[Página 1] Caracas, martes 15 de agosto de 2023 Número 42.692 AÑO CL - MES XI LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ACUERDO CON MOTIVO DE CONMEMORARSE EL 218° ANIVERSARIO DEL JURAMENTO DE EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR EN EL MONTE SACRO CONSIDERANDO Que el pasado 15 de agosto de 1805, en la ciudad de Roma, Italia, el Libertador Simón Bolívar de tan solo 22 años, en compañía de su maestro de la infancia Simón Rodríguez jura en el Monte Sacro liberar a Venezuela del dominio español. Desde ese momento, aquella tierra guarda para siempre uno de los actos más sublimes de la historia de la independencia de nuestra patria soberana; CONSIDERANDO Que el 16 de octubre de 2005, el Comandante Eterno Hugo Chávez, rindió homenaje en Roma al monumento que conmemora el juramento de Simón Bolívar, y desde allí indicó:“En este Monte Sacro, nació el Libertador Simón Bolívar, hace 200 años. Y rendimos tributo a su memoria, a su esfuerzo, rendimos tributo a su honor, rendimos tributo a su dolor, porque aquel hombre se convirtió en un mártir, aquel hombre cumplió su juramento, aquel hombre no dio descanso a su brazo, ni reposo a su alma hasta que se rompieron las cadenas del imperio español”; CONSIDERANDO Que a 218 años de aquel Juramento, los supuestos que animaron al Libertador, inspirado en un espíritu de Justicia, Igualdad, Libertad, Independencia y Soberanía ante cualquier acción que pretenda sojuzgar al pueblo venezolano, siguen siendo una línea de inspiración que impulsa y sostiene el Proyecto Bolivariano, planteado por el Comandante y Líder Supremo, Hugo Chávez Frías y continuado por el Presidente Constitucional, Nicolás Maduro. SUMARIO ASAMBLEA NACIONAL Acuerdo con motivo de conmemorarse el 218° Aniversario del Juramento de El Libertador Simón Bolívar en el Monte Sacro. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES Resolución mediante la cual se traslada al Ministro Consejero en Comisión Vartkes Martin Saatdjian Castellanos, de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República Federal de Alemania, al Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Frankfurt, República Federal de Alemania, como Cónsul General de Primera en Comisión, Jefe Interino; y se Encarga como Responsable de los fondos en anticipo y en avance que le sean girados a la Unidad Administradora Desconcentrada N° 42148, para el Ejercicio Económico Financiero 2023. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR SUDEBAN Resoluciones mediante las cuales se otorga la Jubilación Especial, a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE AGRICULTURA URBANA CIARA Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Yndry Rosari González de De Marco, como Directora de Gestión Humana, adscrita a la Ofi cina de Gestión Humana, de esta Fundación, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana. MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Resolución Conjunta mediante la cual se designa al ciudadano Carlos Armando Luzardo Ramírez, como Responsable del Área Administrativa del Consejo Rectoral Provisional de la Universidad Bolivariana de las Comunas (UBC). MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE OBRAS PÚBLICAS Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Ashaella P. Spadafora G., como Directora Estadal Nueva Esparta, de este Ministerio. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Tribunal Disciplinario Judicial Decisión mediante la cual se declara el Sobreseimiento de la Causa por prescripción de la investigación seguida al ciudadano Elías de Jesús Heneche Tovar, en su condición de Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Lara. Decisión mediante la cual se declara la Responsabilidad Disciplinaria a la ciudadana Lijia Margarita Cabrera Reyes, en su condición de Jueza del Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco Lima Blanco, Falcón, Anzoátegui y El Pao, Ricaute y Girardot de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, con sede en San Carlos. CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Resolución N° 230809-091, mediante la cual se resuelve, entre otros, refrendar la designación como Registradora Civil de la Unidad de Registro Civil Hospitalario "Dr. Luis Razetti", adscrita a la Alcaldía del Municipio Barinas del estado Barinas, a la ciudadana Génesis Nohemí Ramírez Barras, titular de la cédula de identidad N° 19.612.394. ASAMBLEA NACIONAL página original (tal como se publicó) [Página 2] 461.504 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 15 de agosto de 2023 TERCERO. Publicar el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en la ciudad de Caracas a los quince días del mes de agosto de 2023. Años 213° de la Independencia, 164° de la Federación y 24° de la Revolución Bolivariana. CONSIDERANDO Que el Juramento del Monte Sacro, fue un acto premonitorio de la heroica gesta que desarrollaría el futuro Libertador Simón Bolívar y que convocaría a todos los venezolanos, cualquiera fuera su condición social, para luchar contra quienes pretendieron someter y explotar al pueblo valiente de Venezuela y que hoy sigue siendo, un acto simbólico que nos convoca y rememora el heroico esfuerzo colectivo que nos permite seguir teniendo Patria. ACUERDA PRIMERO. Conmemorar junto al Pueblo venezolano el 218° aniversario del juramento de El Libertador Simón Bolívar en el Monte Sacro, uno de los sucesos históricos más trascendentales en la vida y obra del padre de la Patria y de la República Bolivariana de Venezuela. SEGUNDO. Enaltecer el juramento pronunciado por el joven Simón Bolívar que a la postre se convirtió en un proyecto de libertad para Latinoamérica. Así como Bolívar ratificó su compromiso con la Patria, en el Monte Sacro, hoy lo hacemos sus hijos. Venezuela seguirá siendo libre, soberana e independiente. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES página original (tal como se publicó) [Página 3] MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR República Bolivariana de Venezuela Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario RESOLUCIÓN NÚMERO: 009.23 FECHA: 11 de abril de 2023 212°, 164° y 24° Visto que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, aprueba las jubilaciones especiales, de conformidad con lo previsto en el Instructivo que Establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, dictado mediante Decreto N° 1.289 de fecha 2 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de esa misma fecha. Visto que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 10 del artículo 1 del Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 extraordinario de esa misma fecha, aprueba y firma los actos para el otorgamiento de jubilaciones especiales a funcionarios, empleados u obreros al servicio de la Administración Pública Nacional. Visto que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Resolución N° 016/2019 de fecha 14 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.740 del 17 de octubre de 2019, delegó en el Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República, la firma de documentos emitidos con ocasión de la sustanciación, conocimiento, otorgamiento, objeción o negativa de las solicitudes de Jubilaciones Especiales a funcionarios, empleados u obreros al servicio de la Administración Pública Nacional. Visto que en fecha 23 de junio de 2022, mediante formulario FP-026-O signado bajo la planilla N° JE-08-2022, el Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República, conforme a las atribuciones delegadas, aprobó otorgar la Jubilación Especial al ciudadano José María Mejías Pérez, titular de la cédula de identidad N° V-6.022.933, conforme a los artículos 4 y 5, numeral 3 y artículo 12 del citado Instructivo. Visto que el artículo 12 del mencionado Instructivo, establece la obligación por parte de los Órganos y Entes solicitantes de notificar al beneficiario o beneficiaria la decisión adoptada; la Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 1 y 8 del artículo 159 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, RESUELVE Artículo 1.- Notificar la aprobación del otorgamiento de la Jubilación Especial al ciudadano José María Mejías Pérez, titular de la cédula de identidad N° V-6.022.933, de sesenta y dos (62) años de edad, el cual ha prestado servicio en la Administración Pública Nacional, por quince (15) años y dos (2) meses, siendo el último cargo desempeñado Ayudante de Servicios Generales de esta Superintendencia. Artículo 2.- En caso que el monto de la Jubilación Especial sea inferior al salario mínimo, este será ajustado a dicho salario de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal. Artículo 3.- El beneficio de la Jubilación Especial otorgada, producirá efectos legales, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníguese y Publíquese, ANABEL PEREIRA FERNÁNDEZ Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario Designada mediante Decreto N° 4.768 de fecha 19/1/2023, publicado en-fa Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.732 Extraordinario de la misma fecha. República Bolivariana de Venezuela Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario RESOLUCIÓN NÚMERO: 010.23 FECHA: 11 de abril de 2023 212°, 164° y24° Visto que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, aprueba las jubilaciones especiales, de conformidad con lo previsto en el Instructivo que Establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, dictado mediante Decreto N° 1.289 de fecha 2 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de esa misma fecha. Visto que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 10 del artículo 1 del Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 extraordinario de esa misma fecha, aprueba y firma los actos para el otorgamiento de jubilaciones especiales a funcionarios, empleados u obreros al servicio de la Administración Pública Nacional. Visto que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Resolución N° 016/2019 de fecha 14 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.740 del 17 de octubre de 2019, delegó en el Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República, la firma de documentos emitidos con ocasión de la sustanciación, conocimiento, otorgamiento, objeción o negativa de las solicitudes de Jubilaciones Especiales a funcionarios, empleados u obreros al servicio de la Administración Pública Nacional. Visto que en fecha 18 de mayo de 2022, mediante formulario FP-026E signado bajo la planilla N° JE-05-2021, el Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República, conforme a las atribuciones delegadas, aprobó otorgar la Jubilación Especial a la ciudadana María Esther Buyos, titular de la cédula de identidad N° V-6.854.338, conforme al artículo 5, numeral 3 y artículo 12 del citado Instructivo. Visto que el artículo 12 del mencionado Instructivo, establece la obligación por parte de los Órganos y Entes solicitantes de notificar al beneficiario o beneficiaria la decisión adoptada; la Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 1 y 8 del artículo 159 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, RESUELVE Artículo 1.- Notificar la aprobación del otorgamiento de la Jubilación Especial a la ciudadana María Esther Buyos, titular de la cédula de identidad N° V-6.854.338, de cincuenta y seis (56) años de edad, la cual ha prestado servicio en la Administración Pública Nacional, por veinticuatro (24) años y un (1) mes, siendo el último cargo desempeñado Técnico en Organización y Sistemas de esta Superintendencia. Artículo 2.- En caso que el monto de la Jubilación Especial sea inferior al salario mínimo, este será ajustado a dicho salario de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal. Artículo 3.- El beneficio de la Jubilación Especial otorgada, producirá efectos legales, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, ANABEL PEREIRA FERNÁNDEZ Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancarlo Designada mediante Decreto N° 4.768 de fecha 19/1/2023, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 6.732 Extraordinario de la misma fecha. página original (tal como se publicó) [Página 4] República Bolivariana de Venezuela Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario RESOLUCIÓN FECHA: 11 de abril de 2023 NÚMERO: 011.23 212°, 164° y 24° Visto que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, aprueba las jubilaciones especiales, de conformidad con lo previsto en el Instructivo que Establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, dictado mediante Decreto N° 1.289 de fecha 2 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de esa misma fecha. Visto que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 10 del artículo 1 del Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 extraordinario de esa misma fecha, aprueba y firma los actos para el otorgamiento de jubilaciones especiales a funcionarios, empleados u obreros al servicio de la Administración Pública Nacional. Visto que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Resolución N° 016/2019 de fecha 14 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.740 del 17 de octubre de 2019, delegó en el Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República, la firma de documentos emitidos con ocasión de la sustanciación, conocimiento, otorgamiento, objeción o negativa de las solicitudes de Jubilaciones Especiales a funcionarios, empleados u obreros al servicio de la Administración Pública Nacional. Visto que en fecha 20 de agosto de 2021, mediante formulario FP-026-O signado bajo la planilla N° JE-04-2022, el Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República, conforme a las atribuciones delegadas, aprobó otorgar la Jubilación Especial al ciudadano Pablo Raúl Claro Azuaje, titular de la cédula de identidad N° V-6.553.153, conforme a los artículos 4 y 5 numeral 3 y artículo 12 del citado Instructivo. Visto que el artículo 12 del mencionado Instructivo establece la obligación por parte de los Órganos y Entes solicitantes de notificar al beneficiario o beneficiaria la decisión adoptada; la Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 1 y 8 del artículo 159 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, RESUELVE Artículo 1.- Notificar la aprobación del otorgamiento de la Jubilación Especial al ciudadano Pablo Raúl Claro Azuaje, titular de la cédula de identidad N° V-6.553.153, de sesenta (60) años de edad, el cual ha prestado servicio en la Administración Pública Nacional, por diecisiete (17) años y dos (2) meses, siendo el último cargo desempeñado Mensajero Motorizado de esta Superintendencia. Artículo 2.- En caso que el monto de la Jubilación Especial sea inferior al salario mínimo, este será ajustado a dicho salario de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal. Artículo 3.- El beneficio de la Jubilación Especial otorgada, producirá efectos legales, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, ANABEL PEREIRA FERNÁNDEZ Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario Designada mediante Decreto N° 4.768 de fecha 19/1/2023, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Nº 6.732 Extraordinario de la misma fecha. República Bolivariana de Venezuela Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario RESOLUCIÓN NÚMERO: 012.23 FECHA: 11 de abril de 2023 212°, 164° y24° Visto que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, aprueba las jubilaciones especiales, de conformidad con lo previsto en el Instructivo que Establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, dictado mediante Decreto N° 1.289 de fecha 2 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de esa misma fecha. Visto que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 10 del artículo 1 del Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 extraordinario de esa misma fecha, aprueba y firma los actos para el otorgamiento de jubilaciones especiales a funcionarios, empleados u obreros al servicio de la Administración Pública Nacional. Visto que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Resolución N° 016/2019 de fecha 14 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.740 del 17 de octubre de 2019, delegó en el Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República, la firma de documentos emitidos con ocasión de la sustanciación, conocimiento, otorgamiento, objeción o negativa de las solicitudes de Jubilaciones Especiales a funcionarios, empleados u obreros al servicio de la Administración Pública Nacional. Visto que en fecha 22 de diciembre de 2021, mediante formulario FP-026E signado bajo la planilla N° JE-07-2021, el Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República, conforme a las atribuciones delegadas, aprobó otorgar la Jubilación Especial al ciudadano César Eduardo Figueredo Madriz, titular de la cédula de identidad N° V-7.010.272, conforme al artículo 5, numeral 3 y artículo 12 del citado Instructivo. Visto que el artículo 12 del mencionado Instructivo establece la obligación por parte de los Órganos y Entes solicitantes de notificar al beneficiario o beneficiaria la decisión adoptada; la Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 1 y 8 del artículo 159 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, RESUELVE Artículo 1.- Notificar la aprobación del otorgamiento de la Jubilación Especial al ciudadano César Eduardo Figueredo Madriz, titular de la cédula de identidad N° V-7.010.272, de sesenta y dos (62) años de edad, el cual ha prestado servicio en la Administración Pública Nacional, por diecisiete (17) años y tres (3) meses, siendo el último cargo desempeñado Profesional Médico V de esta Superintendencia. Artículo 2.- En caso que el monto de la Jubilación Especial sea inferior al salario mínimo, este será ajustado a dicho salario de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal. a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, ANABEL PEREIRA FERNÁNDEZ Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario Designada médiante Decreto Nº 4.768 de fecha 19/1/2023, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela .N9 6.732 Extraordinario de la misma fecha. página original (tal como se publicó) [Página 5] República Bolivariana de Venezuela Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario RESOLUCIÓN NÚMERO: 013.23 FECHA: 11 de abril de 2023 212°, 164° y 24° Visto que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, aprueba las jubilaciones especiales, de conformidad con lo previsto en el Instructivo que Establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, dictado mediante Decreto N° 1.289 de fecha 2 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de esa misma fecha. Visto que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 10 del artículo 1 del Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 extraordinario de esa misma fecha, aprueba y firma los actos para el otorgamiento de jubilaciones especiales a funcionarios, empleados u obreros al servicio de la Administración Pública Nacional. Visto que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Resolución N° 016/2019 de fecha 14 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.740 del 17 de octubre de 2019, delegó en el Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República, la firma de documentos emitidos con ocasión de la sustanciación, conocimiento, otorgamiento, objeción o negativa de las solicitudes de Jubilaciones Especiales a funcionarios, empleados u obreros al servicio de la Administración Pública Nacional. Visto que en fecha 6 de mayo de 2022, mediante formulario FP-026E signado bajo la planilla N° JE-03-2022, el Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República, conforme a las atribuciones delegadas, aprobó otorgar la Jubilación Especial a la ciudadana Jesmín Maite Hernández Delviez, titular de la cédula de identidad N° V-7.957.268, conforme al artículo 5, numeral 3 y artículo 12 del citado Instructivo. Visto que el artículo 12 del mencionado Instructivo establece la obligación por parte de los Órganos y Entes solicitantes de notificar al beneficiario o beneficiaria la decisión adoptada; la Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 1 y 8 del artículo 159 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, RESUELVE Artículo 1.- Notificar la aprobación del otorgamiento de la Jubilación Especial a la ciudadana Jesmín Maite Hernández Delviez, titular de la cédula de identidad N° V-7.957.268, de cincuenta y seis (56) años de edad, la cual ha prestado servicio en la Administración Pública Nacional, por diecisiete (17) años y once (11) meses, siendo el último cargo desempeñado Profesional Legal IV de esta Superintendencia. Artículo 2.- En caso que el monto de la Jubilación Especial sea inferior al salario mínimo, este será ajustado a dicho salario de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal. Artículo 3.- El beneficio de la Jubilación Especial otorgada, producirá efectos legales, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, ANABEL PEREIRA FERNÁNDEZ Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario Designada mediante Decreto N° 4.768 de fecha 19/1/2023, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.732 Extraordinario de la misma fecha. República Bolivariana de Venezuela Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario RESOLUCIÓN NÚMERO: 014.23 FECHA: 11 de abril de 2023 212°, 164° y24° Visto que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, aprueba las jubilaciones especiales, de conformidad con lo previsto en el Instructivo que Establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, dictado mediante Decreto N° 1.289 de fecha 2 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de esa misma fecha. Visto que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 10 del artículo 1 del Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 extraordinario de esa misma fecha, aprueba y firma los actos para el otorgamiento de jubilaciones especiales a funcionarios, empleados u obreros al servicio de la Administración Pública Nacional. Visto que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Resolución N° 016/2019 de fecha 14 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.740 del 17 de octubre de 2019, delegó en el Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República, la firma de documentos emitidos con ocasión de la sustanciación, conocimiento, otorgamiento, objeción o negativa de las solicitudes de Jubilaciones Especiales a funcionarios, empleados u obreros al servicio de la Administración Pública Nacional. Visto que en fecha 21 de junio de 2022, mediante formulario FP-026-O signado bajo la planilla N° JE-07-2022, el Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República, conforme a las atribuciones delegadas, aprobó otorgar la Jubilación Especial a la ciudadana María Zenaida Rivero, titular de la cédula de identidad N° V-7.985.499, conforme a los artículos 4 y 5, numeral 3 y artículo 12 del citado Instructivo. Visto que el artículo 12 del mencionado Instructivo establece la obligación por parte de los Órganos y Entes solicitantes de notificar al beneficiario o beneficiaria la decisión adoptada; la Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 1 y 8 del artículo 159 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, RESUELVE Artículo 1.- Notificar la aprobación del otorgamiento de la Jubilación Especial a la ciudadana María Zenaida Rivero, titular de la cédula de identidad N° V-7.985.499, de cincuenta y seis (56) años de edad, la cual ha prestado servicio en la Administración Pública Nacional, por quince (15) años y cinco (5) meses, siendo el último cargo desempeñado Aseador de esta Superintendencia. Artículo 2.- En caso que el monto de la Jubilación Especial sea inferior al salario mínimo, este será ajustado a dicho salario de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal. Artículo 3.- El beneficio de la Jubilación Especial otorgada, producirá efectos legales, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, ANABEL PERBÍRA FERNÁNDEZ Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario Designada mediante Decreto N° 4.768 de fecha 19/1/2023, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.732 Extraordinario de la misma fecha. página original (tal como se publicó) [Página 6] República Bolivariana de Venezuela Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario RESOLUCIÓN NÚMERO: 015.23 FECHA: 11 de abril de 2023 212°, 164° y 24° Visto que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, aprueba las jubilaciones especiales, de conformidad con lo previsto en el Instructivo que Establece Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, dictado mediante Decreto N° 1.289 de fecha 2 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de esa misma fecha. Visto que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 10 del artículo 1 del Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 extraordinario de esa misma fecha, aprueba y firma los actos para el otorgamiento de jubilaciones especiales a funcionarios, empleados u obreros al servicio de la Administración Pública Nacional. Visto que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Resolución N° 016/2019 de fecha 14 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.740 del 17 de octubre de 2019, delegó en el Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República, la firma de documentos emitidos con ocasión de la sustanciación, conocimiento, otorgamiento, objeción o negativa de las solicitudes de Jubilaciones Especiales a funcionarios, empleados u obreros al servicio de la Administración Pública Nacional. Visto que en fecha 22 de diciembre de 2021, mediante formulario FP-026E signado bajo la planilla N° JE-08-2021, el Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República, conforme a las atribuciones delegadas, aprobó otorgar la Jubilación Especial a la ciudadana Teresa de Jesús Marín Mata, titular de la cédula de identidad N° V-9.308.346, conforme al artículo 5, numeral 3 y artículo 12 del citado Instructivo. Visto que el artículo 12 del mencionado Instructivo establece la obligación por parte de los Órganos y Entes solicitantes de notificar al beneficiario o beneficiaria la decisión adoptada; la Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 1 y 8 del artículo 159 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, RESUELVE Artículo 1.- Notificar la aprobación del otorgamiento de la Jubilación Especial a la ciudadana Teresa de Jesús Marín Mata, titular de la cédula de identidad N° V-9.308.346, de cincuenta y cinco (55) años de edad, la cual ha prestado servicio en la Administración Pública Nacional, por dieciocho (18) años, siendo el último cargo desempeñado Profesional en Instituciones Financieras VI de esta Superintendencia. Artículo 2.- En caso que el monto de la Jubilación Especial sea inferior al salario mínimo, este será ajustado a dicho salario de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal. Artículo 3.- El beneficio de la Jubilación Especial otorgada, producirá efectos legales, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníguese y Publíquese, ANABEL PEREIRA FERNÁNDEZ Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario Designada mediante Decreto N° 4.768 de fecha 19/1/2023, publicado en la Gacetà Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.732 Extraordinario de la misma fecha. República Bolivariana de Venezuela Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario RESOLUCIÓN NÚMERO: 016.23 FECHA: 11 de abril de 2023 212°, 164° y24° Visto que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, aprueba las jubilaciones especiales, de conformidad con lo previsto en el Instructivo que Establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, dictado mediante Decreto N° 1.289 de fecha 2 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de esa misma fecha. Visto que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 10 del artículo 1 del Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 extraordinario de esa misma fecha, aprueba y firma los actos para el otorgamiento de jubilaciones especiales a funcionarios, empleados u obreros al servicio de la Administración Pública Nacional. Visto que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Resolución N° 016/2019 de fecha 14 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.740 del 17 de octubre de 2019, delegó en el Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República, la firma de documentos emitidos con ocasión de la sustanciación, conocimiento, otorgamiento, objeción o negativa de las solicitudes de Jubilaciones Especiales a funcionarios, empleados u obreros al servicio de la Administración Pública Nacional. Visto que en fecha 17 de mayo de 2022, mediante formulario FP-026E signado bajo la planilla N° JE-03-2022, el Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República, conforme a las atribuciones delegadas, aprobó otorgar la Jubilación Especial al ciudadano Rogelio Enrique Arvelo Marín, titular de la cédula de identidad N° V-11.071.978, conforme al artículo 5, numeral 2 y artículo 12 del citado Instructivo. Visto que el artículo 12 del mencionado Instructivo establece la obligación por parte de los Órganos y Entes solicitantes de notificar al beneficiario o beneficiaria la decisión adoptada; la Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 1 y 8 del artículo 159 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, RESUELVE Artículo 1.- Notificar la aprobación del otorgamiento de la Jubilación Especial al ciudadano Rogelio Enrique Arvelo Marín, titular de la cédula de identidad N° V-11.071.978, de cuarenta y nueve (49) años de edad, el cual ha prestado servicio en la Administración Pública Nacional, por veinticinco (25) años y un (1) mes, siendo el último cargo desempeñado Profesional en Administración y Finanzas VI de esta Superintendencia. Artículo 2.- En caso que el monto de la Jubilación Especial sea inferior al salario mínimo, este será ajustado a dicho salario de conformidad con lo previsto en el Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal. Artículo 3.- El beneficio de la Jubilación Especial otorgada, producirá efectos legales, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, ANABEL PERBIRA FERNÁNDEZ Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario Designadà mediante Decreto N° 4.768 de fecha 19/1/2023, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.732 Extraordinario de la misma fecha. página original (tal como se publicó) [Página 7] República Bolivariana de Venezuela Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario RESOLUCIÓN NÚMERO: 021.23 FECHA: 24 de abril de 2023 212°, 164° y 24° Visto que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, aprueba las jubilaciones especiales, de conformidad con lo previsto en el Instructivo que Establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, dictado mediante Decreto N° 1.289 de fecha 2 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de esa misma fecha. Visto que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 10 del artículo 1 del Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 extraordinario de esa misma fecha, aprueba y firma los actos para el otorgamiento de jubilaciones especiales a funcionarios, empleados u obreros al servicio de la Administración Pública Nacional. Visto que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Resolución N° 016/2019 de fecha 14 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.740 del 17 de octubre de 2019, delegó en el Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República, la firma de documentos emitidos con ocasión de la sustanciación, conocimiento, otorgamiento, objeción o negativa de las solicitudes de Jubilaciones Especiales a funcionarios, empleados u obreros al servicio de la Administración Pública Nacional. Visto que en fecha 25 de febrero de 2023, mediante formulario FP-026E signado bajo la planilla N° JE-09-2022, el Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República, conforme a las atribuciones delegadas, aprobó otorgar la Jubilación Especial a la ciudadana Josefina del Valle Guevara, titular de la cédula de identidad N° V-5.219.174, conforme al artículo 5, numeral 3 y artículo 12 del citado Instructivo. Visto que el artículo 12 del mencionado Instructivo, establece la obligación por parte de los Órganos y Entes solicitantes de notificar al beneficiario o beneficiaria la decisión adoptada; la Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 1 y 8 del artículo 159 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, RESUELVE Artículo 1.- Notificar la aprobación del otorgamiento de la Jubilación Especial a la ciudadana Josefina del Valle Guevara, titular de la cédula de identidad N° V-5.219.174, de sesenta y cuatro (64) años de edad, la cual ha prestado servicio en la Administración Pública Nacional, por quince (15) años, siendo el último cargo desempeñado Coordinador de esta Superintendencia. Artículo 2.- En caso que el monto de la Jubilación Especial sea inferior al salario mínimo, este será ajustado a dicho salario de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal. Artículo 3.- El beneficio de la Jubilación Especial otorgada, producirá efectos legales, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, ANABEL PEREIRA FERNÁNDEZ Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario Designada mediante Decreto N° 4.768 de fecha 19/1/2023, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.732 Extraordinario de la misma fecha. República Bolivariana de Venezuela Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario RESOLUCIÓN NÚMERO: 022.23 FECHA: 24 de abril de 2023 212°, 164° y24° Visto que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, aprueba las jubilaciones especiales, de conformidad con lo previsto en el Instructivo que Establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, dictado mediante Decreto N° 1.289 de fecha 2 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de esa misma fecha. Visto que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 10 del artículo 1 del Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 extraordinario de esa misma fecha, aprueba y firma los actos para el otorgamiento de jubilaciones especiales a funcionarios, empleados u obreros al servicio de la Administración Pública Nacional. Visto que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Resolución N° 016/2019 de fecha 14 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.740 del 17 de octubre de 2019, delegó en el Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República, la firma de documentos emitidos con ocasión de la sustanciación, conocimiento, otorgamiento, objeción o negativa de las solicitudes de Jubilaciones Especiales a funcionarios, empleados u obreros al servicio de la Administración Pública Nacional. Visto que en fecha 25 de febrero de 2023, mediante formulario FP-026E signado bajo la planilla N° JE-02-2022, el Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República, conforme a las atribuciones delegadas, aprobó otorgar la Jubilación Especial al ciudadano José Jesús Sucasas López, titular de la cédula de identidad N° V-10.827.667, conforme al artículo 5, numeral 1 y artículo 12 del citado Instructivo. Visto que el artículo 12 del mencionado Instructivo, establece la obligación por parte de los Órganos y Entes solicitantes de notificar al beneficiario o beneficiaria la decisión adoptada; la Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 1 y 8 del artículo 159 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, RESUELVE Artículo 1.- Notificar la aprobación del otorgamiento de la Jubilación Especial al ciudadano José Jesús Sucasas López, titular de la cédula de identidad N° V-10.827.667, de cuarenta y nueve (49) años de edad, el cual ha prestado servicio en la Administración Pública Nacional, por veintisiete (27) años y once (11) meses, siendo el último cargo desempeñado Coordinador de esta Superintendencia. Artículo 2.- En caso que el monto de la Jubilación Especial sea inferior al salario mínimo, este será ajustado a dicho salario de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal. Artículo 3.- El beneficio de la Jubilación Especial otorgada, producirá efectos legales, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, ANABEL PEREIRA FERNÁNDEZ Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario Designada mediante Decreto N° 4.768 de fecha 19/1/2023, publicado-en-la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.732 Extraordinario de la misma fecha. página original (tal como se publicó) [Página 8] 461.510 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 15 de agosto de 2023 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE AGRICULTURA URBANA MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES página original (tal como se publicó) [Página 9] MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE OBRAS PÚBLICAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE OBRAS PÚBLICAS DESPACHO DEL MINISTRO CARACAS, 1 2 AGO 2023 AÑOS 213°, 164° y 24° 000012 RESOLUCIÓN N° El Ministro del Poder Popular de Obras Públicas, designado mediante Decreto N° 3.946 de fecha 12 de agosto de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.692 de la misma fecha; en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 65 y 78, numerales 1 y 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; artícuio 5 numeral 2 y articulo 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, RESUELVE Articulo 1. Designar a la ciudadana ASHAELiA P. SPADAFORA G., titular de la cédula de identidad No V- 22.652.891 como Directora Estadal Nueva Esparta de! Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas. Artículo 2. El funcionario designado deberá cumplir con ia Constitución de la República Bolivariana de Venezueia, las leyes y deberes inherentes ai cargo y rendir cuenta de sus actuaciones en los términos y condiciones de Ley. Artículo 3. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Repúbica Bolivariana de Venezuela Comuníquese y Pubíquese, LIVARIANA B ALBON/G/PAREDES PACHO DEL RO TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Eldiecisiete (17) de septiembre de 2013, la Unidad de Recepción y Distribución de por el Inspector General de Tribunales. mediante el cual remitió a esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, expediente contentivo de la investigación disciplinaria y acto conclusivo, constantes de trece pIezas. presentado contra el ciudadano ELÍAs DE JESÚS HENECHE TOVAR. en su condición de Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. El veinte (20) de septiembre de 2013 la Oficina de Sustanciación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial acordó dar entrada al presente asunto, dar inicio a la investigación de los hechos denunciados, seguidamente. el primero (1°) de octubre de 2013 la Oficina de Sustanciación elaboró Informe y acordó remitir el expediente a este Tribunal Disciplinario Judicial. siendo que en esa misma fecha se recibió la presente causa en este Órgano Junsdiccional designándose al Juez CARLOS ALFREDO MEDINA ROJAS como ponente en la misma En fecha cmur.o 15) de cicerbre de 2013 se recibió diligencia presentada por el ciudadano Elias de J=sus Hereche Inscnto en el Instituto de Previsión Social del abogado (INPREABCGADO, bijo el N 44 8:36. actuando en su propio nombre y representación. mediante la cual solicitó la acumulación de la presente causa al expediente N° AP61-S-2012- 000035. El diecinueve (19) de febrero de 2014, se ordenó dar continuidad a la presente causa El nueve (9) de abril de 2014, se admitió la presente causa por cuanto ha lugar a derecho, ordenándose la notificación de las partes. El seis (6) de mayo de 2014, se recibió, escrito de descargos y pruebas del ciudadano Elias de jesús Heneche Inscrito en el Instituto de,Previsión Social del abogado (INPREABOGADO) bajo el N° 44.836, actuando en su propio nombre y representación. El trece (13) de mayo de 2014 se recibió escrito de defensa del ciudadano Elías Heneche, antes identificado. El cuatro (4) de junio de 2014, se recibió el escrito de promoción de pruebas de parte de la ciudadana Sarelys Gallardo, Inscrita en el Instituto de Previsión Social del abogado (INPREABOGADO) bajo el N° 64.491, en su carácter de Inspectora General de Tribunales delegada. En fecha dos (2) de octubre do 2014, el Juzgado de Sustanciación de este Tribunal se pronunció sobre las pruebas promovidas por el Juez Ellas Heneche e Inspectoría General de Tribunales indmitiendo el expediente administrativo promovido por Inspectorla General de El veintiocho (28) de octubre de 2014,se recibi diligencia suscrita por el Juez Ellas ciudadano Elías Heneche. Heneche por medio de la cual apio de auto de admisión de pruebas de fecha dos (2) de. El once (1) de noviembre de 2014, se oyó en un solo efecto la apelación ejercida por octubre de 2014. el Juez Elías Heneche en la fecha precedentemente mencionada. proveniente de la Oficina de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional. El veinticinco (25) noviembre de 2014, se fijó la fecha en que tendría lugar la celebración la audiencia oral y publica en lá presente causa, siendo pautada para el da veinticuatro (24) de marzo de 2015 a las diez horas de la mañana (10:00 AM), ordenándose en el acto la notificación de las partes. En fecha diez (10) diciembre de 2014, se recibió diligencia presentada por el Juez estado de librar las notificaciones relativas al auto de fecha dos (2) de octubre de 2014; requiriendo de igual forma que se oficiara a la Coordinación de la Defensa Pública a los fines de la designación de un abogado. Mediante auto de fecha veinticinco (25) de febrero de 20.15, este Tribunal negó la solicitud de reposición de la causa hecha por le ciudadano Ellas Heneche:ordenando de igual forma se oficiara a la Defensa Pública a los fines del nombramiento de un defensor al Juez denunciado en la presente causa. El diecisiete (17) de marzo de 2015, se recibió diligencia del juez Elias Heneche poi medio de la cual solicitó se reprogramara la fecha de celebración de la audiencia oral y pública en la presente causa. reprogramar la realización de la audiencia oral y pública en la presente causa para'el da treinta (30) de junio de 2015 a las diez de la mañana (10:0 AM), ordenándose de igual modo la notificación de las partes. ciudadana Directora de Actuación Procesal de la Defensa Pública me ante la cual informó de la imposibilidad de nombrar Defensor Público al Juez Ellas Henec El veinticinco (25) de junio de 2015 este Tribunal Discip nario Judicial acordó reprogramar la realización de la audiencia oral y pública en la prese causa para el día página original (tal como se publicó) [Página 10] primero (1°) de diciembre de 2015 a las diez de la mañana (10:00 AM), ordenándoge de igual modo la notificación de las partes. consignó oficio de notificación dirigido al Juez Ella Heneche, el cual fue enviado a través de la correspondencia de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM). En la misma fecha anterior, el ciudadano Alguacil de este Tribunal consignó los oficios de notificación dirigidos a las ciudadanas Inspectora General de Tribunales y Fiscal General de la república, los cuales fueron entregados en fecha veintinueve (29) de junio de 2015. El catorce (14) de juo de 2015 se declaró Sin Lugar el recurso de apelación ejercido por el Juez denunciado en fecha veintiocho (28) de octubre de 2014. El doce (12) de agosto de 2015, se recibió el oficio N° 450/2015, emanado del Juez de la notificación efectuada al Juez Ellas Heneche. Mediante auto de fecha veintiséis (26) de noviembre de 2015, este Tribunal Disciplinario Judicial declaró improcedente la solicitud de acumulación efectuada por el Juez Ellas Heneche. El primero (1°) de diciembre de 2015, se llevó a cabo la celebración de la audiencia audiencia para proferir el pronunciamiento decisorio para el dia martes quince (15) de diciembre del mismo año. El diecisiete (17) de diciembre de 2015, este Órgano Jurisdiccional acordó reprogramar la fecha para proferir el pronunciamiento decisorio en la presente causa para ei dia martes dos (2) de febrero a la una de la tarde (1:0. PM). El dieciséis (16) de febrero de 2016, este Órgano Jurisdiccional acordó reprogramar la fecha para proferir el pronunciamiento decisorio en la presente causa para el dia martes primero (1°) dé marzo a la una de la tarde (1:00 AM). El veinticuatro. (24) de febrero, el cludadano Aiguacll de este Órgano Jurisdiccional consignó los oficios de notificación dirigidos a los cludadanas Inspectora General de Tribunales y Fiscal General de la Rcpúbica, los cuales fueron entregados on fecha dieciséis (16) y dieciocho (18) de febrero, del mismo año, respectivamente. El primero (1°) de marzo de 2016, la Secretaría de este Trbunal dejó constancia de la 1h notificación efectuada via telefónica al Juez llas Heneche. . DE LA INVESTIGACIÓN Se dio Iniclo al presente procedimiento, vista la publicación en la página oficial del que en sesión de esa misma fecha la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia acordó suspender sin goce de sueldo al ciudadano Ellas Heneche en su condición de"Juez titular de juzgado de Primera Instancia Agraria del Estado Lara y en razón del oficio N° 084/2011 fecha veinticinco (25) de marzo de 2011, por medio del cual la cludadana Yanina Karabin en su carácter de Jueza Rectora del Circuito Judiclal Penal del Estado Lara, remitió recaudos en cuanto a presuntas irregularidades en la función ejercida por dicho Juez. 1 El veintidós (22) de septiembre de 2011, se ordenó la apertura del expediente disciplinario N° 110363 contra el Juez Ellas Heneche en razón que la Comisión Judiciaf del Tribunal Supremo de Justicia en sesión del once (11) de agosto de 2011-acordó suspender al mencionado juez hasta tanto fuese presentado el respectivo acto conclusivo por Inspectoria general de Tribunales. Del mismo modo, el veintidós (22) de septiembre de 2011, se acordó abrir de_oficio el expediente disciplinario N° 110368 al Juez Elías Heneche en razón del oficio N° 084-2011 de fecha veinticinco (25) de marzo de 2011, suscrito por la ciudadana Yánina Karabin en su carácter de Jueza Rectora y Presidenta del Circuito Judicial Penal del Estado Lara. El veintiuno (21) de junio de 2013 la Inspectoria General de Tribunales dictó acto conclusivo mediante el cual solicitó a este Tribunal Disciplinario Judicial la imposición al cludadano Elas de Jesús Heneche Tovar de la sanción de destitución. III DEL ACTO CONCLUSIVO El veintiuno (21) de junlo de 2013, la Inspectorla General de Tribunales dictó acto conclusivo contra el cudadano Ellas de Jes Heneche Tovar, e los siguientes términos: Indicó el Inspector General de Tribunales que el veintiuno (21) de 2013, sa dictó auto mediante el cual se acordó la acumulación de las causas discip sN° 1,10363 y 110368 seguidas al Juez denunciado por su desempeño como Juez Titular Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado L.ara del expediente disciplinario N° 110363 contra el Juez Ellas Heneche en razón que ordó suspender al mencionado juez hasta tanto fuese presentado el respectivo acto conclusivo por Inspectarla general de Tribunales. Continuó alegando que el veintidós (22 de septiembre de 201, se acordó abrir de 2011 de fecha veinticinco (25) de marzo de 2011, suscrito por la ciudadana Yanina Karabin en su carácter de Jueza Rectora y Presidenta del Circuito Judiclal Penal del Estado Lara. Respecto al expediente disciplinario signado con el número 110363, expresó que en la causa N° KH06-A-1999-00045 nomenclatura del Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria del Estado Lara, en fecha catorce (14) de diciembre de 2006 oyó en ambos efectos la apelación ejercida en fecha ocho (8) del mismo mes y año por el ciudadano Giovanny Albano Cosma en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil Agropecuaria Chispa . 1, C.A., contra la decisión dictada en facha cinco (5) do diciembre de 2006, en la cual'el juez denunciado declaró improcedente la solicitud de suspensión del acto de ejecución hasta que fuese resuelta la incidencia de la titularidad de los bienes embargados formulada por el ciudadano Giovanny Albano Cosma y ordenó continuar con la ejecución en dicho juicio. Expresó que el Juzgado Superior.Tercero Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Lara declaró Con Lugar la apelación ejercida, ordenando la reposición de la causa al estado que el juez que resultare competente se pronunciara sobre la solicitud efectuada por la Representación Judicial de la Sociedad Mercantil Agropecuaria Chispa I, C.A. Ahora bien, respecto a la averiguación disciplinaria signada con el N° 10368 expreso Inspectoría General de Tribunales que el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Lara a cargo del ciudadano Ellas de Jesús Heneche no di despacho los dias veinticuatro (24) y veinticinco (25) de marzo de 2011, siendo.que durante esos días el Tribunal no recibió causas, solicitudes y no publicó decisiones y/o sentencias. e libraron los oficios Nº 108 y. 109/201 a la Unidad de Recepción y Distribución Que se Rectoría participando que Ics días veinticuatro (24) y veinticinco (25) de de Documentos marzo de 2011 no habrfla despacho en dicho Juzgado. comunicación N° 076/2011 de focha veintitrés (23) de marzo de 2011, Que le fue Derechos Sociales Conforme a la Legislación y a la Jornadas los na J.M Domínguez. o que el ciudadano Ells de Jesús' Heneche Tovar, en su condición de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del a falta isciplinaria que amerita sanción de destitución, en virtud, de Estado s injustificados en la tramitación de l causa alfnumérica.KH6r pronunciamiento, con lo cual menoscabó derechos y garantías de orden constitucional, Código de Ética del Juez y la Jueza Venezolana. en evidencia que el Abogado Ella de Jesús Heneche Tovar, actuando Que quedó parte demandada en la causa judicial alfanumérica KH06-A1999-00045, representada par el Cosma, representante legal de la Sociedad Mercanti ciudadano Giovanny Agropecuaria Chispa I, C.A., concerniente a que el Tribunal suspendiera el acto de ejecución de los bienes, hasta que fuese resuelta la incidencia de la titularidad y naturalidad jurídica de los mismos, que se pretendían ejecutar en la referida causa judicial, se produjo una omisión, tal y como lo expusiera el Tribunal Superior Tercero Agrario de la Circunscripción Judicial del asunto alfanumérico de la Alzada es KP02-R-2006-001463, produciéndose la violación del artículo 51 de nuestra Carta Magna. 12 Expresó que por lo precedentemente expuesto el Juez denunciado, incurrió gn descuidos injustificados en la tramitación de la causa judiclal alfanumérica KH06-A1999- : 000045, en menoscabo de la tutela judicial efectiva, faita disciplinaria que amerita sanción de destitución, contenida en el numeral 23 del artículo 33 del Código de. Ética del Juez venezolano y de la Jueza Venezolana. Por otro lado, adujo que el Elías Heneche, en su condición de juez Titular del uzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción judicial del Estado incurrió en-falta. disciplinaria susceptible de destitución, por abandonar el luar donde ejercía a sus funciones, al haber dejado de dar despacho en el Tribunal a su cargo, durante los días veinticuatro (24) y (25) de marzo de 2011 sn la debida autorización de la rectora de la CIrcunscripción,Judicial del estado Lara, comprometiendo el normal funcionamiento del Tribunal. Que el ciudadano Elias Heneche mediante comunicación Estado Lara; le participó a esa dependencia que los días veinticua Jurisprudencia Venezolana J.M. Domínguez" asimismo libró rigido,a la r. él previsto, relacionado con no despachar los referidos días. Jueza Rectora. y página original (tal como se publicó) [Página 11] , le efectuó a éste la acotación, que comunicación emitida por el Juez sometido a proceso, cuando los operadores de justicia debían ausantarse de la sede del Tribunal y por:tal razón dejasen de despachar necesariamente estaban obligados a solicitar la autorización ante el superior inmediato comunicándole que por no haber solicitado el permiso correspondiente, no autorizaba la solicitud de no dar despacho los días mencionados. Que el Juez Ellas Heneche no solo no requirió la autorización, sino que la participación no la efectuó con suficiente anticipación, pues dos (2) días antes del evento no puede ser considerados como tal, máxime que se trataba de unas jornadas de derecho que debido a que él iba a ser ponente es de suponerse, que debía haber tenido conocimiento del evento con tiempo considerable, considerando, lógico que los organizadores debieron proponérselo tiempo antes. Que el Juez titular aceptó la convocatoria -sin haber agotado previamente los trámites administrativos que su dependencia laboral exigía-, y debido a ello, la propaganda impresa con fines de difundir el evento, exhibla el nombre del juez titular investigado. Asimnismo, esgrimió que el juez titular al dejar de dar despacho los dias veinticuatro (24) veinticinco (25) de marzo de 2011, lo hizo con Irrespeto a la autoridad de la que ésta revestida la Rectoría Civil de la Circunscripción Judiclal del Estado Lara, relacionada con el hecho que para dejar de dar despacho, no solo tenia que dar cumplimento a lo impetrado en el articulo 31 de la Ley Orgánica dal Poder Judiclad sino que además formaba parte de su Juez Venezolano y de la Jueza Venezolana. Finalmente, denunció que la actuación del Juez Titular actualmente suspendido Ellas Heneche, constituye ilicito disciplnarlo al haberse ausentarse del cargo injustificadamente comprometiendo el normal funcionamiento dei tribunal, donde ejercía sus funciones; contemplado en el atículo 33 numeral 8 del Código de Ética de Juez Venezolano y de la Jueza Venezolana, solicitando la destitución de dicho Juez. IV DEL ESCRITO DE DESCARGOS PRESENTADO POR EL JUEZ DENUNCIADO Mediante escrito de descargos presentado el seis (6) de mayo de 2014, de Venezolano, aplicable en razón dal flempo el Juez denunciado expuso los siguientes alegatos en su defensa: del ejercicio de su cargo. judicial decidieron suspenderlo desprendieron los hechos que dieron origen a sú hechos objeto de la acusación, siendo que el "Movimientos sin tierras" denunció al Juez Superior Tercero Agrario y no al Juez de Primera Instancia Agraria, expresando entonces que la ciudadana Yanina Karabin omitió indicar que Inspectoría General de Tribunales. Continuó alegando que corresponde a la Jurisdicción Disciplinaria efectuar la acumulación que se encuentra pendiente y que fuera solicitada por la Inspectoría General de 2013-00oo35, alegando la importancia de dicha acumulación a los fines de ejercer una defensa integral. - Adujo que la Rectoría Civil, a cargo de la ciudadana Yanina Karabin le venía negando del Tribunal Supremo de Justicia en la ciudad de Caracas, además de no gestionarle la rehabilitación médica y separarse de su cargo aún cuando le fue ordenado reposo, efectuándose a tal efecto diversas solicitudes de acuerdo a lo preceptuado en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 1 En cuanto a la denuncia de abandono del cargo por dejar de dar despacho los das establecido la celebración de las Jornadas Domínguez Escobar por lo cual fue participado a la Rectoría Civil que asistiría a las mismas tal y como consta en la comunicación remitida por el Colegio de Abogados del Estado Lara a dicha Rectoría. Que la causal por la cual le pretenden destituir se encuentra tipificada causal de amonestación por io cual -a su decir- no puede la. Inspectoría Gener dar ún sentido distinto y afirmar que la falta por no dar despacho dos días destitución confundiéndola con la causal de abandono del cuando el funcionario se aparta de la función pública y deja el cargo, esto separarse del cargo sin haber obtenido la aceptación de su renuno dejando de concur al sitio de trabajo por diez (10) días consecut En este sentido adujo que no tuvo ia oportunidad de aban siendo que n motivo del veinticinco (25) de marzo de 2011 concurso al Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial de Estado Lara visto que la seguridad del edificio nacional acreditó su Personal del Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, hacen constancia de ello. : Expresó que la Inspectoría General de Tribunales no presentó acto conclusivo sobre los hechos denunciados que dieron lugar a la actuación de oficio de la Comisión Judicial y procedió a imputar una falta que en su decir se produjo conforme con el criterio que estableció al momento de conocer la apelación en contra de la decisión producida en fase de ejecución de sentencia emanada por ese Tribunal tres (3) años antes de ser instaurado el respectivo procecimiento disciplinario. Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 53 de la ley del Consejo de la Judicatura, aplicabie en razón del tiempo, la acción disciplinaria a decir de la Inspectoria General de Tribunales se produjo conforme a la sentencia del juzgado el Juzgado Superior Tercero Agrario que advirtió sobre la falta procesal en fecha sais (6) de febrero de 2007. Ahora bien, de esa fecha a la interposición del proceso investigativo iniciado de oficio por transcurrieron mas de tres (3) años, lo cual de conformidad con el artículo precedentemente mencionado constituye evidencia que la acción se encontraba prescrita, y asi solicitó fuese declarado. Por 'otro lado, expresó que asistió a las Jornadas, de Protección de los Derechos Sociales Conforme a la Legislación y a la Jurisprudencia Venezolana J.M Domínguez por Casación Social para conformar el grupo de ponentes que I mismo; que la Jueza Rectora del Estado Lara, ciudadana Yanina; Karabin invitación de ctoría General de Tribunales que formaba parte del Grupo de ponentes ni participarán Colegio de Abogados habla promoclonado el evento para esos:días. no informó a enfermo con fuertes dolares y en pleno proceso de mucho menos manifestaron los médicos traantes, tuvo que der despacho en esos que a de la jueza Rectora en solicitar la designación de un suplonta a la s de ello, suspendido en pleno proceso preoperajorio, con lo cual do de su única remuneración como juez, en contravención. con- lo Comisiór 61 del Código de Ética del Juez Venezolano y de la Jueza lece que la suspensión del cargo debe producirse con al guce de nunciado se encuentre privado de libertad. procedimiento signado con el número 110368 por no constituir los hechos denunciados faltas que ameriten su destitución del cargo de Juez Titular Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. V DE LA AUDIENCIA audiencia celebrada el primero (1°) de diciembreè de 2015, en el cual este Tribunal Disciplinario Judicial decidió en los siguientes términos: "En el dia da hoy 1° de marzo de 2016, siendo la una de la tarde (01:00 p.m.), estando constituido el Tribunal Disciplinario Judicial por los jueces Carlos Medina Rojas, la Secretaria Raquel Sue González y el Alguacil Jairo Jerez, reunidos en la Sala de Audiencias del Tribunal Disciplinario Judicial de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial ubicada en el piso ocho ! (8) de la Torre Falcón, avenida Casanova, entre calles 1.y 2 de Bello Monte del municipio Libertador det Area Metropolitana de Caracas, a los fines de dar continuidad a la audiencia oral y pública celebrada en fecha del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, con relación al proceso .9 TOVAR, titular de la cédula de (dentidad No. V-8.494,444, en virtud de oe e e e ee i e desempeño como Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; por presuntamente!" disciplinaria de destitución, por cconstituir los supuestos previstos en'al articulo 40 numeral 11 de la lay de Carrera Judicial aplicable en razón Ética del Juez Venezolano y de la Juaza Venezolana y en el articulo 33 numeral 8 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2010 actualmente previsto en el arículo 29 numeral 24 del Código det Étics del Juez Venezolano y Jueza Venezolana vigente, se procede en consecuencia a dar inicio al presente acto: abogada Sarellys Gallardo, titular de la cédula de identidad N° V- 11.776.746, en su condición de Inspectora de Tribunales; igualmente'se HENECHE TOVAR ut supra Identificado. Se verifica la Incomparecencla de la representación de la Fiscalfa General de la República -* aún cuando 0 manera unánime, decide: -3 página original (tal como se publicó) [Página 12] Primero: Declara e! SOBRESEIMIENTO CAUSA POR DE LA PRESCRIPCIÓN de acuerdo a lo preceptuado rtículo 53 de l8 Lay, causa KH06-A-1999- 000045 por omisión de pronunciamiento en desmadro de las garantías del tiempo subsumible en el numeral 23 del ariculo 33 del Código de. Ética del Juez Venezolano y de la Jueza Venezolana, Segundo:se ABSUELVE de responsabilidad disciplinaria al cludadano ELIAS DE JESÚS HENECHE titular de la cédula de identidad N° V 8.494.444, del licito previsto en e! nu meral 8 del artículo 33 dal Código de Ética del Juez Venezolano y de la Jueza Venozolana (aplicable en razón del tiempo) relativo al abandono o ausencia injustificada del cargo. acarrea la sanción de DESTITUCIÓN, hoy numeral 8 del artculo 29 del TerCErO: S8 LEVANTA LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN mediante sentencia N° 44 de fecha veinte (20) de noviembre de 2014, al ciudadano ELÍAS DE JESÚS HENECHE TOVAR, titular de la cédula de de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado procedimiento disciplinario contenido en el expediente N° AP81-A-2013oo0028", en consecuencia, se ordena su reincorporación al respectivo" Cuarto: so ORDENA remitir copia de la presente decisión a la Comisión Judicial del Tribunal. Supremo de Justicia de conformidad con lo Venezolano y la Jueza Venezolana vigente". V1 DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Corresponde a este Tribunal Disciplinario Judicial, en primer lugar: pronunciarse acerca de su competencia para el conocimiento del presente proceso disciplinario, en los g. términos siguientes: La competencia legal para el ejerciclo de la potestad disciplinaria en el poder judiclal, expresada en el articulo 39 del Código de Ética del Juez Venezoláno y la la encontramos a (artículos 32 y 33; del novísimo Código de Ética del Juaz Venezolan5 y Jueza Venezolana Juza Venezolana),aplicable en razón de tiempo al asunto de autos : "Articulo 39. Los órganos qu n el jercicio'de-a jurisdicción tienen la serviclos de Alguacllazgo." de los nechos, el Tribunal; Disciplinario Judicial ostenta la por los hechos acaecidos durante su desempeño como Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, defensas previas esgrimidas por el ciudadano Ella de Jesús Heneche Tovar en su escrito de descargos consignado en fecha dieciocho (18) de junio de 2014. © 1. Punto Previo: De la prescripción de la denuncia de descuido injustificado Primeramente estima conveniente este Tribunal Disciplinario Judicial hacer referencia a la defensa previa efectuada por el Juez sometido a procedimiento disciplinario en el escrito de descargos consignando en fecha dieciocho (18) de junio de 2014, relativa a la prescripción de la acción. En este sentido, adujo el ciudadano ELIAS DE JESÚS HENECHE TOVAR, que la conducta disciplinable a decir de la Inspectoria General de Tribunales se produjo con la sentencia emitida por el mismo en fecha cinco (5) de diciembre de 2006, siendo que de esa fecha a la interposición del proceso investigado iniciado de oficio por la comisión Judicial dei Tribunal Supremo de Justicia - a su decir- transcurrieron mas de tres (3) años, lo cual se constituye en evidencia que la acción se encontraba prescrita de acuerdo cono lo establecido examinará dicha causal de inadmisibilidad. En este orden de ideas, la prescripción es una forma de extinción de la responsabilidad disciplinaria' conforme a la cual el transcurso del tiempo contado a partir de la oportunidad en que se produjo el hecho que da lugar a la imposición de la sanción sin que se inicie la correspondiente averiguación, impide al órgano disciplinario sancionar la conducta que contraviene los deberes y obligaciones que el ordenamiento jurídico impone a los operadores AP61-D-201-00046 del 19 de Noviembre de 2013 y N° 19 del dos () de octubre de 2012 emanada de la Corte Disciplinaria Judicia). paralización de la medida a decir de la Inspectorla General de Tribunales- la decisión revocada mediante sentencia emanada de Juzgado Cabe destacar Superior Tercero Agrario de Circunscripción Judicial del Estado Lara, de fecha veintiuno (21) precedentemente mencionada de febrero de 2007, ordenándose en la misma la reposición de la causa al estado que el Juez Cosma. De esta forma, se evidencia de la revisión de las actas que conforman el expediente del presente asunto que en fecha dieciocho (18) de octubre de 2011, la Inspectoría General de Tribunales, ordenó la apertura del procedimiento investigativo contra el Juez. Ellas Heneche, tal y como se desprende del contenido.del foio once (11) de.la pieza N° 12 del expediente del caso de autos. Ello asi, desde el dia cinco (5) de diciembre de 2006, (folios ciento setenta y dos" (172) a ciento setenta y ocho (178) de la pieza número 13 del expediente) fecha en la cual el ciudadano Ellas Heneche emitió el fallo por el cual se le imputa el ilícito relativo a descuido injustificado en menoscabo de la tutela judicial efectiva en el trámite de la causa judicial KH06- Ética, del Juez A1999-00045 contentiva en el numeral 23 del asticulo 33 del Código Venezolano y de la Jueza Venezolana (articulo 40 numeral 11 de la Ley de Carrera Judicial para el momento), hasta el día en el cual es ordenada la apertura de la correspondiente procedimiento investigativo por la Inspectoria General de Tribunales, a saber dieciocho (18) de octubre de 2011, tanscurió el lapso de cuatro (4) años diez (10) días, tiempo que denota el transcurso con creses el lapso de tres (3) años a declaratoria de la prescripción de la acción de acuerdo a lo preceptuado. Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura aplicable en razón Tribunal Disciplinarlo Judicial DECRETA EL. SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCIóN respecto a la denuncia relativa ai descuido injustifica la causa KH06-A-1999-000045, al omitió; pronunciamiento constitucionales de las partes causal de destitución contenida en e de.la Ley Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (artícuio 4 estudio de la de Carrera Judicial para el momento), haciéndose entonces nnecesar causal de destitución de autos. Así se declara. t$ 2.- de la denuncia relativa al abandono o ausencia injustificada del cargo Por otra parte, en cuanto al ilícito disciplinario imputado zTitular del Tribunales al ciudadano Ellas de Jesús Haneche Tovar Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial tado Lara relativo al abandono o ausencia del cargo injustificadamente, comprometiendo Juez Venezolano y de la Jueza Venezolana y que da lugar a la causal de destitución, es de expresar que el mismo se circunscribe al supuesto abandono por parte de dicho juez en el lugar donde ejercía sus funciones, siendo que dejó de dar despacho en el Tribunal a su cargo durante los días veinticuatro (24) y veinticinco (25) de marzo de 2011 sin la debida autorización de la Rectoría de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Asi, expresó la Inspectoria General de Tribunales en el acta de inspección que'Inició el ocho (8) de noviembre y finalizó el día once (11) del mismo mes y año, que se observó que el 109/2011, participó a la Rectoria y Presidencia del Circuito Judicial del Estado Lara que los dias veinticuatro (24) y veinticinco (25) de marzo de 2011 no daria despacho en el Tribunal a su cargo a los fines de asistir a las "Jornadas de Protección de los Derechos Sociales Conforme a la Legislación y a la Jurisprudencia Venezolana, J.M Domínguez ". librando de igual forma oficio a la Unidad de Recepción de Documentos Civil (URDD) en el que manifestó lo relacionado con no dar despacho los días indicados, siendo que no fue autorizado para asistir a dichas jornadas. Visto lo anterior, y respecto a la causal de destitución relativa al abandono del cargo, este Tribunal Disciplinario Judicial ha sido conteste en expresar que el mismo se verifica con la concurrencia de tres (3) supuestos de hecho, a saber: 1- abandonar o ausentarse del cargo; 2- que el abandono o ausencia sea injustificada; y 'que 3- se comprometa elunormal De esta manera, al los fines de determinar si concurren los requisitos antes mencionados a los fines de la declaratoria de responsabilidad del Juez Elas Heneche'en su Titular del Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción expediente del cual se desprende lo siguiente: ciudadana participó de 2011 página original (tal como se publicó) [Página 13] Sociales Conforme a la Legislación y a la Jurisprudencla Venezolana J.M Domínguez Escobar" (folio 124 de la primera pieza del expediente del caso de autos)., Oficio N° 076/2011, de fecha veintitrés (23) de marzo de 2011, por medio del, cual la ciudadana Yanina Karabin en su carácter de Jueza Rectora del Estado Laca informó al Juez por tal razón dejasen de despachar, están obligados a solicita la autorización ante el superior inmediato, quien emitirá previa evaluación de las circunstancias la procedencia del mismo e informará al peticionante lo conducente. (..) En consecuencia, por no haber solicitado el permiso correspondiente asl como no existe una justificación que fundamente la necesidad imperiosa de dejar de despachar, cansidérese no autorizado por esta Rectoria, la negativa de aperturar (sic) el despacho durante los dias 24 y 25 de los corrientes". Oficio N° 112/2011 por medio del cual el cludadano Ellas Heneche informa a la :. ciudadana Yanina Karabin, en atención a la negativa anteriormente mencionada que se había informado oportunamente sobre la forma en la que le Tribunal a su cargo administraba justicia y atendía al público expresando de igual forma que por sus condiciones de salud no debería Cartel referente a la realización de las XXXVI Jornadas de Protección de los Derechos Sociales conforme a la Legislación Venezolana,..J.M Domínguez Escobar, a siendo que en el mismo se señala al Juez Elías Henecho como ponente en la materia de medidas cautelares de la Jurisdición Agraria (folio 183 de la pieza: N° 12 deliexpediente del Comunicación emanada en fecha veinticuatro (24) de marzo de 2011 por el Colego de Abogados del Estado Lara a la ciudadana Yanina Karabin en su carácter de Jueza Rectora del Estado Lara en la cual se le solicita a la misma colaboración a los fines de la colocación de un stand y pendones para la realización de las inscripciones de las XxxVI Jornadas de Protección de los Derechos Sociales conforme a la Legislación Venezolana J.M Domínguez Escobar (folio 195 de la pieza N° 12 del expediente del caso de autos). Visto lo anteriormente transcrito, no puede dejar de apreciar este tribunal Disciplinario Judicial que es un hecho que el ciudadano Ellas Heneche en su carácter dè juez titular-del Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Lara se ausentó de su lugar de trabajo durante los dlas veinticuatro (24) y veinticinco (25) de marzo Sociales conforme a la Legislación Venezolana; "J.M Dominguez Escobar que fueran organizadas por la Sala de Casación Social de Tibunal Supremo de Justiciatal como se evidencia de las actas que conforman el expediente, siendo que de igual forma asi se desprende de la certificación de dias de despacho expedida por el referido Juzgado y que fuera traída a los autos por inspectoría General de Tribunales: Ahora bien, tal y como se indicara en lineas anteriores la causal relativa al abandono del cargo requiere para su configuración la concurrencia de ciertos requisitos, a sabes 1abandonar o ausentarse del cargo; 2- que el abandono o ausencia sea injustificada; y que 3se comprometa el normal funcionamiento del Órgano Judicial. En este sentido y primeramente no puede pasar por alto este Tribunal la: dejar incongruencia que existe en cuanto a la denuncia efectuada por la Inspectoria General de Tribunales al solicitar la destitución del Juez denunciado bajo esta causal contenida en el Código de Ética del Juez Venezolano y de la Jueza Venezolana siendo que de igual forma en el mismo acto conclusivo solicitó la amonestación del ciudadano Elias. Heneche por los mismos hechos, no obstante pasará este Tribunal a estimar la procedencia de tal denuncia. Dicho lo anterior, en cuanto al abandono injustificado se evidencia que el ciudadano Ellas Heneche se ausentó de su puesto de trabajo durante los días veinticuatro (24) y. veinticinco (25) de marzo de 2011, en razón de su asistencia a las XXXVI jomadas de protección de los derechos sociales conforme a la legislación Venezolana; J.M. Domínguez. No obstante lo anterior, si bien pudiera denotar dicha ausencia la verificacion' del primer requisito debe ponderarse que ausentarse del sitio de trabajo no implica per se el abandono del cargo y en este sentido se evidencia de las actas que rielan en el expediente y eni especifico del acta de entrevista realizada al ciudadano René Arroyo en:su carácter de Alguacil del Juzgado de Primera Instancia Agraria de Circunscripción Judicial del Estado Lara, el proceso investigativollevado a cabo por la Inspectoría General de que fuera traída en Tribunales marzo de auspiciadas por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de protección las cuales internamente en el despacho a su cargo. cualquier Novedad que all (sic) sucedido en su ausencia". 0.6 Heneche obedeció -tal y jornadas de protección de los Domínguez, en las cuales f del ciudadano alguno ánimo cuales pudieran derivar injustificadamente su labor jurisdiccional, observándose de igua) forma gue la ciudadana Yanina Karabin en su carácter de Jueza Rectora de la Circunscripción Judicial del'Estado Lara, estuvo anticipadamente al tanto de la realización de tales Jornadas. . Por otro lado, es de indicar que si bien es obligación de todos los Jueces que conforman las distintas circunscripciones judiciales a nivel nacional, cumplir con su labor impartiendo y administrando justicia, es un hecho cierto que tal obligación no se agota sólo con el ejercicio de la labor Jurisdiccional, si no que.sta-y como lo indicara:el Juez deñunciadose constituye como obligación ineludible interactuar con la comunidad nutriéndola y -g) educándola lo cual sucede a través de la realización de este tipo de eventos. Ello así, siendo que como se indicó en líneas anteriores la labor jurisdiccional:va más puede considerar este Tribunal Disciplinario Judicial que el ciudadano Elías: Heneche,en su carácter de Juez Titular del Juzgado de primera' Instancia Agraria de ta Circunscripción u cargo los días que se del presente asunto que hubo una dinámica interna en el despacho a su legislación Venezolana; J.M: Domínguez, observándose de igual mądo esos dias a la sede del Tribunal a los fines .de -supervisar del funcionamiento del mismo. En razón de los anteriormente expuesto, visto que no s ciudadano Elias Heneche en su carácter de Juez Titular del Instancla Absuelve de RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA HENECHE TOVAR titular de la cédula de identidad I: normal Visto el anterior pronunciamiento se levanta la medida suspensión con fecha veinte (20) de noviembre de 2014, a ciudadano ELÍAS DE JESÚS HENECHE TOVAR, ten su carácter de Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia Agrarla de la Circunscripción g. jerarquía. Así se decide. VII DECISIÓN Este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, bajo la ponencia del ciudadano Carlos Alfredo Medina Rojas, aprobada de manera unánime, decide: Primero: Declara el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA POR PRESCRIPCIÓN de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 53 de la Ley del Consejo de la Judicatura aplicable en razón del tiempo, respecto al descuido injustificado en Ja tramitación del la causa KH06-Ade las partes, causal de destitución contenida en el artículo 40 numeral 11 de la ley de Carrera Judicial aplicable en razón del tiempo subsumible en el numeral 23 del articulo 33 del :interpt.r. Código de Ética del Juez Venezolano y de la Jueza Venezolana. Segundo: se ABSUELVE de responsabilidad disciplinaria al ciudadano ELÍAS DE JESÚs HENECHE titular de la cédula de identidad N° V-8,494.44, del icitó previsto en el numeral 8 del aítículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y de la Jueza Venezolana (aplicable en razón del tièmpo) relativo l abandono o ausenci Injustificada del cargo que DESTITucIÓN, hoy numeral 8 del rículo 29 del Código de Ética del Juaz Venezolano y Jueza Venezolana. 2 respectivo cargo o a uno de Igual o similar jerarquía. página original (tal como se publicó) [Página 14] 73 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana vigente. . 0.3 -à Publiquese, registrese y notifiquese. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Tribunal Disciplinrio Judicial Caracas, a los ciudad de la Jurisdicción Disciplinarla Judicial () días del mes de abril de dos mil dieciséis (2016). Afños 205° de la Independencia y 157° de la Federación. .2 VEN 2 HERNAN PAQHECOA HAREZ rösidente suez JACQUELINE SOSA MARIÑO CARLOS MEDINAROJAST Jueza Juez Ponente RAQUELSUE GONZÁLEZ "ifr Secretauia .6 Ey registró la anterior decisión bajo el N°TDT-SD- 206-00.8. Segretaigja Exp. N° AP01-A-2013-000028 HPA/JSM/CMR/R REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En su nombre: PODER JUDICIAL JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL Exp. N° AP61-A-2011-000061 En fecha 10 de noviembre 2011, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, recibió el expediente administrativo 080063 remitido por la Inspectoría General de Tribunales, contentivo de las actuaciones la cédula de identidad V-9.536.301, en su condición de Jueza Titular en el desempeño de sus funciones en el Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanco, Falcón, Anzoátegui y el Pao, Ricaurte y Girardot de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, asignando el número de expediente AP61-A-2011-00000061, de este Tribunal Disciplinario Judicial. En fecha 18 de noviembre de 2011, la Oficina de Sustanciación acordó darle recibido al expediente disciplinario judicial. En fecha 1° de junio de 2012, la Oficina de Sustanciación dictó Informe Conclusivo en el cual consideró que se cumplieron los supuestos establecidos en el Código de Ética del Juez y la Jueza Venezolana en virtud de la denuncia interpuesta, verificando que la Inspectoría General de Tribunal recabó los medios suficientes y necesarios para la apertura del correspondiente procedimiento disciplinario en contra de la mencionada ciudadana en el desempeño de sus funciones como Jueza del Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos, y Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanico, Falcón, Anzoátegui, y el Pao, Ricaurte y Girardot de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, es por lo que ordenó remitir el expediente al Tribunal Disciplinario Judicial a los fines de que realice las diligencias correspondientes en el presente asunto. En fecha 7 de Junio de 2012, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo TDJ) dio por según distribución aleatoria llevada por el Sistema de Gestión Judicial a la Juez En fecha 14 de junio de 2012, el TDJ dictó auto mediante el cual ordenó notificar -a las partes intervinientes en la causa- que trascurrido el lapso para que la Jueza acusada formule los alegatos de su defensa tal como lo establece el Código de Procedimiento Civil fijará la Audiencia Oral y Pública. En fecha 14 de agosto de 2012, el TDJ en virtud de haber transcurrido el lapso establecido en el Código de Procedimiento Civil, procedió a. fijr la Audiencia Oral y Pública para el jueves 31 de enero de 2013 para las diez de la mañana (10.00 a.m.). Igualmente ordenó las respectivas notificaciones de las partes intervinientes en el presente proceso. En fecha 10 de abril de 2013, el TDJ declaró la NULiDAD del auto de admisión de fecha 14 de junio de 2012 y de todas las actuaciones siguientes al referido auto y decretó la correcto y ajustado a la norma tramitar el caso por sanción disciplinaria de Destitución. En fecha 19 de noviembre de 2014, la Oficina de Sustanciación ( en lo sucesivo 0.S) dic auto mediante el cual ordenó la citación de la jueza sometida a procedimiento, así como a las partes intervinientes en el presente proceso disciplinario, a los fines que una vez agotado el lapso establecido en el articulo 205 del Código de Procedimiento Civil la jueza consignará el ESCRITO DE DESCARGOS. En fecha 2 de diciembre de 2014, la IGT apeló de la decisión tomada por la O.S el 19 de apelación de conformidad con el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. En fecha 12 de mayo de 2015, la ciudadana LIJIA MARGARITA CABRERA REYES, y Jueza Venezolana presentó el escrito de descargos, constante de nueve (9) folios útiles. Y en fecha 27 de mayo de 2015, la IGT mediante diligencia ratificó el escrito de promoción de pruebas consignada el 15 de enero de 2014, En fecha 25 de noviembre de 2015, la Oficina de Sustanciación dictó sentencia JDJ/05/2015-53, en la cual declaró: "(..) PRIMERO_Se ADMITEN las pruebas documentales ofrecidas por la Inspectoría General de Tribunales en los apartes 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2 , y 2.3, asl como las testimoniales promovidas en el aparte 1.8, por no ser manifiestamente ilegales o impertinentes, ni contrarias a derecho, salvo su apreciación en la definitiva, e INOFicioso el pronunciamiento al respecto a la prueba documental ofrecida en el aparte 1.6, todas ellas para la demostración de los hechos disciplinables atribuido a la parte sometida a procedimiento disciplinario (...) descritos en ellos numerales 1 y 2 (..). SEGuNDO: En cuanto a lo alegado en su escrito de descargos de fecha 12 de mayo de 2015 por la ciudadana LIGIA (sic) MARGARITA CABRERA REYES parte sometida a procedimiento disciplinario (..) en el que alego presuntas violaciones constitucionales e sus solicitó se decrete el sOBRESEIMIENTo del procedimiento y consecuentemente el archivo del expediente, tales planteamientos por tratarse de asuntos que tocan el fondo. del presente asunto, corresponde al Tribunal Disciplinarios Judicial el pronunciamiento respectivo en la sentencia de mérito (...) ". (Resaltado propio del texto.) En fecha 4 de julio de 2018, vencido el lapso para que las partes ejercieran los recursos pertinentes contra la sentencia N.º° JDJ/OS/2015/53 de fecha 25 de noviembre de 2015 y en virtud de encontrase culminada la fase de sustanciación ordenó remitir la totalidad del expediente al TDJ a los fines de proveer lo conducente. En fecha 10 de julio de 2018, el TDJ dio por recibido el presente expediente, proveniente de la Oficina de Sustanciación. de 2018, a las diez de la mañana (10:00 a.m). En la oportunidad pautada para la audiencia, se levantó acta de la misma dejando constancia de la incomparecencia de la jueza acusada, y se ordenó oficiar a la Defensa Pública para que designe defensor público, a los fines de garantizar el derecho a la defensa de la jueza acusada. Realizada la designación pertinente de la Defensoria Pública (2ª)., con Competencia en Materia Contencioso Administrativo del Área Metropolitana de Caracas y una vez realizada la respectiva aceptación de su representación por parte d de la ciudadana jueza sometida a procedimiento disciplinario, se procedió el 19 de septiembre de 2019 fjar oportunidad legal para la celebración de la Audiencia Oral y Pública para el día 23 de enero de 2020, a las diez de la mañana (10.00 a.m.) y se libraron las respectivas notificaciones. En fecha 23 de enero de 2020, se dictó auto mediante el cual se declaró "(..) PRiMERo: se NIEGA la solicitud de emisión de las boletas para este Tribunal convoque a las personas En virtud de la situación acaecida en el país a causa del COVID-19, esta instancia judicial el 26 de septiembre de 2022, dictó auto mediante el cual se reprogramó la audiencia oral y pública para el 2 de febrero de 2023 a las diez de la mañana (10:00 a.m.). En esa fecha se celebró la audiencia oral y pública, y visto el cambio de calificación jurídica propuesto por esta instancia judicial se fijó la continuación de la audiencia oral y pública para el dia 9 de febrero de 2023 a las dos de la tarde (2:00 p.m.). 1 INVESTIGACIÓN DE LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES El fecha 13 de febrero de 2008 la Inspectoría General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT) de denuncia presentado por el Ciudadano DOUGLAS GRANADILLO PEROZO, Juez Rector de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en fecha 11 de octubre de 2007 en contra de la jueza acusada por presuntas irregularidades con las que atentó contra la cumplir con el horario de trabajo establecido, dejar de asistir injustificadamente a la ejecución de medidas fijadas por el Tribunal, así como transgredir y maltratar al personal ,a embargar las cuentas de ahorros de la parte demandada. En fecha 10 de marzo de 2008, la IGT acordó abrir la correspondiente investigación y a tal efecto comisionó al Inspector de Tribunales JULIO MUÑOz. Reestructuración y Funcionamiento del Sistema Judicial acusación siendo ratificada el contenido del acto conclusivo contentivo del escrito de acusación de fecha 28 de marzo de DESTITucióN, porque presuntamente la jueza acusada incurió en: 1) al no querer cumplir página original (tal como se publicó) [Página 15] Como fundamento para la solictud de sanción, la IGT estimó que para el primer hecho: 1.-) Para el hecho referido a no querer cumplir con el horario establecido: establecido (..)". Menciona la IGT que presuntamente "(.. la Jueza recibió comunicación de la Recforía del Estado dado despacho, no estaban realmente justificados y que por ello se le solicitaba la consignación de las Señalo la IGT que la Jueza acusada le contestó al ciudadano Rector del estado Cojedes "(..) que ella no realizaría el marcaje biométrico y.que el control de asistencia a su jornada de trabajo seria llevado por el Libro de Asistencia que lleva eso Tribunal, y que esa decisión ella la inadecuada con la que se dirige a Jueza a su rector, foda vez que toma una decisión unilateralmente de no cumplir con la orden impuesta a los Jueces de la Circunscripción Judicial a la cual pertenece a los fines de verificar su asistencia al despacho (..)". (Negrilla propias del texto) Destacó la IGT, que "(..) observándose que asume por el solo hecho de ser Jueza eso pudiera permitirle manejar su Tibunal bajo su único criterio, sin tomar en cuenta los lineamientos y normativas por las cuales debe regirse (...)". Concluyó la IGT, que "(...) se agrava tomando en cuenta que la Jueza justifica en su descargo que realizar el marcaje biométrico le dificulta su llegada al despacho y por eso decidió no efectuar el mismo, (...) aunque afirmó haber participado al Juez Rector sobre tal hecho, la forma en la cual se expresó su decisión de no cumplir con el respectivo marcaje no fue la correcta (...) al estarse dirigiendo a una sutoridad(...) debe cumplir con sus controles que devienen del Tribunal Supremo de Justicia y de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, los cuales son aplicados a nivel nacional y de cumplimiento obligatorio por parte de los jueces y del personal que labora en los Tribunales." 2.-) En cuanto al hecho de dejar asistir injustificadamente a la ejecución de medidas fijadas por el Tribunal, señaló: Aludió'la IGT, que la jueza presuntamente "(...) teniendo pautada para el dia 08 de octubre de 2007, la ejecución de una medida de embargo, decidió realizar una diligencia bancaria no asistiendo a la misma, avisando a su Tribunal sobre su ausencia y aún asi ordenó dar despacho, situación que demuestra la poca atención que se desprende de su proceder, difiriendo la práctica de la medida sin causa justificada, faltando con elio a su deber de administrar justicia. (...)" Argumentó la IGT, que la jueza presuntamente debido a su proceder "(..) razón por la cual al Juaz Rector se constituyó en la sede del Tribunal y verificó que la Ciudadana Jueza LIJIA MARGARITA CABRERA REYES, no estaba presente en el Despacho (...)" digna de generar garantia en una correcta administración de justicia, al anteponer diligencias personales difirió por que se encontraba realizando una diligencia bancaria, (...)". 3.-) En cuanto al hecho do transgredir y maltratar al personal a su cargo, señaló: Agregó la IGT, que la jueza acusada, presuntamente "(..) se constató el acoso , insultos e n ee e n e manifestaron jueza investigada, al ordenarie constantemente a realizar actividades menor hija (...)". ) el caso de la secretaria del tribunal Mencionó, la IGT, que la Jueza presuntamente, quien afirmó ser obligada a abrir el despacho en ausencia de la Jueza, lavarle su vehículo (..)" Destacó la IGT que "(.) existe un malestar general entre los funcionarios del Juzgado, teniendo en su persona (...) la Jueza extralimita sus común criterio el irrespeto constante y menosprecio con sus órdenes fuera del ámbito laboral (..)". (89) por presuntamente el haber infringido las prohibiciones En cuanto al segundo hecho G establecidas en la ley al embargar una cuenta bancaria. Agregó la IGT, que la Jueza acusada presuntamente, "(..) en la Comisión 440-07, decidió General de Bancos, vigente para la fecha (...)". Destacó la IGT, que presuntamente que "(...) la desatención a la norma por parte de la Jueza al embargar la cantidad (..) apersonándose en la entidad bancaria (...) para practicar el embargo, lo que se agrava con el hecho que la medida refería al cobro de bolivares por intimación de honorarios y no a las excepciones de ley como lo son los juicios de pensión de alimentos o de divorcio y liquidación de la sociedad conyugal (..)". Argumentó la IGT, que "(..) la infracción por parte de la Jueza , que la gerente de la entidad bancaría ante el Juzgado de Municipio para manifestar la actuación errónea que practico la misma (...) dicho Juzgado de Municipio declaró con lugar y ordenó su suspensión." Concluyó la IGT, que "(..) quedó demostrado que la Jueza infringió la prohibición que le establece el Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras de embargar las cuentas de ahorro, situación ésta que fue admitida por la propia Jueza en sus descargos aceptando que ella" aplicó erróneamente la norma" (..)"- (resaltado propio del texto.) II ALEGATOS DEL JUEZ SOMETIDO AL PROCESO DISCIPLINARIO JUDICIAL En fecha 16 de abril de 2008, se evidenció que en la fase de investigación, la jueza acusada hizo uso de su derecho a la defensa ante la Inspectora de Tribunales Comisionada, quien dejó constancia de ello, mediante auto de fecha 18 de abril de 2008 De dicho escrito se desprende lo siguiente; "(... omisis...) (...omisis...).. situación(...) 2.1 (...)en primer lugar, aclarar: eso aconteció el da 8 de octubre de 2007 y no de junio como se afirma en el escrito de denuncia, recibi comunicación (.) de parte de la oficina Administrativa, en la cual se me exigía acudir al Banco de Venezuela a objeto de abrir una cuenta nueva (..) mientras esperaba qué abrieran el banco y siendo mi intención llegar en breve al lugar, donde abril de constituirse el Tribunal, a fin de practicar una medida, cable con la Secretaría, para recordarle que estaba en el Banco y que una vez llegara la parte actuante se trasladara al lugar de la medida en donde yo me haría presente, a fin de constituir el Tribunal. Estando en el Banco de Venezuela, en San Carlos, recibí una llamada telefónica en la cual me avisaron que mi padre de 94 años, imputado de una pierna, estaba grave, hospitalizado (...) llamé nuevamente por teléfono a la Secretaría del Tribunal, le pedi que avisara a la Oficina Administrativa que no podría abrir la cuenta, porque mi papá se había puesto grave y le pedi que difiriera la medida fijada para ese día, (..) lo que corresponda era que suspendiera el despacho. Llame también los abogados actores en la medida que estaba fijada, a fin de excusarme con ellos, y haciéndoles conocer que se trataba de un problema de salud de mi padre, quienes se mostraron comprensivos (...) 3. DEL PARTICULAR 3° DEL ESCRITO DE DENUNCIA (..) en el cual se hace mención de que al parecer mi persona habria incurrido en situaciones de hecho en contra del personal, al insultarlos a viva voz, mediante gritos, adjudicándoles epitetos despectivos y atacándolos moralmente mediante violencia psicológica, amenazas de destitución y obligar los a realizar actividades diferentes a aquellas para las que fueron contratados, debo señalar(...) 3.1 DE LA COMUNICACIÓN SUSCRITA POR LOS CIUDADANOS ANY PÉREZ, CARMEN HERRERA Y TULIO ÁVILA (...) EN FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2007:En relación con el contenido de la correspondencia suscrita por los tres mencionados funcionarios judiciales, niego, rechazo y contradigo en todas y cada una de sus partes, las infamantes, temerarias, desconsideradas e injustas manifestaciones, así: funciones ajenas a sus cargos, 3.1.2 No es verdad que diariamente efectúen actividades personales como atender a mi niña, en calidad de niñeros, lavar mi vehiculo, realizar para mi operaciones bancarias, tanto en banco como por Intemet, pago de mis proveedores, los cuales no individualizan, ni dicen que es lo que me provee; 3.1.3 No es verdad que realicé, llamadas indefinida desde el Tribunal, y no es verdad :que ellos, los tres, elaboren Tesis de Grado de mis Tutoriados, señores magistrados, yo no elaboró tesis de grado, yo las reviso y calificó (...) Poder Judicial, para tales menesteres (...)". 4. DEL PARTICULAR 4 4.1 DEL ESCRITO DE DENUNCIA (...) En relación con la medida tramitada en la comisión (..), en el cual efectivamente embarque una cuenta perteneciente al ciudadano (..), no es edad que haya practicado la medida de embargo sobre una suma de dinero en franco desconocimiento de las nomas contenida en los artículos 27 y 309 de la Ley Genera de Bancos y Otras Instituciones Financieras, sino que aplique erróneamente la norma y al percatarme de ello, acudir de manera personal al Tribunal Comitente, solicitando la subsanación lo que hizo el comitente y devolvió la cantidad por mi embargada a su dueño, situación que no afectó la esfera de los derechos personales, subjetivos y legítimos del demandado y del demandante (..)". (resaltado propio del texto). - Durante la fase judicial de sustanciación ante esta Instancia Disciplinaria Judicial, la jueza Lijia Margarita Cabrera Reyes, presentó escrito de defensa en fecha 12 de mayo de 2015, en los siguientes términos: "(...omisis...) Punto Previo (...) comencé a prestar mis servicios para el Poder Judicial en fecha 28 de jullo de 1999, Carlos, Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blancd,-Falcón, Anzoátegui, El Pao, Ricaurte y Giradot de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes en donde permanecí hasta el e n n t n mediante resolución No.0001 Inhabllitación permanente, debido a condiciones sujeto de procedimiento alguno. (...omisis...) Juez Venezolano." (...omisis...) (...) por no ostentar ni ejercer cargo alguno en la Administración Pública, para la presente fecha, el fallo que se produzca en esta instancia disciplinaria, seria de ilegal e imposible ejecución o lo que es lo mismo, nulo de nulidad absoluta, en .? virtud que la relación laboral que mantuve con el Poder Judicial no existe (..). En consecuencia el acto administrativo culminatorio que eventualmente se dictará sería NULO DE NULIDAD ABSOLUTA (...) (..omisis...) (..) El presente procedimiento, ademas de haber sido objeto del "decalmiento del interés" que decisión vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, opera cuando han trascurrido mas de seis meses sin actividad procesal ( en este caso han transcurrido varios años). Además de haberse operado la perención, al haber transcurrido casi seis meses después que se ordenó el impulso procesal(..)." (...omisis...) (..) con fundamento en todas las consideraciones fácticas y jurídicas que anteceden, en 'las cuales denuncio de mero derecho, (...) pido al Tribunal Disciplinario Judicial (...) decrete el SOBREsEIMIENTO del procedimiento y confidencialmente el archivo del expediente (...)". III DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Corresponde a este Tribunal Disciplinario Judicial, en primer lugar, pronunciarse acerca de su competencia para el conocimiento del presente proceso disciplinario, en los términos siguientes: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela incorporó la disciplina del Poder Judicial como un ejercicio encomendado a una jurisdicción, tal como lo establece su artículo 267: República de las Defensorías Públicas. Igualmente, le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto. La jurisdicción disciplinaria judicial estarà a cargo d o tribunales disciplinarios que determine la ley. debido proceso, en los términos y condiciones que establezca la ley Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales." para página original (tal como se publicó) [Página 16] La competencia legal para el ejercicio de la potestad disciplinaria en el Poder Judica la funciones disciplinarias del Poder Judicial. encontramos expresada en los artículos 32 y 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y "Articulo 32. Los órganos que en el ejercicio de la jurisdicción tienen la competencia disciplinaria Jueza Venezolana vigente: sobre los jueces y juezas de la República, son el Tibunal Disciplinario Judicial y la Core Disciplinaria Judicial, los cuales conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia, contenidos en este Código. Los tribunales disciplinarios judiciales contarán con un Juzgado de Articulo 33. Corresponde al Tibunal Disciplinario Judicial, como órgano de primera instancia, la aplicación de los principios orientadores y deberes en materia de ética contenidos en el presente Código. En este orden el Tribunal ejercerá las funciones de control durante la fase de investigación: decretará las medidas cautelares procedentes; celebrará el juicio; resolverá las incidencias que puedan presentarse; dictará la decisión del caso; impondrá las sanciones correspondientes y velará por la ejecución y cumplimiento de las mismas". Como se desprende de los articulos transcritos, el Tribunal Disciplinario Judicial ostenta la competencia de aplicar el régimen disciplinario, lo cual se traduce en la salvaguarda de los principios orientadores y deberes en materia de ética previstos en el señalado Código, imponiendo ante su incumplimiento, las sanciones disciplinarias previstas en los artículos 27, 28 y 29 ejusdem. Siendo así, queda claramente determinada la competencia de este Tribunal Disciplinario para aplicar en primera instancia los correspondientes procedimientos disciplinarios, a los. jueces y juezas integrantes del sistema de justicia venezolano. Así se declara. Igualmente, resulta propicio aludir que la sentencia 6, de fecha 4 de febrero de 2016, emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ratificó, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa llevada por esa Sala, la medida cautelar innominada contenida en la sentencia 516 de fecha 7 de marzo de 2013, emanada de la misma Sala, en cuanto al criterio según el cual la Jurisdicción Disciplinaria Judicial de manerá cautelar tiene suspendida la facultad para conocer de las causas llevadas a jueces que no hayan ingresado por concurso al ejercicio de la función jurisdiccional lo cual comprende a los jueces no titulares (provisorios, temporales y accidentales), "a fin de evitar contradicciones Constitucional, respecto del régimen disciplinario aplicable a los jueces y juezas titulares la aplicabilidad del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, sin'alterar las competencias de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, órgano encargado del control, disciplina y gobierno judicial". En consecuencia, en vista de la expuesta ratificación de la sentencia 516 para garantizar la aplicación del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana a los jueces y juezas titulares, este tribunal verifica según nota secretarial de fecha 15 de febrero de 2023, acta de juramentación en que la ciudadana LIJIA MARGARITA CABRERA REYES, titular de la cédula de identidad N° V- 9.535.301, es Jueza Titular, actualmente INHABILITADA, quien se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Cuarto Municipio Ordinario y Ejecutor De Los Municipios San Carlos, Rómulo Gallegos, Lima Blanco, Del Estado Cojedes, Con Sede En San Carlos; en consecuencia, quienes suscriben son competentes para dictar la presente decisión. Asi se declara. IV DE LAAUDIENCIA Veñezolana, estando constituido el Tribunal Disciplinario Judicial por los jueces principales, reunidos en la Sala de Audiencias del Tribunal Disciplinario Judicial de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, en presencia del abogado LUIS ALBERTO BRANDO DELGADO, en verificó la presencia del ciudadano GENDRY GONZÁLEZ, en su condición de Defensor Público Segundo con Competencia Contencioso Administrativo del Área Metropolitana. representación Fiscal del Ministerio Público. Asimismo, este Tribunal hizo la advertencia del cambio de calificación jurídica propuesta por el órgano judicial disciplinario, de conformidad con el artículo 79 del Código de ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana fijando la pudiera exponer sus nuevos alegatos y poder continuar con la audiencia oral y pública. El 9 de febrero, siendo las 02:00 p.m, se llevó a cabo el desarrollo de la mencionada contrarréplica, así como las conclusiones correspondientes. Finalizada la exposición, se dio por concluido el debate y se difirió el dispositivo para el 16 de febrero de 2023, el cual se transcribe a continuación: "PRIMERO: Se DECLARA la RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de la ciudadana LIJIA MARGARITA CABRERA REYES, titular de la cédula de identidad V- 9.536.301, en su San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco, Lima Blanco, Faicón, Anzoátegui y el Pao, Ricaurte y Girardot de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, con Sede en San Carlos, con relación al hecho de no cumplir con el horario de trabajo establecido, hecho que se encuadró en el tipo disciplinario calificado juridicamente por este Tribunal en audiencia en el numeral 3 del articulo 28 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, por lo que se suspensión a través de la inmediata desincorporación del cargo sin goce de sueldo", tal como Venezolana. SEGUNDO: Se DECLARA la RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de la sentencia a los fines de que se agregada a su expediente administrativo personal para que forme parte de sus antecedentes administrativos. (...)" V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Con motivo de los elementos existentes, cursantes en el presente expediente, entre los cuales se incluyen las actuaciones investigativas de la Inspectoría General de Tribunales, debate efectuado por las partes en la audiencia, este Tribunal Disciplinario Judicial, estima desarrollo del proceso, valoradas en la oportunidad de dictar el dispositivo del caso, en fecha 16 de febrero de 2023. I. De las pruebas: Pruebas de la Inspectoria General de Tribunales Se desprende del análisis del presente expediente disciplinario, que la IGT promovió las pruebas conjuntamente con el escrito de acusación en fecha 28 de marzo de 2011, cuya admisión fue evaluada por la Oficina de Sustanciación en el auto de fecha 25 de noviembre de 2015, las cuales se valoran a continuación: Con el objeto de demostrar que la ciudadana LIJIA MARGARITA CABRERA REYES, jueza sometida a proceso disciplinario, incurrió en los hechos acusados en el acto conclusivo, en cuanto al hecho de haber atentado contra la respetabilidad del Poder Judicial comprometiendo la dignidad del cargo, al negarse a cumplir con los controles de, asistencias impartidos por la Rectoría de la Circunscripción Judicial, dejar de practicar medidas de ejecución pautadas por el Tribunal así como maltratar verbalmente a sus subordinados; el Órgano Investigador promovió las siguientes pruebas documentales en copias certificadas, que se aprecian como documento público, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 429 ejusdem, en relación con lo establecido en el artículo 1384 del Código Civit, siendo fidedigna de conformidad con el artículo 1359 de la aludida norma sustantiva, toda vez que el acto que las contienen fue autorizado por un funcionario público facultado_para dar fe pública: 1. Copia certificada del oficio N.º 308-2007, de fecha 7 de junio de 2007, suscrito por el Juez Rector de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes dirigido a la jueza sometida a procedimiento disciplinario, (folios 88, pieza 2), en el se constata que fue solicitado los motivos de los días de no despacho justificados durante el mes de mayo 2007. 2. Copia certificada del oficio N.° 134-07, de fecha 6 de junio de 2007, suscrito. por la ciudadana Jueza sometida a procedimiento disciplinario dirigido al Juez Rector de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, (folio 89, pieza 2). en el cual señala que no realizará el marcaje biométrico y que el control de asistencias sería llevado por su Tribunal, decisión tomada, en virtud de la autonomía que como jueza posee. 3. Copia certificada del auto de fecha 2 de octubre de 2007, dictado por la jueza sometida a procedimiento disciplinario (folios 32, pieza 2)., se aprecia que la jueza acusada.fijó para-el día 8 de octubre de 2007, la ejecución de la medida de embargo preventivo en N1° 455-07 4. Copia certificada del auto de fecha 8 de octubre de 2007, (folio 36, pieza 1). que se de que realizaría en una entidad bancaria trámites administrativos. 5. Copia certificada del asiento del libro diario el Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de fecha 8 de Octubre de 2007, llevado por apertura del despacho por una orden vía telefónica efectuada por la misma. Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos, y Rómulo Gallegos, Tinaco y del estado Cojedes, dirigidos al ciudadano DOUGLAS ARECIO GRANADILLO PEROZO, los ciudadanos Anny Pérez, secretaria, Carmen Herrera, asistente de tribunal y Tulio Ávila, alguacil del tribunal, manifestaron la presunta conducta irregular de la Jueza sometida a procedimiento disciplinario. La IGT promovió como testigos a los ciudadanos Anny Pérez, Secretaria, Carmen Herrera, asistente de tribunal y Tulio Ávila, alguacil del tribunal, en su carácter de funcionarios adscritos al Tribunal a cargo de la jueza acusada, a objeto de ratificar los escritos consignados ante el Juez Rector de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes ciudadano Douglas Granadillo Perozo, los cuales no se evacuaron en la continuación de la audiencia oral y pública celebrada el día 9 de febrero de 2023, en virtud de que la IGT mediante diligencia presentada en fecha 3 de agosto 2021 informó al Tribunal Disciplinario lo siguiente "(..) he realizado las gestiones necesarias para lograr contactar a los ciudadanos Carmen Herrera de quien no obtuve datos para contactarla; Anny Pérez a quien no pude contactar (...) y Tulio Ávila quien fue contactado en el teléfono (...) siendo informado por éste que la ciudadana Carmen Herrera vive fuera de Venezuela, que no tiene interés en declarar en contra de la Jueza Lijia Cabrera, que además no tiene medios para trasladarse a Caracas. Luego de esa comunicación no ha sido posible contactaro nuevamente (...)". Con la finalidad de demostrar que la Jueza infringió la prohibición de ley que le instituciones financieras, de embargar cuentas de ahorros, el Órgano Investigador 1- Copia certificada del Acta de fecha 1° de marzo de 2007, debidamente suscrita por la Jueza acusada LIJIA CABRERA, (Folio 189 al 19, y vtos, pieza 1), en la cual se puede verificar la entrega de dos cheques por parte de la entidad financiera, de la cuenta de la ación de honorario. De La 2 de febrero de 2006. za sometida a proceso disciplinario: 11 página original (tal como se publicó) [Página 17] derechos consagrados en el artículo 62 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, actualmente contemplado en el artículo 77 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. En razón de lo anteriormente expuesto, y una vez valoradas las pruebas anteriores, es menester apuntar que la decisión que corresponda adoptar a este Tribunal Disciplinario Judicial, es tomada en atención a las pruebas que han sido aportadas al proceso, de artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal; así como de conformidad con el derecho, en virtud del principio iuris novit curia. II. Declaraciones previas: Visto que el ciudadano GENDRY GONZÁLEZ en su carácter de Defensor Público Metropalitana de Caracas, en Audiencia Oral y Pública de fecha 2 de febrero y 9 de febrero del año en curso, hizo referencia a la inejecutabilidad de la sentencia porque la jueza Dirección Ejecutiva de la Magistratura, y revisado exhaustivamente el expediente disciplinario constató que la jueza acusada en el escrito de descargo presentado ante esta Judicial por haberle sido otorgada una pensión por inhabilitación permanente desde el año 2014.según Resolución N.° 0001 de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura; así como la perención de conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, solicitando el archivo de las actuaciones y consecuentemente el sobreseimiento. Este TDJ pasa a pronunciarse respecto a estas defensas ejercidas por la jueza como punto previo. instancia aplica el criterio que se ha mantenido en sentencias anteriores siguiendo con los lineamientos establecidos por el Máximo Tribunal de la República, referidos a establecer la responsabilidad disciplinaria a los jueces en su expediente personal, independientemente 0111, TDJ-SD/2018-038, TDJ-SD-2022-33 de fechas 13 de junio de 2012, 25 de febrero de 2014, 15 de mayo de 2018 y 28 de noviembre de 2022 respectivamente). Es por ello que, este TDJ después de realizado el análisis y estudio de las actuaciones juez -que haya obtenido el beneficio de la jubilación, o renunciado o se le haya otorgado una pensión por incapacidad permanente en el transcurso del proceso disciplinario o goce del beneficio de jubilación- se declarará la responsabilidad disciplinaria aunque no sea ejecutable y se ordenará que dicha declaración sea agregada al expediente personal del juez o jueza para que forme parte de sus antecedentes administrativos máxima increpación ética posible, jurídicamente equivalente a, una sanción disciplinaria, sin que ello afecte la pensión otorgada, como en el presente caso de la ciudadana Lijia Margarita Cabrera Reyes. Así se decide. Respecto al punto del archivo de las actuaciones por haberse configurado la perención, es menester hacer un recorrido procesal de las actuaciones disciplinaria, Judicial y la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura. La denuncia fue presentada en fecha 19 de octubre (Inspectoría General de Tribunales) ordenó abrir de la investigación. La jueza febrero de 2008. Y el 10 de marzo de 2008, ordenó presentó ante la Inspectoría General de Tribunales sus El órgano investigador culminó su investigación contentivo de la acusación presentada ante Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Sistema Judicial el 28 de marzo de 2011 (folios 130 al 166, pieza 4). disposición transitoria de dicho Código, dando entrada a la causa el 10 de noviembre de 2011 (folio 171, pieza 4); y por decisión 516 del 07 de mayo de 2013 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la Oficina de Sustanciación prosiguió con la causa en el estado procesal en que se encontraba (citación a la jueza acusada). Ahora bien, respecto a la aplicabilidad de la figura procesal de la perención con la creación de la jurisdicción disciplinaria judicial adscrita al Poder Judicial y con el establecimiento de un procedimiento judicial para la tramitación de las causas disciplinarias contra los jueces, se abrió una clara distinción entre lo que es la potestad disciplinaria de la administración -entes administrativos- y la potestad disciplinaria ejercida por jueces especializados contra otros jueces, por lo que no es aplicable la analógica del artículo 64 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ya que al momento en que la jueza alegó la perención en el escrito de descargo presentado ante esta sede judicial en fecha 12 de mayo de 2015, no se encontraba en la etapa procesal correspondiente a un procedimiento administrativo (fase de investigación o en este caso en la fase de conocimiento de la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Sistema Judicial) sino en :etapa procesal de un procedimiento disciplinario judicial. La oportunidad procesal para alegar la perención del procedimiento disciplinario era desde inicio de la investigación hasta la presentación de la acusación (28 de marzo de 2011) ante la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Sistema Judicial por tratarse de un procedimiento disciplinario administrativo. Sin embargo, también es cierto que el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (2010) vigente para el momento en que ocurre la fase judicial en la presente causa, en su articulo 58 establece que "Ei Tribunal Disciplinario Judicial procurará dar término al establecé Disciplinario. Tribunal Disc artículo 68 presentare que hubiere que lo justifiquen, cuando el proceso disciplinario se encuentre en la fase de investigación, es decir, sólo Es por ello, que en esta caso en concreto, la solicitud de archivo de actuaciones alegado por la jueza acusada no es procedente, en virtud de que la investigación culminó mediante acusación contra la jueza Lijia Margarita Cabrera Reyes presentado ante la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Sistema Judicial, el cual fue remitido posteriormente a esta sede judicial por el órgano investigador. Asi se decide. III. De la resolución del fondo del presente asunto: Una vez efectuadas las consideraciones anteriores y con motivo de los: elementos presentes en el expediente, este TDJ pasa a pronunciarse sobre el mérito del asunto, en los siguientes términos: En referencia al primer hecho de no cumplir con el horario de trabajo establecido, se constató que: La IGT alegó "(..) que la jueza investigada, con su conducta atentó contra la respetabilidad del Poder Judicial comprometiendo la dignidad del cargo al no querer cumplir con el horario establecido.(.) que ella no realizaría el marcaje biométrico y que el control de asistencia seria llevado su jomada seria llevado por un libro de asistencia (...) asi como, (...) que ella no realizaría el marcaje biométrico y que el control de asistencia a su jornada de trabajo seríallevado por el Libro de Asistencia que lleva ese El abogado GENDRY GONZÁLEZ como Defensor Público de la jueza, expuso en la: continuación de la audiencia oral y pública que: "(..) En cuanto al marcaje biométrico argumentó, eso que el control de asistencia lo llevaba en el Tribunal a través del libro diario (...)". El ilícito disciplinario en el cual la IGT encuadró tal conducta, es el numeral 2 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial norma vigente para el momento de la comisión del hecho, actualmente establecido en el numeral 13 del artículo 29 del Código de Ética del Juez y Jueza Venezolana de 2015, que señala lo siguiente: Ley de Carrera Judicial. Artículo 40. Sin perjuicio de las responsabilidades penal debido proceso, por las causas siguientes: "(..) 2.- Cuando atenten contra la delitos, violen el Código de Ética Judicial, comprometan la dignidad del cargo o le hagan desmerecer en el concepto público (..)" Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Artícu/o 29. Son A los fines de desarrollar el contenido del tipo disciplinario sobre la "conducta impropia o noviembre de 2012, en el expediente N° AP61-D-2011-000073: cualidades convenientes entiende "Que se hace o sucede repetidamente". jueza se debe realizar un análisis del contexto de los hechos asi como de la trascendencia y los perjuicios derivados de tal actuacion (Vid sentencia N° TD I-SD-212-233 del diecisiete (17) de octubre de 2012, dictada por este Trbunal Disciplinario Judiclal). De ese modo, se excluye del referido tipo disciplinario la realización defectuosa, de cualquier acto procesal, sea de trámite o decisorio, toda vez que aunque el juez yere en alguno de los elementos del acto procesal, su proceder, aunque errado, se encuentra dentro del ejercicio de la función jurisdiccional. Además de que sea impropia, el tipo sancionatorio disciplinario bajo estudio exige, a las efectos de su adecuación típica, que la conducta del juez sea: (1) grave: en el entendido de que las consecuencias que genere la conducta sean de importante entidad, bien porque viole algún derecho de los intervinientes en el proceso o porque sea capaz de lesionar la imagen que del Poder tengan los ciudadanos; o (2) reiterada: que sea una conducta efectuada de manera repetida por el juez investigado. En ese orden de ideas, este Tribunal Disciplinario Judicial no comparte la calificación juridica propuesta por la Inspectoría General de Tribunales, puesto que, si bien es cierto que el juez denunciado si omitió motivar las medidas cautelares impuestas, ello no constituye una conducta impropia, sino en todo caso, un descuido en la realización de un acto del proceso, dado que erró en el cumplimiento de uno de los requisitos para la válida realización de un acto Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, consistente en Incurrir en retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos". Ahora bien, este TDJ pasa a revisar exhaustivamentel las actuaciones de la jueza acusada: En fecha 6 de junio de 2007, la jueza acusada libró Oficio 134-07 dirigido al Juez Rector de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, (folio 08, pieza 1) en los siguientes términos: oportunidad para informarle, que a partir del dia de ayer martes 05 de junio de de Asisfencia de la Jueza llevado en este Tribunal; decisión ésta tomada, en virtud de de 2007, la ciudadana jueza Lija Margarita Cabrera Reyes, recibió En fecha página original (tal como se publicó) [Página 18] En fecha 12 de junio de 2007, mediante ofici N.° 328-2007, la jeza Lijia Cabrera Reyes, recibió oficio emanado de la Rectoría de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes. (folio 10, pieza 1) mediante el cual se le indicó lo siguiente: "(...omissis...) y en atención al oficio N.° 134-07, de fecha 06 de junio del corriente año, emanado del despacho, mediante el cual hace referencia a su solicitud de obviar el Registro Biométrico de asistencia a sus labores, cumplo con recordarle que la relación que existe entre el Tribunal Supremo de Justicia y los. Jueces de las diferentes circunscripciones y jurisdicciones, es una relación laboral y que por lo tanto, todos los controles estabiecidos por el Tribunal Supremo de Justicia y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en lo que respecta al ámbito nacional o por la Rectoría de la respectiva Circunscripción Judicial y la Dirección Administrativa Regional en los diferentes estados, son de carácter obligatorio para el cumplimiento de sus labores, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (...) Es deber de esta Rectoria y de la Dirección Administrativa Regional el asegurar Judicial cumplan a cabalidad con la sagrada función que les fue encomendada (...) CAPITULO II, TITULO I eferente a los "Deberes y Derechos de los Jueces y de las "Artículo 31, Los jueces están obligados a cumplir un horario de trabajo de prohibiciones: ocho horas diarias cinco días de la semana, (negrillas y subrayado propio del (...) la jomada laboral dentro de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes texto). para el Tribunal que usted representa es de 8. 30 a.m a 4.30 p.m, es decir, su jornada laboral diaria es de 8 horas diarias , conforme a los establecido en la Ley Orgánica de Poder Judicial, horario que debe garantizarse la presencia del juez en su despacho, aunado al hecho de que 'administrativamente es necesario controlar el cumplimiento de la jornada efectiva laboral de los jueces para efecto del correspondiente pago de salario y cesta tickets, es por lo que, este órgano rector Asistencia." (resaltado propio del texto) En fecha 26 de de junio de 2007, se libró oficio N.° 371-2007, suscrito por el Juez Douglas Granadillo, Juez Rector de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes dirigido a la jueza acusada Lijia Cabrera Reyes, (folio 9, pieza 1 ) mediante el cual se le indicó lo siguiente: "(..) mediante el cual remite reposos médicos de fecha 02 y 23 de mayo del corriente. Al efecto, me permito recordare que de acuerdo a la circular, emanada de este Órgano Rector en fecha 04 de mayo de 2005, se le participó que la comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, acordó que el Juez que se encuentre de reposo deberá de formal previa realizar la convalidación del reposo. expedido par medico privado, ante el servicio Medico de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura o en su defecto por el Seguro Social o Medico Forense (..)" Revisadas las actas cursantes en el expediente disciplinario judicial, es menester para este TDJ traer a colación lo establecido en las normas que regulan el horario para los funcionarios judiciales que nos ocupan: Ley Orgánica del Poder Judicial. Articulo 31. Los jueces están obligados a cumplir un horario de trabajo de ocho horas diarias cinco dias a la semana. Los de la jurisdicción penal, en la fase de juicio, realizarán el debate en un sólo día. Si ello no fuere posible, continuará durante los días inmediatos siguientes que sean necesarios, hasta su conclusión. En virtud de lo expuesto, esta instancia judicial disciplinaria, considera que no están llenos impropia inadecuada, grave o reiterada en el ejercicio de sus funciones, ya que se juez o jueza despliegue una conducta contraria a los principios de ética, moral y buer por esta instancia judicial, en. la de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (2015) "realizar actos o incurre en detectados los incumplimientos injustificados durante la jornada de servicio". La conducta desplegada por la jueza acusada, al no querer cumplir con los sistemas de control de horarios, como el marcaje en el sistema biométrico, suplantando el referido control a través del libro diario para dejar constancia de su asistencia en la sede judicial -tal como lo expreso en el Oficio Nro. 134-07, de fecha 6 de junio (folio 8, pieza 1), contrariando lo establecido en todas las sedes de los tribunales para el mejor funcionamiento y control de la jornada de trabajo y, que como jueza de la República está obligada acatar y cumplir conformidad con los artículos 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin que sea causa referida sede del recinto tribunalicio" igualmente llegaría tarde a su jornada laboral para el incumplimiento del registro en el sistema biométrico; mayor aun su responsabilidad y deber y era cumplir con la orden impartida por el Juez Rector, no sólo para ella sino para, a todos los jueces de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, sede San Carlos. Por lo que este TDJ, estima que los jueces se deben fiel acatamiento del principio de legalidad de las formas en cuanto a que los operadores de justicia no tienen más facultades y deberes que las que están establecidas por la ley. Con motivo de lo anterior, estima este Tribunal que tal conducta desplegada por la Jueza acusada encuadra en el numeral 3 del artículo 28 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, por lo que se DECLARA la RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de la ciudadana LIJIA MARGARITA CABRERA REYES, titular de la cédula de identidad V- 9.536.301, en su condición de Jueza Titular del Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas en de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco, Lima Blanco, Falcón, Anzoátegui y el Pao, Ricaurte y Girardot de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, con Sede en hecho que se encuadró en el tipo disciplinario calificado jurídicamente por este Tribunal en audiencia en el numeral 3 del artículo 28 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, por lo que se impone la Sanción disciplinaria de susPENsióN. Así se declara. injustificadamente a la ejecución de medidas fijadas por el Tribunal, en 'fecha 8 de octubre .de 2007. La Jueza Lijia Margarita Cabrera Reyes, Jueza acusada señaló: "(..) Al respecto, debo en primer ligar, aclarar: Eso aconteció el día 8 de octubre de 2007 y no de junio como se afirma en el cuenta, (..) y siendo mi intención, legar en breve al lugar, que abril de constituirse el Tribunal, a fin de practicar una medida (...) estando en el banco de Venezuela (...) recibi una llamada telefónica en la cual me avisaron que mi padre de 94 años, (..) estaba grave hospitalizado (..) en la ciudad de la medida fijada para es dia(.) lo que corresponda era suspender el Despacho (...)". EL. abogado GENDRY GONZALEZ en su carácter de Defensor Público Provisorio Segundo con Competencia en Materia Contencioso Administrativa del Área Metropolitana de Caracas de la jueza, expuso en la continuación de la audiencia oral y pública que: ".).En cuanto a la denuncia que se encontraba en un banco, ciertamente paso el día 08 pero no de octubre de parte de la oficina administrativa, que se le exigla una apertura de una cuenta bancaria, lo cual fue recibió una llamada que le informaron que su padre estaba grave de salud, donde inmediatamente hizo una llamada a la secretaria y suspendiera la medida pautada para ese dia (...)". El ilícito disciplinario en el cual la IGT encuadró tal conducta, es el numeral 2 del artículo 40 actualmente establecido en el numeral 13 del artículo 29 del Código de Ética del Juez y Jueza Venezolana de 2015, que señala lo siguiente: Ley de Carrera Judicial. Articulo 40. Sin perjuicio de las responsabilidades penal y civil a que hubiere lugar, los jueces serán destituidos de sus cargos, previo el debido proceso, por las causas siguientes: "(...) 2.- Cuando atenten contra la respetabilidad del Poder Judicial, o cometan hechos graves que, sin constituir delitos, violen el Código de Ética Judicial, comprometan la dignidad del cargo o le hagan desmerecer en el concepto público (...) Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Articulo 29. Son causales de destitución: "(..) 13.- Conducta impropia o inadecuada, grave o reiterada en el ejercicio de sus funciones (..)" Esta instancia judicial, toma en consideración el mismo criterio planteado sobre el 'ilícito disciplinario conducta impropia o inadecuada, grave o reiterada en el ejercicio de sus funciónes en el primer hecho, y pasa a revisar exhaustivamente las actuaciones de la ciudadana Jueza acusada: En fecha 2 de octubre de 2007, la Jueza acusada dicto auto (folio 32 pieza 2) mediante el cual acordó:" (...) PRIMERO: Agregar la a la comisión N.° 455/07, y atender el pedimento planteado. SEGUNDO: Fijar el día Lunes 08-10-07 a las 9:30 de la mañana para la ejecución de la presente medida de Embargo Preventivo. TERCERO: librar los oficios conducentes a los organismos policiales para que presten el apoyo y custodia al Tribunal (..)." (resaltado propio del texto) En fecha 8 de octubre de 2007, la Jueza acusada dictó auto (folio 36 y 38, pieza N°2) mediante el cual acordó lo siguiente: "(..) Por cuanto en el día de hoy a las 9.30 a.m. se tenla como fecha fijada para dar continuidad a la Ejecución de la Medida Provisional de Embargo iniciada en Ejecución de la presente medida pautada para este dia en virtud de tener que asistir a una entidad bancaria efectuar tramites (sic) administrativos; en consecuencia, este Tribunal para dar cumplimiento a dicha ejecución de medida, ordena se fije (sic) fecha para otra oportunidad previa solicitud de la parte interesada. (...)" Riela al folio 38 y vito, pieza 2 del presente expediente, copia certificada del diario correspondiente al día 8 de octubre de 2007, del Juzgado a cargo de la jueza el cual reza el siguiente tenor: "(... omisis.... "(..) 1.-° Día lunes ocho (08) de octubre de dos mil siete (2007), se apertura6 la despacho. 2°.- Para la presente fecha dictó auto difiriendo la Ejecución de la Medida ordenes impartidas por la cludadana Jueza en virtud de tener que asistir a una 、 Tribunal para dar cumplimiento a dicha medida ordena fijar fecha para otra actora, al perito (...) y al Depositario Judicial (...), notificándoles el diferimiento de dicha medida, dicho llamamiento fue efectuado telefónicamenfe.- 3º.- A las 11.45 de la mañana se recibió la visita en este Tribunal del Juez Cojedes y del Jefe de los Servicios Judiciales Región Cojedes. quienes preguntas de rigor las cuales las cuales la secretaría respondió (...) 4°.- Se recibió la visita del jefe de los Servicios Judiciales a las 4:30 de la tarde a objeto de verificar medlante Inspección el cumplimiento del horario labores habituales, haciendo las observaciones pertinentes, (..)" (resaltado propio de este TDJ) En fecha 15 de agosto de 2007, la Dirección Administrativa Regional del estado Cojedes, División. de Servicios al Personal libró oficio N.° COJ-DSP 378/2007 dirigido la Lic. Norcis Muñoz, Gerente del Banco de Venezuela, de la Agencia de San Carlos, en el cual reza del siguiente tenor: " San Carlos, 15 de Agosto de 2007. Ciudadana: Lic. Norcis Muñoz Gerente Banco de Venezuela agencia San Carlos.- Me dirijo a usted en la oportunidad de solicitar de su valiosa colaboración en el sentido de efectuar cambio de cuenta nómina del Apellidos y Nombres 9.536.301 CABRERA REYES, LIJIA MARGARITA Revisado el expediente se verifico que no se encuentra ninguna prueba documental 'en copia simple o certificada de un Oficio suscrito por el juez rector o emitido de la agencia bancaria, en la cual se le haya indicado a la Jueza acusada que debía presentarse el día 8 de octubre de 2007 a la agencia bancaria, tal como lo alegó la jueza en su escrito de descargo, en el que indicó lo siguiente:"(..) Si, ciertamente, recibe comunicación signada COJ- DPS3789-2007, de parte de la oficina Administrativa, en la cual se me exigía acudir al Banco de Venezueía a objeto de abrir una nueva cuenta y muy temprano fui a ello, mientras esperaba que abrieran el Banco y siendo mi intención, llegar en breve al lugar, donde abria de constituirse el Tribunal. (..). hable con la secretaria, para recordare que estaba en 'el banco (..) se trasladará al lugar de la medida en donde yo me haria presente, a fin de constituir el Tribunal. Estando en el banca de Venezuela, recibe una llamada telefónica en la cual me avisaron que mi padr o (..) estaba grave hospitalizado (... llame nuevamente a la secretaria del Tribunal, le pedi que avisara a la oficina Administrativa que no podía abrir la cuenta (..) y le pedi que difiriera la medida fijada para ese dla página original (tal como se publicó) [Página 19] (.) lo que correspondía era suspendida era suspender el despacho. Lame también a los abogados texto). Revisadas las actas del expediente disciplinario judicial, es menester para este TDJ traer a colación lo establecido en las normas contenidas en nuestro Código de Procedimiento Civil "Articulo 195° Los Tribunales harán saber al público, a primera hora, por medio de que nos ocupan: una tablilla o aviso, el día en que dispongan por causa justificada no despachar, y el Secretario dejará constancia de ello en el Libro Diario, como lo prevé el articulo 113. Artículo 196° Los términos o lapsos para el cumplimiento de los actos procesales son aquellos expresamente establecidos por la ley; el Juez solamente podrá fijar los Articulo 197° Los términos o lapsos procesales se computarán por días calendarios cuando la ley lo autorice para ello. consecutivos, excepto los lapsos de pruebas, en los cuales no se computarán los la apertura del lapso. Articulo 199° Los términos o lapsos de años o meses se compufarán desde el día a la del acto, del año o mes que corresponda para completar el número del lapso. El lapso que, según la regla anterior, debiera cumplirse en un día de que carezca el mes se entenderá vencido el último de ese mes". los parámetros para que se configure el ilícito disciplinario de conducta impropia o juez o jueza despliegue una conducta contraria a los principios de ética, moral y buenas costumbres, entendiendo por tales, aquellas conductas que sean ajenas al ejercicio de la función jurisdiccional; revisado el hecho que nos ocupa se puede verificar que se encuentra enmarcado dentro de sus funciones, competencias y deberes jurisdiccionales, es por ello que este TDJ, desestima la calificación dada por la IGT en su acto conclusivo, y pasa a pronunciarse respecto a la calificación jurídica dada por esta instancia judicial, en la audiencia oral y pública, hecho ilícito encuadrado en el numeral 3 del artículo 27 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (2015) "Incumplir con el deber de dar audiencia o despacho, salvo causa justificada, caso fortuito o de fuerza mayor". Este TDJ estima que unos de los principios fundamentales establecidos nuestro nuestra ley, entendiendo que el referido principio, exhorta a todos los jueces a conducirse con lealtad, rectitud y verdad, caso contrario de lo que realmente hizo la jueza al diferir la ejecución de la medida tal como consta en el libro diario de fecha 8 de octubre de 2007 y el auto igualmente de la misma fecha. Con tal conducta impartida por la jueza acusada, en no cumplir con su deber como de juezas deben realizar sus funciones con eficiencia, teniendo en cuenta para ello lo establecido Constitución de la República, leyes, reglamentos, providencias, circulares e instrucciones. Los jueces y juezas cumplirán con el horario establecido; deberán vigilar, conservar y proteger los documentos y bienes confiados a su guarda, uso o administración; despacharán en las sedes del recinto Judicial, salvo las excepciones establecidas en la ley; Informarán cuando no hubiere despacho, audiencia o secretaría; (..." Este Tribunal considera, de conformidad con las apreciaciones expuestas, que la conducta la comunicación Oficio N.° COJ-DSP 378/2007 de fecha 15 de agosto de 2007 emanada de la Dirección Administrativa Regional del estado Cojedes, División de Servicios al Personal, dirigido a la Gerente de Banco de Venezuela, en la que señala que la precitada jueza debía asistir a realizar el cambio de cuenta nomina a la referida agencia bancaria, se constata que en dicho oficio no indica una fecha cierta para realizar el trámite, es decir, que la jueza podría asistir a la misma, en cualquier momento, cuando no tuviere pautada la fijación de una ejecución de medida como la previamente fijada el 2 de octubre de 2007, mediante auto el cual acordó día Lunes 08-10-07 a las 9:30 de la mañana. . (folio 32 pieza 2) Con motivo de lo anterior, estima este Tribunal que tal conducta desplegada por la Jueza acusada encuadra en el numeral 3 del artículo 27 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, por los que Se DECLARA la RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de la ciudadana LIJIA MARGARITA CABRERA REYES, por el hecho de dejar de asistir injustificadamente a la ejecución de medidas fijadas por su Tribunal, hecho que se encuadró en el tipo disciplinario calificado jurídicamente por este Tribunal en el numeral 3 del artículo 27 de Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, por lo que se impone la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN. Así se declara. En cuanto al tercer hecho en que la jueza acusada presuntamente transgredió y maltrato al personal de su tribunal; la Jueza Lijia Margarita Cabrera Reyes, señaló en su escrito de descargo: "(...omissis...) que al parecer mi persona habria incurrido en situaciones de hecho en contra del personal, al insultarlos de viva voz, mediante gritos, adjudicándoles epitetos despectivos y atacándolos moralmente mediante violencia psicológica, amenazas de destitución y obligar los a realizar diferente a aquellas para que fueron contratados (...) (omissis) (...) en relación al contenido de la correspondencia suscrita por los ciudadanos (...) niego, rechazo y contradigo en odas y cada una de sus partes, las infamantes, temerarias, desconsideradas e injusta manifestaciones (...) no me alejo del carácter institucional, obliglándolos a cumplir funciones ajenas a sus cargos, (..) no es verdad que diariamente efectúen actividades personales como atender a mi niña , en calidad de niñeros, lavar mi vehiculo, realizar para mi operaciones bancarias, tanto en banco como por Internet(...) (omissis) (...) No es verdad que realice, llamadas indefinida desde el Tribunal (...) elaboren las tesis de Grado, yo las reviso y calificó (..) No es verdad que hayan realizado ninguna tareas de limpieza del tribunal (...) No es verdad que le hayan realizado cambio de pañal a la niña, mi hija. (...) No es cierto que los empleados del Tribunal,llevaran a mi niña de paseo fuera del tribunal (...) es falso que les haya obligado a escuchar comentarios inapropiados y groseros (...) es falso que haya yo practicado hostigamiento y amenazas de destitución, les haya proferido gritos, posea yo mal humor (...)" EL abogado GENDRY GONZÁLEZ en su carácter de Defensor Público Provisorio Segundo con Competencia en Materia Contencioso Administrativa del Área Metropolitana de Caracas de la jueza, manifestó en la continuación de la audiencia oral y pública que: "(..... en cuanto a la relación de entrevista al parsonal, ella niega y rechaza, esos argumentos esgrimidos por su personal ya que en ningún momento ella realizaba esos actos de lo que se refiere abuso de autoridad. Esta Defensa Pública agrega (..): El ilícito disciplinario en el cual la IGT encuadró tal conducta, es el numeral 2 del artículo 40 Jueza Venezolana de 2015, que señala lo siguiente: Ley de Carrera Judicial. serán destituidos de sus cargos, previo el debido proceso, por las causas siguientes: "(..) 2. - Cuando atenten contra la respetabilidad del Poder Judicial, o cometan hechos graves que, sin constituir delitos, violen el Código de Ética Judicial, comprometan la dignidad del cargo o le hagan desmerecer en el concepto público (..)" Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Artículo 29. Son causales de destitución: "(..) 13.- Conducta impropia o Inadecuada, grave o reiterada en el ejercicio de sus funciones (...)" Esta instancia judicial, toma en consideración el criterio del ilícito disciplinario conducta impropia o inadecuada grave o reiterada en el ejercicio de sus funciones planteado en el primer hecho, y pasa a revisar exhaustivamente las actuaciones de la ciudadana Jueza acusada: En fecha 8 de octubre de 2007, los ciudadanos Abog. Anny Pérez, la secretaria, Abog. Carmen Herrera, asistente de tribunal; y Tulio Ávila, alguacil; consignaron escrito ante el Juez Rector de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes (Folio 77 al 78, Pieza 1) mediante el cual se le indicó lo siguiente:- "(..) como nuestro superior jerárquico en la oportunidad de exponer la problemática por la cual actualmente atravesamos, Abog. Anny Pérez, la Secretaria, Abog. Carmen Herrera, Asistente de Tribunal; y Tulio Ávila, Alguacil; del Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de esta Circunscripción Judicial, la cual ya en reiteradas oportunidades hemos hecho del conocimiento a la-abogada Lijia Margarita Cabrera Reyes, juez de dicho tribunal, dicha problemática es la siguiente: el ambiente de trabajo se aleja del carácter institucional cuando la jueza a efectuar sus involucrándolos e inventando jamás vista profesional, labora y personal (...). POR ULTIMO SOLICITAMOs ANTE SU DIGNA AUTORIDAD CONSIDERE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO PARA QUE SE TOMEN LOS CORRECTIVOS PERTINENTES ANTE LA FALTA DE RESPETO POR PARTE DE LA JUEZA, y poder asI garantizar nuestra estabilidad texto) Riela en el folio 79 al 83, de la pieza 1, escrito de la ciudadana Carmen Herrera,en su condición de asistente del tribunal, dirigido al ciudadano DOUGLAS ARECIO GRANADILLO PEROzO, Juez Rector de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes en fecha 8 de octubre de 2007, en el cual expone lo siguiente: "(..) me dijo a usted en la oportunidad de hacer de su conocimiento como nuestro superior jerárquico de esta honorable Institución de la problemática por la 7 cual he venido sobrellevando en el Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de conocimiento a la Abogada Lijia Margarita Cabrera Reyes Jueza de dicho 8V1 Tribunal, por lo que recurso ante de su digna investidura: LOS HECHOS (...) Motivado a ello le hago conocer las múltiples situaciones en que se incurre dicha funcionaria de alto nivel jerárquico. A.- ACOSO LABORAL: he sido objeto de varias amenazas de Destiftución fundadas para elos. Me ordena no tratar con el personal de otros Tribunales, incluso hasta fuera de mi horario de trabajo, bajo la amenaza de destitución (...). B.- ABUSO DE AUTORIDAD: Me he ordenado, constantemente a realizar actividades que no son de mi competencia laboral, que solo le corresponde a ella puesto que son actividades personales y privadas (...). C.- PERTURBACIÓN PSICOLÓGICA, Y DANO MORAL: hace comentarios de luego inventan situaciones jamás sucedidas, haciendo entender que fuimos algunos de nosotros quienes ventilan su vida persanal. Hace malos comentarios de otros compañeros de labores y jueces, donde ella ha manifestado no importarle que se lo digas (...) D.- FALTA DE RESPETO GRAVE: (..) Participó que el dla viernes 05 de octubre del presente año, se sostuvo una reunión de personal con la Jueza a los fines de poner finiquito a toda esa situación que se ha venido desencadenando la jueza, donde una vez más se le pidió un ambiente de trabajo de respeto dentro y fuera del despacho, para lo cual la Jueza se alteró de una forma desmedida (prostituta) que me desacreditan como ser humano, diciéndome esto delante de mis compañeros de trabajo (...) DEL PETITORIO compañeros de trabajos, situación que es falsa ya que cada uno de nosotros tenemos un expediente laboral impecable (.) QUE SE TOMEN. LOS CORRECTIVOS PERTINENTES ANTE LA FALTA DE RESPETO POR PARTE DE LA JUEZA (..)" ( Resaltado propio del Texto ) Riela al folio 84 al 86 de la pieza 1, escrito presentado por la ciudadana, la abog. Anny Julieta Pérez Barrios, en su carácter de Secretaria dirigido al ciudadano Rector del estado Cojedes en fecha 8 de octubre de 2007, en el cual expone lo siguiente: "(...) LOS HECHOS Desde el mismo momento que ingrese al cargo de Secretaria en dicho Juzgado, he sido continuamente, sistemática y progresivamente, irrespetada, ofendida, maltratada verbalmente y psicológicamente por la ciudadana Jueza del Tribunal DRA LIJIA CABRERA, quien me ha tratado de manera grosera con palabras inapropiadas y con gritos en el momento menos esperado (...) cuidarle página original (tal como se publicó) [Página 20] a su hija mientras ella sale de las instalaciones del trbunaln ace comentarios aperturar el despacho(...) DEL PETITORIO Se puede presumir en lo siguiente: inmediato me ordena la realización de actividades, que están fuera de mis ocupaciones, obligaciones, yo funciones (...) como "chismosa" 3) Acoso Laboral: En razón de que constantemente me amenaza con la perdida "reposera" lleva y trae" (...) de mi cargo, me prohibe que tenga contactos con otros funcionarios, y que si (..) solicito ante su honorable investidura se actué en consecuencia y se tomen las medidas necesarias (...)" clima de desunión dentro del tribunal, puesto que se ha dado la tarea de emitir comentarios y descalíficar RESPETO DEL CASO, SOLICITO ANTE SU DIGNA AUTORIDAD CONSIDERE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO PARA QUE SE TOMEN LOS CORRECTIVOS PERTINENTES." (Resaltado propio del Texto) Riela al folio 4 al 7 de la pieza 2, del presente expediente acta de entrevista realizada por la IGT, en el cual los ciudadanos funcionarios adscritos al juzgado de la Jueza acusada, ratificaron el contenido de los escritos presentados en su oportunidad antes el Juez Rector de la Circunscripción del estado Cojedes, el cual reza el siguiente tenor: " (omissis). (..) En San Carlos Estado Cojedes, a los Veintisiete (27) Días del mes de Marzo de 2008, siendo las 10: 17 a.m. en el Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos, Rómulo Gallegos, . Tinaco y Lima Blanco, Falcón, Cojedes, (..) se constituyó el abogado Julio Muñoz, en su carácter de Inspector de (omissis). al personal que suscribe el informe remitido en fecha 08-10-2007 al Juez Rector de expone: Ávila, quien expone: "Ratifico en cada una de sus partes lo dicho en el escrito que es todo. Requerida la presencia de la Secretaria el inspector circunstancia ante la cual procedió a ubicarla telefónicamenfe ante el mencionado puntos señalados, los asuntos de carácter personal de la ciudadana Jueza Lijia Cabrera en nada me interesan por no tener injerencia alguna en ellos, mas sin embargo el abuso de autoridad, el maltrato psicológico, daño moral y los señalados con detalles en la denuncia , se mantuvieron aun de haber intentado intentado múltiples reuniones con su persona y todo el personal adscrito en el juzgado, necesariamente la Jueza creo un clima de trabajo insostenible, hasta el punto de tener que yo soportar agresiones verbales, psicológicas, entre otras (...)". Visto lo anterior, y luego de la revisión exhaustiva de las actuaciones del presente expediente, y en estricta atención a la diligencia suscrita por el órgano investigador (folio 287, pieza 5) en el cual no su pudo evacuar las testimoniales como único medio probatorio para ratificar los contenidos las pruebas documentales de los escritos de los ciudadanos Anny Pérez, Secretaria, Carmen Herrera, asistente de tribunal y Tulio Ávila, alguacil funciónarios judiciales adscritos al Tribunal de la juéza acusada, dirigidos al Juez Rector de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en los que señalaban los presuntos hechos acusados. Tomando en cuenta que el acta de Investigación emitida por la IGT es un documento administrativo, y que de conformidad con la sentencia N.° 209 del 16/05/2033 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que señaló que las actas se valoran como documento administrativo cuyo contenido se considera fidedignos al no ser desvirtuados por la contraparte, debemos advertir que el contenido de las entrevistas realizadas por el Inspector Comisionado se limitó a que los funcionarios judiciales ratificaran el contenido de sus escritos, y no se realizó ningún tipo de preguntas por parte del Inspector que De esta manera, esta órgano judicial no pudo constatar, por falta de prueba, que la jueza Carmen Herrera, asistente de tribunal; y Tulio Ávila, alguacil, funcionarios judiciales que laboraron en el Tribunal a cargo de la jueza, toda vez'que las pruebas aportadas no son' lo suficientemente contundentes para generar en este Tribunal una certeza de la existencia o no de los hechos acusados. Es por ello que este Tribunal, concluye que no existen elementos de convicción suficientes presuntas irregularidades en que incurrió la jueza acusada, ni tampoco existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos al proceso disciplinario por haber el SOBRESEIMIENTO DE LA considera PROCEDENTEdecretar Judicial INVESTIGACIÓN para el presente hecho, de conformidad con el numeral 5 del artículo.71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Así se declara. Financieras. la subsanación , lo que hizo el comitente y devolvió las cantidades por mi embargada. (...)" El lícito disciplinario en el cual la IGT encuadró tal conducta, es el numeral 11 del artículo 40 de ley de Carrera Judicial norma vigente para el momento de la comisión del hecho, actualmente establecido en el numeral 24 del artículo 29 del Código de Ética del Juez y Jueza Venezolana de 2015, que señala lo siguiente: Ley de Carrera Judicial. Artículo 40. Sin perjuicio de las responsabilidades penal y civil a que hubiere lugar, los jueces serán destituidos de sus cargos, previo el debido proceso, por las causas siguientes: "(..)11.- Cuando infrinjan las prohibiciones o deberes que les establecen las leyes (...)" Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Artículo 29. Son causales de destitución: "(...) 24.- Incurrir en retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de estos; siempre que con ellos se menoscaben derechos o garantías fundamentales en el marco de la tutela judicial efectiva. (...)" En este orden de ideas, vista la acusación formulada por la Inspectoría General de Tribunales y el alegato sobre la tipificación del hecho alegado por la Jueza sometida a contenido de la causal de descuido injustificado que se atribuye, para lo cual pasa a citar el contenido de la decisión TDJ-SD-2015-052 de fecha 12 de agosto de 2015, emitida por este Tribunal en la cual se definió el tipo disciplinario de la siguiente manera: "Con relación af contenido y alcance del Illcito "descuido injustificado" atribuido al Juez" procedencia términos: los siguientes un.criterio circunstancia que revela un descuido injustificado vulneró que 2), en los siguientes términos: veentnceve "(...omissis..) EN SU NOMBRE JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS SAN CARLOS Y RÓMULO GALLEGOS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES.- A CUALQUIER JUEZ COMPETENTE DE LA REPÚBLICA DONDE SE ENCUENTREN BIENES, MUEBLES E INMUEBLES DEL DEMANDADOL..) Que el Juicio por Cobro de bolívares (intimación), seguido por ante este Tribunal por el ciudadano (.), asistido por el abogado (...), contra el ciudadano, se ha ordenado librarle el presente exhorto comisionándolo amplia y suficientemente para practicar la ejecución forzosa de la sentencia dictada por este Tribunal, en fecha 18 de abril de 2005, en la cantidad de (.), que comprende el monto de la demanda Indexado por la excrementicia establecido en el articulo 527 del Código de Procedimiento Civil la Medida de Embargo Procesales calculadas 6.771.378,00) devolverto prudencialmente Que una vez 2007, el Juzgado que preside la jueza acusada, dictó auto (folio I se orden a través del Abogado ó: "(..). Por recibida la anterior undo Ejecutor de Medidas, mediante el presente Auto acuerda: 57, pieza 2)., onsecuencia, se acuerda el traslado y constitución del Tribunal , ordenada por el Juzgado comitente. (..)" (Resaltado propio en el lugar DE EMBARGO 007, la ciudadana jueza acusada, suscribió auto ( folio 59, pieza del texto) :"(..) Vista la diligencia suscrita por la Apoderada Judicial cde la parto IRAN, IPSA N.° 21. 194, este: Tribunal mediante el presente auto acuerda n y en consecuencia se fija el traslado y constitución del Tribunal para e! de Despacho a los fines de practicar la Medida Innominada, que se 60 al 63, pieza 2). mediante el cual procedió a: En fecha 1 En horas 27 página original (tal como se publicó) [Página 21] Abogado (.) contra el ciddano (..). Constifudo este Tribunal por la Jueza Municipio (.. fuimos atendidos por la ciudadana MARIA COROMOTO DIAZ RODRIGUEz( .) en su carácter de gerente de dicha entidad (..) se solicita a la gerente del banco se sirva confirmar la información suministrada por el abogado actor para proceder a decretar el Embargo respectivo, seguidamente la Gerente del Banco solicitó un tiempo prudencial para comunicarse con el Departamento de Asesor la Legal para recibir los lineamientos a seguir (...) la gerente verifica la llamada telefónica el Asesor Legal del Banco (...) la Jueza titular ordena la emisión del cheque de gerencia a nombre del Juzgado del Municipio. (...) la gerente. del banco antes señalada, entrega un cheque para pagar a nombre del Juz. Mcpio San Carlos y Rómulo Gallegos N.° 11366604 con fecha 01 de marzo de 2007, por la cantidad de (BS. 6.270.074, 06) y se debitarán de la cuenta de ahorros N.° 3101225509 del cludadano (..), quien es su titular; otro cheque cuyobeneficiario es el Juez de Municipio por la cantidad (BS: 408.289,66) (...) que se gerencia del banco caribe, la juez en este estado verifica la entrega de los cheques y este Tribunal recibe conforme y procede a dejar embargado la cantidad virtud de que la cantidad embargada, es casi la totalidad de lo ordenado y por. considerar irrelevante ejecutar una mínima diferencia declaro no reservarme el derecho a seguir embargando y dar por terminado este pedimento (...)" En fecha 2 de marzo de 2007, se dictó auto suscrito (folio 64 pieza 2). por la jueza acusada, en los siguientes términos: "(...) Cumplida como ha sido la anterior comisión, se acuerda devolver la al Juzgado Comitente, en forma original con sus resultas. Líbrese oficio (...)" En fecha 2 de marzo de 2021, ciudadana María Coromoto Diaz Rodríguez, en su carácte de gerente del Banco Caribe, presentó escrito ante el Tribunal comitente juez de los Cojedes, (folio 194 al 195 pieza 1).en los siguientes términos: "(...) MARIA COROMOTO DIAZ RODRIGUEZ, (...), quien actúa en éste acto en mi condición de Gerente de la agencia del Banco del Caribe, C.A., Banco Universal, (..) ante usted con el debido respeto acudo a exponer. En fecha 01 de marzo del año en curso se trasladó y se constituyó en la Oficina de la Gerencia de la Agencia del Banco Caribe, C.A. Banco Universal, el Jugado Segundo suplente (..) con la misión de practicar la medida de embargo ejecutiva que fuera. la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, con motivo del procedimiento Judicial de cobro de bolivares (...) medida ésta que procedió a ejecutarse sobre las cantidades de dinero depositados en las cuentas corrientes 310039655 y de ahorro número 3101225509, abiertas en el Banco Caribe, C.A(...). número El caso es Ciudadano Juez, que en ese acto, el Tribunal no accedió a mi petición, en mi condición de Gerente de la entidad Bancaria, en dejar constancia en el acta en atención con lo dispuesto en el Artículo 27 de la vigente Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 3.09 ejusdem, que regula la protección de las cuentas de ahorros, al establecerse en esos artículos de la citada Ley, que son inembargables los depósitos en naturales(..) señalo al tribunal sobre el contenido de esas disposiciones (...)" (Negrillas del texto). En fecha 5 de marzo de 2007, la parte demandada en el juicio por Intimación de Honorarios Profesionales, presentó escrito ante el Juez comitente Vicente Aponte de los Jugado Segundo Ejecutor de Medidas. (folio 197 al 198 pieza 1) . En fecha 22 de marzo de 2007, el Juez Comitente Vicente Aponte del Juzgado de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes ( folios 234 al 243, pieza 1) dictó sentencia mediante el cual reza el siguiente tenor: " (...omissis...)) Del análisis efectuado a las actuaciones practicadas por el Juzgado Ejecutor es suficientemente identificada en las actas, aperturada en el Banco del Caribe C.A., suministrada por la Gerente de la mencionada entidad financiera, ubicada en la ciudad de San Carlos, estado Cojedes. Ahora bien, observa este Tribunal que atención a lo dispuesto por el artículo 27 del DECRETO CON FUERZA DE LEY DE REFORMA DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, que textualmente prevé: ".. Los depósitos en cuentas de ahorros de las personas naturales son Garantía de Depósitos y Protección Bancaria, salvo en los Juicios de pensión de alimentos, o de divorcio y liquidación de la sociedad conyugal de gananciales..) De lo antes citado lo procedente es suspender la ejecución y levantar la medida de embargo ejecutivo decretada en fecha 24 de febrero de 2006 practicada por el Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos, Rómulo Gallegos, Tinaco, Falcón, Anzoátegui, El Pao de San Juan Bautista y Lima Blanco, de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes. TERCERO SEGUNDO: Se declara la suspensión de la ejecución del Decreto de Embargo de fecha 24 de febrero de 2006, solamente sobre la cuenta de ahorro, suficientemente identificada en autos (...)".(negrillas y resaltados propios del texto). En el presente caso, nos encontramos ante el supuesto de descuido injustificado en el que incurió la jueza -como juez comisionada- al desconocer el contenido establecido en la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financiaras en su artículo 27 que reza: "Los depósitos en cuentas de ahorro de las personas naturales son inembargables Protección Bancaria, salvo en los juicios de pensión de alimentos, o de divorcio y liquidación de la socledad conyugal de gananciales. Los menores de edad, mayores de catorce (14) años no emancipados, podrán movilizar sus cuentas de ahorro, previa autorización dada por escrito, de sus exigir información sobre la movilización de la cuenta por parte de su representado, así como revocar la autorización dada". Es de notar, que la propia jueza acusada señaló en su escrito de alegatos: "(..) ue ella 14 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana: "Los Jueces deben mantener un rendimiento satisfactorio, garantizando su idoneidad, excelencia, eficacia de acuerdo con los parámetros establecidos, publicados y exigidos por el Tribunal Supremo de Justicia". verificó el este tribunal, que vistas las actuaciones ciertamente se Observa desconocimiento de la norma parte de la Jueza acusada, al momento de practicar la ejecución de la medida al practicar el embargo preventivo de las cuentas de ahorros, ta como sucedió el día 1 de marzo de 207 -al momento de ejecutar el embargo- cuando la pertenecientes al ejecutado. jueces se encuentran obligados a aplicar las normas respectivas si no han sido invocada ejecutar una medida de embargo sobre cuentas de ahorro. Por lo que se circunscribe que la decisión tomada por la Jueza acusada al momento de practicar la Medida de embargo sin tener conocimiento alguno que la misma ley señala una excepción taxativa sobre la inembargabilidad de cuentas de ahorros, es una conducta descuidada e injustificada no cónsona con sus funciones y facultades en materia de ejecución de medidas, que vulnera los derechos del ejecutante. Por las apreciaciones expuestas, este TDJ estima que el actuar de la Jueza acusada -er este caso en particular- constituye un descuido injustificado por el hecho de habe embargado la cuenta de ahorro de la parte demandada. A tal efecto, quienes suscriben la un ilícito disciplinario, y en consecuencia se DECLARA LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la ciudadana LIJIA MARGARITA CABRERA REYES, por el hecho imputado por la IGT, de conformidad con el numeral 11 del articulo 40, de la Ley De Carrera Judicial, norma vigente para el momento de la comisión del hecho, ilícito contenido en el numeral 23 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana; actualmente establecido en el numeral 24 del artículo 29 del Código de Ética del Juez y Jueza Venezolana de 2015, que da lugar a la sanción disciplinaria de DESTITUCION. Asi se decide, V DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, bajo ponencia de la ciudadana Jueza Jacqueline Sosa Mariño, aprobada de manera unánime, decide: MARGARITA CABRERA REYES, titular de la cédula de identidad N° Vcondición de Jueza dal Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de los Carios y Rómulo Gallegos, Tinaco Lima Blanco, Falcón, Anzoátegui y sido otorgada una pensión por inhabilitación permanente desde el iaño 2014, Resolución N.º 001 de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura; asi como la perención de solicitando el archivo de las actuaciones y consecuentemente el sobreseimiento. SEGUNDO: Se DECLARA la RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA JUDICIAL a la cludadana LIJIA MARGARITA CABRERA REYES, antes identificada, por el hecho de incumplir reiteradamente el horario de trabajo sin causa justificada, hecho que encuadra en el tipo disciplinario, previsto en el numeral 3 del artículo 28 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015, por lo que se impone la sanción de SUSPENSIÓN. TERCERO: Se DECLARA la RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA JUDICIAL a la ciudadana LIJIA MARGARITA CABRERA REYES, antes Identificada, por el hecho de incumplir reiteradamente el horario de trabajo sin causa justificada, hecho que encuadra en el tipo disciplinario, previsto en el numeral 2 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, subsumidos por Inspectoría en su escrito de Acusación en el ilícito contenido en el numeral 3 del artículo 27 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana 2015, por lo que se debe imponer la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN. CUARTO: Se decreta el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida la ciudadana ciudadana LIJIA MARGARITA CABRERA REYES, antes Identificada, en virtud que no existen elementos de convicción suficientes para que fundadamente se le pueda atribuir la sanción presentada por el órgano investigador por las presuntas irregularidades en que incurrió la jueza acusada, ni tampoco existe o no razonablemente la posibilidad de correspondientes, de conformidad con el primer supuesto del numeral 5 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015. Se DECLARA la RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA JUDICIAL a la QUINTO: ciudadana LIJIA MARGARITA CABRERA REYES, antes identificada, por el hecho que incurrió en infracciones de ley al embargar la cuenta de ahorro de la parte embargada y en consecuencia se DECLARA LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la ciudadana LIGIA MARGARITA CABRERA REYES, por el hecho imputado por la IGT, en el numeral 24 del artículo 29 del Código de Ética del Juez y Jueza Venezolana de 2015, que da lugar a la sanción disciplinaria de DESTITUCION. exigiría el numeral 2 del artículo 92 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana implicada en las sanciones de suspensión y destitución, como consecuencia de la actual condición de pensionada por inhabilitación permanente desde 2014 según Magistratura para la ejecución de la sentencia a los fines de que se agregada a su expediente administrativo personal para que forme parte de sus antecedentes administrativos página original (tal como se publicó) [Página 22] Regístrese y publíquese la presente decisión. Constitucional del Tribunal Supremo de Justici n fecha 4 de febrero de 2016. República Bolvriana de Venezuela, a los aleazal2 Años _2.92_de la Independencia y 6_de la Federación. HERNANPACHEGO ALVIAREZ -JACQUELINE SOSA MARIÑO Jueza Ponente CARLOS MEDINA ROJAS Juez ALICIA MARÍN MARCANO Secretaria e(3) de ao de do mi eitite 2023), ien En fecha 3.25 ID1-80-2023-10. AP61-A-2011-000061 HPAUJSM/CMR/AMM ALICIA MARIN MARCANO SECRETIAR página original (tal como se publicó) [Página 23] CONSEJO NACIONAL ELECTORAL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER ELECTORAL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RESOLUCIÓN No. 230809-009 1 Caracas, 09 de agosto de 2023 213° y 164° El ciudadano PEDRO ENRIQUE CALZADILLA PÉREZ, titular de la Cédula de Identidad No. V-6.524.592, Presidente del Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 38 numerales 7 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, el artículo 5 del Estatuto de Personal, en concordancia con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Registro Civil, dicta la siguiente: CONSIDERANDO Que de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con la Ley Orgánica de Registro Civil, el Registro Civil es un servicio público esencial cuyos procedimientos y trámites deben guardar, entre otros principios, el de simplicidad, celeridad y eficiencia. CONSIDERANDO Que el artículo 32 de la Ley Orgánica de Registro Civil establece que el Consejo Nacional Electoral dispondrá de una Oficina de Registro Civil Municipal, así como Unidades de Registro Civil en parroquias, cementerios y establecimientos de salud públicos o privados. CONSIDERANDO Que de conformidad con el Artículo 42 de la Ley Orgánica de Registro Civil, establece el nombramiento del registrador o registradora civil será publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. CONSIDERANDO Que se aprobó la designación como Registradora Civil de la Unidad de Registro Civil Hospitalario "Dr. Luis Razetti", adscrita a la Alcaldía del Municipio Barinas del Estado Barinas, a la ciudadana Génesis Nohemi Ramírez Barras, titular de la cédula de identidad N° V-19.612.394, según Resolución N° 085/2023 de fecha 03 de julio de 2023, publicada en Gaceta Municipal N° 154/2023 del Concejo Municipal del Municipio Autónomo Barinas del Estado Barinas de fecha 03 de julio de 2023. RESUELVE: PRiMERO: Refrendar la designación como Registradora Civil de la Unidad de Registro Civil Hospitalario "Dr. Luis Razetti", adscrita a la Alcaldía del Municipio Barinas del Estado Barinas, a la ciudadana Génesis Nohemi Ramírez Barras, titular de la cédula de identidad N° V-19.612.394. sEGUNDo: Convalidar los actos que la funcionaria ha ejecutado en ejercicio de las competencias inherentes al cargo de Registradora Civil, desde la fecha de su designación hasta la actualidad. TERCERO: Se ordena la publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Resolución dictada a los nueve (09) días del mes de agosto de 2023. Comuníquese y Publíquese. PEDRO ENRIQUE CALZADILLA PÉREZ PRESIDENTE ANA INMACULADA BELLORÍN SILVA SECRETARIA GENERAL página original (tal como se publicó) [Página 24] LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.688 de fecha viernes 25 de febrero de 2022) Objeto Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las publicaciones oficiales de los actos jurídicos del Estado a los fines de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del Pueblo al contenido de los mismos, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 4. La “Gaceta Oficial”, creada por Decreto Ejecutivo de 11 de octubre de 1872, continuará con la denominación “Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”. Efectos de la publicación Artículo 8. La publicación de los actos jurídicos del Estado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela le otorga carácter público y con fuerza de documento público. Para que los actos jurídicos del Poder Electoral, Poder Judicial y otras publicaciones oficiales surtan efectos deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el Reglamento que rige la materia. Publicación física y digital Artículo 9. La publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela acoge el sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro físico. La publicación física deberá contener todo el contenido publicado en la versión digital y automatizada y generará los mismos efectos establecidos en esta Ley, incluyendo su carácter público y de documento público. La contravención de esta disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda. La Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo establecerá las normas y directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de las publicaciones digitales y físicas de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el sistema informático de las publicaciones digitales. Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Publicaciones oficiales Artículo 15. El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial podrá dar carácter oficial a las publicaciones y ediciones físicas y digitales de los actos jurídicos publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, deberá dictar un acto que indique las características esenciales de estas publicaciones. Así mismo, el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial dictará un acto en el cual establezca los precios de las publicaciones impresas de la Gaceta Oficial, su certificación y los servicios digitales de divulgación y suscripción, así como cualquier otro servicio asociados a sus funciones. http://www.imprentanacional.gob.ve Esta Gaceta contiene 24 páginas, costo equivalente a 10,05 % valor Unidad Tributaria AÑO CL - MES XI Número 42.692 Caracas, martes 15 de agosto de 2023 página original (tal como se publicó)