[Página 1] Caracas, viernes 29 de julio de 2022 Número 42.429 AÑO CXLIX - MES X SUMARIO ASAMBLEA NACIONAL Acuerdo mediante el cual se autoriza al ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para designar al ciudadano David Nieves Velásquez Caraballo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de Arabia Saudita. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto Nº 4.714, mediante el cual se nombra el Consejo Directivo Provisional que ejercerá en forma colegiada la autoridad académica y administrativa de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, por un lapso de 90 días, hasta tanto sea dictado el correspondiente Reglamento de Organización y Funcionamiento, el cual estará conformado por las ciudadanas y ciudadanos que en él se indican. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Resolución mediante la cual se otorga la “Orden Francisco de Miranda”, en las Clases que en ella se señalan, a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Herles Eduardo Carrero Febles, como Director General de la Oficina de Gestión Administrativa, y como responsable de los Fondos en Anticipo y de los Fondos en Avance de la Unidad Administradora Central de la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de este Ministerio, para el Ejercicio Económico Financiero 2022. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA Resoluciones mediante las cuales se designan a los ciudadanos Profesionales Militares que en ellas se mencionan, como responsables del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a las Unidades Administradoras Desconcentradas, sin firma, que en ellas se indican. Resolución mediante la cual se designan a los ciudadanos Profesionales Militares que en ella se mencionan, como Comandantes de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral que en ella se especifican, del Segundo Comando y Jefatura de Estado Mayor Conjunto, del Comando Estratégico Operacional, de este Ministerio. Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Mayor General Hernán David García Perozo, como Comandante del Comando de Defensa Aeroespacial Integral, del Segundo Comando y Jefatura de Estado Mayor Conjunto, del Comando Estratégico Operacional, de este Ministerio. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS INDER Providencias mediante las cuales se designan a la ciudadana y a los ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se señalan, de este Instituto. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN Resolución mediante la cual se decide declarar Sin Lugar el recurso interpuesto por la Jeanfran Comunicaciones TV, C.A. DEFENSA PÚBLICA Resolución mediante la cual se dictan las Normas del I Concurso Público de Credenciales y de Conocimientos para la Carrera Defensoril. Resolución mediante la cual se amplía la competencia de la Defensoría Pública Tercera (3°), con competencia ante la Sala Constitucional, Político Administrativa, Sala de Casación Civil, Sala Electoral y Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), adscrita a la Dirección Nacional de Actuación Procesal; con la finalidad de que la Defensora Pública o Defensor Público adscrito al referido Despacho Defensoril pueda asistir, asesorar y representar a las usuarias o usuarios con asuntos que correspondan a la competencia de la Sala de Casación Penal del precitado Alto Tribunal. ASAMBLEA NACIONAL página original (tal como se publicó) [Página 2] 457.816 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 29 de julio de 2022 Decreto Nº 4.714 9 de julio de 2022 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo, y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en los artículos 34 y 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela Por delegación del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, según consta en el Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 de fecha 21 de junio de 2018. DECRETO Artículo 1°. Nombro el Consejo Directivo Provisional que ejercerá en forma colegiada la autoridad académica y administrativa de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, por un lapso de 90 días, hasta tanto sea dictado el correspondiente Reglamento de Organización y Funcionamiento, quienes desempeñarán las competencias inherentes a los referidos cargos, de conformidad con la normativa vigente. Artículo 2°. El Consejo Directivo Provisional de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, queda conformado de la siguiente manera: Consejo Directivo Provisional de la Universidad Internacional de las Comunicaciones LUIS MIGUEL IGNACIO DELGADO ARRIA C.I. N° V-5.073.788 SECRETARIO CARLOS ABELARDO SIERRA ARIAS C.I. N° V-17.196.777 RESPONSABLE DEL ÁREA ACADÉMICA IRIS YARI MEDINA FERNANDEZ C.I. N° V-16.288.707 RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA MARIA ANDREINA CARRILLO CALLEJAS C.I. N° V-19.518.586 RESPONSABLE DEL ÁREA ESTUDIANTIL PEDRO JOSE IBAÑEZ AQUINO C.I. N° V-12.912.076 REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN ERICK JOSUE RODRIGUEZ MIEREZ C.I. N° V-2.643.404 REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) FERNANDO BUEN ABAD DOMINGUEZ PASAPORTE N° G42112787 REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD DE LANÚS - ARGENTINA Artículo 3°. Se ordena a la Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria instrumentar la designación descrita en el presente Decreto incluyendo la juramentación de los referidos ciudadanos y ciudadanas. Dado en Caracas, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil veintidós. Años 212° de la Independencia, 163° de la Federación y 23° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.) DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y Primera Vicepresidenta del Consejo de Ministros Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) TIBISAY LUCENA RAMÍREZ PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Artículo 4°. El presente Decreto entrará en vigencia, a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ página original (tal como se publicó) [Página 3] N° C.3.: SD A 1 CRISTÓBAL TEODOMIRO GRIMAN PERNÍA V-3.723.421 2 JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ ARTEAGA V-4.086.304 3 ARTURO JOSÉ PERNÍA ACEVEDO V-4.632.620 4 CARMEN ZULAY GINÉS ARCIA V-5.893.536 V-6.142.532 5 ROGER GUSTAVO ACEVEDO PÉREZ JUAN JOSÉ MUNARES MIER Y TERÁN V-6.358.318 6 7 V-10.902.202 LUZ MARÍA RODRÍGUEZ DÁVILA 8 ADRIANA VANESSA DEL CAR JAIME ZORRILLA V-16.179.742 SARA BERMAN DÍAZ 9 V-25.482.457 ESTANDARTE DE LA FUNDACIÓN VENEZOLANA DE INVESTIGACIONES 10 SISMOLÓGICAS (FUNVISIS) "El trabajo y la moral son las gases fundanjentales sobre las que reposa el sólido sistema de la libeßtad". Francisco de Miranda NARIA Y Comuníquese y publíquese Por el Ejecutivo Nacionalg neud MLNISTRÁ REMIGIO CEBALLOS ICHASO Ministro del Poder Poputar par Relaciones Interiores, Justicia y Paz MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO DM N°040 Caracas, 2 2 JUL. 2022 212º 163° y 23° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, CARLOS RAFAEL FARÍA TORTOSA, designado mediante Decreto Presidencial N° 4.689 del 16 de mayo de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela N° 6.701 Extraordinario, ce la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 34, 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario del 17 de noviembre de 2014; en el artículo 1° del Decreto N° 140 del 17 de septiembre de 1969, contentivo del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N°29.025, de 18 de septiembre de 1969; y de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.217, del 30 de jullo de 2013, así como en su Disposición Derogatoria Primera, en virtud de la cual se mantienen vigentes los artículos 7 y 68 de la Ley de Servicio Exterior, del 02 de agosto de 2005; el artículo 36 numeral 2 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°39.841 del 12 de enero de 2012 y en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos publicado, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.° 2.818 Extraordinario del 1° de julio de 1981. POR CUANTO El cargo de Director General de la Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores es un cargo de Alto Nivel por sus funciones. RESUELVE Artículo 1. DesIgnaral ciudadano HERLES EDUARDO CARRERO FEBLES, titular de la cédula de Identidad N° V-14.198.807, como Director General de la Oficina de Gestión Administrativa de este Ministerio, y como responsable de los fondos en anticipo y de los fondos en avance de la Unidad Administradora Central de la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, para el ejercicio económico financiero 2022. Artículo 2. El Director designado ejercerá las funciones establecidas en el artículo 26 del Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.238 Extraordinaria del 13 de julio de 2016. Artículo 3. Además de las funciones inherentes a su cargo, el Director designado ejercerá, por delegación, las funciones que se señalan a continuación: 1. Dirigir oficios, memoranda, circulares e Instrucciones de servicio, consulares, representaciones permanentes y las misiones temporales de la República Bolivariana de Venezuela en el exterior y para las unidades administrativas de este Despacho Ministerial. 2. Dirigir comunicaciones para los despachos del Ejecutivo Nacional y otros organismos públicos y privados. 3. Abrir y movilizar cuentas corrientes y firmas de cheques, fondos en avance y fondos en anticipo y otros títulos de créditos. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, para lo cual deberá registrar su firma autógrafa ante la Oficina Nacional del Tesoro. 5. Transferir fondos en avance o en anticipo, para los gastos que deban pagarse a las Unidades Administradoras desconcentradas en el exterior, previa aprobación del Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. 6. Certificar documentos relacionados con los asuntos inherentes a la Oficina a su cargo. 7. Tramitar viáticos nacionales e Internacionales, previa aprobación del Ministro del Poder Popular para Relaciones Exterlores. 8. Realizar todas las gestiones y autorizaciones en materia aduanera que deban ser ejecutadas. 9. Suscribir los contratos de beneficios socioeconómicos, previo cumplimiento de las formalidades de ley, que hayan sido autorizados por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. página original (tal como se publicó) [Página 4] 10. Suscribir los contratos de servicios básicos Indispensables, asf como contratos de arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, contratos de comodato y donación, previa aprobación del Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Queda a salvo, lo establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada. Articulo 4. El Director deberá presentar un informe detallado de los actos y documentos que suscriba en el marco de esta Resolución al ciudadano Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y en el artículo 6 del Reglamento de Delegación de Firmas de los Ministros del Ejecutivo Nacional. Artículo 5. Los actos y documentos firmados de acuerdo con lo establecido en la presente Resolución, deberán indicar la fecha, el número de la Resolución y los datos de la Gaceta Oficial en la cual haya sido publicada, conforme a lo establecido en el artículo 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. Artículo 6. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Se instruye a la Oficina de Gestión Humana para que notifique a la parte Interesada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en la Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinarlo del 1° de julio de 1981. Comuníquese, Notifíquese y Publíquese, CARLOS RAFAELFARIA TOT Ministro del Poder Popular para Retatiomes teßones Publicado en la Gaceta Oficial de la Búblic isma fecha Bolivariana de Venezuela N°6.701 Extraordinario MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 2 5 JUL 2022 212°, 163° y 23° RESOLUCIÓN N° 8 4 672 4 El Ministro del Poder Popular para Ia Defensa, GENERAL EN JEFE VLADÍMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 27 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014, RESUELVE ÚNICO: Designar a partir del 09 de marzo de 2022, al General de Brigada JUAN KARLOS CASTELLANOS VARELA, C.I. N° 11.499.873, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, 53 BRIGADA DE INFANTERÍA DE SELVA "TENIENTE CORONEL JESÚS MIGUEA ORTÍZ CONTRERAS", CódigO N° 29941. Comuníquese y pblíg ADÍMIR PADRINO LÓPEZ General en Jefe inistro del Poder Popular para la Defensa REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO 2 5 JUL 2022 Caracas, 212°, 163° y 23° RESOLUCIÓN N° 8 4 67 2 5 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE VLADÍMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 27 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, habida consideración del artículo 17 del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Decreto N° 1.410 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014, RESUELVE ÚNICO: Designar a partir del 04 de mayo de 2022, al Vicealmirante JUAN 30sÉ FERNÁNDEZ NÚÑEz, C.I. N° 7.926.364, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02 y 4.03), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin firma, DIRECCIÓN REGIONAL DE MEDIOS DE LA MILICIA PARA LA REGIÓN ESTRATÉGICA DE DEFENSA INTEGRAL GUAYANA, CódigO N° 07836. 2 Comuníquese y publíques Por el Ejecutivo Nacion LADIMIR PADRINO LÓPEZ eneral en Jefe Miastro del Poder Popular para la Defensa REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 2 6 JUL. 2022 212°, 163° y 23° RESOLUCIÓN N° 8 4 6 7 8 0 Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 8 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, página original (tal como se publicó) [Página 5] RESUELVE ÚNICO: Efectuar los siguientes nombramientos: COMANDO ESTRATÉGICO OPERACIONAL SEGUNDO COMANDO Y JEFATURA DE ESTADO MAYOR CONJUNTO Región Estratégica de Defensa Integral Capital MayOr General JAVIER JOSÉ MARCANO TÁBATA, C.I. N° 10.306.352, Comandante, r/n. Región Estratégica de Defensa Integral Central MayOr General JOSÉ ANTONIO MURGA BAPTISTA, C.I. N° 6.259.763, Comandante, r/n. Región Estratégica de Defensa Integral Occidental MayOr General RENIER ENRIQUE URBÁEZ FERMÍN, C.I. N° 10.220.714, Comandante, r/n. Región Estratégica de Defensa Integral Los Andes MayOr General MANUEL ENRIQUE CASTILLO RENGIFO, C.I. N° 10.049.604, Comandante, e/r del Mayor General JOSÉ SANTIAGO MORENO MARTÍNEZ, C.I. N° 8.247.928. Región Estratégica de Defensa Integral Los Llanos MayOr General SIDNEY RAMÓN LÁZARO PARTIDAS, C.I. N° 10.701.668, Comandante, e/r del Mayor General SANTIAGO ALEJANDRO INFANTE ITRIAGO, C.I. N° 10.496.032. Región Estratégica de Defensa Integral Oriental MayOr General WINDER ENRIQUE GONZÁLEZ URDANETA, C.I. N° 7.901.280, Comandante, r/n. Región Estratégica de Defensa Integral Guayana MayOr General ALFREDO ROMÁN PARRA YARZA, C.I. N° 8.518.989, Comandante, r/n. Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular Almirante NEIL JESÚS VILLAMIZAR SÁNCHEZ, C.I. N° 10.345.094, Comandante, r/n. Comuníquese y publíquese. Por el Ejecutivo Nacional, VDIMIRPADRINO LÓPEZ Geperal en Jefe para la Defensa REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 2 6 JUL 2022 212°, 163° y 23° RESOLUCIÓN N°0 4 6 7 8 1 Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo establecido en los artículos 30 y 31 numeral 8 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.508 de fecha 30 de enero de 2020, RESUELVE ÚNICO: Efectuar el siguiente nombramiento: COMANDO ESTRATÉGICO OPERACIONAL SEGUNDO COMANDO Y JEFATURA DE ESTADO MAYOR CONJUNTO Comando de Defensa Aeroespacial Integral MayOr General HERNÁN DAVID GARCÍA PEROZO, C.I N° 6.967.916, Comandante, r/n. Comuníquese y publíquese. Por el Ejecutivo Nacional, JELA VILADÍMIR PADRINO LÓPEZ General en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAAGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS. INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL. PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 0094-2022. CARACAS, 20 DE MAYO DE 2022. AÑOS 212º, 1630 Y 23º Quien SUSCribe, MARIA LUISA CONTRERAS ZAMBRANO, titular de la cédula de identidad N° V-7.377.590, actuando en mi carácter de PRESIDENTA (E) DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (INDER), según Decreto Presidencial N° 4.311, de fecha 16 de septiembre de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.966 de la misma fecha, conforme a las atribuciones que me confiere el artículo 140, numerales 2, 9 y 13 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.991 Extraordinaria, de fecha 29 de julio de 2010, en concordancia con el artículo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522, de fecha 06 de septiembre de 2002, y el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 2.818 Extraordinaria, de fecha 01 de julio de 1981, dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Se designa al ciudadano JORGE RAMON BASTARDO RODRIGUEz, titular de la cédula de identidad N° V-10.500.966, como CONSULTOR JURÍDICO DEL INSTITUTONACIONAL DE DESARROLLO RURAL (INDER), con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 2. Queda sin efecto cualquier otro acto administrativo o disposición que contravenga la presente Providencia Administrativa. Artículo 3. La presente Providencia Administrativa, tendrá vigencia a partir del 20 de mayo de 2022. Comuníquese y Publíquese. MARIA LUISA CONTRERAS ZAMBRANO Presidenta (E) del Instituto Nacional de Desarrollo Rural REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS. INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL. PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 0095-2022. CARACAS, 23 DE MAYO DE 2022. AÑOS 212°, 1630 Y 23º Quien Suscribe, MARIA LUISA CONTRERAS ZAMBRANO, titular de la cédula de identidad N° V-7.377.590, actuando en mi carácter de PRESIDENTA (E) DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (INDER), según Decreto Presidencial N° 4.311, de fecha 16 de septiembre de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.966 de la misma fecha, conforme a las atribuciones que me confiere el artículo 140, numerales 2, 9 y 13 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.991 Extraordinaria, de fecha 29 de julio de 2010, en concordancia con el artículo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522, de fecha 06 de septiembre de 2002, y el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 2.818 Extraordinaria, de fecha 01 de julio de 1981, dicta la siguiente: página original (tal como se publicó) [Página 6] PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Se designa al ciudadano NAGGE ELIAS FINOL VILLASMIL, titular de la cédula de identidad N° V-16.467.076, como CooRDINADOR ESTADAL DEL ESTADO ZULIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (INDER), con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 2. Queda sin efecto cualquier otro acto administrativo o disposición que contravenga la presente Providencia Administrativa. Artículo 3. La presente Providencia Administrativa, tendrá vigencia a partir del 23 de mayo de 2022. Comuníquese y Publíquese. MARIA LUISA CONTRERAS ZAMBRANO Presidenta (E) del Instituto Nacional de Desarrollo Rural REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS. INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 0097-2022. CARACAS, 24 DE MAYO DE 2022. AÑOS 212°, 163° Y 23° Quien suscribe, MARIA LUISA CONTRERAS ZAMBRANO, titular de la cédula de identidad N°V-7.377.590, actuando en mi carácter de PRESIDENTA (E) DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL. (INDER), según Decreto Presidencial N° 4.311, de fecha 16 de septiembre de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.966 de la misma fecha, conforme a las atribuciones que me confiere el artículo 140, numerales 2, 9 y 13 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela N° 5.991 Extraordinaria, de fecha 29 de julio de 2010, en concordancia con el artículo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522, de fecha 06 de septiembre de 2002, y el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en la Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela N° 2.818 Extraordinaria, de fecha 01 de julio de 1981, dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Se designa a la ciudadana ERLYS NIRBEL CABALLERO BLANCA, titular de la cédula de Identidad N° V-19.805.781, como COORDINADORA ESTADAL DEL ESTADO AMAZONAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (INDER), COn las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 2. Queda sin efecto cualquier otro acto administrativo o disposición que contravenga la presente Providencia Administrativa. Artículo 3. La presente Providencia Administrativa, tendrá vigencia a partir del 24 de mayo de 2022. Comuníquese y Publíquese. MARIA LUISA CONTRERAS ZAMBRANO Presidenta (E) del Instituto Nacional de Desarrollo Rural MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO 212° 163° y 23° Caracas, 29 de junio de 2022 RESOLUCIÓN 045 Designado mediante Decreto N° 4.280, de fecha 03 de septiembre de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.957, de esa misma fecha y actuando de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, 44, 45, 65 y 78 numerales 3º, 190 y 20º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 91 y 96 en su parte infine de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; y en atención a lo establecido en el artículo 61 numeral 5º de del Decreto sobre la Organización General de la Administración Pública Nacional de fecha 13 de julio del año 2016, dicta la presente Resolución: En fecha 04 de abril de 2022, la sociedad mercantil JEANFRAN COMUNICACIONEs TV,C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la 11 de diciembre de 2009, representada por el ciudadano Francisco Alberto Rodríguez Rosales, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad N° V-7.071.048, en su carácter de Presidente, y asistido por el abogado Enrique Alfredo Carlos Pimentel Febres, identificado con la cédula de identidad e Inpreabogado N° V-24.224.195 y N°297.603, respectivamente, consignó el escrito contentivo de RECURSO JERÁRQUICO, contra el acto notificado mediante comunicación N° DG/C3/DPOC/2022/0524 de fecha 24 de febrero de 2022, contentivo de la Decisión de fecha 11 de enero de 2022, del Expediente Administrativo N° PADS-2021-034, mediante el cual se dio apertura del Procedimiento Administrativo Sancionatorio mediante Providencia Administrativa identificada con el alfanumérico PADS-2021- 046, de fecha de 12 agosto de 2021, emanado del DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, y notifiCado en fecha 14 de marzo de 2022, mediante el cual se resolvió SANCIONAR a JEANFRAN COMUNICACIONES TV,C.A., por la prestación del servicio de Telecomunicaciones sin contar con el Título de Habilitación Administrativa de uso correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 165 numeral 1 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, con multa por la cantidad de CINCUENTA MIL. UNIDADES TRIBUTARIAS (50.000 U.T.), con el valor actual de la Unidad Tributaria (U.T.) de CERO BOLÍVARES CON DOS CÉNTIMOS (Bs.0,02), lo que se traduce en la cantidad de MIL BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 1.000,00); y de conformidad con la Disposición Final Primera de la Ley Orgánica de Comunicaciones, se prohíbe que la sociedad mercantil JEANFRAN COMUNICACIONES TV,C.A., y los ciudadanos Francisco Alberto Rodríguez Rosales y Jean Carlos Molina León, puedan obtener títulos administrativos relativos a habilitaciones administrativas y/o concesiones para el uso del espacio radioeléctrico. página original (tal como se publicó) [Página 7] 1 DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER De conformidad a lo establecido en los artículos 96 parte infine y 91 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el interesado podrá interponer el recurso jerárquico contra el acto atacado directamente ante el Ministro, de acuerdo a lo siguiente: "Artículo 96. El recurso jerárquico podrá ser intentado contra las decisiones de los órganos subalternos de los institutos autónomos por ante los órganos superiores de ellos. Contra las decisiones de dichos órganos superlores, operará recurso jerárquico para ante el respectivo ministro de adscripción, salvo disposición en contrario de la ley." (Resaltado nuestro) "Artículo 91. El recurso de reconsideración, cuando quien deba deberán ser decididos en los noventa (90) días siguientes a su presentación." Considerando que el acto Impugnado fue dictado por el ente de adscripción al Órgano Rector en materia de Comunicación e Información, y que el presente Recurso fue consignado directamente ante el Órgano Rector, de conformidad con lo contenido en los artículos 96 en su parte infine 91 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, este despacho del Ministro se declara competente para conocer del presente recurso y en virtud de ello pasa a revisar los requisitos para Interponer el recurso jerárquico in comento. I1 DE LA ADMISIBILIDAD Antes de conocer del fondo del acto administrativo sometido a Impugnación, corresponde a esta instancia administrativa pronunciarse acerca de la admisibilidad del Recurso Jerárquico interpuesto. En tal sentido, el artículo 96 en su parte Infine de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece los requisitos de procedencia de este Recurso Jerárquico, y a tal efecto indica que dicho Recurso es procedente contra las decisiones de dichos órganos superiores, (Institutos Autónomos) operará recurso jerárquico para ante el respectivo ministro de adscripción, salvo disposición en contrario de la ley; a su vez, el interesado podrá recurrir dentro de los quince (15) días administrativos siguientes a la decisión del mismo. Igualmente, en el artículo 86 eiusdem se establece: "Artículo 86. Todo recurso administrativo deberá intentarse por escrito y en él se observarán los extremos exigidos por el artículo 49." Por su parte, el artículo 49 fija los extremos que debe observar el particular para que sea admitido su escrito recursivo: "Artículo 49. Cuando el procedimiento se inicie por solicitud de persona interesada, en el escrito se deberá hacer constar: 1. El organismo al cual está dirigido; 2. La identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actúe como su representante con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de la cédula de identidad o pasaporte; 3. La dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes; 4. Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia objeto de la solicitud; 5. Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso; 6. Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias; 7. La firma de los interesados." En atención a los requisitos precitados, se revisa el contenido del escrito recursivo consignado: El acto que se recurre es el Acto de Decisión al Procedimiento Administrativo Sancionatorio N° PADS-2021-034, iniciado en fecha 04 de noviembre de 2021, y decidido en fecha 11 de enero de 2022, emanado del Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. El Recurso Jerárquico fue interpuesto por el recurrente ante el ente Regulador adscrito a este Ministerio en fecha 04 de abril de 2022, al décimo quinto día del lapso disponible. El escrito recursivo cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En consecuencia, visto que se han cumplidos los requisitos de admisibilidad se admite el Recurso Jerárquico interpuesto por la Recurrente. Y Así SE DECLARA. ⅢⅢ1 DEL ACTO IMPUGNADO En fecha 11 de enero de 2022, se decidió el expediente administrativo sancionatorio PADS-2021-034 iniciado en fecha 04 de noviembre de 2021, notificado en fecha 24 de febrero de 2022, y debidamente recibido por el recurrente en fecha 14 de marzo de 22, en el cual su culminación ordenó sancionar con multa de 50.000 mil Unidades Tributarias, equivalente a Mil Bolívares (Bs. 1.000,°°), por la prestación del servicio de Telecomunicaciones sin contar con el título de Habilitación Administrativa de uso correspondiente, de conformidad con el artículo 165 numeral 1 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Así como, se prohibe que la sociedad mercantil JEANFRAN COMUNICACIONES TV, C.A., y los ciudadanos Francisco Alberto Rodríguez Rosales y Jean Carlos Molina León, puedan obtener títulos administrativos relativos a habilitaciones administrativas y/o concesiones para el uso del espacio radioeléctrico, de conformidad con la Disposición Final Primera de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. En este sentido, el acto impugnado, una vez considerados todos los extremos legales y Principios Jurídicos que rigen las actividades de telecomunicaciones reguladas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, se procedió a notificar el descrito acto con indicación de las garantías recursivas para el administrado legitimado interesado. IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO De los alegatos que conforman el contenido del escrito recursivo consignado por los recurrentes, el cual se da aquí reproducido por entero; al igual que las pruebas aportadas en el curso del Procedimiento Administrativo impugnado, se denuncia y petición principalmente lo siguiente: - Sobre la violación del derecho a la información (artículo 58 de la CRBV) de los ciudadanos del municipio Ricaurte del estado Cojedes. Los recurrentes consideran que el servicio prestado por parte de LA EMPRESA, claramente se trata de un "servicio público" puesto que el mismo es consagrado de tal forma por parte de la propia Constitución de la página original (tal como se publicó) [Página 8] República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 108, y que se presta en favorecimiento de los ciudadanos y en protección del interés general de los habitantes de las zonas rurales del estado Cojedes. En este sentido, los recurrentes plantean "El hecho de que se le impida a LA EMPRESA, continuar prestando sus servicios en su territorio de operaciones, donde ninguna otra empresa presta un servicio similar, ocasionará una grave lesión al interés general de los habitantes de las zonas rurales del estado Cojedes, dejándose prácticamente incomunicados a los mismos y viéndose así entonces lesionados en sus derechos constitucionales", y ratifican la inexistencia de empresas que presten servicios similares en la zona, así como el hecho que han prestado sus servicios a diferentes institutos u organismos estatales y municipales de manera gratuita. Plantean que la decisión adoptada por CONATEL, violenta directamente lo establecido en el artículo 58 de la CRBV, al impedir que los pobladores del municipio Ricaurter del estado Cojedes, se puedan informar de lo que sucede y de la situación nacional e internacional y que con la decisión de imposibilitar un nuevo tramite del respectivo permiso de concesión, se le están lesionando flagrantemente los derechos los ciudadanos que dependen de LA EMPRESA para mantenerse informados, planteando que la misma (decisión) se constituye en una lesión irreparable, ya que según el recurrente "visto que no existen otros medios, para el acceso a la información, a los ciudadanos del previamente mencionado municipio (Ricaurter), y los mismos, como consecuencia de la suspensión del servicio, sufrirán una grave lesión de sus derechos constitucionales" - La decisión de CoNATEL viola nuestro derecho a la Libertad Económica, al impedirnos continuar con su actividad comercial. Los recurrentes establecen que la decisión atenta contra el contenido del artículo 112 de CRBV, basado en que, según lo explanado por ellos en el mantener cualquier actividad económica que no se encuentre prohibida, si cumple con las condiciones establecidas en las leyes para su desarrollo. Es decir, no puede interpretarse que dicho derecho esta consagrado en términos absolutos, toda vez que su ejercicio es susceptible a ciertas limitaciones, las cuales pueden venir dadas por ley o por manifestaciones provenientes de la Administración." Consideran que la decisión establecida en el respectivo expediente administrativo, mediante el cual se prohíbe no solo a la empresa, sino a sus directores y accionistas de prestar de forma vitalicia un servicio similar, es claramente lesiva del derecho consagrado en el artículo 112 de la CRBV. Igualmente consideran los recurrentes, que en el presente caso, una limitación que esta contenida en precepto jurídico inconstitucional (Ley Orgánica de Telecomunicaciones) "no podría nunca considerarse como una limitación "justificada" o "legal" al derecho a la libertad económica, sin que con eso se incurriera en una franca contradicción." Petitorio: Los recurrentes solicitan que se declare CON LUGAR el presente RECURSO JERÁRQUICO, y en consecuencia, sea revocada la decisión de la Dirección CONATEL, N° General contenida Resolución en DG/C3/DPoc/2022/0524 de fecha 24 de febrero de 2022 y que fuere dictada a raíz de la Providencia Administrativa de Inicio del Procedimiento Sancionatorio, en la cual el órgano decide: Sancionar a LA EMPRESA, por presuntamente prestar el servicio de telecomunicaciones sin contar con el titulo de habilitación administrativa correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 165 numeral 1 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, con multa por la cantidad de CINCUENTA MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (50.000 UT) lo que se traduce en la cantidad de MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs.1.000); ● De conformidad con la Disposición Final Primera de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se prohíbe que la sociedad mercantil JEANFRAN COMUNICACIONES TV,C.A., y los CiUdadanOs FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ ROSALES y JEAN CARLOS MOLINA LEON puedan obtener títulos administrativos relativos a habilitaciones administrativas y/o concesiones para el uso del espacio radioeléctrico. Según los recurrentes por estar viciada de nulidad absoluta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Una vez efectuado el análisis de los elementos necesarios para admitir el presente recurso jerárquico, y observando que el recurrente interpuso el mismo dentro del lapso previsto de quince (15) días después de su notificación, tal y como lo consagra el en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos para su interposición en tiempo útil, el ente regulador, procede a pronunciarse sobre Ios alegatos planteados JEANFRAN COMUNICACIoNEs TV,C.A., en contra del Acto notificado mediante comunicación N° DG/C3/DPoC/2022/0524 de fecha 24 de febrero de 2022, contentiva del Acto de Decisión de fecha 11 de enero de 2022, iniciado según Providencia Administrativa N° PADS-2021-046, de fecha 12 de agosto de 2021, emanado del DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES,y notifiCado en fecha 24 de febrero de 2022. De la alegada violación al derecho a la Información (artículo 58 de la CRBV) de los ciudadanos del municipio Ricaurte del estado Cojedes. Es importante determinar que el derecho a la información previsto en el artículo 58 de la CRBV, establece: "Artículo 58. La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agravantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral." (resaltado nuestro). Este derecho comporta el cumplimiento de deberes, en cabeza de cada uno de los elementos que conforman o participan en la comunicación, desde el emisor, el mensaje, el receptor y en el presente caso el pretendido operador o prestador de un servicio que facilita información. En este sentido, el recurrente como pretendido operador o prestador del servicio de telecomunicaciones no demostró en sede administrativa el cumplimiento del deber impuesto por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en sus artículos 5, 16 y 25, que establece la necesidad de obtener de manera previa la habilitación administrativa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones,parapoder de explotar actividad telecomunicaciones, que se considera como servicio e interés público. "Artículo 5. Se declaran como de servicio e interés público el establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones y la prestación de servicios de telecomunicaciones, entre ellos radio, televisión y producción nacional audiovisual, para cuyo ejercicio se requerirá la obtención previa de la correspondiente habilitación administrativa, concesión o permiso, de ser necesario, en los casos y condiciones que establece esta Ley, sus reglamentos y las condiciones generales que al efecto establezca la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, En su condición de servicio e interés público las actividades y servicios de telecomunicaciones, entre ellos radio, televisión y producción nacional audiovisual, podrán someterse a parámetros de calidad y metas especiales de cobertura mínima uniforme, así como a la prestación de servicios bajo página original (tal como se publicó) [Página 9] condiciones preferenciales de acceso y precios a escuelas, universidades, bibliotecas y centros asistenciales de carácter público. Así mismo, por su condición de servicio e interés público el contenido de las transmisiones o comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de telecomunicaciones entre ellos radio, televisión y producción nacional audiovisual podrán someterse a las limitaciones y restricciones que por razones de interés público establezca la ley y la Constitución de la República." "Artículo 16. La habilitación administrativa es el título que otorga la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para el establecimiento y explotación de redes y para la prestación de servicios de telecomunicaciones, a quienes hayan cumplido con los requisitos y condiciones que a tales fines establezca dicho ente, de conformidad con esta Ley. Las actividades y servicios concretos que podrán prestarse bajo el amparo de una habilitación administrativa se denominarán atributos de la habilitación administrativa, los cuales otorgan los derechos y deberes inherentes a la actividad para la cual ha sido habilitado el operador, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 15 de esta Ley. En los casos en que se requiera el uso del espectro radioeléctrico, los interesados deberán obtener además la correspondiente concesión." "Artículo 25. Las personas interesadas en prestar uno o más servicios de telecomunicaciones al público o en establecer o explotar una red de telecomunicaciones, deberán solicitar ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones la habilitación administrativa correspondiente o la ampliación de los atributos de que sea titular. (...) En tal sentido, es bueno aclarar que el derecho a la información de los como lo plantean los recurrentes, no se ve limitado o cercenado por la aplicación de una norma sancionatoria prevista en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, a LA EMPRESA, por cuanto existen múltiples medios televisivos, radiofónicos, por los cuales los mismos pueden obtener información de operadores debidamente habilitados por el ente competente. La consideración por parte del recurrente, de que el pretendido servicio de telecomunicaciones concebido como de interés público para su establecimiento o explotación, y que permite la transmisión de información a los ciudadanos, no puede ser una razón de peso para que los particulares que pretendan su ejercicio o explotación, no requieran amparar sus acciones en el marco de la legalidad, y en consecuencia no requieran la obtención previa de la correspondiente habilitación administrativa, concesión o permiso, de ser necesario, en los casos y condiciones que establece esta Ley, ya que esta pretensión permitirá amparar actividades abiertamente contrarias a la norma y castigadas con sanciones claramente establecidas en el texto legal. De la alegada violación al derecho a la Libertad Económica de los recurrentes, al impedirnos continuar con su actividad comercial. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, prevé el derecho a la libertad económica, con el siguiente texto: "Artículo 112. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del amblente u otras de Interés soclal. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país." (resaltado nuestro) Del texto constitucional claramente se evidencia que el constituyente de 1999, considero que los ciudadanos pueden dedicarse de manera abierta a cualquier actividad económica, siempre y cuando las mismas no posean limitaciones constitucionales o legales, basadas en razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otra de interés social, que el Estado Venezolano considere proteger y regular. En este sentido, el Estado Venezolano a través de normas de carácter legal ha regulado de manera clara la actividad de las telecomunicaciones, a fin de garantizar el derecho humano de las personas a la comunicación y a la realización de las actividades económicas de telecomunicaciones, a través de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. En este mismo orden de ideas, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, establece que el régimen integral de las telecomunicaciones y del espacio radioeléctrico, es de la competencia del Poder Público Nacional y se regirá por esa Ley, sus reglamentos y demás disposiciones, este artículo concatenado con los artículos 5 y 16 de la precitada ley, consideran que el establecimiento o explotación de redes de ellos radio, televisión y producción nacional audiovisual, para cuyo ejercicio se requerirá la obtención previa de la correspondiente habilitación administrativa, concesión o permiso, de ser necesario, y que La habilitación administrativa es el título que otorga la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para el establecimiento y explotación de redes y para la prestación de servicios de telecomunicaciones, a quienes hayan cumplido con los requisitos y condiciones que a tales fines establezca dicho ente, de conformidad con esta Ley. Como puede observarse, la actividad económica de explotación de las telecomunicaciones, requiere una habilitación previa, para su explotación, en consecuencia el incumplimiento de este requisito por parte de los particulares acarrea la imposición de una sanción, que puede incluir multas, amonestación pública, revocatoria de la habilitación, inhabilitación, cesación de actividades clandestinas, comiso de equipos y prisión, en consecuencia, la administración en cumplimiento de sus competencias, impuso una sanción a LA EMPRESA, por explotar sin habilitación la telecomunicaciones. La imposición de la sanción prevista en el artículo 165, así como la prevista en la Disposición Final Primera, no pueden considerarse como una limitación al derecho constitucional de los ciudadanos de ejercer libremente la actividad económica de su preferencia, ya que esta libertad constitucional no es absoluta, sino que por el contrario está limitada por diversos motivos, por el contrario, la imposición de la sanción es una consecuencia al incumplimiento de una norma que regula la actuación de los particulares que pretendan explotar una competencia de Poder Público Nacional, es la consecuencia de la existencia en lo fáctico de un hecho ilegal. En consecuencia, una vez realizada las precisiones que anteceden, resulta forzoso desestimar las denuncias formuladas, Y ASÍ SE DECIDE. Finalmente, esta instancia rectora que decide reitera que el contenido de la motivación del acto recurrido es ajustada a derecho, y que una actuación expedita de la administración no puede ser considerada como un hecho que genere vulneración en la esfera jurídica de los derechos de los administrados. VI DECISIÓN En virtud de los razonamientos expuestos, este Órgano Ministerial en nombre de la República y por autoridad de la Ley; declara: PRIMERO: SIN LUGAR el reCursO interpuesto por la JEANFRAN cOMUNICACIoNEs TV,C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la 11 de diciembre de 2009, representada por el ciudadano Francisco Alberto Rodríguez Rosales, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad N° V-7.071.048, en consecuencia, SE CONFIRMA el contenido del acto notificado mediante N° DG/C3/DPoC/2022/0524 de fecha 24 de febrero de 2022, contentiva del Acto de Decisión de fecha 11 de enero de 2022, iniciado según Providencia Administrativa N° PADS-2021-046, de fecha 12 de agosto de 2021. página original (tal como se publicó) [Página 10] SEGunDo: Se ordena al ente regulador en materia de Telecomunicaciones practicar la notificación de la presente Decisión a la recurrente, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, con indicación de los recursos disponibles y lapsos de interposición para la defensa de sus intereses. Comuníquese y Publíquese. Por el Ejecutivo Naciona FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS inisina ge PoderPopular para la Comunicación e Información egún Decreto° 4.280, de fecha 3 de septiembre de 2020 Gaceta Ofga! de la República Bolivariana de Venezuela Pera la N° 41.957, de esa misma fecha. DEFENSA PÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2022-475 Caracas, 21 de julio de 2022 212°, 163° y 23° El Defensor Público General Encargado, DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA, titular de la cédula de identidad N° V-12.454.532, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 12 de mayo de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.376, de fecha 13 de mayo de 2022, en cumplimiento de lo estatuido en los artículos 26 y 49 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 3, 8 y 26, ambos en su numeral 1 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2 y 17, ejusdem. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensa Pública garantizar el derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y administrativo, en todas las materias que le son atribuidas de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás Leyes. CONSIDERANDO Que de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, las Defensoras Públicas o Defensores Públicos tienen la obligación de prestar de manera idónea el servicio de orientación, asistencia o representación jurídica a los ciudadanos o ciudadanas que lo soliciten, en los términos que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las demás disposiciones aplicables. CONSIDERANDO Que, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 146 establece que, "(..) Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la Ley. El ingreso de los funcionarios públicos y las en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. El ascenso estará sometido a métodos científicos basados en el sistema de méritos, y el traslado, suspensión o retiro será de acuerdo con su desempeño. (...)" CONSIDERANDO Que el artículo 119 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, prevé, "(...) La Defensa Pública celebrará concurso público para la provisión de los cargos de defensoras públicas o defensores públicos mediante convocatoria pública. Los concursos públicos estarán fundamentados en los principios de honestidad, eficiencia, y responderán a aspectos de carácter profesional mediante evaluación objetiva de tales condiciones, de acuerdo con el Reglamento Especial que se dictará para tales efectos. (...)" CONSIDERANDO Que, los numerales 1 y 4 del artículo 14 ejusdem, establece, "(..). Son atribuciones del Defensor Público General o Defensora Pública General las siguientes: 1. Ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública (...) 4. Aprobar y publicar las normas reglamentarias internas necesarias para el desempeño de las funciones del servicio(...)" RESUELVE: Dictar laS Siguientes, NORMAS DEL I CONCURSO PÚBLICO DE CREDENCIALES Y DE CONOCIMIENTOS PARA LA CARRERA DEFENSORIL Capítulo I Disposiciones Generales Artículo 1. Objeto Las presentes normas tienen por objeto regular el concurso público de credenciales y de conocimientos para la carrera defensoril, en condición de provisoriedad. Artículo 2. Ámbito de aplicación Las presentes normas se aplican a las Defensoras Públicas Provisorias y los Defensores Públicos Provisorios, activos en el ejercicio de sus funciones en materia de Penal Ordinario, y adscritos a las Unidades Regionales de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, y, los estados La Guaira y Bolivariano de Miranda, siempre de la Defensa Pública y en las presentes normas para optar a la titularidad del cargo. Artículo 3. Autoridad competente La Escuela Nacional de la Defensa Pública, será la Dirección Nacional, encargada de de credenciales y de conocimientos para la obtención de la titularidad del cargo de Defensora Pública y Defensor Público. Artículo 4. Concurso público La obtención del cargo titular de Defensora Pública y Defensor Público sólo podrá efectuarse por concurso público, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. El concurso para optar para la carrera defensoril, estará integrado por cuatro (4) evaluaciones, una (1) de carácter privado y tres (3) de carácter público, serán eliminatorias y sucesivas, y, se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la presente Resolución. Las referidas evaluaciones y su orden de aplicación es el siguiente: a) Evaluación de credenciales. b) Evaluación de conocimientos en la prueba escrita. c) Evaluación de la aptitud psicológica. d) Evaluación de conocimientos en la entrevista o prueba oral. PARÁGRAFO PRIMERo. El o la concursante, podrá solicitar al jurado la revisión de las evaluaciones, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la publicación de los resultados, y deberá recibir oportuna respuesta dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la presentación de su solicitud. PARÁGRAFo SEGUnDo. Una vez concluida la evaluación de conocimientos en la prueba escrita., seguidamente se procederá a la evaluación de aptitud psicológica, de los y las concursantes preseleccionados, y su resultado se expresará en un informe de carácter técnico que se le entregará al jurado para su debida evaluación. Artículo 5. Convocatoria a concurso. El Defensor Público General, por órgano de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, Interinstitucionales; efectuará la convocatoria a concurso, mediante avisos publicados en el portal web y plataformas tecnológicas de comunicación o redes sociales de la Defensa Pública, con el fin de garantizar la debida difusión del mismo. En este aviso se indicarán los requisitos y lapsos para las inscripciones, los cargos a proveer y Unidades Regionales, para las cuales se concurso, el número de plazas disponibles para concursar, documentos que deben ser presentados y cualquier otra información que se considere conveniente. Artículo 6. Publicaciones y control social La Escuela Nacional de la Defensa Pública, con apoyo en la Dirección Nacional de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales; publicará en diversos medios de información, las actividades relacionadas con la celebración del concurso, tales como la preinscripción, admisión e inscripción, listado de jurados, lugar, fecha y hora de la celebración de las evaluaciones; con el fin de hacerlo del conocimiento de los interesados y garantizar el control social, a través de la participación ciudadana. Artículo 7. Requisitos para optar al concurso. Para optar al concurso público de credenciales y de conocimientos, las y los concursantes deberán: a) Ser Defensor Público Provisorio o Defensora Pública Provisoria con competencia en materia Penal Ordinario. b) Estar adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública de del Área Metropolitana de Caracas, y, los estados La Guaira y Bolivariano de Miranda c) Estar en pleno ejercicio de sus funciones. d) Tener al menos cinco (5) años en el cargo de Defensora Pública Provisoria o Defensor Defensor Público Provisorio; sea en cargo principal o auxiliar, y de manera ininterrumpida. e) Preferiblemente haber cursado estudios de especialización en el área objeto del concurso, en una universidad nacional o extranjera debidamente acreditada. f) Presentar certificación de antecedentes penales. g) No haber sido objeto de sanción disciplinaria durante el ejercicio de las funciones por decisión definitivamente firme, durante los cinco (05) años previos a la celebración del concurso. Parágrafo Único: El Defensor Público Provisorio o la Defensora Pública Provisoria, principal o auxiliar, que se hallare en funciones administrativas en condición de encargaduría dentro de la Institución, podrá optar al concurso público de credenciales y de conocimientos. Artículo 8. Fases del concurso El concurso público de credenciales y de conocimientos, se hará a través de las fases siguientes: a) El Defensor Público General, por órgano de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, efectuará la convocatoria dirigida a las Defensoras Públicas Provisorias y Defensores Públicos Provisorios. b) Las Defensoras Públicas Provisorias y Defensores Públicos Provisorios, presentarán la solicitud de inscripción al concurso y consignarán simultáneamente las credenciales o documentación respectiva, ante la Escuela Nacional de la Defensa Pública. c) Designación, por parte del Defensor Público General, de los miembros del jurado y sus suplentes. d) Evaluación de credenciales, aplicando el baremo correspondiente. e) Publicación de los resultados de la evaluación de credenciales. f) Control Social e Impugnación. 9) Evaluación de conocimiento en la prueba escrita. h) Publicación de resultados de la evaluación de conocimientos en la prueba escrita. I) Evaluación de aptitud psicológica. j) Evaluación de conocimientos en la entrevista o prueba oral. k) Publicación de resultados de la evaluación de conocimientos en la entrevista o prueba oral. I) Emisión del veredicto del jurado. m) Designación de las Defensoras Públicas y Defensores Públicos de carrera. Artículo 9. Oportunidad y lugar del concurso El concurso de credenciales y de conocimientos, se realizará en las fechas, horas y lugares que señale el Defensor Público General. página original (tal como se publicó) [Página 11] Artículo 10. Escala de evaluación La calificación total de la o el concursante, será el promedio acumulado de la puntuación obtenida en la evaluación de credenciales y la evaluación de conocimientos en la prueba escrita y en la entrevista o prueba oral. La escala de evaluación final, a ser utilizada, a los fines de reportar la calificación final del concurso será de uno (1) a cien (100) puntos. Artículo 11. Calificación mínima aprobatoria La calificación mínima aprobatoria del concurso es de setenta y cinco (75) puntos. Artículo 12. De la evaluación de credenciales La evaluación de credenciales se realizará de acuerdo a lo previsto en el baremo correspondiente y aportará el cincuenta por ciento (50%) de la calificación definitiva. Artículo 13. De la evaluación de conocimientos La evaluación de conocimientos constará de dos (02) pruebas: una escrita y otra en la cincuenta por ciento (50%) de la calificación definitiva que resulte del promedio de las evaluaciones referidas. Artículo 14. Ausencia del concursante El concursante que no esté presente en la fecha y hora fijadas para el inicio de las evaluaciones, quedará automáticamente fuera del concurso. Artículo 15. Anulación del concurso Cuando el Defensor Público General, tenga fundadas razones para presumir la existencia de graves irregularidades en la celebración del concurso, declarará de oficio o a instancia de parte su nulidad, y ordenará la apertura de un nuevo concurso, en caso de que el vicio se haya producido al inicio del mismo. Cuando la irregularidad se haya producido con posterioridad a la evaluación de las credenciales, por parte del jurado del concurso, podrá ordenar la reposición del procedimiento, al momento en que se produjo la irregularidad, a los fines de subsanar la. Artículo 16. Descalificación del concursante La alteración del normal desarrollo del concurso por parte del concursante, será motivo de su descalificación, a juicio del jurado, de lo cual se dejará constancia en acta. Del concurso para la obtención del cargo titular de Defensora Pública y Defensor Público Sección I De la convocatoria e inscripción Artículo 17. De la convocatoria La convocatoria al Concurso se publicará en el portal web y plataformas tecnológicas de comunicación o redes sociales de la Defensa Pública. Una vez efectuada la primera convocatoria, las condiciones del concurso no podrán ser modificadas; en caso de errores materiales en el contenido de la publicación, se realizará una nueva convocatoria con indicación expresa del error en el cual se incurrió. Artículo 18. Duración del proceso de Inscripción El proceso de inscripción tendrá una duración de diez (10) días hábiles contados a partir de la publicación. Durante dicho plazo y dentro del horario establecido, las y los concursantes se registrarán y consignarán, en la Escuela Nacional de la Defensa Pública, las carpetas contentivas de las credenciales y demás documentos requeridos, cuyas características se expresan en el instructivo respectivo que se publicará en el portal web y plataformas tecnológicas de comunicación o redes sociales de la Defensa Pública. Artículo 19. Consignación de documentación. La Escuela Nacional de la Defensa Pública, indicará, a través de un instructivo, los documentos a ser consignados en el momento de la inscripción, y le suministrará a las y los concursantes, la información general relacionada con el concurso. Dentro del lapso previsto en el artículo 18 de las presentes normas, todos los documentos deberán ser consignados ante la Escuela Nacional de la Defensa Pública, debidamente validados y foliados. Una vez consignados los recaudos exigidos, las y los concursantes recibirán sellada una copia de la planilla de inscripción como comprobante. Artículo 20. De la inscripción Para inscribirse en el concurso, las y los concursantes, deben reunir las condiciones generales de orden moral y ético, así como técnico - científico, descritas en las presentes normas, deberán presentar la solicitud de inscripción contentiva de la manifestación de voluntad de participar en el concurso; así como, la indicación expresa de conocer y entender todas y cada una de las especificaciones contenidas en estas normativas, además de hacer mención del cargo al cual aspira, acompañada de los siguientes recaudos, a vista de original: a) Planilla de inscripción con foto tipo carnet, fondo blanco, pegada en el recuadro. b) Una copia simple de la cédula de Identidad, legible, en hoja tamaño carta. c) Currículum vitae, con los soportes que lo acrediten (de acuerdo al instructivo y el baremo). Sección II Del jurado Artículo 21. Integración del jurado El jurado de los concursos estará integrado por cinco (5) miembros principales, conformado por tres (3) funcionarios o funcionarias de la Defensa Pública, y dos (2) personalidades profesionales de reconocida trayectoria, no vinculados a esta Institución, todos serán designados por el Defensor Público General. Artículo 22. De los suplentes del jurado Cada miembro del jurado tendrá un (01) suplente, designados por el Defensor Público General, cubrirán las faltas absolutas, temporales y accidentales de los jurados principales. Artículo 23. De la convocatoria del jurado La convocatoria del jurado la hará el Defensor Público General, con cinco (05) días hábiles de anticipación, a la oportunidad fijada para la recepción de las credenciales de los o las concursantes. Artículo 24. Funciones del jurado Los jurados se encargarán de evaluar; primero, las credenciales de los concursantes y, una vez obtenido el resultado, procederán a la evaluación de conocimientos, a través de las pruebas correspondientes. Igualmente, los jurados ejercerán las demás funciones que se establecen en las presentes normas. Artículo 25. Confidencialidad Los miembros del jurado, están obligados a mantener la debida confidencialidad acerca de las opiniones manifestadas en el seno de las reuniones y se abstendrán de divulgar puedan afectar derechos constitucionales, so pena de su exclusión definitiva de la lista de jurados. Artículo 26. De la inhibición o recusación Los miembros del jurado podrán inhibirse o ser recusados, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a aquel en que comenzó a conocer del asunto, mediante escrito razonado, ante el Defensor Público General, cuando se presenten las circunstancias siguientes: a) Existencia de amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los concursantes. b) Vinculación con los concursantes por lazos de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, por ser cónyuge del concursante. Artículo 27. Decisión sobre inhibición o recusación El jurado objeto de recusación, será notificado de manera inmediata y dispondrá de pruebas. El Defensor Público General, decidirá si es procedente o no, al octavo (8°) día hábil contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud de inhibición o recusación. Sección III De la evaluación de las credenciales Artículo 28. Evaluación de credenciales Concluida la recepción de credenciales, el jurado procederá a su evaluación, de conformidad con lo establecido en el Instructivo y en el baremo que forma parte de las presentes normas. Artículo 29. Lapso para la evaluación de credenciales El jurado, se constituirá una vez finalizado el período de inscripciones, dispondrá de diez (10) días hábiles, contados a partir de la culminación del lapso de inscripción, para verificar el cumplimiento de los requisitos de las y los concursantes, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria del concurso y evaluar sus credenciales. Artículo 30. Clases de méritos a evaluar Las credenciales a evaluar se refieren a las siguientes clases de méritos: a) Formación Académica. b) Experiencia Profesional en la abogacía sea en Instituciones del Estado o libre ejercicio. c) Experiencia como Defensor Público Provisorio o Defensora Pública Provisoria, sea en funciones de principal o auxiliar. d) Experiencia Docente. Artículo 31. Formación académica En la formación académica, se valorarán aquellos méritos correspondientes a la obtención del grado académico respectivo, en la competencia por la materia que ejerce como Defensor Público Provisorio o Defensora Pública Provisoria, así como, en las materias jurídicas distintas al concurso, con grado académico concluido o no y otras certificaciones de capacitación o formación. Artículo 32. Experiencia profesional En la experiencia profesional, se valorarán aquellos méritos que se refieran al ejercicio vinculado con la materia de competencia que ejerce en el Despacho Defensoril, al ejercicio en asuntos no vinculados directamente con el área de competencia Defensoril, a la participación en comisiones para la redacción de textos normativos, a la participación en eventos científicos como conferencista o ponente a nivel nacional/internacional, al número de publicaciones jurídicas arbitradas o no y la publicación de libros u obras jurídicas. Artículo 33. Experiencia en la Defensa Pública. En la experiencia en la Defensa Pública, se valorarán aquellos méritos relacionados con el ejercicio de sus funciones en cargos distintos al de Defensor Público Provisorio o Defensora Pública Provisoria, en cualquier competencia. Artículo 34. Experiencia Docente La experiencia docente, se valorará el ejercicio de la enseñanza, profesorado titular o no, en cualquier área jurídica o afín con la docencia. Artículo 35. De la calificación aprobatoria La evaluación de credenciales equivale al cincuenta por ciento (50%) establecido, del cien por ciento (100%) del concurso de credenciales. La calificación mínima aprobatoria de la evaluación de credenciales es de setenta y cinco (75) puntos, en una escala del uno (1) al cien (100) puntos. Artículo 36. Aprobación de la evaluación de credenciales Una vez concluida la evaluación de credenciales por parte del jurado, el listado de los o las concursantes que hubieran aprobado, será publicado en el portal web y plataformas tecnológicas de comunicación o redes sociales de la Defensa Pública, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al vencimiento de los diez (10) días de que dispone el jurado, para la revisión de credenciales. Las y los concursantes aprobados serán informados vía correo electrónico de la fecha, hora y lugar fijados para la realización de la evaluación de aptitud psicológica. Sección IV De la Impugnación y el control social Artículo 37. Impugnación Quien aspire al cargo de Defensora Pública o Defensor Público, podrá ser impugnado, una vez terminada la evaluación de credenciales y antes de la realización de la evaluación de conocimientos en la prueba escrita. página original (tal como se publicó) [Página 12] Artículo 38. Control social El control social, se efectuará una vez obtenidos los resultados de la evaluación de credenciales, los cuales serán difundidos conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de las presentes normas. En éste se informará a la comunidad en general sobre la apertura de un lapso de tres (03) días hábiles, a partir de la fecha de dicha publicación, para que presenten por escrito y en sobre cerrado, las objeciones sobre los y las concursantes aprobados en la prueba de evaluación de credenciales, con los soportes que lo sustenten, ante la Escuela Nacional de la Defensa Pública, la cual deberá remitirlo al jurado para su consideración. Artículo 39. Objeciones Los sobres con las objeciones presentadas, acerca de los y las concursantes, serán abiertos por el jurado en reunión formal y privada. El jurado desechará aquellas objeciones que sean anónimas, o que contengan conceptos ofensivos e injuriosos o no presenten elementos que las sustenten. Artículo 40. Calificación de idoneidad de las y los concursantes El jurado tomará en cuenta las objeciones presentadas, y las someterá a la consideración del Defensor Público General, quien dentro de los tres (03) días hábiles siguientes, procederá a calificar la idoneidad de las y los concursantes al cargo de Defensor Público o Defensora Pública, pudiendo excluir del concurso a la o el concursante impugnado, atendiendo a la gravedad de tales objeciones. La Escuela Nacional de la Defensa Pública, en un lapso de tres (03) días hábiles siguientes, a la decisión del Defensor Público General, informará, por correo electrónico, a la o el concursante impugnado, sobre los resultados del proceso de control social. Artículo 41. Descargo Las y los concursantes impugnados, dispondrá de tres (03) días hábiles para realizar el descargo correspondiente, mediante informe escrito de sus alegatos y pruebas ante la impugnación, las cuales serán evaluadas por el jurado calificador, quien decidirá sobre su procedencia o no dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la recepción del informe escrito. Sección V De la evaluación de conocimientos en la prueba escrita Artículo 42. Evaluación de conocimientos en la prueba escrita Una vez aprobada la evaluación de credenciales, se procederá a la evaluación de conocimientos, a través de la prueba escrita, dependiendo de la materia del derecho objeto del concurso. Dicha evaluación se efectuará en los tres (03) días hábiles posteriores a la decisión del Defensor Público General o del jurado sobre el Control Social. La evaluación de conocimientos en la prueba escrita, se aprobará con una calificación igual o superior de setenta y cinco (75) puntos en la escala de uno (1) al cien (100) puntos, equivale al veinticinco por ciento (25%) establecido, del cien por ciento (100%) del concurso. Artículo 43. De la prueba escrita La prueba escrita se realizará a los y las concursantes, a quienes se les informará vía correo electrónico de la fecha, hora y lugar de realización de la prueba. La prueba escrita versará sobre el contenido de los temas del programa del concurso establecidos, y tendrá como propósito apreciar la formación académica del o de la concursante, su dominio en la materia relacionada con la competencia del Despacho Defensoril que ocupa, lenguaje escrito, capacidad de análisis y de síntesis de redacción relacionados con el desempeño de las funciones inherentes al cargo que ocupa. Artículo 44. Duración de la evaluación de conocimientos en la prueba escrita La prueba escrita será presenciada por el jurado en pleno, y su duración no podrá ser menor de dos (02) horas ni mayor a tres (03) horas académicas. Artículo 45. Resultados de la evaluación de conocimientos en la prueba escrita La evaluación de conocimientos en la prueba escrita, se aprobará con una calificación igual o superior de setenta y cinco (75) puntos en la escala de uno (1) al cien (100) puntos lo que equivale al veinticinco por ciento (25%) del cincuenta por ciento (50%) establecido para las pruebas de conocimientos. Los o las concursantes que aprueben la prueba escrita, quedarán seleccionados o seleccionadas para continuar en el concurso. Artículo 46. Aprobación de la evaluación de conocimientos en la prueba escrita El listado de los y las concursantes que aprobaron la prueba escrita, será publicado mediante un aviso, en el portal web y plataformas tecnológicas de comunicación o redes sociales de la Defensa Pública. Sección VI De la evaluación de la aptitud psicológica Artículo 47. Evaluación de la aptitud psicológica Las y los concursantes que aprobaron la evaluación de conocimientos en la prueba escrita, serán sometidos a la evaluación de la aptitud psicológica, para determinar su idoneidad, cuyos resultados se expresarán en un informe de carácter técnico. Esta evaluación tendrá carácter confidencial. Artículo 48. Integración del equipo evaluador Una (1) evaluación de la aptitud psicológica, será efectuada por un equipo conformado por profesionales de la psiquiatría o la psicología en un número impar no menor de tres (3), designados por el Defensor Público General. Artículo 49. Presentación de la evaluación de la aptitud psicológica La evaluación de aptitud psicológica, se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de resultados de la prueba escrita, por parte del jurado. Artículo 50. Resultados de la evaluación de la aptitud psicológica Los psicólogos o médicos psiquiatras, que apliquen la evaluación, remitirán su resultado en un informe, presentado en sobre cerrado al jurado respectivo. El jurado abrirá los sobres y conocerá de su contenido en reunión formal y privada. Artículo 51. Expresión de resultados de la evaluación de la aptitud psicológica El resultado de la evaluación de aptitud psicológica, se expresará en "elegible" o "no elegible" y será confidencial, por lo que no podrá ser divulgado por ningún motivo. Artículo 52. Valoración del resultado de la evaluación de la aptitud psicológica El resultado de la evaluación de aptitud psicológica, se le entregará al jurado para su debida evaluación. Los y las concursantes, que no posean condiciones de elegibilidad para el desempeño del cargo de Defensor Público o Defensora Pública, no podrán avanzar a la entrevista o prueba oral. Sección VII De la Evaluación de conocimientos en la entrevista o prueba oral Artículo 53. De la entrevista o prueba oral La entrevista o prueba oral, se efectuará a los cinco (05) días hábiles, después de haber obtenido los resultados (elegible) de la evaluación de aptitud psicológica, se informará vía correo electrónico, a cada concursante, la fecha, hora y lugar de su realización. La entrevista o prueba oral consistirá en la realización de una evaluación pública, a los o a las concursantes preseleccionados o preseleccionadas, y tendrá como finalidad examinar sus conocimientos jurídicos, su capacidad de oratoria; así como, su habilidad para desarrollar durante un lapso determinado un tema. Los temas serán escogidos al azar, mediante procedimientos aleatorios. Sección VII De la Evaluación de conocimientos en la entrevista o prueba oral Artículo 54. Duración de la entrevista o prueba oral La entrevista o prueba oral, tendrá una duración máxima de cuarenta y cinco (45) minutos, divididos en quince (15) minutos preparatorios, y treinta (30) minutos de exposición del tema, seleccionado al azar por el o la concursante, entre aquellos contemplados en el programa del concurso. Durante la entrevista o prueba oral, el jurado realizará las preguntas que estime pertinentes sobre la entrevista o prueba oral sostenida con el o la concursante, sin un tiempo determinado, en todo caso, el período de preguntas no deberá exceder de una (01) hora. Artículo 55. Resultados de la entrevista o prueba oral El resultado de la entrevista o prueba oral se emitirá al o la concursante, al finalizar la prueba, una vez que el jurado delibere. La prueba oral se aprobará con una calificación igual o superior de setenta y cinco (75) puntos en la escala de uno (1) al cien (100) puntos, lo que equivale al veinticinco por ciento (25%) establecido, del cien por ciento (100%) del concurso. En ningún caso los decimales que resulten serán convertidos en el ordinal inmediatamente superior, manteniéndose en los cómputos finales. Artículo 56. Modificación de calificaciones Las calificaciones obtenidas por los y las concursantes, en cada prueba no podrán modificarse luego de emitidas, salvo en el caso de error en el cómputo de las mismas. Sección VIII Del veredicto del jurado Artículo 57. De la emisión del veredicto Concluidas cada una de las distintas evaluaciones y pruebas de que consta el concurso, el jurado examinador efectuará la deliberación final y emitirá el veredicto, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la conclusión del concurso. Cualquier miembro del jurado, que tenga observaciones, disidencia o voto salvado sobre el veredicto, podrá consignarla en un lapso de hasta dos (02) días hábiles siguientes a la emisión del veredicto. Los jurados de los concursos que convoque el Defensor Público General, deberán sujetarse a la presente normativa para la calificación de las credenciales que posean los-y las concursantes al cargo de Defensor Público o Defensora Pública. Artículo 58. Características del veredicto El veredicto debe extenderse por escrito, recogido en un acta, que suscribirán todos los miembros del jurado y en la cual se debe hacer constar, dado su carácter de acto administrativo y de conformidad con la presente normativa, lo siguiente: a) Lugar y fecha de realización del concurso. b) Materia de competencia del cargo de Defensor Público o Defensora Pública, a concursar. c) Identificación de los miembros del jurado. d) Datos de los y las concursantes. e) El veredicto del jurado, indicando el ganador o ganadores y el orden de mérito de todos los aprobados. f) Cualquier otro hecho o circunstancia, que a juicio de algún miembro del jurado se deba dejar constancia. g) Firma manuscrita de los miembros del jurado, con la indicación del voto salvado debidamente razonado, si lo hubiere, subsistiendo en todo caso, la obligación de firmar el acta de veredicto. Artículo 59. Entrega de ejemplares del veredicto Del acta de veredicto se extenderán cuatro (04) ejemplares, de los cuales se entregará: a) Uno (01) al Defensor Público General. Uno (01) a la Coordinación General de la Defensa Pública. b) Uno (01) a la Dirección Nacional de la Escuela Nacional de la Defensa Pública. c) Uno (01) a la Dirección Nacional de Recursos Humanos. d) e) Uno (01) a la o al concursante ganador o ganadora. página original (tal como se publicó) [Página 13] Artículo 60. Concurso desierto El jurado declarará desierto el concurso cuando: a) No se presente ningún concursante. b) Ninguno de las o los concursantes alcance la calificación mínima definitiva de setenta y cinco (75) puntos. c) Se determine que ningún concursante cumple con los requisitos establecidos en las Leyes correspondientes y estas Normas. Artículo 61. Nueva convocatoria En caso de declararse desierto el concurso, la Escuela Nacional de la Defensa Pública, realizará una nueva convocatoria, dentro de un lapso de noventa (90) días hábiles, contados a partir de haberse declarado el concurso desierto, esta nueva convocatoria deberá reunir las condiciones y requisitos establecidos en las presentes Normas. Artículo 62. Publicación del veredicto del concurso El veredicto del concurso se publicará en aviso contentivo del listado de los nombres y cédulas de identidad de los ganadores y las ganadoras, en el portal web y plataformas tecnológicas de comunicación o redes sociales de la Defensa Pública, dentro de los tres (03) días siguientes, contados a partir de la emisión del veredicto por el jurado. Artículo 63. Calificación final inferior a setenta y cinco (75) puntos Los y las concursantes que hubieren obtenido una calificación final inferior a setenta y cinco (75) puntos, resultarán aplazados y no podrán concursar en la misma o cualquier otra vacante, hasta transcurrido un (01) año; a consideración del Defensor Público General, podrá conservar su condición de defensor público o defensora pública con estatus provisorio de libre nombramiento y remoción en el cargo. Artículo 64. Veredicto inapelable El veredicto del jurado es inapelable, salvo que se haya inobservado una formalidad esencial que afecte la validez del acto. En este caso, el recurso deberá interponerse dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la publicación del veredicto, ante el Defensor Público General. Este procedimiento deberá regirse por lo establecido en las Leyes que regulan la materia y en las presentes Normas. Sección IX Designación del ganador y ganadora del concurso Artículo 65. Del Ganador o Ganadora del concurso Se designará como ganador en el cargo objeto del concurso, el o la concursante que hubiere obtenido la calificación final aprobatoria, como resultado del promedio de las pruebas efectuadas. Artículo 66. Titularidad del cargo Cumplidos los procedimientos previstos, el ganador o ganadora será nombrado y juramentado por el Defensor Público General como titular del cargo de Defensor Público o Defensora Pública de carrera. Artículo 67. Participación en posteriores concursos Quien haya sido declarado ganador o ganadora de un concurso y no pueda aceptar el cargo por causas justificadas, tendrá derecho a participar en posteriores concursos. Artículo 68. Revocatoria de la designación El Defensor Público General, revocará la designación del Defensor Público o Defensora Pública, que, ganado el concurso, se demostrare que forjaron documentos o suministró información falsa para participar en el mismo, sin perjuicio de otras responsabilidades a que haya lugar. Capítulo II Disposiciones Transitorias Artículo 69. Casos no previstos Lo no previsto o no regulado en las presentes normativas, será resuelto por el Defensor Público General, con base en las disposiciones contenidas en las leyes y resoluciones que le sean aplicables. Artículo 70. Publicación. Se ordena publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada, en el Dèspacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y publíquese, DEFENSOR PÚSLICO DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E) Designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 12 de mayo de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.376, de fecha 13 de mayo de 2022. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2022-476 Caracas, 25 de julio de 2022 212°, 163° y 23° El Defensor Público General Encargado, DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA, titular de la cédula de identidad N° V-12.454.532, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 12 de mayo de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°: 42.376, de fecha 13 de mayo de 2022, en cumplimiento de lo estatuido en los artículos 26 y 49 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 3, 8 y 26, ambos en su numeral 1 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 2 y 17, ejusdem. CONSIDERANDO Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en su artículo 26 que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensa Pública garantizar el derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y administrativo, en todas las materias que le son atribuidas de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás Leyes. CONSIDERANDO Que de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, las Defensoras Públicas o Defensores Públicos tienen la obligación de prestar de manera idónea el servicio de orientación, asistencia o representación jurídica a los ciudadanos o ciudadanas que lo soliciten, en los términos que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las demás disposiciones aplicables. CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General, asignar la competencia de las Defensoras Públicas o Defensores Públicos, por el territorio y por la materia. RESUELVE PRIMERO: AMPLIAR LA COMPETENCIA de la Defensoría Pública Tercera (3°), con competencia ante la Sala Constitucional, Político Administrativa, Sala de Casación Civil, Sala Electoral y Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), adscrita a Dirección Nacional de Actuación Procesal; con la finalidad de que la Defensora Pública o Defensor Público adscrito al referido Despacho Defensoril pueda asistir, asesorar y Sala de Casación Penal del precitado Alto Tribunal. SEGunDo: La presente ampliación de competencia por la materia comenzará a surtir efectos desde la fecha de notificación a la funcionaria PETRA ONEIDA ROMERO, titular de la cédula de identidad N° V-8.493.234, Defensora Pública Provisoria Tercera (3°), con competencia ante la Sala Constitucional, Político Administrativa, Sala de Casación Civil, Sala Electoral y Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, adscrita a la Dirección Nacional de Actuación Procesal; hasta que esta Máxima Autoridad deje sin efecto la presente Resolución. TERCERo: Como consecuencia de lo anterior, la referida funcionaria ejercerá dicha competencia, de conformidad con lo previsto en la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el N° 6.684 Extraordinaria, de fecha diecinueve (19) de enero de 2022, y demás disposiciones legales y jurisprudenciales aplicables según el caso. CuARTo: Queda a cargo de la Dirección Nacional de Actuación Procesal, practicar las notificaciones respectivas a través de los medios pertinentes, esto debido a que la referida dependencia administrativa es la competente para la planificación, organización y dirección del cumplimiento de las políticas, planes y proyectos relacionados con la gestión judicial de la Defensa Pública en todas las materias de su competencia, así como, de la correcta actuación procesal de las Defensorías Públicas en el ámbito nacional. QuInTo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas. UELA Comuníquese y publíquése, DANIEL AUGUSTO RAMÍREZ HERRERA DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E) Designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 12 de mayo de 2022, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.376, de fecha 13 de mayo de 2022 página original (tal como se publicó) [Página 14] M Imprenta Nacional y Gaceta Oficial 200 CARABONO GACETA OFICIAL DE LA BEPURLICA BOLMARIASA DE VENEZUELA Requisitos para solicitar Gaceta Certifionda de Naturalización El trámite es PERSONAL. En caso de no acudir la persona, un familiar deberá consignar autorización con parentesco hasta 3er grado de consanguinidad (Padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tios o sobrinos). En su defecto consignar poder debidamente autenticado. Siguenos an Twitter @oficialgaceta @moficialimprenta página original (tal como se publicó) [Página 15] GobiemoBolivariano Servicio.Autónone Minirserio dal Poder Papulnr de Venezuela 200 CARADOSO Ineprenta acional y Gaceta Ofcilal (SAIHG0) pora la Comunleaclén y la lnfermeolión A LOS GESTORES DILE NO página original (tal como se publicó) [Página 16] Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve http://www.imprentanacional.gob.ve AÑO CXLIX - MES X Número 42.429 Caracas, viernes 29 de julio de 2022 Esta Gaceta contiene 16 páginas, costo equivalente a 6,85 % valor Unidad Tributaria LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.688 de fecha viernes 25 de febrero de 2022) Objeto Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las publicaciones oficiales de los actos jurídicos del Estado a los fines de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del Pueblo al contenido de los mismos, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 4. La “Gaceta Oficial” creada por Decreto Ejecutivo de 11 de octubre de 1872 continuará con la denominación “Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”. Efectos de la publicación Artículo 8. La publicación de los actos jurídicos del Estado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela le otorga carácter público y con fuerza de documento público. Para que los actos jurídicos del Poder Electoral, Poder Judicial y otras publicaciones oficiales surtan efectos deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el Reglamento que rige la materia. Publicación física y digital Artículo 9. La publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela acoge el sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro físico. La publicación física deberá contener todo el contenido publicado en la versión digital y automatizada y generará los mismos efectos establecidos en esta Ley, incluyendo su carácter público y de documento público. La contravención de esta disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda. La Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo establecerá las normas y directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de las publicaciones digitales y físicas de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el sistema informático de las publicaciones digitales. Publicaciones oficiales Artículo 15. El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial podrá dar carácter oficial a las publicaciones y ediciones físicas y digitales de los actos jurídicos publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, deberá dictar un acto que indique las características esenciales de estas publicaciones. Así mismo, el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial dictará un acto en el cual establezca los precios de las publicaciones impresas de la Gaceta Oficial, su certificación y los servicios digitales de divulgación y suscripción, así como cualquier otro servicio asociados a sus funciones. página original (tal como se publicó)