[Página 1] AÑO CXLVI - MES III Número 41.547 Caracas, lunes 17 de diciembre de 2018 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 3.703 17 de diciembre de 2018 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 11 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con el artículo 2° de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2018, en Consejo de Ministros. DECRETO Artículo 1°. Un Traspaso de Créditos Presupuestarios que incrementa el gasto corriente en detrimento del gasto de capital, por la cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 1.700.000,00), al Presupuesto de Egresos vigente del MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN, cuya imputación presupuestaria es la siguiente: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Bs.S 1.700.000,00 Acción Centralizada: 0710002000 "Gestión administrativa" " 1.700.000,00 Acción Específica: 0710002001 "Apoyo institucional a las acciones específicas de los proyectos del organismo" " 1.700.000,00 DE: Partida: 4.04 "Activos reales" " 1.700.000,00  Otras Fuentes Sub-Partidas Genéricas, Específicas y Sub-Específicas: 01.01.02 "Repuestos mayores para equipos de transporte, tracción y elevación" " 1.000.000,00 01.02.02 "Reparaciones, mejoras y adiciones mayores de equipos de transporte, tracción y elevación" " 700.000,00 SUMARIO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto Nº 3.703, mediante el cual se autoriza un Traspaso de Créditos Presupuestario que incrementa el Gasto Corriente en detrimento del Gasto del Capital, del Ministerio del Poder Popular de Planificación, por la cantidad que en él se menciona. VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Resolución mediante la cual se establece la “Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de la Vicepresidencia de la República para el Ejercicio Económico Financiero 2019”, y se designan a la ciudadana y a los ciudadanos que en ella se mencionan, como responsables de las Unidades Administradoras que en ella se especifican. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES Resolución mediante la cual se ordena el cese en sus funciones al ciudadano Fausto Gerardo Fernández Borge, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acreditada ante el Reino Hachemita de Jordania. Resoluciones mediante las cuales se designan a los ciudadanos que en ellas se mencionan, como Encargados de Negocios y Jefe de las Embajadas que en ellas se especifican. Resoluciones mediante las cuales se encargan a los ciudadanos que en ellas se mencionan, la gestión de las Unidades Administradoras que en ellas se especifican, correspondientes a las Embajadas que en ellas se señalan. BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Resolución mediante la cual se dictan las Normas Generales sobre los sistemas de pago y proveedores no bancarios de servicios de pago que operan en el país. Aviso Oficial mediante el cual se informa al público en general los sistemas de pago que operan en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y sus respectivos administradores, que han sido reconocidos, calificados según su impacto y autorizados por ese Instituto. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE Acta. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO Resolución mediante la cual se establece la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de este Ministerio, para el Ejercicio Fiscal 2019, y se designa a la ciudadana Katiuska Andreína Camaripano Matiz, como Cuentadante responsable de la Unidad Administradora Central. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Corte Disciplinaria Judicial Decisiones mediante las cuales la Corte Disciplinaria Judicial se pronuncia con relación al Sobreseimiento de las investigaciones seguidas a la ciudadana y al ciudadano que en ellas se mencionan. DEFENSA PÚBLICA Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se señalan. MINISTERIO PÚBLICO Resolución mediante la cual se modifica las funciones de las Unidades de Atención a la Víctima. página original (tal como se publicó) [Página 2] 444.782 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 17 de diciembre de 2018 Refrendado La Vicepresidenta Ejecutiva de la República y Primera Vicepresidenta del Consejo de Ministros (L.S.) DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.) JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.) NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa y Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz (L.S.) VLADIMIR PADRINO LÓPEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y Vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura (L.S.) JORGE JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas (L.S.) SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO Refrendado El Ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional y Vicepresidente Sectorial de Economía (L.S.) TARECK EL AISSAMI Refrendado El Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional (L.S.) WILLIAN ANTONIO CONTRERAS Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional (L.S.) YOMANA KOTEICH KHATIB Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, (L.S.) WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO Refrendado La Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana (L.S.) MAYELIN RAQUEL ARIAS Refrendado El Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura (L.S.) DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA PARA: Partida: 4.02 "Materiales, suministros y mercancías" " 1.700.000,00  Otras Fuentes Sub-Partidas Genéricas, Específicas y Sub-Específicas: 05.99.00 "Otros productos de pulpa, papel y cartón" " 41.880,00 06.03.00 "Tintas, pinturas y colorantes" " 64.676,00 06.99.00 "Otros productos de la industria química y conexos" " 120.000,00 08.02.00 "Productos de metales no ferrosos" " 90.540,00 10.11.00 "Materiales eléctricos" " 859.904,00 10.12.00 "Materiales para instalaciones sanitarias" " 523.000,00 Artículo 2°. Los Ministros del Poder Popular de Economía y Finanzas y, de Planificación, quedan encargados de la ejecución de este Decreto. Artículo 3°. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) LUIS ALBERTO MEDINA RAMÍREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Turismo (L.S.) STELLA MARINA LUGO DE MONTILLA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo (L.S.) MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (L.S.) VÍCTOR HUGO CANO PACHECO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Vicepresidente Sectorial de Planificación (L.S.) RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (L.S.) CARLOS HUMBERTO ALVARADO GONZÁLEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ Dado en Caracas, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil dieciocho. Años 208° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.) página original (tal como se publicó) [Página 3] Lunes 17 de diciembre de 2018 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 444.783 Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) CARYL LYNN BERTHO DE ACOSTA La Ministra del Poder Popular de Atención de las Aguas (L.S.) EVELYN BEATRIZ VÁSQUEZ FIGUERA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte (L.S.) PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARÍA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (L.S.) GERMAN EDUARDO PIÑATE RODRÍGUEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación y Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones (L.S.) ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (L.S.) HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo (L.S.) HERYCK RANNYER RANGEL HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (L.S.) ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDI Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.) BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Transporte (L.S.) HIPÓLITO ANTONIO ABREU PÁEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular de Obras Públicas (L.S.) MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios (L.S.) LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ Refrendado El Ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz (L.S.) GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA página original (tal como se publicó) [Página 4] Dirección General de Tecnología de la 00007 Información Dirección General de Comunicación 00008 y Relaciones Institucionales Dirección General de Planificación 60000 Estratégica y Presupuesto Oficina de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 00010 Nacional de Derechos Humanos Dirección General de Delegaciones e 20001 Instrucciones Presidenciales Dirección General de Seguimiento y 20002 Control de las Políticas Públicas Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese, Por el Ejecutivo Nacional DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÖMEZ Vicepresidenta Ejecutiva MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Despacho del Ministro DM N° 4 3 6 Caracas, 1 2 DIC 2018 208° / 159° / 190 RESOLUCIÓN El ciudadano, Jorge Alberto Arreaza Montserrat, titular de la cédula de identidad N° V-11.945.178, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, designado mediante Decreto N° 3.015 del 02 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°41.205 del 02 de agosto de 2017, y ratificado mediante Decreto N° 3.464 del 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°41.419 de esa misma fecha, siguiendo las instrucciones del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con lo previsto en el artículo 65 y en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 78, numeral-19 del Decreto N° 1.424, mediante el cual se dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 del 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo establecido en los artículos 7, 10 y en la Disposición Derogatoria Primera de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.217 del 30 de julio de 2013. RESUELVE PRIMERo. Cesar, al ciudadano Fausto Gerardo Fernández Borge, titular de la cédula de identidad N° V-2.944.51.8, en funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acreditada ante el Reino Hachemita de Jordania. SEGunDo. El referido cese surtirá efecto transcurridos treinta (30) días de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Se instruye a la Oficina de Gestión Humana para que notifique a la parte interesada cumpliendo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT MINISTRO República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Despacho del Ministro 4 3 4 DM N° Caracas, 1 2 DIC 2018 208° / 159° / 190 RESOLUCIÓN El ciudadanO JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT, titular de la cédula de identidad N° V-11.945.178, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, designado mediante Decreto N° 3.015 del 02 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.205 del 02 de agosto de 2017, y ratificado mediante Decreto N° 3.464 del 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de esa misma fecha de conformidad con lo previsto en los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 del 17 de noviembre de 2014, en la Disposición Derogatoria Primera de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.217 de fecha 30 de julio de 2013, en virtud de la cual se mantiene vigente los artículos 7 y 58 de la Ley de Servicio Exterior. RESUELVE PRIMERo. Designar, al ciudadano Omar Vielma Osuna, titular de la cédula de identidad N° V-5.887.907, como Encargado de Negocios Ad Hoc, en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acreditada ante el Reino Hachemita de Jordania. sEGundo. La referida designación entrará en vigor a partir de la toma de posesión en el destino indicado. Se instruye a la Oficina de Gestión Humana para que notifique a la parte interesada cumpliendo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Comuníquese y Publíquese, WS JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT MINISTRO página original (tal como se publicó) [Página 5] República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Despacho del Ministro DM No 437 Caracas, 1 2 DIC 2018 208° / 159° / 190 RESOLUCIÓN El ciudadanO JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT, titular de la cédula de identidad N° V-11.945.178, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Vénezuela, designado mediante Decreto N° 3.015 del 02 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.205 del 02 de agosto de 2017, y ratificado mediante Decreto N° 3.464 del 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vanezuela N° 41.419 de esa misma fecha de conformidad con lo previsto en los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 del 17 de noviembre de 2014, en la Disposición Derogatoria Primera de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.217 de fecha 30 de julio de 2013, en virtud de la cual se mantiene vigente los artículos 7 y 58 de la Ley de Servicio Exterior. RESUELVE PRIMERO. Designar, al ciudadano Daniel David Gasparri Rey, titular de la cédula de identidad N° V-6.730.515, como Encargado de Negocios Ad Hoc, en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acreditada ante el Reino de Marruecos. sEGunDo. La referida designación entrará en vigor a partir de la toma de posesión en el destino indicado. Se instruye a la Oficina de Gestión Humana para que notifique a la parte interesada cumpliendo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT MINISTRO República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Despacho del Ministro DM No441 Caracas, 1 2 DIC 2018 208° / 159° / 190 RESOLUCIÓN El ciudadano, Jorge Alberto Arreaza Montserrat, titular de la cédula de identidad N° V-11.945.178, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, designado mediante Decreto N° 3.015 del 02 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.205 del 02 de agosto de 2017, y ratificado mediante Decreto N° 3.464 del 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de esa misma fecha, siguiendo las instrucciones del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con lo previsto en el artículo 65 y en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 78, numeral 19 del Decreto N° 1.424, mediante el cual se dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 del 17 de noviembre de 2014. RESUELVE PRIMERo. Designar, al ciudadano José Durabio Moros Savelli, titular de la cédula de identidad N° V-14.095.191, como Jefe de H.! Misión, en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acreditada ante la Mancomunidad de Dominica. SEGunDo. La referida designación entrará en vigor a partir de la toma de posesión en el destino indicado. Se instruye a la Oficina de Gestión Humana para que notifique a la parte interesada cumpliendo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Comuníquese y Publíquese, MONTSERRAT JORGE ALBERTO ARREAZA MINISTRO 13.3 República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Despacho del Ministro 435 DM N° Caracas, 1 2 DIC 2018 208° / 159° / 190 RESOLUCIÓN El ciudadanO JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT, titular de la cédula de identidad N° V-11.945.178, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, designado mediante Decreto N° 3.015 del 02 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.205 del 02 de agosto de 2017, y ratificado mediante Decreto N° 3.464 del 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de esa misma fecha de conformidad con lo previsto en. los artículos 34, 37, 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 del 17 de noviembre de 2014, en la Disposición Derogatoria Primera de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.217 de fecha 30 de julio de 2013, en virtud de la cual se mantiene vigente los artículos 7 y 58 de la Ley de Servicio Exterior, y en atención a lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Publico, sobre el Sistema página original (tal como se publicó) [Página 6] Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 del 12 de agosto de 2005. RESUELVE PRIMERo. Encargar al ciudadano Omar Vielma Osuna, titular de la cédula de identidad N° v-5.887.907, la gestión de la Unidad Administradora N° 44119, correspondiente a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acreditada ante el Reino Hachemita de Jordania. sEGunpo. Se le atribuye al ciudadano en mención, la suscripción de los contratos de arrendamientos destinados al cumplimiento de las funciones de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acreditada ante el Reino Hachemita de Jordania, bajo las normas tendentes a la eliminación de los gastos suntuarios, y previo cumplimiento de las formalidades respectivas. TERcEro. El presente acto administrativo entrará en vigor a partir de la toma de posesión en el destino indicado. Se instruye a la Oficina de Gestión Humana para que notifique a la parte interesada cumpliendo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 2 JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT MINISTRO República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Despacho del Ministro DM N 4 3 8 Caracas, 1 2 DIC 2018 208° / 159°/ 190 RESOLUCIÓN El ciudadano JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT, titular de la cédula de identidad N° V-11.945.178, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, designado mediante Decreto N° 3.015 del 02 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.205 del 02 de agosto de 2017, y ratificado mediante Decreto N° 3.464 del 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de esa misma fecha de conformidad con lo previsto en los artículos 34, 37, 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 del 17 de noviembre de 2014, en la Disposición Derogatoria Primera de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.217 de fecha 30 de julio de 2013, en virtud de la cual se mantiene vigente los artículos 7 y 58 de la Ley de Servicio Exterior, y en atención a lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del Reglamento N° 1 de la- Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Publico, sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 del 12 de agosto de 2005. RESUELVE PRIMERo. Encargar al ciudadano Daniel David Gasparri Rey, titular de la cédula de identidad N° V-6.730.515, la gestión de la Unidad Administradora N° 43112, correspondiente a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acreditada ante el Reino de Marruecos. SEGunDo. Se le atribuye al ciudadano en mención, la suscripción de los contratos de arrendamientos destinados al cumplimiento de las funciones de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acreditada ante el Reino de Marruecos, bajo las normas tendentes a la eliminación de los gastos suntuarios, y previo cumplimiento de las formalidades respectivas. TERcERo. El presente acto administrativo entrará en vigor a partir de la toma de posesión en el destino indicado. Se instruye a la Oficina de Gestión Humana para que notifique a la parte interesada cumpliendo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Comuníquese y Publíquese, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT MINISTRO República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Despacho del Ministro 442 DM N° Caracas, 1 2 DIC 2018 208° / 159° / 190 RESOLUCIÓN El ciudadanO JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT, titular de la cédula de identidad N° V-11.945.178, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, designado mediante Decreto N° 3.015 del 02 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.205 del 02 de agosto de 2017, y ratificado mediante Decreto N° 3.464 del 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de esa misma fecha de conformidad con lo previsto en los artículos 34, 37, 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 del 17 de noviembre de 2014, en la Disposición Derogatoria Primera de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.217 de fecha 30 de julio de 2013, en virtud de la cual se mantiene vigente los artículos 7 y 58 de la Ley de Servicio Exterior, y en atención a lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del, Sector Publico, sobre el Sistema página original (tal como se publicó) [Página 7] Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 del 12 de agosto de 2005. RESUELVE PRIMERo. Encargar al ciudadano José Durabio Moros Savelli, titular de la cédula de identidad N° V-14.095.191, la gestión de la Unidad Administradora N° 41306, correspondiente a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acreditada ante la Mancomunidad de Dominica. sEGunDo. Se le atribuye al ciudadano en mención, la suscripción de los contratos de arrendamientos destinados al cumplimiento de las funciones de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acreditada ante la Mancomunidad de Dominica, bajo las normas tendentes a la eliminación de los gastos suntuarios, y previo cumplimiento de las formalidades respectivas. TERcERo. El presente acto administrativo entrará en vigor a partir de la toma de posesión del referido cargo en el destino indicado. Se instruye a la Oficina de Gestión Humana para que notifique a la parte interesada cumpliendo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Comuníquese y Publíquese, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT MINISTRO BANCO CENTRAL DE VENEZUELA BANCO CENTRAL DE VENEZUELA RESOLUCIÓN N° 18-12-01 El Directorio del Banco Central de Venezuela, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 7 numeral 8); 21 numeral 18); 61, 63 y 65 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que rige al Instituto: Resuelve: Dictar las siguientes: NORMAS GENERALES SOBRE LOS SISTEMAS DE PAGO Y PROVEEDORES NO BANCARIOS DE SERVICIOS DE PAGO QUE OPERAN EN EL PAÍS Capítulo I Disposiciones Generales Artículo 1. La presente Resolución tiene por objeto determinar el procedimiento que deberán cumplir aquellos sujetos que pretendan administrar un sistema de pago o fungir como proveedores no bancarios de servicios de pago, para que puedan desarrollar su actividad en el país; así como establecer los términos y condiciones bajo los cuales los sistemas de pago debidamente reconocidos y autorizados por el Banco Central de Venezuela, podrán operar en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, su calificación, y el régimen de garantías aplicable a los sujetos que intervienen en los mismos, con el fin de propiciar su adecuado y eficiente funcionamiento dentro de los más altos niveles de seguridad para los participantes y el público en general. Artículo 2. A los efectos de la presente Resolución, los términos que se mencionan a continuación tendrán los siguientes significados: Administrador de un Sistema de Pago: Toda persona jurídica, 1. pública o privada, de carácter financiero o no, que opere un Sistema de Pago y coordine la actuación de los participantes en el mismo, siempre y cuando hubiere sido autorizado como tal por el Banco Central de Venezuela. Beneficiario: Persona natural o jurídica receptora de los fondos y/o 2. valores resultantes de una operación de transferencia en un Sistema de Pago. 3. Cese de operaciones: Cierre de operaciones de un participante, que tenga por efecto la suspensión o la imposición de limitaciones de las órdenes de transferencia o de los pagos que pueda o deba realizar dentro del Sistema de Pago, en virtud de medidas administrativas o judiciales acordadas a ese efecto. Compensación: Proceso mediante el cual se sustrae del conjunto 4. de derechos de cada participante, las obligaciones que mantienen con los demás participantes en un Sistema de Pago, provenientes de la ejecución de órdenes de transferencia de fondos y/o valores aceptadas en el Sistema para un determinado período. Los derechos y obligaciones son sustituidos así por un único derecho o por una única obligación (saldo neto resultante), cuya liquidación se efectúa de conformidad con las normas de funcionamiento del Sistema. Cuenta producto: Cuenta asociada a un instrumento de pago que 5. no requiere de identificación personal para ser abierta y se utiliza, exclusivamente, para realizar pagos de bajo valor, cuyo saldo no podrá exceder el monto equivalente en bolívares (Bs.) de un (1) salario mínimo. Cuenta transaccional: Registro de los movimientos contables de 6. los usuarios de servicios de pago, originados por la ejecución de las actividades vinculadas a la prestación de tales servicios. 7. Esquema de Prepago de Servicios: Servicios donde los fondos entregados en calidad de pago adelantado, son mantenidos por el propio prestador del servicio. Garantía: Activo realizable, incluido el dinero, afectado 8. jurídicamente para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los participantes en un Sistema de Pago, derivadas de la ejecución de órdenes de transferencia de fondos y/o valores y de los saldos netos resultantes de su compensación. 9. Impacto Sistémico: Refiere a los efectos negativos transmitidos a los participantes o en el conjunto del sector financiero, generados cuando el Sistema de Pago de que se trate presenta fallas. 10. Instrumento de pago: Es la herramienta física o virtual que se utiliza para llevar a cabo una instrucción de pago. 11. Liquidación: Acto por medio del cual se extingue una obligación de pago entre dos (2) participantes en un Sistema de Pago, 0 entre un (1) la transferencia y registro de los correspondientes fondos desde la cuenta de liquidación de un (1) participante a la cuenta de liquidación de otro participante, o de dicho Administrador. 12. Otros Sistemas de Pago: Son aquellos Sistemas de Pago que no generan importancia sistémica o relevante al presentar fallas en su funcionamiento. 13. Participante: Institución financiera, proveedor de servicios de pago o entidades autorizadas por un Administrador de un Sistema de Pago, que haya sido aceptado por este último como un emisor o receptor válido para la transferencia de fondos y/o valores en el Sistema. 14. Proveedor No Bancario de Servicios de Pago: Persona jurídica pública o privada autorizada por el Banco Central de Venezuela para prestar en el país y en moneda nacional, los servicios de pago contemplados en la presente normativa. Estas entidades podrían estar conectadas entre sí mediante su participación en Sistemas de Pago. 15. Riesgo sistémico: Riesgo de que el incumplimiento de las obligaciones por parte de un participante en un sistema de transferencia o, en general, en los mercados financieros, pueda hacer que otros participantes o instituciones financieras no sean capaces a su vez de cumplir con sus obligaciones (incluidas la liquidación en un sistema de transferencia) al vencimiento de las mismas. Tal incumplimiento puede causar problemas significativos de liquidez o de crédito y amenazar la estabilidad de los mercados financieros. 16. Servicio de pago: Ejecución de orden de transferencia instruida por los usuarios de un Proveedor no Bancario de Servicios de Pago con cargo a los fondos que mantengan en sus respectivas cuentas. 17. Sistema(s) de Pago: Conjunto de normas, acuerdos y procedimientos, que tengan por objeto principal la tramitación y ejecución de órdenes de transferencia de fondos y/o valores, entre sus participantes. 18. Sistemas de Pago de importancia relevante: Son aquellos que, sin representar un riesgo sistémico, resultan indispensables para el correcto funcionamiento de la transaccionalidad de la economía, pues atienden necesidades no cubiertas por otros Sistemas, teniendo un impacto sobre la continuidad operativa del sistema financiero. 19. Sistemas de Pago de importancia sistémica: Son aquellos que, en caso de presentar fallas en su funcionamiento o de materializarse un riesgo de crédito o de liquidez, pudieran transmitir efectos negativos a mayor escala, creando alteraciones sistémicas en el conjunto del sector financiero. página original (tal como se publicó) [Página 8] Capítulo II Calificación, reconocimiento y autorización de funcionamiento de los Sistemas de Pago y autorización de sus Administradores Artículo 3. Los Sistemas de Pago que operan en la República Bolivariana de Venezuela serán debidamente calificados por el Banco Central de Venezuela atendiendo al impacto sistémico que los mismos pueden tener en el sistema financiero, de la manera siguiente: Sistemas de Pago de Importancia Sistémica. (e b) Sistemas de Pago de Importancia Relevante. c) Otros Sistemas de Pago. Artículo 4. La operación de todo Sistema de Pago en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela estará sujeta al reconocimiento y autorización del Banco Central de Venezuela. El acto de reconocimiento y autorización a que se contrae el presente artículo comportará asimismo el de los Administradores del Sistema de Pago de que se trate. El acto mediante el cual se efectúe el reconocimiento y autorización de un Sistema de Pago indicará asimismo su respectiva calificación, y será notificado a sus Administradores así como publicado en la página web del Banco Central de Venezuela. Artículo 5. Para obtener el reconocimiento y la autorización a que se refiere el artículo anterior, los interesados deberán remitir la respectiva solicitud al Banco Central de Venezuela, debiendo suministrar la información que sea requerida por éste, acompañada de los recaudos previstos en la Circular dictada al efecto por dicho Instituto. Parágrafo Primero: Como condición para el reconocimiento y autorización de un Sistema de Pago, su Administrador no debe estar incurso en alguno de los supuestos de inhabilitación o de incompatibilidad establecidos para el ejercicio de la actividad bancaria, financiera, del mercado de capitales o asegurador, y deberá comprometerse a mantener actualizada la documentación soporte entregada conforme al presente artículo, a notificar cualquier cambio o modificación que se produzca respecto de la misma, así como a suministrar toda la información que le sea requerida por el Banco Central de Venezuela. Parágrafo Segundo: El Banco Central de Venezuela se reserva el derecho de modificar o revocar en cualquier momento el acto de reconocimiento y autorización a que se contrae el presente artículo, así como la calificación que haya sido otorgada a un Sistema de Pago, cuando existan circunstancias que, a juicio del Directorio del Instituto, así lo justifiquen. Las modificaciones o revocatorias serán notificadas mediante comunicación dirigida al Administrador del Sistema de Pago respectivo y a través de Aviso Oficial debidamente publicado en la pagina web del Ente Emisor. Artículo 6. Son obligaciones de los Administradores de los Sistemas de Pago las siguientes: Asegurar la disponibilidad y operatividad del Sistema durante su a) horario de funcionamiento; b) Suscribir y mantener vigentes los contratos de servicios con los participantes del Sistema; Establecer las normas internas de funcionamiento del Sistema; (b Procesar las órdenes de transferencia recibidas a través del Sistema, en la forma y condiciones establecidas en sus normas de funcionamiento interno; Establecer mecanismos de control para garantizar la confidencialidad e) de la informacion atinente a las transacciones cursadas por los participantes a través del Sistema; Crear un fondo de reserva compuesto por activos de fácil liquidación f) por un monto mínimo equivalente a los gastos operativos de los últimos seis (6) meses, cuyo destino será cubrir los gastos derivados de un posible proceso de liquidación ordenada; Notificar al Banco Central de Venezuela y a los participantes del Sistema de Pago cuando se encuentre en una situación que amerite su salida del negocio; dicha notificación deberá efectuarse con una antelación no menor a seis (6) meses contados a partir de la fecha del cierre de operaciones; h) Fijar el proceso para constituir las garantías a que se refiere el artículo 10 de la presente Resolución cuando el Sistema de Pago que administren amerite dicha medida; Aplicar procedimientos de seguridad informática que permitan minimizar los riesgos en el procesamiento de las órdenes cursadas a través del Sistema de Pago; Definir planes de contingencia y actuar de conformidad con ellos cuando se presenten fallas operacionales que reduzcan o interrumpan el normal curso de las transacciones en el Sistema de Pago que administran; Disponer de procesos de protección y de atención de reclamos de los participantes del Sistema de Pago que administran, originados por las operaciones cursadas con sus usuarios; Tener a disposición del Banco Central de Venezuela la I) documentación actualizada en la que conste el cumplimiento de los requerimientos funcionales, técnicos y operacionales contenidos en la presente Resolución; m) Remitir anualmente al Banco Central de Venezuela un informe de auditoría realizado por una firma de auditores externos en el que conste el cumplimiento de los requerimientos funcionales, técnicos y operacionales contenidos en la presente Resolución; n) Desarrollar o incorporar las acciones correctivas correspondientes, que el Banco Central de Venezuela le indique en el marco de un programa de ajustes tendentes a corregir desviaciones o a reducir riesgos identificados. Sección I De la compensación y las órdenes de transferencia en los Sistemas de Pago Artículo 7. Los Administradores y participantes de todo Sistema de Pago reconocido y autorizado por el Banco Central de Venezuela deberán almacenar los registros de todas sus transacciones, incluyendo las rechazadas y los ajustes realizados a través del Sistema, para lo cual deberán contar con el soporte tecnológico necesario que les permita el registro y seguimiento íntegro de dichas operaciones, según lo previsto en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y demás normativa aplicable. Artículo 8. Los participantes en un Sistema de Pago en donde se realice la compensación de operaciones, están obligados a liquidar las obligaciones netas resultantes de estos acuerdos. Artículo 9. La liquidación de las órdenes de transferencia en en tiempo real, de obligaciones resultantes del proceso de compensación, y de obligaciones que tengan por objeto liquidar cualesquiera otros compromisos previstos por el Sistema de Pago para asegurar el buen fin de las órdenes de transferencia o de la compensación realizada, serán irrevocables, firmes, vinculantes y exigibles para el participante obligado a su cumplimiento y oponibles frente a terceros al momento de su liquidación, no pudiendo ser anuladas ni impugnadas por ninguna causa. Sección II De las garantías exigidas para asegurar el funcionamiento de los Sistemas de Pago Artículo 10. A los fines de ejercer una adecuada gestión de los riesgos de liquidez, de crédito, operativo y sistémico, y con el objetivo de asegurar el mejor funcionamiento de los Sistemas de Pago, sus Administradores deberán exigir a sus participantes la constitución de garantías cuando: a) El Sistema de Pago sea calificado como de importancia sistémica y cuya liquidación sea compensada y diferida. b) El Sistema de Pago sea calificado como de importancia relevante y se tramiten en el mismo operaciones cuya liquidación sea compensada, diferida y se permita el uso de los fondos por parte del beneficiario de forma inmediata o previa al momento de la liquidación. Artículo 11. Las garantías otorgadas por los participantes, conforme a la normativa de cada Sistema, deben respaldar suficientemente las órdenes de transferencia aceptadas y la compensación y liquidación que resulte de estas. Para su constitución, será requerido el uso de fondos o valores de probada estabilidad y liquidez, que permitan una rápida y fácil ejecución por parte del Administrador del Sistema de Pago al cual pertenece el participante constituyente de la garantía. Artículo 12. Los fondos de garantía constituidos deben ser suficientes a efectos de cubrir, al menos, el monto de las dos (2) posiciones deudoras más altas presentes al momento de la compensación. El origen de los fondos para las garantías puede ser del propio Administrador del Sistema de Pago, de cada participante sobre el total de sus operaciones, o repartidos entre los distintos participantes de acuerdo con las condiciones establecidas por el Administrador del Sistema de Pago. Artículo 13. El Administrador del Sistema de Pago debe dar seguimiento continuo para que los fondos de garantía conformados cubran el monto establecido en el artículo anterior, teniendo la potestad de modificarlo, mediante notificación dirigida a los participantes, cada vez que considere que la evolución de las posiciones deudoras haya hecho insuficiente el fondo de garantía creado. Artículo 14. Las garantías serán ejecutadas cuando las circunstancias así lo ameriten. Las sumas obtenidas de dicha ejecución serán empleadas para pagar las obligaciones derivadas de las órdenes de transferencia de fondos y valores aceptadas, su compensación y liquidación, según corresponda. página original (tal como se publicó) [Página 9] Sección III De la exclusión de un participante de un Sistema de Pago Artículo 15. Los Administradores de los Sistemas de Pago deben implementar mecanismos para el seguimiento y control de sus participantes que les permita determinar el momento de exclusión de uno de ellos cuando: a) Una autoridad haya dictaminado el cese de sus operaciones; o, b) Cuando de acuerdo con la normativa interna del Sistema, los riesgos ameriten su exclusión. Artículo 16. El inicio de un procedimiento de cese de operaciones de un participante de un Sistema de Pago reconocido y autorizado por el Banco Central de Venezuela no producirá efecto sobre las obligaciones que dicho participante haya introducido en el Sistema, para su compensación y/o liquidación. Capítulo III De los Proveedores no Bancarios de Servicios de Pago Artículo 17. Las personas jurídicas, públicas o privadas, que presten o pretendan brindar servicios de pago, distintos a aquellos integrados a infraestructuras de pagos de las instituciones bancarias autorizadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, deberán obtener la respectiva autorización del Banco Central de Venezuela para operar tales servicios en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Parágrafo Único: El Banco Central de Venezuela establecerá, mediante Circular dictada al efecto, los requisitos y aspectos técnicos que deberán cumplir los sujetos interesados en solicitar la aludida autorización. Artículo 18. En la autorización que otorgue el Banco Central de Venezuela conforme a lo previsto en el artículo anterior, se establecerán los términos, condiciones y plazos a los que deberá sujetarse la actuación de cada proveedor de servicio. Artículo 19. Quedan excluidas de la aplicación de las disposiciones relativas a los Proveedores de Servicios de Pago, las instituciones bancarias que realicen actividades vinculadas a la prestación de servicios de pago regidos por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario; aquellas entidades que realicen actividades vinculadas a la prestación de servicios de pago que se encuentren reguladas por ley especial; así como empresas con esquemas de prepago de servicios y cupones de descuento. Artículo 20. El Banco Central de Venezuela llevará un Registro Especial de Proveedores no Bancarios de Servicios Pago, en el cual se incluirán los proveedores a los que se contrae el artículo 18 de la presente Resolución, que hayan obtenido la autorización de funcionamiento prevista en el artículo 19. Dicho registro estará a disposición del público para su consulta a través del portal web del Ente Emisor. Artículo 21. Las personas jurídicas que obtengan la autorización para operar como Proveedores no Bancarios de Servicios de Pago, deberán incluir en su denominación comercial, los términos "Proveedor no Bancario de Servicios de Pago" y/o las siglas "PSP". Asimismo, podrán indicar en su publicidad y/o página web que son un "Proveedor no Bancario de Servicios de Pago autorizado por el Banco Central de Venezuela". Igualmente, los Proveedores no Bancarios de Servicios de Pago deberán declarar en su publicidad y/o página web, de manera expresa, que la administración de los fondos del usuario del servicio es responsabilidad exclusiva del Proveedor no Bancario de Servicios de Pago; que los usuarios pueden solicitar en cualquier momento el retiro o transferencia parcial o total de los fondos disponibles en su cuenta; y que el Banco Central de Venezuela no es responsable ni garantiza los fondos entregados a dicho Proveedor no Bancario de Servicios de Pago. Artículo 22. El Banco Central de Venezuela podrá revocar la autorización que haya otorgado a un Proveedor no Bancario de Servicios de Pago, en caso de: a) Interrupción de la prestación de los servicios de pago durante un período superior a seis (06) meses continuos. b) Insolvencia del Proveedor no Bancario de Servicios de Pago. Verificación de información falsa u otro medio irregular, para la c) obtención de la autorización para operar otorgada por el Banco Central de Venezuela. Renuncia expresa del Proveedor no Bancario de Servicios de Pago a la autorización otorgada por el Banco Central de Venezuela. Parágrafo Único: El Banco Central de Venezuela establecerá los plazos, términos y condiciones para que el cese de las actividades asociadas a la prestación del servicio del Proveedor no Bancario de Servicios de Pago se realice de forma ordenada. Artículo 23. Los Proveedores no Bancarios de Servicios de Pago se encuentran habilitados para llevar a cabo las siguientes actividades: Abrir cuentas transaccionales. 1. 2. Suministrar instrumentos de pago asociados a una cuenta transaccional o una cuenta producto. 3. Efectuar actividades asociadas al manejo de una cuenta, tales como la emisión de estados de cuenta y consultas de saldo. 4. Recibir fondos en efectivo para ser abonados en una cuenta. 5. Retirar fondos en efectivo con cargo a una cuenta. 6. Ejecutar transferencias de fondos u órdenes de pago con cargo a una cuenta. 7. Recibir transferencias de fondos o pagos a ser abonados en una cuenta. 8. Proveer a los clientes de mecanismos para la recepción de pagos. 9. Recibir y enviar remesas en moneda nacional, según instrucción de los usuarios, de fondos asociados a las cuentas. 10. Cualquier otra actividad que sea autorizada por el Banco Central de Venezuela al momento de emitir la autorización de funcionamiento. Artículo 24. Los Proveedores no Bancarios de Servicios de Pago únicamente podrán mantener cuentas de pago cuyo uso exclusivo estará limitado a operaciones de pago. Dichas cuentas no podrán devengar intereses y quedarán sujetas a las limitaciones operativas que se establecen en esta Resolución y las que sean dispuestas en las Circulares que emita el Banco Central de Venezuela. Artículo 25. Los fondos que reciban los Proveedores no Bancarios de Servicios de Pago provenientes de los usuarios, con ocasión de la prestación de sus servicios, no serán considerados como captación de depósitos. Artículo 26. El Proveedor no Bancario de Servicios de Pago deberá llevar un registro y seguimiento activo de las operaciones realizadas por los usuarios y reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF), sobre cualquier evento irregular o sospechoso. Los Proveedores no Bancarios de Servicios de Pago podrán establecer las limitaciones que consideren pertinentes para evitar que sus servicios puedan ser empleados para fines ilícitos. Artículo 27. Los Proveedores no Bancarios de Servicios de Pago autorizados por el Banco Central de Venezuela podrán ser admitidos como participantes de los Sistemas de Pago que operan en el país, de acuerdo con las normativas internas que establezcan cada uno de los Administradores de dichos Sistemas. Parágrafo Único: Las normas de acceso que se establezcan para la admisión de los Proveedores no Bancarios de Servicios de Pago dentro de un Sistema de Pago, deberán ser objetivas, no discriminatorias, proporcionales y no dificultarán el acceso, sin perjuicio de que se realicen las acciones necesarias para prevenir riesgos de crédito, de liquidez, operacional y legal, y garantizar la estabilidad operativa y financiera del propio Sistema de Pago. Artículo 28. El Proveedor no Bancario de Servicios de Pago autorizado por el Banco Central de Venezuela tendrá las siguientes obligaciones: 1. Garantizar que los instrumentos de pago provistos cuenten con elementos de seguridad adecuados que sean accesibles sólo para los usuarios de servicios de pago, y procurar que los mismos no puedan ser vulnerados. 2. Salvaguardar las bases de datos de información personal de los clientes, preservando la integridad de los registros electrónicos, producto de las operaciones de pago. 3. Asumir la responsabilidad por la ejecución defectuosa de las operaciones del usuario de servicios de pago cuando éstas se inicien en el sistema operado por el Proveedor No Bancario de Servicios de Pago. 4. Asegurar que los fondos recibidos se encuentren disponibles para los usuarios en todo momento. 5. Garantizar la disponibilidad de medios adecuados y gratuitos que permitan a los usuarios de servicios de pago mantener una continua comunicación con el Proveedor no Bancario de Servicios de Pago, en particular, en aquellos casos de extravío, sustracción o utilización no autorizada del instrumento de pago. 6. Contar con sistemas de seguridad y de alerta temprana con el fin de evitar la comisión de fraudes. 7. Remitir toda la información que el Banco Central de Venezuela requiera, en los términos y plazos que se estipulen al efecto. Artículo 29. El Banco Central de Venezuela podrá solicitar a los Proveedores no Bancarios de Servicios de Pagos, en la oportunidad en que página original (tal como se publicó) [Página 10] lo estime pertinente, cualquier información operativa, contable, administrativa o financiera que le permita verificar el fiel cumplimiento de la normativa aplicable, el buen gobierno y la adecuada administración de los riesgos. Artículo 30. Los Proveedores no Bancarios de Servicios de Pago deberán proporcionar a sus usuarios, así como a las personas interesadas en contratar sus servicios, toda la información y condiciones relativas a la prestación de los servicios de pago, en términos sencillos y accesibles, a fin de garantizar su total comprensión, debiendo incluir como mínimo los siguientes aspectos: 1. Características principales del servicio. Requisitos para acceder a los servicios ofrecidos. 2. Supuestos y condiciones en las que se cobran las tarifas y 3. comisiones. Procedimiento a seguir en caso de robo, clonación o pérdida del 4. instrumento de pago. 5. Tramitación y plazo de reclamos. 6. Unidad o persona encargada para la resolución de controversias. Disposiciones transitorias Primera. El Banco Central de Venezuela reconocerá y autorizará el funcionamiento de los Sistemas de Pago que operan en el país a la fecha de la presente Resolución, mediante Aviso Oficial dictado especialmente al efecto, y con base a la información que ha recabado con ocasión de las convocatorias efectuadas mediante Avisos publicados en prensa nacional en fechas 31 de julio de 2015, 7 de agosto de 2015, 14 de agosto de 2015 y 21 de agosto de 2015. Adicionalmente, en dicho Aviso Oficial el Instituto efectuará el reconocimiento de aquellos Sistemas de Pago que operan en el país a la presente fecha, creados en el marco de instrumentos normativos que integran el ordenamiento jurídico interno y de acuerdos internacionales. Segunda. Los Administradores de Sistemas de Pago distintos a los establecidos en el Aviso Oficial al que se refiere la Disposición Transitoria Primera de la presente Resolución contarán con un plazo máximo de doce (12) meses, contados a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, para efectuar las adecuaciones y ajustes pertinentes de conformidad con lo previsto en el presente instrumento. Tercera. Los sujetos que para la entrada en vigencia de la presente Resolución, se encuentren realizando cualquier actividad que tenga las características de un servicio de pago, tendrán un plazo máximo de doce (12) meses, contados a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, para adecuarse a los términos, condiciones y requisitos previstos en este instrumento normativo. Disposiciones finales Primera. Los Administradores de Sistemas de Pago deberán observar las disposiciones de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en el uso y manejo de los instrumentos de pago por parte de terceros. Segunda. Todo lo no previsto expresamente en esta Resolución, así como las dudas o controversias que originen su interpretación o aplicación, será resuelto por el Directorio del Banco Central de Venezuela. Tercera. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución será sancionado administrativamente de conformidad con lo previsto en el artículo 135 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de Venezuela. Cuarta. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas, 4 de diciembre de 2018. En mi caráctér de Secretaria Interina del Directorio, certifico la autenticidad de la presente Resolución. Comuníquese y publíquese. 02 GHRENCIA Sohainandez Parra Primer Vicepresidente Gerente (E) AVISO OFICIAL El Directorio del Banco Central de Venezuela, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 7, numeral 8; 21, numeral 18; 61; 63 y 65 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial que lo rige, CONSIDERANDO Que a los efectos de que los Sistemas de Pago, entendidos como el conjunto de normas, acuerdos y procedimientos que tengan por objeto principal la tramitación y ejecución de órdenes de transferencia de fondos y/o valores entre sus participantes, sean considerados como tales, deben ser reconocidos y autorizados por el Banco Central de Venezuela. CONSIDERANDO Que es competencia del Banco Central de Venezuela calificar a los Sistemas de Pago que operan en la actualidad en la República Bolivariana de Venezuela que sean así reconocidos y autorizados. CONSIDERANDO Que la calificación de un Sistema de Pago debe atender al impacto sistémico que puede tener en el sistema financiero, en términos de los efectos negativos que fallas que presenten pueden transmitir a los participantes o en el conjunto del sector financiero; por lo que son Sistemas de Pago de Importancia Sistémica aquellos que, en caso de presentar fallas en su funcionamiento o de materializarse un riesgo de crédito o liquidez, pudieran transmitir efectos negativos de mayor escala, creando alteraciones sistémicas en el conjunto del sector financiero, y son Sistemas de Pago de Importancia Relevante aquellos que, sin representar un riesgo sistémico, resultan indispensables para el correcto funcionamiento de la transaccionalidad de la economía, pues atienden necesidades no cubiertas por otros sistemas, teniendo un impacto sobre la continuidad operativa del sistema financiero. Instituto sobre los Sistemas de Pago que operan en el territorio nacional, y de acuerdo con la información consignada por las personas jurídicas que atendieron la convocatoria mediante Avisos publicados en prensa nacional en fechas 31/07/2015, 07/08/2015, 14/08/2015 y 21/08/2015, informa que los Sistemas de Pago que operan en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela que a continuación se mencionan, y sus respectivos administradores, han sido reconocidos, calificados según su impacto y autorizados por el Banco Central de Venezuela conforme a lo que se indica: Entidad(es) Administrador(as) Calificsción Sistema de Pago Denominación o razón social Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR). Importancia Banco Central de Venezuela Sistémica RIF: G-20000110-0 Sistema de Cámara Compensación Electrónica (CCE). Sistema de Custodia Electrónica de Titulos Banco Central de Venezuela (SICET). RIF: G-20000110-0 Sistema para el depósito, custodia, C.V.V. Caja Venezolana de Valores, transferencia, compensación y liquidación de S.A. valores susceptibles de oferta pública. RIF: J-30018793-4 Consorcio Credicard, C.A. 3-00266443-6 Visa International Service Sistema para el procesamiento de pagos con Association1 tarjetas de crédito y similares. MasterCard International Incorporated1 Diners Club International' American Express Limited' Importancia Consorcio Credicard, C.A. Relevante J-00266443-6 Sistema para el procesamiento de pagos con Visa International Service tarjetas de débito y similares. Association1 MasterCard Intemnational Incorporated'1 Proyectos Conexus, C.A. J-00297309-9 Corporación Suiche 7B, C.A. Sistema de compensación y liquidación de J-00259842-5 operaciones interbancarias de cajeros Visa International Service automáticos y pagos móviles. Association1 MasterCard International Incorporated' 71 Administrador no domiciliado en la República Bolivariana de Venezuela. Sistema que opera a través de las entidades bancarias con las que mantienen, de manera directa o indirecta, acuerdos de licencia u operación. Asimismo, adicionalmente a los Sistemas de Pago de Importancia Sistémica o de Importancia Relevante antes referidos, también operan en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela los que a continuación se mencionan, creados en el marco de distintos instrumentos normativos que integran el ordenamiento jurídico interno y acuerdos internacionales: Entidad(es) Administrador(as) Sistema de Pago Denominación o razón social Pagos Créditos Convenio de Reciprocos Asociación de la Integración Latinoamericana de (ALADI): Sistema de compensación y liquidación de pagos multilaterales transfronterizos derivados de operaciones de Banco Central de la Reserva del Perú comercio intrarregional celebradas entre (Persona jurídica de derecho público creada a través de la Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Constitución Politica del Perú) Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, de conformidad con lo previsto en el citado Convenio suscrito en fecha 25/08/1982, siendo su último Protocolo Modificatorio de fecha 19/05/2017 y la normativa dictada por página original (tal como se publicó) [Página 11] el Banco Central de Venezuela en la materia. Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE): Mecanismo para la canalización de pagos internacionales resultantes de las operaciones de comercio Banco del ALBA reciproco celebradas entre Bolivia, Cuba, (Organismo de derecho internacional público creado Ecuador, Honduras, Nicaragua y Venezuela, mediante Convenio Constitutivo de fecha 05/11/2008, cuya de conformidad con lo dispuesto en el Ley Aprobatoria fuera publicada en la Gaceta Oficial de la Tratado Constitutivo del citado Sistema, República Bolivariana de Venezuela N° 39.073 del suscrito en fecha 16/10/2009, cuya Ley 04/12/2008) Aprobatoria fuera publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.955 del 13/01/2010; y la normativa especial que rige su operatividad. Bolsa Pública de Valores Bicentenaria: Sistema para la negociación, custodia, transferencia, compensación y liquidación de valores, de conformidad con lo dispuesto en Bolsa Pública de Valores Bicentenaria la Ley de la Boisa Pública de Valores RIF: G-20009677-2 Bicentenaria, publicada en la Gaceta Oficial 5.999 Extraordinario del 13/11/2010 y la demás normativa que la desarrolle. Se reitera el compromiso del Banco Central de Venezuela de velar por el buen funcionamiento general de los Sistemas de Pago en el país, efectuando el continuo seguimiento de las tendencias que en materia de pagos se presentan dentro del territorio nacional, y reservándose el derecho de emitir regulaciones en el momento que lo considere oportuno. Caracas, 04 de diciembre de 2018. En mi carácter de Secretaria Interina del Directorio, certifico la autenticidad del presente Aviso Ofcial. Sonail fernandez Parra Primer Vicepresidente Gerente (E) MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA *** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA *** RM No. 224 SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y 208° y 159° NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL QUINTO DEL DISTRITO CAPITAL Municipio Libertador, 28 de Noviembre del Año 2018 Por presentado el anterior documento por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación. Hágase de conformidad, y ARCHIVESE original. El anterior documento redactado por el Abogado DAYANA DEL VALLE HERRERA LUQUE IPSA N.: 232708, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 17, TOMO -173-A REGISTRO MERCANTIL v (CÓD 224). Derechos pagados BS: 0,00 Según Planilla RM No. , Banco No. Por BS: 0,00. La identificación se efectuó así: DAYANA DEL VALLE HERRERA LUQUE, C.I: V-16.028.523. Abogado ReviSor: HECTOR JOSE MANZANILLA FERNANDEZ REGISTRADOR MERCANTIL V FDO. Abogado KHALU PIZANI DE RAMIREZ ESTA PÁGINA PERTENECE A: CONVIASA CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIAS AERONAUTICAS Y SERVICIOS AEREOS, S.A Número de expediente: 499676 DIV ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DELO AERONÁUTICAS Y SERVICIOS AÉREOS, S.A., (CONVIASA Hoy, Veintidós (22) de noviembre de 2018, a las 09:00 a.m., oportunidad fijada para que tuviera lugar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIAS AERONÁUTICAS Y SERVICIOS AÉREOS, S.A. (CONVIASA), sociedad mercantil propiedad del Estado Venezolano, creada mediante Decreto Presidencial N° 2.866, de fecha Treinta (30) de marzo de 2004, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.910, de fecha Treinta y Uno (31) de marzo de 2004; adscrita al Ministerio del Poder Popular para. Transporte, según Decreto Presidencial N° 2.650, de fecha Cuatro (04) de enero de 2017. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.067, de fecha Cuatro (04) de enero de 2017, domiciliada en la Avenida Intercomunal Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Edif. Sector 6.3, Zona Estratégica, Lado Este del Aeropuerto, Maiquetía, Estado Vargas, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 01 de Julio del 2004, bajo el N° 86, Tomo 931 A-Qto., expediente N° 499676, cuya última modificación de sus Estatutos Sociales, consta en Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha Catorce (14) de noviembre de 2018, debidamente inscrita ante el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha Dieciséis (16) de noviembre de 2018, quedando registrada bajo el N° 22, Tomo 167-A; Reunidos en la sede del Consorcio, los ciudadanos HIPÓLITO ANTONIO ABREU PÁEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V- 6.289.959, actuando en su carácter de MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE, designado mediante Decreto Presidencial N° 3.464, de fecha Catorce (14) de junio de 2018, publicado en Gaceta Oficial ma fecha y año, quien representa el Ochenta por ciento (80 %) del capital social del Consorcio, por una parte, y por la otra, la ciudadana STELLA oMRINA LUGO DE MONTILLA, venezolana, mayor de edad, titular de 1a cédula de identidad N° V- 8.811.039, de este domicilio, actuando en su carácter de PRESIDENTA ENCARGADA del INSTITUTO NACIONAL (INATUR), designada mediante Decreto Presidencial N°3.555, Veintisiete (27) de julio de 2018, emanado del Ministerio del Poder Popular para enezuela N° 41.448, de la misma fecha, quien representa el Veinte por ciento 20 %) del capital social de CoNVIASA. Se hace constar igualmente que se encuentra presente el ciudadano RAMÓN CELESTINO VELÁSQUEZ ARAGUAYÁN, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-11.448.109, Presidente del CONSORCIO VENEZOLANO DE.INDUSTRIAS AERONÁUTICAS Y SERVICIOS AÉREOS, S.A. (CoNVIASA), designado mediante Decreto Presidencial N° 3.487, de fecha de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.385, de esa misma fecha. Asimismo, se deja constancia que por encontrarse representada la totalidad del capital social, para la celebración de esta Asamblea General de Accionistas, se prescindió de la formalidad de la convocatoria en prensa. Presidió la Asamblea, ciudadano HIPÓLITO ANTONIO ABREU PÁEZ, antes identificado, quien Juego de verificar el cumplimiento del quórum reglamentario requerido para la validez de las deliberaciones, declaró válidamente instalada la Asamblea. Seguidamente, se procedió a dar lectura a la Agenda del Día, contentiva de los siguientes Puntos: PUNTO UNICO: Sustitución de los miembros de la Junta Directiva del CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIAS AERONÁUTICAS Y SERVICIOS AÉREOS, S.A. (CoNVIASA), de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décima Octava, Literal "c" del Documento Constitutivo Estatutario. A continuación, luego de dar lectura a la Agenda del Día, la misma es aprobada por unanimidad por los presentes. Acto seguido, se da inicio a la discusión de la Agenda del Día, con los resultados que se indican a continuación: PUNTo úNICo: Para tratar este punto, tomó la palabra el ciudadano HIPóLITO ANTONIO ABREU PÁEZ, antes identificado, quien propuso la sustitución de los miembros de la Junta Directiva del CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIAS AERONÁUTICAS Y SERVICIOS AÉREOS, S.A. (CONVIASA), a partir de la presente fecha; la cual estará Integrada por el PRESIDENTE de la Sociedad quién la preside, ciudadano RAMÓN CELESTINo VELÁSQUEZ ARAGUAYÁN, anteriormente identificado, el VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la Sociedad, ciudadano JOSÉ GREGORIO MÁRQUEZ RAMÍREZ titular de la cédula de identidad N° V-7.235.565, designándose como DIRECTORES JOSÉ VIEIRA ACEVEDO, venezolano, mayor de edad, dest V- 10.576.064; CARLOS EDUARDO MANTILLA HERRERA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V- 11.742.418; WENDY ESTHER PINTO CASTILLO, venezolana, mayOr de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V- 12.928.563, y CHRISTIAM MOISÉS HERNÁNDEZ VERDECANNA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V- 20.095.953, como DIRECTORES SUPLENTES a IOS ciudadanOs: ARTURO TÁRIBA GUILLEN, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V- 6.703.417; MARÍA GORETTE GONCALVES FERNÁNDEZ, venezolana, :mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V- 6.730.374; ENESIS CELESTE INFANTE ROSALES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N ° V- 21.377.736, y.DANNY SALVADOR MATA ROJAS, venezolano, mayor de edad, este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-12.917.425. Habiendo sido discutido este punto, el mismo fue aprobado por unanimidad en los términos antes expuestos. Por último, deliberado, acordado y aprobado como ha sido el punto único de la Agenda del Día, se ordena la sustitución de la Junta Directiva de la Sociedad, la cual queda conformada de la siguiente forma: página original (tal como se publicó) [Página 12] PRESIDENTE C.I. V- 11.448.109 Ramón Celestino Velásquez Arguayán VICEPRESIDENTE C.I. V- 7.235.565 José Gregorio Márquez Ramírez DIRECTORES PRINCIPALES C.I. V-9.099.614 Carlos José Vieira Acevedo C.I. V-10.576.064 Amalia Chávez Chirinos C.1. V- 11.742.418 Carlos Eduardo Mantilla Herrera Wendy Esther Pinto Castillo C.I. V- 12.928.563 C.I. V-20.095.953 Christiam Moisés Hernández Verdecanna DIRECTORES SUPLENTES Arturo José Tariba Guillén C.I. V- 6.703.417 María Gorette Goncalves Fernández C.I. V- 14.519.081 C.l. 6.730.374 Edwing José Reyes Martínez C.l. V-21.377.736 Génesis Celeste Infante Rosales Danny Salvador Mata Rojas C.1. V-12.917.425 Se dio por terminada la Asamblea y leída como fue dicha Acta, cormsMno asistentes. Se autorizó a las ciudadanasDAYANA HERRERANOSk BRAo venezolanas, mayores de edad, de este domicilio y titulares de la de Identidad número V- 16.028.523 y V-16.726.057, respectivamente, que realicen conjunta o separadamente la participación, inscripción y publicación de rigor por ante el ciudadano Registrador Mercantil. Terminó la sesión a las 11:00 a.m., y en señal de conformidad, firman la misma los presentes en la Asamblea de Accionistas.. es RAMÓN CELESTINO VELASQUEZ ARAGUAYAN. Presidenteeel Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. S102 (CONVIASA). STELLA MARINA LÙGO DE MONTILLA. Presidenta Encargada deb Instituto Nacional de Turismo (INATUR) HIPÓLITO ANTONIO ABREU PÁEZ. Ministro del Poder Popular para Transporte (MPPPT). MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° MPPSP/DGD/4.839/2018 Año 208 de la Independencia, 159º de la Federación y 19º de la Revolución Bolivariana FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2018 RESOLUCIÓN La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, María Iris Varela Rangel, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 3.464 de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de fecha 14 de junio de 2018; y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2, 3 y 15 del artículo 78 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y de los artículos 8, 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración: Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 5.781 de fecha 12 de agosto de 2005, todo conforme el artículo 2 del Decreto de creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de fecha 14 de junio de 2011, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.721 de fecha 26 de julio de 2011 y el Decreto N° 1.622 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.175 de fecha 20 de febrero de 2015. RESUELVE PRIMERO. Establecer la estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, para el ejercicio fiscal 2019, como se indica a continuación: CÓDIGO UNIDAD UNIDAD ADMINISTRADORA ADMINISTRADORA CENTRAL CENTRAL OFICINA DE GESTIÓN 00209 ADMINISTRATIVA SEGUNDO: Designar como cuentadante responsable de la Unidad Administradora Central, a la ciudadana KATIUSKA ANDREINA CAMARIPANO MATIZ, titular de la cédula de identidad N°V-10.673.899, quien actúa con el carácter de Directora General de la Oficina de Gestión Administrativa de este Ministerio. TERCERO: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese. MABIAARIS VARELA RANGEL Ministra del Poder Popular para el Sericid-penitenciario Decreto N° 3.764 del 14 de junio d2018asiaden la Gaceta Ofical No. 41.419 de fecha RA2018 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZA PONENTE: ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Expediente N° AP61-S-2017-000114 Mediante Oficio N° TDJ-751-18 de fecha 07/11/2018, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ) remitió a esta Corte expediente identificado N° AP61-S-2017-000114 (f.241 p 1), constante de una (1) pieza y contentivo del procedimiento disciplinario instruido por la Inspectoría General de Tribunales (en lo sucesivo IGT) a la ciudadana MARIA EUGENIA PEÑALOZA SANGRONIS, titular de la cédula de identidad N° 7.840.404 en su carácter de Jueza Titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, extensión Cabimas, por la presunta comisión de faltas disciplinarias en el desempeño del cargo. Tal remisión se realizó con ocasión de la Consulta Obligatoria a que se encuentra sometida la Sentencia N° TDJ-SD-2018-61 de fecha 07/08/2018 dictada por el TDJ, en la que decretó el Sobreseimiento de la investigación seguida por la IGT a la Jueza identificada, de conformidad con el numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. El 28/11/2018 la Secretaría de esta Corte dejó constancia de haber recibido en fecha 13/11/2018 de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Jurisdicción (en lo sucesivo, URDD) el expediente N° AP61-S-2018-000114 (f. 243 p1). En idéntica oportunidad certificó la asignación de la ponencia a la Jueza Ana Cecilia Zulueta Rodríguez y el correspondiente pase de actuaciones para su pronunciamiento. | ANTECEDENTES El 31/08/2017 el órgano investigador disciplinario dictó Acto Conclusivo en el expediente que solicitó el decreto de Sobreseimiento de la investigación por la presunta violación al debido proceso en la tramitación de la causa judicial N° VP11-P-2007-003300 bajo su dirección, conforme al numeral 1 del Artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (sic). El TDJ dictó la Sentencia N° TDJ-SD-2018-61 de fecha 07/08/2018 en la qué declaró procedente la solicitud del órgano investigador disciplinario relativa al Sobreseimiento de la investigación relacionada con la causa N° VP11-P-2007-003300. I1 DEL FALLO CONSULTADO procedente el Sobreseimiento de la investigación solicitado por la IGT, en los términos que a continuación se transcriben parcialmente: (...) UNICO: Se decreta el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana MARIA EUGENIA PEÑALOZA SANGRONIS, (...) con relación al hecho denunciado sobre que supuestamente durante la tramitación de la causa judicial VP11-P-2007-003300 vulneró el debido proceso, al diferir en varias oportunidades la celebración de la audiencia preliminar, de conformidad con lo establecido en el segundo supuesto del numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, por cuanto el hecho no puede atribuírsele a la jueza sometida a proceso disciplinario (...) III DE LA COMPETENCIA Debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer el asunto sometido a su consideración y, al respecto, observa: El artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana reza: "Artículo 71. El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas. Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando: (...) El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco días siguientes." (Resaltado de esta Alzada). página original (tal como se publicó) [Página 13] La norma parcialmente transcrita define el sobreseimiento y sus efectos una vez declarado, así como su alcance con relación a las medidas dictadas durante el curso del proceso disciplinario. Prevé, igualmente, el trámite que debe cumplirse, los supuestos que dan lugar a su declaratoria y el órgano competente para solicitarlo y decretarlo. Igualmente, en su parte in fine, atribuye la competencia a esta Corte para conocer en consulta la decisión que lo declara en Primera Instancia. Constatado en autos que la Sentencia definitiva objeto de examen decretó el Sobreseimiento de la investigación en el procedimiento que se tramitó en la primera instancia disciplinaria, se colige la atribución de competencia objetiva para el conocimiento de la Consulta en consideración. Con relación a la atribución de competencia subjetiva para conocer, esta Alzada destaca que si bien la norma disciplinaria estableció en su artículo 1 que el ámbito de apličación alcanzaría a todos los ciudadanos investidos conforme a la ley para actuar en nombre de-la accidental o provisoria, su aplicación fue suspendida cautelarmente por la Sentencia-N°6 proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fechas 04/02/2016, restringiendo su ámbito de aplicación sólo a los Jueces Titulares. Ahora bien, constatado en autos que el objeto de la presente causa es el conocimiento en Consulta de la Sentencia N° TDJ-SD-2018-61 de fecha 07/08/2018 dictada por el TDJ, en la que se decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana MARIA EUGENIA PEÑALOZA SANGRONIS, titular de la cédula de identidad N° 7.840.404 en su determinan la competencia para el conocimiento de esta Alzada, esta Corte declara su competencia. Así se decide. IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Establecida como ha sido la competencia, esta Corte pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones. A los efectos de resolver la consulta obligatoria de ley, esta Alzada reitera que el Sobreseimiento previsto en el artículo 71 del Código de Ética constituye una modalidad de conclusión de los procesos disciplinarios judiciales de forma anticipada, al evidenciarse la típico, la acción disciplinaria ha prescrito, resulta acreditada la cosa juzgada, no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial o la muerte del juez). Una vez proferida la decisión por parte del órgano disciplinario de Primera Instancia Judicial, ésta deberá ser consultada ante el órgano superior disciplinario y conlleva, como consecuencia de su confirmación, la extinción del proceso disciplinario judicial y la imposibilidad de perseguir nuevamente al sujeto de derecho en favor de quien es dictado el sobreseimiento, en razón del carácter de cosa juzgada que adquiere su pronunciamiento. En este sentido, la Corte Disciplinaria Judicial en Sentencia N° 23 de fecha 23/10/2012 dejó establecido que el Sobreseimiento en materia disciplinaria era una institución dispuesta en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana en la misma forma y con la términos en la formulación legislativa vigente. Al respecto, igualmente indicó, que tal figura jurídica comportaba un pronunciamiento jurisdiccional que impedía la continuación de la persecución del Juez denunciado al dar por terminado un proceso en curso, siempre y cuando el Tribunal competente constatara que alguna de las causales previstas en la ley adjetiva aplicable se había materializado. atribuye a su declaratoria el carácter de cosa juzgada. Ahora bien, con relación al caso sometido a consulta, observa esta Alzada que el a quo declaró procedente la solicitud de Sobreseimiento de la investigación disciplinaria realizada por la IGT a la ciudadana MARIA EUGENIA PEÑALOZA SANGRONIS en virtud que el hecho denunciado en la tramitación de la causa judicial VP11-P-2007-003300 no podía del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. TDJ en la fundamentación de su pronunciamiento. investigados por la IGT a los fines de la correspondiente subsunción en alguno de los supuestos previstos en el artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza solicitado. Al efecto, con relación a la denuncia de violación del debido proceso como consecuencia del estuvo enmarcada dentro de los límites de sus potestades jurisdiccionales, por cuanto los referidos diferimientos estaban plenamente justificados. A reglón seguido, relacionó cronológicamente todas las actuaciones cursantes en autos en conexión con la denuncia y evidenció, tal como igualmente constató esta Alzada, las correspondientes documentales que acreditan las circunstancias que motivaron los diferimientos y que desvirtúan el presunto retardo procesal injustificado denunciado. En este sentido constató en autos, al igual que esta Alzada en su análisis, los siguientes particulares: Cursa al folio 101 de la pieza única del expediente disciplinario, auto de fecha 21/09/2007 en el que la Jueza investigada acordó la celebración de la audiencia preliminar para el día 15/10/2007. El 29/10/2007 dictó auto de diferimiento de la audiencia (folio 107) para el día 06/11/2007, razones justificadas, lo que se acreditó mediante la certificación de días de despacho inserta en los folios 43 al 45 del mismo expediente. consecuencia, en esa misma oportunidad fue reprogramada para el día 27/11/2007: Igualmente se constata en los folios 145 y 146 de expediente, que en fecha 27/11/2007 la acordó nuevamente su notificación mediante Oficio al Comandante del Destacamento 35 de la Guardia Nacional Bolivariana y el nuevo diferimiento de la mencionada audiencia para el día 10/12/2007. Vista la reiteración de falta de comparecencia por parte de la representación de la empresa PDVSA en la oportunidad legal correspondiente, se advierte en los folios 149 al 151 el acta de fecha 10/12/2007 (folios 149 al 151) en la que se ordenó un nuevo diferimiento de la audiencia preliminar para el día 08/01/2008. Ahora bien, dada la proximidad de las vacaciones judiciales y en razón de encontrarse el imputado sometido a Medida Cautelar de Privación Preventiva de Libertad decretada en la Audiencia de Flagrancia de fecha 27/07/2007, la Jueza investigada acordó fijar una nueva oportunidad para la celebración de la Audiencia Preliminar anticipándola para el día 20/12/2007 (folio 152) y, al efecto, ordenó la notificación de todas las partes involucradas, lo que determinó la celebración de la aludida audiencia en esta última oportunidad, según Acta que riela a los folios 159 al 166 del expediente. En orden a las consideraciones que preceden, el a quo consideró que los sucesivos diferimientos de la Audiencia de Presentación obedecieron a causas justificadas que eximen acusado en la tramitación de la causa judicial VP11-P-2007-003300, criterio compartido con esta Corte, a tenor de lo dispuesto en el numeral N° 1 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Ahora bien, aun compartiendo en todos y cada uno de sus términos el criterio explanado por el iudex a quo en la sentencia sometida a Consulta, debe esta instancia reiterar el postulado sostenido en cuanto a la interpretación de la causal de sobreseimiento prevista en el numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética, referida a que el hecho no se realizó o no puede atribuírsele al sujeto investigado. De acuerdo a la norma citada, el sobreseimiento procede, entre otras circunstancias, cuando el hecho que motivó el inicio de la investigación disciplinaria resulta inexistente o no aparece suficientemente probado, así como también cuando no consta en actas la participación del Juez denunciado. que se trata tanto del supuesto de acreditación de falsedad del hecho imputado, como del que no se haya podido probar su existencia. Lo mismo ocurre en lo que respecta a que el hecho "no puede atribuírsele al sujeto podido probar su participación. hecho disciplinable presuntamente cometido, en caso de que el hecho que motivó el responsable del mismo, procederá la conclusión del proceso a través de la figura del sobreseimiento. En mérito de lo anterior y evidenciadas en autos por quienes aquí deciden en toda su extensión las probanzas invocadas por el Tribunal Disciplinario Judicial en la motiva de su pronunciamiento, esta Corte confirma la Sentencia N° TDJ-SD-2018-61 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 07/08/2018. Así se decide. Visto que de la revisión del fallo consultado no evidencia esta Alzada violación a normas de orden público y constitucional, ni infracciones a las interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, esta Corte Disciplinaria Judicial CONFIRMA 07/08/2018. Asf se decide. página original (tal como se publicó) [Página 14] V DECISIÓN Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial de la Ley: 1. Declara su COMPETENCIA para conocer en Consulta la Sentencia N° TDJ-SD-2018-61 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 07/08/2018. 2. CONFIRMA la Sentencia N° TDJ-SD-2018-61 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 07/08/2018, en la que decidió: UNICO: Se decreta el SOBRESEIMIENTO de la de la cédula de identidad V-7.840.404, con relación al hecho denunciado sobre que supuestamente durante la tramitación de la causa judicial VP11-P-2007-003300 vulneró el debido proceso, al diferir en varias oportunidades la celebración de la audiencia preliminar, de conformidad con lo establecido en el segundo supuesto del numeral 1 del artículo 71 dé] Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, por cuanto el hecho no puede atribuírsele a la jueza sometida a proceso disciplinario. Publiquese, regístrese. Remitase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales. Cúmplase lo ordenado. Poce ciudad de caracas, a los _ () días del mes de diciembre de 2018. Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación. El Presidente, TULIO IMÉNEZ RODRIGUEZ Sueza-Ponente, ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Vicepresidenta MERLY JAQUELINE MORALES HERNÁNDEZ La Secretaria (E), CARMEN CARREÑO Exp. N° AP61-S-2017-000114 Hoy miércoles doe (12) de dicembe ded aodog mi deceo(201)siendo las o3:0 p. m. se publicó la anteror decisión bajo el Ns 54. Lor Secelaaly carmen Carreño. Quien suscribe, CARMEN CARREÑO, Secretaria Encargada de la Corte Disciplinaria Judicial, conforme al artículo 112 del Código dè Procedimiento Civil, certifica: Que las copias fotostáticas que anteceden son fieles y exactas de la decisión N° 54, publicada en fecha 12 de diciembre de 2018, dictada por esta Corte Disciplinaria Judicial; cursantes a los folios doscientos cuarenta y cuatro (244) al folio doscientos cincuenta (250), del expediente número AP61s-2017-000114, de la pieza número uno (01), nomenclatura:de esta Instancia Judicial. Certificación que se expide a los trece (13) días del mes de diciembre de 2018.- La Secretaria (E), CARMEN CARRENO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE PODER JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL EXPEDIENTE N° AP61-S-2017-000118 JUEZA PONENTE: DRA. MERLY MORALES HERNÁNDEZ Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial, pronunciarse sobre la consulta obligatoria de ley, relacionada con la decisión N° TDJ-SD-2018-64 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo adelante, TDJ) en fecha 9 de agosto de 2018, en la causa signada con el N° AP61-S-2017-000118, nomenclatura que conserva, mediante la cual, decretó el sobreseimiento de la investigación seguida al ciudadano JOSUE MANUEL CONTRERAS ZAMBRANO, titular de la cédula de identidad N° V-5.687.127, Juez Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, por dictar medida de prohibición de enajenar y gravar, en la causa Judicial N° 19382 (nomenclatura del Tribunal antes citado), sobreseimiento que fue dictado de conformidad con el numeral 2 del articulo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (en lo sucesivo, Código de Ética), el cual alude a la ausencia de tipicidad por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario. | ANTECEDENTES Una vez efectuada la respectiva investigación disciplinaria, la Inspectoría General de Tribunales (en lo adelante IGT) dictó acto conclusivo en fecha 31 de agosto de 2017, a través del cual solicitó el sobreseimiento de la investigación seguida al Juez JOSUE MANUEL CONTRERAS ZAMBRANO, por considerar que el hecho denunciado por el ciudadano abogado FABIO OCHOA ARROYAVE, titular de la cédula de identidad N° V-15.242.653, referido a la presunta violación a la garantía del debido proceso al haber parte demandante, siendo que un año antes la había negado, medidas que en su decir, fueron dictadas en forma arbitraria y destinadas a favorecer a una de las partes. En fecha 26 de octubre de 2017, fue recibida ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial (en adelante U.R.D.D), las actuaciones relativas a la investigación seguida al Juez denunciado, y en fecha 30 de octubre del mismo año, el TDJ una vez recibido el expediente, mediante auto dejó constancia que según el Sistema de Gestión Judicial, le correspondió la ponencia, a la Jueza Jacqueline Sosa Mariño. En fecha 9 de agosto de 2018, el TDJ dictó decisión declarando el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida al Juez denunciado, de conformidad con el numeral 2 del articulo 71 del Código de Ética. En fecha 8 de noviembre de 2018, el TDJ ordenó remitir la presente causa a esta Alzada, a objeto de la consulta obligatoria de ley; tal remisión la efectuó a través del oficio N° TDJ-754-2018 de la misma fecha. En fecha 15 de noviembre de 2018, la secretaria de la Corte Disciplinaria Judicial, -dejó constancia de la recepción del asunto proveniente del Tribunal Disciplinario Judicial signado con el N° AP61-S-2017-000118, así como de la asignación de la ponencia según el orden cronológico alternativo a la Jueza MERLY MORALES HERNÁNDEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. Il DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA En fecha 09 de agosto de 2018, el TDJ publicó la decisión N° TDJ-SD-2018-64, en la cual decretó el sobreseimiento de la investigación seguida al Juez JOsUE MANUEL CONTRERAS ZAMBRANO, con fundamento en las siguientes consideraciones: La Primera Instancia Disciplinaria examinó el hecho denunciado consistente en la presunta parcialidad con la que el Juez denunciado actuó al decretar la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar sobre el bien inmueble objeto de la demanda de nulidad de venta intentada por los ciudadanos Argenis Orozco Bernal y Alice Josefina Colmenares de Orozco en contra del ciudadano Irineo Pernia Pernía. El TDJ describió el iter procesal de la causa judicial N° 19.982 nomenclatura del Tribunal a cargo del Juez denunciado, destacando que los demandantes junto con la demanda solicitaron medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el objeto litigioso, la cual fue negada por el Juez sometido a procedimiento el 4 de agosto de 2008, y que luego de la contestación y del lapso probatorio los accionantes solicitaron de nuevo el Jurisdicente investigado acordó la medida solicitada. Concluyó el a quo que las decisiones dictadas por el Juez denunciado son de carácter estrictamente jurisdiccional, realizando una valoración del fumus bonis iuris y el periculum in mora de conformidad con el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, considerando que la decisión de decretar la medida cautelar de Prohibición de enajenar y gravar por parte del Juez denunciado no fue arbitraria, no evidenciando el TDJ las denunciadas actuaciones parcializadas al decretar la citada medida cautelar para perjudicar a alguna de las partes. Finalmente la Primera Instancia Disciplinaria consideró que la conducta del Juez JOSUE MANUEL CONTRERAS ZAMBRANO no poseía transcendencia disciplinaria, sino que obró conforme a su autonomía y en consecuencia decretó el sobreseimiento de la investigación de conformidad con el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez, al considerar que el hecho denunciado no reviste carácter disciplinario. página original (tal como se publicó) [Página 15] III DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Previo a cualquier pronunciamiento, debe esta Corte Disciplinaria- Judicial determinar su competencia para conocer de la presente consulta obligatoria y a tal efecto observa lo siguiente: El artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015, preceptúa la competencia de esta Alzada Disciplinaria para el conocimiento de las consultas obligatorias a las decisiones del Tribunal Disciplinario Judicial que decreten el sobreseimiento, y en tal sentido establece lo siguiente: Articulo 71: El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria sido dictadas. Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando: 1. El hecho no se realizó o no puede atribuírsele al sujeto investigado. 2. El hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario. 3. La acción disciplinaria haya prescrito. 4. Resulte acreditada la cosa juzgada 5. No exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial. 6. La muerte del juez o la jueza. El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento de la investigación, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco días siguientes." (Resaltado de esta Alzada) La norma ut supra transcrita, además de establecer en forma taxativa las causales que dan lugar a la declaratoria del sobreseimiento, siendo esta una de las formas de terminación anticipada del proceso disciplinario judicial, estatuye igualmente la consulta obligatoria a esta Alzada Colegiada de la resolución judicial que decrete el mismo, ello no solo en atención al cumplimiento del Principio de la doble instancia, cuyo derecho para las partes en juicio, es inherente al debido proceso, sino por la trascendental consecuencia de su decreto, a saber, la terminación del proceso disciplinario. De allí que Alzada, del fallo que declara la finalización del proceso como consecuencia del sobreseimiento y solo al verificarse los supuestos indicados en la norma aplicable, procederá su declaratoria. Ahora bien, cuando el hecho no es típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario, tal causal se encuentra dentro de los supuestos normativos señalados por el legislador disciplinario que habilitan al Tribunal de Primera Instancià Disciplinaria para decretar el sobreseimiento de la investigación, previa verificación 64 dictada en fecha 09 de agosto de 2018, mediante la cual el TDJ decretó el sobreseimiento de la investigación seguida al Juez JOSUE MANUEL CONTRERAS ZAMBRANO, conforme con el numeral 2, del artículo 71 del vigente Código de Ética; asimismo, ordenó la remisión del expediente a los efectos de la consulta obligatoria prevista en el último párrafo del artículo antes mencionado que señala que el auto razonado mediante el cual se decrete el sobreseimiento, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cincos dias siguientes; por lo que al cumplir Alzada se declara compêtente para conocer el presente asunto. Yasi'se declara. IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Determinada la competencia, pasa esta Corte Disciplinaria Judicial a emitir pronunciamiento en los siguientes términos: En principio, considera oportuno reiterar esta alzada lo señalado en otros fallos en relación al sobreseimiento previsto en la norma adjetiva disciplinaria, el cual constituye una forma de concluir los procesos disciplinarios judiciales en forma anticipada, siendo de la exclusiva competencia de la autoridad judicial su decreto, siempre que resulte acreditado de forma concluyente cualquiera de las causales previa y taxativamente establecidas por el legislador en la norma regulatoria, vale decir, que el hecho del proceso no se realizó; que no puede atribuírsele al Juez denunciado; que el hecho no sea típico; que la acción disciplinaria haya prescrito; que resulte acreditada la cosa juzgada; que no exista la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, o por la muerte del juez; tal declaratoria por parte del órgano jurisdiccional, comporta previamente un examen exhaustivo de todos los supuestos establecidos en la norma que regula dicha figura procesal, para poder arribar al convencimiento de la imposibilidad de la sanción disciplinaria y por ende la finalización del proceso. En su acto conclusivo, la Inspectoria General de Tribunales solicitó el sobreseimiento de la investigación seguida al Juez JOSUE MANUEL CONTRERAS ZAMBRANO, con fundamento al numeral 2, del articulo 71 del Código de Ética, el cual establece que los órganos de la jurisdicción disciplinaria decretarán el sobreseimiento cuando el hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario, siendo decretado por el órgano jurisdiccional el mencionado sobreseimiento conforme a la calificación antes citada, al establecer que los hechos denunciados no disciplinario. sobreseimiento exige para su aplicación, la imposibilidad de encuadrar el hecho presuntamente cometido por el investigado en algún tipo disciplinario, es decir, luego de realizar un ejercicio intelectual por parte del operador de justicia disciplinario para tratar de enmarcar la conducta presuntamente reprochable realizada por el juzgador, constata que dicha actuación no se encuentra prevista como cuestionada disciplinariamente y por tanto no sujeta a sanción, dicha causal tiene estrecha relación con los Principios de Legalidad y Tipicidad, sobre los cuales ha resaltado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2388 del 21 de noviembre de 2001 ... que le corresponde a la ley definir todas aquellas conductas que pudieran calificarse como delitos y que por tanto, acarrearían penas y sanciones, tal exigencia se encuentra consagrada en la norma prevista en el articulo 49, numeral 6 de la Constitución vigente cuando dispone que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, y en consecuencia, "(..) 6. [ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes...". Asimismo, el autor Gabriel Darío Jarque en su obra 'El Sobreseimiento en el Proceso Penal', en relación a la causal de atipicidad señala que la misma consiste en que estando perfectamente determinado el hecho que motivara el inicio de la investigación -y ello, como condición sine qua non para su viabilidad-, el mismo no se encuentra previsto en el ordenamiento jurídico como conducta sujeta a sanción. Ahora bien, a los fines de determinar la conformidad del fallo sometido a consulta con los supuestos establecidos en la norma para el decreto del sobreseimiento, a la luz de los hechos que el denunciante le imputó al Juez JOSUE MANUEL CONTRERAS ZAMBRANO, en tal sentido se observa: Que el hecho denunciado lo constituye la actuación del Juez denunciado al dictar una medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar en la causa judicial 19382, que a juicio del abogado FABIO OCHOA ARROYAVE (denunciante), representante de la parte demandada fue decretada de forma arbitraria, negligente y parcializada en su contra. Esta Alzada, de las actas del presente expediente pudo verificar que corre inserta al folio 204 de la pieza 2, que el Juez denunciado en fecha 15 de julio de 2008 dictó auto mediante el cual admitió la demanda de nulidad de venta intentada por los ciudadanos Argenis Orozco Bernal y Alice Josefina Colmenares de Orozco y ordenó la citación de la parte demandada, ciudadano Irineo Pernía Pernía, señalando que se pronunciaría respecto a la medida cautelar solicitada en auto separado. En efecto, el Juez investigado en fecha 4 de agosto de 2008 (folios 182 y 183, pieza N° 2) en el cuaderno separado de medidas, dictó auto en el cual negó la medida de demostrarse el fomus bonis iuris y el periculum in mora en el curso del proceso, ya que también deben probarse para los vicios del consentimiento en la demanda principal de nulidad de venta. representación de los demandantes presentaron escrito donde solicitaron nuevamente se decretara la medida cautelar antes citada; el Juez sometido a procedimiento luego de haber transcurrido el lapso de contestación de la demanda, de promoción y evacuación de pruebas, dictó en fecha 25 de junio de 2009, auto en el que decretó la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar solicitada, por cuanto a su juicio se encontraban demostrados el fomus bonis iuris y el periculum in mora requeridos por el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. De igual forma, este Órgano Colegiado constató que la parte demandada presentó el 30 de junio de 2009 oposición a la medida dictada (folios 189 al 190, pieza N° 2). Es importante destacar que sobre las medidas cautelares, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 640 de fecha 3 de Abril de 2003, señaló dentro de sus caracteristicas las siguientes: "...Las medidas cautelares, instrumentos de la justicia dispuestos para que el fallo jurisdiccional sea ejecutable y eficaz, son expresión del derecho a una tutela judicial efectiva de los derechos e intereses, previsto en el art. 26 de la Constitución de 1999, y tienen por caracteres: (..), d) La provisoriedad o interinidad, en tanto la situación reservada o constituida mediante la providencia cautelar no adquiere carácter definitivo sino que se destina a durar por un espacio de tiempo delimitado, debido a que los efectos que derivan de la medida cautelar están, por su propia naturaleza, intrínsecamente destinados a agotarse en el momento en que se pronuncia la sentencia sobre el fondo, sin que tengan vocación alguna de convertirse en definitivos. e) La mutabilidad o variabilidad y la revocabilidad, de modo tal que si desaparece la situación fáctica o de derecho que llevó al órgano jurisdiccional a tutelar en sede cautelar el interés de parte, cesa la razón de ser de la precaución, en tanto es aseguramiento distinto al solicitado u obtenido, limitarlo teniendo en consideración la importancia del derecho que se intenta proteger, o revocar la medida cautelar. A contrario sensu, cuando una medida cautelar es denegada, ello no impide recabar la nuevamente, si se hubiere modificado la situación de hecho o de derecho. f) Por ello, no producen efectos de cosa juzgada material, no causan instancia y su decreto no conlleva prejuzgamiento... (Negrilas de la Sala Constitucional y subrayado de esta Instancia) En ese mismo sentido, el autor Ricardo Henríquez La Roche en su texto "Instituciones de Derecho Procesal", en lo referente a la variabilidad de las medidas cautelares ha reseñado que aún estando ejecutoriadas, pueden ser modificadas en la medida que cambie el estado de cosas para el cual se dictaron e igualmente, si cambian los términos del proceso principal en orden a los cuales el juez acordó la medida cautelar, no debe impedirse una reconsideración de la necesidad de su vigencia. acuerde o cuando se niegue, siempre puede dictarse una medida cautelar en el curso de una proceso antes de dictar sentencia; cambiar por otra diferente; o revocarse la misma, por lo que la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar dictada por el Juez investigado, en fecha 25 de junio de 2009, en la causa Judicial N° 19382, nomenclatura del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la página original (tal como se publicó) [Página 16] Circunscripción Judicial del Estado Táchira, forma parte del ejercicio pleno de la función jurisdiccional e igualmente encuentra sustento en la norma prevista en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Del mismo modo pudo constatar este órgano revisor, que de las actas del presente expediente que contrariamente a lo afirmado por el denunciante con relación a que no hubo cambio en las circunstancias que sirvieron de sustento al juez denunciado para negar las medidas cautelares solicitadas en fecha 18 de junio de 2009, se verificó que había discurrido en el proceso distintas actuaciones (contestación de la demanda, actividad probatoria, etc) que formaron mejor criterio al juzgador a fin de acordar o negar las medidas nuevamente solicitadas por la parte demandante, de tal manera que dicha imputación carece de veracidad. Corolario de lo anterior debe reafirmar esta alzada lo dictaminado por el TDJ, en cuanto a que los hechos denunciados no revisten carácter disciplinario, pues tal como se ha expresado en el presente fallo, son actuaciones propias de las funciones del juez, fundamentadas igualmente en el artículo 4 del Código de Ética que le concede a los juzgadores autonomía e independencia en el ejercicio de la función judicial de la cual están investidos para dictar sus decisiones basados en la interpretación de la ley y el derecho, ciñendo tal actividad a los principios consagrados en la constitución y el ordenamiento jurídico. En tal sentido y visto lo constatado en autos, quienes aquí deciden consideran acertado lo expuesto por el TDJ, en relación a que efectivamente el hecho constitutivo de la denuncia realizada por el ciudadano FABIO OCHOA ARROYAVE, resultan atípicos y no censurables disciplinariamente, debiendo en consecuencia esta Alzada, confirmar el sobreseimiento decretado por el Tribunal de Primera Instancia Disciplinaria, por cuanto el hecho denunciado no reviste carácter disciplinario. Y asi se decide.- En razón de los fundamentos antes expuestos esta Corte Disciplinaria Judicial; declara RESUELTA la consulta obligatoria de la sentencia N° TDJ-SD-2018-64, dictada en fecha 09 de agosto de 2018, con motivo del sobreseimiento de la investigación seguida al ciudadano JOSUE MANUEL CONTRERAS ZAMBRANO, titular de la cédula de identidad N° V-5.687.127, Juez Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. Se CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SD-2018-64, dictada en fecha 09 de agosto de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual DECRETÓ el sobreseimiento de la investigación disciplinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.2 del Código de Ética. Y así se decide.- V DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: RESUELTA la consulta obligatoria de la sentencia N° TDJ-SD-2017- 64, dictada en fecha 09 de agosto de 2018, con motivo del sobreseimiento de la investigación seguida al ciudadano JOSUE MANUEL CONTRERAS ZAMBRANO, titular de la cédula de identidad N° V-5.687.127, Juez Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SD-2018-64, dictada en fecha 09 de agosto de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual DECRETÓ el sobreseimiento de la investigación disciplinaria, de conformidad con lo establecido en el articulo 71.2 del Código de Ética, en virtud de que el hecho denunciado no reviste carácter disciplinario. Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial. Remitase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales, de conformidad con el artículo 91 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Cúmplase lo ordenado. Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Dada, firmada y sellada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas, a los (:10) días del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Años 208° de la independencia y 159° de la Federación. JUEZ PRESIDENTE, TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ VICEPRESIDENTA-PONENTE MERLY MORALES HERNÁNDEZ JUEZA PRNNCIPAL ANA CECNIA ZUDUETA RODRÍGUEZ SECRETARIA (E)) CARMEN CARREÑO EOP. N AP81-s-2017-00018 Hoy lones, diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2ore) siendo la 1:yg Srmfhn p.m, se publicó la decisión anterior bajo el N°53, CARHEN CARRENO la Sertarial) Quien suscribe, CARMEN CARREÑO, Secretaria Encargada de la Corte Disciplinaria Judicial, conforme al artículo 112 del Código de Procedimiento Civil, certifica: Que las copias fotostáticas que anteceden son fieles y exactas de la decisión N° 53, publicada en fecha 10 de diciembre de 2018, dictada por esta Corte Disciplinaria Judicial; cursantes a los folios trescientos veintiséis (326) al folio trecientos veintinueve (329), con sus respectivos vueltos, del expediente número AP61-S-2017-000118, de la pieza número dos (02), nomenclatura de esta Instancia Judicial. Certificación que se expide a los doce (12) días del mes de diciembre de 2018.- La Secretaria (E), CARMENCARREÑO DEFENSA PÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 26 de noviembre de 2018 N° DDPG-2018-758 1590, 208° y 19° La DefensOra Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de ia República Bolivariana de, Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de ia Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana GLERIS YELITZA ARCILA DE ROLDAN, titular de la cédula de identidad N° V-9.925.047, como Defensora Pública Provisoria Primera (1°) con competencia en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Falcón, a partir de la fecha de su notificación. sEGundo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODG DEFENSORA PÚBLICA ENE Designada mediante Acuerdo de la Asamblea&enal, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Onde la Repúbli Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de pged página original (tal como se publicó) [Página 17] RÉPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 26 de noviembre de 2018 Nº DDPG-2018-759 159º, 208° y 190 ee La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de !a República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la de este Defensa Pública. CONSIDERANDO competencia de la Defensora Pública General, como máxima Quees autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR al CIUdadanO FERNANDO JOSÉ COLMENAREZ UzCATEGUI, titular de la cédula de identidad N° V-10.137.67.4, como Defensor Público Provisorio Quinto (5°) con competencia en materia Penal Ordinario, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Portuguesa, extensión Acarigua, a partir de la fecha de su notificación. sEGundo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíquese, m DRA. SUSANA BARREIROS RGORIGUEZ DEFENSORA PÚBLICA ENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblegcional, de fecha 10 de diciembre de 2015, puolicado en la Gacetaal de la R Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 deinbor5. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 26 de noviembre de 2018 N° DDPG-2018-760 159°, 208° y 190 La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° v-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publiccado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar' por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana EDITTELA DEL VALLE TORRES PÉREz, titular de la cédula de identidad N° V-10.220.204, como Defensora Pública Provisoria Segunda (2°) con competencia en materia Agraria, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Sucre, extensión Carúpano, a partir de la fecha de su notificación. sEGunpo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en.la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRIOEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL cional, de fecha Designada mediante Acuerdo de la Asambi 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gacetagal de la Reg Bolivariana de Venezuela N° .807, de fecha 10 ese. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2018-761 Caracas, 26 de nóviembre de 2018 159°, 208° y 190 La DefenSOra Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con furdamento en lo dispuesto en el artículo, 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la de este Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR al CiUdadanO JOSÉ LUIS JOLIVALD MUJICA, titular de la cédula de identidad N° V-10.812.354, como Defensor Público Auxiliar Cuarto (4°) con competencia en materia Administrativa, Contencioso- Administrativa y Penal para los Funcionarios y Funcionarias Policiales, adscrito a la Unidad Regionai de la Defensa Pública del área metrosôlitana de Caracas, a partir de la fecha de su notificación. sEGunpo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíquese, $$ DRA. SUSANA BARREIROS RODR DEFENSORA PÚBLICA GÑERAL Designada mediante Acuedo de la Asamblea Nac de fecha 10 de diciembre de 2015, pubicado en la Gaceta OficiarfReo Bolivariana de Venezuela N° 40-807, de fecha 10 de diciembrerver201.5. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2018-762 Caracas, 26 de noviembre de 2018 159º, 208° γ 19° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. página original (tal como se publicó) [Página 18] CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores:Públicos o Defensoras Públicas. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR a Ia CiUdadana LUZ MARÍA DA SILVA HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.929.087, como Defensora Pública Provisoria Primera (1°) con competencia en materia Agraria, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, a partir de la fecha de su notificación. SEGundo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROSRODRIGUEZ DEFENSORA PÚBLICA NERAL 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial dere-república Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 20.5. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 7 DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2018-763 Caracas, 26 de nóviembre de 2018 159°, 208° y 19° titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es! competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana YORLIN MIRIAM DÍAZ DE BASTIDAS, titular de la cédula de identidad N° V-11.071.418, como Defensora Pública Auxiliar Primera (1°) con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Bolivariano de Miranda, extensión Guarenas-Guatire, a partir de la fecha de su notificación. SEGunpo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. a Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DEFENSORA PÚBLIOA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asam Nacional, de fech Bolivariana de Venezuela ° 40.807, de fecha ii REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2018-764 Caracas, 26 de noviembre de 2018 1590, 208° γ 190 La DefenSora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso; egreso, ascenso y traslado del personal de !a Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana MIGDALIA COROMOTO VARGAS, titular de la cédula de identidad N° v-11.398.963, como Defensora Pública Auxiliar $egunda (2°) con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Portuguesa, a partir de la fecha de su notificación. sEGunpo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquése y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIRO RODRIGU DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asambleaeglo 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Of eRepública Bolivariana de Venezuela g 40.807, de fecha 10 de diciembre de 20.5. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2018-765 Caracas, 26 de noviembre de 2018 159°, 208° y 19° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR al CiUdadanO LEONARDO JOSÉ CALDERÓN SoLANO, titular de la cédula de identidad N° V-11.956.193, como Defensor Público Auxiliar Tercero (3°) con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Trujillo, a partir de la fecha de su notificación. página original (tal como se publicó) [Página 19] sEGunbo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. rm Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRU DEFENSORA PÚBLICA GENERAL el de fecha Designada mediante. Acuerelo de la Asamblea Na 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Ofici Bolivariana de Venezuela N° 4b.807, de fecha 10 de diciem REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2018-767 Caracas, 26 de noviembre de 2018 159°, 208° γ 19° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de là Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuestp en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem, CONSIDERANDO .m Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la de este Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas. · RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR al CiUdadanO MANUEL ALFONSO VIRGUEZ RODRiGUEz, titular de la cédula de identidad N° V-12.266.084, como Defensor Público Auxiliar Tercero (3°) con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Portuguesa, extensión Acarigua, a partir de la fecha de su notificación. sEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS ROROLUEZ DEFENSORA PÚBLIGENERAL Designada mediante Acuerdo de la AsamNacional, de fecta 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gacejcial de la R Bolivariana de Venezuela N° 0.807, de fecha 10Reke20.5. REPÚBLICA BÓLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2018-768 Caracas, 26 de noviembre de 2018 159°, 208° y 19° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Quees competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que.es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR al CiUdadanO RICARDO RODOLFO RODRÍGUEZ ALCANTARA, titular de la cédula de identidad N° V-12.437.092, como Defensor Público Auxiliar Quinto (5°) con competencia en materia Penal Ordinario, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Anzoátegui, extensión el Tigre, a partir de la fecha de su notificación. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despr.cho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS NOBRIGYEZ DEFENSORA PUBLSGA GENERAL Designada mediante Acuer o e a AeNaciocha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gacrela Repúbica Bolivariana de Venezuela N° 4d807, de fecha 10 de diciembre de 20.5. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 26 de nóviembre de 2018 N° DDPG-2018-769 159°, 208° y 19° La DefenSOra Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de 'a República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con furdamento en lo dispuesto en el artículo,3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de Ia Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana GLENDA KAHEEMIA NAVARRO ARRAEZ, titular de la cédula de identidad N° V-12.477.973, como Defensora Pública Auxiliar Primera (1°) con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Guárico, extensión Calabozo, a partir de la fecha de su notificación. SEGundo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución enla Gacéta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODGEZ DEFENSORA PÚBLICA GNERAL Designada mediante Acuerd de la Asamblea Nanal, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficßen Bolivariana de Venezuela N° g'0.807, de fecha 10 de diciembre-de 20].5. página original (tal como se publicó) [Página 20] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2018-770 Caracas, 26 de noviembre de 2018 1590, 208° y 190 La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la de este Defensa Pública. CONSIDERANDO competencia de la Defensora Pública General, como máxima Que es autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana MARÍA DE LOURDES REYES GONzÁLEz, titular de la cédula de identidad N° V-13.164.766, como Defensora Pública Provisoria Segunda (2°) con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Apure, a partir de la fecha de su notificación. SEGundo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficia) de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS DEFENSORA PÚBLICA NERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea ngl, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Onc OSEERBOR Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciem REPÚBLICA BÓLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2018-771 Caracas, 26 de noviembre de 2018 159°, 208° γ 19° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar: por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR al CiUdadanO EDGAR EDUARDO RANGEL RAMíREz, titular de la cédula de identidad N° V-13.803.221, como Defensor Público Provisorio Segundo (2°) con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Portuguesa, extensión Acarigua, a partir de la fecha de, su notificación. sEGunpo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíquese, em DEFENSORA PÚBLICA ENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblecional, de fe 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta ERENSRabilica Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de dicremere de 2015. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2018-772 Caracas, 26 de noviembre de 2018 1590, 208°190 em La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la de este Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSTDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensorés Públicos o Defensoras Públicas. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR al CiUdadanO ALBERTO ALEJANDRO ABADI GAMEz, titular de la cédula de identidad N° v-23.547.822, comø Defensor Público Auxiliar Primero (1°) con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Táchira, a partir de la fecha de su notificación. SEGunbo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la Répública Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíquese, rm DRA. SUSANA BARREIRORODEZ DEFENSORA PÚBLICA NERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea al, de fech 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oncéd Bolivariana de Venezuela N° 40.807 de fecha 10 de diciembre de 202.5. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA < Nº DDPG-2018-773 Caracas, 26 de noviembre de 2018 159°, 208° γ 19° La DefenSora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de !a República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fur.damento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervišión de la de este Defensa Pública. página original (tal como se publicó) [Página 21] CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR al CiUdadanO CARLOS ENRIQUE SALGADO MoRENO, titular de la cédula de identidad N° V-14.717.750, como Defensor Público Auxiliar Primero (1°) con competencia en materia Agraria, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Sucre, extensión Carúpano, a partir de la fecha de su notificación. SEGundo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS DEFENSORA PÚBLICA ENERAL 10de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Onafaie la Repí Bolivariana de Venezuela N° 40.80g, de fecha 10 de dic REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2018-774 Caracas, 26 de nqviembre de 2018 159°, 208° y 19° em La DefensOra Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° v-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la de este Defensa Pública. em CONSIDERANDO Que e$ competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana SUELKYS SIKIHU RODRIGUEZ VALERA, titular de la cédula de identidad N° V-14.219.239, como Defensora Pública Provisoria Primera (1°) con competencia en materia Civil, Mercantil y Tránsito, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Apure, a partir de la fecha de su notificación. BL SEGunpo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquése y Publíquese, CELF DRA. SUSANA BARREÍROS DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asambiea Naerge fech 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficiare Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 20j.5. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2018-775 Caracas, 26 de noviembre de 2018 159°, 208° y 19° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 201.5, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingresp; · egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas. RESUELVE DESIGNAR al CiUdadanO ABIB JOSÉ MARTÍNEZ PRIMERO: RoDRiGuEz, titular de la cédula de identidad N° V-15.005.926, como Defersor Público Auxiliar Tercero (3°) con competencia. en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, adscrito a la Unidad Regional de la Pefensa Pública del estado Nueva Esparta, a partir de la fecha de su hotificación. (m SEGunDo: Publicar el texto inte,o de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquése y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS ROORIGÕEZ DEFENSORA PÚBLICA ENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asambies cional, de fech 10 ãe diciembre de 2015, pubicado en a Gaceta Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de cfee REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2018-776 Caracas, 26 de noviembre de 2018 159°, 208° γ 19° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem, CONSIDERANDO Quejes competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO competencia de la Defensora Pública General, como máxima Quee$ autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR al CIUdGaNO FRANKLYN EDUARDO APONTE SÁNcHEz, titular de la cédula de identidad N° V-15.197.934, como Defensor Público Auxiliar Quinto (5°) con competencia en materia Penal Ordinario, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública dél estado Aragua, a partir de la fecha de su notificación. página original (tal como se publicó) [Página 22] sEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIRORODCE DEFENSORA PÚBLICAENERAL Designada mediante Acuerdo de a Asambleaeal, de fec 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta On6ensa Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 20.5. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA 1 N° DDPG-2018-777 Caracas, 26 de noviembre de 2018 159°, 208° y 19° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIRQS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana ROSIMAR GONZALEZ CoLMENAREZ, titular de la cédula de identidad N° V-15.493.005, como Defensora Pública Auxiliar Tercera (3°) con competencia paca actuar antes las Salas Plena, Constitucional, Político Administrativa, Casación Civil, Casación Social y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, adscrita a la Dirección Nacional de Actuación Procesal, a partir de la fecha de su notificación. Segundo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGO DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacion 10 de diciembre de 2015, puolicado en la Gaceta Oficial de Bolivariana de Venezuela N° 40±807, de fecha 10 de diciembre de 20.5. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2018-778 Caracas, 26 de noviembre de 2018 159°, 208° 19° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR a Ia Ciudadana KHARYNELL JHAILYN OROZCO GUTIÉRREz, titular de la cédula de identidad N° V-16.657.836, como Defensora Pública Provisoria Decima Sexta (16°) con competencia en, materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Mérida, a partir de la fecha de su notificación. SEGunpo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficia) de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGE DEFENSORA PÚBLICA GENAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, bgcha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2018-779 Caracas, 26 de noviembre de 2018 1590, 208° y 19° La DefensOra Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de dicembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11, y 15, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de eşte Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad, designar y juramentar a los Defensores Públicos o Defensoras Públicas. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana MARÍA DE LOS ANGELES AGUILERA PÉREZ, titular de la cédula de identidad N° V-16.670.564, como Defensora Pública Auxiliar Segunda (2°) con competencia en materia Agraria, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Sucre, extensión Carúpano, a partir de la fecha de su notificación. sEGunbo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RBIGUE DEFENSORA PÚBLIOGENERAL Designada mediante Acuerdo de a Asambpacional, de 10 de diciembre de 2015, publioedo en la GaceSsiede:tapúbica Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de eeieere de 20.5. página original (tal como se publicó) [Página 23] MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 15 de noviembre de 2018 Años 208° y 159° RESOLUCIÓN Nº 3373 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En mi carácter de Fiscal General de la República designado provisionalmente por la Asamblea Nacional Constituyente, mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.322 Extraordinario de fecha 05 de agosto de 2017, y ratificado en el cargo por Decreto Constituyente publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 41.216 de fecha 17 de agosto de 2017; en ejercicio de las atribuciones conferidas en el encabezamiento del artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en el artículo 25, numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. CONSIDERANDO: Que en fecha 5 de agosto de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de su poder originario para reorganizar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico democrático, decretó la emergencia y reestructuración del Ministerio Público, ordenándose en consecuencia la reestructuración y reorganización de todos los órganos del Poder Ciudadano. CONSIDERANDO: Que para el mejor desempeño de las obligaciones inherentes a las Unidades de Atención a la Víctima, se requiere modificar las atribuciones, en beneficio de las víctimas que acuden a tramitar denuncias en estas Unidades. RESUELVE: Las Unidades de Atención a la Víctima, PRIMERO: su adscripción a las Fiscalías Superiores de cada mantendrán Circunscripción Judicial, tendrán relación funcional con la Coordinación Nacional de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales y su rango será de División. SEGunDo: Modificar las funciones de las Unidades de Atención a la Víctima, en los siguientes términos: Recibir y tramitar las denuncias de las víctimas de delito y/o faltas, 1. que acudan a las Unidades de Atención a la Víctima, para su remisión a la Fiscalía Superior respectiva y posterior distribución a la Representación Fiscal competente. Brindar atención integral a las víctimas de delitos, garantizando el 2. cumplimiento de los derechos que las asisten de conformidad con lo estatuido en el ordenamiento jurídico vigente. Articular con entidades, organismos y dependencias públicas que 3. estén obligadas a prestar colaboración al Ministerio Público, según el competencia, atendiendo al principio de ámbito de su corresponsabilidad estadal, la protección y asistencia prevista en la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales. Realizar el seguimiento en sede judicial de la medida de 4. protección acordada por el Órgano Jurisdiccional. Verificar el cumplimiento de las atribuciones de la Brigada 5. Policial Especial para la Protección y Asistencia de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales. Verificar el cabal cumplimiento de las directrices contenidas en el 6. Manual de Organización y Funcionamiento de los Centros de Protección. 7. Administrar los recursos otorgados para el pago de alimentación, hospedaje y transporte de los beneficiarios de la medida de protección. Generar la información estadística y remitir las a la Fiscalía 8. Superior respectiva y a la Coordinación Nacional para la Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales. Las demás que le atribuya la Fiscalía Superior, las 9. reglamentos y resoluciones. leyes, TERcERo: El jefe de División designado deberá coordinar las actuaciones de Unidad y de las extensiones ubicadas en el estado, y las demás que le atribuya la Fiscalía Superior, las leyes, reglamentos y resoluciones. cuArto: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. leriagese y Publíqueseer General de la República página original (tal como se publicó) [Página 24] AÑO CXLVI - MES III Número 41.547 Esta Gaceta contiene 24 páginas, costo equivalente a 10,05 % valor Unidad Tributaria Caracas, lunes 17 de diciembre de 2018 página original (tal como se publicó)