[Página 1] Caracas, jueves 4 de abril de 2024 Número 42.852 AÑO CLI - MES VI SUMARIO MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Corporación de Los Andes, (CORPOANDES) Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Noris Evelicis Oviedo Carrero, como Jefe (E) de la Oficina de Gestión Administrativa, de esta Corporación. Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Yuleici Coromoto Verdi Molina, como Gerente General (E), de esta Corporación. Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Jean Carlos Lacruz, como Director General (E) de Seguimiento de Proyecto, de esta Corporación. Providencia mediante la cual se designa al ciudadano José Javier Pérez Ángulo, como Director General (E) de Formación para la Planificación Popular, de esta Corporación. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO INATUR Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Delia Teresa Loreto Celis, como Gerente de la Unidad Estadal del estado Bolivariano de Miranda, en calidad de Encargada, de este Instituto, ente adscrito a este Ministerio. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN Resolución mediante la cual se crean los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE), Estadales, Municipales y Parroquiales, adscritos a este Ministerio. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA INTU Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Carmen Maritza Zamora Mogollón, como Gerente de la Oficina de Consultoría Jurídica, de este Instituto. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN Resoluciones mediante las cuales se otorga el beneficio de Jubilación Especial y Jubilación Ordinaria, a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Arly Carolina Longart Martínez, como Auditora Interventora de la Unidad de Auditoría Interna de la Compañía Anónima Metro de Caracas (CAMETRO). MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN página original (tal como se publicó) [Página 2] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN CORPORACIÓN DE LOS ANDES (CORPOANDES) PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 001-2024 ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, 15 de MarZo de 2024 Quien suscribe AIDALY DEL MILAGRO LENZO GAMEZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.103.831, actuando con el carácter de SECRETARIA GENERAL, Encargada de la Corporación de Los Andes (CoRPoANDES), designada mediante Providencia Administrativa N° 001-22 de fecha 28 de Marzo de 2022, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.837 de fecha 12 de marzo de 2024; en uso de las atribuciones previstas en el artículo 10 literal "F" de la Ley de la Corporación de Los Andes, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.0 27.619 de fecha quince (15) de Diciembre de 1964, posteriormente reformada en forma parcial por el Congreso de la República en fecha dos (02) de Agosto de 1971, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.° 29.623, de fecha veintinueve (29) de Septiembre de 1971, de conformidad con la delegación prevista en el artículo 2 de la Providencia Administrativa No 001-2022 del 28 de Marzo del 2022 y en el Segundo Punto del Acta de Directorio 001-22 del Directorio Ejecutivo de CORPOANDES del 28 de Marzo del 2022, en concordancia con lo establecido en los artículos 14 y 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, dicto el siguiente acto Administrativo. PROVIDENCIA Artículo 1. Designar a la ciudadana YULEICI COROMOTO VERDI MOLINA, titular de la Cédula de Identidad N° V 12.486.780, como GERENTE GENERAL (E) de la Corporación de Los Andes (CoRPOANDES) Artículo 2. Los actos y documentos que se suscriban en ejercicio de la presente designación, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma del funcionario la fecha y número de esta providencia, así como el número y fecha de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela donde hubiere sido publicada. Artículo 3. La presente providencia entrará en vigencia a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Aidaly del Milagro Lenzo Gamez Secretaria General (E) de la Corporación de Los Andes (CORPOANDES) Providencia Administrativa N° 001-22 del 28 de Marzo de 2022 Gaceta Oficial de la República Bolivariara de Venezuela Nº 42.837 de fecha 12 de marzo de 2024 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN CORPORACIÓN DE LOS ANDES (CORPOANDES) PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 003-2024 ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, 15 de MarZo de 2024 Quien suscribe AIDALY DEL MILAGRO LENZO GAMEZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.103.831, actuando con el carácter de SECRETARIA GENERAL, Encargada de la Corporación de Los Andes (CORPoANDES), designada mediante Providencia Administrativa N° 001-22 de fecha 28 de Marzo de 2022, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.837 de fecha 12 de marzo de 2024; en uso de las atribuciones previstas en el artículo 10 literal "F" de la Ley de la Corporación de Los Andes, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.° 27.619 de fecha quince (15) de Diciembre de 1964, posteriormente reformada en forma parcial por el Congreso de la República en fecha dos (02) de Agosto de 1971, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.° 29.623, de fecha veintinueve (29) de Septiembre de 1971, de conformidad con la delegación prevista en el artículo 2 de la Providencia Administrativa N° 001-2022 del 28 de Marzo del 2022 y en el Segundo Punto del Acta de Directorio 001-22 del Directorio Ejecutivo de CORPOANDES del 28 de Marzo cel 2022, en concordancia con lo establecido en los artículos 14 y 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, dicto el siguiente acto Administrativo. PROVIDENCIA Artículo 1. Designar al ciudadano JEAN CARLOS LACRUZ, titular de la Cédula de Identidad N°13.524.997, como Director General (E) de Seguimiento de Proyecto de la Corporación de Los Andes (CoRPoANDES) Artículo 2. Los actos y documentos que se suscriban en ejercicio de la presente designación, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma del funcionario la fecha y número de ésta providencia, así como el número y fecha de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela donde hubiere sido publicada. Artículo 3. La presente providencia entrará en vigencia a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Aidaly del Milagro Lenzo Gamez SecretariaGeneraldE) de la Corporación de Los Andes (CORPOANDES) Providencia Administrativa N° 001-22 del 28 de Marzo de 2022 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.837 de fecha 12 de marzo de 2024 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN CORPORACIÓN DE LOS ANDES (CORPOANDES) PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 002-2024 ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, 15 de MarZo de 2024 Quien SuSCribe AIDALY DEL MILAGRO LENZO GAMEZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.103.831, actuando con el carácter de SECRETARIA GENERAL, Encargada de la Corporación de Los Andes (CoRPOANDES), designada mediante Providencia Administrativa N° 001-22 de fecha 28 de Marzo de 2022, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.837 de fecha 12 de marzo de 2024; en uso de las atribuciones previstas en el artículo 10 literal "F" de la Ley de la Corporación de Los Andes, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.° 27.619 de fecha quince (15) de Diciembre de 1964, posteriormente reformada en forma parcial por el Congreso de la República en fecha dos (02) de Agosto de 1971, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.° 29.623, de fecha veintinueve (29) de Septiembre de 1971, de conformidad con la delegación prevista en el artículo 2 de la Providencia Administrativa N° 001-2022 del 28 de Marzo del 2022 y en el Segundo Punto del Acta de Directorio 001-22 del Directorio Ejecutivo de CORPOANDES del 28 de Marzo del 2022, en concordancia con lo establecido en los artículos 14 y 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, dicto el siguiente acto Administrativo. PROVIDENCIA Artículo 1. Designar al Ciudadano JOSE JAVIER PEREZ ÁNGULO, titular de la Cédula de Identidad N°12.780.545, como Director General (E) de Formación para la Planificación Popular de la Corporación de Los Andes (CoRPOAnDES) Artículo 2. Los actos y documentos que se suscriban en ejercicio de la presente designación, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma del funcionario la fecha y número de ésta providencia, así como el número y fecha de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela donde hubiere sido publicada. Artículo 3. La presente providencia entrará en vigencia a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la Bepública Bolivariana de Venezuela. Aidaly del Milagro Lenzo Gamez Secretaria GeneraLCE) de la Corporación de Los Andes (CORPOANDES) Providencia Administrativa N° 001-22 del 28 de Marzo de 2022 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.837 de fecha 12 de marzo de 2024 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO DIRECCIÓN EJECUTIVA NÚMERO: P/N° 004-24 Caracas, 01 de abril de 2024. 213°, 165° y 25° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA El Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Turismo, designado mediante Resolución N° 004 de fecha 26 de enero de 2021, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.056 de fecha 27 de enero de 2021; actuando en ejercicio de la atribución conferida en el numeral 9 del artículo Primero de la Providencia Administrativa Número: P/N° 009-21, de fecha 01 de febrero de 2021, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.085, de fecha 11 de marzo de 2021; en concordancia con lo establecido en el numeral 8 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522, de fecha 6 de septiembre de 2002; decide: Artículo 1. Se designa a la ciudadana DELIA TERESA LORETO CELIS, titular de la cédula de identidad N° V-16.552.812, como Gerente de la Unidad Estadal del Estado Bolivariano de Miranda, en calidad de Encargada del Instituto Nacional de Turismo (INATUR), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Turismo. Artículo 2. La presente Providencia entrará en vigencia, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese. INATUR ASDRÚBAL VICENTE RINCONES VILLAIBA DIRECTOR EJECUTIVO INATHR Resolución N° 004 de fecha 26 de enero de 2021, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.056 de fecha 27 de enero de 2021; por Delegación del Presidente Encargado del Instituto Nacional de Turismo, según Providencia Administrativa Número: P/N° 009-21, de fecha 1 de febrero de 2021, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.085, de fecha 11 de marzo de 2021. página original (tal como se publicó) [Página 3] MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Despacho de la Ministra DM/N° 009 Caracas, 07 de Marzo de 2024 213°, 165° y 25° La Ministra del Poder Popular para la Educación, YELITZE DE JESÚS SANTAELLA HERNÁNDEz, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.335.303, y de este domicilio, designada mediante Decreto N° 4.565, de fecha 19 de agosto de 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.638 Extraordinario, de la misma fecha, en cumplimiento del artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con las atribuciones que le confiere los artículos 63, 64, 65 y 78 numerales 1, 2, 3, 13 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en atención a lo establecido en el artículo 53 del Decreto sobre la Organización General de la Administración Pública Nacional; de acuerdo con el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; así como los artículos: 2, 3, 6 numeral 1 literales a, d y e, numeral 2 literal d, g, numeral 3 literal i, 14, 15, 24 y 25 de la Ley Orgánica de Educación. CONSIDERANDO Que el Estado tiene como fines esenciales la defensa y desarrollo de la persona, el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular y la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, siendo la educación y el trabajo los procesos fundamentales para alcanzar estos fines. CONSIDERANDO La Educación es un derecho humano y deber social fundamental, es obligatoria y gratuita en todos los niveles y modalidades, articulando de forma permanente, el aprender a ser, a conocer, a hacer y a convivir, para desarrollar armónicamente los aspectos cognitivos, afectivos, axiológicos y prácticos, superando la fragmentación y la atomización del saber; garantizando el derecho pleno a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones, acordes a sus aptitudes, vocación y aspiraciones con la finalidad de potenciar la creatividad y el pensamiento crítico para alcanzar una sociedad democrática, basada en la valoración ética y social del trabajo liberador. CONSIDERANDO Que el Estado asume la educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, como proceso esencial y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, para desarrollar el potencial creativo del ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad, para que participe en los procesos de transformación social y económica del país. CONSIDERANDO Que el Estado docente es la expresión rectora en Educación y en tal sentido cumple la función indeclinable y de máximo interés como derecho humano universal y deber social fundamental, inalienable, irrenunciable, y como servicio público que se materializa en las políticas educativas, en consecuencia se rige por los principios de integridad, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad y garantiza el derecho pleno a una educación integral, permanente, continua y de calidad; garantiza además la gratuidad de la educación en todos los centros e instituciones educativas oficiales hasta el pregrado universitario, el acceso al sistema educativo a las personas con necesidades educativas y/o con discapacidad. CONSIDERANDO Ejecutivo Nacional, facultado para ejercer la rectoría y competencia del subsistema de educación básica, ejerciendo la orientación, la dirección estratégica y la supervisión del proceso educativo, en tal sentido, garantiza, regula supervisa, controla, planifica, ejecuta y coordina la organización y funcionamiento del Subsistema de Educación Básica para asegurar el pleno y efectivo disfrute del derecho Constitucional a la educación y el cumplimiento y desarrollo del Plan de la Patria. CONSIDERANDO Que en el marco de las transformaciones sociales motivadas por el vertiginoso desarrollo de la ciencia, tecnología, los medios digitales unidos a las nuevas complejidades económicas y sociales post-pandémicas que afectan el mundo, el Ministerio del Poder Popular para la Educación ha definido tres líneas principales de acción: las Gestión Territorial, la Gestión Curricular y la Organización Escolar, con el fin de consolidar a la escuela como epicentro de la acción social y desarrollo territorial que garantice la calidad de la educación, el diagnóstico socioeducativo pormenorizado en el territorio, la participación de la comunidad educativa, los movimientos de la calidad educativa y los actores del poder popular, la formación continua y permanente atendiendo a las particularidades territoriales articuladas a los motores económicos y sociales que impulsa el Estado venezolano. RESUELVE Creación y adscripción Artículo 1. Se crean los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE), Estadales, Municipales y Parroquiales, adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Definición Artículo 2. Los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE), son unidades territoriales desconcentradas de dirección, coordinación, acompañamiento y políticas, procesos educativos pedagógicos, técnicos-administrativos, sociales, culturales, recreativos y deportivos emanados del Ministerio del Poder Popular para la Educación, en cada institución educativa pública y de gestión privada de acuerdo a su realidad territorial al contexto socio histórico-cultural. Organización de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE) Artículo 3. Los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE), se constituyen conformidad a la división política de cada estado y las particularidades propias de la gestión territorial. Fines Artículo 4. Los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE), tienen como finalidad fortalecer el desarrollo de los pianes, programas y proyectos emanados del ente rector, que posibilite tomar decisiones oportunas y acertadas, para garantizar el cumplimiento de las políticas públicas educativas, dirigidas a lograr una educación integral de calidad para todas y todos en las instituciones educativas públicas y de gestión privadas, impulsando los procesos de formación permanente, investigación y supervisión, de maestras, maestros, madres, padres, representantes, responsables, voceros de las diferentes organizaciones sociales, escolares, coordinando los procesos pedagógicos-curriculares, técnicos administrativos y productivos en los territorios, con un enfoque holístico humanista, emancipador, liberador, que integre a todas y todos los corresponsables de la comunidad educativa, para el ejercicio de los deberes y derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con ello alcanzar el fortalecimiento de la calidad educativa como política del Estado venezolano. Conformación de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE) Estadales Artículo 5. Los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE) Estadales, serán dirigidos por una Directora o Director de libre nombramiento y remoción designado por la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación. Los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Municipales y Parroquiales serán designados por la Directora o Director del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa Estadal. Serán de libre nombramiento y remoción y solo podrán ser removidos por causas justificadas. Perfil de las Directoras o Directores de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Estadales Artículo 6. Las Directoras o Directores de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Estadales, deberán reunir los siguientes requisitos: 1. Ser venezolana o venezolano. 2. Poseer título de Profesor o Licenciado en Educación. 3. Titular de cargo Docente V o VI, con experiencia mínima de quince (15) años en el ejercicio de la profesión y conocimientos en dirección y supervisión en los niveles y modalidades del Subsistema de Educación Básica. 4. Aptitud para el liderazgo colectivo y determinación en la toma de decisiones. 5. De reconocida solvencia moral y ética y con méritos académicos suficientes que acrediten su eficiencia profesional. 6. Con compromiso ante la labor docente, pedagógica con el interés supremo de la Patria, articulador e integrador en el ámbito territorial. Funciones de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Estadales Artículo 7. Las Directoras o Directores de la Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Estadales tienen entre otras las siguientes funciones: 1. Garantizar la inclusión, permanencia, prosecución, formación integral y de calidad de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos, así como también a las personas con necesidades educativas especiales y/o con discapacidad en las instituciones educativas públicas y de gestión privada del Subsistema de Educación Básica, para que ejerzan plenamente su derecho a la educación y evaluar los procesos en la gestión administrativa, sean estas de dependencia nacional, estadal y municipal. página original (tal como se publicó) [Página 4] 2. Firmar actos y documentos inherentes a su despacho y rendir cuenta a la Ministra o Ministro. Establecer espacios de encuentros permanentes con Directoras y Directores 3. de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Municipales y Parroquiales, espacios que permitan orientar, caracterizar, planificar, acompañar, hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de las políticas educativas, en las instituciones educativas públicas y de gestión privada, ubicadas en su ámbito territorial. Garantizar el cumplimiento de las políticas públicas educativas, normativas 4. jurídicas vigentes, planes, programas, proyectos, acciones y estrategias en su ámbito territorial. Así como mantener actualizado el Sistema de Gestión Escolar (SIGE), para dar respuesta, a las orientaciones emanadas por la Ministra o el Ministro. 5. Garantizar el funcionamiento de todas las instituciones educativas oficiales y de gestión privada del Subsistema de Educación Básica, a fin de que se cumplan los planes, programas y proyectos emanados del ente rector. 6. Orientar, acompañar y evaluar la gestión pedagógica, administrativa, sociocomunitaria y productiva de las instituciones educativas oficiales y de gestión privadas ubicadas en su respectivo ámbito geográfico, de conformidad con las instrucciones de la Ministra o Ministro. 7. Presentar a la Ministra o al Ministro del Poder Popular para la Educación informe trimestral y anual de las actividades realizadas en su ámbito territorial. 8. Las demás atribuciones que establezcan las Leyes, Reglamentos y Resoluciones en materia de su competencia, y las que le asigne el ente rector. Estructura Organizativa de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Estadales Artículo 8. Los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Estadales estarán integrados por: 1. Directora o Director. 2. Secretaría de Gestión Interna. 3. Coordinación de Educación Básica y Calidad Educativa. 4. Coordinación de Acompañamiento y Evaluación del Sistema Educativo. 5. Coordinación de Comunidades Educativas y Proyectos Productivos. 6. Coordinación de Desarrollo y Protección Estudiantil. 7. Coordinación de Formación e Investigación Permanente. De la Secretaría de Gestión Interna Artículo 9. Secretaría de Gestión Interna: Es la unidad de apoyo a la gestión educativa en el ámbito territorial encargada de coordinar, planificar y generar acciones de gestión y control de los procesos de administración, planificación, presupuesto, gestión humana, asesoría jurídica, informática y gestión comunicacional, estará integrada por las unidades de: Administración, Planificación y Presupuesto, Gestión Humana, Asesoría Jurídica, Informática y Gestión Comunicacional. De la Coordinación de Educación Básica y Calidad Educativa Artículo 10. Coordinación de Educación Básica y Calidad Educativa: Es la unidad que articula, planifica, acompaña todos los niveles y modalidades del Subsistema de Educación Básica. De la Coordinación de Acompañamiento y Evaluación del Sistema Educativo Artículo 11. Coordinación de Acompañamiento y Evaluación del Sistema Educativo: Es la unidad que supervisa la labor de los centros educativos público y de gestión privada a través del acompañamiento realizado por las Directoras o Directores de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Municipales y Parroquiales en el ámbito territorial. De la Coordinación de Comunidades Educativas y Proyectos Productivos Artículo 12. Coordinación de Comunidades Educativas y Proyectos Productivos: Es la unidad que promueve y fortalece la organización de la Comunidad Educativa, fomenta el desarrollo de la modalidad de la Educación Intercultural, Educación Intercultural Bilingüe y Educación en Fronteras, realizando nuestras costumbres y tradiciones, orienta, fortalece y acompaña los procesos Socioproductivos consolidando en el territorio, las Unidades de Producción Escolar Territorial Aristóbulo Istúriz (UPETAI), el Programa Manos a la Siembra y todas las formas de organización que permitan avanzar en la pedagogía productiva. De la Coordinación de Desarrollo y Protección Estudiantil Artículo 13. Coordinación de Desarrollo y Protección Estudiantil: Es la unidad encargada de garantizar la atención, prevención y promoción en materia de protección de los derechos y deberes de niñas, niños y adolescentes del Subsistema de Educación Básica, articulando con los órganos del sistema de protección integral. De la Coordinación de Formación e Investigación Permanente Artículo 14. Coordinación de Formación e Investigación Permanente: Es la responsable de la formación continua y permanente de los actores educativos, territoriales, poder popular, entes y organizaciones públicas y privadas, que viabilicen el desarrollo de los procesos educativos, planes y proyectos de la escuela como epicentro de acción social y desarrollo territorial con miras a establecer planes de acción que fortalezcan la calidad educativa, así como los procesos de medición vinculados al Observatorio de la Calidad Educativa Venezolana. Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Municipales Artículo 15. Los Centro de Desarrollo de Calidad Educativa Municipales constituyen la unidad rectora de gestión municipal que ejecuta y supervisa en su jurisdicción las políticas educativas emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Educación y estarán adscritos al Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa Estadal. Perfil de las Directoras o Directores de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Municipales Artículo 16. Las Directoras o Directores de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Municipales, deberán reunir los siguientes requisitos: 1. Ser venezolana o venezolano. 2. Poseer título de Profesor o Licenciado en Educación. 3. Titular del cargo Docente IV, con un mínimo de experiencia de siete (07) años en dirección y supervisión en los niveles y modalidades del Subsistema de Educación Básica. 4. Aptitud para el liderazgo colectivo y determinación en la toma de decisiones. 5. De reconocida solvencia moral y ética y con méritos académicos suficientes que acrediten su eficiencia profesional. 6. Con compromiso ante la labor docente, pedagógica con el interés supremo de la Patria. 7. Capacidad para la articulación e integración en el territorio. Estructura Organizativa de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Municipales Artículo 17. Los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Municipales, estarán integrados por: 1. Directora o Director del Centro Municipal. 2. de dirección, supervisión y Coordinación Territorial del Proceso acompañamiento de la política educativa. 3. Coordinación de Educación Básica (Niveles y Modalidades). 4. Coordinación Municipal de Investigación y Formación Docente y Calidad Educativa. 5. Coordinación de Desarrollo y Protección Estudiantil y Comunidades Educativas. Funciones de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Municipales Artículo 18. Los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Municipales, tendrán las siguientes funciones: 1. Supervisar, evaluar y acompañar en el ámbito geográfico, la coordinación de la gestión territorial en lo pedagógico-curricular, técnico administrativo, integración, organización sociocomunitaria y socioproductiva en las instituciones educativas públicas y de gestión privada. 2. Realizar el seguimiento, control, y sistematización de los instrumentos que se aplican para la supervisión en las instituciones educativas públicas y de gestión privada en su ámbito territorial y establecer previo diagnostico las acciones que permitan mejorar los procesos educativos. 3. Garantizar en su ámbito territorial, la cobertura total del ingreso, permanencia y prosecución de estudios en el Subsistema de Educación Básica. Diseñar planes de acción mensual que involucre los procesos pedagógicos, 4. curriculares, técnico administrativo, sociocomunitario y socioproductivo a ser ejecutados en las distintas instituciones públicas y de gestión privada del Subsistema de Educación Básica en las distintas parroquias que conforman su ámbito territorial. 5. Impulsar en su jurisdicción el proceso de digitalización de los archivos del historial académico de las y los estudiantes del Subsistema de Educación Básica. 6. Promover la formación integral del personal docente, administrativo y obrero, de las instituciones educativas públicas y de gestión privada para desarrollar sus potencialidades profesionales, mediante la autoformación, la formación en colectivo en el lugar de trabajo o fuera del mismo. 7. Realizar encuentros quincenales con las Directoras y Directores de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Parroquiales y mensuales con las Directoras y Directores de las instituciones educativas públicas y de gestión privada, para garantizar y evaluar el cumplimiento de las políticas educativas y la ejecución de planes, programas y proyectos emanados del Ministerio del Poder Popular para la Educación. 8. Presentar a la Directora o Director del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa Estadal informe mensual de las actividades realizadas en su ámbito territorial. 9. Las demás atribuciones que establezca las Leyes, Reglamentos y Resoluciones en materia de su competencia, y las que le asigne el ente rector. página original (tal como se publicó) [Página 5] Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa Parroquiales Artículo 19. Los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Parroquiales constituye la unidad de gestión rectora del Ministerio del Poder Popular para la Educación en cada Parroquia y estará adscrito al Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa Estadal. Perfil de las Directoras o Directores de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Parroquiales Artículo 20. Las Directora o Directores de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Parroquiales, deberá reunir los siguientes requisitos: 1. Ser venezolana o venezolano. 2. Poseer título de Profesor o Licenciado en Educación. 3. Titular de cargo Docente III, con un mínimo de experiencia de cinco (05) años en dirección, supervisión en los niveles y modalidades del Subsistema de Educación Básica. 4. Aptitud para el liderazgo colectivo y determinación en la toma de decisiones. 5. De reconocida solvencia moral y ética y con méritos académicos suficientes que acrediten su eficiencia profesional. 6. Con compromiso ante la labor docente, pedagógica con el interés supremo de la Patria. 7. Capacidad para la articulación e integración en el territorio. De la Estructura de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Parroquiales Artículos 21. Los Centros de Desarrollo por la Calidad Educativa Parroquiales, estarán integrados por: 1. Directora o Director del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa Parroquial. 2. Coordinación Territorial del Proceso dirección, supervisión acompañamiento de la política educativa. 3. Coordinación de Educación Básica (Niveles y Modalidades). 4. Coordinación de Colectivos de Investigación y Formación de Calidad Educativa. 5. Coordinación de Protección y Desarrollo Estudiantil y Comunidades Educativas. Funciones de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Parroquiales Artículo 22. Serán funciones de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Parroquiales las siguientes: 1. Realizar los procesos de dirección y supervisión en las instituciones educativas los supervisores educativos, directoras y directores de las instituciones educativas, procurando la participación democrática y protagónica de las diferentes voceras y voceros de la Organización Escolar. 2. Ejecutar en la instituciones educativas públicas y de gestión privada del Subsistema de Educación Básica, los planes de acción mensual, establecidos por el Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa Municipal, en articulación con las supervisoras y los supervisores, directoras y directores de las instituciones educativas, procurando la participación democrática y protagónica de las distintas vocerías de la Organización Escolar. 3. Asegurar en su ámbito territorial el funcionamiento de todas las instituciones educativas públicas y de gestión privada del Subsistema de Educación Básica, así como garantizar la cobertura total del ingreso, permanencia y prosecución de las y los estudiantes. 4. Realizar encuentros quincenales con las supervisoras y supervisores, directoras y directores de las instituciones educativas públicas y de gestión privadas del Subsistema de Educación Básica, Defensoras y Defensores Escolares, Voceras y Voceros de la Organización Escolar y del Poder Popular en su ámbito territorial, para socializar orientaciones pedagógicas, técnicas y administrativas emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Educación y evaluar el cumplimiento de las políticas públicas educativas que este direccione. 5. Aplicar en las instituciones educativas públicas y de gestión privada del Subsistema de Educación Básica de su ámbito territorial, los instrumentos de valoración emanados del ente rector que permitan obtener un diagnostico objetivo de la realidad institucional, así como determinar los indicadores de evaluación educativa para implementar las acciones y tomas de decisiones que fortalezcan la calidad educativa. 6. Caracterizar periódicamente las instituciones educativas públicas y de gestión privada del Subsistema de Educación Básica ubicadas en su ámbito territorial y mantener actualizada la información sobre la infraestructura escolar, número de secciones, cantidad de grados, matrícula que atiende, personal docente, administrativo y obreros que laboran, necesidades de personal, así como los planes, programas y proyectos ejecutados y por ejecutar y la conformación y funcionamiento de las Brigadas, Consejos Educativos, Organizaciones Estudiantiles, Movimiento Bolivariano de Familia (MBF) y Unidades de Producción Escolar Territorial Aristóbulo Istúriz (UPETAI). 7. Garantizar la formación integral del personal docente, administrativo y obrero, de las instituciones educativas públicas y de gestión privada para desarrollar sus competencias profesionales, mediante la autoformación, la formación en colectivo en su lugar de trabajo o fuera del mismo. 8. Realizar el proceso de digitalización de los archivos del historial académicos de las y los estudiantes inscritos en las instituciones educativas públicas y de gestión privadas del Subsistema de Educación Básica, en su ámbito territorial 9. Presentar informe de gestión mensual al Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa Municipal sobre el desarrollo de las actividades ejecutadas en su jurisdicción, así como proponer las recomendaciones que contribuyan a fortalecer la escuela como epicentro de la acción social. 10. Las demás atribuciones que establezcan las Leyes, Reglamentos y Resoluciones en materia de su competencia, y las demás que les asigne el ente rector. Seguimiento y Control de las Instituciones Educativas Artículo 23. Cada Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa Estadal, Municipal o Parroquial tendrá bajo su control, responsabilidad y seguimiento a las Instituciones Educativas públicas y de gestión privada del Subsistema de Educación Básica que se encuentren en su espacio geográfico y se organizarán atendiendo a las particularidades del territorio. En aquellos espacios que debido a su densidad poblacional, cantidad de instituciones o centros educativos y complejidad territorial podrán organizarse en núcleos siempre bajo la orientación y control del Centro de Desarrollo de Calidad Educativa Parroquial. Del Cese de Funciones del Personal Directivo de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Artículo 24. Las Directoras y Directores de los Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa Estadal, no podrán, sin causa justificada cesar en funciones al personal directivo de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Municipales y Parroquiales que se designen en cumplimiento de la presente Resolución, para ello deberán cumplir los procedimientos disciplinarios previstos en la Ley Orgánica de Educación y su Reglamento, el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente y cualquier normativa aplicable en la materia. De los Movimientos del Personal Artículo 25. Las Directoras y Directores de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Municipales y Parroquiales no podrán trasladar a otras Instituciones Educativas o dependencias al personal adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación, a menos que sea de mutuo acuerdo, en cualquier caso deberán notificar formalmente al Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa Estadal. Disposiciones Finales Primero. Se instruye a las Directoras y Directores de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Estadal (CDCE), conformar mesas de trabajo con las Directoras o Directores de los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa Municipales y Parroquiales, con el fin de dar a conocer los lineamientos que se derivan de la presente Resolución. Segundo. Las dudas, controversias, o aclaratorias que pudieran plantearse en ocasión a la presente Resolución, así como las situaciones no reguladas se regirán por las normativas jurídicas relativas a la materia dictadas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Tercero. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese stra del Poder Popular para la Educación Decreto N° 4.565, de fecia 19 de agnste-de 2021, publicado en la Gaceta Oficial-de la República Bolivariana de Venezueta N° 6.638, Extraordinario, de la misma fecha. página original (tal como se publicó) [Página 6] MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HABITAT Y VIVIENDA INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS URBANAS (INTU) 213° 164° y 25° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 004/2024 Caracas, 15 de Marzo de 2024 La Vicepresidenta dei Instituto de Tierras Urbanas, según designación y delegación de atribuciones contenidas en la Resolución N° 058, de fecha 08 de Mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.625, de fecha 08 de Mayo de 2023, en ejercicio de las atribuciones conferidas en numeral 3 de artículo 41 del Decreto N° 8.198 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos o Periurbanos, de fecha 05 de mayo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.668 de fecha 06 de mayo de 2011, en concordancia con el numeral 5 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522, de fecha 06 de septiembre de 2002, de conformidad al artículo 5 del Reglamento Interno del Instituto Nacional de Tierras Urbanas publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.225 de fecha 09 de agosto de 2013 y concatenado con el artículo 12 Eiusdem. DECIDE: ARTÍCULO 1: Nombrar a la Ciudadana CARMEN MARITZA ZAMORA MOGOLLÓN, titular de la cédula de identidad N° V-16.637.296, COMO GERENTE DE LA OFICINA DE CONSULTORÍA JURÍDICA, del Instituto Nacional de Tierras Urbanas. ARTicULo 2: La Gerente de la Oficina de Consultoría Jurídica tendrá las siguientes atribuciones: 1. - Asesorar jurídicamente al Instituto Nacional de Tierras Urbanas, así como ejercer la dirección y coordinación de todo asunto de contenido legal que sea sometido a su consideración, a fin de adecuar la actuación del Instituto al marco jurídico vigente. 2. - Asistir al Instituto Nacional de Tierras Urbanas en los asuntos donde esté involucrado, ejerciendo la respectiva representación , a fin de velar por los intereses del Instituto. 3.- Participar en la redacción de proyectos de leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, circulares y otros documentos legales, conjuntamente con las dependencias organizativas involucradas, a fin de desarrollar y normalizar los hechos inherentes a su objetivo funcional. 4. - Revisar, preparar y visar los contratos y demás actos jurídicos donde deba intervenir el Instituto Nacional de Tierras Urbanas, a fin de garantizar su adecuación al marco legal vigente. 5.- Emitir dictámenes y opiniones a solicitud de del Presidente, Vicepresidente y Gerentes del Instituto. 6. - Establecer las relaciones interinstitucionales del Instituto Nacional de Tierras Urbanas en materia jurídica, con los distintos órganos y entes de la República, a fin de obtener y suministrar información legal oportuna, veraz y efectiva para los distintos procesos de la Institución. 7. - Sustanciar los expedientes contentivos de los recursos administrativos interpuestos por los particulares, velando por su adecuación al marco legal vigente. 8. - Compilar las leyes, decretos, resoluciones y demás actos referidos al Instituto Nacional de Tierras Urbanas, a fin de obtener y suministrar la información oportuna, veraz y efectiva para los distintos procesos de la Institución. 9. - Emitir pronunciamiento sobre los asuntos competencia del Instituto Nacional de Tierras Urbanas. 10.- Emitir opinión sobre la procedencia o no de la aplicación de la sanción de destitución prevista en la Ley del Estatuto de la Función Pública, a los funcionarios del INTU. 11.- Establecer indicadores de gestión y control en el área de su competencia. los expedientes de crédito y/o 12.- Resguardar financiamiento aprobados o rechazados por el Instituto, manteniendo y preservando su integridad, contenido y actualización en referencia a la información suministrada por las unidades involucradas en la conformación del mismo. 13.-. Conocer y litigar sobre los recursos jerárquicos interpuestos contra los actos emanados del Instituto. 14.- Preparar para la firma del Presidente del Instituto, los proyectos de Resolución, mediante los cuales se decidan los recursos administrativos que se interpongan por ante el mismo. 15.- Aplicar normativas para la solución de conflictos, en defensa de los intereses del Instituto Nacional de Tierras Urbanas en los procesos judiciales, administrativos y cualquier otro. 16.- Tramitar la correspondencia destinada a lasdemás gerencias del Instituto, sobre asuntos que deba iniciar, continuar y/o concluir conforme a sus respectivas competencias. 17.- Tramitar la correspondencia externa digital, postal telegráfica, radiotelegráfica y telefacsímil, en contestación a solicitudes dirigidas al Instituto por particulares y por comunidades organizadas, sobre asuntos cuya atención sean de su competencia. 18.- Canalizar las solicitudes de asesoría que deriven en un dictamen o recomendación sin carácter vinculante. 1.- Integrar, representar y participar en la Comisión de Contrataciones del Instituto. 20.- Dictaminar la procedencia o improcedencia de acreencias derivadasdereclamaciones laborales O contractuales. 2.1.- Recibir y remitir comunicaciones a personas y entidades públicas y privadas relativas a la tramitación ordinaria de los asuntos a cargo de la Consultoría Jurídica. 22.- Emitir autorizaciones para tramitar por ante la Oficina de Recursos Humanos de este Instituto, los movimientos de personal, con excepción de los Gerentes, Coordinadores y Asesores, si los hubiere, en las unidades de las oficinas a su cargo. 2.3.- Emitir la certificación de copias de los documentos cuyos originales reposen en el archivo de la Consultoría Jurídica. 24.- Las demás que el Presidente del Instituto considere asignarle y las que establezcan las leyes, reglamentos, decretos y resoluciones en las materias de su competencia. ARTÍCULO 3: La CiUdadana CARMEN MARITZA ZAMORA MoGoLLóN, ya identificada, antes de tomar posesión del cargo deberá prestar juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes de la República y los deberes inherentes al cargo. ARTíCULo 4: La Oficina de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Tierras Urbanas queda encargada de realizar todos los trámites correspondientes. Comuníquese y Publíguese. VICCEL ROSALIA MONTES BUENO Vicepresidenta del Instituto Nacional de Tierras Urbanas Designación y Delegación de atribuciones contenida en la Resplución N° 058, de fecha 08 de Mayo de 2023, Gaceta Oficial. N° 42.625, de fecha 08 de Mayo de 2023 página original (tal como se publicó) [Página 7] MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO 213° 164° y 25° Caracas, 15 de marzo de 2024. RESOLUCIÓN N° 012 El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CoNTRERAS, designado mediante Decreto N° 4.280, de fecha 3 de septiembre de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.957, de esa misma fecha; actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 65 y 78 en su numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, en la misma fecha, concatenado con los artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014, y según lo dispuesto en los artículos 3 y 12 del Instructivo que establece las Normas que regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014. CONSIDERANDO Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión social. CONSIDERANDO Que la jubilación es un derecho social enmarcado dentro de la Constitución venezolana y desarrollado en sus leyes, el cual puede ser objeto de regulación por parte del Estado, a fin de garantizar la protección e integridad del individuo que le corresponde; que está consagrado en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. CONSIDERANDO Que el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que "toda persona tiene derecho a un sistema de seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social..." CONSIDERANDO Que de acuerdo a los Objetivos Generales Nros. 2.3.1.1. y 2.3.1.2. contenidos en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019- 2025, sancionado por la Asamblea Nacional Constituyente y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 6.446 Extraordinario, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), resulta necesario "Universalizar la seguridad social para todos y todas" y "Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de vejez, sobrevivencia, personas con discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo". CONSIDERANDO Que es evidente el carácter social de la jubilación por estar necesariamente vinculada con las relaciones laborales, sean estas públicas o privadas, llevando a considerar que el fin primordial de su otorgamiento, es proporcionar al trabajador jubilado unas condiciones de vida similares a las que gozaba al momento de encontrarse activo. Asimismo, el carácter social se manifiesta cual se toma en cuenta la entrega, dedicación y vocación de servicio, cuando se ha llegado a una edad idónea para el retiro. CONSIDERANDO Que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1556 de fecha 15 de octubre de 2003, caso: Héctor Augusto Serpa Arcas contra la Fiscalía General de la República, estableció que "...el constituyente de 1999 previó una protección particular a la vejez y consagró en cabeza del Estado la obligación de asegurar la efectividad de los derechos que a tal efecto se establecen. Igualmente, recogió entre los derechos inherentes a los ancianos el beneficio a la jubilación, con el objeto de proporcionarles un medio de vida digno a los trabajadores durante su vejez o incapacidad, y así garantizarles un ingreso periódico tendiente a cubrir sus gastos de subsistencia". CONSIDERANDO Que el legislador le atribuyó al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la potestad para otorgar el beneficio de la jubilación especial a funcionarios, empleados, trabajadores y obreros que formen parte de la Administración Pública, con más de quince (15) años de servicio, que sin reunir el requisito de edad necesario, se encuentren en circunstancias excepcionales establecidas en el Instructivo que establece las Normas que trabajadoras de la Administración Pública Nacional de los Estados y los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 Extraordinario, de fecha 02 de octubre de 2014, las cuales les impida continuar cumpliendo con las funciones impuestas dentro de la Administración Pública. CONSIDERANDO Que, de la revisión exhaustiva del expediente contentivo de la presente Jubilación Especial, específicamente de la planilla FPO-026 N° 001, se demuestra que la ciudadana, DAISI MARIBEL BLANCO ALCALA, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.168.636, prestó sus servicios a la Administración Pública, por veintitrés (23) años, y cuenta con cincuenta y nueve (59) años de edad; en consecuencia, es evidente que se cumple con los requisitos establecidos para la procedencia del beneficio de Jubilación Especial, conforme a lo estipulado en los artículos 4 y 5 del Instructivo que establece las Normas que regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional. CONSIDERANDO Que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, actuando en ejercicio de la delegación conferida por el Presidente de la República, a través del Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, en su artículo 1 numeral 10, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 Extraordinario de la misma fecha, que el ciudadano Kenny Antonio Díaz Rosario en su carácter de Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República, mediante Resolución N° 016/2019 de fecha 14 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.740 de fecha 17 de octubre de 2019, le fue delegado la firma de documentos emitidos con ocasión de la sustanciación, conocimiento, otorgamiento objeción o negativa de solicitudes de Jubilaciones Especiales a Funcionarios, empleados u obreros al servicio de la Administración Pública Nacional, aprobó el beneficio de página original (tal como se publicó) [Página 8] jubilación especial, en fecha treinta (30) de abril de 2023, mediante la planilla FPO-026 N° 001, a la ciudadana DAISI MARIBEL BLANCO ALCALA, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.168.636, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional. RESUELVE Artículo 1°: Otorgar el beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL, a la ciudadana DAISI MARIBEL BLANCO ALCALA, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.168.636, quien ocupa el cargo de AUXILIAR DE adscrita a la DIRECCIÓN de DEOFICINA SERVICIOS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS del SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL (SAINGO) ente adsCrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFoRMACIóN (MIPPCI), aprobado por la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha treinta (30) de abril de 2023, a través de la planilla FP-026 N°001. es la Cantidad de DOSCIENTOS ONCE BOLÍVARES CON NUEVE CÉNTIMos (Bs. 211,09), dicho monto de la jubilación es el resultado obtenido de aplicar al salario base, el porcentaje obtenido de multiplicar los años de servicio por el coeficiente de dos punto cinco (2.5), el cual equivale al cincuenta y siete coma cincuenta por ciento (57,50%) del promedio de los últimos doce (12) salarios mensuales devengados por la trabajadora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal; monto que debe ser homologado al salario mínimo nacional acorde a lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 3°: La Oficina de ReCursos Humanos del SERVICIO AUTóNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL (SAINGO) ente adsCritO al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIóN (MIPPCI), queda encargada de ejecutar la presente Resolución, en consecuencia, debe tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le correspondan a la ciudadana, DAISI MARIBEL BLANCO ALCALA, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.168.636, todo conforme a lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Artículo 4°: Queda encomendada la Oficina de Recursos Humanos del (SAINGO) ente adSCrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN (MIPPCI), de efectUar la notificación a la ciudadana DAISI MARIBEL BLANCO ALCALA, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.367.447, del contenido de la presente Resolución, en razón de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Artículo 5°: Se ordena la publicación de la presente Resolución, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese. Por el Ejecutivo Nacional, JHON ALFRED NAÑEZ CONTRERAS Director General del Despacho (E) Ministerio del Poder Popularpara la Comunicación e Información Designación y Delegación de firma otorgada mediante Resolución N° 015, de fecha Veintiocho (28) de enero de 2.021, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°42.060, de fecha Dos (02) de febrero de 2.021. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO 213° 164° y 25° Caracas, 15 de marzo de 2024. RESOLUCIÓN N° 013 El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CoNTRERAS, designado mediante Decreto N° 4.280, de fecha 3 de septiembre de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.957, de esa misma fecha; actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 65 y 78 en su numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, en la misma fecha, concatenado con los artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014. y según lo dispuesto en los artículos 3 y 12 del Instructivo que establece las Normas que regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014. CONSIDERANDO Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión social. CONSIDERANDO Que la jubilación es un derecho social enmarcado dentro de la Constitución venezolana y desarrollado en sus leyes, el cual puede ser objeto de regulación por parte del Estado, a fin de garantizar la protección e integridad del individuo que le corresponde; que está consagrado en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. CONSIDERANDO Que el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que "toda persona tiene derecho a un sistema de seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social..." CONSIDERANDO Que de acuerdo a los Objetivos Generales Nros. 2.3.1.1. y 2.3.1.2. contenidos en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019- 2025, sancionado por la Asamblea Nacional Constituyente y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.446 Extraordinario, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), resulta necesario "Universalizar la seguridad social para todos y todas" y "Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de vejez, sobrevivencia, personas con discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo". página original (tal como se publicó) [Página 9] CONSIDERANDO Que es evidente el carácter social de la jubilación por estar necesariamente vinculada con las relaciones laborales, sean estas públicas o privadas, llevando a considerar que el fin primordial de su otorgamiento, es proporcionar al trabajador jubilado unas condiciones de vida similares a las que gozaba al momento de encontrarse activo. Asimismo, el carácter social se manifiesta igualmente por el hecho de que la jubilación comporta un beneficio para el cual se toma en cuenta la entrega, dedicación y vocación de servicio, cuando se ha llegado a una edad idónea para el retiro. CONSIDERANDO Que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1556 de fecha 15 de octubre de 2003, caso: Héctor Augusto Serpa Arcas contra la Fiscalía General de la República, estableció que "..el constituyente de 1999 previó una protección particular a la vejez y consagró en cabeza del Estado la obligación de asegurar la efectividad de los derechos que a tal efecto se establecen. Igualmente, recogió entre los derechos inherentes a los ancianos el beneficio a la jubilación, con el objeto de proporcionarles un medio de vida digno a los trabajadores durante su vejez o gastos de subsistencia". CONSIDERANDO Que el legislador le atribuyó al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la potestad para otorgar el beneficio de la jubilación especial a funcionarios, empleados, trabajadores y obreros que formen parte de la Administración Pública, con más de quince (15) años de servicio, que sin excepcionales establecidas en el Instructivo que establece las Normas que regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas, trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional de los Estados y los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 Extraordinario, de fecha 02 de octubre de 2014, las cuales les impida continuar cumpliendo con las funciones impuestas dentro de la Administración Pública. CONSIDERANDO Que, de la revisión exhaustiva del expediente contentivo de la presente Jubilación Especial, específicamente de la planilla FPO-026 N° 002, aprobada en fecha 22 de septiembre de 2023, se demuestra que el ciudadano MIGUEL ANTONIO PÉREZ BLANCO, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.236.818, prestó sus servicios a la Administración Pública, por veinte (20) años, y cuenta con setenta y tres (73) años de edad; en consecuencia, es evidente que se cumple con los requisitos establecidos para la procedencia del beneficio de Jubilación Especial, conforme a lo estipulado en los artículos 4 y 5 del Instructivo que establece las Normas que regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional. CONSIDERANDO Que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, actuando en ejercicio de la delegación conferida por el Presidente de la República, a través del Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, en su artículo 1 numeral 10, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 Extraordinario de la misma fecha, que el ciudadano Kenny Antonio Díaz Rosario en su carácter de Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República, mediante Resolución N° 016/2019 de fecha 14 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.740 de fecha 17 de octubre de 2019, le fue delegado la firma de documentos emitidos con ocasión de la sustanciación, conocimiento, otorgamiento objeción o negativa de solicitudes de Jubilaciones Especiales a Funcionarios, empleados u obreros al servicio de la Administración Pública Nacional, aprobó el beneficio de jubilación especial en fecha 22 de septiembre de 2023, mediante la planilla FPO-026 N° N° 002, el CiudadanO MIGUEL ANTONIO PÉREZ BLANCO, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.236.818, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional. RESUELVE Artículo 1°: Otorgar el beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL, al ciudadano MIGUEL ANTONIO PÉREZ BLANCO, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.236.818, quien ocupa el cargo de OPERADoR DE MAQUINA PESADA, adsCrito a la DIRECCIÓN de PRODUCCIÓN del SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL (SAINGO) ente adSCrito del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, aprobado pOr la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha veintidós (22) de septiembre de 2023, a través de la planilla FP-026 N°002. Artículo 2°: El monto correspondiente por concepto de Jubilación Especial, es la Cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA CÉNTIMos (Bs. 185,40), dicho monto de la jubilación es el resultado obtenido de aplicar al salario base, el porcentaje obtenido de multiplicar los años de servicio por el coeficiente de dos punto cinco (2.5), el cual equivale al cincuenta por ciento (50%) del promedio de los últimos doce (12) salarios mensuales devengados por el trabajador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal; monto que debe ser homologado al salario mínimo nacional, acorde a lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 3°: La Oficina de Recursos Humanos del SERVICIO AUTóNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL (SAINGO) ente adsCrito del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFoRMAcióN, queda encargada de ejecutar la presente Resolución, en consecuencia, debe tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le correspondan al ciudadano, MIGuEL ANTONIO PÉREZ BLANCO, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.236.818, todo conforme a lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Artículo 4°: Queda encomendada la Oficina de Recursos Humanos del SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL (SAINGO) ente adSCritO del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, de efectuar la notifiCaCión al ciudadano MIGUEL ANTONIO PÉREZ BLANCO, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.236.818, del contenido de la presente Resolución, en razón de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Artículo 5º: Se ordena la publicación de la presente Resolución, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese. Por el Ejecutivo Nacional, JHON ALFRED ÑANEZ CONTRERAS Director General del Despacho (E) Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información Designación y Delegación de firma otorgada mediante Resolución N° 015, de fecha Veintiocho (28) de enero de 2.021, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°42.060, de fecha Dos (02) de febrero de 2.021. página original (tal como se publicó) [Página 10] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO 213° 164° y 25° Caracas, 15 de marzo de 2024. RESOLUCIÓN N° 014 El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS, designado mediante Decreto N° 4.280, de fecha 3 de septiembre de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.957, de esa misma fecha; actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 65 y 78 en su numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, en la misma fecha, concatenado con los artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014. y según lo dispuesto en los artículos 3 y 12 del Instructivo que establece las Normas que regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014. CONSIDERANDO Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión social. CONSIDERANDO Que la jubilación es un derecho social enmarcado dentro de la Constitución venezolana y desarrollado en sus leyes, el cual puede ser objeto de regulación por parte del Estado, a fin de garantizar la protección e integridad del individuo que le corresponde; que está consagrado en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. CONSIDERANDO Que el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que "toda persona tiene derecho a un sistema de seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión socia..." CONSIDERANDO Que de acuerdo a los Objetivos Generales Nros. 2.3.1.1. y 2.3.1.2. contenidos en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019- 2025, sancionado por la Asamblea Nacional Constituyente y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 6.446 Extraordinario, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), resulta necesario "Universalizar la seguridad social para todos y todas" y "Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de vejez, sobrevivencia, personas con discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo". CONSIDERANDO Que es evidente el carácter social de la jubilación por estar necesariamente vinculada con las relaciones laborales, sean estas públicas o privadas, llevando a considerar que el fin primordial de su otorgamiento, es proporcionar al trabajador jubilado unas condiciones de vida similares a las que gozaba al momento de encontrarse activo. Asimismo, el carácter social se manifiesta igualmente por el hecho de que la jubilación comporta un beneficio para el cual se toma en cuenta la entrega, dedicación y vocación de servicio, cuando se ha llegado a una edad idónea para el retiro. CONSIDERANDO Que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1556 de fecha 15 de octubre de 2003, caso: Héctor Augusto Serpa Arcas contra la Fiscalía General de la República, estableció que "..el constituyente de 1999 previó una protección particular a la vejez y consagró en cabeza del Estado la obligación de asegurar la efectividad de los derechos que a tal efecto se establecen. Igualmente, recogió entre los derechos inherentes a los ancianos el beneficio a la jubilación, con el objeto de proporcionarles un medio de vida digno a los trabajadores durante su vejez o incapacidad, y así garantizarles un ingreso periódico tendiente a cubrir sus gastos de subsistencia". CONSIDERANDO Que el legislador le atribuyó al Presidente de la República Bolivariana de funcionarios, empleados, trabajadores y obreros que formen parte de la Administración Pública, con más de quince (15) años de servicio, que sin reunir el requisito de edad necesario, se encuentren en circunstancias excepcionales establecidas en el Instructivo que establece las Normas que regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas, trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional de los Estados y los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 Extraordinario, de fecha 02 de octubre de 2014, las cuales les impida continuar cumpliendo con las funciones impuestas dentro de la Administración Pública. CONSIDERANDO Que, de la revisión exhaustiva del expediente contentivo de la presente Jubilación Especial, específicamente de la planilla FPO-026 N° 003, aprobada en fecha 22 de septiembre de 2023, se demuestra que el ciudadano ANTONIO MARÍA VALERA RODRÍGUEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.376.951, prestó sus servicios a la Administración Pública, por veintiún (21) años y cuenta con sesenta y un (61) años de edad; en consecuencia, es evidente que se cumple con los requisitos establecidos para la procedencia del beneficio de Jubilación Especial, conforme a lo estipulado en los artículos 4 y 5 del Instructivo que establece las Normas que regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional. página original (tal como se publicó) [Página 11] CONSIDERANDO Que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, actuando en ejercicio de la delegación conferida por el Presidente de la República, a través del Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, en su artículo 1 numeral 10, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 Extraordinario de la misma fecha, que el ciudadano Kenny Antonio Díaz Rosario en su carácter de Director General de la Dirección General de là Vicepresidencia de la República, mediante Resolución N° 016/2019 de fecha 14 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.740 de fecha 17 de octubre de 2019, le fue delegado la firma de documentos emitidos con ocasión de la sustanciación, conocimiento, otorgamiento objeción o negativa de solicitudes de Jubilaciones Especiales a Funcionarios, empleados u obreros al servicio de la Administración Pública Nacional, aprobó el beneficio de jubilación especial en fecha 22 de septiembre de 2023, mediante la planilla FPO-026 N° N° 003, el CiudadanO ANTONIO MARÍA VALERA RoDRíGUEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.376.951, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional. RESUELVE Artículo 1°: Otorgar el beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL, al ciudadano ANTONIO MARÍA VALERA RODRÍGUEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.376.951, quien ocupa el cargo de ASEADOR GRAD0 1, adSCrito a la DIRECCIÓN de ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS del SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL (SAINGO) ente adSCrito del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, aprobado pOr la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha veintidós (22) de septiembre de 2023, a través de la planilla FP-026 N°003. Artículo 2°: El monto correspondiente por concepto de Jubilación Especial, es la Cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS BOLÍVARES CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 146,89), dicho monto de la jubilación es el resultado obtenido de aplicar al salario base, el porcentaje obtenido de multiplicar los años de servicio por el coeficiente de dos punto cinco (2.5), el cual equivale al cincuenta y dos coma cincuenta por ciento (52,50%) del promedio de los últimos doce (12) salarios mensuales devengados por el trabajador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal; monto que debe ser homologado al salario mínimo nacional, acorde a lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 3°: La Oficina de Recursos Humanos del SERVICIO AUTóNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL (SAINGO) ente adsCrito del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFoRMAcIóN, queda encargada de ejecutar la presente Resolución, en consecuencia, debe tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le correspondan al ciudadano AnTonio MARÍA VALERA RODRÍGUEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V- 9.376.951, todo conforme a lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Artículo 4°: Queda encomendada la Oficina de Recursos Humanos del SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL (SAINGO) ente adSCritO del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, de efectuar la notifiCaciÓn al ciudadano ANTONIO MARÍA VALERA RODRÍGUEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.376.951, del contenido de la presente Resolución, en razón de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Artículo 5º: Se ordena la publicación de la presente Resolución, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese. Por el Ejecutivo Nacional, JHON ALFRED NAÑEZ CONTRERAS Director General de Despacho (E) Ministerio del Poder Popularpara la Comunicación e Información Designación y Delegación de firma otorgada mediante Resolución N° 015, de fecha Veintiocho (28) de enero de 2.021, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°42.060, de fecha Dos (02) de febrero de 2.021. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO 213° 164° y 25° Caracas, 15 de marzo de 2024. RESOLUCIÓN N° 015 El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CoNTRERAS, designado mediante Decreto N° 4.280, de fecha 3 de septiembre de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.957, de esa misma fecha; actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 86 de la' Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 65 y 78 en su numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, en la misma fecha, concatenado con los artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014. CONSIDERANDO Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión social. CONSIDERANDO Que la jubilación es un derecho social enmarcado dentro de la Constitución y Estado, a fin de garantizar la protección e integridad del individuo que le corresponde; el cual está consagrado en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. página original (tal como se publicó) [Página 12] CONSIDERANDO Que el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que toda persona tiene derecho a un sistema de seguridad social "...invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social..." CONSIDERANDO Que de acuerdo a los Objetivos Generales Nros. 2.3.1.1. y 2.3.1.2. contenidos en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019- 2025, sancionado por la Asamblea Nacional Constituyente y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.446 Extraordinario, de fecha 08 de abril del año dos mil diecinueve 2019, resulta necesario "Universalizar la seguridad social para todos y todas" y "Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de vejez, sobrevivencia, personas con discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo". CONSIDERANDO Que es evidente el carácter social de la jubilación por estar necesariamente vinculada con las relaciones laborales, sean estas públicas o privadas, lleva a considerar que el fin primordial de su otorgamiento, es proporcionar al trabajador jubilado unas condiciones de vida similares a las que gozaba al momento de encontrarse activo. Asimismo, el carácter social se manifiesta igualmente por el hecho de que la jubilación comporta un beneficio para el cual se toma en cuenta la entrega, dedicación y vocación de servicio, cuando se ha llegado a una edad idónea para el retiro. CONSIDERANDO Que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1.556 de fecha 15 de octubre de 2003, caso: Héctor Augusto Serpa Arcas contra la Fiscalía General de la República, estableció que "...e/ constituyente de 1999 previó una protección particular a la vejez y consagró en cabeza del Estado la obligación de asegurar la efectividad de los derechos que a tal efecto se establecen. Igualmente, recogió entre los derechos inherentes a los ancianos el beneficio a la jubilación, con el objeto de proporcionarles un medio de vida digno a los trabajadores durante su vejez o incapacidad, y así garantizarles un ingreso periódico tendiente a cubrir sus gastos de subsistencia". CONSIDERANDO Que el beneficio de la Jubilación Ordinaria es un derecho que el trabajador o trabajadora adquiere por la edad, en la cual haya alcanzado para el hombre hubiere cumplido, por lo menos, veinticinco (25) años del tiempo de servicios en la Administración Pública, conforme a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 8 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, a tenor: "..El derecho a la jubilación la adquiere el trabajador o trabajador a cuando hubiere cumplido los siguientes requisitos: Cuando el trabajador o trabajadora haya alcanzado la edad de sesenta (60) años, si es hombre o de cincuenta y cinco (55) años si es mujer, siempre que hubiere cumplido, por lo menos, veinticinco (25) años de servicio en la Administración Pública. (Resaltado de este Ministerio). 1. Cuando el trabajador o trabajadora haya cumplido treinta y cinco (35)años de servicio independientemente de la edad. Parágrafo Primero: Para que nazca el derecho a la jubilación será necesario, en todo caso, que el trabajador o trabajadora haya efectuado no menos de sesenta (60) cotizaciones. Parágrafo Segundo: Los años de servicio en la Administración Pública en exceso de veinticinco (25) serán tomados en cuenta como si fueran años de edad, a los fines del cumplimiento del requisito establecido en el numeral 1 de este artículo. Este parágrafo es inaplicable para determinar el monto de la jubilación." CONSIDERANDO Que la ciudadana ELVIA MAGALY ALCALA, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.096.389, prestó sus servicios en la Administración Pública Nacional durante veintisiete (27) años, en el SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA (SAINGo) ente adscrito del NACIONAL Y GACETA OFICIAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, desempeñando el cargo de AUXILAR DE SERVICIOS DE OFICINA. CONSIDERANDO Que de la revisión exhaustiva realizada por la Oficina de Recursos Humanos, al expediente administrativo de la ciudadana ELVIA MAGALY ALCALA, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.096.389, quien se desempeña en el CargO de AUXILAR DE SERVICIOS DE OFICINA, adsCrita a la DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN PROFESIONAL en el SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL (SAINGO) ente adSCrito del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, Cuenta actualmente Con cincuenta (56) años de edad y veinticinco (27) años de Servicio, comprobados en la Administración Pública, razón por la cual, se tramita la Jubilación Ordinaria de acuerdo a la norma que regula la materia. RESUELVE Artículo 1. Otorgar a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el beneficio de JUBILACIÓN ORDINARIA de la CiUdadana ELVIA MAGALY ALCALA, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.096.389, de conformidad con el Punto de Cuenta Agenda Nº 012 de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), quien se desempeñaba en el cargo de AuxILAR DE SERVICIoS DE OFICINA, adscrita a Ia Dirección de Producción en el SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL (SAINGO) ente adSCrito del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, en ConcordanCia COn lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal. Artículo 2. El monto correspondiente por concepto de Jubilación Ordinaria, será la Cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLÍVARES CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs.248,84), resultado obtenido de aplicar al salario base, el porcentaje de multiplicar los años de servicio por el coeficiente de dos punto cinco (2.5), el cual equivale al sesenta y siete coma cincuenta por ciento (67,50%) de los últimos doce (12) salarios devengados por la trabajadora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, monto que será homologado al salario mínimo nacional de conformidad a lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. página original (tal como se publicó) [Página 13] Artículo 3. La Oficina de ReCursos Humanos del SERVICIO AUTóNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL (SAINGO) ente adsCrito del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFoRMAcióN, queda encargada de ejecutar la presente Resolución, en consecuencia, debe tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le correspondan a la ciudadana ELVIA MAGALY ALCALA, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.096.389, todo conforme con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Artículo 4. Queda encomendada la Oficina de Recursos Humanos del SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL (SAINGO) ente adSCrito del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, de efectuar la notifiCación a la ciudadana ELVIA MAGALY ALCALA, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.096.389, del contenido de la presente Resolución, en razón de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Artículo 5. Se ordena la publicación de la presente Resolución, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese. Por el Ejecutivo Nacional; JHON ALFRED NAÑEZ CONTRERAS Director General del Despacho (E) Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información Designación y Delegación de firma que consta en la Gaceta Oficial N°42.060, de fecha Dos (2) de febrero de 2.021, Resolución N°015, de fecha Veintiocho (28) de enero de 2.021. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO 213° 164° y 25° Caracas, 15 de marzo de 2024. RESOLUCIÓN N° 016 El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS, designado mediante Decreto N° 4.280, de fecha 3 de septiembre de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.957, de esa misma fecha; actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 65 y 78 en su numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, en la misma fecha, concatenado con los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014. CONSIDERANDO Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión social. CONSIDERANDO Que la jubilación es un derecho social enmarcado dentro de la Constitución y desarrollado en las leyes, el cual puede ser objeto de regulación por parte del Estado, a fin de garantizar la protección e integridad del individuo que le corresponde; el cual está consagrado en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. CONSIDERANDO Que el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que toda persona tiene derecho a un sistema de seguridad social "..invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social..." CONSIDERANDO Que de acuerdo a los Objetivos Generales Nros. 2.3.1.1. y 2.3.1.2. contenidos en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019. 2025, sancionado por la Asamblea Nacional Constituyente y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 6.446 Extraordinario, de fecha 08 de abril del año dos mil diecinueve 2019, resulta necesario "Universalizar la seguridad social para todos y todas" y "Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de vejez, sobrevivencia, personas con discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el mercado de trabajo". CONSIDERANDO Que es evidente el carácter social de la jubilación por estar necesariamente vinculada con las relaciones laborales, sean estas públicas o privadas, lleva a considerar que el fin primordial de su otorgamiento, es proporcionar al trabajador jubilado unas condiciones de vida similares a las que gozaba al momento de encontrarse activo. Asimismo, el carácter social se manifiesta igualmente por el hecho de que la jubilación comporta un beneficio para el cual se toma en cuenta la entrega, dedicación y vocación de servicio, cuando se ha llegado a una edad idónea para el retiro. CONSIDERANDO Que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1.556 de fecha 15 de octubre de 2003, caso: Héctor Augusto Serpa Arcas contra la Fiscalía General de la República, estableció que "...e/ constituyente de 1999 previó una protección particular a la vejez y consagró en cabeza del Estado la obligación de asegurar la efectividad de los derechos que a tal efecto se establecen. Igualmente, recogió entre los derechos inherentes a los ancianos el beneficio a la jubilación, con el objeto de proporcionarles un medio de vida digno a los trabajadores durante su vejez o incapacidad, y así garantizarles un ingreso periódico tendiente a cubrir sus gastos de subsistencia". CONSIDERANDO Que el beneficio de la Jubilación Ordinaria es un derecho que el trabajador o trabajadora adquiere por la edad, en la cual haya alcanzado para el hombre sesenta (60) años y cincuenta y cinco (55) años si es mujer, siempre que hubiere cumplido, por lo menos, veinticinco (25) años del tiempo de servicios en la Administración Pública, conforme a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 8 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, a tenor: página original (tal como se publicó) [Página 14] "..El derecho a la jubilación la adquiere el trabajador o trabajador a cuando hubiere cumplido los siguientes requisitos: Cuando el trabajador o trabajadora haya alcanzado la edad de sesenta (60) años, si es hombre o de cincuenta y cinco (55) años si es mujer, siempre que años de servicio en la Administración Pública. (Resaltado de este Ministerio). 1. Cuando el trabajador o trabajadora haya cumplido treinta y cinco (35) años de servicio independientemente de la edad. Parágrafo Primero: Para que nazca el derecho a la jubilación será necesario, en todo caso, que el trabajador o trabajadora haya efectuado no menos de sesenta (60) cotizaciones. Parágrafo Segundo: Los años de servicio en la Administración Pública en exceso de veinticinco (25) serán tomados en cuenta como si fueran años de edad, a los fines del cumplimiento del requisito establecido en el numeral 1 de este artículo. Este parágrafo es inaplicable para determinar el monto de la jubilación." CONSIDERANDO Que la Ciudadana ROSA MARÍA GUTIERREZ DE REGUERIO, titular de la Cédula de Identidad Nº V-3.819.256, prestó sus servicios en la Administración Pública Nacional durante veinticinco (25) años, cumpliendo Sus últimos once (11) años en la FUNDACIÓN ÁVILA TVÉ, ente adscrito del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, desempeñando el cargo de PROFESIONAL II adscrita a la OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL. CONSIDERANDO Que de la revisión exhaustiva realizada por la Oficina de Gestión Humana de la FUNDACIÓN ÁVILA TVÉ, ente adSCritO del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, al eXpediente administrativo de la Ciudadana ROSA MARÍA GUTIERREZ DE REGUERIO, titular de la Cédula de Identidad Nº V-3.819.256, quien se desempeña COmO PROFESIONAL II adSCrita a la OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL de la FUNDACIÓN ÁVILA TVÉ, Cuenta actualmente con sesenta y nueve (69) años de edad y veinticinco (25) años de Servicio, comprobados en la Administración Pública, razón por la cual, se tramita la Jubilación Ordinaria de acuerdo a la norma que regula la materia. RESUELVE Artículo 1. Otorgar a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el beneficio de JUBILACIÓN ORDINARIA de Ia CiUdadana ROSA MARÍA GUTIERREZ DE REGUERIO, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.819.256, de conformidad con el Punto de Cuenta N° 0001, Agenda N° 1 de fecha primero (01) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), quien se desempeñaba en el CargO de PROFESIONAL II, en la OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL de la FUNDACIÓN ÁVILA TVÉ, ente adsCrito del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFoRMACIóN, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal. Artículo 2. El monto correspondiente por concepto de Jubilación Ordinaria, será la Cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN BOLÍVARES CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs.281,91), resultado obtenido de aplicar al salario base, el porcentaje de mul..aplicar los años de servicio por el coeficiente de dos punto cinco (2.5), el cual equivale al sesenta y dos como cincuenta por ciento (62,50 %) de los últimos doce (12) salarios devengados por la trabajadora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, monto que será homologado al salario mínimo nacional de conformidad a lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 3. La Oficina de Gestión Humana de la FUNDACIÓN ÁVILA TVÉ, ente adSCrito del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIóN E INFoRMACIóN, queda encargada de ejecutar la presente Resolución, en consecuencia, debe tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le correspondan a la ciudadana ROSA MARÍA GUTIERREZ DE REGUERIO, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.819.256, todo conforme con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Artículo 4. Queda encomendada la Oficina de Gestión Humana de la FUNDACIÓN ÁVILA TVÉ, ente adSCrito MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, de efeCtuar la notificación a la Ciudadana ROSA MARÍA GUTIERREZ DE REGUERIO, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.819.256, del contenido de la presente Resolución, en razón de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Artículo 5. Se ordena la publicación de la presente Resolución, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese. Por el Ejecutivo Nacional, JHON ALERED NAÑEZ CONTRERAS Director General el Despacho (E) Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información Designación y Delegación de firma que consta en la Gaceta Oficial N°42.060, de fecha Dos (2) de febrero de 2.021, Resolución N°015, de fecha Veintiocho (28) de enero de 2.021. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 213º y 1640 Caracas, 19 de febrero de 2024 RESOLUCIÓN N.° 01-00-00000028 JHOSNEL PERAZA MACHADO Sub Contralor General (E) de la República Bolivariana de Venezuela Vista la falta absoluta del ciudadano ELVIS EDUARDO HIDROBO AMoroso, con ocasión a su designación como rector principal del Consejo Nacional Electoral el 24 de agosto de 2023, el Sub Contralor General de la República (E) JHoSNEL PERAzA MACHADo, titular de la cédula de identidad N.° V-12.187.080, designado mediante Resolución N.° 01-00-000132 de fecha 8 de abril de 2019, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 41.700 de fecha 22 de agosto de 2019, en cumplimento de los efectos del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 289, numerales 3 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; los artículos 10 y 14, numerales 3 y 4 de la de la referida Ley; y los artículos 60 y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; página original (tal como se publicó) [Página 15] POR CUANTO La Contraloría General de la República es el órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, encargado de garantizar la correcta aplicación de los principios de control fiscal consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes vigentes; POR CUANTO Es atribución del Contralor General de la República velar por el cumplimiento de la normativa que regula el Sistema Nacional de Control Fiscal; POR CUANTO La Contraloría General de la República evaluará periódicamente los órganos de control fiscal a los fines de determinar el grado de efectividad, eficiencia y economía con que operan, y en tal sentido tomará las acciones pertinentes; POR CUANTO La ocurrencia de cualquier acto, hecho u omisión que afecte gravemente la legalidad, efectividad, eficiencia y economía de las operaciones administrativas o que viole los principios que rigen el Sistema Nacional de Control Fiscal, es causal de la intervención de los Órganos de Control Fiscal; POR CUANTO La Contraloría General de la República en el ejercicio de sus competencias intervino la Unidad de Auditoría Interna de la Compañía Anónima Metro de Caracas (CAMETRo), según Resolución N.° 01-00-00000239 de fecha 14 de noviembre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 42.587 de fecha 13 de marzo de 2023, situación administrativa que actualmente persiste. POR CUANTO En atención a la intervención efectuada, la Contraloría General de la República designó al ciudadano LUÍS MANUEL VIVAS RICARDO, titular de la cédula de identidad N.° V-15.205.027, como Interventor de la Unidad de Auditoría Interna de la Compañía Anónima Metro de Caracas (CAMETRo), a partir de la fecha de su notificación. POR CUANTO Los correctivos aplicados a las causales que dieron origen a la intervención continúan en proceso, por lo cual se decide mantener vigente la intervención. POR CUANTO El ciudadanO LUÍS MANUEL VIVAS RICARDO, antes mencionado, pasará al ejercicio regular de las funciones inherentes a su cargo de Auditor General en la Contraloría General de la República. RESUELVE PRIMERO: Designar a la ciudadana ARLY CAROLINA LONGART MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad N.º V-12.649.610, como Auditora Interventora de la Unidad de Auditoría Interna de la Compañía Anónima Metro de Caracas (CAMErro), a partir de la fecha de su notificación, en sustitución del ciudadano LuÍs MANUEL VIVAS RICARDO, antes mencionado. SEGunDo: Cesar en sus funciones de manera inmediata al ciudadano LUÍS MANUEL VIVAS RICARDO, titular de la cédula de identidad N.° V-15.205.027, quien se desempeñó como Auditor Interno Interventor de la Unidad de Auditoría Interna de la Compañía Anónima Metro de Caracas (CAMETRo). TERCERo: La Interventora tendrá las atribuciones y deberes establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las normas legales y reglamentarias que regulan el control fiscal, las que se le atribuyen a los Órganos de Control Fiscal Interno y aquellas que le asigne el Contralor General de la República en virtud de la rectoría que ejerce sobre el Sistema Nacional de Control Fiscal. La Interventora debe presentar al Contralor General de la República informe mensual de su gestión. Dada en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024). Años 213° de la Independencia, 164° de la Federación y 24° de la Revolución Bolivariana. Comuníquese, notifíquese y pubípuese; JHOSNEL PERAZA MACHADO ub ContralorGeneral (E) Repúbtica Bolivariana de Venezuela página original (tal como se publicó) [Página 16] LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.688 de fecha viernes 25 de febrero de 2022) Objeto Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las publicaciones oficiales de los actos jurídicos del Estado a los fines de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del Pueblo al contenido de los mismos, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 4. La “Gaceta Oficial”, creada por Decreto Ejecutivo de 11 de octubre de 1872, continuará con la denominación “Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”. Efectos de la publicación Artículo 8. La publicación de los actos jurídicos del Estado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela le otorga carácter público y con fuerza de documento público. Para que los actos jurídicos del Poder Electoral, Poder Judicial y otras publicaciones oficiales surtan efectos deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el Reglamento que rige la materia. Publicación física y digital Artículo 9. La publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela acoge el sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro físico. La publicación física deberá contener todo el contenido publicado en la versión digital y automatizada y generará los mismos efectos establecidos en esta Ley, incluyendo su carácter público y de documento público. La contravención de esta disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda. La Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo establecerá las normas y directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de las publicaciones digitales y físicas de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el sistema informático de las publicaciones digitales. Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Publicaciones oficiales Artículo 15. El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial podrá dar carácter oficial a las publicaciones y ediciones físicas y digitales de los actos jurídicos publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, deberá dictar un acto que indique las características esenciales de estas publicaciones. Así mismo, el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial dictará un acto en el cual establezca los precios de las publicaciones impresas de la Gaceta Oficial, su certificación y los servicios digitales de divulgación y suscripción, así como cualquier otro servicio asociados a sus funciones. http://www.imprentanacional.gob.ve Esta Gaceta contiene 16 páginas, costo equivalente a 6,85 % valor Unidad Tributaria AÑO CLI - MES VI Número 42.852 Caracas, jueves 4 de abril de 2024 página original (tal como se publicó)