[Página 1] Caracas, miércoles 1° de septiembre de 2021 Número 42.203 AÑO CXLVIII - MES XI SUMARIO ASAMBLEA NACIONAL Acuerdo mediante el cual se declara el 31 de agosto como el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR FOGADE Providencias mediante las cuales se concede el beneficio de Jubilación Especial, a las ciudadanas y al ciudadano que en ellas se mencionan, de este organismo. Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal Providencias mediante las cuales se otorga el beneficio de Jubilación Especial, a la ciudadana y al ciudadano que en ellas se mencionan. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO INATUR Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Yves José Marcano Salgado, como Gerente (E) de la Unidad Estadal del estado Falcón, de este Instituto. Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Beatriz Chacón Martínez, como Directora (E) de la Oficina de Planificación y Presupuesto, de este Instituto. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO Resolución mediante la cual se prorroga la vigencia de la Junta Administradora Especial, y se modifica los miembros de la entidad de trabajo Lincoln Soldaduras de Venezuela, C.A. Resolución mediante la cual se prorroga la vigencia de la Junta Administradora Especial, y se modifica los miembros de la entidad de trabajo Kimberly Clark Venezuela, C.A. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE C.A. Metro de Caracas Junta Directiva Providencia mediante la cual se constituyen las Comisiones de Contrataciones de Bienes y Servicios y de Obras, de la Empresa del Estado C.A. Metro de Caracas, las cuales estarán conformadas por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se señalan. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Orlando Wladimir Henríquez Seijas, como Director General de la Oficina de Coordinación Territorial, de este Ministerio Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Dianise Alejandra Maita Pérez, como Directora General (Encargada), de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, de este Ministerio. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Corte Disciplinaria Judicial Decisión mediante la cual declaró: Resuelta la consulta obligatoria de la Sentencia N° TDJ-SD-2018-96, dictada con motivo del sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana Irene Grisanti Cano, Jueza Titular del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. ASAMBLEA NACIONAL ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 211° 162° 22° ACUERDO SOBRE EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS AFRODESCENDIENTES CONSIDERANDO Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce el valor, principio, derecho y garantía a la igualdad formal y material de todas las personas, sin discriminación alguna fundada en motivos de raza, que ha sido desarrollado ampliamente en la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial; CONSIDERANDO Que este año 2021 se celebra el vigésimo aniversario de la aprobación de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, que la Humanidad transita el séptimo año del Decenio Internacional de los Pueblos Afrodescendientes adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y que la República Bolivariana de Venezuela es Estado parte de la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; CONSIDERANDO Que en 2020 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas establece para el presente año la celebración inaugural del Día Internacional de las y los Afrodescendientes "para promover un mayor reconocimiento y respeto por la diversidad del patrimonio, las culturas y las contribuciones de los afrodescendientes al desarrollo de sociedades y promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los afrodescendientes”; CONSIDERANDO Que el presidente Nicolás Maduro Moros mediante Decreto para la ejecución del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes se comprometió en 2018, conjuntamente con el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Sr. Ralph Everard Gonsalves, a luchar por la Reparaciones de los daños ocasionados por la trata negrera, la esclavitud y la colonización contra las africanas, africanos y sus descendientes; página original (tal como se publicó) [Página 2] 454.400 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Miércoles 1° de septiembre de 2021 ACUERDA PRIMERO: Declarar el 31 de agosto como el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, haciendo un exhorto a las universidades, centros educativos, científicos, históricos y culturales contribuir de forma decidida con la prevención y eliminación de toda forma de discriminación contra las y los afrodescendientes a través de actividades orientadas a descolonizar, desprejuiciar, sensibilizar, revalorizar y reconocer los aportes de las y los africanos y sus descendientes a la historia y desarrollo de la República Bolivariana de Venezuela y el mundo. SEGUNDO: Reconocer las luchas incesantes de las y los afrodescendientes por la emancipación de la República, contra el colonialismo y neocolonialismo, así como para superar todos los factores generadores de culturas y prácticas discriminatorias, desde que fueron secuestrados en África para arribar al Territorio Nacional y participar activamente en la construcción de la venezolanidad. TERCERO: Promover la incorporación de la dimensión afrodescendiente en la legislación y las políticas públicas, así como la transversalización de enfoques relacionados con lo étnico-racial y la interculturalidad, dentro de nuestra sociedad multiétnica y pluricultural que reconoce la igualdad de todas las culturas. CUARTO: Instar a los Poderes Públicos a dar difusión este Acuerdo en respaldo a todas las personas y organizaciones que luchan cada día contra la discriminación racial y sus formas conexas de intolerancia. QUINTO: Publicar este Acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, al primer (01) día del mes de septiembre de dos mil veintiuno. Años 211° de la Independencia, 162°de la Federación y 22° de la Revolución Bolivariana. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA , FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR página original (tal como se publicó) [Página 3] Miércoles 1° de septiembre de 2021_ GACETA OEICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 454.401 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS. 210°, 161° Y 21° Caracas, 10 de noviembre de 2020 N° RRHH-JE-2020 PROVIDENCIA N° 906 Por disposición de la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de la delegación de firma conferida al ciudadano Kenny Antonio Díaz Rosario, en su carácter de Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la Resolución N° 016/2019 del 14 de octubre de 2019 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.740 de fecha 17 de octubre de 2019, para la firma de los documentos relativos a las solicitudes de Jubilaciones Especiales de los funcionarios, empleados y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, el artículo 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal; y en concordancia con ei artícuio 14 de su Reglamento, se concede la JUBILACIÓN ESPECIAL, ap boada mediante Planilla de Corrección FP-026 N° 319, a la ciudadana IRENE CRISTINA ORTIZ HENRÍQUEZ, titular de la Cédula de Identidad NC y- 6.359.594, de cincuenta y ocho (58) años de edad, con dieciséis (16) años de servicios prestados en la Administración Pública Nacional, siendo su último CargO desempeñado, ANALISTA DE ORG. Y SISTEMAS III, cOn un sueldo promedio mensual durante los últimos doce (12) meses de NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 918.340,00). El monto de la pensión de la Jubilación Especial es la cantidad de TRESCIENTOs SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS BOLÍVARES SIN CÉNTimos (Bs. 367.336,00), mensuales, equivalente al cuarenta por ciento (40,00 %) de su sueldo promedio mensual de los últimos doce (12) meses, resultado de multiplicar los años de servicio dieciséis (16) años por el coeficiente de dos y medio (2.5). En tal sentido, por estar el monto de la jubilación por debajo del salario mínimo mensual, fijado por el Ejecutivo Nacional, se procede a ajustar la referida pensión de conformidad con lo previsto en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la misma será pagada con cargo al Presupuesto de Gastos de este Instituto, y se hará efectiva a partir del treinta y uno (31) de octubre de 2020. Comuníquese y Publíquese. DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS PRESIDENCIA JOHANN CARLOS ÁLVAREZ MÁRQUEZ PRESIDENTE Designado mediante Decreto Presidencial N° 4.295, de fecha 11 de septiembre de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.574 Extraordinario de la misma fecha. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS. 210°, 161° Y 21° Caracas, 10 de noviembre de 2020 N° RRHH-JE-2020 PROVIDENCIA N° 907 Por disposición de la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de la delegación de firma conferida al ciudadano Kenny Antonio Díaz Rosario, en su carácter de Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la Resolución N° 016/2019 del 14 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.740 de fecha 17 de octubre de 2019, para la firma de los documentos relativos a las solicitudes de Jubilaciones Especiales de los funcionarios, empleados y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, el artícuio 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal; y en concordancia con el artículo 14 de su Reglamento, se concede la JUBILACIÓN ESPECIAL, aprobada mediante Planilla de Corrección FP-026 N° 318, a la ciudadana ANA MARÍA VARRASSI COVAS, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.533.465, de sesenta (60) años de edad, con veintidós (22) años de servicios prestados en la Administración Pública Nacional, siendo su último cargo desempeñado, ANALISTA FINANCIERO ESPECIALISTA, COn Un Sueldo prOmedio mensual durante los últimos doce (12) meses de UN MILLÓN TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS BOLÍVARES CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 1.033.032,67). El monto de la pensión de la Jubilación Especial es la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE BOLÍVARES CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 568.167,97), mensuales, equivalente al cincuenta y cinco por ciento (55,00 %) de su sueldo promedio mensual de los últimos doce (12) meses, resultado de multiplicar los años de servicio veintidós (22) años por el coeficiente de dos y medio (2.5). La misma será pagada con cargo al Presupuesto de Gastos de este Instituto, y se hará efectiva a partir del treinta y uno (31) de octubre de 2020. Comuníquese y Publíquese. JOHANN CARLO$ ÁLVAREZ MÁRQUEZ PRESIDENTE Designado mediante Decreto Presidencial N° 4.295, de fecha 11 de septiembre de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 6.574 Extraordinario de la misma fecha. página original (tal como se publicó) [Página 4] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS. 210°, 161° Y 21° Caracas, 10 de noviembre de 2020 N° RRHH-JE-2020 PROVIDENCIA N° 908 Por disposición de la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de la delegación de firma conferida al ciudadano Kenny Antonio Díaz Rosario, en su carácter de Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la Resolución N° 016/2019 del 14 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.740 de fecha 17 de octubre de 2019, para la firma de los documentos relativos a las solicitudes de Jubilaciones Especiales de los funcionarios, empleados y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, el artículo 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal; y en concordancia con el artículo 14 de su Reglamento, se concede la JUBILACIÓN ESPECIAL, aprobada mediante Planilla de Corrección FP-026 N° 316, al ciudadano JOSÉ ANTONIO LINARES LINARES, titular de la Cédula de Identidad N° V- 5.003.645, de sesenta y cuatro (64) años de edad, con veinticuatro (24) años de servicios prestados en la Administración Pública Nacional, siendo su último cargo desempeñado, CHOFER DE TRANSPORTE, con un Sueido promedio mensual durante los últimos doce (12) meses de SEIsCIENTos TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTITRES BOLÍVARES CON NOVENTA Y 0CHO CÉNTIMOS (Bs. 634.123,98). El mOnto de la pensión de la Jubilación Especial es la cantidad de TRESCIENTOs OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 380.474,39), menSUales, equivalente al sesenta por ciento (60,00 %) de su sueldo promedio mensual de los últimos doce (12) meses, resultado de multiplicar los años de servicio veinticuatro (24) años por el coeficiente de dos y medio (2.5). En tal sentido, por estar el monto de la jubilación por debajo del salario mínimo mensual, fijado por el Ejecutivo Nacional, se procede a ajustar la referida pensión de conformidad con lo previsto en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la misma será pagada con cargo al Presupuesto de Gastos de este Instituto, y se hará efectiva a partir del treinta y uno (31) de octubre de 2020. Comuníquese y Publíquese. JOHANN CARLOS ÁLVAREZ MÁRQUEZ PRESIDENTE Designado mediante Decreto Presidenciar N° 4.295, de fecha 11 de septiembre de 202.0, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.574 Extraordinario de la misma fecha. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS. 210°, 161° Y 21° Caracas, 16 de diciembre de 2020 N° RRHH-JE-2020 PROVIDENCIA N° 923 Por disposición de la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de la delegación de firma conferida al ciudadano Kenny Antonio Díaz Rosario, en su carácter de Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la Resolución N° 016/2019 del 14 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.740 de fecha 17 de octubre de 2019, para la firma de los documentos relativos a las solicitudes de Jubilaciones Especiales de los funcionarios, empleados y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, el artículo 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal; y en concordancia con el artículo 14 de su Reglamento, se concede la JUBILACIÓN ESPECIAL, aprobada mediante Planilla FP-026 N° 284, a la ciudadana INGRID JOSEFINA HINOJOSA DE VELÁSQUEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V- 3.967.243, de sesenta y seis (66) años de edad, con veintidós (22) años de servicios prestados en la Administración Pública Nacional, siendo su último cargO desempeñado, ANALISTA FINANCIERO ESPECIALISTA, COn un sueldo promedio mensual durante los últimos doce (12) meses de UN MILLÓN SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 1.609.908,00). El mOnto de la pensión de la Jubilación Especial es la cantidad de oCHocIENTos OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON CUARENTA CÉNTIMOS (Bs. 885.449,40), mensuales, equivalente al cincuenta y cinco por ciento (55,00 %) de su sueldo promedio mensual de los últimos doce (12) meses, resultado de multiplicar los años de servicio veintidós (22) años por el coeficiente de dos y medio (2.5). La misma será pagada con cargo al Presupuesto de Gastos de este Instituto, y se hará efectiva a partir del cuatro (04) de noviembre de 2020. Comuníquese y Publíquese. FONDO DE FROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS PRESIDENCIA PRESIDENTE Designado mediante Decreto Presidencial N° 4.295, de fecha 11 de septiembre de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.574 Extraordinario de la misma fecha. página original (tal como se publicó) [Página 5] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS. 210°, 161° Y 21° Caracas, 26 de enero de 2021 N° RRHH-JE-2020 PROVIDENCIA N° 928 Por disposición de la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de la delegación de firma conferida al ciudadano Kenny Antonio Díaz Rosario, en su carácter de Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la Resolución N° 016/2019 del 14 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.740 de fecha 17 de octubre de 2019, para la firma de los documentos relativos a las solicitudes de Jubilaciones Especiales de los funcionarios, empleados y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, el artículo 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal; y en concordancia con el artículo 14 de su Reglamento, se concede la JUBILACIÓN ESPECIAL, aprobada mediante Planilla FP-026 N° 317, a la ciudadana ANA MERCEDES MASTRANGIOLI GALINGO, titular de la Cédula de Identidad No V- 8.746.477, de cincuenta y ocho (58) años de edad, con veintidós (22) años de servicios prestados en la Administración Pública Nacional, siendo su último CargO desempeñado, ANALISTA FINANCIERO ESPECIALISTA, con un sueldo promedio mensual durante los últimos doce (12) meses de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 2.625.080,00). El monto de la pensión de la Jubilación Especial es la cantidad de UN MILLóN CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 1.443.794,00), mensuales, equivalente al cincuenta y cinco por ciento (55,00 %) de su sueldo promedio mensual de los últimos doce (12) meses, resultado de multiplicar los años de servicio veintidós (22) años por el coeficiente de dos y medio (2.5). La misma será pagada con cargo al Presupuesto de Gastos de este Instituto, y se hará efectiva a partir del quince (15) de enero de 2021. Comuníquese y Publíquese. FONDO DE PROTECIÓN SOCIAL PRESIDENCIA PRESIDENTE Designado mediante Decreto Presidencial N° 4.295, de fecha 11 de septiembre de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.574 Extraordinario de la misma fecha. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL Caracas, 6 de enero de 2021 AÑOS: 210°, 161° y 21° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 001-2021 Quien suscribe JOSÉ JAVIER MORALES, en mi carácter de Presidente del Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, según Decreto N° 3.066 de fecha 6 de septiembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.230 de la misma fecha, suficientemente facultado para este acto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, numeral 3 del Documento Constitutivo - Estatutario del Banco y por delegación que me hiciere la Junta Directiva de esta entidad bancaria, según Sesión N° 702-12-17 de fecha 7 de diciembre de 2017, en concordancia con el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y con lo establecido en los artículos 4 numeral 1 y 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, concatenado con los artículos 14 del Reglamento de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y en cumplimiento de los artículos 10 y 12 del Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Tramites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional. POR CUANTO El Decreto N° 4.193 de fecha 27 de abril de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.532 Extraordinario, de la misma fecha, fijó como monto de las pensiones de los jubilados y pensionados de la Administración Pública, el monto del salario mínimo nacional obligatorio por la cantidad de CUATRoCIENTos MIL BOLÍVARES (Bs. 400.000,00). POR CUANTO Por disposición del Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, actuando en el ejercicio de la delegación conferida en la Resolución N° 016/2019 de fecha 14/10/2019, en su artículo 1, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.740 de fecha 17 de octubre de 2019, mediante el cual se le concede la atribución de firmar Jubilaciones Especiales a funcionarios, empleados u obreros al servicio de la Administración Pública Nacional, aprobó otorgar el beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL, al CiudadanO PEDRO JOSÉ CEDEÑO ROJAS, titular de la cédula de identidad N° V-5.983.473, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 numeral 2 , y artículo 5 numeral 3, del Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional. DECIDE: Artículo 1. Otorgar el beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL, aprobado por la ciudadana Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, mediante planilla FP-026 de fecha 16 de septiembre de 2019, al ciudadano PEDRO JOSÉ CEDEÑO ROJAS, titular de a cédula de identidad N° V-5.983.473, de sesenta (60) años de edad y diecinueve (19) años, diez (10) meses y diecinueve (19) días de servicio en la Administración página original (tal como se publicó) [Página 6] Pública Nacional, siendo su último cargo Asesor de Negocio, adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva Banca Comercial y Productiva del Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Artículo 2. El monto correspondiente por concepto de JUBILACIÓN ESPECIAL es pOr la Cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLIVARES CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 21.564,35) mensuales, equivalente al Cincuenta por Ciento (50%) del sueldo promedio devengado en los últimos doce (12) meses en servicio activo. Se ajustará la mencionada jubilación al Salario Mínimo Nacional, a tenor de lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 3. La Vicepresidencia Ejecutiva Gestión Talento Humano del Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, adscrito Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, queda encargada de ejecutar la presente Providencia Administrativa. En consecuencia se autoriza a tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le correspondan al citado trabajador, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores y el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 4. La Vicepresidencia Ejecutiva Gestión Talento Humano del Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, realizará la notificación al ciudadano indicado en el artículo 1 de la presente Providencia Administrativa. Artículo 5. La presente Providencia tendrá vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Notifíquese y Publíquese, PRESIDENTE JOSÉ JAVIER MORALES Presidente del Banco de Venezuela, S.A. Banco Universaf, -segun Decreto N° 3.066, del 06 de septiembre de 2017, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.230 de la misma fecha REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL Caracas, 6 de enero de 2021 AÑOS: 210°, 161° y 21° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 002-2021 Quien suscribe JOSÉ JAVIER MORALES, en mi carácter de Presidente del Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, según Decreto N° 3.066 de fecha 06 de septiembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.230 de la misma fecha, suficientemente facultado para este acto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, numeral 3 del Documento Constitutivo- Estatutario del Banco y por delegación que me hiciere la Junta Directiva de esta entidad bancaria, según Sesión N° 702-12-17 de fecha 7 de diciembre de 2017, en concordancia con el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo y con lo establecido en los artículos 4 numeral 1 y 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, concatenado con el artículo 14 del Reglamento de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y en cumplimiento de los artículos 10 y 12 del Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Tramites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional. POR CUANTO El Decreto N° 4.193 de fecha 27 de abril de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.532 Extraordinario, de la misma fecha, fijó como monto de las pensiones de los jubilados y pensionados de la Administración Pública, el monto del salario mínimo nacional obligatorio por la cantidad de CUATRoCIENTos MIL BOLÍVARES (Bs. 400.000,00). POR CUANTO El Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, actuando en el ejercicio de la delegación conferida en la Resolución N° 016/2019 de fecha 14/10/2019, en su artículo 1, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.740 de fecha 17 de octubre de 2019, mediante el cual se le concede la atribución de firmar Jubilaciones Especiales a funcionarios, empleados u obreros al servicio de la Administración Pública Nacional, aprobó otorgar el beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL, a la ciudadana CONSUELO DEL VALLE BARRIENTOS DE SORIANO, titular de la cédula de identidad N° V-6.549.110, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 numeral 2 y articulo 5 numeral 3, del Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional. DECIDE Artículo 1. Otorgar el beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL, aprobado por la ciudadana Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, mediante planilla FP-026 de fecha 20 de diciembre de 2019, a la Ciudadana CONSUELO DEL VALLE BARRIENTOS DE SORIANO, titular de la cédula de identidad N° V-6.549.110, de cincuenta y cinco (55) años de edad y veintitrés (23) años, seis (06) meses y doce (12) días de servicio en la Administración Pública Nacional, siendo su último cargo Asistente al Presidente, adscrita a la Presidencia del Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Artículo 2. El monto correspondiente por concepto de JUBILACIÓN ESPECIAL es pOr la Cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ BOLIVARES CON QUINCE CÉNTIMOS (Bs. 52.610, 15) mensuales, equivalente al Cincuenta y Siete coma Cinco por Ciento (57,5%) del sueldo promedio devengado en los últimos doce (12) meses en servicio activo. Se ajustará la mencionada jubilación al Salario Mínimo Nacional, a página original (tal como se publicó) [Página 7] tenor de lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 3. La Vicepresidencia Ejecutiva Gestión Talento Humano del Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, queda encargada de ejecutar la presente Providencia Administrativa. En consecuencia se autoriza a tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le correspondan a la citada trabajadora, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores y el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 4. La Vicepresidencia Ejecutiva Gestión Talento Humano del Banco de Venezuela S.A. Banco Universal, adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas Y Comercio Exterior, realizará la notificación a la ciudadana indicada en el artículo 1 de la presente Providencia Administrativa. Artículo 5. La presente Providencia Administrativa tendrá vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Notifíquese y Publíquese, PRESIDENTE JOSÉ DAVIER MORALES Presidente del Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, según Decreto N° 3.066, del 06 de septiembre de 2017, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.230 de la misma fecha MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO DIRECCIÓN EJECUTIVA NÚMERO: P/N° 018-21 Caracas, 24 de Mayo de 2021 211°, 162° Y 22° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA El Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Turismo, designado mediante Resolución N° 004 de fecha 26 de enero de 2021, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.056 de fecha 27 de enero de 2021; actuando en ejercicio de la atribución conferida en el numeral 9 del artículo Primero de la Providencia Administrativa Número: P/N° 009-21, de fecha 1 de febrero de 2021, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.085, de fecha 11 de marzo de 2021;en concordancia con lo establecido en el numeral 8 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522, de fecha 06 de septiembre de 2002; decide: Artículo 1. Designar al ciudadano YVES JOSE MARCANO SALGADO, titular de la Cédula de Identidad N° V-11.071.195, como Gerente (E) de la Unidad Estadal del Estado Falcón, del Instituto Nacional de Turismo (INATUR), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Turismo, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 2. La presente Providencia entrará en vigencia, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese. Por el Ejecutivo Nacional DOA INATUR ASDRÚBAL VICENTE RINCONEVILLALB DIRECTOR EJECUTIVO INANMUR Designado según Resolución N° 004 de fecha 26 de enee de 2021, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.056 de fecha 27 de enero de 2021; por Delegación del Presidente Encargado del Instituto Nacional de Turismo, según Providencia Administrativa Número: P/N° 009-21, de fecha 1 de febrero de 2021, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.085, de fecha 11 de marzo de 2021 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO DIRECCIÓN EJECUTIVA NÚMERO: P/N° 022-21 Caracas, 11 de agosto de 2021 211°, 162° Y 22° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA El Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Turismo, designado mediante Resolución N° 004 de fecha 26 de enero de 2021, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.056 de fecha 27 de enero de 2021; actuando en ejercicio de la atribución conferida en el numeral 9 del artículo Primero de la Providencia Administrativa Número: P/N° 009-21, de fecha 1 de febrero de 2021, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.085, de fecha 11 de marzo de 2021; en concordancia con lo establecido en el numeral 8 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522, de fecha 06 de septiembre de 2002; decide: Artículo 1. Designar a la Ciudadana BEATRIZ CHACÓN MARTÍNEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.145.521, como Directora (E) de la Oficina de Planificación y Presupuesto del Instituto Nacional de Turismo (INATUR), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Turismo, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 2. La presente Providencia entrará en vigencia, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República BolivarianaVenezuela. Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional. Fsimuisy HNATUR ECUTIVA ASDRÚBAL VICENTE RINCONES VILS DIRECTOR EJECUTIVO INATUR Designado según Resolución N° 004 de fecha 26 de enero de 2021, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.056 de fecha 27 de enero de 2021; por Delegación del Presidente Encargado del Instituto Nacional de Turismo, según Providencia Administrativa Número: P/N° 009-21, de fecha 1 de febrero de 2021, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.085, de fecha 11 de marzo de 2021 página original (tal como se publicó) [Página 8] MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUÊLA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ELPROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 325 Caracas, 31 de Agesto de 2021 Años 211°, 162° y 22° El Ministre del eder Popular para el Preceso Secial de Trabaje, designado mediante Decreto N° 4 60?7 de fecha 04 deimayo de 2021, publicado en la Gaceta Oficlal de (a Repubica Belivanana de Venezuela No. 42.1v19, de Igual fecha, en ejercicio de atribuyen confenda en el articule 65 y en los numerales 2, 3, 12, 19 y 27 del articule 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con los artículos 149 y el numeral 2 del artículo S0o del Deoreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Ley Orgánica del Trabaja, los Trabajadores y las Trabajadoras. VISTO Que, corresponde al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, come órgane rector en materia de trabajo y séguridad social y en protección de las fuentes y les puestos de trabajo, en el marco de los principios constitucionales; garantizar que la actividad productiva de bienes o servicios y el derecho al trabajo, en la entidad de trabajo LINCOLN SOLDADURAS DE VENEZUELA, C.A., se mantenga, con la finalidad de garantizar, proteger, estabilizar y desarrollar el proceso soaal de trabajo, fundamental para alcanzar los fines del Estado, con la participación directa de las trabajadoras y los trabajadores en la gestión de producción de bienes, la prestación de servicios y la justa distribución de la riqueza; proceso que se efectúa desde dicha entidad, para preservar los puestos de trabajo del universo de laborantes, lo que repereute en beneficio de éstos, de su grupo familiar y su entorno social, trascendiendo positivamente en la actividad económica productiva de la región. VISTO Que, el patrono, ni por si ni par medio de apoderado alguno, ha demestraco Su interés en partiapar en la gestión de la Junta Administradora Especial; en consecuencia, este Despacho, para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y atendiendo a los principios constitucionales referidos al trabajo, la familia, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la rèsponsabilidad social, y siendo que e) trabajo es un hecho soclal protegido por el Estado, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2, 3, 19, 87 y 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a lo previsto en los artículos 274, 18, 149, y 500, numeral 2 del Decreto Trabajadoras, atendiendo a lo previsto en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. VISTO Que, mediante la Resolución Ministerial N° 083, dictada por este Despacho en fecha 22 de abril de 2019, se conformó a los integrantes de la Junta Administradora Especial de la entidad de trabajo LINCOLN SOLDADURAS DE VENEZUELA C.A., la cual quedó conformada como sigue: REPRESENTACIÓN: C.I. N°: NOMBRE Y APELLIDO: los FRANCISCO ALEXANDER de 16.685.710 Representante trabajadores y trabajadoras. GOMEZ GARCIA los ELIO JONATHAN URBINA Representante de 13.614043 trabajadores y trabajadoras. MENDEZ Representante los de CESAR IGNACIO RUIZ 4.680.322 trabajadores y trabajadoras en GONZALEZ sustitución del patrono. Representante del Ministerio del 7.245.887 HERNANDO HERNANDEZ Poder Popular de Industrias y CAMPOS Producción Nacional. De igual forma en dicha Resolución, específicamente en su artículo TERCERO, se designó al ciudadano HERNANDo HERNANDEz CAMPoS, titular de la Cédula de Identidad Nro. 7.245.887, para ejercer el cargo de Gerente General de Oneracienes v Administración en dicha Entidad de Trabaio. VISTO Que, mediante Acta debidamente certificada, de fecha veintisiete (27) de agosto del dos mil veintiuno (2021), se dejó constancia que en la ciudad de Maracay, estado Aragua, en el patio central del módulo de servicios de la comunidad del lago, ubicado en la Calle Uribante c/c 1ro de diciembre, y previa convocatoria de la plantilla de trabajadoras y trabajadores de la Entidad de Trabajo LINCOLN SOLDADURAS DE VENEZUELA, C.A., el desarrollo de Asamblea, con el propósito de llevarse a .cabo el Proceso de Elección Popular, para la designación de los Representantes de las Trabajadoras y los Trabajadores en la Junta Administradora Especial, dando cumplimiento con lo establecido en el Artículo 149 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Dejándose constancia además de la no asistencia de un representante del patrono o patrona, a pesar de haberse realizado la convocatoria respectiva. Se procedió a la presentación de la postulación de los siguientes trabajadores: FRANCISCO ALEXANDER GOMEZ GARCIA; NESTOR ADRIAN PADILLA; y, CESAR IGNACIO RUIZ GONZALEZ, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V.- 16.685.710, V.- 9.875.360; y, V.- 4.680.322, respectivamente. Y habiéndose sometido a consideración de la Asamblea se aprobó por la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores, la propuesta presentada. RESUELVE PRIMERo: Para dar continuidad e impulso a los procesos productivos. y administrativos de la entidad de trabajo LINCOLN SOLDADURAs DE VENEZUELA, C.A., se PRORROGA la vigencia de la Junta Administradora Especial de la entidad de trabajo conforme a lo previsto en la parte in fine del párrafo tercero del artículo 149 del Decrete con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras: "La vigencia de la Junta Administradora Especial será hasta de un año, pudiendo prorrogarse si las circunstancias lo ameritan", vista la competencia que en el referido artículo se le asigna al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, para ordenar la ocupación de la entidad de trabajo cerrada ilegalmente o abandonada, y el reinicio de las actividades productivas, en protección del proceso social del trabajo, de los trabajadores, las trabajadoras y sus familias, así como, de otorgar prórrogas si las circunstancias la ameritan. SEGunpo: De acuerdo a lo solicitado por las trabajadoras y los trabajadores, según Acta de Asamblea, se MODIFICA la Junta Administradora Especial, para el período,2021-2022, queda conformada como sigue: REPRESENTACIÓN: C.I. N°: NOMBREY APELLIDO: los Representante de FRANCISCO ALEXANDER 16.685.710 trabajadores y trabajadoras. GOMEZ GARCIA los Representante de 9.875.360 NESTOR ADRIAN trabajadores y trabajadoras. PADILLA los Representante de CESAR IGNACIO RUIZ 4.680.322 trabajadores y trabajadoras en GONZALEZ sustitución del patrono. La Junta Administradora Especial tendrá vigencia de un (01) año, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, prorrogable por un período igual si las circunstancias así lo ameritan, lo cual continuará en ejercicio de sus funciones hasta tanto este Ministerio le notifique del cese o el nombramiento de una nueva Junta Administradora Especial. Les mencionados ciudadanos, integrantes de la Junta Administradora Especial, ejercerán las representaciones indicadas con carácter AD HOvoREM. No obstante, ejercer un cargo directivo o gerencia de forma permanente en la entidad de trabajo.. Se deja sin efecto alguno la designación del ciudadano HERNANDo HERNANDEZ CAMPoS, titular de la Cédula de Identidad Nro. 7.245.887, para ejercer el cargo de Gerente General de Operaciones y Administración y Representante del Ministerio del Poder Popular de Industrias;y Producción Nacional en dicha Entidad de Trabajo. TERCERo; Visto, que para ejercer la administración encomendada, la Junta Administradora Especial deberá ejercer actos y negocios jurídicos propios de las actividades comerciales de la entidad de trabajo, dirigiendo todos sus esfuerzos a la obtención de los mejores resultados posibles. Pudiendo realizar todas aquellas operaciones requeridas para lograr el objeto social, pero que no conlleven la transmisión, modificación o extinción de la situación juridica patrimonial preexistente de la entidad de trabajo, ya que la gestión de la Junta Administradora Especial no abarca los actos de disposición, enajenación o gravamen de los activos fijos de la entidad de trabajo, Así, la Junta Administradora, Especial tendrá las mismas facultades descritas en la Resolución N° 520 de fecha 05 de septiembre de 2018. página original (tal como se publicó) [Página 9] cuARTQ: La Junta Administradora Especial, dentre de los cinco (5) días siguientes; a la notifcacón de esta Resolución, cenvecará y realizará una asamblea con las, trabajadoras y los trabajadores, a los fines de dar lectura de su texto y distribuir copias de la misma a las trabajadoras y les trabajadores; se dejará constancia: mediante acta levantada la cual se consignará ante el Despacho del Ministro del, Poder Popular para el Preceso Secial de Trabajo y ante la Consultoría Juridica de este Ministerio. Qurnmo: Remitir copla de esta Resolución contentiva de la prórroga de la Junta Administradera Especial de la entidad de trabajo LINCOLN SOLDADURAS DE VENEZUELA, C.A. a: La Dirección General de Supervisión de Entidades y Modalidades Especiales de Trabaje de este Mínisterlo, a objeto de que realice, cada tres (3) meses, inspecciones de seguimiento a la actividad productiva, a los fines de verificar su funelenamlento y fas condiciones de trabajo, consignado el o los informes pertinentes ante-la Consultoría Jurídica de este Ministerio del Poder Popular . para el Proceso:Social de Trabajo, Al Instituto- Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, a los efectos de l'instruir las actuaciones conducentes para determinar las condicioneside higiene y seguridad laboral en la entidad de trabajo y afiance los términos y condiciones para el encadenamiento productivo de dicha entidad. Al Servicio Autónomo de Registros y Notarías "SAREN" y al Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, a los fines de que estampen las respectivas notas marginales sobre los registros de los bienes de la entidad de trabajo, y sobre cualquier otro que sea propiedad de los accionistas de la mencionada entidad de trabajo o de terceras personas, necesarios para efectuar el proceso productivo integral.de esta entidad de trabajo. SExTO: Se ordena al Inspector o Inspectora del Trabajo competente remitir copia certificada de la presente Resolución, contentiva de la prórroga de la Junta Administradora Especial, a los Tribunales de Municipio, Civiles, Mercantiles, Laborales, correspondientes al Circunscripción Judicial del estado Bolívar; esto con el objeto de que se coloquen las correspondientes notas marginales, asimismo, se suspenda la ejecución de medidas cautelares o ejecutivas que pretendan afectar los bienes, maquinarias, equipos y medios de producción de la entidad de trabajo señalada, durante la vigencia de esta medida de ocupación de conformidad con los artículos 1, 2, 4, 18, 24 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y así proteger el proceso social de trabajo, los puestos de trabajo, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, el sostenimiento de éstos y éstas y su grupo familiar, así como la estabilidad y desarrollo de la actividad productiva que realizan los trabajadores y trabajadoras. SEPTIMO: Notificar de la presente Resolución al: 1). Viceministro para el.Sistema Integrado de Inspección Laboral y de la Seguridad Social del Ministerio,del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, 2). Ministro del Poder Pópular de Economía y Finanzas. 3). Procurador o Procuradora General de la República. 4). Registrador o Registradora Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado. Bolívar 5). Registrador o Registradora Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar. 6). Alcaldía del Bolivariana del Municipio/Libertador del Estado Bolívar. 7). Al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica y sus entes adscritos relacionados a la entidad de trabajo, 8). Al Instituto Venezolane de:los Segures Sociales. 9). Registro Nacional de Contratistas. 10). Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAvIT). 11). Instituto Nacional de Capacitación y Éducación Socialista (INCES). 12). Servicio Nacienal Integrado de. Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). 13). Hidrológica del Estado:Bolívar 14) Registre Nacional de Centratista. 15) CANTV, oCTAvo: Netificar a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en caso de considerar que el presente acto administrativo viola o menoscaba sus derechos e intereses legítimos, podrán interponer Recurso Contêncíoso Administrativo de Nulidad ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana.de Venezuela, dentro del lapso de ciento ochenta (180) días continues, computados desde el día siguiente a su notificación, tal como lo prevé el numeral 1 del articulo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. ut NOVENo: Atendiendo a lo previsto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en la Ley de Publicaciones Oficiales, publíquese esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República-Belivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese, JOSE RAMON RIVERO GONZALEZ MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJ Según Decreto No 4.607 de fecha 04/05/20 Caceta Oficial de la-República Bolivariana de Venezue Ne.42.119 de fecha 04/05/2021 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 326 Caracas, 31 de Agosto de 2021 Años 211°, 162° y 22° El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, designado mediante Decreto N° 4.607, de fecha 04 de mayo de 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 42.119, de igual fecha, en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 65 y en los numerales 2, 3, 12, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con los artículos 149 y el numeral 2 del artículo 500 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. VISTO Que, corresponde al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, como órgano rector en materia de trabajo y seguridad social y en protección de las fuentes y los puestos de trabajo, en el marco de los principios constitucionales; garantizar que la actividad productiva de bienes o servicios y el derecho al trabajo, en la entidad de trabajo KIMBERLY CLARK VENEZUELA, C.A., se mantenga, con la finalidad de garantizar, proteger, estabilizar y desarrollar el proceso social de trabajo, fundamental para alcanzar los fines del Estado, con la participación directa de las trabajadoras y los trabajadores en la gestión de producción de bienes, la prestación de servicios y la justa distribución de la riqueza; proceso que se efectúa desde dicha entidad, para preservar los puestos de trabajo del universo de laborantes, lo que repercute en beneficio de éstos, de su grupo familiar y su entorno social, trascendiendo positivamente en la actividad económica productiva de la región. VISTO Que, el patrono, ni por si ni por medio de apoderado alguno, ha demostrado su interés en participar en la gestión de la Junta Administradora Especial; en consecuencia, este Despacho, para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y atendiendo a los principios constitucionales referidos al trabajo, la familia, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad:y la responsabilidad social, y siendo que el trabajo es un hecho social protegido por el Estado, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2, 3, 19, 87 y 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a lo previsto en los artículos 2, 4, 18, 149, y 500, numeral 2 del Decreto con Rango Valor y Fuérza Ley Orgánica del Trabajo, los. Trabajadores y las Trabajadoras, atendiendo a lo previsto en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. VISTO Que, mediante la Resolución Ministerial N° 183, dictada por este Despacho en fecha 21 de julio de 2020, se conformó a los integrantes de la Junta Administradora Especial de la entidad de trabajo KIMBERLY CLARK VENEzUELA, C.A., la cual quedó conformada como sigue: REPRESENTACIÓN: C.I. N°: NOMBRE Y APELLIDO: los Representante de 10.825.225 MIGUEL ANTONIO trabajadores y trabajadoras. GIMENEZ ANDARA los de Representante JESUS ALBERTO SARRIA 3.744.586 trabajadores y trabajadoras. los Representante de RAMONA SALOMON BAEZ 3.284.067 trabajadores y trabajadoras en sustitución del patrono. Representante del Ministerio del 6.266.085 JUAN PABLO MATA Poder Popular de Industrias y CEDEÑO Producción Nacional. VISTO Que, mediante Acta debidamente certificada, de fecha treinta (30) de agosto del dos mil veintiuno (2021), se dejó constancia que en la ciudad de Maracay, estado Aragua, en la Zona Industrial La Hamaca, 2da Transversal, Galpón 160-4, y prevía convocatoria de la plantilla de trabajadoras y trabajadores de la Entidad de Trabajo KIMBERLY CLARK VENEZUELA, C.A., el desarrollo de Asamblea, con el propósito de llevarse a cabo el Proceso de Elección Popular, para la designación de los Representantes de las Trabajadoras y los Trabajadores en la Junta Administradora Especial, dando cumplimiento con lo establecido en el Artículo 149 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Se procedió a la presentación de la postulación de los siguientes trabajadores: ARIAS GOMEZ JOSE GREGORIO; GIMENEZ ANDARA MIGUEL ANTONIO; y, SARRIA JESUS ALBERTO, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V.- 9.225.147, V.- 10.825.225; y, V.- 3.774.586, respectivamente. Y habiéndose sometido a consideración de la Asamblea se aprobó por la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores, la propuesta presentada página original (tal como se publicó) [Página 10] RESUELVE PRIMERo: Para dar continuidad e impulso a los procesos productivos y administrativos de la entidad de trabajo KIMBERLY CLARK VENEZUELA, C.A., se PRoRRoGA la vigencia de la Junta Administradora Especial de la entidad de trabajo conforme a lo previsto en la parte in fine del párrafo tercero del artículo 149 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras: "La vigencia de la Junta Administradora Especial será hasta de un año, pudiendo prorrogarse si las circunstancias lo ameritan", vista la competencia que en el referido artículo se le asigna al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, para ordenar la ocupación de la entidad de trabajo creada ilegalmente o abandonada, y el reinicio de las actividades productivas, en protección del proceso social del trabajo, de los trabajadores, las trabajadoras y sus fallas, así como, de otorgar prorrogas si las circunstancias la ameritan. SEGUNDo: De acuerdo a lo solicitado por las trabajadoras y los trabajadores, según Acta de Asamblea, se MODIFICA la Junta Administradora Especial, para el período 2021-2022, queda conformada como sigue: REPRESENTACIÓN: C.I. N°: NOMBRE Y APELLIDO: los de Representante 9.225.147 ARIAS GOMEZ JOSE trabajadores y trabajadoras. GREGORIO los de Representante 10.825.225 GIMENEZ ANDARA trabajadores y trabajadoras. MIGUEL ANTONIO los de Representante 3.774.586 SARRIA JESUS ALBERTO trabajadores y trabajadoras en sustitución del patrono. La Junta Administradora Especial tendrá vigencia de un (01) año, contado à partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, prorrogable porun período igual sì las circunstancias así lo ameritan, lo cual continuará en ejercicio de sus funciones hasta tanto este Ministerio le notifique del cese o el nombramiento de una nueva Junta Administradora Especial. Los mencionados ciudadanos, integrantes de la Junta Administradora Especial, ejercerán las representaciones indicadas con carácter AD HONOREM. No obstante, podrán percibir la diferencia de sueldo si fuesen asignados simultáneamente a ejercer un cargo directivo o gerencia de forma permanente en la entidad de trabajo. Se deja sin efecto alguno la designación del ciudadano JUAN PABLO MATA CEDEÑO, tular de la Cédula de Identidad Nro. V.- 6.266.085, para ejercer el cargo de Gerente General de Operaciones y Administración y Representante del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional en dicha Entidad de Trabajo. TERCERO: Visto, que para ejercer la administración encomendada, la Junta Administradora Especial deberá ejercer actos y negocios jurídicos propios de las actividades comerciales de la entidad de trabajo, dirigiendo todos sus esfuerzos a la obtención de los mejores resultados posibles. Pudiendo realizar todas aquellas operaciones requeridas para lograr el objeto social, pero que no conlven la transmisión, modificación o extinción de la situación jurídica patrimonial preexistente de la entidad de trabajo, ya que la gestión de la Junta Administradora Especial no abarca los actos de disposición, enajenación o gravamen de los activos fijos de la entidad de trabajo. Así, la Junta Administradora Especial tendrá las mismas facultades descritas en la Resolución N° 520 de fecha 05 de septiembre de 2018. CUARTo: La Junta Administradora Especial, dentro de los cinco (5) días siguientes a-la notificación de esta Resolución, convocará y realizará una asamblea con las trabajadoras y los trabajadores, a los fines de dar lectura de su texto y distribuir copias de la misma a las trabajadoras y los trabajadores; se dejará constancia mediante acta levantada la cual se consignará ante el Despacho del Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo y ante la Consultoría Jurídica de -este Ministerio. QUINTo: Remitir copia de esta Resolución contentiva de la prórroga de la Junta Administradora Especial de la entidad de, trabajo KIMBERLY CLARK VENEZUELA, C.A. a: La Dirección General de Supervisión de Entidades y Modalidades Especiales de Trabajo de este, Ministerio, a objeto de que realice, cada tres (3) meses, inspecciones de seguimiento a la actividad productiva, a los fines de verificar su funcionamiento y las condiciones de trabajo, consignado el o los informes pertinentes ante la Consultoría Jurídica de este Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. Al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, a,los efectos de instruir las actuaciones conducentes para determinar las condiciones de higiene y seguridad laboral en la entidad de trabajo y afiance los términos y condiciones para el encadenamiento productivo de dicha entidad. Al Servicio Autónomo de Registros y Notarías "SAREN" y al Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, a los fines de que estampen las respectivas notas marginales sobre los registros de los bienes de la entidad de trabajo, y sobre cualquier otro que sea propiedad de los accionistas de la mencionada entidad de trabajo o de terceras personas, necesarios para efectuar el proceso productivo integral de esta entidad de trabajo. SEXTO: Se ordena al Inspector o Inspectora del Trabajo competente remitir copia certificada de la presente Resolución, contentiva de la prórroga de la Junta Administradora Especial, a los Tribunales de Municipio, Civiles, Mercantiles, Laborales, correspondientes al Circunscripción Judicial del estado Bolívar; esto con el objeto de que se coloquen las correspondientes notas marginales, asimismo, se suspenda la ejecución de medidas cautelares o ejecutivas que pretendan afectar los bienes, maquinarias, equipos y medios de producción de la entidad de trabajo señalada, durante la vigencia de esta medida de ocupación de conformidad con los artículos 1, 2, 4, 18, 24 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y así proteger el proceso social de trabajo, los puestos de trabajo, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, el sostenimiento de éstos y éstas y su grupo familiar, así como la trabajadoras. SEPTIMo: Notificar de la presente Resolución al: 1). Viceministro para el Sistema Integrado de Inspección Laboral y de la Seguridad Social del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Socíal de Trabajo. 2). Ministro, del Poder Popular de Economía y Finanzas. 3). Procurador o Procuradora General de la República. 4). Registrador o Registradora Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado estado Bolívar. 6). Alcaldía del Bolivariana del Municipio Libertador del Estado Bolívar. 7). Al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica y sus entes adscritos relacionados a la entidad de trabajo. 8). Al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 9). Registro Nacional de Contratistas. 10). Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIT). 11). Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES). 12). Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). 13). Hidrológica del Estado Bolívar 14) Registro Nacional de Contratista. 15) CANTV. ocTAvo: Notificar a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos. Administrativos, en caso de considerar que el presente acto administrativo viola o menoscaba sus derechos e intereses legítimos, podrán interponer Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, dentro del lapso de ciento ochenta (180) días. continues, computados desde el día siguiente a su notificación, tal como lo prevé el numeral 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica de la, Jurisdicción Contencioso Administrativa. NovENo: Atendiendo a lo previsto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en la Ley de Publicaciones Oficiales, publíquese esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivaríana de Venezuela. Comuníquese y publíquese, JOSE RAMÓN BIVERO GONZÁLEZ MINISTRO DEL PODER ROPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO Según Decreto No 4.607 de fecha 04/05/2021 No.42.119 de fecha 04/05/2021 página original (tal como se publicó) [Página 11] MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Miércoles 1° de septiembre de 2021 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 454.409 página original (tal como se publicó) [Página 12] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN MPPCYMS N° 040-2021 CARACAS, 20 DE AGOSTO DE 2021 Años 211°, 162° y 22° La Ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, NORIS HERRERA RODRÍGUEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-10.813.598, designada mediante Decreto N° 4.280, de fecha 03 de septiembre de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.957 de la misma fecha; en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 34, 65 y 78 numerales 2, 12 y 19, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. DECIDE: PRIMERO: Designar a la ciudadanà DIANISE ALEJANDRA MAITA PÉREZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.564.570, como DIRECTORA GENERAL (EnCargada) DE LA OFICINA ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. SEGUNDO: _La ciudadana anteriormente mencionada, ejercerá las funciones establecidas en el artículo 19 del Decreto Sobre Organización General de las Administración Pública Nacional, dictado mediante Decreto Presidencial N° 2.378 de fecha 12 de julio de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.238 Extraordinario de fecha 13 de julio de 2016. TERCERO: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivaríana de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Comuníquese y publíquese. Por el Ejecutivo Nacional. NORIS HERRERA RODRIGUEZAR Ministra del Poder Popular para las Comunas y los-Movimientos Sociales Decreto N° 4.280 de fecha 03 de septiembre de 2020, Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.957 de fecha 03 de septiembre de 2020. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE PODER JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL EXPEDIENTE N° AP61-S-2018-000093 JUEZA PONENTE: DRA. MERLY MORALES HERNANDEZ. Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial pronunciarse sobre la consulta obligatoria de ley, relacionada con la decisión N° TDJ-SD-2018-96, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo adelante TDJ) en fecha 18 de diciembre de 2018 en la causa signada con el N° AP61-S-2018-000093, nomenclatura que conserva, mediante la cual decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana IRENE GRISANTI CANO, titular de la cedula de identidad N° 6.816.182, de conformidad con el artículo 71 numeral 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (en lo sucesivo Código de Ética vigente), por las actuaciones realizadas durante el desempeño de sus funciones cid:) como Jueza Titular del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la presuntamente admitir una demanda por cumplimiento de contrato de arrendamiento sin que constara que el contrato estuviese firmado y en copia simple, dictando medida violatoria de los derechos de la denunciante. | ANTECEDENTES Se dio inicio a la presente averiguación disciplinaria, en virtud del auto dictado por la Inspectoría General del Tribunales (en lo adelante IGT) en fecha 24 de marzo de 2011, mediante el cual ordenó abrir investigación disciplinaria a la jueza IRENE GRISANTI CANO, con motivo de la denuncia interpuesta por la ciudadana ANA TERESA FERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 1.880.259, en fecha 22 de febrero de 2010, en la cual indicó que la mencionada Juzgadora admitió una demanda en violación de sus derechos, fundamentada a su decir en un pseudo contrato de arrendamiento acompañado de una copia simple y sin su firma, el cual no debió aceptar, y que además procedió a dictar medida precautelativa de secuestro, sin tomar en cuenta los parámetros legales para su procedencia. Una vez efectuada la respectiva investigación disciplinaria, en fecha 31 de octubre de 2018, el órgano investigador disciplinario dictó acto conclusivo a través del cual solicitó el sobreseimiento de la investigación de conformidad con el artículo 71 numeral 2 del Código de Ética por considerar que los hechos denunciados no revisten carácter disciplinario. En fecha 22 de noviembre de 2018, fue recibida ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial (en lo adelante U.R.D.D), las actuaciones relativas a la investigación seguida en contra de la jueza denunciada, asignándosele la nomenclatura AP61-S-2018- 000093, y una vez recibido el expediente, el TDJ en fecha 22 de noviembre de 2018, mediante auto, dejó constancia que según el Sistema de Gestión Judicial, le En fecha 18 de diciembre de 2018, el TDJ dictó decisión en la cual decretó el sobreseimiento de la investigación disciplinaria seguida al juez denunciado, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética vigente. Por auto de fecha 30 de septiembre de 2019, el TDJ ordenó la remisión de la presente causa a esta Corte Disciplinaria Judicial, contentiva de la decisión N° TDJ-SD-2018-96 de fecha 18 de diciembre de 2018, a los efectos de su correspondiente consulta obligatoria de ley. Respecto a las actividades de la Corte Disciplinaria Judicial resulta necesario referir que: En fecha 15 de enero de 2019, el Juez Tulio Jiménez Rodríguez, hizo efectiva su renuncia presentada ante el Tribunal Supremo de Justicia, convocándose a los jueces suplentes en el respectivo orden de su designación por parte de la Asamblea Nacional, quienes se excusaron justificadamente de aceptar la convocatoria realizada. Ante la imposibilidad de constituir la Corte, se procedió a solicitar al Tribunal Supremo de Justicia el nombramiento del o los jueces suplentes, necesarios para su Constitución, quedando a la espera de dicho nombramiento por parte del Máximo Tribunal. En fecha 13 de marzo de 2020, entró en vigencia el decreto N° 4.160 emanado de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.519 de fecha 13 de marzo de 2019, mediante el cual se declaró el Estado de alarma en todo el territorio Nacional, en razón de la pandemia por el COVID-19, y en fecha 20 de marzo de 2020 en atención del aludido decreto, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia dictó resolución N° 2020-0001 que estableció que ningún tribunal despacharía desde el página original (tal como se publicó) [Página 13] lunes 16 de marzo hasta el lunes 13 de abril de 2020, el cual fue prorrogado mediante posteriores resoluciones, siendo la última de data 13 de septiembre del 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020, todo en el marco de la pandemia por COVID 19. En fecha 25 de enero de 2021, se produjo la aceptación de la jueza suplente Dra. MARÍA ALEJANDRA DÍIAZ MARÍN, quien previamente se había excusado justificadamente de aceptar la convocatoria para la constitución de la Corte Disciplinaria Judicial, por estar ocupando un cargo de elección popular en la Asamblea Nacional Constituyente y en razón de la culminación de vigencia de funcionamiento de dicho organismo, se incorporó a sus funciones en esta instancia jurisdiccional, para suplir la falta absoluta del Juez Tulio Amado Jiménez Rodríguez, constituyéndose de esta forma este Tribunal Colegiado, no obstante actualmente persisten las circunstancias que originaron el Decreto de Estado de Alarma el Máximo Tribunal ha implementado medidas para la continuidad de la función jurisdiccional, este Órgano Disciplinario Judicial inicia actividades en los días y condiciones establecidas en la Resolución N° 2020-08 dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, en fecha 1º de octubre de 2020. En fecha 08 de mayo de 2021, la secretaria de la Corte Disciplinaria Disciplinario Judicial signado con el N° AP61-S-2018-000093, así como de la MERLY JACQUELINE MORALES HERNANDEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. Por auto de fecha 06 de julio de 2019, se ordenó la continuidad del procedimiento con prescindencia de notificaciones, dada las consideraciones sobre la figura de la consulta, asimismo se acordó que la oportunidad para la publicación de la decisión sería dentro de los cinco (5) dias de despacho siguientes. Il DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA En fecha 18 de diciembre de 2018, la primera instancia de esta jurisdicción disciplinaria judicial dictó decisión acordando el sobreseimiento de la investigación solicitado por la IGT con base en las siguientes consideraciones: Observó la primera instancia disciplinaria, que, respecto al hecho denunciado, la jueza investigada en fecha 2 de noviembre de 2009 dictó auto de admisión de la demanda interpuesta por los ciudadanos VITO MIRTOLINI y MAURO MIRTÓLINI y ordenó la citación de la parte demandada ciudadana ANA FERNÁNDEZ para que diera contestación al segundo (2°) día de despacho siguiente a la constancia en autos de las resultas de la citación practicada, Seguidamente, el fallo sometido a consulta, refirió que la demanda le fue presentada a la Jueza denunciada junto a un documento de arrendamiento de fecha 22 de junio de 2006, suscrito solo por el ciudadano Vito Mirtolini, y otro documento denominado "Acta Devolución Deposito" suscrito por ambas partes. La sentencia consultada de igual forma evidenció que la Jueza denunciada en fecha 14 de diciembre de 2009 ordenó practicar medida de secuestro sobre el inmueble objeto de la demanda y que el Juzgado Primero Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, acordó remitir al tribunal a cargo de la Jueza denunciada mediante oficio N° 009-10, transacción alcanzada por las partes mediante acta de fecha 19 de enero de 2010 en la que la demandada Ana Teresa Fernández se obligaba a entregar el inmueble, demandado. Igualmente, la Primera instancia observó que en fecha 02 de marzo de 2010 la Jueza IRENE GRISANTI CANO homologó la transacción celebrada por las partes; y en esa misma declaró improcedente la solicitud de nulidad de las actuaciones solicitada por el apoderado judicial de la parte demandada en fecha 4 de febrero de 2010. De las actuaciones realizadas por la Jueza investigada, en la decisión objeto de la presente consulta se estimó que la citada Jueza desde que se abocó al conocimiento de la causa AP31-V-2009-003670, actuó bajo sus potestades jurisdiccionales, y seguidamente citó sentencia en la cual se analizó el artículo 4 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, relacionado con la autonomia judicial del Juez. Igualmente, la resolución en consulta hizo referencia a lo esgrimido por el autor Luís Jiménez de Azúa en su obra La Ley y el Delito, respecto al principio de tipicidad legalidad resaltando que dichos principios exigen la delimitación concreta en relación al principio de legalidad en el ámbito disciplinario citan a los autores Jaime Mejía Ossman y Silvio Quiñones Ramos señalando que constituye un límite del actuar del Estado, al suprimir su potestad disciplinaria frente a conductas que no estén expresamente previstas como faltas. La Primera Instancia Disciplinaria consideró que las acciones por parte de la Jueza investigada al admitir la demanda y decretar la medida de secuestro con fundamento en los citados documentos que acompañaron a la demanda constituyen actuaciones inherentes a su autonomía jurisdiccional y que no constituyen una infracción o violación a las disposiciones que deben regir la conducta de los jueces y juezas, concluyendo así, que lo procedente era decretar el sobreseimiento de la investigación de conformidad con el artículo 71.2 del Código de Ética, en virtud de la falta de tipicidad del hecho. III DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Previo a cualquier pronunciamiento, debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer de la presente consulta obligatoria y a tal efecto observa: El artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015, atribuye competencia a esta Alzada Disciplinaria para el conocimiento de las consultas obligatorias de las decisiones del Tribunal Disciplinario Judicial que decreten el sobreseimiento, de la forma siguiente: Artículo 71: El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas. Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando: 1. El hecho no se realizó o no puede atribuírsele al sujeto investigado. .2. El hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario. 3. La acción disciplinaria haya prescrito. 4. Resulte acreditada la cosa juzgada 5. No exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya base para solicitarfundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial. 6. La muerte del juez o la jueza. El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento de la investigación, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco días siguientes." (Resaltado de esta Alzada) La norma ut supra transcrita, además de definir y señalar los efectos y consecuencias legales de dicho instituto procesal, establece en forma taxativa los supuestos que dan lugar a 'su declaratoria; estatuye igualmente la consulta obligatoria de la resolución judicial que decrete el mismo, ante esta Alzada colegiada, ello no solo en atención al cumplimiento del principio de la doble instancia, cuyo derecho para las partes en juicio, es inherente al debido proceso, sino por la trascendental consecuencia de su decreto, a saber, la terminación del proceşo disciplinario. página original (tal como se publicó) [Página 14] Ahora bien, la atipicidad del hecho, esgrimida por el fallo sometido a consulta, como causal del decreto de sobreseimiento, se encuentra dentro de los Tribunal de Primera Instancia Disciplinaria para su decreto, previa verificación exhaustiva de la actuación de la juzgadora. En tal sentido, se puede evidenciar de la sentencia N° TDJ-SD-2018-96 dictada por el TDJ en fecha 18 de diciembre de 2018, -que esa instancia judicial decretó el sobreseimiento de la investigación seguida a la jueza IRENE GRISANTI CANO, de conformidad con el numeral 2, del artículo del 71 del vigente Código de Ética; asimismo ordenó la remisión del expediente a los efectos de la consulta obligatoria prevista en el último párrafo del decrete el sobreseimiento, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco días siguientes; por todo lo antes expuesto esta Alzada Disciplinaria. Judicial se declara competente para conocer el presente asunto sometido a su consideración. Y así se declara.- IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Determinada la competencia, pasa esta Corte Disciplinaria Judicial a emitir el respectivo pronunciamiento, previa las siguientes consideraciones: Esta Corte Disciplinaria Judicial, en reiterados fallos ha referido que el sobreseimiento previsto en la norma adjetiva disciplinaria, constituye una forma de concluir los procesos disciplinarios judiciales, en forma anticipada, al evidenciarse la procedencia de uno de los supuestos contenidos en dicha norma (el hecho objeto del proceso no se realizó, no puede atribuírsele al juez denunciado, que el hecho no sea típico, que la acción disciplinaria ha prescrito, que resulte acreditada la cosa juzgada, que no exista la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación o la muerte del juez), y cuya comprobación por parte del órgano disciplinario de primera instancia judicial deberá ser, por mandato de ley, consultada por ante el órgano superior disciplinario, conllevando, como consecuencia su confirmación, la extinción del proceso disciplinario judicial y la imposibilidad de perseguir nuevamente al sujeto de derecho a favor de quien es dictado el sobreseimiento, en razón de su carácter de cosa juzgada. (Vid. Sentencia N° 13, de fecha 20 de octubre de 2016 Corte Disciplinaria Judicial). En ese sentido, observa esta Alzada que la IGT solicitó el sobreseimiento de la investigación de conformidad con lo establecido en el artículo 71 numeral 2 del Código de Ética vigente, por considerar que la actuación de la Jueza Código de Éticà, concluyendo que los hechos denunciados, no revisten carácter disciplinario, asimismo, la primera instancia disciplinaria luego de analizar los investigado no es típicamente sancionable, por lo que coincidió en decretar el sobreseimiento de conformidad con el artículo 71.2 del Código de Ética, al considerar la falta de tipicidad del hecho. En tal sentido, resulta conveniente destacar que la mencionada causal de sobreseimiento exige para su aplicación, la imposibilidad de encuadrar el hecho presuntamente cometido por el investigado en algún tipo disciplinario, es decir, luego de realizar un ejercicio intelectual por parte del operador de justicia disciplinario para tratar de enmarcar la conducta presuntamente reprochable realizada por el juzgador, constata que dicha actuación no se encuentra prevista como cuestionada disciplinariamente y por tanto no sujeta a sanción, dicha causal tiene estrecha relación con los Principios de Legalidad y Tipicidad, sobre los cuales ha resaltado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2388 del 21 de noviembre de 2001 "... que le corresponde a la ley definir todas aquellas conductas que pudieran calificarse como delitos y que por tanto, acarrearían penas y sanciones, tal exigencia se encuentra consagrada en la norma prevista en el arículo 49, numeral 6 de la Constitución vigente cuando administrativas, y en consecuencia, "(..) 6. [ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes...". Asimismo, el autor Gabriel Darío Jarque en su obra 'El Sobreseimiento en el Proceso Penal', en relación a la causal de atipicidad señala que la misma consiste en que estando perfectamente determinado el hecho que motivara el inicio de la investigación -y ello, como condición sine qua non para su viabilidad-, el mismo .sanción." En el caso sub examine, cuyo hecho presuntamente disciplinable lo constituye la admisión por parte de la Jueza denunciada de una demanda de cumplimiento de contrato de arrendamiento interpuesta por los ciudadanos VITO MIRTOLINI y MAURO MIRTOLINI en contra de la ciudadana ANA FERNANDEZ (denunciante), fundamentada en un presunto "psedu contrato" acompañado en copia simple y sin la firma de la demandada-denunciante y que además dictó medida precautelativa de secuestro violando sus derechos legales y constitucionales, quienes aquí deciden pudieron constatar lo siguiente: Resulta necesario para esta Alzada analizar el contenido de las actuaciones cuestionadas por la denunciante y analizadas por el a quo a los fines de verificar la existencia o no de lo afirmado por la denunciante, y en tal sentido quienes aquí deciden pudieron constatar que corre inserto al folio 199 de la pieza 1, del presente expediente, copia certificada de auto de fecha 02 de noviembre de 2009, suscrito por la Jueza denunciada mediante el cual admite la demanda interpuesta por considerar que no era contraria a derecho de conformidad con lo establecido en el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, ordenó la citación de la parte demandada ciudadana ANA FERNÁNDEZ y en cuanto a la medida cautelar solicitada señaló que proveería por auto separado. (Es Instancia Superior observó, que los demandantes junto al contrato de arrendamiento adjuntaron recibo de devolución de depósito de fecha 21 de junio de 2006 suscrito por el ciudadano VITO MIRTOLINI y como arrendataria del Apartamento 102 del Edificio San Bosco, la ciudadana ANA FERNÁNDEZ presentaron copias del expediente N° S-06-1813, de solicitud de notificación judicial, cuya fecha de entrada es el 06-10-de 2006, tramitada ante el Juzgado Décimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contentivo de: escrito dirigido a la ciudadana ANA FERNÁNDEZ de no renovación de contrato de arrendamiento y prorroga legal de dos (02) años para desocupación; Poder general otorgado a abogados por el ciudadano Vito Mirlolini como presidente de la Administradora Urbis C.A.; copias del contrato de arrendamiento suscrito por el arrendador-demandante y con el nombre de la ciudadana Ana Fernández como arrendataria, sin su firma; auto de fecha 10-10- 2006 emanado del antes citado Juzgado Décimo Tercero de Municipio, acordando practicar la notificación judicial; y auto en el cual se acordó librar cartel de notificación para complementar notificación, indicando que estando constituido el Tribunal en Apartamento objeto de la demanda no fueron atendidos, y el referido cartel de notificación y constancia de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, actuaciones que corren insertas a los.folios 184 al 198, de la pieza N° 1 del presente expediente. De las actuaciones antes descritas, se puede observar la existencia de denunciante ANA FERNÁNDEZ y los demandantes VITO MIRTOLINI y MAURO MIRTOLINI, por lo que esta instancia superior estima que la Jueza denunciada dictó el citado auto de admisión fechado el 02 de noviembre de 2009, en uso de sus facultades jurisdiccionales y que además sus actuaciones fueron de objeto revisión a través del recurso apelación. Y así se establece. página original (tal como se publicó) [Página 15] Igualmente, se pudo evidenciar que en fecha 14 de diciembre de 2009, la Jueza investigada acordó abrir Cuaderno de Medidas y en esa misma fecha decretó medida de secuestro sobre el inmueble objeto de la demanda al considerar evidenciada la relación arrendaticia y llenos los extremos legales previstos en el artículo 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (Folio 219 y 55, pieza N° 1). El mencionado artículo 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios establece que "La prórroga legal opera de pleno derecho y vencida la misma, el arrendador podrá exigir del arrendatario el cumplimiento de su obligación. de entrega del inmueble arrendado. En este caso, el Juez a solicitud del arrendador, decretará el secuestro de la cosa arrendada y ordenará el depósito de la misma en la persona del propietario del inmueble, quedando afectada la cosa para responder al arrendatario, si hubiere lugar a ello." Negrillas de esta Corte. Sobre este tema, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 1163 de fecha 11 de agosto de 2009, en referencia al artículo 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios vigente para la época señaló lo siguiente: el legislador estableció la figura del secuestro de la cosa arrendada en unos términos diferentes a los de otros secuestros u otras medidas cautelares en los demás procedimientos, ya que, no le otorgó al juez la facultad potestativa.de otorgar la o no, dependiendo de si cumple con los extremos legales establecidos en:el Código de Procedimiento Civil, sino que, una vez solicitada. por el arrendador, el juez "decretará" de manera-imperativa, el secuestro, y ordenará el depósito de la misma en la persona del propietario del inmueble. De lo anteriormente explanado, se puede colegir que la Jueza denunciada se encontraba habilitada para dictar la mencionada medida de secuestro con prescindencia de los requisitos del artículo 585 del Código Civil, ya que el vencimiento de la prórroga legal era suficiente para su procedencia, tal como lo establecía el artículo 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios vigente para ese momento. Y así se establece. Corolario de todo lo antes narrado, debe reafirmar esta alzada lo dictaminado por el TDJ, en cuanto a que los hechos denunciados no revisten carácter disciplinario, pues tal como se ha expresado en el presente falo, son actuaciones propias de las funciones del juez, fundamentadas igualmente en el -artículo 4 del Código de Ética que le concede a los juzgadores autonomía e independencia en el ejercicio de la función judicial de la cual están investidos para dictar sus decisiones basados en la interpretación de la ley y el derecho, ciñendo tal actividad a los principios consagrados en la constitución y el ordenamiento jurídico. En tal sentido y visto lo constatado en autos, quienes aquí deciden consideran acertado lo expuesto por el TDJ, en relación a que efectivamente el hecho constitutivo de la denuncia realizada por la ciudadana ANA TERESA FERNÁNDEZ, resultan atípicos y no censurables disciplinariamente, debiendo en consecuencia esta Alzada, confirmar el sobreseimiento decretado por el Tribunal de Primera Instancia Disciplinaria, por cuanto el hecho denunciado no reviste carácter disciplinario. Y así se decide. - En razón de los fundamentos antes expuestos esta Corte Disciplinaria Judicial, declara RESUELTA la consulta obligatoria de la sentencia N° TDJ-SD- 2018-96, dictada en fecha 18 de diciembre de 2018, con motivo del sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana IRENE GRISANTI CANO, titular de la cedula de identidad N° 6.816.182, Jueza Titular del Juzgado Metropolitana de Caracas. Se CONFIRMA la citada sentencia N° TDJ-SD-2018- 96, dictada en fecha 18 de diciembre de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual DECRETÓ el sobreseimiento de la investigación disciplinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.2 del Código de Ética. Y así se decide.- V DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: RESUELTA la consulta obligatoria de la sentencia N° TDJ-SD-2018-96, dictada en fecha 18 de diciembre de 2018, con motivo del sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana IRENE GRISANTI CANO, titular de la cedula de identidad N° 6.816.182, Jueza Titular del Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SD-2018- 96, dictada en fecha 18 de diciembre de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual DECRETÓ el sobreseimiento de la investigación disciplinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.2 del Código de Ética, en virtud de que el hecho denunciado no reviste carácter disciplinario. Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial. Remitase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales, de conformidad con el artículo 91 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Cúmplase lo ordenado. Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Dada, sellada y firmada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas a los veintidós (22) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021). Año 211° de la Independencia y 162°de la Federación. JUEZA PRESIDENTA-PONENTE MERLY MORALES HERNÁNDE JUBZA VICEPRESIDENTA, ANA CECILIA ZULUERA RODRIGUEZ INAI JUEZA INTEGRANTE, MARÍA ALEJANDRA DÍAZ MARÍN SECRETARIO, 4 TOMÁS MALAVE EXP. N° AP61-S-2018-000093 Hoy veintidos (22) de: jujo del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 11:00 am., se publicó la anterior decisión-bajo el N° 03 El Secretario (E) TomasMalave SECRETARIA página original (tal como se publicó) [Página 16] DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXLVIII - MES XI Número 42.203 Caracas, miércoles 1° de septiembre de 2021 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas — Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 16 páginas, costo equivalente a 6,85 % valor Unidad Tributaria DE VENEZUELA. Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo I3. En la GACETAOFICIALDELAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional. Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos. página original (tal como se publicó)