[Página 1] AÑO CXLV - MES VI Número 41.370 Caracas, miércoles 4 de abril de 2018 SUMARIO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 3.343, mediante el cual se autoriza la distribución de recursos adicionales con cargo al Presupuesto de Egresos del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, por la cantidad de cuatrocientos cuarenta mil millones de Bolívares (Bs. 440.000.000.000,00), destinados a la Fundación Frente Bolivariano de Luchadores Sociales, a los fines de garantizar la formación básica y el incentivo como aporte económico de 50.000 nuevos Luchadores Sociales Bolivarianos que se incorporarán a las tareas de la revolución en los ámbitos político, social, productivo y técnico, durante el periodo marzo-julio.-(Se reimprime por error de Imprenta). VICEPRESIDENCIA SECTORIAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA REVOLUCIÓN DE LAS MISIONES Resolución mediante la cual se establece la Estructura para la Ejecución Financiera de Gastos de este Organismo, para el Ejercicio Económico-Financiero del año 2018, la cual estará constituida por la Unidad Administradora Central que en ella se menciona; y se designa como Cuentadante Responsable a la ciudadana Kerry Milagros Medina Acosta. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ SAREN Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Johanna Chiquinquirá Mendoza Ramos, como Notario, en calidad de Encargada, adscrita a la Notaría Pública Tercera de Maracaibo, estado Zulia, de este Organismo. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES Resolución mediante la cual se establece el cese a la Primer Secretario Zulay Coromoto Prieto de Rodríguez, del cargo de Consejero en Comisión, Encargado de Negocios Ad Interim, en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Finlandia, responsable de la Unidad Administradora N° 42109. Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Enrique Antonio Acuña Mendoza, como Ministro Consejero en Comisión, Encargado de Negocios Ad Hoc, para que realice los trámites relativos a la apertura de la sede Diplomática de la República Bolivariana de Venezuela en Astaná, República de Kazajistán, responsable de la Unidad Administradora N° 44144. Resolución mediante la cual se designa al Segundo Secretario en Comisión, ciudadano Oswaldo Rafael Velásquez Díaz, como Administrador de Misión, responsable de la Unidad Administradora N° 41315, en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Panamá. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Arnoldo Eliézer Alfonzo Nieves, como Director General, en calidad de Encargado, de la Oficina de Seguridad y Protección Integral de este Órgano. ONAPRE Providencia mediante la cual se procede a la publicación de un Traspaso de Créditos Presupuestarios hasta el 20%, de una acción específica a otra de distinto proyecto o acción centralizada, entre Gastos de Capital, por la cantidad que en ella se menciona. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Horacio Gómez, como Director Estadal, adscrito a la Dirección Estadal Monagas, de este Ministerio. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD Resolución mediante la cual se designan a los Miembros que integraran la Junta Revisora de Productos Farmacéuticos del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, a la ciudadana y ciudadanos que en ella se mencionan. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Resolución mediante la cual se designan como responsables por el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas, para cumplir con lo establecido en la Resolución N° 171221-386, emanada del Consejo Nacional Electoral, en fecha 21 de diciembre de 2017, a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO INAMUJER Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Esmoisa Maroa Reyes López, como Directora, en calidad de Encargada, de la Oficina de Sistemas y Tecnologías de la Información Institucional, de este Instituto. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Corte Disciplinaria Judicial Decisión mediante la cual se declara resuelta la consulta obligatoria con motivo del sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana Lolimar Pastora García Hurtado, Jueza Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación con competencia en el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz. Decisión mediante la cual se declara su competencia para conocer en Consulta la Sentencia N° TDJ-SD-2018-09, de fecha 30/01/2018, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en la que se decretó el sobreseimiento de la investigación seguida al ciudadano Víctor José González Jaimes, en su carácter de Juez Titular del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y Tránsito, de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. página original (tal como se publicó) [Página 2] 440.654 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Miércoles 4 de abril de 2018 Decisión mediante la cual se declara resuelta la consulta obligatoria con motivo de la Sentencia N° TDJ-SD-2018-11, dictada en fecha 05 de febrero de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial, en la Causa AP61-S-2018-000011, mediante la cual se decretó el sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana Karina Teresa Duque Durán, Jueza Titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, extensión San Antonio del Táchira. Decisión mediante la cual se declara su competencia para conocer en Consulta la Sentencia N° TDJ-SD-2018-13, de fecha 15/02/2018, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en la que se decretó el sobreseimiento de la investigación seguida al ciudadano Luis Tomás León Sandoval, en su carácter de Juez Titular del Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Decisión mediante la cual se declara resuelta la consulta obligatoria con motivo de la Sentencia N° TDJ-SD-2018-014, dictada en fecha 15 de febrero de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial, en la Causa N° AP61-S-2018-000018, mediante la cual fue decretado el sobreseimiento de la investigación seguida contra el Juez Rubén de Jesús Medina Aldana, Juez Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara. Decisión mediante la cual se declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha 29 de enero de 2018, por la ciudadana Yuvitmar Ayala Hung, actuando por delegación de la Inspectoría General de Tribunales, contra la Sentencia N° TDJ-SD-2017-76, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 21 de noviembre de 2017. Dirección Ejecutiva de la Magistratura Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jesús Gregorio Roso Romero, como Director General de Seguridad, de este Organismo. DEFENSA PÚBLICA Resolución mediante la cual se traslada a la ciudadana Lissett Gardenia Ruiz Peña, para que se desempeñe como Defensora Pública Provisoria (10ª), con competencia en materia Penal Ordinario, en la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Mérida. Resoluciones mediante las cuales se establece el cese de funciones a la ciudadana y al ciudadano que en ellas se indican, en los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo. Resoluciones mediante las cuales se designan a la ciudadana y a los ciudadanos que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se mencionan, de este Organismo. Resoluciones mediante las cuales se retira a las ciudadanas que en ellas se indican, de este Organismo. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Ingrid Coromoto Tovar Inciarte, como Directora, Encargada, de la Dirección de Gestión de Talento Humano de la Dirección General de Talento Humano, de este Órgano de Control. Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Beatriz Elena Noguera Guerrero, como Directora, Encargada, de la Dirección de Desarrollo Humano, adscrita a la Dirección General de Talento Humano, de este Órgano de Control. MINISTERIO PÚBLICO Resoluciones mediante las cuales se trasladan a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, a la Unidad y Fiscalías que en ellas se especifican, de este Organismo. Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 3.343 03 de abril de 2018 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la Patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 11 del artículo 236 ejusdem, concatenado con el numeral 4 del artículo 2° del Decreto N° 3.239 de fecha 09 de enero de 2018, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, prorrogado mediante Decreto N° 3.308 de fecha 09 de marzo de 2018, en concordancia con los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en Consejo de Ministros, CONSIDERANDO Que en el marco del Decreto mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica y su prórroga, se requiere hacer erogaciones no previstas en el Presupuesto Anual, con cargo al Tesoro Nacional, que permitan enfrentar la situación excepcional hasta alcanzar el restablecimiento del orden financiero Nacional, CONSIDERANDO Que es obligación y firme compromiso del Gobierno Revolucionario impedir que se generen daños a la economía del país, a fin de garantizar al pueblo venezolano el direccionamiento preferente de los recursos económicos disponibles, para los proyectos sociales y la generación de la infraestructura necesaria para el mejoramiento de su calidad de vida, aún en condiciones de estado de emergencia económica, formalmente declarado y vigente, CONSIDERANDO Que el Estado debe asegurar a las venezolanas y venezolanos el disfrute de sus derechos e igualmente, reducir los efectos de la inflación inducida y de la especulación y contrarrestar los problemas que afectan gravemente el equilibrio económico financiero del país, CONSIDERANDO Que, a los fines de materializar la ejecución de los proyectos enmarcados en el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, se requiere financiar y transferir los recursos necesarios para cubrir los gastos de personal y de funcionamiento que garanticen el desarrollo de las políticas públicas y el buen vivir de las venezolanas y los venezolanos, DICTO El siguiente, DECRETO N° 31 EN EL MARCO DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y DE EMERGENCIA ECONÓMICA, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ADICIONALES CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS. página original (tal como se publicó) [Página 3] Miércoles 4 de abril de 2018 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 440.655 Artículo 1°. Se autoriza la distribución de recursos adicionales con cargo al presupuesto de egresos del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS, por la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 440.000.000.000,00); destinados a la Fundación Frente Bolivariano de Luchadores Sociales, a los fines de garantizar la formación básica y el incentivo como aporte económico de 50.000 nuevos Luchadores Sociales Bolivarianos que se incorporarán a las tareas de la revolución en los ámbitos político, social, productivo y técnico, durante el periodo marzo - julio. Artículo 2°. Los recursos para financiar los gastos a que se refiere este Decreto, provienen de Otros Ingresos Extraordinarios, debidamente certificados por la Tesorería Nacional. Artículo 3°. La distribución de los recursos a los que se refiere el artículo 1° de este Decreto, se realizará según la siguiente imputación presupuestaria: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS Bs. 440.000.000.000 Acción Centralizada: 0340002000 "Gestión Administrativa" " 440.000.000.000 Acción Específica: 0340002001 "Apoyo institucional al sector público" " 440.000.000.000 Partida: 4.07 "Transferencias y donaciones" " 440.000.000.000 Otras Fuentes Sub-Partida Genérica, Específica y Sub-Específica: 01.03.02 "Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales " " 440.000.000.000 A0414 Fundación Frente Bolivariano de Luchadores Sociales " 440.000.000.000 Artículo 4°. Los Ministros del Poder Popular de Economía y Finanzas, y del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, quedan encargados de la ejecución de este Decreto. Artículo 5°. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los tres días del mes de abril de dos mil dieciocho. Años 207° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.) Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República y Primer Vicepresidente del Consejo de Ministros (L.S.) TARECK EL AISSAMI Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.) JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.) NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa y Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz (L.S.) VLADIMIR PADRINO LÓPEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y Vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura (L.S.) JORGE JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas (L.S.) SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO Refrendado El Ministro del Poder Popular para Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas (L.S.) JUAN BAUTISTA ARIAS PALACIO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional (L.S.) JOSÉ GREGORIO VIELMA MORA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, y Vicepresidente Sectorial de Economía (L.S.) WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Agricultura Urbana (L.S.) FREDDY ALIRIO BERNAL ROSALES Refrendado El Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura (L.S.) ORLANDO MIGUEL MANEIRO GASPAR Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) LUIS ALBERTO MEDINA RAMÍREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Turismo (L.S.) MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo (L.S.) MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (L.S.) VÍCTOR HUGO CANO PACHECO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Vicepresidente Sectorial de Planificación (L.S.) RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (L.S.) LUIS SALERFI LÓPEZ CHEJADE Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ página original (tal como se publicó) [Página 4] 440.656 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Miércoles 4 de abril de 2018 Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte (L.S.) PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARÍA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (L.S.) NÉSTOR VALENTÍN OVALLES Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación y Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones (L.S.) ELÍAS JOSÉ JAUA MILANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (L.S.) HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas (L.S.) RAMÓN CELESTINO VELÁSQUEZ ARAGUAYÁN Refrendado El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (L.S.) ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDI Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales y Vicepresidente Sectorial de Desarrollo del Socialismo Territorial (L.S.) ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Transporte (L.S.) CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Obras Públicas (L.S.) CÉSAR ALBERTO SALAZAR COLL Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios (L.S.) LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ Refrendado El Ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz (L.S.) GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES VICEPRESIDENCIA SECTORIAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA REVOLUCIÓN DE LAS MISIONES MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ página original (tal como se publicó) [Página 5] atribuciones y firmas de los actos y documentos contenida en el Artículo 1, numeral 1°, de la Resolución N° 162, de fecha 09 de Septiembre de 2015, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.743, de fecha 10 de Septiembre de 2015, en atención a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 5 de la Resolución N° 31 de fecha 24 de Febrero de 2011, reimpresa por error material en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.667, de fecha 05 de Mayo de 2011 contentiva de la Estructura Organizativa y Funcional del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, conforme a lo previsto en los artículos 12 y 69 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156, Extraordinario de fecha 19 de Noviembre de 2014, y según Punto de Cuenta N° 030 de fecha 23 de Marzo de 2.018, aprobado por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, procedo a DESIGNAR a la Ciudadana JOANNA CHIQUINQUIRA MENDOZA RAMos, titular de la cédula de identidad N° v-10.444.984, como NOTARIO en Calidad de ENCARGADA, adscrita a la NOTARÍA PÚBLICA TERCERA DE MARACAIBO ESTADO ZULIA (CÓD. 194) del ServiCio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN). El presente Acto Administrativo tendrá vigencia a partir de la fecha de su notificación. "Comuníquese y públíquese" NELSON JOSE GARCÍA Director Generàl (E) del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) Decreto Presidencial No.1.979 def 04 de Septiembre de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la Republica Boßvariana de Venezuela N° 6.195 Extraordinario de la misma fecha MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Exteriores Despacho del Ministro 070 DM N° Caracas, 1 5 MAR 2018 207° / 159° / 190 RESOLUCIÓN El CiudadanO JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT, titular de la cédula de identidad N° V-11.945.178, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, designado mediante Decreto N° 3.015 del 02 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°41.205 del 02 de agosto de 2017, de conformidad con lo previsto en los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N°6.147 del 17 de noviembre de 2014, en la Disposición Derogatoria Primera de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial N°40.217 de fecha 30 de julio de 2013, en atención a lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del Reglamento N°1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Publico, sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N°5.781 del 12 de agosto de 2005. RESUELVE PRIMERo. Cesar a la Primer Secretario Zulay Coromoto Prieto de Rodríguez, titular de la cédula de icientidad N° V-5.315.957, del cargo de Consejero en comisión, Encargado de Negocios Ad Interim, en la Embajada de ia República Bolivariana de Venezuela en la República de Finlandia, responsable de la Unidad Administradora N° 42109. SEGUNDA: Trasladar a la Tercer Secretario Zulay Coromoto Prieto de Rodríguez, titular de la cédula de identidad N° V-5.315.957, de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Finlandia al Servicio Interno. De conformidad con los artículos 23 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, deberá presentar la Declaración Jurada de Patrimonio y anexar fotocopia del comprobante emitido por la Contraloría General de la República y consignarlo ante la Oficina de Gestión Humana, asimismo deberá presentar Acta de cese de funciones, en concordancia en el artículo 53 del Reglamento N°1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sect::r Público, sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 del 12 agosto de 2005.. Se instruye a la Oficina de Gestión Humana para que notifique a la parte interesada cumpliendo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Ministro del Poder Pcpular para Relaciones Exteriores Decreto N°3:015 del.2 de agosto de 2017 Gaceta Oficial N°41.205 del 2 de agosto de 2017 República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Despacho del Ministro DM N°.081 207° / 159° / 190 Caracas, 2 3 MAK 2U10 RESOLUCIÓN El ciudadano JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT, titular de la cédula de identidad N° V-11.945.178, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, designado mediante Decreto N° 3.015 del 02 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°41.205 del 02 de agosto de 2017, de conformidad con lo previsto en los artículos 34, 37, 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N°6.147 del 17 de noviembre de 2014, en la Disposición Derogatoria' Primera de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial N°40.217 de fecha 30 de julio de 2013, en virtud de la cual se mantiene vigente los artículos 7 y 58 de la Ley de Servicio Exterior, y en atención a lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del Reglamento N°1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Publico, sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N°5.781 del 12 de agosto de 2005. RESUELVE Designar al ciudadano Enrique Antonio Acuña Mendoza, titular de la cédula de identidad N°V-12.066.912, como Ministro Consejero en comisión, Encargado de Negocios Ad Hoc, para que realice los trámites relativos a la apertura de la sede Diplomática de la República Bolivariana de Venezuela en Astaná, República de Kazajistán, responsable de la Unidad Administradora N°44144. página original (tal como se publicó) [Página 6] De conformidad con los artículos 23 y 26 del Decreto ccn Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, deberá presentar la Declaración Jurada de Patrimonio y anexar fotocopia del comprobante emitido por la Contraloría General de la República y consignarlo ante la Oficina de Gestión Humana. Se instruye a la Oficina de Gestión Humana para que notifique a la parte interesada cumpliendo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Comuníquese y Publíquese, JORGE ALBERTO ARREAZA MONISERRAT Ministro del Poder Popular para Relacionevi "Decreto.N°3.015 del 2 de agosto de 2017 Gaceta Oficial N°41.205 del 2 d agosto de-2017 República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Exteriores Despacho del Ministro DM NO 098 Caracas, 0 2 ABR 2018 207° / 159° / 190 RESOLUCIÓN El CiudadanO JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT, titular de la cédula de identidad N° V-11.945.178, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Relaciones Extériores de la República Bolivariana de Venezuela, designado mediante Decreto N° 3.015 del 02 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°41.205 del 02 de agosto de 2017, de conformidad con lo previsto en los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N°6.147 del 17 de noviembre de 2014, en la Disposición Derogatoria Primera de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial N°40.217 de fecha 30 de julio de 2013, en atención a lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento N°1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del' Sector Publico, sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N°5.781 del 12 de agosto de 2005. RESUELVE Designar al Segundo Secretario en comisión Oswaldo Rafael Velásquez Díaz, titular de la cédula de identidad N° V-12.730.227, como Administrador de Misión, responsable de la Unidad Administradora N° 41315, en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Panamá. Se instruye a la Oficina de Gestión Humana para que notifique a la parte interesada cumpliendo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Comuníquese y Publíquese, JORGE ALBERTQ ARREAZA MONTSERRAT Ministro del Poder Pop para Relnes Exteriores Gaceta Oficial N°41.205gosto de.2017 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS DESPACHO DEL MINISTRO 2 2 MAR. 29.9 Caracas, Años 207°, 1590 y 19° RESOLUCIÓN N° 0 3 4 El Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, designado mediante Decreto N° 3.126 de fecha 26 de octubre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.265 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confiere numerales 2, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.147, de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5; artículo 19 y numeral 6 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002, designa al Ciudadano ARNOLDO ELIEZER ALFONZO NIEVES, titular de la cédula de identidad N° v- 5.610.072, como Director General, en calidad de encargado, de la oficina de Seguridad y Protección Integral de este Órganp, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolvariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese, WM SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas (E) Decreto/N° 3.126 de/fecha 26 de octubre de 2017 G.O.R.B.y. N° 41.265 de fecha 26 de octubre de 2017 República Bolivariana de Venezuela - Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas - Oficina Nacional de Presupuesto - Número: 001- Caracas, 22 de marzo de 2018 - 207° de la Independencia, 1590 de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana. PROVIDENCIA De conformidad con lo establecido en el artículo 87, numeral 3 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, se procede a la publicación de un traspaso de créditos presupuestarios hasta el 20%, de una acción específica a otra de distinto proyecto o acción centralizada, entre Gastos de Capital, de la VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, pOr la Cantidad de SESENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCH0CIENToS BOLÍVARES (Bs.60.686.800,00), autorizado pOr esta Oficina en fecha 21 de marzo de 2018, de acuerdo con la siguiente imputación: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 60.686.800,00 Bs. CEDENTES: Proyecto: "Fortalecer el accionar del Estado 0330064000 Venezolano en materia de precios justos en defensa de derechos socioeconómicos de la población, a través de eficientes mecanismos de abordajes y sanción a los ilícitos económicos cometidos por inescrupulosos sujetos de aplicación" 11.508.800,00 Acción Específica: 0330064001 herramientas y generar "Construir escenarios basados en la planificación estratégica apoyados en la elaboración de perfiles de los sujetos de aplicación, asociados a la importación, producción, distribución y comercialización de bienes y prestación de servicios en todo el territorio nacional" 11.508.800,00 4.04 "Activos reales" 11.508.800,00 Partida: Ingresos Ordinarios Sub-Partidas Genéricas, "Maquinaria y equipos de artes gráficas y Sub-Específicas: 03.04.00 2.197.600,00 reproducción" 07.02.00 "Equipos de enseñanza, deporte y 9.311.200,00 recreación" "Implementación del nuevo Sistema Proyecto: 0330065000 de Adecuación Continua de Precios en aras de la estabilización de precios y desaceleración de los índices inflacionarios y especulativos dentro del territorio nacional" 262.200,00 página original (tal como se publicó) [Página 7] Miércoles 4 de abril de 2018 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 440.659 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD página original (tal como se publicó) [Página 8] 440.660 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Miércoles 4 de abril de 2018 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO página original (tal como se publicó) [Página 9] 4.- Planificar, desarrollar, instalar e implementar sistemas y aplicaciones que beneficien y automaticen las actividades desarrolladas en las unidades organizacionales, basándose en los estándares de diseño y operación establecidos en la normativa legal dictada por el Ministerio del Poder Popular con competencia en ciencia, y tecnología. 5.- Mantener actualizado el Inventario de recursos y tecnologías de Información del Instituto. 6. Planificar y evaluar la instalación y desincorporación de los equipos tecnológicos pertenecientes al Instituto. 7. Asesorar a todas las unidades Organizacionales del Instituto, sobre la utilización del software libre de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio del Poder Popular con competencia en Ciencia y Tecnología. 8. Establecer las necesidades especificas de capacitación del personal bajo su dirección. operatividad del Instituto. 10. Evaluar y participar en los planes y presupuestos para adquisición de recursos tecnológicos requeridos para asegurar la renovación tecnológica e implantación de nuevos proyectos. 11. Definir y gestionar la seguridad informática con respecto a servicios y recursos tecnológicos que soportan la operatividad de la Institución. 12. Desarrollar y mantener la arquitectura de datos e información adecuada al Instituto. 13. Definir politicas y estándares de informática de acuerdo con las directrices del Instituto. 14. Diseñar y ejecutar un Plan de Mantenimiento Integral a fin de conservar, en óptimas condiciones de operatividad, todos los sistemas automatizados de información. 15. Supervisar la ejecución de los contratos que suscriba la Institución en materia de adquisición de bienes o prestación de servicios en el campo de tecnología de la información. 16: Realizar el control previo y permanente de los programas, proyectos u operaciones, para garantizar el cumplimiento de objetivos y metas, y la eficiencia, eficacia, economía y calidad su desempeño. 17. Elaborar y remitir trimestralmente "Informe de Gestión", a la Dirección General y a la Oficina de Planificación, Organización y Presupuesto, con la finalidad de dar cuenta sobre los resultados obtenidos por la gestión de la Oficina. 18. Responder con prontitud y celeridad, las solicitudes de información requeridas por las unidades organizacionales, inherentes al área, cumpliendo con las politicas de eficiencia y eficacia, integradas en los valores de la Institución. 19. Promover el uso de Tecnologias de Información que impulsen el desarrollo tecnológico institucional a través de proyectos de innovación tecnológica. 20. Conjuntamente con la Oficina de Planificación, Organización y Presupuesto, asesorar a las unidades del Instituto en el uso de software libre, de acuerdo con los lineamientos dictados. 21. Las demás que le sean asignadas por las máximas autoridades jerárquicas del instituto y por el ordenamiento juridico. ARTicuLo 3.- La funcionaria designada presentará a la Presidenta (E) del Instituto, en la forma y oportunidad que ésta indique, una relación detallada de los actos y documentos emitidos o firmados en ejercicio de estas atribuciones. ARTicULO 4.- Los actos y documentos que suscriba la funcionaria en ejercicio de la presente designación, deberán indicar bajo su firma la fecha, número y datos de publicación oficial de esta Providencia. ARTicuLo 5.- La Presidenta (E) del Instituto se reserva en todo caso, el derecho de ejercer directamente todas las facultades conferidas a través de esta Providencia. ARTicuLO 6.- La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir del 14 de febrero de 2018. Comuniquese y Publiquese, BLANCA EEKHOUT GÓMEZ Presidenta (E) del Instituto Nacional de la Mujer Designada mediante Decreto Presidencial N° 2.544, de fecha 09 de noviembre de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°41.027, de fecha 09 de noviembre de 2016. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE PODER JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL EXPEDIENTE N° AP61-S-2016-000143 JUEZA PONENTE: DRA. MERLY MORALES HERNANDEZ. Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial pronunciarse sobre la consulta obligatoria de ley, relacionada con la decisión N° TDJ-SI-2017-9, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo adelante TDJ) en fecha 22 de febrero de 2017 en la causa signada con el N° AP61-S-2016-000143, nomenclatura que conserva, ciudadana LOLIMAR PASTORA GARCÍA HURTADO, titular de la cédula de identidad N° V-8 261.232, de conformidad con el artículo 71 numerales 1, 2 y 5 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (en lo sucesivo Código de Ética), por las actuaciones realizadas durante el desempeño de sus funciones como Jueza Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación con Competencia en el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz. | ANTECEDENTES La presente investigación disciplinaria se inició en virtud del oficio N° CLEBPO/576-2012, del 17 de julio de 2012, enviado por la Jueza Coordinadora del Circuito Laboral del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz del estado Bolivar al Inspector General de Tribunales (en lo adelante IGT), en el cual remite , denuncia presentada por la ciudadana LICET MARTINEZ, titular de la cédula de identidad N° 9.944.788, abogada en ejercicio inscrita en el Inpreabogado bajo el número 43.910, quien manifestó haber sido víctima en el Tribunal a cargo de la jueza LOLIMAR GARCÍA HURTADO de violaciones del derecho a la defensa, dicha problemas con las notificaciones, con las copias certificadas, publicación de actos del Tribunal; tardanza en más de 10 días para dar respuesta a las peticiones; así mismo denunció que la abogada Yurimar Odreman tiene libre acceso a la Sala de Escribientes, mientras se le restringe a los demás abogados. Una vez efectuada la respectiva investigación disciplinaria, la Inspectoría General de Tribunales (en lo adelante IGT) dictó acto conclusivo en fecha 22 de febrero de 2016, a través del cual solicitó el sobreseimiento de los hechos antes mencionados, por considerar que los mismos no se realizaron e interpuso acusación, con relación al presunto descuido injustificado por parte de la jueza investigada en la tramitación de varias causas judiciales. En fecha 06 de julio de 2016, la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial mediante auto acordó, con relación a las solicitudes de sobreseimiento remitir al TDJ copias certificadas del acto conclusivo de la IGT. a los fines de su pronunciamiento. En fecha 20 de octubre de 2016, el TDJ dictó auto mediante el cual acordó dar AP61-S-2016-000010, para la tramitación del sobreseimiento solicitado y se designo como ponente a la jueza Jacqueline Sosa Mariño. En fecha 22 de febrero de 2017, el TDJ profirió decisión mediante la cual decretó el sobreseimiento de la investigación disciplinaria seguida a la Jueza denunciada, en cuanto a los hechos delatados de conformidad con lo previsto en el numeral 1, 2 y 5 del artículo 71 del Código de Ética vigente. Por auto de fecha 08 de febrero de 2018, el TDJ ordenó la remisión de la presente causa a esta Corte Disciplinaria Judicial, contentiva de la decisión N° TDJ-SI- 2017-9 de fecha 22 de febrero de 2017, a los efectos de la correspondiente consulta obligatoria de Ley; tal remisión se efectuó a través del oficio N° TDJ-102-2018 de fecha 08 de febrero de 2018. En fecha 20 de febrero de 2018, se dejó constancia de la recepción del asunto proveniente del Tribunal Disciplinario Judicial signado con el N° AP61-S-2016-0p0143, así como de la asignación de la ponencia según el orden cronológico y alternativo a la jueza MERLY JACQUELINE MORALES HERNÁNDEZ, quien como ponente suscribe el presente fallo. II DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA En fecha 22 de febrero de 2017, el TDJ publicó la decisión N° TDJ-SI-2017-9, decretando el sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana LOLiMAR PASTORA GARCÍA HURTADO, antes identificada, tomando como fundamento las siguientes consideraciones: página original (tal como se publicó) [Página 10] En cuanto al hecho denunciado, atinente a la tardía atención en el Archivo debido a que el funcionario adscrito a esa Área llegaba después de las 9:00 a.m., e informará que los expedientes solicitados por los abogados no se encontraban en el archivoø; el TDJ verificó del control de asistencia de los archivistas de los meses de mayo, junio y julio de 2012, que de los 3 funcionarios que se desempeñan como archivigtas, uno de ellos ingresaba al Tribunal pasadas las 9 de la mañana, y que de tal documental no se pudo verificar que dichos empleados incumplan con sus funciones, principalmente la de préstamos de expedientes. Sin embargo, el TDJ, consideró que el encargado de supervisar y controlar al personal de Archivo en los Circuitos Judiciales es el Coordinador Judicial, de acuerdo con la Resolución N° 69 de fecha 27 de agosto de 2004, dictada por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, publicada la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.011 de fecha 30 de agosto de 2004,la cual regula la creación y funcionamiento de los Circuitos Judiciales en materia de Protección del Niño y del Adolescente, concluyendo que la Jueza denunciada no tiene responsabilidad en el atribuírsele a la Jueza investigada, razón por la cual decretó el sobreseimiento de la investigación de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 del Código de Ética. En relación al segundo hecho sobre las presuntas irregularidades en las notificaciones ordenadas por el Tribunal a cargo de la Jueza denunciada, consistentes en la realización de dos notificaciones diarias y que en ausencia del alguacil, no se practica ninguna, el a quo constató de las actas del expediente, especificamente del cuadro de estadísticas correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de 2012, emanado de la Coordinación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolespentes de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivar, con sede en Puerto Ordaz, que para el mes de mayo se registraron 160 notificaciones efectivas y 166 notificaciones libradas; en junio se realizaron180 notificaciones y 154 notificaciones libradas; y en julio se registraron 182notificaciones efectuadas y 207 notificaciones libradaß, apreciando el TDJ que las notificaciones fueron libradas y practicadas, por lo cual no se vieron afectadas las actividades del área de Alguacilazgo del mencionado Circuito Judicial. # Tribunal de Primera Instancia Disciplinaria, aun cuando verificó la era responsable de la observancia, control y manejo del personal que labora en dicha área, $ino que tal actividad corresponde a la Coordinación Judicial, por tal motivo estimó que el hecho delatado no podía ser atribuido a la jueza investigada decretando en consecuencia el sobreseimiento de la investigación, conforme al artículo 71.1 del Códigq de Ética. 6 En lo referente a la tercera denuncia, según la cual las certificación$ no se realizaban en el tiempo oportuno lo que traía como consecuencia que mientras no constare en autos las certificaciones correspondientes no se podía accede a los expedientes e impedía conocer las fechas de las audiencias, respecto a este hecho, el TDJ constató de las copias certificadas del "Porcentaje de Mediación (Efectividad de los Tribunales de Mediación, Sustanciación y Ejecución)", emanadas del circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivar, con sede en Puerto Ordaz, que se celebraron 14 audiencias en el mes de mayo de 2012 y se remitieron 3 expedientes a juicio, para un porcentaje de 79% de efectividad en las mediaciones; y en el mes de junio de 2012 se celebraron 9 audiencias, remitiéndose 2 expedientes a juicio, con un 78% de efectividad; y en julio de 2012 se celebraron 27 audiencias, con 7 expedientes remitidos a juicio y un f4% de efectividad. El Tribunal Disciplinario Judicial sostuvo que a pesar de evidenciar el porcentaje de efectividad sobre las audiencias realizadas, no pudo constatar si las partes tuvieron certificación oportuna y por el acceso al expediente, no evidenciando elementos suficientes que sirvieran de base para la imposición de alguna sanción disciplinaria, y en consecuencia el a quo procedió a decretar el sobreseimiento de la investigación para el presente hecho, de conformidad con el numeral 5 del artículo 71 del Cógigo de Ética. Por otro lado, el Tribunal a quo en lo concerniente al cuarto hecho denunciado, es decir la publicación de los actos del Tribunal solo los días lunes, con lo que se impedía a los usuarios del Circuito Judicial de marras, verificar el día viernes loß actos que correspondian realizarse el día lunes, observó del Acta de Investigación de fecha 27 de noviembre de 2013,emanada de la IGT, que la Secretaria del Tribunal a cargo de la Jueza denunciada y el Coordinador Judicial, informaron que la publicación de los actos en la cartelera del Circuito de la semana siguiente, se realizan los días viernes. La Primera Instancia Disciplinaria analizó el principio de vinculación positiva, derivado del Principio de Legalidad, estableciendo en su decisión que ningún funcionario puede actuar sino conforme a las atribuciones establecidas en la Ley, y que la Resolución N° 69 de fecha 27 de agosto de 2004, dictada por la Dijección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia y las normas que regulan el funcionamiento de los Circuitos Judiciales en materia de Protección del Niño y del Adolescente, no estipulan la obligación de publicar los actos a celebrarse la semana siguiente por parte de algún funcionario, concluyendo que la jueza LOLIMAR QARCÍA HURTÀDO no tiene responsabilidad en la publicación de los actos en la cartelera del Circuito, considerando el TDJ procedente decretar sobreseimiento de la investigación, de conformidad con el artículo 71.2 del Código de Ética, por cuanto estimó que el hecho denunciado no revestía carácter disciplinario. en relación a la quinta denuncia, referida a que la jueza investigada presuntamente incurrió en retardo de más de 10 días en dar respuesta a las diligencias presentadas por los usuarios, a pesar de no estar trabajando el expediente, al respecto, el TDJ analizó la sentencia N° 1274, de fecha 9 de diciembre de 2010, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que fue acompañada a la denuncia, en la que se menciona una presunta vulneración al debido process por la Jueza denunciada, observando el a quo que de la mencionada decisión se desprende que el juzgado a cargo de la Jueza denunciada proveyó las peticiones formuladas en las diligencias de la accionante, aunque con retardo. De igual forma en el fallo objeto de consulta se determinó que el presunto retraso en dar respuesta a las diligencias de fechas 24 de febrero de 2010, el 08 y 23de marzo de 2010, el 13 y 26 de mayo de 2010 y 13 de julio de 2010 —citadas en la mencionada sentencia N° 1274- es un hecho sin trascendencia disciplinaria, en virtud del buen desempeño de la jueza investigada en el trámite de causas y audiencias realizacas, invocando las decisiones N° 12 de fecha 12 de marzo de 2015 y N° 1 de fecha 14 de enero de 2016, de esta Superior Instancia. Seguidamente en la decisión consultada se analizó el principio de legalidad y su vertiente en el principio de tipicidad, observando que el aludido retraso no excedió de diez días, como fue denunciado, pasando a estudiar si tal retardo resultó injustificado o no y si se vulneró la tutela judicial efectiva de las partes, a tal efecto el a quo destacó que el cúmulo de causas que pesan sobre los Tribunales resulta un hecho notorio judicial y que atendiendo a que el tiempo del retraso no superó 10 días no consideraba como injustificado dicho retraso, concluyendo el TDJ que lo procedente era decretar el sobreseimiento de la investigación de conformidad con el artículo 71.2 del Código de Ética, ppr cuanto a su juicio el hecho no reviste carácter disciplinario. Respecto al sexto hecho denunciado, en cuanto a que la abogada Yurimar Odreman quien fue funcionaria del Circuito de Protección de Niño y del Adolescente del Estado Bolívar, mantenía privilegios como salir y entrar de la sala de escribientes y despachos de los jueces, en desventaja con el resto de los abogados que litigan en el ya indicado Circuito Judicial, el Tribunal a quo verificó a través del Acta de Investigación de fecha 27 de noviembre de 2013, emanada de la IGT, que el Coordinador Judicial César González y la actual secretaria del tribunal afirmaron que la abogada Yurimar Odreman hizo tres suplencias como secretaria de Sala en este Circuito en los años 2003-2004 y que no posee privilegios en este Circuito, por lo que a juicio del TDJ no existen evidencias de la comisión del hecho denunciado, decretando por tal razón el sobreseimiento de la investigación conforme al artículo 71.5 del Código de Ética. III DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Previo a cualquier pronunciamiento, debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer de la presente consulta obligatoria y a tal efecto observa lo siguiente: El artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015, preceptúa la competencia de esta Alzada Disciplinaria para el conocimiento de las consultas obligatorias a las decisiones del Tribunal Disciplinario Judicial que decreten el sobreseimiento, y en tal sentido establece lo siguiente: Artículo 71: El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria hubieren sido dictadas. Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando: 1. El hecho no se realizó o no puede atribuírsele al sujeto investigado. 2. El hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario. 3. La acción disciplinaria haya prescrito. 4. Resulte acreditada la cosa juzgada 5. No exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial. 6. La muerte del juez o la jueza. El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento de la investigación, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco días siquientes." (Resaltado de exta Alzada) La norma ut supra transcrita, además de establecer en forma taxativa las causales que dan lugar a la declaratoria del sobreseimiento, siendo esta una de las formas de terminación anticipada del proceso disciplinario judicial, estatuye igualmente la consulta obligatoria a este Órgano Colegiado de la resolución judicial que decrete el mismo ello no solo en atención al cumplimiento del Principio de la Doble Instancia, cuyo derecho para las partes en juicio, es inherente al debido proceso, sino por la disciplinario. De allí que el legislador de tan especial materia, haya establecido la revisión por un Tribunal de Alzada, del fallo que declara la finalización del proceso como consecuencia del sobreseimiento y solo al verificarse los supuestos indicados en la norma aplicable, procederá su declaratoria. página original (tal como se publicó) [Página 11] Se puede evidenciar que la sentencia N° TDJ-SI-2017-9 dictada por el Tribunal de Primera Instancia Disciplinaria en fecha 22 de febrero de 2017, decretó el HURTADO, con fundamento al artículo 71 numerales 1, 2 y 5del Código de Ética, por considerar que los hechos denunciados, se encuentran dentro de los supuesto disciplinaria, por tal motivo resulta competente para su conocimiento este Órgano Superior; asimismo, el a quo mediante oficio N° TDJ-102-2018, de fecha 08 de febrero de 2018, ordenó la remisión del expediente a los efectos de la consulta obligatoria prevista en el último párrafo del artículo arriba citado; por todo lo antes expuesto esta alzada declara su competencia para conocer de la presente consulta obligatoria de Ley. Y así se declara. IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Determinada la competencia, pasa esta Corte Disciplinaria Judicial a emitir el respectivo pronunciamiento, previa las siguientes consideraciones: Esta Alzada, en reiterados fallos ha referido que el sobreseimiento previsto en nuestra norma adjetiva disciplinaria, constituye una forma de concluir los procesos disciplinarios judiciales, en forma anticipada, al comprobarse la procedencia de uno de los supuestos contenidos en dicha norma (el hecho objeto del proceso no se realizó, no puede atribuírsele al Juez denunciado, que el hecho no sea típico, que la acción disciplinaria ha prescrito, que resulte acreditada la cosa juzgada, que no exista la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación o la muerte del juez), y cuya comprobación por parte del órgano disciplinario de primera instancia judicial deberá ser, por mandato de ley, consultada por ante el órgano superior disciplinario, conllevando, como consecuencia de su confirmación, la extinción del proceso disciplimario judicial y la imposibilidad de perseguir nuevamente al sujeto de derecho a favor de quien es dictado el sobreseimiento, en razón de su carácter de cosa juzgada. Disciplinaria Judicial). Ahora bien, con relación al caso sometido a consulta, observa este Despacho Superior que la IGT solicitó el sobreseimiento de la investigación a la jueza LCLIMAR PASTORA GARCÍA HURTADO, de conformidad con Io establecido en el artículo 71 numeral 1 del Código de Ética, por considerar que no podían atribuírsele a la Jueza investigada los hechos denunciados, vale decir, la imposibilidad de acceder a los expedientes; problemas con las notificaciones, con las copias certificadas, publicación de actos del Tribunal; retardo con más de 10 días para dar respuesta a las peticiones (Yurimar Odreman) para acceder a la Sala de Escribientes, mientras le era restringido al resto de los abogados. No obstante a ello, la Primera Instancia Disciplinaria luego de analizar las actas del expediente, decreto el sobreseimiento de la investigación conforme al numeral 1 del artículo 71 del vigente Código de Ética respecto a las denuncias primera, segunda y cuarta, y con fundamento en el numeral 5, del artículo 71 del Código de Ética la tercera y sexta, al considerar que no existían suficientes elementos que demostrasen la realización de los hechos denunciados; y de acuerdo al artículo 71.2 de texto legal disciplinario al quinto hecho denunciado, por estimar que el mismo no revestía carácter disciplinario. En tal sentido resulta necesario referir el contenido y alcance de los supuestos previstos en el numeral primero del artículo 71 del Código de Ética, esta Corte a dejado sentado, que el primer supuesto atinente a que el hecho (investigado) no se haya realizado, se configura cuando el elemento objetivo del hecho denunciado no se ha podido demostrar en la realidad y para que se verifique el supuesto de esta causal, el juez disciplinario debe haber llegado a la convicción de que no ha existido aquella conducta que provocó el inicio del proceso disciplinario, se trata de la inexistencia fáctica del hecho objeto de la investigación y exige la convicción del órgano disciplinario judicial de la certeza sobre su realización. En cuanto al segundo supuesto, esto es, que el hecho denunciado no pueda ser atribuido al sujeto investigado, comporta la existencia del hecho disciplinable el cual es verificado por el órgano investigador, pero sin embargo de la investigación se verifica la imposibilidad de atribuirle al juez investigado su realización por cuanto éste no ha actuado ni por acción ni por omisión (Vid. Sentencia N° 2 del 31 de enero de 2016, sentencia N° 15, de fecha 8 de noviembre de 2016 y sentencia N° 13 del 27 de abril de 2017 de esta Corte Disciplinaria Judicial). sí las cosas, en relación al primer pronunciamiento de la sentencia sometida a consula, esto es, la tardía atención en el Archivo debido a que el funcionario adscrito a esa áfea llegaba después de las 9:00 a.m., e informará que los expedientes solicitados por los abogados no se encontraban en el archivo, esta Alzada pudo constatar tal como acertadamente lo fundamentó el fallo sometido a revisión, que efectivamente en principio, el manejo y control del área de archivo en el modelo organizacional de Circuitos Judiciales, le corresponde es el Coordinador Judicial, tal como (p estable la Resolución N° 69 de fecha 27 de agosto de 2004, emanada por la Direcciôn Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.011 el 30 de agosto de 2004. revisión de las actas del presente expediente, se evidencia que la denunciante nunca puso ein conocimiento de la jueza Lolimar García Hurtado las irregularidades que a su criterio se estaban suscitando con los funcionarios en el Tribunal regentado por ella, a fin de que ésta tomara los correctivos para hacer cesar dichas irregularidades, supue$to a que se refería el artículo 31.5 del Código de Ética del Juez Venezolano y la estipulada que: "$on causales de amonestación escrita al Juez o Jueza: 5 En los casos de los Circuitos Judiciales que cuenten con los servicios de Scretaría, no advertir las irregularidades o no solicitar la aplicación de las medidas disciplinarias a que hubiere lugar..." En tal sentido, al omitir poner en conocimiento a la Juzgadora denunciada de las presuntas irregularidades en que incurrió el personal y que a decir de la denunciante, afectalpa el derecho a la defensa en las causas que tramitaba en dicho Juzgado, no podía atribuírsele responsabilidad alguna, aun en el supuesto de haberse verificado en el curso de la investigación la materialidad de los hechos denunciados por la ciudadana Licet Martínez, razón por la cual el hecho denunciado no puede atribuírsele a la juzgadora sometida a investigación, de conformidad con el artículo 71.1 del Código de Ética. Y así se decide. En lo concerniente a la segunda denuncia, sobre presuntas irregularidades en las notificaciones, que según la denunciante solo se practicaban dos notificaciones por día y que al faltar el alguacil, no se practicara ninguna, el fallo consultado luego de examinar las estadísticas en las cuales se registran las notificaciones libradas y las efectivas de los meses de mayo y junio de 2012, esta Alzada verificó, tal como fue realizado en la decisión sometida a consulta, que no resultó apegada a la verdad tales afirmaciones proferidas por la denunciante, ya que se constató de las actas del presente expediente, específicamente de los folios 80, 83 y 86 de la pieza 1 que se registraron 160 notificaciones efectivas y 166 notificaciones libradas en el mes de mayo de 2012; 180 notificaciones efectuadas y 154 libradas en el mes de junio de 2012; y julio de 2012 se realizaron 182 notificaciones y 207 fueron libradas, por lo que a todas luces queda probado con certeza sobre la inexistencia fáctica del hecho delatado, como supuesto de procedencia para el decreto de sobreseimiento de la investigación conforme a lo establecido en el artículo 71.1 del Código de Ética, por cuanto el hecho denunciado no se realizó. Y así se decide.- En cuanto al tercer dictamen, proferido en la decisión consultada, que resolvió la denuncia según la cual no se realizaron las certificaciones de las notificaciones, lo los expedientes, que asimismo se les impedía conocer las fechas de las audiencias y muchas veces se les vencía las mismas, del mismo modo se le impedía el acceso a los expedientes por encontrarse en la Secretaría, la IGT en su acto conclusivo solicitó el sobreseimiento de la investigación disciplinaria por este hecho, en razón de que durante su investigación no comprobó que alguna audiencia dejara de realizarse por causas imputables al Tribunal a cargo de la Jueza denunciada, al respecto esta Instancia Superior corroboró lo afirmado por el tribunal de mérito, en cuanto a la efectividad y frecuencia de las notificaciones de los actos procesales. En efecto, quienes aquí deciden pudieron observar en los folios 81, 84 y 87 del expediente que nos ocupa, rielan copias certificadas de cuadros estadísticos denominados "Porcentaje de Mediación (Efectividad de los Tribunales de Megiación, Sustanciación y Ejecución)", emitidas por el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, donde se puede evidenciar que el número de audiencias celebradas durante los meses de mayo, junio y julio de 2012 por el Tribunal a cargo de la Jueza investigada, fueron 14, 9 y 27, respectivamente, para un porcentaje de efectividad en las mediaciones superior al 70%; asimismo, se pudo constatar que el Órgano de Inspección y Vigilancia en su labor investigativa levantó Acta de Investigación de fecha 27-11-2013, cursante a los folios 70 al 72 de la pieza 1, de la cual se observa que de la revisión de 9 expedientes donde la abogada denunciante era parte, no se evidencia la falta de notificación que haya dado lugar al diferimiento de algún acto, por lo que puede concluirse que las partes no tuvieron limitaciones para acceder a los expedientes, igualmente no se constató diferimiento de alguna audiencia por falta de certificación de las notificaciones, asimismo, no se evidenció actuaciones que fueran firmadas con posterioridad a la fecha indicada, por lo que resulta ajustado a derecho el pronunciamiento mediante el cual el TDJ decretó el sobreseimiento de la investigación, por nq existir suficientes elementos para presentar acusación y no hay posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, de conformidad con el numeral 5, del artículo 71 del vigente Código de Ética. Y así se decide.- Respecto al cuarto hecho denunciado, en cuanto a la publicación de los actos en el Tribunal a cargo de la Jueza sometida a investigación, solo los días lunes, lo que presuntamente impedía a los usuarios del Circuito Judicial de marras verificar el día viernes los actos que se realizarán el lunes, el a quo al sustentar su pronunciamiento con fundamento en el artículo 71.2 del Código de Ética, por cuanto estimó que el hecho denunciado no revestía carácter disciplinario. En torno a esta causal de sobreseimiento, es preciso resaltar, que la misma es un presupuesto objetivo para dictar el sobreseimiento, el cual exige para su aplicación, la imposibilidad de encuadrar el hecho material presuntamente cometido por el página original (tal como se publicó) [Página 12] por parte del operador de justicia disciplinaria para tratar de enmarcar la conducta presuntamente reprochable realizada por el juzgador, constata que dicha actuación no se encuentra prevista como cuestionada disciplinariamente y por tanto no sujeta a sanciónß, dicha causal tiene estrecha relación con los principios de legalidad y tipicidad, sobre dichos principios la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2388 del 21 de noviembre de 2001 "... que le corresponde a la ley definir todas aquellas conductas que pudieran calificarse como delitos y que por tanto, acarreprían penas y sanciones, tal exigencia se encuentra consagrada en la norma prevista en el artículo 49, numeral 6 de la Constitución vigente cuando dispone que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, y en consecencia, "(..) 6. [n]ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes..". De lo anterior se puede colegir que, la ausencia de tipicidad de un hecho, compasta la realización de una conducta activa u omisiva que no se encuentre prevista en el ordenamiento jurídico como ilícito o falta, ni sujeta a sanción alguna, pues, la tipicidad no es más que la adecuación entre la acción -conducta- y la descripción que realiza la norma sancionatoria, lo cual va a permitir la subsunción de tal conducta dentro de un determinado tipo disciplinario. (Vid. Sentencia N° 13, de fecha 27 de abril de 201 dictada por esta Corte Disciplinaria Judicial). Ahora bien, el hecho denunciado lo constituye la publicación en cartelera del Circuito judicial de los actos del Tribunal bajo la dirección de la jueza LOLIMAR GARCÍA HURTADO los días lunes, lo que a decir de la denunciante debería realizarse los días viernes, para que las partes pudieran verificar los correspondientes al día lunes, aseverando que a ello se deben un gran numero de desistimiento. A los efectos de precisar si el hecho denunciado como lesivo se encontraba tipificado o no en alguna norma disciplinaria para el momento de su ocurrencia, esta Alzada, de la revisión de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas Adolescentes, observó que el articulo 488-A en su encabezado, establece en lo atinente fijación de la audiencia, lo siguiente: "Al quinto día siguiente al recibo del expediente, el tribunal debe fijar, por auto expreso y aviso en la cartelera del despacho, el día y la hora de la celebración de la audiencia de apelación, dentro de un lapso no menor de diez sus vueltos, sin más formalidades." De la anterior cita se extrae que el Juez o Jueza que conozca en apelación solo mencionado recurso, de tal forma que teniendo la jueza denunciada la competencia en Mediación y Sustanciación con dentro del Régimen Procesal Transitorio, la Le) no le catálogo de faltas establecidas en el texto disciplinario no se colige que la Jueza denunciada, se encuentre dentro de los extremos necesarios que la hagan merecedora de alguna sanción disciplinaria, razones estas que inclinan a esta azada a coincidir con lo decidido por la Primera Instancia Disciplinaria en cuanto a que el presente hecho denunciado no revestía carácter disciplinario, por lo que resulta ajustado a derecho el pronunciamiento mediante el cual se sobresee la investigación, de conformidad con el artículo 71.2 del Código de Ética. Y así se decide.- usuarios por más de 10 días, sin que se haya estado trabajando el expediente, y de igual forma imputó un retardo de hasta un mes para darle entrada a expedientes sentenciador que eran remitidos para su ejecución y que durante ese tiempo no había acceso a los mencionados expedientes, el TDJ concluyó que si bien existía un retardo, el mismo no excedía de 10 días y resultaba justificable debido al cumulo de causas que maheja los tribunales, por lo cual no podía catalogarse como retraso injustificado y en consecuencia determinó que tal hecho no revestía carácter disciplinario. por el a quo respecto del componente de la denuncia de retardo por más de 10 días, sin embargo observa que la decisión consultado obvió examinar el denunciado retardo de un (es para dar entrada a expedientes remitidos al Tribunal a cargo de la Jueza investigada para su correspondiente ejecución, así como la presunta imposibilidad de acceder a los mismos (por un mes). En ese sentido esta Corte, luego de la revisión de las actuaciones que conforman el presente expediente verificó de la ya citada Acta de Investigación de fecha el 27 de noviembre de 2013 que dos de los 9 expedientes revisadøs por el Inspector delegado fueron remitidos del Tribunal de Juicio al Juzgado que regenta la Jueza denunciada, a saber: el N° JMSI-4440-11 el cual fue remitido mediante oficio de fecha 13 de mayo de 2013 para la ejecución de la sentencia de fecha 19-02-2013, el cual fue recibido el 14 de mayo de mayo de 2013 y en fecha 15 de mayo de ese año le dio entrada al expediente, tardando un solo día para su admisión; la segunda causa es la JMSI-3736-11, fue remitida al Tribunal de Mediación a cargo de la Jueza denunciada mediante oficio de fecha 09 de noviembre de 2011 y el 29 da noviembre del mismo año se le dio entrada, acotando el Inspector Delegado que había solicitado certificación de los días de despacho, documento que no consta en autd$. Así las cosas, resulta claro que las causas antes citadas no tienen el denunciado retardo de un mes, sin embargo debido a la vaguedad de la denuncia y a los pocos elementos aportados a la investigación no es posible excluir de responsabilidad con certeza a la Jueza investigada por el hecho denunciado —especialmente el referido a la presunta imposibilidad de acceder a los expedientes—, sin embargo no resulta probable que con los elementos de convicción cursantes sea posible fundar una acusación disciplinaria seria, razón por la cual estos Juzgadores de Alzada difieren de lo decidido por el a quo respecto a que el hecho no reviste carácter disciplinario y en consecuencia decreta el sobreseimiento de la investigación, de elementos para fundamentar una acusación disciplinaria. Y así se decide En cuanto a lo decidido por el TDJ sobre la sexta denuncia presentada por la abogada Licet Martínez referida a que la abogada Yurimar Odreman, ex funcionaria del Circuito de Protección de Niño y del Adolescente del Estado Bolívar, entraba y salía a cualquier hora de la sala de escribientes y despachos de los jueces, en detrimento del resto de los demás abogados, la decisión examinada, analizó el Acta de Investigación de fecha 27 de noviembre de 2013, emanada de la IGT y estableció que la abogada Yurimar Odreman realizó 3 suplencias, concluyendo posteriormente en la procedencia del sobreseimiento de la investigación por considerar que no existían suficientes evidencias de la comisión del hecho denunciado, coincidiendo esta alzada con este dictamen, ya que efectivamente se verificó de la citada Acta de Investigación del 27-11-2013, que el Coordinador Judicial César González y la Secretaria del tribunal Soraya Maraver Barrios manifestaron que la abogada Odreman no posee privilegios especiales y que solo realizó 3 suplencias, constatando que no reposan dentro de las actuaciones de la presente causa probanzas que arrojaran certeza sobre la comisión del ilícito disciplinario delatado, razón por la cual debe ratificarse lo decidido por el a quo y confirmar el sobreseimiento de la mencionada denuncia bajo el supuesto contenido en el numeral 5 del artículo 71 del Código de Ética. Y así se establece.- En razón de los fundamentos expuestos esta Corte Disciplinaria ¡udicial, declara RESUELTA la consulta obligatoria de la sentencia N° TDJ-SI-2017-9 con motivo del sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana LQLiMAR PASTORA GARCÍA HURTADO, Jueza Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación con Competencia en el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz. CONF(RMA el explanados en el presente fallo. Y así se decide.- V DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: RESUELTA la consulta obligatoria con motivo del sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana LOLIMAR PASTORA GARCÍA HURTADO, titular de la cédula de identidad N° V-8.261.232, Jueza Tifular del Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación con Competencia en el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolivar, con sede en Puerto Ordaz. SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SI-2017-9, dictada en fecha 22 de febrero de 2017 por el Tribunal Disciplinario Judicial, en la causa N° AP61-S-2016- 000143, nomenclatura que conserva, mediante la cual decretó el SOBREsEimiENTo de la investigación seguida a la ciudadana LOLIMAR PASTORA GARCÍA HURTADO, titular de la cédula de identidad N° V-8.261.232, bajo los supuestos normativos expresados en la presente decisión de esta Corte Disciplinaria. Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial. Remítase copia certificada de la presente decisión al Tribunal Supremo de Justic, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Di ección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales, de conformidad con el artículo 91 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezblana. Cúmplase lo ordenado. Se ordena la publicación de la presente sentencia en la Gaceta Oficial de la Repúb ica Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Cóbßigo de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Dada, sellada y firmada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicia en la ciudad de Caracas a los Veinæho (29 ) días del mes de febrero de dos mil dieciocho (2018). Año 207°de la Independencia y 159°de la Federación. TULIC UIMENEZ RODRIGUEZ VICEPRESIDENTA-PONENTE MERLY MORALES HERNÁNDEZ ANA ECILHAZULUETA RODRIGUEZ página original (tal como se publicó) [Página 13] SECRETARIA (E), CARMEN CARREÑO EXP. N°-P61-S-2016-000143 Hoy mléerces, veintiocho (28) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), siendo la 1:45 p.m.„se público-la anterior decisión bajo el N° CARMEN CARREÑO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZA PONENTE: ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Expediente N° AP61-S-2018-000009 Mediante Oficio N° TDJ-101-2018 de fecha 8/02/2018, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ) remitió a esta Corte el expediente N° AP61-S-2018- 000009 (f. 134), contentivo del procedimiento disciplinario instruido al ciudadano VÍCTQR JOSÉ GONZÁLEZ JAIMES, titular de la cédula de identidad N° 6.462.037, en su carácter de Juez Titular del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por las presuntas irregularidades cometidas durante su desempeño en el cargo. Tal remisión se realizó con ocasión de la Consulta obligatoria a que se encuentra sometida la Sentencia N° TDJ-SD-2018-09 de fecha 30/01/2018 dictada por el TDJ, en la que declaró el Sobreseimiento de la causa seguida al Juez investigado. El 19f02/2018 la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, URDD) de esta Jurisdicción le dio entrada al expediente, le asignó el N° AP61-s-2018-000009 (f. 133, p. 3) y lo remitió a la Secretaría de esta Corte, órgano que en fecha 20/02/2018 dejó constancia de la asignación de la ponencia a la Jueza Ana Cecilia Zulueta Rodríguez, oportunidad en la que se verificó el pase de actuaciones a la prenombrada Jueza, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. ANTECEDENTES El 12/12/2017 la Inspectoría General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT) dio por terminada la fase de instrucción del expediente administrativo disciplinario en la investigación practicada al Juez ya identificado, en virtud de haber dictado Acto Conclusivo (f. 114 al 119, p. 3) en el que solicitó "De conformidad con lo previsto en el articulo 71, numeral 2, del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (sic), se decret[ara] el sobreseimiento de la investigación que le fuere seguida al Juez investigado por cuanto el hecho que la originó no se [había realizado], ni [revestía] carácter disciplinario". El 12/12/2017, mediante oficio N° 24528-17 (f. 121, p. 3), el órgano investigador remitió al TDJ las actuaciones contenidas en el expediente administrativo disciplinario, a los fines previstos en el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (en lo sucesivo, Código de Ética). En fecha 30/01/2018, el TDJ dictó Sentencia TDJ-SD-2018-09 en la que declaró el Sobreseimiento de la causa seguida al Juez investigado. Il DEL FALLO CONSULTADO En fecha 30/01/2018, el TDJ dictó Sentencia TDJ-SD-2018-09, en la que declasp: "ÚNICO: Se DECRETA el SOBRESEIMIENTO de la investigaciÓn seguida identidad V-6.462.037, durante su desempeño como Juez Titular del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y convalidó 'la confusión de procedimiento de reconversión y tercer la forzosa planteada por la Jueza Martinez Alcalá, con la que se dejaba indefensa a la Sucesión Crespo", en virtud de que el hecho no es tipico.". (resaltado de la A los fines de fundamentar su decisión, el a quo realizó una serie de concluyendo que la conducta desplegada lejos de ser censurable se corresponda con una actividad inherente a sus funciones como Juez y, en consecuencia, mal podía pretenderse subsumirse en los supuestos generadores de responsaßilidad disciplinaria por resultar atípica. III DE LA COMPETENCIA Debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer el asunto sometido a su consideración y, al respecto, observa: El artículo 71 del Código de Ética, establece: "Articulo 71. El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva las medidas que contra él hubieren sido dictadas. Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando: (...) El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco dias siguientes." (Resaltado de esta Alzada). La norma parcialmente transcrita define el Sobreseimiento y sus efectos una vez declarado, así como su alcance con relación a las medidas dictadas durante el curso del proceso disciplinario. Prevé, igualmente, el trámite que debe cumplirse, los supuestos que dan lugar a su declaratoria y el órgano competente para solicitarlo y decrefarlo. Igualmente, en su parte in fine, atribuye la competencia a esta Corte para conocer en Consulta la decisión que lo declara en primera instancia. Al respecto, es oportuno advertir que la norma contenida en el artículo 60 del Código de Étiga del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, así como la medida cautelar dictada en la Sentencia N° 516 de fecha 7/05/2013 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ocasión del juicio de Nulidad por inconstitucionalidad incoado contra la norma disciplinaria, mantuvo incólume la atribución de la competencia disciplinaria en referencia. Esta norma atributiva de competencia fue reeditada en idénticos términos tanto en la Venezplano y Jueza Venezolana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivaviana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario de fecha 28/12/2015, como en el texto de la medida cautelar que, con ocasión de esta reforma, dictó la Sala Constifucional del Alto Tribunal mediante Sentencia N° 6 del 4/02/2016. Las observaciones que preceden permiten colegir la atribución de competencia objetiva para e conocimiento de la Consulta en consideración. destacar que la norma disciplinaria en su texto original y en su reforma, estableció que el ámbito de aplicación alcanzaría a todos los ciudadanos investidos conforme a la ley para actuar en nombre de la República en ejercicio de la jurisdicción de manera permanente, temporal, ocasional, accidental o provisoria. La aplicación de tal disposición fue suspendida cautelarmente por las Sentencias N° 516 y 6 proferidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fechas 7/05/2p13 y 4/02/2016, respectivamente, restringiendo su ámbito de aplicación sólo a los fljueces Titulares. I Ahora bien, constatado en autos que el objeto de la presente causa es el conocimiento en Consulta de la Sentencia N° TDJ-SD-2018-09 de fecha 30/01/2018 dictada por el a quo, en la que se decretó el SOBREsEIMIENTO de la investigación seguida al ciudadano VÍCTOR JOSÉ GONZÁLEZ JAIMES, titular de la cédula de identidad N° 6.462.037, en su carácter de Juez Titular, y por ende, verificadas las condiciones objetiva y subjetiva que determinan la competencia para el conocimiento de esta Alzada, esta Corte declara su competencia. Así se decide. IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Establecida como ha sido la competencia, esta Corte pasa a dictar serfencia, previas las siguientes consideraciones. A los efectos de resolver la consulta obligatoria de ley, esta Alzada recalca que el Sobreseimiento previsto en el artículo 71 del Código de Ética constituye una modalidad de conclusión de los procesos disciplinarios judiciales de forma anticipada, al evidenciarse la procedencia de alguno de los supuestos contenidos en la previsión normativa (el hecho objeto del proceso no se realizó, no puede atribuírsele al juez denunciado, el hecho no es típico, la acción disciplinaria ha prescrito, resulta acreditada la cosa juzgada, no existe la posibilidad de incorporar imposición de la sanción disciplinaria judicial o la muerte del juez). Una vez proferida la decisión por parte del órgano disciplinario de primera in$tancia judicial, ésta deberá ser consultada ante el órgano superior disciplinario y conlleva, como consecuencia de su confirmación, la extinción del proceso disciplinario judicial y la imposibilidad de perseguir nuevamente al sujeto de derecho en favor de quien es dictado el sobreseimiento, en razón del carácter de cosa juzgada que adquiere su pronunciamiento. En este sentido, la Corte Disciplinaria Judicial en Sentencia N° 23 de fecha 10/10/2012, dejó establecido que el Sobreseimiento en materia disciplinaria efa una institución dispuesta en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana en la misma forma y con la misma naturaleza que en el ámbito penal ordinario, habiéndose reeditado en los mismos términos en la formulación leg$lativa vigente. Al respecto, igualmente indicó, que tal figura juridica comportaba un pronunciamiento jurisdiccional que impedía la continuación de la persecución del página original (tal como se publicó) [Página 14] Juez denunciado al dar por terminado un proceso en curso, siempre y cuando el Tribunal competente constatara que alguna de las causales previstas en la ley adjetiva aplicable se había materializado. La finalidad de esta institución es poner término al procedimiento de manera anticipada y atribuye a su declaratoria el carácter de cosa juzgada. Ahora bien, con relación al caso sometido a consulta, observa esta Alzada que el a quo døpreto "...EL SOBRESEIMIENTO de la investigación... de conformidad con el numeral 2 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza convalidado] la confusión de procedimiento de reconvención y tercería forzosa planteada por la Jueza Martínez Alcalá, con la (sic) que se dejaba indefensa a la Suceslón Crespo". En virtud de lo anterior, esta Alzada considera necesario realizar algunas consideraciones sobre la causal de sobreseimiento contenida en el numeral 2 del artículp 71 del Código de Ética, según el cual la conducta reprochada que dio lugar al procedimiento disciplinario carece de tipicidad. El numeral 6 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el Principio de Tipicidad en los siguientes términos: administrativas; en consecuencia: (...omissis...) 6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos (..omissis...)" del Principio de Tipicidad de las sanciones administrativas, según el cual no podrá imponerse sanción sin una ley previa que la establezca, suprimiéndose así el ámbito de indeterminación al que pudieran quedar sometidos los destinatarios de la norma respecto a conductas que en el futuro pudieran ser declaradas como sancionables. Como colofón se impone entonces la exigencia de certeza o clara determinación de la conducta infractora, su taxatividad en la predeterminación legal y, por ende, la posibijdad de ser sancionada, todo ello inherente al Principio de Legalidad. En tal sentido, la Sala Politico Administrativa de nuestro Máximo Tribujal ha sostenido: "En lo que concierne al principio de tipicidad cuya violación fue alegada por ke parte recurrente, debe indicarse que éste se encuadra en el principio de la legalidad: mientras conductas ilícitas, el principio de legalidad concreta tal prescripción en el requenmiento de definición, suficiente para su identificación, del ilicito y de su consecuencia sancionatoria. De alli, que la exigencia de legalidad o tipicidad tiene su origen en el principio de precisión que satisfagan esa demanda de seguridad y certeza" (Sentencia N° of120 de fecha 27 de enero de 2011). En este orden de ideas, debe entenderse que la garantía material de la tipifcación ha sido, en nuestro país, una consecuencia necesaria de los principios de libertad y seguridad jurídica previstos en la Carta Magna, en tanto crea la obligación del Estado de definir previamente en una ley, los comportamientos que se reputan prohibidos a los ciudadanos, enumerando las sanciones aplicables a las personas que llegaren a incurrir en los supuestos previamente definidos (vid., entre otras, Sentencias N° 1486 del 17/10/2009, N° 130 del 11/02/2010,de la Sala Político Administrativa). Corolario del razonamiento que precede resulta la incorporación del Principio de Tipicidad en el derecho disciplinario judicial, al establecerse la falta de tipicidad como causal de sobreseimiento de la investigación disciplinaria. En el caso bajo examen, se observa que el hecho denunciado consistió en la presunta irregularidad en que incurrió el Juez al convalidar "la confusión de procedimiento de reconversión y tercería forzosa planteada por la Jueza Martínez Alcalá, con la que se dejaba indefensa a la Sucesión Crespo". Ahora bien, revisadas las actas que integran el expediente, se constata cursante en autos Sentencia de fecha 23/10/2007 dictada en la causa 9.539 (f. 14, p. 2) en la que el Juez investigado declaró sin lugar la apelación interpuesta contra los autos de fechas 2/06/2006 y 5/06/2006 dictados por el Juzgado Primero de Primera In$tancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas (f. 96 al100 y 108 al 110, p.2). Los alegatos que originaron tal declaratoria fueron: 1) que el ciudadano Luís Rafael Zambrano Guerra no firmó la transacción de las 50 hectáreas del fundo Ville de Curiepe de Higuerote; y 2) que no es posible traer al proceso como tercero forzoso al mencionado ciudadano, en razón de la ausencia de documento fundamenta de la reconyención propuesta por la demandada reconviniente. Ante tales alegaciones, consideró acorde la decisión apelada, al declarar necesaria la intervención del ciudadano Luís Rafael Zambrano Guerra dentro del proceso, con la cualidad de tercero forzoso, por actuar en representación de la Sucesión Crespo, condición que consideró acreditada en el escrito de contestación al fondo de la demanda y reconyención; así como también estimó que negar la admisión de la citación al tercerã ocasionaría un gravamen a la parte promovente. La circunstancia narrada, aunada a que los hechos objeto de la investigación administrativa disciplinaria corresponden con la esfera de autonomía del ejercicio de la función jurisdiccional por tratarse de la interpretación y la aplicación de la ley y el derecho, evidencia la atipicidad de lo acusado como disciplinariamente reprochable, externo que impide la realización del juicio de reprochabilidad que pudiere corresponderle. La constatación que precede provoca la convicción en los Juzgadores de esta Alzada de la atipicidad de la conducta denunciada, tal como lo advirtió la Primera dispo$tivo Único de la Sentencia N° TDJ-SD-2018-009 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 30/01/2018. Así se decide. Visto que de la revisión del fallo consultado no evidencia esta Alzada violación a normas de orden público y constitucional, ni infracciones a las interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, CONFIRMA la serfencia del Tribunal Disciplinario Judicial N° TDJ-SD-2018-09 dictada en fecha 30/01/2018. Asi se decide. V DECISIÓN Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: 1. Deglara su COMPETENCIA para conocer en Consulta la Sentencia N° TDJ-SD- 2018-09 de fecha 30/01/2018 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en la que se decreto el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida al ciudadano VÍCTOR JOSÉ GONZÁLEZ JAIMES, titular de la cédula de identidad N° 6.462.037, en su carácter de Juez Titular del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Hor las presuntas irregularidades cometidas durante el desempeño del cargo. 2. CONFIRMA la decisión N° TDJ-SD-2018-09 dictada en fecha 30/01/2018 pof el Tribunal Disciplinario Judicial. Publíquese, regístrese. Remitase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspctoría General de Tribunales. Cúmplase lo ordenado. Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo B4 del Código de Ética. Devuélvase el expediente al Tribunal Disciplinario Judicial. Dada, firmada y sellada en el Salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de caracas, a los _entiocho (2) días del mes de febrero de 2018. Años 207 de la Independencia y 159° de la Federación. El Presidente, TULIO JIMÉNEZ RODRIGUEZ Jaeza-Ponente, ANA GEQILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Vicepresidenta MERLY JAQUELINEMORALES HERNÁNDEZ La Secretafia (E), CARMEN CARREÑO Exp. N° AP61-S-2018-000009 Hoy miercoles, veintiocho (28) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), siendo las'4.16 p.m. se publicó la anteriofdecisión bajo el N° 08. aSecreeaE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZ PONENTE: TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ EXPEDIENTE N° AP61-S-2018-000011 Mediante oficio N° TDJ-118-2018 de fecha 19 de febrero de 2018, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ), remitió a esta Corte el expediente signado con el N° AP61-S- 2018-po0011 (f. 264, p. 3), contentivo del procedimiento disciplinario seguido en contra de la ciudadana KARINA TERESA DUQUE DURÁN, titular de la cédula de identidad N° V- 12.814.477, por las actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza Titular del Juzgaso Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del E$tado Táchira. página original (tal como se publicó) [Página 15] Tal remisión se realizó en virtud de lo ordenado en el auto dictado por el TDJ en esa misma fecha mediante el cual ordenó la remisión del expediente N° AP61-S-2018-000011, a esta Corte Disciplinaria Judicial, a los efectos de la Consulta Obligatoria de la sentencia N° TDJ- SD-2018-11, de fecha 5 de febrero de 2018, dictada por la Primera Instancia Judicial, en la cual decretó el sobreseimiento de la investigación con relación a las solicitudes efectuadas por la Inspectoría General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT) en el acto conclusivo de fecha 12 de diciembre de 2017 (f. 244 al 249 y sus Vto, p. 3). El21 de febrero de 2018, la Secretaría de esta CDJ recibió el presente expediente proveniente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, URD. Asimismo, dejó constancia de su distribución correspondiéndole la ponencia al juez TULIo JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo (f. 265, p. 3). Corresponde a esta Alzada resolver sobre la presente Consulta Obligatoria y dictar sentencia, previa las siguientes consideraciones: | ANTECEDENTES En fegha 1 de octubre de 2011, la IGT ordenó abrir el expediente administrativo disciplinario N° 110288, con ocasión del oficio de remisión N° 535-2011 de fecha 15 de julio de 2011, suscrito por el Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, con el cual remitió escrit de denuncia de los ciudadanos Omaira Josefina Yrigoyen Yrigoyen y Luis Fernando Garcho., representantes legales del ciudadano Juan Alexander Loyo Sumoza, en contra de la jueza KARINA TERESA DUQUE DURÁN, en su condición de Titular del Juzgado Tercero (3°) Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchija, son sede en San Antonio del Táchira, por haber incurrido en presuntos vicios en la decisión proferida en la causa judicial signada con el N° SP11-P-2010-02937. (f. 5, p. 1). El 12 de diciembre de 2017, la IGT dio por terminada la fase de instrucción del expediente discipinario, y solicitó la declaratoria de sobreseimiento de la investigación, conforme a lo establecido en el artículo 71, numerales 1 y 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (en lo sucesivo, Código de Ética). (f. 244 al 249, p. 3). El 12 de diciembre de 2017, mediante oficio N° 24529-17, el Órgano Investigador remitió al TDJ as actuaciones contenidas en el expediente administrativo disciplinario, a los fines previstos en el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (en lo sucesivo, Código de Ética). Llegaßo el día 5 de febrero de 2018, el TDJ dictó sentencia N° TDJ-SD-2018-11, mediante la cual declaró procedente el sobreseimiento de la investigación solicitada por la IGT, respecto en su acto conclusivo de fecha 12 de diciembre de 2017. (f. 254 al 259, y sus vtos, p. 3). Il DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA En fecha 5 de febrero de 2018, el udex a quo dictó sentencia N° TDJ-SD-2018-11, qn la que declaró lo siguiente: "(...) PRIMERO: Se DECRETA el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida la 12.814.477, durante su desempeño como Jueza del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, de conformida o con el segundo supuesto del numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezcano y Jueza Venezolana, por el hecho sobre que '..presuntamente en fecha 11 de julio de a11, la defensa privada de los acusados no tuvieron acceso al expediente judicial SP11-P-2010- 002937..', en virtud de que el hecho no le es atribuible a la jueza investigada SEGUNDO: Se DECRETA el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida la ciudadana KARINA TERESA DUQUE DURÁN, de conformidad con el segundo supuesto del numeral 1 de artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezo aina, por el hecho sobre que presuntamente "el auto de apertura a juicio fue dictado por la.J jueza investigada fuera del lapso establecido por el legislador.." en virtud de que el hecho Ho le es atribuible a la jueza investigada. (.)". I1I DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Previo a cualquier pronunciamiento, debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer de la presente Consulta Obligatoria y a tal efecto observa lo siguiente: El artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario del 28 de diciembre de 2015, preceptúa la competencia de esta Alzada Disciplinaria parael conocimiento de las Consultas Obligatorias a las decisiones que dicte el TDJ, que decreten el sobreseimiento, y en tal sentido establece lo siguiente: Artículo 71: El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de psa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra e jpez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas. Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando. 1. El hecho no se realizó o no puede atribuírsele al sujeto investigado. disciplinario. (...) e El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento de la investigación, tendrá consulta obligatoria ante la Horte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco días siguientes." (Negrillas y Resaltaco de esta Alzada) La norma parcialmente transcrita define el Sobreseimiento y sus efectos, el cual so one una dejación definitiva por parte del Estado de su ius persequendi una vez declarado, sí como siplinario. su alcance con relación a las medidas dictadas durante el curso del proceso di declaratoria y el órgano competente para solicitarlo y decretarlo. Igualmente, en s parte in fine, atribuye la competencia a esta Corte para conocer en Consulta la decisi que lo declare en Primera Instancia. Al respecto, es oportuno advertir, que la norma contenida en el artículo 60 del digo de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana derogado, así como la medida cautelar dictada en la Sentencia N° 516 de fecha 7 de mayo de 2013, por la Sala Constitugional del incoado contra la norma disciplinaria, mantuvo incólume la atribución de la competencia disciplinaria en referencia. Esta norma atributiva de competencia fue reeditada en idénticos términos, tanto en la refor a que tuvo lugar con la promulgación del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venegolana, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extrabrdinario de fecha 28 de diciembre de 2015, como en el texto de la medida cautelar con ocasión de esta reforma, dictó la Sala Constitucional del Alto Tribunal mediante que, permiten colegir la atribución de competencia objetiva, para el conocimiento de la Consulta en consideración. Con elación a la atribución de competencia subjetiva para conocer, es oportuno destacar que norma disciplinaria en su texto original y en su reforma, estableció que el ámbito de aplicación alcanzaría a todos los ciudadanos investidos conforme a la ley para actuar en nomyfe de la República en ejercicio de la jurisdicción de manera permanente, temporal, ocasional, accidental o provisoria. La aplicación de tal disposición fue suspendida cautelarmente por las Sentencias N° 516 y 6 proferidas por la Sala Constitucional del al Supremo de Justicia en fechas 7 de mayo de 2013 y 4 de febrero de 2016, ctivamente, restringiendo su ámbito de aplicación sólo a los Jueces Titulares. resp Ahor bien, constatado en autos que el objeto de la presente causa es el conocimiento en Cpnsulta de la Sentencia N° TD3-SD-2018-11 de fecha 5 de febrero de 2018, dictada por a quo, en la que se decretó el soBREsEIMIENTO de la investigación seguida a la ciud dana KARINA TERESA DUQUE DURÁN, titular de la cédula de identidad N° V- 12.894.477, en su carácter de Jueza Titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Fundbnes de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, y por ende, adas las condiciones objetivas y subjetivas que determinan la competencia para el verif conocimiento de esta Alzada, esta Corte declara su competencia. Así se decide. IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR minada la competencia, pasa esta Alzada a emitir pronunciamiento, previas las Dete siguientes consideraciones: efectos de resolver la Consulta Obligatoria de ley, la Corte observa que el A Id sobreseimiento previsto en el artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Vene zolana constituye una modalidad de concluir los procesos disciplinarios judiciales, de forma anticipada, al evidenciarse la procedencia de uno o varios de los supuestos contenidos ho artículo (I) que el hecho del proceso no se realizó, no pueda atribuírsele al juez en di denunciado, (II) que el hecho no sea típico, (I) que la acción disciplinaria haya prescrito, (IV) ue resulte acreditada la cosa juzgada, (V) que no exista la posibilidad de incorporar nuevas datos a la investigación o (VI) la muerte del juez denunciado o jueza denunciada, y decisión por parte del órgano disciplinario de Primera Instancia Judicial deberá ser, por cuya ato de ley, consultada ante el órgano superior disciplinario. De allí que, resuelta dicha mani Ita, quedaría planteada la imposibilidad de perseguir nuevamente al sujeto de derecho cons a favor de quien es dictado el sobreseimiento, en razón de su carácter de cosa juzgada. En este sentido, observa esta Alzada que la IGT solicitó el sobreseimiento de la investigación da a la Jueza plenamente identificada, en torno a dos hechos denunciados por los segu ación del expediente penal N° SP11-P-2010-002937 (nomenclatura del Juzgado a trami carg de la Jueza denunciada), por homicidio calificado; el primero de los hechos, se refiere en fecha 11 de julio de 2011, la defensa privada de los acusados concurrieron al a qu Juzg do regentado por la Jueza, con la finalidad de interponer recurso de apelación en cont de la sentencia dictada en fecha 14 de junio de 2011, siendo negado el acceso a la judicial, y el segundo de los hechos reprochados corresponde al hecho de haber caus dictado el auto de apertura a juicio fuera del lapso establecido por el legislador. Una vez realizada la investigación disciplinaria, la IGT respecto al primer hecho de unciado, verificó que el día 7 de julio de 2011, la Jueza Investigada dictó auto mediante el c al remitió según oficio N° 3C-1741/2011 el expediente judicial N° SP11-P-2010-002937, al Juez de Juicio de Primera Instancia que por distribución le correspondiera conocer, de co formidad con lo establecido en el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal, en virtud de haber foborada por el Inspector Comisionado en el libro de entrada y salida de causas (L-1) del gado a cargo de la Jueza, determinando que efectivamente el asunto principal fue remitir el día 7 de julio de 2011, para ser distribuido, aunado al hecho de no haberse constatado en el libro de préstamos de causas, ninguna diligencia o solicitud efectuada por los defensores privados del acusado, correspondiente para el día 11 de julio de 2011, razón por la cual cons pero que el hecho denunciado no se realizó. a juicio fuera del lapso establecido por el legislador-, la IGT corroboró que la Jueza celebró la audiencia preliminar en fecha 11 de mayo de 2011, la cual, en razón de la complejidad, fue suspendida para el 12 de mayo y finalizó el 13 de mayo del mismo año, oportun ad en la que se dio lectura al dispositivo del fallo que admitió la acusación fiscal; así como I β$ medios de pruebas presentados por las partes, ordenó la entrega del vehículo referido en el proceso, mantuvo la medida de privación judicial preventiva de libertad contra el il imputado y decretó la apertura a juicio oral y público, quedando las partes notificadas de la i ctura del dispositivo del fallo, publicando el auto motivado el 14 de junio de 2011. También, la IGT verificó que la defensa privada del acusado ejerció recurso de Apelación contra la decisión dictada por la Jueza investigada, siendo la misma confir lada por sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, con sede en San Cristóbal, en fecha 7 de octubre de 2011, razón por la cual solicitó el reviste sobreseimiento de la investigación, por considerar que la conducta reprochada carácter disciplinario. Con relación al caso sometido a consulta, observa esta Alzada en cuanto al prim fo de los hechos denunciados -que presuntamente la Jueza denunciada negó a la defensa pi vada del acusado, el acceso al expediente judicial, en fecha 11 de julio de 2011- que el a qu decretó "...el SOBRESEIMIENTO de la investigación (..) de conformidad con el numeral 1 del artí /o 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana...", al constatar que efectiva fuente en fecha 7 de julio de 2011, la Jueza sometida a procedimiento disciplinario había desprendido del expediente penal sub examine para ser distribuido al Juzgado de vicio que por distribución le correspondiera conocer. Asimismo, constató el a quo que en fecha 7 de octubre de 2011, la Corte de Apela ines del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, declaró sin lugar, el recurso de relación interpuesto por la defensa privada del acusado, en contra de la sentencia dictada en fecha 14 de junio de 2011, al respecto el TDJ verificó que se desprende del recuento harrativo realizado por la precitada Corte de Apelaciones que "por auto de fecha 02 de agosto 2011, a la causa los fines de la admisibilidad del recurso interpuesto, que se requirió con carácter de urgencia original... al Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nro. 3... Se recibió ofic Nro. 3C- 2022-2011... en el cual informaron que la causa solicitada, había sido remitida al Tibunal de Juicio Nro.1 de ese Circuito, en fecha 07 de julio de 2011" Luego, el TDJ corroboró que la remisión de la causa penal N° SP-11-P-201 +002937, el "Libro 1741/2011, quedó registrada en el "Libro de Expedientes remitidos a Juicio" y en Diario del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circultp Judicial Penal del Estado Táchira" a cargo de la Jueza investigada. Como última apreciación, la Primera Instancia Disciplinaria Judicial verificó que se desprende de las declaraciones de los alguaciles suministradas al Órgano Investigador, que ci tamente los representantes legales del acusado penalmente, acudieron en fecha 11 de julio 2011 a Hal N° SP. la sede del Circuito Judicial Penal, con la intención de acceder al asunto judicial pe encalsada, en virtud que dicha causa había sido remitida al Tribunal de Juicio correspondiente. Las verificaciones que anteceden, condujeron iudex a quo a la convicción que la negativa del acceso al asunto judicial N° SP-11-P-2010-002937. a los ciudadanos Omaira Josefina Yrigcren y Luis Fernando García, representantes legales del imputado, a los fines de interponer el recurso de apelación en fecha 11 de julio de 2011, no es atribuible a la Jueza denunciada, razón por la cual decretó el sobreseimiento de la causa. En s#gundo lugar, el TDJ declaró "...el SOBRESEIMIENTO de la investigación (.) de conformidad con numeral 1 del articulo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana..", al estimar nuevamente que los hechos no le son atribuibles a la Jueza denunciada. Al respecto, el a quo en primer término analizó el contenido y alcance del artículo 327 del Códipo Orgánico Procesai Penal -aplicable para el momento en el que ocurrieron los hechospe el segundo de los hechos denunciados el cual establece que "Presentada la acusación que el Juz convocará a las partes a una audiencia oral, que deberá realizarse dentro de un plazo no mend de diez días ni mavor de veinte ...". (Resaltado del TDJ) lo anterior, el TDJ advirtió que el 19 de enero de 2011. la Jueza denunciada dio entrada ausa judicial penal in comento, y, en consecuencia, acordó fijar la audiencia preliminar a la parael día 9 de febrero de 2011, es decir al quinceavo día de despacho siguiente, según contabilizó de la tablilla de audiencia, del Juzgado a cargo de la Jueza denunciada. De igual modo, constató que la primera parte de la audiencia preliminar se celebró el día 11 de mayo de 2011, en virtud de las numerosas ocasiones en las que el Tribunal de la causa se vi obligado a reprogramar la fecha establecida para celebrar el acto preliminar, siendo dichos diferimientos atribuibles tanto a la ausencia de los abogados defensores como a la falta e traslado del imputado a la sede tribunalicia, razón por la cual, la Primera Instancia Disciplinaria concluyó que el retraso en el que habría incurrido la Jueza denunciada en emitir el auo de apertura a juicio durante el conocimiento de la causa judicial N° SP-11-P-2010- 00297, no le es atribuible. página original (tal como se publicó) [Página 16] presente asunto disciplinario judicial, a los fines de verificar si están dados algunos de los supuestos establecidos en nuestra norma adjetiva disciplinaria para la procedencia del sobreseimiento como terminación del presente proceso judicial, seguido a la Jueza investigada; a saber: Certificación del Libro Diario del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Estado Táchira, correspondiente a los asientos del mes de julio de 2011, realizados a la causa penal N° SP11-P-2010-002937, quedando reflejado en fecha 7 del mismo mes y año, en el asiento N° 92 la remisión del precitado expediente al Tribunal de Juicio que corresponda. (f. 120 al 209, p. 3) Certificación de la decisión de fecha 7 de octubre de 2011, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito del Estado Táchira, mediante el cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por los defensores privados del imputado en contra de la decisión de fecha 14 de junio de 2011, por el Tribunal Tercero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. (f. 148 al 186, p. 2) Certificación del acto conclusivo presentado en fecha 17 de enero de 2011, por los ciudadanos Henry Alexander Flores Rondón y Carlos Zambrano, en sus condiciones de Fiscal Principal y Fiscal Auxiliar Vigésimo Quinto del Ministerio Público. (f. 55 al 80, p. 1) 4. Certificación del auto de fecha 19 de enero de 2011, dictado por el Juzgado Tercero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Tácira, las.10:00.AM..." (f. 82, p. 1) 5. Certificación de constancia de no despacho de fecha 9 de febrero de 2411, suscrita por la secretaria del Juzgado a cargo de la Jueza investigada, ef la cual se indicó "que el día de hoy no apertura audiencia éste Tribunal, en atención a permiso solicitado por la Jueza... otorgado por la Rectoría de la Circunscripión Judicial Penal, según oficio N.° 128 y 126 de fecha 08 de febrero de 2011, a fir de realizar diligencias personales" (f. 99, p. 1). 6. Certificación de auto de fecha 10 de febrero de 2011, suscrito por la Jueza Karina Teresa Duque Duran, mediante el cual acordó: "..fijar nuevamente la AUDIENCIA PRELIMINAR, para el día 23 de febrero-de 2011 a las 08:30 am .". siendo dicha audiencia, diferida por la incomparecencia del imputado para el día lunes 14 de marzo de 2011, a las diez de la mañana. (f. 100 y 101, p.1). 7. Certificación del Acta de diferimiento de fecha 14 de marzo de 2011, susqita por la Jueza denunciada, mediante la cual se dejó constancia que ".. sienof /a oportunidad fijada para que tenga lugar la audiencia preliminar... se constituye el Tribunal de Control...a los fines de dar inicio al acto verificada la presencia del Fisca el imputado... no encontrándose los defensores privados...razones por las cuales se difiere la audiencia para el día viernes 25 de marzo de 2011 a las 9:00 horas dla mañana..", siendo diferida esta última para el día viernes 8 de abril del mismo año a las 9:30 de la mañana, según consta en acta de diferimiento de audiencia, toda vez que no se materializó el traslado del imputado a la side tribunalicea. (f. 116 y 117, p.1). (Negrilas de este Despacho Superior) 8. Certificación de diligencia de fecha 2 de abril de 2011, suscrita pof ia representante legal del imputado, mediante la cual solicitó al Juzgado a cafo de la Jueza sometida a procedimiento disciplinario, el diferimiento de la audiencia preliminar pautada para el día 8 del mismo mes y año, en virtud 1de celebrarse el día 08-04-2011 a las 9:30 de la mañana...otro acto fijado en esa misma fecha y hora por ante el Juzgado Décimo de Juicio del Área Metropolitana de Caracas...", razón por la cual llegado el día 8 de abril de 2011, la Jueza deió constancia en acta de diferimiento de audiencia la reprogramación de la misma para el día "26 DE ABRIL DE 2011. A LAS 10:30 HORAS DE LA MAÑANB." (f. 135 y 146, p.1). 9. Certificación del Acta de diferimiento de fecha 26 de abril de 2011, suscrita por la Jueza denunciada, mediante la cual se dejó constancia que ... no lleve lel traslado PROCEMIL, y no se encuentran presente los defensores privados..motivo ppr el cual se difiere y fija la celebración de la Audiencia Preliminar para el BlA MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2011, A LAS 11:00 HORAS DE LA MAÑANA" (f. 17. p.1). 10. Certificación de Acta de Audiencia Preliminar de fecha 11 de mayo de 201, mediante la cual, entre otros aspectos, la Jueza denunciada dejó constamia del diferimiento de la misma, en virtud de la complejidad de la causa judidal, para el día siguiente a las diez de la mañana. (f. 148 al 165, p.1). 11. Certificación de Acta de Audiencia Preliminar (I SESIÓN) de fecha 12 de miyo de 2011, la cual fue nuevamente diferida en razón de la complejidad del caßo, para el día viernes 13 del mismo mes y año a las dos de la tarde. (f. 167 al 173, p.1). Certificación de Acta de Audiencia Preliminar (III SESIÓN) de fecha 13 de mayo 1 de 2011, mediante la cual entre otras medidas la Jueza decretó "LA APERTURA A JUICIO ORAL Y PÚBLICO, al acuSado JUAN ALEXANDER LOYO SUMOZA... por la comisión del delito de HOMiCiDIo CALIFICADO...", siendo publicado el texto íntegro de la decisión, el 14 de junio de 2011. (f. 174 a la 195, p.1 y f. 9 al 130, p. 2). Ahor bien, es menester para esta Corte determinar, si en el caso de marras efectivamente chos delatados no le son atribuibles a la Jueza denunciada, de acuerdo a lo los H establecido en el artículo 71, numeral 1 del Código de Ética, conforme lo acordó el TDJ. Verififó esta Alzada, respecto al hecho de haberle negado en fecha 11 de julio de 2011, a los defensores privados del imputado el acceso al expediente judicial N° SP11-P-2010-002937, Jueza denunciada en fecha 7 de julio de 2011, remitió la precitada causa penal, a los que e que fuera distribuido ante los Juzgados de Primera Instancia en Funciones de Juicio, fines toda ez que en fecha 14 de junio de 2011, dictó el auto de apertura a juicio. Tambén, observa este Despacho Superior que los ciudadanos Omaira Josefina Yrigoyen y Luis ernando García, defensores privados del imputado, no efectuaron el día 11 de julio de 2011 ninguna solicitud ni diligencia ante el Juzgado a cargo de la Jueza investigada, sin embargo, quedó evidenciado en autos que efectivamente ese día 11 de julio de 2011, se aper$pnaron a la Oficina de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, dond le informaron que el expediente había sido remitido al Tribunal de Juicio. apreciaciones anteriores autorizan concluir, que no es posible fundamentar Las razonablemente una acusación disciplinaria, al determinarse que el hecho investigado no pued ser atribuido a la Jueza sometida a procedimiento Disciplinario, toda vez que al evaluar los resultados de la investigación disciplinaria y los argumentos del TDJ para arribar al sobreseimiento de la investigación, esta Corte llega a la conclusión de que no hay forma lógica y razonable de vincular a la Jueza con el hecho reprochable, por lo que, se confirma el fallo consultado por la Primera Instancia Judicial conforme a lo establecido en el artículo 71, numeral 1 del Código de Ética. Y así se decide. Respecto, al segundo de los hechos denunciados, es decir, que el auto de apertura a juicio fue dictado por la Jueza investigada fuera del lapso legal establecido, esta Corte constató que I Jueza le dio entrada al acto conclusivo presentado por la Vindicta Pública en fecha 19 de eñero de 2011, para luego fijar la celebración de la Audiencia Preliminar para el día 9 de febrero del mismo año, lo que significa que transcurrieron quince días de despacho, Procesal Penal -vigente para el momento de los hechos-. Del mismo modo, se observó de los elementos probatorios que el incumplimiento del plazo legal para realizar la Audiencia Preliminar, resultó de las reiteradas ocasiones en las que el Tribupal regentado por la Jueza denunciada tuvo que prolongar dicho acto durante el desaffollo del proceso, como consecuencia de la ausencia de los abogados defensores como a la falta de traslado del imputado a la sede del Tribunal de Control, razón por la cual, el retraso en el que habría incurrido la Jueza en emitir el auto de apertura a juicio en la causa judicial N° SP11-P-2010-002937, no le es atribuible, siendo procedente el sobreseimiento decretado por la Primera Instancia Disciplinaria Judicial, de conformidad con el artículo 71, numefal 1 del Código de Ética. Y así se decide. Visto que de la revisión del fallo consultado no evidencia esta Azada violación a normas de orden público y constitucional, ni infracciones a las interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, CONFIRMA la sentencia. N° TD3-$D-2018- 11, dictada por ei Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 5 de febrero de 201 Así se establece. V DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando j sticia en declara: PRIMERO: RESUELTA la consulta obligatoria con motivo de la sentencia N° TDJ- -$D-2018- 11, dictada en fecha 5 de febrero de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial, er a causa AP61-S-2018-000011, nomenclatura interna de dicho Juzgado, mediante la cual decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida a la ciudadana KARINA TERESA OUQUE DURÁN, titular de la cédula de identidad N° 12.814.477, Jueza Titular del Juzgad Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, extensión San Antonio del Táchira, de conformidad con el artículo 71, numeral 1 de Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. SEGUNDO: CONFIRMA la ser encia N° TDJ-SD-2018-11, dictada en fecha 5 de febrero de 2018, por el Tribunal Disciplinari Judicial. Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial. Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial de] Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistrat ta y a la Inspectoría General de Tribunales, de conformidad con el artículo 91 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Cúmplase con lo ordenado. Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del codigo de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Dada, sellada y firmada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judigial en la ciudad de Caracas al primer (01) día del mes de marzo de dos mil dieciocho (2u8). Año 207° de la Independencia-y 159º de la Federación. JUEZ PRESIDENTE TULIO JIMÉNEZ RODRIGUEZ JUEZA VICEPRES DENTA MERLY MORALES MERNÁNDEZ JUEZA ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ SECRETARIA (E) CARMEN CARREÑO Exp N° AP61-S-2018-000011.- Hoy jueves, primero (1°) de mareo del año dos mil dieciocho (aois) siendo las 3:0p.m se potlicó la antenor deusión bajo el 9 Diere Carmen Cfireno (3 f 07 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZA PONENTE: ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Expediente N° AP61-S-2018-000015 Oficio N° TDJ-141-2018 de fecha 28/02/2018, el Tribunal Disciplinario Mediante Judicial (in lo sucesivo, TDJ) remitió a esta Corte el expediente N° AP61-S-2018- 000015 († 160), contentivo del procedimiento disciplinario instruido al ciudadano Luís EÓN SANDOVAL, titular de la cédula de identidad N° 7.955.431, en su -TOMÁS de Juez Titular del Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción carácter Hel Área Metropolitana de Caracas, por las presuntas irregularidades. Judicial durante su desempeño como Juez Provisorio del Juzgado Sexto de cometida Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esa Circunscripción Judicial. Tal remisión se realizó con ocasión de la Consulta obligatoria a que se encuentra sometida a Sentencia N° TDJ-SD-2018-13 de fecha 15/02/2018. dictada por el TDJ, en la que declaró el Sobreseimiento de la causa seguida al Juez investigado. El 06/03/2018 la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, URDD) de esta Jurisdicción le dio entrada al expediente, le asignó el N° AP61-S- 2018-00o15 (f. 163) y lo remitió a la Secretaría de esta Corte, órgano que en fecha 07/03/2018 dejó constancia de la asignación de la ponencia a la Jueza Ana Cecilia Zulueta Rodríguez, oportunidad en la que se verificó el pase de actuaciones a la prenombrada Jueza, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. página original (tal como se publicó) [Página 17] | ANTECEDENTES El 15/12/g017 la Inspectoría General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT) dio por investigacón practicada al Juez ya identificado, en virtud de haber dictado Acto Conclusivp (f. 144 al 149) en el que solicitó "De conformidad con lo previsto en el artículo 1, numeral 1° del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (sic), se decret[ara] el sobreseimiento de la investigación que le fuera seguida al ciudadano LUÍS TOMÁS LEÓN SANDOVAL..., por cuanto los {sic) hechos (sic) que la originaron no se le [podían] atribuir.". El 15/12/2017, mediante oficio N° 23799-17 (f. 151), el órgano investigador remitial TDJ las:actuaciones contenidas en el expediente administrativo disciplinario, a los fines previstos en el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (en lo sucesivo, Código de Ética). En fecha 15/02/2018, el TDJ dictó Sentencia TDJ-SD-2018-13 en la que declara el II DEL FALLO CONSULTADO En fecha 15/02/2018, el TDJ dictó Sentencia TDJ-SD-2018-13, en la que declaró: "ÚNICO: Se decreta el soBREsEIMIENTO de la investigación seguida al ciudadano LUÍS TOMÁS LEÓN SANDOVAL, titular de la cédula de identidad Sexto de Primera Instancia en lo Cnl, Mercantil de Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien es Juez Titular a cargo del Juzgado Quinto de Municipio de la misma Circunscripción Judicial, de conformidad con el numeral 1 del artculo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, por el hecho de presuntamente extravíar una letra de cambio que se encontraba en el resguardo del Tribunal A los fines de fundamentar su decisión, el a,quo realizó una serie de consideraciones en orden cronológico respecto al único hecho denunciado, con la finalidad de verificar la ocurrencia del mismo, concluyendo que la conducta denunciada no podía atribuírsele al Juez investigado. III DE LA COMPETENCIA asunto sometido a su consideración y, al respecto, observa: El artículo 71 del Código de Ética, establece: "Artículo 71. El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas. sobreseimiento cuando: (...) El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco días siguientes." (Resaltado de esta Alzada). La norma parcialmente transcrita define el Sobreseimiento y sus efectos una vez declarado, así como su alcance con relación a las medidas dictadas durante el curso del proceso disciplinario. Prevé, igualmente, el trámite que debe cumplirse; los supuestos que dan lugar a su declaratoria y el órgano competente para solicitarlo y. secretario. Igualmente, en su parte in fine, atribuye la competencia a esta Corte para conocer en Consulta la decisión que lo declara en primera instancia. de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, así como la medida cautelar dictada en la Sentencia N° 516 de fecha 7/05/2013 por la Sala Constitucional del Supremo de Justicia con ocasión del juicio de Nulidad por inconstitucionalidad incoado contra la norma disciplinaria, mantuvo incólume la atribución de la competencia disciplinaria en referencia. Esta norma atributiva de competencia fue reeditada en idénticos términos tanto en la reforma que tuvo lugar con la promulgación del Código de Ética del Juez Venezolano y Juez Venezolana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario de fecha 28/12/2015, como en el texto de la medida cautelar que, con ocasión de esta reforma, dictó la Sala Constitucional del Alto T(bunal mediante Sentencia N° 6 del 4/02/2016. Las observaciones que de la Consulta en consideración. destacar que la norma disciplinaria en su texto original y en su reforma, estableció que el ámbito de aplicación alcanzaría a todos los ciudadanos investidos conforme a la ley para actuar en nombre de la República en ejercicio de la jurisdicción de manera permanente, temporal, ocasional, accidental o provisoria. La aplicación de tal disposición fue suspendida cautelarmente por las Sentencias N° 516 y 6 proferidas por la $ala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fechas 7/05/2013 y 4/02/2q6, respectivamente, restringiendo su ámbito de aplicación sólo a los Jueces Titulares. bien, constatado en autos que el objeto de la presente causa es el Ahora conocimiento en Consulta de la Sentencia N° TDJ-SD-2018-13 de fecha 15/02/2018 dictada por el a quo, en la que se decretó el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida al ciudadano LUÍS TOMÁS LEÓN SANDOVAL, titular de la cédula de identidad N° 7.995.431, en su carácter de Juez Titular, y por ende, verificadas las condiciones objetiva y subjetiva que determinan la competencia para el conocimiento de esta Alzada, esta Corte declara su competencia. Así se decide. IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Establecida como ha sido la competencia, esta Corte pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones. A los efectos de resolver la consulta obligatoria de ley, esta Alzada recalca que el Sobreseimiento previsto en el artículo 71 del Código de Ética constituye una modalidad de conclusión de los procesos disciplinarios judiciales de forma anticipada, al evidenciarse la procedencia de alguno de los supuestos contenidos en la previsión normativa (el hecho objeto del proceso no se realizó, no puede atribuírsele al juez denunciado, el hecho no es típico, la acción disciplinaria ha prescrito, resulta acreditada la cosa juzgada, no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a la disciplinaria judicial o la muerte del juez). Una vez proferida la decisión por parte del órgano disciplinario de primera instancia judicial, ésta deberá ser consultada ante el órgano superior disciplinario y conlleva, como consecuencia de su confirmación, la extinción del proceso disciplinario judicial y la imposibilidad de perseguir nuevamente al sujeto de derecho en favor de quien es dictado el sobreseimiento, en razón del carácter de cosa juzgada que adquiere su pronunciamiento. En este sentido, la Corte Disciplinaria Judicial en Sentencia N° 23 de fecha 10/10/2012, dejó establecido que el Sobreseimiento en materia disciplinaria era (una institución dispuesta en el Código. de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana en la misma forma y con la misma naturaleza que en el ámbito penal ordinario, habiéndose reeditado en los mismos términos en la formulación legislativa vigente. Al respecto, igualmente indicó, que tal figura jurídica comportaba un pronunciamiento dar por terminado un proceso en curso, siempre y cuando el Tribunal competente constatara que alguna de las causales previstas en la ley adjetiva aplicable se había materializado. La finalidad de esta institución. es poner término al procedimiento de mamera anticipada y atribuye a su declaratoria el carácter de cosa juzgada. Ahora bien, con relación al caso sometido a consulta, observa esta Alzada que el aquo decretó "..EL soBREsEiMiENTO de la investigación... de conformidad con el numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Tribunal a su cargo". En virtud de lo anterior, esta Alzada considera necesario realizar algunas consideraciones sobre la causal de sobreseimiento contenida en el numeral 1 del artículo 71 del Código de Ética, según el cual la conducta reprochada que dio lugar al procedimiento disciplinario no puede ser atribuida al sujeto investigado. De acuerdo a la norma citada, el sobreseimiento procede, entre otras circunstancias, cuando el hecho que motivó el inicio de la investigación disciplinaria resulte inexistente o no aparezca suficientemente probado, así como también cuando no conste en actas la participación del Juez denunciado. En relación a este punto, la norma bajo examen recoge en su numeral 1 el supuesto de que el hecho imputado sea inexistente o que no pueda ser atribuido al sujeto investigado. Cuando el legislador expresa que "el hecho no se realizó" hay que entender, a todo evento, que se trata tanto del supuesto de que haya sido acreditada la falsedad del hecho imputado, como que no se haya podido probar la existencia de tal hecho. Lo mismo ocurre en lo que respecta a que el hecho "no puede atribuírsele al sujeto investigado", supuesto que comprende tanto el caso de que el sujeto caso de que no se haya podido probar su participación. En este sentido, si uno de los objetos de la investigación, es la comprobación del hecho disciplinable presuntamente cometido, en caso de que el hecho que motivó el procego disciplinario no hubiere existido o que el Juez denunciado no sea responsable del mismo, procederá la conclusión del proceso a través de la figura del sobreseimiento. En el caso que nos ocupa, se observa que el hecho denunciado consistió en la irregularidad en que presuntamente incurrió el Juez investigado al extraviar una Letra de Cambio que estaba bajo resguardo del Tribunal a su cargo. página original (tal como se publicó) [Página 18] Ahora bien, revisadas las actas que integran el expediente, se constata cursante'en autos acta número 145 de fecha 03/06/2010, mediante la cual se dejó constancia de la toma de posesión del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Haracas Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de por el Juez denunciado, con la finalidad de cubrir la falta de la Jueza Marisol Alvarado Rondón; así como también la entrega formal y material al Juez entrante de los inventarios llevados por el Tribunal, entre ellos el inventario de bienes, libros y documentos varios que se encontraban depositados en la caja fuerte del Tritpunal (f. 127 al 130). El contenido del "INVENTARIO DE CAJA FUERTE" efectuado del 15/06/2009 al 03/06/2010 (f. 131), evidencia que para el momento en el que el Juez sonjetido a procedimiento asumió el Juzgado in commento, el título valor solicitado por a parte demandante en la causa judicial AH16-M-2007-000040 no se encontraba denfo de la Caja Fuerte, razón por la que mal podría atribuírsele el extravío en cuestión al Juez investigado, extremo que impide la realización del juicio de reprochabilidad que pudiere corresponderle. La constatación que precede provoca la convicción en los Juzgadores de esta Alzada de la imposibilidad de atribuirle la comisión de la conducta denunciada zenc investigado, tal como lo advirtió la Primera Instancia Disciplinaria y el órgano investigador, en consecuencia, confirma el dispositivo Único de la Sentencia N° TDJ- SD-2018-013 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 15/02/2q18. Así se decide. Visto que de la revisión del fallo consultado no evidencia esta Alzada violación a normas de orden público y constitucional, ni infracciones a las interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, CONF(RMA la sentencia del Tribunal Disciplinario Judicial N° TDJ-SD-2018-03 dictada e fecha 15/02/2018. Àsí se decide. V DECISIÓN Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: 1. Declara su COMPETENCIA para conocer en Consulta la Sentencia N° TDJ-SD- 2018-13 de fecha 15/02/2018 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, er la que se decretó el SOBREsEIMIENTO de la investigación seguida al ciudadaro LUÍS TOMÁS LEÓN SANDOVAL, titular de la cédula de identidad N° 7.995.431 en su carácter de Juez Titular del Juzgado Quinto de Municipio de Circunscripción Judicial del Áfea Metropolitana de Caracas, por las presuntas irregularidades cometidas durante su desempeño como Juez Provisorio del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la misma circunscripción. 2. CONFIRMA la decisión N° TDJ-SD-2018-13 dictada en fecha 15/02/2018 por el Tribural Disciplinario Judicial. Publiquese, regístrese, Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al - Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales. Cúmplase lo ordenado. Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de Ética. Devuélvase el expediente al Tribunal Disciplinario Judicial. Dada, firmada y sellada en el Salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de caracas, a los Quince () días del mes de marzo de 2018. Años 207 de la Independencia y 159° de la Federación. El Presidente, 5 TULIO SIMÉNEZ RODRIGUEZ Jueza-Penente, fue ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Vicepresidenta MERLY JAQUELINE MORALES HERNÁNDEZ La Secretaria (E), CARMEN CARREÑO Exp. N AP61-S-2018-000015 Hoy jueves, quince (15) de marzo del ane ds mil dieciocho (2018), siendo las 2;30 p.r. se publico la anterior decisión bajo el N° 10. Secretartatg), CARMIEN CARRENO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE PODER JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL EXPEDIENTE N° AP61-S-2018-000018 JUEZA PONENTE: DRA. MERLY MORALES HERNANDEZ Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial, pronunciarse sobre la dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo adelante, TDJ) en fecha 15 de febrero de 2018, en la causa signada con el N° AP61-S-2018-000018, nomenclatura que conserva, mediante la cual, decretó el sobreseimiento de la investigación seguida al ciudadano RUBEN DE JESUS MEDINA ALDANA, titular de la cedula de identidad N° V-9.358.552, Juez Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara. por presuntamente emitir opinión subjetiva de difamación contra el abogado Gustavo Alfonzo Cardozo en la tramitación de la causa judicial N° KP02-L-2009- 0008g3 (nomenclatura del antes citado Tribunal), de conformidad con el numeral 2 del astículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (en lo sucesivo, Código de Ética), el cual señala que los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento, entre otros, cuando el hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario. | ANTECEDENTES Se dio inicio a la presente averiguación disciplinaria, en virtud del auto dictaco por la Inspectoría General del Tribunales (en lo adelante IGT) en fecha 29 de april de 2013, mediante el cual ordenó abrir investigación disciplinaria al juez RUBEN DE JESUS MEDINA ALDANA, con motivo de la denuncia interpuesta por el ciudadano GUSTAVO ALFONSO CARDOZO, titular de la cédula de identidad N° V- 3.380.752, en fecha 15 de abril de 2011, en la cual indicó que el mencionado Juzgador, colocó en entredicho su conducta y reputación, acompañando sentencia emitida en la causa judicial N° KP02-L-2009-000893, donde a su juicio se acreditan las difamaciones e injurias. En fecha 31 de enero de 2018, fue recibida ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial (en adelante U.R.p.D), las actuaciones relativas a la investigación seguida al Juez denunciado, y , en fecha 1° de febrero del mismo año el TDJ una vez recibido el expediente, mediante auto se dejó constancia que según el Sistema de Gestión Jucicial, le correspondió la ponencia, a la jueza Jacqueline Sosa Mariño. En fecha 15 de febrero de 2018, el TDJ dictó decisión decretando, el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida al Juez denunciaco, de conformidad con el numeral 2 del articulo 71 del Código de Ética. En fecha 27 de febrero de 2018, el TDJ ordenó remitir la presente causa a esta Alzada, a los efectos de su respectiva consulta obligatoria de ley; tal remisión la efectuó a través del oficio N° TDJ-137-2018. En fecha 07 de marzo de 2018, la secretaria de la Corte Disciplinaria Judicial, dejó constancia de la recepción del asunto proveniente del Tribunal Disciplinario Judicial signado con el N° AP61-S-2018-000018, así como de la asignación de la ponencia según el orden cronológico alternativo a la jueza MERLY MORALES HERNÁNDEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. Il DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA En fecha 15 de febrero de 2018, el TDJ publicó la decisión N° TDJ-SD-2018- 014, en la cual decretó el sobreseimiento de la investigación seguida al ciudadano RUBEN DE JESUS MEDINA ALDANA, antes identificado, sustentada enlas siguientes consideraciones: La Primera Instancia Disciplinaria primeramente examinó el fallo emitido por el Juez denunciado en fecha 10 de noviembre de 2010, en la causa N° KP02-L- 2009-000893, en el cual el abogado GUSTAVO ALFONSO CARDOZO, apoderado de la parte actora JOSUALDO JESUS PEREZ, delató que el mencionado Juzgador emitió opinión difamatoria en su contra, en donde destacó el apercibimiento realizado al profesional del derecho antes identificado, en razón de haber invocado conceptos divorciados de la realidad jurídica, abultando las cantidades demandadas sin fundamento legal alguno. De seguidas, el a quo citó el artículo 48 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, del cual dedujo que los jueces laborales tienen la faculta de prevenir las conductas maliciosas de alguna de las partes en el proceso, indicando el ToJ que el apercibimiento efectuado por el Juez denunciado lo hizo "... dentro del marco de autonomía Jurisdiccional..", considerando que la conducta desplegada por el Sentenciador, conforme a los principios de legalidad y tipicidad no revisten carácter disciplinario, procediendo en consecuencia a decretar el sobreseimiento de la investigación de conformidad con el artículo 71.2 del Código de Ética. página original (tal como se publicó) [Página 19] III DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Previo a cualquier pronunciamiento, debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer de la presente consulta obligatoria y a tal efecto observa lo siguiente: El articulo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraprdinario del 28 de diciembre de 2015, preceptúa la competencia de esta Alzada Disciplinaria para el conocimiento de las consultas obligatorias a las decisiones del Tribunal Disciplinario Judicial que decreten el sobreseimiento, y en tal sentido establece lo siguiente: Articulo 71: El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada, impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución disciplinaria contra el juez investigado, haciendo cesar todas las medidas que contra él hubieren sido dictadas. Los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial decretarán el sobreseimiento cuando: 1. El hecho no se realizó o no puede atribuírsele al sujeto investigado. 2. El hecho no sea típico por tratarse de una situación que no reviste carácter disciplinario. La acción disciplinaria haya prescrito. 3. Resulte acreditada la cosa juzgada 4. No exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la 5. investigación y no haya base para solicitar fundadamente la imposición de la sanción disciplinaria judicial. 6. La muerte del juez o la jueza. El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento de la investigación, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco días siguientes." (Resaltado de esta Alzada) La norma ut supra transcrita, además de establecer en forma taxativa las causales que dan lugar a la declaratoria del sobreseimiento, siendo esta una de las formas de terminación anticipada del proceso disciplinario judicial, estatuye igualmente la consulta obligatoria a esta Alzada Colegiada de la resolución judicial que decrete el mismo, ello no solo en atención al cumplimiento del Principio de la doble instancia, cuyo derecho para las partes en juicio, es inherente al debido proceso, sino por la trascendental consecuencia de su decreto, a saber, la terminación del proceso disciplinario. De alli que el legislador de tan especial materia, haya establecido la revisión por un Tribunal de Alzada, dei fallo que declara la finalización del proceso como consecuencia del sobreseimiento y solo al verificarse los supuestos indicados en la norma aplicable, procederá su delafratoria. Ahora bien, cuando el hecho no es típico por tratarse de una situación que 7 no reviste carácter disciplinario, tal causal se encuentra dentro de los supuestos normativos señalados por el legislador disciplinario y que habilitan al Tribunal de Primera Instancia Disciplinaria para decretar el sobreseimiento de la investigación, previa verificación exhaustiva de la actuación del Juzgador. En tal sentido, se puede evidenciar de la sentencia N° TDJ-SD-2018-014 dictada en fecha 15 de febrero de 2018, que el TDJ decretó el sobreseimiento de la investigación seguida al juez RUBEN DE JESUS MEDINA ALDANA, al considerar que el hecho denunciado no revestía carácter disciplinario, de conformidad con el numera] 2, del artículo 71 del vigente Código de Ética; asimismo, ordenó la remisión del expediente a los efectos de la consulta obligatoria prevista en el último párrafo del artículo antes mencionado que señala que el auto razonado mediante el qual se decrete el sobreseimiento, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Alzada se declara competente para conocer el presente asunto sometido a su consideración. Y así se declara. IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Determinada la competencia, pasa esta Corte Disciplinaria Judicial a emitir pronunciamiento en los siguientes términos: Esta Alzada, respecto al sobreseimiento considera oportuno reiterar lo señalado en otros fallos en relación al sobreseimiento previsto en la norma adjetiva disciplinaria, el cual constituye una forma de concluir los procesos disciplinarios judiciales en forma anticipada, siendo de la exclusiva competencia de la autoridad judicial su decreto, siempre que resulte acreditado de forma concluyente cualquiera de las causales previa y taxativamente establecidas por el legislador en la norma regulatoria, vale decir, que el hecho del proceso no se realizó; que no puede atribuírsele al Juez denunciado; que el hecho no sea típico; que la ¿cción disciplinaria haya prescrito; que resulte acreditada la cosa juzgada; que no exista la tal declaratoria por parte del órgano jurisdiccional, comporta previamente un examen exhaustivo de todos los supuestos establecidos en la norma que regula dicha figura procesal, para poder arribar al convencimiento de la imposibilidad de la sanción disciplinaria y por ende la finalización del proceso. En su acto conclusivo, la Inspectoría General de Tribunales solicitó el sobreseimiento de la investigación seguida al juez RUBEN DE JESUS MEDINA ALDANA, con fundamento al numeral 2, del artículo 71 del Código de Ética, decrefando el órgano jurisdiccional el mencionado sobreseimiento conforme a la normativa antes citada, al establecer que el hecho denunciado no reviste carácter disciplinario. sobreseimiento exige para su aplicación, la imposibilidad de encuadrar el hecho presuntamente cometido por el investigado en algún tipo disciplinario, es decir, de realizar un ejercicio intelectual por parte del operador de justicia disciplinario para tratar de enmarcar la conducta presuntamente reprochable realizada por el juzgador, constata que dicha actuación no se encuentra prevista comq cuestionada disciplinariamente y por tanto no sujeta a sanción, dicha causal tiene estrecha relación con los Principios de Legalidad y Tipicidad, sobre los cuales ha resaltado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 23B8 del 21 de noviembre de 2001 "... que le corresponde a la ley definir todas aquellas conductas que pudieran calificarse como delitos y que por tanto, acarparían penas y sanciones, tal exigencia se encuentra consagrada en la norma prevista en el artículo 49, numeral 6 de la Constitución vigente cuando dispone que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, y en consecuencia, "...) 6. [ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexstentes...". Asimismo, el autor Gabriel Darío Jarque en su obra 'El Sobreseimiento en el Proceso Penal", en relación a la causal de atipicidad señala que la misma consiste en que estando perfectamente determinado el hecho que motivara el inicio de la investigación -y ello, como condición sine qua non para su viabilidad-, el mismo no se encuentra previsto en el ordenamiento jurídico como conducta sujeta a sanción. Ahora bien, el hecho denunciado lo constituye la presunta injuria y difampación que el Juez denunciado realizó a través de la sentencia emitida en fecha 10 de noviembre de 2010, en la causa judicial N° KP02-L-2009-000893, y que n criterio del denunciante colocó en entredicho su conducta y reputación. Siendo así, resulta necesario traer a colación la regulación que sobre la figura de la difamación establece el Código Penal, cuyo supuesto de hecho en su artículo 442 señala que: "Quien comunicándose con varias personas, reunidas o separadas, hubiere desprecio o al odio público, u ofensivo a su honor o reputación, será castigado...". Asimismo, el Código Penal, define la injuria en su articulo 444, cual establece en su encabezado lo siguiente: "...Todo individuo que en comunicación con varias personas, juntas separadas, hubiera ofendido de alguna manera el honor, la reputación o decoro de alguna persona, será castigado con prisión de seis meses a un año y multa de cincuenta unidades tributarias..." De los artículos parcialmente citados, tenemos que el tipo serial de difamación exige la imputación de un hecho que puede acarrear perjuicio al honor; y en el caso de la injuria solo requiere la manifestación de expresiones genéricas o respectivas sin que impliquen la imputación de un hecho determinado. Ahora bien, resulta necesario para esta Alzada analizar el contenido del fallo cuestionado por el denunciante y analizado por el a quo a los fines de verificar la existencia o no de lo afirmado por el abogado denunciante, y en tal sentido quienes aquí deciden pudieron constatar que de la decisión de fecha 10 de noviembre de 2010, suscrita por el juez RUBEN DE JESUS MEDINA ALDANA, que corre (inserta a los folios 24 al 55 de la pieza 2, del presente expediente, se desprende el llamado de atención realizado al apoderado judicial del demandante, por cuanto $egún señala dicha sentencia su conducta al redactar la demanda no se ajustó a la realidad, ya que invocó conceptos divorciados de la realidad, haciendo más onerosas las cantidades demandadas; asimismo, con fundamento en el artíqulo 20 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano, en concordancia con el artículo 48 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y 17 del Código de Procedimiento Civil, el Sentenciador investigado apercibió al abogado GUSTAVO ALFONSO CARDOzO, para que en los procesos donde preste sus servicios profesionales, lo haga ceñido a la verdad de los hechos. En efecto, revisado como ha sido en forma minuciosa las expresiones contenidas en el fallo cuestionado, resulta indiscutible que las mismas no constituyen un insulto o descalificación del profesional del derecho, que pudiera provocar tanto en el abogado denunciante como en quien lee dichas expresiones rechazo o cuestionamientos a su honor, pues además de señalar el sentenciador como conducta reprochable éticamente del litigante, el haber abultado cantidades presuntamente adeudadas sin ningún sustento normativo, se limitó a ejercer sus facultades como director del proceso, por lo que mal pudiera considerarse tales quienes aquí suscriben dicha denuncia no posee relevancia ni transcendencia penal, ni disciplinaria. Del mismo modo, en cuanto al apercibimiento esta Instancia Superior ha establecido que dicha figura constituye una modalidad de advertencia o una forma de prevenir a los intervinientes en el proceso judicial acerca de las consecuencias que pudiera generar el desacato a las obligaciones que la Ley les impone, se trata de una simple reiteración a sus obligaciones, configurándose en una advertencia proyectada a las actuaciones futuras que dentro del ámbito judicial deben respetar las partes y los jueces, orientada a prevenir o sancionar determinadas conductas regidas con la lealtad y probidad debida dentro de todo página original (tal como se publicó) [Página 20] esta Corte Disciplinaria Judicial). Respecto a la mencionada actuación del Juez denunciado, debe referir esta Alzada que el artículo 48 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo autoriza al juez laboral a tomar las medidas necesarias para prevenir o sancionar la falta de lealtad y probidad en el proceso, las contrarias a la ética profesional o cualquier otro acto contrario a la majestad de la Justicia y al respeto que se deben los temeridad o mala fe podrá imponer una multa de diez (10) a sesenta (60) unidades tributarias. De todo lo anterior se deduce que la actuación desplegada por el Juez investigado al percibir al abogado GUSTAVO ALFONSO CARDOZO, en el texto de la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2010, para que en los procesos donde tuviere participación procediera ceñido a la verdad de los hechos, resultó una actuación regulada por el referido artículo 48 de la ley adjetiva laboral, así como por los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, por lo que la actuación del Juez denunciado se enmarcó dentro del ámbito de sus competencias jurisdiccionales, sin que ello constituya difamación o injuria. Corolario de lo anterior debe reafirmar esta Alzada lo dictaminado por el TDJ, en cuanto a que los hechos denunciados no revisten carácter disciplinario, pues tal como se ha expresado en el presente fallo, la actuación desplegada por el sentenciador son propias de sus funciones como administrador de justicia y director del proceso, fundamentada igualmente en el artículo 4 del Código de Ética que le concede a los juzgadores autonomía e independencia en el ejercicio de la función judicial de la cual están investidos para dictar sus decisiones basados en la interpretación de la ley y el derecho, ciñendo tal actividad a los principios consagrados en la constitución y el ordenamiento jurídico. En tal sentido y visto lo constatado en autos, quienes aquí deciden consideran acertado lo expuesto por el TDJ, en relación a que efectivamente los hechos constitutivos de la denuncia realizada por el abogado GUSTAVO ALFONSO CARDOzO, apoderado judicial del ciudadano Josualdo Jesús Pérez, en contra del juez RUBEN DE JESUS MEDINA ALDANA, titular de la cedula de identidad N° V- 9.358.552, resultan atípicos y no censurables disciplinariamente, debi enco en consecuencia, confirmar el sobreseimiento decretado por el Tribunal de Primera Instancia Disciplinaria, por cuanto los hechos denunciados no revisten carácter disciplinario Y así se decide.- Establecidas como han sido las consideraciones anteriores, esta Corte Disciplinaria Judicial debe declarar RESUELTA la consulta obligatoria sopre el sobreseimiento y en consecuencia confirmar la sentencia N° TDJ-SD-201β-014, dictada en fecha 15 de febrero de 2018, por el Tribunal Disciplinario Judicial en la presente causa N° AP61-S-2018-000018, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.2 del Código de Ética. Y así se decide.- V DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: RESUELTA la consulta obligatoria con motivo de la sentencia N° TDJ-SD-2018-014, dictada en fecha 15 de febrero de 2018 por el Tribunal Disciplinario Judicial, en la causa N° AP61-S-2018-0qp018, mediante la cual fue decretado el sobreseimiento de la investigación de conformidad con el articulo 71.2 del Código de Ética, en relación døn la investigación efectuada a la denuncia del abogado GUSTAVO ALFONSO CARDOZO, apoderado judicial del ciudadano Josualdo Jesús Pérez, contra el juez RUBEN DE JESUS MEDINA ALDANA, titular de la cedula de identidad N° V- 9.358.552, Juez Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en virtud de que el hecho denunciado no reviste carácter disciplinario. SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SD-2018-014, dictada en fecha 15 de febrero de 2018 por el Tribunal Disciplinario Judicial en la causa N° AP61-S-2018-000018. Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial. Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadang, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales, de confôrmidad con el articulo 91 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Cúmplase lo ordenado. Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Dada, firmada y sellada en el salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judical en la ciudad de Caracas, a los Quiy (75 ) días del mes de marzp de dos mil dieciocho (2018). Años 207° de la Independencia y 159° de la Fedefación. JUEZ PRESIDENTE, TULIO JIMÉNEZ RODRIGUEZ VICEPRESIDENTA-PONENTE MERLY MORALES HERNÁNDEZ JUEZA PRINCIR ANA CECILIA ZULUEZA RODRIGUEZ SECRETARIA (E) Dunt CARMEN CARREÑO EXP. AP61-S-2018-000018 Hoy jubsves, quince (15) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), siendo la 02:45 p.m. seipublicó la anterior decisión bajo C CARMEN CARREÑO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZ PONENTE: TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ EXPEDIENTE N° AP61-R-2017-0000008 Mediante oficio N° TDJ-1074-2017 del 29 de noviembre 2017, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ) remitió a esta Corte Disciplinaria Judicial (en lo sucesivo, CDJ) el expediente signado ciudadano JORGE ENRIQUE NÚÑEZ MONTERO, titular de la cédula de identidad N° V - 5.848.261, por actuaciones realizadas durante su desempeño como Juez Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, Tal remisión se realizó en virtud del auto dictado por el TDJ en fecha 8 de noviembre de 2017, mediante el cual admitió la apelación interpuesta por la ciudadana Yuvitmar Ayala Hung, actuando por delegación de la Inspectoría General de Tribunales (en lo sucesivo IGT), contra la decisión N° TDJ-SD-2017-76 de fecha 21 de noviembre de 2017. | ANTECEDENTES El trámite del presente expediente ante el TDJ, tuvo lugar a través del auto de fecha 11 de octubre de 2011, mediante eil cual se abocó al conocimiento del proceso que era sustanciado por la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, contenido de los expedientes 1907/1918/1928-2010, en el cual cursan las actuaciones disciplinarias que llevaba la mencionada Comisión en contra del Juez denunciado. (f. 187, p.14). En fecha 15 de mayo de 2012, la Primera Instancia Disciplinaria Judicial, dictó auto mediante el cual acordó acumular de oficio la causa asignada con N° AP61-D-2011-000056 a la causa N°. AP61- D2011-o0052, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 del Código de Ética del Juez Venezolano y de la Jueza Venezolana, aplicable ratione temporis. (f. 220 al 236, p. 14). En fecha 19 de marzo de 2014, el TDJ dictó auto mediante el cual ordenó la continuidad de la según lo establecido en el acta N° 43 de fecha 19 de noviembre de 201.4, suscrita por el Juez Hernán Pacheco, en su condición de Presidente del Tribunal Disciplinario Judicial. (f. 20, p. 15) Luego, el 7 de agosto de 2014 la Oficina de Sustanciación de este Jurisdicción Disciplinaria Judicial dictó auto de continuidad del proceso en la fase de consignación del escrito de descargos, por parte del Juez encausado. Asimismo fue designada como ponente la Dra. Jacqueline Sosa Mariño, jueza integrante del Tribunal Disciplinario Judicial. (f. 22 y 23 p. 15). Agotados los actos de sustanciación por parte de la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, en fecha 7 de julio de 2015, acordó remitir la presente causa al TDJ, a los fines de proveer lo conducente. (f. 191 p. 15). El 9 de julio de 2015, el TDJ dictó auto mediante el cual ordenó el reingreso de la causa disciplinaria proveniente de la Oficina de Sustanciación. (f. 195 p.15). Encontrándose las partes a derecho, en fecha 2 de noviembre de 2017 el TDJ levantó acta de audiencia oral y pública, mediante la cual dejó constancia de la lectura del dispositivo. (f. 340 al 348 p.15). Inspectora de Tribunales Delgada apeló del pronunciamiento judicial señalado en el puno anterior. (folio 351 p. 15). En fecha 21 de noviembre de 2017, el TDJ publicó el extenso del fallo proferido de fecha 2 de noviembre de ese mismo año, bajo la nomenclatura N° TDJ-SD-2017-76. (f. 352 al 399 p.15). tales efecto libró oficio No. TDJ-1074-2017. (f. 404 y 405 p. 15). El día 4 de diciembre de 2017, la Secretaría de esta Alzada, recibió procedente del Tribunal Disciplinario Judicial, el presente expediente asignándole la Ponencia al Juez Tulio Jiménez Rodríguez. (f. 408 p. 15). En fecha 18 de diciembre de 2017, la Secretaría de esta Corte Disciplinaria dictó auto mediante el cual fijó la oportunidad para la celebración de la audiencia oral y pública, quedando pautada para las dos de la tarde (02:00 p.m). del décimo tercer (13º) día de despacho siguiente a la presente fecha. (f. 409, p. 15) DEL FALLO APELADO En fecha 21 de noviembre de 2017, el TDJ dictó sentencia N° TDJ-SD-2017-76 en la que estableció lo siguiente: "(..) Por las razones expuestas, este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, bajo la ponencia de la ciudadana Jueza Jacqueline Sosa Mariño, aprobada de manera unánime, decide: Primero: se declara SIN LUGAR la solicitud de nulidad absoluta de la denuncia y el procedimiento, formulada por el Juez acusado, en virtud de la alegada acumulación indebida de los distintos expedientes de investigación. Segundo: se declara SIN LUGAR la solicitud de nulidad absoluta de la acusación, formulada por el Juez acusado, fundamentada en que la representante de la Inspectoría General de Tribunales se limitó a leer durante el acto de audiencia, vulnerando el principio de oralidad. página original (tal como se publicó) [Página 21] Tercero: se ABSUELVE de responsabilidad disciplinaria judicial al ciudadano JORGE ENRIQUE NUNEZ MONTERO titular de la cédula de identidad V-5.848.261, en su carácter de Juez Titular Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, con relación al hecho imputado de que, en el trámite de la causa judicial 7.522 de la nomenclatura del Tribunal del juez sometido a proceso: haber juramentado a un perito distinto al designado por la ciudadana Susana Dobarro Ochoa, en su cualidad de apoderada de la Alcaldía del Municipio Baruta, a pesar de Tribunal de recibirla una diligencia, mediante la cual se dejará constancia de los hechos acaecidos y se solicitaba la juramentación del perito, motivado en que la narrados; igualmente por calificar como ilegal la conducta de la abogada Mayira Betancourt, al haber formulado observaciones en el libro de préstamo de expedientes, asi como ante este hecho haber solicitado la presencia de dos funcionarios de seguridad y cuatro funcionarios de la Guardia Nacional; conductas que de determinarse podrían encuadrar en el tipo disciplinario de abuso de autoridad, previsto en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, vigente para el momento de la presunta comisión de los hechos, actualmente previsto en el numeral 15 del artículo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015, que prevé la sanción de DESTITUCIÓN. Cuarto: Se cambia la calificación formulada por la Inspectoría General de Tribunales en el acto conclusivo de fecha 10 de febrero de 2010 referida al hecho de no oír la apelación formulada por las apoderadas del Municipio Baruta en fecha 28 de febrero de 2007, que fue inicialmente calificado en la imputación como abuso de autoridad, que daría lugar a la sanción de DESTITUCIÓN prevista en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial vigente para el momento de la ocurrencia del hecho y actualmente prevista en el numeral 15 del artículo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015; calificación que se ajusta por cuanto la conducta descrita y probada encuadra en el supuesto de hecho de "descuidos injustificados" previsto en el numeral 7 del artículo 38 de la Ley de Carrera Judicial actualmente establecido en el numeral 6 del articulo 27 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015; en consecuencia, se impone la sanción de AMONESTACIÓN al ciudadano JORGE ENRIQUE NÚÑEZ MONTERO, por Su desempeño como Juez Titular Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. Quinto: se ABSUELVE de responsabilidad disciplinaria judicial al ciudadano JORGE ENRIQUE NUNEZ MONTERO con relación al hecho imputado de no evacuar, en las oportunidades fijadas, la prueba de inspección judicial admitida; hecho pretendidamente subsumible para el momento de la ocurrencia de los hechos en la causal disciplinaria de abuso de autoridad contenida en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial actualmente prevista en el numeral 15 del articulo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015, que prevé la sanción de DESTITUCIÓN. ENRIQUE NÚÑEZ MONTERO por la imputación referida al hecho de no pronunciarse en la tramitación de la ejecución de la sentencia del expediente 5.174 de la ciudadano Daniel Buvat de la Rosa, apoderado judicial de la querellante, en relación con la solicitud de experticia complementaria y no haber resuelto la incidencia de pago ofrecida por la Municipalidad; hecho pretendidamente subsumible para el momento de la ocurrencia de los hechos en la causal disciplinaria de abuso de autoridad contenida en el numeral 16 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial y actualmente prevista Venezolana de 2015, que prevé la sanción de DESTITUCIÓN. Séptimo: se ABSUELVE de responsabilidad disciplinaria judicial al ciudadano JORGE ENRIQUE NÚÑEZ MONTERO por la imputación referida al hecho de inhibirse planteando hechos falsos, al haber alegado que la diligencia de fecha 4 de diciembre de 2007, suscrita por el apoderado de la querellante, creó en él sentimientos que le impedían abrir con la debida objetividad en el ejercicio de sus funciones; hecho pretendidamente subsumible para el momento de la ocurrencia de los hechos en la causal disciplinaria de hacer "constar en cualquier actuación judicial hechos que no sucedieron o dejen de relacionar los que ocurrieron", causal contenida en el numeral 13 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial que previa la sanción de DESTITUCIÓN. OctaVO: Se DECLARA LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA JUDICIAL al Juez JORGE ENRIQUE NÚÑEZ MONTERO por la imputación referida al hecho de recibir a la querellante sin la otra parte, al alegar el Juez en su inhibición de la causa en le expresó que no era procedente su petición, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley del Poder Judicial; hecho tipificado para el momento de su ocurrencia en la causal disciplinaria de "Recibir, dentro o fuera del tribunal, a una de las partes sin la presencia de la otra, para tratar cuestiones relacionadas con la causa en curso", causal contenida en el numeral 9 del artículo 38 de la Ley del Consejo de la Judicatura y actualmente prevista en el numeral 11 del artículo 28 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015; en consecuencia, se impone la sanción de SUSPENSIÓN del ejercicio del cargo por un período de tres (3) meses, con privación del goce de salario, los cuales se tienen por cumplidos con base en el Judicial del Tribunal Supremo de Justicia "en reunión de fecha 26 de noviembre del año [2009]", según se desprende del oficio N° CJ-09-2500 de fecha 15 de diciembre de 2009, emitido por la Presidenta de la referida Comisión, dirigido a la Inspectora General de Tribunales. Noveno: se ABSUELVE de responsabilidad disciplinaria judicial al ciudadano JORGE ENRIQUE NÚÑEZ MONTERO por la imputación referida al hecho de presuntamente haber admitido el recurso de nulidad y haber decretado la medida cautelar, en la tramitación de la causa 8.249 de la nomenclatura del aludido Juzgado Superior, una vez decidida previamente su incompetencia mediante auto de fecha 11 de agosto de 2008; hecho pretendidamente subsumible para el momento de la ocurrencia de los hechos en la causal disciplinaria de abuso de autoridad contenida en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial y actualmente prevista en el numeral 15 del artículo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015, que prevé la sanción de DESTITUCIÓN. Décimo: se ABSUELVE de responsabilidad disciplinaria judicial al ciudadano JORGE ENRIQUE NÚÑEZ MONTERO por la imputación referida al hecho de retardo reiterado e ilegal en la tramitación de las 6 causas judiciales 7.919, 7.992, 6.014, 5.811, 7.498 y 5.701; hecho pretendidamente subsumible para el momento de la ocurrencia de los hechos en la causal disciplinaria contenida en el numeral 5 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial y actualmente prevista en el numeral 24 del artículo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015, que prevé la sanción de DESTITUCIÓN. Undécimo: Se cambia la calificación formulada por la Inspectoría General de Tribunales en el acto conclusivo de fecha 11 de mayo de 2010 referida a abuso de autoridad por el hecho de no dictar decisión en las causas números 8.292, 8.269, 5.636, 8.273, 8.264, 8.278, 8.190, 7.938, 8.048, 8.044, 8.063, 8.073, 7.883, 7.868, 7.860, 7.851, 3.796, 85/512, 7.798, 8.120 y 8.266, que daría lugar a la sanción de DESTITUCIÓN prevista en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial vigente para el momento de la comisión del hecho, actualmente prevista en el numeral 15 del artículo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015; calificación que se ajusta por cuanto la conducta descrita y probada encuadra en el supuesto de hecho de "retrasos y descuidos injustificados" previsto en el numeral 7 del artículo 38 de la Ley de Carrera Judicial y actualmente establecido en el numeral 6 del artículo 27 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015; en consecuencia, se impone la sanción de AMONESTACIÓN al ciudadano JORGE ENRIQUE NÚÑEZ MONTERO, por su desempeño como Juez Titular Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. Duodécimo: se ABSUELVE de responsabilidad disciplinaria judicial al ciudadano JORGE ENRIQUE NÚÑEZ MONTERO con relación al hecho imputado de dictar dos decisiones contradictorias correspondientes a medidas cautelares en una misma acción de amparo constitucional seguida en la causa 8477, toda vez que en la decisión de fecha 26 de junio de 2009, el Tribunal desestimó la solicitud cautelar por favorecería al accionante, escapándose del carácter preventivo de la medida; mientras que en la decisión de fecha 2 de octubre de 2009, obvió el razonamiento anterior, acordando lo desestimado en la oportunidad anterior, contraviniendo lo previsto en el artículo 198 de la Ley General de Bancos; hecho pretendidamente subsumible para el momento de la ocurrencia de los hechos en la causal disciplinaria de abuso de autoridad contenida en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial y actualmente prevista en el numeral 15 del artículo 29 del Código de. Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015 que prevé la sanción de DESTITUCIÓN. Decimotercero: Se cambia la calificación formulada por la Inspectoría General de Tribunales en el acto conclusivo de fecha 11 de mayo de 2010 referida a infringir "as prohibiciones o deberes que les establecen las leyes" por el hecho de no notificar a la Procuraduría General de la República, al ordenar ejecutar una medida cautelar antes que constara en el expediente judicial 7.991, la efectiva notificación de dicho órgano. Calificación que daría lugar a la sanción de DESTITUCIÓN prevista en el numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial; y que se ajusta por cuanto la conducta descrita y probada encuadra en el supuesto de hecho de "descuidos injustificados" previsto en el numeral 7 del articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial y actualmente establecido en el numeral 6 del artículo 27 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015; en consecuencia, se impone la sanción de AMONESTACIÓN al ciudadano JORGE ENRIQUE NÚÑEZ MONTERO, por su desempeño como Juez Titular Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. Decimocuarto: Se cambia la calificación formulada por la Inspectoría General de Tribunales en el acto conclusivo de fecha 11 de mayo de 2010 referida a abuso de doble grado de jurisdicción, por pronunciarse en una segunda oportunidad sobre la caducidad de la acción en la causa 7.174, siendo que previamente esta declaratoria fue apelada y declarada con lugar por el Tribunal de alzada, que daría lugar a la sanción de DESTITUCIÓN prevista en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial vigente para el momento de la comisión del hecho, actualmente Jueza Venezolana de 2015; calificación que se ajusta por cuanto la conducta descrita y probada encuadra en el supuesto de hecho de "descuidos injustificados" previsto en el numeral 7 del artículo 38 de la Ley de Carrera Judicial y actualmente establecido en el numeral 6 del articulo 27 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2015; en consecuencia, se impone la sanción de AMONESTACIÓN al ciudadano JORGE ENRIQUE NÚÑEZ MONTERO, por su desempeño como Juez Titular Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. DecÍmoguinto: Se LEVANTA LA MEDIDA DE SUSPENSIÓN SIN GOCE DE SUELDO, acordada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia "en CJ-09-2500 de fecha 15 de diciembre de 2009, emitido por la Presidenta de la referida Comisión, dirigido a la Inspectora General de Tribunales, al ciudadano JORGE ENRIQUE NÚÑEZ MONTERO titular de la cédula de identidad V-5.848.261, en su carácter de Juez Titular Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en consecuencia, se ordena la reincorporación del Juez JORGE de Juez Titular Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital u otro de similar jerarquía. Decimosexto: Se ordena remitir copia de la presente decisión a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de la determinación y pago de los sueldos y demás beneficios dejados de percibir al ciudadano JORGE ENRIQUE NÚÑEZ MONTERO, por el tiempo de vigencia de la Comisión, con exclusión de los tres (3) meses que se computan como cumplimiento de la sanción de SUSPENSIÓN impuesta en el punto Octavo de la presente decisión (.... III FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN En escrito interpuesto en fecha 29 de enero de 2018, la profesional del derecho Yuvitmar Ayala Hung,' actuando por delegación de la IGT, interpuso formal recurso de apelación en contra de la decisión N° TDJ-SD-2017-76 dictada y publicada el 21 de noviembre de 2017, argumentando que el Juzgado de Primera Instancia Disciplinaria Judicial, incurrió en los vicios de falso supuesto de hecho, errónea interpretación, incongruencia omisiva y omisión de pronunciamiento con fundamento en las razones siguientes: En primer lugar, delató la IGT haber imputado al juez Jorge Enrique Núñez Montero por la comisión de la falta disciplinaria establecida en el artículo 40 numeral 16 de la Ley de Carrera Judicial vigente recibiera la diligencia presentada por la apoderada [de la Alcaldía] del Municipio Baruta, fundamentándose en un hecho que ocurrió de manera distinta a la apreciada...que dio origen a un error en la apreciación del mismo, Al respecto, delató el órgano instructor que la recurrida incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho, al absolver al Juez con relación a la imputación realizada, fundamentándose en un hecho que ocurrió de manera distinta a la apreciada, dando origen a un error en la apreciación del mismo, al justificar la negativa del Juez para recibir la diligencia, toda vez que la misma contenía groserías e desprende de la misma ningún tipo de grosería o improperios en contra del Juez o personal del Tribunal que regentaba. En segundo lugar, adujo la formalizante que la recurrida se encuentra inficionada por errónea por -por abuso de autoridad- de conformidad con lo establecido en el artículo 40 numeral 16 de la Ley de Carrera Judicial, aplicable ratione temporis que sanciona con la destitución del cargo, al no proveer oportunamente la evacuación de la inspección judicial solicitada, la cual debía realizarse dentro del lapso de evacuación de pruebas, y -según la IGT- quedó evidenciado en autos que el Juez "..NUNCA evacuó la inspección judicial la cual fue admitida y diferida en diversas oportunidades...". También advirtió la IGT, que el iudex a quo incurrió en errónea interpretación, al señalar que el operador de justicia incurrió en descuido injustificado por las siguientes circunstancias (I) al no emitir pronunciamiento judicial en 21 causas judiciales; a saber: 8292, 8269, 5636, 8273, 8264, 8278, 8190, 7938, 8048, 8044, 8063, 8073, 7883, 7868, 7860, 7851, 3796, 85/512, 7798, 8120 y 8266; (1l) por no tramitar la apelación formulada en la causa judicial N° 7522, y según el órgano instructor, el Juez obvió lo establecido en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela órgano instructor- el Juez sometido a procedimiento fue negligente en el cumplimiento de su obligación de dar respuesta oportuna, incurriendo en un descuido injustificado que vulneró la tutela judicial efectiva de las partes del proceso, quienes no pudieron ejercer los recursos previstos en el ordenamiento jurídico. Por otra parte, indicó la recurrente que se le imputó al ciudadano Juez el hecho de haber admitido el recurso de nulidad y decretar la medida cautelar en la causa judicial N° 8249, habiendo declarado su incompetencia para conocer de la referida causa y, a su vez, declinó la competencia en las Cortes de, lo Contencioso Administrativo, aunado al hecho de haberse pronunciado sobre el amparo cautelar y dictar medida cautelar en contravención a las sentencias emanadas por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que señalan la competencia de las Cortes Contencioso Administrativo, en lo específico con relación a los actos dictados por la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquina Traganíqueles, considerando entonces la IGT que el referido Juez debió desprenderse inmediatamente de la causa in comento, razón por la cual sostuvo la apelante que la sentencia dictada por la Primera Instancia Judicial incurrió nuevamente en errónea interpretación del artículo 71 del Código de Procedimiento Civil. Como tercer punto, arguyó la IGT que el TDJ, incurrió en incongruencia omisiva al absolver al Juez investigado de la falta endilgada -abuso de autoridad-, cuando omitió pronunciarse sobre el petitorio efectuado por el apoderado judicial de la querellante referido al nombramiento de un experto para realizar la experticia complementaria del fallo en la causa judicial N° 5174; en ese sentido, consideró la formalizante que el a quo eludió la pretensión fundamental, al aseverar que el prenombrado Juez efectivamente no se pronunció ante dicha petición, sin embargo justificó la absolutoria cuando señaló que lo adecuado era -según la IGT- encuadrar el ilícito disciplinario demostrado dentro de la sanción a menoscabó la tutela judicial efectiva. Finalmente, alegó la IGT que la recurrida se encuentra viciada por omisión de pronunciamiento, al no decidir acerca del hecho imputado, relativo a la falta de tramitación de la regulación de competencia en la causa judicial N° 8249, y por haber incurrido en descuido injustificado al no decidir sobre el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 7 de agosto de 2009, en la causa judicial N°8488. Ahora bien, por los razonamientos anteriores el Órgano Auxiliar del Tribunal Supremo de Justicia, se establezca la sanción de destitución del cargo. página original (tal como se publicó) [Página 22] IV CONTESTACIÓN A LA FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN Mediante escrito presentado el 6 de enero de 2018, el Juez investigado dio contestación a los fundamentos de la apelación en los siguientes términos: Con relación al primer vicio alegado por la IGT -falso supuesto de hecho- estableció que la Primera autoridad, no incurrió en el referido vicio, toda vez que su pronunciamiento no se fundamentó en hechos inexistentes, falsos o que no guarden vinculación con el objeto de la decisión. Luego, el Juez investigado indicó que el vicio endilgado por el Órgano Instructor, a saber: errónea interpretación de los hechos es inexistente en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que la errónea interpretación es un vicio de la sentencia, que se produce cuando el Juez, aun reconociendo la interpretación en su alcance general y abstracto, haciendo derivar de ella consecuencias que no concuerdan con su contenido. También, alegó el Juez acusado respecto a los vicios de incongruencia omisiva y la omisión de pronunciamiento, que la recurrida no dejó de pronunciarse sobre algún alegato esencial, agregó que no se configuran los referidos vicios, toda vez que el Juez sentenciador si expuso su razonamiento del cual difiere la IGT. Finalmente, por los razonamientos precedentes, solicitó sea declarada la improcedencia de las delaciones establecidas por la IGT. V DE LA COMPETENCIA Debe esta CDJ establecer su competencia para conocer el asunto sometido a su consideración y, al respecto, observa: El artículo 37 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario N° 6.207, de fecha 28 de diciembre de 2015, establece la competencia de la Alzada para conocer las apelaciones interpuestas contra las decisiones dictadas por el TDJ, ya sean interlocutorias o definitivas, en los términos que a continuación se transcriben: "Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra las decisiones del Tribunal Disciplinario Judicial, ya sea interlocutorias o definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y el resto de la normativa que guarde relación con la idoneidad judicial y el desempeño del Juez venezolano y Jueza venezolana". Del citado extracto se desprende la competencia de este órgano jurisdiccional, como alzada natural del TDJ, para conocer de los recursos de apelación que se intentaren contra las decisiones que de él emanen, debiendo garantizar la correcta interpretación y aplicación de las normas disciplinarias Del análisis de los autos que integran el presente expediente, se pudo constatar que el recurso de apelación fue interpuesto por la ciudadana YUVITMAR AYALA HUNG, actuando por delegación de la Inspectoría General de Tribunales, contra la sentencia definitiva N° TD3-SD-2017-76 dictada y publicada el 21 de noviembre de 2017, argumentando que el Juzgado de Primera Instancia Disciplinaria Judicial, incurrió en los vicios de falso supuesto de hecho, errónea interpretación, incongruencia omisiva y omisión de pronunciamiento. En tal sentido, esta Alzada verificó que se trata de un Recurso de Apelación contra una sentencia" definitiva, razón por la cual declara su competencia para conocer el presente asunto. Así se declara. VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Alzada a resolver el recurso de apelación ejercido por la representación de la IGT, en contra de la sentencia N° TDJ-SD-2017-76. Para decidir esta Corte observa: 1. Denunció la representación de la IGT la presunta existencia del vicio de falso supuesto de hecho, alegando en primer lugar que el iudex a quo se pronunció sobre un hecho distinto al realmente imputado por el Órgano Investigador, vale decir que el fallo recurrido, señaló para eximirlo de responsabilidad disciplinaria que el Juez no incurrió en abuso de autoridad cuando se negó a recibir la diligencia presentada por los representantes legales, toda vez que la misma contenía groserías e improperios, pues lo realmente delatado era que de la lectura de la diligencia se relatan los hechos ocurridos sin que se evidencie ningún tipo de grosería o improperios en contra del Juez o personal del Tribunal que regentaba. Al respeto, el Juez sometido a procedimiento alegó que en efecto se negó a recibir la diligencia presentada por los apoderados judiciales con fundamento en lo dispuesto en el artículo 171 del Código de Procedimiento Civil, por considerar que en los términos en los cuales se había redactado se comprometida la transparencia y honestidad del personal del Tribunal que regentaba respecto al desempeño de sus labores. Con relación al falso supuesto de hecho, la jurisprudencia de la Sala Político Administrativa del Máximo Tribunal, ha sido pacífica al señalar que el mismo se configura cuando el juez, al dictar un determinado fallo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o que no guardan vinculación con los asuntos objeto de la decisión (Vid. Sentencias Nos. 618 y 619 de fecha 30/06/2010 y 30/04/2014, respectivamente), criterio compartido por esta Alzada. (Vid. Sentencias Nos. 1, 12, 34 y 44 de fechas 28/01/2014, 03/04/2014, 17/09/2014 y 20/11/2014, respectivamente). Para reforzar el criterio anteriormente esbozado, la doctrina patria ha sostenido tres modalidades básicas en la verificación del vicio de falso supuesto de hecho; a saber: (i) ausencia total y absoluta de los hechos, lo que supone una decisión fundamentada en hechos que nunca ocurrieron; (ii) error previstos en la norma o que existen, cursan en autos, pero el juzgador incurre en una errada apreciación y calificación de los mismos (falso supuesto en "stricto sensu") y (ii) tergiversación en su que podría traducirse en un uso desviado de la potestad del operador con la finalidad de forzar la aplicación normativa. Precisado lo anterior, corresponde a esta Corte pasar a verificar lo establecido por el a quo, a los fines de determinar si la sentencia objeto de revisión, es susceptible de nulidad por la existencia de vicio atribuido -falso supuesto de hecho-. Aprecia esta Alzada que el a quo al examinar la conducta desplegada por el ciudadano Juez relativa a la negativa de recibir la diligencia presentada por los apoderados judiciales de la Alcaldía del de Procedimiento Civil consagra la obligación que tienen las partes de abstenerse de emplear en sus diligencias expresiones o conceptos injuriosos o indecentes, debiendo testar tales conceptos siempre y cuando los mismos no se hubiesen notado, así mismo advirtió la Primera Instancia Disciplinaria Judicial que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia de fecha 8 de noviembre de 2007, no destacó irregularidad alguna que trascendiera sobre la actuación del Juzgador. En tal sentido, la recurrida para absolver al Juez investigado del ilícito disciplinario que fue imputado, consideró que dicho funcionario como director del proceso está facultado para garantizar una justicia idónea y acorde a la majestad de la magistratura que implica la función de juzgar, sin menoscabo al debido proceso y al derecho a la defensa de las partes dentro del proceso judicial y, en consecuencia, concluyó que la conducta del referido Juez al negarse a recibir la diligencia presentada no desplegó una conducta o actuación contraria a lo establecido en el ordenamiento jurídico, razón por la cual lo absolvió del ilícito disciplinario imputado por abuso de autoridad. Ahora bien, a los fines de precisar si el a quo incurrió en el falso supuesto delatado es necesario en primer término establecer, el contenido y alcance del ilícito de abuso de autoridad y, en segundo lugar, examinar las actas del expediente para determinar si los hechos fueron apreciados debidamente. Con relación al abuso de autoridad actualmente subsumible en el artículo 29 numeral 15 del Código de Ética, ha sido criterio de esta Alzada que el mismo se produce cuando el sentenciador realiza funciones que no le han sido conferidas en la ley, lo que deviene en un ejercicio desproporcionado e injustificado de las competencias que le corresponden a todo Juez (Vid. Sentencias de esta Corte N° 6, 18,3,30 y 12 del 05/06 y 07/08 de 2012, 22/01/2013, 12/08/2014 y 12/02/2015, respectivamente). En igual sentido, se ha sostenido de manera reiterada, que el abuso de autoridad comporta la constatación de una conducta desmedida por parte del operador de justicia, capaz de evidenciar su inidoneidad para ocupar el cargo de Juez (Vid. Sentencias de la Sala Político Administrativa N° 00451 02342 del 11/05/2004 y 27/04/2005, respectivamente). Determinado el contenido del ilícito imputado, esta Alzada Juzga necesario examinar la conducta desplegada por el Juez, para determinar si los hechos investigados y cursantes en autos fueron. apreciados debidamente por el iudex a quo, o, por el contrario, la apreciación se encuentra viciada por suposición falsa. Diligencia de fecha 12 de marzo de 2007, suscrita por las apoderadas de la Alcaldía del Municipio Baruta, -que no fue recibida por el Juez denunciado-. Acta de fecha 12 de marzo de 2007, levantada por el Abogado Ermes Suárez Torres, en su condición de inspector comisionado de la IGT en el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual dejó constancia que "..en efecto, este Tribunal se negó a recibir la diligencia presentada por los apoderados judiciales del Municipio Baruta, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 171 del Código de Procedimiento Civil, (folios 6 al 9, pieza N° 1). (Destacado Nuestro) La revisión de las actuaciones que anteceden revelan que en fecha 12 de marzo de 2007, fue procesado, para ser agregada a la causa judicial N° 7522, desprendiéndose de la misma aseVeraCiOneS; taleS COMo: "..QUE LOS PRECITADOS FUNCIONARIOS JUDICIALES JAMÁS ANUNCIARON EL ACTO, Y QUE NO OBSTANTE, SABER DE LA COMPARECENCIA DE LOS APODERADOS DEL MUNICIPIO, Y DE LAS INNUMERABLES OPORTUNIDADES EN QUE ESTOS SOLICITABAN LES FUERON RECIBIDAS SUS CREDENCIALES PARA LA JURAMENTACIÓN, MANIFESTARON QUE EL ACTO YA SE HABÍA LLEVADO A CABO TIEMPO DESPUÉS DE LAS 11 DE LA MAÑANA SIN DEJAR CONSTANCIA DE LA COMPARECENCIA DE LA REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO.. QUE UNA VEZ ENTERADAS LAS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE LA IRREGULARIDAD COMETIDA, REQUIRIERON HABLAR CON EL JUEZ, EL CUAL SIN OÍR A LAS PARTES LLAMÓ A SEGURIDAD PARA QUE SACARAN A LAS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO VIOLÁNDOSELE EL DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA Y AL DEBIDO PROCESO... QUE DICHAS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO ADEMÁS DE PROFERIRLES IMPROPERIOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL.. QUIENES PUDIERON OBSERVAR UN ACTA... DONDE SE PROCEDE SIN FUNDAMENTO ALGUNO A JURAMENTAR UN EXPERTO DISTINTO AL DESIGNADO... DE FORMA ILEGAL Y VIOLATORIA DE SUS DERECHOS...". Bajo ese contexto, es necesario destacar que de la lectura de la diligencia in commento presentada por la parte actora, se observa la preeminencia de un contenido que reviste carácter ordaz -que critica con ironía aguda y malintencionada- y que opera en contra de la ética de los funcionarios judiciales que se desempeñaban en el referido Juzgado, a quienes además señaló como presuntos vulneradores de derechos constitucionales, denotando un comportamiento que a todas luces resultaba irrespetuoso, lo cual resulta inaceptable para este Órgano Jurisdiccional, en virtud que existe una norma que establece tales comportamientos como una causal de inadmisión, siendo que dichas expresiones atentan contra la majestad del Poder Judicial. Así pues, resultó evidente que a la parte actora en aquella causa judicial ventilada ante el Juez justicia, sino por el contrario de las actas del expediente judicial quedó demostrado que se le dio la atención respectiva, incluyendo esta que supuestamente fue considerada irrespetuosa, lo cual encaje perfectamente en las consideraciones legales pertinentes que lo harían estar presentes dentro de las causales de inadmisibilidad. Y así se declara. establecido en la sentencia Nº 1086 del 4 de junio de 2004, dictada por la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia, caso: Ramón Guerra Betancourt, en la cual se hizo expreso señalamiento al acuerdo dictado en Sala Plena, en fecha 16 de julio de 2003, mediante el cual -en aras de garantizar la transparencia de los procesos y el ejercicio independiente de la función judicialinadmisión de las demandas o solicitudes que contengan conceptos irrespetuosos u ofensivos a la majestad del Juez y la de sus integrantes. Sentado lo anterior, esta Corte determinó que lo decido por el a quo de absolver de responsabilidad disciplinaria al investigado en lo relativo al ilícito disciplinario de abuso de autoridad, constituyó un pronunciamiento que comparte esta Alzada y que, en consecuencia, determinó la desestimación del vicio de falso supuesto de hecho. Y así se decide. 2. En un segundo aspecto, la IGT delató errónea interpretación de los hechos en dos vertientes: Primero: Respecto a la tramitación de la causa judicial N° 7522 indicó: "El TDJ, a los fines de absolver al Juez, incurrió en errónea interpretación de los hechos imputados por la IGT, señaló que la IGT imputó que no proveyó oportunamente la evacuación de la inspección judicial solicitada y por cuanto no se evidenciaba la práctica oportuna o no de la inspección judicial no podía desvirtuarse el principio de presunción de inocencia. La IGT imputó que no se proveyó la inspección judicial y estableció "oportunamente" en virtud que la referida evacuación debía realizarse dentro del lapso de evacuación de pruebas, siendo el hecho cierto y debidamente comprobado en autos (establecido también por la recurrida) es que el Juez NUNCA evacuó la inspección judicial la cual fue admitida y diferida en diversas oportunidades, omisión que fue admitida por el Juez sometido a procedimiento, cuando señaló que en todo caso la sanción sería por abstención de pronunciamiento y no por abuso de autoridad, siendo reconocida la omisión de pronunciamiento señalada por la IGT...". pronunciamiento correspondiente en 21 causas judiciales, a saber: 8292, 8269, 5636, 8273, 8264, 8278, 8190, 7938, 8048, 8044, 8063, 8073, 7883, 7868, 7860, 7851, 3796, 85/512, 7798, 8120 y 8266, así como también al no tramitar la apelación interpuesta en la causa judicial N° 7522, obviando a decir de la IGT, el artículo 51 de la Constitución de la República. Bolivariana de Venezuela, ".Jo que a todas luces evidencia un descuido injustificado que menoscabó la tutela judicial efectiva de las partes en el proceso, así como el derecho a ejercer los recursos previstos en el ordenamiento jurídico..., razón por la cual el TDJ, impuso la sanción de amonestación. Ahora bien, en cuanto a la delación de errónea interpretación de los hechos, esta Alzada consideró preciso determinar que la recurrente omitió utilizar la técnica adecuada para delatar la infracción señalada, en el entendido que por tratarse de una denuncia por error de juzgamiento por errónea interpretación, la recurrente debió establecer la norma jurídica con precisa determinación; por lo tanto, resulta indispensable que la formalizante además de indicar expresamente la norma infringida para su interpretación, debe señalar la norma que el Juez investigado ha debido aplicar para resolver la controversia, y por último demostrar que el error de juicio fue determinante en el dispositivo del fallo. En este sentido, esta Corte establece la importancia y necesidad de utilizar una técnica adecuada para recurrir en Alzada, lo cual se traduce en el cumplimiento de una serie de requisitos para la quedó otra alternativa para esta CDJ que declarar improcedente el vicio por errónea interpretación de los hechos, por carecer de una adecuada fundamentación. Y así se decide. No obstante lo anterior, resulta imperioso para esta Instancia Disciplinaria precisar que si bien la recurrente erró al delatar un vicio inexistente -errónea interpretación de los hechos-, en todo caso los términos en los que planteó su denuncia estuvieron dirigidos a evidenciar una suposición falsa o falso supuesto de hecho al absolverse al Juez de responsabilidad disciplinaria por abuso de autoridad respecto a la primera vertiente anteriormente señalada y, por otra parte, por cambiar la calificación jurídica solicitada por la IGT y establecer una: sanción menos gravosa. Al respecto, el contenido y alcance del vicio de falso supuesto de hecho a examinar, fue establecido procediera el abuso de autoridad, los cuales se dan por reproducidos de seguidas y, seguidamente esta Corte procede a analizar las actuaciones cumplidas en el proceso, relacionadas con el ilícito imputado por la IGT, a fin de establecer la existencia del precitado vicio. Pruebas relacionadas con la tramitación de la causa judicial N° 7522 en la primera vertiente desarrollado en el numeral 2, arriba señalado. . Certificación de los autos de fecha 5, 8 y 14 de marzo de 2007, dictados por el Juez denunciado, mediante los cuales dejó constancia de los diferimientos para la evacuación de la prueba de inspección judicial solicitada por la parte accionada (folios 196, 197 y 200, pieza N° 1). página original (tal como se publicó) [Página 23] Certificación del auto de fecha 22 de marzo de 2007, dictado por el Juez investigado, mediante el cual dejó constancia del diferimiento de la prueba de inspección judicial, para que Decisión de fecha 22 de marzo de 2007, dictada por la ciudadana Teresa García -quien conoció de la causa en virtud de la recusación-, en su condición de Jueza del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual solicitó cómputo por secretaría de los días de despacho, transcurridos desde la fecha de la admisión de pruebas promovidas hasta la recusación presentada por la representación de la Alcaldía del Municipio Baruta. (folios 224 al 239, pieza N° 1). Informe de recusación de fecha 23 de marzo de 2007, presentado por el Juez denunciado en virtud de la recusación planteada por los apoderados judiciales de la Alcaldía del Municipio Baruta, mediante el cual solicitó sea declarado improcedente por no cumplirse los presupuestos fundamentales para su procedencia. (folios 213 al 221, pieza N° 1). Certificación del auto de fecha 18 de abril de 2007, dictado por el Juzgado Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual oyó en un solo efecto la apelación presentada en fecha 28 de febrero de 2007, por los apoderados judiciales de la Alcaldía del Municipio Baruta. (folios 243 al 244, pieza N° 1). Decisión de fecha 22 de mayo de 2007, dictada por la Corte Segunda de lo contencioso Administrativo, mediante la cual declaró sin lugar la recusación interpuesta en contra del Juez investigado. (folios 53 al 75, pieza N° 1). Certificación del auto de fecha 14 de abril de 2008, mediante el cual el Juez denunciado dejó constancia que fenecido la segunda etapa de la relación de la causa el día 25/03/2008, y por lo tanto el Tribunal procedería a dictar sentencia. (folio 268, pieza N° 1). Certificación de la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2008, dictada por el Juez sometido a administrativo de anulación interpuesto por los apoderados judiciales de la empresa promotora Altos de Oro, C.A, conjuntamente con acción de amparo constitucional con medida cautelar. (folios 130 al 154, pieza N° 2). La revisión de las actuaciones que anteceden revelan, que el Juez acusado en la tramitación de la la misma fue diferida en varias oportunidades por el referido Juez, justificando dicho diferimiento en el cumplimiento de ocupaciones preferente, dejando constancia de ello en los autos de fecha 5, 8, 14 y 22 de marzo de 2007. Del mismo modo, se observó que el Juez denunciado encontrándose dentro del lapso para la Municipio Baruta, siendo distribuida la causa judicial sub examine al Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital; asimismo se verificó que la recusación planteada en contra del Juzgador fue declarada sin lugar por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo mediante decisión N° 2007-00892 de fecha 22 de mayo de 2007. Posteriormente, el ciudadano Juez en el tiempo establecido dictó sentencia conforme la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por los apoderados judiciales de la empresa Promotora Altos de Oro, C.A. Ahora bien, el Órgano Investigador señaló que ".el Juez fue reiterado en su conducta de no proveerle oportunamente a la recurrida, lo solicitado...", igualmente manifestó que "...manejó arbitrariamente el tiempo para la practica (sic) de la evacuación de la prueba..", también indicó que "el Juez NUNCA IGT al momento de formular su denuncia incurrió en una contradicción, la cual no se dilucida con los. elementos probatorios que constan en autos para fundamentar el ilícito disciplinario -abuso de autoridad- imputado, siendo acertada la absolutoria establecida por el a quo, con fundamento al Principio de Presunción de Inocencia, al no evidenciarse del acervo probatorio la culpabilidad del Juez. (Destacado Nuestro) Así pues, esta Alzada considera preciso advertir sobre la existencia de incidencias de carácter institucional que necesaria y razonablemente justifican el diferimiento de la obligación a cargo de Juez investigado, que ello resulta procedente siempre y cuando dicho diferimiento no afecte derechos y imputación del ilícito, toda vez que el diferimiento para la práctica de la evacuación de la prueba no puede calificarse como una conducta desmedida por parte del operador de justicia, en consecuencia, el iudex a quo valoró correctamente las circunstancias de hecho que emergieron de las actuaciones constatadas, en razón de lo cual se desestima el vicio alegado. Y así se decide. Ahora bien, siguiendo con el análisis de lo delatado por la IGT, en el segundo punto de su escrito de anteriormente por esta Corte, se observa que el Órgano Investigador pretende la nulidad del fallo apelado por considerar que el mismo se encuentra viciado de nulidad, al incurrir el a quo en el vicio de errónea interpretación, cuando el Juzgador Disciplinario determinó el cambio de la calificación formulada por la IGT referida al abuso de autoridad que daría lugar a la sanción de destitución del cargo a una menos gravosa como lo es "retrasos y descuidos injustificados" e impuso al Juez la sanción de amonestación. Aprecia este Despacho Superior que nuevamente yerra la recurrente en la técnica empleada para solicitar la nulidad del fallo producido por la Primera Instancia Disciplinaria, toda vez que insistió en la existencia de un vicio por infracción de la norma; en este caso por -errónea interpretación-, observándose que la formalizante no razonó de forma clara y precisa en qué consistió la infracción por parte del sentenciador disciplinario, es decir, señalar cómo, cuándo y en qué sentido se produjo el vicio por el cual pretende la nulidad del fallo, en este sentido esta Alzada declara improcedente el vicio delatado. Y así se decide. Verificados, los argumentos expuestos por la IGT, se puede inferir que si bien acusó el vicio de errónea interpretación, los términos en que planteó su denuncia, a los fines de sostener el ilícito imputado por abuso de autoridad, estuvieron dirigidos a evidenciar el falso supuesto de hecho al por la cual, atendiendo al Principio iura novit curia, esta Corte da por reproducida el vicio en referencia anteriormente analizado, así como también la falta disciplinaria por abuso de autoridad. Así se establece. Evidenciado lo anterior, observa esta Alzada que el a quo advirtió que el Órgano Instructor, por el lapso en el que el Juez acusado estuvo sin emitir sentencia definitiva en las causas judiciales Nos. 8.292, 8.269, 5.636, 8.273, 8.264, 8.278, 8.190, 7.938, 8.048, 8.044, 8.063, 8.073, 7.883, 7.868, 7.860, 7.851, 3.796, 85/512, 7.798, 8.120 y 8.266, calificó su proceder como reprochable, al considerar que el Juez había incurrido en abuso de autoridad ilícito previamente desarrollado en las delaciones anteriores, y en consecuencia, se da por reproducido y de seguidas pasa analizar las actuaciones del Juez, relacionadas con el ilícito imputado por la IGT, a fin de establecer la existencia del vicio establecido. En este sentido, aprecia esta Corte que el a quo, al examinar la conducta desplegada por el Juez relativa a la omisión de "pronunciamiento en 21 causas judiciales" y analizar la imputación formulada por la IGT, consideró que el actuar del Juez no configuraba el ilícito delatado -abuso de autoridad-; y cambió la calificación jurídica al constatar que los hechos se subsumían en retraso y descuido injustificado en la tramitación de las causas judiciales sub examine, ilícito que da lugar a la imposición de la sanción de amonestación prevista en el artículo 38 numeral 7 de la Ley de Carrera Judicial, aplicable ratione temporis, actualmente subsumible en el artículo 27 numeral 6 del Código de Ética. En atención a lo indicado, quienes aquí deciden observaron de la revisión de las actas procesales, los particulares que a continuación se detallan: Primero: En las causas judiciales que a continuación se señalan el Juez denunciado realizó el acto de audiencia, debiendo dictar sentencia dentro del lapso de 5 días de despacho, sin embargo, hasta el definitiva. En la causa N° 8.292. La audiencia se celebró el 25 de septiembre de 2009, correspondiendo dictar sentencia el día 30 del mismo mes y año, evidenciándose que no dictó sentencia, por haber sido suspendido del cargo, por 2 meses y 21 días. En la causa N° 8.269. La audiencia se celebró el 14 de agosto de 2009, el decisión por un lapso de 4 meses y 2 día. En la causa N° 5.636. La audiencia se celebró el 29 de julio de 2004, el dispositivo debía dictarse el 6 de agosto de 2004, evidenciándose la falta de decisión por un lapso de 5 años, 4 meses y 18 días. En la causa N° 8.273. La audiencia se celebró el 8 de mayo de 2009, el dispositivo debía dictarse el 16 de mayo de 2009, evidenciándose la falta de decisión por un lapso de 7 meses y 8 días. En la causa N° 8.264. La audiencia se celebró el 24 de marzo de 2009, el dispositivo debía dictarse el 3 de abril de 2009, evidenciándose la falta de decisión por un lapso de 8 meses y 22 días. En la causa N° 8.278. La audiencia se celebró el 12 de marzo de 2009, y el dispositivo debía dictarse el 20 de marzo de 2009, evidenciándose la falta de decisión por un lapso de 9 meses y 4 días. En la causa N° 8.190. La audiencia se celebró el 26 de noviembre de 2008, y el dispositivo debía dictarse el 10 de diciembre de 2008, evidenciándose la falta de decisión por un lapso de 1 año y 21 días. En la causa N° 7.938. La audiencia se celebró el 14 de noviembre de 2008, y el dispositivo debía dictarse el 25 de noviembre de 2008, evidenciándose la falta de decisión por un lapso de 1 año, 1 mes y 3 días. En la causa N° 8.048. La audiencia se celebró el 31 de julio de 2008, y el dispositivo debía dictarse el 11 de agosto de 2008, evidenciándose la falta de decisión por un lapso de 1 año, 4 meses y 16 día. En la causa N° 8.044. La audiencia se celebró el 10 de julio de 2008, y el dispositivo debía dictarse el 21 de julio de 2008, evidenciándose la falta de decisión por un lapso de 1 año, 5 meses y 7 días. En la causa N° 8.063. La audiencia se celebró el 9 de julio de 2008, y el dispositivo debía dictarse el 17 de julio de 2008, evidenciándose la falta de decisión por un lapso de 1 año, 5 meses y 8 días. En la causa N° 8.073. La audiencia se celebró el 18 de junio de 2008, y el dispositivo debía dictarse el 3 de julio de 2008, evidenciándose la falta de decisión por un lapso de 1 año, 5 meses y 28 días. En la causa N° 7.883. La audiencia se celebró el 20 de mayo de 2008, y el dispositivo debía dictarse el 2 de junio de 2008, evidenciándose la falta de decisión por un lapso de 1 año, 6 meses y 26 días. En la causa N° 7.868. La audiencia se celebró el 8 de abril de 2008, y el dispositivo debía dictarse el 23 de abril de 2008, evidenciándose la falta de decisión por un lapso de 1 año, 8 meses y 9 días. En la causa N° 7.860. La audiencia se celebró el 20 de febrero de 2008, y el dispositivo debía dictarse el 5 de marzo de 2008, evidenciándose la falta de decisión por un lapso de 1 año, 9 meses y 26 días. • En la causa 7.851. La audiencia se celebró el 17 de septiembre de 2007, y el dispositivo debía dictarse el 25 de septiembre de 2007, evidenciándose la falta de decisión por un lapso de 2 años y 3 meses. Segundo: En las causas judiciales que en lo sucesivo se señalan el Juez sometido a procedimiento tramitó las causas hasta el estado de dictar sentencia, sin contar decisión hasta la oportunidad de ser suspendido de su cargo, a saber: . En la causa N° 3.796. Contentivo del juicio de nulidad y amparo, declaró vistos en fecha 27 de julio de 2004, trascurriendo sin dictar decisión 5 años, 4 meses y 19 días. ● En la causa N° 85/512. Contentivo del juicio de plena jurisdicción, declaró vistos en fecha 30 de agosto de 2004, trascurriendo sin dictar decisión 5 años, 3 meses y 16 días. En la causa N° 7.798. Contentivo del juicio de nulidad, declaró vistos en fecha 10 de julio de 2008, trascurriendo sin dictar decisión 1 año, 5 meses y 6 días. En la causa N° 8.120. Contentivo del juicio por cobro de bolívares, declaró vistos en fecha 8 de mayo de 2009, trascurriendo sin dictar decisión 7 meses y 8 días. En la causa N° 8.266. Contentivo del juicio de nulidad, declaró vistos en fecha 11 de junio de 2009, trascurriendo sin dictar decisión 6 meses y 5 días. Observa esta Alzada con meridiana claridad que el TDJ afirmó la inexistencia de la falta disciplinaria de abuso de autoridad, pues en su criterio el proceder del Juez sometido a procedimiento al omitir pronunciamiento decisorio dentro del lapso de tiempo establecido, comportó un descuido que retrasó necesariamente debe carecer de base legal para determinar que la actuación del Juez fue abusiva o desproporcionada con el ejercicio de sus funciones. Verificada, la actuación del Juez en el trámite de las causas judiciales sub índice, esta Corte estima conveniente destacar que ha quedado suficientemente demostrado que el Juez acusado, no emitió injustificado en el trámite, evidenciándose con esta constatación un medio de prueba suficiente para afirmar su tardanza y la extemporaneidad con que fueron dictado los pronunciamientos respectivos en cada caso. En consecuencia, no siendo evidenciado en autos la existencia de causa de justificación alguna que determine soslayar la antijuricidad del retardo establecido por el TDJ, y considerando que no están dadas las circunstancias para que se sancione al Juzgador por abuso de autoridad, resulta forzoso para esta Alzada atribuirle el carácter de retrasos injustificados. La argumentación que precede determinó que el a quo cambiara la calificación del hecho imputado por la IGT, y, declarara la responsabilidad disciplinaria en contra del Juez investigado, por incurrir en retrasos y descuidos injustificados reiterados en la tramitación de las causas judiciales Nos. 8.292, 8.269, 5.636, 8.273, 8.264, 8.278, 8.190, 7.938, 8.048, 8.044, 8.063, 8.073, 7.883, 7.868, 7.860, 7.851, 3.796, 85/512, 7.798, 8.120 y 8.266, pronunciamiento que comparte esta Alzada y, que en consecuencia, determina la desestimación del vicio examinado. Y así se decide. Ahora bien, respecto al presunto abuso de _autoridad en la que incurrió el Juez en la tramitación del mediante el cual el Juez denunciado admitió las pruebas promovidas por la empresa Altos de Oro, emitir pronunciamiento. Al respecto, constató esta Alzada que, pese a que el Juez tuvo conocimiento del contenido del escrito recursivo, omitió pronunciamiento, obviando con ello el contenido del artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que impone la obligación de dar respuesta oportuna y adecuada a las peticiones formuladas. Ciertamente, el mencionado artículo constitucional establece que: ". toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este respectivo". El artículo transcrito comporta dos aspectos, el primero se traduce en el derecho de toda persona a dirigir peticiones a las autoridades, siempre que el objeto de la petición sea competencia de la autoridad a quien se requiere. El segundo aspecto, refiere la obligación de las autoridades de dar oportuna y adecuada respuesta, es decir, dentro del lapso legalmente previsto y en el marco del asunto planteado, independientemente que su contenido sea favorable o no a la petición. Así, se observó que riela al folio 192 de la pieza 1 diligencia de fecha 28 de febrero de 2007, suscrita por la ciudadana María de Lourdes Jiménez Mendoza, en su cualidad de apoderada judicial de la Alcaldía del Municipio Baruta, mediante la cual apeló del auto de admisión de fecha 22 del mismo mes y año, por haber admitido las pruebas promovidas por la empresa Promotora Altos de Oro, C.A la apelación formulada por la apoderada judicial de la Alcaldía del Municipio Baruta en fecha 28 de febrero de 2007, actuación que era de mero trámite y no requería de mayor desarrollo por parte del operador de justicia, razón por la cual no podía mediar como justificativo a dicha conducta reprochable, ei cúmulo de trabajo que existiese en el Juzgado Superior regentado por el acusado. página original (tal como se publicó) [Página 24] Ahora bien, observa este Despacho Superior que la IGT calificó la conducta antijurídica como abuso de autoridad, conforme a lo establecido en el artículo 40 numeral 16 de la Ley de Carrera Judicial -vigente para el momento de la ocurrencia del hecho-, y actualmente prevista en el artículo 29 numeral 15 del Código de Ética, ilícito desarrollado precedentemente, del cual se hace necesaria la existencia de una carencia de base legal para la actuación del Juez, así como una conducta abusiva o desproporcionada con el ejercicio de sus funciones. Al respecto, esta Corte evidenció la negligencia del Juzgador investigado en el cumplimiento de su obligación de dar respuesta oportuna a la petición de la parte recurrente en el proceso, constituyendo tal omisión un descuido injustificado, al verificarse que el Juez no cumplió con oír la apelación interpuesta, sin embargo se constató que no hubo la vulneración a los derechos y garantías fundamentales en el marco de la tutela judicial efectiva, en razón que la apelación fue tramitada por la jueza Teresa García de Cornet, quien conoció de la misma en virtud de la recusación interpuesta en contra del Juez. Es preciso acotar, que el ilícito disciplinario por descuido injustificado establecido como causal de amonestación, ha sido entendido como una infracción que "..se patentiza cuando en el proceso se aprecia una manifiesta e inexcusable falta de atención a los deberes impuestos a la función jurisdiccional, de tal manera que la inclusión de una determinada conducta de este tipo, requiere que el operador de justicia haya incurrido necesaria.e ineludiblemente en la inobservancia de un especifico deber profesional, inobservancia ésta que por lo demás debe reunir los requisitos de manifiesta e inexcusable, esto es, evidente, papable y a todas luces demostrativa de que se ha omitido la diligencia mínimamente exigible en la norma y generalmente aceptada como debida atención en el despacho y resolución de los correspondientes deberes profesionales" (Vid. Sentencia de esta Corte N° 2, del 17 de enero de 2013). En atención a lo expuesto, considera esta Instancia Superior que el a quo valoró correctamente las circunstancias de hecho cursantes en autos y, en consecuencia, declara improcedente la denuncia planteada por la IGT y confirma el pronunciamiento respecto al cambio de calificación del hecho así como la aplicación de la sanción disciplinaria de amonestación por haber incurrido en descuido injustificado en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de estos, contenido en el artículo 27 numeral 6 del Código de Ética. Y así se decide. Finalmente, esta Corte considera importante advertir lo evidenciado en el escrito de fundamentación presentado por la parte recurrente, para que en ocasiones futuras se preserve la técnica recursiva, al evidenciarse de la metodología implementada para proferir las infracciones que acusó, la mezcla de delaciones en un mismo texto, que generaron en quienes aquí juzgados desentrañar los hechos constitucionales, respecto a actuaciones expectantes. En cuanto a la delación del error de interpretación del artículo 71 del Código de Procedimiento Civil en el que incurrió el a quo, a decir de la recurrente, para absolver al Juez investigado de responsabilidad disciplinaria por el ilícito de abuso de autoridad en la tramitación de la causa judicial N° 8249, en cuanto al hecho de haber admitido el recurso de nulidad y decretar la medida cautelar en. la causa, una vez declarada su incompetencia, cuando consideró que el Juez acusado había actuado conforme a lo establecido en la precitada norma, y -a decir de la IGT- quedó demostrado que el Juez actuó sin base legal. Ahora bien, respecto al vicio errónea interpretación de la norma resulta necesario indicar que éste se verifica cuando el juez aun reconociendo la existencia y validez de una norma apropiada al caso concreto, yerra al interpretar su alcance general y abstracto, es decir, no le da el verdadero sentido, haciendo derivar de ella consecuencias que no se ajustan a su contenido (Vid. Sentencia de esta Corte Disciplinaria N° 12 del 3 de abril de 2014 y N° 30 del 12 de agosto de 2014). En orden con lo anterior, estima necesaria esta Alzada precisar, que la denuncia del Órgano Investigador, se circunscribe al cuestionamiento de la actividad procesal cumplida por el Juez y Jaime Rivero Vicente y María Alejandra Abreu Arzola, apoderados judiciales de la empresa Grupo Eroven C.A contra el acta de inspección CNC/IN/AI/2007/1571-C, suscrita por la ciudadana Virginia Govea, Fiscal de Sala de Juego adscrita a la Inspectoría Nacional de la Comisión Nacional de Casinos, Sala de Bingo, Máquina Traganíqueles, y haber decretado medida cautelar de suspensión de efectos de dicho acto administrativo. Esta Corte, a los fines de establecer si el a quo interpretó correctamente el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, debe atenderse al contenido de la norma, la cual es del tenor siguiente: pronunciado sobre la competencia, aun en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida la regulación. En los casos del artículo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción. De la misma manera procederá cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior. Salvo lo dispuesto en la última parte del artículo 68, o que fuere solicitada como medio de cualesquiera actos de sustanciación y medidas preventivas, pero se abstendrá de decidir el fondo de la causa mientras no se dicte la sentencia que regule la competencia" Al respecto, esta Corte Disciplinaria estima necesario analizar las actuaciones cumplidas en el proceso, relacionadas con el ilícito imputado por la IGT, a fin de establecer la configuración o no del vicio delatado -errónea interpretación del precitado artículo-. Auto de fecha 11 de agosto de 2008, suscrito por el juez acusado, mediante el cual declinó su competencia en las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente en un lapso de 5 días de despacho siguientes a la fecha de emisión de la decisión (folios 76 al 78, pieza N° 4). artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, Igualmente, solicitó el pronunciamiento sobre la admisión del recurso y el amparo cautelar y ordenó la entrega en guarda y custodia de ochenta (80) máquinas traganíqueles, toda vez, que dichos bienes se encuentran depositados en condiciones no aptas para mantener a buen resguardo equipos electrónicos de esa naturaleza (folios 80 y 81, pieza N° 4). Certificación de auto de fecha 25 de septiembre de 2008, suscrito por el Juez acusado, mediante el cual ordenó la remisión de copias certificadas a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, con el fin que decidieran la incidencia (folio 82, pieza N.º 4). Certificación de auto de fecha 29 de septiembre de 2008, mediante el cual el Juez denunciado, declaró procedente la solicitud de amparo cautelar, ordenando hasta tanto se decida el recurso principal de nulidad mediante sentencia definitivamente firme, el depósito de los bienes retenidos en la sede de la empresa recurrente, con la indicación expresa de que deberá abstenerse de utilizar los mismos. (folios 83 al 96, pieza N° 4). Sentencia de fecha 7 de noviembre de 2008, mediante la cual la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo se declaró competente para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada de suspensión de efectos, ejercida por la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (folios 98 al 121, pieza N° 4). Sentencia de amparo de fecha 24 de noviembre de 2008, emanada de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, por lo que anuló la medida cautelar otorgada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 29 de septiembre de 2008 y ordenó la remisión de la causa a la referida Corte Segunda. Conforme a lo anterior, considera esta Alzada que siendo el tema debatido para la determinación de la comisión del ilícito disciplinario por abuso de autoridad, se debe verificar la competencia del Juez procesado al momento de admitir el recurso de nulidad y decretar la medida cautelar, en la tramitación de la causa judicial N° 8249, una vez decidida su incompetencia mediante auto de fecha 11 de agosto de 2008. Esta Corte observa, que el Juez denunciado dictó decisión en fecha 29 de septiembre de 2008, mediante la cual declaró procedente la solicitud de amparo cautelar, luego de haber declinado su el curso del proceso, pudiendo el Juez ordenar la realización de cualquier acto de sustanciación y.: decretar medidas preventivas que considere necesarias, debiendo atenerse de decidir el fondo de la causa mientras se dicte la sentencia que regule la competencia, y en consecuencia ordenó proseguir con los trámites de sustanciación. También se observó, que el Juez resolvió la solicitud de regulación de competencia efectuada conforme a lo establecido en el artículo 71 del Código adjetivo en materia civil, el cual establece su para comprender lo que se refiere a la regulación de la competencia, a saber: Cuando el Juez declara su propia competencia a través de sentencia interlocutoria. (artículo 67 del Código de Procedimientos Civil) Cuando el Juez declara su competencia, mediante sentencia definitiva, o que comprende: () El pronunciamiento sobre la competencia, afirmando la misma; (1) sobre el mérito de la causa. (artículo 68 del Código de Procedimientos Civil) o Cuando el Juez declara su propia incompetencia. (artículo 69 ejusdem) En atención a lo anterior, se concluye que en el procedimiento para la regulación de la competencia se destacan ciertas características que contribuyen a la celeridad de su tratamiento, entre las cuales podemos mencionar: que la solicitud de la regulación de la competencia no suspende el curso del. proceso, tal y como lo establece la normativa sub examine, por otra parte, el juez puede ordenar actos de sustanciación y medidas preventivas como ocurrió en el presente caso, pero no puede decidir el fondo de la causa mientras no se dicte la sentencia que regule la competencia. Así pues, el razonamiento que antecede permite evidenciar que ciertamente el Juez denunciado ordenó la realización de actos de sustanciación, como lo es la admisión del recurso de nulidad y el decreto de la medida cautelar en la causa sub examine, actuaciones éstas que llevó a cabo con la advertencia que circunscribe la regulación de la competencia, la cual establece que la solicitud de conocimiento cierto de las formas y lapsos de este tipo de trámite, en este sentido, se aprecia que las derivan de la autonomía judicial. Acorde a lo expuesto, aprecia esta Instancia Superior que no se evidenció la ausencia de base legal, condición necesaria para determinar que el Juez incurrió en abuso de autoridad; toda vez que se evidenció del auto dictado en fecha 29 de septiembre de 2008, que el Juez al admitir el recurso de nulidad y decretar la medida cautelar, se acogió a la advertencia establecida en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, a pesar de haber declinado su competencia, normativa ésta que establece el trámite procedente ante la regulación de competencia, el cual no suspende el proceso, y en consecuencia podrá ordenar la realización de cualesquiera actos de sustanciación y medidas preventivas ante la solicitud efectuada de regulación de competencia. En consecuencia, se declara improcedente el vicio de errónea interpretación del artículo 71 "del Código de Procedimiento Civil y, se confirma el pronunciamiento dictado por el TDJ respecto a la absolución de responsabilidad disciplinaria en relación al ilícito disciplinario de abuso de autoridad, subsumible actualmente en el artículo 29 numeral 15 del Código de Ética. 3. Como tercer punto denunció nuevamente la recurrente haber acusado al Juez por la presunta comisión del ilícito disciplinario de abuso de autoridad, y en consecuencia solicitó su destitución del cargo, "por no pronunciarse sobre el petitorio efectuado por el apoderado judicial de la querellante sobre el nombramiento de un experto para realizar la experticia complementaria del fallo, en la causa judicial Núm. 5174", no obstante, -a decir de la IGT- el Juez de Primera Instancia lo absolvió de responsabilidad disciplinaria, toda vez que "eludió la pretensión fundamental formulada en el acto conclusivo, por cuanto señaló que efectivamente el Juez omitió pronunciarse sobre la experticia complementaria del falo, pero por no sostener la existencia de un abuso de autoridad, lo absolvió..", lo que generó que el fallo recurrido se encuentre viciado por incongruencia omisiva. Cabe destacar que la incongruencia omisiva, se origina como consecuencia de una incoherencia o" producida por éste (vid. Sentencia N° 214 del 16 de junio de 2006, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia). Así pues, la verificación de la incongruencia del fallo requiere del previo establecimiento de los términos en que se planteó la controversia, a los fines de constatar si la modalidades (incongruencia mixta), que se manifiesta cuando en su decisión el juzgador otorga algo distinto a lo solicitado, se pronuncia sobre alguna cuestión que no le fue planteada en el proceso o que resulte extraña a éste. De allí que, el razonamiento que precede tiene como derivación los presupuestos fundamentales de precisa; y, en segundo lugar, la decisión debe ser con arreglo a la pretensión deducida y las de pronunciamiento, no su contenido en sí mismo y, su consecuencia, es la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, toda vez que al soslayar los términos en los que se determinó el alcance del tema decidendum se llega a una conclusión errónea en la fundamentación del fallo. Así, la congruencia de una sentencia supone el cumplimiento del principio de exhaustividad, en cuanto al deber que tienen los jueces de resolver todas y cada una de las alegaciones sustanciales formuladas por las partes, siempre que estén ligadas al problema judicial discutido o a la materia propia de la controversia. De esta manera tenemos que, cuando exista diferencia entre lo decidido y lo controvertido por las partes, se producirá el vicio de incongruencia, y con ello la nulidad de la recurrida en la medida que el vicio delatado sea trascendental o determinante en las resultas del proceso. En este sentido, debe destacarse que no cualquier omisión daría lugar a la infracción sino la referida a la pretensión concreta de la parte, no a los alegatos que la sustentan, ya que estos últimos no limitan la controversia. En sintonía con los criterios precedentemente esbozados, esta Alzada frente al tercer supuesto delatado en este punto por la apelante como constitutivo del vicio de incongruencia esto es, que el TDJ eludió la pretensión fundamental formulada en el acto conclusivo, al señalar que el Juez efectivamente omitió pronunciarse sobre la experticia complementaria del fallo, sin embargo, la actuación del Juez no constituyó un abuso de autoridad y en ese sentido lo absolvió. En lo que respecta al ilícito disciplinario de abuso de autoridad, su contenido y alcance ha sido establecido en las delaciones anteriores, en consecuencia, se da por reproducido de seguidas y pasa esta Corte a la determinación del juicio de reprochabilidad de la conducta delatada, el cual impone verificar si, efectivamente el Juez denunciado incurrió en el ilícito inculpado por el Órgano Instructor. A modo ilustrativo, esta Alzada considera oportuno establecer que el hecho imputado por la IGT, se refiere a la omisión de pronunciamiento por parte del operador de justicia, en la tramitación de la ejecución de la sentencia del expediente judicial N° 5174, relacionado con la solicitud que efectuó el ciudadano Daniel Buvat de la Rosa, en su condición de apoderado judicial de la querellante, consistente en la práctica de experticia complementaria. Al respecto, observa esta Alzada que consta a los folios 37 al 45 de la pieza N° 3 del presente expediente, sentencia de fecha 14 de febrero de 2005, proferida por el Juez denunciado en atención al recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por la querellante Carmen Elena León, contra el oficio N° CM/DP/439 de fecha 24 de abril de 2001, emanado de la Contraloría Municipal de Chacao del Estado Miranda, el cual ordenó la remoción del cargo de Asistente al Coordinador de Estudios Jurídicos que ostentaba la precitada ciudadana; dicha decisión ordenó su reincorporación al cargo, así como el pago de los sueldos y demás beneficios dejados de percibir. de abril de 2005, interpuesto por la representación jurídica del Municipio Chacao, mediante el cual Contencioso Administrativo, según decisión N° 2006-002948, declarando desistida la apelación interpuesta y confirmó el fallo apelado, la cual consta en los folios 52 al 67 de la pieza N° 3. página original (tal como se publicó) [Página 25] 16 de febrero de 2007, el Juez investigado dictó auto mediante el cual declaró definitivamente firme Ja Municipal del Municipio Chacao del Estado Miranda, para que en un plazo de 10 días hábiles que conste en el expediente su notificación, proceda a dar cumplimiento a la sentencia definitiva de la causa y proponga la forma y oportunidad de su cumplimiento . Derivado de lo anterior, en los folios 72 al 75 de la pieza N° 3, se observó que en fecha 28 de marzo de 2007, la parte perdidosa dio respuesta al mandato del Juez, dejando constancia de la necesidad de contar con recursos financieros para proceder a la reincorporación, no obstante, consignó cheque por concepto del pago de salarios dejados de percibir. Luego, se desprende de los folios 77 al 82 de la pieza N° 3, que la parte gananciosa en fecha 10 de abril de 2007 consignó escrito mediante el cual solicitó se ordenara la ejecución forzosa de la sentencia en un lapso no mayor a 30 días, a los fines de que la funcionaria destituida fuese reincorporada a su cargo y se procediera al pago de los sueldos dejados de percibir, razón por la cual el Juez investigado en fecha 24 de mayo de 2007, dictó auto mediante el cual ordenó la ejecución forzosa de la sentencia del 14 de febrero de 2005, así como también ordenó oficiar al Contralor del Municipio del Chacao del Estado Miranda, a los fines de que incluya los montos que le adeudaba al querellante por concepto de sueldos caídos. Consiguientemente, esta Alzada constató a los folios 83 al 88 de la pieza Nº 3, escritos de fechas 12 de julio, 1 de agosto y 19 de septiembre de 2007, presentado por la parte gananciosa, por el cual solicitó la práctica de experticia complementaria del fallo. También, se evidenció que en el folio 90 y su vuelto de la pieza 3, consta diligencia de fecha 4 de diciembre de 2007, suscrita por la parte querellante, en la que manifestó haber denunciado al Juez, en virtud del retraso al proveer la experticia complementaria del fallo, previamente solicitada. Como resultado al acto que antecede, se evidenció al folio 99 pieza N° 3, acta de inhibición levantada por el Juez acusado, por considerar que estaban dadas las causales previstas en los ordinales 15° y 18° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, estableciendo lo siguiente: "la primera por haber adelantado opinión sobre el objeto de la incidencia pendiente en la fase de ejecución voluntaria de la sentencia, en entrevista sostenida en la sede del Despacho (Sala de Audiencias) con el apoderado autor, Daniel Buvat, al manifestarle a este último que lo solicitado en su escrito de fecha 2 de agosto de 2007, resultaba improcedente, y la segunda, por no haber estampado dicho apoderado diligencia en el expediente (..) informándome -en términos inapropiados y ofensivos- que formuló denuncia en mi contra ante la Inspectoría General de Tribunales, situaciones éstas, que eventualmente pudiesen impedirme obrar con la debida objetividad que amerita el ejercicio de mis funciones" Asimismo, esta Alzada confirmó que al folio 92 de la pieza N° 3, consta que la parte querellante en fecha 7 de marzo de 2008, presentó diligencia mediante la cual renunció a la solicitud de experticia complementaria del fallo y solicitó oficiar al ente querellado para que suministre la base de los cálculos de los sueldos, bono vacacional y primas que hubiere recibido desde la fecha de remoción de su apoderada, siendo acordado lo solicitado por la jueza Sol Gámez Morales. Ahora bien, una vez constatado el iter in proceso, es necesario advertir que la IGT solicitó la hecho de no dar respuesta a lo solicitado, sin embargo llama poderosamente la atención de quienes fue el establecido en el ordinal 15 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, por haberse manifestado a la parte querellante su opinión adelantada acerca de lo improcedente de la práctica de la experticia complementaria del falo, toda vez que se encontraba en la fase de la ejecución forzosa, de la sentencia, y que si bien adelantó opinión al respecto, dio respuesta al querellante y actuó conforme a derecho al caer en cuenta de su pronunciamiento adelantado, toda vez que por tal proceder era meritorio de ser recusado, siendo lo correcto y ajustado a derecho por parte del Juez plantear la separación del conocimiento de la causa de manera voluntaria antes de ser recusado, resultando la inhibición planteada con lugar. Es preciso recalcar, que posterior al acto de inhibición, la parte recurrente renunció a la solicitud efectuada, consistente en la práctica de la experticia complementaria del fallo, lo que evidencia a todas luces, que el querellante atendió a lo sugerido -aunque anticipado- por el Juez denunciado, en cuanto a la improcedencia de la práctica de la experticia complementaria del fallo. De lo afirmado en la sentencia, así como lo considerado por la reclamante como constitutivo del vicio de incongruencia, evidencia esta Alzada que no le asiste la razón, toda vez que con apego a las : definiciones doctrinales y jurisprudenciales de la incongruencia omisiva, lo decidido por la Primera Instancia Disciplinaria se ajusta a los límites de la controversia planteada por las partes, y en consecuencia se confirma el fallo dictado por el TDJ mediante el cual absolvió de responsabilidad disciplinaria al juez acusado. Y así se declara. - 4. Finalmente, el Órgano Auxiliar del Tribunal Supremo de Justicia, estableció que la sentencia dictada por el iudex a quo se encontraba inficionada por omisión de pronunciamiento, "con relación a los hechos imputados por la IGT por no haber tramitado en la causa judicial Núm, 8249, la regulación de interpuesto contra la decisión interlocutoria de fecha 07/08/2009, en la causa judicial 8488". Aprecia esta Corte que en los términos en los que el Órgano Investigador planteó la denuncia, aun cuando no identificó el vicio, se circunscribió a delatar el vicio de incongruencia omisiva o negativa y, en este sentido, atendiendo al Principio iura novit curia, procederá al análisis de la delación en el contexto del referido vicio, no obstante, se verificó que su contenido y alcance, fue establecido en el actuaciones cumplidas en el proceso, relacionadas con el ilícito imputado por la IGT, a fin de establecer la existencia del precitado vicio. Observa esta Instancia Superior, que, la IGT en la formalización de su acto recursivo, específicamente en la parte final del numeral 2, estableció que el Juez de Primera Instancia había haber admitido el recurso de nulidad y decretar la medida cautelar en la causa judicial 8249, una vez declarada su incompetencia..." Luego, en el presente inciso el cual la IGT identificó bajo el numeral 4, planteó nuevamente que la regulación de competencia. En este sentido, es preciso establecer que el a quo para absolver al Juez en cuanto a la segunda delación, valoró las pruebas promovidas, entre las cuales se encuentra el auto de fecha 11 de agosto de 2008, mediante el Juez ante la solicitud planteada declinó su competencia a las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo y ordenó la remisión del expediente N° 8249. Lo anteriormente expuesto, conlleva a la condición de quienes aquí decidimos a asumir nuevamente la posición establecida, en la parte in fine del punto 2 del conocimiento de los hechos acusados de las presentes consideraciones para decidir, por lo que esta Corte estima que el Juez de Primera Instancia al establecer la exoneración de responsabilidad disciplinaria al Juez, con relación al trámite reprochado en el expediente judicial N° 8249, verificó entre otros aspectos, que el Juez efectivamente dio trámite a la solicitud de regulación de competencia y, con base en ello, emitió su pronunciamiento absolutorio, razón por la cual, esta Alzada desestima el vicio alegado por incongruencia omisiva, y en consecuencia se confirma el fallo dictado mediante el cual absolvió de responsabilidad disciplinaria al Juez denunciado. Y así se establece. Respecto, a lo argúido por la IGT, referente a la falta de pronunciamiento del a quo ante la denuncia efectuada por la presunta comisión del ilícito disciplinario de descuido injustificado en el que incurriera el Juez, al no pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto contra la decisión interlocutoria de fecha 07/08/2009, en la causa judicial N° 8488. Ahora, bien, esta Alzada verificó en cada uno de los actos conclusivo lo peticionado por el Órgano Investigador y al respecto constató lo siguiente: | Acto conclusivo de fecha 10 de febrero de 2010, mediante el cual la IGT solicitó la sanción de destitución del cargo: (0) por haber actuado con exceso de autoridad en el desarrollo de la queja practicada por la IGT en fecha 12 de marzo de 2007; (I1) por haber oido la apelación interpuesta por la recurrida; y, () por haber evacuado la prueba de inspección judicial promovida por la recurrida, señalando el juez haber tenido ocupaciones preferente, en la causa judicial N° 7522. (f. 169 al 204, p. 2) ●Acto conclusivo de fecha 2 de marzo de 2010, mediante el cual la IGT solicitó la sanción de destitución del cargo, () por haber actuado con abuso de autoridad, el no haber proveído oportunamente sobre la petición de una experticia complementaria del fallo solicitada por el abogado de la querellante y, por no haber resuelto la incidencia del pago ofrecido por la Muncipalidad en la causa judicial N° 5174; también solicitó la sanción de suspensión del cargo, (1) por haber recibido a la parte querellante sin la presencia de la otra, a quien le expresó que su solicitud era impertinente, en la causa judicial Nº 5174 luego, solicitó la destitución del cargo, (I) por haber hecho constar en el planteamiento de inhibición hechos que no sucedieron, utilizando falsa argumentación en la causa judicial N° 5174.(f. 140 al 165, p. 3) Acto conclusivo de fecha 19 de marzo de 2010, mediante el cual la IGT solicitó la sanción de destitución del cargo, (1) por haber incurrido en abuso de autoridad, cuando una vez planteada la declinatoria de competencia, admitió el recurso de nulidad y decretó la medida cautelar en la causa judicial 8249; (I1) por haber incurrido en abuso de autoridad, al haber conocido del recurso de nulidad y decretado la medida cautelar de suspensión de efectos, solicitada por la empresa Grupo Euroven C.A, en la causa judicial N° 8249. (f. 138 al 155, p. 4) Acto conclusivo de fecha 11 de mayo de 2010, mediante el cual la IGT solicitó la sanción de destitución del cargo, (1) por haber incurrido en retardo ilegal en seis (6) causas judiciales signada con los Nros. 7919; 7992; 6014; 5811; 1029 y 5701, (11) por haber incurrido en abuso de autoridad reiterada al no haber dictado decisión, en veintiún (21) causas judiciales, signada bajo los números 8120, 3796, 8044, 8073, 8273, 8292, 8269, 8266, 8278, 8190, 8063, 8264,7938, 5636, 7798, 7851, 7868, 7883, 8048, 85/512 y 7860, (11) por haber incurrido nuevamente en abuso de autoridad, cuando dictó dos (2) decisiones contradictorías correspondientes a medidas cautelares en una misma acción de amparo constitucional, incoada contra la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financiares (SUDEBAN) y tramitada en la causa judicial Nº 8477, (IV) por haber incurrido en infracción al deber legal de notificar a la Procuraduría General de la República, cuando ordenó ejecutar una medida cautelar antes que constara en la causa judicial N° 7991: y. (V) por haber incurrido una vez más en abuso de autoridad al haber quebrantado el principio de autoridad de la cosa juzgada asi como de doble grado de jurisdicción, al haberse pronunciado dos veces sobre lo ya juzgado.(f. 97 al 165, p. 14). Del resultado anterior, claramente se deduce que en los actos conclusivos presentado por el Órgano Instructor, que constan en el presente expediente disciplinario, no hubo expresa solicitud para que la sentencia del TDJ, condenar a al Juez sometido a procedimiento "... por haber incurrido en descuido injustificado al no pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto contra la decisión interlocutoria de fecha 07/08/2009, en la causa judicial 848..." En consecuencia, queda claro para quienes aquí decidimos que la sentencia del a quo se dictó dentro de los límites establecidos en los actos acusatorios presentados por la IGT; considera esta Alzada que el Juez de Primera Instancia Disciplinaria, de haber emitido pronunciamiento alguno con respecto a un hecho no planteado en autos hubiese incurrido groseramente en el vicio de incongruencia, al conceder o pedir más de lo pedido. Y así se decide. En este estado la jueza Ana Cecilia Zulueta Rodríguez anuncia su voto salvado. VI DECISIÓN Por los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 29 de enero de 2018 por la ciudadana YUVITMAR AYALA HUNG, actuando por delegación de la Inspectoría General de Tribunales, contra la sentencia N° TDJ-SD-2017-76 dictada por el TDJ en fecha 21 de noviembre de 2017. SEGUNDO: Se CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SD-2017-76 dictada por el Tribunal isciplinaria, Judicial, en fecha 21 de noviembre de 2017. Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial. Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Comisión Nacional del Sistema de Justicia, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectoría General de Tribunales, de conformidad con el artículo 91 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Cúmplase con lo ordenado. Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Dada, firmada y sellada en el salón de Despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Independencia y 159º de la Federación. EL JUEZ PRESIDENTE, TULIO SIMENEZ RODRÍGUEZ LA JUEZA VICEPRESIDENTA, MERLY JAQUELINE MORALES HERNÁNDEZ LA JUEZA, ANA CECILIA ZUEUETA RODRÍGUEZ LA SECRETARIA (E), CARMEN CARREÑO Exp N° AP61-R-2017-000008.- Quien suscribe, ANA CECILIA zZULUETA RODRÍGUEZ, Jueza de la Corte Disciplinaria Judicial, disiente de la mayoría sentenciadora en el fallo que antecede, por las razones que a continuación se explanan. La mayoría sentenciadora emitió su pronunciamiento en los siguientes términos: "PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 29 de enero de 2018 por la ciudadana YUVITMAR AYALA HUNG, actuando por delegación de la Inspectoría General de Tribunales, contra la sentencia N° TDJ-SD-2017-76 dictada por el TDJ en fecha 21 de noviembre de 2017. SEGUNDO: Se CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SD-2017-76 dictada pOr el Tribunal Disciplinaria (sic) Judicial, en fecha 21 de noviembre de 2017." Valga como premisa del voto que se rinde, acotación en cuanto a la función jurisdiccional como actividad reglada que debe adecuarse a ciertos parámetros página original (tal como se publicó) [Página 26] interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación de ciertas consecuencias jurídicas se impone ante determinados presupuestos de hecho. De allí que esta actividad reglada previene fórmulas. de actuación para la magistratura, en virtud de las cuales si bien el Juez dispone de interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad, es por ello que el ordenamiento de juzgamiento. En este orden, advierte quien discrepa, que los colegas sentenciadores de esta Corte en la motivación de la sentencia que resuelve el procedimiento disciplinario motivos que determinaron el pronunciamiento del iudex a quo, lo que dio como de quien suscribe, inficionan el fallo recurrido y los cuales se relatan a renglón seguido. De la Prescripción soslayaron la existencia de causas que cursaron bajo la dirección del Juez investigado durante el período de vigencia de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura (normativa derogada en la Disposición Derogatoria Única del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 de fecha 23/08/2010), circunstancia que determinaba la obligación de considerar, aún de oficio, la eventual prescripción de la acción a los efectos de identificar las causas que respectivos pronunciamientos. En este sentido, la revisión de los Actos Conclusivos presentados por el órgano investigador y que debieron ser objeto de consideración y análisis para sustentar los pronunciamientos judiciales que se adversan, permiten constatar a quien encontraba prescrita y, en consecuencia, debió dictarse el pronunciamiento correspondiente por tratarse de una materia de orden público. Los ilícitos imputados se habían producido en fechas 26/07/2004 y 24/11/2006, respectivamente, y la instrucción de la investigación administrativa disciplinaria se inició en fecha 04/02/2010 (p. 6, folio 3), es decir, habiendo transcurrido con creces el lapso de tres (3) años previsto para que operara la prescripción, conforme al Artículo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, normativa entonces vigente. La situación que antecede, eludida por los colegas sentenciadores, determinaba que el a quo decretara el sobreseimiento de la investigación por prescripción Alzada, por tratarse de una materia de orden público, lejos de confirmar el pronunciamiento de la recurrida, decretara ab initio el Sobreseimiento de la investigación con relación a las citadas causas, de conformidad con el numeral 3 del artículo 71 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza-Venezolana, en aplicable al caso en razón de su vigencia temporal. De la Incongruencia Omisiva La omisión del análisis de algún argumento que haya sido alegado y controvertido conlleva declarar la existencia de un grave error de juzgamiento y comporta artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, circunstancia que se transmita en el vicio de incongruencia omisiva. Debe colegirse entonces, en criterio de quien diverge, que el juez tiene la obligación de decidir conforme a lo alegado por las partes, lo cual comporta resolver todos y cada uno de los alegatos expuestos, en aras de no vulnerar los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la ante los órganos de justicia, consideraciones que se fundamentan en los artículos 15, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha desarrollado tal anomalía en el contexto de los vicios de orden constitucional al expresar que, efectivamente, como derivación de la congruencia, el Principio de Exhaustividad implica la prohibición de omitir decisión sobre alguno de los pedimentos formulados por las partes, ergo, la sentencia será congruente cuando se ajuste a las pretensiones de las partes, independientemente del sentido afirmativo o no de la pretensión, por lo que no se puede considerar más ni menos de las cuestiones controvertidas. En idéntico sentido, quien disiente recalca el criterio sostenido en forma pacífica por esta Corte, según el cual la incongruencia negativa u omisiva comporta una jurisdiccional y la producida por éste, que deviene en una actuación lesiva por parte del sentenciador que está obligado a decidir de acuerdo con lo solicitado y procede a declarar algo distinto sin pronunciarse sobre lo peticionado, criterio. por demás en perfecta armonía con el desarrollado por las distintas Salas de nuestro y pronunciamiento. En este orden de ideas, quien aquí diverge observa que, respecto al trámite de ía causa 7522, en el Acto. Conclusivo de fecha 10/02/2010 el órgano investigador imputó los ilícitos disciplinarios “) ...exceso de autoridad en el desarrollo de la queja practicada por [ese] Órgano Instructor (sic) en fecha 12 de marzo de 2007...", "ii) ..no haber oido la apelación interpuesta..." y "ii) ..no haber evacuado la prueba de inspección judicial promovida..". Ahora bien, a partir de los ilícitos citados el Tribunal Disciplinario extrajo para su análisis y decisión una variedad de conductas susceptibles de reproche disciplinario, cuatro de las cuales divergen de los hechos imputados en cuanto a a los siguientes hechos: /) haber juramentado a un perito distinto al propuesto argumento de que la misma contenía groserías e improperios; iii haber calificado de ilegal la conducta de la abogada Mayira Betancourt al formular una observación en el Libro de Préstamo de Expedientes; iv) haber solicitado la presencia de funcionarios de Seguridad y de la Guardia Nacional; v) no haber oído la apelación interpuesta y vi) no haber evacuado la prueba de inspección judicial promovida. En atención a lo expuesto, esta disidencia constató en la motiva y dispositiva del fallo recurrido que el a quo, en su análisis y pronunciamiento, obvió la consideración de una de las pretensiones fundamentales deducidas en el Acto Conclusivo, consistente en el "..exceso de autoridad en el desarrollo de la queja practicada por [ese] Órgano Instructor (sic) en fecha 12 de marzo de 2007.... A manera de colofón, a juicio de quien disiente la circunstancia narrada, y soslayada por los sentenciadores de esta Alzada, comporta una omisión de dispositivo del falo, evento que inficiona la sentencia apelada del vicio de en su acto conclusivo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 244 de Código de Procedimiento Civil. En idéntico hilo argumental, al hacer suyos los criterios que informaron el fallo recurrido, la senténcia de esta Corte, de cuyo criterio me aparto, reprodujo el vicio resolver las imputaciones relacionadas con el trámite de la causa identificada 7522. Del establecimiento de una técnica para la denuncia de los vicios en la fundamentación de la apelación forma ambigua, confundiendo los vicios de errónea interpretación, falso supuesto de hecho y falta de aplicación. En este sentido, se expresa en el fallo del que se difiere: "Ahora bien, en cuanto a la delación de errónea interpretación de los entendido que por tratarse de una denuncia por error de juzgamiento por precisa determinación; por lo tanto, resulta Indispensable que la formalizarte además de indicar expresamente la norma infringida para su debido aplicar para resolver la controversia, y por último demostrar que el error de juicio fue determinante en el dispositivo del fallo. En este sentido, esta Corte establece la Importancia y necesidad de utilizar una técnica adecuada para recurrir en Alzada, lo cual se traduce en para el recurrente que no puede ser suplida por este Órgano Colegiado y, en consecuencia, no quedó otra alternativa para esta CDJ que declarar carecer de una adecuada fundamentación. Y así se decide. ...omissis... Aprecia este Despacho Superior (sic) que nuevamente yerra la recurrente en la técnica empleada para solicitar la nulidad del fallo producido por la Primera Instancla Disciplinarla, toda vez que insistió en la existencia de un vicio por infracción de la norma; en este caso por -errónea interpretación-, qué consistió la infracción por parte del sentenciador disciplinario, ès decir, señalar cómo, cuándo y en qué sentido se produjo el vicio por el cual pretende la nulidad del fallo, en este sentido esta Alzada declara Improcedente el vicio delatado. Y asi se decide." (Resaltado propio). página original (tal como se publicó) [Página 27] Ahora bien, la lectura del criterio sentado por la mayoría sentenciadora impone una carga al apelante que no está prevista en norma legal alguna, y se revela como un retroceso en el avance desarrollado por el Alto Tribunal de la República en sus pronunciamientos dirigidos. a. morigerar las formalidades y requisitos relativos a la interposición de medios impugnativos. La tendencia progresiva en el sentido antes dicho resalta en sentencias de exposición de las razones de hecho y derecho en las que el apelante fundamenta su recurso, aun cuando los motivos se refieran a la impugnación del fallo por vicios específicos o a la disconformidad con la decisión recaída en el juicio. En dichos pronunciamientos se ha sostenido que las exigencias relativas a la fundamentación del recurso de apelación, no podían compararse con los formalismos y técnicas exigidas para la formalización del recurso extraordinario de casación por las notables diferencias existentes entre ambas instituciones, sino que bastaba con que el apelante expresara las razones de su disconformidad con la sentencia de instancia o los vicios de los cuales ésta adolecía. Cónsono con los criterios expresados, quien aquí discrepa de la mayoría sentenciadora estima, en primer término, que no le está dado a los Juzgadores de esta Alzada la imposición de requisitos que ni la Ley ni las interpretaciones que de ellas realizan las instancias competentes han previsto para el ejercicio de los medios impugnativos y, en segundo término, que el error en que pudiera haber incurrido la recurrente al calificar los vicios de los cuales, a su decir, adolece la decisión del a quo, no constriñen o vinculan a los juzgadores de la·Alzada, ya que en virtud. del principio iura novit curia es deber del juzgador recalificar lo denunciado, siempre y cuando las delaciones sean susceptibles de ser subsumidas en un vicio distinto al delatado. En los términos expuestos queda expresado el criterio de la jueza disidente. El Juez Presidente, TULIO JIMÉNEZ RODRIGUEZ La Jueza Vicepresidenta MERLY MORALES HERNANDEZ La Jueza Bleidente ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ La Secretaria Acc., CARMEN CARREÑO Exp N° AP61-R-2017-000008 Hoy jueves, veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), siedalas 2agip-me públi o la anterior decisión bajo el N° 12. La Sgcretariade CARMEN CARREÑO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución N° 0152 Caracas, 04 de abril de 2018 207° y 159° y 190 La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano JESSE SAVIOR ARIAS.QUINTERO, titular de la cédula de identidad N° 12.0$4.145, domiciliado en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su condición de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA MAGISTRATURA, designado según Resolución N° 2017-0003 de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 15 de marzo de 2017 Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.130 de fecha 06 de abril de 2017, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 de fecha primero (01) de octubre 2010. RESUELVE PRIMERO: Designar al ciudadanO JESÚS GREGORIO ROSO ROMERO, titula de la Cédula de Identidad N° 9.464.850, como Director General de Seguridad de la Diección Ejecutiva de la Magistratura, a partir de la presente fecha, cargo considerado de libre nombramiento y remoción. Dada, firmada y selada en la Dirección Ejecutiva de Ja Magistratura, en Caracas a los cuatro (04) días del mes de abril/de 2018. Comuníquese y Publiguese, JESSE SAVIOR ARIAS QUINTERO D[rector Ejecutivo de la Magistratura DEFENSA PÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2017-715 Caracas, 21 de diciembre de 2017 158°, 207° y 18° La DefenSOra Pública GeneraI, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° v-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 17, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de ia Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de este Órgano Constitucional. CONSIDERANDO Que es potestad de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, asignar la competencia de los Defensores Públicos o Defensoras Públicas, por territorio y materia. RESUELVE PRIMERO: TRASLADAR a la CiUdadana LISSETT GARDENIA RUÍZ PEÑA, tituiar de la cédula de identidad N° V-9.470.599, Defensora Pública Provisoria Primera (1ª), con competencia en materia Penai Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Mérida, extensión El Vigía, a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Mérida, para que se desempeñe como Defensora Pública Provisoria Décima (10³), con competencia ,materia Penal Ordinario, a partir de la fecha de su notificación. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en ei Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREEROS RODRIGUEZ DEFENSGRA PÚBLICA GENERAL Designada mediante ACtieree-de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015. página original (tal como se publicó) [Página 28] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2018-064 Caracas, 15 de febrero de 2018 158°, 207° y 18° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, estabiecidas en el artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que corresponde a la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de este Órgano Constitucional. CONSIDERANDO Que en la Resolución N° DDPG-2017-615 de fecha 01 de noviembre de 2017, la ciudadana DOLIMAR MILAGRoS HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-13.263.792, Defensora Pública Provisoria Cuarto (4°), con competencia en materia Penal Ordinario en fase de Ejecución, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Delta Amacuro, fue designada como Coordinadora Encargada de dicha Unidad Regional, y que tal nombramiento fue dictado y materializado en su momento, por la sola voluntad unilateral de la Máxima Autoridad de este Órgano Constitucional, competente para ello. RESUELVE PRIMERO: CESAR, a partir de la fecha de notificación del presente acto administrativo, la encargaduría contenida en la Resolución N° DDPG-2017-615 de fecha 01 de noviembre de 2017, mediante la cual se designó a la ciudadana DOLIMAR MILAGRoS HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 13.263.792, como Coordinadora Encargada de la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Delta Amacuro. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, sellada y firmada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíq ANABARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSÓRA PÚBLICA GENERAL ciembrg15, publicade en la Gaceta Oficial de la República Bolivsnezuela N° 40.80, de fecha 10 de diciembre de 2015. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2018-101 Caracas, 21 de febrero de 2018 158°, 207° y 18° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que corresponde a la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de este Órgano Constitucional. CONSIDERANDO Que en la Resolución N° DDPG-2017-500 de fecha 04 de septiembre de 2017, el ciudadano JUAN CARLOS CHONA SILVA, titular de la cédula de identidad N° v- 13.588.136, fue designado como Jefe de División de Investigación y Sustanciación de Expedientes Disciplinarios, en condición de Encargado, adscrito a la Dirección Nacional de Vigilancia y Disciplina, y que tal nombramiento fue dictado y materializado en su momento, por la sola voluntad unilateral de la Máxima Autoridad de este Órgano Constitucional, competente para ello. RESUELVE PRIMERo: CESAR, a partir de la fecha de notificación del presente acto administrativo, la encargaduría contenida en la Resolución N° DDPG-2017-500 de fecha 04 de septiembre de 2017, mediante la cual se designó al ciudadano JUAN CARLOS CHONA SILVA, titular de la cédula de identidad N° V-13.588.136, como Jefe de División de Investigación y Sustanciación de Expedientes Disciplinarios, en condición de Encargado, adscrito a la Dirección Nacional de igilancia y Disciplina. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, sellada y firmada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíque DR. INA BARREIROS RODRIGUEZ NSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediana Acuerdo-de la Asambiea Nacional, de fecha 10d diciembre de publicado en la Gaceta Oficial de la República BolivaPés8ela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2018-058 Caracas, 08 de febrero de 2018 158°, 207° y 19° La DefenSOra Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° v-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Naciona!, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de ia Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Deferisa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal que ocupará cargos de libre nombramiento y remoción en este Órgano Constitucional. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR al CiUdadanO JUSTO PASTOR OBREGÓN GIL, titular de la cédula de identidad N° V-6.369.925, como Inspector de Disciplina, cargo de libre nombramiento y remoción, adscrito a la Dirección Nacional de Vigilancia y Disciplina, a partir de la fecha de su notificación. Como consecuencia de la presente designación, el referido ciudadano dejará de desempeñarse como Defensor Público Provisorio Cuadragésimo Séptimo (47°) con competencia en materia Penal Ordinario adscrito a la Unidad cional de la Defensa Pública del Area Metropolitana de Caracas. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Rpako de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíque DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DEFESORR PUBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado,en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015. página original (tal como se publicó) [Página 29] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 15 de febrero del 2018 Nº DDPG-2018-062 158°, 207° y 18° La DefensOra Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR al CiUdadanO LEONEL SEGUNDO HERNÁNDEZ RIVAS, titular de la cédula de identidad N° V-10.258.549, Analista Profesional I, como Jefe de Despacho, adscrito a la Dirección Nacional de Administración de la Defensa Pública, en condición de Encargado, a partir de la fecha de su notificación. EAP SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíquese, DRA SESANABARREIROS RODRIGUEZ EFRAPOBLICA GENERAL Dasinada mediante Acude la Asamblea Nacional, de fecha 10 de mbre de 2015, pescado en la Gaceta Oficial de la República Bolivarian de Venezuela40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015. EFENSORA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2018-107 Caracas, 22 de febrero de 2018 159º, 207° y 19° La DefenSOra Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal que ocupará cargos de libre nombramiento y remoción en este Órgano Constitucional. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR a Ia Ciudadana BLANCA DEL CARMEN PACHECO CREsP0, titular de la cédula de identidad N° V-11.921.060, como Inspectora de Disciplina, cargo de libre nombramiento y remoción, adscrita a la Dirección Nacional de Vigilancia y Disciplina, a partir de la fecha de su notificación. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Pubyatiese, 8 NABARREIROS RODRIGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL esignada medacuerdo e a asamblea Nacionl, d fecha 10giembre , publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivanendezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2017-722 Caracas, 21 de diciembre de 2017 158°, 207° y 18° La DefenSora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, pubiicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar ei personai de este Órgano Constitucional. CONSIDERANDO Que la Máxima Autoridad de la Defensa Pública, otorgó al ciudadano MIGUEL ÁNGEL MENDOZA RIVAS, titular de la cédula de identidad N° v- 14.890.461, quien se desempeña como Jefe de División de Eventos en la Dirección Nacional de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales, en condición de Encargado, permiso remunerado a partir del 01 de noviembre de 2017 hasta el 01 de enero de 2018. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR al CiUdadanO WILLIAM LEONARDO CARIACO TRUJILLO, titular de la cédula de identidad N° V-16.544.623, Técnico II, como Jefe de la División de Eventos, adscrita a la Dirección Nacional de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales de la Defensa Pública en condición de Suplente, a partir del 01 de noviembre de 2017, hasta el reintegro efectivo del ciudadano MIGUEL ÁNGEL MENDoZA RIVAS, aquí suficientemente identificado. SLICA SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en e! Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíg DRA. SUSAÑA BARREIROS RODRIGUEZ EFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada:raediante ruerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciemibre de-aers, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015. página original (tal como se publicó) [Página 30] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2017-724 Caracas, 21 de diciembre de 2017 158º, 207° y 18° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la. misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, designar el personal de este Órgano Constitucional. CONSIDERANDO Que el ciudadano JESÚS ALBERTO UGAS MARCANO, titular de la cédula de identidad N° V-18.939.411, quien se desempeña como Jefe de Despacho en la Dirección Nacional de Administración, en condición de Encargado, disfrutó de su periodo vacacional desde el 20 de noviembre de 2017 hasta el 14 de diciembre de 2017. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR al CiUdadanO LEONEL SEGUNDO HERNÁNDEZ RIVAS, titular de la cédula de identidad N° V-10.258.549, Analista Profesional I, como Jefe de Despacho, adscrito a la Dirección Nacional de Administración de la Defensa Pública, en condición de Suplente. La presente designación surtirá efectos a partir del 20 de noviembre de 2017, hasta el 14 de diciembre de 2017, periodo en el cual deberá reconocerle al ciudadano aquí nombrado, todos los beneficios e incidencias laborales propios del cargo de .B. efe de Despacho. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publí FANA BARREIROS RODRÍGUEZ ENSORA PÚBLICA GENERAL Designada media Acuerdo e la Asamblea Nacional, de fecha de diciembre de5, publicado_en la Gaceta Oficial de la República eliana de Vebela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015. DEFENSORA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2018-056 Caracas, 08 de febrero de 2018 158°, 207° y 18° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que la Ciudadana DIANELY RAFAELA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº v-9.299.146, fue removida del cargo de Defensora Pública Auxiliar, con competencia Plena, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Monagas, mediante Resolución N° DDPG-2017-673, de fecha 28 de noviembre de 2017, siendo notificada de la decisión antes referida en fecha 08 de enero de 2018. CONSIDERANDO Que la ciudadana antes referida se encontraba en situación de disponibilidad, a los fines de dar cumplimiento a las gestiones reubicatorias, al haberse evidenciado que ocupó dentro de la Administración Pública, un cargo calificado o considerado como de carrera y, que tales trámites esu/taron infructuosos. RESUELVE PRIMERO: RETIRAR a la CiUdadana DIANELY RAFAELA GONZÁLEZ RODRiGUEz, titular de la cédula de identidad N° V-9.299.146, de la Defensa Pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa, a partir del nueve (09) de enero de 2018. SEGuNDo: Notificar por órgano de la Dirección Nacional de Recursos Humanos de la Defensa Publica, a la ciudadana antes identificada, del contenido de la presente resolución, con la expresa indicación del Recurso Jurisdiccional que procede contra la misma, el Tribunal por ante el cual podrá interponerlo, y el término para su presentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. TERcERo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, sellada y firmada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DEFENSORAPUBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asarmblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicade en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2018-078 Caracas, 15 de febrero de 2018 158°, 207° y 18° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIRoS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que la ciudadana CAROLINA ELIZABETH PIRELA ROMERO, titular de la cédula de identidad N° V-6.251.645, fue removida del cargo de Defensora Pública Auxiliar Décima Novena (19°), con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, mediante Resolución N° DDPG-2017-434, de fecha 01 de agosto 2017, siendo notificada de la decisión antes referida en fecha 08 de enero de 2018. página original (tal como se publicó) [Página 31] CONSIDERANDO Que la ciudadana antes referida se encontraba en situación de disponibilidad, a los,fines de dar cumplimiento a las gestiones reubicatorias, al haberse evidenciado que ocupó dentro de la Administración Pública, un cargo calificado o considerado como de carrera y, que tales trámites sultaron infructuosos. RESUELVE PRIMERO: RETIRAR a la CiUdadana CAROLINA ELIZABETH PIRELA RoMERo, titular de la cédula de identidad N° V-6.251.645, de la Defensa Pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa, a partir del nueve (09) de febrero de 2018. SEGunDo: Notificar por órgano de la Dirección Nacional de Recursos Humanos de la Defensa Publica, a la ciudadana antes identificada, del contenido de la presente resolución, con la expresa indicación del Recurso Jurisdiccional que procede contra la misma, el Tribunal por ante el cual podrá interponerlo, y el término para su presentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. TERcERo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, sellada y firmada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DEFENSO A PÚBLICA GENERAL Desg eae Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre-ee 2015, publicade en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de fecha 10 de diciembre de 2015. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2070, 1590 y 19° Caracas, 03 de abril de 2018 RESOLUCIÓN N.° 01-00-000191 MANUEL E. GALINDO B. Contralor General de la República En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 288 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 10, 14 numerales 3° y 4º de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con lo previsto en el artículo 1° numerales 13 y 14 de la Resolución Organizativa N.° 1, así como el artículo 34 del Estatuto de Personal. CONSIDERANDO Que conforme a lo previsto en el artículo 288 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Contraloría General de la República estará bajo la dirección y responsabilidad del Contralor General de la República. CONSIDERANDO Que es deber de la Contraloría General de la República, garantizar el funcionamiento continuo de todas sus dependencias, ello con la finalidad de cumplir las competencias atribuidas constitucionalmente, coadyuvando al logro de los objetivos de la Institución. CONSIDERANDO Que en fecha 21 de marzo de 2018, la ciudadana BIALITZA MATERANO MIRELES, titular de la cédula de identidad N.° V-10.794.628, hizo formal entrega de la dirección de gestión de Talento Humano adscrita a la dirección general de Talento Humano, y en consecuencia cesó en el ejercicio del cargo de DIRECTORA, Encargada, de la dirección de Gestión de Talento Humano adscrita a la referida dirección general de la Contraloría General de la República. RESUELVE PRIMERO: Designar a la ciudadana INGRID COROMOTO TOVAR INCIARTE, identidad titular de la cédula de N.° V-10.032.983, quien ostenta el cargo de analista consultor, como DIRECTORA, Encargada, de la Dirección de Gestión de Talento Humano de la Dirección General de Talento Humano de este Órgano de Control a partir del día 03 de abril de 2018 sEGundo: En consecuencia, queda autorizada para ejercer las atribuciones que a la indicada dirección y a su titular le asignen el Reglamento Interno de la Contraloría General de la República y la Resolución Organizativa N.° 1, en todo aquello que le sea aplicable, así como la Resolución N.° 01-00-000007 de fecha 10 de enero de 2017, publicados en las Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela N.°s 39.840, 40.946 y 41.084 de fechas 11 de enero de 2012, 18 de julio de 2016 y 27 de enero de 2017, respectivamente y demás instrumentos normativos aplicables. TERCERO: Se deroga la Resolución N.° 01-00-000087 del 06 de febrero de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 41.093 del 10 de febrero de 2017. Dada en Caracas, a los tres (03) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018). Años 207° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana. Comuníquese y Publíquese en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y/o en el portal web de la Contraloría General de la República www.cgr.gob.ve. MANUEL GALINDEB ontralor General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2070, 1590 y 19° Caracas, 03 de abril de 2018 RESOLUCIÓN N.° 01-00-000192 MANUEL E. GALINDO B. Contralor General de la República En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 288 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos página original (tal como se publicó) [Página 32] 10, 14 numerales 3° y 4º de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con lo previsto en el artículo 1° numerales 13 y 14 de la Resolución Organizativa N.° 1, así como el artículo 34 del Estatuto de Personal. RESUELVE PRIMERO: Designar a la Ciudadana BEATRIZ ELENA NOGUERA GUERRERo, titular de la cédula de identidad N.° V-6.450.741, quien ostenta el cargo de analista junior, como DIRECTORA, Encargada, de la dirección de Desarrollo Humano adscrita a la dirección general de Talento Humano de este Órgano de Control, a partir del día 03 de abril de 2018. sEGunDo: En consecuencia, queda autorizada para ejercer las atribuciones que a la indicada Dirección y a su titular le asignen el Reglamento Interno de la Contraloría General de la República y la Resolución Organizativa N.° 1, en todo aquello que le sea aplicable, así como la Resolución N.° 01-00-000007 de fecha 10 de enero de 2017, publicados en las Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela N.º°s 39.840, 40.946 y 41.084 de fechas 11 de enero de 2012, 18 de julio de 2016 y 27 de enero de 2017, respectivamente y demás instrumentos normativos aplicables. Dada en Caracas, a los tres (03) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018). Años 207° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana. Comuníquese y Publíquese en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y/o en el portal web de la Contraloría General de la República www.cgr.gob.ve. MANUELGALINDO-B. Contralor General de la República MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 08 de febrero de 2018 Años 207° y 158° RESOLUCIÓN N° 498 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar Como FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadano Abogado PEDRo IGNACIo CASTRo, titular de la cédula de identidad N° 16.237.852, a la FISCALÍA DÉCIMA CUARTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con sede en Anaco y competencia plena. El referido ciudadano se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial; a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y publíquese. frer TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 16 de febrero de 2018 Años 207° y 158° RESOLUCIÓN Nº 591 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado KEITWERR RADAMÉs PEÑA MARRERO, titular de la cédula de identidad N° 14.532.873, COMO FISCAL PROVISORIO a la FISCALÍA 27 NACIONAL PLENA, cargo vacante. El referido ciudadano se venía desempeñando como Fiscal Provisorio en la Fiscalía Centésima Vigésima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. Carer TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 27 de febrero de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN Nº 713 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar comO FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada MICHELLE ESTEFANI CAMACHO LINARES, titular de la cédula de identidad Nº 20.007.628, a la FISCALÍA DÉCIMA PRIMERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, con sede en Catia La Mar y competencia en materia Contra las Drogas, cargo vacante. La referida ciudadana se venía desempeñando Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Centésima Décima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. farek TAREK WIILLIANS SAAB Fiscai General de la República página original (tal como se publicó) [Página 33] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 28 de febrero de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN Nº 740 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado JEAN KARÍN LÓPEZ RUIz, titular la cédula de identidad Nº 14.595.761, como FISCAL. AUXILIAR INTERINO a la FISCALÍA 73 NACIONAL CONTRA LA LEGITMACIÓN CAPITALES, DELITOS FINANCIEROS DE Economicos; a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. El referido ciudadano se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Vargas. Comuníquesé y Publíquese. farek TARÈK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 06 de marzo de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN Nº 785 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada JULEIKA VICMARY PINTO RUIZ, titular de la cédula de identidad N° 13.971.151, FISCAL PROVISORIO a la FISCALIA QUINTA del Ministerio PúbliCo de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, con sede en San Carlos y competencia en el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes, cargo vacante. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Provisorio en la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial; a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíqueşe. ferrer TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 06 de marzo de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN Nº 788 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar como FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada REBECA ISABEL ROSAL RUÍZ, titular de la cédula de identidad N? 17.516.464, a la FISCALÍA SUPERIOR del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, con sede en San Carlos, cargo vacante. La referida ciudadana se venía desempeñando Fiscal Auxiliar Interino en la Unidad de Depuración Inmediata de Casos del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial, a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Supericridad. Comuníguese y Publíquese. TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 06 de marzo de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN N° 789 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada KENA RIGoRINA VERA RUMBoS, titular de la cédula de identidad N° 10.322.991, como FISCAL AUXILIAR INTERINO a la UNIDAD DE DEPURACIÓN INMEDIATA DE CAsos, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción ciudadana Abogada Rebeca Isabel Rosal Ruiz, quien pasará a otro destino. La ciudadana Kena Rigorina Vera Rumbos se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial; a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. farek TAREK WILLIANS SAAB Fiscal Genieral de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 08 de marzo de 2018 Años 2.07° y 159° RESOLUCIÓN Nº 853 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICQ: Trasladar a la ciudadana Abogada YULAI AMIRA sOLAR CANCINO, titular de la cécula de identidad Nº 21.133.486, COMO FISCAL AUXILIAR INTERINO a la FISCALÍA NONAGÉSIMA sExTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares, cargo vacante. La referida ciudadana, se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Décima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda. La presente designación, tiene efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publiquęse. e TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República página original (tal como se publicó) [Página 34] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 20 de febrero de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN Nº 657 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL PRoVIsoRIO a la ciudadana Abogada MARÍA ELCIRA BEJARANO IBARRA, titular de la cédula de identidad N° 10.244.974, en la FISCALÍA DÉCIMA PRIMERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, con sede en El Vigía y competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares, cargo vacante. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta superioridad. Comuníquese y Publíquese. Cferer TAREK WILLIANS SAAB Fiscal Geperal de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 20 de febrero de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN Nº 659 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadano Abogado JAVIER ANTONIO DÍAz GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° 10.102.031, en la FISCALÍA DÉCIMA TERCERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, con sede en Mérida y competencia en materia de Protección de Derechos Fundamentales y Ejecución de la Sentencia, cargo vacante. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. teer TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 20 de febrero de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN N° 666 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada LAIRET ANDREÍNA SUCRE BRICEÑO, titular de la cédula de identidad N° 21.119.890, en la FISCALÍA 47 NACIONAL DE DEFENSA DE LA MUJER, cargo vacante. La presente designación tiene efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. tecier TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 22 de febrero de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN Nº 689 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadano Abogado EDIXON JOSÉ MAGDALENO, titular de la cédula de identidad N° 12.384.386, en la FISCALÍA CENTÉSIMA VIGÉSIMA CUARTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, con competencia piena. El referido ciudadano se venía desempeñando cómo Archivista IV en La Dirección de Delitos Comunes. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. ferrer TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 22 de febrero de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN Nº 691 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. página original (tal como se publicó) [Página 35] RESUELVE: ÚNICO: Designar a la ciudadana Abogada AISKHELL YENNYLEINS ESPINA RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad Nº 20.034.269, FISCAL PROVISORIO en la FISCALÍA CUADRAGÉSIMA sExTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia plena, cargo vacante. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la citada Fiscalía. La presente designación, tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníqueşe y Públiquese. Hérer TAREK WILLIANS SAAB Fiscal Genéral de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 27 de febrero de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN N° 696 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadano Abogado JEAN JOFFRE MORA CASTRO, titular de la cédula de identidad N° 12.971.608, en la FISCALÍA SUPERIOR del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, con sede en Catia La Mar, cargo vacante. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. Cerer TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 27 de febrero de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN N° 697 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadano Abogado JONNATHAN AUGUSTO PINHO DE OLIVEIRA, titular de la cédula de identidad N° 17.154.760, en la FISCALÍA SUPERIOR del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, con sede en Catia La Mar, cargo vacante. La presente designación tiene efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. Harer TAREK WILLIANS SAAB Fiscal Generalde la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 20 de febrero de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN N° 652 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL PROVIsoRIO al ciudadano Abogado JOSÉ HERNÁN OLIVEROS GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N° 1.583.851, en la FISCALÍA SEXTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, con sede en Ei Vigía y competencia plena, en sustitución del ciudadano Abogado Eduin Daniel Villasmil, quien fue removido del referido cargo. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 27 de febrero de 2018 Años 207° y 158° RESOLUCIÓN N° 698 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadano Abogado WILLIAM CLEMENTE MORENO CASTILLO, titular de la cédula de identidad N° 12.164.164, en la FISCALÍA SUPERIOR del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, con sede en Catia La Mar, cargo vacante. El referido ciudadano se venía desempeñando como Asistente de Asuntos Legales III en la Fiscalía Décima Primera del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. are TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República página original (tal como se publicó) [Página 36] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 27 de febrero de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN Nº 699 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada MAGDA YESENIA LINARES PÉREZ, titular de la cédula de identidad N° 7.999.990, en la SALA DE FLAGRANCIA adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, con sede en Catia La Mar. La referida ciudadana se venía desempeñando como Abogado Adjunto I en la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. farek TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 27 de febrero de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN Nº 700 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL PRoVIsoRIO al ciudadano Abogado BILLY FRED CHIRINoS HERRERA, titular de la cédula de identidad N° 18.325.528, en la FISCALÍA PRIMERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, con sede en Catia La Mar y competencia plena. El referido ciudadano se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. ferrer TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 27 de febrero de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN N° 701 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada YELUSKA DINORA RENGIFO RoDRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° 10.577.357, en la FISCALÍA SUPERIoR del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, con sede en Catia La Mar, en sustitución del ciudadano Billy Fred Chirinos Herrera quien será ascendido. La referida ciudadana se viene desempeñando como Abogado Adjunto I en la Unidad de Atención a la Víctima, adscrita a la citada Fiscalía Superior. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníguese y Publíquese. farek TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 27 de febrero de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN N° 702 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL PRoVISoRIO al ciudadano Abogado oSCAR IGNACIO HERNÁNDEZ TORREALBA, titular de la cédula de identidad N° 18.754.055, en la FISCALÍA SEGUNDA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, con sede en Catia La Mar y competencia plena, cargo vacante. El referido ciudadano se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Décima Segunda de la citada Circunscripción Judicial. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese.f farek TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 27 de febrero de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN N° 703 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada MARY CARMEN IRIARTE GARCÍA, titular de la cédula de identidad N° 6.337.869, en la FISCALÍA DÉCIMA SEGUNDA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, cargo vacante. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. Farer TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República página original (tal como se publicó) [Página 37] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 27 de febrero de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN Nº 704 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar a la Ciudadana Abogada JOHANNA MARÍA DEL VALLE HERNÁNDEz CONTRERAS, titular de la cédula de identidad Nº 18.535.225, FISCAL AUXILIAR INTERINO en la FISCALÍA TERCERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, con sede en Catia La Mar y competencia plena, cargo vacante. La referida ciudadana se venía desempeñando como Abogado Adjunto I en la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial. La presente designación, tiene efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Públiquese. Farer TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 27 de febrero de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN Nº 707 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada KARLA ANAIZ SILLIÉ GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° 16.509.599, en la FISCALÍA CUARTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, con sede en Catia La Mar con competencia en materia para la Defensa de la Mujer, cargo vacante. La referida ciudadana se venía desempeñando cómo Abogada Adjunto I en la Fiscalía Séptima del Ministerio Público del referido estado. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. érer TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 27 de febrero de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN N° 708 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL PROVISORIO a la ciudadana Abogada MARYSELYS JOSEFINA REINA MALAVÉ, titular de la cédula de identidad N° 13.671.471, en la FISCALÍA 0CTAVA del Ministerio Público de la competencia en Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes, cargo vacante. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Segunda de la citada Circunscripción Judicial. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. Feérer TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 27 de febrero de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN Nº 712 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL PRovIsoRIO al ciudadano Abogado JESÚS ERNESTO DURÁN RAGA, titular de la cédula de identidad N° 11.153.553, en la FISCALÍA NOVENA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, con sede en Catia La Mar y competencia en materia Civil y Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado Capitales, cargo vacante. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. farer TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 15 de febrero de 2018 Años 207° y 158° RESOLUCIÓN Nº 585 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la Ciudadana Abogada NAYAIRA ESTEPHANIA QUIROZ CADENAS, titular de la cédula de identidad Nº 19.931.734, en la FISCALÍA VIGÉSIMA SEXTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy y competencia en materia de Defensa de la Mujer, cargo·vacante. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comupíquese y Publíquese. Farer TAREK WILLTANS SAAB Fiscal General de la República página original (tal como se publicó) [Página 38] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 27 de febrero de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN Nº 714 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar a la ciudadana Abogada FRANCIS JOHANNA LAVERDE FERMÍN, titular de la cédula de identidad Nº 15.932.612, FISCAL AUXILIAR INTERINO en la FISCALÍA PRIMERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, con sede en Catia La Mar y competencia plena, cargo vacante. La referida ciudadana se venía desempeñando como Abogado Adjunto I en la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial. La presente designación, tiene efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Públiquese. faerer TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 27 de febrero de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN N° 716 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la Ciudadana Abogada ELIA YUNILDE YRIARTE RAMOS, titular de la cédula de identidad N° 6.478.088, en la FISCALÍA QUINTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, con sede en Catia La Mar y competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares, cargo vacante. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. Cfarer TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de ta República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 16 de febrero de 2018 Años 207° y 158° RESOLUCIÓN N° 592 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL PROVISoRIO al ciudadano Abogado EDUARDO TAMANACo INOJOSA PRIETO, titular de la cédula de identidad N° 18.444.176, en la FISCALÍA CENTÉSIMA VIGÉSIMA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia Contra las Drogas, en sustitución del ciudadano Abogado Keitwerr Radamés Peña Marrero, quien será ascendido. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. férer TAREK WILLIANS SAAB Fiscal Genéral de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 28 de febrero de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN N° 741 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadano Abogado LUIS ANToNIO RIVAS AMEZAGA, titular de la cédula de identidad N° 19.797.291, en la FISCALÍA SUPERIOR del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, con sede en Catia La Mar, en sustitución del ciudadano Abogado Jean Karín López Ruiz, quien será trasladado. El ciudadano Luis Antonio Rivas Amezaga, se viene desempeñando como Abogado Adjunto I en la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial. . La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese.f farek TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 02 de marzo de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN Nº 781 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar a la ciudadana Abogada MARILYN ANA JARAMILLo ENRiQUEZ, titular de la cédula de identidad Nº 15.992.050, FISCAL PROVISORIO en la FISCALÍA VIGÉSIMA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Maracay y competencia en materia de Protección de Derechos Fundamentales, cargo vacante. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Trigésima Primera del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial. La presente designación, tiene efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Públiquese. tener TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República página original (tal como se publicó) [Página 39] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 20 de febrero de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN Nº 642 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar al ciudadano Abogado MARIO JULIO HERNÁNDEz PEÑALozA, titular de la cédula de identidad Nº 9.398.594, FISCAL AUXILIAR INTERINO en la SALA DE FLAGRANCIA, adscrita a la Fiscalía Supeior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, con sede en Mérida, en sustitución de la ciudadana Egle Ramona Torres Márquez, quien será removida del mencionado cargo. La presente designación, tiene efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuniquese y Públiquese. tecier TAREK WILLIANS SAAB Fiscal Geñeral de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 06 de marzo de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN N° 786 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL PRoVISoRIO al ciudadano Abogado ELIO JOSÉ QUIÑONEZ ROMÁN, titular de la cédula de identidad N° 14.770.731, en la FISCALÍA SEGUNDA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, con sede en San Carlos y competencia plena, en sustitución de la ciudadana Juleika Vicmary Pinto Ruiz, quien pasará a otro destino. El referido ciudadano se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuniquese y Publíquese. Ferer TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 20 de febrero de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN N° 646 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada RITA DEL CARMEN MEZA VARELA, titular de la cédula de identidad N° 8.047.675, en la FISCALÍA TERCERA del Ministerio Público de la plena, en sustitución de la ciudadana Abogada Ingri Carolina Hernández Ceballos, quien fue removida del referido cargo. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. farek TAREK WILLIANS SAAB Fiscal Geñeral de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 20 de febrero de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN Nº 648 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al Ciudadano Abogado ISRAEL SILVESTRE GARCÍA OZUNA, titular de la cédula de identidad N° 17.663.887, en la FISCALÍA TERCERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, con sede en Mérida y competencia plena; en sustitución de la ciudadana Abogada Ailyn Fabiana Osorio Salazar, quien fue removida del referido cargo. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. farek TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 06 de marzo de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN N° 793 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL PRoVIsoRIO a la ciudadana Abogada OLIS AYARIS FARÍAS VILLARROEL, titular de la cédula de identidad N° 10.925.939, en la FISCALÍA SÉPTIMA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, con sede en San Carlos y competencia en materia para la Defensa de la Mujer, en sustitución del ciudadano Abogado Manuel José Marcano Valerio, quien fue removido del mencionado cargo. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. farek TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República página original (tal como se publicó) [Página 40] DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXLV - MES VI Número 41.370 Caracas, miércoles 4 de abril de 2018 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 40 páginas, costo equivalente a 16,45% valor Unidad Tributaria REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 06 de marzo de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN N° 798 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadano Abogado EDGAR JOSÉ PÉREZ OLIVO, titular de la cédula de identidad N° 8.673.496, en la FISCALÍA SEGUNDA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, con sede en San Carlos, cargo vacante. El referido ciudadano se venía desempeñando como Abogado Adjunto II en la Fiscalía Séptima del Ministerio· Público de la citada Circunscripción Judicial. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. frrer TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 08 de marzo de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN Nº 846 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: úNICQ: Designar FISCAL PROVISoRIO a la ciudadana Abogada EDITH ROSED TACHÓN CASTILLO, titular de la cédula de identidad N° 17.458.105, en la FISCALÍA NONAGÉSIMA PRIMERA del DE VENEZUELA. Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETA OFICIALDE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional. Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos. Ministerio Público de la Circunscripción Judiciai del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares, cargo vacante. La referida ciudadana se venía desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Nonagésima Quinta del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. ferer TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho del Fiscal General de la República Caracas, 20 de febrero de 2018 Años 207° y 159° RESOLUCIÓN Nº 654 TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: DeSignar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la CiUdadana Abogada PUREZA TURIPNOVA MONTOYA PEDRAZA, titular de la cédula de identidad N° 15.755.690, en la FISCALÍA VIGÉSIMA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, con sede en Mérida y competencia en materia para la Defensa de la Mujer. En sustitución de la ciudadana Abogada Sujey del Carmen Benítez Obando, quien fue removida de su cargo. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. farer TAREK WILLIANS SAAB Fiscal General de la República página original (tal como se publicó)