusa Irresponsable para justificar lo De lo anferormante tracrito, se observa que lo indiciados lejos do desvirtuar las conductas Ireguiares, le confiman toda vaz que admiten de cierta manera la falta de control y plantficecion en le ejecución del Pian Bolivar 2000, en la Guamición de Barcelona. Imputado en las actas de formulaciones de cargos, constituyen un supuesto netamento objetivo generador de responsablidad, en los cuales se haco abstracción absoluta de elementos subjetivos. por lo cual el alegato esgrimido debe sor desstimado. Asl so decide. "..) con el debido respeto, quaremos recordar a ess dirección dignamenta por usted representen, que en los tribuna los penales del estado Anzoátegul cura en los actuales momentos, una acusación penal contra nosotros producto de una solicitud que al respecto formulará al Ministerio Publico el, para entonces. contraior general de la Republica, Dr. Eduardo Roche Lander, sin que se nos diners la oportunidad de presentar todos los descargos que eran necesarios para clarificar esta bochomosa situación n n demostrado, al era posible conseguir los documentos que an un principio no fueron pretendidos cdn suficiente celeridad para la culminación sallafactoria de la Investigación en cuanto a la ejecución del Plan Bolvar 200, actuación que nos ha ocasionado un gran daño Imeveralbie desde el punto de vista mora, económico, profesional y, lo maa Importanto, familiar en el entendido de que hemos aido sometidos al escarnio público, Juzgados y condenados por la prensa inclemente y por tos opinadores de oficlo; cada cierto tiempo, casi cicicamente aparece en prensa, Internet y televisión el famoso caso de n m dd r- n contraior cualquier persona que tenga suceso a la miama, puede percaterso de las actuaciones que, respecto a dicho plan la Contraioria General do la República ha adelantado (...)". En cuanto a esta defens, es oportuno soñialar qus en fecha 08 de soptlembre de con su respectivo anexo, en la que partido que el Juzgedo en Funclones de Control N° 5 dal Ciroutto Judicial Panal del Estado Anzodtegul, emitió pronunciamiento en fecha 14 de jullo de 2008' decretando el Sobreseimiento de la Causs identificada oon el N° BPO1-P. 2004-479. documentos vinculados al respecto, quien decide considera que el pronunciamiento que habria emitido el Juzgado en Funclones de Control N° 5 del CIrculto Judicial Penal del Estado Anzoátegu, no Incide en la decisión adoptada en el presente procedimiento sdministretivo, eo decir, no es vinculante para este Máximo Organo de Control Fiscal, teniendo en consideración que las circunstancias fäéticas y Juridicas que motivaron el Iinicio del procedmlento que nos popa están plenamente demostradas en autos. Esta afirmación Bene su fundamento en los articulo 46 y 121 de la Constitución de 1961, vigente para la época de la ocurrencia de los hechos, actusimente artículos 25 y 139, respectivemento, de la Constitución de la Repblica Bolvariana de Venezuela, en donde so estabioen los pricpios básicos do responsabilidad de los funclonarios, de los cuales, en concordancia con el articulo- 1 de la derogada Loy Orgánica de Saivaguarda del Patrimonlo Pabico (y en ocaslons los particulares), se pueden Incurir on custro tipos de responsbidad, las cuales son depdentes unas de les otras y cuyes neuaas Juridicas gurdian marcas diferecas entr el es so: A) landdll. que n pecunlario causados al patrimonlo pobio. B) Ia responabilidadanal. que consiste en ls situación Juridica en la cual so encuentra una persona, en vitud de la cual debe surgir las consecuencias juridicas de haber cometido un hecho calificado por la Ley como dello, que la es imputable en concreto, or su dolo o culpa, y que se traduce en la aplicación de una pana. C larespnalldaddiscioinaria que se deriva del Incumplimiento por parte de los funclonarios públicos, de los deberes especificos que se generan de una relación especial de sujeción establecida por la función pública, ouys consecuencia es la n m Adminiatrativa, en la actualidad por la Ley del Estatuto de la Función Publica u otros administrativa que se materializa cuando según funcionario público o particular despliegue conductas Imegularss que pueden subsumise en signo de los supuestos generadores do este tipo de responsablidad previstos an el articulo 113 de la derogada Ley Organica de la Contralorla General de le República y en el Titulo IV de Ia derogada Ley Orgánica de Saivaguarda del Patrimonlo Pablico. todo ello en virtud de lo establecido en el articulo 112 de la Lay que regia las funciones de este Máximo Organo de Control Fiscal, o on los articulos 91 y 02 de Ia Ley Orgánica de la Contraloria General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal y otros Inatrumentos normativos especiales. De lo anteromente expuesto se desprende sin lugar s equivoco que los cuatro tipo do responsabliades son independientes, es más, adete la poaibidad de ls concumencia de sanciones civiles, penales, declpinarias y dministratvas dervads del concurso de tales Bictos por un mismo hecho, razón por la cul, el falo del Juzgado en Funciones de Control N° 5 del Circuto Judiclel Penal del Estado Anzoßtegul, de fecha 14 do Julio de 2008 en el que se decretó el Sobreseimiento de la Causa Identinada con el N° BPO1-P-204-479, no es vinculante para este Médmo Organo de Control Fiscal. Aal se decide. Sobre la base del coniazto precedentemente expuesto, quen suscribe, Diretor de Propedimientos Especiales RATIFICA PARCLALMENTE los cargos formulados a los cudadanOs CARLOS LEOPOLDO BAZZANELLA MODERA y JOHNNY MARIN SERRANO, plenamente identificados en autos, contenido en las sctss de fechas 17 y 18 do agosto do 2004 (folios 3818 al 3823). Asi se decido.- En fecha 11 de octubre de 2004, se libró Ofclo de citación N° 08-01-1405 al cludadano NESTOR GONZÁLEZ GONZALEZ, Iuler de la cédula de Idenided N° 3.588.875, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 119 de la Ley Orgánica de la Contralorís General de la Repbica vigente para ese momento, aplicable por mandato dol articulo 117 de la Ley Organoe de la Contraioria Ganeral de Is Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiacal. a Nn da qoe compareciora a rendir declaración ante la Procedimientos Especlaieos de Ils Contraioria General de la República (folos 3828 y 3829). Sin embargo, a traves de Acta de fecha 03 de noviembre de 2004, suscrito por el mensajeropedstr de estérganimo Contralor, se dejo consíancie do ia devolución dol cuanto: () no o pudo ubicar el destinatro on su residencia, logr hablar con n vecno el cual no queso dar ningún tipo de iInformación" (ellos 3828). Igualmante, consta en Actas do fecha 06 de noviembro de 2004, suscrita por. ol mensajero do esto Organismo Contralor, n la que conagnó el Oficlo N° o8-01-1405, por la razón siguiento: "Be devueive por cuanto la señora (nombre desconocido). quen dijo sor su esposa o negó a reclberio" (folo 3627). Visto que no se logro practicar la oltación personal del cludadano NESTOR GONZALEZ GONZALEZ, por las razones anteriormente Indicadas, ésts DIreción de Deteminación de Responablidades procedió a Ibrar carteles de prensa de fechas 18 y 22 de noviembre de 2004, en el diarlo "Ultimas Noticias", a los fines de lograr la comparecencia del mencionado cludadano para qu rindiers declereción oon motivo de presuntas Iregularidads ocuridas en le Dirección Regional Maturin del Proyecto do Ación de Integración Soclal (Plan Boivar 200), durante el año 1ee9, conforme al articulo 223 del Codigo de Predmento CMl, dvirlendo ademas que de no comparecer en el lapso señalado o dentro de los tres (3) dias sigulentes a su vencimiento, sin que mediara Justicación suficiente, quedaría sueto a las consecuencias previstas en el articulo 119 de la derogada Ley Orgánica de la Contraloria General de la República (folios 3830 y 3831). En este mismo orden de ides, n fecha 11 de octubre de 2004, s Iibrd Oficio de citación N° 08-01-1408 al cludadano BAUDILIO GÓMEZ GALARRAGA, Stular de la códula de Identidad N° 4.087.891, de conformidad con lo dispuesto en el rticulo 119 de la Ley Organica de la Contraioria Ganeral de la Repúbli a vigente para ese momento, aplicable por mandato del aticuo 117 de la Lay Orgánica de la Contraioria Ganeral de la República y del Sistema Naclonal de Control Fiscal, a fin de que compareciera a rendir deciarsción ante la Dirección de Daterminación de Responsablidades de la Dirección General de Procedimientos Especieies de ia Contraiora General de la Repúbica (folios 3833 y 3834). Sin embargo, a través de Acta de lecha 10 de noviembre de 2004, suscrito por el mensajero de la Contraloria del Estado Carebobo, dejo constancia de haber realizado vialas los dias 08 y 08 de noviembre de 2004, a la residencia del cludadano BAUDILIO GÓMEZ GALARRAGA, donde l informaron qus no se encontraba, haciêndos Imposible GÓMEZ GALARRAGA, ests Dirección de Determinación de Responsabilidedes procedió lIbrar carteles de prendas de fecha 08 y 10 de enero de 2005, on los diarlo "Ultimas Noticis" y "El Carabobeño". a los fines de lograr ias comparecencia del mencionado ciudadano para que rindiers deciarsción con motivo de presuntas Irregularidades ocurridas en la Dirección Reglonel Maturin del Proyecto de Acción de Integración Social (Pian Bolivar 200), durante el afo 199, conforme al articulo 223 del Cdigo de Procedimiento Cili, advirtiendo además que de no comparecer en el lapeo sefñaliado o dentro de los tres (3) dias sigulentes a su vencimiento, ain que medars Justicación suficlento, quedaría sujeto a les consecuencias previstas en el articulo 19 de Is derogada Ley Orgánica de la Contraloria Ganeral de la Repáblica. Cabe destacar que los Cludadanos NESTOR GONZALEZ GONZALEZ y BAUDILIO GÔMEZ GALARRAGA, no comparecleron a rendir decleracin por ante ests Direccion en el lapso previsto por Leay. por lo cual en fechas 20 de diciembre de 2004 y 4 de febrero de 2005, se procedió a formularios cargos EN AusEnCIA, al primero de los nombrados en su condición de DIrector Ragional Maturn, Estado Monagas, del Proyecto de Acción de Integración Soclal (Plan Bollvar 200). y al segundo, en su condición de Administrador de la referida Dirección Regionai, ambos durante el ejerciclo fiacal 1990 (oios 3782 al 3785 y 3789 al 3782), en los 1ovinos sigulentos: "PRIMERO: Por habor ofecluado pagos por un monto do SIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 7.510.000,00). supuestamente por concaplo de mano de obra para ejecución de obras, ael como pagos de nóminas de parsonal, siendo que lados gestos no fueron página original (tal como se publicó) [Página 72] DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXXXIX — MES III N° 6.069 Extraordinario Caracas, martes 10 de enero de 2012 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas - Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 72 Págs. costo equivalente a 27,65 % valor Unidad Tributaria cia do los h Cursa en ol expediente administrativo, suto de feche 12 de mayo de 2005, a través del cual esta Direcclôn acordó notificar por cartsleas s los ciudadanos NESTOR GONZALEZ GONZALEZ y BAUDILIO GÓMEZ GALARRAGA, Itulsces de Ies cÓdulas de Identidad Nros, 3.58.075 y 4.087.891, los cargos fomuledos en ausencia, en aras de priviegler al derecho a la dalonsa qua los sist (foos 3797 y 3798). No obatanto, concedido como fue ol plazo de cuarenta y cinco (45) dias continuos contados' a partir del tercer dia habil siguiento a Ia publicación del presentó canal, de conformidad con la normativa all dispuesta, se evidencio que los cludadanos Cargos en Ausencia, razón por la cual, quien suscriba, Director de la Dirección de lidades de le Dirección General de Proc BUBencia a los CUdadanOs NESTOR GONZÁLEZ GONZALEZ y BAUDILIO GÓMEZ GALARRAGA, pi diclembre de 2004 y 04 de febrero de 2005 (follos 3782 al 3785 y 3789 al 3782). Asl so decido.- DISPOSITIVA Director de Determinación de Responsabiddes da la Dirección Gecerai de Procedmientos Especlales, actuando da conformidad con el aricuo 2° numeral 19 de la Resolución Organizativa N° 5 de fecha 23 de diciembre do 2003, emanada do este Maximo Organo de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Olicial de la Repúblics Bolvariana de Venszuela N° 37.881 de fecha 17 de febrero de 2004, y por dalegadión de cludadano Contralor General de la Repúbica, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley Orgánica do Ia Contraloria Genorail de la Repúbica y del Siatemo Nacional de Control Fiacal, según consi an Rsolución ° 01-00-035 de fecha 17 do enero de 2005. publicado en ia Gaceta Oficlial de la República Bolivarians de Venezusla N° 38.364 de fecha 24 de anero del mismo año, procediendo en atención a la atribución e Repúblioa y del Sistema Nacional de Control Flacal, pars dictar las decisiones a que se de ia misma Ley. publicada en Geceta Oficlal de le República Bolivariana de Venezuela N° 8.013 Extrordinario de fecha 23 de dicembre de 2010, pasa a emitir lo siguientes 1. Se deciara la Responsabid Adminiotaiva de los cludadanos: CARLOS LEOPOLDO BAZZANELLA MODERA, tular de la cédula de identidad N° 3.300.515, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de profesión militar an stueción de retiro, domicilado en Avenida Avia, edición La Fe. piso 1. spartamento 5. San Bernardino, Caracas, Distrilo Capital, por los hechos que se lo Imputan en el Acta do Formulación de Cargos de fecha 17 de agosto de 2004 (follo 3818 al 3820). JOHNNY JOSÈ MARIN SERRANO, tular de la cédula de Idenldad N° 4.852.337, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de profesión miltar en sarviclo asctvo, domiollado en Urbanización Armando Reverón, Bioque 1. piso 1, spartamanto 1-1, Sector Guarscarmbo. Cate La Mar, Estedo Vargas, por los hechos que s le Imputan en el Acta de Formulación do Cargos do fecha 18 de agosto de 2004 (folio 3821 al 3623). NESTOR GONZALEZ GONZALEZ, tutar de la cduln de Identidad N° 3.S8.875, de nacionalidad venezolena, mayor de edad, domicilado en Urbanicación La Boyers, Avenida 1, Qunta LOA, Municpio El Hatlo, Estado Mirenda, por lo hechos que so le imputan en el Acta de Femulaión de Cargos en Ausencie do fecha 20 do diclambro de 2004 (follos 3782 al 3765). BAUDILIO GÓMEZ GALARRAGA, Iular'do la cédula de Identidad N° 4.087.891, do venezolana, mayor de aded, domiclido en Avenida Universidad, Urbanteación Matar, G.D. Lino de Clemanto, cess N° 13, Veilencla, Estado Carabobo, por los hechos que se le Imputan en al Acta de Fomulación de Cargos en Ausencis de fecha 2. En atención a lo dispuesto en el articulo 10s de la Lay Orgánica de la Contrsioria General do la República y del Sistema Nacionai de Control Fiscal, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 121 do Is Ley Orgánica de la Contraloria General de ia República, vigente para el momento de Ia ocurrencia de los hechos irregulares objeto del presente DEVENEZUELA. Artículo I2. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles. sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario: y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único. Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial. Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea conveniente porel Ejecutivo Nacional. Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyOs ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos. Sistema Nacionel de Control Fiscal. ali como en resguardo del Pincipio de Irretroactividad de la Ley contenido en el articulo 44 de la Constitución de la República de Venezuela, vigente para la época de ocurrencia de los hechos, actuaments rtículo 24 Direpción de Delermi sinación de Responsabilidados, on concordancia con el articulo 68 del la Gascsta Ofcial de la Repúlca de Venezuela N° 5.128 Exdraordinario de fecha 30 ds ocurrencia de los hechos, y habiéndose considerado y compensado de conformidad con República y del Sistema Naclonal del Control Fiscal, la circunstancia agravante contenido el articulo 67 del Reglamento de la Lay Orgánica de la Contraloria General de la alon o de otra Naturaiaza en Leyes Vigentes (Gaceta Olicial N° 38.362 mbre de 1997). que sustituye al diario minimo como factor de cálculo de sanciones por el valor equivelents on bollvares a tres (3) unidades trbutaras nañaladss, a saber cincuenta y sels (56) salarios minimos que al splicarios al factor de contemplado en la mencionada Ley, resulta la cantidad de clanto ssents y ocho unidades tributarias (18 U.T). ACUEROA, Imponer multa de manera IndividualL, por Is calidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES EDCACOs (Ba.1.012,0), que luego de césar la conversión monetaria repreena Ia cantidad de un mi seiscientos doco bolveres fuertes con ochenta oántimos (Ba. F. 1.812.80), a Ios cUdadanOs: CARLOS LEOPOLDO BAZZANELLA MODERA y condiciones de Director Regional en Barcelona, Estado Anzoátogui y. Administrador en la Direción Regional en Barceiona, Estado Anzoátegui, respectivamente; NEaTOR Identificados en autos, en sus condiclonos de Director Rogilonal en Maturin, Estado Monagas y. Administrador en Msturin. Estedo Monagas, respectivamente, todos dal Proyecto de Acción de Integración Social (Plan Bolivar 2000), teniendo en considensción que el valor de la unided tributaria pers la época lue estableció on NUEVE ML SEISCIENTOS BOLIVARES (Rs 0.600.00). siendo su equivalente en NUEVE BOLIVARES FUERTES CON SESENTA CÉNTIMOS (Bs. F. 9,80), segÚn la Providencia N° 088 de fecha de 29 de marzo de 199. emanada del SenvicioNacional Intagrado de Administredión Tributaria (SENIAT). publicada en la Gabota Ofical N° 36.873 de fecha 05 3.- Se advierte a los cludadanos CARLOS LEOPOLDO BAZZANELLA MODERA, JOHNNY JOSÉ MARIN SERRANO, NESTOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ y BAUDILIO GMEZ GALARRAGA, plenamente Identificados, qus do conformidad con lo dispuesto on al articulo 107 de la Lay Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, podrán Interponer contra la presento declaratoria de responsabiidad el corespondiento Recurso de Reconsidaración anta quen suscribe, dentro de un lspsa de quince ([15) dias hábiles más un (1) dia continuo comrespondiactos al lórmino NESTOR GONZALEZ GONzALEZ, asi como dos (2) das continuos comespo diente al têreino de la distancia, en el ceso del cUdadano BAUDILIO GÓMEZ GALARRAGA, contados s partr de la fecha de noticaión del presonte auto decoro o de scuardo con lo previsto en el articulo 108 de la Ley Orgánica de la Contralora General de l Repúbica y del Sistema Nacional del Control Piacal, podran interponer Recurso de Nuldad por ante el Trlbunal Supremo de Justicia, dentro de un lapso de seis (8) meses, contados a partr del dia siguiente a la notlticación del presunto auto decisorio. 4.- En atención a los principios de ojecutvidad y ejeculoriedad de los actos administrativos sa ordena la aplicación y formalización de ln multa a que se retrotrae el presente auto decisorio. ejemplar del presente suto a la Direoción de Control del Sector de los Poderes Nacionales y de Segurdad Publica de la Dirscción General de Control de los Poderes Publicos y a la Dirección General da Coordinación y Seguimiento adscrita al Despacho del 6.- Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gsceta Oiclal de la República Bolivaríana de Venezuela. de conformidad con el articulo 101 del Regliamento de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la Repúbica y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Cúmpless, página original (tal como se publicó)