[Página 1] AÑO CXLV - MES V Número 41.357 Caracas, viernes 9 de marzo de 2018 SUMARIO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 3.308, mediante el cual se prorroga por sesenta (60) días, el plazo establecido en el Decreto N° 3.239, de fecha 09 de enero de 2018, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las Instituciones Públicas y a las ciudadanas y a los ciudadanos habitantes de la República. Decreto N° 3.312, mediante el cual se nombra al ciudadano Joaquín Antonio Leal Pérez, como Viceministro de Gestión, Seguimiento y Supervisión de Obras, del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Decreto N° 3.313, mediante el cual se nombran a los ciudadanos Oswaldo Javier Pérez Cuevas y Santiago Armando Lazo Ortega, como Gobernadores Principal y Suplente, respectivamente, ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por la República Bolivariana de Venezuela. Decreto N° 3.314, mediante el cual se nombran a los ciudadanos Oswaldo Javier Pérez Cuevas y Santiago Armando Lazo Ortega, como Directores Ejecutivos Principal y Suplente, respectivamente, del Directorio Ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) de las Acciones de la Serie “A”, por la República Bolivariana de Venezuela. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO INASS Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Johan Pérez, en su carácter de Gerente de la Oficina de Administración y Servicios, como Cuentadante y Responsable de la Unidad Administradora Central de la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos, de este Instituto. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ SAREN Providencias mediante las cuales se designan a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos en ellas se especifican, de este Organismo. Oficina de Auditoría Interna Auto Decisorio mediante el cual se declara la Responsabilidad Administrativa de la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante; y se le impone multa por la cantidad que en ella se señala; se declara Sin Lugar el Recurso de Reconsideración y se Confirma en todas sus partes la Decisión pronunciada en fecha 07 de noviembre de 2017. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES Resolución mediante la cual se establece el cese de funciones al ciudadano Eduardo Ramón Medina Rubio, del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Gambia, con concurrencia en la República de Cabo Verde. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Ana María Ponce Muñoz, como Directora General de Control y Promoción de Industrias, en calidad de Encargada, adscrita al Despacho del Viceministro de Industrias, de este Ministerio. Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Oswaldo Javier Pérez Cuevas, como Jefe de la Oficina Nacional de Crédito Público de este Ministerio, en calidad de Encargado, y se le delega las atribuciones y firma de los actos y documentos que en ella se indican. Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Xavier José Ramos Camacho, como Director General de Protección, Defensa y Promoción Comercial, en calidad de Encargado, adscrito al Despacho del Viceministro de Comercio Interior, de este Ministerio. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PESCA Y ACUICULTURA Resolución mediante la cual se designan a los Miembros principales y suplentes de la Comisión Liquidadora de la Alianza Estratégica Pescalba, S.A.-Los Roques 2014, C.A., quedando conformada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Luis Alfonso Mancilla Martínez, como Director General de la Oficina de Gestión Administrativa (Encargado), de este Ministerio.-(Se reimprime por fallas en los originales). MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE INAC Providencia mediante la cual se concede el Permiso Operacional a la Sociedad Mercantil Alianza Ikaro C.A., de acuerdo a las condiciones, estipulaciones y términos que en ella se señalan. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE OBRAS PÚBLICAS Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jackson José Cueva Guzamana, como Director de la Dirección Estadal Amazonas, de este Ministerio. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO Resolución N° 0007, de fecha 08 de marzo de 2018, mediante la cual se otorga el área geográfica denominada CARBOCENTRO I, en la cual la Corporación Venezolana de Minería S.A. (CVM), realizará las actividades mineras que conlleven al aprovechamiento del mineral de Carbón. Resolución N° 0008, de fecha 08 de marzo de 2018, mediante la cual se otorga el área geográfica considerada zona libre denominada Carol I, en la cual la Corporación Venezolana de Minería, S.A. (CVM), realizará las actividades mineras que conlleven al aprovechamiento del mineral de Feldespato. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Resolución mediante la cual se designa, en calidad de Encargado, al ciudadano Jesús Eduardo Milano Palacios, como Director de Formación e Investigación para las Culturas y las Artes, adscrito a la Oficina del Despacho del Viceministro, de este Ministerio. Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Richar Manuel Argüello Agudelo, en su carácter de Director de Bienes y Servicios, como Responsable Patrimonial, de este Ministerio. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Sala de Casación Social Acuerdo mediante el cual se designa a la ciudadana Ángela María Morana González, como Secretaria Titular de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Dirección Ejecutiva de la Magistratura Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Williams José Monges Véliz, como Jefe de la División de Investigaciones de la Dirección General de Seguridad de este Organismo, en condición de Suplente. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Noel Joaquín González, como Gerente General de la Gerencia General de Investigación y Divulgación del Conocimiento, de este Organismo. Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Amanda Norah Camacho Jaua, como Directora General de la Oficina de Planificación y Presupuesto, de este Organismo. AVISOS página original (tal como se publicó) [Página 2] Ejecútese, (LS.) 440.334 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 9 de marzo de 2018 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto Nº 3.308 09 de marzo de 2018 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República En cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario de El Libertador Simón Bolívar y los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el marco del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 ejusdem, concatenados con los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en Consejo de Ministros, CONSIDERANDO Que en virtud de que persisten las circunstancias excepcionales, extraordinarias y coyunturales que motivaron la declaratoria de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, se requiere adoptar nuevas medidas y profundizar las que se encuentran en ejecución, con la finalidad de proteger y garantizar los derechos a la vida digna, la salud, la alimentación, la educación, el trabajo, la paz, la seguridad y todos aquellos derechos reivindicados a las venezolanas y los venezolanos por la Revolución Bolivariana. Dado en Caracas, a los nueve días del mes de marzo de dos mil dieciocho. Años 207° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana. Artículo 1°. Se prorroga por sesenta (60) días, el plazo establecido en el Decreto N° 3.239, de fecha 09 de enero de 2018, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica, en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las Instituciones Públicas y a las Ciudadanas y los Ciudadanos habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° Extraordinario 6.356, de fecha 09 de enero de 2018, visto que subsiste la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana; a fin de que el Poder Ejecutivo pueda seguir brindando protección a las venezolanas y los venezolanos contra la guerra económica. Artículo 2°. Este Decreto entrará en vigencia a partir del 10 de marzo de 2018. DECRETO CONSIDERANDO Que el Ejecutivo Nacional, garante del bienestar de la población venezolana, decretó en el mes de enero del presente año el Estado de Excepción y de Emergencia Económica, a fin de disponer de los mecanismos jurídicos y fácticos que le permitieran dictar las medidas necesarias para proteger al Pueblo de los embates de la guerra económica que pretende cercenar el derecho de las venezolanas y los venezolanos a ser libres e independientes y a vivir dignamente bajo el modelo de organización social y económico que ha decidido adoptar, página original (tal como se publicó) [Página 3] Viernes 9 de marzo de 2018 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 440.335 Decreto Nº 3.312 09 de marzo de 2018 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la profundización de la revolución, en la búsqueda de la construcción del socialismo, la refundación de la Patria Venezolana, basados en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con los artículos 34, 46 y 69 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, concatenado con los artículos 4°, 18, 19 y el numeral 5 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. TARECK EL AISSAMI Vicepresidente Ejecutivo de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 2.695 de fecha 25 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.082 de fecha 25 de enero de 2017, reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.083 de fecha 26 de enero de 2017. página original (tal como se publicó) [Página 4] Decreto Nº 3.313 09 de marzo de 2018 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el Supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 eiusdem, concatenado con el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4°, 18, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y en cumplimiento de lo establecido en la Sección 2 del artículo VIII del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. TARECK EL AISSAMI Vicepresidente Ejecutivo de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 2.695 de fecha 25 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.082 de la misma fecha. Reimpreso por fallas en los originales, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.083 de fecha 26 de enero de 2017. DECRETA Artículo 1°. Nombro al ciudadano OSWALDO JAVIER PÉREZ CUEVAS, titular de la cédula de identidad N° V-15.604.374, en su carácter de Viceministro de Hacienda y Presupuesto Público (E) del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, como GOBERNADOR PRINCIPAL ANTE EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), por la República Bolivariana de Venezuela, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 2°. Nombro al ciudadano SANTIAGO ARMANDO LAZO ORTEGA, titular de la cédula de identidad N° V-16.034.796, en su carácter de Viceministro de Planificación Económica (E) del Ministerio del Poder Popular de Planificación, como GOBERNADOR SUPLENTE ANTE EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), por la República Bolivariana de Venezuela, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 3°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los nueve días del mes de marzo de dos mil dieciocho, Años 207° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución. Ejecútese, (L.S) NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Decreto Nº 3.314 09 de marzo de 2018 Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 eiusdem, concatenado con el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4°, 18, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 del Convenio Constitutivo de la Corporación Andina de Fomento (hoy Banco de Desarrollo de América Latina). TARECK EL AISSAMI Vicepresidente Ejecutivo de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 2.695 de fecha 25 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.082 de la misma fecha. Reimpreso por fallas en los originales, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.083 de fecha 26 de enero de 2017. DECRETA Artículo 1°. Nombro al ciudadano OSWALDO JAVIER PÉREZ CUEVAS, titular de la cédula de identidad N° V-15.604.374, en su carácter de Viceministro de Hacienda y Presupuesto Público (E) del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, como DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DEL BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA (CAF) DE LAS ACCIONES DE LA SERIE “A”, por la República Bolivariana de Venezuela, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 2°. Nombro al ciudadano SANTIAGO ARMANDO LAZO ORTEGA, titular de la cédula de identidad N° V-16.034.796, en su carácter de Viceministro de Planificación Económica (E) del Ministerio del Poder Popular de Planificación, como DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DEL BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA (CAF) DE LAS ACCIONES DE LA SERIE “A”, por la República Bolivariana de Venezuela, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. DECRETA Artículo 1°. Nombro al ciudadano JOAQUÍN ANTONIO LEAL PÉREZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.372.427, como VICEMINISTRO DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 2°. Delego en el Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, la juramentación del referido ciudadano. Artículo 3°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los nueve días del mes de marzo de dos mil dieciocho. Años 207° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.) Refrendado El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (L.S.) ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDI 440.336 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 9 de marzo de 2018 página original (tal como se publicó) [Página 5] Artículo 3°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los nueve días del mes de marzo de dos mil dieciocho, Años 207° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución. Ejecútese, (L.S) MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO Viernes 9 de marzo de 2018 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 440.337 página original (tal como se publicó) [Página 6] MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ -0224- -0225- -0226- -0227- 440.338 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 9 de marzo de 2018 página original (tal como se publicó) [Página 7] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS 2070, 1590 y 190 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° -0228- Caracas, 22 FEB. 2013 Quien suscribe, NELsON JosÉ GARCÍA, Director General (E) del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, nombrado a través del Decreto Presidencial N° 1.979 de fecha 04 de Septiembre de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.195, Extraordinario de la misma fecha, en ejercicio de la delegación de las atribuciones y firmas de los actos y documentos contenida en el Artículo 1, numeral 1°, de la Resolución N° 162, de fecha 09 de Septiembre de 2015, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.743, de fecha 10 de Septiembre de 2015, en atención a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 5 de la Resolución N° 31 de fecha 24 de Febrero de 2011, reimpresa por error material en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.667, de fecha 05 de Mayo de 2011 contentiva de la Estructura Organizativa y Funcional del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, conforme a lo previsto en los artículos 12 y 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 6.156, Extraordinario de fecha 19 de Noviembre de 2014, y según Punto de Cuenta N° 015 de fecha 14 de Febrero de 2.018, aprobado por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, procedo a DESIGNAR al CiudadanO EMILIO ALEJANDRO RAMIREZ ROJAS, titular de la cédula de identidad N° V-11.145.478, como REGISTRADOR, adSCritO al REGISTRO PRINCIPAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA (CóD. 392) del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN). El presente Acto Administrativo tendrá vigencia a partir de la fecha de su notificación. EESONJOSE GARCIA Director General (E del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) Decreto Presidencial N°r8979 del 04 de Septiembre de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.195 Extraordinario de la misma fecha. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS 2070, 159º y 190 -0229- PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 22FEB. 2013 Caracas, Quien suscribe, NELSON JOSÉ GARCÍA, Director General (E) del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, nombrado a través del Decreto Presidencial N° 1.979 de fecha 04 de Septiembre de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.195, Extraordinario de la misma fecha, en ejercicio de la delegación de las atribuciones y firmas de los actos y documentos contenida en el Artículo 1, numeral 1°, de la Resolución N° 162, de fecha 09 de Septiembre de 2015, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.743, de fecha 10 de Septiembre de 2015, en atención a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 5 de la Resolución N° 31 de fecha 24 de Febrero de 2011, reimpresa por error material en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.667, de fecha 05 de Mayo de 2011 contentiva de la Estructura Organizativa y Funcional del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, conforme a lo previsto en los artículos 12 y 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156, Extraordinario de fecha 19 de Noviembre de 2014, y según Punto de Cuenta N° 018 de fecha 14 de Febrero de 2.018, aprobado por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, procedo a DESIGNAR al CiudadanO JESUS ORLANDO MORENO JUAREZ, titular de la cédula de identidad N° V-8.036.659, como REGISTRAD0R, adscrito al REGISTRO PÚBLICO DEL MUNICIPIO RAFAEL RANGEL, ESTADO TRUJILLo (CóD. 450) del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN). El presente Acto Administrativo tendrá vigencia a partir de la fecha de su notificación. "Comuníquese y publíquese NELSON SOSÉ GARCÍA Director General (E) del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) Decreto Presidencial N° 1.979 8el 04 de Septiembre de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.195 Extraordinario de la misma fecha. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS 2070, 1580 y 190 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° -0230- Caracas, 2 2 FEB. 2013 Quien suscribe, NELsON JoSÉ GARCÍA, Director General (E) del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, nombrado a través del Decreto PresidencialNo 1.979 de fecha 04 de Septiembre de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.195, Extraordinario de la misma fecha, en ejercicio de la delegación de las atribuciones y firmas de los actos y documentos contenida en el Artículo 1, numeral 1°, de la Resolución N° 162, de fecha 09 de Septiembre de 2015, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.743, de fecha 10 de Septiembre de 2015, en atención a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 5 de la Resolución N° 31 de fecha 24 de Febrero de 2011, reimpresa por error material en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.667, de fecha 05 de Mayo de 2011 contentiva de la Estructura Organizativa y Funcional del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, conforme a lo previsto en los artículos 12 y 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 6.156, Extraordinario de fecha 19 de Noviembre de 2014, y según Punto de Cuenta N° 022 de fecha 19 de Febrero de 2.018, aprobado por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, procedo a DESIGNAR al CiUdadanO OSVALDO ENRIQUE RODRIGUEZ RUGELES, titular de la cédula de identidad N° V-7.002.262, como REGISTRADOR, adSCritO al REGISTRO PÚBLICO DEL PRIMER CIRCUITO DEL MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO (CÓD. 312) del SerViCiO Autónomo de Registros y Notarías (SAREN). El presente Acto Administrativo tendrá vigencia a partir de la fecha de su notificación. "Comuníquese y publiquese" NELSON JOSE GARCÍA Director General (E) del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) Decreto Presidencial N° 1.979 der 04 de Septiembre de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.195 Extraordinario de la misma fecha MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA Caracas, 07 de noviembre de 2017 AUTO DECISORIO Nº MPPRIJP-AI-PADR-005-2017 207º, 158º y 18º NARRATIVA Quien suscribe, Delimar Yanet Rojas Hernández, titular de la cédula de identidad N° V-12.667.856, Directora General Encargada de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designada mediante Resolución Nº 069 de fecha 16 de abril de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.641 de la misma fecha, en ejercicio de la competencia consagrada en el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en lo sucesivo LOCGRYSNCF, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, siendo la oportunidad legal prevista en el artículo 103 eiusdem, y de conformidad con la atribución conferida en el artículo 14 numeral 24 del Reglamento Interno de esta Oficina de Auditoría Interna, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.590 de fecha 10 de enero de 2011, para decidir el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, sustanciado por este Órgano de Control Fiscal Interno, con motivo al hecho descrito más adelante y que guarda relación con la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, titular de la cédula de identidad N.º V-10.806.619, con fundamento en los recaudos insertos en el expediente administrativo identificado con las siglas y números MPPRIJP-AI-PADR-005-2017. página original (tal como se publicó) [Página 8] En este contexto, con fundamento en el análisis de los soportes documentales cursantes en autos que, en su conjunto permiten evidenciar el resguardo de las garantías previstas en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los términos que se describen en el presente acto conclusivo, se formalizó la correspondiente Potestad de Investigación con Auto de Proceder Nº MPPRijP-2017-P0T-01 de fecha 9 de febrero de 2017 (folios 1 al 4 y sus respectivos vueltos de la Pieza 1 del expediente administrativo), que fue notificado a la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, antes identificada, el 24 de febrero de 2017 según Oficio Nº DCP-17, de fecha 10 de febrero de 2017 (folios 41 al 44 y sus respectivos vueltos de la Pieza Il del expediente administrativo); en el A marco del procedimiento aludido la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, ya identificada, en fechas 13 y 27 de marzo de 2017, presentó escritos contentivos de argumentos y consignó pruebas (folios 50 al 59 y 101 al 244 de la Pieza Il y 2 al 73 de la Pieza ill del expediente administrativo), posteriormente, una vez cumplidas las demás fases y los lapsos reglamentarios se produjo el correspondiente Informe de Resultados de fecha 25 de julio de 2017 (folios 104 al 122 y sus respectivos vueltos, Pieza IIl del expediente administrativo). Cabe destacar que los hechos en que se fundamentó la Potestad de Investigación adelantada por la Dirección de Control Posterior, fueron determinados en el marco de actuaciones fiscales tendentes a verificar la legalidad, sinceridad y veracidad de los trámites administrativos y financieros correspondientes a los procedimientos de apertura, solicitudes de anticipos de haberes y finiquitos de fideicomisos del personal que laboró en el otrora Instituto Universitario de Policía Científica (IUPOLC), durante los ejercicios económicos financieros 2012 y 2013, en los términos indicados en el Informe Definitivo de fecha 03 de junio de 2014 y en el Informe Técnico de fecha 28 de noviembre de 2016 (folios 7 al 21 y 22 al 32 de la Pieza 1 del expediente administrativo). Sobre la base de las anteriores actuaciones, la Dirección de Determinación de Responsabilidades de esta Oficina de Auditoría Interna, inició el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, mediante Auto de Inicio de fecha 12 de septiembre de 2017 (folios 1 al 9 y sus respectivos vueltos, Pieza IV del expediente administrativo), por cuanto se evidenció que la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, ya identificada, tramitó a su favor un total de dieciséis (16) abonos para los años 2012 y 2013 como se observa en los correspondientes estados de cuentas individuales, las cuales representan un monto de Ochenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Un Bolívares con Cincuenta y Tres Céntimos (Bs. 81.561,53), siendo que de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras, el monto a pagar asciende a Cuarenta y Un Mil Setecientos Veintiocho Bolívares con Cuarenta y Cinco (Bs. 41.728,45), lo cual refleja un abono adicional por la cantidad de Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y tres Bolívares con Ocho Céntimos (Bs. 39.833,08). Por otra parte, y con fundamento en la revisión realizada a los datos contenidos en los listados del personal del IUPOLC (Contrato de Fideicomiso identificado con el Nº 6553), y los abonos realizados por concepto de prestaciones de antigüedad, comprobados de forma individual, en el ejercicio económico financiero 2012, se constató que para los cálculos realizados se tomaron en consideración los conceptos de Sueldo Básico + Compensaciones + Primas, Horas Extras + Bono Vacacional + Bono. Fin de Año, y la formula siguiente: Remuneración Mensual / 30 días * 5 días, tal como lo establece el Artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), ley vigente hasta el 07/05/2012. En este contexto, para el ejercicio económico financiero 2013, se verificaron los datos contenidos entre el listado del personal del IUPOLC y lo efectivamente abonado por concepto de prestaciones de antigüedad, según los estados de cuenta individuales; dichos abonos se realizaban de forma trimestral con fundamento en lo establecido en el artícuio 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LoTTT), aplicando la base de cálculo correspondiente: Sueldo Básico + Compensaciones + Primas, Horas Extras + Alícuotas del Bono Vacacional + Bonificación de fin de Año, y la formula que se describe a continuación: Salario Integral / 30 días * 15 días. De las consideraciones que anteceden, se pone de manifiesto que de un total de doscientos veinticinco (225) trabajadores (empleados, obreros y contratados) adscritos a la nomina del IUPOLC, ciento ochenta y dos (182) de ellos recibieron aportes por debajo de lo que les correspondía por Ley, teniendo como resultado una diferencia de Trescientos Seis Mil Ciento Cuarenta y Un Bolívares con Seis Céntimos (Bs. 306.141,06). Se debe acotar que la precitada ciudadana, para el momento de la ocurrencia de los hechos supra descritos, en su condición de Analista de Personal IV (Profesional II), tenía bajo su responsabilidad efectuar los cálculos de prestaciones sociales de manera mensual a favor de los empleados, obreros y personal contratado incluidos en la nómina del IUPOLC y realizar la distribución de los aportes en las cuentas fiduciarias individuales; para estos fines, la Coordinación de Nómina le asignó clave de acceso al "Sistema de Gestión Financiera de Recursos Humanos (SIGEFIRRHH)". En atención a lo señalado, es importante destacar que la clave ya indicada era utilizada por la precitada ciudadana, para la autogestión de todo lo referente a la distribución de los aportes, afiliaciones de cuentas, actualización de datas, consulta de saldo, otorgamiento de anticipos, liquidaciones y abonos en cuentas electrónicas tanto masivas como individuales, realizadas a través de la conexión tecnológica del sistema llamado "BANESCONLINE FIDEICOMISO", según contrato Nº 6553 suscrito entre el MPPRiP y el ente fiduciario BANESCO, C.A., a nombre del IUPOLC, información que se desprende del Memorando DGORRHH Nº 007597 de fecha 16 de octubre de 2014 cursante a los folios 40 al 45 y sus respectivos vueltos de la Pieza I del expediente administrativo. En lo que atañe a las competencias que detentaba la precitada ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, el "Informe del Área de Prestaciones Sociales y Fideicomiso del Instituto Universitario de Policía Científica (IUPOLC)" suscrito por la interesada legítima y fechado noviembre de 2013 (folios 34 al 38 Pieza 1 del expediente administrativo) entre otros puntos menciona las actividades que, dentro del marco del proceso de integración IUPOLC - Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) continuó realizando dicha ciudadana al haber sido incorporada en la Coordinación de Trámites y Pasivos Laborales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, como personal de apoyo y enlace, entre las actividades bajo su responsabilidad se destacan: Analizar, calcular y tramitar el monto por concepto de Prestaciones Sociales del personal obrero y empleado egresado del organismo ante el entonces Ministerio del Poder Popular para las Finanzas. Tramitar las liquidaciones calculadas del IUPOLC ante el otrora Ministerio del Poder Popular para las Finanzas. Tramitar las solicitudes de anticipo de prestación de antigüedad del personal activo y finiquito de prestaciones del personal egresado del IUPOLC ante la entidad financiera: Banesco Banco Universal. Solicitar de manera mensual los recursos necesarios para el aporte del monto correspondiente a prestación de antigüedad de los trabajadores activos según lo establecido en el artículo 108 de la entonces Ley Orgánica del Trabajo y elaborar Antecedentes de Servicios. Iniciar la migración del sistema de cálculo de Prestaciones Sociales (SCiO) a un software que, entre otros, incluía el cálculo de prestaciones según lo establecido en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, vigente a partir de mayo de 2012, con la finalidad de remitir los cálculos del personal obrero, empleado y contratado ante el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas. Cualquier otro apoyo requerido para el trámite de un posible proceso de liguidación masiva del personal adscrito a la institución. En el caso que nos ocupa, de los soportes documentales que se mencionan más adelante, se atribuye a la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, antes identificada, quien para la época ejercía el cargo de Analista de Personal IV (Profesional II), adscrita a la entonces Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRijP) los hechos siguientes: 1) Abonó a su cuenta personal fiduciaria la cantidad de Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y tres Bolívares con Ocho Céntimos (Bs. 39.833,08), presuntamente al margen de la normativa legal supra mencionada, situación que fue subsumida en el numeral 13 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. No abonó a las cuentas individuales fiduciarias de 182 empleados, 2) obreros y contratados de la IUPoLC, las cantidades que de acuerdo con la legislación aplicable les correspondían y que en su conjunto totalizan la cantidad de Trescientos Seis Mil Ciento Cuarenta y Un Bolívares con Seis Céntimos (Bs. 306.141,06), en presunta contravención a la legislación aplicable cuya referencia también está contenida en líneas anteriores, lo cual pudiera constituir el supuesto generador de responsabilidad administrativa previsto en el numeral 2 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Aunado a lo anterior, los hechos descritos en atención al posible daño causado al patrimonio público, son susceptibles de comprometer la responsabilidad civil de la precitada ciudadana por la cantidad Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Cuatro Bolívares con Catorce Céntimos (Bs. 345.974,14), mediante la formulación de un reparo a tenor de lo previsto en ei artículo 85 del mencionado instrumento legal, norma que debe ser concordada con el artículo 1.185 del Código Civil. Todo lo anterior en los mismos términos contenidos en el auto de apertura de fecha 12 de septiembre de 2017 del presente procedimiento y que se da por reproducido en su totalidad. Los elementos probatorios que ponen de manifiesto la circunstancia fáctica presuntamente irregular vinculada con el abono de la cantidad de Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y tres Bolívares con Ocho Céntimos (Bs. 39.833,08), en la cuenta personal fiduciaria de la interesada legítima, se describen a continuación: 1.- Informe Definitivo Credencial Nº DCP-00042-AO-2014-01 de fecha 03 de junio de 2014, relacionado con la Auditoría Operativa realizada a los procedimientos administrativos y financieros de apertura, solicitud de anticipo de haberes y finiquitos del fideicomiso del personal que laboró en el Instituto Universitario de Policía Científica (IUPOLC). (Folios 7 al 21, Pieza l) página original (tal como se publicó) [Página 9] 2.- Informe Técnico de fecha 28 de noviembre de 2016, emanado de la Dirección de Control Posterior de la Oficina de Auditoría interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. (Folios 22 al 32, Pieza I) 3.- Memorándum DGORRHH N.º 003303 de fecha 26 de agosto de 2016, emanado de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, dirigido a la Oficina de Auditoría Interna del MPPRiJP, mediante el cual se hace referencia a los mecanismos para el desarrollo y cálculo de las nóminas quincenales y remiten certificaciones de cargos entre otros, el de Yunilma Anani Maldonado Constante. (Folio 75, Pieza I) 4.- Certificación de Cargo de fecha 18 de agosto de 2016 y fotocopia de la cédula de identidad correspondiente a la entonces funcionaria Yunilma Anani Maldonado Constante, titular de la cédula de identidad Nº V-10.806.619. (Folios 76 y 77, Pieza l) 5.- Planillas de Evaluación de Desempeño correspondiente al segundo semestre de 2012 (folios 93 al 97 de la Pieza Il) y primer y segundo semestre de 2013 (folio 85 al 92 de la Pieza Ill y 78 al 85 de la Pieza I), de la entonces funcionaria Yunilma Anani Maldonado Constante, titular de la cédula de identidad Nº V-10.806.619, de cuyo contenido se pone de manifiesto dentro de la sección "OBJETIvOs DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL", las principales funciones que detentaba la precitada ciudadana. 6.- Comprobante de Estado de Cuenta emanado de la Entidad Bancaria Banesco Banco Universal C.A., correspondiente al período comprendido desde el 02 de septiembre de 2009 al 31 de diciembre de 2015, de la cuenta de fideicomiso individual de la entonces funcionaria Yunilma Anani Maldonado Constante, titular de la cédula de identidad N.º V-10.806.619, de cuyo contenido se aprecia los aportes al fondo afiliado, siete (7) anticipos correspondientes al año 2012 y seis (6) anticipos correspondientes al año 2013, así como los aportes de "Intereses Caídos". (Folio 86, Pieza I) 7.- Acta Fiscal de fecha 12 de septiembre de 2016, relacionada con la actuaciones de control realizadas por la Oficina de Auditoría Interna en la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en la que se dejó constancia de la revisión efectuada a los expedientes administrativos entre otros, el de la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, ya identificada, en la que se puso de manifiesto que de los trece (13) anticipos referidos en el punto anterior, respecto a doce (12) de ellos, no reposan las solicitudes de anticipo de haberes de prestaciones de antigüedad en fideicomiso y sus respectivos soportes documentales, requeridos para tramitar los adelantos de prestaciones de antigüedad y fideicomisos, tal como se señala en la comunicación DGORRHH N.º 003402 emanada de la Dirección General de la Oficina de Gestión Humana, en fecha 06 de septiembre de 2016. (Folio 87, Pieza l) 8.- Informe del Área de Prestaciones Sociales y Fideicomiso del Instituto Universitario de Policía Científica (iUPOLC) de fecha noviembre de 2013, elaborado por la entonces funcionaria Yunilma Anani Maldonado Constante, en el que se pone de manifiesto en otras circunstancias, las funciones que estaba llamada a ejercer; en dicho documento también se advierte la existencia de diferencia por duplicidad y omisión de conceptos al personal del IUPOLC. (Folios 34 al 38, Pieza l) 9.- Memorándum DGORRHH Nº 002044 de fecha 16 de abril de 2014, emanado de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, dirigido a la Oficina de Auditoría Interna del MPPRiJP, en el que se pone de manifiesto que la única funcionaria que tenía acceso al Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos (SIGEFIRRHH), para efectuar los cálculos de prestaciones mensuales correspondientes al ejercicio fiscal 2012, del personal del IUPOLC, así como la distribución de los aportes era la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, ya identificada. (Folio 39, Pieza 1) 10.- Memorándum DGORRHH Nº 007597 de fecha 16 de octubre de 2014, emanado de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, dirigido a la Oficina de Auditoría Interna del MPPRIJP, en el que se señala fundamentalmente que la clave de acceso al SIGEFIRRHH, era utilizada por la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, ya identificada, para la autogestión de todo lo referente a la distribución de los aportes, afiliaciones de cuentas, actualización de datas, consulta de saldos, otorgamiento de anticipos, liquidaciones y abonos en cuentas electrónicas tanto masivas como individuales realizadas a través de la conexión tecnológica del sistema Ilamado "BANESCONLINE FIDEICOMIsO", según contrato Nº 6553, suscrito entre el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIjP) y el ente fiduciario BANESCO, C.A., a nombre del IUPOLC. (Folios 40 al 45, Pieza l) 11.- Acta de fecha 13 de diciembre de 2013, levantada en el Área de Fideicomiso y suscrita por la ciudadanas: Damery Franco, Directora de Administración de Personal, Dubreska Gorrin, Coordinadora de Tramites y Pasivos Laborales y Yamira Rada, Técnico I del Área de Fideicomiso, todas adscritas a la Oficina de Recursos Humanos del MPPRiJP para la fecha, a los fines de dejar "...sobre las [presuntas] irregularidades halladas en el manejo y/o administración de las Prestaciones Sociales correspondiente al año 2012, en contra del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POLICÍA CIENTÍFICA (I.U.P.O.L.C.)...", que de acuerdo con su contenido los trámites fueron realizados por la trabajadora Yunilma Anani Maldonado Constante, ya identificada. (Folios 66 al 70, Pieza !) 12.- Flujograma para el proceso de cálculo y abono de las prestaciones sociales, correspondientes a los años fiscales 2012 y 2013. (Folios 71 al 74, Pieza I) En lo que atañe a los elementos probatorios que ponen de manifiesto la circunstancia presuntamente irregular vinculada con la falta de abono en las cuentas individuales fiduciarias de 182 empleados, obreros y contratados de la lUPOLC, que de acuerdo con la legislación aplicable les correspondían y que en su conjunto totalizan la cantidad de Trescientos Seis Mil Ciento Cuarenta y Un Bolívares con Seis Céntimos (Bs. 306.141,06), se describen a continuación: 1.- Informe Definitivo Credencial Nº DCP-00042-AO-2014-01 de fecha 03 de junio de 2014, relacionado con la Auditoría Operativa realizada a los procedimientos administrativos y financieros de apertura, solicitud de anticipo de haberes y finiquitos del fideicomiso del personal que laboró en el Instituto Universitario de Policía Científica (IUPOLC). (Folios 7 al 21, Pieza l) 2.- Informe Técnico de fecha 28 de noviembre de 2016, emanado de la Dirección de Control Posterior de la Oficina de Auditoría interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. (Folios 22 al 32, Pieza I) 3.- Listado de Ajustes de los Saldos Depositados a los trabajadores del IUPOLC en los Ejercicios Fiscales 2012-2013. (Folio 33, Pieza 1) 4.- Informe del Área de Prestaciones Sociales y Fideicomiso del Instituto Universitario de Policía Científica (UPOLC) de fecha noviembre de 2013, elaborado por la entonces funcionaria Yunilma Anani Maldonado Constante, en el que se pone de manifiesto en otras circunstancias, las funciones que estaba llamada a ejercer; en dicho documento también se advierte la existencia de diferencia por duplicidad y omisión de conceptos al personal del (UPOLC. (Folios 34 al 38, Pieza I) 5.- Memorándum DGORRHH Nº 002044 de fecha 16 de abril de 2014, emanado de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, dirigido a la Oficina de Auditoría Interna del MPPRijP, en el que se pone de manifiesto que la única funcionaria que tenía acceso al Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos (SIGEFIRRHH), para efectuar los cálculos de prestaciones mensuales correspondientes al ejercicio fiscal 2012, del personal del IUPOLC, así como la distribución de los aportes era la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, ya identificada. .(Folio 39, Pieza I) 6.- Memorándum DGORRHH Nº 007597 de fecha 16 de octubre de 2014, emanado de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, dirigido a la Oficina de Auditoría Interna del MPPRiJP, en el que se señala fundamentalmente que la clave de acceso al SiGEFIRRHH, era utilizada por la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, ya identificada, para la autogestión de todo lo referente a la distribución de los aportes, afiliaciones de cuentas, actualización de datas, consulta de saldos, otorgamiento de anticipos, liquidaciones y abonos en cuentas electrónicas tanto masivas como individuales realizadas a través de la conexión tecnológica del sistema Ilamado "BANEsCoNLINE FIDEICOMISO", según contrato Nº 6553, suscrito entre el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIjP) y el ente fiduciario BANESCO, C.A., a nombre del IUPOLC. (Folios 40 al 45, Pieza l) 7.- Memorándum DGORRHH Nº 003402 de fecha 06 de septiembre de 2016 emanado de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, dirigido a la Oficina de Auditoría Interna del MPPRijP, a través. del cual es remitido flujogramas del proceso para cálculo y abono de prestaciones sociales de los años 2012 y 2013, así como, la base de cálculo de los abonos mensuales y trimestrales aplicados a los entes IUPOLC, IUNEP y EFOCUP . (Folios 48 al 50, Pieza I) 8.- Memorándum DGORRHH Nº 004520 de fecha 21 de agosto de 2014, emanado de la Oficina de Recursos Humanos, dirigido a la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, justicia y Paz, en el que se hace referencia a las cantidades dinerarias que debieron ser ajustadas en atención a los aportes que estaban por encima y que serían abonadas de acuerdo a lo estipulado en la LOTTTT por Bs. 299.717,07 y de acuerdo a lo que realmente le correspondía de acuerdo a la LoTTTT por Bs. 2.873.515,57. (folios 51 y 52 Pieza I). 9.- Memorándum DGORRHH-DAP-CTPL Nº 000162 de fecha 16 de abril de 2014, emanado de la Dirección de Administración de Personal, dirigido a la Oficina de Recursos Humanos del MPPRIJP, en el que se pone de manifiesto que del análisis realizado a los cálculos de prestaciones mensuales correspondientes a la antigüedad de los trabajadores del IUPOLC, durante el ejercicio fiscal 2012 se detectaron situaciones presuntamente irregulares en dicho proceso de cálculo y distribución de los recursos asignados. (Folio 53, Pieza l) 10.- Memorándum DGORRHH-DAP-CTPL Nº 000169 de fecha 14 de abril de 2014, emanado de la Coordinación de Trámites y Pasivos Laborales, dirigido a la Directora de Administración de Personal del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en el que se informa que se detectaron inconsistencias en el proceso y distribución de cálculos de prestaciones mensuales, correspondiente a los aportes del antigüedad por concepto de fideicomiso de trabajadores durante el ejercicio fiscal 2012. (Folio 54, Pieza I) página original (tal como se publicó) [Página 10] 11.- Memorándum DGORRHH-DAP-CTPL Nº 023255 de fecha 23 de diciembre de 2013, emanado de la Oficina de Recursos Humanos del MPPRIJP, dirigido a la Oficina de Gestión Administrativa del MPPRIJP, mediante el cual solicita la emisión de órdenes de pago por la cantidad de Bs. 2.306.581,49, a los fines de incrementar las prestaciones sociales al personal empleado y obrero activo. (Folio 55, Pieza l) 12.- Memorándum DGORRHH-DAP-CTPL Nº 022 de fecha 03 de diciembre de 2013, emanado de la Coordinación de Trámites y Pasivos Laborales, dirigido a la Unidad de Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mediante el cual se notifica que se detectaron duplicidad en los conceptos asociados en el módulo de Prestaciones Sociales (Fideicomiso), el cual es utilizado para calcular los aportes y días adicionales a los trabajadores asignados a la nómina del IUPOLC. (Folios 56 y 57, Pieza I) 13.- Memorándum DGORRHH-DAP-CTPL Nº 004080 de fecha 17 de junio de 2014, emanado de la Oficina de Recursos Humanos del MPPRIJP, dirigido a la Oficina de Gestión Administrativa del MPPRIJP, mediante el cual se solicita la emisión de órdenes de pago por la cantidad Bs. 2.306.581,49, a los fines de honrar pasivos laborales correspondiente al 4to trimestre del 2013 y su correspondiente Orden de Pago N.º 20291 de fecha 03 de julio de 2014, emanada de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública. (Folios 58 y 60, Pieza I) 14.- Memorándum DGORRHH-DAP-CTPL Nº 012594 de fecha 03 de diciembre de 2013, emanado de la Oficina de Recursos Humanos del MPPRIJP, dirigido a Ia Oficina de Gestión Administrativa del MPPRIJP, mediante el cual se solicita la emisión de órdenes de pago por la cantidad de Bs. 3.254.257,60 para incrementar prestaciones sociales a empleados y obreros desde el 1ª hasta el 3er trimestre del año 2013 y sus correspondientes órdenes de pago identificadas 17325, 17326, 17327 y 17328 todas del 17 de diciembre de 2013. (Folios 61 al 65, Pieza 1) 15.- Planillas de Evaluación de Desempeño correspondiente al segundo semestre de 2012 (folios 93 al 97 de la Pieza III) y primer y segundo semestre de 2013 (folio 85 al 92 de la Pieza IIl y 78 al 85 de la Pieza I), de la entonces funcionaria Yunilma Anani Maldonado Constante, titular de la cédula de identidad Nº V-10.806.619, de cuyo contenido_se pone de manifiesto dentro de la sección "OBjETivOs DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL", las principales funciones que detentaba la precitada ciudadana. 16.- Flujograma para el proceso de cálculo y abono de las prestaciones sociales, correspondientes a los años fiscales 2012 y 2013. (Folios 71 al 74, Pieza l) 17.- Estados de Cuentas Fiduciarias emanada de la Entidad Banesco Banco Universal, correspondiente a Ciento Ochenta y Dos (182) funcionarios adscrito para la época (2012-2013) al Instituto Universitario de la Policía Científica (IUPOLC), (folios 88 al 230 de la Pieza I y 02 al 39 de la Pieza II); cuyo resumen quedó contenido en el Análisis y Ajustes de los Saldos Depositados a los Trabajadores del IUPOLC, elaborado por Yamira Rada en el mes de diciembre de 2013. (Folio 33 de la Pieza I). 18.- Respuestas ofrecidas por la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, cursante a los folios sesenta y seis (66) al ochenta y tres (83) de la Pieza Il y Ada Milena Ojeda Mendoza, cursante a los folios ochenta y cuatro (84) al noventa y ocho (98) de la Pieza II, al Cuestionario N.º 1 de fecha 19 de febrero de 2014, aplicado por la Oficina de Auditoría Interna del MPPRIJP a la Dirección General de la Oficina de Recursos Humanos, en el que solicitó información en relación con las diferencias entre el monto de los recursos solicitados para el pago de los aportes de las prestaciones sociales y las distribuciones efectuadas mediante los TXT enviados al Banco; las causas por las cuales no se evidencia en el sueldo integral para el cálculo de las prestaciones sociales, la inclusión de la bonificación de fin de año; diferencias entre el monto del cálculos de las prestaciones mensuales efectuadas y el monto de las distribuciones efectuadas a cada trabajador; razones por las cuales se elaboraron cálculos de prestaciones sociales sin que se evidenciaran el abono en la cuenta bancaria mediante TXT. 19.- Memorandum DGOGH-N° 001447 de fecha 18 de abril de 2017, mediante el cual la Directora General de la Oficina de Gestión Humana designa a la funcionaria Yamira Rada Sozaya, titular de la cédula de identidad Nº v-13.504.430 a los fines de que pueda rendir declaración relacionada con los procesos administrativos correspondiente al Depósito de Garantía de. las Prestaciones Sociales por concepto de Fideicomiso. (Folio 76, Pieza III). 20.- Acta de Entrevista de fecha 27 de abril de 2017, rendida por la ciudadana Yamira Rada Sozaya, titular de la cédula de identidad Nº v-13.504.430, especialista en el área de fideicomiso de la Coordinación de Pasivos Laborales de la Dirección de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP) (folios 78 y 79, Pieza III), del cual se extrae lo siguiente: "...TERCERA PREGUNTA: ¿Diga usted, que instrumentos o sistemas se utilizada en los años 2012 y 2013 para la solicitud de recursos, los cálculos y distribución de las Prestaciones Sociales? coNTEsTo: Para el año 2012 se utilizada el sistema de Gestión Financiera de Recursos Humanos (SIGEFIRRHH), a través de los siguientes Módulos de Administración: Prestaciones Mensuales de Antigüedad, Procesos Generados Prestaciones, Conceptos para Prestaciones y Reportes; para el año 2013 Sistema de Garantías y Cálculos de Prestaciones Sociales, y para hacer la respectiva distribución de los aportes solicitado una vez que se encuentra depositado en banco, se realiza a través de un "CargaArchivosFideicomisos", llamado dicha sistema herramienta es proporcionada por la entidad fiduciaria, su función principal es generar archivos texto plano (fonzo3 y fonz04.txt), de acuerdo a los tipos de transacciones, tales como: Aportes, anticipos y finiquitos. CUARTA PREGUNTA: ¿Diga usted, como es el procedimiento para el manejo del sistema al momento de calcular las Prestaciones Sociales del fideicomiso, desde su solicitud hasta su cancelación? conTEsTó: Para la solicitud de los recursos mensuales y Trimestrales lo primordial es que las nóminas de acuerdo al mes estén pagadas y abonadas a cada trabajador, a los fines de proceder a los cálculos mediante los sistemas antes mencionados en la repuesta anterior. QUINTA PREGUNTA: ¿Diga usted, quien es el encargado del manejo del sistema. para el cálculo, solicitud y distribución las Prestaciones Sociales del fideicomiso, de qué manera accede a dichos sistemas, explique? conTEsTó: Es asignado un analista para efectuar los cálculos respectivo, el cual accede al sistema de nómina, a través de un usuario y clave única que lo identifica, en cuanto a la solicitud es respaldada con los reportes definitivos, generados al finalizar el cálculo en archivos PDF, finalmente la distribución es mediante un modulo diseñado por_el sistema llamado "CargaArchivosFideicomisos", para realizar los archivos texto plano (fonz03 y fonz04.txt) del BANEsCONLINE que es un servicio de Banca por Internet para AUTOGESTIONAR los recursos asignados a los Fideicomisos, el cual es cargada con otra clave única asignada al analista, dichas claves solo son manipulada por el analista que esté a. cargo. SEXTA PREGUNTA: ¿Diga usted, existe la posibilidad de que al momento de vaciar la información contenido en filas ocultas en el archivo fuente (Excel) genere abonos a las cuentas fiduciarias individuales de algún trabajador al punto de generar aportes que no le correspondiera? conTEstó: Si, al momento de realizar el cálculo en la herramienta de trabajo Hoja Excel, hubiera celdas ocultas no detectadas por el analista, seria al instante de generar el archivo plano (TXT) en "CargaArchivosFideicomisos"yamencionada,se la visualizarían los espacios en blanco, de la misma forma que el total de los recursos asignados y abonado en banco, el cual debe coincidir entre el monto solicitado con el total de los aportes a distribuir, por lo cual el analista es el encargado de cotejar con los reportes definitivos la cantidad solicitada. SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Diga usted, si para el año 2012 se consideraron las alícuotas del bono vacacional y bonificación de fin de año de acuerdo a lo contemplado en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo (LoT) vigente hasta el 06/05/2012 y la reforma contemplada en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), explique? conTEsTÓ: Durante el año fiscal 2012, se continuo trabajando según lo establecido en el artículo 108 en la antigua Lot, motivado a que el Sistema de Gestión Financiera de Recursos Humanos (SIGEFIRRHH) no tenia los parámetros pertinentes para realizar el ajuste contemplado en la. nueva Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras (LoTTT), el cual entro en vigencia. Es de resaltar que se continuo calculando y abonando CiNCO (05) días por mes por concepto de Prestaciones de antigüedad, a los fines de no perjudicar aquellos trabajadores que no habían disfrutado de la cancelación el Bono Vacacional, es decir, antes de la modificación del cálculo de Prestaciones Sociales el concepto de Bono Vacacional, formaba parte del salario integral, después de la reforma, la asignación antes mencionada, se contemplaría una % parte trimestral, identificada como alícuota del Bono Vacacional..." En el marco del presente procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades y en resguardo al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 15 de septiembre de 2017, según consta en el Oficio Nº MPPRIJP-AI-DDR-30 de fecha 13 del mismo mes y año (folios 10 y 11 y sus vueltos de la Pieza IV del expediente administrativo), se notificó de su inicio a la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, titular de la cédula de identidad N° V-10.809.619; en esa oportunidad y formando parte integra de la notificación aludida, se acompañó un ejemplar del auto de inicio en comentario que contiene, de manera pormenorizada, la descripción de los actos, hechos u omisiones presuntamente irregulares y los soportes documentales que sirvieron de sustento a este órgano de control fiscal interno para sostener las imputaciones efectuadas. De igual manera, le fue advertido que disponía de quince (15) días hábiles para presentar argumentos de defensa y promover los medios probatorios, que estimara necesarios para su mejor defensa, las cuales de ser procedentes, serían admitidas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su indicación y podrían ser evacuadas, de ser necesario, antes del acto oral y público, circunstanciaría que fue advertida de forma expresa mediante auto que se estamparía en el expediente administrativo. En este contexto, es conveniente señalar que en fecha 06 de octubre de 2017 (folios 13 al 23 y sus respectivos vueltos, Pieza IV del expediente administrativo), la interesada legítima ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, consignó en tiempo hábil escrito página original (tal como se publicó) [Página 11] constante de seis (6) folios útiles con cinco (5) anexos, mediante el cual expuso los argumentos e indicó elementos probatorios que a su juicio son favorables a su defensa de conformidad con lo previsto en el artículo 99 de la LOCGRYSNCF, en concordancia con el artículo 91 de su Reglamento. Il MOTIVA La ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, ya identificada, estando en el lapso a que aluden los artículos 99 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 91 de su Reglamento, en el escrito aludido presentó sus argumentos de defensa y promovió pruebas, en los términos siguientes: "...Promuevo como Prueba en Anexo 1: Cálculo de Prestaciones de Antigüedad desde ENE/2012 a Dic/2013 (con acreditación según trimestre Ley: Julio- Octubre-Enero-Abril) signada con la letra 'A' en tres folios útiles, en donde se evidencian que los abonos correspondientes a mis prestaciones y garantías de antigüedad para ese período, no son en ningún caso, los montos señalados por la Coordinación de Pasivos Laborales del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIjP) y que, de acuerdo al Informe. Definitivo Credencial No. DCP-00042-AO- 2014-01 de fecha 3/06/2014 e Informe Técnico de fecha 28/11/2016, ascienden a la cantidad de Bolívares Cuarenta y Un Mil Setecientos Veintiocho con 45/100 (41.728,45), siendo reflejado en los precitados documentos, un aporte adicional tramitado presuntamente a mi favor por Bolívares Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres con 08/100 (39.833,08) para un total abonado de Ochenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Un Bolívares con 53/100 (81.561,53). Este documento se acompaña a los efectos de probar que, en el cálculo de prestaciones y garantías de antigüedad correspondiente al periodo antes mencionado y presentados. en los Informes Técnicos a que se hace referencia por la cantidad de Cuarenta y Un Mil Setecientos Veintiocho con 45/100 (41.728,45), no estaban contempladas las alícuotas o incidencias del bono vacacional y utilidades, ni se considero el abono de los días adicionales correspondiente a los años 2012 y 2013, asimismo, para ambos periodos de ley, no se tomaron en cuenta los montos resultantes del cálculo de los bonos vacacionales de los referidos años dentro de la base de cálculo salarial (salario integral), lo cual resulta contrario a las disposiciones legales y constitucionales que rigen la materia, contempladas en los Art. 133 y 108 de la LOT, Art.77 RLOT y Art. 122 y 142 de la LOTTT (...) En los cálculos mostrados en el Anexo 1: Cálculo de Prestaciones de Antigüedad desde ENE/2012 a Dic/2013 (con acreditación según trimestre Ley: Julio -Octubre-Enero- Abril), se reflejan, por una parte, la incorporación a la base de cálculo salarial, de la cuota parte de lo percibido por concepto de bono vacacional y bonificación de fin de año (aguinaldos) de acuerdo a lo contemplado en el Art. 133 de la LOT y Artículos 104 y 122 de la reforma de la LOTTT a partir del 07/05/12, y por otra, los días de prestaciones que hasta abril/2012 se calculaban a razón de 5 días por mes y con la reforma de la LOTtT pasaron a efectuarse bajo un nuevo sistema de acreditación equivalente a pagos trimestrales (15 días), de igual modo, se contemplan en el mes de Abril de los años 2012 y 2013, los montos por bono vacacional a razón de 40 días, beneficio establecido en la Cláusula Décima Novena del bono vacacional, contemplada en la Convención Colectiva Marco de los funcionarios de la Administración Pública Nacional a partir del 2004 y los días adicionales de conformidad con lo establecido en los Art. 108 de la LOT y 142 literal 'b' de la LOTTT, ascendiendo a la suma que el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRiJP) debió aportar por Ley por concepto de Prestaciones y Garantía de Antigüedad de los años antes citados, de Ochenta Mil Setecientos Ochenta y Nueve Mil Bolívares con 16/100 (80.789,16). En este mismo orden de argumentos, resulta claro entonces que, para las prestaciones establecidas en la derogada Ley Orgánica del Trabajo de 1997, como la prevista en la vigente Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, se debió considerar como base de cálculo el salario normal devengado, más las alícuotas del bono vacacional y bonificación de fin de año, asimismo, los montos correspondientes a los bonos vacacionales de los años 2012 y 2013, y no como se señala en el acta de entrevista de fecha 27/04/17 en donde se afirma, que este último sólo forma parte de la base de cálculo antes de la reforma y que para. la entrada en vigencia de la LoTTT, se contemplaba unicamente su cuota parte trimestral." (SIC) A mayor abundamiento, la interesada legítima hace referencia a la Sentencia N.º 263 de fecha 24 de octubre de 2001, proferida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se hace referencia los conceptos de naturaleza salarial que deben ser considerados para el cálculo de los beneficios laborales que corresponden a los trabajadores; adicionalmente, trae a colación la Sentencia N.º 0609 emanada de la misma Sala, que resuelve Recurso de Casación y ratifica el criterio de que el bono vacacional forma parte del salario devengado por el trabajador, a los fines del pago de la prestación de antigüedad. Con base en las anteriores argumentaciones concluye, de acuerdo al Anexo 1 del escrito de defensa que se analiza, que el "...aporte adicional real y ajustado a derecho, de Bolívares Setecientos Veinticuatro Mil con 31/100 (724,31) y no de Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres con 08/100 (39.833,08), como aparece evidenciado en los Informes Técnicos de fechas administrativo..." Énfasis del texto original. (SIC). Sostiene la interesada legítima que en el ".Informe Definitivo Credencial N.º DCP-00042-AO-2014-01 de fecha 3/062014, Informe Técnico de fecha 28/11/2016 y demás documentos que sustentan el procedimiento administrativo..." no fueron considerados los conceptos salariales en los cálculos, a saber: "Alícuotas o incidencias del adicionales (...) ni las alícuotas del bono vacacional y las utilidades y su incidencia en la base de cálculo salarial por este concepto.", "...el sueldo integral del mes de Diciembre 2012 y 2013 en base al ultimo salario devengado, tomando en montos por concepto de aguinaldos cuenta los correspondientes a 90 días" y "En el mes de abril 2013 erróneamente colocaron la cantidad de bs. 693,43 que forma parte de la sumatoria presentada de Cuarenta y Un Mil Setecientos Veintiocho con 45/100 (41.728,45)." Énfasis del texto original. (SIC). A continuación la interesada legítima incorpora en su escrito contentivo de argumentos una serie de análisis que, en su criterio, resultan aplicables y sostiene que "...tampoco se consideraron en dichos cálculos los montos correspondientes a los días adicionales consagrados en el Art. 108 de la LOT y 142 literal 'b' de la LOTTT que contemplan el cómputo de dos (2) días adicionales por cada año cumplido, que fuere el segundo año de servicio o fracción superior a seis (6) meses (...) cuyo cálculo debió efectuarse con base al salario integral mensual devengado incluyendo la alícuotas de las utilidades y bono vacacional...." (SiC) Destaca que. para "...los meses Octubre, Noviembre y Diciembre 2013 se comenzaron a considerar en la base de cálculo salarial las alícuotas del bono vacacional y las utilidades de acuerdo a lo establecido en la Ley, sin embargo, los cálculos de la_alícuota del bono vacacional para los meses antes señalados están errados ya que consideraron como número de días bonificados diecinueve (19) días y no cuenta (40) días como establece la cláusula décima novena, del bono vacacional, correspondiente a la convención colectiva marco de los funcionarios de la administración pública nacional..." Énfasis del texto original. (SIC). Finalmente, concluye respecto a la liquidación de su fideicomiso que "..fue abonado por error involuntario y motivado a subsanar una emergencia impostergable relacionada con la cancelación de [su] vivienda principal (que en ningún momento tuvo carácter dolosa contra la Administración Pública), es preciso indicar, que pudo haberse subsanado sí las normas,_ manuales de procedimientos, indicadores de gestión, índices de rendimiento y demás instrumentos o métodos específicos se hubieran aplicado con celeridad y prontitud por el sistema de control interno a que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema sean admitidas, evacuadas y sustanciadas conforme a derecho y. valoradas para demostrar la ausencia de culpa y dolo..." Énfasis del texto original. (SIC). Ahora bien, llegada la oportunidad procedimental a que alude los artículos 101 de la LOCGRYSNCF y 92 al 97 de su Reglamento, ambos inclusive, a saber el 30 de octubre de 2017, a las 10:00 a.m., se dio formal inicio al Acto Oral y Público con las formalidades del caso y se concedió el derecho de palabra a la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, ya identificada, asistida en este acto por el ciudadano Alexis Antonio Ortiz Rodríguez, titular de la cédula de identidad N.º V-2.985.365, Inpreabogado N°33.916; la precitada ciudadana expuso los argumentos que consideró le asistían para la mejor defensa de sus derechos e intereses, lo cual hizo en los términos siguientes: "Primeramente, como interesada legítima en el procedimiento administrativo en el caso que se ocupa, y a los fines de garantizar mi legítimo derecho a la defensa, presunción de inocencia, debido proceso, y protección de honor, derechos y garantías, paso a ratificar el contenido de los informes consignados a la Dirección de Control Posterior de la Oficina de Auditoría Interna, de fecha 13 de marzo de 2017, y 27 de marzo de 2017, asimismo del contenido del Informe consignado ante de Dirección de Determinaciones de Responsabilidades de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, de fecha 06 de octubre del 2017, en los cuales se evidencia omisiones en la herramienta de trabajo suministrada por este Ente y denominada SIGEFIRRHH, página original (tal como se publicó) [Página 12] módulo de prestaciones sociales y perteneciente a éste Ministerio, en el cual se refleja no parametrización de todos y cada uno de los conceptos salariales requeridos para el cálculo de la prestación de antigüedad de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 133 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente hasta el 06 de mayo de 2012 y la reforma contemplada en el artículo 142 de Ia LOTT, a partir del 07 de mayo de 2012. Esta omisión en la herramienta de trabajo que debió estar parametrizada según lo contemplado en las leyes antes señaladas trajo como consecuencia, alteración en la base de cálculo salariales en virtud de que en lo que respeta al salario de cálculo de los 182 trabajadores adscritos al IUPOLC, para el ejercicio fiscal 2012 y 2013, no se tomaron en consideración inicialmente todos los conceptos que lo integran, es decir, no se consideraron las alícuotas del bono vacaciones y de las utilidades, lo que generó cálculos estimados por debajo de la Ley, evidenciando claramente fallas de control en la administración, quien debió garantizar, vigilar y fiscalizar el eficaz funcionamiento de la herramienta, velando para que la misma contemplará el cálculo del beneficio ajustado a derecho, por lo cual considero que no hubo negligencia en la realización del acto que pudiera ocasionar daño a la República, ya que, de acuerdo a lo ya mencionado la Coordinación de Trámite de Pasivos Laborales estaba en cuenta, de esa irregularidad, y al hacer la observación en repetidas oportunidades, por parte de mi persona, se me comunicó que la misma estaba haciendo objeto de parametrización, por parte de la unidad de sistemas adscritas al ministerio, y que dichos ajustes serían efectuados para el ejercicio fiscal 2014, ajustes estos que se efectuaron en fecha posterior a mi trasferencia para el área de prestaciones sociales jubilados de este mismo Ente, asimismo quiero dejar constancia de que el abono a mi cuenta, que se señala de 39.833,08 bolívares quedó claramente explicado en el Informe consignado el 06 de octubre del año 20i7, y que presentado por este Ministerio, de acuerdo a los informes definitivos credencial DCP-00042-AO-2014-01 de fecha 03/06/2014 e Informe Técnico de fecha 28/11/2016, en donde presuntamente se refleja un aporte adicional tramitado presuntamente a mi favor por esta cantidad, en este sentido es preciso acotar que dicho cálculo de prestaciones y garantía de antigüedad, presentado en dicho informe, no contemplan ni las alícuotas de bono vacacional ni de utilidades, ni se considera los abonos de días adicionales, correspondientes a estos años, finalmente quiero acotar que nunca he actuado con mala fe, para causar un daño a la Institución en la cual preste 19 años de servicios continuos al servicio del IUPOLC y posteriormente un año en el Ministerio, por lo cual quedo a disposición de si existe algún reparo que subsanar sea efectuado a través de mis prestaciones sociales que hasta los actuales momentos no me han sido abonadas, las cuales llevan un retardo de tres (3) años. Es todo.” (SiC) De todo lo actuado se dejó constancia en Actas de fecha 30 de octubre de 2017, levantadas al efecto, que permiten evidenciar los términos y condiciones en que se desarrolló el acto oral y público, actas que cursan a los folios 24 al 27 y sus respectivos vueltos de la Pieza IV del expediente administrativo identificado MPPRIJ-AI-PADR-005-2017. Analizados los argumentos de defensa y los soportes documentales cursantes en autos, así como los promovidos por la interesada legítima en el marco del procedimiento administrativo que nos ocupa, se pone de manifiesto que sus dichos, contenidos en el escrito presentado en fecha 06 de octubre de 2017, están orientados fundamentalmente a demostrar que los montos señalados por la Coordinación de Pasivos Laborales del MPPRiJP, no se corresponden con los que realmente se deben por concepto de prestaciones y garantías de antigüedad para el período comprendido entre enero 2012 a diciembre 2013 a tal efecto, presenta una serie de cálculos que forman parte del escrito presentado por la interesada; aduce que los cálculos efectuados por el MPPRijP, no contemplan las alícuotas o incidencias del bono vacacional y utilidades, ni consideró el abono de los días adicionales correspondiente a los años 2012 y 2013, que para ambos períodos, el órgano no tomó en cuenta los montos resultantes del cálculo de los bonos vacacionales de los referidos años dentro de la base de cálculo salarial (salario integral). Que los días de prestaciones que hasta abril/2o12 se calculaban a razón de 5 días por mes y con la reforma de la LoTTT pasaron a efectuarse bajo un nuevo sistema de acreditación equivalente a pagos trimestrales (15 días) por lo que estima que el MPPRijP, debió aportar por concepto de Prestaciones y Garantía de Antigüedad Ochenta Mil Setecientos Ochenta y Nueve Mil Bolívares con 16/100 (80.789,16). Que se debió considerar como base de cálculo el salario normal devengado, más las alícuotas del bono vacacional y bonificación de fin de año, asimismo, los montos correspondientes a los bonos vacacionales de los años 2012 y 2013, y no como se señala en el acta de entrevista de fecha 27 de abril de 2017 en donde se afirma, que este último sólo forma parte de la base de cálculo antes de la reforma y que para la entrada en vigencia de la Lotrt, se contemplaba unicamente su cuota parte trimestral. Que de acuerdo al Anexo 1 del escrito de defensa que se analiza, que el aporte adicional real y ajustado a derecho, de Bolívares Setecientos Veinticuatro Mil con 31/100 (724,31) y no de Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres con 08/100 (39.833,08), como aparece evidenciado en los Informes Técnicos de fechas 03/06/2014 y 28/11/2016, que soportan el procedimiento administrativo. Conteste con los argumentos precedentemente expuestos, en acto oral y público, además de ratificar los escritos de fechas 13 y 26 de marzo de 2017 insertos en el expediente administrativo, esencialmente indicó lo que a continuación se explana: Que el SIGEFIRRHH, en el módulo de prestaciones sociales, no contempla todos y cada uno de los conceptos salariales requeridos para el cálculo de la prestación de antigüedad de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 133 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente hasta el 06 de mayo de 2012 y la reforma contemplada en el artículo 142 dé la LOTTT, a partir del 07 de mayo de 2012. En esa oportunidad reiteró que el abono adicional por concepto de prestaciones y garantía de antigüedad tramitado presuntamente a su favor por Bs. 39.833,08, quedó claramente explicado en el escrito consignado por la interesada el 06 de octubre del año 2017 y dicho abono no contempló las alícuotas de bono vacacional, de utilidades, ni consideró los abonos de días adicionales. Ahora bien, en atención a los argumentos de defensa presentados por la interesada legítima, quien suscribe estima pertinente reiterar que los hechos imputados en el auto de apertura del presente procedimiento administrativo guardan relación con el abono a su favor de un total de dieciséis (16) importes efectuados durante los años 2012 y 2013, como se observa en los correspondientes estados de cuentas individuales; dichas transferencias de fondos, representan un total que asciende a Ochenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Un Bolívares con Cincuenta y Tres Céntimos (Bs. 81.561,53), siendo que de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable, el monto que debió ser pagado es de Cuarenta y Un Mil Setecientos Veintiocho Bolívares con Cuarenta y Cinco (Bs. 41.728,45), lo cual refleja un abono adicional por la cantidad de Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y tres Bolívares con Ocho Céntimos (Bs. 39.833,08). Vistas las circunstancias fácticas que dieron origen al presente procedimiento y los argumentos y pruebas aportados por la interesada legítima, se tiene que al analizar los argumentos de defensa opuestos y, en este sentido, hace referencia a los escritos presentados en el marco de la Potestad de Investigación por ante la Dirección de Control Posterior de la Oficina de Auditoría Interna del MPPRIJP, a saber: los fechados 13 de marzo de 2017 (folios 50 al 59 de la Pieza Il del expediente administrativo) y 27 de marzo de 2017 (folios 101 al 244 de la Pieza Il y 2 al 73 de la Pieza III), ambos ratificados por la precitada ciudadana con ocasión de la exposición efectuada en el marco del acto oral y público de fecha 30 de octubre de 2017. Se observa, tanto del contenido de los escritos supra mencionados (13 y 27 de marzo de 2017), como de los argumentos de defensa esgrimidos en el marco del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, que la interesada legítima sostiene que el Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos (SIGEFIRRHH), no contemplaba las alícuotas o incidencias del bono vacacional y bonificación de fin de año de acuerdo a lo previsto en los artículos 108 y 133 de la Ley Orgánica del Trabajo (derogada) y en el artículo 142 de la vigente Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), aunado al hecho que los días de prestaciones sociales bajo el esquema de la Ley derogada se calculaban a razón de 5 días por mes y con el vigente instrumento legal la acreditación se hace de manera trimestral, oportunidad en la que se abonan 15 días. Adicionalmente, la interesada legítima, en el marco de la potestad de investigación, expresamente admitió que las situaciones evidenciadas por este órgano de control fiscal interno son consecuencias de un error de carácter involuntario, debido a que al efectuar el vaciado de la información del archivo en Excel a la data del ente fiduciario a través de las funciones copiado y pegado de datos, uno de estos datos se encontraba en una fila oculta. De allí que la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, suficientemente identificada, pretende justificar los hechos que motivaron el inicio del presente procedimiento administrativo por una parte, en las alegadas omisiones que, a su decir, presentaba el SIGEFIRRHH y por la otra, a la existencia de filas ocultas en los archivos electrónicos que sirvieron de fundamento para elaborar los TXT indicados por la precitada ciudadana; sin embargo, en el escrito recibido en este órgano de control interno el 13 de marzo de 2017, ratificado por la interesada legítima en acto oral y público, admite expresamente que realizó abonos adicionales en su cuenta individual por la cantidad de Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres Bolívares con 09/100 (Bs. 39.833,09), reconocimiento expreso que lejos de desvirtuar el hecho imputado, lo confirma. Respecto a la presencia de filas ocultas, quien suscribe estima conveniente traer a colación el contenido del Acta de Entrevista de fecha 27 de abril de 2017, rendida por la funcionaria Yamira Rada Sozaya, titular de la cédula de identidad N.º v-13.504.430, Profesional I, adscrita a la Dirección de Gestión Humana, Coordinación de Pasivos Laborales de este Ministerio, ante la Dirección de Control Posterior de la Oficina de Auditoría Interna, que riela a los folios 77 y 78 de la Pieza IIl del expediente administrativo, cuyo contenido permite descartar la posibilidad de que tales filas ocultas pudieran pasar desapercibidas por parte del Analista responsable de realizar los trámites administrativos internos que involucraban, entre otros, los cálculos mensuales por concepto de prestaciones sociales. página original (tal como se publicó) [Página 13] Así, la de ponente, ciudadana Yamira Rada Sozaya, manifestó ante la interrogante (SEXTA), referida a la posibilidad de que al momento de vaciar la información contenida en filas ocultas, en el archivo fuente (Excel), se generaran abonos a las cuentas fiduciarias individuales de algún trabajador de cantidades que no les correspondían que "Si, al momento de realizar el cálculo en la herramienta de trabajo Hoja Excel, hubiera celdas ocultas no detectadas por el analista, sería al instante de generar el archivo plano (TXT) en la 'CargaArchivosFideicomisos' ya mencionada, se visualizarían los espacios en blanco, de la misma forma que el total de los recursos asignados y abonado en banco, el cual debe coincidir entre el monto solicitado con el total de los aportes a distribuir, por lo cual el analista es el encargado de cotejar con los reportes definitivos la cantidad solicitada...". De allí que, primariamente, los argumentos esgrimidos por la interesada legítima y que guardan relación con la presunta existencia de filas ocultas, carece de fundamento y por ende, debe ser desestimado. En lo que atañe a que el "Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos" (SIGEFIRRHH), no estaba adaptado a los cambios normativos que introdujo la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LoTTT), resulta imprescindible para quien suscribe, efectuar las consideraciones siguientes: Tanto la derogada Ley Orgánica del Trabajo, como en la vigente Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores (LOTTT) reconocen, a favor de los trabajadores, beneficios que pueden traducirse en retribuciones monetarias y, por ende, deben ser abonadas en cuenta individuales, receptoras, entre otros de los montos resultantes por concepto de prestaciones de antigüedad, definidas así en la primera de las mencionadas y, prestaciones sociales, en el vigente instrumento legal supra mencionado. Así el artículo 108 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo (LOT), publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.152 Extraordinario de fecha 19 de junio de 1997, establecía: "Después del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes. Después del primer año de servicio, o fracción superior a seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, el patrono pagará al trabajador adicionalmente dos (2) días de salario, por cada año, por concepto de prestación de antigüedad, acumulativos hasta treinta (30) días de salario. La prestación de antigüedad, atendiendo a la voluntad del trabajador, requerida previamente por escrito, se depositará y liquidará mensualmente, en forma definitiva, en un fideicomiso individual o en un Fondo de Prestaciones de Antigüedad o se acreditará mensualmente a su nombre, también en forma definitiva, en la contabilidad de la empresa. Lo depositado o acreditado mensualmente se pagará al término de la relación de trabajo y devengará intereses según las siguientes opciones: a) Al rendimiento que produzcan los fideicomisos o los Fondos de Prestaciones de Antigüedad, según sea el caso y, en ausencia de éstos o hasta que los mismos se crearen, a la tasa del mercado si fuere en una entidad financiera; b) A la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país; si el trabajador hubiese requerido que los depósitos se efectuasen en un fideicomiso individual o en un Fondo de Prestaciones de Antigüedad o en una entidad financiera, y el patrono no cumpliera con lo solicitado; y c) A la tasa promedio entre la activa y pasiva, determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país, si fuere en la contabilidad de la empresa." La norma transcrita parcialmente, regula lo concerniente al derecho que nace en favor de los trabajadores a la prestación de antigüedad (hoy prestaciones sociales), como consecuencia directa de una relación laboral, una vez que se verifica, determinada circunstancia temporal; adicionalmente, prevé lo relativo al cálculo y las figuras que ha dispuesto el legislador para que tales cantidades dinerarias sean acreditadas, a saber: i) en el fideicomiso individual a nombre del trabajador, ii) en un Fondo de Prestaciones de Antigüedad o iii) en la contabilidad de la empresa. En cuanto al cálculo que el patrono estaba llamado a realizar, la norma bajo análisis disponía que a partir del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tenía derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por mes completo laborado. Asimismo se contemplaba que a partir del primer año de servicio o fracción superior a seis (6) meses de servicio, el trabajador tenía derecho a percibir dos (2) días adicionales, acumulativos hasta treinta (30) días. Este concepto generaba intereses en tres (3) modalidades: 1) al rendimiento del fideicomiso individual o del Fondo de Prestaciones de Antigüedad; 2) a la tasa activa de los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país si el trabajador hubiese requerido que los depósitos se efectuasen en un fideicomiso individual o en un Fondo de Prestaciones de Antigüedad o en una entidad financiera, y el patrono no cumpliera con lo solicitado y, 3) si tales cantidades estuviesen en la contabilidad de la empresa, a la tasa activa y pasiva, determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país. Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.076 Extraordinario del 07 de mayo de 2012, se incorporaron algunas innovaciones, con la finalidad de atender la voluntad del constituyentista plasmada en el artículo 92 del texto fundamental y que quedó expresada como se indica: "Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los ampare en caso de cesantía." En desarrollo del precepto constitucional, el artículo 141 Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, estableció que: "Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los ampare en caso de cesantía. El régimen de prestaciones sociales regulado en la presente Ley establece el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio, calculado con el último salario devengado por el trabajador o trabajadora al finalizar la relación laboral, garantizando la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales. Las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozan de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal.". En lo que atañe al cálculo y oportunidad de pago de las prestaciones sociales el artículo 142 del vigente instrumento legal que se analiza establece: "Las prestaciones sociales se protegerán, calcularán y pagarán de la siguiente manera: a) El patrono o patrona depositará a cada trabajador o trabajadora por concepto de garantía de las prestaciones sociales el equivalente a quince días cada trimestre, calculado con base al último salario devengado. El derecho a este depósito se adquiere desde el momento de iniciar el trimestre. b) Adicionalmente y después del primer año de servicio, el patrono o patrona depositará a cada trabajador o trabajadora dos días de salario, por cada año, acumulativos hasta treinta días de salario. c) Cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa se calcularán las prestaciones sociales con báse a treinta días por cada año se servicio o fracción superior a los seis meses calculada al último salario. d) El trabajador o trabajadora recibirá por concepto de prestaciones sociales el monto que resulte mayor entre el total de la garantía depositada de acuerdo a lo establecido en los literales a y b, y el cálculo efectuado al final de la relación laboral de acuerdo al literal c. e) Si la relación de trabajo termina antes de los tres primeros meses, el pago que le corresponde al trabajador o trabajadora por concepto de prestaciones sociales será de cinco días de salario por mes trabajado o fracción. f) El pago de las prestaciones sociales se hará dentro de los cinco días siguientes a la terminación de la relación laboral, y de no cumplirse el pago generará intereses de mora a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis principales bancos del país” Del contenido de los artículos 108 de la Ley Orgánica de Trabajo y 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), se pone de manifiesto la existencia de algunas variantes tales como la oportunidad en que se depositará y liquidará el monto que resulte por concepto de prestación sociales, como se le ha denominado a este beneficio en el último de los instrumentos mencionados, manteniéndose incólume el núcleo esencial de este derecho; tal afirmación deviene del hecho que bajo la derogada Ley, una vez alcanzados determinados requisitos de antigüedad, el trabajador sería acreedor de cinco (5) días- por concepto de prestación de antigüedad que serían liquidados y depositados bien sea en una cuenta de fideicomiso individual o en el Fondo de Prestaciones de Antigüedad o en la contabilidad del patrono. Bajo la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), la oportunidad en que debe efectuarse un depósito equivalente a quince (15) días por concepto de garantía de página original (tal como se publicó) [Página 14] prestaciones sociales se hará de manera trimestral; lo cual permite sostener que el factor de cálculo por cada mes, equivale a cinco (5) días como estaba previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, derogada, se. mantiene en el tiempo, variando consecuentemente, lo relativo a la oportunidad en que debe hacerse el correspondiente abono, todo ello con independencia del cálculo de los respectivos intereses. Sin perjuicio de las consideraciones que anteceden tal beneficio constituye un derecho adquirido por el trabajador que en atención a los servicios prestados durante la vigencia de una relación laboral, recompensa su antigüedad, al tiempo que se constituye un amparo económico que permitirá su sustento y el de su familia en caso de cesantía. Efectuadas las anteriores consideraciones, se estima conveniente traer a colación nuevamente, el contenido del Acta de Entrevista de fecha 27 de abril de 2017 (folio 77 y 78 Pieza II1 del expediente administrativo), rendida por la funcionaria Yamira Rada Sozaya, antes identificada, de cuyo análisis se descarta la posibilidad que la falta de adecuación del "Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos (SIGEFIRRHH)", a los cambios normativos que introdujo la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), fuese la causa de los errores en los cálculos evidenciados en el marco de la actuación de control fiscal y que sirvieron de fundamento para formalizar la presente potestad de investigación. En este sentido la declarante ciudadana Yamira Rada Sozaya, antes mencionada, manifestó ante la interrogante (SÉPTIMA), referida a si para el año 2012 se consideraron las alícuotas del bono vacacional y bonificación de fin de año de acuerdo a lo contemplado en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) vigente hasta el 06/05/2012 y la reforma contemplada en los artículos 141 y 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), que "Durante el año fiscal 2012 se continuó trabajando según lo establecido en el artículo 108 en la antigua LOT, motivado a que el Sistema de Gestión Financiera de Recursos Humanos (SIGEFIRRHH) no tenía los parámetros pertinentes para realizar el ajuste contemplado en la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), el cual entró en vigencia. Es de resaltar que se continuó calculando y abonando Cinão (5) días por mes por concepto de Prestaciones de antigüedad, a los fines de no perjudicar aquellos trabajadores que no habían disfrutado de la cancelación el Bono Vacacional, es decir, antes de la modificación del cálculo de Prestaciones Sociales el concepto de Bono Vacacional, formaba parte del salario integral, después de la reforma, la asignación antes mencionada, se contemplaría una cuarta (%/) parte trimestral, identificada como alícuota del Bono Vacacional..." (SIC). (Énfasis añadido). En este sentido, mediante memorando identificado con las siglas y números DGORRHH N.º 003402 de fecha 06 de septiembre de 2016 (folios 48 al 50 de la Pieza 1 del expediente administrativo), la Oficina de Recursos Humanos del MPPRijP señaló, entre otros aspectos, cual es la base de cálculo de los abonos mensuales y trimestrales aplicados a los entes IUPOLC, IUNEP y EFOCUP. Al analizar el contenido del documento aludido y las declaraciones rendidas por la ciudadana Yamira Rada Sozaya, antes mencionada, se hace patente las coincidencias respecto de los conceptos que debían ser incluidos a los fines de efectuar los cálculos por concepto de prestaciones de antigüedad hoy prestaciones sociales. Así se tiene que para el ejercicio económico financiero 2012, se constató que para los cálculos realizados se tomaron en consideración los conceptos de Sueldo Básico + Compensaciones + Primas, Horas Extras + Bono Vacacional + Bono Fin de Año, y la formula siguiente: Remuneración Mensual / 30 días * 5 días, tal como lo establece el Artículo 108 de. la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), ley vigente hasta el 07/05/2012. A partir del ejercicio económico financiero 2013, los abonos se realizaban de forma trimestral con fundamento en lo establecido en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), aplicando la base de cálculo correspondiente: Sueldo Básico + Compensaciones + Primas, Horas Extras + Alícuotas del Bono Vacacional + Bonificación de fin de Año, y la formula que se describe a continuación: Salario Integral / 30 días * 15 días. De lo anteriormente expuesto, quien suscribe concluye que independientemente de los cambios normativos y de que el "Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos (SIGEFIRRHH)", utilizado para el cálculo de aportes y días adicionales a los trabajadores de la nómina del Instituto Universitario de Policía Científica (IUPoLC), aún no había sido ajustado en cuanto a la periodicidad para abonar el importe monetario producto de los cálculos respectivos en atención a la legislación vigente (LoTTT), en la práctica tal circunstancia no afectó el derecho de los servidores públicos adscritos al ente en referencia, situación que, además, es ratificada en la declaración de la funcionaria de la Oficina de Gestión Humana del cuya declaración se transcribió precedentemente. En relación a la Sentencia N.º 263 de fecha 24 de octubre de 2001, emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se hace referencia los conceptos de naturaleza salarial que deben ser considerados para el cálculo de los beneficios laborales que corresponden a los trabajadores y la Sentencia N.º 0609 emanada de la misma Sala, que resuelve Recurso de Casación y ratifica el criterio de que el bono vacacional forma parte del salario devengado por el trabajador, a los fines del pago de la prestación de antigüedad, es menester indicar que tales conceptos, en todo momento, han sido honrados por el MPPRijP no constituyendo objeto de controversia en la presente causa. La anterior afirmación, tiene asidero por una parte, en la evidencia cursante en autos que permite soportar que los cálculos efectuados bajo la vigencia de los instrumentos legales analizados (LOT y LOTTT), ciertamente contemplan todos los conceptos previstos por el legislador, aludidos en las sentencias referidas y, por la otra, que los argumentos y pruebas aportadas por la interesada, no desvirtúan el hecho de haber efectuado dieciséis (16) abonos por un monto de Ochenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Un Bolívares con Cincuenta y Tres Céntimos (Bs. 81.561,53), durante los años 2012 y 2013, en su cuenta individual fiduciaria; siendo que de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras, el monto que debió ser pagado ascendía a Cuarenta y Un Mil Setecientos Veintiocho Bolívares con Cuarenta y Cinco (Bs. 41.728,45), lo cual refleja un abono adicional por la cantidad de Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y tres Bolívares con Ocho Céntimos (Bs. 39.833,08). Aunado a lo anterior, también se tiene que los argumentos y pruebas de la interesada legítima no son capaces de desvirtuar que de un total de doscientos veinticinco (225) trabajadores (empleados, obreros y contratados) adscritos a la nomina del IUPOLC, ciento ochenta y dos (182) de ellos recibieron aportes por debajo de lo que les correspondía por Ley, teniendo como resultado una diferencia de Trescientos Seis Mil Ciento Cuarenta y Un Bolívares con Seis Céntimos (Bs. 306.141,06). Por las razones expuestas, quien suscribe desecha los argumentos de defensa presentados por la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, ya identificada. Así se decide. Ahora bien, asimismo entre los argumentos de defensa y los soportes documentales cursantes en autos, así como los promovidos por la interesada legítima en el marco del procedimiento administrativo que nos ocupa, se pone de manifiesto que sus dichos, contenidos en el escrito presentado en fecha 06 de octubre de 2017, mediante el cual señala que el monto de Bs. 39.833,09 abonado a su cuenta individual fiduciaria, fue producto de un error involuntario y motivado a subsanar una emergencia impostergable relacionada con la cancelación de su vivienda principal, manifestando además que su actuación en ningún momento tuvo carácter dolosa contra la Administración Pública, asimismo en acto oral y público, además de ratificar los escritos de fechas 13 y 26 de marzo de 2017, insertos en el expediente administrativo, esencialmente indicó lo que a continuación se explana. Que, en lo que respeta al salario de cálculo de los 182 trabajadores adscritos al 1UPOLC, para el ejercicio fiscal 2012 y 2013, no se tomaron en consideración inicialmente todos los conceptos que lo integran, es decir, no se consideraron las alícuotas del bono vacaciones y de las utilidades, lo que generó cálculos estimados por debajo de la Ley, evidenciando claramente fallas de control en la administración, quien debió garantizar, vigilar y fiscalizar el eficaz funcionamiento de la herramienta, velando para que la misma contemplará el cálculo del beneficio ajustado a derecho, por lo cual consideró que no hubo negligencia en la realización del acto que pudiera ocasionar daño a la República, ya que, de acuerdo a lo ya mencionado, la Coordinación de Trámites de Pasivos Laborales del MPPRijP, estaba en cuenta de esa situación y que al hacer la observación en repetidas oportunidades, a su decir, se le habría comunicado que tales conceptos estaban siendo objeto de parametrización, por parte de la unidad de sistemas adscritas al Ministerio, y que dichos ajustes serían efectuados para el ejercicio fiscal 2014. Que nunca ha actuado con mala fe, para causar un daño a la Institución en la cual prestó 19 años de servicios continuos al servicio dei IUPOLC y posteriormente un año en el Ministerio, por lo cual queda a disposición, en el supuesto de existir algún reparo, de subsanar el daño con cargo a sus prestaciones sociales, que a su decir, a la fecha no han sido abonadas a su cuenta, circunstancia que constituiría un retardo de tres (3) años. Sin menoscabo de la expresa admisión de los hechos, es preciso señalar en cuanto al error alegado -a su decir- como justificación de las circunstancias que hoy nos ocupan, que el ejercicio de la función pública debe estar sometida indefectiblemente a dos principios fundamentales como son el de legalidad (artículos 137 y 141 constitucional) y responsabilidad individual (artículos 25 y 139 del texto fundamental), principios que están desarrollados en diversos instrumentos jurídicos entre otros en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en la Ley Contra la Corrupción. En este sentido, conviene destacar que en el ámbito administrativo las conductas que pudieran ser susceptibles de comprometer las responsabilidades: administrativa y civil, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias y penal, previo agotamiento del procedimiento expresamente estipulado en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, en el supuesto de haber méritos para elio, son de naturaleza objetiva, toda vez que para su configuración se prescinde de los elementos dolo o culpa que pudieran atribuirse al sujeto vinculado con la acción u omisión que pudieran ser contrarios a norma legal o sublegal, en los términos expuestos en sentencia N° 00013 del 08 de enero de 2008 proferida por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y recaída en el Expediente N° 2006-0453. página original (tal como se publicó) [Página 15] De lo expuesto se evidencia que la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, suficientemente identificada, mal pudiera justificar la conducta atribuida, alegando por una parte la figura del error, dado el carácter objetivo de la actuación administrativa y por la otra, al no haber sido documentado que la presencia de circunstancias anormales que impidieran el desempeño de sus funciones. De igual manera, no existen elementos de convicción o prueba, que pudieron haber sido obtenidos en el marco de la actividad de control fiscal, en el marco de la potestad de investigación o en el desarrollo del presente procedimiento de naturaleza sancionatoria y/o resarcitoria, que la interesada legítima haya sido constreñida a realizar determinado un acto antijurídico o la presencia de circunstancias de fuerza mayor que, en el supuesto de haberse verificado, tampoco fueron advertidas por la precitada ciudadana con las formalidades del caso. Con respecto, que la situación planteada por la interesada legítima a saber: i) a existencia de errores y ii) la ausencia de adecuados mecanismos de control interno, argumentados en su escrito de fecha 06 de octubre de 2017 que, en su criterio, tenderían a desvirtuar los hechos que se imputan en el auto de apertura de la presente causa, al sostener que tales hechos pudieran haberse subsanado sí las normas, manuales de procedimientos, indicadores de gestión, índices de rendimiento y demás instrumentos o métodos específicos se hubieran aplicado con celeridad y prontitud por el sistema de control interno a que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, quien suscribe estima pertinente efectuar algunas consideraciones acerca del Control Interno. En este sentido, el control interno a tenor de lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, es un sistema que comprende el plan de organización, las políticas, normas, así como los métodos y procedimientos adoptados dentro de un ente u organismo sujeto a esa Ley, para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, estimular la observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y metas, por tanto dicho sistema se erige como un conjunto de acciones estructurales, coordinadas e integradas que deben estar dirigidas al cumplimiento de las metas y fines del organismo o ente, en estricta observancia del marco constitucional, legal y sublegal aplicable. Una vez realizadas las anteriores consideraciones, se pasa a señalar en referencia a lo expuesto por la interesada legítima y a las documentales a que alude en su escrito de fecha 06 de octubre de 2017, específicamente en lo atinente a la inexistencia de manuales de normas y procedimientos e instructivos que regulan la actividad que se le había confiado, que de conformidad con el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la actividad pública, en todos sus ámbitos políticos territoriales y, a su vez, en todos sus niveles jerárquicos, está indefectiblemente sometida al principio de legalidad, lo cual supone como consecuencia directa su adecuación a la Constitución y ley. De lo anterior, se deriva una presunción de legalidad que revestirá a los actos que se generen de la actividad administrativa y, por ende los proveimientos de la Administración, serán ejecutivos y ejecutorios, lo que significa que al ser dictados, producirán plenos efectos desde su emisión sin que se requiera, en principio, el auxilio de otro poder público para consolidar su ejecución. Afirmar lo contrario implicaría vaciar de contenido las potestades de inspección, control, vigilancia y sanción atribuidas a los órganos administrativos, pues no tendría sentido el ejercicio de dichas atribuciones destinadas como están a la protección del interés general, sin que tales órganos puedan hacer cumplir sus decisiones. Al respecto, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia Nº 00272 del 28 de marzo de 2012, señaló lo que de seguidas se transcribe: "El principio de legalidad que informa la actividad de la Administración Pública y que en nuestro ordenamiento se encuentra consagrado en el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, produce como consecuencia, dada la necesaria adecuación del actuar de la Administración a la ley, que los actos mediante los cuales se ejecutan los cometidos de ésta, están revestidos de una presunción de legalidad, la cual genera a su vez, que dichos proveimientos surtan plenos efectos jurídicos desde el momento de su emisión y no se requiera del auxilio de otro poder público para consolidar su ejecución (principio de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos). En este sentido, una vez que la Administración manifiesta su voluntad, el acto que la contiene luego de notificarse, es capaz de producir todos sus efectos hasta tanto no sea revocado por la propia Administración en ejercicio de su poder de autotutela o anulado a través del pronunciamiento sobre su legalidad de un órgano jurisdiccional, pudiendo la Administración por sí misma hacer efectivo el cumplimiento de los actos que emanan de ella de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. De igual forma, acorde con los anotados principios y con lo dispuesto en el artículo 87 eiusdem, 'La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo previsión legal en contrario', por lo que la existencia de recursos administrativos o acciones judiciales cuya resolución se encuentre pendiente, no es óbice para que el acto cuestionado surta efecto y sea ejecutado". Al trasladar los criterios expuestos por la Sala Político Administrativa del Máximo Tribunal de la República, en relación con el principio de legalidad al caso que nos ocupa, se tiene que contrariamente a lo sostenido por la interesada legítima Yunilma Anani Maldonado Constante, suficientemente identificada en autos, su actuación en principio debió ajustarse a los postulados constitucionales y legales que regulan lo referente a los Derechos Sociales de los ciudadanos, específicamente, en lo que concierne a las prestaciones de antigüedad (en la actualidad prestaciones sociales) derivadas de una relación laboral. En efecto, la regulación constitucional al mencionado derecho, tiene su génesis en el artículo 92, al establecer fundamentalmente, que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensan la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. En desarrollo del principio constitucional, el Capítulo Ill "DE LAS PRESTACIONES SoCIALES" de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, dispone en el artículo 141, en similares términos a los previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones de sociales por la antigüedad en el servicio que los ampare en caso de cesantía. En este contexto, las actividades que la interesada legítima habría emprendido a los fines de hacer efectivo el pago de los conceptos aludidos en atención al derecho constitucional en comentario, quedaron descritas en el "INFORME DEL ÁREA DE PRESTACIONES SOCIALES Y FIDEICOMISOS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POLICÍA CIENTíFICA (I.U.P.O.L.C.)", fechado Noviembre de 2013 (folios 34 al 38 de la Pieza I), en el que la hoy imputada señala entre otros aspectos que “...la gestión realizada en el área de Prestaciones Sociales y Fideicomiso correspondienté a los Empleados adscritos al INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POLICÍA CIENTÍFICA (I.U.P.O.L.C.) del 2012 a la fecha, que_responde a los lineamientos emanados de la Dirección General de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz." (SIC) (Subrayado nuestro). En complemento a lo anterior, con memorando DGORRHH N° 002044 de fecha 16 de abril de 2014, la entonces Directora General de la Oficina de Recursos Humanos, en respuesta a solicitud formulada por este órgano de control fiscal interno, informó que "La única funcionaria responsable a la cual se le designó el acceso al Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos (SIGEFIRRHH), para efectuar los Cálculos de Prestaciones Mensuales, correspondiente al ejercicio fiscal 2012 del personal del IUPOLC, así como la distribución de los aportes fue a la trabajadora, YUNILMA c. MALDoNADo, titular de la Cédula de Identidad N.º V-10.806.619, Personal Empleado, Cargo Profesional II" (folio 39 de la Pieza I). La información anterior, fue ratificada por la Directora General de la Oficina de Recursos Humanos, para la época, con memorando DGORRHH N° 007597 de fecha 16 de octubre de 2014, en el que se afirma que "...la ciudadana YUNILMA MALDoNADo, titular de la Cédula de Identidad N.º V-10.806.619, perteneciente a la Nómina de PersOnal Empleado del INSTITUTO UNiVERSITARIO DE LA POLICÍA CIENTíFICA (IUPoLC), encargada de los trámites administrativos internos en general sobre la ejecución y revişión de los Cálculos MenSuales de Nómina al SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA DE LoS RECURsoS HUMANos (SIGEFIRRHH), desde el Ejercicio Fiscal 2012 hasta el mes de noviembre de 2013." (folios 40 al 45 Pieza.1) En el documento en comentario, también se señala que "Asimismo, le fue asignada clave para la autogestión de todo lo referente a la Distribución de los aportes, Afiliaciones de cuentas, Actualización de data, Consulta de saldos, Otorgamiento de Anticipos, Liquidaciones y abonos en cuentas electrónicas tanto masivas como individuales realizada a través de la conexión tecnológica del sistema llamado 'BANEsCooNLINE FIDEICOMISo', contrato N.º 6553, registrado _a nOMbre del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICÍA CIENTÍFICA (IUPOLC), con el ente fiduciario BANEsCo, C.A., de acuerdo al informe emitido por la referida ciudadana en el mes de noviembre de 2.013. Es importante destacar que la precitada ciudadana llego a la Coordinación de Pasivos Laborales en el año 2012 ya con esa clave asignada” (sic). A mayor abundamiento, cursa a los folios 71 al 74 de la Pieza I, copia certificada del FLUJOGRAMA PARA EL PROCESO DE CÁLCULO Y ABOÑO DE LAS PRESTACIÓNES SOCIALES EJERCICIO FISCAL AÑO 2012", de cuyo contenido se pone de manifiesto que existía una representación gráfica de la secuencia de actividades del proceso vinculado con el cálculo y abono de prestaciones sociales, correspondientes a los ejercicios económicos presupuestarios años 2012 y 2013. Del contenido de los soportes documentales analizados previamente, se hace patente que existían expresos lineamientos para el cumplimiento de las funciones encomendadas a la interesada legítima, cuya representación gráfica quedó contenida en los Flujogramas previamente comentados, los cuales a su vez, fueron promovidos por ella; adicionalmente, quedó suficientemente documentado que la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, ya identificada, era -desde el año 2012- la única responsable del manejo del "Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos (SIGEFIRRHH)" y que página original (tal como se publicó) [Página 16] sus funciones fueron expresamente admitidas por ella en el Informe que ella suscribió en noviembre de 2013 (folios 34 al 38 de la Pieza l). De allí que mal pudiera pretender desvirtuar su participación en los hechos que motivaron el inicio del presente procedimiento sancionatorio y resarcitorio, sobre la base de la inexistencia de Manuales de Normas y Procedimientos que regulasen, para la época, los procedimientos en la Coordinación de Pasivos Laborales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, máxime que de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, corresponde a cualquier servidor público adscrito a cada departamento, sección o cuadro organizativo específico ejercer vigilancia sobre el cumplimiento de las normas constitucionales y legales, de los planes y políticas, así como de los instrumentos de control interno a que se refiere el artículo 35 de esta Ley, sobre las operaciones y actividades realizadas. Con base en las anteriores consideraciones, los argumentos de la interesada legítima tendentes a desvirtuar su participación en los hechos que nos ocupan sobre la base de la alegada inexistencia de mecanismos de control interno capaces de advertir cualquier situación que pudiera ser contraria al orden constitucional y legal, carece de fundamento por cuanto ella en su condición servidor público, es la primera llamada a observar en todo momento las normas que regulan la actuación pública en atención a lo dispuesto en los artículos 137 y 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, quien suscribe desecha los argumentos esgrimidos por la interesada legítima y así se decide. En relación a las argumentaciones de acuerdo al Anexo 1 incorporado al escrito de defensa de fecha 06 de octubre de 2017, donde indica la interesada legítima que el aporte adicional real y ajustado a derecho, que habría percibido asciende a Bolívares Setecientos Veinticuatro Mil con 31/100 (724,31) y no de Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres con 08/100 (39.833,08), como aparece evidenciado en los Informes Técnicos de fechas 03/06/2014 y 28/11/2016, que soportan este procedimiento administrativo. Asimismo sostiene la interesada legítima que en el Informe Definitivo Credencial N.º DCP-00042-AO-2014-01 de fecha 3/062014, Informe Técnico de fecha 28/11/2016 y demás documentos que sustentan el procedimiento administrativo, no fueron considerados los conceptos salariales en los cálculos, a saber: "Alícuotas o incidencias del bono vacacional y bonificación de fin de año...", "Los días adicionales (...) ni las alícuotas del bono vacacional y las utilidades y su incidencia en la base de cálculo salarial por este concepto.", ".el sueldo integral del mes de Diciembre 2012 y 2013 en base al ultimo salario devengado, tomando en cuenta los montos por concepto de aguinaldos correspondientes a 90 días" y "En el mes de abril 2013 erróneamente colocaron la cantidad de bs. 693,43 que forma parte de la sumatoria presentada de Cuarenta y Un Mil Setecientos Veintiocho con 45/100 (41.728,45). A continuación la interesada legítima incorpora en su escrito contentivo de argumentos una serie de análisis que, en su criterio, resultan aplicables y sostiene que "...tampoco se consideraron en dichos cálculos los montos correspondientes a los días adicionales consagrados en el Art. 108 de la LOT y 142 literal 'b' de la LOTTT que contemplan el cómputo de dos (2) días adicionales por cada año cumplido, que fuere el segundo año de servicio o fracción superior a seis (6) meses (...) cuyo cálculo debió efectuarse con base al salario integral mensual devengado incluyendo la alícuotas de las utilidades y bono vacacional...." (SiČ) Destaca que para los meses Octubre, Noviembre y Diciembre 2013 se comenzaron a considerar en la base de cálculo salarial las alícuotas del bono vacacional y las utilidades de acuerdo a lo establecido en la Ley, sin embargo, los cálculos de la alícuota del bono vacacional para los meses antes señalados están errados ya que consideraron como número de días bonificados diecinueve (19) días y no cuenta (40) días como establece la cláusula décima novena, del bono vacacional, correspondiente a la convención colectiva marco de los funcionarios de la administración pública nacional. Sobre este particular quien suscribe, tiene a bien señalar, que en el Informe Definitivo (Credencial N.º DCP-00042-AO-2014-01) de fecha 03 de junio de 2014 (folios 7 al 21 y sus respectivos vueltos, de la Pieza l del expediente administrativo), que contiene los resultados de la "Auditoría Operativa realizada a los Procedimientos Administrativos y Financieros de Apertura, Solicitud de Anticipo de Haberes y Finiquito del Fideicomiso del Personal que Laboró en el Instituto Universitario de Policía Científica (IUPOLC), durante el ejercicio fiscal 2012" se concluyó, entre otros aspectos, que fueron evidenciados "...en los estados de cuenta bancarios individuales de fideicomiso, abonos adicionales a una funcionaria adscrita al iUPOLC; abonos por debajo de lo calculado..." de la muestra seleccionada. A mayor abundamiento, en el Informe Técnico de fecha 28 de noviembre de 2016, cursante a los folios 22 al 32 y sus respectivos vueltos de la Pieza I del expediente administrativo, que contiene los resultados del Alcance a la Auditoría Operativa signada DCP-00042-AO- 2014-01, antes referida, se expresó en el Capítulo III "CONSIDERACIONES FINALES", entre otros aspectos, que "...de la revisión efectuada a los estados de cuenta individuales correspondientes a 225 trabajadores de las nóminas evaluadas...", se determinó que a "...182 funcionarios se les acreditó aportes por debajo del monto calculado de acuerdo a la Ley resultando un total de Trescientos Seis Mil Ciento Cuarenta y Un Bolívares con Seis Céntimos (Bs. 306.141,06), monto éste que el Ministerio tuvo que resarcir, a su vez mediante comprobación de cálculo y revisión exhaustiva del Estado de Cuenta Individual de la ciudadana Yunilma Maldonado, se observó la cantidad de dieciséis (16) abonos el cual asciende a una cantidad de Ochenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Un Bolívares con Cincuenta y Tres Céntimos (Bs. 81.561,53), siendo lo que corresponde por ley la cantidad de Cuarenta y Un Mil Setecientos Veintiocho Bolívares con Cuarenta y Cinco Céntimos (Bs. 41.728,45), lo cual refleja una diferencia de Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres Bolívares con Ocho Céntimos (Bs. 39.833,08)." Sobre estos particulares se debe señalar, que dichos montos fueron determinados por este órgano de control fiscal y quedaron contenidos en el Informe Definitivo Credencial N.º DCP-00042-AO-2014-01 de fecha 03 de junio de 2014 y en el Informe Técnico de fecha 28 de noviembre de 2016 (folios 7 al 21 y 22 al 32 de la Pieza 1 del expediente administrativo), así como en las de más actuaciones cursantes en autos, las cuales de conformidad con lo previsto en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, tienen fuerza probatoria mientras no sean desvirtuadas en debate judicial, de allí que surtan pleno valor probatorio y, por ende, restan valor probatorio a los cálculos efectuados por la hoy interesada legítima y que están contenidos como anexo en el escrito que se analiza, presentado el 06 de octubre de 2017. La anterior afirmación tiene su asidero en el hecho cierto que todos los órganos de control fiscal durante la fase de ejecución la auditoría están llamados a obtener evidencias, mediante la aplicación de distintos procedimientos y técnicas de auditoría. Dicha evidencia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 34 de las Normas Generales de Auditoría de Estado, reúne determinados atributos tales como su relevancia, suficiencia y competencia, que en su conjunto permiten al órgano de control fiscal tener certeza razonable de que los hechos revelados en el marco de la actuación de control fiscal, están satisfactoriamente comprobados, lo cual, a su vez, les da el carácter de validez y confiabilidad por cuanto permiten establecer, sin ambages, relación causal entre los actos, hechos u omisiones y personas específicas; por ende, permiten fundamentar los juicios, opiniones, conclusiones y recomendaciones formuladas, por lo que es exigido su obtención en original o en copia debidamente certificada, que permite su apreciación como pruebas, en el marco de procedimientos como el que nos ocupa, de la ocurrencia de actos, hechos u omisiones susceptibles de comprometer la responsabilidad administrativa y/o civil de personas determinadas, a tenor de lo previsto en el mencionado artículo 85. El acervo probatorio obtenido por este órgano de control fiscal, mediante la aplicación de técnicas de auditoría formalmente reconocidas por el órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, permiten evidenciar que la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, antes identificada, en su condición de Analista de Personal IV (Profesional iI), tenía bajo su responsabilidad exclusiva la realización de los cálculos de prestaciones sociales de manera mensual a favor de los empleados, obreros y personal contratado incluidos en la nómina del IUPOLC, asimismo, realizaba la distribución de los aportes en las cuentas fiduciarias individuales; para estos fines la Coordinación de Nómina le asignó a la precitada ciudadana, clave de acceso al Sistema, de Gestión Financiera de Recursos Humanos (SIGEFIRRHH). En este sentido, tenemos que en los cálculos realizados a 182 trabajadores del IUPOLC, no fueron abonados a sus cuentas individuales fiduciarias lo establecido por Ley, según lo que estipulan los artículos 108 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo (LOT) y 142 de la vigente Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras (LoTTT), el monto total de lo que se dejó de pagar es de Trescientos seis mil ciento cuarenta y un bolívares con seis céntimos (Bs. 306.141,06). Las inconsistencias evidenciadas en los procesos de conciliaciones bancarias se pusieron de manifiesto al realizar la revisión de los Estados de Cuenta Bancario de las cuentas de Fideicomiso. del Banco Banesco, C.A., circunstancia que generó que el MPPRiJP, solicitara crédito adicional para abonar en las cuentas individuales que percibieron abonos por debajo del monto que legalmente correspondía en los términos indicados supra, según se desprende del contenido del memorándum DGORRHH-DAP-CTPL Nº 023255 de fecha 23 de diciembre de 2013, emanado de la Oficina de Recursos Humanos del MPPRIJP, dirigido a la Oficina de Gestión Administrativa del MPPRIJP, mediante el cual solicita la emisión de órdenes de pago por la cantidad de Bs. 2.306.581,49, a los fines de incrementar las prestaciones sociales al personal empleado y obrero activo (folio 55, Pieza I) y del memorándum DGORRHH-DAP-CTPL Nº 022 de fecha 03 de diciembre de 2013, emanado de la Coordinación de Trámites y Pasivos Laborales, dirigido a la Unidad de Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mediante el cual se notifica que se detectaron duplicidad en los conceptos asociados en el módulo de Prestaciones Sociales (Fideicomiso), el cual es utilizado para calcular los aportes y días adicionales a los trabajadores asignados a la nómina del JÚPOLC (folios 56 y 57, Pieza I). Efectuadas las anteriores consideraciones y sobre la base de las pruebas que cursan en autos, se desprende con absoluta claridad que la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, ya identificada, quien para el momento de ocurrencia de los hechos se desempeñaba en el cargo de Analista de Personal IV (Profesional II), era la responsable del área de prestaciones sociales (análisis, cálculos, trámites de página original (tal como se publicó) [Página 17] liquidaciones, solicitud de anticipos de prestación de antigüedad entre otras actividades) y de acuerdo con Certificación de Cargos emanada de la Dirección General de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRijP), cursante al folio 76 de la Pieza I, durante el período comprendido entre el 18 de abril de 1994 hasta el 30 de junio de 2017, estuvo adscrita al adscrita a la entonces Dirección General de Recursos Humanos del mencionado Ministerio. En este sentido, en su condición de Analista de Personal IV (Profesional II), para la época de ocurrencia de los hechos, tenía bajo su responsabilidad efectuar los cálculos de prestaciones sociales de manera mensual a favor de los empleados, obreros y personal contratado incluidos en la nómina del IUPOLC y realizar la distribución de los aportes en las cuentas fiduciarias individuales; para estos fines, la Coordinación de Nómina le asignó clave de acceso ai "Sistema de Gestión Financiera de Recursos Humanos (SIGEFIRRHH)", aspectos que expresamente fueron admitidos en el "Informe del Área de Prestaciones Sociales y Fideicomiso del Instituto Universitario de Policía Científica (IUPOLC)" suscrito por la imputada y fechado noviembre de 2013, (ver folios 34 al 38 Pieza I), aludido con anterioridad. De lo anterior, se pone de manifiesto que en tal condición, tenía una estrecha vinculación con la administración, manejo y custodia de fondos que integran el patrimonio de la República por órgano del entonces Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. En ese sentido el artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, prevé lo siguiente: Art. 141: "La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho" Del contenido de la norma transcrita, se infiere que la diligencia con que deben actuar los servidores públicos debe estar supeditados en el desempeño eficaz, eficiente y transparente de sus acciones en cuanto a las actividades administrativas que realicen, preservando en todo momento los intereses, recursos y bienes del ente u organismo al cual prestan sus servicios. Al analizar los principios rectores de la Administración Pública, a saber honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, se tiene a bien resaltar el denominado principio de legalidad que impone a los funcionarios el deber de someter su actuación a todo el bloque de legalidad, supra analizado. Por todo lo anteriormente señalado, quien decide considera necesario realizar algunas apreciaciones en tomo a la institución de la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos establecida en nuestro ordenamiento jurídico, tal como lo hizo mediante sentencia Nº 2010-170 de fecha 9 de febrero de 2010, (caso: Segundo Ricardo Regalado Cupueran contra la Compañía Anónima del Metro de . Caracas), ello con el objeto de crear un marco conceptual para la situación de autos y a partir del mismo tratar su resolución. A tal efecto, la referida sentencia considera lo siguiente: ".. El ejercicio de la función pública impone a quienes la detentan la sujeción de actuar conforme a la Constitución y las leyes, siendo entonces el ordenamiento jurídico el que define su esfera de atribuciones y deberes, competencias y funciones. (...) ...omisis... La responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos reside en la esencia de la importante prestación que desempeñan, al detentar aquellos sujetos la tutela del interés general y el respeto al ordenamiento jurídico en los servicios específicos que realizan, y viene determinada en todos los supuestos donde se constate la inobservancia o violación de las normas legales y reglamentarias que regulan actividades. Las normas que preceptúan la responsabilidad de los funcionarios públicos tienen su origen en el poder de control que delegó la colectividad a los órganos de control Fiscal, que en el país está presidido por la Contraloría General de la República, en aras de custodiar el correcto uso de los recursos que pertenecen al patrimonio público y procurar que los mismos sean administrados con eficiencia y estricta sujeción a la legalidad. El control público es un atributo del poder soberano de la sociedad, y es inherente a un sistema democrático y de Derecho como el nuestro. Ninguna actividad que tenga por objeto la administración del patrimonio público puede ser inescrutable, vedada a la vigilancia popular y en representación de ella, a los órganos que determine la Ley, porque la esencia de la democracia y de un Estado sujeto en forma irrestricta al derecho es que el que administra la cosa pública, lo haga ciñéndose a cánones de eficacia y honestidad, en apego y destinación de las normas jurídicas. La causa u origen de la responsabilidad administrativa es la violación de una norma legal o reglamentaria, lo cual configura un ilícito administrativo que coloca al sujeto de derecho que incurre en el mismo, en la situación de sufrir determinadas consecuencias sancionatorias previstas en la Ley. Esta responsabilidad surge, por tanto, por actuaciones contrarias a derecho, aunque las mismas no hayan producido daño concreto o supuesto; pero, si se produce un daño, surge también la obligación adicional de repararlo, mediante la figura legal del reparo, la cual se orienta a la protección del patrimonio del Estado y de allí que éste se halle legitimado para perseguir una indemnización por parte de aquellos agentes estatales que se han distanciado de sus deberes funcionales y que han generado un daño al erario público. El resguardo del Fisco Nacional es necesario para cumplir integralmente con la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, previsto en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por ello, los funcionarios, empleados públicos o particulares que tengan a su cargo o intervengan de cualquier forma en la administración, manejo o custodia de bienes o fondos públicos de las entidades sometidas a control, responden de sus actos, hechos u omisiones, en los términos que señale la ley y de acuerdo a las proporciones del daño ocasionado. Así vista, la responsabilidad administrativa es una herramienta disuasiva para la defensa de la integridad de la Hacienda Pública y la moralidad y excelsitud pública. ...omisis... Ahora bien, para que se configure la responsabilidad administrativa, considera la Corte que se requiere verificar el supuesto generador de la responsabilidad, sin que para ello sea necesario entrar a valorar las razones de hecho que pudieron influir en el funcionario al momento de incurrir en una actitud antijurídica. Adicionalmente, la verificación de la responsabilidad en estudio implica en el ámbito sancionatorio que la persona autora sea la causante de la conducta tipificada como infracción, o, dicho en otros términos, que sólo puede ser responsable de una acción u omisión calificada de ilícita, quien la comete. Ello significa que en los procedimientos de determinación de responsabilidad administrativa, nadie podrá ser responsable por un hecho cometido por otra persona. Aquí se enlaza dentro del ámbito sancionador administrativo las reglas generales del Derecho Penal, en particular, el principio de que la responsabilidad penal es personalísima y no puede transferirse. Finalmente, la coacción administrativa para ser una coacción legítima ha de estar sometida a las mismas reglas de legalidad que presiden todo el actuar administrativo. Debe por ello estar presidida por el principio de legalidad que hace de la coacción material una manifestación jurídica de la Administración y justifica en esta medida su utilización. La fuente constitucional de la responsabilidad de los Servidores Públicos se encuentra en el artículo 139 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo texto señala: "El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley". Como se observa de la disposición reseñada, el ejercicio de una potestad pública acarreará responsabilidad individual (disciplinaria, administrativa, penal, civil) cuando, entre otros resultados, los actos ejecutados en ejercicio de esa potestad hayan transgredido las normas constitucionales y las Leyes..." De la sentencia parcialmente transcrita se desprende que la responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia del actuar ilícito de un funcionario: "Se basa en las infracciones que, en criterio del órgano que la declare, hayan cometido personas encargadas de la Administración Pública" (Vid. Sentencia Nº 1338 del 25 de junio de 2008, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia). Aunado a lo anterior la interesada sostiene que su actuación en ningún momento tuvo carácter dolosa contra la Administración Pública, analizado el argumento quien suscribe tiene a bien referirse a la Sentencia Nº 00013 de fecha 08 de enero de 2008, emanada de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y recaída en el expediente N° 2006-0453, en la que se pone de manifiesto que en Venezuela, la responsabilidad administrativa en la que pueden incurrir funcionarios públicos y particulares, es de naturaleza objetiva por lo cual para la configuración de alguno de los supuestos generadores de responsabilidad administrativa, no es requerido la presencia de los elementos dolo o culpa, al sostener: "Al respecto, observa la Sala que la responsabilidad objetiva surge cuando la norma prevé la responsabilidad para el encargado del manejo de los fondos públicos prescindiendo de los elementos dolo o culpa, cuando se configura un hecho típicamente antijurídico que ha causado una lesión al patrimonio público. Es decir, por el solo hecho de realizar la se incurre en responsabilidad o en delito, según sea el caso. La responsabilidad objetiva implica la negación del principio de culpabilidad. página original (tal como se publicó) [Página 18] En este sentido, no es extraño encontrar dentro del ordenamiento jurídico normas que prevean la responsabilidad objetiva, como lo son, por ejemplo, la malversación de fondos, anteriormente previsto en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, actualmente en la Ley Contra la Corrupción." Así, en el caso concreto, la responsabilidad objetiva recae sobre la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, ya identificada, en su condición de Analista de Personal IV (Profesional II), para la época de ocurrencia de los hechos y en tal condición le correspondía, de acuerdo al contenido del "Informe del Área de Prestaciones Sociales y Fideicomiso del Instituto Universitario de Policía Científica (IUPOLC)" suscrito por ella y fechado noviembre de 2013 (folios 34 al 38 Pieza I del expediente administrativo), entre otras actividades, las vinculadas con el proceso de integración IUPOLC-Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), toda vez que debía analizar, calcular y tramitar el monto por concepto de Prestaciones Sociales del personal obrero y empleado egresado del organismo ante el entonces Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, una vez incorporada en la División de Trámites y Pasivos Laborales como personal de apoyo y enlace. Aunado a lo anterior, era la responsable de tramitar: i) las liquidaciones calculadas del IUPOLC ante el otrora Ministerio del Poder Popular para las Finanzas; ii) las solicitudes de anticipo de prestación de antigüedad del personal activo y finiquito de prestaciones del personal egresado del IUPOLC ante la entidad financiera: Banesco Banco Universal. A tales efectos, debía solicitar de manera mensual, los recursos necesarios para el aporte del monto correspondiente a la prestación de antigüedad de los trabajadores activos según lo establecido en el artículo 108 de la entonces Ley Orgánica del Trabajo. Comprendida dentro de las responsabilidades, que expresamente reconoce haber tenido la interesada legítima, se tiene lo atinente a la migración del sistema de cálculo de Prestaciones Sociales (SCiO) a un software que, entre otros, incluía el cálculo de prestaciones según lo establecido en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, vigente a partir de mayo de 2012, con la finalidad de remitir los cálculos del personal obrero, empleado y contratado ante el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, de allí que contrariamente a lo sostenido por la interesada legitima, ella admite que el sistema bajo la responsabilidad de la precitada ciudadana, estaba ajustado a las previsiones del mencionado artículo 142 LoTtt, por tanto quien decide desestima los argumentos de defensa expuestos. Así se decide Así, podemos observar que en el caso bajo estudio, la conducta asumida por la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, no sólo es contraria al marco regulatorio de la actividad que estaba llamada a ejecutar, sino que además, ocasionó un daño al patrimonio de la República por un monto que asciende a Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Cuatro Bolívares con Catorce Céntimos (Bs. 345.974,14), cifra a la que se arriba al sumar la cantidad de Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres Bolívares con Ocho Céntimos (Bs. 39.833,08) que habría abonado a su cuenta individual y, por la otra, la cantidad de Trescientos Seis Mil Ciento Cuarenta y un Bolívares con Seis Céntimos (Bs. 306.141,06), que habría dejado de abonar en las cuentas individuales de 182 empleados, obreros y contratados del entonces IUPOLC. Lo anterior, pone de manifiesto que la conducta de la hoy interesada legítima, no se ajustó a los principios referidos anteriormente que imponen a los funcionarios el deber de someter su actuación a todo el bloque de legalidad al contrariar con su actuación la normativa que regula el ejercicio de la función pública referida al manejo de bienes y fondos públicos. Ahora bien el hecho de haber depositado la cantidad de Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres Bolívares con Ocho Céntimos (Bs. 39.833,08), en su cuenta de fideicomiso individual, como ya ha sido indicado, configura en el supuesto generador de responsabilidad administrativa, dispuesto en el numeral 13 del artículo 91 de la LOCRGYSNCF, que establece lo siguiente: "Artículo 91: Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras Leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación”: ...omissis... 13. Abrir con fondos de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, en entidades financieras, cuenta bancaria a nombre propio o de un tercero, o depositar dichos fondos en cuenta personal ya abierta, o sobregirarse en las cuentas que en una o varias de dichas entidades tenga el organismo público confiado a su manejo, administración o giro. (Subrayado y en negrillas nuestro). En este orden de ideas, para el legislador, en lo que atañe al supuesto generador de responsabilidad administrativa previsto en la norma transcrita, es necesario que se materialice alguna de las tres (3) situaciones que plantea dicho numeral, a saber: 1) Abrir con fondos de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en entidades financieras, cuenta bancaria a nombre propio o de un tercero. 2) Depositar dichos fondos en cuenta personal ya abierta, o 3) Sobregirarse en las cuentas que en una o varias de dichas entidades tenga el organismo público confiado a su manejo, administración o giro. Cabe destacar, que con independencia de las funciones que estaba llamada a cumplir la precitada ciudadana, éstas descartan la posibilidad jurídicamente válida de dar un destino diferente a los recursos financieros bajo su responsabilidad, como fue el haberlos depositados, sin justa causa, en cuenta fiduciaria personal a su nombre, como quedó evidenciado del resultado de la actuación de control fiscal y del ejercicio de la Potestad de Investigación, razón por la que la actuación desplegada por la interesada legítima, compromete su responsabilidad administrativa a tenor de lo previsto en el supuesto generador de Responsabilidad Administrativa, previsto en el numeral 13 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, al quedar suficientemente evidenciado y expresamente reconocido por la imputada que depósito la cantidad de Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres Bolívares con Ocho Céntimos (Bs. 39.833,08), en su cuenta individual de fideicomiso, lo cual patentiza el carácter irregular de su actuación con independencia de la intención o no que pudiera haber subyacido en su actuar. Razones que permiten a quien suscribe confirmar los hechos imputados en el auto de apertura de la presente causa. Así se decide. En relación con el hecho atribuido a la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, ya identificada, quien con ocasión del ejercicio de sus funciones, dejó de abonar en las cuentas individuales de 182 empleados, obreros y contratados, la cantidad de Trescientos Seis Mil Ciento Cuarenta y un Bolívares con Seis Céntimos (Bs. 306.141,06), situación que pudiera comprometer su responsabilidad administrativa en atención al supuesto generador de responsabilidad contenido en el numeral 2 del mencionado artículo 91, que a la letra dispone: Artículo 91: "Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras Leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación: (...omissis...) 2. La omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley...". En este orden de ideas, el legislador enumera las formas de actuar (omisión, retardo, negligencia o imprudencia) que son vedadas al funcionario, que por su particular situación dentro del ente administrativo respectivo derivado del cargo que ostenta, incumpla sus deberes y funciones, sin que sea requerido que se materialice o concrete el daño. En el caso que nos ocupa, el supuesto relativo a la negligencia en la preservación y salvaguarda de bienes del patrimonio público, está referido, como su texto claramente lo indica, a la falta de diligencia o falta de cuidado, en el desempeño de las funciones de conservación, resguardo, defensa o protección de bienes del patrimonio público, que de conformidad con el conjunto de normas que regulan la actividad administrativa inherente al Estado, corresponde a todo funcionario en el ejercicio de sus competencias públicas y a todos aquellos particulares que administren, manejen o custodien bienes o recursos afectados al cumplimiento de finalidades públicas, provenientes de los entes y organismos, sujetos a las disposiciones de la citada Ley al control, vigilancia y fiscalización del órgano de control fiscal externo o interno, según corresponda. El comportamiento negligente aludido, se materializa cuando el funcionario actúa con desidia, dejadez, o falta de cuido por no adoptar una conducta que permita tomar las precauciones o prever posibles consecuencias perjudiciales a la Administración Pública, es la falta de uso de los poderes activos en virtud de los cuales un individuo, pudiendo desarrollar una actividad; no lo hace por pereza psíquica, lo cual es diametralmente opuesto a la conducta que se exige a la de un buen padre de familia, que se caracteriza por un comportamiento serio y razonable, prudente y diligente ante una situación determinada. De tal manera, que el funcionario público que se presenta bajo el aspecto de la norma in comento, puede ser susceptible de ser declarado responsable en lo administrativo, en el supuesto de verificarse el incumplimiento de deberes y funciones y conductas contrarias a la de preservación y salvaguarda de los bienes que le son confiados, es decir que, el funcionario de la administración pública debe ser previsivo, precavido y diligente, circunstancias asimilables a la conducta de un buen padre de familia en lo referente a la preservación, cuidado, prudencia y salvaguarda de los bienes bajo su custodia y no lo contrario cuando despliega una conducta irregular, negligente, retardada u omisiva que como consecuencia directa del incumplimiento del deber del funcionario, puede causar un perjuicio, detrimento, deterioro o pérdida de bienes patrimoniales pertenecientes al ente u organismo que se los asignó. página original (tal como se publicó) [Página 19] La negligencia a su vez, consiste en omitir la realización de ciertas actuaciones, es decir, no cumplir aquello a lo que se está obligado hacer, o hacerlo con retardo. De modo tal, que una actitud de dejadez, desidia o abandono, frente a lo que debe ser la responsabilidad asumida por el buen padre de familia, ocurre en perjuicio de los intereses que corresponde tutelar, ello constituye la negligencia. En relación a la negligencia en la preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio público, debe hacerse especial énfasis en la conducta, bien sea activa u omisiva, asumida por un funcionario que, directa o indirectamente, tenga incidencia en el patrimonio público del ente u organismo para el cual presta sus servicios. En este sentido, estaríamos en presencia de un funcionario público negligente, cuando éste asume una conducta del descuido o falta de cuido, que redunde en detrimento del patrimonio del ente u organismo afectado. Al respecto, la doctrina patria ha fijado posición en cuanto a los supuestos generadores de responsabilidad administrativa, y en lo atinente a una conducta negligente, ha sido conteste con el desarrollo que antecede al señalar de manera coincidente que ésta implica una falta, un dejar de emanar o ejecutar un acto que se habría debido emanar o ejecutar, por disposición de la ley, según las prácticas administrativas o reglas de buena administración, por lo que éstas conductas, cobran mayor importancia si se tiene en cuenta que los funcionarios públicos, y los particulares, si fuere el caso, desempeñan cargos o ejercen funciones, estrechamente relacionados con la custodia de bienes o fondos públicos. En este sentido, la Sentencia emanada de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en fecha 14 de noviembre de 2011 y recaída en el expediente identificado con las siglas y números AP42- N-2008-000146, señaló respecto a la negligencia lo que a continuación se transcribe: “La negligencia a su vez, consiste en omitir la realización de un acto, es decir la omisión en no cumplir aquello a que se estaba obligado, en hacerlo con retardo, es la falta de uso de los poderes activos en virtud de los cuales un individuo, pudiendo desarrollar una actividad, no lo hace por pereza psíquica." En el caso que nos ocupa, la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, ya identificada, en el ejercicio de sus funciones, se reitera era la responsable de efectuar los cálculos de prestaciones sociales de manera mensual a favor de los empleados, obreros y, personal contratado incluidos en la nómina del IUPOLC y realizar la distribución de los aportes en las cuentas fiduciarías individuales; para estos fines, la Coordinación de Nómina le asignó clave de acceso al "Sistema de Gestión Financiera de Recursos Humanos (SIGEFIRRHH)". En atención a lo señalado, es importante destacar que la clave ya indicada era utilizada por la precitada ciudadana, para la autogestión de todo lo referente a la distribución de los aportes, afiliaciones de cuentas, actualización de datas, consulta de saldo, otorgamiento de anticipos, liquidaciones y abonos en cuentas electrónicas tanto masivas como individuales, realizadas a través de la conexión tecnológica del sistema llamado "BANESCONLINE FIDEICOMISO", según contrato Nº 6553 suscrito entre el MPPRIP y el ente fiduciario BANESCO, C.A., a nombre del IUPOLC, información que se desprende del Memorando DGORRHH Nº 007597 de fecha 16 de octubre de 2014 cursante a los folios 40 al 45 de la Pieza 1 del expediente administrativo. Elementos que en su conjunto permiten sostener que la precitada ciudadana comprometió su responsabilidad administrativa debido a su actuación negligente al abonar prestaciones sociales, en los términos supra mencionados, por debajo del monto que legalmente correspondía. En consecuencia se ratifica la imputación contenida en el Auto de Apertura de la presente causa. Así se decide. Aunado a lo anterior, la situación descrita en los párrafos precedentes, como ya fue indicado, genera responsabilidad civil por los daños causados al patrimonio público, ya que las inconsistencias evidenciadas en los procesos de conciliaciones bancarias pusieron de manifiesto que la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, habría abonado a su cuenta _individual la cantidad de Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres Bolívares con Ocho Céntimos (Bs. 39.833,08) por las transferencias realizadas de una cuenta de un organismo público como lo es el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia a una cuenta fiduciaria personal y, por la otra, habría dejado de abonar en las cuentas individuales de 182 empleados, obreros y contratados, la cantidad de Trescientos Seis Mil Ciento Cuarenta y un Bolívares con Seis Céntimos (Bs. 306.141,06), lo cual representa un gran total general de Trecientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Cuatro Bolívares con Catorce Céntimos (Bs. 345.974,14); situación que constituye causal de reparo de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la LOCGRYSNCF, en concordancia con el artículo 1.185 del Código Civil, que disponen: "Artículo 85.- Los órganos de control fiscal procederán a formularreparo cuando, en el curso de las auditorías, fiscalizaciones, inspecciones, exámenes de cuentas o investigaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones de control, detecten indicios de que se ha causado daño al patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, como consecuencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, al plan de organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno, así como por una conducta omisiva o negligente en el manejo de los recursos..." (En negrillas nuestra). "Artículo 1.185: "El que con intención, o por negligencia o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho". ( Subrayado y en negrillas nuestras) Esta responsabilidad civil especial encuentra su fundamento en la noción de responsabilidad propia del derecho natural, la cual postula como elemento esencial que nadie debe causar a otro un daño injusto. y, en caso de producirse el mismo, debe ejercerse la respectiva acción resarcitoria a los fines de que dicho daño sea reparado. En el presente caso, al quedar evidenciadas las conductas irregulares generadoras de perjuicios materiales al patrimonio de la República que fueron imputadas a la interesada legítima y que en ningún momento logró desvirtuar; quien suscribe ratifica la imputación contenida en el Auto de Apertura de la presente causa vinculada con el daño patrimonial causado. Así se declara. En atención al análisis efectuado a los hechos y el derecho invocado en la presente causa, las cuales producen en quien suscribe la certeza de que la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, cometió los hechos imputados mediante Auto de Inicio de fecha 12 de septiembre de 2017, al realizar transferencias a su favor, un total de dieciséis (16) abonos para los años 2012 y 2013, en su cuenta fiduciaria personal, como se observa en los correspondientes estados de cuentas individuales, las cuales representan un monto de Ochenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Un Bolívares con Cincuenta y Tres Céntimos (Bs. 81.561,53), siendo que de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, el monto a pagar asciende a Cuarenta y Un Mil Setecientos Veintiocho Bolívares con Cuarenta y Cinco (Bs. 41.728,45), lo cual refleja un abono adicional por la cantidad de Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y tres Bolívares con Ocho Céntimos (Bs. 39.833,08). Asimismo, de las actividades que tenía bajo su obligación, tenemos que en los cálculos realizados a 182 trabajadores del IUPOLC, no fueron abonados a sus cuentas individuales fiduciarias lo establecido por Ley, según lo que estipulan los artículos 108 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo (LOT) y 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LoTTT), siendo el monto total que se dejó de abonar la cantidad de trescientos seis mil ciento cuarenta y un bolívares con seis céntimos (Bs. 306.141,06). Las inconsistencias evidenciadas en los procesos de conciliaciones bancarias se pusieron de manifiesto al realizar la revisión de los Estados de Cuenta Bancario de las cuentas de Fideicomiso del Banco Banesco, C.A., de cuyo contenido se observó la materialización de un daño patrimonial por un monto total de Trecientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Cuatro Bolívares con Catorce Céntimos (Bs. 345.974,14). Por todas las consideraciones que anteceden, y en atención al acervo probatorio cursante en autos, y al análisis de los argumentos o pruebas promovidas y evacuadas por la imputada en la presente causa, quien suscribe, ratifica, en todas y cada una de sus partes la imputación realizada en el Auto de Apertura de fecha 12 de Septiembre de 2017 (folio 1 al 9 y sus respectivos vueltos de la Pieza iV del expediente administrativo). III DISPOSITIVA En mérito de los razonamientos precedentemente expuestos, quien suscribe, Delimar Yanet Rojas Hernández, titular de la cédula de identidad Nº V-12.667.856, Directora General Encargada de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designación mediante Resolución Ministerial Nº 069 de fecha 16 de Abril de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.641 de la misma fecha, de conformidad con lo previsto en el artículo 106 de la LOCGRYSNCF, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, para dictar decisiones, en concordancia con lo establecido en el artículo 97 de su Reglamento, y en ejercicio de la atribución que me es conferida en el artículo 14 numeral 24 del Reglamento Interno de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones de Interiores y Justicia, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.590 de fecha 10 de enero de 2011, REITERo la decisión pronunciada en el acto oral y público realizado el día 30 de octubre de 2017, a través de la cual: PRIMERO: Se declaró la RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA de la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, titular de la cédula de identidad Nº v-10.806.619, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, y con domicilio en Urbanización Camino Real, Torre 11, apartamento 11-03, Guarenas, Estado Miranda, por los hechos irregulares descritos e imputados en el Auto de Apertura del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades de fecha 12 de septiembre de 2017. página original (tal como se publicó) [Página 20] sEGunDo: De conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 1.185 del CódIgO CiVIl, SE DECLARÓ LA RESPONSABILIDAD CIVIL (FORMULACIÓN DE REPARO), por el daño causado al patrimonio de la República, por la cantidad de Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Cuatro Bolívares con Catorce Céntimos (Bs. 345.974,14) que corresponde a: la cantidad de Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres Bolívares con Ocho Céntimos (Bs. 39.833,08) que abonó a su cuenta individual y, por la otra, la cantidad de Trescientos Seis Mil Ciento Cuarenta y un Bolívares con Seis Céntimos (Bs. 306.141,06), que dejó de abonar en las cuentas individuales de 182 empleados, obreros y contratados del Instituto Universitario de Policía Científica (IUPOLC). TERcERo: De conformidad con lo previsto con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual señala entre otros aspectos, que la declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 91 y 92 de la misma Ley, será sancionada con la multa prevista en el artículo 94 eiusdem, el cual contempla su imposición o aplicación entre cien (100) a un mil (1.ooo) unidades tributarias; en consecuencia, se impone a la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, titular de la cédula de identidad N.º V-10.806.619, multa de ochocientos ochenta y siete con cincuenta unidades tributarias (887,50 U.T), que representan la Cantidad de SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOs CINCUENTA BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 67.450,00), en cuyo cómputo fueron consideradas en la circunstancias agravantes contenidas en los numerales "2", "4" y "5", del artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, relativas a la condición del funcionario público del declarado responsable, la gravedad del acto que compromete la responsabilidad del funcionario, la magnitud del perjuicio patrimonial y la circunstancia atenuante prevista en el artículo 108, numeral 1 del mismo texto reglamentario, relacionada con el hecho de no haber sido objeto de alguna de las sanciones establecidas en la Ley Orgánica que rige nuestra actividad; para el cómputo de la sanción de multa ha sido considerado como base el valor de la Unidad Tributaria vigente para el ano 2011, que era la cantidad de setenta y seis bolívares con cero céntimos (Bs.76,00) por cada U.T., según Providencia Nº SNAT/2011/0009 de fecha 24 de febrero de 201i, emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en la Gaceta Oficial de la República. Bolivariana de Venezuela N.º 39.623 de la misma fecha. CuArTo: Se le notifica a la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, titular de la cédula de identidad Nº v-10.806.619, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 100 del Reglamento de la Ley eiusdem; podrá interponer contra la presente decisión, el correspondiente RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, por ante quien Decide, dentro de un lapso de QuincE (15) días hábiles siguientes, contados a partir de la notificación de la presente decisión o de conformidad con el aparte único del artículo 108 de la LOCGRYSNCF, el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, por ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Caracas, dentro de los SEIS (06) MESES contados a partir del día siguiente a su notificación. De igual manera, se hace de su conocimiento que de acuerdo con lo previsto en el artículo 109 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, podrá interponer el RECURSO DE REVISIÓN, ante la autoridad competente dentro de los TRES (3) MESES siguientes a la fecha de ocurrencia de las causales que lo hacen procedente, de conformidad con los artículos 98 y 99 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Quinão: Remítase un ejemplar de este Auto Decisorio, una vez firme en sede administrativa, a la Contraloría General de la República, a los fines de las sanciones que le corresponde imponer, de manera exclusiva y excluyente al ciudadano Contralor (a) General de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. sExTo: Remítase un ejemplar de este Auto Decisorio, una vez firme en sede administrativa, al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas a los fines de la expedición de la planilla de liquidación de la multa y la realización de las gestiones de cobro, según lo previsto en el artículo 110 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. sÉPTiMo: A los fines de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, remítase un ejemplar de la presente Decisión, una vez firme en esta sede, a la Secretaría del Consejo de Ministros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. ocTAvo: Remítase un ejemplar de este Auto Decisorio al Ministerio Público. Comuníquese y Publíquesé. LCDA. DELIMAR YANET ROJAS HERNÁNDEŽ Directora General Encargada de la Oficina de Avautaría Intesa Resolución N° 069 de fecha 16 de Abril de 2015. publicadgasece Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.641 de 4ema recha AEDÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA OFICINA DE AUDETORIA INTERNA DERECCIÓN DE DETERRINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Caracas, 26 de Diciembre 2017 Mediante escrito consignado en fecha 04 de diciembre de 2017, la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.806.619, actuando en nombre propio, interpuso en tiempo hábil Recurso de Reconsideración contra el Auto Decisorio de fecha 07 de noviembre de 2017, a través del cual quien suscribe, en mi condición de Directora General Encargada de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, según Resolución N° 069 de fecha 16 de abril de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.641 de fecha 16 de abril de 2015, declare la Responsabilidad Administrativa de la hoy recurrente, como consecuencia de ésta, se le impuso sanción pecuniaria de Multa por la cantidad de Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta. Bolívares Con Cero Céntimos (Bs. 67.450,00) y, en atención a los daños causados al patrimonio público, se le formuló Reparo por la cantidad de Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Cuatro Bolívares con Catorce Céntimos (Bs. 345.974,14), por los hechos irregulares descritos e imputados en el Auto de Inicio de fecha 12 de septiembre de 2017, folios 1 al 9 y sus respectivos vueltos, Pieza IV del expediente administrativo identificado con las siglas y números MPPRIJP-AI-PADR-005-2017; dicha responsabilidad administrativa y civil se generó en atención a las situaciones fácticas antijurídicas descritas en la recurrida y atribuidas a la precitada ciudadana quien para la época ejercía el cargo de Analista de Personal IV (Profesional II). El acto administrativo prístino fue decidido por quien suscribe de conformidad con lo previsto en los artículos 85, 86, 103, 105 y 106 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, cuya reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, en concordancia con lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de la Ley en comento, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.240 de fecha 12 de agosto de 2009, y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 14 numeral 24 del Reglamento Interno de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.590 de fecha 10 de enero de 2011. Ahora bien, en atención a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal así como en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 2.818 Extraordinario de fecha 01 de julio de 1.981 y en uso de la atribución conferida en el artículo 14 numeral 25 del Reglamento Interno de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se pasa a conocer y a decidir el Recurso de Reconsideración aludido. EL ACTO IMPUGNADO La ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, ya identificada, interpuso Recurso de Reconsideración contra el Auto Decisorio de fecha 07 de noviembre de 2017, recaído en el expediente administrativo identificado con las siglas y número N° MPPRIJP-AI-PADR-005-2017, en atención a los hechos irregulares que comprometieron su responsabilidad administrativa y civil y que están contenidos en el Informe Definitivo y en el Informe Técnico de fechas 03 de junio de 2014 y 28 de noviembre de 2016, respectivamente, de los cuales se desprende entre otros aspectos que la precitada ciudadana tramitó a su favor un total de dieciséis (16) abonos para los años 2012 y 2013 como se observa de los correspondientes estados de cuentas individuales, los cuales representan un monto de Ochenta y Un Mil Quinientos Sesênta y Un Bolívares con Cincuenta y Tres Céntimos (Bs. 81.561,53), siendo que de acuerdo a lo establecido en la legislación laboral aplicable al caso en concreto, el monto que debió haber sido pagado era por la cantidad de Cuarenta y Un Mil Setecientos Veintiocho Bolívares con Cuarenta y Cinco Céntimos (Bs, 41.728,45), lo cual refleja un abono adicional no justificado por Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y tres Bolívares con Ocho Céntimos (Bs. 39.833,08). Por otra parte, y con fundamento en la revisión realizada a los datos contenidos en los listados de personal del IUPOLC (Contrato de Fideicomiso identificado con el N° 6553), y los abonos realizados por concepto de prestaciones de antigüedad, comprobados de forma individual, en el ejercicio económico financiero 2012, se constató que para los cálculos realizados se tomaron en consideración los conceptos de Sueldo Básico + Compensaciones + Primas, Horas Extras + Bono Vacacional + Bono de Fin de Año, y la fórmula siguiente: Remuneración Mensual / 30 días * 5 días, tal como lo establece el Artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), ley vigente hasta el 07/05/2012. Aunado a lo anterior, para el ejercicio económico financiero 2013, se verificaron discrepancias entre. los datos contenidos entre el listado del personal del Instituto Universitario de Policía Científica (IUPOLC) y lo efectivamente abonado por concepto de prestaciones de antigüedad, según los estados de cuenta individuales; dichos abonos se realizaban de forma trimestral con fundamento en lo establecido en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), aplicando la base de cálculo correspondiente: Sueldo Básico + Compensaciones + Primas, Horas Extras + Alícuotas del Bono Vacacional + Bonificación de fin de Año, y la formula que se describe a continuación: Salario Integral / 30 días * 15 dias. Tales discrepancias, evidenciaron que de un total de doscientos veinticinco (225) trabajadores (empleados, obreros y contratados) adscritos a la nómina del IUPOLC, ciento ochenta y dos (182) de ellos recibieron aportes por debajo de lo que les correspondía por ley, teniendo como resultado una diferencia de Trescientos Seis Mil Ciento Cuarenta y Un Bolívares con Seis Céntimos (Bs. 306.141,06). Se debe acotar que la precitada ciudadana, para el momento de la ocurrencia de los hechos supra descritos, en su condición de Analista de Personal IV (Profesional I), tenía bajo su responsabilidad efectuar los cálculos de página original (tal como se publicó) [Página 21] prestaciones sociales de manera mensual a favor de los empleados, obreros y personal contratado incluidos en la nómina del IUPOLC y realizar la distribución de los aportes en las cuentas fiduciarias individuales, para estos fines, tenía asignada clave de acceso al "Sistema de Gestión Financiera de Recursos Humanos (SIGEFIRRHH)". En atención a lo señalado, es importante destacar que la clave ya indicada era utilizada por la precitada ciudadana, para la autogestión de todo lo referente a la distribución de los aportes, afiliaciones de cuentas, actualización de datas, consulta de saldo, otorgamiento de anticipos, liquidaciones y abonos en cuentas electrónicas tanto masivas como individuales, realizadas a través de la conexión tecnológica del sistema llamado "BANESCONLINE FIDEICOMISO", según contrato N° 6553 suscrito entre el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP) y el ente fiduciario BANESCO, C.A., a nombre del IUPOLC, información que se desprende del Memorando DGORRHH N° 007597 de fecha 16 de octubre de 2014, (folios 40 al 45 y sus respectivos vueltos de la Pieza 1 del expediente administrativo). Los hechos narrados, según se desprende del acto recurrido, evidencian por una parte, el actuar negligente de la funcionaria al no haber abonado la cantidad de Trescientos Seis Mil Ciento Cuarenta y Un Bolívares con Seis Céntimos (Bs. 306.141,06), en las cuentas individuales de ciento ochenta y dos (182) empleados, obreros y contratados; hecho que fue subsumido en el numeral 2 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y, por la otra, el haber depositado fondos públicos por la cantidad de Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres Bolivares con Ocho Céntimos (Bs. 39.833,08) en cuenta individual de fideicomiso, razón por la que tal conducta fue subsumida en el supuesto generador de responsabilidad administrativa previsto en el numeral 13 del artículo 91 eiusdem. En este contexto, como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad administrativa, se impuso a la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, ya identificada, la sanción de Multa por la cantidad de Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 67.450,00). Adicionalmente, se declaró la Responsabilidad Civil (formulación de REPARO) de la precitada ciudadana por el daño causado al patrimonio de la República por la cantidad de Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Cuatro Bolivares con Catorce Céntimos (Bs. 345.974,14) que corresponde a: la cantidad de Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres Bolívares con Ocho Céntimos (Bs. 39.833,08) que abonó a su cuenta de fideicomiso individual y, por la otra, la cantidad de Trescientos Seis Mil Ciento Cuarenta y un Bolívares con Seis Céntimos (Bs. 306.141,06), que dejó de abonar en las cuentas individuales de 182 empleados, obreros y contratados del Instituto Universitario de Policía Científica (IUPOLC). II FUNDAMENTOS DEL RECURSO En su escrito, la recurrente esgrime en términos similares a los planteados en el marco de la Potestad de Investigación y en el Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, los planteamientos que parcialmente se transcriben a continuación: "Dicho Recurso encuentra su fundamentación jurídica en que el acto Administrativo aquf presentado, que violenta el procedimiento legalmente establecido para ello tal y como lo establece el Artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo en sus ordinales 1, 2, 3 y 4, siendo además de ello deficiente en cuanto a su formulación puesto Pública Capitulo Il Régimen Disciplinario, que en cuanto a la prescripción de la presente averiguación administrativa señala que: Las faltas de los funcionarios y funcionarias públicos sancionadas con la destitución, prescribirán a los ocho meses, a partir del momento en que el funcionario o funcionaria público de mayor jerarquía dentro de la respectiva unidad tuvo conocimiento, y no hubiere solicitado la apertura de la correspondiente averiguación administrativa'. En tal sentido, de la normativa transcrita se desprende que, dicho término comienza a contarse pasados 8 meses a partir del momento quo ol funcionario o funcionaria público de mayor jerarquía dentro de la respectiva Unidad tuvo desempeñe el cargo de Profesional li, durante el periodo comprendido entre el 18- Director General de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popuiar extinto Instituto Universitario de Policia Cientifica (IUPOL.C), verificándose de esta manera que la fecha en que cese en el ejercicio del cargo que ejercía motivado al procedimiento disciplinario de destitución interpuesto en mi contra, fue el día 30- 06-2014, siendo ésta la fecha a partir de la cual se comenzará a contar el termino de ocho (08) meses de la prescripción de las acciones administrativas sancionatorias o resarcitorias, por haberme desempeñado como funcionaria pública... (...) evidenciándose de esta manera la procedencia de la prescripción, de acuerdo a lo previsto en el supra indicado articulo 88_de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Por lo anteriormente expuesto, se evidencia que los actos, hechos u omisiones notificados mediante Auto de Apertura de fecha 9 de febrero de 2017 N° MPPRIJP-2017-POT-01 (folio 1), se encontraban prescritos para el momento en que establecido en la Ley ut supra, desvirtuando los hechos que se me imputan. Queda claro que, en el articulo 114 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal Capitulo VI de la Prescripción, tan sólo se señala la prescripción de la acción, es decir, de ejecutar el acto administrativo sancionatorio, mientras que nada se dice sobre la prescripción del procedimiento: 'Las acciones administrativas sancionatorias o resarcitorias derivadas de la presente Ley, prescribirán en el término de cinco (5) años, salvo que en Leyes especiales se establezcan plazos diferentes'". (Énfasis y subrayado del texto original). (SiC). En cuanto al alegato parcialmente transcrito, quien suscribe tiene a bien indicar de manera preliminar que el acto administrativo, se erige como la manifestación de carácter general o particular de la actuación administrativa y, con independencia del carácter ostentado, éste debe reunir una serie de aspectos formales y requisitos establecidos en la ley con lo cual pone de manifiesto el sometimiento pleno al principio de legalidad. En cuanto a los elementos extrínsecos (legalidad formal), es menester indicar que están contenidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, a saber: a) identificación del organismo del cual emana; b) ubicación en el tiempo y en el espacio; c) indicación de la persona u órgano al cual se dirige; d) narrativa de los hechos e indicación de las disposiciones normativas en las cuales se fundamenta; e) decisión respectiva; f) identificación del funcionario(s) que lo suscribe(n); g) sello de la oficina y h) firma autógrafa del funcionario(s) que lo emite(n). Ahora bien, teniendo en consideración cada uno de los elementos extrínsecos antes mencionados, de la simple revisión del acto administrativo que declaró la responsabilidad administrativa y civil de la hoy recurrente se desprende de. manera diáfana, que en éste se conjugan todos los componentes formales mencionados, con lo cual se satisfacen los extremos exigidos en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos. En lo atinente a la denuncia de que el procedimiento seguido violenta el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en sus númerales 1, 2, 3 y 4, quien suscribe tiene a bien señalar, siguiendo la doctrina patria imperante en el ámbito del Derecho Administrativo, que la afirmación del principio de legalidad teleológica, requiere que el acto administrativo además motivación, la presencia de las condiciones de forma previamente aludidas y haber cumplido el procedimiento prescrito, es menester que cumpla con los fines de la norma que acordó la competencia facultativa de la actuación del órgano de cual emana el acto administrativo. Así, al examinar cada uno de los numerales del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos cuya violación se denuncia, es preciso advertir, en primer término, que el acto desconozca o contravenga una disposición de orden constitucional (numeral 1). En el caso que nos ocupa, la recurrente se limita a enunciar de manera genérica que el acto es violatorio del aludido numeral, sin indicar cual norma de orden constitucional es desconocida o violentada por el acto recurrido, de allí que su pretensión carece de fundamento y así debe ser declarado. Ahondando en el análisis, se precisa referir que otra de las causas susceptibles de producir la nulidad absoluta de un acto administrativo, en atención a lo previsto en el numeral 2 del artículo 19 eiusdem, es el hecho de que éste resuelva una cuestión previamente decidida y que haya creado derechos a los particulares. En el presente caso se advierte, que las circunstancias fácticas antijurídicas que le dieron origen y que conllevaron a la declaratoria de responsabilidad administrativa y civil de la recurrente, no han sido previamente decididas por este órgano de control fiscal interno, ni por otra autoridad administrativa, de allí que en el marco del procedimiento sancionatorio que no ocupa, ha sido resguardado el principio constitucional non bis in idem, que prohibe sancionar más de una vez el mismo hecho y así evitar duplicidad de sanciones en los casos en que exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. Adicionalmente, es menester poner de manifiesto que la recurrente no aporta ningún dato, ni soporte documental que apoye su pretensión, por tanto la misma carece de fundamento y así debe ser decidido. En cuanto a la mención que realiza la recurrente del numeral 3 del artículo 19 de la ley que se analiza, la cual está referida a la imposible o ilegal ejecución del acto administrativo, se advierte que tal impedimento se condena en la exigencia de que tenga un contenido imposible, fáctica o jurídicamente, por tanto quien suscribe advierte que la interesada de manera general enuncia el pretendido vicio sin indicar las razones que en su criterio harían que el acto que hoy nos ocupa, sea de imposible o ilegal ejecución, máxime que en el marco del procedimiento. administrativo seguido, las circunstancias fácticas han quedado debidamente soportadas y ha sido determinado su carácter antijurídico, aspectos que han quedado plasmados en el acto recurrido. Adicionalmente, al examinar las consecuencias jurídicas de la declaratoria de responsabilidad administrativa, cuyo sustrato constitucional se encuentra previsto en los artículos 25 y 139 y desarrollado en los artículos 82 y 93 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se advierte que tanto dicha sanción como la multa derivada de ésta y el reparo formulado, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, están expresamente previstos en el texto constitucional y legal que informa el procedimiento seguido, de allí que su pretensión carezca de fundamento, por cuanto en el acto administrativo, por una parte, no se están creando nuevas sanciones o figuras de naturaleza resarcitoria, ni modificando las figuras aludidas previamente y, por la otra, la ejecución de tales medidas no son contrarias a las normas constitucionales y legales que rigen la conducta administrativa. De allí que quien suscribe desecha la pretensión de la recurrente. En cuanto al último de los vicios enunciados por la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, ya identificada, referida a la pretendida falta de competencia de quien suscribe o que la decisión adoptada haya sido con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido (numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos), se advierte de manera primaria que quien decide fue designada como Auditor Interno Encargado mediante Resolución N° 069 de fecha 16 de abril de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.641 de la misma fecha, acto administrativo a través del cual, en mi carácter de Auditor Interno, se me enviste de la competencia para declarar la responsabilidad administrativa y como consecuencia de ésta, imponer las sanciones de multa, sin menoscabo que en aquellos casos en que los actos, hechos u omisiones antijurídicos hayan causado daño al patrimonio público, formular el correspondiente reparo, en atención a lo previsto en el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal al disponer que "La autoridad competente decidirá (..) si formula el reparo, declara la responsabilidad administrativa, impone multa (..)" y en correspondencia con la norma parcialmente transcrita el artículo 106 eiusdem establece que "Las decisiones a que se refiere el articulo 103 competen a los titulares de los órganos de control fiscal (...) y agotan la vía administrativa", de allí que el acto administrativo recurrido, al haber sido dictado por el funcionario competente para ello, no está impregnado del vicio denunciado y así debe ser decidido. Respecto a la prescindencia total y absoluta del procedimiento seguido, la interesada alude que el mismo no cumple con lo establecido en el artículo 88 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, específicamente en el Capítulo II, que preceptúa lo atinente al Régimen Disciplinario; ahora bien, vistos los alegatos formulados, se tiene a bien señalar que la recurrente yerra una vez más al sostener que la única responsabilidad que ha podido recaer en su página original (tal como se publicó) [Página 22] contra es de naturaleza disciplinaria, desconociendo que en nuestro ordenamiento jurídico las responsabilidades penales, civiles, administrativas (artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) son independientes entre sí, al igual que la de naturaleza disciplinaria establecida en la antes mencionada Ley del Estatuto de la Función Pública. En desarrollo del denunciado anterior, sé tiene a bien señalar que la responsabilidad en general es el efecto desfavorable que ha de recaer sobre una persona (natural o jurídica) como consecuencia de su conducta -activa u omisa- siempre y cuando ésta sea contraria a norma jurídica. Las predichas de naturaleza penal; ii) pena económica, en la medida que la responsabilidad sea de naturaleza civil; ii) interdictiva, que se traduce en la ruptura del vinculo laboral y, en determinados casos, la imposibilidad temporal de desempeñar destinos públicos por la violación de normas legales o sublegales o de principios éticos que todo servidor público está llamado a observar de allí su naturaleza disciplinaria y iv) la pena que recae sobre una persona natural o jurídica, derivada de la comisión de un ilícito administrativo (responsabilidad administrativa). A mayor abundamiento, la doctrina patria ha sostenido que la responsabilidad disciplinaria se deriva del ejercicio de un cargo público e incide sobre la carrera del funcionario; tiene como base la existencia de una relación permanente entre un sujeto y una organización pública de la cual forma parte, aunado a ello, es necesario destacar que la persona facultada para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria ostenta respecto del funcionario infractor una relación de superioridad jerárquica. De las consideraciones que anteceden se pone de manifiesto que en toda relación disciplinaria, susceptible de generar responsabilidad de la misma naturaleza están presentes, fundamentalmente, dos elementos claramente diferenciados, a saber: i) la preexistencia de un vinculo entre el funcionario y la organización pública y ii) la permanencia de la relación que, además, tiene un componente jerárquico que permite la aplicación de la sanción al funcionario de inferior rango. En lo que atañe a la responsabilidad administrativa, es preciso mencionar que ésta es la consecuencia para una persona natural o jurídica que ha quebrantado el deber de observancia de una norma del ordenamiento administrativo no estatutario que fiene una consecuencia primaria de naturaleza moral y otra de carácter pecuniario. (multa), sin perjuicio de que a dicha responsabilidad se adiciones otras que tienen distintos efectos jurídicos para el destinatario (suspensión del cargo sin goce de sueldo hasta por 24 meses, la destitución del declarado responsable en lo administrativo o la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por quince (15) años, sanciones accesorias que tienen su sustrato en el articulo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; lo anterior si perjuicio de las eventuales responsabilidades a saber: de naturaleza civil (artículo 85 eiusdem) o penal a tenor de lo previsto en la Ley Contra la Corrupción, que tipifica una serie de conductas como delitos contra el patrimonio público. A los fines de profundizar en la noción de responsabilidad administrativa, es necesario tener en consideración que en esta están presentes los elementos que se mencionan a continuación: 1. Es una situación desfavorable para la persona natural o jurídica por la violación de una norma regulatoria de la actividad administrativa. 2. La declaratoria de la responsabilidad administrativa es declarada por un órgano de control fiscal (interno o externo). Se hace efectiva previo agotamiento de un procedimiento administrativo 3. para la determinación de responsabilidades. Es recurrible en vía administrativa, ante el funcionario que declaró tal 4. responsabilidad o en vía jurisdiccional ante la jurisdicción contenciosoadministrativo. No implica pena corporal. 5. Entre el órgano de control fiscal que la declara y la persona natural 6. o jurídica destinataria de tal responsabilidad no existe vinculo laboral. En este orden de ideas, es pertinente reiterar el contenido de la sentencia Nº 2010-170 de fecha 9 de febrero de 2010 en la que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo (caso: Segundo Ricardo Regalado Cupueran contra la Compañía Anónima del Metro de Caracas) indicó en relación a la institución de la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos en Venezuela, que “".. El ejercicio de la función pública impone a quienes la detentan la sujeción de actuar conforme a la Constitución y las leyes, siendo entonces el ordenamiento jurídico el que define su esfera de atribuciones y deberes, competencias y funciones. (..." que dicha responsabilidad "(...) reside en la esencia de la importante prestación que desempeñan, al detentar aquellos sujetos la tutela del interés general y el respeto al ordenamiento juridico en los servicios específicos que realizan, y viene determinada en todos los supuestos donde se constate la inobservancia o violación de las normas consideraciones la Corte señaló que "(..) los funcionarios, empleados públicos administración, manejo o custodia de bienes o fondos públicos de las entidades sometidas a control, responden de sus actos, hechos u omisiones, en los términos que señale la ley y de acuerdo a las proporciones del daño ocasionado. Así vista, la responsabilidad administrativa es una herramienta disuasiva para la defensa de la integridad de la Hacienda Pública y la moralidad y excelsitud pública (...)" y que para que se configure tal responsabilidad administrativa "(...) se requiere verificar el supuesto generador de la responsabilidad, sin que para ello sea necesario entrar a valorar las razones de hecho que pudieron influir en el funcionario al momento de incurrir en una actitud antijurídica (.….)" De la sentencia parcialmente transcrita se desprende que la responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia del actuar ilicito de un funcionario y "Se basa en las infracciones que, en criterio del órgano que la declare, hayan cometido personas encargadas de la Administración Pública" (Vid. Sentencia N° 1338 del 25 de junio de 2008, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia). En este contexto, se advierte que el ordenamiento jurídico ha previsto para cada caso, procedimientos, lapsos y consecuencias jurídicas que le son propios, los cuales en atención a su naturaleza y fines deben ser seguidos por órganos distintos, por tanto el señalamiento vinculado con la presidencia total y absoluta del procedimiento seguido (refiriéndose la recurrente a que debió ser aplicado el de naturaleza disciplinaria) debe ser desechado, toda vez que los hechos antijurídicos que motivaron la declaratoria de responsabilidad administrativa y civil de la recurrente fueron determinados por este órgano de control fiscal interno en uso pleno de las competencias que dimanan de los artículos 41, 85 y 93 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y demás instrumentos normativos legales y sublegales aplicables. Es conveniente acotar, cuando nos remontamos al origen del procedimiento que nos ocupa, que este órgano de control fiscal interno en desarrollo de sus competencias realizó actuación de control fiscal del cual fueron obtenidos una serie de hallazgos contenidos en un Informe Definitivo de fecha 03 de junio de 2014 (folios 7 al 21 y sus respectivos vueltos, Pieza | del expediente administrativo) y en el Informe Técnico de fecha 28 de noviembre de 2016 (folios 22 al 32 y sus respectivos vueltos, Pieza 1 del expediente administrativo), con base en los cuales fue formalizada la correspondiente potestad de investigación (artículos 77 y al 81 de la la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y artículos 70 al 80 de su Reglamento) que, a su vez, motivó el inicio del procedimiento de las que fue objeto la hoy recurrente (artículos 95 al 111 de la mencionada Ley Orgánica y 81 al 101 de su Reglamento); procedimientos en los que la interesada tuvo pleno acceso a todas las oportunidades de defensa previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Así, una vez formalizada la potestad de investigación y en atención a la previsión del artículo 79 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la interesada fue formalmente notificada mediante Oficio N.° DCP-001-17 de fecha 10 de febrero de 2017 (folios 41 al 44 y sus respectivos vueltos, Pieza. Il del expediente administrativo), en fecha 01 de marzo solicitó copia simples y certificadas de las actuaciones cursantes en autos (folio 46 de la Pieza Il del expediente administrativo), que le fueron acordadas en fecha 02 de marzo de 2017 (folio 47 de la Pieza Il del expediente administrativo) y entregadas en fecha 03 de marzo de 2017 (folio 48 de la Pieza Ii del expediente administrativo), presentó el 13 de marzo de 2017 argumentos de defensa y promovió pruebas (folios 50 al 59 de la Pieza Il del expediente administrativo), adicionalmente, en atención a expresa petición de la recurrente se incorporaron al expediente soportes documentales (folios 61 al 98 de la Pieza Il del expediente administrativo). De igual manera, una vez precluido el lapso para presentar argumentos y pruebas, el 27 de marco de 2017, la interesada presentó escrito adicional (folios 101 al 244 de la Pieza Il del expediente administrativo y 2 al 73 de la Pieza Ill del expediente administrativo) el cual fue admitido y analizado en resguardo a su derecho constitucional a la defensa; ahora bien, una vez analizados los elementos de prueba cursantes en autos, los argumentos presentados por la interesada legitima y los elementos probatorios por ella aportados, fue emitido el Informe Definitivo fechado 25 de julio de 2017 (folios 104 al 122 de la Pieza lll del expediente administrativo). Culminada la potestad de investigación aludida, en fecha 12 de septiembre de 2017 se dio formal inicio al procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades (folios 1 al 9 y sus respectivos vueltos, Pieza 4 del expediente administrativo) el cual le fue notificado el 15 de septiembre de 2017 a la hoy recurrente mediante oficio MPPRIJP-Ai-DDR-30 de fecha 13 de septiembre de 2017 (folios 10 al 11 de la Pieza 4 del expediente administrativo). En este contexto, se debe indicar que el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades se iniciará con ocasión del ejercicio de las funciones de control o de las potestades de investigación; de las solicitudes formuladas por cualquier organismo o empleado público o por denuncias presentadas ante el órgano de control fiscal (artículo 96 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 85 de su Reglamento), siempre que se acompañen de suficientes elementos de convicción o prueba que permitan presumir fundadamente la responsabilidad administrativa y/o civil) de personas determinadas, supuesto en el cual la dependencia encargada de iniciar el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, en el caso de este órgano de control fiscal interno, la Dirección de Determinación de Responsabilidades, ordenará el inicio o apertura del mismo mediante auto motivado que se notificará a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final. Tercera de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal que, a su vez, remite a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En el presente caso, como ya fue señalado la notificación del inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, a la hoy recurrente, se verificó mediante Oficio N° MPPRIJP-AI-DDR-30 de fecha 13 de septiembre de 2017, oportunidad en la que se acompañó un ejemplar del auto de inicio o apertura de fecha 12 de septiembre de 2017 y, adicionalmente, le fueron indicados en la mencionada comunicación, cada una de las fases que informan el procedimiento que nos ocupa y su fundamentación legal en los términos que de manera parcial se transcriben a continuación: "En este sentido se hace de su conocimiento que de acuerdo con lo previsto en el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Contralorla General de la República y del Sistema Nacional de Controi Fiscal, en concordancia con el artículo 91 de su Reglamento, podrá dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, contados a partir de la recepción del presente oficio, indicar las pruebas que producirá en el Acto Oral y Público a que se admitidas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su indicación y podrán ser evacuadas, de ser necesario, antes del acto oral y público, circunstancia que se advertirá de forma expresa mediante auto que se estampará en el expediente administrativo. Vencido el plazo a que alude el artículo 99 e la Ley Orgánica, esta Dirección fijará, por auto expreso, el décimo quinto (15) dia hábil siguiente para que usted o su representante legal, exprese(n), en forma oral y pública, los argumentos que consideren les asisten para la mejor defensa de sus intereses, para lo cual observarán las formalidades a que aluden los articulos 92 al 97 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Igualmente concluidas las exposiciones, conforme con los: artículos 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 97 de su reglamento, se pronunciará la decisión que ha de recaer en autos el mismo dia fijado para el acto oral y público o a más tardar el dia siguiente de su culminación y quedará estampada en el expediente al término del quinto 5° día hábil siauiente. documento aue contendrá los elementos exigidos en el artículo 98 del página original (tal como se publicó) [Página 23] mencionado Reglamento; no obstante, de haber méritos para dictar auto para, mejor Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se advierte que con la notificación del auto de inicio, quedará a derecho para todos los efectos del procedimiento." Aunado a lo anterior, al examinar el contenido del auto de Apertura de fecha 12 de septiembre de 2017, debidamente notificado a la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, suficientemente identificada, se pone de manifiesto que en él fueron observados los extremos exigidos en el artículo 98 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y artículo 88 de su Reglamento, según el cual: Artículo 98. "En el auto de apertura, a que se refiere el artículo 96 se describirán los hechos imputados, se identificarán los sujetos presuntamente responsables y se indicarán los correspondientes elementos probatorios y las razones que comprometen, presumiblemente, su responsabilidad. Con la notificación del auto de apertura, los interesados o interesadas quedarán a derecho para todos los efectos del procedimiento." (Destacado nuestro) "Contenido del auto de inicio o de apertura. responsabilidades, ordene el inicio o apertura del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, dictará un auto motivado que deberá contener lo siguiente: La Identificación del órgano de control fiscal, asi como de la dependencia encargada de la determinación de responsabilidades, con indicación expresa de las disposiciones legales y reglamentarias que fundamenten su competencia. La identificación del órgano o entidad donde ocurrieron los actos, 2. hechos u omisiones. Descripción pormenorizada de los actos, hechos u omisiones 3. imputados, Identificación de los sujetos presuntamente responsables. Indicación de los correspondientes elementos probatorios y las 8. razones que comprometen, presumiblemente, su responsabilidad. s. La orden de que sean notificados, los sujetos presuntamente. responsables de los actos, hechos u omisiones. La indicación expresa en la notificación del auto de inicio o apertura, que los sujetos presuntamente responsables, quedaran a derecho para todos los efectos del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades." (Destacado nuestro). De los artículos supra transcritos, se evidencia que en los númerales 1, 2, 6 y 7 del artículo 88 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, amplia los requisitos del auto de inicio previstos en el artículo 98 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y permiten -en su conjunto- dar a conocer a los interesados legítimos del procedimiento las circunstancias fácticas y jurídicas que lo vinculan. Por consiguiente, la hoy recurrente además de conocer acerca de la existencia de un procedimiento administrativo, pudo conocer los motivos que tuvo el órgano de control fiscal interno del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz para iniciarlo y, además, en el oficio de notificación se le indicaron cada una de las fases y la base normativa que sustentó el procedimiento que nos ocupa. En conexión con lo anterior, y aún cuando no es una exigencia legal ni reglamentaria, en atención al contenido del artículo 49 constitucional, se incluyó en el auto de apertura, la orden expresa de formar el expediente administrativo y asignar el número correspondiente; de incorporar a éste todos los documentos originales o certificados relacionados con los hechos descritos en el auto de apertura. Efectuadas las consideraciones relativas a los requisitos formales que contiene el auto de apertura que da inicio a la presente causa, en atención a lo establecido en los artículos 98 y 88 de los textos normativos antes citados, se estima imperativo hacer especial mención de los requisitos a que se contraen los numerales 3 y 4 del artículo 88 del Reglamento la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. A tal respecto, en el auto de apertura cuyo análisis nos ocupa fue establecida la relación de causalidad, al incluirse todos los elementos fácticos y jurídicos que permitieron delimitar la, lo que implicó, realizar una descripción detallada pero sucinta de los hechos atribuidos, en grado de presunción a la precitada ciudadana y, adicionalmente, se estableció la correlación de ambos elementos con el supuesto generador de responsabilidad administrativa en el que fue subsume cada situación (en el presente caso en los numerales 2 y 13 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal), asociándose por cada acto, hecho u omisión, los elementos de convicción y prueba, recabados por el órgano de control fiscal a cargo de quien suscribe, teniendo en consideración en atención las previsiones constitucionales relativas a la presunción de inocencia, que en esta fase del procedimiento, las consecuencias que pudieran derivarse de los hechos, actos u omisiones fueron indicadas en grado de presunción. Asimismo, se incluyó en el auto de apertura, todas las referencias que permitieron a la recurrente conocer que las circunstancias fácticas imputadas serían pasibles de formulación de un reparo por el perjuicio pecuniario causado, el cual, fue debidamente cuantificado, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. En este orden de ideas, a propósito de la independencia de las responsabilidades, es importante señalar, que la figura del reparo, permite a los órganos de control fiscal, declarar en sede administrativa la responsabilidad civil del funcionario o particulares, que con su acción u omisión han causado un daño al patrimonio público. Expuestos los elementos que deben estar presentes en el auto de apertura a los efectos de su validez, es atinado señalar que este auto de inicio, debe ser los artículos 75 ó 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos según sea el caso, normas aplicables por remisión expresa de la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, lo cual como ha quedado evidenciado tal notificación tuvo lugar en fecha 15 de septiembre de 2017. Con ocasión de la notificación efectuada, la hoy recurrente presentó escrito de argumentos y pruebas en fecha 06 de octubre de 2017 (folios 13 al 23 de la Pieza 4 del expediente administrativo) contentivo de una serie de argumentos que fueron reiterados por la recurrente en el marco del acto oral y público efectuado en fecha 30 de octubre de 2017 (folios 26 al 29 de la Pieza 4 del expediente administrativo), oportunidad en la que, una vez valorados los elementos probatorios cursantes en autos y los argumentos de defensa expuestos, quien suscribe declaró la responsabilidad administrativa y civil; adicionalmente, fueronanunciados los recursosadministrativos y jurisdiccionales, los lapsos y órganos ante quien interponerlos. Conviene acotar que una vez estampada tal decisión en el expediente, en fecha 14 de noviembre de 2017, le fue notificada a la recurrente mediante Oficio N° DG- OAI-DDR-379-35 de fecha 07 de noviembre de 2017. De las anteriores consideraciones, se pone de manifiesto que este órgano de control fiscal interno, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, si agotó el procedimiento que legal y reglamentariamente correspondía llevar en atención a la naturaleza de los actos, hechos u omisiones determinados en el marco de una actuación de control fiscal en uso de la competencia que legalmente tiene atribuida la Oficina de Auditoría Interna a mi cargo, por tanto, la denuncia vinculada con la omisión del procedimiento disciplinario que en su criterio debió haberse seguido, carece de asidero juridico y por ende debe ser desechada. Ahora bien, en cuanto al alegato de la recurrente que trata sobre la prescripción de la acción, quien suscribe tiene a bien señalar que las responsabilidades (penal, civil, administrativa y disciplinaria) en las que puede incurrir un servidor público son independientes entre sí, son perseguibles por órganos y a través de procedimientos con sustratos normativos específicos y con lapsos de prescripción disímiles a cada caso, por lo cual se considera ajustado aclarar, con fundamento en las normas procedimentales aplicables a procedimientos como el que nos ocupa, el lapso de prescripción. En este contexto, es menester indicar que la recurrente hace mención a la figura de la prescripción aplicable al procedimiento administrativo de destitución, consagrado en el Capítulo II, Régimen Disciplinario, artículos 82 al 88, ambos inclusive, de la Ley del Estatuto de la Función Pública, los cuales señalan los elementos o requisitos consagrados por la norma en materia disciplinaria, siendo evidente que confunde el procedimiento que debió ser aplicado, y como consecuencia de lo anterior, también yerra al hacer referencia al lapso de prescripción de la acción, razón por la que se considera ajustado efectuar las consideraciones siguientes. La prescripción en el ámbito del Derecho Administrativo, que incide en el ejercicio de la Potestad Sancionadora del Estado, como principio general está regulada en el artículo 70 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos al prever que las acciones provenientes de los actos administrativos creadores de obligaciones a cargo de los administrados, prescribirán en el término de cinco (5) años, salvo que en leyes especiales se establezcan plazos diferentes. La norma en referencia, refiere que los actos administrativos creadores de obligaciones para los administrados, sin especificar su naturaleza, prescriben a los cinco (5) años, constituyendo un límite a la Pofestad Sancionadora del Estado. Asi la prescripción de acuerdo a Elody Nassar se traduce en la "extinción de la iniciativa de punir", como resultado de la inercia, durante cierto lapso, del Poder Público en la persecución de la infracción o en la ejecución de la sanción y, por ende, alcanza la pretensión punitiva del Estado, constituyendo un límite que coarta el poder de castigar o sancionar al administrado o al servidor público que incurre en ilícitos administrativos. La prescripción, se erige como una institución de orden público y de capital importancia en procedimientos como el que nos ocupa, toda vez que si la misma se encuentra consumada no podrá perseguirse la responsabilidad administrativa y o civil de los posibles responsables. Al comportar la extinción de la potestad sancionatoria por el transcurso del ilícito administrativo, la Administración deberá iniciar el procedimiento respectivo, y aplicar la sanción de caso dentro del lapso previsto para tales efectos, pues el transcurso del tiempo producirá la extinción de tal potestad. Por tal razón, el interesado tiene el derecho a invocar la prescripción, ya que la acción administrativa destinada a imponer cargas y obligaciones debe desarrollarse dentro de un ámbito temporal especifico, pues así lo reclama el principio general de seguridad jurídica; accionar en ese sentido, constituye un derecho inviolable del administrado quien debe conocer por cuanto tiempo puede estar sujeto al cumplimiento de una obligación o a la imposición de una sanción. Lo contrario supone un estado de incertidumbre insoportable que no puede ser tolerado en un Estado de Derecho (Fraga Pittaluga, Luis, La defensa del constituyente frente a la Administración Tributaria, Fundación Estudio de Derecho Administrativo, Caracas, 1998, página 67). Así las cosas, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, la institución de la prescripción y los mecanismos de interrupción en el marco de procedimientos como el que nos ocupa, han quedado regulados de la manera siguiente: Artículo 114. Las acciones administrativas sancionatorias o resarcitorias derivadas de la presente Ley, prescribirán en el término de cinco años, salvo que en leyes especiales se establezcan plazos diferentes. Dicho término se comenzará a contar desde la fecha de ocurrencia del hecho, acto u omisión que origine la responsabilidad administrativa, la imposición de la multa o la formulación del reparo; sin embargo, cuando el infractor o infractora fuere funcionario público o funcionaria pública, la prescripción comenzará a contarse desde la fecha de cesación en el cargo o función ostentado para la época de ocurrencia de la irregularidad. Si se tratare de funcionarios o funcionarias que gocen de inmunidad, se contará à partir del momento en que ésta hubiere cesado o. haya sido allanada. Si durante el lapso de prescripción el infractor o infractora llegare a gozar de inmunidad, se continuarán los procedimientos que pudieran dar lugar a las acciones administrativas, sancionatorias o resarcitorias que correspondan. En casos de reparos tributarios, la prescripción se regirá por lo establecido en el Código Orgánico Tributario, Articulo 115. La prescripción se interrumpe: 1. Por la información suministrada al imputado durante las investigaciones preliminares, conforme a lo previsto en el articulo 79 de esta Ley. 2. Por la notificación a los interesados o interesadas del auto de apertura del procedimiento para la determinación de responsabilidades, establecido en esta Ley. haga constar la existencia de irregularidades, siempre que se inicie el procedimiento para la determinación de responsabilidades establecido en esta Ley. página original (tal como se publicó) [Página 24] Del contenido de las normas transcritas supra, se pone de manifiesto que el lapso de prescripción para el inicio de las acciones administrativas es de cinco (5) años contados, en el caso de funcionarios públicos, desde la fecha de cesación en el cargo o función y que existen diferenciados mecanismos para interrumpir la, siendo una de ellos la notificación que se haga al interesado de la formalización de la potestad de investigación a tenor de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del. Sistema Nacional de Control Fiscal. En el presente caso, se debe considerar que la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, ya identificada, de acuerdo con el contenido de la "CERTIFICACIÓN DE CARGOS" suscrita por el Director General (E) de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para Relaciones, Interiores, Justicia y Paz, cursante al folio 76 de la Pieza 1 del expediente de ocurrencia de los hechos irregulares, el 30 de junio de 2014, por lo que se Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la existencia de algún acto interruptivo de la prescripción. De la revisión de todas las actuaciones procedimentales cursantes en autos, se desprende que la hoy recurrente fue notificada de la formalización de la Potestad de Investigación el 24 de febrero de 2017, según se aprecia del Oficio de notificación inserto a los folios 41 al 44 de la Pieza I del expediente administrativo. Ahora bien si hacemos el cómputo desde la fecha de cesación en el cargo público ostentado (30 de junio de 2014) a la fecha de notificación (24 de febrero de 2017), apenas habían transcurrido dos (2) años, siete (7) meses y veinticinco (25) días, lapso considerablemente inferior al previsto en el artículo 114 de la Ley Orgánica bajo análisis (5 años). En este orden, se observa que desde la fecha en que se interrumpió la prescripción (24 de febrero de 2017) a la fecha en que fue notificada de la decisión que declaró su responsabilidad administrativa y civil (14 de noviembre de 2017), apenas habían transcurrido ocho. (8) meses y diez (10) días, lapso igualmente inferior al exigido por el legislador en el artículo 114 de, la Ley Orgánica bajo análisis para que se verifique la prescripción de la acción, referido supra. Con fundamento en las anteriores consideraciones quien suscribe, advierte que contrariamente a lo sostenido por la recurrente, en el presente caso tampoco ha operado la prescripción de la acción. En consecuencia el alegato bajo análisis debe ser desestimado. En cuanto a las circunstancias fácticas y jurídicas que motivaron la declaratoria de responsabilidad administrativa y civil, la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, suficientemente identificada en autos, alegó fundamentalmente que el Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos (SIGEFIRRHH) a los fines del cálculo de prestaciones sociales, no consideró en el Módulo de Prestaciones / Fideicomiso las alícuotas del bono vacacional y las utilidades y a tal efecto señaló que hay evidencia de una: "(...) mala aplicación o interpretación de las normas contenidas en los artículos 108, y 133 del LOT vigente hasta el 06/05/2012 y Art. 77 del Reglamento parcial de la LOT (vigente), donde se establece la incorporación en la base de cálculo salarial de las alícuotas del bono vacacional y las utilidades no consideradas en la herramienta (de uso obligatorio) del Módulo de Prestaciones/Fideicomiso a través del "Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos" SIGEFIRRHH en los años 2012 y 2013 y que sirvieron de base para los cálculos que sustentan el Informe Definitivo Credencial No. DCP- 00042-AO-2014-01 de fecha 3/06/2014 (Folios 7 al 21, Pieza I) e Informe Técnico de fecha 28/11/2016 (Folios 22 al 32, Pieza I) (...). Sostiene que tales conceptos, én su decir debieron ser incluidos a los efectos del cálculo de prestaciones sociales y para soportar sus dichos transcribió fragmentos de las sentencias 858-2014 de fecha 07 de julio (no indicó el año) y 266-2010 de fecha 23 de marzo (sin precisar el año) y una de fecha 28 de diciembre de 2016, todas emanadas de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia; sentencias N° 263 de fecha 24 de octubre de 2001 y 30 de fecha 09 de marzo de 2000, en ambos casos no indicó el órgano jurisdiccional que las habría proferido. Para apoyar su tesis relativa a la existencia de una interpretación de la norma, hace referencia al contenido del Acta de Entrevista de fecha 27 de abril de 2017, cursante a los folios 78 y 79 de la Pieza I del expediente administrativo, cuyo contenido de manera parcial fue transcrito por la recurrente en los términos siguientes: "(...) SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Diga Usted, sl para el año 2012 se consideraron las Alícuotas de bono vacacional y bonificación de fin de año de acuerdo a lo contemplado en el Articulo 108 LOT vigente hasta el 06/05/2012 y la reforma contemplada en el Articulo 142 de la LOTTT, explique? CONTESTÓ: "(..) Es de resaltar que se continuo calculando y abonando perjudicar aquellos trabajaron que no habían disfrutado de la cancelación del bono vacacional, es decir, antes de la modificación del cálculo de Prestaciones Sociales el concepto de Bono Vacacional, formaba parte del salario integral, después de la reforma, la asignación antes Vacaclonal..." Con base en las anteriores consideraciones afirma que las alícuotas del bono vacacional y bonificación de fin de año al ser parte del salario integral se debieron considerar a los efectos del pago de la prestación de antigüedad, hoy prestaciones sociales y, por ende, estar incluidas en el mencionado Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos (SIGEFIRRHH). Señala que en el acto recurrido existen "(..) inconsistencias en cuanto a la determinación de responsabilidad administrativa (..) ya que se asocia como la consecuencia cumplimiento del deber asignado respecto a las funciones de cálculo y posterior distribución de los aportes mensuales de Prestaciones Sociales (meses de enero a abril/2012) y Garantia Trimestral de Prestaciones Sociales (a partir de la entrada en vigencia de la reforma de la LOTTT al 07/05/2012/ de los 182 trabajadores del Instituto Universitario de Policla Cientifica (IUPOLC)." Alega que para la configuración de la "(.) aludida responsabilidad administrativa y la consiguiente obligación de reparar, se requiere la presencia de ciertos elementos esenciales, que deben aparecer plenamente probados, a saber: actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal procedimientos que comprenden el control intemo, que deben propender a salvaguardar el patrimonio público y procurar la eficacia y legalidad de los procesos y operaciones institucionales; asi como por. una conducta omisiva o negligente en el manejo de los recursos." Fideicomiso de la Coordinación de Tramites y Pasivos Laborales y de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP), en cuanto al uso obligatorio del aplicativo contenido en el Módulo de Prestaciones/Fideicomiso a través del "Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos" (SIGEFIRRHH)". Que "(..) en ningún caso se consideró dentro de la mencionada herramienta de trabajo, por una parte, las alícuotas o incidencias del bono vacacional y bonificación de fin de año de acuerdo a lo contemplado en los Art. 108 y 133 de la Ley Orgánica del trabajo (LOT) vigente hasta el 06/05/2012 y la reforma contemplada en el Art. 142 de la LOTTT a partir del 07/05/12, y por otra, los días de prestaciones que hasta abril/2012 se calculaban a razón de 5 dias por mes y con la reforma de la LOTTT pasaron a efectuarse bajo un nuevo sistema de acreditación equivalente a pagos trimestrales (15 días)." Aduce que manifestó "(... la irregularidad presentada por el sistema al área de Fideicomiso y a la Coordinación de Trámites y Pasivos Laborales de este Ministerio, quienes manifestaron que se debía continuar la realización de los cálculos bajo los parámetros contenidos en el en el Módulo de Prestaciones/Fideicomiso a través del "Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos" hasta que se efectuará su adecuación a lo contemplado en la reforma de la LOTTT vigente a partir del 07/05/2012 (...)* Señala que este órgano de control fiscal interno válido el argumento esgrimido por las precitadas áreas (Fideicomiso y Coordinación de Trámites y Pasivos Laborales), en la entrevista de fecha 27 de abril de 2017, rendida por la especialista en el área de fideicomiso de la Coordinación de Tramites y Pasivos Laborales de la Dirección de Gestión Humana (folios 78 y 79, Pieza IlI), de la cual la recurrente extrajo lo siguiente: "(..) SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Diga Usted, si para el año 2012 se consideraron las Alícuotas del bono vacacional y bonificación de fin de año de acuerdo a lo contemplado en el Articulo 108 de la LOT vigente hasta el 06/05/2012 y la reforma contemplada en el Articulo 142 de la LOTTT, explique? CONTESTÓ: (...) Durante el año fiscal 2012, se continuo trabajando según lo establecido en el Art.108 en la antigua LOT, motivado a que el PERTINENTES PARA REALIZAR EL AJUSTE CONTEMPLADO EN LA NUEVA LEY ORGÁNICA DEL Reitera que "(...) mediante memorando identificado con las siglas y número DGORRHH No. 003402 de fecha 6/9/16 (folios 48 al 50 de la Pieza 1 del expediente administrativo, La Oficina de Recursos Humanos del MPPRIJP señalo, entre otros aspectos, la base de cálculo de los abonos mensuales y trimestrales aplicados a Ios entes IUPOLC, IUNEP y EFOCUP coincidiendo con las declaraciones rendidas por la ciudadana en cuestión, desestimando la orden expresa de la normativa legal vigente a la fecha, de distribuirse el bono vacacional y la bonificación de fin de año de manera proporcional en el año (Incidencias o Alícuotas)." Circunstancia que a su decir "(..) originó una alteración en la base de cálculo salarial, en virtud de que, en lo que respecta al salario integral de los 182 trabajadores del Instituto Universitario de Policia Científica (IUPOLC) para el ejercicio fiscal 2012-2013, no se tomaron en cuenta inicialmente todos los conceptos que lo integran, efectuando cálculos por debajo de los estimados de acuerdo a la Ley, lo que demuestra que la Administración actúo de forma contraria a las disposiciones legales y constitucionales que rigen la maleria, contempladas en los Art. 133 y 108 de la LOT, Art. 77 RLOT y Art. 122 y 142 de la LOTTT. EN VIRTUD DE QUE LA NORMA CONTENIDA EN LOS PRECITADOS ARTICULOS TENIA VIGENCIA A PARTIR DEL 19/06/1997, CÓMO SE EXPLICA ENTONCES, QUE PARA EL AÑO 2012 AÚN NO HUBIESEN SIDO INCORPORADOS ESTAS INCIDENCIAS EN LA BASE DE CÁLCULO SALARIAL DEL PRECITADO SISTEMA." y a SU. deCir "(..) refleja sÍn lugar a dudas, que el origen del posible perjuicio causado al patrimonio público, no fue en ningún caso ocasionado por una falta administrativa en el ejercicio de [sus] funciones a consecuencia de una acción u omisión imputable por malicia o imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable, sino que por el contrario la herramienta de trabajo (de uso obligatorio) asignada para el trámite y suministrada por la Unidad de Fideicomiso de la Coordinación de Tramites y Pasivos laborales del MPPRIJP, no contaba con las especificaciones técnicas ajustadas a la normativa legal que rige la materia, como quedo evidenciado en las declaraciones de la prenombrada funcionaria y la Oficina de Recursos Humanos." Respecto a estos hechos señala que "(..) reflejan claramente fallas de control interno en la administración, quien debió garantizar, vigilar y fiscalizar el eficaz funcionamiento de la herramienta y de la aplicación correcta del mandato contenido en la norma que rige la materia, velando porque la misma contemplará el cálculo del beneficio ajustado a Derecho, contraviniendo lo establecido en el Art. 32 literal (c) de las normas generales de control interno (..)" y que las circunstancias evidenciadas no tienen su origen en "(..) una falta de actuación, omisión voluntaria o descuido de [su] parte para con el deber encomendado, sino más bien, fue la consecuencia directa de las diferencias arrojadas por la no incorporación de todos los conceptos y duplicidad de los mismos, en la base de cálculo salarial determinada a través del Módulo de Prestaciones/Fideicomiso a través del 'Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos', pretendiendo una vez parametrizado configuran un amplio catalogo de supuestos, que luego de un mero análisis quedaría reducido a un presunto 'incumplimiento intencional no probado en este acto', por un simple y lógico ejercicio de descarte (Resaltado nuestro)". Analizados los argumentos de esgrimidos en el escrito mediante el cual la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, suficientemente identificada en autos, ejerce Recurso de Reconsideración contra el acto administrativo que declaró su responsabilidad administrativa y civil, análisis que debe ser complementado con los soportes documentales cursantes en autos, se pone de manifiesto primariamente que sus dichos están orientados fundamentalmente a demostrar que las situaciones fácticas que condujeron a la adopción de tal decisión por parte de quien suscribe no le son imputables por cuanto tales circunstancias tienen su origen en el hecho de que el Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos (SIGEFRRHH) no contemplaba, a su decir, las alícuotas correspondientes al bono vacacional y utilidades. Así se tiene en lo atinente al referido "Sistema", no contemplaba todos los conceptos necesarios a los fines de efectuar los cálculos por concepto de prestaciones de antigüedad hoy prestaciones sociales, quien suscribe estima pertinente señalar que tanto la derogada Ley Orgánica del Trabajo, como en la vigente Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores (LOTTT) reconocen, a favor de los trabajadores, una serie de beneficios que se traducen en retribuciones monetarias y, consecuentemente, deben ser abonadas en cuentas individuales receptoras, entre otros de los montos resultantes por concepto de prestaciones sociales como se denominan en la actualidad. Así el artículo 108 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo (LOT), regulaba lo concerniente al derecho que nace en favor de los trabajadores a la prestación de antigüedad (hoy prestaciones sociales), como consecuencia directa de una relación laboral, una vez que se verifica, determinada circunstancia temporal; adicionalmente, prevé lo relativo al cálculo y las figuras que ha dispuesto el legislador para que tales cantidades dinerarias sean acreditadas, a saber: i) en el fideicomiso individual a nombre del trabajador, i) en un Fondo de Prestaciones de Antigüedad o ii) en la contabilidad de la empresa. El dispositivo aludido, disponía que a partir del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tenía derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por mes completo laborado (que serían abonados mensualmente), además contemplaba que a partir del primer año de servicio o fracción superior a seis (6) meses de servicio, el trabajador tenía derecho a percibir dos (2) días adicionales, acumulativos hasta treinta (30) días. Al monto resultante por concepto de prestación de antigüedad, tenía que consideración los factores siguientes: i) al rendimiento del fideicomiso individual página original (tal como se publicó) [Página 25] o del Fondo de Prestaciones de Antigüedad; ii) a la tasa activa de los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país si el trabajador hubiese requerido que los depósitos se efectuasen en un fideicomiso individual o en un Fondo de Prestaciones de Antigüedad o en una entidad financiera, y el patrono no cumpliera con lo solicitado y, ii) si tales cantidades estuviesen en la contabilidad de la empresa, a la tasa activa y pasiva, determinada por el Banco Central de Venézuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país. Ahora bien, bajo la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), se incorporaron algunas innovaciones, con la finalidad de atender la voluntad del constituyentista (articulo 92 del texto fundamental) al expresar que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los ampare en caso de cesantía. Así, el artículo 141 Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, estableció fundamentalmente que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los ampare en caso de cesantía y el artículo 142 regula lo atinente al cálculo y oportunidad de pago de las prestaciones sociales al establecer: "Las prestaciones sociales se protegerán, calcularán y pagarán de la siguiente manera: a) El patrono o patrona depositará a cada trabajador o trabajadora por concepto, de garantía de las prestaciones sociales el equivalente a quince días cada trimestre, adquiere desde el momento de iniciar el trimestre. acumulativos hasta treinta días de salario. c) Cuando, la relación de trabajo termine por cualquier causa se calcularán las prestaciones sociales con base a treinta dias por cada año se servicio o fracción superior a los seis meses calculada al último salario. El trabajador o trabajadora recibirá por concepto de prestaciones sociales el monto (p que resulte mayor entre el total de la garantía depositada de acuerdo a lo establecido en los literales a y b, y el cálculo efectuado al final de la relación laboral de acuerdo al literal c. e) corresponde al trabajador o trabajadora por concepto de prestaciones soclales será de cinco días de salario por mes trabajado o fracción. El pago de las prestaciones sociales se hará dentro de los cinco días siguientes a la f) terminación de la relación laboral, y de no cumplirse el pago generará intereses de mora a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como relerencia los seis principales bancos del país" Al analizar [os artículos 108 de la derogada Ley Orgánica de Trabajo y 142 de la vigente Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, surge la presencia de elementos que a pesar de atender a la misma esencia, la protección del trabajador, a estos se incorporan algunos matices formales como lo constituye la oportunidad en que se depositará y liquidará el monto que resulte por concepto de prestación sociales, así denominado en el último de los instrumentos legales mencionados; es por ello que se puede afirmar que alcanzados determinados requisitos de antigüedad, el trabajador sería acreedor de cinco (5) dias por concepto de prestación de antigüedad que serían liquidados y depositados bien sea en una cuenta de fideicomiso individual o en el Fondo de Prestaciones de Antigüedad o en la contabilidad del patrono de manera mensual. Por su parte, bajo el esquema planteado en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, la oportunidad en que debe efectuarse un depósito equivalente a quince (15) días por concepto de garantía de prestaciones sociales se hará de manera trimestral; lo cual permite sostener que el factor de cálculo por cada mes, equivale a cinco (5) días como estaba previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, derogada, se mantiene en el tiempo, con la variante referida a la oportunidad en que debe hacerse el correspondiente abono, todo ello independientemente del cálculo de los respectivos intereses. Realizadas las consideraciones generales que anteceden, quien suscribe estima atinado nuevamente traer a colación el contenido del Acta de Entrevista de fecha 27 de abril de 2017 (folios 77 y 78 Pieza Ill del expediente administrativo), de cuyo análisis se descarta, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, la posibilidad que la falta de adecuación del "Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos (SIGEFIRRHH)", a los cambios normativos que introdujo la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), fuese la causa de los errores en los cálculos evidenciados en el marco de la actuación de control fiscal y que sirvieron de fundamento para declarar la responsabilidad administrativa y civil. En apoyo al criterio sostenido por este órgano de control fiscal interno, la declarante manifestó ante la interrogante (SÉPTIMA), referida a si para el año 2012 se consideraron las alícuotas del bono vacacional y bonificación de fin de Trabajo (LOT) vigente hasta el 06/05/2012 y la reforma contemplada en los Trabajadoras (LOTTT), que "Durante el año fiscal 2012 se continuó trabajando según lo establecido en el artículo 108 en la antigua LOT, motivado a que el Sistema de Gestión Financiera de contemplado en la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), el cual entró en vigencia. Es de resaltar que se continuó calculando y abonando CInCO (5) días por mes por concepto de Prestaciones de antiguedad, a los fines de no perjudicar aquellos trabajadores que no habían disfrutado de la cancelación el Bono. Vacacional, es decir, antes de la modificación del cálculo de Prestaciones Sociales el concepto de Bono Vacacional, formaba parte del salario integral, después de la reforma, la asignación antes mencionada, se contemplaría una cuarta (%) parte trimestral, identificada como alícuota del Bono Vacacional..." (SIC). (Énfasis añadido). En correspondencia con la declaración ofrecida por la funcionaria de la Oficina de Recursos Humanos de este Ministerio, dicha dependencia a través de memorando identificado con las siglas y números DGORRHH N° 003402 de fecha 06 de septiembre de 2016 (folios 48 al 50 de la Pieza 1 del expediente administrativo), señaló, entre otros aspectos, la base de cálculo de los abonos mensuales y trimestrales aplicados a los entes IUPOLC, IUNEP y EFOCUP, que en su conjunto hacen patente las coincidencias respecto de los conceptos que debían ser incluidos a los fines de efectuar los cálculos por concepto de prestaciones de antigüedad, hoy prestaciones sociales. El análisis efectuado, permite constatar que para el ejercicio económico financiero 2012, se tomaron en consideración para realizar los cálculos correspondientes los conceptos de Sueldo Básico + Compensaciones + Primas, Horas Extras + Bono Vacacional + Bono Fin de Año, y la formula siguiente: Remuneración Mensual / 30 días * 5 días, tal como lo establece el Artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), fey vigente hasta el 07/05/2012, mientras que a partir del ejercicio económico financiero 2013, los abonos por concepto de prestaciones sociales se realizaban trimestralmente con fundamento en lo establecido en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, para lo cual se aplicó la base de cálculo correspondiente: Sueldo Básico + Compensaciones + Primas, Horas Extras + Alícuotas del Bono Vacacional + Bonificación de fin de Año, y la formula que se describe a continuación: Salario Integral / 30 días * 15 días. Con fundamento en lo expuesto, quien suscribe concluye, contrariamente a la prevención de la recurrente, que independientemente de los cambios normativos y de que el "Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos (SIGEFIRRHH)", utilizado para el cálculo de aportes y días adicionales a los trabajadores de la nómina del Instituto Universitario de Policía Científica (IUPOLC), aún no había sido ajustado en cuanto a la periodicidad para abonar el importe monetario producto de los cálculos respectivos en atención a la legislación vigente (LOTTT), en la práctica tal circunstancia no afectó el derecho de los servidores públicos adscritos al ente en referencia, situación que, además, es ratificada en la declaración de la funcionaria de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para Relaciónes. Interiores, Justicia y Paz, antes aludida. En relación al contenido de las sentencias invocadas por la recurrente, en las que de manera coincidente se hace referencia los conceptos de naturaleza salarial que deben ser considerados para el cálculo de los beneficios laborales que corresponden a los trabajadores una vez culminada la relación laboral, es menester indicar que tales conceptos, en todo momento, han sido honrados por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, aspectos que a los fines de la presente causa no constituyen objeto de controversia. En este contexto, al analizar la evidencia cursante en autos se pone de manifiesto que las formulas empleadas por este Ministerio, bajo la vigencia de los instrumentos legales analizados, contemplan todos los conceptos previstos por el legislador y que han sido aludidos en las sentencias mencionadas, de allí que los argumentos de la hoy recurrente no son capaces de desvirtuar los hechos. que motivaron su declaratoria de responsabilidad administrativa y civil, vinculados con: i) haber efectuado dieciséis (16) abonos por un monto de Ochenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Un Bolívares con Cincuenta y Tres Céntimos (Bs. 81.561,53), durante los años 2012 y 2013, en su cuenta individual fiduciaria, siendo que de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras, el monto que debió ser pagado ascendía a Cuarenta y Un Mil Setecientos Veintiocho Bolívares con Cuarenta y Cinco (Bs. 41.728,45), lo cual refleja un abono adicional por la cantidad de Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y tres Bolívares con Ocho Céntimos (Bs. 39.833,08). Il) no haber abonado la cantidad de Trescientos Seis Mil Ciento Cuarenta y Un Bolívares con Seis Céntimos (Bs. 306.141,06) que legalmente correspondía, en las cuentas individuales de ciento ochenta y dos (182) trabajadores, de un universo de doscientos veinticinco (225) trabajadores (empleados, obreros y contratados) adscritos a la nómina del IUPOLC. Este último elemento desdice, aún más, el señalamiento vinculado con la aludida falta de parametrización que, según la recurrente, carecía el mencionado Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos (SIGEFIRRHH), toda vez que de ser cierta tal afirmación la situación fáctica que hoy nos ocupa se hubiese presentado respecto a la totalidad de los casos. Por las razones expuestas, quien suscribe desecha los argumentos presentados por la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, ya identificada. Así se decide. En este contexto, en el escrito recursivo la precitada ciudadana alegó que, en lo que respeta al salario de cálculo de los 182 trabajadores adscritos al IUPOLC, para el ejercicio fiscal 2012 y 2013, no se tomaron en consideración las alícuotas del bono vacacional y la bonificación de fin de año, que debieron vigente para la fecha lo que originó una alteración en la base de cálculo salarial de los referidos trabajadores. Analizado el planteamiento formulado, quien suscribe, tiene a bien señalar, que en el marco de la actuación de control fiscal adelantada por este órgano de control fiscal interno, específicamente en el Informe Técnico de fecha 28 de noviembre de 2016, (folios 22 al 32 y sus respectivos vueltos de la Pieza 1 del expediente administrativo), se expresó en el Capítulo III "CONSIDERACIONES resultando un total de Trescientos Seis Mil Ciento Cuarenta y Un Bolivares con Seis Céntimos (Bs. 306.141,06), monto éste que el Ministerio tuvo que resarcir...". Sobre este particular sé debe reiterar, que el monto aludido (Bs. 306.141,06) fue determinado por este órgano de control fiscal interno y es el resultado de la aplicación de las técnicas de auditoría que el ordenamiento técnico-jurídico ha desarrollado, resultado que está plasmado en el Informe Técnico de fecha 28 de noviembre de 2016 (folios 7 al 21 y 22 al 32 de la Pieza 1 del expediente administrativo), así como en las de más actuaciones cursantes en autos, las cuales de conformidad con lo previsto en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, tienen fuerza probatoria mientras no sean desvirtuadas en debate judicial, de allí que surtan pleno valor probatorio, a lo que se añade que tal situación (abonos por debajo de lo que, correspondía legalmente) se determinó respecto a una parcialidad de un universo de doscientos veinticinco (225) trabajadores, respecto de los cuales este órgano de control no formuló observaciones. Lo anterior, pone de manifiesto que contrariamente a lo sostenido por la recurrente, la circunstancia fáctica que motivó su declaratoria de responsabilidad administrativa y civil, no puede ser atribuida a las pretendidas faltas de parametrización de un sistema o a fallas de control interno atribuibles página original (tal como se publicó) [Página 26] a otros órganos del Ministerio, particularmente, que la recurrente, según se desprende dei acervo probatorio cursante en autos y analizado en la decisión que declaró su responsabilidad administrativa y civil era la única responsable del manejo del Sistema que nos ocupa, que permiten evidenciar que la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, antes identificada, en su condición de Analista de Personal IV (Profesional II), tenía bajo su responsabilidad exclusiva la realización de los cálculos de prestaciones sociales de manera mensual a favor de los empleados, obreros y personal contratado incluidos en la nómina del IUPOLC, asimismo, realizaba la distribución de los aportes en las cuentas fiduciarias individuales; para estos fines la Coordinación de Nómina le asignó a la precitada ciudadana, clave de acceso al Sistema de Gestión Financiera de Recursos Humanos (SIGEFIRRHH). Así se tiene que en los cálculos realizados a 182 trabajadores del IUPOLC, no fueron abonados a sus cuentas individuales fiduciarias lo establecido por Ley, según lo que estipulan los artículos 108 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo (LOT) y 142 de la vigente Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), el monto total de lo que se dejó de pagar es de Trescientos seis mil ciento cuarenta y un bolívares con seis céntimos (Bs. 306.141,06) y que tales inconsistencias, evidenciadas en los procesos de conciliaciones bancarias y puestas de manifiesto sobre la base de la revisión de los Estados de Cuenta Bancario de las cuentas de Fideicomiso del Banco Banesco, C.A., generaron que el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, solicitara crédito adicional para abonar en las cuentas individuales del personal que percibió abonos por debajo del monto que legalmente correspondía en los términos indicados supra, según se desprende del contenido del memorándum DGORRHH-DAP-CTPL N° 023255 de fecha 23 de diciembre de 2013, emanado de la Oficina de Recursos Humanos del MPPRIJP, dirigido a la Oficina de Gestión Administrativa del MPPRIJP, mediante el cual solicita la emisión de órdenes de pago por la cantidad de Bs. 2.306.581,49, a los fines de incrementar las prestaciones sociales al personal empleado y obrero activo (folio 55, Pieza I) y del memorándum DGORRHH-DAP- CTPL N° 022 de fecha 03 de diciembre de 2013, emanado de la Coordinación de Trámites y Pasivos Laborales, dirigido a la Unidad de Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mediante el cual se notifica que se detectaron duplicidad en los conceptos asociados en el módulo de Prestaciones Sociales (Fideicomiso), el cual es utilizado para calcular los aportes y días adicionales a los trabajadores asignados a la nómina del IUPOLC (folios 56 y 57, Pieza l). Efectuadas las anteriores consideraciones y sobre la base de las pruebas que cursan en autos, se reitera que la ciudadana Yunilma Anani Maidonado Constante, ya identificada, quien para el momento de ocurrencia de los hechos se desempeñaba en el cargo de Analista de Personal IV (Profesional II), era la exclusiva responsable del área de prestaciones sociales (análisis, cálculos, trámites de liquidaciones, solicitud de anticipos de prestación de antigüedad entre otras actividades) y de acuerdo con Certificación de Cargos emanada de la Dirección General de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para. Relaciones Interiores, Justicia y Paz, (folio 76 de la Pieza I del expediente administrativo), durante el período comprendido entre el 18 de abril de 1994 hasta el 30 de junio de 2017, estuvo adscrita al IUPOLC y a partir del 01 de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2014, adscrita a la entonces Dirección General de Recursos Humános del mencionado Ministerio. En tal condición de Analista de Personal IV (Profesional II), para la época de ocurrencia de los hechos, tenía bajo su responsabilidad efectuar los cálculos de prestaciones sociales de manera mensual a favor de los empleados, obreros y personal contratado incluidos en la nómina del IUPOLC y realizar la distribución de los aportes en las cuentas fiduciarias individuales; para estos fines, la Coordinación de Nómina le asignó clave de acceso al "Sistema de Gestión Financiera de Recursos Humanos (SIGEFIRRHH)". aspectos que expresamente fueron admitidos en el "Informe del Área de Prestaciones Sociales y Fideicomiso del Instituto Universitario de Policía Científica (IUPOLC)" suscrito por la imputada y fechado noviembre de 2013, (folios 34 al 38 Pieza 1 del expediente administrativo). De lo anterior, se pone de manifiesto que en tal condición, tenía una estrecha vinculación con la administración, manejo y custodia de fondos que integran el Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y, por ende mal puede tratar de desplazar su responsabilidad a otros funcionarios. En ese sentido el artículo 141 de la Constitución de la República. Bolivariana de Venezuela, prevé lo siguiente: Art. 141: "La Administración Pública está al servicio de Jos ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho" Del contenido de la norma transcrita, se infiere que la diligencia con que deben actuar los servidores públicos debe estar supeditados en el desempeño eficaz, eficiente y transparente de sus acciones en cuanto a las actividades administrativas que realicen, preservando en todo momento los intereses, recursos y bienes del ente u organismo al cual prestan sus servicios. Al analizar los principios rectores de la Administración Pública, a saber honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición sometimiento pleno a la ley y al derecho, se tiene a bien resaltar el denominado. principio de legalidad que impone a los funcionarios el deber de someter su actuación a todo el bloque de legalidad, supra analizado. La recurrente señala que el origen del perjuicio causado al patrimonio público no fue ocasionado como consecuencia de acción u omisión imputable por tiene a bien reiterar que en Sentencia N° 00013 de fecha 08 de enero de 2008, emanada de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y recaída en el expediente N° 2006-0453, fue sostenido que en Venezuela, la responsabilidad administrativa en la que pueden incurrir funcionarios públicos y particulares, es de naturaleza objetiva por lo cual para la configuración de alguno de los supuestos generadores de responsabilidad administrativa, no es requerido la presencia de algunos de los elementos mencionados por la recurrente; en este sentido la Sala sostuvo: "Al respecto, observa la Sala que la responsabilidad objetiva surge cuando la norma prevé la responsabilidad para el encargado del manejo de los fondos públicos prescindiendo de los elementos dolo o culpa, cuando se configura un hecho típicamente antijurídico que ha causado una lesión al patrimonio público. Es decir, por el solo hecho de realizar la conducta tipificada por la ley como antijuridica y sancionable, se incurre en responsabilidad o en delito, según sea el caso. La responsabilidad objetiva implica la negación del principio de culpabilidad. En este sentido, no es extraño encontrar dentro del ordenamiento juridico normas que prevean la responsabilidad objetiva, cómo lo son, por ejemplo, la malversación de fondos, anteriormente previsto en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, actualmente en la Ley Contra la Corrupción." Yunilma Anani Maldonado Constante, ya identificada, en su condición de Analista de Personal IV (Profesional II), para la época de ocurrencia de los hechos y en tal condición le correspondía, de acuerdo al contenido del "Informe del Área de Prestaciones Sociales y Fideicomiso del Instituto Universitario de Policía Científica (IUPOLC)" suscrito por ella y fechado noviembre de 2013 (folios 34 al 38 Pieza 1 del expediente administrativo), entre otras actividades, las vinculadas con el proceso de integración IUPOLC-Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNEs), toda vez que era responsable de analizar, calcular y tramitar el monto por concepto de Prestaciones Sociales del personal obrero y empleado egresado del organismo ante el entonces Ministerio dei Poder Popular para las Finanzas, una vez incorporada en la División de Trámites y Pasivos Laborales como personal de apoyo y enlace. Sin menoscabo de lo anterior, también le correspondía tramitar: i) las liquidaciones calculadas del IUPOLC ante el otrora Ministerio del Poder Popular para las Finanzas; i) las solicitudes de anticipo de prestación de antigüedad del personal activo y finiquito de prestaciones del personal egresado del IUPOLC ante la entidad financiera: Banesco Banco Universal. A tales efectos, debía solicitar de manera mensual, los recursos necesarios para el aporte dei monto correspondiente a la prestación de antigüedad de los trabajadores activos según lo establecido en el artículo 108 de la entonces Ley Orgánica del Trabajo. Comprendida dentro de las responsabilidades, que expresamente reconoce haber tenido la interesada legítima, se tiene lo atinente a la migración del sistema de cálculo de Prestaciones Sociales (SCiO) a un software que, entre otros, incluía el cálculo de prestaciones según lo establecido en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, vigente a partir de mayo de 2012, con la finalidad de remitir los cálculos del personal obrero, empleado y contratado ante el Ministerio del Poder Popular para las: Finanzas, de allí que contrariamente a lo sostenido por la hoy recurrente, en el marco del procedimiento que nos ocupa ella admite que el sistema operado enteramente bajo su exclusiva responsabilidad para el momento de ocurrencia de los hechos que motivaron su declaratoría de responsabilidad administrativa y civil, estaba ajustado a las previsiones del mencionado artículo 142 LOTTT, por tanto quien decide desestima los argumentos contenidos en su escrito recursivo. En el escrito recursivo, la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, identificada en autos, adicionalmente señaló en lo que respecta a la declaratoria de responsabilidad administrativa y civil (formulación de reparo), lo que se expone a continuación: República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, presenta igualmente considerables dudas relacionados con su determinación en cuanto al monto adicional que no me correspondia según la Ley y que presuntamente abone a mi cuenta de fideicomiso individual por la cantidad de Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres Bolivares con 08/100 (39.833,08), ya que, en la etapa de potestad investigativa mediante escrito presentado en fecha 6/10/17, se determinó detalladamente que en ningún caso, en los montos señalados por la Coordinación de Pasivos Laborales del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP) y que soportan el Informe Definitivo Credencial No. DCP-00042-AO-2014-01 de fecha 3/06/2014 (Folios 7 al 21, Pieza I) e Informe Técnico de fecha 28/11/2016 (Folios 22 al 32, Pieza I), so encontraban contempladas las alícuotas o incidencias del bono vacacional y utilidades, ni se considero el abono de los dias adicionales correspondiente a los años 2012 y 2013, asimismo, para ambos periodos de ley no se tomaron en cuenta los montos resultantes del cálculo de los bonos vacacionales dentro de la base de cálculo salarial (salario integral), lo cual resulta contempladas en los Art. 133 y 108 de la LOT, Art. 77 RLOT y Art.122 y 142 de la LOTTT, en virtud de que, la diferencia tomando en cuenta el monto abonado en el periodo comprendido entre los años 2012 y 2013 por la cantidad de Ochenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Un Bollvares con 53/100 (81.561,53) en comparación con los cálculos efectuados bajo la modalidad trimestral de acreditación, arroja un aporte adicional real y ajustado a derecho, de Bolivares Setecientos Veinticuatro Mil con 31/100, (724,31) y no de Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres con 08/100 (39.833,08), como aparece evidenciado en los Informes Técnicos que soportan el procedimiento administrativo en mi contra. Asimismo, se afirma de manera maliciosa que presuntamente abone en mi cuenta de fideicomiso 16 abonos que no me correspondan, Al respecto es preciso acotar que, de los dieciséis (16) abonos efectuados entre los periodos 2012-2013 y en concordancia con la modalidad de parametrización mensual del Módulo de Prestaciones/Fideicomiso a través del "Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Hlumanos" (S/GEFIRRHH) me correspondian catorce (14) abonos hasta febrero/2013, la diferencia de dos (2) abonos corresponden a dos depósitos efectuados de forma involuntaria por la cantidad de Doce Mil Ochocientos Bolivares con 00/100 (12.800,00) cada uno, debido a que al efectuar el vaciado de la información del archivo en Excel a la data del ente fiduciario a través de las funciones de copiado y pegado de datos que, al ser utilizado en el archivo fuente, se transfirió de forma no intencional en ambos abonos (Folios 169 al 170); error de duplicidad en registros que en ningún caso fue devuelto para su corrección por parte del encargado del área de Fideicomiso de la Coordinación de Tramites y Pasivos Laborales, según flujograma para el proceso de cálculo y abono de las prestaciones sociales correspondiente a los años fiscales 2012 y 2013 (folios 71 al 74, Pieza 1), en donde se señala como parte del proceso, la revisión de los cálculos por parte del Área de Fideicomiso de la Coordinación de Pasivos Laborales adscrita a la Dirección General de la Oficina de Recursos Humanos. De igual forma, los cálculos no ajustados a derecho que se cancelaban mes a mes y que arrojaron una vez efectuada la parametrización del sistema, la cantidad de Trescientos Seis Mil Ciento Cuarenta y Un Bolivares con 06/100 (Bs. 306.141,06), tampoco fueron devueltos para su corrección, ni se examinaron sistemáticamente los procesos asegurando su correcta ejecución conforme a las instrucciones dictadas a tal efecto, contraviniendo el criterio contenido en la Normas Generales de Control Interno en los Artículos 20 y 21. Asimismo, el contenido del Informe Definitivo Credencial N° DCP-00042-AO-2014-01 de fecha 03 de junio de 2014, relacionado con la Auditoria Operativa realizada a los procedimientos administrativos y financieros de apertura, solicitud de anticipo de haberes y finiquitos de fideicomiso del personal que laboró en el Instituto Universitario de Policia Científica (IUPOLC) durante el ejercicio fiscal 2012, asimismo, la Comunicación No. DGORRHH No. 001066 de fecha 26/02/2014, confirman la no existencia de Manuales de Normas y Procedimientos ni Instructivos que formen los procedimientos administrativos, financieros, presupuestarios y contables en el área (Folios 173 al 174). página original (tal como se publicó) [Página 27] Pese a ese error no voluntario, me correspondía para el período objeto de cuestionamiento por parte del extinto Instituto Universitario. de Policla Cientifica (IUPOLC) hasta febrero/2013, la cantidad de Ochenta Mil Setecientos Ochenta y Nueve Mil Bolivares con 16/100 (80.789,16) de conformidad con los artículos antes citados y no la cantidad de Bolivares Cuarenta y Un Mil Setecientos Veintiocho con 45/100 (41.728,45) como pretende hacerse ver en este procedimiento administrativo. Adicionalmente a eilo, a la fecha, aún me encuentro a la espera de que se honre la deuda que este Organismo mantiene por concepto de Prestaciones Sociales correspondiente a más de 20 años al servicio del extinto Instituto Universitario. de Policía Cientifica (IUPOLC)." Vistos los argumentos de la recurrente, quien suscribe estima pertinente reiterar que los hechos imputados en el auto de apertura del presente procedimiento administrativo guardan relación con el abono a su favor de un total de dieciséis (16) importes efectuados durante los años 2012 y 2013, como se observa en los correspondientes estados de cuentas individuales; dichas transferencias de fondos, representan un total que asciende a Ochenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Un Bolívares con Cincuenta y Tres Céntimos (Bs. 81.561,53), siendo que de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable, el monto que debió ser pagado es de Cuarenta y Un Mil Setecientos Veintiocho Bolívares con Cuarenta y Cinco (Bs. 41.728,45), lo cual refleja un abono adicional por la cantidad de Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y tres Bolívares con Ocho Céntimos (Bs. 39.833,08). En complemento de lo anterior, conviene señalar que las circunstancias fácticas que dieron origen a la presente causa, respecto de las cuales la recurrente, en cada una de las oportunidades procedimentales presentó sus argumentos de defensa y las pruebas que en su criterio apoyaban sus dichos, fueron analizadas de manera pormenorizada, lo cual permitió a quien suscribe, evidenciar, por una parte, que efectivamente las alícuotas o incidencias por concepto bono vacacional y utilidades formaron parte de los cálculos efectuados y, por la otra, que la recurrente si realizó abonos adicionales en su cuenta individual por la cantidad de Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres Bolívares con 09/100 (Bs. 39.833,09), tal y como quedó contenido en los Informes que contienen el resultado de la actuación de control fiscal, cuyo contenido se ratifica en su totalidad, determinación de orden técnico a la que se adiciona la expresa admisión que la precitada ciudadana, efectuó en el escrito recibido en este órgano de control interno el 13 de marzo de 2017, cuyo contenido fue ratificado por la hoy recurrente en acto oral y público. El expreso reconocimiento y las pruebas cursantes en autos, lejos de desvirtuar el hecho irregular que motivó su declaratoria de responsabilidad administrativa y civil, lo confirma, lo cual conduce a quien suscribe a desechar los dichos de la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, suficientemente identificada. En relación a la pretendida justificación de la hoy recurrente, quien sostiene que parte de las situaciones irregulares descritas en el auto de apertura y ratificadas en la decisión del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades de la presente causa tuvieron, a su decir, origen en la presencia de filas ocultas, quien decide el presente recurso de reconsideración estima conveniente traer a colación el contenido del Acta de Entrevista de fecha 27 de abril de 2017, (folios 77 y 78 de la Pieza Ill del expediente administrativo), cuyo contenido permite descartar la posibilidad de que tales filas ocultas pudieran pasar desapercibidas por parte del Analista responsable de realizar los trámites administrativos internos que involucraban, entre otros, los cálculos mensuales por concepto de prestaciones sociales. En esa oportunidad la de ponente manifestó, en respuesta a la interrogante (SEXTA), referida a la posibilidad de que al momento de vaciar la información contenida en filas ocultas, en el archivo fuente (Excel), se generaran abonos a las cuentas fiduciarias individuales de algún trabajador de cantidades que no herramienta de trabajo Hoja Excel, hubiera celdas ocultas no detectadas por el analista, sería al instante de generar el archivo plano (TXT) en la 'CargaArchivosFideicomisos' ya mencionada, se visualizarían los espacios en blanco, de la misma forma que el total de los recursos asignados y abonado en banco, el cual debe coincidir entre el monto solicitado con el total de los aportes a distribuir, por lo cual el analista es el encargado de cotejar con los reportes definitivos la cantidad solicitada...” (SIC). Con fundamento en el acervo probatorio cursante en autos, quien decide el presente recurso de reconsideración debe desestimar la pretensión de la recurrente, toda vez que la eventual presencia de filas ocultas pudieron ser advertidas al momento de generar el archivo. plano (TxT) en la 'CargaArchivosFideicomisos', porque ello, a su vez, le habría permitido visualizar espacios en blanco, situación a la que se adiciona que el total de los recursos asignados y abonados en banco, debía ser coincidente con el monto total de los aportes a distribuir. La recurrente sostiene que el monto de Bs. 39.833,09 abonado a su cuenta individual fiduciaria, fue producto de un error involuntario, a lo que se adiciona según lo manifestado en el marco del procedimiento administrativo que nos ocupa que tal proceder estuvo motivado a la necesidad de subsanar una emergencia impostergable relacionada con la cancelación de su vivienda principal, manifestando además que su actuación en ningún momento tuvo carácter dolosa contra la Administración Pública, asimismo en acto oral y público, además de ratificar los escritos de fechas 13 y 26 de marzo de 2017, insertos en el expediente administrativo, esencialmente indicó lo que a continuación se explana. jurisprudencial aludido en la recurrida y que están contenidos en la Sentencia N° 00013 de fecha 08 de enero de 2008, emanada de la Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, recaída en el expediente N° 2006-0453, en la que se pone de manifiesto que en Venezuela, la particulares, es de naturaleza objetiva por lo cual para la configuración de alguno de los supuestos generadores de responsabilidad administrativa, no es requerido la presencia de los elementos de naturaleza subjetiva como los aducidos por la recurrente. En complemento a lo anterior, quien suscribe estima pertinente indicar en cuanto al error alegado por la recurrente como justificación de las circunstancias que motivaron su declaratoria de responsabilidad administrativa y civil, que el ejercicio de la función pública debe estar sometida indefectiblemente principios fundamentales a saber: i) legalidad, consagrados en los artículos 137 y 141 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y responsabilidad individual, previstos en los artículos 25 y 139 eiusdem, principios que están desarrollados en diversos instrumentos jurídicos entre otros en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en la Ley Contra la Corrupción. El primero de los enunciados, se erige como principio fundamental que rige la organización y funcionamiento de la Administración Pública, entendiéndose por tal el deber en que están los servidores públicos de actuar de acuerdo con las normas y preceptos constitucionales, legales y reglamentarios, por tanto estarán llamados a realizar aquello que les está expresamente prescrito por las normas atributivas de competencia y, por ende, la actuación que sea contraria al marco normativo regulatorio de su actividad, puede comprometer de manera individual e independiente la responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos. Respecto al segundo de los principios enunciados (responsabilidad), es preciso señalar que esta constituye una institución esencial en el estado de derecho, y será la consecuencia juridica si seguido el procedimiento previamente establecido, se determina que el servidor público se ha extralimitado en el ejercicio de sus atribuciones, como se ha indicado tanto en el acto administrativo recurrido como en la presente decisión incurren en responsabilidad, con independencia de su naturaleza, los agentes públicos que, en ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, realizan infracciones expresamente previstas por las leyes como delitos o faltas, y sancionadas legalmente con penas determinadas. En atención a las consideraciones que anteceden, la recurrente mal pudiera justificar su conducta, alegando por una parte la figura del error, dado el carácter objetivo de la actuación administrativa y por la otra, a la existencia de circunstancias anormales que, a su decir, han impedido el desempeño de sus funciones, alegatos que carecen de sustento y, por ende, impiden comprobar que la interesada legítima haya sido constreñida a realizar determinado un acto antijurídico o, como lo ha pretendido hacer ver, que su actuación ha estado signada por la presencia de circunstancias de fuerza mayor que, en el supuesto de haberse verificado, tampoco. fueron advertidas -en su oportunidad- por la precitada ciudadana con las formalidades del caso. Respecto a la existencia de errores y a la ausencia de adecuados mecanismos de control interno que, en su criterio, tenderían a desvirtuar los hechos irregulares que motivaron la declaratoria de responsabilidad administrativa y civil, quien suscribe estima pertinente reiterar que el Control Interno a tenor de lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, es un sistema que comprende el plan de organización, las políticas, normas, así como los métodos y procedimientos adoptados dentro de un ente u organismo sujeto a esa Ley, para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, estimular la observancia de las politicas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y metas, por tanto dicho sistema se erige como un conjunto de acciones estructurales, coordinadas e integradas que deben estar dirigidas al cumplimiento de las metas y fines del organismo o ente, en estricta observancia del marco constitucional, legal y sublegal aplicable; en este sentido, uno de los actores fundamentales y, en consecuencia, garante de un adecuado control interno en las organizaciones públicas es el funcionario público a quien se le ha atribuido, el ejercicio de determinadas compétencias. En el caso que nos ocupa, además de todo lo atinente al manejo del Sistema de Gestión Financiera de Recursos Humanos (SIGEFIRRHH)", las que se describen a continuación: Analizar, calcular y tramitar el monto por concepto de Prestaciones Sociales del personal obrero y empleado egresado del organismo ante el entonces Ministerio del Poder Popular para las Finanzas. Tramitar las liquidaciones calculadas del IUPOLC ante el otrora Ministerio del Poder Popular para las Finanzas. Tramitar las solicitudes de anticipo de prestación de antigüedad del personal . activo y finiquito de prestaciones del personal egresado del IUPOLC ante la entidad financiera: Banesco Banco Universal. Solicitar de manera mensual los recursos necesarios para el aporte del monto correspondiente a prestación de antigüedad de los trabajadores activos según lo establecido en el artículo 1.08 de la entonces Ley Orgánica del Trabajo y elaborar Antecedentes de Servicios. Iniciar la migración del sistema de cálculo de Prestaciones Sociales (SCIO) a un software que, entre otros, incluía el cálculo de prestaciones según lo establecido en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, vigente a partir de mayo de 2012, con la finalidad de remitir los cálculos del personal obrero, empleado y contratado ante el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas. liquidación masiva del personal adscrito a la institución. Por último, alega la recurrente: "...Finalmente, Ciudadana Directora, en las cosas ambiguas es preciso seguir la sentencia mas humana " IN AMBIGUIS REBUS HUMAN REM SENTENTIAM SEQUI Trescientos Seis Mil Ciento Cuarenta y Un. Bolivares con Seis Céntimos (Bs. 306.141,06), si esa cantidad nunca fue apropiada, ni desviada no saliendo del Patrimonio Público del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP). En tal circunstancia se me impone una multa, por la cantidad de Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta con 00/100 (67.450,00), desconociéndose el principio "NON BIS IN IDEM" (No dos veces por lo mismo)...". En cuanto a este argumento, se advierte que la recurrente confunde la naturaleza jurídica de la declaratoria de responsabilidad administrativa con la del reparo formulado, toda que que el último de los mencionados se constituye en justo título página original (tal como se publicó) [Página 28] para que la administración pública afectada pueda restituir a su patrimonio el importe dinerario del daño causado por una conducta contraria a norma legal o sublegal aspecto que determina su carácter resarcitorio, aclarado el punto, se pasará de seguidas a analizar las actuaciones que conforman el expediente administrativo de cuyo contenido se aprecia que ciertamente la cantidad de Trescientos Seis Mil Ciento Cuarenta y Un Bolívares con Seis Céntimos (Bs. 306.141,06), objeto de reparo, no fue depositada en las cuentas individuales de ciento ochenta y dos (182) empleados, obreros y contratados de un universo de doscientos veinticinco (225) trabajadores (empleados, obreros y contratados) adscritos a la nomina del IUPOLC. Producto de la actividad de control fiscal, fue determinado que se dejó de pagar la cantidad de Trescientos seis mil ciento cuarenta y un bolívares con seis céntimos (Bs. 306.141,06), con fundamento en lo previsto en los artículos 108 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), vigente para parte del período evaluado. y, posteriormente en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, de. los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), tales inconsistencias fueron evidenciadas en los procesos de conciliaciones bancarias que permitieron poner de manifiesto la diferencia entre la erogación financiera para honrar esos compromisos y lo arrojado de la revisión de los Estados de Cuenta Bancario de las cuentas de Fideicomiso del Banco Banesco, C.A. Tal situación, como quedó expresado en la recurrida generó que el MPPRIJP, solicitara crédito adicional para abonar en las cuentas individuales que percibieron abonos por debajo del monto que legalmente correspondía en los términos indicados supra, según se desprende del contenido del memorándum DGORRHH-DAP-CTPL N° 023255 de fecha 23 de diciembre de 2013, emanado de la Oficina de Recursos Humanos del MPPRIJP, dirigido à la Oficina de Gestión Administrativa del MPPRIJP, mediante el cual solicita la emisión de órdenes de pago por la cantidad de Bs. 2.306.581,49, a los fines de incrementar las prestaciones sociales al personal empleado y obrero activo (folio 55, Pieza I del expediente administrativo) y del memorándum DGORRHH-DAP-CTPL N° 022 de fecha 03 de diciembre de 2013, emanado de la Coordinación de Trámites y Pasivos Laborales, dirigido a la Unidad de Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mediante el cuaí se notifica que se detectaron duplicidad en los conceptos asociados en el módulo de Prestaciones Sociales (Fideicomiso), el cual es utilizado para calcular los aportes y días adicionales a los trabajadores asignados a la nómina del IUPOLC (folios 56 y 57, Pieza I del expediente administrativo). Se debe acotar que la situación expuesta generó que el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, solicitara crédito adicional para abonar en las cuentas individuales que percibieron abonos por debajo del monto que legalmente correspondia en los términos indicados supra, según se desprende del contenido del memorándum DGORRHH-DAP-CTPL N° 023255 de fecha 23 de diciembre de 2013, emanado de la Oficina de Recursos Humanos del MPPRIJP, dirigido a la Oficina de Gestión Administrativa del MPPRIJP, mediante el cual solicita la emisión de órdenes de pago por la cantidad de Bs. 2.306.581,49, a los fines de incrementar las prestaciones sociales al personal empleado y obrero activo (folio 55, Pieza I del expediente administrativo) y del memorándum DGORRHH-DAP-CTPL N° 022 de fecha 03 de diciembre de 2013, emanado de la Coordinación de Trámites y Pasivos Laborales, dirigido a la Unidad de Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mediante el cual se notifica que se detectaron duplicidad en los conceptos asociados en el módulo de Prestaciones Sociales (Fideicomiso), el cual es utilizado para calcular los aportes y días adicionales a los trabajadores asignados a la nómina del IUPOLC (folios 56 y 57, Pieza I del expediente administrativo). En cuanto al alegato vinculado con la pretendida inobservancia del Principio "NON BIS IN IDEM" (No dos veces por lo mismo), en el presente procedimiento administrativo no es aplicable, por cuanto la MULTA es una consecuencia directa de la DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, de conformidad con lo previsto con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de. Control Fiscal, el cual señala entre otros aspectos, que la declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 91 y 92 de la misma Ley, será sancionada con la multa prevista en el articulo 94 eiusdem, el cual contempla su imposición o aplicación entre cien (100) a un mil (1.000) unidades tributarias, de alli que tal argumento debe ser desestimado. Aunado a lo anterior, se debe tener en consideración que las responsabilidades en las que puede incurrir un servidor público a tenor de lo previsto en los artículos 25 y 139 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son independientes entre si, de alli que mal pudiera sostenerse que la declaratoria de responsabilidad administrativa y la formulación de un reparo irrumpen con el Principio Constitucional NON B/S /N IDEM. Finalmente, la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, hace mención de una frase en latín “ IN AMBIGUIS REBUS HUMAN REM SENTENTIAM SEQUI OPORTET" la cual significa "en las cosas ambiguas es preciso seguir la sentencia mas humana", para alegar y sustentar el error del monto que le fue impuesto en el Reparo Resarcitorio, quien suscribe estima pertinente ratificar que las circunstancias fácticas y jurídicas que motivaron la declaratoria de responsabilidad administrativa y civil de la recurrente han quedado debidamente soportadas con evidencias obtenidas en el marco de la actividad de control fiscal de allí que están revestiadas de valor probatorio a tenor de lo previsto en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, por ende el pretendido alegato debe ser desestimado. Así se declara. DECISIÓN Por las razones de hecho y de derecho que han quedado expuestas, quien suScribe, DELIMAR YANET ROJAS HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-12.667.856, Directora General Encargada de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del. Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designada mediante Resolución Ministerial N° 069 de fecha 16 de abril de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.641 de la misma fecha, actuando de conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, en concordada con lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 14 numeral 25 del Reglamento Interno de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones de Interiores y Justicia, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.590 de fecha 10 de enero de 2011, RESUELVE: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de reconsideración interpuesto por la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.806.619, y, en consecuencia, CoNFIRMA en todas sus partes la decisión pronunciada por quien decide en fecha 07 de noviembre de 2017 y estampada en el expediente administrativo identificado con las siglas y números MPPRIJP-AI-PADR-005- 2017, en la fecha indicada, mediante la cual le fue declarada la RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA y consecuencialmente impuesta de sanción de multa por la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs. 887,50) Unidades Tributarias (U.T), que representan la cantidad de SESENTA Y SIETE MILCUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 67.450,00) y, adicionalmente, su RESPONSABILIDAD CIVIL (FORMULACIÓN DE REPARO), pOr el daño causado al patrimonio de la República, por la cantidad de Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Cuatro Bolívares con Catorce Céntimos (Bs. 345.974, 14) que corresponde a: la cantidad de Treinta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres Bolívares con Ocho Céntimos (Bs. 39.833,08) que habría abonado a su cuenta individual y, por la otra, la cantidad de Trescientos Seis Mil Ciento Cuarenta y un Bolívares con Seis Céntimos (Bs. 306.141,06), que habría dejado de abonar en las cuentas individuales de 182 empleados, obreros y contratados de un universo de doscientos veinticinco (225) trabajadores (empleados, obreros y contratados) adscritos a la nomina del otrora Instituto Universitario de Policía Científica, por la comisión del ilícito administrativo, cuyas circunstancias de modo, tiempo y lugar constan en el acto recurrido y en el texto de la presente decisión. SEGuNDo: Se ordena notificar la presente decisión a la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, ya identificada, e incluir en el texto de la notificación que contra esta decisión podrá interponer el REcuRso CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, dentro de los SEIS (6) MESES siguientes contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente decisión, por ante las Cortes Primera o Segunda de lo Contencioso Administrativo. TERCERO: Se le advierte a la ciudadana Yunilma Anani Maldonado Constante, ya identificada, que podrá interponer el Recurso de Revisión, de conformidad con lo previsto en los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en los supuestos y plazos allí previstos. CUARTo: Se ordena remitir un ejemplar del acto recurrido y de la presente decisión al ciudadano Contralor General de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; a la Secretaria del Consejo de Ministros para que se publique el acto recurrido y la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 101 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; al Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas a los fines de que emita las correspondientes planillas de liquidación y realice las gestiones de cobro vinculadas con la sanción pecuniaria impuesta como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad administrativa y del reparo formulado; finalmente, al Ministerio Público, a los fines de que ejerza las acciones legales que pudieran corresponder. Comuníquese y Publíquese, dul M Directora General Encargada de la Oficina de Auditorialaterna Resolución N° 069 de fecha 16 de Abril de 2015, publicada ef-daßaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.641 de la misma fecha MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Despacho del Ministro DM No 0 57. Caracas, 0 5 MAR 2018 207° / 159° / 190 RESOLUCIÓN El ciudadano Jorge Alberto Arreaza Montserrat, titular de la cédula de identidad N° V-11.945.178, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, designado mediante Decreto página original (tal como se publicó) [Página 29] N° 3.015 del 02 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°41.205 del 02 de agosto de 2017, siguiendo las instrucciones del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, contenidas en el Punto de Cuenta N° 041-17 del 16 de octubre de 2017, así como en atención a lo dispuesto en la Resolución DM N° 044 del 28 de febrero de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.351 del 1° de marzo de 2018; de acuerdo con lo previsto en el. ártículo 65 y en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 78, numeral 19 del Decretò N° 1.424, mediante el cual se dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 del 17 de noviembre de 2014; en concordancia con lo establecido en los artículos 7, 10 y en la Disposición Derogatoria Primera de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.217 del 30 de julio de 2013. RESUELVE Cesar en funciones al ciudadano Eduardo Ramón Medina Rubio, titular de la cédula de identidad N°v-2.152.902, del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Gambia, con concurrencia en la República de Cabo Verde. De conformidad con los artículos 23 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, deberá presentar la Declaración Jurada de Patrimonio y anexar fotocopia del comprobante emitido por la Contraloría General de la República y consignarlo ante la Oficina de Gestión Humana. Se instruye a la Oficina de Gestión Humana para que notifique a la parte interesada cumpliendo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Jorge Alberto Arreaza Montserrat Ministro del Poder Populr para RelacionesExteriores MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 0 8 MAR. 2013 207°, 1590 y 19° RESOLUCIÓN N° 0 2 3 El Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, designado mediante Decreto N° 3.126 de fecha 26 de octubre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.265 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confiere los numerales 2, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinario N°. 6.147, de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5°, artículo 19 y numeral 6 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.522, de fecha 06 de septiembre de 2002, designa a la ciudadana ANA MARIA PONCE MUÑoz, titular de la cédula de identidad N° 6.733.005, como Directora General de Control y Promoción de Industrias, en calidad de encargada, adscrita al Despacho del Viceministro de Industrias de este Órgano, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venézuela. Comuníquese y publíquese, SIMÓN ALESANDRO ZERPA DELGADO Ministro delPoder Popular de Economía y Finanzas Decreto N°.126 de fecha 26 de octubre de 2017 ,O.R.B;V N° 41.265 de feche 26 de octubre de 2017 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 06 de febrero de 2018 Años 207°, 158° y 19° RESOLUCIÓN N° 024 El Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, designado mediante Decreto N° 3.126 de fecha 26 de octubre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.265 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.210 Extraordinario, de fecha 30 de diciembre de 2015; en concordancia con lo establecido en los artículos 34 y 78 numerales 2, 19 y 26 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1° y 5° del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, RESUELVE Artículo 1. Se designa el ciudadano OSWALDO JAVIER PÉREZ cUEVAS, titular de la cédula de identidad N° V-15.604.374, como defe de la Oficina Nacional de Crédito Público de este Ministerio, en calidad de Encargado; y se delega en el referido ciudadano las atribuciones y firma de los actos y documentos que se indican a continuación: 1. Las operaciones de crédito público, de conformidad con lo señalado en el artículo 80 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público; la administración del crédito público, según lo establecido en los numerales 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del artículo 79 eiusdem; la fiscalización de las actividades financieras vinculadas a operaciones de crédito público y las demás relativas a dicha materia, de acuerdo con lo indicado en los artículos 94 y 95 eiusdem; la ejecución y evaluación de la política de racionalización y control de los fondos provenientes del crédito público; los estudios económicos, fiscales y financieros, en correspondencia con lo estipulado en los numerales 1, 2, 3, 10 y 11 del artículo 79 eiusdem; así como la suscripción de acuerdos inherentes a procesos de negociación, renegociación y/o refinanciamiento de deuda, previa conformidad del Ministro con competencia en materia de Finanzas. .Ordenar, tramitar y suscribir todo tipo de documento relacionado con compromisos financieros, órdenes de pago y cualquier otro que se requiera en aquellos procesos de reestructuración y refinanciamiento de obligaciones crediticias, en los que tenga interés la República Bolivariana de Venezuela. página original (tal como se publicó) [Página 30] 3. Ordenar, tramitar y suscribir documentos de empréstito, convenios de financiamiento, y cualquier otro que fuere necesario con organismos bilaterales, multilaterales u otro organismo o entidad financiera de carácter internacional, para negociar o enmendar cualquier acuerdo de financiamiento relacionado, en los cuales tenga interés la República Bolivariana de Venezuela. 4. Suscribir comunicaciones dirigidas a las Oficinas Nacionales, Ministerios, Gobernaciones, Alcaldías, Procuraduría General de la República, órganos con autonomía funcional y cualquier otro órgano de la Administración Pública Central y entes descentralizados, relacionado con los cronogramas de caja y de deuda intergubernamental. 5.Suscribir documentos e instrumentos relativos a la ordenación de pagos para la cancelación del capital, intereses y demás sumas adeudadas en virtud de las operaciones de crédito público celebradas por la República y demás entes de la Administración Descentralizada, establecidos en la Ley de Presupuesto, previa conformidad del Ministro. 6. Expedir copias certificadas de la documentación que reposa en la Oficina Nacional de Crédito Público, de acuerdo con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. 7. Autorizar la exhibición e inspección de determinados documentos, expedientes, libros, registros o archivos relacionados con las materias que competen a la Oficina Nacional. 8. Certificar las firma de los funcionarios y/o empleados, adscritos a la Oficina Nacional de Crédito Público, en los casos que se requiera. 9. Contestar la correspondencia externa dirigida al Despacho, por particulares, a través de cualquier medio; bien sea postal, telegráfico, fax o cualquier otro medio electrónico aceptado. 10. Autorizar la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, necesarias para el funcionamiento de la Oficina Nacional y conformar las facturas correspondientes. 11. Suscribir los Certificados Especiales de Reintegro Tributario (CERT) para la recuperación de créditos fiscales del impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto de Importación (DRAW BACK); así como los Certificados Especiales para el Pago del Impuesto al Valor Agregado (CEPI), destinados al reintegro para los sujetos pasivos del : Impuesto al Valor Agregado (IVA). 12. Aprobar viáticos y pasajes requeridos para el cumplimiento del objeto de la Oficina Nacional. £3. Autorizar y suscribir los movimientos de personal, tales como: ingreso, reingreso, ascenso, traslado, suspensión, remoción, despido, permiso o licencia remunerada o no, suspensión con goce de sueldo, sistema de remuneración, comisión de servicios y cualquier otra situación administrativa establecida en la Ley que regula el régimen funcionarial y aquellos conceptos establecidos en las normas dictadas por el Ejecutivo Nacional en materia de Trabajo; relativas a primas, subvenciones, jubilaciones, pensiones y otros beneficios de carácter salarial acordados por Ley; como pago de horas extraordinarias de trabajo, postulación a becas y/o créditos estudiantiles, capacitación y desarrollo de trabajadores y funcionarios al servicio de la Oficina; así como los contratos de prestación de servicios u honorarios profesionales . 14. Las demás inherentes al cargo de Jefe de la Oficina Nacional de Crédito Público, según el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y el Reglamento N° 2 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema de Crédito Público. Artículo 2. El Jefe de la Oficina Nacional de Crédito Público, deberá rendir cuenta al Ministro de todos los actos y documentos que hubiere firmado y presentar mensualmente una relación de las actuaciones que realice en ejecución de la presente Resolución. Artículo 3. Los actos y documentos suscritos con motivo a esta delegación de firma, deberán indicar el número y la fecha de la presente Resolución y de la Gaceta Oficial en la que se haya publicada. Conforme al artículo 48 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, se autoriza al ciudadano OSWALDO JAVIER PÉREZ CUEVAS, titular de la cédula de identidad N° V-15.604.374, en su carácter de Jefe de la Oficina Nacional de Crédito Público, en calidad de Encargado, para que actúe como cuentadante de la Unidad Ejecutora Local "Dirección General de Administración de la Deuda" €ódigo N° 93015 y la Unidad Ejecutora Local "Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP) Código N° 93014. Artículo 4. Este acto administrativo deja sin efecto la Resolución N° 016 de fecha 1 de febrero de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.336, de fecha 6 de febrero de 2018. Ártículo 5. Está Resolución entrará en vigencia, a partir del 6 de febrero de 2018. Comuníquese y publíquese, SIMÓN ALESANDRO ZERPA DELGADO Ministro delPoder Popular de Economía y Finanzas Decreto N.126 de fecha 28 de octubre de 2017 G.O.R.BN° 41.265 de fecha 26 de octubre de 2017 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 16 de febrero de 2018 207°, 158° y 19° RESOLUCIÓN N° 0 2 5. El Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, designado mediante Decreto N° 3.126 de fecha 26 de octubre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.265 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confiere los numerales 2, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto N° 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.147, de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5°, artículo 19 y numeral 6 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.522, de fecha 06 de septiembre de 2002, designa al ciudadano XAVIER JOSE RAMOS CAMACHO, titular de la cédula de identidad N° 17.483.126, come Director General de Protección, Defensa y Promocióp Comercial, en calidad de encargado, adscrito al Despacho del Viceministro de Comercio Interior de este Órgano, a partir del 16 de febrero de 2918. Comuníquese publiquese, SIMÓN ALEJANPRO ZERPA DELGADO Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas e G.O.R,B.X. N° 41.26$ de fecha 26 de octubre de 2017 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PESCA Y ACUICULTURA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PESCA Y ACUICULTURA, DESPACHO DEL MINISTRO. CARACAS, 07 DE MARZO DE 2018 RESOLUCIÓN DM/N°008-18. AÑOS 207°, 159° y 19° El Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, Alm. oRLANDo MIGUEL MANEIRO GASPAR, venezolano, mayor de edad, de este página original (tal como se publicó) [Página 31] domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° v- 6.364.227, designado mediante Decreto N° 2.918 de fecha 20 de junio de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.176 de la misma fecha, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 1, 9 y 19 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y el artículo 50 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, en concordancia con el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en correspondencia con lo establecido en las Cláusulas Vigésima Primera, Vigésima Segunda y Vigésima Tercera del Acuerdo de ALIANZA ESTRATÉGICA PESCALBA, S.A. - LOS ROQUES 2014, C.A. POR CUANTO En fecha 24 de enero del pasado año 2017, se suscribió del Acuerdo de ALIANZA ESTRATÉGICA PESCALBA, S.A. - LOS ROQUES 2014, C.A., según el cual y conforme a la Cláusula Segunda del Acuerdo, correspondía a la sociedad mercantil LOS ROQUES 2014, C.A. ejecutar la recuperación, puesta en marcha, operación y aprovechamiento comercial conjunto de la Unidad de Producción Social Pesquera y Acuícola (UPSPA) LUISA CÁCERES DE ARISMENDI. POR CUANTO Las partes Suscribientes del Acuerdo de ALIANZA ESTRATÉGICA PESCALBA, S.A. - LOS RoQUES 2014, C.A., sostuvieron en fecha 15 de febrero de 2018, una reunión de revisión y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la referida Alianza, detectado que por razones de distinta índole no se ha dado cabal cumplimiento de los compromisos estipulados en el cuerpo del Acuerdo de Alianza suscrito, haciéndose de imposible cumplimiento el objeto de la misma. POR CUANTO La representación de la sociedad mercantil LoS R0QUES 2014, C.A., presento en fecha 23 de febrero de 2018, un informe del funcionamiento de la ALIANZA ESTRATÉGICA PESCALBA, S.A. - LOS ROQUES 2014, c.A., en el que manifiesta su disposición de proceder a la Disolución y Liquidación de la Alianza Estratégica ut supra indicada. Este Despacho dicta la siguiente: RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DESIGNAN LOS MIEMBROS PRINCIPALES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA PESCALBA, S.A. — LOS R0QUES 2014, C.A. Artículo 1: Se designa a los miembros principales y suplentes de la COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA PESCALBA, S.A. - LOS ROQUES 2014, C.A., quedando conformada de la siguiente manera: CEDULA DE NOMBRES Y CUALIDAD APELLIDOS IDENTIDAD Yatmery M. Montilla L. V-11.678.675 Miembro Principal V-10.348.275 Miembro Suplente José Amaranto Vargas C. V-13.979.992. Miembro Principal Johan J. Chataing B. V-11.664.441 Miembro Suplente David J. Sequera C. V- 9.455.956 Miembro Principal Ronaldo Parra V-9.958.299 Neyl A. Conde M. Miembro Suplente Miembro Principal V-5.476.120 Wladimir Martínez Miembro Suplente V-12.289.514 Omirza R. Aguilera L. Artículo 2: Los ciudadanos que mediante la presente Resolución se designan ejercerán sus funciones y en consecuencia suscribirán los actos y documentos inherentes al ejercicio de sus atribuciones. Artículo 3: El funcionamiento de la COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA PESCALBA, S.A. - LOS ROQUES 2014, C.A., regirá sus actuaciones y funcionamiento conforme a lo preceptos legales y normativos aplicables a la materia. ArtÍCulo 4: La COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA PESCALBA, S.A. — LOS ROQUES 2014, C.A. CuMplirá sus funciones hasta tanto sea debidamente declarada la Disolución y Liquidación definitiva de la respectiva Alianza o hasta que tal Comisión sea disuelta. Artículo 5.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese, ORLANDO MIGUÈIANERO GASPAR ALMIRANTE MINISTRO DEL PODER POPÚLAR DE PESCA Y ACUICULTURA Designado mediante Decreto N° 2.918 de fecha 20 de junio de 2017 Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.176 de la misma fecha. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA DESPACHO DEL MINISTRO CONSULTORÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN N° 056 CARACAS, 06 DE MARZO DE 2018 2070, 1590 190 El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, designado mediante Decreto N° 2.181 de fecha 06 de enero del año 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 40.823 fecha 07 de enero del año 2016, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 34, 65 y 78, numeral 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 y el artículo 19 en su último aparte, de la Ley del Estatuto de la Función Pública; RESUELVE: Artículo 1. Designar al Ciudadano LUIS ALFONSO MANCILLA MARTíNEz titular de la Cédula de Identidad número V.-12.841.219, COMO DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ENCARGADO) del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Artículo 2. El CiudadanO LUIS ALFONSO MANCILLA MARTÍNEz titular de la Cédula de Identidad número V.-12.841.219, COMO DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ENCARGADO) del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, tendrá las atribuciones y firma de los actos y documentos que a continuación se indican: 1. Realizar la programación financiera y la ejecución del presupuesto de gastos e inversiones del Ministerio. 2. Planificar y controlar los procesos administrativos y financieros del Ministerio, a fin de garantizar su ejecución con eficiencia, apoyado en el cumplimiento de la normativa vigente. página original (tal como se publicó) [Página 32] 3. Asesorar y asistir a las unidades ejecutoras de proyectos y/o acciones en asuntos financieros. 4. Realizar oportunamente las transferencias a los entes receptores, el pago a proveedores, los sueldos, salarios y demás remuneraciones al personal del Ministerio. 5. Realizar el seguimiento y control del uso y aplicación financiera de los recursos asignados al Ministerio, a fin de garantizar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de los mismos, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, en coordinación con la Oficina de Planificación y Presupuesto. 6. Establecer mecanismos para el correcto proceso de formación y rendición de las cuentas de gastos, almacén y bienes públicos del Ministerio, atendiendo a lo establecido en la normativa legal. 7. Realizar las adquisiciones de bienes y servicios y ejecución de obras que se requieran, por su monto y naturaleza, a través de los procesos de contrataciones establecidas en la ley que rige la materia. 8. Realizar el registro y control de las compras de los bienes del Ministerio, en coordinación con la unidad responsable patrimonialmente, conforme a la normativa legal vigente. 9. Supervisar el registro y control de los inventarios, en administrativas unidades coordinación las con correspondientes. 10. Establecer mecanismos que puedan observar y aplicar de manera obligatoria, las normas, lineamientos, directrices y pautas técnicas dictadas por la Superintendencia de Bienes Públicos, relativas a los bienes públicos. 11. Establecer mecanismo para fortalecer el sistema de control interno de la oficina que permita incrementar la optimización de procesos y cumplir con la normativa legal vigente. 12. Programar, diseñar y ejecutar las actividades de seguridad integral y preservación del personal, custodia de instalaciones, patrimonio y activos del Ministerio. 13. Tramitar ante los órganos de la Administración Pública, la cancelación oportuna de los compromisos financieros. 14. Ejecutar el registro y control contable de las operaciones administrativas y financieras del Ministerio. 15. Administrar y supervisar el cumplimiento, ejecución y terminación de los contratos, órdenes de compra y servicios suscritos por el Ministerio. 16. Hacer seguimiento a la ejecución de los procesos de contrataciones públicas del Ministerio, en coordinación con la comisión designada. 17. Estimular y propiciar el rol del Estado en la promoción de un nuevo tejido productivo, democrático, popular y de pequeñas y medianas empresas empleando el sistema de compras públicas bajo los principios de transparencia y máxima eficiencia. 18. Realizar los trámites ante el Banco Central de Venezuela para la adquisición de divisas para el cumplimiento de las actividades del Ministerio. 19. Establecer relaciones con las instituciones financieras privadas y públicas para la tramitación de los actos administrativos atinentes a las finanzas por flujo de efectivo. 20. Tramitar la elaboración, declaración y liquidación de los impuestos y pagos a terceros de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico que regula la materia. 21. Dirigir y controlar los servicios de transporte y logística requeridos por las diferentes dependencias del Ministerio para el logro de sus objetivos y metas. 22. Planificar, dirigir y supervisar el mantenimiento preventivo, correctivo, las reparaciones, limpieza general, garantizando la correcta funcionalidad de las instalaciones, muebles y equipos del Ministerio. 23. Proveer a las diferentes unidades administrativas los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de sus actividades y supervisar el ejercicio de la responsabilidad patrimonial de los bienes públicos del Ministerio a cargo de la dependencia administrativa correspondiente. 24. Elaborar, monitorear y evaluar los planes, programas y proyectos para el uso racional de la energía en el Ministerio, según las directrices del órgano rector en la materia, en coordinación con las distintas unidades administrativas y sus órganos y entes adscritos. 25. Dirigir y supervisar las actividades tendentes al cumplimiento de las normativas en materia de prevención, salud y seguridad laborales, conjuntamente con la oficina de gestión humana. 26. Las demás funciones confieren las leyes, que le reglamentos, resoluciones y otros actos normativos, en materia de su competencia. Artículo 3.- Los actos y documentos que el prenombrado funcionario firme de conformidad con esta Resolución, deberán indicar inmediatamente bajo la firma, nombre, titularidad con que actúa, fecha y número de la Resolución y Gaceta Oficial en la que haya sido publicada, según lo establecido en el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Artículo 4.- Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, respecto a los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada. Artículo 5.- La designación y delegación contenida en la presente Resolución, serán ejercidas por el prenombrado ciudadano a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comániquese y Publio ILDEMARO MOISESVINLARROEA Ministro del Poder Popular paa Hábitat y Vivienda MINISTRO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-CJU-025-18 CARACAS, 18 DE ENERO DE 2018 207°, 158° y 18° PERMISO DE OPERADOR SERVICIOS ESPECIALIZADOS AEROPORTUARIOS El Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, en atención a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.140, de fecha 17 de marzo de 2009, de conformidad con las atribuciones que le confiere el Artículo 13 numerales 1, 3 y 15 literal c de la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005, y en concordancia con lo dispuesto en la Regulación Aeronáutica Venezolana 111 (RAV 111) "Servicios Especializados Aeroportuarios", publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.099 Extraordinario de fecha 23 de mayo de 2013. POR CUANTO En la comunicación sin número, de fecha 06 de junio de 2016, con fecha de recibido el 07 de junio de 2016, presentada por la sociedad mercantil ALIANzA IKARo C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, bajo el N° 22, Tomo 51-A; manifestó formalmente la intención de aplicar formalmente para la obtención del Certificado de Servicios Especializados Aeroportuarios (CSEA), en la Habilitación de Operaciones de Apoyo de Equipos Terrestre en Plataforma, bajo la Regulación Aeronáutica Venezolana 111 (RAV 111). POR CUANTO En la comunicación identificada con la nomenclatura GGSA-GO-ATO/238-2018, la Gerencia General de Seguridad Aeronáutica remitió soporte del acervo documental de la sociedad mercantil ALIANZA IKARo C.A., a los fines de emitir la Providencia Administrativa que acredite su renovación como empresa de Servicios Especializados Aeroportuarios, bajo la Regulación Aeronáutica Venezolana 111 (RAV 111). POR CUANTO La sociedad mercantil ALIANZA IKARo C.A., ha cumplido con los requisitos establecidos para la tramitación y renovación del permiso respectivo, situación que constituye aval suficiente, quedando cubiertos los extremos de Ley para autorizar a la referida sociedad mercantil, con base a lo previsto y sancionado en artículo 9 de la Ley de Aeronáutica Civil y la Regulación Aeronáutica Venezolana 111 (RAV 111). página original (tal como se publicó) [Página 33] MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE OBRAS PÚBLICAS MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO Viernes 9 de marzo de 2018 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 440.365 página original (tal como se publicó) [Página 34] POR CUANTO Corresponde al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de minería, el otorgamiento de áreas consideradas zonas libres para la realización de actividades de exploración y explotación de minerales; POR CUANTO En el área geográfica denominada CARBocEnTRo I, ubicada en el estado Aragua, existe depósito de mineral de carbón, el cual es un producto energético que representa una fuente de energía confiable y disponible en abundante cantidad para el país y países del mundo que requieran de este POR CUANTO El Decreto de Rango y Fuerza de Ley de Minas establece en su artículo 7 la asignación directa por el Ejecutivo Nacional como una modalidad para el aprovechamiento de los recursos mineros existentes en la Nación, y así, cumplir con las metas establecidas en los planes estratégicos de la Nación; RESUELVE Artículo 1. Otorgar el área geográfica denominada CARBocENTRo I en la Cual la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE MINERÍA S.A. (CVM), realizará las actividades mineras que conlleven al aprovechamiento del mineral de Carbón. Artículo 2. El área a otorgar está conformada por una superficie total de CUATRO MIL SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE HECTÁREAS CON NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS METROS CUADRADOS (4.799,9682 ha.), ubicada en el Municipio Urdaneta del Estado Aragua, en de Información Geográfico para la Ordenación del Territorio SIGOT como Área Boscosa Bajo Protección Barbacoas, cuyas Coordenadas UTM REGVEN Huso 19N se describen a continuación: CARBOCENTRO I: COORDENADAS UTM - REGVEN HUSO 19N NORTE BOTALÓN ESTE B1 1.065.654,127 751.764,628 B2 1.065.654,130 759.764,601 B3 1.059.654,149 759.764,603 B4 751.764,630 1.059.654,147 Artículo 3. El mineral de carbón, existente en el área otorgada en el artículo 2 de esta Resolución, pertenece a la República Bolivariana de Venezuela y es un bien de dominio público y por lo tanto inalienable e imprescriptible, en relación a los cuales sólo podrán ejercerse actividades de exploración y explotación conforme a lo dispuesto en el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas, bajo la regulación, seguimiento, control y fiscalización del Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia °minera. Artículo 4. Cuando la sociedad mercantil CORPORACIÓN VENEZOLANA DE MINERÍA S.A. (CVM), en el procesamiento del mineral de carbón encuentre minerales diferentes a éste, estará en la obligación de informarlo inmediatamente al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de minería. Este último, de ser procedente, establecerá las condiciones en las leyes correspondientes. Artículo 5.- La SOciedad mercantil CORPORACIÓN VENEZOLANA DE MINERÍA S.A. (CVM), atenderá al uso racional del recurso y la preservación del medio ambiente, a tal fin dará cumplimiento irrestricto a las prácticas científicas y tecnológicas, procurando la óptima recuperación o extracción racional del recurso aurífero, respetando la conservación ambiental, la seguridad e higiene, y la ordenación del territorio. Artículo 6. En las áreas otorgadas, la CORPORACIóN VENEZOLANA DE MINERÍA S.A. (CVM) podrá conformar empresas mixtas, suscribir alianzas estratégicas con personas naturales y jurídicas, sociedades u otras formas de asociación permitidas por la ley, para la realización de actividades de exploración y explotación en dicha área, previa aprobación del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de minería. ArtíCulo 7. La CORPORACIÓN VENEZOLANA DE MINERÍA S.A. (CvM), podrá desarrollar las actividades, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de esta Resolución, durante el período de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Así mismo, la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE MINERÍA S.A. (CVM), podrá Solicitar las prórrogas previstas en la legislación aplicable. Artículo 8. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Comuníquese yPublíquese. Por el Ejecutivo Nacional, VICTORHIURO CANO PAGISIECO MINISTRO DEL PODER POPULARL DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO Decreto Presidenciar N° 2.015 de 02.08.2012 aablicado en la /Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.205 de la misma fecha REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 08 MAR 2018 207°, 159° y 19° RESOLUCIÓN N° 0008 HUGO CANO PACHECo, designado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela mediante Decreto N° 3.015 de fecha 02 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.205 de la misma fecha, en el ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 1, 2 y 19 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 2 del Decreto N° 2.350 del 9 de junio de 2016, el artículo 44 del Decreto sobre la Organización General de la Administración Pública, y el artículo 6 y 46 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas, POR CUANTO Este Ministerio con competencia en materia minera, es el órgano del Ejecutivo Nacional competente a todos los efectos de la minería y le corresponde la planificación, control, fiscalización, defensa y conservación de los recursos mineros y ejecutar o hacer ejecutar las actividades mineras que le señale la Ley; POR CUANTO Corresponde al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de minería, el otorgamiento de áreas consideradas zonas libres para la realización de actividades de exploración y explotación de minerales; POR CUANTO El área denominada Carol I, ubicada en jurisdicción del Juan Vicente Campo Elías, Estado Trujillo, existe un depósito de Feldespato, el cual es un recurso de importancia estratégica cuya producción sería destinada a la fabricación de piezas sanitarias, pudiendo ser suministradas a la Gran Misión Vivienda enezuela; POR CUANTO El Decreto de Rango y Fuerza de Ley de Minas establece en su artículo 7 la asignación directa por el Ejecutivo Nacional como una de las modalidades para el aprovechamiento de los recursos mineros existentes en la Nación; con el fin de cumplir con las metas establecidas en los planes estratégicos de la Nación; RESUELVE Artículo 1. Otorgar el área geográfica considerada zona libre denominada Carol I en la Cual la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE MINERÍA, S.A. (CvM), realizará las actividades mineras que conlleven al aprovechamiento del mineral de Feldespato. Artículo 2. El área a otorgar está conformada por una superficie total de CUATROCIENTAS SETENTA Y NUEVE HECTÁREAS CON NUEVE MIL NOVECIENTAS SETENTA Y TRES METROS CUADRADOS (479,9973 ha.), ubicado en el Municipio Juan Vicente Campo Elías, Estado Trujillo. Esta área geográfica, está ubicada en Áreas Bajo Régimen de Administración página original (tal como se publicó) [Página 35] Especial (ABRAE) según el Sistema de Información Geogrático para la Ordenación del Territorio SIGOT. La parcela delimitada se encuentra en una Zona Protectora de Cuencas Hidrográficas, Ríos Guanare, Boconó, Tucupido, Obispo, Sosa, Rojas y Bolívar del estado Barinas y Guanare y Guanarito del estado Portuguesa (Guanare - Masparro), cuyas Coordenadas UTM REGVEN Huso 19 se describen a continuación: COORDENADAS U.T.M. REGVEN HUSO 19 ESTE NORTE Botalon 1.038.007,924 1 379.934,218 2 1.040.064,844 382.385,549 383.349,729 1.038.915,780 3 380.898,399 1.036.858,863 4 Artículo 3. El mineral de Feldespato, existente en el área otorgada en el artículo 2 de esta Resolución, pertenece a la República Bolivariana de Venezuela y es un bien de dominio público y por lo tanto inalienable e imprescriptible, en relación a los cuales sólo podrán ejercer actividades de exploración y explotación conforme a lo dispuesto en el Decreto con Rango y erza de Ley de Minas, bajo la regulación, seguimiento, control y fiscalización del Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia minera. Artículo 4. Cuando la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE MINERÍA, S.A. (cvM), en el procesamiento del Feldespato encuentre minerales diferentes a éste, estará en la obligación de informarlo inmediatamente al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de minería. Este último, de ser procedente, establecerá las condiciones pertinentes para su aprovechamiento, conforme a las modalidades previstas en leyes correspondientes. ArtíCulo 5. La CORPORACIÓN VENEZOLANA DE MINERÍA, S.A. (CVM), atenderá al uso racional del recurso y la preservación del medio ambiente, a tal fin dará cumplimiento irrestricto a las leyes y normas que regulan la materia; así mismo, aplicará las mejores prácticas científicas y tecnológicas, procurando la óptima recuperación o extracción racional del higiene, y la ordenación del territorio. Artículo 6. En el área otorgada, la CORPORACIóN VENEZOLANA DE MINERÍA, S.A. (CVM), podrá conformar empresas mixtas, suscribir formas de asociación permitidas por la ley, para la realización de actividades de exploración y explotación en dicha área, previa aprobación del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de minería. ArtíCulo 7. La CORPORACIÓN VENEZOLANA DE MINERÍA, S.A. (CVM), podrá desarrollar las actividades, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de esta Resolución, durante el período de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Así mismo, la SOciedad mercantil CORPORACIÓN VENEZOLANA DE MINERÍA, S.A. (CVM), podrá solicitar las prórrogas previstas en la legislación aplicable. Artículo 8. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Comuníquese y Publíquese. Por el Ejecutivo Nacionaí, VIGTOR HUG SANAS PRACHECO MINISTRO DEL PODER POPULARE DESARROILO MINERO ECOLÓGICO Decreto Presdencial N 3.01s 02.08 2817 publicado en la MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° CARACAS, 15 DE ENERO DE 2018 207°, 158° y 18° El Ministro del Poder Popular para la Cultura, ERNEsTo EMILIO VILLEGAs PoLJAK, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-9.487.963, designado mediante Decreto N° 3.146, de fecha 03 de noviembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.337 Extraordinario, de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 65 y 78 en sus numerales 3°, 19° y 27° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014, y conforme a lo dispuesto en el Artículo 5 Numeral 2°, 19 último aparte y 20 Numeral 6° de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002, en concordancia con lo previsto en el artículo 27 numeral 4 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.176 Extraordinario de fecha 20 de febrero de 2015. RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano JESÚS EDUARDo MILANO PALACios, titular de la cédula de identidad N° V-11.551.232, ENCARGADO FORMACIÓN DE como DIRECTOR E INVESTIGACIÓN PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES, adSCritO a la Oficina del Despacho del Viceministro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Artículo 2. Queda facultado el referido ciudadano para ejercer las atribuciones y funciones establecidas en el artículo 17 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.176 Extraordinario de fecha 20 de febrero de 2015, así como las inherentes al cargo de alto nivel, de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable. Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 15 de enero del año 2018. Comuníquese y Publíquese; DESPAON ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA página original (tal como se publicó) [Página 36] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N°_044 CARACAS, 27 DE FEBRERO DE 2018 208°, 158° y 19° El Ministro del Poder Popular para la Cultura, ERNESTO EMILIo VILLEGAS PoLJAK, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-9.487.963, designado mediante Decreto N° 3.146, de fecha 03 de noviembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.337 Extraordinario, de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 65 y 78 en sus numerales 12° y 19° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014, y dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, 4, 12 y 55 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, en concordancia con los artículos 17, 18 y 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica Contra la Corrupción, ambas debidamente publicadas mediante Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.155 Extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2014. CONSIDERANDO Que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en base a lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, adoptará las acciones necesarias para la defensa administrativa y judicial de los Bienes de los criterios de eficiencia, eficacia y racionalidad en el uso de los bienes públicos, CONSIDERANDO Que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en el marco de lo previsto en los artículos 2, 4, 12, 55 y 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, sus bienes son considerados bienes públicos, correspondiéndole resguardar, custodiar y defender sus bienes, sobre los cuales se ejerce algún tipo de derechos, resultando imperiosa la designación de un responsable patrimonial de los bienes públicos de éste Ministerio. RESUEVE Artículo 1. Designar como Responsable Patrimonial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ciudadano RICHAR MANUEL ARGUELLO AGUDELO, titular de la cédula de identidad N° V-12.864.516, quien ocupa el cargo de Director de Bienes y Servicios de este Ministerio. obligaciones según corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 55 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Bienes Públicos, en concordancia con lo contemplado en los artículos 17, 18 y 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción. Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Notifíquese y Publíquese; DESPACHO ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN SOCIAL ACUERDO DE SALA En el día de hoy, jueves primero (01) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), en el Salón de Reuniones de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, estando presentes los Magistrados integrantes de esta Sala: Dra. Marjorie Calderón Guerrero, Piesidenta; Dr. Jesús Manuel Jiménez Alfonzo, Vicepresidente; Dr. Edgar Gavidia Rodríguez; Dra. Mónica Misticchio Tortorella, y el Dr. Danilo Mojica Monsalvo. CONSIDERANDO Que en reunión de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), le fue acordado, a partir de dicha fecha, el beneficio de jubilación al ciudadano Dr. MARCOS ENRIQUE PAREDES, la cual se hace efectiva desde el día de hoy, quien se desempeñaba como Secretario titular de la Sala de Casación Social, se acuerda: PRIMERO Be conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 12 y 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, designar en sustitución del Dr. Marcos Enrique Paredes, a; la ciudadana Dra. ÁNGELA MARÍA MORAN A GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad número V- 8.792.915, como Secretaria titular de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, a partir la fecha del presente acuerdo. ;ús SEGUNDO Se ordena notificar a la designada, Dra. ÁNGELA MARÍA MORAN A GONZÁLEZ, a los fines de su juramentación conforme a la Ley. TERCERO áblica el presente acuerdo en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y Gacega/udicial, tal como lo dispone el articulo 13 y 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Suptemo de Justicia. de 2 En Caracas, al primer (1er) ía de febrero del año dos mil dieciocho (2018). Años: hcecliec E CADERÓN GUERRERO El Vicepresidente, El Magistrado, CavighigE EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ NESÚS MAVEL JIMENEZ ALFONZO El Magistrado, La Magistrada, H.Hitcchrel MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA D'ANILO A. MOJICA MONSALVO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución N° 0112 Caracas, 08 de marzo de 2018 207° y 1590 y 190 La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano JESSE SAVIOR ARIAS QUINTERO, titular de la cédula de identidad N° 12.094.145, domiciliado en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su condición de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA MAGISTRATURA, designadO SegÚn Resolución N° 2017-0003 de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 15 de marzo de 2017 Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.130 de fecha seis (06) de abril de 2017, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 de fecha primero (01) de octubre 2010. RESUELVE PRIMERO: Designar al ciudadano WILLIAMS JOSÉ MONGES VELIZ, titular de la Cédula de Identidad N° 6.895.267, como Jefe de la División de Investigaciones de la Dirección General de Seguridad de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de suplente, a partir gel ocho (08y de marzo de 2018. Dada, firmada y sellada en la pirección Egecutiya de la Magistratura, en Caracas a los ocho (08) días del mesdeazo de 2018. JESSE SAVIOR ARIAS QUINTERO CUT Direstor Ejecutivo de la Magistratura página original (tal como se publicó) [Página 37] PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DESPACHO DEL PROCURADOR RESOLUCIÓN N° 003 /2018 Caracas, Civco (5) de marzo de 2018 Año 207º de la Independencia, 1590 de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana El Procurador General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de la atribución conferida en el numeral 1 del artículo 48 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, RESUELVE Artículo 1°. Se designa, al ciudadano NOEL JOAQUIN GONzALEZ, titular de la cédula de identidad N° V-3.970.433, como Gerente General de la Gerencia General de Investigación y Divulgación del Conocimiento, cargo de alto nivel y por ende de libre nombramiento y remoción. En consecuencia, queda autorizado para ejercer las atribuciones inherentes a dicho cargo. Articulo 2°. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, uría General de la República Procurador General (E) REINALDO ENRIQUE MUÑOZ PEDROZA PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA (E) página original (tal como se publicó) [Página 38] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DESPACHO DEL PROCURADOR RESOLUCIÓN N° 004/2018 Caracas,Cinco (5) de marzo de 2018 Año 207o de la Independencia, 1590 de la Federación y 19°de la Revolución Bolivariana El Procurador General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de la atribución conferida en el numeral 1 del artículo 48 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, RESUELVE Artículo 1°. Se designa a la ciudadana AMANDA NORAH CAMACHO JAUA, titular de la cédula de identidad N° V-7.515.058 , como Directora General de la Oficina de Planificación y Presupuesto, cargo de alto nivel y por ende de libre nombramiento y remoción. En consecuencia, queda autorizada para ejercer las atribuciones inherentes a dicho cargo. Articulo 2°. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, Procu aduría General de la República Procurador General (E) REINALDO ENRIQUE MUÑOZ PEDROZA PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA (E) página original (tal como se publicó) [Página 39] AVISOS REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA San Cristóbal, 08 de Enero de 2018 207° y 158° CARTEL DE CITACIÓN SE HACE SABER: A los ciudadanos Carlos Luis Zambrano Rodríguez, Joe Luis Zambrano Maldonado, Jonathan Alberto Zambrano Maldonado y Jean Carlos Zambrano Maldonado venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad N° V- 3.997.587, V-15.080.089, V-14.504.422 y V.-13.506.803, en su orden, domiciliado el primero en la avenida España, Urbanización Los Chaguaramos, media cuadra bajando de productos lácteos Sur del Lago, San Cristóbal, Municipio San Cristóbal, estado Táchira, el segundo en Pirineos II, vereda 2, N° 1, San Cristóbal, Municipio San Cristóbal, estado Táchira y el tercero y cuarto en la avenida Libertador, calle 3, N° 2-37, San Cristóbal, Municipio San Cristóbal, estado Táchira, en su carácter de codemandados en el expediente N° 9222-2017, incoado en su contra por el ciudadano Wiliams Ramon Balsa Chona, venezolano, mayor de edad, titular de la cécula de identidad N° V-10.528.138, por Nulidad de Venta, que deben comparecer por ante esta Instancia Agraria a darse por citados en el término de tres (3) días de despacho, contados a partir de que la Secretaria deje constancia en autos de la fijación del Cartel y la consignación de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Se le advierte que la no comparecencia en el término indicado a darse por citado, se entenderá su citación con el funcionario al que corresponda su defensa. El presente cartel deberá ser publicado en el Diario La Nación y Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Íntegramente con nitidez y en dimensiones que permitan su fácil lectura. El Juez Provisorio, Abg. Luis Ronald Arague García Exp. 9222-2017 RAC/lennathan La SecretariayTemporal, Iml Abg. Yilda Resita Cacique página original (tal como se publicó) [Página 40] DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXLV - MES V Número 41.357 Caracas, viernes 9 de marzo de2018 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 40 páginas, costo equivalente a 16,45 % valor Unidad Tributaria DE VENEZUELA. Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETA OFICIALDE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional. Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO. Calabozo, 19 de Enero del 2.018 207° y 158° CARTEL DE CITACION SE HACE SABER: Al ciudadano Vicente Enzo Troisi Petrillo, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V- 8.619.567, domiciliado en la quinta avenida, del Centro Administrativo, frente al hospital de esta ciudad de Calabozo, estado Guarico, en su condición de demandado. en el presente juicio por Acciones Declarativas, Petitorias, Reivindicatorias y posesorias en materia Agraria, que sigue en su contra, el ciudadano Jhon Manuel Bello, venezolano. mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V- 8.633.946. Que este tribunal por auto de esta misma fecha acordó su citación por cartel conforme a lo establecido en el articulo. 202 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, los cuales serán fijados uno en la morada de los co-demandados, otro en la puerta del tribunal; asimismo, se publicará el referido cartel en el diario “La Antena" y en la Gaceta Oficial, emplazando a los co-demandados, para que concurran a darse por citados en el término de tres (03) días de despacho siguientes, contados a partir del día siguiente en que la secretaria haya dejado constancia en auto de la fecha en que se produjo la fijación cartelaria, así como la consignación en el diario regional donde se hubiere publicado el cartel, apercibiéndoles que en caso de no acudir, sus citaciones se entenderán con el funcionario o funcionaria al cual corresponde la defensa de los beneficiarios de Ley conforme a lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agpazo CO HUMBERTO MORALESPARON EL JUEZ, LÉLIANA MOGOLLON. LA SECRETARIA, página original (tal como se publicó)