[Página 1] Caracas, miércoles 26 de octubre de 2022 Número 42.491 AÑO CL - MES I SUMARIO ASAMBLEA NACIONAL Acuerdo entre los suscritos congresistas Miembros del Congreso Nacional de la República de Colombia y la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, manifiestan su respaldo a la apertura de las fronteras, en el marco del restablecimiento de las Relaciones Diplomáticas entre ambos Países. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Coronel Alirio Isaías Hernández Domínguez, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada, sin firma, Hospital Militar Tipo III “ Dr. José Ángel Álamo”. Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Coronel Luis Reinaldo Borges Azuaje, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada, sin firma, Hospital Militar “Tcnel. Francisco Valbuena”. Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Coronel Hilars José Larrarte Sosa, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada, sin firma, Hospital Militar “Vicente Salías”. Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de Brigada Denny Román Ferrer Sandrea, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada, sin firma, Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana N° 42, estado Aragua. Resolución mediante la cual se Encomienda a la Empresa del Estado “Fondo de Inversión Misión Negro Primero, S.A.”, Ente adscrito a este Ministerio y en función del objeto para el cual fue constituida, la procura y compra de “Bienes y Servicios para las Escuelas de Formación de Tropa Profesional, adscritas a la Dirección de Educación de la Guardia Nacional Bolivariana". Resolución mediante la cual se Encomienda a la Empresa del Estado “Fondo de Inversión Misión Negro Primero, S.A.”, Ente adscrito a este Ministerio y en función del objeto para el cual fue constituida, la procura y compra de “Bienes y Servicios para el Comando General de la Guardia Nacional Bolivariana". Resolución mediante la cual se crea la Comisión de Contrataciones de la Dirección General de Salud (CCSALUD), de carácter temporal, la cual estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos Profesionales Militares y no Militares que en ella se señalan, como Miembros Principales y Suplentes. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación Especial, a la ciudadana María Soledad Llovera Camacho. Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación Especial, a la ciudadana Esther Josefina Amaya Hernández. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS), S.A. Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Douglas Alexander Briceño Fiallo, como Gerente General de esta Empresa, en el Puerto de Puerto Cabello, ubicado en el estado Carabobo. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Corte Disciplinaria Judicial Decisión mediante la cual se declara Resuelta la consulta obligatoria con motivo de la Sentencia N° TDJ-SD-2018-080, dictada en fecha 29 de noviembre de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual fue decretado el sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana María Auxiliadora Chávez Rodríguez, Jueza del Extinto Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, para el Régimen Transitorio de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con sede en Barcelona, y confirmó la Sentencia N° TDJ-SD-2018-089, dictada en fecha 17 de diciembre de 2018 por el Tribunal Disciplinario Judicial. Decisión mediante la cual se declara Resuelta la consulta obligatoria de la Sentencia N° TDJ-SD-2018-86, de fecha 17 de diciembre de 2018, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, que declaró el sobreseimiento de la investigación llevada a cabo contra la ciudadana Doris Isabel Gandica Andrade, en su condición de Jueza Titular del Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas. página original (tal como se publicó) [Página 2] ASAMBLEA NACIONAL LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Por cuanto, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en sesión ordinaria de fecha 25 de octubre de 2022, sometió a consideración y debate el “Acuerdo entre los suscritos congresistas miembros del Congreso Nacional de la República de Colombia y la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, manifiestan su respaldo a la apertura de las fronteras, en el marco del restablecimiento de las Relaciones Diplomáticas entre ambos Países", suscrito en fecha 21 de octubre de 2022, en San Antonio del Táchira, estado Táchira, siendo aprobado por unanimidad, por lo que se ordena publicar el texto integro del mencionado instrumento en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil veintidós Año 212° de la Independencia, 163° de la Federación y 23° de la Revolución Bolivariana. - JORGE RODRIGUEZ GOMÉZ Presidente de lla Asambrea Nacional Vive lA. MARÍA IRIS VARELA RANGEL VANESA YUNETH MONTERO LÓPEZ Primera Vicepresidenta Segunda Vicepresidenta ROSALBA GIL PACHECO INTLALEJANDRA INOJOSA CORONADO Secretaria Subsecretaria ACUERDO ENTRE LOS SUSCRITOS CONGRESISTAS MIEMBROS DEL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MANIFIESTAN SU RESPALDO A LA APERTURA DE LAS FRONTERAS, EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE AMBOS PAÍSES CONSIDERANDO Que la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela retoman formalmente las relaciones diplomáticas y han decidido reabrir las fronteras entre ambos países, lo que hace posible retomar y afianzar los objetivos binacionales encaminados a profundizar los lazos de hermandad y cooperación entre nuestros pueblos, y así avanzar en las estrategias y acciones necesarias para lograr el zonas fronterizas. Que la senadora Gloria Inés Flórez Schneider presentó proposición a la Mesa Directiva del Congreso de la República de Colombia, la cual fue aprobada por la Plenaria del Senado el 23 de agosto del 2022, para la realización de sesiones parlamentarias conjuntas entre el Congreso de la República de Colombia y la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para escuchar a los habitantes de la frontera y a las autoridades locales y departamentales, e iniciando en el departamento de Norte de Santander y el Estado Táchira y, potencialmente en tres lugares más a lo largo de la frontera entre ambos países. Que esa proposición estuvo motivada en el aporte que se puede brindar por los dos órganos legislativos al seguimiento del restablecimiento de las relaciones y el acompañamiento a los gobiernos para superar las graves consecuencias en materia económica, social, ambiental, política y de seguridad que ha generado la ruptura de las relaciones diplomáticas y los múltiples cierres de la frontera. Por medio de este canal, se busca la construcción conjunta de una hoja de ruta entre los legislativos de ambos países que permite realizar el seguimiento y contribuir a buscar soluciones viables y expeditas para el restablecimiento total de las relaciones diplomáticas y comerciales. Que el Congreso de la República de Colombia y la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como garantes de la paz, la libertad, la soberanía, la integridad territorial, la autodeterminación de los pueblos, la cooperación judicial, y como promotores de la igualdad social, comprometidos con los derechos humanos, la promoción del mantenimiento del orden público y la defensa de la seguridad fronteriza, con el apoyo de las Fuerzas Armadas Nacionales y demás cuerpos de seguridad de ambos países. Que la migración fronteriza es una realidad binacional que data de años inmemoriales y ha sido beneficiosa para ambas naciones; que requiere de planes coherentes y estratégicos, basados en la cooperación, para asegurar la asistencia y protección de una migración humana y, ante todo, para garantizar la vida y los derechos humanos de quienes transitan por los distintos puntos fronterizos. Que los suscritos congresistas del Congreso de la República de Colombia y los integrantes de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, previa las anteriores consideraciones, convienen suscribir este acuerdo, en los siguientes términos: SE COMPROMETEN A PRIMERO: Expresar el júbilo del pueblo venezolano y colombiano, representado por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y el Congreso Nacional de la República de Colombia, por la histórica decisión tomada por los dos gobiernos de restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. La reapertura fronteriza generará un inmediato y positivo impacto en el bienestar económico, comercial, social y cultural de sus habitantes. SEGunDo: Exhortar a las autoridades competentes de ambos Estados a la creación de una Comisión Binacional permanente, que se encargue de la implementación de nuevos planes y estrategias efectivas, en los diferentes ejes fronterizos, que de la paz fronteriza. TERCERO: Instar a las autoridades competentes de ambas naciones, a diseñar e implementar nuevos programas de acompañamiento, atención y protección inmediata para la migración fronteriza binacional en los distintos pasos fronterizos, velando por sus derechos fundamentales. CUARTO: Exhortar a las autoridades a adoptar medidas de emergencia conjuntas, tendientes a enfrentar las dificultades derivadas del cambio climático en las zonas fronterizas, en especial las resultantes de las tormentas y huracanes que azotan a la región Caribe, con más fuerza por estos tiempos. QUINTo: Promover la formulación e implementación de programas y proyectos de desarrollo local que garanticen la integración socioeconómica de poblaciones migrantes en ambas Naciones, en condiciones de igualdad, sin distinción de nacionalidad ni de status migratorio. SEXTO: Instar a las autoridades a garantizar y promocionar la defensa y protección de los derechos humanos a los habitantes y ciudadanos en los respectivos territorios. SÉPTIMO: Difundir y dar publicidad al presente memorando de entendimiento. En San Antonio del Táchira, sede del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) a los veintiún (21) días del mes de octubre, del año dos mil veintidós (2022). I Prene! Tge Roprae Pelre At Vreel Seodo página original (tal como se publicó) [Página 3] MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 2 1 0CT 2022 212°, 163° y 23° RESOLUCIÓN N° 0 48 13 5 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADÍMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 20 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014, RESUELVE ÚNICQ: Designar a partir del 14 de septiembre de 2022, al Coronel ALIRIO ISAÍAS HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, C.I. N° 13.655.273, comO responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, HOSPITAL MILITAR TIPO III "DR. JOSÉ ÁNGEL ÁLAMO", CódIgO N° 10224. Comuníquese y publíquese, Por el Ejecutivo Nacion VLADÍMIR PADRINO LÓPEZ General en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 2 1 0CT 2022 212°, 163° y 23° RESOLUCIÓN N° 0 48 13.6 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADÍMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 20.14, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 20 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014, RESUELVE ÚNICO: Designar a partir del 14 de septiembre de 2022, al Coronel LUIS REINALDO BORGES AZUAJE, C.I. N° 12.606.123, comO respOnsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, HOSPITAL MILITAR "TCNEL. FRANCISCO VALBUENA", CódigO N° 10209. Comuníquese y publíquese. Por el Ejecutivo Naciona ADÍMIR PADRINO LÓPEZ General en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 2.1 0CT 2022 212°, 163° y 23° RESOLUCIÓN N° 0 48 137 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADÍMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 20 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014, RESUELVE ÚNICQ: Designar a partir del 14 de septiembre de 2022, al Coronel HILARS JOSÉ LARRARTE SOSA, C.I. N° 13.279.272, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, HOSPITAL MILITAR "VICENTE SALIAS", CódigO N° 29505. Comuníquese y publíquese. Por el Ejecutivo Nacional, VLADIMIR PADRINO LÓPEZ General en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 2 1 OCT 2022 212°, 163° y 23° RESOLUCIÓN N° 0 48 13 8 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADÍMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Acministración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformicad con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 20 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014, RESUELVE ÚNICO: Designar a partir del 23 de agosto de 2022, al General de Brigada DENNY ROMÁN FERRER SANDREA, C.I. N° 11.166.292, comO responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, CoMAnDo DE zoNA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA NRO. 42, ESTADO ARAGUA, Código N° 60027. Comuníquese y publíques Por el Ejecutivo Nacion y LADIMIR PADRINO LÓPEZ General en Jefe nistro del Poder Popular para la Defensa página original (tal como se publicó) [Página 4] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 2 1 0CT 2022 212°, 163° y 23° RESOLUCIÓN N° 0 48 14 4 El Ministro del Poder Popular para Ia Defensa, GENERAL EN JEFE VLADÍMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto Presidencial N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 65, 78 numerales; 3 y 19, en concordancia con el contenido de los artículos 38 y 40 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordada relación con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 numeral 4.de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, y vista la solicitud presentada por el Mayor General JUVENAL FERNÁNDEZ LÓPEZ, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, mediante Punto de Cuenta N° 11253 de fecha 29 de septiembre de 2022, RESUELVE PRIMERQ: ENCOMENDAR a la empresa del Estado "FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A.", ente adscrito a este Ministerio y en función del objeto para el cual fue constituida, la procura y compra de "BIENEs y SERVIcIos PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DE TROPA PROFESIONAL ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA", en aras de consolidar la formación y capacitación de la tropa profesional, para coadyuvar a la cooperación en el desarrollo de las operaciones militares requeridas para la ejecución de las actividades de Policía Administrativa Especial y de Investigación Penal en el ejercicio de los Servicios Institucionales, y con el fin de asegurar la Defensa Militar de la Nación. SEGUNDO: Para la ejecución de la presente Encomienda la empresa dispondrá de un mOntO tOtal de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 10.424.192,00), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), debiendo realizar la procura de los bienes y servicios en un plazo máximo de dos (02) meses, contados a partir de la publicación en Gaceta Oficial de la presente Resolución. El Comando General de la Guardia Nacional Bolivariana a través de la Dirección de Educación será el encargado de supervisar y verificar el cumplimiento de la Encomienda de Gestión, a los fines cubrir en tiempo útil las necesidades de dicha dependencia. El requerimiento a que se refiere esta Encomienda, será imputado y cargado a los recursos asignados en las Partidas Presupuestarias 402.01.01.00 "ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS"; 402.04.03.00 "CAUCHOS Y TRIPAS PARA VEHÍCULOS"; 402.05.03.00 "PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA OFICINA"; 402.05.04.00 "LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS"; 402.05.07.00 "PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRENTA Y TINTAS,PINTURAS Y REPRODUCCIÓN"; 402.06.03.00 COLORANTES"; 402.06.06.00 "COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES"; 402.06.08.00 "PRODUCTOS PLÁSTICOS"; 402.08.08.00 "MATERIAL DE EDUCACIÓN"; 402.10.01.00 ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y JUGUETES"; 402.10.02.00 "MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA Y ASEO"; 402.10.05.00 "ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN"; 402.10.08.00 "MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN"; 402.10.11.00 "MATERIALES. ELÉCTRICOS"; 402.10.12.00 "MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS"; 403.10.07.00 "SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO"; 403.11.02.00 "CONSERVACIÓN REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN"; 403.11.05.00 "CONSERVACIONES Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE, CIENTÍFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACIÓN"; MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO"; 403.12.01.00 "CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PRIVADO", y 403.18.01.00 "IMPUESTO AL VALOR AGREGADO", de la Fuente de Financiamiento 7 "OTROS", con cargo al Presupuesto Ley Año 2022, de la Unidad Ejecutoras Locales Códigos 54911 "IMUT CNEL LEONARDO INFANTE"; 59412 "IMUT G/D VÍCTOR ANSELMO FERNÁNDEZ ESCOBAR"; 59721 "UEMO G/3 RAFAEL URDANETA"; 59742 "ESCUELA DE FORMACIÓN DE TROPA PROFESIONAL PARA EL SERVICIO DE LA POLICÍA ADMINISTRATIVA ESPECIAL E INVESTIGACIÓN PENAL DE SEGURIDAD FÍSICA DE INSTALACIONES PETROLERAS COMANDANTE SUPREMO HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS". TERCERO: Para la ejecución de la presente Encomienda de Gestión, la empresa del Estado "FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A.", COmO ente encomendado deberá cumplir con las disposiciones contenidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, en General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal y demás procesos administrativos correspondientes. CUARTO: Los Directivos y Administradores de la empresa del Estado "FOnDo DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A.", Como ente encomendado y los funcionarios del Comando General de la Guardia Nacional Bolivariana, a través de la Dirección de Educación como promovente y encargado de la fiscalización y cabal ejecución de la presente Encomienda de Gestión, deberán rendir cuenta ante este Despacho Ministerial, dentro de los treinta (30) días siguientes al fenecimiento del lapso de ejecución de la procura objeto de la presente Encomienda de Gestión, sobre el cumplimiento total de la misma en cuanto a las cantidades que se encuentran descritas en el Punto de Cuenta N° 11253 de fecha 29 de septiembre de 2022. QUINTO: La presente Encomienda de Gestión, constituye un acto unilateral de quien suscribe, siendo de ejecución obligatoria para la empresa del Estado "Fonpo DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A.", de acuerdo con las instrucciones fijadas en la presente Resolución. SExTO: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíques Por el Ejecutivo Naciona DÍMIR PADRINO LÓPEZ General en Jefe mistro del Poder Popular para la Defensa REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 2 1 OCT 2022 212°, 1630 y 23° RESOLUCIÓN N° 0 48 1 4 5 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADÍMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto Presidencial N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numerales 3 y 19, en concordancia con el contenido de los artículos 38 y 40 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordada relación con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 numeral 4 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, y vista la solicitud presentada por el Mayor General JUVENAL JOSÉ FERNÁNDEZ LÓPEZ, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, mediante Punto de Cuenta N° 11252 de fecha 28 de septiembre de 2022, RESUELVE PRIMERO: ENCOMENDAR a la empresa del Estado "FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A", ente adscrito a este Ministerio y en función del objeto para el cual fue constituida, la procura y compra de "BIENEs Y SERVICIos PARA EL COMANDO GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA", en aras de fortalecer el desarrollo del Componente mediante el suministro de alimentos y bebidas destinados al servicio de comedores del personal militar que labora en dicho Comando General, a fin de cumplir con las comisiones administrativas y operativas en el territorio nacional. SEGUnDO: Para la ejecución de la presente Encomienda, la empresa dispondrá de un mOnto tOtal de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL BOLÍVARES SIN CÉNTIMos (Bs. 1.700.000,00), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), debiendo realizar la procura de los bienes y servicios en un plazo máximo de dos página original (tal como se publicó) [Página 5] (02) meses, contados a partir de la publicación en Gaceta Oficial de la presente Resolución. El Comando General de la Guardia Nacional Bolivariana, será el encargado de supervisar y verificar el cumplimiento de la Encomienda de Gestión, a los fines de cubrir en tiempo útil las necesidades de las unidades de dicho Comando General. El requerimiento a que se refiere esta Encomienda, será imputado y cargado a los recursos asignados en las Partidas Presupuestarias 402.01.01.00 "ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS"; 402.04.03.00 "CAUCHOS Y TRIPAS PARA VEHÍCULOS"; 402.05.03.00 "PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA "LIBROS REVISTAS Y PERIÓDICOS"; 402.06.03.00 OFICINA"; 402.05.04.00 COLORANTES"; "TINTAS, 402.06.06.00 COMBUSTIBLES PINTURAS LUBRICANTES"; 402.08.09.00 "REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE"; 402.10.02.00 "MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA Y ASEO"; "ÚTILES DE 402.10.05.00 ESCRITORIO, DE OFICINA MATERIALES INSTRUCCIÓN"; 402.10.06.00 "CONDECORACIONES, OFRENDAS Y SIMILARES"; 402.10.08.00 "MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN"; 402.10.11.00 SANITARIAS"; 403.10.09.00 "SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y TINTORERÍA"; 403.11.02.00 "CONSERVACIONES Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTES, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN"; 403.11.07.00 "CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO"; 403.11.99.00 "CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS"; 403.12.01.00 "CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PRIVADO"; COMPUTACIÓN; 403.18.01.00 "IMPUESTO AL VALOR AGREGADO", de la Fuente de Financiamiento 7 "OTROS", con cargo al Presupuesto Ley Año 2022, de la Unidad Administradora Descentralizada Código 59204 "OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA". TERCERO: Para la ejecución de la presente Encomienda de Gestión, la empresa del Estado "FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A.", COmO ente encomendado, deberá cumplir con las disposiciones contenidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, en concordancia con lo establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal y demás procesos administrativos correspondientes. CUARTO: Los Directivos y Admiristradores de la empresa del Estado "FoNDo DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A.", comO encomendada y los funcionarios del Comando General de la Guardia Nacional Bolivariana, como promovente y encargado de la fiscalización y cabal ejecución de la presente Encomienda de Gestión, deberán rendir cuenta ante este Despacho Ministerial, dentro de los treinta (30) días siguientes al fenecimiento del lapso de ejecución de la procura objeto de la presente Encomienda de Gestión, sobre el cumplimiento total de la misma en cuanto a las cantidades que se encuentran descritas en el Punto de Cuenta N° 11252 de fecha 28 de septiembre de 2022. QUINTO: La presente Encomienda de Gestión constituye un acto unilateral de quien suscribe, siendo de ejecución ob igatoria para la empresa del Estado "FonDo DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A.", de acuerdo Con las instrucciones fijadas en la presente Resolución Ministerial. SEXTO: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su/publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíguese. Por el Ejecutivo Naciona UADÍMIR PADRINO LÓPEZ General en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 2 1 0CT 2022 212°, 163° y 23° RESOLUCIÓN N°0 48 1 4 6 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADÍMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto Presidencial N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordada relación con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 8 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, y lo señalado en el artículo 14 del Decreto N° 1.399 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.154 de fecha 19 de noviembre del 2014, y del artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.181 de fecha 19 de mayo de 2009, habida consideración de la solicitud presentada por el General de División PABLO BELTRÁN PÉREZ VILLAMIZAR Director General de Salud, mediante Punto de Cuenta N° DGS-04- 2022 de fecha 13 de septiembre de 2022, RESUELVE PRIMERO: CREAR Ia COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD (CCSALUD), de carácter temporal, que conocerá los procedimientos de Contrataciones Públicas relacionados con la selección de contratistas para la adquisición de bienes en materia de medicamentos, productos farmacéuticos, útiles menores médico quirúrgicos, dentales y de veterinaria, sustancias químicas, alimentos, prestación de servicios, así como la ejecución de obras necesarias para el funcionamiento de los hospitales de la red de salud militar y los centros dispensadores de salud del sector defensa, a los fines que cumpla con las atribuciones establecidas en el artículo 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas. SEGUNDO: La COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD (CCSALUD), estará integrada por personal militar y no militar como miembros principales y sus respectivos suplentes, donde se encuentran representadas las áreas jurídica, técnica y económica-financiera, Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, en concordada relación con el artículo 16 de su Reglamento, además tendrá un Secretario con su suplente, con derecho a voz, más no a voto y deberá cumplir con las atribuciones conferidas en el artículo 16 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas. TERCERO: Conforme a lo anterior se designa como miembros principales, y SUplenteS de la COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD (CCSALUD), al siguiente personal militar y no militar, quienes ejercerán sus funciones a tiempo completo: 1. Secretaría: Teniente CorOnel MIGUEL TORRES MANRIQUE, C.I. N° 14.750.431, Secretario Principal. MayOr KENYER ALEJANDRO RONDÓN ROCA, C.I. N° 18.234.983, Secretario Suplente. 2. Área Jurídica: Primer Teniente ROSMERYS ALEXANDRA HERNÁNDEZ LEÓN, C.I. N° 20.952.504, Miembro Principal. C.I. N° Abogada DALIA COROMOTO GARMENDIA VALENCIA, 14.323.989, Miembro Suplente. 3. Área Económica - Financiera Primer Teniente JINDER JOOGENYS AGUILAR GUTIÉRREZ, C.I. N° 17.796.146, Miembro Principal. Primer Teniente JOSÉ AUGUSTO FIGUEREDO HERNÁNDEZ, C.I. N° 18.219.748, Miembro Suplente. 4. Área Técnica Teniente de NavÍO MANUEL ALBERTO MORALES NOLASCO, C.I. N° 23.412.023, Miembro Principal. Primer Teniente MARÍA ALEXANDRA BARICO CALDERA, C.I. NO 19.454.575, Miembro Suplente. CUARTO: La COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA DIRECCIÓN Ministro del Poder Popular para la Defensa como máxima autoridad administrativa para su decisión o al funcionario que se le haya delegado esta facultad a tenor de lo señalado en el artículo 62 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, y sus miembros son solidariamente responsables con la máxima autoridad, por las recomendaciones que se presenten y sean aprobadas, en función de la responsabilidad de cada uno y que actúan a título personal. QUINTO: La COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA DIRECCIÓN Contrataciones sobre las designaciones efectuadas mediante la presente Resolución, dentro de los cinco (05) días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. SEXTO: La COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA DIRÉCCIÓN GENERAL Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Por el Ejecutivo Naciona, VEADIMIR PADRINO LÓPEZ General en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa página original (tal como se publicó) [Página 6] MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DE LA MINISTRA N° 176 FECHA: 04/08/2022 212º, 163º y 23º RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que confiere el Decreto N° 3.866, de fecha 05 de junio de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°41.648 de la misma fecha, y de conformidad con lo previsto en los artículos 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y en cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del artículo 12 del Decreto N° 1.289, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, CONSIDERANDO Que mediante Formulario FP-026, el ciudadano Director General de la Vicepresidencia de la República, en ejercicio de la atribución delegada por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela a través de Resolución N° 016/2019 de fecha 17 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.740 de fecha 17 de octubre de 2019, aprobó la solicitud de trámite de jubilación especial a la ciudadana MARIA SOLEDAD LLOVERA CAMACHO, titular de la Cédula de identidad N.º V-9.410.812, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Decreto N° 1.440 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración. Pública Nacional, Estadal y Municipal de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.l56 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014. RESUELVE PRIMERO: Otorgar el benefiCio de JUBILACIÓN ESPECIAL a la Ciudadana MARIA SOLEDAD LLOVERA CAMACHO, titular de la cédula de identidad N.º V-9.410.812, quien actualmente cuenta con cincuenta y seis (56) años de edad y dieciocho (18) años de servicio en la Administración Pública, siendo su último cargo desempeñado Coordinadora de Recursos Humanos en la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Falcón (FUNDACITE FALCÓN), por haber cumplido con los requisitos estabiecidos en los artículos 4 numeral 2 y 5 numeral 2 del Decreto N° 1.289, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014, que dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional. SEGUNDO: El monto de la JUBILACIÓN ESPECIAL otorgada para la fecha de la solicitud es de Bolívares Diecinueve con Quince Céntimos (Bs.19,15) mensuales, equivalentes al 45% del salario promedio que resultó de la suma de los últimos doce (12) salarios mensuales devengados por el trabajador al momento del procesamiento de su solicitud y conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto N° 1.440 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario de fecha 19 de noviembre del 2014. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que las jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo nacional mensual, se reajusta el monto de la jubilación especial aquí otorgada, al monto del salario mínimo nacional vigente para la fecha de la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. TERCERO: La Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología (MiNCyT), queda encargada de ejecutar la presente Resolución. En consecuencia, se autoriza a tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le corresponden a la citada trabajadora, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores y efectuará la notificación correspondiente a la beneficiaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. CuARTo: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional. GABRIELA SERVILIA JIMÉNEZ RAMIREZ Ministra del Poder Popular Para la Cieneja.y tecnología Decreto N° 3.866 de fecha 05 de junio de 2019, publicado en la Gaceta Oficial N°41.648 de la misma fecha REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DE LA MINISTRA FECHA: 04/08/2022 N°177 212º, 163º y 23º RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que confiere el Decreto N° 3.866, de fecha 05 de junio de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°41.648 de la misma fecha, y de conformidad con lo previsto en los artículos 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y en cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del artículo 12 del Decreto N° 1.289, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014, mediante el cual se dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional. CONSIDERANDO Que mediante Formulario FP-026, el ciudadano Director General de la Vicepresidencia de la República, en ejercicio de la atribución delegada por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela a través de Resolución N° 016/20i9 de fecha 17 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.740 de fecha 17 de octubre de 2019, aprobó la solicitud de trámite de jubilación especial a la ciudadana ESTHER JOSEFINA AMAYA HERNANDEz, titular de la cédula de identidad N.º v-9.527.755, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Decreto N° 1.440 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014. RESUELVE PRIMERO: Otorgar el benefiCio de JUBILACIÓN ESPECIAL a la Ciudadana ESTHER JOSEFINA AMAYA HERNANDEZ, titular de la cédula de identidad N.º V-9.527.755, quien cuenta con cincuenta y tres (53) años de edad y veintiún (21) años y ocho (8) meses de servicio en la Administración Pública, siendo su último cargo desempeñado Ingeniero de Proyectos en la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Falcón (FUNDACITE FALCÓN), por haber cumplido con los requisitos establecidos en los artículos 4 numeral 2 y 5 numeral 2 del Decreto N° 1.289, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014, que dictó el Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional. SEGUNDO: El monto de la JUBILACIÓN ESPECIAL otorgada para la fecha de la solicitud es de Bolívares Veinticinco con Veintiocho Céntimos (Bs.25,28) mensuales, equivalentes al 55% del salario promedio que resultó de la suma de los últimos doce (12) salarios mensuales devengados por el trabajador al momento del procesamiento de su solicitud y conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto N° 1.440 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 Extraordinario de fecha 19 de noviembre del 2014. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que las jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo nacional mensual, se reajusta el monto de la jubilación especial aquí otorgada, al monto del salario mínimo nacional vigente para la fecha de la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. TERCERO: La Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología _(MiNCyT), queda encargada de ejecutar la presente Resolución. En consecuencia, se autoriza a tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le corresponden a la citada trabajadora, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de. Venezuela y el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los beneficiaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. cuArTo: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional. SassleAm GABRIELA SERVILIA JIMÉNEZ RAMIREZ Ministra del Poder Popular Para la Ciencia y Técnología Decreto N° 3.866 de fecha 05 de junio de/2019, publicado en la Gaceta Oficial N°41648 de la misma fecha Bacho del M página original (tal como se publicó) [Página 7] MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE BOLIVARIANA DE PUERTOS (BOLIPUERTOS), S.A. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° BOLIPUERTOS-0003/2022 Caracas, 24 de octubre de 2022 Años 212°, 163º y 230 De conformidad con lo previsto en los artículos 12, 105 y 108 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en ejercicio de las atribuciones previstas en los literales "a" y "j" de la Cláusula Trigésima Quinta de los Estatutos Sociales de la empresa y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en concordancia con los artículos 37 y 41 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores; en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 4.708 de fecha 1° de julio de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.410 de fecha 1° de julio 2022 DECIDE Artículo 1. Designar al ciudadano DOUGLAS ALEXANDER BRICEÑO FIALLO, titular de la Cédula de Identidad N° V-11.991.499, para ocupar el cargo de Gerente General de la empresa BOLIVARIANA DE PUERTOS (BOLIPUERTOS), s.A., en el Puerto de Puerto Cabello, ubicado en el estado Carabobo, con el fin de que ejerza los deberes y responsabilidades asignados al cargo. Artículo 2. El ciudadano designado tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 1. Dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar las actividades administrativas y operacionales del mencionado puerto. recinto portuario. 3. Controlar y supervisar el registro, custodia y mantenimiento de los bienes y servicios para garantizar el funcionamiento eficiente del Puerto de Puerto Cabello. 4. Coordinar y supervisar la ejecución de los contratos suscritos por la empresa del Estado BOLIVARIANA DE PUERTOS (BOLIPUERTOS), S.A., en el marCO del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, para la ejecución de obras, adquisición de bienes y la prestación de servicios portuarios en el Puerto de Puerto Cabello. 5. Coordinar de manera permanente con las autoridades de la empresa del Estado BOLIVARIANA DE PUERTOS (BOLIPUERTOS), S.A., de la Sede central ubicada en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, los lineamientos e instrucciones para el normal desarrollo de las operaciones portuarias, el cumplimiento de las normas de seguridad laboral e industrial, así como de lo concerniente al código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias (Código PBIP). De igual forma, velará por el cumplimiento de las normas, registros y controles que sean necesarios para el buen funcionamiento del recinto portuario, así como de la oportuna notificación a la Presidencia de la empresa de cualquier decisión administrativa a ser asumida en el puerto para garantizar a todo evento, los intereses de la Sociedad. 6. Rendir cuenta a la Presidente de la empresa del Estado BOLIVARIANA DE PUERTos (BOLIPUERToS), S.A., de todas las actividades que se desarrollen en el recinto portuario. 7. Coordinar y supervisar las actividades de seguridad e higiene laboral para la correcta y adecuada aplicación de los procesos relativos a la materia, dentro del recinto portuario. 8. Las demás que estén previstas en el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 3. El ciudadano nombrado, antes de tomar posesión del cargo, deberá prestar juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República y demás deberes inherentes al cargo y rendir cuenta del mismo en los términos y condiciones que determine la Ley. Artículo 4. Esta Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníqueşe y Publíquese, BOLIPUERTOS PRESIDENCIA ERIKA COROMOTO VIRGUEZ OVIEDO PRESIDENTE DE BOLIVARIANA DE PUERTOS (BOLIPUERTOS), S.A. Designada mediante Decreto N° .708 de fecha 1º de julio de 2022 Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.410 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE PODER JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL EXPEDIENTE N° AP61-R-2018-000013 JUEZA PONENTE: DRA. MERLY MORALES HERNÁNDEZ. Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial, conocer del recurso de apelación interpuesto por el ciudadano KHARLOS HEFRAIN PAVONE ROJAS, titular de la cédula de identidad N° V-15.160.841, actuando por delegación de la Inspectoría General de Tribunales (en adelante IGT), según resolución N° 0014/2018, de fecha 18 de junio de 2018, publicada en Gaceta Oficial N° 41.425, de fecha 22 de junio de 2018, en contra de la sentencia N° TDJ-SID-2018-80, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo adelante TDJ) en fecha 29 de noviembre de 2018, mediante la cual decretó el sobreseimiento de la investigación a la ciudadana MARÍA AUXILIADORA CHÁVEZ RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-9.526.312, Jueza del Extinto Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación, y Ejecución del Trabajo, para el Régimen Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con Sede en Barcelona; del ilícito previsto en el numeral 15 del articulo 29 del vigente Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (en lo sucesivo Código de Ética). 1 ANTECEDENTES El presente proceso disciplinario fue iniciado de oficio por la Inspectoría General de Tribunales, en fecha 12 de marzo' de 2009, en virtud de la comunicación N° TPE-08-0400, de fecha 26 de septiembre de 2008, enviada por instrucciones de la Magistrada Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y suscrita por Olga M. Dos Santos P. Secretaria del Tribunal en Sala Plena, en la cual remite copia certificada de la decisión dictada por la mencionada Sala, en fecha 31 de julio de 2008, en la cual fue resuelto el conflicto de competencia planteado en el Tribunal Primero Transitorio de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, respecto de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, tal como lo establece el referido fallo, a los efectos de determinar si existía alguna responsabilidad disciplinaria por parte de la Jueza investigada. El 14 de mayo de 2009, la IGT acordó abrir la investigación disciplinaria bajo. el N° 090o99, y a tales efectos comisionó a la Inspectora Carmen Delia Bolívar. La IGT al presentar su acto conclusivo de fecha 30 de octubre de 2017, imputó el ilícito disciplinario de abuso de autoridad de conformidad con el artículo 29.15 del Código de Ética, al tramitar, la causa judicial N° BP02-L-2002-000002, al no permitir a las partes impugnar la decisión donde se declaró incompetente de conocer la causa judicial, mediante la solicitud de regulación de la competencia. En fecha 13 de noviembre de 2018, el TDJ celebró la audiencia oral y pública con la finalidad de emitir el respectivo pronunciamiento decisorio, en el que decretó. el sobreseimiento de la investigación seguida a la Jueza MARÍA AUXILIADORA CHAVEz RoDRíGUEZ, de conformidad con Io previsto en el numeral 3 del artículo 71 del Código de Ética vigente; y en fecha 29 de noviembre de 2018. el TDJ publicó el extenso de la mencionada decisión. En fecha 13 de diciembre de 2018, el representante de la IGT KHARLOS HEFRAIN PAVONE ROJAS presentó ante el TDJ.diligencia apelando de la decisión de fecha 29 de noviembre de 2018. En fecha 17 de diciembre de 2018, el TDJ oyó en ambos efectos, el recurso de apelación ejercido por la IGT, ordenando la remisión de la presente causa a esta superioridad. En fecha 08 de enero de 2019, la secretaría de esta Corte dejó constancia que en fecha 18 de diciembre de 2018, se recibió la causa signada con el N° AP61-A- 2017-000006, procedente de la URDD de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, a la cual se le dio entrada y se le asignó el N° AP61-R-2018-000013, correspondiéndole la ponencia según el orden cronológico alternativo a la Jueza MERLY MORALES HERNÁNDEz, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. Respecto a las actividades de la Corte Disciplinaria Judicial resulta necesario referir que: En fecha 15 de enero de 2019, el Juez Tulio Jiménez Rodríguez, hizo efectiva su renuncia presentada ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), convocándose a los jueces suplentes en el respectivo orden de su designación por parte de la Asamblea Nacional, quienes se excusaron justificadamente de aceptar la convocatoria realizada. Ante la imposibilidad de constituir la Corte, se procedió a solicitar al TSJ el nombramiento del o los jueces suplentes, necesarios para su Constitución, quedando a la espera de dicho nombramiento. En fecha 13 de marzo de 2020, entró en vigencia el decreto N° 4.160 emanado de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.519 de fecha 13 de marzo de 2019, mediante el cual se declaró el Estado de alarma en todo el territorio Nacional, en razón de la pandemia por el COVID-19, y en fecha 20 de marzo de 2020 en atención del aludido decreto, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia dictó resolución N° 2020- 0001 que estableció que ningún tribunal despacharía desde el lunes 16 de marzo hasta el lunes 13 de abril de 2020, el cual fue prorrogado mediante posteriores resoluciones, siendo la última de data 13 de septiembre del 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020, todo en el marco de la pandemia por COVID 19. página original (tal como se publicó) [Página 8] En fecha 25 de enero de 2021, se produjo la aceptación de la jueza suplente Dra. MARÍA ALEJANDRA DÍAZ MARÍN, quien previamente se había excusado Asamblea Nacional Constituyente y en razón de la culminación de vigencia de funcionamiento de dicho organismo, se incorporó a sus funciones en esta instancia jurisdiccional, para suplir la falta absoluta del Juez Tulio Amado Jiménez Rodríguez, constituyéndose de esta forma este Tribunal Colegiado, no obstante actualmente persisten las circunstancias que originaron el Decreto de Estado de Alarma, el Máximo Tribunal ha implementado medidas para la continuidad de la función jurisdiccional, este Órgano Disciplinario Judicial inicia actividades en los días y condiciones establecidas en la Resolución N° 2020-08 dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, en fecha 1º de octubre de 2020. En fecha 12 de abril de 2021, se dictó auto mediante el cual se acordó notificar a las partes en virtud de la constitución de la Corte Disciplinaria Judicial. En fecha 02 de agosto de 2021, esta Corte Disciplinaria Judicial, fijó oportunidad para la realización de la audiencia oral y pública. El 13 de septiembre de 2021, la Secretaría de la Corte Disciplinaria Judicial certificó que los días de despacho transcurridos desde el día 02 de agosto, del mismo año fecha en la cual se fijó la oportunidad para la celebración de la audiencia oral y pública, fueron 03, 04, 05, 16 y 17 de agosto 2021. El 14 de septiembre de 2021, se dictó auto en el cua! se declaró DESISTIDO el recurso de apelación ejercido por el ciudadano KHARLOS HEFRAIN PAVONE ROJAS, actuando por delegación de la Inspectoría General de. Tribunales, en virtud recurrente no presentara el escrito correspondiente, y pasó a conocer en consulta obligatoria el sobreseimiento en la causa seguida a la Jueza denunciada. El 07 de junio de 2022, se constituyó la Corte Disciplinaria Judicial con la incorporación del Juez Romer Pacheco Morales ante la falta absoluta de la Jueza Principal Ana Cecilia Zulueta Rodríguez. Il DE LA DECISIÓN SOMETIDA A CONSULTA En fecha 29 de noviembre de 2018, el TDJ publicó el texto íntegro de la sentencia N° TDJ-SID-2018-80, en la cual decretó el SOBRESIIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN disciplinaria a la Jueza MARÍA AUXILIADORA CHÁVEZ RODRIGUEZ, de conformidad con el numeral 3 del artículo 71 del Código de Ética. El TDJ primeramente realizó la delimitación de la controversia y seguidamente investigada. Seguidamente pasó a resolver como punto previo el alegato de prescripción formulado por la Jueza denunciada, en tal sentido señaló: La Primera Instancia Disciplinaria, luego de citar el artículo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, el 35 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana derogado, así como criterios de la Sala Político administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y de esta Corte Disciplinaria sobre la vigencia de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura de fecha 8 de septiembre de 1998, siendo aplicable la disposición de esta norma referente a la prescripción y no la norma del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana derogado. También indicó el TDJ, que la fecha en la que se cometió el acto constitutivo de la presunta falta disciplinaria (auto) fue el 18 de mayo de 2004, mediante el cual la competencia al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental y ordenó la remisión de la causa ese mismo día mediante oficio 2004-1336; observando, que desde la fecha en que se cometió el acto constitutivo de la presunta falta disciplinaria, es decir, desde el día 18 de mayo de 2004 fecha en la cual la Jueza Denunciada declaró mediante auto su incompetencia para conocer administrativa, por parte de la Inspectoría General de Tribunales, el 14 de mayo de 2009 habían transcurrido "..CUATRO (4) AÑOS, ONCE (11) MESES, Y VEINTISEIS (26) DÍAS.." razones que lo llevaron a considerar que conforme al artículo 53 de la prescritos y procedió a decretar el SOBRESEIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN a la ciudadana MARÍA AUXILIADORA CHÁVEZ RODRIGUEZ, de conformidad con el numeral 3 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. II DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Con anterioridad a cualquier pronunciamiento, esta Corte Disciplinaria Judicial apelación y a tal efecto observa lo siguiente: Los artículos 37 y 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y la: Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015, establecen la competencia de esta Corte Disciplinaria Judicial para el conocimiento de los recursos de apelación contra las sentencias definitiva, así como para las consultas en razón del sobreseimiento decretado por el TDJ, en los siguientes términos: "Artículo 37: Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra las decisiones del Tribunal Disciplinario Judicial, ya sean interlocutorias o definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y el resto de la normativa que guarde relación con la idoneidad judicial y el desempeño del Juez venezolano y Jueza venezolana." (Negrillas de esta alzada). "Artículo 71: El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas. (...) Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando: 3. La acción disciplinaria haya prescrito. (...) decrete el sobreseimiento de la investigación, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco días siguientes" (Negrillas de esta Superioridad) Desprendiéndose de las normas ut supra transcrita, la competencia de este conocer de los recursos de apelación que se intentaren contra las decisiones que de él emanen, así como de la consulta obligatoria de ley en el caso de los decretos de sobreseimiento de la investigación, debiendo garantizar la correcta interpretación y aplicación de las normas disciplinarias vigentes y del ordenamiento jurídico patrio. Y. así se declara.- IV PUNTO PREVIO Previa la resolución del fondo del asunto sometido a consideración de esta Alzada, resulta necesario acotar lo siguiente: En el caso de autos, el ciudadano KHARLOS HEFRAIN PAVONE ROJAS, actuando por delegación de la Inspectoría General, parte recurrente en la presente causa disciplinaria, mediante diligencia de fecha 13 de diciembre de 2018, (folio 256, pieza 3), ejerció recurso de apelación contra la decisión de sobreseimiento proferida por el TDJ en fecha 29 de noviembre de 2018. De las actas que conforman el presente expediente, observa esta Alzada que, no obstante, haberse interpuesto oportunamente dicho medio de impugnación, el apelante no cumplió con lo previsto en artículo 86 del Código de Ética, toda vez que, doce y treinta de la tarde (12:30 pm.) del décimo tercer (13°) día de despacho siguiente a partir de la referida fecha y del vencimiento del lapso para la consignación del escrito de fundamentación de la apelación, siendo que en el presente caso las partes se encontraban a derecho, el lapso para que la recurrente fundamentara su apelación inició el 03 de agosto de 2021 y precluyó el 17 del mismo mes y año, quedando evidenciado que habiendo transcurrido los cinco (5) días de despacho la parte apelante no interpuso su escrito fundado de las razones de su impugnación de la sentencia N° TDJ-SID-2018-80, dictada por el TDJ. Esta Instancia Superior observa, que el vigente Código de Ética no contempla expresamente la sanción de perención del recurso por falta de fundamentación, sin embargo establece como norma supletoria y normativa complementaria, las previsiones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal (artículo 47). .Asi tenemos que el sistema recursivo en el Código Orgánico Procesal Penal, procedibilidad para su trámite que los mismos se encuentren ceñidos a las condiciones de forma y tiempo establecidos en dicho texto adjetivo, tal como lo refiere el artículo 426, el cual señala: "Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se impugnados de la decisión." Dicha norma resulta aplicable supletoriamente al sistema recursivo disciplinario, por tanto, al no haber fundamentado la parte inconforme con la decisión del tribunal a quo, las razones de hecho y de derecho que sustenten un petitorio que modifique o anule dicha resolución judicial ante el tribunal de alzada, se reputará desistido a la luz de la norma antes citada, así como de los principios que .supletoriamente regulan los recursos en materia disciplinaria. Con relación al caso sub examine, quienes aquí deciden de la revisión dejjas presentes actuaciones verificaron que el recurrente no cumplió con la caiga procesal, prevista en el artículo 86 del Código de Ética, no obstante haber interpuesto oportunamente el recurso, siendo que el lapso para que el representante de la IGT fundamentara su apelación feneció el 17 de agosto del presente año, según el ya indicado cómputo realizado por la Secretaría de esta Corte, por lo que ante la ausencia de los motivos de hecho y derecho para sostener el acto recursivo, se declaró DESISTIDO el recurso de apelación ejercido por el ciudadano KHARLOs HEFRAIN PAVONE ROJAS, actuando por delegación de la Inspectoría General de Tribunales, contra la sentencia N° TDJ-SID-2018-80, dictada por el TDJ en fecha 29 de noviembre de 2018, no obstante, en virtud que la resolución judicial, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Código de Ética debe ser consultada por el Tribunal de Alzada, la misma será revisada en forma integra. Y así se decide. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Declarada la competencia para conocer del presente asunto, así como el desistimiento del recurso ordinario de apelación presentado en contra de la. sentencia, pasa esta Alzada a conocer de la consulta obligatoria de ley establecida en el artículo 71 del Código de Ética, previa las siguientes consideraciones: Esta Alzada, en reiterados fallos ha referido que el sobreseimiento prevista en nuestramnerma adjetiva disciplinaria, constituye una forma de concluir los procesos página original (tal como se publicó) [Página 9] disciplinarios judiciales, en forma anticipada, al comprobarse la procedencia de .uno de los supuestos contenidos en dicha norma (el hecho objeto del procéso no. se realizó, no puede atribuírsele al Juez denunciado, que el hecho no sea típico, que la acción disciplinaria ha prescrito, que resulte acreditada la cosa juzgada, que no exista la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación o la muerte del juez), y cuya comprobación por parte del órgano disciplinario de primera instancia judicial deberá ser, por mandato de ley, consultada por ante el órgano superior disciplinario, conllevando, como consecuencia de su confirmación, la extinción del proceso disciplinario judicial y la imposibilidad de perseguir nuevamente al sujeto de derecho a favor de quien es dictado el sobreseimiento, en razón de su carácter de cosa juzgada. (Vid. Sentencia N° 13, de fecha 20 de octubre de 2016 Corte Disciplinaria Judicial). En ese sentido, observa esta Alzada que la IGT en su acto conclusivo de fecha 24 de agosto de 2017 solicitó que se le impusiera a la Jueza investigada la sanción de destitución por considerar que incurrió en abuso de autoridad en la tramitación de la causa N° BP02-L-2002-000092 nomenclatura del tribunal regentado por la Jueza denunciada, al presuntamente impedir a las partes impugnar su decisión en la cual se declaró incompetente para conocer la mencionada causa judicial, mediante el ejercicio del recurso de regulación de jurisdicción, estimando que la jueza violentó el articulo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; el Tribunal Disciplinario en su decisión realizó examen de los alegatos de la jueza denunciada respecto a la prescripción, determinando que entre la-fecha en que sucedió el hecho presuntamente disciplinable y la fecha de inicio de la investigación administrativa por parte de la Inspectoría General de Tribunales, habían transcurrido más de cuatro años, por lo que decretó el SOBRESEIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN a la jueza MARÍA AUXILIADORA CHÁVEZ RODRIGUEZ, de conformidad con el numeral 3 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Ahora bien, la prescripción, constituye una forma de extinción de la responsabilidad disciplinaria, conforme a la cual el transcurso del tiempo, contado a partir de la oportunidad en que se produjo el hecho que da lugar a la imposición de la sanción, sin que;:se inicie la correspondiente averiguación, impide al órgano disciplinario sancionar la conducta que contraviene los deberes y obligaciones que el ordenamiento jurídico impone a los operadores de justicia, criterio acogido por la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 782 del 28 de julio de 2010, y que comparte esta Alzada. (Vid. Sentencias Nros. 24 y 19 del 07/11/2012 y 02/10/2012, de esta Corte Disciplinaria) De tal forma, que el artículo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura (aplicable en el presente caso) establece: "Artículo 53. Prescripción. La acción disciplinaria prescribirá a los tres años contados a partir del día en que se cometió el acto constitutivo de la falta. La iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción. (...)". El artículo parcialmente transcrito dispone que la acción disciplinaria prescribe a los.tres (3) años, contados a partir del día en que se cometió el acto constitutivo de la falta y que el inicio del procedimiento disciplinario interrumpe la prescripción. En ese sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justica, en sentencia N° 255 de fecha 5 de mayo de 2017, al resolver la acción de amparo constitucional incoado en contra de esta Corte Disciplinaria, dictaminó sobre la obligatoriedad de examinar la prescripción de la acción, lo siguiente: "..la Corte Disciplinaria Judicial debió verificar la existencia de la' prescripción de la acción disciplinaria derivada de cada uno de los hechos por los cuales se sustanció el procedimiento disciplinario judicial, como momento en que se ordenó el inicio de la investigación disciplinaria para comprobar si transcurrió el lapso prescripción de tres (3) años establecido en el (Resaltado de esta Corte). En sintonía con la anterior decisión, quienes aquí deciden, consideran oportuno referir el contenido del artículo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura aplicable ratio temporis, el cual estipulada que la acción disciplinaria prescribía a los tres (3) años, contados a partir del día en que se cometió el acto constitutivo de, la falta y que el inicio del procedimiento disciplinario interrumpir la prescripción. Ahora bien, en relación al hecho denunciado, observa esta Alzada de las actas del presente expediente que el acto constitutivo del presunto ilícito disciplinario corresponde a la resolución dictada por la Jueza denunciada, en fecha 18 de mayo de 2004 (Folios 127 y 128 de la pieza 1), mediante el cual la Jueza MARÍA AUXILIADORA CHÁVEZ RODRIGUEZ se declaró incompetente para conocer la causa contentiva de la demanda nulidad interpuesta por la ciudadana MILITZA JOSEFINA BENITEZ, contra la empresa Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y declinó la competencia al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, ordenando el mismo día: 18 de mayo-de 2004 remitir el expediente al mencionado tribunal, sin permitir a las partes ejercer el recurso de regulación de competencia. Por otro lado, se puede constatar que cursa al folio 29 de la pieza 1 del presente, expediente que la IGT dio inicio de la investigación mediante auto de fecha 14 de mayo de 2009, de tal forma que habiéndose verificado el acto constitutivo de la.presunta falta el 14 de mayo de 2004, se colige que el tiempo transcurrido:supera en derpasía los tres (3) años, lapso establecido para que opere de pleno derecho la Judicatura, aplicable ratione temporis. Y así se decide.- Las circunstancias advertidas y las premisas legales que preceden, llevan a esta Corte Disciplinaria Judicial a concluir, que el órgano de primera instancia disciplinaria erró al momento de realizar el cómputo para verificar la ocurrencia o no de la prescripción de la acción disciplinaria, pues, tal como se evidenció el tiempo transcurrido desde el último hecho constitutivo de la falta disciplinaria hasta el inicio de la investigación por parte de IGT, supera lo establecido en la norma aplicable para el momento de los hechos; motivo por el cual considera esta Alzada que están dados los supuestos para decretar la prescripción de la acción disciplinaria, en consecuencia, lo procedente y ajustado a derecho es decretar el sobreseimiento de la investigación seguida a la Jueza MARÍA AUXILIADORA CHÁVEZ RODRIGUEZ, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.3 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Y así se decide.- Corolario a lo anterior, esta Corte Disciplinaria Judicial declara RESUELTA la consulta obligatoria con motivo de la sentencia N° TDJ-SID-2018-80, dictada en fecha 29 de noviembre de 2018 por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana MARÍA AUXILIADORA CHÁVEZ RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-9.526.312, Jueza del Extinto Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación, y Ejecución del Trabajo, para el Régimen Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con Sede en Barcelàna, con fundamento en el numeral 3 del artículo 71 del Código de Ética. Se CoNFIRmAria Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual DECRETÓ el sobreseimiento de la investigación disciplinaria, de conformidad con lo previsto en el 'artículo 71.3 del vigente Código de Ética, a tenor de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, aplicable ratione temporis. Y así se decide.- VI DECISIÓN Por los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: KHARLOS HEFRAIN PAVONE ROJAS, titular de la cédula de identidad N° V- 15.160.841, actuando por delegación de la Inspectoría General de Tribunales, contra la sentencia N° TDJ-SID-2018-80 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en fecha 29 de noviembre de 2018. SEGUNDO: RESUELTA la consulta obligatoria de la sentencia N° TDJ-SID-2018-80 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 29 de noviembre de 2018, con motivo del sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana MARÍA AUXILIADORA CHÁVEZ RODRÍGUEZ, titular de la cédula-de identidad N° V-9.526.312, Jueza del Extinto Juzgado Primero de Primèra Instancia de Sustanciación, Mediación, y Ejecución del Trabajo, para el Régimen Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con Sede en Barcelona. TERCERO: CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SID-2018-80, dictada en fecha 29 de noviembre de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual DECRETÓ el sobreseimiento de la investigación disciplinaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 71, numeral 3, del Código de Ética, en virtud de la prescripción del hecho denunciado. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado. Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, y a la Inspectoría General de Tribunales. Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial. Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Dada sellada y firmada' en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en fa ciudad de Caracas a los quince (15) días del mes de junio de dos mil veintidós (2022). Año 212° de la Independencia y 163°de la Federación. JUEZA PRESIDEN A-PONENTA MERLY MORALES HERNANDEZ QUEZ VICERRESIDENTE, ∼ AJUDIT.AL ROMER PACHECO MORALES JUEZA INTEGRANTE, Pzi3 MARÍA ALEJANDRA DÍAZ MARÍN SECREMARIO 2 TOMÁS MALAVE EXP.N° AP61-R-2078-00013 anterior decisión-bajo eme 01 El Secretario Tonsas Matave página original (tal como se publicó) [Página 10] Quien suscribe, TOMAS MALAVE, Secretario Encargado de la Corte Disciplinaria Judicial, conforme al artículo 112 del Código de Procedimiento Civil, certifica: Que las copias fotostáticas que anteceden son fieles y exactas de la decisión N° 01 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por esta Corte Disciplinaria Judicial, cursante a los folios veinte (20) al veinte y cuatro (24) de la pieza N° cuatro (4) del expediente AP61-R-2018-000013 nomenclatura de este órgano jurisdiccional. Certificación que se expide a los veinticinco (25) días del mes de julio de 2022.- El Secretario TQMAS /MALAVE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZ PONENTE: ROMER ABNER PACHECO MORALES Expediente N° AP61-S-2016-000160 Mediante Oficio N° TDJ-248-2019 de fecha 08/05/2019, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ) remitió a esta Corte expediente identificado N° AP61- S-2016-000160 (f.188 p.2), constante de dos (2) piezas y contentivo del procedimiento disciplinario instruido por la Inspectoría General de Tribunales (en lo SucesiVO IGT) a la Ciudadana DORIS ISABEL GANDICA ANDRADE, titular de la cédula de identidad N° 5.641.800 en su carácter de Jueza Titular del Juzgado. Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial -del área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de faltas disciplinarias en-el desempeño del cargo. Tal remisión se realizó con ocasión de la Consulta Obligatoria a que se encuentra (f.171 al 178 p.2) en la que decretó el Sobreseimiento de la investigación seguida por la IGT a la Jueza identificada, en relación al hecho de presunto diferimiento amparo constitucional en la tramitación de la causa AP41-U-2008-000356 de conformidad con el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana e improcedente el sobreseimiento de la investigación con relación a la presunta homologación del desistimiento formulado por la parte actora fuera del lapso correspondiente en la tramitación de la misma causa e igualmente improcedente el sobreseimiento de la investigación por presuntamente inobservar el lapso para dictar sentencia en la tramitación de la causa judicial AP41-U-2010-000198. En fecha 15 de enero de 2019, el Juez Tulio Jiménez Rodríguez, hizo efectiva su renuncia presentada ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), convocándose a los Nacional, quienes se excusaron justificadamente de aceptar la convocatoria realizada. En fecha 13 de marzo de 2020, entró en vigencia el decreto N° 4.160 emanado de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.519 de fecha 13 de marzo de 2019, mediante el cual se declaró el Estado de alarma en todo el territorio Nacional, en razón de la pandemia por el COVID-19. En fecha 25 de enero de 2021, se produjo la aceptación de la convocatoria realizada de la Corte Disciplinaria Judicial. En fecha 7 de junio de 2022 se constituyó la Corte Disciplinaria Judicial con la incorporación del Juez ROMER ABNER PACHECO MORALES, la Secretaría de esta Corte dej6 constancia de haber recibido en fecha 15 de junio de 2022 de la Unidad de Recepción y Distribución de-Documentos de esta Jurisdicción (en lo sucesivo, URDD) el expediente N° AP61-S-2016-000160 (f. 189 p.2) y corresponde el pase de actuaciones para su pronunciamiento al Juez antes señalado como suplente, dada la falta absoluta de la Jueza Principal Ana Cecilia Zulueta Rodríguez. En fecha 21 de junio de 2022 la Corte Disciplinaria Judicial estimó dar continuidad al procedimiento sin necesidad de notificación, y acuerda que la oportunidad para publicar la decisión será el quinto (5º) día de despacho siguiente. Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial resolver la presente Consulta Obligatoria y dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones. ANTECEDENTES El 07/10/2016 el órgano investigador disciplinario dictó Acto Conclusivo (f.158 al 162 p.2) en el expediente instruido durante la investigación iniciada en fecha 16/06/2014 (f.266 p.1) al Jueza identificada, en: el que solicitó el decreto de Sobreseimiento de la investigación por la presuntas irregularidades en la tramitación de las causas judiciales AP41-U-2008-000356 y AP41-U-2010-000198 considerando que los hechos denunciados no podían ser atribuidos a la jueza investigada, conforme al numeral 1 del Artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (sic). El Tribunal Disciplinario Judicial dictó la Sentencia Nº TDJ-SD-2018-86 de fecha 17/12/2018 en la que declaró procedente la solicitud del órgano investigador disciplinario relativa al Sobreseimiento de la investigación relacionada con el hecho de presunto diferimiento para la admisión del recurso contencioso tributario conjuntamente con acción de amparo constitucional en la tramitación la causa AP41-U-2008-000356 e improcedente el sobreseimiento de Ja investigación con relación a la presunta homologación del desistimiento formulado por la parte actora fuera del lapso correspondiente en la tramitación de la causa e igualmente improcedente el sobreseimiento de la investigàción por presuntamente, inobservar el lapso para dictar sentencia en la tramitación de la causa judicial AP41-U-2010-000198. 11 DEL FALLO CONSULTADO En fecha 17/12/2018 el TDJ dictó la Sentencia N° TDJ-SD-2018-86, en la que declaró: "Primero: Se decreta el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana DORIS ISABEL GANDICA ANDRADE titular de la cédula de identidad N° 5.641.800 en su carácter de Jueza Titular del Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas, con relación al hecho referente a la presunta existencia de diferimientos, por parte de la precitada ciudadana, para la admisión del conformidad con el numeral 2 del artículo.71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en virtud de la falta de tipicidad del hecho. . Segundo: Se declara IMPROCEDENTE el sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana DORIS ISABEL GANDICA ANDRADE con relación al hecho que la precitada ciudadana presuntamente declaró la homologación del desistimiento formulado por la parte actora fuera del lapso correspondiente, en la tramitación de la acusa AP41-U-2008-000356. TERCERO: Se declara IMPROCEDENTE el sobreseimiento de la Investigación seguida a la ciudadana DORIS ISABEL GANDICA ANDRADE con relación al hecho que la precitada ciudadana presuntamente inobservó el lapso para dictar sentencia en la tramitación de la causa AP41-U-2010-000198.... A los fines de fundamentar su decisión él a quo Decreto: Decretó Respecto a la primera solicitud de sobreseimiento, indicó que el hecho denunciado consistente en presunta existencia de diferimientos por parte de la conjuntamente con acción de amparo constitucional en la tramitación de la causa AP41-U-2008-000356, no había podido ser subsumido en ninguno de los supuestos de hecho susceptibles de responsabilidad, por cuanto dicha situación no reviste carácter disciplinario. Razón por la cual decreto el sobreseimiento fundamentando su decisión en el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en virtud de la falta de tipicidad del hecho. En cuanto a la segunda solicitud, referida al hecho que la precitada ciudadana presuntamente declaró la homologación del desistimiento formulado por la parte actora fuera del lapso correspondiente en la tramitación de la causa AP41-U- 2008-000356, observó el a quo que entre la fecha que la jueza investigada concluyó la vista de la causa hasta el dictamen transcurrieron ochocientos noventa y cuatro (894) días de despacho, ciertamente en virtud del retraso, no se produjo daño alguno, pero no es menos cierto que tal hecho no desvirtúa la existencia de un hecho de carácter disciplinario. Y en atención a la tercera solicitud de sobreseimiento, referida al retraso por parte de la jueza investigada para emitir sentencia en la causa AP41-U-2010- 000198, el a quo observó que no pudo evidenciar causas que justificaran el señalado retraso, por lo que declaró improcedente la solicitud de la IGT ante la imposibilidad de subsumir el hecho en el numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. página original (tal como se publicó) [Página 11] 111 DE LA COMPETENCIA Debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer el asunto sometido a su consideración y, al respecto, observa: El artículo 71 del Código de Ética, establece: "Artículo 71. El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas. Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando: 1. El hecho no se realizó o no puede atribuírsele al sujeto investigado; 2. El hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario; 3. La acción disciplinaria haya prescrito; 4. Resulte acreditada la cosa juzgada; 5. No exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial. 6. La muerte del juez denunciado o jueza denunciada. Presentada la solicitud de sobreseimiento, el Tribunal Disciplinario Judicial la decidirá dentro del lapso de cinco días siguientes. La norma transcrita define el sobreseimiento y sus efectos una vez declarado, así como su alcance con relación a las medidas dictadas durante el curso del proceso disciplinario. Prevé igualmente el trámite que debe cumplirse y los supuestos que dan lugar a su declaratoria, así como el órgano competente para solicitarlo y acordarlo. En este orden de ideas, se observa que la norma incorpora entre tales supuestos, tanto la imposibilidad de atribuir una conducta supuestamente reprochable al sujeto investigado, como la atipicidad de un hecho por no revestir carácter disciplinable, circunstancias que dan lugar a la declaratoria del sobreseimiento de la causa, en razón del impedimento jurídico de establecer la responsabilidad disciplinaria del juez e imponer la correspondiente sanción. En este sentido, el Código de Ética en el artículo 71, establece que el órgano disciplinario, ante la constatación de alguno de los supuestos allí contenidos, podrá decretar el sobreseimiento, pronunciamiento que fue solicitado por la IGT en fecha 18/03/2013 y acordado por el a quo el 30/06/2016. En consecuencia, constatado en autos los supuestos normativos previstos en los numerales 1 y 2 del artículo 71 del Código de Ética, esta Corte se declara competente para conocer la presente consulta. Y así se decide. IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Establecida como ha sido la competencia, esta Corte pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones. A los efectos de resolver la consulta obligatoria de ley, esta Alzada reitera que el Sobreseimiento previsto en el artículo 71 del Código de Ética constituye una modalidad de conclusión de los procesos disciplinarios judiciales de forma anticipada, al evidenciarse la procedencia de alguno de los supuestos contenidos en la previsión normativa (el hecho objeto del proceso no se realizó, no puede atribuírsele al juez denunciado, el hecho no es típico, la acción disciplinaria ha prescrito, resulta acreditada la cosa juzgada, no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial o la muerte del juez). Una vez proferida la decisión por parte del órgano disciplinario de Primera Instancia Judicial, ésta deberá ser consultada ante el órgano superior disciplinario y conlleva, como consecuencia de su confirmación, la extinción del proceso disciplinario judicial y la imposibilidad de perseguir nuevamente al sujeto de derecho en favor de quien es dictado el sobreseimiento, en razón del carácter de cosa juzgada que adquiere su pronunciamiento. En este sentido, la Corte Disciplinaria Judicial en Sentencia N° 23 de fecha 23/10/2012 dejó establecido que el Sobreseimiento en materia disciplinaria era una institución dispuesta en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana en la misma forma y con la misma naturaleza que en el ámbito penal ordinario, habiéndose reeditado en los mismos términos en la formulación legislativa vigente. Al respecto, igualmente indicó, que tal figura jurídica comportaba un pronunciamiento jurisdiccional que impedía la continuación de la persecución del Juez denunciado al dar por terminado un proceso en curso, siempre y cuando el Tribunal competente constatara que alguna de las causales previstas en la ley adjetiva aplicable se había materializado. La finalidad de esta institución es poner término al procedimiento de manera anticipada y atribuye a su declaratoria el carácter de cosa juzgada. Ahora bien, con relación al caso sometido a consulta, observa esta Alzada que el a quo decreto procedente la solicitud de Sobreseimiento de la investigación disciplinaria realizada por la Inspectoría General de Tribunales a la ciudadana DORIS ISABEL GANDICA ANDRADE en relación al primer hecho denunciado de presunto diferimiento para la admisión del recurso contencioso tributario conjuntamente con acción de amparo constitucional en la tramitación de la causa AP41-U-2008-000356 en virtud que el hecho no podía atribuírsele a tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, dada la falta de tipicidad del hecho. En este sentido, esta Alzada verificó las actas que integran el presente expediente y observó que en los folios 71, 72 y 77 de la pieza 2 del presente expediente cursan autos de fecha 04, 09 y 11/07/2008, dictada por la Jueza denunciada en la cual acuerda diferir el pronunciamiento de la decisión prevista para esas fecha y verificadas como ha sido las actuaciones de la citada jueza en relación a este hecho denunciado, por cuanto declaró improcedente la oposición que hizo el representante de la República en contra de la' acción de amparo cautelar y decretada por la jueza denunciada en fecha 10/06/2008, e igualmente admitió el recurso contencioso tributario por cuanto el mismo no incurrió en las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 266 del Código Orgánico Tributario. En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Alzada estima necesario realizar algunas consideraciones sobre la ausencia de tipicidad de la conducta imputada a la Jueza denunciada el primer hecho denunciado. El numeral 6 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el principio de tipicidad en ios siguientes términos: "Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: (...omissis...) 6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren (...omissis...)" De la disposición parcialmente transcrita emerge la previsión constitucional del principio de tipicidad de las sanciones administrativas, según el cual no podrá imponerse sanción sin una ley previa que la establezca, suprimiéndose así el ámbito de indeterminación al que pudieran quedar sometidos los destinatarios de la norma con respecto a conductas que en el futuro pudieran ser declaradas como sancionables. La exigencia de certeza o clara determinación de la conducta infractora, la taxatividad en la predeterminación legal y, por ende, la posibilidad de ser sancionadas, resultan inherentes al principio de legalidad. Al respecto, la Sala Político Administrativa de nuestro Máximo Tribunal ha sostenido: "En lo que concierne al principio de tipicidad cuya violación fue alegada por la parte recurrente, debe indicarse que éste se encuadra en el principio de la predeterminación normativa de las conductas ilícitas, el principio de legalidad concreta tal prescripción en el requerimiento de definición, suficiente para su identificación, del ilícito y de su consecuencia sancionatoria. De allí, que la exigencia de legalidad o tipicidad tiene su origen en el principio de seguridad jurídica, fundamental en todo Estado de Derecho, requiriéndose que la definición normativa de los ilícitos administrativos debe, reunir unas características de precisión que satisfagan esa demanda de seguridad" En tal sentido, la garantía material de la tipificación ha sido, en nuestro país, una consecuencia necesaria de los principios de libertad y seguridad jurídica previstos en la Carta Magna, en tanto crea la obligación del Estado de definir previamente en una ley, los comportamientos que se reputan prohibidos a los ciudadanos, enumerando las sanciones aplicables a las personas que llegaren a incurrir en los supuestos previamente definidos (Vid., entre otras, sentencias N° 1486 de fecha 15 de octubre de 2009 y N° 130 de fecha 11 de febrero de 2010, de la Sala Político Administrativa). Dado el razonamiento que precede, resulta la incorporación del principio de tipicidad en el derecho disciplinario judicial, al establecerse la falta de tipicidad como causal de sobreseimiento de la investigación disciplinaria. Dada la constatación que precede evidencia a esta Corte, que los hechos denunciados no se realizaron, tal como lo estimó tanto el órgano investigador como él a quo y, en consecuencia, confirma la decisión emitida por el Tribunal Disciplinario Judicial. Así se decide. Por otra parte, declaró improcedente el sobreseimiento de la investigación con rélación al segundo hecho denunciado que la Jueza Investigada presuntamente homologó el desistimiento formulado por la parte actora fuera del lapso correspondiente en la tramitación de la misma causa, esta Alzada una vez verificada la temporalidad de las actuaciones observó que efectivamente la Jueza página original (tal como se publicó) [Página 12] investigada tardo ochocientos noventa y cuatro (894) días en dictar la sentencia de homologación, por lo que no podría subsumirse su actuación en el supuesto de hecho establecido en el numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética del Juez y de la Jueza Venezolana, razón por la cual considera ajustado a derecho lo decidido por él a quo en cuanto al ordenar remitir el expediente a la Inspectoría General de Tribunales una vez adquiera el carácter de definitivamente firme, por cuanto a esta Alzada no le compete conocer sobre la improcedencia de los sobreseimientos decretados por el TDJ, Y así se decide. En idéntico sentido, se evidenció que en el tercer hecho_denunciado referido a que la Jueza investigada presuntamente inobservó el lapso para dictar sentencia en la tramitación de la causa judicial AP41-U-2010-000198, esta Alzada pudo corroborar que desde el momento en que concluyó la vista de la causa hasta la fecha en la que emitió sentencia transcurrieron quinientos nueve (509) días de despacho, tiempo que excede el lapso para dictar sentencia establecido en el artículo 277 del Código Orgánico Tributario vigente para la fecha en que concluyó la vista de la causa y vista la cronología documental reseñada permite a este Juzgador percatarse que no existen evidencias que justifiquen el retardo procesal en el que presuntamente incurrió la Jueza investigada en la tramitación de la causa judicial AP41-U-2010- 000198, de allí que esta Alzada comparte la decisión emitida por el Tribunal Disciplinario Judicial respecto a la improcedencia de sobreseimiento ya que el hecho no puede subsumirse en el supuesto de hecho establecido en el numeral 1 del numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética de Juez y de la Jueza Venezolana, razón por la cual considera ajustado a derecho lo decidido por el a quo. Y así se decide. En mérito de lo anterior y evidenciadas en autos por quienes aquí deciden en toda su extensión las probanzas invocadas por el Tribunal Disciplinario Judicial en la motiva de su pronunciamiento, esta Corte confirma la Sentencia Nº TDJ-SD-2018- 86 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha de fecha 17/12/2018. Así se decide. V DECISIÓN Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: 1. Declara su COMPETENCIA para conocer en Consulta la Sentencia Nº TDJ-SD- 2018-86 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 17/12/2018. 2. CoNFIRMA la Sentencia Nº TDJ-SD-2018-86 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 17/12/2018, en la que decidió: página original (tal como se publicó) [Página 13] "Primero: Se decreta el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana DORIS ISABEL GANDICA ANDRADE titular de la cédula de Identidad N° 5.641.800 en su carácter de Jueza Titular del Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas, con relación al hecho referente a la presunta existencia-.de diferimientos, por parte de la precitada ciudadana, para la admisión del recurso contencioso tributario conjuntamente con acción de amparo constitucional en la tramitación de la causa AP41-U-2008-000356 de conformidad con el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en virtud de la falta de tipicidad del hecho. . Segundo: Se declara IMPROCEDENTE el sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana DORIS ISABEL GANDICA ANDRADE con relación al hecho que la precitada ciudadana presuntamente declaró la homologación del desistimiento formulado por la parte actora fuera del lapso correspondiente, en la tramitación de la acusa AP41-U-2008-000356. TERCERO: Se declara IMPROCEDENTE el sobreseimiento de la Investigación seguida a la ciudadana DORIS ISABEL GANDICA ANDRADE con relación al hecho que la precitada ciudadana presuntamente inobservó el lapso para dictar sentencia en la tramitación de la causa AP41-U-2010-000198..... Publíquese, regístrese. Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el Salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas, a los seis (06 ) días del mes de julio de 2022. Años 212° de la Independencia y 163° de la Federación. AR:2 La Presdenta MERLY MORALES HERNÁNDEZ a La Jueza integrante, MARIAALEJANDRA DIAZ MARÍN Exp. N° AP61-S-2016-000160 Vicepfesidente-Ponente, ROMERABNER-PACHECO-MORALES El Secretario, Abg. TOMÁS MALAVÉ Hoy seis (06) de julio gél año dos,mil veintidós (2022), siendo las 11:10 am., se publicó la anterior decisión bajo/N 08 El SecretarigE) Tomas Malav página original (tal como se publicó) [Página 14] Quien suscribe, TOMAS MALAVE, Secretario Encargado de la Corte Civil, certifica: Que las copias fotostáticas que anteceden son fieles y exactas de la decisión N° 08 de fecha 06 de julio de 2022, dictada por esta Corte Disciplinaria Judicial, cursante a los folios ciento noventa y cuatro (194) al doscientos dos (202) de la Pieza N° dos (1) del expediente AP61-S-2016- 000160 nomenclatura de este órgano jurisdiccional. Certificación que se expide a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2022.- El Secretario(E), TOMASMALAVE página original (tal como se publicó) [Página 15] SERVICIO AUTÓNOMO Imprenta Nacional y Gaceta Oficial 200 CARABOBO GACETA OFICIAL DE LA BEPORLICA BOLIWARIANA DE VENEZUELN Requisitos para solicitar Gaceta Certificada de Naturalización El trámite es PERSONAL. En caso de no acudir la persona, un familiar deberá consignar autorización con parentesco hasta 3er grado de consanguinidad (Padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tios o sobrinos). En su defecto consignar poder debidamente autenticado. Siguenos en Twitter @oficialgaceta @moficialimprenta página original (tal como se publicó) [Página 16] LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.688 de fecha viernes 25 de febrero de 2022) Objeto Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las publicaciones oficiales de los actos jurídicos del Estado a los fines de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del Pueblo al contenido de los mismos, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 4. La “Gaceta Oficial”, creada por Decreto Ejecutivo de 11 de octubre de 1872, continuará con la denominación “Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”. Efectos de la publicación Artículo 8. La publicación de los actos jurídicos del Estado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela le otorga carácter público y con fuerza de documento público. Para que los actos jurídicos del Poder Electoral, Poder Judicial y otras publicaciones oficiales surtan efectos deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el Reglamento que rige la materia. Publicación física y digital Artículo 9. La publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela acoge el sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro físico. La publicación física deberá contener todo el contenido publicado en la versión digital y automatizada y generará los mismos efectos establecidos en esta Ley, incluyendo su carácter público y de documento público. La contravención de esta disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda. La Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo establecerá las normas y directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de las publicaciones digitales y físicas de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el sistema informático de las publicaciones digitales. Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Publicaciones oficiales Artículo 15. El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial podrá dar carácter oficial a las publicaciones y ediciones físicas y digitales de los actos jurídicos publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, deberá dictar un acto que indique las características esenciales de estas publicaciones. Así mismo, el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial dictará un acto en el cual establezca los precios de las publicaciones impresas de la Gaceta Oficial, su certificación y los servicios digitales de divulgación y suscripción, así como cualquier otro servicio asociados a sus funciones. http://www.imprentanacional.gob.ve Esta Gaceta contiene 16 páginas, costo equivalente a 6,85 % valor Unidad Tributaria AÑO CL - MES I Número 42.491 Caracas, miércoles 26 octubre de 2022 página original (tal como se publicó)