[Página 1] Caracas, miércoles 2 de agosto de 2023 Número 42.683 AÑO CL - MES X SUMARIO ASAMBLEA NACIONAL Acuerdo en conmemoración a los 69 años del natalicio del Líder y Comandante Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Mayor General Félix Ramón Osorio Guzmán, como Rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, del Despacho del Viceministro de Educación para la Defensa. Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de División Carlos José Abreu Rivero, como Gerente General de la Empresa Mixta Socialista de Vehículos Venezolanos, S.A. (EMSOVEN, S.A.), de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), del Despacho del Viceministro de Planificación y Desarrollo para la Defensa. Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de División José Leonardo Camacho Molina, como Director General de la Dirección General de Construcción y Mantenimiento, del Despacho del Viceministro de Servicios para la Defensa. Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Capitán de Navío Ronald Rafael Galindo Ortega, como Presidente de la Empresa Mixta Bolivariana CANCORFANB, S.A., del Despacho del Viceministro de Planificación y Desarrollo para la Defensa. Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de División César José Díaz Calles, como Presidente del Complejo Industrial Tiuna I, C.A., del Despacho del Viceministro de Planificación y Desarrollo para la Defensa. Inversora IPSFA, C.A. Providencia mediante la cual se crea la Comisión de Contrataciones Públicas, con carácter permanente de este Instituto; y se designan a las ciudadanas y ciudadanos Profesionales Militares y Civiles que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER) Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones Públicas de este Servicio Desconcentrado, integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes. Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) Providencia mediante la cual se delega en el ciudadano Miguel Alejandro Ramírez Contreras, en su condición de Director General del Despacho de esta Superintendencia, en calidad de Encargado, las atribuciones y firma de los actos y documentos que en ella se indican. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Corte Disciplinaria Judicial Decisión mediante la cual se declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Jazmine Flowers Gombos, en fecha 20 de noviembre de 2019, contra la Sentencia N° TDJ-SD-2019-18, dictada en fecha 02 de octubre de 2019 por el Tribunal Disciplinario Judicial, y se confirma la referida Sentencia. Decisión mediante la cual se declara resuelta la consulta obligatoria de la Sentencia N° TDJ-SD-2018-95, dictada en fecha 18 de diciembre de 2018 por el Tribunal Disciplinario Judicial, con motivo del sobreseimiento de la investigación seguido a la ciudadana Susana Teresa García de Malavé, Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre con Sede en Carúpano, y se confirma la referida Sentencia. Decisión mediante la cual se declara Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por la Inspectoría General de Tribunales, contra el auto dictado en fecha 10 de junio de 2019, mediante el cual el Tribunal Disciplinario Judicial se pronunció en relación a los motivos de suspensión de la audiencia programada para el 21/05/2011, y se ordena la realización de la audiencia oral y pública dentro de un lapso no mayor a cinco (5) días de despacho, en la causa seguida a la ciudadana Yanett Rodríguez Carvalho, en su condición de Jueza Titular a cargo del Juzgado Segundo en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Miranda con sede en Los Teques. Decisión mediante la cual se declara resuelta la consulta obligatoria de la Sentencia N° TDJ-SD-2018-83, dictada en fecha 17 de diciembre de 2018, con motivo del sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana Carina Zacchei Manganilla, Jueza Titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, y se confirma la referida Sentencia. página original (tal como se publicó) [Página 2] ASAMBLEA NACIONAL LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ACUERDO EN CONMEMORACIÓN A LOS 69 AÑOS DEL NATALICIO DEL LÍDER Y COMANDANTE ETERNO DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA, HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS CONSIDERANDO Que el 28 de julio de 1954 nació en Sabaneta, estado Barinas, el Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, líder de la Revolución Bolivariana, quien desde temprana edad mostró su arraigo a los más nobles principios morales y éticos, su insaciable interés por la historia Patria y su apego a los valores propios de nuestra identidad cultural; así como su espíritu libertario y de justicia, que lo llevaron firmemente a formalizar su célebre juramento bolivariano bajo la fronda del histórico árbol, el Samán de Güere, momento y lugar en que se inicia una nueva etapa de su vida y, por añadidura, de la historia de Venezuela. El Comandante Hugo Chávez dejó una huella indeleble en el pueblo venezolano, quien una vez que asume el poder político, promovió con ahínco políticas inclusivas y protagónicas, democratizando el acceso a los servicios públicos en igualdad de condiciones y oportunidades, en estricto apego a lo consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia; CONSIDERANDO Que el Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías, impulsó la creación de mecanismos de integración regional como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA - TCP), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), así como su participación decisiva en la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), con el fin de que América Latina y el Caribe avance en una verdadera y desinteresada integración política, económica, social y cultural; aumentando el bienestar social, el respeto a los derechos humanos, el crecimiento económico de la región, promoviendo el derecho al desarrollo, para hacer de esta región, precisamente un polo de importancia internacional que pueda garantizar un ambiente de convivencia de paz y solidaridad; CONSIDERANDO Que el pensamiento de Hugo Rafael Chávez Frías, parte de la doctrina y ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar, en una lucha incansable, junto al pueblo venezolano por mantener vivo el grito de independencia y de libertad contra cualquier potencia foránea que pretenda socavar nuestra soberanía. Su legado es y será siempre el Socialismo, como valores de solidaridad y humanismo. ACUERDA PRIMERO. Conmemorar delnatalicio del los 69 años Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías, como líder supremo de la Revolución Bolivariana y hombre fiel a los ideales y principios de El Libertador y Padre de la Patria Simón Bolívar, para garantizar el bienestar social del Pueblo venezolano y defender la soberanía, independencia e integridad de la Patria. sEGuNDo. Desarrollar procesos de formación académica sobre el pensamiento, ideales y principios del Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías, que contribuya al desarrollo de una sociedad justa, libre y soberana. TERCERO. Publicar el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en la ciudad de Caracas al primer día del mes de agosto de 2023. Años 213° de la Independencia, 164° de la Federación y 24° de la Revolución Bolivariana. L Hulager JORGI RODRÍGUEZ GÓMEZ Presidente AMÉRICA PEREZ DÁVILA PEDRO INFANTE APARICIO Segunda Vicepresidenta Primer Vicepresidente ROSALBA GIL PACHECO MARÍA ALEJANDRA HERNÁNDEZ Subsecretaria Secretaria MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas. a 7 JUL 2023 213°,164° y 24° RESOLUCIÓN N° _051544 Por disposición del Ciudadane Presidente de la Repúbiica Bellveriana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bollvariana, de sonfarmidad con lo establecido en el articulo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgénica de la Administración Públice de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 8 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Naclanal Bolvariana, publicada en la Gaceta Oicial de la Repúbica Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, RESUELVE ÚNICO: Efectuer el sigulente nombramiento: DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN PARA LA DEFENSA UNIVERSIRAO MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA Rectorado ; Mayor General FÉLIX RAMÓN OSORIO GUZMÁN, C.I. N° 9.657.088, Recior, e/r del General de División DILIO GUILLBRMO RODRIGUEZ DIAZ, C.Y. Nº 9.600.712. Comuniquese y publíquese. Por el Ejacutivo Naclonal, VLADMIR PADRINO LÓPEZ Gegeral en Jefe Ministrg et Poder Populas pora la Defensa página original (tal como se publicó) [Página 3] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 3 1 JUL 2023 213°, 164° y 24° 052091 RESOLUCIÓN N° Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 8 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, RESUELVE ÚNICO: Efectuar el siguiente nombramiento: DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO PARA LA DEFENSA COMPAÑÍA ANÓNIMA VENEZOLANA DE INDUSTRIAS MILITARES (CAVIM) Empresa Mixta Socialista de Vehículos Venezolanos, S.A. (EMSOVEN, S.A.) General de DiviSión CARLOS JOSÉ ABREU RIVERO, C.I. N° 11.270.459, Gerente General, e/r del General de División DANIEL ENRIQUE DELGADO PRIETO, C.I. N° 9.774.485. Comuníquese y publíquese. Por el Ejecutivo Nacional, ADEMIR PADRINO LÓPEZ General en Jefe para la Defensa REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas,3 1 JUL 2023 213°, 164° y 24° 052092 RESOLUCIÓN N° Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 8 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, RESUELVE ÚNICO: Efectuar el siguiente nombramiento: DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE SERVICIOS PARA LA DEFENSA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO General de DiviSión JOSÉ LEONARDO CAMACHO MOLINA, C.I. N° 10.898.138, Director General, e/r del General de División (RA) CARLOS LEOBARDO LEZAMA PÉREZ, C.I. N° 9.455.746. Comuníquese y publíquese. Por el Ejecutivo Nacional, VEADTIMIR PADRINO LÓREZ General en Jefe Minstro del Poder Popular para la Defensa REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 3 1 JUL 2023 213°, 164° y 24° 052093 RESOLUCIÓN N° Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 8 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, RESUELVE ÚNICO: Efectuar el siguiente nombramiento: DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO PARA LA DEFENSA EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB, S.A. CapItán de NaVÍO RONALD RAFAEL GALINDO ORTEGA, C.I. N° 12.764.706, Presidente, e/r del Coronel LUISARVELIO JUNIOR RAMÍREZ GARCÍA, C.I. N° 12.068.722. Comuníquese y publíquese. Por el Ejecutivo Nacional, VADIMR PADRINO LÓPEZ General en Jefe Mipstro del Poder Popular para la Defensa REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 3 1 JUL 2023 213°, 164° y 24° 052094 RESOLUCIÓN N° Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 8 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, RESUELVE ÚNICO: Efectuar el siguiente nombramiento: DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO PARA LA DEFENSA COMPLEJO INDUSTRIAL TIUNA I, C.A. General de DiviSión CÉSAR JOSÉ DÍAZ CALLES, C.I. N° 12.175.423, Presidente, e/r del General de División MARIO CÉSAR ARAUJO SUÁREZ, C.I. N° 9.785.370. Comuníquese y publíquese. Por el Ejecutivo Nacional, EADIMIR PADRINO LÓPEZ Goneral en Jefe Mmisto del Poder Popular para la Defensa página original (tal como se publicó) [Página 4] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA VICEMINISTERIO DE SERVICIOS, PERSONAL Y LOGÍSTICA DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS Y SERVICIOS INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA INVERSORA IPSFA, C.A Caracas, 24 de febrero de 2023 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N°006 Quien sUscribe, TENIENTE CORONEL JOEL JOSE CRUZ ESTEVA, titular de la Cédula de Identidad N°. V-14.525.850, actuando en su carácter de Director Gerente de la INVERSORA IPSFA C.A, sociedad mercantil debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y estado Miranda, bajo el N° 22, Tomo -77-A-Pro, de facha 28 de marzo de 1996, adscrita ei Ministerio del Poder Popular Para la Defensa (MPPD); carácter que consta según Resolución Ministerial N° 041808 de fecha 11 de agosto de 2021, emanada del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y reconocido en reunión de asamblea extraordinaria de accionista de la Inversora IPSFA C.A., según consta en Acta de Asamblea de fecha 25 de febrero de 2022, protocolizada ante el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital, Tomo. 316. N° 12 y debidamente facultado por el articulo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales, debidamente facultado por el artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales, en cumplimiento de lo previsto en los Articulos 14 del Decreto de Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas debidamente publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.-6.154 Extraordinario de fecha 19/11/2014, Contrataciones Públicas, publicado en la Gaceta Oficlal N.- 39.181 de fecha 19 de mayo de 2009, en concordancia con lo establecido en los articulos 17 y 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; publicada en Gaceta Oficial N.-2.818 Extraordinario de fecha 01 de julio de 1981. Las disposiciones juridicas que rigen la materia de Contrataciones Públicas tienen por objeto regular la aplicación de las modalidades de selección de contratistas para la adquisición de bienes, prestación de servicio de carácter comercial y ejecución de obras de la empresa INVERSORA IPSFA, C.A., con el objeto de salvaguardar su patrimonio publico y la transparencia del contratante La INVERSORA IPSFA, C.A. para su funcionamiento, asÍ como para la ejecución de los distintos proyectos encomendados por el Ejecutivo Nacional, Ministerio u otros Entes de la Administración, requiere formalizar contrataciones para la Adquisición de Bienes, Prestación de Servicio y Ejecución de Obras, a través de las modalidades de selección de contratistas: Concurso Abierto, Concurso Cerrado, Consulta de Precios. Contratación Directa, Exclusiones de la Ley y Exclusiones de las Modalidades de Selección previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento; según corresponda. La designación de los miembros principales y suplentes con carácter permanente de la Comisión de Contrataciones de La INVERSORA IPSFA, C.A, se fundamenta en el numeral "4" del articulo 6, en concordancia con el artículo 14 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, se resuelve: PRIMERO: Crear la Comisión de Contrataciones Públicas con carácter permanente de La INVERSORA IPSFA, C.A., la cual tendrá como funciones las otorgadas en el artículo 15 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas para la Adquisición de Bienes, Prestación de Servicios y Ejecución de Obras, el cual estará conformado por las siguientes Áreas: Económico-Financiero, Técnica y Juridica, quienes estarán integradas por un miembro principal y un miembro suplente. SEGUnDO: Designar los Miembros de la Comisión de Contrataciones Públicas, los cuales se identifican a continuación: COMISIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS CON CARÁCTER PERMANENTE CEDULA DE CEDULA DE MIEMBRO PRINCIPAL MIEMBRO PRINCIPAL AREA IDENTIDAD NOMBRE Y APELLIDO NOMBRE Y APELLIDO IDENTIDAD N°. N°. Econômico V-8.301.982 V-17.328.217 LIG.BCARINA G. QUINTANA MACHIZ MY. JOHNNY RAFAEL QSORIO LOPEZ Fisanciero LIC. MARIA SANCHEZ GALLEGOS V-20.838.764 Téonica AMY. YULEIBIS CONTRERAS UZCATEGUI V-19.422.473 V.14.409.398 T. CNEL YATNERYS T. TACHAU DIAZ V-6.47.188 ABOG. OSCAR J. GARCIA MEDINA Juridico TERCERO: La Comisión de Contrataciones con carácter permanente de La INVERSORA IPSFA, C.A, dispondrá como secretaria Principal a la ciudadana LIC. MARIGER ALVAREZ VILLAR, titular de la cédula de identidad N° V-16.246.712, y su Suplente la ciudadana: LIC. LIRIO BETZABETH RAMIREZ GUTIERREZ, titular de cédula de Identidad N° V- 19.959.788, los cuales tendrán derecho a voz mas no a voto, y actuarán de conformidad con las atribuciones establecidas en el articulo 16 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.-6.154 Extraordinario de fecha 19/11/2014. CUARTO: Los miembros de la Comisión de Contrataciones antes de asumir sus funciones, deberán prestar juramento de cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República, los deberes inherentes a sus funciones, y rendir cuentas en los términos y condiciones que determine la Ley y deberán certificarse en materia de contrataciones públicas por ante el Servicio Nacional de Contrataciones. QUINTo: Cada uno de los miembros que conforman la Comisión de Contrataciones deberá guardar la debida reserva y confidencialidad de la documentación presentada ante la Comisión, así como los Informes, opiniones y deliberaciones que se realicen con ocasión de los procedimientos de contrataciones. SExTO: Los miembros de la Comisión de Contrataciones, serán solidariamente responsables con la máxima autoridad por las recomendaciones que se presenten y sean aprobadas. SEPTimo: La Comisión de Contrataciones se constituirá válidamente con la presencia de todos sus miembros y sus decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría. oCTAvO: Cualquier acto administrativo interno anterior que colida con la presente Providencia queda sin efecto. NOvEnO: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. "Comuniquese y publiquese" JOEL OSE CRUZ ESTEVA TENIENTE CORONEL DIRECYORAGERENTE INVERSORA IPSFA, C.A MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL DESPACHO DEL SERVICIO DESCONCENTRADO DE NORMALIZACIÓN, CALIDAD, METROLOGÍA Y REGLAMENTOS TÉCNICOS (SENCAMER), PROVIDENCIA N° 0071/2023 CARACAS, 14 de junio de 2023 2130, 164º y 240 El Director General del Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), ciudadano ANDRÉS ARISTIZÁBAL MEZA, venezolano, mayOr de edad, titular de la cédula de identidad N° V-17.549.293, designado mediante Resolución del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional N° 017/2023 de fecha treinta (30) de marzo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.610 de fecha diecisiete (17) de abril de 2023, en el ejercicio de las atribuciones que me confieren los literales a) y q) del artículo 6 del Reglamento Interno del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos, en concordancia con lo que establece el literal s) eiusdem, artículo 14 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.154 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014, y el artículo 15 del Decreto N° 6.708 mediante el cual se dicta el Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.181 de fecha 19 de mayo de 2009. Dicta, PROVIDENCIA MEDIANTE LA CUAL SE CONSTITUYE LA COMISIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Artículo 1. Se constituye la Comisión de Contrataciones del Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), de carácter permanente, la cual queda constituida e integrada por tres (3) miembros principales, cada miembro principal contará con un (1) suplente, y actuarán en representación de las áreas Jurídica, Técnica y Económico- Financiera, y de un (1) secretario con un (1) suplente, que a continuación se indican: página original (tal como se publicó) [Página 5] ÁREAS MIEMBRO Cédula de MIEMBRO Cédula de PRINCIPAL Identidad SUPLENTE Identidad N° N° Marcjha Maria V- Jurídica V-9.486.262 Maribel Aleane 17.146.939 Castro De Freitas de Cervini Ramírez V-12.904.329 V-19.405.382 Técnica Luis Edgardo Leimar Romero José Silva Pereira García V-17.743.202 V-9.370.136 Daniel Alejandro Económico Ramón Tua Antonio Financiera Rincón Montilla Rivera V-24.041.166 V-16.202.314 Airam Lysmar Secretario Sharay Karelis Sánchez Rojas Brito González Artículo 2. La Comisión de Contrataciones estará encargada de efectuar los procesos de selección de contratistas del Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), en las distintas modalidades, para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras de conformidad a lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento. Artículo 3. Las faltas temporales o absolutas de los miembros designados anteriormente serán suplidas por su respectivo suplente. Artículo 4. La Comisión de Contrataciones contará con un Secretario o una Secretaria y su respectivo suplente, quien tendrá derecho a voz, más no a voto y además de las atribuciones previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, tendrá las funciones siguientes: 1. Llevar el registro, control y custodia de los expedientes de cada uno de los procesos de selección de contratistas. 2. Suministrar al Servicio Nacional de Contrataciones toda la información que le sea solicitada por éste, en el ejercicio de sus atribuciones. 3. Efectuar las notificaciones de todos los actos que se dicten en virtud de los procedimientos llevados por la Comisión de Contrataciones, inclusive los que pongan fin a dichos procedimientos, emanados por la máxima autoridad del órgano contratante. 4. Presentar ante los miembros de la Comisión de Contrataciones las propuestas de pliegos de condiciones, cronogramas de actividades, así como de las políticas en materia de selección de contratistas. 5. Velar por que se cumpla en cada uno de los procedimientos a cargo de la Comisión de Contrataciones las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la materia. Artículo 5. La Comisión de Contrataciones, a los efectos de la validez de sus reuniones y decisiones, debe constituirse con la presencia de la mayoría de sus miembros que representen las tres áreas que la conforman y sus decisiones serán tomadas con el voto favorable de la mayoría. Artículo 6. En los casos que la Comisión de Contrataciones lo estime conveniente, solicitará a la Directora o Director General del Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), la incorporación de técnicos, peritos, o asesores especializados dependiendo de la complejidad de la contratación, quienes deberán presentar un informe con los resultados y recomendaciones. Artículo 7. A los actos públicos que se celebren en virtud de los procesos de contrataciones, podrá asistir un representante de Auditoria Interna con derecho a voz; pero sin derecho a voto. En tal sentido, podrá formular recomendaciones por escrito a los miembros de la Comisión de Contrataciones de ser el caso. Artículo 8. Está Providencia entrará en vigencia, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, ANDRÉS ARISTIZÁBAL MEZA SENCAMER Director General de SENCAMERSF.Gc8 Designado mediante Resolución Nº 017/2023, de fecha 30 marzo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de de fecha 17 de abril de 2023. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS Caracas, a los veintinueve (29) días del mes junio de 2023 AÑ0S 213°, 164° Y 24° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 007/2023 El SUPERINTENDENTE NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS (E), deSignado mediante Decreto Presidencial N° 4.771 de fecha veinticuatro (24) de enero de 2023, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.555 de la misma fecha, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 17 del Decreto N° 2.092, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.787 de fecha doce (12) de Noviembre de 2015, en concordancia con lo previsto en el artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 de fecha diecisiete (17) de noviembre de 2014, concatenado con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos, DECIDE Artículo 1. Delegar en el ciudadano MIGUEL ALEJANDRo RAMÍREz coNTRERAS, titular de la cédula de identidad número V-15.923.209, en su condición de Director General del Despacho de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) en calidad de encargado, designado mediante la Providencia Administrativa N° 002 de fecha 26 de enero de 2023, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 42.561 de fecha 01 de febrero de 2023, las atribuciones y firma de los actos y documentos que se indican a continuación: Dirigir y coordinar la administración, organización y 1. funcionamiento de la Superintendencia. Presentar a la máxima autoridad del órgano del cual 2. Semestral dependen,el Plan Acción de la de Superintendencia. servicios Dirigir las actividades relativas a de 3. los mantenimiento y transporte. Autorizar la suscripción de actas de inicio los de 4. procedimientos de inspección y fiscalización. Suscribir los actos administrativos vinculados a 5. los Procedimientos iniciados en ocasión a la aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos. Autorizar los ingresos de los Directores Generales, 6. Coordinadores y Enlaces de Epicentros. Suscribir Convenios Marcos Institucionales. 7. Tramitar y ordenar los movimientos de personal como 8. reingresos,egresos, ascensos, traslados, ingresos, permisos, licencias con o sin goce de sueldo. Imponer las sanciones previstas en el Decreto con Rango, 9. Valor y Fuerza de Ley Orgánica. 10. La firma de los actos administrativos que autoricen o nieguen las promociones solicitadas por los sujetos de aplicación que consagra la ley, previa presentación del informe correspondiente por parte de la Intendencia de Costos, Ganancias y Precios Justos. página original (tal como se publicó) [Página 6] 11. Suscribir los Certificados de Inscripción en el Registro Único de Personas Desarrollan Actividades que Económicas (RUPDAE). 12. Dictar las Providencias Administrativas vinculadas con el cabal cumplimiento y fines de la Superintendencia, previa autorización del Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional. 13. Crear distritos de atención especial, sin límites derivados de la conformación geopolítica nacional cuando así las características de la actividad económica lo requiera, pudiendo designarse fiscales con competencia nacional a tales fines, previa autorización del Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional. 14. Presentar al órgano del cual dependen, informe anual del desempeño de la Superintendencia o cuando le sea solicitado. 15. Suscribir las comunicaciones a personas naturales y entes públicos y privados relativas a la tramitación ordinaria de los asuntos que sean competencia de la Superintendencia. 16. Certificar las copias de los documentos y expedientes cuyos originales reposen en los archivos de la Superintendencia, de acuerdo con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. Artículo 2. Los actos administrativos que se suscriban en el marco de esta delegación, deberán indicar el número y la fecha de esta Providencia Administrativa, así como el número y la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, donde haya sido publicada, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 numeral 7, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Artículo 3. El funcionario delegado adquiere la obligación de presentar cada mes al delegante una relación detallada de todos los actos y documentos que hubiere firmado en ejecución de la delegación aquí otorgada y responderá por los actos firmados en ejecución de la misma. Artículo 4. Esta Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, ANTONIO JOSÉ MORALES RODRIGUE Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (E) Designado mediante Decreto Presigencial N° 4.771 publicado en Gaeta Oficia la República Bolivariana de Venezuela N° 42.555, de fecha 24 de ene e 2023 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZA PONENTE: MARÍA ALEJANDRA DIAZ MARÍN EXPEDIENTE N° AP61-R-2022-000002 Mediante oficio N° TDJ-20-2021 de fecha 17 de agosto de 2021, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ) remitió a esta Corte Disciplinaria Judicial (en lo adelante, CDJ) el expediente signado con el N° AP61-R-2022-000002, contentivo del procedimiento disciplinario seguido en contra del ciudadano VÍCTOR JOSÉ GONZÁLEZ JAIMES, titular de la cédula de identidad N° V- 6.462.037, por las actuaciones realizadas durante su desempeño como Juez Titular del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Tal remisión se realizó en virtud del auto dictado por el TDJ en esa misma fecha, mediante el cual oyó en ambos efectos el recurso de apelación de fecha 20 de noviembre de 2019, ratificada mediante diligencia de fecha 25 de noviembre de 2019, interpuesto por la abogada JAZMINE FLOWERS GOMBOS, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano RAMÓN GUERRA BETANCOURT, en contra de la sentencia N° TDJ-SD-2019-18, proferida por el a- quo. El 21 de julio de 2022, la Secretaría de esta CDJ recibió el presente expediente proveniente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, URDD), el cual quedó signado bajo el alfanumérico AP61-R-2022-000002. Asimismo, dejó constancia de su distribución correspondiéndole la ponencia a la Jueza MARIA ALEJANDRA DIAZ MARIN, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. ANTECEDENTES En fecha 24/01/2010, la Inspectoría General de Tribunales (IGT), recibió la denuncia presentada por el ciudadano RAMÓN GUERRA BETANCOURT, titular de la Cédula de Identidad N° V- 4.081.788 en contra del ciudadano VÍCTOR JOSÉ GONZÁLEZ JAIMES, por sus actuaciones como Juez Titular del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas (f. 3 al 4, p. 1). El 18 de enero de 2012, la IGT acordó iniciar la investigación disciplinaria, en consecuencia, comisionó a la Inspectora de Tribunales Carmen Delia Bolivar, para que realice la investigación que cursa en el expediente administrativo disciplinario N° 100535, iniciado en contra de los ciudadanos LUIS ERNESTO GÓMEZ SÁEZ, en su condición de Juez Titular del Juzgado Décimo (10°) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y en contra VÍCTOR JOSÉ GONZÁLEZ JAIMES, por su desempeño como Juez Titular del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas. Solicitó celeridad procesal. (f. 5, p. 1). El 20 de febrero de 2013, el denunciante, consignó, diligencia solicitando la acumulación del expediente (100535), iniciado en contra del ciudadano Luis Eresto Gómez Sáez, en su condición de Juez Titular del Juzgado Décimo (10°) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con el expediente (06- 0547), iniciado en contra VÍCTOR JOSÉ GONZÁLEZ JAIMES, por su desempeño como Juez Titular del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas. Solicitó celeridad procesal. (f. 07, p. 1). El 21 de marzo de 2013 la IGT, mediante oficio N° 00756-13, dirigido a Ramón Guerra Betancourt, en su carácter de denunciante, negó la solicitud de acumulación del expediente (100535), iniciado en contra del ciudadano Luis Ernesto Gómez Sáez, en su condición de Juez Titular del Juzgado Décimo (10°) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con el expediente (06-0547), iniciado en contra VÍCTOR JOSÉ GONZÁLEZ JAIMES, por su desempeño como Juez Titular del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas. (f. 9, p. 1). El 09 de agosto de 2013, la IGT, analizadas las actuaciones cursantes en el expediente administrativo 100535 determina que los hechos denunciados guardan estrecha relación con el contenido del expediente (110451) iniciado a otro Juez, y en razón de la celeridad y economía procesal y evitar decisiones contradictorias, ordena; la acumulación de estos dos expedientes y acuerda formar expediente administrativo disciplinario separado del expediente principal 100535 y mantiene la nomenclatura (06-0547), iniciado al ciudadano VÍCTOR JOSÉ GONZÁLEZ JAIMES, por su desempeño como Juez Titular del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas, a los fines de emitir el correspondiente acto conclusivo. (f. 10, p. 1). El 18 de septiembre de 2013, el denunciante ciudadano Ramón Guerra Betancourt, titular de la Cédula de Identidad N° V- 4.081.788, APELÓ de la decisión que niega la acumulación de los 14 al 15, p. 1). EL 30 de abril de 2015, la IGT, mediante oficio N° 00793.15, remite copias certificadas de las actuaciones del expediente administrativo disciplinario signado con el N° 100535, acumulado al página original (tal como se publicó) [Página 7] denunciante ciudadano Ramón Guerra Betancourt, titular de la Cédula de Identidad N° V-· 4.081.788 (f. 01, p. 1). El 06 de mayo de 2015, la URDD, de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, recibe el oficio- N° General de Tribunales, mediante el cual remite copias certificadas de las actuaciones del expediente administrativo disciplinario signado con el N° 100535, acumulado al 110451. El 07 de mayo de 2015, el Tribunal Disciplinario ADMITE la solicitud y designa ponente a la Jueza Jacqueline Sosa Mariño. (f. 18, p. 1). En fecha 28 de junio de 2015, el TDJ, recibió proveniente de la URDD, escrito de promoción de pruebas constante de seis (06) folios útiles, presentado por el denunciante el ciudadano Ramón Guerra Betancourt, titular de la Cédula de Identidad N° V- 4.081.788. (f. 19, p. 1). Posteriormente, el dia 4 de julio de 2017 el TDJ dictó sentencia N° TDJ-SD-2019-18 relacionada En fecha 20 de noviembre de 2019, comparece la ciudadana JAZMINE FLOWERs GOMBOS, acreditada en autos con poder de representación, apeló a la decisión N° TDJ-SD-2019-18, de fecha 02 de octubre de 2019, proferida por el TDJ (f. 71, p. 1). El 17 de diciembre de 2019, el TDJ admitió y oyó en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto por la representación del denunciante. (f. 87, p. 1). Finalmente, el 21 de julio de 2022, la Secretaria de esta CDJ recibió procedente de la URDD, oficio N° TDJ 20-2021, de fecha 17 de agosto de 2021, mediante el cual el TDJ remitió el expediente N° MARIN, quien con tal carácter suscribe el presente fallo (f. 93, p. 1). Il DEL RECURSO DE APELACIÓN En fecha veinticinco (25) de noviembre de 2019, la ciudadana JAZMINE FLOWERS GOMBOS actuando en representación del ciudadano Ramón Guerra Betancourt, titular de la cédula de Identidad N° V- 4.081.788, según documento poder debidamente acreditado en autos, compareció ante el Tribunal Disciplinario Judicial y Apeló de la decisión dictada por ese órgano disciplinario, la cual fue ratificada en fecha 25 de noviembre de 2019 en los siguientes términos: "(..) Ratifico formalmente el recurso de Apelación, interpuesto el miércoles 20 de noviembre de 2019, contra la sentencia signada con el N° (sic) TDJ-SD-2019-18, proferida en fecha 02 de octubre de 2019, la cual riela a los folios cincuenta y cinco. (55) hasta el cincuenta y nueve (59.." Por otra parte adujo la formalizante, " (..) que en fecha diecinueve de noviembre del año 2019, se había verificado la notificación del denunciante accionante GUERRA BETANCOURT RAMÓN, bajo la modalidad de la vía telefónica efectuada por el ciudadano alguacil GABRIEL SÁNCHEZ. quien se limitó a informar en términos lacónicos e imprecisos, la existencia de una decisión, declaratoria de 'improcedencia', de la denuncia, omitiendo mencionar la fecha de la publicación dei fallo cuyo contenido, pude constatar al revisar las actas procesales. La boleta de Notificación con distintivo de numeración el N° 200-2.019, dirigida al denunciante (...), data del oche (08) de octubre del dos mil diez y nueve (2.019).". (Negrillas nuestras). (f. 77 y 78. pieza única.) Ahora bien, indicó; que de la Sentencia que declaró: "(...) Primero: Se declara INADMiSIBLE la apelación interpuesta por el ciudadano Ramón Guerra Betancourt titular de la cédula de identidad V-4.081.788, en su condición de denunciante, contra el auto de fecha 21 de marzo de 2013, emanado de la Inspectoria General de Tribunales, que negó la acumulación del expediente 060547 al 100535." En este punto delató "(... que el procedimiento, se encontraba paralizado para la fecha en que se emitió el veredicto, sin que se hubiese notificado previamente al denunciante para la reanudación del proceso. Resulta obvio, que el referido fallo, contraviene el principio de economia procesal; sin eficaz e idónea del denunciante accionante (...". "(..) Segundo: Se declara IMPROCEDENTE la solicitud de recabar y acumular actuaciones de investigación para la Inspectoría General de Tribunales, formulada por el ciudadano Ramón Guerra Betancourt, titular de la cédula de identidad V- 4.801.788, en su condición de denunciante". En este punto delató "(.) la sentencia objeto de apelación, está ocasiona[n]do gravámenes irreparables, generador de daños y perjuicios, en la medida en que se tiende a interferir, obstruir u obstaculizar el curso legal de las investigaciones pertinentes, a cargo del MINISTERIO PÚBLICO." Finalmente, manifestó que se encuentra conforme con el contenido de lo delatado en la exposición precedente. IⅢ DEL FALLO APELADO En fecha 02 de octubre de 2019, el TDJ dictó sentencia N° TDJ-SD-2019-18, en la que declaró: "(...) Primero: Se declara INADMis/BLE la apelación interpuesta por el ciudadano Ramón denunciante, contra el auto de fecha 21 de marzo de 2013, emanado de la Inspectorla General de Tribunales, que negó la acumulación del expediente 060547 al 100535". "...Segundo: Se declara IMPROCEDENTE la solicitud de recabar y acumular actuaciones de investigación para la Inspectoria General de Tribunales, formulada por el ciudedane Ramón Guerra Betancourt, titular de la cédula de identidad V- 4.801.788, en su condición de denunciante" (f. 55 al 59. pieza única). IV DE LA COMPETENCIA Con anterioridad a cualquier pronunciamiento, esta Corte Disciplinaria Judicial debe El artículo 37 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario N° 6.207, de fecha 28 de términos que a continuación se transcriben: "Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra las decisiones del Tribunal Disciplinario Judicial, ya sea interlocutorias o definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y el resto de la normativa que guarde relación con la idoneidad judicial y el desempeño del Juez venezolano y Jueza venezolana". Del citado extracto se desprende la competencia de este órgano jurisdiccional, como Alzada que de él emanen, debiendo garantizar la correcta interpretación y aplicación de las normas disciplinarias vigentes y del ordenamiento jurídico patrio. Del análisis de los autos que integran el presente expediente, se pudo constatar que el recurso de apelación fue interpuesto por la apoderada acreditada en autos del ciudadano Ramón Guerra TDJ-SD-2019-18 de fecha 2 de octubre de 2019, dictada por el TDJ mediante la cual declaró INADMisIBLE la apelación interpuesta por el ciudadano Ramón Guerra Betancourt, en su Inspectoria General de Tribunales, que negó la acumulación del expediente 060547 al 100535, e IMPRocEDENTE la solicitud de recabar y acumular actuaciones de investigación para la Inspectoría General de Tribunales. Corolario de lo anterior, visto que en el caso de marras existe la apelación realizada por la representación del denunciante, contra la sentencia definitiva N° TDJ-SD-2019-18 de fecha 2 de octubre de 2019, referido a la causa N° AP61-S-2015-000009, dictado por el Tribunal Disciplinario recurso de apelación. Y asi se decide. V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR expediente disciplinario y los alegatos expuestos por la apoderada de la parte denunciante pasa esta Alzada a decidir, previa las siguientes consideraciones: escrito de apelación delación alguna sobre algún vicio de la decisión proferida por el a-quo, objeto de la presente apelación, razón por la cual el análisis y resolución sobre el caso se hará en consideración a los recaudos y alegaciones que se hicieron en primera instancia, con especial análisis de la solicitud de notificación para reanudar el proceso. de octubre de 2019, dictada por el TDJ, no delató vicios de la misma, sino que se limitó a esgrimir lo siguiente "..que el procedimiento, se encontraba paralizado para la fecha en que se emitió el veredicto, sin que se hubiese notificado previamente al denunciante para la reanudación del proceso, resultando obvio, que el referido fallo contraviene el principio de economia procesal, sin que se haya garantizado el debido proceso, coartando el derecho de acceso a la justicia eficaz e idónea del denunciante accionante...". Se desprende, tanto de lo expuesto anteriormente, como de sus alegaciones contenidas en el escrito continente de su pretensión de tutela constitucional, que el supuesto agravio a los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa, lo produjo la supuesta falta de notificación al denunciante para la reanudación del proceso, que a su criterio, se encontraba paralizada, cuando se emitió el veredicto, con lo cual se le impidió la utilización de los medios de impugnación disponibles en su contra. En este sentido y una vez precisado que lo que originó la supuesta lesión a los derechos constitucionales, fue la ausencia de notificación al denunciante de (6) meses, desde la última actuación en el expediente de fecha 11 de abril de 2018. (f. 54.p 1), es necesario revisar que originó la causa primaria. Ahora bien, la causa primigenia se originó, por solicitud de acumulación de dos denuncias, por el encuentra, decisión contra la cual, la parte actora de ese proceso ejerció recurso de apelación; el cual, el 02 de octubre de 2019, el TDJ declaró: INADMISIBLE la apelación interpuesta por el accionante, en su condición de denunciante, contra el auto de fecha 21 de marzo de 2013, emanado de la Inspectoría General de Tribunales, que negó la acumulación del expediente 060547 al 100535 e IMPRoCEDENTE la solicitud de recabar y acumular actuaciones de investigación para la IGT, contra dicho acto jurisdiccional se agotó el medio de impugnación disponible, página original (tal como se publicó) [Página 8] (Apelación) por lo que, el 17 de agosto de 2021, se ordenó la remisión del expediente a esta Alzada. Eni razón de lo anterior, es claro que la causa había sobrepasado el lapso de ejecución, cuando se produjo la omisión de notificación que supuestamente produjo la injuria constitucional, por la tanto debe verificarse si, efectivamente, existia la obligación de notificación, si hubo la ruptura de la estadía a derecho de las partes, por no haberse producido la decisión dentro de los lapsos subsiguientes, que conlleva alguna lesión relevante al derecho a la defensa. Es oportuno traer a colación la Sentencia de la Sala Constitucional N° 431 del 19 de mayo de 2000 (caso: "Proyectos Inverdoco C.A.") en cuanto a las excepciones al principio de estadia a derecho de las partes. ".Entre las excepciones al principio, en materia de notificaciones, se encuentran al menos dos: una es de creación jurisprudencial y es producto del respeto al derecho de defensa de las partes; y la otra, responde a la ruptura a la estadía a derecho, y consiste en hacer saber a las partes la reanudación del juici..". "..) La primera notificación obligatoratiene lugar cuando un nuevo juez se boca al conocimiento de la causa. La jurisprudencia emanada de la Casación. Civil, consideró que para evitar sorpresas a las partes, el nuevo juez debla notificar los que iba a conocer, independientemente que el proceso se encontrara o no paralizado. Esta notificación garantizaba a las partes, el poder recusar al juez, o el solicitar que se constituyera el tribunal con asociados, para preservar asi ambos derechos a los litigantes..." "..) La falta de tal notificación, ha sido considerada como una transgresión al debido proceso, y por lo tanto ha originado acciones de amparo; y la jurisprudencia, incluyendo las de esta Sala (en el caso: Petra Lorenzo), ha sido, que el que inca el amparo por esta causa, debe fundarlo en que asociados, evitándose así reposiciones inútiles como efecto del amparo declarado con lugar..." "..) En el escrito de amparo presentado por Proyectos Inverdoco, C.A., no existe declaración alguna que guarde relación con la existencia de una causal de recusación, que la omisión del trâmite procesal del abocamiento haya impedido plantear, afectando la garantía de ser juzgado por un juez imparcial, Por tanto, no es admisible el argumento invocado por la empresa accionante del amparo como (..) La segunda notificación obligatoria, tiene lugar cuando la causa se encuentra paralizada, y por lo tanto la estadia a derecho de las partes quedó rota por la inactividad de todos los sujetos:procesales. La paralización ocurre cuando el ritmo automático del proceso se detiene al no cumplirseenilas oportunidades procesales las actividades que debian realizarse bien por las partes o por el tribunal, quedando la causa en un marasmo, ya que la siguiente actuación se hace indefinida en el tiempo, Entonces, hay que reconstituir a derecho a las partes, para que el proceso continúe a reconstitución a derecho se logra mediante la notificación prevenida en el articulo 14 del Código de Procedimiento Civil si la causa aún no ha sido sentenciada en la instancia, o por el pautado en el artculo 233 del Código de Procedimiento Civil." (Resaltado añadido de esta Alzada) De igual forma, la Sala estableció la diferencia entre suspensión y paralización de la causa, en la reiterado en diferentes decisiones en la que se sostuvo: "..) Las causas en suspenso no se desvinculan del iter procesal. El juicio se detiene y continúa automáticamente en el estado en que se encontraba cuando se detuvo, sin necesidad de notificar a nadie, ya que la estadia a derecho de las partes no se ha roto. El artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, marca los principios al respecto, mientras que el 14 eiusdem, establece que las suspensiones tienen lugar por motivos, pautados en la ley, tal como lo hacen -por ejemplo- los articulos 202, 354, 367, 387, 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil" "(..)Para que exista paralización, es necesario que ni las partes ni el Tribunal actúen en las procesales, rompe la estadia a derecho de las partes, las desvincula, y por ello si el proceso inactividad colectiva, habrá que notificar a los litigantes de tal reanudación, habrá que reconstituir a derecho a las partes, tal como lo previó el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil." De lo anteriormente expuesto, y de la revisión de las actas del proceso y del escrito de fundamentación de la apelación, se evidencia que no existe ninguna declaración que guarde abocamiento haya impedido plantear, afectando la garantía de ser juzgado por un juez imparcial, representación del accionante, siendo que el Tribunal Disciplinario, no ha incorporado Juez diferente al que conoció del recurso de apelación que interpuso el denunciante ante la Inspectoría General de Tribunales, hasta la fecha de publicación de la decisión, resultando INoFrcioso, la reposición de la misma, aunado a que el dispositivo declaró: inadmisible e improcedente el petitorio del accionante. Asi se decide. (Negrillas de esta Alzada) En este sentido, frente a la delación de la apoderada del accionante, que no se notificó previamente al denunciante para la reanudación del proceso, esta instancia considera traer a colación el contenido del artículo 176 de la Ley Adjetiva Penal. "Artículo 176. Los actos defectuosos deberán ser inmediatamente saneados, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido, de oficio o a petición del interesado. Bajo pretexto de renovación del acto, rectificación del error o cumplimiento del acto omitido, no se podrá Como puede advertirse de la normativa antes referida, el Juez puede rectificar cumpliendo con el acto omitido, siendo el caso de autos; el Juez del a-quo dictó la decisión de fecha 02 de ectubre inadmisible la apelación interpuesta por el denunciante, contra el auto de fecha 21 de marzo de 2013, emanado de la Inspectoría General de Tribunales, que negó la acumulación del expediente 060547 al 100535, e improcedente la solicitud de recabar y acumular actuaciones de investigación para la Inspectoria General de Tribunales, evitando con ello retrotraer el proceso al estado de notificar al denunciante de dictar la decisión. En virtud que los lapsos estaban precluidos, decide. Seguidamente, adujo la formalizante que la recurrida declaró Improcedente la solicitud de recabar y acumular actuaciones de investigación para la Inspectoría General de Tribunales, formulada por el ciudadano Ramón Guerra Betancourt, en su condición de denunciante. En este punto delató "(. que la sentencia objeto de apelación está ocasionando gravámenes irreparables, generador de daños y perjuicios en la medida en que se tiende a interferir obstruir y/o obstaculizar el curso legal de las investigaciones pertinentes (..)" Ante este particular denunciado, corresponde a esta Alizada examinar si existe tal gravamen. En atención a ello es preciso determinar que significa un gravamen irreparable y determinar si la fundamental subsanar y restablecer la situación jurídica quebrantada, que causa perjuicio grave a alguna de las partes a quien la decisión judicial, no solo causa un gravamen, sino además que éste sea irreparable y por tanto recurrible ante la Alzada. El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela establece que se entiende como gravamen irreparable, citando a Cabanellas: "Gravamen irreparable en lo procesal y según Couture, es aquel que no es susceptible de reparación en el curso de la instancia en que se ha producido. Evidentemente se está ante un perjuicio procesal que no cabe rectificar por la vía normal." Para Ricardo Henríquez La Rochs tenemos lo siguiente: "El gravamen puede ser reparado por la sentencia definitiva de la instancia de un modo directo porque desdiga la providencia preparatoria o de una sustanciación adoptada, o de un modo indirecto, al Venezolano, Tomo II, al conocer sobre las sentencias definitivas e interlocutorias, cuales pueden estar sujetas a apelación, dice textualmente: "Como la apelabilidad de las sentencias interlocutorias dependen de que produzcan gravamen ireparable, la cuestión fundamental que se plantea al juez para admitir la apelación consiste en determinar si producen o no gravamen irreparable. No contiene la Ley una defiiciônp criterio que pueda guiar al Juez a este punto; pero es de doctrina y jurisprudencia constante de reparablidad o irreparablidad del gravamen que se plantea siempre en relación a la sentencia definitiva en razón a que principal o única del litigio.." Tomando en cuenta que las normas contenidas en el Proceso Civil, pueden ser aplicadas al Proceso Penal, por ello, la reparabilidad o irreparabilidad del gravamen tiene relación directa tanto para la sentencia definitiva, como para el hecho, donde el supuesto gravamen puede ser reparado o desaparecer en el desarrollo del proceso penal por medio de las vías procesales contenidas en. La Ley Adjetiva Penal, y Leyes Especiales que sistematizar la materia, y por lo tanto, nuestro Máximo Tnbunal mantiene dicho criterio, apegado a la doctrina patria. Estando por tanto de acuerdo en concluir que en el sistema venezolano, el Juez es quien tiene el deber de analizar si ciertamente el daño alegado, se puede calificar como "gravamen irreparable" una vez que el recurrente haya alegado y demostrado tales agravios en su apelación, debiendo igualmente demostrar el por qué considera que es irreparable. alguno y mucho menos de consideración irreparable, con la decisión proferida por el Tribunal Disciplinario Judicial, que declara improcedente la solicitud de recabar y acumular actuaciones de investigación para la Inspectoria General de Tribunales, pues pretender por parte del recurrente subordinar el gravamen irreparable a la determinación de la sanción por no estar conforme con ella, se considera por esta Alzada un desacierto jurídico, pues no sdlo basta alegarlo, sino también demostrar la existencia de dicho gravamen, situación que de autos no se desprende, razón por la cual en este particular denunciado no le asiste la razón al recurrente. Asi se decide. En cuanto a la delación de que la recurrida tiende a «(.. interferir obstruir u obstaculizar el curso legal de las investigaciones pertinentes, (..)» por declarar improcedente la solicitud de recabar y acumular actuaciones de investigación para la Inspectoria General de Tribunales, tales como: «(.) Recabar la sentencia de fecha 23 de octubre de 2007 del expediente 9539; «(.) Recabar y acumular el expediente 11-0451 de la Inspectoría General de Tribunales; y «(.) Ordenar a la Inspectoría General de Tribunales informar sobre el estado de la denuncia. Ha sido criterio del Tribunal Disciplinario Judicial, en sentencia TDJ-SD-2016-042 de fecha 28 de septiembre de 2016 en el expediente AP61-D-2013-000127, ratificada mediante sentencia 4 de fecha 31 de enero de 2017 por esta Alzada, la actividad de investigación de la Inspectoria General de Tribunales se genera como derivación de la norma programática contenida en el encabezado del artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al establecer que "corresponde al Tribunal Supremo de Justicia (... la inspección y vigilancia de los tribunales de la Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia: "La Inspectoria General de Tribunales tendrá.como función esencial la inspección y vigilancia, por órgano de la Sala Plena, de los tribunales de la República de conformidad con la ley". página original (tal como se publicó) [Página 9] En este sentido, esta Alzada pasa analizar los elementos del expediente mediante les cuales se evidencia que el denunciante solicita que se revise la sentencia dictada por el a-quo. donde se declara la improcedencia de acumular actuaciones de investigación, para la Inspectoria:Genéral:e impugnados ante ese Tribunal, específicamente sobre la no admisión de la denuncia, y aerarchivo de actuaciones ambas derivadas de la Inspectoría General de Tribunales definidos por las sentencias N° 516 de fecha 7 de mayo de 2013 y N° 1388 del 17 de octubre de 2013, ratificadas por la sentencia N° 6 del 4 de febrero de 2016, todas emitidas por la Sala Constitucional del identificadas, como mecanismo de control, la posibilidad de solicitar ante ese Tribunal que recabe y acumule actuaciones de investigación para la Inspectoria General de Tribunales. Siendo así la cosas, las sentencias citadas delimitan las competencias de la IGT y la Jurisdicción Disciplinaria Judicial de manera cautelar, no obstante la interpretación de su espiritu y propósito funciones propias inherentes al Órgano investigador y las propias de la Jurisdicción Disciplinaria, así como su autonomía. investigación del a-quo conforme al Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015, se circunscribe a: la notificación de la orden de inicio de investigación (articulos 66 y 67), el archivo judicial (artículo 68), la solicitud de archivo de la investigación (articulo 70) y la solicitud de General de Tribunales y cuya decisión corresponde a este Tribunal Disciplinario Judicial". No es menos cierto que los Inspectores de Tribunales aun cuando no están sometidos disciplinariamente a la Jurisdicción Disciplinaria, y la Inspectoría General de Tribunales tenga plena autonomía, dicha autonomía no impide a la Jurisdicción Disciplinaria como garante del proceso al justiciable, solicitar el control judicial de las actuaciones y ordenar que se investigue si el órgano auxiliar que sustanció investigado. Asi se declara. Siguiendo el anterior orden de ideas, el control judicial lo encontramos expresado en el artículo 264 de Código Orgánico Procesal Penal. Artículo 264» A los Jueces o Juezas de esta fase les corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantias establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuelã, tratados, convenios, o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República. y en.este autorizaciones». De la norma antes transcrita, se evidencia, que el Juez de Control tiene la obligación de vigilar por demás sujetos procesales, obteniendo de esta manera un control judicial sobre la investigación recurrida de declarar la improcedencia de la solicitud de acumular actuaciones de investigación, para la Inspectoria General de Tribunales, no adolece de motivación, y a criterio de esta Alzada la decisión fue dictada oportuna y ajustada a la normativa que aplica la materia vigente, cumpliendo así con los derechos y garantías que le asisten al justiciable. Sobre este particular la Sala Penal sentencia 008961, (CASO: YANE ORANGEL FRANCO), ha sostenido que en toda clase de investigación y proceso, deben observarse las minimas garantias realización de la justicia, mediante una decisión de mérito, oportuna y fundada en derecho, procesal, lo que en suma caracteriza la tutela judicial efectiva. De ali que, se establezcan principios y reglas técnicas tendentes a resguardar los derechos y garantias constitucionales de los justiciables. De la revisión de las Actas del proceso esta Alzada pudo evidenciar que el denunciante cuando apeló del auto que niega la acumulación de actuaciones de investigación, no solicitó al TDJ, el control judicial de las actuaciones contenidas en las causas 060547 y 100535, las cuales guardan relación con el tema decidendum, sino que se limitó a solicitar que se acumulen actuaciones de investigación para la Inspectoría General de Tribunales del expediente 9539, y ordenar a la misma, dar información sobre el estado de otras denuncias, declarando el TDJ, la Improcedencia de lo solicitado, por inexistencia de identidad entre los sujetos y objetos. Ahora bien, esta Alzada a los fines de pronunciarse en cuanto a la solicitud de acumulación de actuaciones de investigación para la Inspectoria General de Tribunales, formulada por el denunciante tiene a bien citar la normas en materia de acumulación en el proceso Civil, contenida en el artículo 51 del Código de Procedimiento Civil_que es del tenor siquiente: "Articulo 51.- Cuando una controversia tenga conexión con una causa ya pendiente: ante otra autoridad judicial, la decisión competerá a la que haya prevenido. La citación determinará la prevención. En el caso de continencia de causas, conocerá de ambas controversias el Juez ante el cual estuviere pendiente la causa continente, a la cuai se acumulará la causa contenida." judiciales diferentes, en cuyo caso, la competencia corresponderá al juez en cuyo procese ise haya citado primero. Así las cosas, esta Corte tiene a bien citar el articulo 52 del Código de Procedimiento Civil el cual establece los distintos supuestos que deben verificarse para que sea posible la acumulación de causas: "Articulo 52.- Se entenderá también que existe conexión entre varias causas a los efectos de la primera parte del artículo precedente: 1° Cuando haya identidad de personas y objeto, aunque el titulo sea diferente. 2° Cuando haya identidad de personas y titulo, aunque el objeto sea distinto. 3° Cuando haya identidad de titulo y de objeto, aunque las personas sean diferentes, 4° Cuando las demandas provengan del mismo titulo, aunque sean diferentes las personas y el objeto." En este sentido, esta Alzada tiene a bien citar el criterio doctrina del autor Rengel Romberg, plasmado en su obra Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, según el nuevo código de 1987, Tomo I, Teoria General del Proceso, Conexión Genérica. anteriores: de la litispendencia, porque ésta exige la comunidad de los tres elementos: sujetos, objeto y titulo, y de la continencia, porque esta relación suponen una causa continente y otra contenida, que no aparece en la simple relación de conexión. (Resaltado Nuestro). El código de 1916, siguiendo una tradición y una doctrina superadas, no distinguía entre conexión y continencia y las consideraba iguales, a tal punto que en el Art., 225, cuando enumera los casos que se entiende dividida la continencia de la causa a los efectos de la procedencia de la acumulación de autos, nos ofrece ejemplos que son típicos casos de conexión, porque en ellos encontramos comunidad de dos elementos y diversidad de uno solo y comunidad de un solo La antigua concepción acogida en el Código de Procedimiento Civl de 1916 vigente para.la-época. se ve claramente cuando en el Ordinal 1° del citado Art. 225, considera como un caso de división de la continencia de la causa, aquel que hay entre dos pleitos "identidad de personas, cosas y acciones" (rectius: titulo), en el cual, por darse la comunidad de los tres elementos,'se está en presencia de una identidad absoluta de las causas (litispendencia) y no de contienencia ae.Causas.a saber: .1) Según el Código de Procedimiento Civil Vigente (Art. 52), son casos de conexión de causas por la comunidad de dos elementos y diversidad de uno solo, los siguientes: 1° Cuando hay identidad de personas y objeto, aunque el título sea diferente. Ejemplo: hoy te demando en reivindicación del fundo A, basando mi propiedad en el contrato de compraventa X; posteriormente, te demando la reivindicación del mismo fundo, pero como titulo de propiedad, la adjudicación en remate judicial. No cabe duda, de que en ambos casos no se trata sino de una misma cuestión entre las partes: la propiedad del mismo objeto, y por tanto, no debe ser licito que una de ellas objeto sea distinto. Ejemplo: te demandado para que me pagues el precio del inmueble que te cuando hay identidad de titulo y objeto, aunque las personas sean diferentes Ejemplo: en demanda en el mismo título. (Negrillas de esta Alzada) 2) Hay conexión de causas por la comunidad de un solo elemento, siempre que este elemento común sea el titulo, aunque haya diversidad de personas y de objetos (4, Articulo 52). Ejemplo: cuando hay varios fladores de una obligación, por montos distintos, y se reclama por el acreedor contra los fiadores en juicios separados, la parte afianzada. Las personas y los objetos son distintos; solamente el titulo es idéntico. También se da este caso cuando un mismo hecho juridico contrato-hecho ilicito se derivan pretensiones diversas a favor de personas distintas, como en el caso de reclamarse por cada pasajero contra la compañía los daños ocasionados en el accidente del vehiculo de su propiedad en que viajaban aquéllos. L.as personas son distintas); los objetos reclamados (daños) también, sólo el titulo (hecho ilícito) es común en varias pretensiones. (Negrillas nuestras) modifica la competencia en favor del juez de la prevención (forum praeventionis) conforme ar'Art. 51, según el cual: "Cuando una controversia tenga conexión con una causa ya pendiente ante,otra para hacer valer dicho fuero, es la solicitud de acumulación de autos conforme a los Artículos 79 80 del Código de Procedimiento Civil, que no es el caso del thema decidendum. Asi se establecê. De lo antes expuesto podemos determinar que la única comunidad de un solo elemento, que en nuestro derecho produce conexión entre las causas; es la del titulo. En el Tema decidendum, de los prenombrados expedientes 060547 y 100535, debidamente identificados en,autos, llevados por la IGT, el titulo o causa es similar, pero no acreditan una identidad absoluta en los elementos declara. página original (tal como se publicó) [Página 10] En cuanto a las Normas que rigen la acumulación en materia Penal, esta Alzada trae a colación el articulo 70 del Código Orgánico Procesal Penal que reza lo siguiente: Articulo 7O» La acumulación de autos en materia penal se efectuará en cualquier caso en que el criterio judicial dependa de la relación que guardan entre si los varios hechos enjuiciados.» De conformidad con lo antes expuesto, y del estudio de los elementos del expediente se evidencia para la Inspectoría General de Tribunales, que aun pudiendo tener titulo o causa similar, no relación entre si, que permitan determinar a ciencia cierta que deba prosperar la acumulación solicitada. De lo antes expuesto se puede evidenciar que la decisión recurrida, no ocasiono al denunciante un vicio irreparable por falta de motivación, que vulnere el debido proceso y derecho a la defensa y mucho menos un perjuicio, ni daño irreparable. En opinión de esta Aizada lo procedente en denunciante, en virtud de que la decisión cumple con los requerimientos establecidos en la recabar y acumular actuaciones de investigación para la Inspectoría General de Tribunales Asi se decide. VI DECISIÓN nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 20 de noviembre,de 201,9 por la la ciudadana JAZMINE FLOWERS GOMBOS, actuando en representación del ciudadano Ramón Guerra Betancourt, titular de la cédula de Identidad N° V- 4.081.788, según documento poder debidamente acreditado en autos, contra la sentencia N° TDJ-SD-2019-18 dictada por el SEGUNDO: Se CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SD-2019-18 dictada por el Tribunal Disciplinaria Judicial, en fecha 02 de octubre de 2019. Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial, de conformidad con io establecido en el artículo 91 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Notifiquese al accionante. Cúmplase con lo ordenado. Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Dada, firmada y sellada en el salón de Despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas, al primer (1er) dia del mes de agosto de dos mil veintidós (2022). Años 212° de la Independencia y 163° de la Federación LA JUEZA PRESIDENTA, EL JUEZ y CEPRESIDENTE, ROMER ABNER PACHECO MORALES LA JUEZA PONENTE 2 MARIA ALESANDRA DIAZ MARIN TOMÁS MALAVE IE ELSECRÉTARIO Exp. AP81-R-2022-000002 Hoy, primero (1°) de agosto del año dos mil veintidos (2022), siendo la 11:00 p.m., se publicó la anterior. decisión bajo el N° 13. TOMAS MAIA / Quien suscribe, TOMAS MALAVE, Secretario Encargado de la Corte Disciplinaria Judicial, conforme al articulo 112 del Código de Procedimiento Civil, certifica: Que las copias fotostáticas que anteceden son fieles y exactas Disciplinaria Judicial, cursante a los folios noventa y cuatro (94) al ciento nueve (109) de la Pieza N° uno (1) del expediente AP61-R-2022-000002 nomenclatura de este órgano jurisdiccional. Certificación que se expide a los dieciocho (18) días del mes de julio de 2023.- El Secretacio (E), TOMAS MALAVE SECRI"ARIA. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZ PONENTE: ROMER ABNER PACHECO MORALES Expediente N° AP61-R-2022-000003 Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial, conocer del recurso de apelación interpuesto por la ciudadana SORAYA MONTERO PARDO, titular de la cédula de Identidad N° V-5.803.896, actuando en su carácter de Inspectora de Tribunales por delegación del Inspector General de Tribunales, contra el Auto dictado fecha 10/06/2019 por el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ) en la misma fecha, en el cual expuso las razones por las cuales no se celebró la audiencia convocada para el día 21/05/2019 a las 10:00 am. en el expediente disciplinario principal N° AP61-A-2015-000010 formado por una (01) pieza constante de cuarenta (40) folios, del procedimiento disciplinario instruido contra la ciudadana YANETT RODRiGUEZ CARVALHO titular de la cédula de identidad N° 11.036.616, por sus actuaciones como Jueza Titular a cargo del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda con sede en Los Teques. En fecha 25/09/2019, mediante oficio N° TDJ-395-2019, el TDJ remitió a esta Certe Disciplinaria Judicial Expediente N° A161-l-2019-000001 contentivo del Cuaderno Sepafado de Medidas, en cuya causa principal AP61-A-2015-000010 versa ei procedimiento disaiplinarid seguido a la ciudadana YANETT RODRÍGUEZ CARVALHO previamente Identificada. p.1). Tal remisión se realizó en virtud del auto dictado por el TDJ en fecha 25/09/2019, mediante el cual oyó la Apelación en el solo efecto devolutivo (f.1 p.1), apelación interpuesta en fecha 07/08/2019 por la ciudadana SORAYA MONTERO PARDO, en su carácter de Inspectora de Tribunales por delegación del Inspector General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT) ( f.34 al 37 p.1). En fecha 7 de junio de 2022 se constituyó la Corte Disciplinaria Judicial con la incorporación del Juez ROMER ABNER PACHECO MORALES, el día 19/07/2022 la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, URDD) de esta Jurisdicción le dio entrada, al expediente, le asignó el N° AP61-R-2022-000003 (f.41 p.1) y lo remitió a la Secretaría de esta Corte, que en fecha 21 del mismo mes y año la cual dejó constancia de asignación de la ponencia al Juez ROMER ABNER PACHECO MORALES, quien con tal carácter suscribe el presente.(f.44 p.1) sentencia, previas las siguientes consideraciones. 1 ANTECEDENTES Mediante Auto de fecha 17/07/2017, el TDJ dejó constancia que en fecha 13/072017 dio entrada al expediente AP61-A-2015-000010, contentivo del procedimiento disciplinario seguido a la ciudadana YANETT RODRIGUEZ CARVALHO por sus actuaciones como Jueza Titular-a. cargo del Juzgado Segundo en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda con sede en Los Teques y fijo audiencia oral y pública para el 28/11/2017 a las 10:00 am. Igualmente dejó constancia que la misma no pudo programarse dentro del lapso debido a que ya habían sido programadas audiencias para todas las fechas anteriores conforme se evidenció en agenda de audiencias de ese Tribunal, y ordena notificar a las partes (f.2, p1). En fecha 16/05/2017 se dejó constancia que la ciudadana YANNETH RODRÍGUEZ CARVALHO había sido notificada de la designación de la ciudadana JENNIFER SOTILLO para ejercer su representación como defensora pública en la causa principal -expediente Nro. AP61-A-2015-000010 (f. 15, p.1). En fecha 17/07/2017 el TDJ emitió boleta de notificación a la Jueza denunciada, quien se dio por notificada el 03/08/2017 a las 11:20 am. (f.07. p.1). El 28/1/2017 fecha y hora fijada para la audiencia oral y pública el, TDJ dejó constancia de la incomparecencia de la parte actora y de la Jueza denunciada. Quedando los primeros representados por la IGT y respecto a la Jueza denunciada se acordó oficiar a la Defensoría Pública en la misma fecha para que le fuese asignado defensor público y asi garantizar su derecho a la defensa. (f.8, p.1). En fecha 10/04/2018 la ciudadana JENNIFER SOTILLO dejó constancia de su designación por parte de la Defensoría Pública para ejercer la representación de la ciudadana YANNETH RODRÍGUEZ. (.10, p.1). En fecha 17/04/2018 la representación de la Defensoría Pública solicitó se notificara a la Jueza investigada de su designación. (f.10, p.1). Riela en las actas que conforman el expediente notificación N° 155-2018 de fecha 27/06/2018. en la cual consta notificación efectiva a la Jueza sometida a proceso disciplinario, en la misma fecha el TDJ, emitió Auto mediante el cual reprogramó la audiencia oral y pública para el 04/12/2018 a las 2.00pm, librando las respectivas boletas de notificación. (f.15 p.1) Consta boleta de notificación Nro. 155-2018 de fecha 27/06/2018, mediante la cual se dejó constancia que la Jueza denunciada fue notificada el 12/07/2018 de la reprogramación de la audiencia oral y pública para el 04/12/2018 a las 2:00 pm. (f. 17, p. 1). página original (tal como se publicó) [Página 11] para la audiencia oral y pública, es decir el 04/12/2018 no hubo despacho, ese Tribunal (f:21 p.1), en la misma fecha emitió boleta de notificación N° 92-2019 mediante la cual se pondría en conocimiento a la Jueza sometida a proceso disciplinario de la nueva fecha y hora fijada para la audiencia (f.21, p.1), sin embargo, de la revisión del expediente se pudo constatar que la referida notificación no se encuentra efectivamente practicada. En fecha 21/05/2019 la IGT consignó diligencia solicitando al TDJ informara las razones de la suspensión de la audiencia, considerando que todas las partes estaban representadas en día y hora de la audiencia (f.25, p.1). para el 22/10/2019 a las 10:00 am, y libró las respectivas notificaciones, ahora bien, no consta reprogramación. (f.26, p.1). En fecha 10/06/2019 el TDJ emitió pronunciamiento exponiendo los motivos de la suspensión de la audiencia oral y pública del día 21/05/2019, arguyó que no se efectuó la audiencia por cuanto no constaba en autos la notificación efectivamente practicada a la Jueza investigada, requisito sine qua non para que se pudiera realizar válidamente la audiencia. (f.28 p.1) En fecha 07/08/2019 la IGT apela del Auto de fecha 10/06/2019 mediante el cual el TDJ emitió pronunciamiento en relación a las causas de suspensión de la audiencia programada para el 21/05/2019. (f.34 al 37, p.1). I1 DEL FALLO APELADO En fecha 10/06/2019 el TDJ dictó la Auto mediante el cual dio respuesta a la solicitud de la IGT en relación a la suspensión de la audiencia fijada para el 21/05/2019 a las 10:00am, en la que expuso (f.40 p.1): "(...) De tal forma, siendo que el proceso legalmente establecido prevé la participación personal de la jueza en el acto de audiencia oral y pública ordenada en el ya transcrito artículo 78 del Código que rige este proceso, la comparecencia personal de asegurar que ella sea convocada personalmente para el mismo, convocatoria que constitucional (art. 49.3 C.R.B.V.) a intervenir personalmente y a ser oida, derecho que puede ser renunciado por ella con su incomparecencia, siempre que asista en su representación un defensor público o de un defensor privado, pero en todo caso. debe haber sido previamente citada personalmente para que - de así quererlo- ejerza directamente su defensa en la audiencia. De lo contrario, en aplicación de la nulidad resultado de la audiencia oral y pública no podrá ser apreciado para fundamentar la decisión definitiva que dicte esta instancia judicial, tal como lo ordena el artículo 174 del Código Orgánico Procesal Penal. Es por todo lo antes expuesto que al momento fijado para la celebración de la audiencia no constaba en autos los resultados de la notificación dirigida a la jueza sometida a procedimiento disciplinario, y siendo que ella no se hizo presente en el mismo acto, (lo cual habría convalidado o subsanado el defecto de convocatoria); este órgano Jurisdiccional consideró violatorio a los derechos de la jueza, celebrar la audiencia en la oportunidad programada, motivo por el cual decidió reprogramar dicha audiencia (..)" A los fines de fundamentar su decisión, el a quo señaló la suspensión se realizó en aras ae preservar el derecho a la defensa y el debido proceso de la Jueza investigada, por cuanto lo contrario hubiese sido violatorio de sus derechos. 1Ⅲ1 FUNDAMENTACION DE LA APELACIÓN Mediante escrito presentado el 07 de agosto de 2019, la IGT fundamentó el recurso de apelación en los siguientes términos (f.34 al 37 p.1): IGT arguyo que el TDJ justificó la suspensión de la audiencia argumentando que no constaba conforme riela en las actas que conforman el expediente. conformidad con el articulo 54 del Código de Ética del Juez y la Jueza Venezolana que caso de incomparecencia injustificada de cualquiera de las partes en el proceso, todo ello a fin de garantizar la continuidad del proceso. Por otra parte, indicó, que en la misma fecha y hora programada para la audiencia (21/05/2019) se encontraba presente la Inspectora de Tribunales Soraya Montero con lo cual se garantizarán los derechos e intereses del demandante e igualmente se encontraba CARVALHO. Seguidamente, la recurrente indicó que el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 327 ejusdem, prevé que en caso que el acusado no asista al debate injustificadamente bien: por cautelar sustitutiva, se le designará un defensor o defensora, tal como en efecto hizo el TDJ èn el caso en marras. Asimismo, sostuvo, que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia 730, del 25 de abril de 2007, ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Marchan señaló qué, ante la incomparecencia voluntaria al llamado a la celebración de la audiencia oral y pública del acusado, prevé lo siguiente: "..) No puede aceptar el Estado, a través del ejercicio del ius puniendi, que quede en manos del acusado la intención de que se inicie o celebre el juicio oral y público. El Estado tiene el deber de que el juicio se celebre sin dilación indebida, por cuanto está ejecutando, con la celebración del juicio, un control soclal formal, y público que debe existir en toda sociedad" En el mismo orden, el órgano de investigación sostuvo que tal pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia estableció un limite al derecho a ser oido, al estar presente en las audiencia es deber del Estado, en este caso del Tribunal Disciplinario Judicial debe garantizar siempre que estas no contradigan los derechos y garantías establecidos en el Código de Ética del Juez y de la Jueza Venezolana, todo ello con el objeto de lograr el fin último que es intervinientes en el proceso. En idéntico sentido, desestimó la justificación del TDJ para la medida de suspensión de la audiencia, considerando que la Jueza investigada estaba suficientemente informada sobre la en autos y añadió que había sido practica reiterada del Tribunal suspender las audiencias lo celeridad y brevedad del proceso disciplinario, igualmente sostiene que contradice la jurisprudencia de máximo Tribunal. DE LA COMPETENCIA competencia para conocer del presente recurso ordinario de apelación y a tal efecto observa: Los artículos 37 y 51 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015, establecen la competencia de la Corte Disciplinaria para el Tribunal Disciplinario Judicial, que causen gravamen a las partes, y en tal sentido establecen siguiente: Artículo 37: Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra las decisiones del Tribunal Disciplinario Judicial, ya sean interlocutorias o definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y el resto de la normativa que guarde relación con la idoneidad judicial y el desempeño del juez venezolano, y jueza venezolana. Articulo 51: Salvo señalamiento expreso en este Código, las decisiones interlocutoriaäs: del Tribunal Disciplinario Judicial que causen gravamen serán apelables en un solo efecto dentro de los tres días de despacho siguientes. La apelación será decidida por la alzada con lo cursante en autos, en el lapso de cinco dias de despacho contados a partir del momento en que se dé cuenta del recibo del expediente. Al respecto, se tiene que la norma de competencia general para que la Corte Disciplinaria Judicial conozca de las decisiones del TDJ es la que aparece reseñada en el artículo 37, que hace referencia entre otras a las apelaciones interpuestas contra "las decisiones del TDJ, ya sean interlocutorias o definitivas", tratándose el presente caso de una apelación ejercida por la ciudadana SORAYA MONTERO PARDO, titular de la cédula de identidad Nro. V-5.803.896, actuando en su carácter de inspectora de Tribunales por delegación del Inspector General de Tribunales (en lo sucesivo IGT), contra el Auto dictado fecha 10/06/2019 por el Tribunal Disciplinario Judicial que reprogramó la audiencia oral y pública en la causa AP61-A-2015- 000010 seguida a la ciudadana YANETT RODRIGUEZ CARVALHO por sus actuaciones como Jueza a cargo del Jueza Titular a cargo del Juzgado Segundo en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda con sede en Los Teques, presuntamente sin considerar que todos los extremos de ley estaban cubiertos para que se llevara a cabo la audiencia en la fecha y hora fijada conforme consta en las actas que conforman el expediente, y siendo que en fecha 25 de septiembre de 2019, el TDJ oyó la apelación en un solo efecto y ordenó la remisión a esta Corte Disciplinaria, mediante el oficio N° TDJ-395-2019 de igual fecha, de conformidad con lo establecido en el artículo 51, del Código en referencia, norma que de forma sentencias interlocutorias emitidas por el órgano de primera instancia disciplinaria y decidir las con lo cursante en autos en lapso perentorio de cinco (05) días. Del análisis de los autos que integran el expediente, se advierte que la pretensión/de la recurrente está dirigida a la revisión de la oportunidad que el a quo tenía para fijar y levar a cabo la audiencia oral y pública, lo que permite a esta Alzada verificar que, efectivamente, se. trata de una apelación contra un Auto dictado por el TDJ, razón por la cual esta Corte declara su competencia para conocer el presente asunto. Asi se decide. IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR recurso de apelación, previas las siguientes consideraciones: página original (tal como se publicó) [Página 12] 21/05/2019 por falta de notificación de la Jueza sometida a proceso disciplinario, por cuanto no constaba en autos la notificación efectivamente practicada y que el TDJ considera necesaria la participación personal de la citada Jueza en la audiencia para que estuviese válidamente constituida. En contraposición con lo expuesto por el TDJ, la recurrente citó la Sentencia 730 del 25/04/2007 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, que ante la incomparecencia voluntaria al llamado a la celebración de la audiencia oral y pública del acusado: ". No puede aceptar el Estado, a través del ejercicio- del ius puniendi, que quede en estado tiene el deber de que el juicio se celebre, sín dilaciones indebidas, por cuanto está ejecutando, con la celebración de juicio, un control social formal y público que debe. existir en toda sociedad (...)" No obstante, lo anterior, esta Alzada estimó necesario determinar si los hechos fueron apreciados debidamente por el a quo o si, por el contrario, su apreciación fue errónea. En tal manera: En fecha 28/11/2017 se constituyó el Tribunal Disciplinario Judicial a fin de realizar la CARVALHO por sus actuaciones como Jueza Titular a cargo del Juzgado Segundo de Bolivariano de Miranda con sede en Los Teques, en el acta se dejó constancia de la Fiscalía General de la República. Quedando solo representados los denunciantes por la Inspectora General de Tribunales. El TDJ ordenó en ia misma fecha solicitara la Defensoria Pública le fuere asignada defensor público a la jueza investigada. En fecha 10/04/2018, La U.R.D.D recibe vigencia de la ciudadana Jennifer Sotillo. investigada. (f.9, p1). En fecha 17/04/2018: El TDJ ordenó librar boletas de notificación a la Jueza sometida a procedimiento disciplinario a fin de informarle de la designación de la Defensora Pública (f.10, p.1). practicadas a la Jueza investigada, mediante la cual se le informa de la designación de 04/12/2018 (f.15, p.1) En fecha 12/06/2018 la jueza denunciada se dio por notificada de la nueva fecha para la realización de la audiencia y en fecha 18/07/2018 se dio por notificado el denunciante. (f,19 y 29, p.1) En fecha 27/06/2018 el TDJ ordenó librar boleta de notificación a la Defensora Publica mediante la cual le informó que la audiencia oral y pública fue programada para el 04/12/2018. En fecha 25/03/2019 el TDJ informó que la audiencia no se realizó el 04/12/2018 por 21/05/2019 (f.21, p.1). Consta en autos boleta de notificación libradas por el TDJ a la jueza investigada y al denunciante, no consta boletas a la Defensa Pública ni a la Inspectoria Genera de Tribunales. En fecha 21/05/2019 el TDJ informó que se suspendida la audiencia por cuanto no constaba en autos la notificación a la Jueza investigada de la fecha y hora de la audiencia, sin considerar que se encontraban presentes el cludadano Raúl Alvares en su condición de parte denunciante y la abogada Soraya Montero en su condición de Inspectora General de Tribunales y la Defensora Pública Jennifer Sotillo. En la misma fecha ante la suspensión de la audiencia antes señalada, la IGT presentó escrito ante el TDJ solicitando pronunciamiento sobre los motivos de tal suspensión. (f.24 p.1) En fecha 22/05/2019 el TDJ dio respuesta a la solicitud de la IGT estimando que la suspensión de la audiencia se debió a que no constaba en Autos la notificación condición de Jueza investigada (f.26 p.1). Observa esta Instancia Superior, que el TDJ ante la incomparecencia injustificada de fajueza investigada solicitó se le designará un defensor público a fin de garantizar el derecho a- la defensa conforme a lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Ética del Juez Venezolano y la informó la designación de la Defensora Pública e igualmente notificación de la reprogramación de la audiencia oral y pública para el 21/05/2019, sin embargo no consta en autos que, esta denunciantes como la representación de la Defensoría Pública garante de los derechos de la Jueza sometida a procedimiento disciplinario se encontraban presentes para la realización de la mencionada audiencia. Por otra parte, debemos señalar que la ciudadana Jennifer Sotillo Defensora Pública notificó al Tribunal su designación lo cual consta en autos, asi como la notificación a la Jueza investigada, quien en ningún momento desestimó tal designación ni informó al Tribunal. de la designación por su parte de Defensor Privado. disciplinario de Primera Instancia no omitió o incurrió en error en el procedimiento, más si en la interpretación del derecho a ser oída de la jueza investigada al afirmar que sin la notificación audiencia, por cuanto se estaría vulnerando su derecho a la defensa. "Acto de presentarse una persona ante la justicia de acuerdo con las nomas procesales; bien sea personalmente o mediante apoderado..." (Tomo II C - CH). En respaldo a lo anteriormente expuesto es importante resaltar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 730 de fecha 25 de abril de 2007.se refiere a: derecho al debido proceso, que contiene, a su vez, el derecho de toda persona a ser Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). Asf pues, al estar presente:el además, le permite determinar cómo transcurre la audiencia de juicio oral y público. Ahora bien, ante la negativa injustificada del acusado a comparecer a la audiencia de juicio, cabe preguntarse: ¿Puede el acusado abusar de su condición procesal y lograr con su contumacia o rebeldía obstruir la justicia en su provecho? Para dar respuesta a tal interrogante es oportuno precisar que la conducta contumaz en el proceso penal es aquella proveniente de la rebeldía de todo imputado, detenido o en procesado. Esa rebeldía, se traduce en una renuncia manifiesta al derecho de ser oído en un acto público al cual ha sido llamado par la autoridad competente, la cual es contraria a instrumento para el logro de la justicia, así como al artículo 26 eiusdem, que prescribe-el derecho a una tutela judicial efectiva, especificamente, a celebrarse un juicio sin dilaciones indebidas..." Es asi que el Articulo 327 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal norma supletoria en la materia que nos ocupa, establece "En el da y hora fijados, el Juez o Jueza se constituirá en el lugar seña(ado para. la audiencia. que deban intervenir, el Juez o Jueza declarará abierto el debate, advirtiendo al acusado y al público sobre la importancia y significado del acto. En caso que el acusado o acusada en estado contumaz se niegue a asistir al debate, se procederá a realizar el debate fijado con su defensor o defensora, si asiste, o en su defecto con un defensor o defensora pública que se le designará a tal efecto; de igual manera se procederá en caso que el acusado o acusada que esté siendo juzgado o juzgada en libertad o bajo una medida cautelar sustitutiva, no asista al debate injustificadamente, pudiendo el Juez o Jueza, de oficio o a solicitud del Ministerio Público, revocar la medida cautelar. Seguidamente, en forma sucinta, el o la Fiscal y el o la (Resaltado nuestro). Supremo de Justicia Nro. 15-67 de fecha 9 de diciembre de 2015 Magistrada Ponente Gladys María Gutiérrez Alvarado: ...En el presente asunto se ha sometido al juicio de la Sala, la constitucionalidad o no de la desaplicación parcial del artículo. 310 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual es del tenor siguiente: "Articulo 310. Incomparecencia. Ante la incomparecencia injustificada, a la audiencia preliminar, del representante de la Defensa Pública Penal o del Fiscal del Ministerio Público, debidamente citados o citadas, el Juez o Jueza de Control notificará al Coordinador o Coordinadora de la Defensa Pública Penal del respectivo Circuito Judicial Pénal o al Fiscal Superior correspondiente, según sea el caso, a los fines de garantizar su. presencia en la nueva fecha fijada. De no realizarse la audiencia dentro idel plazo nuestro). Como puede apreciarse del contenido de la referida norma, en ella se reglamenta los. mecanismos o medios que debe llevar a cabo el juez o jueza de Primera Instancia en Funciones de Control, para garantizar la presencia de las partes a la celebración de 1a audiencia preliminar. Asimismo, en ella se determinan los efectos jurídicos que apareja la incomparecencia de las partes o sus representantes, que habiendo sido debidamente citados, a la celebración de la audiencia preliminar, no acudan al acto, el día y hora señalada. página original (tal como se publicó) [Página 13] El fundamento de ese dispositivo es precisamente garantizar la celeridad procesal, así como el derecho a un juicio en un plazo razonable y, en general, el derecho al debido proceso, el cual interesa tanto a los intervinientes en la causa como a la sociedad en general, evitando la existencia de juicios indebidamente dilatados y erradicando cualquier vestigio de retardo procesal. La existencia de un proceso 'sin dilaciones indebidas', como lo garantiza el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, implica, ante todo, el derecho de toda persona a ser juzgada y oida dentro de los plazos que prudentemente han sido fijados por la ley procesal, y cuyo fin es evitar procesos encuentren privados de libertad o, en fin, sometidos a medidas que restringen sus derechos, sin la existencia de una sentencia definitiva de condena.." (Resaltado nuestro) Como refuerzo de ello, cabe precisar que la Sentencia N° 65-2017 de fecha 4 de agosto de 2017, afianzó aún más el criterio del Máximo Tribunal: "..En cuanto a la intervención de la ciudadana Luisa Ortega Diaz, en su condición de Fiscal General de la República, se dejó constancia de su incomparecencia, motivo por el Hernández Acevedo, en su condición de_ Defensor Público. Segundo con competencia para actuar ante la Sala Plena y Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, quien se encontraba impuesto de las actas en virtud de la notificación realizada en fecha 29 de junio de 2017, a la cludadana, abogada Susana Barreiros, Defensora Pública General, y tuvo plena participación en la audiencia, señalando, entre otras cosas, lo siguiente: propósito de asegurar se respete el Debido Proceso Judicial y Derecho a la Defensa. contenidos en el art. 49.1 de nuestra Carta Fundamental. Igualmente comparecer amparados en el art. 268 de Nuestra Carta Fundamental, art. 1 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública art. 8, art. 26.1 y art. 95 de la Ley que rige la función Pública que prestamos". "...De Esa manera, bajo el rigor de las actuaciones cursante en el expediente,; la audiencia tuvo lugar el dia y la hora pautados, cumplidos los extremos legales aplicables al asunto, en el Auditorio Principal del Tribunal Supremo de Justicia; la ciudadana Laisa Ortega Diaz, en su condición de Fiscal General de la República.Bolivariana de Venezuela, no se hizo presente, lo que ameritó, como anteriormente se señalo, la designación de un defensor público en la persona del cludadano, abogado Javier José Hernández Acevedo, en su condición de Defensor Público Segundo con competencia para actuar ante la Sala Plena y Sala de Casación Penal de este Tribunal Šupreimo de Justicia, quien asumió su defensa". "Que "(..) asimismo, es importante señalar que la Responsabilidad por ei cual se le señala como presente autora a la ciudadana Luisa Ortega Diaz, es una Responsabilidad de carácter ético y/o moral, definidas asl en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder: Cludadano, que impone la obligación de actuar bajo algunos parâmetros y principios que deben regular la función pública". Penal de este Trbunal Supremo de Justida, quien asumió la defensa de la cludadana Luisa Ortega Diaz, en su condición de Fiscal General de la República_ Bolivariana de Venezuela, en virtud de su incomparecencia; solicitando en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Trbunal Supremo de Justicia, no sea acogida la solicitud esgrimida por el ciudadano Pedro Carreño, en su condición de Diputado de la Asamblea y, como consecuencia, sea decretado el sobreseimiento de la causa y/o Es importante resaltar el artículo 26 del Código de Procedimiento Civil desglosa lo siguiente: ".. Hecha la citación para la contestación de la demanda las partes quedan a derecho, y no proceso; es decir, tanto la representación de la Jueza sometida a proceso disciplinario como la Inspectoria General de Tribunales en representación de los denunciantes, y que la Jueza en de la designación de la Defensora Pública. En este orden de ideas, lo argumentado por el TDJ en relación a que, de realizarse la audiencia se estaría vulnerando el derecho a la defensa y al debido proceso, no aplica ya que tal apreciación sólo se configura en caso que un ciudadano o. ciudadana haya sido juzgado a sus espaldas, hecho que, a nuestro juicio, no ocurrió, en consecuencia, mal podria entonces interpretarse que su incomparecencia viciaria de nulidad dicho acto. Finalmente considera esta Alzada, que el juez del TDJ, en su condición de director del le ley, estaba en la obligación de hacer todo lo necesario para que se efectuar la audiencia de juicio oral y público, con el objeto de hallar la verdad de los hechos y aplicar la justicia. Este Órgano Colegiado concluye que el anuncio de suspensión de la audiencia por parte del encontraban presentes tanto la Defensora Pública en resguardo de los derechos/de la Jueza; investigada, como la IGT en atención a los derechos de los denunciantes quienes teniendo al organo investigador como su representante en este o cualquier otro juicio tampoco se tiene la obligación de citarlo luego que se encuentre bajo el principio de la estadia a derecho, razón por la cual las audiencias donde exista la respectiva representación legal se hará únicamente con las mismas, criterio reiterado por la Sala Constitucional del TSJ en Sentencia Nro, 6 de fecha 06/04/2016 "... 5. Los derechos de los denunciantes se entienden representados por la Inspectoria General de Tribunales, y su participación en la audiencia y a la evacuación y promocion de pruebas dependen de que la Inspectoria General de Tribunales haya estimado impulsar la sanción del Juez o de la Jueza denunciado o denunciada...", en consecuencia de todo lo anteriormente explanado, lo ajustado a derecho expedita, oportuna e imparcial. Y asi se establece. De lo antes narrado, esta Superioridad concluye que lo procedente en el presente caso es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Inspectoria General de Tribunales y consecuentemente anular el auto de fecha 22/05/2019, mediante el cual el TDJ sometida a proceso disciplinario haya sido notificada de la última reprogramación; y reponer la por una única vez. Ahora bien, conviene esta Instancia Superior que antes de proceder a la mencionada reposición es necesario analizar sus consecuencias de cara a la utilidad de la misma, porque se evaluará lo que al respecto ha estabiecido el Tribunal Supremo de Justicia y la Corte Disciplinaria Judicial. Sobre las reposiciones ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros fallos, en sentencia N° 985 del 17 de junio de 2008, que: "todo acto del proceso -en atención del artículo 257 de la Carta Magna- debe tener un sentido útil, no puede afirmarse que su incumplimiento sea siempre trascendente. Por el contrario, podría ser que el perjuicio lo cause la propia orden de reponer y no la infracción procesal. Son ellos los casos de reposiciones inútiles... (Resaltado propio) Para mayor abundamiento la citada Sala Constitucional en sentencia 249 de fecha 31 de marzo de 2016 al citar sentencia de la sentencia, N° 985 del 17 de junio de 2008, estableció que: "La reposición obedece invariablemente a la necesidad de efectuar de nuevo determinada volver atrás, al estado de cumplir lo que fue desatendido. Ahora bien, los actos procesales no artículo 257 de la Carta Magna- debe tener un sentido útil, no puede afirmarse que su incumplimiento sea siempre trascendente. Por el contrario, podría ser que el perjuicio lo cause la propia orden de reponer y no la infracción procesal. Son ellos los casos de reposiciones Esta Instancia Superior en sentencia N° 31 del 26 de octubre del 2017, sobre las reposiciones estableció lo citado a continuación: "... la reposición solo traería como consecuencia un retraso en la resolución de las posibles deficiencias que pudiera tener la decisión (... y en atención a los postulados como la garantía de una justicia expedita y sin reposiciones inútiles, es por lo que esta Corte (.) no declara la reposición de la causa, pues la misma carecería de utilidad..." la causa principal N° AP61-A-2015-000010, ya fue fijada por el TDJ, retrotraer la causa al dilatar su realización, lejos de tutelar una justicia expedita, máxime cuando ha sido criterio de la Sala Constitucional que las notificaciones, en principio, tienen por objeto enterar a las partes Superioridad atendiendo a los criterios antes expresados y en aplicación de la garantía reposición de la causa, por carecer de utilidad, y ORDENA al Tribunal Disciplinario Judicial la realización de la audiencia oral y publica dentro de un lapso no mayor a cinco (5) dias de expuestos. Y asi se decide. V DECISIÓN Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Tribunales, contra el auto dictado en fecha 10 de junio de 2019, mediante el cual Tribunal programada para el 21/05/2011. SEGUNDO: SE ORDENA al Tribunal Disciplinario Judicial la realización de la audiencia oral y pública dentro de un lapso no mayor a cinco (5) días de despacho, contados a partir de la. notificación de la presente sentencia y proceder en el mismo orden con los casos que existan audiencias correspondientes, entendiéndose representados por las Inspectoras y los Inspectores de la Inspectoria General de Tribunales, garantes de primera mano de sus derechos a la defensa y al debido proceso judicial disciplinario. página original (tal como se publicó) [Página 14] TERCERO: SE ORDENA publicar un extracto de la presente decisión en la Cartelera ubicada en las puertas de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial para que sirva de referencia a los, denunciantes que deseen acudir a las audiencias o a los procesos. Se ordena la publicación de la presente decisión en la. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el articulo 84 del Código de Ética. Publíquese, registrese. Remitase copia certificada del presente fallo al Tribunal Disciplinario Judicial y a la Inspectoría General de Tribunales. Devuélvase el expediente al Tribunal Disciplinario Judicial. Dada, firmada y sellada en el salón de Despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad Independencia y 163° de la Fegeración. La Presidenta MERLY JACC UELINE MORA ES HERNÁNDEZ Vicepresidenite-Ponente, ROMER ABNER PACHECO MORALES La Jueza, MARIA ALEJANDRA DIAZ MARÍN Secretario, TOMAS MALAVE Exp. N° AP61-R-2022-000003 veintidós (2óp2), siendo la 2:00 p.m., se publicó la anterior Hoy, primero (1°) de agosto detaño decisión bajo el N° 14. ELSECRETARIO (E SECRETARIA Quien suscribe, TOMAS MALAVE, Secretario Encargado de la Corte Disciplinaria Judicial, conforme al artículo 112 del Código de Procedimiento Civil, certifica: Que las copias fotostáticas que anteceden son fieles y exactas de la decisión N° 14, publicada en fecha 01 de agosto de 2022, dictada por esta Corte Disciplinaria Judicial; cursantes a los folios cuarenta y cinco (45) al cincuenta y nueve (59), del Expediente N° AP61-R-2022-000003, de la pieza número uno (01), nomenclatura de esta Instancia Judicial. Certificación que se expide a los dieciocho (18) dias del mes de julio de 2023.- El Secretario (E), TOMAS/MALAVE SECRC-ARIA. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL EXPEDIENTE N° AP61-S-2016-000142 JUEZ PONENTE: DR. ROMER ABNER PACHECO MORALES Mediante Oficio N° TDJ-232-2019 de fecha 29/04/2019, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ) remitió a esta Corte expediente identificado N° AP61procedimiento disciplinario instruido por la Inspectoría General de Tribunales (en lo sucesivo IGT) a la ciudadana CARINA ZACCHEI MANGANILLA, titular de la cédula de identidad N° V-5.946.300 en su carácter de Jueza Titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, por la presunta comisión de faltas disciplinarias en el desempeño del cargo. En fecha 7 de junio de 2022 se constituyó la Corte Disciplinaria Judicial con la incorporación del Juez ROMER ABNER PACHECO MORALES, la Secretaría_de esta Corte dejó constancia de haber recibido en fecha 26 de julio de 2022 de là Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Jurisdicción (eno sucesivo, URDD) el expediente N° AP61-S-2016-000142 (f. 102 p.4) y corresponde. el pase de actuaciones para su pronunciamiento al Juez Vicepresidente como suplente dada la falta absoluta de la Jueza Principal Ana Cecilia Zulueta Rodriguez. 07/06/2022 esta Instancia Superior se mantuvo sin despacho debido a la grave enfermedad y posterior fallecimiento de la Jueza Vice Presidenta ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ, en consecuencia esta Corte estimó que debe darse continuidad al presente procedimiento sin necesidad de notificación y se acordó que la oportunidad para la publicación de la correspondiente decisión será el quinto (5°) dia de despacho siguiente a la fecha antes mencionada. 1 ANTECEDENTES En fecha 14/05/2016 la IGT dio inicio a la investigación con ocasión de lã denuncia formulada por la ciudadana GRACIA RATTO BORDONES, titular de la cedula de identidad N° V-5.946.300 en contra de la Jueza CARINA ZACCHEI MANGANILLA su carácter de Jueza Titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funiciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, por la presunta comisión de faltas disciplinarias en el desempeño del cargo. El 15/06/2012 el órgano investigador disciplinario dictó Acto Conclusivo (f.52-al63 p.4) en el expediente instruido durante la investigación a la jueza CARINA ZACCHEI MANGANILLA, en el que solicitó decreto de Sobreseimiento de la investigación conforme al numeral 1 y 2 del Artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (sic). El 15/07/2016, mediante oficio N° 02803-16 (f.65 p.4) el órgano investigador remitió el TDJ las actuaciones contenidas en el expediente administrativo disciplinario, a los fines previstos en el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (en lo sucesivo Código de Ética). El TDJ dictó la Sentencia N° TDJ-SD-2018-83 de fecha 17/12/2018 en la que declaró procedente la solicitud del órgano investigador disciplinario relativa al Sobreseimiento de la investigación relacionada con la causa penal @P01-P-20.11- 002783 (72 al 82 p.4). II DEL FALLO CONSULTADO En fecha 17/12/2018 el TDJ dictó la Sentencia N° TDJ-SD-2018-83, en la que declaró procedente el Sobreseimiento de la investigación solicitada por la IGT, en los términos que a continuación se transcriben parcialmente: "Primero: Se decreta el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la N° V-5.946.3300 en su condición de Jueza Titular del Juzgado Sexto (6°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, con sede en Valencia de conformidad con el primer supuesto del numeral 1 del articulo 71 de del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana de 2015, en cuanto al hecho denunciado de presuntamente parte de la defensa privada de la causa penal GP01-P-2011-002783. Segundo: Se decreta el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana CARINA ZACCHEI MANGANILLA titular de la cédula de Identidad N° V-5.946.3300 en su condición de Jueza Titular del Juzgado Sexto (6°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del, Estado Carabobo, con sede en Valencia, de conformidad con el numeral 2 del articulo 71 de del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana de 2015, en cuanto al hecho denunciado de supuestamente mantener privado de libertad ilegalmente al imputado de la causa penal GP01-P-2011-002783. Tercero: Se decreta el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana CARINA ZACCHEI MANGANILLA titular de la cédula de identidad N° V-5.946.33Q0 en su condición de Jueza Titular del Juzgado Sexto (6°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, con sede en Valencia, de conformidad con el segundo supuesto numeral 1 del articulo 71 de del Código de Ética del Juez Venezolanc presuntamente negar el acceso al expediente a la defensa técnica del imputado en la causa penal GP01-P-2011-002783." IⅢ DE LA COMPETENCIA Debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer el asunto sometido a su consideración y, al respecto, observa: El articulo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana reza: "Articulo 71. El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas. Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando: (...) El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial/decrete el sobreseimiento, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco dias siguientes." (Resaltado de esta Alzada). La norma parcialmente transcrita define el sobreseimiento y sus efectos una vez declarado, así como su alcance con relación a las medidas dictadas durante él curso del proceso disciplinario. Prevé, igualmente, el trámite que debe cumplirse, los decretarlo. Igualmente, en su parte in fine, atribuye la competencia a esta Corte para conocer en consulta la decisión que lo declara en Primera Instancia. Constatado en autos que la Sentencia definitiva objeto de examen decretó e' Sobreseimiento de la investigación en el procedimiento que se tramitó en la primera instancia disciplinaria, se colige la atribución de competencia objetiva para el conocimiento de la Consulta en consideración. Con relación a la atribución de competencia subjetiva para conocer, esta Alzada destaca que si bien la norma disciplinaria estableció en su articulo 1 que el ámbito de aplicación alcanzaría a todos los ciudadanos investidos conforme a la ley para actuar en nombre de la República en ejercicio de la jurisdicción de manera permanente, temporal, ocasional, accidental o provisoria, su aplicación fue suspendida cautelarmente por la Sentencia N° 6 proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fechas 04/02/2016, restringiendo sù ámbito de página original (tal como se publicó) [Página 15] Ahora bien, constatado en autos que el objeto de la presente causa es el conocimiento en Consulta de la Sentencia N° TDJ-SD-2018-83 de fecha 7/A2/2018 dictada por el TDJ, en la que se decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana CARINA ZACCHEI MANGANILLA, titular de la cédula dè identidad N° V-5.946.300 en su carácter de Jueza Titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, y por ende, verificadas las condiciones objetiva y subjetiva que determinan la competencia para el conocimiento de esta Alzada, esta Corte declara su competencia. Asi se decide. IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Establecida como ha sido la competencia, esta Corte pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones. Sobreseimiento previsto en el artículo 71 del Código de Ética constituye una atribuírsele al juez denunciado, el hecho no es tipico, la acción disciplinaria ha prescrito, resulta acreditada la cosa juzgada, no existe la posibilidad de incorporar imposición de la sanción disciplinaria judicial o la muerte del juez). como consecuencia de su confirmación, la extinción del proceso disciplinario judicial y la imposibilidad de perseguir nuevamente al sujeto de derecho en favor de quien es dictado el sobreseimiento, en razón del carácter de cosa juzgada que adquiere su pronunciamiento. En este sentido, la Corte Disciplinaria Judicial en Sentencia N° 23 de fecha 23/10/2012 dejó establecido que el Sobreseimiento en materia disciplinaria eracuna institución dispuesta en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana en la misma forma y con la misma naturaleza que en el ambito penal ordinario, habiéndose reeditado en los mismos términos en la formulaciónlegislativa. vigente. Al respecto, igualmente indicó, que tal figura jurídica comportaba un Juez denunciado al dar por terminado un proceso en curso, siempre y cuando el Tribunal competente constatara que alguna de las causales previstas en la ley adjetiva aplicable se había materializado. La finalidad de esta institución es poner término al procedimiento de manera anticipada y atribuye a su declaratoria el carácter de cosa juzgada. Ahora bien, con relación al caso sometido a consulta, observa esta Alzada que el a disciplinaria realizada por la IGT a la ciudadana CARINA ZACCHEI MANGANILLA en virtud que el hecho denunciado en la decisión de la causa judicial Nro. GP01-P- 2011-002783 no podía atribuírsele, a tenor de lo dispuesto en los numerales Nros 1 y 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Precisado lo anterior, pasa esta Alzada a verificar las consideraciones 'explanadas por el TDJ en la fundamentación de su pronunciamiento. El juzgador de la Primera Instancia disciplinaria, en primer término, analizoies alguno de los supuestos previstos en el articulo 71 del Código de Ética del Juez procedencia del pronunciamiento solicitado. 1. En relación al primer hecho denunciado, con respecto a las irregularidades cometidas por la Juez en el ejercicio de sus funciones en la causa penal número GP01-P-2011-002783. Esta Alzada en relación a la presunta vulneración de las garantías procesales constitucionales, al debido proceso y el derecho a la defensa, verificó la investigación realizada por la IGT, y evidenció que en fecha 12/05/2011 se realizó audiencia oral y pública al ciudadano NASSER FAUAD KURBAJ, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.059.661, por ante el Tribunal Undécimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo (f .101 al 114 p.1) en el cual fue decretó la Privación Judicial Preventiva de Libertad. En fecha 01/06/2011 la ciudadana GRACIA RATTO BORDONES, titular:de à cédula de identidad número V- 6.703.044, interpone RECURSO DE APELACIÓN 8/11/2011 se pronunció la Corte de Apelaciones declarando con lugar el Reôurso de Apelación, presentado por la defensa privada, la nulidad del auto de fecha 17/05/2011 y ordenó la celebración de una nueva audiencia de imputación. Ahora bien, esta Alzada revisadas las actuaciones anteriormente descritas, constató que las mismas tuvieron a cargo del Tribunal Undécimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, y no fueron realizadas por la ciudadana Jueza CARINA ZACCHEI MANGANILLA, titular de la cédula de identidad N° V-5.946.300 en su carácter de Jueza Titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, ya que la misma entró a conocer de la causa en fecha 17/01/2012 (f.144, p.2), por decisión de la Corte de Apelaciones, la cual ordeno: a celebración de una nueva Audiencia de Presentación, que fue celebrada:el día 22/02/2013 por ante el Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo (f.9 al 19, p.3)/ Esta Alzé Preventiva de Libertad, la ciudadana sometida a procedimiento disciplinario no tenía conocimiento de la causa para la fecha fijada para la audiencia oral y pública. En cuanto al hecho denunciado referido a que la Jueza investida, negó la libertad del imputado, solicitud realizada por la defensa privada referente a la revisión de la medida, solicitada en fecha 30/01/2012 (f 157 al 166 p 2). Ahora bien, siendo que la Jueza investigada para la fecha de la solicitud estaba en conocimiento de la causa, se pronunció en relación a la misma en fecha 15/02/2012 en el cual declaró improcedente la revisión de la medida judicial de privación de libertad (f. 183 al 184 p. 2), arguyendo que la Corte de Apelaciones en decisión de fecha 08/11/2011 titular de la cédula de identidad Nro V-7.059.661, por solicitud del Ministerio Público (f.112 al 130, p.2), ya que el mismo se encontraba en investigación sobre una presunta, Estafa Inmobiliaria. pronunciamiento de la Jueza CARINA ZACCHEI MANGANILLA, en cuanto a la procedencia del sobreseimiento, de conformidad con el primer supuesto del Áumeral 1 artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015 2- En relación al segundo hecho denunciado, referente a que la ciudadana sometida a procedimiento disciplinario, mantuvo privado de libertad ilegalmente al imputado el ciudadano NASSER FAUAD KURBAJ, pasa este Órgano Superior a evaluar las documentales. A reglón seguido, se constató en autos que el TDJ relacionó todas las actuaciones cursantes en autos en relación a esta parte de la denuncia y, evidenció, al igual que esta Alzada que las circunstancias que motivaron los diferimientos no guardan relación con la Jueza investigada y se desvirtúan que el imputado se mantuvo privado de libertad por actuación de la citada Jueza en el desempeño de sus funciones, conforme se consta en las Actas que conforman el expediente folios 168, 172, 185, 192 pieza 2, auto de fecha 22/02/2012 mediante el cual la ciudadana MARIA ELENA JÍMENEZ, Juez Sexta de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, se avoca al conocimiente de la causa, arguyendo la ausencia temporal de la ciudadana CARINA ZACCHEI MANGANILLA, quien se encontraba en el goce y disfrute de sus vacaciones legalês (f. 193, p.2). En consecuencia, esta Alzada mantiene el criterio expresado por la IGT y el TDJ en la procedencia del sobreseimiento, de conformidad con el primer supuesto del numeral 1 artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015. 3-. En relación al tercer hecho denunciado referido a que la Jueza investigada negó al acceso del expediente penal Nro. GP01-P-2011-002783 a la defensa referida ciudadana entro en conocimiento de la causa penal N°GP01-P-2011- 002783, mediante oficio N° C11-0022-12, por el Tribunal Undécimo de Primera Instancia en Función de Control en fecha 17/01/2012 vista la decisión de la Sala 1 de la Corte de Apelaciones, en la cual ordenó la celebración de una nueva Audiencia de Presentación (f 142 -145 p 2), y las diligencias para acceso al expediente y copia de la acusación consignadas por la Defensa Privada, todas. fueron anteriores a la fecha de recepción de la causa por parte de la prenombrada Jueza (13-08-11 y 12 de julio de 2011). Es por ello que esta alzada considera que:e página original (tal como se publicó) [Página 16] Ihecho denunciado no puede atribuirse a la Jueza denunciada y acoge et criterio tanto de la IGT como del TDJ que se decrete el sobreseimiento de la investigación en relación al hecho mencionado de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezelana de 2015. Compartiendo en todos y cada uno de sus términos el criterio explanado por el iudex a quo en la sentencia sometida a Consulta, debe esta instancia reiterar el postulado sostenido en cuanto a la interpretación de la causal de sobreseimiento prevista en los numerales 1 y 2 del artículo 71 del Código de Ética. De acuerdo a la norma citada, el sobreseimiento procede, entre otras circunstancias, cuando el hecho que motivó el inicio de la investigación disciplinaria resulta inexistente o no aparece suficientemente probado, asi como también cuando no consta en actas la participación del Juez denunciado. evento, que se trata tanto del supuesto de acreditación de falsedad del hecho imputado, como del que no se haya podido probar su existencia. Lo mismo ocurre en lo que respecta a que el hecho "no puede atribuírsele, al sujeto investigado", supuesto que comprende tanto el caso de que el sujeto investigado haya probado su no participación en los hechos reprochados, como el caso de que no se haya podido probar su participación. En este sentido, si uno de los objetos de la investigación es la comprobación del hecho disciplinable presuntamente cometido, en caso que el hecho que motivó el proceso disciplinario no hubiere existido o que el Juez denunciado no sea responsable del mismo, procederá la conclusión del proceso a través de la figura del sobreseimiento. En mérito de lo anterior y evidenciadas en autos por quienes aquí decide en toda su extensión las probanzas invocadas por el Tribunal Disciplinario Judicial en la motiva de su pronunciamiento, esta Corte confirma la Sentencia N° TDJ-SD-2018-83 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha de fecha 17/12/2017. Asi se decide. Visto que de la revisión del fallo consultado no evidencia esta Alzada violación-a: normas de orden público y constitucional, ni infracciones a las interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, esta Corte Disciplinaria Judicial CONFIRMA la Sentencia N° TDJ-SD-2018-83 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 17/12/2017. Así se decide. V DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: RESUELTA la Consulta Obligatoria de la Sentencia N° TDJ-SD-2018-83, dictada en fecha 17 de diciembre de 2018, con motivo del sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana CARINA ZACCHEI MANGANILLA, titular de la cédula de identidad N° V-5.946.300 en su carácter de Jueza Titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo. SEGUNDO: CONFIRMA la Sentencia N° TDJ-SD-2018-83, dictada en feCha 17 de diciembre de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual decretó el. sobreseimiento del procedimiento disciplinario seguido a la ciudadana CARINA ZACCHEI MANGANILLA, titular de la cédula de identidad N° V-5.946.300 en su carácter de Jueza Titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, de conformidad con lo previsto en el articulo 71, numerales 1 y 2, del Código de Ética, en relación a los hechos analizados en el presente fallo. Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial. Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia._a-la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales, de conformidad con el artículo 91 del Código de Ética del Juez Venezolano yjJueza Venezolana. Cúmplase lo ordenado. Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la Reublica Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 sel SUDI:AL Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Dada, sellada y firmada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas a los nueve (09) días del mes de agosto de dos mil veintidós (2022). Año 212° de la Independencia y 163°de la Federación. PCOLIC- JUEZA PRESIDENTA MERLY MORALES HERNANDEZ JUEZ VICEPRESIDENTE PONENTE √ ROMER PAGHECO MORALES JUEZA INTEGRANTE, JUOICIAL d MARÍA ALEJANDRA DÍAZ MARÍN SECRETARIO, TOMÁS MALAVE EXP. N° AP61-2016-000142 Hoy nueve (09) de agosto del año des mil veintidós (2022), siendo las 11:30 am. se publicó la anterior decisión bajo el N° El Secretario (E) Tomas Malave Quien suscribe, TOMAS MALAVE, Secretario Encargado de a Corte Disciplinaria Judicial, conforme al artículo 112 del Código de Procedimiento Civil, certifica: Que: las copias fotostáticas que anteceden son fieles y exactas de la decisión N° 16, publicada en fecha 09 de agosto de 2022, dictada por esta Corte Disciplinaria Expediente N° AP61-S-2016-000142, de la pieza número cuatro (04), nomenclatura de esta Instancia Judicial. Certificación que se expide a los dieciocho (18) días del mes de julio de 2023.- Et SecrefarigfÉ),, TOMASMALAVE SECR-R página original (tal como se publicó) [Página 17] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIAJUDICIAL EXPEDIENTE N° AP61-S-2018-000087 JUEZA PONENTE: Dra. MARÍAALEJANDRA DÍAZ MARÍN Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial, pronunciarse sobre la consulta obligatoria de ley, relacionada con la decisión N° TDJ-SD-2018-95 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo adelante, TDJ) en fecha dieciocho (18) de diciembre de 2018, en la causa signada con el N°AP61-S-2018-000087 nomenclatura que conserva, mediante la cual, decretó el sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana SUSANA TERESA GARCÍA DE MALAVE, titular de la cédula de identidad Nro. V- 6.956.403, de conformidad con el segundo supuesto del numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana 2015 (en lo sucesivo Código de Ética), por las actuaciones realizadas durante el desempeño como Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción- Judicial del Estado Sucre con sede en Carúpano. ANTECEDENTES La investigación disciplinaria se inició de oficio en virtud del acta levantada en fecha o de julio de 2007 por la Inspectoría General de Tribunales, con ocasión a las observaciones realizadas durante el desarrollo de la inspección ordinaria realizada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre con sede en Carúpano, a cargo de la fuerza SUSANA TERESA GARCÍA DE MALAVÉ, titular de la cédula de identidad Nro. V- 6.956.403, por presuntamente producir datos estadísticos inexactos por no reflejar en el cuadro de estadísticas la recusación formulada en su contra, en la causa judicial 8949; en la cual se expuso lo siguiente: (..) con relación a la certificación de Recusaciones (sic) planteadas a la Juez (sic) SUSANA GARCÍA DE MALAVÉ, se pudo constatar que con fecha 30 de noviembre de 2006 en el asiento Nro. 23 se lee: Exp. 8949 Daños y Perjuicios: Jesús Malavé contra Construcciones Carúpano C.A. comparecieron los abogados Ramón Gómez y Josmary Gutiérrez y recusaron a la Juez (sic) de este Juzgado (...); así mismo se constató que con fecha primero (1) de diciembre de 2006, en el asiento Nro. 31 se lee: "Exp. 8949 Daños y Perjuicios Jesús Salvador Malavé contra Construcciones Carúpano C.A.. se dictó (sic) Sentencia Interlocutoria donde se declaró (sic) Inadmisible la Recusación propuesta, así mismo se libró (sic) boleta de notificación a las partes (...) impuesta la ciudadana Juez (sic) SUSANA d TERESA GARCÍA DE MALAVÉ, de la culminación del levantamiento,de:la presente acta, expuso con relación a la misma lo siguiente: "Manifiesto.(...) a la (...) Inspectora de Tribunales que hemos procedido de acuerdo a las observaciones formuladas, a abrir las carpetas correspondientes a las inhibiciones y recusaciones formuladas a la (...) Juez (sic) con sus respectivas decisiones y su índice, mensual. al igual que los copiadores de sentencias interlocutorias y definitivas, igualmente manifiesto, que no se ha tratado de modo alguno de obviar información, sino más bien que se ha tratado de una circunstancia que ha ocurrido motivado al exãeso de trabajo que existe en este Tribunal, de múltiple competencia, que conoce/eß alzada de 8 municipios que conoce en sede Constitucional y que ademas cuiup funciones de Registro Mercantil y que es único en el Segundo Circuito judicial la misma manera quiero significar que durante el lapso que he estado a cargo de este despacho no ha sucedido ninguna circunstancia que pudiera evidenciar que haya tratado de ocultar información a los entes fiscalizadores o a los órganos Superiores y en este sentido señaló (...) a Inspectoría que la Recusación plafitgada y que ha sido descrita antes, fue decidida por mi persona a través de sentencia interlocutoria la cual consta debidamente certificada en los Copiadores de Sentencia Interlocutorias, correspondientes al Mes de Diciembre del año 2006 (...), igualmente señaló a la Inspectora que siendo tal actuación (llevar carpetas de los copiadores de Recusaciones e Inhibiciones) son responsabilidad del Archivos del Tribunal y de los funcionarios encargados, he procedido a tomar los correctivos pertinentes, imponiendo si fuere necesario las sanciones a que hubiere lugar (...) La IGT en atención al contenido del acta levantada y lo relatado por la Jueza denunciada, procedió a dar inició a la investigación el dia 22 de febrero de 2008 comisionando al Inspector de Tribunales Javier Parra (pza 1 folios 57-58) procediendo éste a trasladarse a la sede del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre con sede en Carúpano, a realizar la revisión de las actas procesales y actuaciones contentivas en el expediente 8949 para determinar si la jueza denunciada pudiera haber incurrido en falta disciplinaria por presuntamente producir datos estadísticos inexactos en los meses de noviembre y diciembre de 2006, específicamente al no reflejar en los cuadros estadísticos la recusación formulada en su contra en la causa judicial 8949. Culminada la evaluación de la revisión en el Tribunal, la IGT pudo constatar que ciertamente en fecha 30 de noviembre de 2006 (pieza 1, folio 21-22) se formuló recusación contra la Jueza sometida a proceso disciplinario y que la misma fue declarada inadmisible por haber sido presentada en forma extemporánea; tal como se concluyó en la decisión dictada por la jueza denunciada en fecha 1 de diciembre de 2006 (pieza 1, folios 34 al 40); posteriormente en fecha 6 de diciembre de 2006 la jueza investigada libró oficio 1020-007 y 1020-1419 mediante la cual remitió el cuadro estadístico correspondiente a las actividades realizadas por el tribunal durante el mes de noviembre de 2006 y diciembre 2006 (pieza 1, folios 112 al 117) en el cual se pudo constatar que no se asentó la información sobre la recusación planteada; sin embargo en el proceso de la investigación se verificó que tal omisión se debió a un error material en el que incurrieron las funcionarias adscritas al citado Juzgado quienes como archivistas tienen a su cargo tales funciones; al no incluir la recusación presentada en las estadisticas del juzgado del referido mes al no colocar la decisión de inadmisibilidad de dicha incidencia en el copiador de las decisiones de recusaciones sino en el copiador de sentencias interlocutorias como se pudo apreciar; lo cual ocasionó que ha dichas funcionarias archivistas se le impusiera una amonestación por haber incumplido sus funciones. (Pieza 1, folios 13 al 17). El 31 de octubre de 2018 una vez culminada la investigación, la IGT emitió su acto. conclusivo en el cual solicitó: "... De conformidad con lo previsto en el articulo 71 (numeral.1)., del Código de Ética se decrete el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana antes mencionada, por cuanto el hecho que la originó, no se le puede atribuir"(Pieza 2, folios 210 al 217). En fecha 31 de octubre de 2018, el expediente administrativo fue remitido por la IG'T a FDJ mediante oficio 01039-18 para que dictara su pronunciamiento y en fecha 26 de noviembre de 2018 el TDJ, dictó auto mediante el cual ordenó dar entrada al expediente para-la tramitación del sobreseimiento solicitado y se designó como ponente a la Jueza Jacqueline /Sosa Mariño. (Pieza 2, folio 221). En fecha 18 de diciembre de 2018 el TDJ, dictó sentencia en la causa AP61-S-2018-000095 mediante la cual decretó el Sobreseimiento de la investiggeion seguida a la ciudadana SUSANA TERESA GARCÍA DE MALAVÉ, titular de la cédula-d identidad Nro. V- 6.956.403 durante su desempeño como Jueza Titular del Juzgado-de 7 Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre con sede en Carúpano, de conforinidad cons el segundo supuesto del numeral 1 del artículo 71 del CEJVJV, por presuntamente prota especificamente al no reflejar en los cuadros de estadisticas la recusación formulada a la jueza denunciada en la causa judicial 8949, en virtud de que el hecho no puede ser atribuido a la jueza denunciada. (Pieza 2, folios 222 al 227). En fecha 28 de octubre de 2019 sic (2021) el TDJ ordenó remitir la presente causa a esta Alzada, a los efectos de su respectiva consulta obligatoria de ley; tal remisión se efectuó a través del oficio N° TDJ-134-2021. (Pieza 2, folio 239 vto). En fecha 26 de julio de 2022, se deja constancia que se recibió de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URRD) de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial en fecha 25 de octubre de 2022, memorándum N° 113, mediante el cual se remitió oficio N° TDJ-134- 2021, contentivo del Expediente N°AP61-S-2018-000087, a los fines de que sea realizada la CONSULTA OBLIGATORIA, correspondiéndole Ia ponencia, según el orden cronológico y alternativo a la Jueza MARÍA ALEJANDRA DÍAZ MARÍN, a quien se Ie pasan Ias actuaciones. (Pieza 2, folio 242). 6 En fecha 01 de agosto de 2022, se agregó a las actas del proceso copia Certificada del Acta de fecha 07 de junio de 2022, mediante la cual se dejó constancia de la incorporación del Juez Suplente ROMER ABNER PACHECO MORALES, para cubrir las falta absoluta de la Jueza Principal ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento Orgánico y Funcional de esta Jurisdicción Disciplinaria. (pieza 2 folio 243 y 244) En fecha 01 de agosto de 2022, mediante auto se dejó constancia, que desde el día 28 de octubre 2021 esta instancia superior, se mantuvo sin despacho debido a la grave enfermedad padecida por la Jueza ANA CECILIA ZULUETA, RODRIGUEZ, hasta el 07 de junio del año que discurre; fecha en que se constituyó la Corte. Asimismo, dejó constancia, citó"(...) que los expedientes que a esta alzada se remiten en consulta, contienen decisiones en relación con las cuales se presume, por falta de apelación, que todas las partes están conformes, en la mayoría de los casos, las sentencias de consulta se confirman al determinarse que fueron pronunciadas conforme a derecho, como hacía presumir ab initio, la falta de apelación" (Vid. Sentencia de Ia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 1307 de fecha 22 de junio 2005). (pieza 2, f. 245). Vistas las consideraciones realizadas en el señalado auto, debe dársele continuidad-al procedimiento sin necesidad de notificación por lo que acordó que la oportunidad,parala publicación de la correspondiente decisión, será el quinto (5) días de despacho siguiente al 01 de agosto de 2022 (pieza 2, folio 245 ). II DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA En fecha 18 de diciembre de 2018 el TDJ dictó la Sentencia No TDJ-SD-2018-95 bajo- la ponencia de la Jueza Jacqueline Sosa Mariño en la que declaró: "(..) ÚNICO: Se decreta el sobreseimiento de la investigación seguida a//o ciudadana SUSANA TERESA GARCIA DE MALAVÉ, titular de la cédula de identidad NFoaK- 6.956.403 durante su desempeño como Jueza Titular del Juzgado de Primerc Instuneia n civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscipción Judicial del Estado Sucre con sede en Carúpano, de conformidad con el segundo supuestos del numeral 1 del articulo 71 del CEJVJV, por presuntamente producir datos estadísticos inexactos en los meses de noviembre y diciembre de 2006, especificamente al nio reflejar en los cuadros de estadisticas la recusación formulada a la jueza denunciada efrsla causa judicial 8949, en virtud de que el hecho no puede ser atribuido a la jueza denunciada ⅢⅢII DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Previo a cualquier pronunciamiento, debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer de la presente consulta obligatoria y a tal efecto observa lo siguiente: El artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015, preceptúa la competencia de esta Alzada Disciplinaria para el conocimiento de las consultas obligatorias a las decisiones del Tribunal Disciplinario Judicial que decreten el sobreseimiento, y en tal sentido establece lo siguiente: Articulo 71: El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez. investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas. Los 1. El hecho no se realizó no puede atribuírsele al sujeto investigado. 2. El hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario 3. La acción disciplinaria haya prescrito. 4. Resulte acreditada la cosa juzgada 5. No exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la Investigación y-no haya base para solicitar fundadamente la imposición de la Sanción disciplinaria judicial. 6. La muerte del juez o la jueza. El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento de s la investigación, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro-delos cinco días siguientes." (Resaltado de esta Alzada) La norma ut supra transcrita, además de establecer en forma taxativa las causales que dan lugar a la declaratoria del sobreseimiento, siendo esta una de las formas de terminación anticipada del proceso disciplinario judicial, estatuye igualmente la consulta obligatoria a esta Alzada Colegiada de la resolución judicial que decrete el mismo, ello no solo en atención al cumplimiento del Principio de la doble instancia, cuyo derecho para las partes en juicio, es inherente al debido proceso, sino por la trascendental consecuencia de su decreto, a saber, la terminación del proceso disciplinario. De allí que el legislador de tan especial materia, haya establecido la revisión por un Tribunal de Alzada, del fallo que declara la finalización del proceso como consecuencia del sobreseimiento y solo al verificarse los. supuestos indicados en la norma aplicable, procederá su declaratoria. Ahora bien, se puede constatar en autos que el objeto de la presente causa es el conocimiento en Consulta Obligatoria de la sentencia N° TDJ-SD-2018-95 de fecha 18 de diciembre de 2018, dictada por el a-quo, en la que se decretó el SOBRESEIMIENTO de a investigación en contra de la ciudadana SUSANA TERESA GARCÍA DE MALAVÉ, titular de la cedula de identidad Nro. V- 6.956.403 durante su desempeño como Jueza Titular del Juzgado-de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre con sede en Carúpano, de conformidad con página original (tal como se publicó) [Página 18] el segundo supuesto del numeral 1 del artículo 71 del CEJVJV, por presuntamente produei datos estadísticos inexactos en los meses de noviembre y diciembre de00b específicamente al no reflejar en los cuadros de estadísticas la recusación formulada la jueza denunciada en la causa judicial 8949, en virtud de que el hecho no puede ser atribuido a la jueza denunciada; de conformidad con el segundo supuesto del numeral 1 de artícu o z del Código de Ética. del numeral 1° del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (no puede atribuirse al sujeto investigado) en que se funda el decreto de sobreseimiento proferido por la Primera Instancia Disciplinaria, esta Corte se declara competente para conocer la presente consulta. Y así se decide. IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Establecida como ha sido la competencia de esta Corte, esta Alzada pasa a emitir pronunciamiento en los siguientes términos: A los efectos de resolver la consulta obligatoria de ley, esta Alzada considera oportuno reiterar lo señalado en otros fallos en relación al sobreseimiento previsto en la norma adjetiva disciplinaria, el cual constituye una forma de concluir los procesos disciplinarios judiciales en forma anticipada, siendo de la exclusiva competencia de la autoridad judicial su decreto, siempre que resulte acreditado de forma concluyente cualquiera de las causales previa y taxativamente establecidas por el legislador en la norma regulatoria, vale decir, que el hecho del proceso no se realizó; que no pueda atribuírsele al Juez denunciado; que el hecho no sea típico; que la acción disciplinaria haya prescrito; que resulte acreditada la cosa juzgada; que no exista la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, o por la muerte del juez; tal declaratoria por parte del órgano jurisdiccional, comporta previamente un examen exhaustivo de todos los supuestos establecidos en la norma que regula dicha figura procesal, para poder arribar al convencimiento de la imposibilidad de la sanción disciplinaria y por ende la finalización del proceso. La Inspectoría General de Tribunales en su acto conclusivo solicitó el Sobreseimiento de la causa seguida a la Jueza investigada, por presuntamente producir datos estadísticos inexactos; al haber determinado que no reviste carácter disciplinario alguno por cuanto el hecho que la originó no se le puede atribuir a la jueza investigada. (pieza 2, folio 217 vto). A los fines de fundamentar su decisión, el a quo señaló que la solicitud de sobreseimiento realizada por la IGT obedeció a la imposibilidad de atribuir a la Jueza investigada la presunta reproducción inexacta de estadísticas en los meses de noviembre y diciembre de 2006, específicamente al no reflejar en los cuadros de estadísticas la recusación formulada a la jueza denunciada en la causa judicial 8949. El TDJ en cuanto al hecho observado en la inspección ordinaria realizada por la IGT concluyó; que realmente se pudo evidenciar en autos que la Jueza sometida a proceso disciplinario, dictó sentencia interlocutoria en fecha 1 de diciembre de 2016/en la que declaró INADMISIBLE la recusación formulada en su contra, fundamentada en/que la parte. sostuvo la recusación, en un recurso de queja referido a un juicio diferente, generándose que no estuviera fundamentada en causa legal; incluso motivó que en caso de haber sido procedente la causal de recusación, la misma sería extemporánea, ya que se interpuso al quinto día de despacho siguiente a la admisión de la queja; es decir ya había transcurrido el lapso legal de 3 días para efectuar la; y que ciertamente del resultado de investigación realizada por la IGT y de lo examinado en el libro diario y copiadores de sentencià, aunado a las entrevistas realizadas a las archivistas; quienes fueron contestes en admifirvasi página original (tal como se publicó) [Página 19] responsabilidad en el error material cometido; claramente se prueba que /desempeñar corresponde ser atribuida a las funcionarios archivistas quienes deben cabalmente la función de llevar con transparencia el asiento y archivo interno de tle actuaciones y no a la jueza investigada; situación ésta que fue inmediatamente subsanada con la amonestación de las funcionarias adscritas al archivo; como consta en aucos. De la narración de los hechos el TDJ, al quedar demostrado que la jueza investigada no incurrió en actuaciones que puedan ser subsumidas en las faltas disciplinarias; declaró procedente decretar el sobreseimiento de la investigación, de conformidad con el segundo supuesto del numeral 1 del artículo 71 de Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, por presuntamente producir datos estadísticos inexactos en los® meses de noviembre y diciembre de 2006, específicamente al no reflejar en los cuadros de estadísticas la recusación formulada a la jueza denunciada en la causa judicial 8949, en virtud de que el hecho no puede ser atribuido a la jueza denunciada por lo tanto, no reviste carácter disciplinario. En virtud de lo que antecede esta Alzada considera necesario realizar algunas consideraciones sobre la causal de sobreseimiento contenida en el segundo supuesto del numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética, según el cual la conducta reprochada que dio lugar al procedimiento disciplinario no podía ser atribuida a la jueza investigada. En relación a este punto, la norma bajo examen recoge en su numeral 1 el supuesto de que el hecho imputado no pueda ser atribuido al sujeto investigado. Cuando el legislador expresa que “el hecho no se realizó" hay que entender, a todo evento, que se trata tanto del supuesto de que haya sido acreditada la falsedad del hecho imputado, como que no se haya podido probar la existencia de tal hecho. Lo mismo ocurre en lo que respecta a que el hecho "no puede atribuírsele al sujeto investigado", supuesto que comprende tanto el caso de que el sujeto investigado haya probado su no participación en los hechos reprochados, como el caso de que no se haya podido probar su participación. (Vid. Sentencia N° 33 del 02 de noviembre de (@017) de esta Corte Disciplinaria Judicial). En este sentido, si uno de los objetos de la investigación, es la comprobación del hecho disciplinable presuntamente cometido, en caso de que el hecho que motivó el proceso disciplinario no hubiere existido; o que el Juez denunciado no sea responsable del mismo, procederá la conclusión del proceso a través de la figura del sobreseimiento. Este Tribunal de Alzada considera necesario analizar las actas procesales a fin de verificar la existencia o no de la denuncia por la cual él "a quo" decretó el sobreseimiento de la causa a la jueza investigada, habida cuenta de que es la decisión integra del TDJ sometida a la consulta de Ley, y en tal sentido quienes aquí deciden pasan a revisar lo siguiente: En relación al resultado de la investigación, con ocasión a que la jueza investigada elaboró datos estadísticos inexactos en los meses de noviembre y diciembre de 2006, específicamente al no reflejar en los cuadros de estadísticas la recusación formulada a la jueza en la causa judicial Nro. 8949 examinó esta Alzada, lo subsiguiente: 1.- Sentencia Interlocutoria de fecha 1 de diciembre de 2006. (pieza 1, folio 34 al 40). 2.- Copia certificada del Libro diario del Tribunal. (pieza 1, folio 90 al 99). 3.- Índice de sentencias interlocutorias dicta en el mes de diciembre de 2006. (Pieza 101 al 102). folio 4.- Oficio 1020-1419 de fecha 6 de diciembre de 2006. (pieza 1, folio 115-117) 3.- Oficio 1020-007 de fecha 7 de enero de 2007. (pieza 1, folio 103 y 112) 6,- Amonestaciones escritas impuestas a las dos (2) archivistas del despacho. (pieza 1, folios 13 y 16) 8 7.- Actas de entrevista levantadas por la IGT contentivas de los testimonios de las archivistas del despacho. (pieza 1, folios 75 al 81). página original (tal como se publicó) [Página 20] Una vez realizado el examen de las actuaciones precedentemente señaladas, sta Instancia Superior constató que realmente tanto en la solicitud de la IGT, como en la decisión de primera instancia judicial se comprobó en relación a la causa N° 8949 (nomenclatura interna del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre con sede en Carúpano) que efectivamente el hecho presuntamente irregular analizado en este punto, no es concreto, ni suficiente como para que quede acreditada una conducta censurable por parte de la administradora de justicia investigada, por cuanto de los elementos de convicción existentes, se evidencia que no tienen la sustancia suficiente para concluir que la falta se llegó a cometer; por lo que no se le puede atribuir a la jueza investigada; producir datos estadísticos inexactos en los meses de noviembre y diciembre de 2006, específicamente al no reflejar en los cuadros de estadísticas la recusación formulada a la jueza denunciada, en la causa judicial 8949. Así se decide.- En este sentido esta Corte, comparte el criterio establecido en la sentencia consultada respecto a declarar el sobreseimiento de la causa a la jueza investigada, al constatar que ciertamente en la conducta desplegada por la misma, no se circunscribe en ninguna causal de sanción disciplinaria prevista en el Código de Ética; por el contrario consta en el curso de la investigación y de los elementos recabados por la IGT y la conclusión del TDJ que se trata de un error material no imputable a la Jueza investigada, en virtud que para realizar las estadísticas ella obtiene los datos contenidos de los copiadores de sentencia y del libro diario Ilevados por el Tribunal. En consecuencia, no se le puede atribuir el hecho denunciado a la Jueza sometida a investigación disciplinaria, debiendo esta Alzada confirmar lo decidido por el Tribunal de Primera Instancia Disciplinaria y decretar el sobreseimiento de la causa a la Jueza denunciada. Así se decide.- En razón de los fundamentos antes expuestos esta Corte Disciplinaria Judicial, declara RESUELTA la consulta obligatoria de la sentencia N° TDJ-SD-2018-95, dictada en fecha dieciocho (18) de diciembre de 2018, con motivo del sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana SUSANA TERESA GARCÍA DE MALAVE, titular de la cédula de identidad Nro. V- 6.956.403, por las actuaciones realizadas durante el desempeño como Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre con sede en Carúpano. Vista la revisión del fallo consultado no evidencia esta Corte violaciones a normas de orden público y constitucional, ni se observan vulneraciones a las interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional, CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SD-2018-95, dictada en fecha 18 de diciembre de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual DECRETÓ el SOBRESEIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN disciplinaria, de conformidad con el segundo supuesto del numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética, por presuntamente producir datos estadísticos inexactos en los meses de noviembre y diciembre de 2006, específicamente al no reflejar en los cuadros de estadísticas la recusación formulada a la jueza denunciada en la causa judicial 8949, en virtud de que el hecho no puede ser atribuido a la jueza denunciada. Así se decide.- V DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: RESUELTA la consulta obligatoria de la sentencia N° TDJSD-2018-95,% dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en fecha 18 de diciembre de 2018, &on motivo ^ 'NAF página original (tal como se publicó) [Página 21] del SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadanaSUSAÑA TRSA GARCÍA DE MALAVE, titular de la cédula de identidad Nro. V- 6.9β6.40 Mor as actuaciones realizadas durante el desempeño como Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Cireuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre con sede en Carúpano. CORT diciembre de 2018 por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual DEeRerée SOBRESEIMIENTÔ DE LA INVESTIGACIÓN disciplinaria de conformidad con el segundo supuesto del numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética, por presuntamente producir datos estadísticos inexactos en los meses de noviembre y diciembre de 2006, específicamente al no reflejar en los cuadros de estadísticas, la recusación formulada a la jueza denunciada en la causa judicial 8949, en virtud de que el hecho no puede ser atribuido a la jueza investigada. Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial. Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales, de conformidad con el artículo 91 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Cúmplase lo ordenado. Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana vigente. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas, a los nueve (9) días del mes-de agosto de dos mil veintidós (2022). Años 212° de la Independencia y 163° de 4a Federación. MEPLALIE 1 LA JUEZA PRESHDENTA MERLY MORALES HERNÁNDEZ 77 JUEZA -PONENTE MARIA ALEJANDRADÍAZ MARÍN Exp. N° AP61-S-2018-000087 decisión bajo el N° 15, EÍ JUEZ VICEPRESIDENTE ROMER ABNER PACHECOMORALES EL SECRETARIO (E) TOMASMALAVE ABICIAL Quien suscribe, ToMAs MALAVE, Secretario Encargado de la Corte Disciplinaria Judicial, conforme al artículo 112 del Código de Procedimiento Civil, certifica: Que las cøpias fotostáticas que anteceden son fieles y exactas de la decisión N° 15 de fecha 09 de Agosto de 2022, dictada por esta Corte Disciplinaria Judicial, cursante a los folios doscientos cuarenta y seis (246) a la doscientos cincuenta y tres (253) de la Pieza N° dos (02) del expediente AP61-S-2018-00o087 nomenclatura de este órgano jurisdiccional. Certificación que se expide a los dieciocho (18) días del mes de julio de 2023.- El Secretario (E), TOMAS/MALAVE SECRFARY página original (tal como se publicó) [Página 22] SERVICIO AUTÓNOMO Imprenta Nacional y Gaceta Oficial 200 DILE NO SITOLSHO SOT página original (tal como se publicó) [Página 23] SERVICIO AUTÓNOMO Imprenta Nacional y Gaceta Oficial 200 GACETA OFICIAL DE LA BUEPCHLICA BOLIWARIANA DE VENEZUELN Requisitos para solicitar Gaceta Certificada de Naturalización El trámite es PERSONAL. En caso de no acudir la persona, un familiar deberá consignar autorización con parentesco hasta 3er grado de consanguinidad (Padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tios o sobrinos). En su defecto consignar poder debidamente autenticado. Siguenos en Twitter @oficialgaceta @moficialimprenta página original (tal como se publicó) [Página 24] SUMARIO LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.688 de fecha viernes 25 de febrero de 2022) Objeto Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las publicaciones oficiales de los actos jurídicos del Estado a los fines de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del Pueblo al contenido de los mismos, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 4. La “Gaceta Oficial”, creada por Decreto Ejecutivo de 11 de octubre de 1872, continuará con la denominación “Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”. Efectos de la publicación Artículo 8. La publicación de los actos jurídicos del Estado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela le otorga carácter público y con fuerza de documento público. Para que los actos jurídicos del Poder Electoral, Poder Judicial y otras publicaciones oficiales surtan efectos deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el Reglamento que rige la materia. Publicación física y digital Artículo 9. La publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela acoge el sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro físico. La publicación física deberá contener todo el contenido publicado en la versión digital y automatizada y generará los mismos efectos establecidos en esta Ley, incluyendo su carácter público y de documento público. La contravención de esta disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda. La Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo establecerá las normas y directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de las publicaciones digitales y físicas de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el sistema informático de las publicaciones digitales. Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Publicaciones oficiales Artículo 15. El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial podrá dar carácter oficial a las publicaciones y ediciones físicas y digitales de los actos jurídicos publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, deberá dictar un acto que indique las características esenciales de estas publicaciones. Así mismo, el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial dictará un acto en el cual establezca los precios de las publicaciones impresas de la Gaceta Oficial, su certificación y los servicios digitales de divulgación y suscripción, así como cualquier otro servicio asociados a sus funciones. http://www.imprentanacional.gob.ve Esta Gaceta contiene 24 páginas, costo equivalente a 10,05 % valor Unidad Tributaria AÑO CL - MES X Número 42.683 Caracas, miércoles 2 de agosto de 2023 página original (tal como se publicó)