[Página 1] Caracas, jueves 22 de febrero de 2024 Número 42.824 AÑO CLI - MES V SUMARIO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Franklin Mauricio Zeltzer Malpica, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la Santa Sede, Estado de la Ciudad del Vaticano; y se Encarga como Responsable de los fondos de anticipo y avance que le sean girados a la Unidad Administradora Desconcentrada, para el Ejercicio Económico Financiero 2024. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Consejo Nacional de Universidades Oficina de Planificación del Sector Universitario Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones, de carácter permanente, de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, adscrita a este Ministerio; la cual estará integrada por las ciudadanas y el ciudadano que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE INAC Providencia mediante la cual se renueva el Certificado de Funcionamiento del Centro de Entrenamiento Aeronáutico Multiservicios Aéreos Vikingo, C.A., de acuerdo con las condiciones, estipulaciones y términos que en ella se indican. Providencia mediante la cual se designa como Centro Médico Aeronáutico Examinador (CMAE) a la sociedad mercantil Flight Center Intl Aviation Group, C.A., con base a las condiciones, estipulaciones y términos que en ella se especifican. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Sala Plena Acta de la sesión ordinara de la Sala Plena del 21 de febrero de 2024, relativa a la conformación de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que, con carácter vinculante, establece la competencia de la jurisdicción especial en materia de género para el juzgamiento de los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuando la comisión de los mismos sea contra niñas y adolescentes indígenas, o en las causas donde concurren niños o adolescentes indígenas víctimas de ambos sexos, los cuales además deben ser juzgados de conformidad con lo determinado por la Ley Orgánica para Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, desaplicando para el juzgamiento de esos delitos la jurisdicción indígena”. MINISTERIO PÚBLICO Acuerdo mediante el cual se impone la condecoración de la “Orden al Mérito General en Jefe Jacinto Pérez Arcay”, en su Única Clase, al ciudadano Abogado Mainel Alejandro Ocando Rojas, Fiscal Provisorio en la Fiscalía 34 Nacional Plena. Acuerdo mediante el cual se impone la Medalla de la “Orden al Mérito Félix Mercádez Vargas”, en su Única Clase, a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan. Acuerdo mediante el cual se otorga la “Orden al Mérito Dr. Boris Bossio Barceló”, en su Única Clase, a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se indican. Acuerdo mediante el cual se impone la Condecoración de la “Orden al Mérito del Ministerio Público”, en su Primera Clase, Segunda Clase y Tercera Clase, a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se especifican. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jorge Luis Villegas Fernández, como Director, en calidad de Encargado, de la Dirección de Determinación de Responsabilidades, adscrita a la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Máximo Órgano de Control Fiscal. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES página original (tal como se publicó) [Página 2] 463.518 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Jueves 22 de febrero de 2024 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE página original (tal como se publicó) [Página 3] Relacionadas con la Actividad Aeronáutica; solicitó formalmente la renovación del Certificado de Funcionamiento del Centro de Entrenamiento Aeronáutico (CEA), autorizado para dictar curso de Instructor de Vuelo Instrumental Simulado y Habilitación especial de vuelo por instrumentos, de conformidad con lo previsto en la RAV 142. POR CUANTO La Gerencia General de Seguridad Aeronáutica, mediante comunicación N° GGSA/GCO/009/2024, de fecha 03 de enero de 2024, remitió a la Consultoría Jurídica de este Instituto, el expediente administrativo del Centro de Entrenamiento AeronáuticO MULTISERVICIOS AÉREOS VIKINGO, C.A., que contiene las documentales que avalan suficientemente la emisión del Certificado de Funcionamiento, del que se desprende, que mantienen la capacidad legal, técnica y económica, para el desarrollo seguro, ordenado y eficiente de la actividad que desarrollará como CEA, según las especificaciones de entrenamiento asociadas al Certificado de Funcionamiento. POR CUANTO Esta Autoridad Aeronáutica de la República, verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa técnica para la tramitación de la emisión del Certificado de Funcionamiento a que se contrae este Acto Administrativo, en atención a lo cual se considera procedente la renovación de la Certificación de Centro de Entrenamiento de Aeronáutico Civil para la formación del personal aeronáutico indicado en la especificaciones de instrucción, según lo previsto en artículo 9 y 89 de la Ley de Aeronáutica Civil y la Regulación Aeronáutica Venezolana 142 (RAV 142), en ejercicio de las atribuciones legalmente conferidas; DECEDE Artículo 1. Renovar el Certificado de Funcionamiento del Centro de Entrenamiento Aeronáutico MULTISERVICIOS AEREOS VIKINGO, C.A., de acuerdo con las condiciones, estipulaciones y términos que a continuación se establecen: 1. Tipo de Permiso: Certificado de Funcionamiento N° CCEA-61, autorizado para dictar cursos de: 1. Habilitación Especial Vuelo por Instrumento 2. Instructor de Vuelo Instrumental Simulado 2. Vaiidez:_Valido por un (01) año a partir de la fecha de emisión, sujeto al resultado satisfactorio de la auditoria de la validez continua del Certificado de Funcionamiento, que realizará la Autoridad Aeronáutica, de acuerdo a los estabiecido por el programa de vigilancia de seguridad operacional. 3. Base de Operaciones e Instalaciones de Funcionamiento: Av. Francisco de Miranda, Torre Bazar Bolívar, Piso 5, Ofic. 501, municipio Sucre, California Norte, estado Bolivariano de Miranda. ArtíCuIo 2. El CEA MULTISERVICIOS AEREOS VIKEINGO, C.A., está obligado a cumplir las normas previstas en la Ley de Aeronáutica Civil, las Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas aplicables al tipo de operación que realiza y demás disposiciones emanadas de la Autoridad Aeronáutica de la República. Artículo 3. En lo que respecta a la constitución, propiedad sustancial y control efectivo, la mencionada sociedad mercantil, deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 1. Solicitar por escrito ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), autorización para realizar cualquier modificación en cuanto a la composición accionaria de la empresa; tales como, venta de acciones, aumento de capital, o cambio de propiedad de la empresa, toda vez que el otorgado para la prestación del servicio de instrucción, es de carácter intransferible. 2. Notificar de inmediato y por escrito al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) el cambio de razón social, domicilio o representante de la sociedad mercantil. 3. El control efectivo y la dirección de la sociedad mercantil en su mayoría deberán estar a cargo de personas de nacionalidad venezolana. 4. El patrimonio estará constituido, según lo descrito en el acta constitutiva de la empresa a que se contrae este acto administrativo. 5. Comunicar de inmediato y por escrito a la Autoridad Aeronáutica cualquier modificación o alteración de carácter legal, económico, financiero, administrativo, técnico u operacional, que lleve a cabo la empresa. 6. Inscribir ante el Registro Aeronáutico Nacional, copia certificada de las Actas de Asambleas, de Accionistas, ordinarias y extraordinarias celebradas anualmente por la nombrada sociedad mercantil. 7. Presentar a la Gerencia General de Transporte Aéreo adscrita al INAC, el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, ajustados por inflación según el método DPC-10, acompañado por un dictamen de auditoría visado por un Contador Público en ejercicio independiente de su profesión, inscrito en,el Colegio de Contadores Públicos correspondiente. Artículo 4. Este Certificado de Funcionamiento podrá ser revocado o suspendido por evidenciarse el incumplimiento de la normativa técnica legal aplicable, previo cumplimiento del procedimiento administrativo esta -ido en la Ley de Aeronáutica Civil. Artículo 5. Esta Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. /Publíquese, PRESIDENCIA LEARDO ALBRIOBRICEÑO DUDAMEL Presidente (Edel Institu Nadipral de Aeronáutica Civil (INAC) 0ABE4.851 de fecha 28/08/2023 Publicade-saceta Oficial N° 42.701 del 28/08/2023 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-CJU-GDA-065-24 CARACAS, 31 DE ENERO DE 2024 213°, 164° y 24° CERTIFICACIÓN DE CENTRO MÉDICO AERONÁUTICO EXAMINADOR (CMAE) El Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, designado según Decreto Nro. 4.851, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezueia N° 42.701, ambos de fecha 28 de agosto de 2023, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 1 y 3 del artículo 13 de la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005, actuando en este acto en su condición de Autoridad Aeronáutica de la República, conforme con lo dispuesto en el artículo 9 y 40 de la Ley de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.140, de fecha 17: de marzo de 2009, cumplido los requisitos que exige lo dispuesto en la Regulación Aeronáutica Venezolana 67 (RAV 67) "Normas para el Otorgamiento del Certificado Médico Aeronáutico", publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.753 Extraordinario, de fecha 28 de julio de 2023. POR CUANTO En fecha 27 de diciembre de 2023, la ciudadana Laura González De Silva, en su condición de Directora de la sociedad mercantil FLIGHT CENTER XNTL AVIATION GROUP, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto del Distrito Capital, en fecha 19 de agosto de 2021, anotada bajo el N° 2, Tomo -1-A, y ante el Registro Aeronáutico Nacional bajo el N° 16, Tomo II, en fecha 01 de septiembre de 2021, cuya última modificación estatutaria fue realizada mediante Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, protocolizada ante el Registro Mercantil Cuarto del Distrito Capital, en fecha 06 de noviembre de 2023, bajo el N° 17, Tomo 882-A., e inscrita ante el Registro Aeronáutico Nacional en fecha 18 de diciembre de 2023, bajo el N° 30, Tomo III, 4to. Trimestre de 2023 del Libro de Actas Constitutivas, Estatutos Sociales, Modificaciones Estatutarias, Mandatos, Poderes o Autorizaciones de Empresas Relacionadas con la Actividad Aeronáutica; solicitó formalmente iniciar el Proceso de Renovación del Certificado como Centro Médico Aeronáutico Examinador (CMAE), de conformidad con lo establecido en la Regulación Aeronáutica Venezolana 67 (RAV 67). POR CUANTO La Gerencia General de Seguridad Aeronáutica, mediante comunicación N° GGSA/GCO/047-2023, de fecha 15 de julio de 2023, remitió el expediente administrativo correspondiente a la sociedad mercantil FLIGHT CENTER INTL AVIATION GROUP, C.A., que contiene IaS documentales que avalan la certificación, como Centro Médico Aeronáutico Examinador, habilitado para realizar los exámenes médicos autorizados por especialidad para la emisión inicial y renovación de certificados médicos conforme a la Regulación Aeronáutica Venezolana 67 (RAV 67). página original (tal como se publicó) [Página 4] POR CUANTO La SOciedad mercantil FLIGHT CENTER INTL AVIATION GROUP C.A., ha cumplido con los requisitos conforme a los parámetros establecidos en la Regulación Aeronáutica Venezolana 67 (RAV 67), lo que constituye un aval suficiente para la emisión de la presente Certificación como Centro Médico Aeronáutico Examinador (CMAE). DECIDE: Artículo 1. Se designa como Centro Médico Aeronáutico Examinador (CMAE) a la SOCiedad mercantil FLIGHT CENTER INTL AVIATION GRouP, C.A., con base a las condiciones, limitaciones y en los términos que a continuación se indican: Tipo de Permiso: Certificado de Centro Médico Aeronáutico Examinador (CMAE). Duración del Permiso: Veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de emisión del Certificado de Centro Médico Aeronáutico Examinador (CMAE) N° 008. Dirección: Av. Francisco de Miranda, Edificio Mene Grande, Piso 7, Oficina 03, Urb. Los Palos Grandes, Caracas, Dtto Capital. Especialidades habilitadas: Medicina General, Medicina Aeronautica, Gastroenterólogo, Oftalmología, Cardiología, Odontología, Otorrinolaringología, Psicología, Psiquiatría y Neurología. Artículo 2. La SOCiedad mercantil FLIGHT CENTER INTL AVIATION GRouP C.A., se sujeta al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Aeronáutica Civil, las Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas y demás normativas emanadas de la Autoridad Aeronáutica de la República. Artículo 3. En lo que respecta a la constitución, propiedad sustancial y control efectivo de la SOciedad mercantil FLIGHT CENTER INTL AVIATION GRouP, C.A., la empresa estará sujeta a cumplir con las siguientes disposiciones: 1. Notificar de inmediato y por escrito al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) el cambio de razón social, composición accionaria, domicilio o representante de la misma, toda vez que la Certificación como Centro Médico Aeronáutico Examinador, tiene carácter intransferible, a menos que para el traspaso o cesión de los mismos, previamente se obtenga la autorización del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. 2. El control y la dirección de la empresa en su mayoría deberán estar a cargo de personas de nacionalidad venezolana. 3. El patrimonio accionario debe ser nominativo y en su mayoría pertenecer a personas de nacionalidad venezolana. 4. Comunicar de inmediato y por escrito a la Autoridad Aeronáutica cualquier modificación o alteración de carácter legal, económico, financiero o administrativo, que lleve a cabo la sociedad mercantil. 5. Inscribir ante el Registro Aeronáutico Nacional, copia certificada de las Actas de Asambleas, de Accionistas, ordinarias y extraordinarias celebradas por la nombrada Sociedad Mercantil. 6. Presentar ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, ajustados por inflación según el método DPC-10, acompañado por uo dictamen de auditoría visado por un Contador Público en ejercicio independiente de su profesión, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos correspondiente. 7. Presentar ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) previo al cumplimiento de los veinticuatro meses (24), correspondiente al programa de vigilancia periódica, regulares y aleatorias, todos los requisitos exigidos por la normativa técnica aplicable. Artículo 4. El Certificado como Centro Médico Aeronáutico Examinador, podrá ser revocado o suspendido por evidenciarse el incumplimiento de la normativa técnica y legal aplicable. Artículo 5. Este Acto"Aduninistrativo entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial la República Bolivariar de Venezuela. Comuriqlles y Publíquese. PRESIDENCIA LEONPARPGOLBRTOBRICEÑO DUDAMEL Presidente (E) derinstituto Nadional de Aeronáutica Civil (INAC) Decreto N° 4.851 de fecha 28/08/2023 Publicado en Gaceta Oficial Nº 42.701 del 28/08/2023 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA JOHN ENRIQUE PARODY GALLARDO, Secretario del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, titular de la cédula de identidad N° 15.030.678, quien suscribe, CERTIFICA: que el extracto que a continuación se transcribe es traslado fiel y exacto del original del Acta de sesión ordinaria de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del 21 de febrero de 2024, la cual es del tenor siguiente: "Se dio inicio a la sesión de hoy, 21 de febrero de 2024, presidida por la Magistrada Presidenta, doctora Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, con la asistencia de las Magistradas y los Magistrados Edgar Gavidia Rodríguez, Tania D'Amelio Cardiet, Henry José Timaure Tapia, Malaquías Gil Rodriguez, Elsa Janeth Gómez Moreno, Lourdes Benicia Suárez Anderson, Fanny Márquez Cordero, Camen Marisela Castro Gilly, José Luis Gutiérrez Parra, Carlos Alexis Castillo Ascanio, Gladys María Gutiéez Alvarado, Luis Femando Damiani Bustilos, Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, Camen Eneida Alves Navas, Juan Carlos Hidalgo Pandares, Elías Rubén Bitar Escalona, Michel Adriana Velásquez Grilet y Emilio Antonio Ramos González. Se deja constancia de la ausencia justificada del Magistrado doctor Maikel José Moreno Pérez. De inmediato y verificado como fue el quórum, procedió la Sala a considerar los puntos del orden del día de la siguiente manera- .Omissis..)) Parte I: Administrativa:- Designación de los miembros de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia para el período 2024-2026, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, 75 y 76 del Reglamento Intemo de la Ley Orgínica del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, en acatamiento de la normativa mencionada se procedió a someter a votación los cargos para la conformación de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, cuya votación para las designaciones fueron de forma separada, leyéndose previamente el nombre de la Magistrada o Magistrado para someter a consideración y luego la respectiva votación. Siendo aprobada por unanimidad. Así, cumplidas todas las formalidades de Ley, se deja expresa constancia de la conformación de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia:- Comisión Judicial: Presidenta: Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez Primer Vicepresidente: Edgar Gavidia Rodriguez Segunda Vicepresidenta: Tania D'amelio Cardiet Miembro principal: Malaquías Gil Rodríguez Miembro principal: Elsa Janeth Gómez Moreno (.Omissis..)) Se declaró concluida la sesión.- La Magistrada Presidenta (Fdo.) CARYSLIA BEATRÍZ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. El Secretario (Fdo.) JOHN ENRIQUE PARODY GALLARDO". (Sello húmedo del Tribunal Supremo de Justicia en el que se loe: República Bolivariana de Venezuela- Tribunal Supremo de Justicia-Sala Plena"). En la ciudad de Caracas, los veintiún(21) dias del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024). DR.JOHN ENRIQUEPARODY GALLARDO Secretarig del Tribanal Supemo de Justicia LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA CONSTITUCIONAL EXPEDIENTE 17-1100 MAGISTRADA PONENTE: MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET El 25 dc octubre de 2017, se recibió en la Secretaría de esta Sala un escrito contentivo de una solicitud que denominaron "Regulación de Competencia", presentada por un grupo de ciudadanos que se identifican como el Tribunal de la Jurisdicción Especial Indigena de la Comunidad "Huottöja Ahuiyäru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" "Itasode Jueipocatto Tabor o Roechuome Áhuiyäru Tuhuo'cho Reje", en el cual plantearon su jurisdicción para juzgar al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N.° V-13.058.323, obrero, de cuarenta y tres años de edad, indígena y miembro de la comunidad "Las Pavas", ubicada en el Municipio Atures del Estado Amazonas, rechazando el proceso que se le sigue al referido ciudadano ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas, identificada la causa penal con el alfanumérico XP01-P-2017-000273, por la presunta comisión del delito de abuso sexual con penetración a niña, previsto y sancionado en el artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente, efectuado en contra de una niña indígena, cuya identidad es omitida, de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El 25 de octubre de 2017 se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado Dr. CALIXTO ANTONIO ORTEGA RIOS. página original (tal como se publicó) [Página 5] El 27 de octubre de 2017, se recibió ei Oficio N.° 1516-2017, del 20 de septiembre. de 2017, emanado del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones-de Juicio del Circuito Judicial Penai del Estado Amazonas, suscrito por la Jueza Yormar Dailyn Rosaleas Requena, mediante el cual remitió el "Cuaderno de Conflicto de Competencia", contentivo de 165 folios útiles, anexado un CD y copias certificadas de la causa penal identificada con el alfanumérico XP01-P-2017-000273, seguida al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO sOLANO, ya identificado, en el cual está incluida la decisión de dicha instancia sobre el conflicto de competencia planteado. El 8 de marzo de 2018, los ciudadanos José Ochoa, José Muñoz y Antonio Palacio, actuando con el carácter acreditado en autos, formularon alegatos y efectuaron pedimentos, especificamente solicitaron la revisión o revocación de la medida privativa judicial preventiva de libertad, dictada en la persona de HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO. El 28 de junio de 2018, la Sala dictó la sentencia N.° 437, mediante la cual, entre otras disposiciones, realizó una reconducción de la calificación juridica de la demanda incoada a una ACCIÓN INNOMINADA DE NATURALEZA CONSTITUCIONAL, toda vez que los derechos fundamentales cuya protección se pretende, no poseen ninguna legislación regulatoria al respecto, por encontrarse desprovisto de un procedimiento judicial que permita su efectiva tutela. Y asimismo esta Sala declaró que: "(.) PRIMERO: Es COMPETENTE para conocer de la acción innominada de. naturaleza constitucional incoada por el grupo de ciudadanos que se denominan Tribunal de la Jurisdicción Especial Indigena de la Comunidad Huottöja Ahuiyäru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" Itasode Jueipocattö Täbotö Roechuome Ahuiyäru Tuhuo'cho Reye. en el cual plantean su jurisdicción para juzgar al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO. SEGUNDO: Se ADMITE la acción innominada de naturaleza constitucional interpuesta. por el grupo de ciudadanos que se denominan Tribunal de la Jurisdicción Especial Jueipocattö Täbotö Roechuome Ahuiyäru Tuhuo'cho Reye, en el cual plantean su jurisdicción para juzgar al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO. TERCERO: Se ORDENA notificar a la Defensoría de! Pueblo y a la Fiscaliía General de la República y al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. CUARTO: Se ORDENA a la Coordinación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, remita la actualización de la información que solicitó al Consejo de Protección de dicho municipio, en el caso de marras, dentro del lapso de cinco (5) dias, contados desde el momento de su notificación, más un término de la distancia de seis (6) dias. QUINTO: Se IMPONE a la Coordinación del Circuito Judicial de Protección de Niños. Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, el deber de solicitar mensualmente al Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del Municipio Atures del Estado Amazonas, un informe en el que se revele la situación social, el estado de salud y la ubicación de la niña, el cual deberá, una vez recibido, remitir de forma inmediata a esta Sala Constitucional...)". El 24 de septiembre de 2018 Consta en los autos del presente expediente la práctica de la notificación, de los órganos mencionados en la sentencia N.° 0437. El 24 de septiembre de 2018, la Presidencia de la Sala emite el Oficio N.° 18- 0615, remitiendo copia certificada de la sentencia N.° 437, dictada por esta Saia 28 de junio de 2018, al ciudadano Tarek Willians Saab, en su carácter de Fiscal General de la República. El 24 de septiembre de 2018, la Presidencia de la Sala emite el Oficio N.° 18- 0616, remitiendo copia certificada de la sentencia N.° 437, dictada por esta Sala 28 de junio de 2018, al ciudadano Alfredo Ruiz Angulo, en su carácter de Defensor del Pueblo. El 24 de septiembre de 2018, la Presidencia de la Sala emite el Oficio N.° 18- 0617, remitiendo copia certificada de la sentencia N.° 437, dictada por esta Sala 28 de junio de 2018, a ia ciudadana Aloha Josclyn Núñez Gutiérrez, en su carácter de Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. El 24 de septiembre de 2018, la Presidencia de la Sala emite el Oficio N.° 18- 0618, remitiendo copia certificada de la sentencia N.° 437, dictada por esta Sala 28 de junio de 2018, al Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, con sede en Puerto Ayacucho. El 2 de octubre de 2018, se recibió escrito en la Secretaria de la Sala, suscrito por el abogado Victor Hugo Arias Revilla, actuando con el carácter de Fiscal Cuarto (E) del Ministerio Púbfico con Competencia para actuar ante las Sala Plena, de Casación y Constitucional de este Máximo Tribunal, mediante el cual solicitó copias simples relacionados con el presente caso. El 2 de octubre de 2018, consta diligencia presentada ante la Sccretaría de la Sala, por el ciudadano Eduard Segundo Pérez Volcanes, actuando con el carácter de Alguacil de esta Sala, con la cual consignó resultas de la entrega del oficio N.° 18-0615, del 24 de septiembre de 2018, dirigido al ciudadano Tarek Willians Saab, Fiscal General de la República. Se acordó agregar la presente diligencia y anexó al expediente respectivo El 5 de octubre de 2018, consta diligencia presentada ante la Sccretaria de la Sala, por el ciudadano Eduard Segundo Pérez Volcanes, actuando con el carácter de Alguacil de esta Sala, con la cual consignó resultas de la entrega del oficio N.° 18-0616, del 24 de septiembre de 2018, dirigido al ciudadano Aifredo Ruiz Angulo, Defensor del Pueblo. Se acordó agregar la presente diligencia y anexó al expediente respectivo. El S de octubre de 2018, consta diligencia presentada ante la Secretaría de la Sala, por el ciudadano Eduard Segundo Pérez Volcanes, actuando con el carácter de Alguacil de esta Sala, con la cual consignó resultas de la entrega del oficio N.° 18-0618, dirigido al ciudadano Coordinador del Circuito Judicial de de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de ta Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, Puerto Ayacucho. Se acordó agregar la presente diligencia y anexó al expediente respectivo. El 9.de octubre de 2018, consta diligencia presentada ante la Secretaría de la Suda, por el ciudadano Eduard Segundo Pérez Volcanes, actuando con el carácter de Alguacil de esta Sala, con la cuai consignó resultas de la entrega del oficio N.° 18-0617, dirigido a la ciudadana Aloha Joselyn Núñez Gutiérrez, Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Se acordó agregar la presente diligencia y anexó al expediente respectivo. El 22 de octubre de 2018, consta diligencia presentada ante la Secrctaría de la Sala, mediante la cual el abogado Victor Hugo Arias Revilla, actuando con el carácter de Fiscal Cuarto (E) del Ministerio Público para actuar en la Sala Plena, las Salas de Casación y Constitucional de este Máximo Tribunal, retiró las copias simples solicitadas. El 31 de octubre de 2018, se recibió el oficio N.° FTSJ-4-0340-2018, dcl 29 de octubre de 2018, por el cual el abogado Victor Hugo Arias Revilla, actuando con el carácter de Fiscal Cuarto (E) del Ministerio Público con Competencia para actuar ante las Sala Plena, de Casación y Constitucional de este Máximo Tribunal, informó que fue comisionado por el ciudadano Fiscal General de la República para actuar en el presente caso. El 21 de noviembre de 2018, se recibió escrito en la Sécrctaria de la Sala, mediante el cual el ciudadano Antonio Rogelio Palacio, autoridad legítima dcl Tribunal de la Jurisdicción Especial de la Comunidad Huottöja Ähuiyäru Tuhvo'cho Reje "Las Pavas", Estado Amazonas, asistido por el abogado Guillermo Marciales, efectuó pedimento y consignó documentos. El 22 de noviembre de 2018, se recibió escrito en la Secretaría de la Sala, mediante el cual el abogado Robaldo Cortéz, actuando con el carácter de Fiscal Nonagésimo Primero Nacional del Ministerio Público con Competencia en Materia Indígena, solicitó copias simples relacionadas con el presente caso. El 6 de diciembre de 2018, se recibió diligencia en la Secretaría de la Sala, mediante la cual el abogado Robaldo Cortez, actuando con el carácter de Fiscal Nonagésimo Primero Nacional del Ministerio Público, con Competencia en Materia Indígena retiró copias simples relacionadas con el presente caso. El 10 de diciembre de 2018, se recibió en la Secretaria de esta Sala el oficio N.° FTSJ-4-0377-2018, del 5 de diciembre de 2018, mediante el cual la abogada Rosa María Díaz Pérez, Fiscal Cuarta del Ministerio Público con Competencia para actuar ante la Sala Plena y las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, informó de su designación para ejercer la representación del Ministerio Público en esta acción innominada de naturaleza constitucional. El 4 de febrero de 2019, se recibió el oficio N.° 017-2019, del 9 de enero de 2019, suscrito por la abogada Marilyn de Jesús Colmenares, en su carácter Presidenta del Circuito Judicial Penal Fronterizo del Estado Amazonas, remitiendo actuaciones complementarias. constantes de 24 folios útiles, de la causa identificada con el alfanumérico XP01-P-2017- 000273, de la nomenclatura del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de la misma Circunscripción Judicial. El 4 de febrero de 2019, se recibió el oficio N.° 02-19, del 7 de enero de 2019, suscrito por el abogado Mario Aiberto Marcano Escobar, Juez Coordinador del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, con el cual suministró información que guarda relación con la situación actual. estado de salud y la ubicación física de la adolescente indigena, presuntamente victima del delito, cuya identidad se omite, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El 5 de febrero de 2019, se recibe diligencia en la Secretaría de la Sala, mediante la cual el abogado Victor Hugo Arias Revilla, actuando con el carácter de Fiscal Cuarto (E) del Ministerio Público para actuar en las Salas Plena, de Casación y Constitucional de este Máximo Tribunal, solicitó copias simples. página original (tal como se publicó) [Página 6] El 5 de febrero de 2021, se reunieron en el Salón de Audiencias de esta Sala, los Ciudadanos Magistrados Doctores Lourdes Benicia Suárez Anderson, Presidenta de la Sala, Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente, y los Magistrados Doctores Carmen Zuleta de Merchan, Juan José Mendoza Jover, Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos y René Alberto Degraves Almarza, a los fines de la instalación de la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, todo de conformidad con lo dispuesto en fos artículos 20 y 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada de la siguiente manera: Doctora Lourdes Benicia Suárez Anderson, Presidenta de la Sala, Doctor Arcadio Deigado Rosales, Vicepresidente, y los Magistrados Doctores Carmen Zuieta de Merchán, Juan José Mendoza Jover, Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos y René Alberto Degraves Almarza. El 20 de abril de 2022, el abogado Carlos Alberto Guerrro Quintana, en' su cualidad de Defensor Público Provisorio Segundo, con competencia para actuar ante las Salas Plena, Constitucional, Casación Civil, Casación Social, Político Administrativa y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, actuando como defensor público del ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, ya identificado, presunto, ante la Secretaría de esta Sala Consitucional, escrito con el cual manifestó el interés procesal en el preserte caso y solicitó pronunciamiento en la acción innominada constitucional, en la cual es parte su defendido. Se acordó agregar los referidos escritos al expediente respectivo. El 27 de abril de 2022, se reunicron en el Salón de Auliencias de esta Sala los ciudadanos Magistrados Doctores Gladys Maria Gutiérrez Aivarado, Lourdes Benicia Suárez Anderson, Luis Fernando Damiani Bustillos, Calixto Ortega Ríos y Tania D'Amelio Cardiet, a los fines de la instalación de la Sala Constitucional de este Suprcmo Tribunal, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada de la siguiente manera: Magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado, Presidenta, Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson. Vicepresidenta, y los Magistrados Luis Fernando Damiani Bustillos, Calixto Ortega Ríos y Tania D'Amelio Cardiet. El 3 de junio de 2022, esta Sala dictó fallo, N.° 117, mediante el cual solicitó para mejor proveer que: "(...)PRIMERO: Se ORDENA al Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, remitir de forma inmediata a esta Sala Constitucional, los informes relacionados con la situación social, el estado de salud y la ubicación de la niña, los cuales se les impuso que debería solicitar mensualmente al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Atures del Estado Amazonas, debiendo cumplirse dicho requerimiento dentro del lapso de cinco (5) dias, contados desde el momento de su notificación, más un término de la distancia de seis (6) días. SEGUNDO: Se le INFORMA, al Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección. de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, que relevancia y sus decisiones son de urgente y obligatorio cumplimiento, en vista de los derechos constitucionales que pudieren resultar afectados; por tanto, se le advierte al jurisdicente que la desatención a las órdenes impartidas por esta Sala, en el suministro inoportuno de las informaciones, datos o expedientes que solicitare, acarrean para el infractor la posibilidad de incurrir en desacato de la decisión judicial o desobediencia a la autoridad, sancionada con la multa establecida en el articulo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que prevé lo siguiente: (omissis) TERCERO: Se ORDENA a Ia Secretaría de la Sala que, de conformidad con el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribumal Supremo de Justicia, practique las notificaciones acordadas en la presente decisión, de forma telefónica (.)". El 14 de junio de 2022, el Secretario de la Sala Constitucional, abogado Carlos Arturo García Useche, dejó constancia en una nota secretarial, que se comunicó vía telefónica con el ciudadano Mario Alberto Marcano Escobar, titular de Ia cédula de identidad N.° V-14.258.647, quien se identificó como Juez Coordinador del Circuito Judiciai de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas y se le impuso del contenido del fallo N.° 117, dictado y publicado por esta Sala el 3 de junio de 2022. Igualmente, se procedió a remitir al correo electrónico marioalbertomarcanoa@hotmail.com copia de la referida sentencia que le fuera notificada. El 7 de julio de 2022 y 12 de agosto de 2022, el abogado Carlos Aiberto Guerrero Quintana, en su cualidad de Defensor Público Provisorio Segundo, con competencia para actuar ante las Salas Plena, Constitucional, Casación Civil, Casación Social, Político Administrativa y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, actuando como defensor público del ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, ya identificado, presentó, ante la Secretaria de esta Sala Constitucional, escritos con los cuales manifestó el interés procesal en el presente caso y solicitó pronunciamiento en la acción innominada constitucional, en la cual es parte su defendido. Se acordó agregar los referidos escritos al expediente respectivo. El 27 de septiembre de 2022, vista la licencia autorizada por la Sala Plena de esie Alio Tribunal al Magistrado Calixto Ortega Rios y la incorporación de la Magistrada Michel Adriana Velásquez Grillet, esta Sala Constitucional, queda constituida de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, Vicepresidenta; Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, Magistrada Tania D'Amelio Cardiet y Magistrada Michel Adriana Velásquez Grillet. El 4 de octubre de 2022, se reasignó la ponencia del presente expediente a la Magistrada MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. El 14 de octubre de 2022, esta Sala dictó fallo N.° 746, mediante el cuai requirió nuevamente para mejor proveer: "(.PRIMERO: Se ORDENA al Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños. Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas. remitir de forma inmediata a esta Sala Constitucional, los informes relacionados con lo situcsción social, el estado de salud y la ubicación de la niña, los cuales se les impuso que deberia solicitar mensualmente al Consejo de Protección de Niños. Niñas y Adolescentes del Municipio Attres del Estado Amazonas, debiendo cumplirse dicho requerimiento dentro del lapso de cinco (5) dias, contados desde el momento de su notificación, más tn término de la distancia de seis (6) dias. Igualmente, se advierte al Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños. Ninas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, que los casos atendidos por esta Sala Constitucional se caracterizan por ser de alta relevancia y sus decisiones son de urgente y obligatorio cumplimiento, en vista de los derechos constitucionales que pudieren resultar afectados; por tanto, se le advierte al jurisdicente que la desatención a las órdenes impartidas por esta Sala, en el suministro inoporsuno de las informaciones, datos o expediemes que solicitare, acarrean para el infractor la posibilidad de incurrir en desacato de la decisión judicial o desobediencia a la autoridaai, sancionada con la multa establecida en el articulo 122 de la Ley Orgánica del Tribuna! Supremo de Justicia, que prevé lo siguiente: (omissis) SEGUNDO: Se IMPONE al abogado Mario Alberto Marcano Escobar, titular de l. cédula de identidad N.° V-14.258.647, en su condición de Juez Coordinador del C'ircuito Judiciol de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial diel Estado Amazonas, para el 14 de julio de 2022, por no suministrar oportunamente la información solicitada por esta Sala Constitucional, una multa por la cantidua de ochocientos veinte bolívares (Bs. 820.00), ya que incurrió en el incumplimiento de lo ordenado por esta Sala Constitucional en el fallo N.° 0117, dictado y publicado por esta Sala el 3 de junio de 2022, del cual fue notificado el 14 de junio de 2022: correspondiente dicha multa al limite medio establecido en el articulo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la multa será pagada a favor de la Tesoreria Nucional, en las oficinas del Banco Central de Venezuela o en cualquier institución bancaria o financiera receptora de fondos públicos. El referido funcionario sancionado deberá acreditar ante esta Sala el pago, mediante la consignación en autos del comprobante correspondiente, dentro de los cinco (5) dias siguientes a su notificación, más un término de la distancia de seis (6) dias. Todo ello sin perjuicio del derecho de descargo que tiene el sancionado, a tenor de lo previsto en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. TERCERO: Se ORDENA a la Secretaría de la Sala que, de conformidad con el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, practique la notificación acordada en la presente decisión, de forma telefónica(...)". El 8 de noviembre de 2022, el Secretario de la Sala Conistitucional, abogado Carlos Arturo García Useche, dejó constancia en una nota secretarial, que se comunicó vía telefónica con el ciudadano Mario Alberto Marcano Escobar, titular de la cédula de identidad N.° V-14.258.647, quien se identificó como Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del esta Sala el 14 de octubre de 2022. Igualmente, se procedió a remitir al correo electrónico marioalbertomarcanoa@hotmail.com copia de la referida sentencia que le fuera notificada. El 8 de noviembre de 2022, la Presidencia de la Sala emite el Ofi-io N.° TSJ/SCS/OFIC/1325-2022, remitiendo copia certificada de la sentencia N.° 746, c...ada y publicada por esta Sala el 14 de octubre de 2022, al ciudadano Mario Alberto Marcano Escobar, Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas. El 9 de noviembre de 2022, se recibió diligencia en la Secretaría de la Sala, mediante la cual el abogado Carlos Alberto Guerrero Quintana, actuando en su cualidad de Defensor Público Provisorio Segundo con competencia para actuar ante las Salas Plena, Constitucional, Político Administrativa, Casación Civil, Casación Social y Electoral de este Máximo Tribunal, actuando como defensor público del ciudadano, HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, con la cual solicitó copias certificadas de la decisión N.° 0746 del 14 de octubre del 2022, dictada por esta Sala. El 10 de noviembre de 2022, la Presidencia de la Sala emite el Oficio N.° TSJ/SCS/OFIC/1330-2022, dirigido al Banco Central de Venezuela, con el cual se le informó que a través de la decisión N.° 746, del 14 de octubre de 2022, se le impuso al ciudadano Mario Alberto Marcano Escobar, titular de la cédula de identidad N.° V- 14.258.647, multa por la cantidad de Bs. 820,00. El 10 de noviembre de 2022, fue recibido en la Secretaria de esta Sala correo electrónico, desde la dirección coordlopnnamazonas@gmail.com a través del cual adjunta planilla de pago, forma 00016, a nombre del abogado Mario Alberto Marcano Escobar, contentivo del pago de la multa por la cantidad de Bs. 820,00, que le fuera impuesta por esta Sala mediante decisión N.° 746 del 14 de octubre del 2022, dictada por esta Sala. página original (tal como se publicó) [Página 7] El 18 de noviembre de 2022, se dictó un auto acordando copia certificada de la .sentencia N.° 746 del 14 de octubre del 2022, dictada por esta Sala, al abogado Carlos Alberto Guerrero Quintana, actuando en su cualidad de Defensor Público Provisorio Segundo con competencia para actuar ante las Salas Plena, Constitucional, Político Administrativa, Casación Civil, Casación Social y Electoral de este Máximo Tribunal, actuando como defensor público del ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, ya identificado. El 22 de noviembre de 2022, fue recibido el oficio N° 244-22, del 14 de noviembre de 2022, suscrito por el abogado Mario Alberto Marcano Escobar en su condición de Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, mediante el cual remite original de la planilla de pago para abonar a la cuenta del Tesoro Nacional, Forma )0016, a nombre de ese servidor judicial, contentiva del pago de una multa por la cantidad de Bs. 820,00, impuesta por esta Sala Constitucional con la sentencia N.° 746 del 14 de octubre de 2022. El 22 de noviembre de 2022, fue recibido desde el Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripcién Judicial del estado Amazonas, el original del oficio distinguido con el N.° 195-22, del 15 de noviembre de 2022, eraanado del Consejo de Protcción de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Autónomo Atures del Estado Amazonas, con el cual se informa que: .. me dirijo a Usted, con la finalidad de dar respuesta al oficio N.°243/22, de fecha 10 noviembre de 2022; mediante el cual solicitan se les informe sobre la situación social. estado de salud y ubicación de la adolescente (...). Al respecto le commico que este Consejo de Protección se traslado en las personas de Apolo López. Abogado, en su condición de Consejero Titular (..) y Alejandra Peres, Abogada, Consejera Provisoria, (.) en compañia del Abogado José Bracho y Carlos Heredia, Secretario y Alguacil del Circuito de- Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de ia Circunscripción Judicial del Estado Amazonas respectivamente, a la casc: de paterna de: la adolescente (...) a fin de constatar situación social, estado de salud y actual ubicación de la referida adolescente, en virtud de a dicha ciudadana se le otorgó LA MEDIDA INNOMINADA DE CUIDO en fecha 17 de enero de 2017. segit riela en autos al folio 25 Ahora bien, en el presente procedimiento se realizó entrevista a la ciudadana HILARLA DALILA GAMARRA DE. CANDIA, abuela paterna de: la adolescente (..) la misma manifestó que desconoce la ubicación exacta de la adolescente (...). Expresó que su nieta se fue de su casa con un joven con cl que se medio a vivir en pareja y la última conunicoción entre ellas fue a través de la red socíal Facebook en octubre de 2021, a través del cual ella escribió un hola pero nunca obtuvo repuesta, lo último que; supo fueque estaban fuera del Estado...". El 8 de diciembre de 2022, el abogado Carlos Alberto Guerrero Quintana, en-su cualidad de Defensor Público Provisorio Segundo, con competencia para actuar ante las Salas Plena, Constitucional, Casación Civil, Casación Social, Político Administrativa y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, actuando como defensor público del ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, ya identificado, presentó, ante la Scretaría de esta Sala Constitucional, escrito con el cual manifestó el interés procesal en el presente caso y solicitó pronunciamiento en la acción innominada constitucional, en la cual es parte su defendido. Se acordó agregar los referidos escritos al expediente respectivo. El 14 de diciembre de 2022, esta Sala dictó fallo N.° 1181, mediante el cual nuevamente solicitó para mejor proveer lo siguiente: "(...) I.- Se ORDENA nuevamente al Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, remitir de forma immediata a esta Sala Constitucional, los informes relacionados con la situación social. el estado de salud y la ubicación de la niña, los cuales se les impuso que deberia solicitar mensualmente al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Atures del Estado Amazonas, debiendo cumplirse dicho requerimiento dentro del lapso de cinco (5) dias, contados desde el momento de su notificación, más un término de la distancia de seis (6) dias. 2.- Se ADVIERTE al Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños,; Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, que los casos atendidos por esta Sala Constitucional se caracterizan por ser de alta relevancia y sus. decisiones son de urgente y obligatorio cumplimiento, en vista de los derechos constitucionales que pudieren resultar afectados; por tanto, se le advierte al jurisdicente que la desatención a las órdenes impartidas por esta Sala, en el suministro inoportuno de las informaciones, datos o expedientes que solicitare, accrrcan para el infractor la posibilidad de incurrir en desacato de la decisión judicial o desobediencia a la autoridad. sancionada con la multa establecida en el articulo 122 de la Ley Crgánica del Tribunal Supremo de Justicia. 3.- Se ORDENA a la Secretaría de la Sala que, de conformidad con el articulo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, practique Ia notificación acordada en la presente decisión, de forma telefónica (...)". El 15 de diciembre de 2022, el Secretario de la Sala Constitucional, abogado Carlos Arturo García Useche, dejó constancia en una nota secretarial, que se comunicó via telefónica con el ciudadano Mario Alberto Marcano Escobar, titular de la cédula de identidad N.° V-14.258.647, quien se identificó como Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas y se le-impuso del contenido del fallo N.° 1181, dictado y publicado por esta Sala el 14 de diciembre de 2022. Igualmente, se procedió a remitir al correo electrónico marioalbertomarcanoa@hotmail.com copia de la referida sentencia que le fuera notificada. El 15 de diciembre de 2022, la Presidencia de la Sala emite el Oficio N.° TSJ/SCS/OFIC/1558-2022, remitiendo copia certificada de la sentencia N.° 1181, dictada y publicada por esta Sala el 14 de diciembre de 2022, al ciudadano Mario Alberto Marcano Escobar, Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas. El 23 de enero de 2023, fue recibido en la Secretaria de esta Sala correo electrónico, desde la dirección coordlopnnamazonas@gmail.com a través del cual se remite adjunto el Oficio N.° 01-23, del 11 de encro de 2023, suscrito por el ciudadano Mario Alberto Marcano Escobar, Juez Coordinador del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado Amazonas, con el cual se remitió información solicitada y ordenada por esta Sala- en la sentencia N.° 1181, del 14 de diciembre de 202, en el cual se expuso lo siguiente: ".. es propicia la ocasión para dar cumplimiento a la notificación que me hiciera la Secretarla de la Sala Constitucional via llamada telefónica en fecha 19/12/2022. A tal efecto, hago del conocimiento de la honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que los informes mensuales requeridos al Consejo de Protección de Niños. Niñas y Adolescentes del Municipio Autónomo Atures del Estado Amazonas, que guardan relación con el caso de la adolescente (..) seguido en el expediente nomenclatura 17- 1100, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, no fueron realizados en su debida oportunidad: debido a que la adolescentes antes referida cambio su lugar de residencia, trasladándose junto a su pareja a la República de Colombia (Pueblos aledaños a la frontera con Venezuela), desconociéndose a la fecha su ubicación exacta, tal y como se desprende de la comunicación identificada con el Ne 226-2022, fechada 21 de Diciembre del año 2022, emanada del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Mimicipio Atures del Estado Amazonas, suscrita por el ABG. APOLO L.OPE7. en su carácter de Consejero de Protección de Ninos, Niñas y Adolescentes. No obstante, de la revisión exhaustiva realizada a la causa nomenclatura EJ-3210. llevada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial de! Estado Amazonas, se constató la elaboración de siete (07) informes técnicos psicosociales y de seguimiento y control realizados por las profesionales del equipo Multidisciplinario adscritas a éste Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, fechados. 18/12/2018, 31/01/2019, 21/02/2019, 20/93.2019, 08/04/2019, 08/03/2019 y 1)/10/2019, conducentes. Es importante resaltar. que de los autos del expediente se evidencia que no reposan informes de seguimiento y control durante los años subsiguientes, en virtud de la pandeinia y consecuente confinamiento decretado por el Ejecutivo Nacional, y en rezin del cambio de residencia realizado por la adolescente (.) el cual se materializó en fecha GAMARRA DE CANDIA, venezolana, mayer de edad, titular de la cédula de identidad N 8.907.005, en su carácter de abuela paterna...". El 30 de enero de 2023, el abogado Carlos Alberto Guerrero Quintana, en su cualidad de Defensor Público Provisorio Segundo, con competencia para actuar ante las Salas Plena, Constitucional, Casación Civil, Casación Social, Político Administrativa y Electora! del Tribunal Supremo de Justicia, actuando como defensor público del ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO. ya identificado, presentó, ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, escrito-con el cual manifestó el interés procesal en el presente caso y solicitó pronunciamiento en la acción innominada constitucional, en la cual es parte su defendido. Se acordó agregar los referidos escritos al expediente respectivo. El 8 de febrero de 2023, se recibe resu la de la entrega de: oficio N.° TS3/SCS/OFIC-1558-2022, del 15 de diciembre de 2022, dirigido al ciudadano Mario Alberto Marcano Escobar, Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, con ei cual se le emitió copia certificada de la decisión N.° 1181, del 14 de diciembre de 2022, dictada por esta Sala. El 28 de febrero de 2023, se recibe resulta de la entrega del oficio N.° TSJ/SCS/OFIC 1325-2022, del 8 de noviembre de 2022, dirigido al ciudadano Mario Alberto Marcano Escobar, Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, con el cual se le emitió copia certificada de la decisión N.° 746, del 14 de octubre de 2022, dictada por esta Sala. El 28 de febrero de 2023, se recibe resulta de la entrega del oficio N.° TSJ/SCS/OFIC-1330-2022, del 10 de noviembre de 2022, dirigido al Banco Central de Venezuela, mediante el cual se le informó que a través de la decisión N.° 746, del 14 de octubre de 2022, se le impuso al ciudadano Mario Alberto Marcano Escobar, titular de la cédula de identidad N.° V-14.258.647, multa por la cantidad de Bs. 820,00. El 28 de febrero de 2023, 28 de marzo de 2023, 27 de abril de 2023, 30 de mayo de 2023, 30 de junio 2023, 31 de julio de 2023, 11 de agosto de 2023 y el 27 de septiembre de 2023, el abogado Carlos Alberto Guerrero Quintana, en su cualidad de Defensor Público Provisorio Segundo, con competencia para actuar ante las Salas Plena, Coustitucional Casación Civil, Casación Social, Politico Administrativa y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, actuando como defensor público del ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, ya identificado, presentó, ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, escritos con los cuales manifestó el interés procesal en el presente caso y solicitó pronunciamiento en la acción innominada constitucional, en la cual es parte su defendido. Se acordó agregar los referidos escritos al expediente respectivo. I ANTECEDENTES Del estudio del presente expediente se desprenden los siguientes antecedentes: El 23 de noviembre de 2016, una ciudadana llamada "Carmen", 1. únicamente identificada como maestra en el Colegio "Madre Carmen Mazzarello". ubicado en la ciudad de Puerto Ayacucho, acudió a la Delegación Estadal Amazonas, Sub-Delegación Pucrto Ayacucho del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, donde ante el detective Rafael Escobar denunció que una niña que cstudia en dicha institución le informó que había sido acusada sexualmente, en múltiples ocasiones, por su padrastro HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, que los hechos habían ocurrido en su vivienda ubicada en la Comunidad Las Pavas", caserío Piaroa de dicha entidad federal. página original (tal como se publicó) [Página 8] El 23 de noviembre de 2016, se realizó una entrevista policial a la niña 2. quien expuso "el dia de ayer. lunes, estaba dormida en m casa, cuando de repente mi padrastro de nombre HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, comenzó a golpearme y regañarme, luego de eso comenzó a quitarme la ropa y abuso (sic) de mi, luego el día (sic) de hoy se lo comente (sic) a una maestra quien me trajo para acá". Tras lo cual, el licenciado Pedro Delgado, Jefe de la Sub-Delegación Policial de Puerto Ayacucho solicitó al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMEF) del Estado Amazonas que se realizara el examen médico legal (físico-vagino-rectal) a la niña, el cual fue practicado en la misma fecha por el Dr. José Arianna Mirabal, Experto Profesional Especialista II, concluyendo que se trata de una "paciente de sexo femenino de l1 años de edad, de raza mestiza. que al momento del examen presenta. Examen físico: ausencia de vello púbico, genitales externos inmaduros, de aspecto y configuración normal. Fimen anular con desgarro antiguo a las 5 y 6 según distribución horaria". Por lo cual. consideró que en la niña se había producido una desfloración antigua. El 23 de noviembre de 2016, siendo las 13:00 horas de cse dia, según lo 3. asentado en Acta de Investigación Penal, el dctective Rafael Escobar y el Detective Agregado Jackson Vásquez, procedieron a realizar una revisión técnica del lugar donde se encontraba el ciudadano, así como a detenerlo, una vez realizada la lectura de sus derechos y cfectuarle una revisión corporal. Trasladándose a continuación a la sede policial donde notificaron de la detención al Abogado Luis Correa, Fiscal Quinto de la Circunscripción Judicial Penal dei Estado Amazonas. El 25 de noviembre de 2016, el Abogado Luis Correa, Fiscal Quinto de la 4. Circunscripción Judicial Penal del Estado Amnazonas, notificó al Juez de Primera Instancia on Funciones de Control del Circuito Judicial Pena! del Estado Amazonas sobre la detención del ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, asi como le explicó que su privación de libertad se hace por la presunta comisión de delitos previstos en la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, solicitando en consecuencia que se realice la Audiencia de Presentación del mismo, de conformidad con lo previsto en la norma adjetiva pena). El 25 de noviembre de 2016, el Tribunal Terccro de Primera Instancia en 5. Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas, da por recibido el asunto y solicitó quc sea designado un Defensor Público para ef ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO. 6. El 25 de noviembre de 2016, se realizó la audiencia de presentación del ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, en la cual el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas declaró con lugar la solicitud fiscal y calificó la aprehensión en flagrancia del ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, ordenó que el proceso penal se desarrolle de conformidad con las normas previstas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, declaró con lugar la prueba anticipada solicitada por la Fiscalia y mantuvo la privación judicial preventiva de libertad del referido ciudadano. El 7 de febrero de 2017, se desarrolla la Audiencia Preliminar del 7. presente asunto, en la cual, al manifestar el ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, que pertenece a la etnia indígena Guotoja y que no entiende plenamente el castellano, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 139 de-la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indigenas y se le nombra a un intérprete. Seguidamente, procede la representación del Ministerio Público a presentar escrito de acusación en contra del ciudadano por la presunta comisión del delito de Abuso Sexual a Niña con penetración, agravado y continuado, según lo previsto en el artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como a promover las pruebas en las cuales sustenta su acusación para que sean ventiladas en la fase procesal correspondiente. Del mismo modo, al finalizar dicha audiencia, el Tribunal Penal de Primera Instancia en Funciones de Control del Estado Amazonas admitió la Acusación Fiscal, explicó al imputado la existencia del procedimiento especial por la admisión de hechos, al cual, el ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, manifestó no querer acogerse. Por lo cual, se procedió a ordenar el pase a juicio de dicha causa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 312 del Código Orgánico Procesal Penal. El 1 de mayo de 2017, un grupo que se denominan Tribunal de la 8. Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad Huottöja Ahuiyäru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" Itasode Jueipocatto Tabotō Roechuome Áhuiyäru Tuhuo'cho Reye, conformado por los ciudadanos José Manuel Ochoa, titular de la cédula de identidad N.° V-8.444.344, identificado como Autoridad Legitima; José Manuel García, titular de la cédula de identidad N.° V-8.9.01.112, identificado como Autoridad Legítima; José Gregorio Muñoz, titular de la cédula de identidad N.° V- 8.903.423, identificado como Autoridad Legítima; Juan Martínez, titular de la cédula de identidad N.° V-15.499.867, identificado como Capitán; Antonio. Rogelio Palacio, titular de la cédula de identidad N.° V-10.605.226, identificado como Cacique; Enrique Martínez Gómez, titular de la cédula de identidad N.° V.. 18.835.950, identificado como Secretario y Rogelio Ochoa Soto, titular de la cédula N.° V-12.629.899, actuando como Intérprete, realizaron un juicio, cn una sola audiencia, en la cual valoraron los hechos que conforman la presente causa y dictaron una sentencia cuya dispositiva se transcribe a continuación: "(.; Por todos estos motivos de hecho y de derecho este Tribunal de la Jurisdicción Especial Indigena de la Comnidad Huottöja Ahuiyaru Tuhuo'cho Reje "Las Payas" Htasode Jueipocatto Tabotö Roechuome Ahuiyäru Tuhuo'cho Reye, administrando justicia y en nombre de la ley, usos, costumbres de mestra cultura ancestral y tomando en consideración todos los elementos probatorios meticulosamente analizados como fueron; las Testimoniales, Informes Médicos Forenses, Socio Antropológicos y muestras máximos experiencias (sic) toma la siguiente decisión: Primero: Se declara INADMISIBLE el delito de violación imputando (sic) a HÉCTOR e o Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes). Segundo: Por lo tanto no es procedente la aprensión (sic) en flagrancia en contra de HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO. Tercero: Este Tribunal de la Jurisdición Especial Indigena considera sumamente delicado y grave que al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO se le haya privado de libertad hasta la presente fecha, únicamente con el fundamento de unas pruebas testimoniales, que de las mismas se derivada que los actos sexuales fueron realizados supuestamente por cuatro personas más, existiendo la duda razonable sobre si la desfloración antigua como lo refleja el informe médico forense, se debió a contacto con un presunto novi o u oros individuos, debido al análisis de la conducta de (se omie en virtud del urticulo 65 de Ley Orgánca para Ia Frotección de Ninos, Niñas y Adolescentes). Cuarto: Esta: Jurisdicción Especial Indigena considera que la Jurisdicción Ordinuria, vioiento (sic) el derecho al Debido Proceso establecido en el mumeral 4 del articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariama de Venezuela al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, al negársele la jurisdicción ordinaria ser juzgado por sus Jucces Naturales en la jurisdicción Especia! Indigena a pesar de que jue solicitado por la Defensa en la Audiencia Preliminar, para que se remitiera el caso a la mis na. Por lo que este Tribunal de la Jurisdicción Especial Indigena de la Commidad Huottöja Ahuixu Tuhuo'cho Reye exhorta a los tribionales ordinarios que cuando traten de estos casos, se remitom las causas a la jurisdicción especial indígena. Quinto: Este Tribunal de la Jurisdicción Especial Indigena rechaza y condena la violación del hogar de la familia Solano, ya que no existía orden judicial de allamamiento para. que se pudiese allanar este hogar. En donde incluso por esta acción fue sustraída. una Computadora Canaima de una de sus hermanastras. Por lo que de conformidad con el articulo 47 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela debe remitirse este expediente al Ministerio Público para que proceda en consecuencia por no haberse garantizado el Derecho sobre la inviolabilidad del hogar doméstico. Sexto: El Tribumal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad Huottöja. Ahuiyóru Tuluo'cho Reje "Las Pavas" le Rlama la atención, la admisión de las pruebas anticipcdos presentadas por la parte fiscal del ministerio público (sic), las cuales no fueron sometidas a ningún tipo de contradictorio y control de la prueba en la jurisdicción ordinario. Incluso considera esta jurisdicción especial que las pruebas anticipadas devían versar sobre la práctica de un "reconocimiento, inspección o experticia, que por su nanurcleza y características deban ser considerados como actos definitivos e n reproductibles o cuando deba recibirsc una declaración que, por algún obstaculo dificil! conformidad con el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal. Por Io que éste tribunal considera que la Jurisdicción Ordinaria no ha debido admitir las testimoniales ni la misma experticia médico forense como pruebas anticipadas, debido al no haber contradictorio y el control de las pruebas en la Audiencia de Juicio Oral. se está violentando el debido proceso y más grave aim el derecho a la defensa, por considerar que todo lo alegado en la prueba anticipado, fue admitido como cierto. quedíndole al presunto imputado (sic) en una certeza de que se le declare culpable, con unas pruebas contradictorias en sus testimoniales y que no dan certeza de que haya sido todo lo contrario tal como se desprende del informe médico forense del CICPC. Séptimo: Este Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad Huottöja Ahuiyaru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" por todos estos motivos de hecho y de derecho ABSUELVE al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, del delito de VIOLACIÓN, tipificado en el articulo 374 del Código Penal en contra de (..), por lo que remite la presente sentencia al tribunal de la jurisdicción especial ordinaria (sic) que este (sic) conociendo de la presente causa, para bajo el principio de colaboración entre los órganos jurisdiccionales (jurisdicción especial indigena y jurisdicción ordinaria) ordene la remisión de la respectiva BOLETA DE EXCARCELACIÓN al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, titular de la cédula de identidad N° V- 13.058.323, por haber sido ABSUELTO en la presente causa. página original (tal como se publicó) [Página 9] Octavo: En caso de que la jurisdicción ordinaria resuelva o decida la presente causa en discordancia o de forma contradictoria con esta sentencia, o continúe el juicio ya decidido por la Jurisdicción Especial Indígena, deben remitirse esta sentencia y la causa en el estado que se encuentre al Tribumal Supremo de Justicia para que conozca del presente asunto, ya que se estaria planteando un Conflicto de Jurisdicción, todo ello de conformidad con el numeral 3 del artículo 134 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indigenas. Noveno: Se remite la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo para que de acuerdo a sus atribuciones y competencias de ley en defensa de los Pueblos y Comnidades Indígenas, así como de los Derechos Ambientales de todos nosotros, sea garante por el cumplimiento y acatamiento de la presente sentencia". (sic) 9. El 18 de mayo de 2017, según narra el grupo de ciudadanos que se denomina Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad Huottöja Ahuiyäru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" Itasode Jueipocatto Täbotö Roechuome Ähuiyäru Tuhuo'cho Reye, la ciudadana Melania Muñoz, en su condición de concubina del ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, interpuso una acción de amparo en la modalidad de habeas corpus, en el cual expuso que considera que la privación judicial preventiva de libertad que se le ha impuesto al ciudadano violenta sus derechos como indígena y que, en consecuencia, ha de ser liberado. Dirigiéndose el 31 de mayo siguiente a la delegación de la Defensoría del Pueblo del Estado Amazonas solicitando su participación en tanto su actuación judicial no ha generado la activación del señalado recurso. 10. El 20 de septiembre de 2017, el Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas decide remitir esta causa al Tribunai Supremo de Justicia, tal como establece la dispositiva que a continuación se transcribe: ". Este Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal en Funciones de Juicio. administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por, autoridad de la ley, emite los siguientes fundamentos: Primero: Se plantea Conflcto de competencia de conocer, en relación a la jurisdicción especial indigena en la presenta causa seguida al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, titular de !a cédula de identidad N° 13.053.323, por la presunta comisión de! delito de Abuso Sexual a Niña con penetración, agravado y continuado, según lo previsto en el articulo 259 de la Ley Orgânica de Protección del Niño, Niña y Adolescente con la agravante establecida en el articulo 217 ejusdem, en perjuicio de la niña (identidad omitida) de conformidad con lo establecido en el artículo 134.3 de la Ley Orgúnica de Pueblos y Comanidades Indigenas, dada la consignación en autos y en original a los folios 4 al 44.de la Pieza I; sentencia emitida por el Tribunal de la Jurisdicción Especial Indigena de la Comunidad Huottöja Ahuiyäru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" Itasode Jueipocatto Tabotö Roechuome Áhuiyaru Tuhuo'cho Reye, Municipio Atures del Estado Amazonas, remitida a este Juzgado por la Presidencia del Circuito Judicial. Segundo: Se suspende la presente causa y se acuerda la remisión inmediata de las actuaciones conducentes a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que decida a que Tribunal corresponde la competencia para juzgar el presente caso". (sie) I1 CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Debe esta Sala, como punto previo, rememorar que sobre el caso de marras, el 28 de junio de 2018, se dictó la sentencia N.° 437, mediante la cual, entre otras cosas, realizó una reconducción de la calificación jurídica de la demanda incoada a una Acción Inngomiada de Naturaleza Constitucional, toda vez que los derechos fundamentales encontrarse desprovistos de un procedimiento judicial que permita su efectiva tutela. Del mismo modo, en esa decisión referida esta Sala se declaró competente para conocer de la acción innominada de naturaleza constitucional incoada por el grupo de ciudadanos que se denominan Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Corunidad "Huottöja Ahuiyäru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" Itasode Jueipocattö Täboto Roechuome Ähuiyäru Tuhuo'cho Reye"; así como también se admitió la citada acción innominada de naturaleza constitucional interpuesta, en la cual entre otos aspectos, el Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena mencionado plantea su jurisdicción para juzgar ai ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO. Al momento de hacerlo, esta Sala realizó un extenso estudio sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en especial, en aquellos vinculados con la valoración de su derecho y de sus mecanismos de justicia. Señaló en toi ocasión este máximo decisor que: ".. se evidencia que la Constitución de 1999 rompe con la tradición constitucional latinoamericana de negar la existencia real e histórica de las comunidades indígenas, así como, la resistencia de pueblos que habían sido dominados y sojuzgados, no tan sólo con las armas sino también a través dle la imposición-de culturas que les eran desconocidas y negaban las suyas. Por ende, este añadido constitucional no tan sólo constitucionaliza en Venezucle: algunas de las demandas más sentidas por los pueblos indígenas, sino que se constituye en un elemento fundamental para la noción de justicia que incorpora la vigente Carta. Esta ruptura se inscribe en la concepción de justicia con la que se cierra el siglo XX, en la cual se deja de lado la pretensión de una nación única, uniformemente compuesta y coactivamente impuesta, en muchas de nuestras naciones". De este modo, el Constituyente dotó a nuestra carta magna de una visión intercultural de la realidad, la cual impacta toda la construcción social y juridica de la Nación Venezolana, siendo entonces necesario y preciso que esta Sala, en su condición de consiste este atributo de nuestro ordenamiento jurídico. Con tal propósito, se examina la visión planteada por Esteban Emilio Mosonyi, cn su libro "Identidad Nacional y Culturas Populares", publicado por la Universidad Central de Venezueia. Dirección de Cultura. Editorial La Enseñanza Viva, 1982, páginas 23 y 24, según la cual: "la diversidad cultural se fundamenta en la diferencialidad del acontecer humano, ya que no se trata de una sola sociedad, y las relaciones del hombre como especie no pueden circunscribirse a un solo modelo societario. La teoría general de las sociedades (TGS), asume esa diferencialidad de las creaciones humanas, y planta que las sociedades —que en un momento dado pudieron entrar en contacto— no pierden sus orígenes, desarrollo y ámbito de proyección histórica. Asimismo, la evolución de la humanidad tampoco ocurre en una sola línea u orden evolutivo, esa evolución acontece y ocurre por distintas líneas superando el esquema evolutivo unilineal: de una sociedad primitiva, después esclavista, luego feudal, capitalista, para desembocar en etapas superiores". Ahora bien, en el caso de Venezuela como en el de otros Estados latinoamericanos, que han reconocido su carácter multiétnico y pluricultural, el proceso de reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas no atentó contra la soberanía del Estado, sino que como explica Jorge Alberto González Galván, más bien la complemento, enriqueciendo la estructura y el desarrollo del sistema constitucional, así como el catálogo de los derechos humana conocidos y garantizados, asi lo exploramos en su obra "Derechos de Los Indígenas", Editorial: NJ. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México UNAM, 2018, Páginas 39 y 40, en la que se lec: "... las demandas de los pueblos indígenas, puesto que se plantean al interior del Estado nacional, no pretenden provocar la desunión de toda la población, ni la separación del territorio del país, sino que se entienda, al incluir el respeto a las diferencias culturales, que la noción de unicidad e indivisibilidad del poder político republicano no puede seguir excluyendo los derechos colectivos de los pueblos indígenas...". Igual en Venezuela, cuando debemos analizar la interrelación del derecho de los pueblos indigenas con el derecho nacional, repasamos lo explicado por Jorge Alberto González Galván, en el articulo "La Validez del Derecho Indigena en el Derecho Indígena", Editorial: NJ. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoraa de México UNAM, 2002, Página 45. "... El derecho indigena, €entendido como el derecho de los pueblos indígenas a concebir y aplicar sus normas internas está validado por el derecho nacional cuando se establece que en "la aplicación de sus sistemas normativos". En esta frase se está reconociendo que en los pueblos indígenas existen normas concebidas y aprobadas por ellos mismos, y que en su aplicación, o sea, en su derecho a la juris dictó (su derecho a decir el derecho), es válido también siempre y cuando se respeien los derechos humanos. La iniciativa y el dictamen mencionan en especial los de las mujeres, pero entiendo que por derechos humanos se incluyen los derechos de las mujeres y a todas las garantias sociales e individuales vigentes: Lar iniciativa establece que los juicios, procedimientos y decisiones de las autoridades judiciales indigenas serán convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado. El diegamen sustituye "convalidados" por validados (idem). Considero que al reconocer a los pueblos indígenas como entes de derecho público, como parte del Estado (..), sus juicios. procedimientos y resoluciones están sujetos a respetar la legislación vigente y por tano a someterlos, como los de cualquier autoridad, no a la convalidación, validación z: homologación de otra autoridad, sino a su revisión por un órgano jurisdiccional del Estado.... También sobre este tema es acertado reseñar lo planteado por Juan Carlos Morales Manzur y Lucrecia Morales García, en su artículo El derecho a la participación de las minorías indígenas venezolanas dentro del marco legal de 1999" dentro de la Revista. Frónesis, Vei.10, N.° 2. Instituto de Filosofía del Derecho. Facultad de Ciencias Jurídicas y Polfticas. Universidad del Zulia, agosto de 2003, página 20, en el cual expresaron: "“.. Como reflejo de la realidad internacional y de la cada vez mayor defensa de los derecho. de los pueblos indigenas, el marco legal venezolano es modificado con la mueva Constitución elaborada por la Asamblea Nactonal Constituyenie y aprobada el 15 die diclembre de 1999, mediante referéndum, que institucionaliza el pleno y cabal derecho social, politico y económico de los pueblos indígenas en el país y la existencia de un estudo plurinacional y pluricultural. Como puede dedncirse, la mueva Carta Magna se fundamenta en la realidad pluricultural indigena que da cabida a las instituciones y a los sistemas jurídicos propios de los pueblos enraizados en el territorio venezolano...". página original (tal como se publicó) [Página 10] Si bien está configurada la condición de Venezuela como un Estado multiétnico y pluricultural, tal como quedó fijada en el preámbulo de la Constitución, en lo normativo abrió el espacio para treinta y nueve menciones directas a los pueblos indígenas en el articulado constitucional, entre las que se destacan, en el caso de barras; lo jurídico y lo jurisdiccional, en tanto, lo crucial es determinar cuál es el derecho aplicable la jurisdicción que puede imponerlo en el caso seguido contra el ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, que es el tema que hoy nos ocupa en esta Sala Constitucional. Al respecto, es vital tomar en cuenta el reconocimiento del derecho indígena y su jurisdicción, el cual compartimos con múltiples textos constitucionales y legales nacidos en las últimas décadas del siglo XX y que cada vez son más numerosos en el siglo XXI, y generan nuevas realidades jurídicas altamente complejas. Sobre este tema nos explica sobre el dualismo del derecho entre indígena y no indigena el autor José Roldán Xopa, en el articulo "Municipio y Pueblos Indígenas, ¿Hacia Un Mestizaje Jurídico?" dentro del Libro Serie Doctrina Jurídica, Núm. 92. Editorial NJ. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México UNAM, "no indígena" tiene como utilidad señalar los rasgos genéricos de dos 6órdenes normativos de diversa procedencia, la juridificación del primero (su conversión a derecho positivo) tiene también como consecuencia su conformación como parcela del derecho nacional. No obstante su diversidad (su carácter consuetudinario, su énfasis comunitario, etcétera), la ubicación en el sistema de fuentes del derecho (..), cuya base común de validez es la Constitución. Se verifica, pues, más que un proceso de pluralismo jurídico, una vía de mstizaje jurídico, en el que el dualismo tiende a disolverse...". Un razonamiento que esta Sala comparte, en tanto, se demuestra que el derecho indígena no es un asunto menor o extraño, sino que forma parte misma del corazón normativo de la República, como Io indica cl artículo 126 de nuestra Constitución que señala: “Articulo 126. Los pueblos indigenas, como culturas de raices ancestrales, forma parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano como inico, soberano e indivisible. De conformidad con esta Constitución tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional. El término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho internacional". Tal criterio ha sido analizado por esta Sala, en la sentencia N.° 2 del 3 de febrero de 2012, (Caso: "Niño Warao"), en la cual se expuso: "Ahora bien, el carácter pluricultural aceptado en la Constitución de 1.999, conlleva. necesariamente a superar la concepción tradicional monista del Derecho, permitiendo, la incorporación del pluralismo juridico o legal, que reconoce la coexistencia de diferentessistemas juridicos dentro de un mismo espacio, bajo la rectoria única del texto constitucional como vértice final de ambos sistemas. En la Asamblea Nacional Constituycnte de 1.999. participó en la elaboración originaria del proyecto de la Constitución, la representación social de ambas realidades culturales; la representación indigena fue conformada por el uno por ciento (1%) de la población tota! del pais. segin se lee de las Bases Comiciales para la convocatoria de la Asanblea Nacional Constituyente. Omissis.... Es decir. la propia Constitución hace énfasis en las reglas que se han de seguir para la armonización de los dos sistemas juridicos. I) el derecho originario inolgena se aplica: a) dentro del hábitat, b) con base en sus tradiciones cmcestrales, y c) a los integrantes de su comunidad; y 2) el alcance de derecho originario indigena se limita en el caso de contrariar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley y el orden público. Con una aclaratoria adicional y es el derecho a la participación política de los pueblos indigenas consagrados en el articulo 125 constitucional; y en razón de la cunl el Estado garantiza la participación indigena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes en las entidades federales y locales con población indígena. ... Omissis.... Tales premisas constitucionales deben ser tomadas en cuenta por esta Sala Constitucional, y con carácter vinculante para todos los Tribunales de la República, a los fines de adoptar sus decisiones en resguardo de las costumbres ancestrales de los pueblos indígenas ubicados en el territorio nacional. ALCANCE Y CONTROL CONSTITUCIONAL SOBRE EL DERECHO ORIGINARIO O CONSUETUDINARIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Como la Sala señaló supra, a pesar de quc el Estado venezolano reconoce la existencia del derecho originario o prehispánico de los pueblos indigenas (consuetudinario y los parámetros constitucionales establecidos en el articulo 260 de la Consitución de la República Bolivariana de Venezuela. que es conforme con el articulo 8.2 del Corvenio 169 de la OIT. que a la letra dice: "Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instinuclones propias, siempre que éstas no scan incompatibles con los derechos fimdameniales internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio". En la legislación venezolana se observa que el articulo 131 de la Ley Orgánica de Pueblos y Commidades Indigenas del 200s, define el derecho originario o consuetudinario indígena en los siguientes términos: ... Omissis.... De este modo, la ejecución del derecho propio de los pueblos indigenas no puede ser incompaible con ios derechos fundamentales definidos en el ordenamiento juridico constitucional, por lo que ha resultado necesaria una coordi:ación jurídica entre los dos sistemas normativos, todo ello en ramón de que la vigilancia por el respeto de los derechos Iumanos le compete al Estudo a través de sus distintos Poderes Públicos. Ejemplo de ello, es que el reconocimiento de ios pueblos indígenas, osl como la existencia: de su derecho. también es de la conpetancia del Poder Nacional como lo estableció ka Sala en la sentencia N° 597, del 26 de abril de 2011, caso: Carlos Buralt Morán y onos. en los siguientes términos: ... missis.... Además, la Sala destaca que la coordinación que debe existir entre la Jurisdicción Especial Indígena y el derecho estatal, debe atender al principio de legalidad, como lo señala literalmente el artículo 260 de la Constitución de la República Bolivarianar de legal, ya que la ley es el único instrumento jurídico que desarrolla esa coordinación (Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otras), sin menoscabo de que la Sala Constitucional, como máxima y última intérprete de la Constitución, complemente los vaclos legales o legislativos, en el ejercicio de la jurisdicción normativa que tiene atribuida la Sala Constitucional (véase la sentencia de esta Sala N.° 1.325 del 4 de agosto de 2011). De modo que, la Sala establece, con carácter vinculante, que el derecho originario o consuetudinario de los pueblos y comunidades indigenas se encuentra integrado al ordenamiento constitucional vigente, y por ende, no puede ser contrario, a las normas, reglas y principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En definitiva, el derecho propio y originario de los pueblos indigenas integra el ordenamiento jurídico y, como tal debe estar enmarcado en los principios, reglas y derechos contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; asi como en el respeto del bloque constitucional, el cual contiene los distintos pactos, indigenas está integrado a· la vida social, económica y política del pais, tal como lo señala la Carta Magna; lo cual implica que dentro de su proceso evolutivo, el derecho originario consuetudinario indigena, hoy día no escapa de las garantias que el Derecho Constitucional impone para el respeto de la condición humana. En efecto, el derecho propio originario de los pueblos de indigenas no es hoy el mismo de otrora, por cuanto los problemas o fenómenos sociales que se presentan en las diversas etnias indígenas también se han transformado con el transcurso del tiempo, y no puede integrantes de las comunidades indigenas a adoptar, si es posible, nuevas posturas ante la ocurrencia de nuevas situaciones. ... Omissis.... Además, de modo complementario, la Sala hace notar que, conforme al principio de la supremacia de la Constitución, lo señalado en la Carta Magna debe ser considerado como norma fundamental del Estado, por lo que toda normativa existente en Venezuela debe estar subordinada al Texto Fundamental y, en ningún caso, puede contrariar su contenido, facultándose al Juez o Jueza a ejercer el control difuso de la constitucionalidad y a desaplicar la norma contraria a la Constitución (articulo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)..". (Negritas y mayúsculas propios del fallo). Ahora bien, reconocido a los pueblos indígenas su cultura y su derecho, como ha sido, desde el carácter constitucional y constitutivo de la Nación venezolana, también la Sala Constitucional ha observado situaciones jurídicas en las cuales, se bordean con el derecho indígena los límites de materias especialmente protegidas, en específico, la Sala, mediante Sentencia N.° 1.325, dictada el 4 de agosto de 2011, (Caso: "Carlos Eduardo Ramos Vurgas") se pronunció determinando que las materias relacionadas con violencia de género, cuando las victimas mujeres sean indígenas, en virtud de desarrollarse de Humanos, debían ventilarse ante la jurisdicción especializada en esta rama y no ante la jurisdicción indígena, y se estableció con carácter vinculante que: ".. regfirma la competencia de la jurisdicción especial en materia de género para el juzgamiento de ios delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con independencia de que el sujeto activo sea un ciudadano indígena...", estableciendo lo siguiente: ".. Ello asi, la Sala considera que tales disposiciones legales vigentes en Venezuela deben ser aplicadas por las autoridades del Estado venezolano, pues constituyen inequívocamente el reconocimiento y existencia de la Jurisdicción Especial Indígena, regida por sus tradiciones ancestrales y propias respecto de los miembros de sus comunidades, debiendo entenderse actualmente esta jurisdieción no desde el punto de vista formal, tal y como estã estructurado el ordenamiento juridico y jurisdiccional ordinario, sino como un conjunto de tradiciones y pautas émnico-culturales que lo rigen y que no han sido creadas por las leyes venezolanas ni internacionales, sino que por el contrario, han sido reconocidas por éstas. Son de esta manera, normas consuetudinarias que coexisten con el ordenamiento juridico formal, y que tienen regulaciones para su aplicación, amén de dicha convivencia juridico legal, no significado ello que tales sujetos de derechos están excluidos de los deberes, derechos y garantías constitucionales presentes en los procedimientos ordinarios en materia de resolución de conflictos. Con atención a ello, si bien es cierto que la Jurisdicción Especial Indigena existe y es reconocida por el ordenamiento juridico patrio, siendo de aplicación preferente en ciertos casos, no es menos clerto que tai aplicación está delimitada igualmente, tanto por los Convenios Internacionales como por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes especiales. . Omissis.... En este sentido, el ya citado articulo.9 numeral 1° del Convenio OIT N° 169 Sobre Pueblos indigenas y Tribales en Países Independientes y el artículo 260 de Ia Consútución de la República Bolivariana de Venezuela, ya citados supra, establecen que se podrá aplicar la usanza, práctica o costumbre indígena tradicional para la resolución de conflictos o delitos, siempre que esta no transgreda o en modo alguno colide con el ordenamiento juridico nacional u orden público. ... Omissts.... Asi entonces, el propósito del legislador con esta disposición es que las autoridad.s legltimas de los pueblos indigenas sean solo órganos receptores de denimcia, siempre y cuando la mujer indigena víctima asi lo estime, pero la Ley Especial no le da facultad jurisdiccional, por lo que lo que en materia de delitos de violencia de género la jurisdicción especial Indigena está limitada por las disposiciones previstas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que esta en consonancia con el articulo 9, numeral primero del Convenio OrT N° 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Palses Independientes y 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, supra citados, según los cuales se podrá aplicar la usamza indigena tradicional para la resolución de conflictos o delitos, siempre que esta no transgreda o en modo alguno colide con el ordenamiento juridico nacional u orden público...". De este modo, se observa que de manera pacifica esta Sala Constitucional, cuando ha conocido conflictos de esta naturaleza sobre el dualismo del cerecho entre indigena y no indígena, ha dejado claramente establecidas algunas reglas; que, sucintamente destacamos a continuación: legítimas de estas comunidades en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución, a la ley y al orden público. página original (tal como se publicó) [Página 11] 2. Por ende, el derecho originario indígena se aplica: a) dentro del hábitat, b) con base en sus tradiciones ancestrales, y c) a los integrantes de su comunidad. 3. El alcance del derecho originario indígena se limita, en el caso de contrariar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley y el orden público. 4. La coordinación que debe existir entre la Jurisdicción Especial Indígena y el derecho estatal, debe atender al principio de legalidad, como lo señala literalmente el artículo 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que la coordinación de los distintos sistemas jurídicos es de reserva legal, ya que la ley es el único instrumento jurídico que desarrolla esa coordinación 5. En los casos en los que existan niñas, niños y adolescentes no puede obviarse el interes superior de los mismos, en los términos previstos en la Convención de Derechos del Niño y en la legislación venezolana. 6. Cuando sean casos relacionados con violencia de género, en virtud de desarrollarse de conformidad con lo establecido con tratados fundamentales en materia de Derechos Humanos, deben ventilarse ante la jurisdicción especializada en esta rama y no ante la jurisdicción indígena. Vistas las anteriores consideraciones, es necesario relacionar las con el supuesto de hecho del caso de marras, que recordemos inicia en virtud de la denuncia que una maestra, identificada tan sólo como Carmen, formuló ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C), según la cual una alumno de la institución donde trabaja había sido víctima de un abuso sexual con penetración, delito previsto y sancionado en el artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual fue presuntamente realizado por el ciudadano HÉCTOR 3OSÉ SOLANO SOLANO. De este modo, corresponde a esta Sala conocer que ante una presunta vulneración de los derechos de una niña indígena, debe dilucidarse como este hecho constitutivo además de un delito, deberá juzgarse, de conformidad con los principios y normas del Derecho venezolano. Al respecto, menester es recordar que en caso de niños, niñas y adolescentes todas las decisiones han de regirse por aquello que cumpla los extremos de ser su interés superior, en los términos que la Convención de Derechos del Niño y la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Nifñas y Adolescentes venezolana, lo han determinado. Sobre cllo ha precisado esta Sala Constitucional un criterio, a través de la Sentencia N.° 1.917 del 14 die julio de 2003 (Caso: "José Fernando Coromoto Angulo y Rosalba María Salcedo de Angulo") en la cual se expresó que: . Ei 'interes superior del niño', en tanto concepto juridico indetermmado, tiene por objetivo principal el que se proteja de forma integral al niño por su falta de madurea fisica y mental. pues requiere protcciin y cuidado especiales, incluso la debida protección legal. tanto antes como después de su nacimiento. A titulo ejemplificativo, el niño debe ser protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, los actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, tubores o familiares. El concepto juridico indeterminado 'interes superior' del niño se conecta con uno de les principios de carácter excepcional, junto al de cooperación de la colectividad hacia metas de Integración, que tipifica el Derecho de Menores y le diferencian de las restantes ramas de la Ciencia del Derecho, cual es el principio eminentemante tuitivo, en el que reside la esencia misma de su existir (MENDIZÁBAL OSES. L. Derecho de menores. Teoria general. Madrid. Ed. Pirámide. 1977. p. 49) Por ello, el "interés superior del niño" previsto en el artículo 3 de la Ley Orgúnicacara la Profeccióss del Niño y del Adolescente viene a excluir y no a limitar la libertad trudividual de establecer y perseguir fines individuales, pues cuando se trata de la proiccción y cuidado de los niños se persiguen fines que van más allá de los personales. Asi, el interés e necesidades de éste subviene la tutela juridica con la cual se obtiene el fin superior de la comunidad social...". De manera específica, el Comité de los Derechos del Niño (CRC) de la Ocganización de.Naciones Unidas (ONU), cn la Observación General N° 1F (2009): "Lois niños indigenas y sus derechos en virtud de a Convención [sobre los Derechos del Niño]", del 12 de Febrero de 2009, https://www.refvorld.org.es/docid/49f6bde02.html, señaló que: "30. La aplicación del principio del interés superior sdel niño requiere particular atención en el caso de los niños indigenas. El Comité señala cue el interés superior del niño se concibe como un derecho colectivo y como un derecho individual, y que la aplicación de ese derecho a los niños indigenas como grupo exige que se examine la relación: de ese derecho con los derechos culturales co'activos. Los niños indigenas no siempre nan recibido la atención especial que merecen. En algunos casos, su particular situación ha quedado a la sombra de otros problemas de interés más general para los pueblos indígenas, como son el derecho a la tierra y la representación politica. El interes superior del niño no puede desatenderse a vudnerarse en favor del interés superior del grupo". (Negrillas de este fallo). Asimismo, en especifico, el Derecho Internacional ha tomado conciencia que las niñas y mujeres indígenas se ven expuestas a diversas formas de abuso físico, psicológico y sexual, siendo que esto representa un obstáculo superior a su capacidad para ejercer sus derechos y participar plenamente en la sociedad, debiendo los Estados garantizados el pleno ejercicio de sus derechos sin violencia ni discriminación, lo cual es abordado y previsto.en el articulo 22 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas, aprobada por la Asambiea General Organización de Naciones Unidas: (ONU) el 13 de septiembre de 2007, quc de manera expresa se refiere a: "Artículo 22 1. En la aplicación de la presente Declaración se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indigenas. 2. Los Estados adoptarán medidas, conjuntamente con los pueblos indigenas, para asegurar que las mujeres y los niños indigenas gocen de protección y garantias plenas contra todas las formas de violencia y discriminación". Siendo que esta Sala con la sentencia N.º 437, dictada el 28 de junio de 2018, en el presente caso, procedió a aclarar que el presente asunto no podía ser tratado como un conflicto de jurisdicción, determinado que sería ventilado como una acción innominada de naturaleza constitucional, cuyo objeto es proteger un derecho en un caso en el que, evidenciado el interés público, se constata que no posee ninguna legislación regulatoria al respecto y se encuentra desprovisto de un procedimiento judicial que permita su efectiva tutela. De este modo, tiene la Sala Constitucional la responsabilidad de determinar si en el presente caso se está en presencia de un ejercicio de justicia indigena, en los términos y con los fines previstos en la Constitución; así como ponderar los derechos constitucionales de la presunta victima del presente caso. Respecto a la jurisdicción indigena, como se señaló at supra, en las nuevas Constitucioncs latinoamericanas, se ha reconocido el pluralismo juridico, siendo uno de sus elementos centrales la constitucionalización de la jurisdicción indigena, entendida, en general, como la atribución de juzgar, con sujeción a sus normas y procedimientos propios, las conductas dañinas en materia penal y civil causadas por miembros de una comunidad contra otros miembros de la misma comunidad indígena. En esencia, la jurisdicción indígena ha sido reconocida en América Latina siguiendo los criterios que para la misma se han fijado desde la Declaración de las fundamentalmente como la potestad que tienen los pueblos y naciones indígenas para administrar justicia dentro de sus territorios, a través de autoridades, normas y procedimientos propios. Siendo con ello lo fundamental que se les da reconocimiento de: a) el poder, dominio que ejerce un pueblo indigena sobre su territorio, b) la potestad de los pueblos indigenas para recurrir a sus autoridades y dar solución a sus controversias y c) la facultad de tomar decisiones, juzgar y ejecutar hechos de acuerdo con sus normas jurídicas. En Venezuela, con relación al grupo indigena que nos ocupa en cl presente caso, asi como el territorio que ocupa, encontramos que se refiere a la comunidad Huottoja Ahuiyäru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" Itasode Jueipocattö Taboto Roechuome Ähuiyäru Tuhuo'cho Reye", se precisa que pertenece a la etnia de Los Piaroa o Hucttoja (como ellos se autodenominan), o también Dearuwa, que significa "dueños de la silva", ellos constituyen uno de los grupos éinicos más importantes de la Región Guayana de. Venezuela, sus comunidades se ubican principalmente en las zonas boscosas y accidentacas del norte del Estado Amazonas, así como en la amplia cuenca del rio Sipapo y sus afluentes los rios Ciao y Autana. Wilkipedia los portal de Piaroas el Respecto en https://es.wikipedia.org/wiki/Piaroas encontramos información sobre sus caracteristicas como grupo étnico, destacando que: "Los piaroas o huqttoja son um pueblo indigena que vive en las orillas del rio Orinco y sus rios tributarios en la actual Venezuela y en algunas zonas de Colombia. Se estima que la población supera las 20 mil personas. Otros nombres paro este pueblo son votiven, chotnuda, wóthuha o dearwa. La cultura material y económica de los Piaroa es típica de la región guryanesaamazónica. Su subsistencia está basada en el cultivo de rotación, la cacería, la pesca y la recolección de vegetales silvestres y micro fauna tal como crañas, orugas, lombrices, bachacos, termitas, y larvas. Además de las actividades directamente dirigidas a la obtención de alimentos, un aspecto integral de su economía de subsistencia es la manufactura de varios artefactos tecnológicos: cestas, alfarería, madereras, pinturas. venenos, tejidos, mecates, antorchas, plumaje. collares, ceras. gomas. máscaras, cerbatanas, tela de corteza y totumas. Los Piaroa abastecen de bienes agricolas a las poblaciones criollas, suministrando una buena proporción de las frutos y subproductos ce la yuca consumidos en Puerto Ayacucho. La cultura actual de los Piaroa es producto del mestizaje de los sobrevivientes de otros grupos indigenas que habitaban su actual territorio y que por un afecto de gravitación demográfica se concentraron y mezclaron con los grupos montañeses de Piaroa, quienes habían logrado resistir mejor los efeizos despobladores de la colonización, gracias a su dispersión y al dificil acceso de sus territorios. Por ello, uno de los perfiles mis resultantes de su conformación sociocultural es la mezcla de rasgos, que en algun momento debieron pertenecer a grupos desaparecidos de su actual terutorio come los maipuri. los anani, los seres, los mabu, lo quiruba y los atures, entre otros. Orros Piaroas que han migrado rio abajo son más transculturizados, estos viven en comunidades nucleadas y sedentarias. han adoptado vestimentas no tradicionales. están integra los a los mercados regionales, tienen contactos frecuentes con los pueblos criollos y han adoptado religiones occiilentales Un hecho que resalta de los Piaroas es su negación absoluta al ejercicio de la violencia fisica o verbal. Severos en su autocontrol (cuando no median factores perturbadores como el aicolol), rigurosos y disciplinados. se horrorizan de aquel que no es capaz de doméstica sus remociones. Por ello. frente a las destemplanzas tienden a huir temerosos del peligro representado por el descontrol. El homicidio es desconocido debido a lu creencia de que quien io comete muere inmediatamente en horr:bles condiciones. Los Pioroas también son notables por lo igualiorio de sus sociedades, que algunos científicos describen como anarquistas. Esios ponen an gron valor en la autonomía y libertad individuales y son consciemes de lea importonca de asegurar que nodic esté bajo las ordenes de alguien más. Para esto también se preocupan de que nadie tome control sobre recursos socioeconómicos que permitan limitar la libertad de otros. La jeremguía de los piaroas es modesta y a pesar de que los líderes comunales siempre son hombres. algunos expertos llegan incluso a dudas del dominio masculino sobre los habitantes" página original (tal como se publicó) [Página 12] También encontramos información sobre Los Piaroa, expresada por el Antropólogo Alexander Mansutti, a través del portal del Gobierno en Línea http://www.gobiernoenlinea,ve/venezuela/perfil historia6 f.html. en el cual se destaca información sobre dicho grupo étnico de la siguiente manera: "Los Piaroa son un pueblo indigena de filiación linguistica salida, cuyas comunidades se encuentran dispersas en un territorio comprendido entre Pumta Piaroa en el Altc Orinoco y Los Pijiguaos en la cuenca del rio Suapure. Después de 300 años de contacto con Occidente, los Piaroa muestran en su cuerpo social las trazas de su rigor. Ellos son la expresión del mestizaje de los sobrevivientes de los grupos indigenas que habitaban su actual territorio y que por un efecto de gravitación demográfica se concentraron y mezclaron con los grupos montañeses de Piaroa, quienes habían logrado resistir mejor los efectos despoblado res de la colonización gracias a su dispersión demográfica y al dificil acceso de sus territorios. Por ello, uno de los perfiles más resaltantes de su conformación sociocultural es la mezcla de rasgos, que en algún momento debieron pertenecer al haber de otros grupos habitantes ya desaparecidos de su actual territorio como los maipuri, los anani, los seres, los mabu, lo quiruba y los atures, por citar sólo los más importantes. En resumen, los Piaroa son herederos de un patrimonio cultural que es el suyo y al mismo tiempo, el de todos los grupos vecinos destruidos por la colonización. Hasta hace alrededor de unos treinta años utilizarán casi todos los elementos tradicionales de su cultura material: hermosos guayucos blancos de algodón finamente adornados, casas comunitarias de forma cónico elíptica cuyos techos de palma llegaban hasta el suelo, cerbatanas cuyas flechas eran humedecidas con el mejor curare del Amazonas venezolano, pinturas vegetales, embarcaciones monóxilas y canaletes. Hoy han cambiado mucho su cotidianidad. La gran mayoría se viste y adorna como; lo hacemos sus vecinos criollos. La gran churuata tradicional es usada sólo en unas pocas. comunidades, mientras el asentamiento concentrado de varias casas umfamiliares toma su lugar y se hace ccracterístico. Las cerbatanas y el curare son cada día más escasos, mientras la bácula es un instrumento obligado en el instrumental doméstico. Finalmente, el hecho cultural más resaltan te de los piaroas es su negación absoluta al ejercicio de la violencia fisica o verbal. Severos en su'auto control (cuando no median factores perturbadores como el alcohol), rigurosos y disciplinados, se horrorizan de aquel que no es capaz de doméstica sus remociones. Por ello, frente a las destemplanzas tienden a huir temerosos del peligro representado por el descontrol. En resumen, los Picroa actuales son no sólo los herederos de ricas tradiciones sino también modelo de comportamiento frente a la violencia y activos gestores del Amazonas venezolano del futuro". Según el Portal https://etniasdelmundo,com al referirse a Los Piaroas, establecen que: "Los indios Piaroa son una tribu india indigena que vive en la selva amazónica cerca del rio Orinoco en Venezuela, se los (sic) considera una de las sociedades más pacíficas del mndo, con muy poca violencia en las comunidades. En una de sus ceremonial más importantes, la Ceremonia de Limpieza, uson máscaros y disfraces y ocultan por completo sus identidades. Se turnan para anunciar hechos que han cometido durante todo el año, ya sean buenos o malos, y se les perdona o-se les despide. independientemente del caos que los rodea. Prefieren trabajar jrontos y se les enseña a abrazar el éxito grupal en lugar de las misiones que los enviarin al camino de la auto gratitud. A través de esto, son capaces de vivir cohesivamente y trabajar juntos como un grupo en lugar de luchar el uno contra el otro en competencia. De hecho, los Piaroa creen que cualquier hombre que mata a otro hombre morita de una muerte terrible (incluidos los forasteros), haciendo que el asesinato sea desconocido e inexistente para ellos. Al eliminar la propiedad y el control sobre el trabajo de otros cn lugar de la ley civil y el castigo, los Picroa han mantenido la paz. En relación a sus mecanismos de justicia y castigo, se observa quc los piarous suelen reprimir con el silencio y tienen una profunda convicción que las enfermedades y los desgracios son castigos sagradlos infligidos por sus Dioses". Con todas las referencias señaladas, podemos observar, sin lugar a cualquier duda, que la Comunidad "Huottöja Ahuiyäru Tuhuo'cho Reje" es una de las integrantes de los pueblos indigenas venezolanos a los cuales les han sido reconocidos derechos constitucionales propios, entre ellos la posibilidad de adnuinistrar justicia, en los términos definidos por los instrumentos quc rigen la materia. Ahora bien, es importante considerar que el sentido de esta atribución es que otorgarles la facultad de conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, juridicas, económicas, sociales y culturales, asi como sctvi para promover. desarrollar y mantener sus estructuras institucionales, incluyendo sus costumbres o sistemas juridicos, de conformidad con los lineamientos del ordenamiento juridico venezolano, del cual forman parte. Asf, este derecho de administrar justicia no se plantea de ninguna manera como ilimitado o capaz de servir como un mecanismo que perunita abstraer materias de la jurisdicción penal ordinaria o especial, sino que para ser empleado de manera legitima ha: de-cumplir los extremos precisados, por lo cual se hace necesario recordar que este reconocimiento no debe entenderse como la facultad de crear nuevas jurisdicciones paralelas ai sistema de justicia venezolano, sino como la posibilidad de juzgar, de manera tradicional, con las autoridades fegitimas y de las formas usuales que tienen las autoridades originarias sobre los miembros de sus pueblos indígenas. Tenemos entonces que en el presente caso, ha de observarse que en el juzgamiento del ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, ha ocurrido lo siguiente: La detención preventiva y la acusación formulada por la Fiscalia Quinta del Ministerio Público del Estado Amazonas contra el ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, por la presunta comisión del delito de Abuso Sexual a Niña con penciración, agravado y continuado, según lo previsto en el articulo 259 de ia Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adoiescente con la agravante estabiccida en el articulo 217 ejusder, en perjuicio de la niña (identidad omitida). caso que estaba en etapa de juicio por ante el Ttibunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial. Penal del Estado Amazonas, quo decidió remitir esa causa al Tribunal Supremo de Justicia, por el planteamiento de un conflicto de competencia eon la jurisdicción indigena. b) La acción de amparo constitucional intentada ante esta Sala por un grupo de ciudadanos que se auto denominan Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad "Huottöja Ahuiyäru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" Itasode Jueipocattö Täbotö Roechuome Åhuiyäru Tuhuo'cho Reye", en el quc se solicitó se aplique el derecho indígena en preferencia al derecho nacional, pues se tiene como no existente en su cultura el delito de abuso sexual contra niñas y adolescentes. c) El juzgamiento mediante un procedimiento afín al ordinario y sustentado su desarrollo en el Código Orgánico Procesal Penal, realizado por este grupo de ciudadanos que se auto denominan Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comnunidad "Huottöja Ahuiyäru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" Itasode Jueipocattö Täbotö Roechuome Ähuiyäru Tuhuo'cho Reye", el 1 de mayo de 2017, en el que absuelve al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO y le exigen al Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas que se abstenga de seguir conociendo el En aras de un mayor ahondamiento, esta Sala Constitucional procede a considerar, desde varios enfoques, la resolución de la presente Acción Innominada de Naturaleza Constitucional, y a tal efecto analizados: a) Naturaleza, fines y alcance de la jurisdicción indigena Los sistemas de justicia indígena y su especial jurisdicción deben tratar de garantizar y defender los derechos humanos internacionalmente reconocidos y la ley, en el sentido más amplio posible; de allí que su naturaleza es garantista de derechos ya reconocidos en el ámbito internacional, estas compromisos son particularmente importantes en relación con los procedimientos que constituyen una analogía a la sentencia y sanción penal, o aquellos quc afecten de otra manera los intereses fundamentales de las partes En lo que respecta a los procedimientos de la jurisdicción indígena, que tienen un carácter esencialmente penal y pueden imponer sanciones, la justicia indígena tiene la responsabilidad de defender los derechos humanos, incluidas, por ejemplo, las garantías de imparcialidad y equidad, lo cual es especialmente importante. Tal como lo señala el autor mexicano Mario Cruz Martínez, en su obra "El Sistema Judicial Mexicano y el Dcrccho Indigena en México", inserta dentro de la Revista Jurídica N.° 41, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamcricana, publicada por el Instituto de la Judicatura Federal adscrito al Consejo de la Judicatura Federal. Ciudad de México, 2011, Pagina 85: ".. Ia «justicia tradicional indígena» es un asunto de nuevo cuño en la doctrina jurídica contemporánea. Uno que nace de la contribución de diversas ciencias sociales (como la antropología, la etnologia y la sociología) que viene a hacer del Estado latinoamericano actual una construcción social, de derechos Inumanos más incluyente y perfeccionada que aquellas que ignoraron la existencia de pueblos enteros, permitiendo diversas formas de discriminación y explotación...". Ha sido establecido por el derecho y la doctrina en esta materia que uno de los principios que han sido discutidos en la jurisprudencia eu materia indígena es el de la igualdad y su aplicación en el ejercicio de los derechos colectivos indígenas, ello porque si bien la igualdad material está reconocida en el texto constitucional, sin embargo la existencia real de principios de aseguramiento del derecho a un mínimo vita' se cuestionan en el derecho indigena. Al respecto el autor mexicano Mario Cruz Martínez, en su obra "Composición: plaricultural de la Nación. Artícuio Segundo Constitucional", publicada dentro de la Revista Derechos Humanos en la Constitución: Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Suprema Corte de Justicis de la Nación. Fundación Konrad Adenauer. México, 2013, Página 170, reveló: ".El debate que ha precedido a las diferentes regulaciones juridicas ha mostrodo la grandes temas de la agenda del siglo XXI de los pueblos latinoamericanos Sin embargo. la legistación es únteamente un modelo al cual nos podemos referir de manera princriat. pero quedum muchos cemas en el tintero. La zuténtica defensa de los derechos indigenas y su cumplimiento cab-al por los diferentes órgamos jurisdiccionales. La gran enseñanza es la siguiente, no podemos olvidar a nuestros indigenas porque olvidumos una parte de nuestra identidad. El nuevo siglo es de los ciudadanos de sbos mundo: aquellos que miran y valoran los misterios de su cul:ura y que enfrentan las oieadas del mundo globalizado. Muchos no se han percatado que es necesario pertenecer a dos mundo. En este momento todos somos citdudanos de dos mundo: un mudo es el local, donde convergen todas las manifestaciones sociales y culturales. Este mundo es inclyente. El otro mundo es el que nos permite conocer y comprender los valores de ores pueblos. El alcance de la jurisdicción de los sistemas de justicia indígenas y otros de justicia tradicional o consuetudinaria varía en todo el mundo. Algunos sistemas de justicia de este tipo tienen jurisdicción exclusiva sobre todos los asuntos que ocurren dentro de su territorio tradicional, mientras que otros solo tienen jurisdicción sobre los miembros de la comunidad indígena, tradicional o consuetudinaria...". (Negritas del presente fallo). La jurista mexicana María Teresa Sierra en su artículo "Derecio Indígena y Acceso a la Justicia en México: Perspectivas donde la interiegalida:i" publicado dentro de la Revista del Insaituto Ibcroam-ericano de Dcrechos Hlumanos IDFI N.°41, Edición Especial sobre Derechos Indigenas. (Periodo enero - junio del 2005) San José, Costa Rica. Páginas 311 y 312 señaló sobre la relación entre el derecho indigena y el no indigena que: ".. E» suma, la mueva legislación multicultural si bien contribuye a emyoderar a los pueblos indígenas también puede ser un dispositivo en la tecnología del poder y ia domesticación. ... no hay nada inherentemente progresista o emancipador en el pluralismo legal, sampaco página original (tal como se publicó) [Página 13] implica igualdad; no se trata de desconocer los avances en las políticas de reconocimiento sino de advertir las posibles trampas de la institucionalidad indígena si estas no apuntan también a transformar los sistemas de la desigualdad social. Una interpretación desde la interlegalidad interesada en dar cuenta de las prácticas jurídicas debe entonces aportar a sus necesarias conexiones contemplando también las relaciones de poder en las que se insertan. De esta manera, pensar la interlegalidad implica aportar a construir diálogos interculturales en donde los sistemas jurídicos puedan enriquecerse mutuamente y transformarse, para permitir cambios en los órdenes sociales en su conjunto y el que las sociedad indigenas tengan la posibilidad de definir los límites y alcances de sus jurisdicciones; lo que también significa considerar sus vínculos con la sociedad nacional y la necesidad de garantizar salidas a las propias controversias internas y a las voces minorizadas...". (Negritas del presente fallo). En la obra "Justicia y Diversidad en América Latina. Pueblos indigenas ante la Globalización", presentada por los Coordinadores: Victoria Chenaut, Magdalena Gómez, Héctor Ortiz y María Teresa Sierra, publicada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (Flacso México y Ecuador), 2011, página 24, expresaron que: ".. Los debates sobre los pueblos indígenas han incidido también en la construcción de los muevos paradigmas del multiculturalismo, los derechos humanos y las citdadanias en las sociedades contemporáneas, confrontando las tradiciones jurídicas hegemónicas para pensar el derecho y la cultura. Las reivindicaciones indigenas ham servido de ejemplo al excluidos, como es el caso de las poblaciones afrodescendientes o los pueblos también conocidos como gitanos que demandan a su vez el reconocimiento de sus derechos culturales y políticos ante un Estado que se los ha negado. En la actualidad, los estudios sobre pluralismo jurídico, los derechos humanos y los derechos indígenas, así como el análisis de los cambios legales que abren el reconocimiento de los derechos colectivos, han nucleado en gran medida los análisis de la antropología jurídica latinoamericana y de la corriente critica del derecho. Si bien, contemporáneos de nuestras sociedades, como sucede respecto de la globalización y la crítica al multiculturalismo. En particular hay dos componentes medulares de los debates en la antropología y sociología juridica contemporáneas de América Latina que sirven como ejes analíticos del libro que presentamos: la globalización del derecho y la problemática de la justicia...". (Negritas del presente fallo). Nuestro autor patrio Ricardo Colmenares Olivar en su Articulo "El derecho consuetudinario indígena en Venezuela: Balance y Perspectivas", publicado dentro de la Revista del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos ITDH N.°41, Edición Especial sobre Derechos Indigenas, (Periodo encro - junio del 2005) San José. Costa Rica. Página 83, refirió que: "... Este paralelismo de sistemas es lo que se ha dado por llamar "phuralismo jurídico", conocido también como "pluralismo legal", que no es más que una categoria sociológica, y que nace en tanto coexistan dos o más sistemas normativos dentro de un mismo espacio social. Esto implica que deberá dársele cabida a las instituciones y sistemas juridicos propios de los pueblos indígenas para solventar los conflictos...". Tenemos entonces que, los rasgos centrales de este reconocimiento constitucional, consideran que a los pueblos originarios deben serle garantizados los derechos a: 1) El reconocimiento de usos y costumbres indigenas; 2) La auto adscripción; 3) La libre determinación; 4) La autonomía; 5) La preservación de la identidad cultural; 6) La tierra y al territorio; 7) La consulta y participación; 8) Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado; 9) El desarrollo. b) El juez natural dentro de la jurisdicción indigena Sobre este aspecto del juez natural dentro de la especial jurisdicción indígena, cl autor Ricardo Colmenares Otivar en su Articulo El derecho consuetudinario indígena en Venezuela: Balance y Perspectivas", publicado dentro de la Revista del Instituto Ibcroamericano de Derechos Humanos IDH N.°41, Edición Especial sobre Derechos Indígenas, (Periodo enero - junio del 2005) San José, Costa Rica. Páginas 84 y 94 reveló que: enriquece la noción de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia establecido en el articulo 2 del texto fundamental venezolano, pues ello implica demás la participación de nuevos actores sociales (los indígenas) dentro del sistena de administración de justicia, quienes aplicarán formas propias de resolución de conflictos, de acuerdo a su cosmovisión y patrones culturales. Así la justicia, como valor superior del ordenamiento juridico, alcanza su verdadera. dimensión para cada indígena, pues la retribución concreta que espera del derecho (para nosotros equidad o justicia concreta) responderá de acuerdo a sus patrones culturales y no conforme a un derecho ajeno o derecho de "terceros". Por otro lado, esta norma constitucional perntite hablar propiamente de un Estado homogénca y que permite la coexistencia de dos o más sistemas normativos. Todo ello va a permitir que ias normas estatales y las no formales ".. convivan en armonia las formas de intersubjetividad y control social propias de humanos históricamente diferenciados del conglomerado estatal, como lo son por antonomasia las poblaciones indigenas'...". (Negritas del presente fallo). También sobre el tema del juez natural, el autor Ricardo Colmenares Olívar en su artículo "E1 caso del niño Warao. Comentarios a Ja sentencia del 03 de febrero de 2012", publicado en la Revista Frónesis, Vol. 21, N.°. 2, de Filosofía Jurídica, Social y Política. Sección de Antropología Jurídica. Instituto de Filosofía del Derecho Dr. J.M. Delgado Ocando. Universidad del Zulia. Páginas 373 y 374, refirió que: "... En el emblemíitico caso del niño Warao .. del Estado Delta Amacuro, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 3 de febrero de 2012, .. anuló tanto la decisión dictada en fecha 23 de noviembre de 2009 por los cacique de varias comunidades en la que condenaron al referido niño a veinte (20) años de prisión, como la subsiguiente decisión pronaciada en fecha 02 de diciembre de 2009 por el Tribunal Segundo de control de la Sección Penal de Adolescentes del Estado Delta Amacuro) al conocer por vía de amparo del caso en cuestión, alegando que el accionante no fue juzgado por su autoridad legítima (el Aidamo) ni de acuerdo a las costumbres punitivas propias de su pueblo, sino por unos cacique que no tenían legitimidad para dictar tal condena, violando así el debido proceso. No obstante, en dicho caso Ia misma Sala dejó sentado sin ningún tipo de ambigúedad, un criterio de fondo en torno a Ia competencia material para conocer de todo tipo de asunto, -aun cuando sea un hecho grave como lo es el darle muerte a otra persona (homicidio), siempre que-el presente fallo). Tenemos que esta Sala con la sentencia N.° 2 del 3 de febrero de 2012 (Caso Nião Warao) por primera vez se ha detenido fundamentalmente a valorar esta materia de justicia indígena dentro de su jurisdicción indigena, en ella, se delimitó la jurisdicción indígena cuando anuló tanto la decisión dictada el 23 de noviembre de 2009 por los cacique de varias comunidades en la que condenaron a un niño a veinte (20) años de prisión, como la subsiguiente decisión pronunciada el 2 de diciembre de 2009 por el Tribunal Segundo en funciones de Control de la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescentes del Estado Delta Amacuro, que conoció por vía de amparo del caso en cuestión, alegando que el accionante no fue juzgado por su autoridad legítima (el Aidamo), ni de acuerdo con las costumbres punitivas propias de su pueblo, sino por unos cacique que no tenían legitimidad para dictar tal condena, violando así el debido proceso. Así, uno de los puntos centrales de la sentencia es declarar que, ante la jurisdicción indígena, así como en los tribunales de la República, toda persons tiene el derecho humano de ser juzgado por un juez natural, en tanto la Sala lo ha considerado como un derecho humano fundamental y universal, y por tanto de orden público. Para .afirmarlo, sustentó la Sala su razonamiento en el el artículo 132 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, destacándose que esta potestad debe ser ejercida por los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus autoridades legítimas, de tomar tradicionales, para solucionar de forma autónoma y definitiva las controversias que se susciten entre sus integrantes, dentro de su hábitat y tierras. Se ha entendió que todos los problemas y demás conflictos que se susciten dentro del espacio territorial en el cual habitan los indigenas constituyen hechos y situaciones reales concretas, que deberán ser resueltos dentro de un marco procedimental establecido según las costumbres de cada pueblo o comunidad, la cual pudiéramos llamar relación procesal". Así, desde el punto de vista jurídico, las autoridades indígenas tienen la plena facultad de aplicar el derecho consuetudinario dentro de un espacio territorial (competencia): es decir, tienen la capacidad de administrar justicia. En este orden de ideas, el artículo 133 de la la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indigenas, establece la competencia de la jurisdicción especial indígena y es del siguiente tenor: "Articulo 133. La competencia de la jurisdicción especial inillgena estará determinada por los sigulentes criterios: 1. Competencia Territorial: Las autoridades legltimas tendrán competencia para conocer de cualquier incidencia o conflicto surgido dentro del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas respectivos. 2. Conpetencia Extraterritorial: Las autoridades legítimas tendrán competencia extraserritorial respecto de controversias sometidas a su conocimiento, surgidas fuera del hábitat y tierras indígenas, cuando las mismas sean entre integrantes de pueblos y comunidades indígenas, no revistan carácter penal y no afecten derechos de terceros no costumbres del pueblo o comunidad indigena y lo dispuesto en el presente artículc, si conoce o no de la controversia y, en caso negativo, informar u los solicitantes y remitirá el caso a la jurisdicción ordinaria cuando corresponda. 3. Campetencia Material: Las autoridades legítimas tendrán competencia para conocer y decidir sobre cualquier conflicto o solicitud, independientemente de la materia de que se trate. Se exceptúan de esta competencia material, los delitos contra la seguridad e integridad de la Nación, delitos de corrupción o contra el patrimonio público, ilícitos aduaneros, tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes y tráfico ilicito de armas de fuego, delitos cometidos con el concierto o concurrencia de manera organizada de varias personas y los crímenes internacionales: el genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. 4. Compeiencia Personal: La juris:ficción especial indigena tendrá competencia para conocer de solicitudes o conflictos que involucren a cualquier integrante del pueblo.a comunidad indigena. Las personas que no siendo integrantes de la comunidad pero que encontrándose dentro del hábitat y tierras indigenas cometan algún delito previsto en la legislación ordinaria, podrán ser detenidas preventivamente por las iuoridades legítimas, las cuales deberán poner al detenido a la orden de la jurisdicción ordinaria conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal". En principio, el derecho consuetudinario indigena sólo seria aplicable a los personas indigenas que se encuentren en el respectivo hábitat delimitado, y a la luz del artículo 260. constitucional, las autoridades legítimas de los pueblos y comunidades { indigenas pueden aplicar el derecho consuetudinario a todos los “integrantes" que se encuentren dentro del hábitat, una vez que éstos hayan sido demarcados por ley especial. página original (tal como se publicó) [Página 14] e) La protección de las niñas, adolescentes y mujeres indígenas En materia de Derechos Humanos, existen instrumentos juridicos internacionales que sirven de piedra angular para todo el régimen que deben desarrollar los Estados, dos de estos instrumentos nucleares son: 1.- La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la cual está considerada como el documento jurídico internacional más importante en la historia de la lucha sobre todas las formas de discriminación en contra dc las mujeres, brinda la misma protección a todas las mujeres, sin distingo de su identidad cultural, se dispuso de manera expresa, en el articulo 5 la obligación de los Estados Partes de tomar todas las medidas apropiadas para: “... modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinorias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres...". 2.- La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), que recoge Ios derechos. económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños, niñas y adolescentes. Su aplicación es obligada para los gobiernos que la han ratificado, pero también define las obligaciones y responsabilidades de otros agentes como los padres, profesores, profesionales de la salud, jueces, investigadores y los propios niños, niñas y adolescentes. En la Observación General N.° 11. “Sobre los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención" del 12 de febrero de 2009, el Comité de los Derechos del Niño, 50° Período de Sesiones CRC/C/GC/11, disponible en https://undocs.org/es/CRC/C/GC/11 en los parágrafos 75 y 76 determinó que: ".. Se recuerda a los Estados partes que, de conformidad con el articulo I2 de la Convención, todos los niños deberán tener la oportunidad de ser escuchados, ya directamente, ya por medio de un representante, en todo procedimiento judicial o penal que los afecte. En el caso de los niños indígenas, los Estados partes deberían adoptar medidas para proporcionar los servicios de un intérprete sin cargo alguno, de ser necesario, y para garantizar al niño asistencia letrada de forma que se tenga en cuenta su contexto cultural. Se alienta a los Estados partes a tomar todas las medidas procedentes para ayudar a los pueblos indígenas a organizar y poner en práctica sistemas tradicionales de justicia restaurativa, siempre que esos programas sean conformes a los derechos enunciados en la Convención, en particular el interés superior del niño. El Comité señala a la atención de los Estados partes las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, en las que se alienta a establecer programas comunitarios para prevenir esa delincuencia. Los Estados partes, en consulta con los pueblos indigenas, deberían tratar de apoyar el establecimiento de políticas, programas y servicios comunitarios que tengan en cuenta las necesidades y la cultura de los niños indigenas, de sus familias y de sus comunidades. Los Estados deberían proporcionar recursos suficientes a los sistemas de justicia juvenil, en paricular los establecidos y aplicados por pueblos indigenas...". (Negritas del presente fallo). En la Observación General N.° 12. "El derecho del niño a ser escu.cado" dei 20 de julio de 2009, et Comité de los Derechos del Niño, 51º Período de Sesiones. CRC/C/GC/12, disponible en https:/undocs.org/es/CRC/C/GC/12 en las páginas 7, 15. 18 y 22 estableció en relación al análisis del artículo 12 de la Convención sobre los Dorechos del Niño que: .. Los derechos de los niños y niñas deben protegerse en todos los sistemas judiciales, incluidos los sistemas de justicia indígenas y otros tradicionales o consuctudinarios. En los cuestiones relativas a los niños y niñas, los jueces, los responsables de tomar. decisiones y otras autoridades relevantes en todos los tipos de sistemas de justicia, deben velar por que el interés superior del niño sea una consideración primordial. El articuto 12 pone de manifiesto que el niño tiene derechos que ejercen influencia en su vida, que no son únicamente los derechos derivados de su vulnerabilidad (protección) o su dependencia respecto de los adultos (provisión). La Convención reconoce al niño como sujeto de derechos, y la ratificación casi universal de este instrumento inernactonal por los Estados partes pone de relieve esta condición del niño, que está expresada claramente en el articulo 12. El Comité siempre ha interprelado la participación de manera amplia para establecer procedimientos no solo para niños considerados individualmente y grupos de niños claramente definidos, sino también para grupos de niños, como los niños indígenas, los niños con discapacidades o los niños en general, que resultan afectados directa o indirectamente por las condiciones sociales, económicas o culturudes de la vida en su sociedad. El Comité de los Derechos del Niño ha identificado el articulo 12 como uno de los cuatro principios generales de la Convención, siendo los otros ei derecho a la no discriminación. el derecho a la vida y al desarrollo, y la consideración primordial del interés superio: del niño, lo que pone de relieve que este ariculo, no solo establece uas derecho en si mismo, sino que también debe considerarse en la interpretación y aplicación de todos los demás derechos. También ha subrayado que el articulo 12 se aplica a los procedimientos judiciales y administrativos de todo tipo, incluidos los mecanismos alternativos de resolución de cogflictes asociados. como la mediación y el arbitraje. El Comité se ha referido especificamente a los derechos de participación de los niños ladigenas y ha recomendado que los Estados proporcionen formación sobre al articulo 12 y su aplicación en la práctica a todos los profesionales que trabajan para y por lo niãos, incluyendo, entre otros, a abogados, jueces y líderes tradicionales.". (Negritas del presente fallo). En la Recomendación General N.° 33 "Sobre el Acccso de las Mujeres a la Justicia" del 3 de agosto de 2015, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, dentro del marco de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), disponible en: huns:/undocs.org/es/CEDAW/C/GC/33 en las páginas 16, 17, 25, 29, entre otros, ha establecido una serie de medidas que los Estados deben adopta: para garantizar: ".. /u disponibilidad general y la accesibilidad de los sistemas de justicia pcra las mujeres, y para eliminar las leyes, procedimientos y prácticas discriminatorias, asi como los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema de justicia. Por lo que respecta a los sistemas de justicia plurales, incluidos los sistemas de justicia indígenas y otros...". (Negritas del presente folio). Así como entre otros aspectos relevantes refirió que: ". Las mujeres tienen que poder confiar en tn sistema judicial libre de mitos y estereotipos y en una judicatura cuya imparcialidad no se vea comprometida por esos supuestos sesgados. La eliminación de los estereotipos judiciales en los sistemas de justicia es una medida esencial para asegurar la igualdad y la justicia para las víctimas y los supervivientes. El derecho penal es particularmente importante para garantizar que la mujer puede ejercer sus derechos humanos, incluido su derecho de acceso a la justicia, sobre la base de la igualdad. Los Estados partes están obligados, en virtud de los articulos 2 y 15 de Ia Convención, a asegurar que las mujeres cuenten con la protección y los recursos ofrecidos por el derecho penal y que no estén expuestas a discriminación en el contexto de esos mecanismos, ya sea como victimas o perpetradoras de actos delictivos. sistemas extrajudiciales de justicia existentes, la creación de mecanismos estatales de consuetudinarios, indígenas, comunitarios y de otro tipo. Los derechos de la mujer deben considerarse y protegerse por igual en todos los tipos de sistemas judiciales, incluyendo los sistemas de justicia indígenas o tradicionales y consuetudinarios, y los jueces, las personas encargadas de ndopiar las decisiones y otras autoridades pertinentes, deben aplicar las intervenciones apropiadas para garantizar Ia igualdad de la mujer...". (Negritas del presente fallo). Asi tenemos que al afrontarsc el derecho con una situación que, pese a tener un asiento cultural de larga data constituye una violación del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, a la protección de la sexualidad como un derecho humano, que debe darse de manera consentida, segura y libre, ha de reconocer que no puede imponerse un uso, tradición o costumbre sobre las normas que le garantizan a toda mujer su ejercicio, como ocurre en los casos de violación o de abuso sexual a niñas, adolescentes de género femenino y mujeres, así tengan estas la condición de indígenas. Por el contrario, es importante considerar que cuando una instancia de justicia le corresponda conocer un caso que involucre a una niña, una adolescente o mujer indígena debe tener en cuenta la existencia de la discriminación interseccional que ocurre cuando se da una diferencia irracional, subjetiva y desproporcionada de trato basada en dos o más causales de discriminación las cuales concurren conjuntamente; por ello, cuando se está en presencia de un caso que se relaciona con una persona determinada como vulnerable por su género, sexo, pertenencia étnica, condición social u otra causal, debe tomarse en cuenta que estas sufren de especiales dificultades para ejercitar con plenitud los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico y por ello, las garantías deben reforzarse, asi como han de las. situaciones particulares de la víctima, tales como su género, su cultura, su lengua. Entonces, las situaciones particulares de la víctima, tales como su género, su cultura, su lengua y su edad, han de considerarse al momento de juzgar, para evitar su revictimización. d) La violencia sexual en los pueblos indígenas Determinado como ha sido que, todas las personas en el territorio nacional, son titulares de los mismos derechos con las únicas excepciones previstas en la Constitución, así, como tomando en cuenta que la existencia de catálogos especiales dentro-del sistema de Detechos Humanos ha de interpretarse siempre en adición, para el mejoramiento de la situación jurídica y política de las personas beneficiados por estos, es preciso tomar en cuenta que la violencia sexual es un flagelo que el Estado venezolano, de manera cónsona con sus obligaciones internacionales, se ha propuesto erradicar para garantizarle a toda niña, adolescente o mujer una vida libre de violencia. Las niñas, las adolescentes y las mujeres indígenas, son, en consecuencia, titulares de los mismos derechos sexuales y reproductivos que todas sos congéneres, siu quc pueda invocarse ninguna costumbre de un pueblo originario para relativizarlo, por el contrario, su protección supone tanto para Venezuela un reto adicional e ineludible. ya que en determinadas circunstancias, cuando un sistera de justicia indigena u otro tradicional o consuetudinario funciona de manera incompatible con las normas internacionales de derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos puede permitir o incluso exigir la intervención de las instituciones estatales. Al respecto podemos reseñar lo establecido en el libro "Justicia y Diversicad en América Latina. Pueblos indigenas ame la Globalización", presentada por los Coordinadores: Victoria Chenaut, Magdalena Gómez, Héctor Ortiz y María Teresa Sierra, publicada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (Flacso México y Ecuador), 2011, página 26, expresaron que: "“... la relación entre género y derecho se inserta en dinámicas históricas y de poder, que se producen en la intersección con la pertenencia étnica, la clase social, la edad, las prácticas y los valores culturales, entre otros factores. También en estos textos aparece la doble dimensión del derecho: por un Indo, la que concierne a la regulación y formas de dominación y, por otro, el hecho de que en ciertos casos el Estado y el derecho estatal han sido relevantes para ia resistencia de los movimientos sociales y de las mujeres que denuncian casos de agresión sexual...". (Negritas del presente fallo). La calificación de los delitos sexnales como crímenes atroces realizada por esta e) Sala Constitucional Esta Sala Constitucional, con la Sentencia N.° 91 del 15 de marzo de 2017 (Caso: "Alfonso Nicolás De Conno Alaya"), determinó con carácter vinculante, cuales delitos tipificados y sancionados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no tendrían beneficios procesales, ni se les aplicará fórraulas alternativas a la ejecución de la pena, ya que los delitos scxuales cometidos contra piñas. página original (tal como se publicó) [Página 15] adolescentes y mujeres debe ser incorporado al catálogo de hechos punibles constitutivos de graves violaciones contra los derechos humanos, ya que constituyen delitos atroces, configuran una violación sistemática de los derechos humanos, que muestran en forma dramática los efectos de la discriminación y subordinación de la mujer por razones de sexo en la sociedad, quedando establecido desde entonces que: "Sentencia de la Sala Constitucional que establece, con carácter vinculante; Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, cuales son: 1) violencia sexual, tipificado en el artículo 43, y cometido en forma continuada; 2) acto canal con víctima especialmente vulnerable (artículo 44 LOSDMVLV): 3); prostitución forzada (artículo 46 LOSDMVLV); 4) esclavitud sexual (articulo 47 LOSDMVLV); 5) tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes (articulo 55 LOSDMVLV); 6) trata de mujeres, niñas y adolescentes (articulo 56 LOSDMVLV); 7) explotación sexual de niños y adolescentes varones, cometido en forma continuada (articulo 258 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes); y 8) abuso sexual a niños y adolescentes, cometidos en continuada (articulos 259 y 260 eiusdem), una vez desvirtuado el principio de presunción de inocencia, mediante procesales establecidos en la ley ni habrá lugar a la aplicación de fórmulas alternativas de cumplimiento de pena. b.- que cuando la víctima agredida de los delitos señalados en el dispositivo anterior, sea niño, niña y adolescente de menor edad, empezará a computarse el lapso de prescripción la acción penal desde el dia en que la victima cumpla su mayoría de edad. De igual manera, dicho lapso de prescripción comenzará a computarse desde el dia que fallezca la victima menor de edad". En atención a todo lo expuesto esta Sala, ha podido ir concluyendo que los asuntos que se refieren a delitos sexuales cometidos contra las mujeres, adolescentes y niñas indígenas deben analizarse y estudiarse teniendo en cuenta la naturaleza multifacética de su identidad; aunado a ello se debe, a los fines de abordar y prevenir la discriminación contra las mujeres, adolescentes y las niñas indígenas, integrar una perspectiva de género, referida multidisciplinarios que se enfrentan a lo largo de toda su vida, por su condición de ser indígenas. Así se establece. En consecuencia, esta Sala Constitucional en el caso de marras, instituye que tiene que garantizarle a la niña indígena, cuya identidad es omitida, de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, víctirua del delito de delito de abuso sexual con penetración, que: a) Sea protegida en su condición de niña, de conformidad con. lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y en la Ley Orgánica sobre el Derecho dc las Mujeres a una Vida Libre de Violcncia. b) Sea protegida en su condición de niña, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. e) Sea protegida en su condición de niña, de conformidad con lo dispuesto en la en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Eibre de Violencia. d) Sea protegida en su condición de indigena, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Así se declara. De modo que los catálogos de derechos humanos que, reconocen su naturaleza interseccional e intercultural se sumen en su garantía y no en el detrimento de los derechos fundamentales debidamente reconocidos por el Estado venezolano a nuestros indígenas, debiendo entonces ambos concurrir. Tal como Io ha señalado la Comisión Internacional de Juristas (CID) en el libro “Principios sobre los sistemas de justicia indigenas y otros consuetudinarios o tradicionales, los derechos humanos y el estado de derecho" Copyright de la Comisión Intemaciona! de Joristas, Marzo 2021, página 35: "Los sistemas oficiales de justicia del Estado y ios sistemas de justicia indígenas y otros tradicionales o consuetudinarios, deben procurar una mayor coordinación ante si a fiu de garantizar la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho. Las carocierísticas de dicha coordinación deben adaptarse cuidadosamente al particid-s contexto soclal, cultural e institucional". De manera general, suele entenderse que las autoridades legítimas son los poderíos tradicionales que recaen en algunos miembros de una comunidad indígena de acuerdo con la estructura propia de la respectiva cultura, ejerciendo poder de organización, gobiemo, justicia, gestión o control social de acuerdo a los usos y las costumbres de cada comunidad. Asi las cosas, es evidente que en el presente caso están reunidos los extremos constitucionales paro que se dé la excepción fundamental prevista al ejercicio de le jurisdicción indígena y es que tal como en el presente caso, encontramos que la jurisdieción indígena se utilizó en contravención a cláusulas constitucionales como la que consagra el interés superior del niño, de la niña y del adolescente: el derecho a la integridad fisica, moral y sexual de toda persona; el derecho a la justicia en caso de ser víctima de algún débito. Así se declara. Es precisamente esta la situación que ha ocupado a esta Sala Constitucional. en tanto, como puede evidenciarse en fos folios 10 al 55, de la Pieza 1 del expediente de esta causa, la decisión a la cual llegó el grupo de ciudadanos que se auto denominan Tribonal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad Huottöja Ahuiyäru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" Itasode Jueipocattö Täbotö Roechuome Ähuiyäru Tuhuo'cho Reye", decidiendo entre otros aspectos que: ". Séptimo: Este Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad Huottöja Ahuiyäru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" por todos estos motivos de hecho y de derecho ABSUELVE al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, del delito de VIOLACIÓN, tipificado en el articulo 374 del Código Penal en contra de (...), por lo que remite la presente sentencia al tribunal de la jurisdicción especial ordinaria (sic) que este (sic) conociendo de la presente causa, para bajo el principio de colaboración entre los órganos jurisdiccionales (jurisdicción especial indígena y jurisdicción ordinaria) ordene la remisión de la respectiva BOLETA DE EXCARCELACIÓN al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, titular de la cédula de identidad N° V- 13.058.323, por haber sido ABSUELTO en la presente causa..".. Es justamente este blanqueamiento de los delitos sexuales en la jurisdicción indigena, amparados en los supuestos de hecho que ese tipo de abuso sexual a niñas y adolescentes indígenas, no pueden ser tenidos como un delito sexual en tanto culturalmente ello no es asi para ellos, sobre ese alegato cultural en el que subyace la impunidad, se hace necesario que el Estado combata dicha posición, en aras de garantizarles a todas las mujeres incluidas niñas y adolescentes una protección plena de todos sus derechos, incluidos los sexuales, recordando que el legislador, en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estableció que las transgresioncs de naturaleza sexual constituyen "un atentado aberrante contra la dignidad, integridad fisica y libertad sexual de la mujer". De este modo, se evidencia que en el presente caso no estuvimos ante un ejercicio de justicia indígena en los términos precisados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ni en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas y tampoco esa justicia aplicada estuvo ceñida a los extremos que la misma tiene según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pucblos Indígenas. Así se declara. Al respecto esta Sala, con la Sentencia N.° 1325, del 4 de agosto de 2011 (Caso: "Carlos Eduardo Ramos Vargas") estableció con carácter vinculante, la competencia de los juzgados especializados en materia de violencia de género para el juzgamiento de los delitos previstos en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, con independencia de que el sujeto activo sea un ciudadano indígena, ya que las autoridades legítimas de los pueblos y comunidades indigenas solo pueden actuar en materia de violencia de género como órganos receptores de denuncia, al efecto señaló que: ".. Con atención a ello, si bien es cierto que la Jurisdicción Especial Indigena existe y es reconocida por el ordenamiento juridico patrio, siendo de aplicación preferente en ciertos casos, no es menos cierto que tal aplicación está delimitada igualmente, tanto por los Convenios Internacionales como por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes especiales. A este tenor. el articulo 8, mumeral 2 del señalado Convenio OIT N.° 169 Sobre Puehlos Indigenas y Tribales en Paises Independientes dispone: del 27 de junio de. 1.989: "Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias. siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales internacimalnente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conficios que puedan surgir en la aplicación de este principio. En este sentido. el. ya citado articulo 9 numeral 1° del Convenio OrT N° 169 Sobre Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya citados supra. establecen que se podrá aplicar la usanza, práctica o costumbre indígena tradicional para la resolución de conflictos o delitos, siempre que esta no transgreda o en modo alguaso colide con el ordenamiento juridico nacional u orden público. ...omissis... Ello se reafirma del parágrafo único del articulo 71 de la Ley Orgánica sobre et Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuando establece: "Los pueblos sndigenue constituirán órganos receptores de denuncia, integrado por las autoridades leguimas de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, sin perjuicio que la mjer agredida pueda acudir a otros órganos indicados en el presente artículo." ... omissis.... Asi entonces, el propósito del legislador con esta disposición es que los autoridades legítimas de tos pueblos indigenas sean solo órganos receptores de denuncia, siempre y cuando la mujer indigena víctima asi lo estime, pero la Ley Especial no le da facultad jurisdiccional, por lo que lo que en materia de delitos de violencia de género la jurisdicción especial indigena está limitada por las disposiciones previstas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Muijeras a una Vida Libre de Violencia, lo que está en consonancia con el articulo 9, numera! primero del Convenio OIr N° 169 Sobre Pueblos Indigenas y Tribales en Países Indepandientes y 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, supra citados, según los cuales se podrá aplicar la usanca indígena adicional para la resolución de conflictos o delitos, siempre que esta no transgreda o en modo alguno colide con el ordenamiento jurídico nacional u orden público. Con base en la Constitución de la República Bolivariana de Venezucla, la Ley Orgósica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Lzy Orginica de Pueblos y Comunidades Indigenas, esta Sata -con carácter vinculante: reafirmo la competencia de la jurisdicción especial en materia de género para el juzg-asiento de los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mrieres a un Vida Libre de Violencia, con independencia de que el sujeto activo sea un ciudadano indígena y en consecuencia los delitos catalogados como de violencia de género, deben ser investigados incluso de oficio por los tribunales especializados con competencia en violencia de género. Asi se decide...". La Sala desde entonces estableció que si bien es cierto que la jurisdicción especial indigena es reconocida por el ordenamiento juridico patrio, su aplicación está delimitada tanto por los convenios internacionales como por la Constitución de la República. razón por la cual, se consideró que la tutela del bien juridico referente a la dignidad de la mujer es de especial resguardo y protección del Estado venezolano, con independencia de las caracteristicas étnicas de los sujetos activos iavoluerados en la perpetración de ese tipo de delitos, de alli que se reafirmó que el monopolio para el juzgamiento de los delitos de género, lo tienen los tribunales de violencia contra la mujer, sin distingo de que el sujeto activo del delito sea un ciudadano indígena. página original (tal como se publicó) [Página 16] En el presente caso, puede observarse que tomando en cuenta la referida sentencia de esta Sala, la competencia y capacidad de juzgamiento del ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N.° V- 13.058.323, obrero, indígena y miembro de la comunidad "Las Pavas", ubicada en el Municipio Atures del Estado Amazonas, por la presunta comisión del delito de abuso sexual con penetración a niña, previsto y sancionado en el artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente, efectuado en contra de una niña indígena, cuya identidad es omitida, de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, le corresponde a los juzgados especializados con competencia para juzgar los delitos de Violencia contra la Mujer. Así se declara. De modo que, al haber sido juzgado el ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, dentro de la jurisdicción indígena, haciéndolo un grupo que se denominan Tribunal de la Jurisdicción Especial Indigena de la Comunidad Huottöja Ahuiyäru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" Itasode Jueipocatto Tabotö Roechuome Ähuiyäru Tuhuo'cho Reye, conformado por los ciudadanos José Manuel Ochoa, titular de la cédula de identidad N.° V-8.444.344, identificado como Autoridad Legítima; José Manuel García, titular de la cédula de identidad N.° V-8.9.01.112, identificado como Autoridad Legítima; José Gregorio Muñoz, titular de la cédula de identidad N.° V-8.903.423, identificado como Autoridad Legítima; Juan Martínez, titular de la cédula de identidad N.° V-15.499.867, identificado como Capitán; Antonio Rogelio Palacio, titular de la cédula de identidad N.° V-10.605.226, identificado como Cacique; Enrique Martínez Gómez, titular de la cédula de identidad N.° V-18.835.950, identificado como Secretario y Rogelio Ochoa Soto, titular de la cédula N.° V-12.629.899, actuando como Intérprete, quienes dictaron el 1° de mayo de 2017, una sentencia mediante la cual se absolvió al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, por la presunta comisión del delito de abuso sexual a niña con penetración, agravado y continuado, según lo previsto en el artículo 259 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente con la agravante establecida en el artículo 217 ejusdem, en perjuicio de la niña (identidad omitida), sin que mediara ninguna representación en defensa de los derechos de esa niña indígena durante el desarrollo de ese juicio; debe esta Sala considerar que lo ajustado a derecho es ANULAR la decisión dictada, en resguardo de los derechos inherentes a esa niña indígena. Asi se decide. En consecuencia, esta Sala debe declarar como IMPROCEDENTE la presente acción innominada de naturaleza constitucional, y en consecuencia se establece que la causa penal identificada con el alfanumérico XP01-P-2017-000273, que cursa ante el Juzgado -Segundo de Primera Instancia Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas, que se le sigue al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, por la presunta comisión del delito de abuso sexual con penetración a niña, previsto y sancionado en el artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente, efectuado en contra de una niña indígena, cuya identidad es omitida, de conformidad con el artículo. 65 de la Loy Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, deberá seguirse conociendo por dicho Juzgado, ordenándosc la realización del juicio oral y público hasta su total culminación, ello en virtud de que en la Circunscripción Judicial dei Estado Amazonas, aun no existe en funcionamiento un Tribunal de Violencia contra la Mujer en Función de Juicio. Así se decide. Declarado lo anterior, esta Sala, visto que en el presente falo se realizó un análisis interpretativo de la coexistencia del derecho originario indígena con el ordenamiento jurídico estatal, esta sentencia debe tener carácter vinculante, ya que se decidió en referencia a los delitos sexuales determinados como delitos atroces por esta Sala Constitucional, en Ios cuales. las víctimas de los mismos sean niñas o adolescentes indígenas, o en las causas donde concurren niños o adolescentes indígenas víctimas de ambos sexos, los mismos deberán ser juzgados de conformidad con lo determinado por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, asi como por la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ante la jurisdicción ordinaria especial de esa materia y no ante la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se deberá ordenar su publicación integra cn la Gaceta Judicial de este Alto Tribunal, en la página web del mismo y en la Gaccta Oficial de la República con la siguiente mención en su sumario: "Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Jucticia que, con carácter vinculante, establece la competencia de la jurisdicción especial en Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Fiolencia. cuando la comisión de los mismos sca contra niñas y adolescentes Indigenas. o en las causas donde concurren niños o adolescentes indígenas víctimas de ambos sexos, los cuales además deben ser juzgados de conformidad con lo Adolescentes, desaplicando para el juzgamiento de esos delitos la jurisdicción indigena". DECISIÓN Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Rolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se DECLARA como IMPROCEDENTE la presente acción innominada de naturaleza constitucional, y en consecuencia se DECLAR.A LA NULID.AD de la decisión dictada el 1° de mayo de 2017, por un grupo que se denominan Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad Huottöja Ahuiyäru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" Itasode Jueipocatto Täbotö Roechuome Ahuiyäru Tuhuo'cho Reye, conformado por los ciudadanos José Manuel Ochoa, titular de la cédula de identidad N.° V-8.444.344, identificado como Autoridad Legítima; José Manuel García, titular de la cédula de identidad N.° V-8.9.01.112, identificado como Autoridad Legítima; José Gregorio Muñoz, titular de la cédula de identidad N.° V-8.903.423, identificado como Autoridad Legítima; Juan Martínez, titular de la cédula de identidad N.° V-15.499.867, identificado como Capitán; Antonio Rogelio Palacio, titular de la cédula de identidad N.° V-10.605.226, identificado como Cacique; Enrique Martínez Gómez, titular de la cédula de identidad N.° V-18.835.950, identificado como Secretario y Rogelio Ochoa Soto, titular de a cédula N.° V-12.629.899, actuando como Intérprete, sentencia mediante la cual se absolvió al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, ya identificado, por la presunta comisión del delito de Abuso Sexual a Niña con penetración, agravado y continuado, según lo previsto en el artículo 259 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente con la agravante establecida en el articulo 217 ejusdem, en perjuicio de la niña (identidad omitida), sin que mediara ninguna representación en defensa de los derechos de esa niña indígena durante el desarrollo de ese juicio. SEGUNDO: Se ORDENA al Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas continuar con el juzgamiento del ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, ya identificado, por la presunta comisión del delito de Abuso Sexual a Niña con penetración, agravado y continuado, según lo previsto en el artículo 259 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente con la agravante establecida en el articulo 217 ejusdem, en perjuicio de la niña (identidad omnitida), de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre. de Violencia, ello en virtud de que en la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, aun no existe en funcionamiento un Tribunal de Violencia contra la Mujer en Función de Juicio. TERCERO: Se ORDENA notificar y remitir copia certificada de la presente decisión al grupo de ciudadanos que se denominan Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad Huottöja Ahuiyäru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" Itasode Jueipocatto Täbotö Roechuome Ähuiyäru Tuhuo'cho Reye", que interpusieron el "conflicto de jurisdicción". CUARTO: Se ORDENA notificar y remitir copia certificada de la presente decisión al Juez Rector de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, al Juez. Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, al Juez Coordinador del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas, al Tribunal Segundo de Primera Instancia er Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas, con sede en Puerto Ayacucho, a la Defensoría del Pueblo, a la Defcnsa Pública, a la Fiscalía General de la República y al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. QU3NTO: Se ORDENA la publicación íntegra del presente fallo en la Gaceta Judicial de este Alto Tribunal, en la página web del mismo y en la Gaceta Oficial de la República con la siguiente mención en su sumario: “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que, con carácter vinculante, establece la competencia de la jurisdicción especial en cuando la comisión de los mismos sea contra niñas y adolescentes indígenas, o en las causas donde concurren niños o adolescentes indígenas victimas de ambos sexos, los cuales además deben ser juzgados de conformidad con lo determinado por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, desaplicando para el juzgamiento da esos delitos la jurisdicción indígena". Publiquese y regístrese. Notifiquese conforme a fo establecido en el articulo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supreino de Justicia. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribuna! Supremo de Justicia, en Caracas, a ios - — días del mes de dieavubn-de dos mil veintitrès (2023). Años: 213° de la Independencia y 164º de la Federación. La Presidenta, GLADYS MARÍA GUTIERREZ ALVARADO La Vicepresidenta, 2 00106 COURDESABENICIA SUAREZ ANDERSON Los Magkstrados,/ página original (tal como se publicó) [Página 17] TANIA D'AMELIO CARDET MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET (Ponente) El Secretario, CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE 17-1100 MAVG. Quien suscribe, en mi carácter de Secretario de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, certifica que: hecha la confrontación de estas copias con sus originales, se encuentra que es fiel y exacta, de lo cual doy fe. En Caracas, a los 19 días del mes de enero de 2024 El Secretario, Carlos Arturo Garqía Useche AA50-T-2017-001100 MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 02 de noviembre de 2023 Años 213° y 164° "ORDEN AL MÉRITO GENERAL EN JEFE JACINTO PÉREZ ARCAY" ACUERDO N° 01 En uso de la atribución que me confiere el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público; CONSIDERANDO: Que, por Resolución N° 538 de fecha 27 de marzo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.611 de fecha 18-04-2023, se creó la Condecoración "ORDEN AL MÉRITO GENERAL EN JEFE JACINTO PÉREZ ARCAY", para distinguir al personal del Ministerio Público de Venezuela, personalidades, instituciones, y organismos nacionales e internacionales, que se destaquen en sus cargos o actividades por aportes significativos en el campo de la historia, la cultura y la defensa integral de la nación, y que contribuyan con sus valores de identidad y amor a la Patria; CONSIDERANDO: Que, el General en Jefe Jacinto Pérez Arcay, es considerado un bastión de la Revolución por su constante aporte a la ideología Bolivariana del Siglo XXI, propugnando siempre los valores y el amor al ideario del Libertador Simón Bolívar y la Patria. CONSIDERANDO: Que, en reunión efectuada el día 01 de septiembre de 2023, los integrantes del Consejo de las Ordenes, aprobaron por unanimidad la Concesión de la distinción "ORDEN AL MÉRITO GENERAL EN JEFE JACINTO PÉREZ ARCAY", en Su ÚniCa ClaSe, al ciudadano Abogado MAINEL ALEJANDRO OCANDO ROJAS, FiSCal Provisorio en la Fiscalía 34 Nacional Plena. SE ACUERDA: úNICo: Imponer la condecoración de la "Orden Mérito General en Jefe Jacinto Pérez Arcay", en su Única Clase y hacerle entrega del diploma correspondiente, al ciudadano Abogado MAINEL ALEJANDRo oCANDO ROJAS, Fiscal Provisorio en la FisCalía 34 Nacional Plena. Comuníquese y Publíquese. faren TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General/de la Repúbbica Presidente de la Orden URIMARE GUEDEZ COPELAND Director de Secretaría General (E) Ganciller de la Orden página original (tal como se publicó) [Página 18] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 02 de noviembre de 2023 Años 213° y 164° "ORDEN AL MÉRITO FÉLIX MERCÁDEZ VARGAS" ACUERDO N° 07 TAREK WILLIANS SAAB, Fiscal General de la República, en uso de la atribución que me confiere el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público; CONSIDERANDO: Que, por Resolución N° 1079 de fecha 05 de octubre de 2007, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.787 de fecha 10-10-2007, se creó la Condecoración "ORDEN AL MÉRITO FÉLIX MERCÁDEZ VARGAS", para diStinguir al personal del Ministerio Público que en ejercicio de sus funciones se destaque por su lealtad a la legalidad, nobleza a la justicia, dedicación al trabajo, responsabilidad, espíritu de sacrificio, desarrollo profesional, honestidad, compañerismo y compromiso institucional; CONSIDERANDO: Que, en reunión efectuada el día 01 de septiembre de 2022, los integrantes del Consejo de las Ordenes, aprobaron por unanimidad la Concesión de la distinción "ORDEN AL MÉRITO FÉLIX MERCÁDEz VARGAS", en su Única Clase, a los ciudadanos: Abogada JEIMY YESENIA DUQUE, FisCal ProviSorio Nacional con Competencia en Materia de Cooperación Penal Internacional, adscrita a la Dirección de Asuntos Internacionales. LiCenCIadO RICHARD ERICK PATACCHIOLA RODRÍGUEZ, Jefe del Departamento de Archivo Central, adscrito a la Dirección de Secretaría General. ROMAIRY Abogada GUTIÉRREZ KATIUSKA Fernández, Fiscal Auxiliar Coordinador en la Sala Flagrancia, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas. Abogada RAIZA ELIGIA SÁNCHEZ DÁVILA, FiSCal Provisorio en la Fiscalía Quinta del Ministerio de la Circunscripción Júdicial del estado La Guaira. AbOgada MARÍA ALEJANDRA FERNÁNDEZ DE BENTO, Fiscal Provisorio en la Fiscalía Sexta del Ministerio del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa. AbOgada ROSMERY DEL VALLE RENGIFO KEY, FiSCal Provisorio en la Fiscalía Sexta del Ministerio del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre. Licenciado JORGE RAMóN MEDINA, Sub Director en la Dirección de Planificación. CiUdadanO SIMÓN GILBERTO FERNÁNDEZ MÁRQUEZ, Director de Gestión Administrativa, adscrito a la Fundación Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público. AbOgadO LUIS ERISÓN MARCANO LÓPEZ, FiSCal Provisorio en la Fiscalía Sexta del Ministerio Público para actuar en la Sala Plena y las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Abogado FARIK KARIN MORA SALCEDO, FiSCal Titular 67 Nacional Plena y Especial en Extinción de Dominio. AbogadO EDDY ALBERTO RODRÍGUEZ BENCOMO, FiSCal Provisorio en la Fiscalía 50 Nacional con competencia Plena y Especial Extinción de Dominio. AbOgado CÉSAR ENRIQUE ÁLVAREZ NAVA, Abogado Adjunto V, en la Dirección General de Protección de los Derechos Humanos. AbOgada ELIANNY DEL VALLE OROZCO FERRAS, FiSCaI Provisorio en la Fiscalía 20 Nacional Plena. AbOgado VLADIMIR ENRIQUE ÁNGEL AGUILERA, FiSCa! Titular en la Fiscalía 38 Nacional Plena. Ciudadana MAGDA YARAY LIRA GEDLER, SeCretaria II, en la Dirección General de Protección de la Familia y la Mujer. CiUdadana WISTNEY ALEXANDRA GALINDEZ ROMERO, Abogado Adjunto V, en la Dirección General de Protección de la Familia y la Mujer. SE ACUERDA: úNIcO: Imponer la Medalla de la "Orden al Mérito Félix Mercádez Vargas", en su Única Clase y hacerle entrega del diploma correspondiente, a los ciudadanos: Abogada JEIMY YESENIA DUQUE, FisCal Provisorio Nacional con Competencia en Materia de Cooperación Penal Internacional, adscrita a la Dirección de Asuntos Internacionales. LiCenCiadO RICHARD ERICK PATACCHIOLA RODRÍGUEZ, Jefe del Departamento de Archivo Central, adscrito a la Dirección de Secretaría General. KATIUSKA GUTIÉRREZ Abogada ROMAIRY FERNÁNDEz, Fiscal Auxiliar Coordinador en la Sala Flagrancia, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas. AbOgada RAIZA ELIGIA SÁNCHEZ DÁVILA, FiSCal Provisorio en la Fiscalía Quinta del Ministerio de la Circunscripción Judicial del estado La Guaira. AbOgada MARÍA ALEJANDRA FERNÁNDEZ DE BENTO, Fiscal Provisorio en la Fiscalía Sexta del Ministerio del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa. Abogada ROSMERY DEL VALLE RENGIFO KEY, FiSCal Provisorio en la Fiscalía Sexta del Ministerio del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre. Licenciado JORGE RAMóN MEDINA, Sub Director en la Dirección de Planificación. CiUdadanO SIMÓN GILBERTO FERNÁNDEZ MÁRQUEZ, Director de Gestión Administrativa, adscrito a la Fundación Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público. Abogado LUIS ERISÓN MARCANO LÓPEZ, FiSCal Provisorio en la Fiscalía Sexta del Ministerio Público para actuar en la Sala Plena y las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Abogado FARIK KARIN MORA SALCEDO, FiSCal Titular 67 Nacional Plena y Especial en Extinción de Dominio. Abogado EDDY ALBERTO RODRÍGUEZ BENCOMO, FiSCal Provisorio en la Fiscalía 50 Nacional con competencia Plena y Especial Extinción de Dominio. AbOgado CÉSAR ENRIQUE ÁLVAREZ NAVAS, Abogado Adjunto V, en la Dirección General de Protección de los Derechos Humanos. Abogada ELIANNY DEL VALLE OROZCO FERRAS, FiSCal Provisorio en la Fiscalía 20 Nacional Plena. AbOgadO VLADIMIR ENRIQUE ÁNGEL AGUILERA, FiSCal Titular en la Fiscalía 38 Nacional Plena. Ciudadana MAGDA YARAY LIRA GEDLER, Secretaria II, en la Dirección General de Protección de la Familia y la Mujer. CiUdadana WISTNEY ALEXANDRA GALINDEZ ROMERO, Abogadc Adjunto V, en la Dirección General de Protección de la Familia y la Mujer. Comuníquese y Publíquese. 20 TAREKWILLIANS SAAB Fiscal Geheral de la República Presidente de la/Orden I1 1/ URIMARE GUÉDEZ COPELAND Direcora de Secretaría General () Canciller de la Qrden página original (tal como se publicó) [Página 19] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 01 de noviembre de 2023 Años 213° y 164° "ORDEN AL MÉRITO DR. BORIS BOSSIO BARCELÓ" ACUERDO N° 10 TAREK WILLIANS SAAB, Fiscal General de la República, procediendo de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en el artículo 25 numeral 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público; CONSIDERANDO: Que, por Resolución N° 909 de fecha 02 de julio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 39.961 de fecha 10-07-2012, se creó la Condecoración "ORDEN AL MÉRITo DR. BORIS BosSIO BARCELÓ", para distinguir a los Fiscales, Investigadores, Expertos Criminalistas y Forenses del Ministerio Público de Venezuela y países amigos, que con su labor intelectual o ejercicio profesional, valentía, integridad y perseverancia en la lucha contra la impunidad, realizadouna funciónmeritoriay determinante en el hayan esclarecimiento de casos extremadamente complejos; CONSIDERANDO: Que la entrega profesional, la los correcta aplicación de conocimientos jurídicos en el desempeño de sus labores y la vocación de servicio, puestos en manifiesto para el desmantelamientos de Organizaciones Criminales hacia el estado Venezolano. CONSIDERANDO: Que en reunión efectuada el día 01 de septiembre de 2023, los integrantes del Consejo de las Ordenes, aprobaron por unanimidad la COnCeSIón de la distinCiÓn "ORDEN AL MÉRITO DR. BORIS BOSSIO BArcELo"en su Única Clase, a los ciudadanos que se mencionan a continuación: NOHEMY DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Abogada ELIANA Fiscal Provisorio en la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, quien dirigió la investigación "Caso Mejías". Abogado JAVIER IGNACIo QUINTERo GÓMEz, FisCal ProviSorio en la Fiscalía 3 Nacional Contra Las Drogas, quien dirigió la investigación relacionada con la Red de Narcotráfico y Legitimación de Capitales con base en el estado Falcón, "Caso Camacaro Thompson". Abogado ADRIÁN FERNANDO GÁRATE DÍAZ, FiSCal ProviSorio en la Fiscalía 68 Nacional en materia Contra Las Drogas, quien dirigió la investigación relacionada con el “caso Operación Sombra". AbOgado JONATHAN ELIECER CARRERO ARRAIZ, FiSCal PrOViSoriO en la Fiscalía 83 Nacional Contra La Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, quien dirigió la investigación "Operación Constitución". ACUERDO: ÚNiCO: Otorgar la "Orden al Mérito Dr. Boris Bossio Barceló", en su Única Clase, a los ciudadanos que se mencionan a continuación: Abogada NOHEMY ELIANA DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Fiscal Provisorio en la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Monagas. Abogado JAVIER IGNACIO QUINTERO GÓMEZ, FisCal ProviSorio en la Fiscalía 3 Nacional Contra Las Drogas. Abogado ADRIÁN FERNANDO GÁRATE DÍAZ, FisCal ProviSorio en la Fiscalía 68 Nacional en materia Contra Las Drogas. AbOgado JONATHAN ELIECER CARRERO ARRAIZ, FiSCal PrOviSOriO en la Fiscalía 83 Nacional Contra La Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos. ferrer TAREK WILLIANS SAAB Fiscaleneral de la República presidenta de-ja Order + URIMARE GUÉDEZ COPELAND Direccora de Secretaría General (E) Canciller de la Orden REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 02 de noviembre de 2023 Años 213° y 164° ORDEN AL MÉRITO DEL MINISTERIO PÚBLICO ACUERDO N° 67 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En uso de la atribución que me confiere el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público; CONSIDERANDQ: Que, por Resolución N° 234 de fecha 06 de octubre de 1986, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 33.575 de fecha 13 de octubre de 1986, se creó la "ORDEN AL MÉRITO DEL MINISTERIO PÚBLICO", Con la finalidad de distinguir a funcionarios, empleados y obreros de la Institución que se hayan destacado en alguna actividad destinada a exaltar los valores y principios que orientan al Ministerio Público, en su aspecto educativo, jurídico, moral, cultural, social y profesional. La "Orden al Mérito del Ministerio Público", también podrá ser otorgada a personalidades nacionales o extranjeras, que con su aporte hayan contribuido al beneficio de la Institución. CONSIDERANDO: Que, en reunión efectuada el día 01 de septiembre de 2023, los integrantes del Consejo de las Ordenes, aprobaron por unanimidad la concesión de la distinción "ORDEN AL MÉRITO DEL MINISTERIO PúBLICo", en su Primera Clase, Segunda Clase y Tercera Clase, a funcionarios de este Organismo. SE ACUERDA: PRIMEro: Imponer la Condecoración de la "Orden al Mérito del Ministerio Público", en su Primera Clase y hacerle entrega del diploma correspondiente, al ciudadano: LiCenCiado FREDDY RAMÍREZ MONCADA, SubdireCtor en la Dirección de Presupuesto, adscrita a la Dirección General Administrativa. Ciudadano ASSA FARES NAKKOUR HALABI, ConCejal del estado Anzoátegui. SEGuNDO: Imponer la Medalla de la "Orden al Mérito del Ministerio Público", en su Segunda Clase y hacerle entrega del diploma correspondiente, al ciudadano: IngenierO CHARLES WILLIAN BERROTERÁN MEJÍA, Coordinador de Plataforma en la Dirección de Tecnología. TERCERO: Imponer la Medalla de la "Orden al Mérito del Ministerio Público", en su Tercera Clase y hacerle entrega del diploma correspondiente, a los ciudadanos: Ciudadana EVELYN MAIVE TERÁN BRACHO, ASiStente al Fiscal General Ill en el Despacho del Fiscal General de la República. ComuniCador HENRY JOSÉ DELGADO, Analista de Entorno en la Dirección de Relaciones Institucionales. AbOgada PATRICIA ANTONIETA PAREDES CABRILES, Subdirectora en la Dirección de Fiscalías Superiores. Superior Universitario vIcsELLys Técnico OHENIA MARCANo NIño, Coordinadora (E) en la Dirección de Recursos Humanos. Ciudadana LEIDY JOSEFINA JAIMEZ, Secretario Ejecutivo Jefe en la Dirección de Inspección y Disciplina. LICenCIada INGRID MAGDALENA CÓRDOBA DÍAZ, Especialista en la Dirección de Seguridad Integral. AbOgada LISBETH DEL VALLE RUIZ SÁNCHEZ, FiSCal Provisorio en la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas. AbOgada ENIRDA JOSEFINA SEPULVEDA GONZÁLEZ, Fiscal Provisorio en la Fiscalía Novena del Ministerio Público del primer circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar. AbOgadoGUILLERMO JESÚS AMAYA MEDINA, FiSCal Provisorio en la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Falcón. Abogada MAIGELINA SARMIENTO LORENZA MoRALEs, Especialista en la Dirección de Gestión Social. LiCenCiada GLENDA ANTONIETA PEREIRA, Jefe de División de la Unidad Administradora Desconcentrada del estado Cojedes. Técnico Superior Universitario JAISY ELOISA GUEVARA GoNzALEz, Especialista en la Dirección General Contra la Corrupción. Comuníquese y Publíquese. farek TAREK WILLIANS SAAB Fiscal Generalde la República Presidente de la Orden c URIMARE GUEDEZ COPELAND Directora de Secretaría General (E) Canciller de la Orden página original (tal como se publicó) [Página 20] CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍAGENERAL DE LA REPÚBLICA 213° y 164° Caracas, 05 de febrero de 2024 RESOLUCIÓN N° 01-00-000020 JHOSNEL PERAZA MACHADO Sub-Contralor (E) General de la República Vista la falta absoluta del ciudadano ELVIS AMOROSO, por su designación como rector principal del Consejo Nacional Electoral, el 24 de agosto de 2023, el Sub-Contralor(E) JHOSNEL PERAZA MACHADo, titular de la cédula de identidad No.V-12.187.080, designado mediante Resolución N° 01-00-000132 del 08 de abril de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.700 del 22 de agosto de 2019, en cumplimiento de los efectos del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 289 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; los artículos 10 y 14 numerales 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numerales 13 y 14 de la Resolución Organizativa N°1, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.324 del 22 de febrero de 2022. RESUELVE PRIMERO: Designar al CiUdadanO JORGE LUIS VILLEGAS FERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-9.817.453, como DIRECTOR, en calidad de encargado, de la Dirección de Determinación de Responsabilidades, adscrita a la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Máximo Órgano de Control Fiscal, a partir de su notificación. página original (tal como se publicó) [Página 21] sEGunDo: En consecuencia, queda autorizado para ejercer las atribuciones que a la indicada Dirección y a su titular le asignen el Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, así como la Resolución N° 01-00-000127 de fecha 14 de febrero de 2017, publicados en las Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela N°s 39.840 y 41.098 de fechas 11 de enero de 2012 y 17 de febrero de 2017, respectivamente y demás instrumentos normativos aplicables. TERCERO: Delegar enel ciudadanO JORGE LUIS VILLEGAS FERNÁNDEz, antes identificado, la atribución prevista en el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, para dictar las decisiones a que se refiere el artículo 103 eiusdem y para imponer las multas consagradas en los artículos 94 y 105 del mismo texto legal, en el ámbito de sus respectivas competencias. CUARTO: Delegar en elCiUdadanO JORGE LUIS VILLEGAS FERNÁNDEz, antes identificado, la facultad para certificar las copias de los documentos físicos que no sean de carácter reservado, que reposan en los archivos de la Dirección de Determinación de Responsabilidades, adscrita a la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Máximo Órgano de Control Fiscal. QUInTo: Ei Sub-Contralor(E) General de la República, tomará juramento al CiUdadano JORGE LUIS VILLEGASFERNÁNDEZ, titular de la cédula deidentidadN° V-9.817.453, designado mediante la presente Resolución. Dada, firmada y sellada en Caracas, a los cinco (05) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024). Años 213° de la Independencia y 164° de la Federación. Comuníquese, notifíquese y publiquese, JHOSNEL PERAZA MACHADO Sub-Contralor(E) General de la República página original (tal como se publicó) [Página 22] SERVICIO AUTÓNOMO Imprenta Nacional y Gaceta Oficial 200 DILE NO página original (tal como se publicó) [Página 23] GACETA OFICIAL DE LA BEPURLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Requisitos para solicitar Gaceta Certificada de Naturalización El trámite es PERSONAL. En caso de no acudir la persona, un familiar deberá consignar autorización con parentesco hasta 3er grado de consanguinidad (Padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tios o sobrinos). En su defecto consignar poder debidamente autenticado. Siguenos en Twitter @oficialgaceta @moficialimprenta página original (tal como se publicó) [Página 24] LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.688 de fecha viernes 25 de febrero de 2022) Objeto Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las publicaciones oficiales de los actos jurídicos del Estado a los fines de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del Pueblo al contenido de los mismos, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 4. La “Gaceta Oficial”, creada por Decreto Ejecutivo de 11 de octubre de 1872, continuará con la denominación “Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”. Efectos de la publicación Artículo 8. La publicación de los actos jurídicos del Estado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela le otorga carácter público y con fuerza de documento público. Para que los actos jurídicos del Poder Electoral, Poder Judicial y otras publicaciones oficiales surtan efectos deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el Reglamento que rige la materia. Publicación física y digital Artículo 9. La publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela acoge el sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro físico. La publicación física deberá contener todo el contenido publicado en la versión digital y automatizada y generará los mismos efectos establecidos en esta Ley, incluyendo su carácter público y de documento público. La contravención de esta disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda. La Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo establecerá las normas y directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de las publicaciones digitales y físicas de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el sistema informático de las publicaciones digitales. Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Publicaciones oficiales Artículo 15. El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial podrá dar carácter oficial a las publicaciones y ediciones físicas y digitales de los actos jurídicos publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, deberá dictar un acto que indique las características esenciales de estas publicaciones. Así mismo, el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial dictará un acto en el cual establezca los precios de las publicaciones impresas de la Gaceta Oficial, su certificación y los servicios digitales de divulgación y suscripción, así como cualquier otro servicio asociados a sus funciones. http://www.imprentanacional.gob.ve Esta Gaceta contiene 24 páginas, costo equivalente a 10,05 % valor Unidad Tributaria AÑO CLI - MES V Número 42.824 Caracas, jueves 22 de febrero de 2024 página original (tal como se publicó)