[Página 1] MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS Resolución mediante la cual se dicta la Reforma Parcial del Decreto N° 236, de fecha 15 de julio de 2013, donde se aprueba la incorporación al Ordenamiento Jurídico Nacional de las Resoluciones del MERCOSUR que en ella se indican. SUDEBAN Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Antonio José Morales Rodríguez, como Gerente de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, de este Organismo. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Narciso Antonio Chávez Frías, como Presidente de la Empresa del Estado Centro Técnico Productivo Socialista Florentino, S.A., en condición de Encargado. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD Resolución mediante la cual se constituye, con carácter permanente, la Comisión de Contrataciones de la Dirección de Salud del estado Portuguesa, integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se señalan. Resoluciones mediante las cuales se incorpora al Ordenamiento Jurídico Nacional, las Resoluciones del MERCOSUR que en ellas se indican. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Resolución mediante la cual se aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de este Ministerio, correspondiente al Ejercicio Económico-Financiero del año 2017. Resolución mediante la cual se prohíbe la operación y circulación aérea en el territorio nacional y demás espacios geográficos de la República Bolivariana de Venezuela, de las aeronaves clasificadas como de Aviación General y Privada de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 78 y 79 de la Ley de Aeronáutica Civil; y se prohíben las operaciones en los helipuertos, aeropuertos y aeródromos controlados y no controlados a las aeronaves de Aviación General y Privada, así como a todo el Sistema de Aeronaves Pilotadas a Distancias (RPAS), conocido comúnmente como DRON o DRONE, a partir del día 11 de diciembre de 2016 hasta el 14 de diciembre de 2016, ambas fechas inclusive. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Instituto de las Artes Escénicas y Musicales Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Lina Ginet Guerrero Pérez, como Directora (E) de la Oficina de Gestión Interna, de este Instituto. Providencia mediante la cual se delega en la ciudadana Lorena Ester Fuentes Riquelme, en su carácter de Asistente al Director General de este Instituto, la facultad y atribución de firmar los actos administrativos que en ella se especifican. SUMARIO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 2.587, mediante el cual se autoriza un Traspaso de Créditos Presupuestarios superior al veinte por ciento (20%), de una acción específica a otra acción específica de distintos proyectos o distintas categorías equivalentes a proyectos o distintas acciones centralizadas, por la cantidad que en él se menciona, al Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio del Poder Popular para la Industria y Comercio. Decreto N° 2.588, mediante el cual se nombra al ciudadano Leoncio Enrique Guerra Molina, como Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario.- (Véase N° 6.275 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de fecha 11 de diciembre de 2016). Decreto N° 2.589, mediante el cual se establece que a partir de las 72 horas continuas de la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, saldrán de circulación (no serán de curso legal) los billetes de cien bolívares (100 bolívares) emitidos por el Banco Central de Venezuela.- (Véase N° 6.275 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de fecha 11 de diciembre de 2016). Decreto N° 2.590, mediante el cual se nombra al ciudadano Narciso Antonio Chavez Frías, como Presidente del Centro Técnico Productivo Socialista Florentino, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras.- (Véase N° 6.275 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de fecha 11 de diciembre de 2016). Decreto N° 2.591, mediante el cual se autoriza asignar la cantidad que en él se menciona, para cubrir Insuficiencias Presupuestarias relacionadas con gastos de personal de los Órganos y Entes de la Administración Pública Nacional, los incrementos del Salario Mínimo Nacional y los ajustes del Cestaticket Socialista, correspondientes al mes de diciembre de 2016. (Véase N° 6.276 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha) MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO INASS Providencias mediante las cuales se designa a las ciudadanas Yuraima Josefina Rausseo Carvajal, como Auditor Interno, en condición de Encargada; y Ana Cristina Sulbarán Zafra, como Gerente de Recursos Humanos, de este Instituto. MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Y PARA LA DEFENSA Resolución Conjunta mediante la cual se ordena al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), que gire instrucciones pertinentes a los Comandantes de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral, para restringir el desplazamiento fronterizo de personas, tanto por vía terrestre, aérea y marítima, así como el paso de vehículos, durante un lapso de setenta y dos (72) horas contados a partir de la publicación de esta Resolución Conjunta, con el objeto de resguardar la inviolabilidad de las fronteras y prevenir actividades de personas que pudiesen representar amenazas a la seguridad de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con los parámetros de actuación de los órganos de seguridad del Estado. AÑO CXLIV - MES III Caracas, lunes 12 de diciembre de 2016 Número 41.050 @MiguelSMunoz IG @GacetaOficial GacetaOficial.io página original (tal como se publicó) [Página 2] TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Wladimir Ilich Filardi Hernández, en su carácter de Gerente General de Administración y Servicios (E), y Cuentadante de la Unidad Administradora Central de ese Organismo, la facultad para decidir, justificar y motivar adecuadamente los supuestos de procedencia de contratación directa contemplados en el Artículo 101 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, hasta por la cantidad que en ella se menciona. Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jesús Gerardo Díaz Altuve, como Auditor Interno (E), de este Organismo. Sala Constitucional “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara nulo el acto legislativo de la Asamblea Nacional mediante el cual se sancionó la Ley de Educación Intercultural Bilingüe Indígena”. “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara nula la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, sancionada por la Asamblea Nacional el 29 de septiembre de 2016, por cuanto fue dictada en desacato de decisiones judiciales emanadas de este Máximo Tribunal de la República. Corte Disciplinaria Judicial Decisión mediante la cual se declara Con Lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha 19/05/2015 por la ciudadana Sarelys Gallardo, actuando por delegación de la Inspectoría General de Tribunales, contra la Sentencia N° TDJ-SD-2015-028, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 23/04/2015. Dirección Ejecutiva de la Magistratura Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se mencionan, de este Organismo. DEFENSA PÚBLICA Resolución mediante la cual se retira a la ciudadana Olis Ayaris Farías Villarroel de este Organismo. Resolución mediante la cual se cambia la competencia por la materia a la ciudadana Ginette Amos Serrano Alfonzo, adscrita a la Unidad Regional de este Organismo del estado Bolivariano de Miranda, y pasará a ejercer funciones como Defensora Pública Provisoria Décima Tercera (13°), con competencia en materia Penal Ordinario en fase de Ejecución, adcrita a esa Unidad Regional. Resoluciones mediante las cuales se traslada a las ciudadanas que en ellas se mencionan, a las Unidades Regionales de este Organismo en los estados que en ellas se especifican, para que se desempeñen en los cargos que en ellas se señalan. CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Resolución N° 161017-0242, mediante la cual se resuelve designar al ciudadano Juan Carlos Lárez Boadas, titular de la cédula de identidad N° 19.807.622, para ocupar el cargo de Registrador Civil del municipio Marcano, del estado Nueva Esparta. MINISTERIO PÚBLICO Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas y al ciudadano que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo. Resoluciones mediante las cuales se traslada a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, a las Fiscalías que en ellas se especifican, de las Circunscripciones Judiciales que en ellas se señalan, de este Organismo. AVISOS 432.580 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 12 de diciembre de 2016 @MiguelSMunoz IG @GacetaOficial GacetaOficial.io página original (tal como se publicó) [Página 3] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 12 de diciembre de 2016 Sub-Partidas Genéricas, Especificas y Sub- 236.590 "Equipos de computación" 09.02.00 Específicas: Acclón "Incorporar al SIGESIC la 780020004 Especifica: Información de nuevas empresa a 344.176 nivel nacional" 344.176 "Activos reales" 4.04 Partida: -Ingresos Ordinarios Sub-Partidas Genéricas, Especificas y Sub- 07.02.00 "Equlpos de enseñanza, deporte y Específicas: recreación" 240.000 16.016 "Mobiliario y equipos de oficina" 09.01.00 "Mobiliarlo equipos 09.03.00 de y 8.960 alojamiento" 09.99.00 "Otras máquinas, muebles y demás equipos de oficina Y 79.200 alojamiento* "Instalación del centro de 780021000 Proyecto: estudios prospectivos del 3.174.609 sector Industrial" Acción "Adecuar y equipar los espacios 780021002 Específica: 3.174.609 3.174.609 4.04 "Activos reales" Partida: -Ingresos Ordinarios Sub-Partidas Genéricas, Sub- Especificas: 09.01.00 "Mobilliarlo y equipos de oficina" 1.764.609 09.02.00 "Equlpos de computación* 1.410.000 Proyecto: "Fortalecimiento del sistema 780022000 de Información del mercado venezolano" 500.000 Acción Especifica: 780022001 "Rediseño 300.000 del metodológico sistema" 4.04 Partida: "Activos reales" 300.000 -Ingresos Ordinarlos Sub-Partidas Genéricas, Especificas y Sub- Especificas: 09.01.00 "Mobiliario y equipos de oficina" 100.000 09.02.00 "Equipos de computación" 100.000 09.03.00 "Mobiliario equipos de y alojamiento" 100.000 Acción "Capacitación al personal que Especifica: 780022002 realiza trabajo de campo y transcripción de datos" 135.000 4.04 Partida: "Activos reales" 135.000 -Ingresos Ordinarios Sub-Partidas Genéricas, Específicas y Sub- "Mobiliario y equipos de oficina" Especificas: 09.01.00 50.000 09.02.00 "Equlpos de computación" 65.000 09.03.00 "Mobiliario equipos de y alojamiento" 20.000 Acclón "Evaluación del comportamiento 780022003 Especiífica: de precios y escasez e Indicadores de los sectores alimento, aseo 65.000 personal e higiene del hogar" 65.000 "Activos reales" 4.04 Partida: -Ingresos Ordinarios Sub-Partidas Genéricas, Especificas y -qns 30.000 "Mobiliarlo y equipos de oficina" 09.01.00 Especiíficas: 35.000 "Equipos de computación" 09.02.00 PARA: Acción 5.363.068 "Gestión administrativa" 780002000 Centrallzada: Acción "Apoyo Institucional a las acciones Especifica: 780002001 específicas de los proyectos del 5.363.068 organismo" 5.363.068 4.04 "Activos reales" Partida: -Ingresos Ordinarios Sub-Partidas Genéricas, Especiíficas y Sub- 01.01.02 "Repuestos mayores para equipos Especificas: tracción y de transporte, 5.363.068 elevación" Artículo 2°. Los Ministros del Poder Popular para la Banca y Finanzas y del Poder Popular para la Industria y Comercio, quedan encargados de la ejecución de este Decreto. 432.581 Artículo 3º. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela. Dado en Caracas, a los ochos días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. Años 206° de la Independencia, 157° de la Federación y 17° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.) NICOLÁS MADURO MOROS Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República y Primer Vicepresidente del Consejo de Ministros (L.S.) ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA Refrendado La Encargada del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.) CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS Refrendado La Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Vicepresidenta Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz (L.S.) DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.) NESTOR LUIS REVEROL TORRES Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa (L.S.) VLADIMIR PADRINO LÓPEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información (L.S.) ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Banca y Finanzas (L.S.) RODOLFO MEDINA DEL RÍO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Industria y Comercio y Vicepresidente Sectorial de Economía (L.S.) CARLOS RAFAEL FARÍA TORTOSA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas (L.S.) JUAN BAUTISTA ARIAS PALACIO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Intemacional (L.S.) JESÚS GERMÁN FARÍA TORTOSA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras (L.S.) Refrendado La Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana (L.S.) LORENA FREITEZ MENDOZA página original (tal como se publicó) [Página 4] 432.582 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura (L.S.) ÁNGEL ALFONZO BELISARIO MARTINEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Turismo (L.S.) MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo (L.S.) EULOGIO ANTONIO DEL PINO DÍAZ Refrendado El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (L.S.) ROBERTO IGNACIO MIRABAL ACOSTA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Vicepresidente Sectorial-de Planificación (L.S.) RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Salud (L.S.) LUISANA MELO SOLÓRZANO Refrendado La Encargada del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ Refrendado La Encargada del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L..S.) BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte (L.S.) MERVIN ENRIQUE MALDONADO URDANETA Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARÍA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (L.S.) OSWALDO EMILIO VERA ROJAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS Refrendado El Ministro-del Poder Popular para la Educación (L.S.) RODULFO HUMBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo·Social y la Revolución de las Misiones (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El-Ministro del-Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas (L.S.) ERNESTO JOSÉ PAIVA SALAS Lunes 12 de diciembre de 2016 Refrendado El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (L.S.) MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ Refrendado La Encargada del Ministerio del Poder Popular para las Comunas-y los Movimientos Sociales y Vicepresidenta Sectorial de Desarrollo del Socialismo Territorial (L.S.) ERIKA DEL VALLE FARÍAS PEÑA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Energía-Eléctrica (L.S.) LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ Refrendado El Ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz (L.S.) GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO VICEMINISTERIO PARA LA SUPREMA FELICIDAD SOCIAL DEL PUEBLO INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES (INASS) Caracas 21 de octubre de 2016 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 0047/16 AÑOS 206°, 157° y 17° Quien suscribe, MAGALY GUTIÉRREz, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-14.300.712, procediendo en mi condición de PRESIDENTA (E) del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS soCIALES (INASS), carácter que consta er el Decreto N° 1.073, de fecha 25 de junio de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.440 de la misma fecha, Instituto Autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, a través del Decreto N° 506, mediante el cual se crea el Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, según se evidencia de Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.283 de fecha 30 de octubre de 2013, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 73, numeral 9 de la Ley de Servicios Sociales, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.270 de fecha 12 de septiembre de 2005 y, finalmente, en concordancia con lo establecido en el numera: 5° del artículo 5, de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002, en concordancia con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, dicta la siguiente PRovIDENCIA ADMINISTRATIVA: PRIMERO: Se designa a la ciudadana, YURAIMA JOSEFINA RAUSSEO CARVAJAL, titular de la cédula de identicad N° v- 8.760.687, como AUDITOR INTERNO, en condición de ENCARGADA de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS), Código de RAC N° 58. El presente acto de designación tendrá efectos administrativos a partir de su notificación. SEGunDo: Delegar de conformidad con la Providencia Administrativa N° 0025/14 de fecha 29 de septiembre de 2014 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.530 de fecha 30 de octubre de 2014, en la ciudadana YURAIMA J0SEFINA RAUSSEO CARVAJAL, titular de la cédula de identidad N° V- 8.760.687, en su carácter de AUDITOR INTERNO, la expedición de copias certificadas de los documentos originales o expedientes que reposen en los archivos de la Oficina de Auditoría Interna. TERcERo: Los actos y documentos señalados precedentemente firmados con motivo de este acto administrativo deberán indicar bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y el número de la presente Providencia Administrativa y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela donde haya sido publicada. CUARTo: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y deroga la Providencia Administrativa N° 0009/16, de fecha 31 página original (tal como se publicó) [Página 5]                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  MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS 432.584 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 12 de diciembre de 2016 @MiguelSMunoz IG @GacetaOficial GacetaOficial.io página original (tal como se publicó) [Página 7] Lunes 12 de diciembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 432.585 APÉNDICE 1 DONDE DICE: Cód:go Tarifa Ad Valorem Descripcióa de las Mercancías Régimen Unidad (z) 2013 201.4 2015 2016 Legal Fisica (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 0402.99.00.10 20 28 Leche condensada 28 28 5,12 20 0402.99.00.90 28 Las demás 28 5,12 28 0404.10.00.10 28 2.8 Lactosuero parcial 20 5,12 kg 28 o totalmente desmineralizado 0404.10.00.90 28 28 5,12 Los demás 20 28 kg 1008.21.10 Mijo (Pennisetum 0 0 5,6 kg perla 0 0 alaucum) 1008.21.90 0 0 5,6 Los demás 0 0 kg 1008.29.10 Mijo perla 8 5,6 kg (Pennisetum 8 8 8 alaucum) 1008.29.90 8 5,6 8 8 8 kg Los demás 2007.99.90.92 20 20 14 5,12 kg Purés pastas, 20 y excepto de manzanas, peras o duraznos 5,12 kg 2007.99.90.92 pastas, 20 20 20 14 Purés excepto de manzanas, peras o duraznos 5,12 kg 2007.99.90.92 -Purés 20 20 20 14 pastas, excepto de manzanas, peras o duraznos 20 5,12 kg 2007.99.90.92 pastas, 20 20 14 Purés y excepto de manzanas, peras o duraznos 20 5,12 kg 2007.99.90.92 20 20 14 Purés pastas, y excepto de manzanas, peras o duraznos 5,12 2007.99.90.92 20 kg Purés 20 20 14 pastas, y excepto de manzanas, peras o duraznos 5,12 kg 2007.99.90.92 Purés pastas, 20 20 20 14 y excepto de manzanas, peras o duraznos 5,12 20 kg Rurés y pastas 20 20 14 2097.99.90.12 5,12 2007.99.90.93 kg 20 20 20 14 Purés y pastas de manzanas, peras o duraznos 5,12 kg 2007.99.90.92 20 20 20 1.4 Purés pastas, A excepto de manzanas, peras o duraznos 20 kg 2007.99.90.12 Purés y pastas 20 14 5,12 20 5,12 kg 2007.99.90.92 20 20 20 14 pastas, Purés y excepto de manzanas, peras o duraznos 5,12 kg 20 20 14 2007.99.90.93 Purés y pastas 20 de manzanas, peras o duraznas. 5,12 1.4 1.4 1.4 1.4 2009.89.10 Jugo de durazno, de valor Brix superior o Igual a 60 5,12 Jugo de durazno, de valor 2009.89.10 14 14 1.4 14 Brix superior o igual a 60 Jugo de durazno, de valor 5,12 14 1.4 1.4 14 2009.89.10 Brix superior o igual a 60 2009.89.10 5,12 14 14 1.4 1.4 { Jugo de durazno, de valor Brix superior o Igual a 60 5,12 Jugo de durazno, de valor 14 2009.89.10 1.4 14 1.4 Brix superior o iqual a 60 contenido de agua 2207.10.10 20 20 20 5 20 Con un Inferior q igual a 1% vol. 20 5 .20 2207.10.90 Los demás 20 20 2207.20.11 5 20 20 20 20 Con un contenido de agua inferior o igual a 1% vol. 20 20 5 2207.20.19 Los demás 20 20 kg 2601.12.10 2 Aglomerados por procesos 5 5 5 4 «pelletización», de de diámetro superior o Igual a 8 mm pero Inferior o Igual a 18 mm kg 2601.12.90 Los demás 5 5 2 5 4 kg 5 2 2 1 5 2804.80.00 Arsénico 5 5 2 2 1 kg 2804.90.00 Selenio 1.0 10 kg 2833.27.10 10 Con un contenido de BaSO. 10 superior o igual al 97,5 % en peso kg 10 10 10 10 2836.60.00 Carbonato de bario kg 2836.60.00 10 10 10 10 Carbonato de bario kg 10 2836.60.00 10 10 10 Carbonato de bario kg 2842.10.10 5 5 2. 5 Zeolitas de los tipos utilizados Intercambladores de como lones paja el tratamiento de aguas 7 kg 5 5 14 2904.90.14 4-Cloro-alfa;alfa,alfa- 5 trifluoro-3,5-dinitrotolueno 7 kg 5 5 14 2905.42.00 Pentaerltritol (péntaeritrita) 5 2920.90.22 kg Propargite 5 5 14 5 DEBE DECIR Código Descripción de las Mercancías Tarifa Ad Valorem Régimen Unidad 2014 2013 (2) 2015 2016 Legal Física (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 0402.99.00.10 Leche codensada 20 14 14 1.4 5,12 0402.99.00.90 20 Las demás 14 14 14 5,12 0404.10.00.10 Lactosuero parcial 20 14 14 5,12 14 kg o totalmente desmineralizado 0404.10.00.90 20 14 14 Los demás 14 5,12 kg 1008.21.10 Mijoperla 0 5,6 (Pennisetum kg 0 0 0 qlaucum 1008.21.90 0 0 Los demás 0 0 5,6 kg Mijo perla 1008.29.10 8 8 5,6 (Pennisetum 8 kg 8 alaucum) 1008.29.90 8 8 5,6 kg Los demás 8 8 2007.99.2 Purés: 20 1.4 2007.99.21 acai (Euterpe 20 20 5,12 kg De oleracea) 2007.99.22 (Malpighia 20 5,12 De acero la 20 20 14 kg ssp.) 5,12 2007.99.23 20 14 20 20 kg De banana (Musa spp.) 2007.99.24 20 14 20 5,12 kg De guayaba (Psidium 20 2007.99.25 20 20 5,12 kg De mango (Mangifera 20 1.4 indica) Los demás: 2007.99.29 20 20 20 De piñas (ananás) 5,12 kg 1.4 2007.99.29.10 20 2007.99.29.20 5,12 kg 20 20 14 De manzanas, peras o duraiznos 20 5,1.2 kg 2007.99.29.90 Los demás 20 20 1.4 Iag .20 5,12 20 20 14 2007.99.90.12 Pastas 20 20 kg 2007.99.90.92 14 5,12 20 Pastas, de excepto marizanas, peras duraznos kg 5,12 20 20 14 2007.99.90.93 Pasías de manzanas, 20 peras o duraznos 2009.89.1 de acero la (Malpighia spp.) y de maracuyá (Passiflora edulis): 5,12 2009.89.11 14 14 14 De durazno, de valor 14 Brix superior o igual a 60 14 (Malpighia 5,12 De acero la 14 14 14 2009.89.12 l spp.) 5,12 De maracuyá (Passiflora 2009.89.13 1.4 1.4 14 14 1.4 5,12 2009.89.19 14 14 14 Los demás 20 20 20 5 2207.10.10 Con un contenido de 20 agua Inferior o Igual a 1% vol. 20 20 20 20 5 2207.10.90 Los demás 2207.20.11 20 20 20 5 20 Ccn un contenido de agua inferior o'igual a 1% vol. 20 20 20 Los demás 20 5 2207.20.19 kg 5 2 5 4 2601.12.10 Aglomerados por procesos 5 de «pélletización», de diámetro, superlor o igual a 8 mm pero Inferior o igual a 18 mm; kg Lcs demás 5 5 2 2601.12.90 5 4 u u 2 2 kg 5 2804.80.00 Arsénico 2 2 kg 5 2804.90.00 Selenio Con un contenido de BaSO 2 kg 10 10 10 2833.27.10 superior 'o igual al 97,5 % en peso 2836.60 Carbonato de bario: kg Con un contenido de BaCO, 2 10 10 10 2836.60.10 superior o igual al 98 % en peso kg 10 10 10 10 2836.60.90 Los demás 1.0 5 5 kg Zeolitas de los tipos utilizados 5 2842.10.10 intercambiadores de como iones para el tratamiento de senße 2 7 kg 5 5 5 2904.90.14 4-Cloro-alfa,alfa,alfatrifluoro-3,5-dinitrotolueno 7 kg 2905.42.00 Pentaertritl (pentaeritrita) 5 2 5 5 2920.90.22 5 5 kg Propargite 2 5 página original (tal como se publicó) [Página 8] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 432.586 3. DONDE DICE: Código Descripción de las Mercancías Tarifa Ad Valorem Régimen Unidad 2013 (2) 2015 2016 2014 Legal Física (1) (3) (4) (5)' .(6) (7) (8) 2922.50.31 Levodopa 5 14 kg 5 5 2922.50.32 Metildopa 5 5 2 2 kg Los demás 2922.50.39 2 5 5 2 kg 2926.90.91 Adipontriio (1,4- 5 5 5 1.2 kg diclanobutano) 2935.00.94 Ninesulida 5 5 1.4 kg 5 Interferón 5 3002.10.36 beta; 5 kg peg 5 0 interferón alfa-2-a. 3002.10.38 (DCI); Bevacizumab kg 5 5 0 0 daclizumab (DCI); (DCI); etanercept (DCI)gemtuzumab ozogamicin (DCI); oprelvekin (DCI); rituxmab (DCI); trastuzumab (DCI) 3003.39.1 Que contengan las sigulentes hormonas polipeptídicas o proteicas: buserelina o acetato; su corticotropina (ACTH); corlónica gonadotropina (hCG); gonadotropina sérica (PMSG); leuprolide o su acetato; menotropinas; somatostatina o sus sales; somatotroplna; triptorelina o sus sales: 3003.39.12 Gonadotropina coriónica 1.4 kg 5 5 5 3 (hCG) kg 3003.39.14 3 Corticotropina (ACTH) 5 5 5 8 3003.39.15 5 8 kg sérica 3 Gonadotropina 5 5 (PMSG) 3003.39.2 Que contengan las demás hormonas pollpeptídicas o protelcas, sin productos de la subpartida 3003.39.1: 3003.90.45 kg Levodopa; alfa-metildopa 10 10 10 14 3 kg 5003.90.78 10 Altretamina; bortezomib; 10 10 0 3 dacarbacina; disopro-d!fumareto de enfuvirtida; tenc:uvir; flusplrileno; letrozol; Iopinavir; mesilato de imatinib; nelfinavir o su mesilato; nevirapine; pemetrexed; saquinavir; sulfato de abacavir; sulfato de atazanavir; sulfato de temozolomida; indinavir; tiopental tioguanina; sódico; trietilentiofosforamida; trimetrexato; uracil y tegafur; verteporfin 3003.90.88 10 3 kg Amprenavir; aprepitanto; 10 10 0 delavirdina o su mesilato; efavirenz; emtricltabina; everolimus; fosamprenavir cálcico; fosfato de fludarabina; gemcitabina su o raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tacrolimus; tenlpósido 3004.39.1 Que las contengan siguientes hormonas pollpeptídicas o protelcas: buserelina o su acetato; corticotropina (ACTH); corlónica (hCG); sérica (PMSG); leuprolide o su acetato; menotropinas; somatostatina o sus sales; somatotropina; triptorelina o sus sales: kg 1.4 12 004.39.12.11 10 10 tratamiento 10 Para oncológico o VIH 004.39.12.19 10 14 12 kg Lus demás 10 10 kg 004.39.12.20 1.0 10 13 Para uso veterlna!o 10 14 1.2 8 8 kg 004.39.14.11 8 tratamiento 8 Para oncológico o VIH 004.39.14.19 Los demás 12 kg 8 8 8 8 kg 8 304.39.14.20 8 8 13 Para uso veterinario 8 304.39.15.11 kg 8 12 tratamiento 8 8 Para 8 oncológico o VIH kg J04.39.15.19 Los demás 8 12 8 8 8 13 kg 8 )04.39.15.20 Para uso veterinario 8 8 8 )04.39.2 Que contengan las demás hormonas polipeptídicas o proteicas, sin productos de la subpartida 3004.39.1: kg 104.90.35 Levodopa; alfa-metildopa 10 10 10 14 12 Lunes 12 de diciembre de 2016 DEBE DECIR Descripción de las Mercancías Código Tarifa Ad Valorem Régimen Unidad 2016 (2) 2013 2014 2015 Física Lega! (1) (3) (6) (4) (5) (7). (8) 2922.50.31 Levodopa 5 5 5 kg 2922.50.32 Metildopa 5 2 5 2 kg 2922.50.39 Los demás −n 5 5 2 kg Adiponitrilo 2926.90.91 (1,4- 5 kg 5 2 5 2935.00.94 Nimesulidà 5 5 5 2 kg 3002.10.36 Interferón beta; 5 5 5 peg d kg interferón alfa-2-a 3002.10.38 Basiliximab (DCI); 5 5 0 d kg Bevacizumab (DCI); dacllzumab (DCI); etanercépt (DCI); gemtuzumab - ozogamicin (DCI); oprelvekin (DCI); rituximab (DCI); trastuzumab (DCI) 3003.39.1 Que contengan las sigulentes hormonas polipeptídicas o protelcas: buserelina o su acetato; corticotroplna (ACTH); gonadotropina coriónica (hCG); gonadotropina sérica (PMSG); leuprolide o su acetato; menotropinas; somatosatina o sus sales; somatotropina; triptorelina o sus sales: 3003.39.12 Gonadotropina corlónica 5 5 5 14 kg 3 (hCG) 3003.39.14 8 Corticotropina (ACTH) 5 5 5 3 kg 3003.39.15 sérica Gonadotropina 5 8 5 5 3 kg (PMSG) 3003.39.2 Que contengan las demás hormona$ polipeptídicas o protelcas; sin productos de la subpartida 3003.39.1: 3003.90.45 Levodopa; alfa-metildopa 10 10 14 10 3 kg 3003.90.78 Altretamlha; 10 10 10 bortezomlb; 0 3 kg clorhidrato de erlotinib; dacarbacina; disoproxilfumarato de enfuvirtida; tenofoviri letrozol; lopinavir; mesilato de imatinlb; nelfinavir o su mesilato; nevirapine; pemetrexed; saquinavir; sulfato de abacavir; sulfato de atazanavir; sulfato de Indinavir; temozolomida; tioguanina; tiopental sódico; trietilentiofosforamida; trimetrexato; uracil y tegafur; verteporfin Amprenavir; 3003.90.88 aprepitanto; 10 10 1.0 3 kg 0 delavirdina o su mesilato; efavirenz; emtricitabina; everolimus; etopósido fosamprenavir cálcico; fludarabina; fosfato de gemcitabira su o clorhidrato; raltitrexlda; ritonavir; sirolimus; tacrolimus temsirollmus; tenipósido 3004.39.1 Que contengan las sigulentes hormonas pollpeptídicas proteicas: buserelina su acetato; 0 corticotropina (ACTH); gonadotropina corlónica (hCG); : gonadotropina sérica (PM$G); leuprolide o su acetato; menotropinas; somatostatina o sus sales; somatotropina; triptorelina o sus sales 3004.39.12.11 Para 10 10 10 14 tratamiento 1.2 kg 'oncológico o VIH 3004.39.12.19 10 Losdemás 10 10 12 14 kg 3004.39.12.20 Pair a uso veterinario 14 10 1.0 10 1.3 kg 3004.39.14.11 8 8 tratamiento 8 8 12 kg oncológico o VIH 3004.39.14.19 Losdemás 8 8 8 12 8 kg Para uso veterinario 8 3004.39.14.20 8 8 8 13 kg 3004.39.15.11 Para 8 tratamiento 8 8 1.2 8 kg oncológico o VIH 3004.39.15.19 Los demás 8 kg 8 8 8 12 3004.39.15.20 Para uso veterinario 8 8 13 8 8 kg 3004.39.2 Que contengan las demás hormonas polipeptídicas o proteicas, sín productos de la subpartida 3004.39.1: Levodopa; a)fa-metildopa 3004.90.35 10 10 10 14 12 kg página original (tal como se publicó) [Página 9] Lunes 12 de diciembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DONDE DICE: Unidad Código Descripclón de las Mercanclas Tarifa Ad Valorem Régimen 2013 2016 (2) 2015 Física 2014 Legal (3) (4) (5) (6) (1) (7) (8) 10 kg 3004.90.68 Altetamina; bortezomlb; 10 10 1.2 0 dacarbazina; de terjofovir; enfuvirtida; flupirlleno; letrozol; loplnavir; meslato de nelfinavir o su Imatinlb; mesilato; nevirapine; saquinavir; peretrexed; sulfato de abacavir; sulfato de atazanavir; sulfato de Indinavir; ternozolomida; tioguanina; tiopental sódico; triebilentlofosforamida; uracil trinaetrexato; y tegafur; verteporfin 12 kg 3004.90.78 10 1.0 10 Amprenavir; aprepltanto; 0 su mesllato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; cálcico; fosamprenavir fosfato de fludarabina; gemcltabina su clorhidrato; raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tracrollmus; tenipósido 12 kg 3004.90.95 Busulfano; dexormaplatino; 10 10 10 0 dietilestilbestrol su o enloplatino; lobaplatino; iproplatino; miltefosina; mibpplatino; mitotano; procarbazina su o propofol; sebriplatino; zeniplatino OIL», kg INCLUSO 12 3303.00.00 «TALL 5 5 5 REFINADO, 1.2 kg 5 OIL», INCLUSO 5 5 3803.00.00 «TALL REFINADO. INCLUSO 12 kg OIL», 5 5 3803.00.00 «TALL 5 REFINADO, kg 5 2 Ácidos (grasos del «tall oil» 3823.13.00 5 5 Los llemás 5 .5 14 kg 3911.90.29 5 1.4 kg 3911.90.29 Los demás 5 5 5 kg 20 20 16 3919.10.00 de anchura Inferior o 20 En rollos Iqual a 20 cm 1.6 kg 3919.10.00 20 20 20 En rollos de anchura inferior o igual a 20 cm 20 20 kg 3919.10.00 En rollos de anchura inferior o 16 20 Igual a 20 cm 20 16 kg 3919.10.00 En rollos de anchura Inferior o 20 20 Igual a 20, cm 16 kg 20 20 20 3919.90.00 Las demá$ 16 kg 3919.90.00 Las demá$ 20 20 20 16 kg 3919.90.00 Las demá$ 20 20 20 20 20 20 kg Las demá$ 16 3919.90.00 kg 15 15 15 18 5402.33.10 Crudos kg 5402.33.20 15 15 15 18 Teñidos kg 18 Los demás 5402.33.90 15 15 15 kg 5402.47.00 15 15 15 18 Los demás, de pollésteres kg 1.5 15 15 18 Los denás, de pollésteres 5402.47.00 kg Los demás, de poliésteres 15 15 15 18 S402.47.00 15 1.5 kg 18 1.5 5402.47.00 Los denjás, de poliésteres kg 5504.90.10 15 2 2 obtenidas 15 Celulósicas, por extrusión con óxido de Nmetilmorfolina kg 15 1.8 5510.11.00 Sencillos 15 15 kg 1.8 5510.11.00 15 15 15 Sencillos kg 5510.11.00 15 15 15 18 Sencillos 15 15 kg 5510.11.00 15 18 Sencillos 15 kg 15 15 18 5510.11.00 Sencillos kg 5510.11.00 15 15 15 18 Sencillos 18 kg 15 $510.11.00 15 15 Senclilos 15 kg $510.12.00 Retorcidos o cableados 15 1.5 18 kg 15 15 1.8 15 :510.12.00 Retorcidos o cableados kg 1.5 15 15 18 Retorcidos o cableados :510.12.00 kg 15 15 15 18 Retorcidos o cableados 510.12.00 kcg 15 15 1.8 :510.12.00 15 Retorcidos o cableados kg 15 18 510.12.00 15 1.5 Retorcidos o cableados kg 15 1.5 15 18 510.12.00 Retorcidos o cableados 510.20.00 kg 15 15 18 Los demás 15 hilados mezclados exclusiva d principalmente con lana o pelo fino kg 510.20.00 15 15 18 Los demás 1.5 hilados mezclados exclusiva oj principalmente con lana o pelo fino 432.587 DEBE DECIR Código Descripción de las Mercanclas Tarifa Ad Valorem Régimen Unidad Fisica (2) 2013 2014 2015 2016 Legal (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 3004.90.68 Altretamina; 10 10 10 0 kg 12 bortezomib; cloro!trato erlotinib; de dacarbazina; de tenofovir; enfuvirtida; ietrozol; lopinavir; mesilato de imatinib; nelfinavir o $il mesllato; neviraplne; pemetrexed; saquinavir; sulfato de abacavir; sulfato de atazanavir; sulfato de indinaví; temozolomida; tioguanIna; tiopental sódico; trletilentiofosforamida; trimetrexato; uracil y tegafur; verteporfin 3004.90.78 10 10 12 kg Amprenavir; aprepitanto; 10 0 delavirdina o su mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir cáicico; fludarabina; fosfato de gemcitabina 0 su clorhidrato; raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tracrolimus; temsirolimus; tenlpósido 10 1.0 1.2 3004.90.95 0 kg Busulfario; dexormaplatino; 10 dietilestibestrol su o diproplohato; enloplatino; lobaplatino; :proplatino; miboplatino; miltefosina; mitotanq; procarbazina su o clorhidrato; propofol; sebriplatino; zeniplatino OIL», «TALL INCLUSO 3803.00 REFINADO. 5 5 2 kg 3803.00.10 5 En bruto 5 5 12 kg 3803.00.90 Los demás 5 kg 5 14 3823.13.00 Acidos grasos del «tall oil» 5 5 kg 3911.90.27 5 2 5 5 Cloruro de hexadimetrina Los demás 5 kg 3911.90.29 14 5 5 3919.10 En rollos de anchura inferior o Iqual a 20 cm: kg 20 20 20 1G - De poliproplleno 3919.10.10 20 20 kg 3919.10.20 De poli(cloruro de vinilo) 20 16 kg 3919.10.90 - Los demás 20 20 20 16 3919.90 Las demás: 20 20 20 kg 3919.90.10 De polipropileno 16 20 kg 20 20 16 3919.90.20 De poll(cloruro de vinllo) 20 20 kg 3919.90.90 20 16 Los demás kg 15 15 15 18 5402.33.10 Crudos kg 15 15 15 18 5402.33.20 Teñidos 15 15 18 kg Los demá$ 15 5402.33.90 5402.47 Los demás, de poliésteres: 15 kg 15 15 1.8 Crudos 5402.47.10 1.5 kg 5402.47.20 15 15 18 Teñildos 1.5 kg Los demá 15 15 18 5402.47.90 kg 15 1.5 2 2 5504.90.10 De "lyocell" 5510.11 Sencillos: Obtenidos a partir de fibras 5510.11.1 de celulosa: kg 15 15 18 15 De (ayón viscosa, 5510.11.11 excepto modal 1.5 kg 1.5 18 5510.11.12 15 De modal 15 kg De "lyocell" 15 1.5 18 5510.11.13 1.8 15 15 kg Los demás 5510.11.19 15 kg 15 15 18 5510.11.90 15 Los demás Retorcidos o cableados: 5510.12 Obtenidos a partir de fibras 5510.12.1 de celulosa: kg 15 15 18 5510.12.11 De rayón 15 viscosa, excepto modal 18 15 kg 15 15 5510.12.12 De modal 18 kg De "lyocell" 15 15 15 5510.12.13 15 kg 15 1.5 18 5510.12.19 Los demás 15 15 kg 15 18 5510.12.90 Los demás 5510.20 Los demás hilados mezclados exclusiva o prlrcipalmente con lana o pelo fino:: Obtenidos a partir de fibras 5510.20.1 de celulosa: página original (tal como se publicó) [Página 10] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 432.588 DONDE DICE: Código Descripción de las Mercancias Tarifa Ad Valorem Régimen Unidad 2013 201.4 (2) 2015 2016 Legal Física (3) (6) (1) (4) (5) (7) (8) 10.20.00 Los demás hilados mezclados 1.5 1.5 18 kg 15 exclusiva o principalmente con lana o pelo fino 15 15 10.20.00 18 kg Los demás hilados mezclados 15 exclusiva o principalmente con lana o pelo fino kg 15 18 10.20.00 Los demás hilados mezclados 15 15 exclusiva o principalmente con lana o pelo fino 10.20.00 15 18 kg Los demás hiacos mercados 15 15 exclusiva o principalmente con lana o pelo fino 1.5 15 18 kg 10.20.00 15 Los demás hilados mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino 10.30.00 18 kg Los demás hilados mezclados 15 1.5 15 exclusiva o principalmente con algodón 15 1.5 :18 kg 1C.30.00 15 Los demás hilados mezclados exclusiva o principalmente con algodón 10.30.00 18 kg Los demás hilados mezclados 15 1.5 15 exclusiva o principalmente con algodón kg 15 1.5 18 10.30.00 15 Los demás hilados mezciados exclusiva o principalmente con algodón 10.30.00 Los demás hilados mezclados 18 15 15 kg 15 exclusiva o principalmente con algodón 15 1.5 18 kg .10.30.00 Los demás hilados mezclados 15 exclusiva o principalmente con algodón 1.8 kg .10.30.00 Los demás hilados mezclados 15 1.5 1.5 exclusiva o principalmente con algodón 10.90.00 15 15 15 18 kg Los demás hilados 1.5 15 1.5 18 kg :10.90.00 Los demás hilados 15 15 15 18 kg $10.90.00 - Los demás hilados kg 18 15 15 15 10.90.00 - Los demás hilados 18 kg 510.90.00 - Los demás hilados 15 15 15 18 kg 15 15 15 510.90.00 Los demás hilados 18 kg $10.90.00 1.5 1.5 15 Los demás hilados 26 m² )06.31.00 20 20 20 Crudos o blanqueados m² 20 20 20 26 )06.31.00 Crudos o blanqueados m² 20 20 20 26 )05.31.00 Crudos o blanqueados 20 26 m² )06.31.00 Crudcs o blanqueados 20 20 26 20 m² )06.31.00 20 20 Crudos o blanqueados m² 20 20 20 26 06.32.00 Teñidos 26 m2 )06.32.00 20 20 20 Teñidos 20 20 20 26 m2 J06.32.00 Teñidos 20 105.32.00 26 m² 20 Teñidos 20 26 m² 20 20 20 306.32.00 Teñidos 306.33.00 20 20 26 m² distintos Con hilados de 20 colores 20 20 20 26 m² 006.33.00 Con hilados distintos de colores 20 20 26 m² 006.33.00 Con hilados 20 distintos de colores 20 20 26 m² 006.33.00 Con hilados 20 distintos de colores 26 m² 006.33.00 20 20 distintos 20 Con hilados de colores 20 20 20 26 m² 006.34.00 Estampados m² Estampados 20 20 20 26 006.34.00 Estampados m² 20 26 006.34.00 20 20 m² 20 20 26 006.34.00 20 Estampados m² 20 20 20 26 006.34.00 Estampados 20 421.12.10 15 15 15 u Con capacidad, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 6 kg 431.49.23 10BK 14BK 14BK 14BK Depósitos u de demás combustible y recipientes OBK 433.60.21 OBK OBK 5 u De capacidad superior o igual a 36.000 huevos por hora Trifasicos, 14BK :501.53.30 14BK 14BK 14BK u potencia de superior a 30.000 kW pero inferior o igual a 50.000 Kw 1533.40.11 16 Termistores 5 5 5 u Lunes 12 de diciembre de 2016 DEBE DECIR. Código Descripción dé las Mercancías Tarifa Ad Valorem Régimen Unidad (2) 2013 2014 2015 2016 Física Legal (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 5510.20.11 De rayón vi$cosa, excepto 15 15 15 18 kg modal 5510.20.12 De modal 15 15 15 18 kg De "lyocell" 5510.20.13 15 15 18 15 kg 5510.20.19 Los demás 15 18 15 15 kg 5510.20.90 Los demás 15 15 1.8 15 kg 5510.30 Los demás hilados mezclados exclusiva o. principalmente con algodón: 5510.30.1 Obtenidos a partir de fibras de celulosa: 5510.30.11 De rayón viscosa, excepto 15 15 18 15 kg modat 5510.30.12 De modal 15 15 15 18 kg 5510.30.13 De "lyocell" kg 15 15 15 18 Los demás 5510.30.19 15 15 15 18 kg 5510.30.90 - Los demás 15 15 15 1.8 kg 5510.90 Los demás hilados: 5510.90.1 Obtenidos a partir de fibras de celulosa: 5510.90.11 De rayón viscosa, excepto 15 1.5 1.5 1.8 kg moda! 55:10.90.12 De modal 15 1.5 15 18 kg De "lyocell" 5510.90.13 15 1.5 1.5 kg 18 5510.90.19 Los demás 15 15 15 18 kg 5510.90.90 Los demás 15 15 15 18 kg 6006.31 Crudos o blanqueados: G006.31.10 demás 20 m² De nailon 20 26 20 poliamidas 6006.31.20 De poliésteres 20 20 20 26 m² Acrílicas o modacríicas 6006.31.30 20 20 20 26 m² 6006.31.90 Los demás 20 20 20 26 m² 6006.32 Teñldos: 6006.32.10 20 nallon demás 20 20 26 De m² poliamldas 6006.32.20 De poliésteres 20 20 20 26 m² 6006.32.30 - Acrílicas o modacrílicas 20 20 20 26 m² 6006.32.90 - Los demás 20 20 20 26 m² 6006.33 Con hilados distintos de colores: 6006.33.10 demás 20 20 26 nallon 20 o pollamidas 6006.33.20 De pollésteres 20 20 20 26 m² Acriílicas o modacríllicas 6006.33.30 20 20 20 26 m² Los demás 6006.33.90 20 20 20 26 m² 6006.34 Estampados: 6006.34.10 demás 20 nallon 20 26 De 20 m² o pollamidas 20 6006.34.20 De pollésteres 20 20 26 m² Acrílicas o (modacrílicas 6006.34.30 20 20 20 26 m² 6006.34.90 Los demás ! 20 20 20 26 m² 8421.12.10 15 15 20 Con tambor de capacidad 15 u Inferior o igual a 23 litros Depósitos de 10BK 1.4BK 14BK 14BK 8431.49.23 u demás combustible recipientes 8433.60.21 De capacidad OBK OBK OBK superior a 5 u 250.0oo huevos por hora Trifásicos, 8501.53.30 de potencia 14BK 14BK 1.4BK 14BK u 30.000 kW pero superior a Inferior o igual a 50.000 Kw 8533.40.11 Termistores 5 5 5 2 u página original (tal como se publicó) [Página 11] MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS Lunes 12 de diciembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 432.589 @MiguelSMunoz IG @GacetaOficial GacetaOficial.io página original (tal como se publicó) [Página 12] 432.590 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ARTicuLo 7. Los miembros de la Comisión de Contrataciones será solidariamente responsables con la máxima autoridad por recomendaciones que se presenten y sean aprobadas. ARTicuLo 8. Cada uno de los miembros que conforman la Comisión de Contrataciones deberá guardar la debida reserva y confidencialidad de la documentación presentada ante la Comisión, así como los informes, opiniones y deliberaciones que se realicen con ocasión de los procedimientos de contrataciones. ARTicuLo 9. La Comisión de Contrataciones se constituirá válidamente con la presencia de la mayoría de sus miembros y sus decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría. ARTicuLo 10. El miembro que disienta de una decisión, lo manifestará en el mismo acto, debiendo razonar los motivos de su disentimiento en el acta respectiva. ARTicULO 11. La Auditora Interna o el Auditor Interno podrán asistir en calidad de observadora u observador, sin derecho a voto, en los procedimientos de contratación. ARTicuLo 12. Se deroga cualquier Resolución que colida con la presente. ARTicuLo 13. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Notifiquese publíquese, LUISNA MELO/SOLORZANO MINISTRA DEL ODER POPULAR PARA LA SALUD REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD DESPACHO DE LA MINISTRA CARACAS, 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 2060, 157o y 170 RESOLUCIÓN N° 545 Incorporación al Ordenamiento Jurídico Nacional de la Resolución MERCOSUR/GMC/RES. N° 24/05 REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR "DETERMINACIÓN DE BIODEGRADABILIDAD DE TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS" (COMPLEMENTACIÓN DE LA RES. GMC N° 25/96) LUISANA MELO soLóRZANO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-5.886.440, Ministra del Poder Popular para la Salud, designada mediante decreto N° 2.181 de fecha 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.822 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferida en los numerales 2 y 19 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.157 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; conforme a lo d:spuestpen el artículo 2 de la Decisión del Consejo del Mercado Común (CMC) N° 27y12 del 30/VII/12, este Despacho Ministerial POR CUANTO Que el 4 de julio de 2006, se suscribió en la ciudad de Caracas, el Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al CONSEJO DEL MERCADO COMÚN (MERCOSUR), publicado en Gaceta Oficial N° 38.482 del 19 de julio de 2006; el cual entró en vigor el 12 de agosto de 2012. POR CUANTO El articulo 3 del protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR establece la obligación de la República de adoptar el acervo normativo vigente del MERCOSUR. POR CUANTO Las Normas del MERCOSUR, que no ameriten ser incorporadas por via legislativa, podrán incorporarse por la vía administrativa meciante actos emanados del Poder Ejecutivo, conforme a lo expuesto en los articulos 3, 14 y 15 de la Decisión 20/02 del Consejo del Mercado Común. POR CUANTO Que Ias Normas MERCOSUR, deberán ser incorporadas a los ordenamientos juridicos de los Estados Partes en su texto integral, de conformidad a lo previsto en los artículos 7 de la Decisión 20/02 del Consejo del Mercado Común RESUELVE ARTicuLo 1. . Aprobar la incorporación al Ordenamiento Jurídico Nacional de 1a ReSOluCIÓn MERCOSUR/GMC/RES. N° 24/05 REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR "DETERMINACIÓN DE BIODEGRADABILIDAD DE TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS" (COMPLEMENTACIÓN DE LA RES. GMC N° 25/96) Lunes 12 de diciembre de 2016 ARTÍCULO 2 La Resolución norma la correspondiente a MERCOSUR/GMC/RES. N° 24/05 REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR. "DETERMINACIÓN DE BIODEGRADABILIDAD DE TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS" (COMPLEMENTACIÓN DE LA RES. GMC N° 25/96) ,Seta v. obligatoria a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Repúblità.. Boivariana de Venezuela. Comuniquese y publiquesé, junto con el texto de la Resolución GMC No 24/05. PDDD LUISANA MELO SOLÓRZANO MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD MERCOSUR/GMC/RES. N° 24/05 REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR "DETERMINACIÓN DE BIODEGRADABILIDAD DE TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS" (COMPLEMENTACIÓN DE LA RES. GMC N° 25/96) VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Decisión No 20/02 del Consejo del Mercado Común y las Resoluciones N° 25/96, 38/98 y 56/02 del Grupo Mercado Común. CONSIDERANDO: Que es necesario complementar la Resolución GMC N° 25/96, en lo que respecta a ia biodegradabilidad de tensioactivos aniónicos empleados en la formulación de productos domisanitarios. EL GRUPO MERCADO COMÚN RESUELVE: Art. 1 – Aprobar el RTM "Determinación de Biodegradabilidad de Tensioactivos Aniónicos" (Complementación de la Res. GMC No 25/96), que figura en el Anexo y forma parte de la presente Resolución. Art. 2 - Los Organismos Nacionales competentes para la implementación de la presente Resolución son: Ministerio de Salud y Ambiente / Administración Nacionai de Argentina: Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT. Ministério da Saúde / Agência Nacional de Vigilância Sanitaria Brasil: ANVISA. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social / Dirección Nacional Paraguay: de Vigilancia Sanitaria - MSPyBS. Ministerio de Salud Pública / MSP. Uruguay: Art. 3 -:La presente Resolución se aplicará en el territorio de los Estacos Partes, al.comercio entre ellos y a las importaciones extrazona. Vi. Art. 4 - Los Estados Partes del MERCOsUR deberán incorporar la presente* Resolución a sus ordenamientos jurídicos nacionales antes del 23/:1/2006. LIX GMC — Montevideo, 23/VIII/05 ANEXO REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR "DETERMINACIÓN DE BIODEGRADABILIDAD DE TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS" (COMPLEMENTACIÓN DE LA RES. GMC N° 25/96) Articulo 16 Los agentes tensioactivos aniónicos empleados en formulaciones de productos domisanitarios deben ser biodegradables. Las empresas elaboradoras de productos que utilicen tensioactivos aniónicbs cuya biodegradabilidad sea conocida deben disponer de la información técnic del proveedor como respaldo de su biodegradabilidad. En caso de utilizar tensioactivos aniónicos de una nueva generación, de los cuales no se dispusiera aún de la información referente a su biodegradabilidad, ésta debe ser comprobada a través de metodología internacional OECD (Organisation for Económic Co-operation and Development) - CEE (Comunidad Económica Europea), donde el valor minimo aceptable es de 80% (ochenta por ciento). REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD DESPACHO DE LA MINISTRA CARACAS, 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 2060, 157° y 17° RESOLUCIÓN N° 544 Incorporación al Ordenamiento Juridico Nacional de la Resolución "MERCOSUR/GMC/RES. N° 50/08 REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR PARA TRANSPORTE DE SUSTANCIAS INFECCIOSAS Y MUESTRAS BIOLÓGICAS ENTRE LOS ESTADOS PARTES". LUISANA MELO SOLóRzANO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-5.886.440, Ministra del página original (tal como se publicó) [Página 13] Lunes 12 de diciembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Poder Popular para la Salud, designada mediante decreto N° 2.181 de fecha 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.822 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferida en los numerales 2 y 19 del articulo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administracićn Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Decisión del Consejo del Mercado Comú (CMC) N° 27/12 del 30/VII/12, este Despacho Ministerial POR CUANTO Que el 4 de julio de 2006, se suscribió en la ciudad de Caracas, el Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al CONSEJO DE.L MERCADO COMÚN (MERCOSUR), publicado en Gaceta Oficial N° 38.482 dei 19 de julio de 2006; el cual entró en vigor el 12 de agosto de 2012. POR CUANTO El artículo 3 del protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR establece la obligación de la República de adopta el acervo normativo vigente del MERCOSUR. POR CUANTO Las Normas del MERCOsUR, que no ameriten ser incorporadas por vía legislativa, podrán incorporarse por la vía administrativa mediante actos emanados del Poder Ejecutivo, conforme a lo expuesto en los artículos 3, 14 y 15 de la Decisión 20/02 del Consejo del Mercado Común. POR CUANTO Q:e las Normas MERCOSUR, deberán ser incorporadas a los ordenamientos jur dicos de los Estados Partes en su texto integral, de conformidad a lo previsto en los articulos 7 de la Decisión 20/02 del Consejo del Mercado Común RESUELVE ARTiCULo 1. Aprobar la incorporación al Ordenamiento Jurídico Nacional de la ReSO!UCIÓn "MERCOSUR/GMC/RES. N° 50/08 REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR PARA TRANSPORTE DE SUSTANCIAS INFECCIOSAS Y MUESTRAS BIOLÓGICAS ENTRE LOS ESTADOS PARTES correspondiente a la ARTICULO 2 La norma Resolución, "MERCOSUR/GMC/RES. N° 50/08 REGLÁMENTO TÉCNICO MERCOSUR PARA TRANSPORTE DE SUSTANCIAS INFECCIOSAS Y MUESTRAS BIOLÓGICAS ENTRE LOS ESTADOS PARTES", Será obligatoria a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolvariana de Venezuela. Comuniquese y publiquese, junto con el texto de la Resolución GMC No 50/08. fbtebakkrzaus LUISANA MELO SOLÓRZANO MINISTRA DEL PODER PORULAR PARA LA SALUD MERCOSUR/GMC/RES. N° 50/08 REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR PARA TRANSPORTE DE SUSTANCIAS INFECCIOSAS Y MUESTRAS BIOLÓGICAS ENTRE LOS ESTADOS PARTES (DEROGACIÓN DE LA RES. GMC N° 25/00) VIsTo: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y las Resoluciones N° 38/98. 25/00 y 56/02 del Grupo Mercado Común. CONSIDERANDO: L.a necesidad de contar con normativa armonizada en el ámbito del MERCosUR para el transporte seguro de sustancias infecciosas y de muestras biológicas. EL GRUPO MERCADO COMÚN RESUELVE: Art. 1 - Aprobar el "Reglamento Técnico MERCOSUR para Transporte de Sustancias Infecciosas y Muestras Biológicas entre los Estados Partes", que consta como Anexo y forma parte de la presente Resolución Art. 2 - Los organismos nacionales competentes para la implementacion de la presente Resolución son: Argentina: Ministerio de Salud 432.591 Brasil: Ministério da Saúde/ANVISA Paraguay: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Uruguay: Ministerio de Salud Pública Art. 3 - La presente Resolución se aplicará en: el territorio de los Estado Partes al comercio entre ellos y a las importaciones extrazona, respetando la legislación vigente en cada Estado Parte. Art. 4 - Derogar la Resolución GMC Nº 25/00. Art. 5 - Los Estados Partes deberán incorporar la presente Resolución a sus ordenamientos jurídicos internos antes del 01/VI1/09. LXXIV GMC - Brasilia, 28/XI/08 ANEXO REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR PARA TRANSPORTE DE SUSTANCIAS INFECCIOSAS Y MUESTRAS BIOLÓGICAS ENTRE LOS ESTADOS PARTES 1. Definiciones: s efectos del presente Reglamento Técnico se entenderá por: Sustancias infecciosas Para los fines de su transporte, se entiende por sustancias: infecciosas las sustancias respecto de las cuales se sabe o se sospecha de forma fundamentada que contienen agentes patógenos. Los agentes patógenos son microorganismos (tales como bacterias, virus, rickettsias, parásitos y hongos) y otro agentes tales como priones, que pueden causar enfermedades en los animales y en los seres humanos. (Tomado de la Guía sobre reglamentación relativa al transporte de sustancias infecciosas 2007). Según documento WHO/CDS/EPR/2007.2 Las sustancias infecciosas se dividen en dos categorías. Sustancias infecciosas de categoría A Una Sustancia infecciosa que se transporta en una forma que, al exponerse a ella, es capaz de causar una incapacidad permanente, poner en peligro la vida o constituir una enfermedad mortal para seres humanos o animales previamente sanos. En el cuadro del Apendice 1 de este Reglamento Técnico, figuran ejemplos ind:cat vos de sustancias aue cumplen estos criterios. NOTAS 1 - Las sustancias infecciosas que, cumpliendo los criterios anteriormente mencionados causan enfermedades en los seres humanos o en los animales se clasifican por el No. UN 2814. Las Sustancias infecciosas que causan enfermedades solo en animales se clasifican por el No. UN 2900. Se refieren las mercancías peligrosas los No UN y las designaciones oficiales de transporte que corresponden a este tipo de mercancias en función de su clasificación como peligrosa y de su composición. Las designaciones oficiales de transporte se utilizan para identificar claramente el articulo o sustancia peligrosa. 2 - La designación por los números UN 2814 o UN 2900 se basará en los antecedentes médicos conocidos del paciente o del animal del cual procede la sustancia, las condiciones endémicas locales, ios sintomas del paciente o del animal o el asesoramiento de un especialista sobre el estado individual del paciente o del animal. 3 - El cuadro del Apéndice I de este Reglamento Técnico no es exhaustivo. Las sustancias infecciosas incluyendo agentes patogénicos nuevos o emergentes, que no figuran en el cuadro pero que cumplen los mismos criterios, serán incluidas en la categoría A. Además, cuando hubiera dudas si una Sustanna Cumple o no los criterios, éstas serán incluidas en la categoria A Sustancias infecciosas de categoria B Son aquellas sustancias infecciosas que no cumplen los criterios para su inclusión en la categoría A. Las sustancias infecciosas de la categoría B se clasifican por el No UN 3373. Cultivos Los cultivos son el resultado de un proceso cuyo objetivo es la reproducción de agente patogénico. Esta definición no incluye la muestra de pacientes humanos o animales. Los cultivos pueden ser clasificados en la categoría A o B en función del microorganismo cultivado. Muestras biológicas Son sustancias de origen humano o animal, exentas de agentes patógenos, obtenidas directamente de seres humanos o animal.:s. que incluyen, entre otras cosas, excreciones, secreciones, sangre. sus componentes, tejidos, células, fluidos orgánicos y restos página original (tal como se publicó) [Página 14] 432.592 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA transportados fines de estudio, diagnostico, mortales con investigación, tratamiento prevención de enfermedades, y/o control de calidad, y otros. Excepciones Quedan exceptuados de la aplicación de la presente norma los productos biológicos, tales como vacunas, los microorganismos y organismos genéticamente modificados y los residuos med.o hospitalarios descontaminados, incluyendo las muestras biología de origen vegetal, las cuales deberán ser transportadas conforme la normativa vigente en cada Estado Parte. NOTA : Productos Biológicos: Son los productos obtenidos de organismos vivos y que son elaborados y distribuidos según las prescripciones de las Autoridades nacionales competentes que pueden tener exigencias especiales con relación a licencia y que son utilizados con finalidades de desarrollo, experimencación o investigación conexa. Se incluyen aquí los productos no terminados como las cepas de vacunas. 2. Responsabilidades La responsabilidad por el transporte de sustancias infecciosas y muestras biológicas para los fines previstos en la presente norma, desde el origen hasta el establecimiento o institución de destino habilitados por la Autoridad Competente en cada Estado Parte, alcanzará al remitente, a la empresa de transporte y al destinatario. 2.1. Del remitente 2.1.1 Organizará el envio con antelación, contactando al destinatario de las muestras (Institución o establecimiento receptor), el que deberá dar su aceptación por escrito, de acuerdo a lo establecido por los estados remitente y receptor, respectivamente. ( 2.1.2 Determinará la metodología del envío, en conjunto con el transportador y el destinatario, previendo su transporte por el medio más adecuado y la ruta más directa, procurando que su llegada sea en ur día hábil de la semana, evitándose los fines de semana y feriados en el pais de destino. 2.1.3. Preparará la documentación necesaria, incluyendo las autorizaciones y los documentos para despacho aduanero y sanitario requeridos para el envío de la muestra. 2.1.4. Notificará con antelación al destinatario de los trámites realizados y la forma de envio (transporte) para garantizar la recepción del material enviado. 2.1.5. Embalará, identificará y categorizará la sustancia infecciosa o muestra biológica para los fines previstos en la presente norma, sobre la reglamentación relativa al transporte de sustancias infecciosas" - OMS - 1 de enero de 2007 - 2008. 2.2. Del destinatario 2.2.1. Obtendrá las autorizaciones necesarias de las autoridades nacionales para el ingreso a los Estados Partes de sustancias infecciosas y/o muestras biológicas, informando la previsión de 1fegada del material con antelación mínima de 6 horas. 2.2.2. Proveerá al remitente de los permisos, documentos de autorización y otros documentos que sean requeridos por las autoridades nacionales del país receptor, haciendo constar el número de esa autorización (de esos documentos) en todos los documentos originales de embarque. 2.2.3. Establecerá en conjunto con el transportador y el remitente, la logística necesaria para recibir el material enviado desde el exterior en la forma más eficiente y oportuna al momento de su arribo. 2.2.4. Notificará inmediatamente al remitente la llegada del material enviado, indicando las condiciones del mismo. 2.3. Del transportador 2.3.1. Deberá atender a las indicaciones y procedimientos establecidos en la "Guía sobre la reglamentación relativa al transporte de sustancias infecciosas" - OMs - 1 de enero de 2007 y toda otra normativa Internacionalmente vigente. Lunes 12 de diciembre de 2016 2.3.2. Proveerá al remitente de los documentos de despacho, envío e instrucciones para su llenado. 2.3.3. Verificará la conformidad del embalaje, en relación al material transportado, según las normas vigentes y notificará al remitente si el mismo resultara inadecuado. 2.3.4. Asesorará al remitente sobre la ruta más segura y conveniente para el envío del material, efectivizándoia a requerimiento del mismo. 2.3.5. Monitoreará y garantizará las condiciones en que el material debe ser mantenido durante el transporte, realizando el seguimiento del material transportado y notificando al remitente y al destinatario acerca de retrasos esperados o inespe-ados que ocurran durante el mismo. 2.3.6. Comunicará al remitente y al destinatario la previsión de llegada con antelación mínima de 8 horas, y a la llegada efectiva del material. 2.3.7. Entrará en contacto con el remitente, el destinatario, y con las autoridades sanitarias en caso de accidente o derrame de la sustancia infecciosa o muestra biológica. 2.3.8. Deberá transportar con factura comercial, conocimiento de carga de transporte Aéreo, Fluvial, Marítimo, Ferroviario, o Terrestre Internacional, y demás documentos exigidos por la legislación de los Estados Partes independientemente de ser infeccioso o no. 2.3.9. No transportar el material infeccioso o muestra biológica en el mismo compartimiento en que son transportados los pasajeros. 3. Embalaje y etiquetado 3.1 Se efectuará de acuerdo a lo prescripto en Guía sobre reglamentación relativa al transporte de sustancias infecciosas vigente en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud (OMS) e International Air Transport Association (I.A.T.A.). NOTA: 1) Cuando el transporte ocurre entre los Estados Partes, los rótulos, formularios y embalajes deberán ser escritos en el idioma correspondiente al país remitente. 2) La designación oficial de transporte del N° UN 2814 es «INFECTIOUS SUBSTANCES AFFECTING HUMANS ou SUBSTÂNCIAS INFECCIOSAS QUE AFETAM HUMANOS OU SUSTANCIAS INFECCIOSAS QUE AFECTAN HUMANOS ». La designación oficial de transporte del N° UN 2900 es «INFECTIOUS SUBSTANCES AFFECTING ANIMALS ONLY ou SUBSTÂNCIAS INFECCIOSAS QUE AFETAM SOMENTE ANIMAIS Ou SUSTANCIAS INFECCIOSAS QUE AFECTAN SOLO ANIMALES . 3) La designación oficial de transporte del N° UN 3373 es «BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B OU SUBSTÂNCIAS BIOLÓGICAS, CATEGORIA B Ou SUSTANCIAS BIOLÓGICAS CATEGORÍA B». 4. Refrigeración 4.1 Se efectuará de acuerdo a lo prescripto en Guía sobre reglamentación relativa al transporte de sustancias infecciosas vigente en el ámbito de Organización Mundial de la Salud (OMS) e International Air Transport Association (I.A.T.A.). 5. Formularios y documentos para el envío El envio de sustancias infecciosas y/o muestras biológicas deberá ser acompañado por los formularios y documentos que se detallan a continuación: 5.1. Formulario de Declaración del Remitente de Envio de Sustancias Peligrosas, que se agrega como Apéndice II de este Reglamento Técnico. 5.2. Documentos que deben acompañar el envio Los documentos requeridos para el envío podrán ser obtenidos en las compañías transportadoras que deben colocar en el paquete: 5.2.1 Una declaración del remitente del envío de sustancias peligrosas, en caso de tratarse de las sustancias clasificadas como categoría A. 5.2.2 Una lista de envío/factura comercial que incluya la dirección del destinatario, el número de paquetes, detalle de contenido, peso y valor (si lo tuviere). 5.2.3 El conocimiento de carga para los casos en que el transporte sea por vía aérea, marítima, fluvial y/o terrestre de acuerdo a lo descripto en el ítem 2.3.8 5.2.4 La autorización de importación/exportación y/o declaración si estas fueran requeridas por los Estados Partes 6. Trámites Aduaneros y de Vigilancia Sanitaria 6.1 Para la exportación e importación de sustancias infecciosas y muestras biológicas para los fines previstos en esta norma, el página original (tal como se publicó) [Página 15] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 12 de diciembre de 2016 remitente y el destinatario del material enviado, deberán cumplir con determinados procedimientos aduaneros y de vigilancia sanitaria. 6.1.1 Remitente: 6.1.1.1 Efectuar junto con el órgano de Aduana o similar del Estado Parte, el trámite de registro de exportación o similar. 6.1.1.2 Solicitar a la Autoridad Sanitaria competente del Estado Parte la inspección y liberación de la exportación. 6.1.2. Destinatario: 6.1.2.1 Efectuar junto con el órgano de Aduana o similar del Estado Parte, el trámite de registro de importación o similar. 6.1.2.2. Solicitar a la Autoridad Sanitaria competente del Estado Parte la inspección y liberación de la importación. Apéndice I Ejemplos de sustancias infecciosas clasificadas en la categoría A Número UN y Microorganismo Designación Oficial de Transporte Bacillus anthracis (sólo cultivos) UN 2814: Brucella abortus (sólo cultivos) sustancias Brucella melitensis (sólo cultivos) infecciosas Brucella suis (sólo cultivos) que afectan a los Burkholderia mallei - Pseudomonas mallei - muermo (sólo cultivos) Burkholderia pseudomallei - Pseudomonas pseudomallei (sólo cultivos) seres humanos Chlamydia psittaci - cepas aviares (sólo cultivos) Clostridium botulinum (sólo cultivos) Coccidioides immitis (sólo cultivos) Coxiella bumneti (sólo cultivos) Virus de la fiebre hemorrágica de Crimea y el Congo Virus del dengue (sólo cultivos) :Virus de la encefalitis equina oriental (sólo cultivos) Escherichia coli verotoxigénico (sólo cultivos): Virus de Éboia Virus flexal Francisella tularensis (solo cultivos) Virus de Guanarito Virus de Hantaan Hantavirus que causan fiebre hemorrágica con síndrome rena Virus de Hendra Virus de la hepatitis B (sólo cultivos) Virus del heres B (sólo cultivos) Virus de la inmunodeficiencia humana (sólo cultivos) Virus de la gripe aviar hiperpatógena (sólo cultivos) : Virus de la encefalitis japonesa (sólo cultivos) Virus de Junin Virus de la enfermedad de la selva de Kyasanur Virus de Lassa Virus de Machupo Virus de Marburgo Virus de la viruela de los monos Mycobacterium tuberculosis (sólo cultivos): Virus de Nipah Virus de la fiebre hemorrágica de Omsk Virus de la poliomielitis (sólo cultivos) Virus de la rabia (sólo cultivos) Rickettsia prowazekii (sólo cultivos) Rickettsia rickettsi (solo cultivos) Virus de la fiebre del valle del Rift (sólo cultivos) Virus de ia encefalitis rusa de primavera-verano (sólo cultivos) Virus de Sabia Shigella dysenteriae de tipo 1 (sólo cultivos): Virus de la encefalitis transmitida por garrapatas (sólo cultivos) Virus variólico Virus de la encefalitis equina venezolana (sólo cultivos) Virus del Nilo Occidental (sólo cultivos) Virus de la fiebre amarilla (sólo cultivos) Yersinia pestis (sólo cultivos) UN 2900: Virus de la peste porcina africana (sólo cultivos) Paramixovirus aviar de tipo 1 - virus de la enfermedad de Newcastle sustancias infecciosas velogénica (sólo cultivos) Virus de la peste porcina clásica (sólo cultivos) que afectan a los Virus de la fiebre aftosa (sólo cultivos) animales Virus de la dermatosis nodular (sólo cultivos) únicamente Mycoplasma mycoides - pleuroneumonía bovina contagiosa (solo cultivos) Virus de la peste de los pequeños rumiantes (sólo cultivos) Virus de la peste bovina (sólo cultivos) Virus de la viruela ovina (sólo cultivos) Virus de la viruela caprina (sólo cultivos) Virus de la enfermedad vesicular porcina (sólo cultivos) Virus de la estomatitis vesicular (sólo cultivos) Para el transporte por carretera (ADR). Sin embargo, cuando los cultivos se destinan a fines de diagnóstico o clínicos, pueden ser clasificadas como sustancias infecciosas de la categoria B APÉNDICE II - DECLARACIÓN DEL REMITENTE DE ENVÍO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Rrmutente Número del AWB Página a pagina Referencia del remitente (Opcional) Destinatano MINISTERIO DE SALUD ARGENTINA-BRASIL-PARAGUAY MERCOSUR URUGUAY- VENEZUELA AVI5O completadas y firmadas ce esta La faita del cumplimiento de todos los aspectos de la entregadas deben ser al de las leyes en vigencia y sujeto a las penas legales. Esta deciaración en ninguna circunstancia podra ser completada y/o firmada por intermedio de agente de carga de LATA DETALLES DEL TRANSPORTE 432.593 Este embarque esta dentro de Aeropuerto dc (tachar lo que no corresponda) embarque A: RONAVE DE PASAIE ROS SOLAMENTE CANGA AFRONAVE DE ICARGA Tipo de embarque (tachar lo que no corresponda) trurrtu de Jestino NO RADIOACTIVO RADIOACTIVO NATURALEZA Y CANTIDAD DE ARTICULOS PELIGROSOS vea sub-sección 8 1 de la Reglamentación [ATA para articulos peligrosos Instrucciones Autorización Identificación de articulos peligrosos De embalaje Cantidad y tipo embalaje Clase N° Nombre Grupo Riesgo UN Subsico'recto para de 0 Dianio embalaje *Lansporte Divition o 1D In-ymaciones adicionales de manejo Orciaro que el contenido de este embarque está Nombre/titulo dei firmante des.rpto encima de manera correcta y precisa por propio para el embarque, y está Lugar y fecha el nombre clavficado, embalado, marcado y etiquetado, y se encuentra en todos los aspectos en condiciones Firma apropiadas para el transporte de acuerdo con las (vea aviso anterior) reglamentaciones gubernamentales, internacionales Ly nacionales apicables. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARATRANSPORTE YOBRAS PÚBLICAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 022 CARACAS, 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 AÑOS 206°, 157° y 17° En ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 65, 78 numerales 1, 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1, 5 numeral 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con lo establecido en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, y en observancia del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Publicas, este Despacho Ministerial, RESUELVE Artículo 1. Aprobar la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas, correspondiente al Ejercicio Económico-Financiero del año 2017, como se indica a continuación: UNIDAD ADMINISTRADORA CENTRAL DENOMINACIÓN CÓDIGO 00001 Oficina de Gestión Administrativa UNIDADES ADMINISTRADORAS DESCONCENTRADAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 00010 Dirección Estadal de Amazonas Dirección Estadal de Anzoátegui 00011 00012 Dirección Estadal de Apure 00013 Dirección Estadal de Aragua 00014 Dirección Estadal de Barinas Dirección Estadal de Bolívar 00015 00016 Dirección Estadal de Carabobo Dirección Estadal de Cojedes 00017 Dirección Estadal de Delta Amacuro 00018 00019 Dirección Estadal de Distrito Capital 00020 Dirección Estadal de Falcón Dirección Estadal de Guárico 00021 00022 Dirección Estadal de Lara 00023 Dirección Estadal de Mérida Dirección Estadal de Miranda 00024 Dirección Estadal de Monagas 00025 00026 Dirección Estadal de Nueva Esparta Dirección Estadal de Portuguesa 00027 00028 Dirección Estadal de Sucre Dirección Estadal de Táchira 00029 Dirección Estadal de Trujillo 00030 00031 Dirección Estadal de Vargas 00032 Dirección Estadal de Yaracuy 00033 Dirección Estadal de Zulia 00034 Taller Central de Reconstrucción de Maquinaria Pesada 00035 Taller de Puentes Cagua Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Puaniave RICARDO MOLINAEÑALOZA MINISTRO página original (tal como se publicó) [Página 16] 432.594 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISFERIO BEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DESPACHO DEL MINISTRO - CONSULTORÍA JURÍDICA NÚMERO: Q30 . CARACAS, 12 -12- 2016 AÑOS 206°, 157° y 17 RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Papular para Transporte yObras Públicas, designado mediante Decreto N° 2.406 , de fecha 02 de Agpsto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la Repúbliea Bolivariana de Venezuela N° 40.957 de la misma fecha, en ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 78 numerales 1, 2, 13, 19 y 27 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147, Extraordinario de la misma fecha; en concordancia con lo establecido en el artículo 5& del Decreto A° 2.378, sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, da fecha 12 de julio de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.238 Extraordinaria de fecha 13 de julio de 2016 y de conformidad con lo previsto en los artículos 9, 14, 16, 56 y 57 de la Ley de Aeronáutica Civil, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bplivariana de Venezuela N° 39.140, de fecha 17 de marzo de 2009, CONSIDERANDO Que es deber del Estado garantizar la seguridad ciudadana, la paz, el orden ejercicio de los derechos intemo, el disfrute de las garantías y el libre consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, fundamentado en el principio de corresponsabilidad entre sus instituciones y la sociedad civil. CONSIDERANDO Que corresponde al Ejecutivo Nacional, por conducto del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas por razones de seguridad operacional, interés público o seguridad y defensa, restringir, supe der o prohibir, temporal o permanentemente, en todo o en-parte del terrto o nacional la navegación aérea, así como el uso del espacio aéreo, de toda aeronave y aquel objetos que sin ser aeronaves, se desplazan o sostienen en el aire. CONSL JUR REV CONSIDERANDO Que corresponde al Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas, por conducto del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), Autoridad Aeronáutica de la República Bolivariana de Venezuela, regular, fiscalizar, controlar, coordinar y certificar todas las actividades de la aeronáutica civil donde- ejerza su jurisdicción-la República RESUÉLVE !i Artículo 1°. Se prohíbe la operación y circulación aérea en el territorio nacional y demás espacios geográficos de la Repúbtica Bolivariana de Venezuela, de las aeronaves clasificadas como de Aviación General y Privada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de la Ley de Aeronáutica Civil, así como de todo Sistema de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS), conocido comúnmente como "DRON" o "DRONE", a partir del día 11 de Dioienbre de 2016 hasta. el:día 14 de Diciembre de 2016, ambas fechas inclusive. Artículo 2°. Se prohiben las operaciones en los helipuertos, aeropuertos y aeródromos controlados y no controlados de la República Bolivariana de Venezuela a las aeronaves de Aviación Geheral y Privada, así como a todo Sistema de Aeronaves Piloadas a Distancla (RPAS), conocido comúnmente como "DRON" o "DRONE" en las fechas-establecidas en artículo 1° de la presente resolución. Artículo 3°. El Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas, por conducto de Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), coordinará con los Cuerpos de Seguridad del Estado, en los casos en que sea necesario ejecutar meglidas para suspender et vuelo de las aeronaves de Aviación General y Privada, así como de los Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS), que se encuentren operando en el espacio aéreo del territorio nacional y demás espacios geográficos en las fechas indicadas en el artículo 1° de la presente resolución Artículo 4°. Los aspectos, no previstos expresamente en esta Resolución, serán resueltos por el Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas, por conducto del (nstituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). Artículo 5°. La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 11 de Diciembre de 2016 Camuníquese y Publiguese, RIARDO MOLINA PEÑALOZA nistro del Poge Popular, para Transporte y Obras Públicas N° 2.406 8el Z de aigesto de 2016 Lunes 12 de diciembre de 2016 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DIRECCIÓN GENERAL PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 008-2016 CARACAS 02 DE DICIEMBRE DE 2016 Años 206°, 157° y 17° Quien suscribe, JOSÉ JESÚs GÓMEZ MARCANO, venezolano, mayOr de edad, titular de la cédula de identidad N° V.- 12.225.925, actuando con el carácter de Director General del Servicio Autónomo Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEM, según Resolución N° 088, de fecha 10 de abril de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.392, de fecha 11 de abril de 2014, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 47 del Decreto N° 3.745 de fecha 07 de julio de 2005, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.224 de fecha 08 de julio de 2005, en concordancia con el articulo 25 del Decreto N° 1.629, de fecha 20 de febrero de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.176 Extraordinario de esa misma fecha, concatenado con lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147, Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVÀ PRIMERO: Se designa a la Ciudadana LINA GINET GUERRERO PÉREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V.- 10.695.892, para desempeñar el cargo de libre nombramiento y remoción de Directora (E) de la Oficina de Gestión Interna del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEM. SEGunDo: Se delega en el cargo de Directora (E) de la Oficina de Gestión Interna del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEM, las siguientes facultades y atribuciones: 1.- Firmar cheques y transferencias bancarias en las que sea requerida la firma complementaria, para realizar los pagos correspondientes a la gestión administrativa del Instituto. 2.- Gestionar todo lo relacionado con el movimiento de personal ante la Contraloría General de la República y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en lo que corresponda. 3.- Ordenar los compromisos del presupuesto y plan organizativo del ejercicio fiscal, así como los traspasos presupuestarios de las partidas correspondientes a gastos de personal. 4.- Autorizar y firmar lo concerniente al régimen de prestaciones sociales, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras. 5.- Autorizar la nómina y demás instrumentos de pago de los funcionarios, trabajadores, personal obrero, contratados, jubilados y pensionados. 6.- Autorizar permisos remunerados o no remunerados y comisiones de servicios. 7.- Aprobar las pasantías que le sean requeridas a la Oficina de Recursos Humanos. 8.- Suscribir los contratos de trabajo y de honorarios profesionales 9.- Autorizar y suscribir la emisión de copias certificadas de los documentos y actas que reposan en los expedientes del archivo de la Oficina de Recursos Humanos. TERCERO: La funcionara designada como Directora (E) de la Oficina de Gestión Interna del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales lAEM, deberá rendir cuenta mensualmente al Director General, de los actos y documentos suscritos en ejercicio de las facultades y atribuciones delegadas. cuArTo: En los actos administrativos que se adopten de conformidad con las facultades y atribuciones delegadas, se deberá indicar expresamente la fecha y número de la Providencia Administrativa, así como la fecha y número de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela donde hubiere sido publicada. página original (tal como se publicó) [Página 17] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 12 de diciembre de 2016 QUInTo: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese JOSÉ JESÚS GOMEZ MARCANO Director General Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEM Resolución N° 088, de fecha 10-04-2014 Gaceta Oficial N° 40392 de fecha 11-04-2014 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DIRECCIÓN GENERAL PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 009-2016 CARACAS 02 DE DICIEMBRE DE 2016 Años 206°, 157° y 17° Quien suscribe, JOSÉ JESÚS GÓMEZ MARCANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.- 12.225.925, actuando con el carácter de Director General del Servicio Autónomo Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEM, según Resolución N° 088, de fecha 10 de abril de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.392, de fecha 11 de abril de 2014, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 47 del Decreto N° 3.745 de fecha 07 de julio de 2005, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.224 de fecha 08 de julio de 2005, en concordancia con el artículo 25 del Decreto N° 1.629, de fecha 20 de febrero de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.176 Extraordinario de esa misma fecha, concatenado con lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147, Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA PRIMERO: Delegar en la Ciudadana LORENA ESTER FUENTES RIQUELME, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V.- 25.641.845, quien se desempeña como Asistente al Director General del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEM, designada mediante Providencia Administrativa N° 002 de fecha 11 de enero de 2016, la facultad y atribución de firmar los actos administrativos siguientes: - Firmar cheques y transferencias bancarias en las que sea requerida la firma complementaria, para realizar los pagos correspondientes a la gestión administrativa del Instituto. sEGunDo: La funcionara objeto de la presente delegación de firma, deberá rendir cuenta mensualmente al Director General del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales lAEM, de los actos y documentos suscritos. TERcERo: En los actos administrativos que se suscriban de conformidad con las facultades y atribuciones delegadas, se deberá indicar expresamente la fecha y número de la Providencia Administrativa, así como la fecha y número de la Gaceta Oficial de.: la República Bolivariana de Venezuela donde hubiere sido publicada. cuArTo: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese JOSÉ JESÚS GQMEZ MARCANO Director General Instituto de las Artes &escénicas y Musicales IAEM Resolución N° 088, de fecha 10-04-2014 Gaceta Oficial N° 40392 de fecha 11-04-2014 432.595 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VDNIEZUELA CN SU NOMBRE EL TRIBUMAL SUPREMO DE JUSTIC IA Junta Directiva RESOLUCIÓN N° 2016-015 La Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado y demás magistradas y magistrados miembros de la Junta Directiva del Alto Juzgado, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 19 y 22, numerales 1, 2 y 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo establecido en el artículo 11, numerales 2 y 6 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia; así como, en los artículos 2, 34 y 35 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y el artículo 62 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, CONSIDERANDO Que el Tribunal Supremo de Justicia constituye parte del Sistema de Justicia, es el máximo órgano y rector del Poder Judicial, y goza de autonomía funcional, financiera y administrativa, conforme lo consagra el artículo 254 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 1° del Reglamento Intemo del Tribunal Supremo de Justicia. CONSIDERANDO Que mediante la Resolución número 003-2015 de fecha 20 de mayo de 2015, emanada de la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.670 de fecha 28 de mayo de 2015, el ciudadano Wladimir llich Filardi Hernández, titular de la cédula de identidad N° V- 13.716.051, fue designado como Gerente General de Administración y Servicios (E) del Tribunal Supremo de Justicia y cuentadante de la Unidad Administradora Central el Tribunal Supremo de Justicia. CONSIDERANDO Que el ciudadano Wladimir Ilich Filardi Hernández, antes identificado, se encuentra delegado por el artículo 4 de la referida Resolución para decidir, stificar y motivar adecuadamente los supuestos de procedencia contemplados en el artículo 101 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, solo cuando los montos relativos a dichas contrataciones no superen los establecidos para las consultas de precios reguladas por el artículo 96 eiusdem. CONSIDERANDO Que se presentan requerimientos para la adquisición de bienes y servicios, y ejecución de obras, por montos superiores a las consultas de precios reguladas por el articulo 96 eiusdem, cuya incorporación y ejecución resulta perentoria a los fines de garantizar la plenitud de la gestión administrativa, que sirve de soporte a la función jurisdiccional y sustantiva que desarrolla el Máximo Juzgado. CONSIDERANDO Que a tales fines, se ha identificado que el ciudadano Wladimir Ilich Filardì Hernández, en su carácter de Gerente General de Administración y Servicios (E) y Cuentadante de la Unidad Administradora Central del Tribunal Supremo de Justicia, puede asumir tales cometidos bajo las directrices de la Junta Directiva del Máximo Juzgado. CONSIDERANDO Que en reunión de esta Junta Directiva de fecha 12 de julio de 2016, se acordó aprobar el acta mediante la cual se faculta al ciudadano Wladimir Illich Filardi Hernández, para decidir, justificar y motivar adecuadamente los supuestos de procedencia de contratación directa contemplados en el articulo 101 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, hasta por un monto de contratación de ONCE MILLONES QUINIENTAS MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (11.500.000 U.T.). lo cual constituye el objeto de la presente Resolución. RESUELVE PRIMERO,- Delegar en el ciudadano Wladimir Ilich Filardi Hernández, titular de la cédula de identidad N° V-13.716.051, en su carácter de Gerente eneral de Administración y Servicios (E) y Cuentadante de la Unidad Administradora Central del Tribunal Supremo de Justicia, según 9nombramiento realizado mediante Resolución número 003-2015 de fecha página original (tal como se publicó) [Página 18] 432.596 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA /20 de mayo de 2015, emanada de la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.670 de fecha 28 de mayo de 2015, quien asimismo se desempeña como Secretario (E) de la Junta Directiva, la facultad para decidir, justificar y motivar adecuadamente los supuestos de procedencia de contratación directa contemplados en el artículo 101 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, hasta por un monto de contratación de ONCE MILLONES QUINIENTAS MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (11.500.000 U.T.), a partir de la fecha de la presente Resolución. SEGUnDo.- La Presidenta y la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, podrán ejercer directamente las atribuciones objeto de la presente' delegación. TERCERO.- El Gerente General de Administración y Servicios (E), presentará a la Junta Directiva una relación mensual de los actos o documentos que hubiere firmado o suscrito en virtud de la presente delegación. CUARTO.- El Gerente General de Administración y Servicios (E) no podrá subdelegar las atribuciones que aquí se le confieren, y asimismo queda encargado de la ejecución de la presente Resolución. QUINTO.- La facultad decisoria otorgada al ciudadano Wadimir Iich Filardi Hernández, titular de la cédula de identidad número V -13.716.051, contenida en el artículo 4 de la delegación contenida en la precitada Resolución número 003-2015 de fecha 20 de mayo de 2015, emanada de la Junta Directiva del Máximo Juzgado, continuará en vigor una vez concluida la vigencia de esta Resolución. SExTO.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su fecha de suscripción y culminará el 28 de febrero de 2017. sin perjuicio de su prórroga, según sea determinado por la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia. SÉPTIMO.- Se ordena la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los doce (12) días del mes de julio de dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación. chivese. Comuniquese y Presidenta, GLS MARA GUTIERREZ ALVARADO La Segunda Vicepresidenta, El Primer Viceppesidehte, INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ mTO Los Directores, MARJORIE CALDERÓN GUERRERO GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ tit Hbael MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL El Secretario (E). WLADIMIR ILICH FILARDI HERNÁNDEZ LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Junta Directiva RESOLUCIÓN La Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Dra. Gladys María Gutiérrez Alvarado y demás miembros de la Junta Directiva, en ejercicio de las atribuciones Lunes 12 de diciembre de 2016 que le confiere el artículo 22, numerales 2 y 20 de la Léy Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; en concordancia con lo establecido en el artículo 11, numerales 2 y 6 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia; así como, en los artículos 2, 34 y 35, del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en el articulo 21 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. CONSIDERANDO Que el Sistema Nacional de Control Fiscal es un conjunto de órganos, estructuras, recursos y procesos integrados bajo la rectoría de la Contraloría General de la República, que interactúan de manera coordinada, con el propósito de lograr la unidad de los sistemas y procedimientos de control que coadyuven al logro de los objetivos generales de los distintos entes y organismos del Poder Público, CONSIDERANDO Que corresponde a las máximas autoridades jerárquicas de los distintos entes y organismos del Poder Público, la responsabilidad de organizar, establecer, mantener y evaluar el sistema de control interno, con sujeción a- las normas básicas dictadas por la Contraloría General de la República sobre su funcionamiento. CONSIDERANDO Que mediante Acta de la Sesión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha- 20 de julio de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.809 de fecha 28 de noviembre de 2011, fue designado como Auditor Interno del Tribunal Supremo de Justicia, el ciudadano ESÙS GERARDO DÍAZ ALTUVE, titular de la cédula de identidad N° 3.940.608, mo resultado del concurso de credenciales para optar al cargo, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento sobre los Concursos Públicos para la designación de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría Inferna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados. CONSIDERANDO Que vencido el periodo de cinco (5) años, para el cual fue electo el titular del Órgano de Control Fiscal Interno, la máxima autoridad del Tribunal Supremo de Justicia, podrá designar Auditor Interno encargado o interino, hasta tanto se organice y celebre el concurso para la elección del nuevo titular del Órgano, de conformidad con lo previsto en el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. RESUELVE PRIMERO.- Designar al ciudadano JESÚS GERARDO DÍAZ ALTUVE, titular de la cédula de identidad No. 3.940.608, como Auditor Interno (E) del Tribunal Supremo de Justicia. sEGunDo.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción. TERcERo.- Se ordena la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Salón de' Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinte (20) días del mes de julio de dos mil dieciséis, Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. residenta, MX LADYS MARÍ GUTIERREZ ALVARADO PrimerVicepresiglente, Segunda Vicepresidenta, MAIKEL JOSE MORENO PÉREE INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE Los Directores, amlcol MA RÍA CAROLINA AMELIACH VILLAÕEL CIA MARJORIE CAUDERION GUERRERO El Secretario, WLADIMIR ILICHFILARDI HERNÁNDEZ página original (tal como se publicó) [Página 19] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 12 de diciembre de 2016 N°1013 LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Exp. N° 16-1114 MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN El 18 de noviembre de 2016, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, oficio sin número de la misma fecha, suscrito por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, mediante el cual remitió un ejemplar de la Ley de Educación Intercultural Bilingüe Indigena, sancionada por la Asamblea Nacional el 8 de noviembre de 2016, a fin que esta Sala Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la misma, debido al desacato en que se encuentra ese órgano legislativo frente a las decisiones del Poder Judicial. En esa misma fecha se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a decidir previas las siguientes consideraciones. | DE LA SOLICITUD EJERCIDA POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Mediante oficio sin número del 18 de noviembre de 2016, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, remitió a esta Sala el texto de la Ley de Educación Intercultural Bilingle Indígena, sancionada por la Asamblea Nacional el 8 de noviembre de 2016, que a su vez le fuera enviada por dicha Asamblea el 17 de noviembre de 2016, a tenor de lo previsto en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al respecto, indicó que "(...) remifla] un ejemplar de la supuesta Ley de Educación Intercultural Bilingle Indigena, enviada por la Asamblea Nacional, con la finalidad de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se pronuncie acerca de la constitucionalidad del citado documento, debido a que ese Órgano Legislativo se encuentra en Desacato frente a las Decisiones del Poder Judicial (...)". Il DE LA LEY OBJETO DE LA SOLICITUD La presente solicitud de pronunciamiento planteada por el Presidente de la República, está referida a la Ley de Educación Intercultural Bilingle Indígena, sancionada por la Asamblea Nacional el 8 de noviembre de 2016, la cual es del tenor siguiente: LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DECRETA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS LEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROPONENTES DE LA LEY Esta Ley es presentada por la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, integrada por los diputados y diputadas, Principales: Presidenta Diputada Indigena Gladys Margarita Guaipo, Vicepresidente Dip. Ezequiel Eligio Pérez Roa, Dip. Indigena Virgilio Ferrer, Dip. Aloha Núñez, Dip. José Antonio España, Dip. Amado Heredia; Suplentes: Dip. Yoliber Guacarán, Dip. Eduardo José Marín, Dip. Ricardo Femández, Dip. Larissa González, Dip. Keyrinet Femández, Dip. Pedro Santaella; Secretaria Abg. Dalia Torres, con la participación del personal técnico y administrativo de la Comisión. 2. DESARROLLO LEGISLATIVO DEL PROYECTO DE LEY El proceso legislativo en materia de Educación Indigena se origina en el año 2001, cuando la Comisión Permanente inicia el desarrollo y formulación del Proyecto de "Ley de Educación Intercultural Bilingüe" denominado posteriormente Proyecto de "Ley de Educación de los Pueblos Indigenas y Usos de Sus Idiomas" encargándose su redacción a un grupo de asesores expertos en el área. Este proyecto de Ley es sometido a un amplio proceso de consulta Nacional durante los años 2002 al 2004, mediante la realización de un gran número de talleres y reuniones en los que participaron los pueblos y comunidades indigenas, sus organizaciones representativas, asl como los órganos, entes y demás instituciones públicas y privadas relacionadas con la materia educativa del país. En el año 2005 la Comisión Permanente de Puebios Indigenas decidió suspender la discusión de este Proyecto de Ley, en virtud del proceso de discusión de la Ley Orgánica de Educación; en este sentido, se solicitó a la Comisión Mixta encargada de su redacción, incorporar en el cuerpo de esta Ley Orgánica un conjunto de normas relativas a la Educación propia de los pueblos indigenas así como las referidas al régimen de educación intercultural bilingüe, atendiendo a las expectativas y exigencias recogidas 432.597 en el proceso de consulta del Proyecto de Ley de Educación de los pueblos Indígenas y Usos de sus Idiomas. En el año 2009, con la entrada en vigencia la Ley Orgánica de Educación, se define como una modalidad del Sistema Educativo Nacional a la educación intercultural bilingüe, estableciéndose como obligatoria e irrenunciable en todos los planteles y centros educativos ubicados en regiones con población indigena; dicha Ley Orgánica remite a una ley especial el desarrollo del diseño curricular, el calendario escolar, los materiales didácticos, la formación y pertinencia de los docentes correspondientes a esta modalidad. La Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional en el año 2011 retoma la discusión del Proyecto de "Ley de Educación de denominación como "Ley de Educación de los Pueblos Indigenas" esto, para dar cumplimiento al mandato legal de legislar en esta materia, partiendo del principio de la pluriculturalidad y el respeto a las culturas de los pueblos y comunidades indigenas. Dicho Proyecto de Ley fue aprobado por la Comisión Permanente de Pueblos Indigenas en fecha 31 de mayo de 2012, remitiéndolo a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para su Primera Discusión, la cual tuvo lugar en fecha 16 de julio de 2013, resultando aprobada por unanimidad. En la misma fecha fue remitida a la Comisión Permanente de Pueblos Indigenas, instancia que diseñó el cronograma de actividades de la segunda fase de consulta del referido Proyecto de Ley, a los fines de la elaboración del informe para la Segunda Discusión, el cual fue remitido a la Secretaria de la Asamblea Nacianal en fecha 06 de Agosto de 2014. Cabe señalar que desde esa fecha hasta el vencimiento del período legislativo 2010-2015, no se incluyó en la agenda de la Asamblea Nacional la discusión del referido informe, por lo cual no se efectuó la Segunda Discusión del citado Proyecto de Ley. Para el perodo Legislativo (2016-2020), la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas asume como prioridad en su agenda parlamentaria, la labor de legislar en la materia educativa indígena, para ello ha observado la diversidad de propuestas presentadas con anterioridad y que han servido como punto de referencia en la elaboración del Proyecto de Ley, el cual se presenta ante la Asamblea Nacional a fin de dar inicio al proceso de formación y discusión de Proyectos de Ley, cumpliendo asl con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. 3. CRITERIOS GENERALES PARA LA FORMULACIÓN La Asamblea Nacional reconoce el valor primordial de la educación como proceso fundamental para alcanzar los fines de la Nación. En este sentido, la Comisión Permanente de Pueblos Indigenas en cumplimiento del mandato constitucional y legal, asume el compromiso y responsabilidad de legislar en materia de pueblos indigenas, desarrollando en este instrumento legal el derecho constitucional de nuestros pueblos originarios a una modalidad educativa de carácter intercultural y bilingüe, que responda a las características y condiciones especificas de su desarrollo integral, cultural, étnico y lingúístico, de acuerdo a las exigencias de los diferentes niveles educativos, cumpliendo así lo previsto en la Ley Orgánica de Educación en concordancia con la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Los pueblos indigenas en Venezuela se han mantenido en la constante y permanente exigencia del reconocimiento de sus derechos originados colectivos e individuales, indispensables para preservar su existencia y culturas como pueblos originarios, siendo esta voluntad de perseverancia lo que ha permitido conservar su cosmovisión, espiritualidad, tradiciones, usos, practicas, costumbres e idiomas originarios. Como parte de esta lucha histórica, nuestros pueblos originarios han exigido el reconocimiento de su educación propia y la implementación de la Educación Intercultural Bilingüe, como mecanismo de fortalecimiento y indigena en nuestro pals tuvo un significativo avance con la implantación del Régimen de Educación Intercultural Bilingle, previsto en el Decreto Ne 283, cuya competencia recayó en el Ministerio de Educación, a través de la Oficina Ministerial de Asuntos Fronterizos e Indigenas (OMAFI); la Dirección de Asuntos Indigenas (DAl). pasando luego a la Dirección General de Educación Indigena y más recientemente la Dirección de Educación Intercultural (DEI). Para el año 1999 se aprueba mediante Referéndum popular la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, instrumento de avanzada en cuanto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Así, nuestra Carta Magna desde su preámbulo, consagra la refundación de la República, declarando a Venezuela como una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, dando el reconocimiento expreso a la existencia de los Pueblos Indígenas bajo una en el Capitulo VIII del TITULO III, los derechos de los pueblos indigenas, en el cual se garantiza su organización social, politica y económica, culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, su hábitat y derechos originarios sobre sus tierras, identidad, derecho a la consulta previa y a la participación política a cargos de elección popular, derecho de aplicar instancias de justicia a través de las autoridades legítimas, asl como el derecho a la educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y biling0e. Como parte del desarrollo legislativo del texto constitucional, la Asamblea Nacional ha dictado un conjunto de leyes específicamente dirigidas a los pueblos indigenas, entre las cuales destaca la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005), la cual se constituye como Ley marco para el desarrollo de los derechos de los pueblos indigenas, garantizándoles el derecho de mantener y preservar su educación propia como medio de transmisión: de sus culturas, tradiciones y en general, las prácticas tradicionales y ancestrales indigenas, así como el derecho a una educación de carácter intercultural y bilingüe que garantice el uso paritario de los idiomas indigenas y el castellano. De igual forma, la Ley Orgánica de Educación (2009) en acatamiento a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y valorando la importancia que para nuestra Nación tienen las culturas indigenas, instituto la Educación Intercultural Biling0e como una modalidad que transversaliza el Sistema Educativo Nacional, correspondiendo a la presente Ley establecer las especificidades que corresponden a dicha modalidad. De igual forma, esta Ley se fundamenta en lo dispuesto en la Ley Aprobatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OlT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Paises Independientes (2001) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas (2007), especialmente en lo que respecta al derecho de estos pueblos de acceder a una educación en todos los niveles, en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad Nacional, mediante la implementación de programas y servicios educativos que atiendan a sus necesidades particulares, lo que comprende su historia, idiomas, conocimientos, técnicas, sistemas de valores y demás aspiraciones sociales, económicas y culturales de los pueblos originarios. página original (tal como se publicó) [Página 20] 432.598 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En base a lo anterior, la presente Ley desarrolla las normas constitucionales y legales sobre el derecho de los pueblos indigenas a la Educación Intercultural Bilingüe incorporada como modalidad del Sistema Educativo Nacional, que atienda a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones, basándose en el principio del respeto de la integridad cultural de los pueblos indígenas. 4. OBJETIVOS QUE SE ESPERAN ALCANZAR El objetivo fundamental de la presente Ley, es garantizar a los pueblos y comunidades indígenas su derecho a la Educación Intercultural Bilingüe. Siendo la pluriculturalidad un principio de nuestra sociedad, se hace imprescindible garantizar a los pueblos indigenas el intercambio de saberes y conocimientos ancestrales asi como su transmisión de generación en generación, por tratarse de elementos fundamentales para la defensa y preservación de sus culturas y que han servido para enfrentar las dificultades en la protección de sus formas y modos de vida. De igual manera, es necesario que los indígenas conozcan de otras realidades culturales, por lo cual se plantea su interacción e integración a la vida de la Nación bajo una visión de respeto entre las distintas culturas, procurando este instrumento legislativo la integración de las culturas indigenas en el Sistema Educativo Nacional mediante la Educación Intercultural Bilingüe, como mecanismo indispensable para el proceso formativo de los pueblos indígenas. 5. GRADACIÓN DE LA LEY Y EXPLICACIÓN, ALCANCE Y CONTENIDO DE LAS NORMAS PROPUESTAS La presente Ley tiene categoría o gradación de Ley Especial, definiéndose particulares, resolver un hecho individual de la sociedad, a un determinado grupo de personas o regir actividades, situaciones o hechos concretos. En este sentido, la presente Ley desarrolla de manera especifica lo establecido en los articulos 119, 102, 103, 104 y 121 de nuestra Carta Magna; artículos 24, 27 y 40 de la Ley Orgánica de Educación, en concordancia con los artículos 5, 8, 52 y Capitulo I Titulo IV, artículos 74 al 85 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indigenas. Esta Ley en su estructura está conformada por cuatro (4) capitulos, veintisiete (27) artículos, cuatro (4) disposiciones transitorias y finales, referidos a: Capítulo I, Disposiciones generales, abarca del Artículo 1 hasta el Artículo 11; este Capítulo establece el objeto de la Ley, reconociendo como punto de partida el valor primordial de la educación en el proceso fundamental para alcanzar los fines de la Nación. De igual modo se define la Educación Intercultural Bilingle como una modalidad del Sistema Educativo Nacional, que se imparte a los pueblos y comunidades indígenas en los idiomas originarios y en castellano, basada en la cultura, valores, tradiciones y realidad propia de cada pueblo o comunidad, cuyo fin es la formación de personas conocedoras, portadoras y transmisoras de los elementos constitutivos de su cultura, complementados por los conocimientos adquiridos en su proceso formativo. Cabe destacar que en los planteles y centros educativos del Subsistema de Educación Básica ubicados en hábitat y tierras indigenas, la Educación Intercultural Bilingüe es de carácter gratuita y obligatoria. En todo caso, se garantiza la prioridad en la enseñanza del idioma y cultura originaria, reconociendo la importancia de la participación activa de los padres, representantes, la familia y la comunidad en su conjunto, a todo lo largo del proceso educativo. Se establece la obligación a los órganos competentes de disponer de los mecanismos_ y recursos para la implementación de la Educación Intercultural Bilingle como parte del Subsistema de Educación Básica en centros educativos ubicados en zonas rurales y urbanas con población indigena en cuanto sea aplicable y se garantiza a los educandos y educadores indígenas, los medios y recursos destinados a cubrir las necesidades de alimentación, salud, textos, útiles, transporte, materiales e insumos escolares a fin de hacer efectivo el derecho y el deber a la educación. Por último se establecen normas relativas a la aplicación de esta modalidad educativa en la educación preescolar, de adultos y especial. Capítulo II, De las actividades docentes, abarca del Artículo 12 al Artículo 20, en el presente capítulo se reconoce la diversidad cultural y realidades específicas de cada pueblo indigena en el desarrollo de la interculturalidad en el Sistema Educativo Nacional, por lo cual se prevé una multiplicidad de culturas y realidades que cada día viven los pueblos indigenas, por lo que esta Ley establece la definición de un calendario escolar flexible, que incluya las prácticas ancestrales tradicionales, situación geográfica, estacional, climática y cultural de los pueblos y comunidades indigenas, quienes participarán en su elaboración. Se establece además el derecho de cada pueblo indigena de disponer de de disponer de tiempo, espacio, docentes y recursos didácticos para la enseñanza y aprendizaje satisfactorio de su propio idioma, cuyo uso se realizará de forma equilibrada con el idioma castellano. Se definen en este Capítulo los proyectos y orientaciones pedagógicas para la Educación Intercultural Bilingle, los cuales deben ser diseñados e implementados por los órganos competentes en materia de Pueblos Indígenas y de Educación, con la participación protagónica de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas. Los proyectos y orientaciones pedagógicas se definirán de manera individualizada para cada pueblo indígena, atendiendo a criterios lingúísticos, culturales, sociales, socioproductivos, ecológicos de los pueblos originarios. Cabe destacar que las áreas de conocimiento propias se deben desarrollar sin perjuicio del estudio de las materias que sean de obligatorio conocimiento de acuerdo con la Ley. Capítulo II, De los docentes interculturales, abarca del Articulo 21 al Articulo 27, este Capítulo consagra el rol preponderante del docente indigena en el aula de clase para lograr la materialización de una verdadera interculturalidad, la cual en muchas ocasiones se ha visto limitada a una asignatura o a la mera traducción de textos educativos. Se destaca en este Capitulo la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la aprobación y/o postulación de los docentes interculturales bilingles como requisito previo a su nombramiento en el cargo. Estos docentes deben pertenecer al pueblo indigena donde prestaran sus funciones o, no siendo indígena, deben ser conocedores de las culturas y formas de vida, así como ser hablante del idioma originario del pueblo indigena donde preste sus funciones. Es importante señalar que los indígenas reconocidos por sus comunidades como sabios, conocedores de su cultura, idioma y cosmovisión, podrán ejercer como docentes de la modalidad de Educación Intercultural-Bilingue, a los fines de impartir las asignaturas relacionadas con la herencia cultural, Lunes 12 de diciembre de 2016 ancestrales y tradicionales del pueblo indigena de conocimientos pertenencia. Los docentes indigenas tendrán derecho a la estabilidad laboral y serán incluidos en el sistema de seguridad social integral, percibiendo una remuneración acorde con las condiciones geográficas especiales de las comunidades indigenas donde ejerzan sus funciones y las necesidades de transporte, salud, alimentación y vivienda, sin perjuicio de los derechos y beneficios laborales previstos en otras leyes. Asimismo, se promoverá su formación y capacitación integral mediante programas de actualización, especialización y mejoramiento profesional, a cuyo efecto se deben adaptar los planes y programas de formación existentes a la realidad cultural y funciones. Por último, se establece la participación de los pueblos indigenas en la evaluación continua de los docentes pertenecientes a esta modalidad. Capítulo VI, Disposiciones transitorias y finales, abarca cuatro (4) artículos, que contienen normas de temporalidad parcial, vigencia y derogatoria, con relación a la temporalidad otorga un lapso de 3 años, contados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, para que los órganos competentes en materia educativa, cultural e indigena, en coordinación con los demás órganos del Estado, cumplan con la sistematización de los conocimientos tradicionales indígenas. De igual modo, se establece un lapso de 3 años para que las instituciones, centros, planteles y servicios educativos públicos o privados, ubicados en hábitat y tierras indígenas, incorporen la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, de conformidad a la presente Ley. Se establece la vigencia de la Ley a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Par culminar se establece la derogatoria de las disposiciones legales y sub legales que contradigan la presente Ley. LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Decreta la siguiente, LEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Capftulo I Disposiciones Generales Objeto Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto garantizar el derecho a la Educación Propia de los pueblos y comunidades indigenas y desarrollar los principios de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe del Sistema Educativo Nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes que rigen las materias de educación y pueblos indigenas. Educación Propla de los pueblos indígenas Artículo 2. Se garantiza a los pueblos y comunidades indigenas el derecho a mantener y desarrollar su educación propia, basada en sus sistemas de socialización, constituidos en procesos de enseñanzaaprendizaje, transmisión, difusión, arraigo y profundización de los elementos que conforman la cultura de cada pueblo y comunidad. El ejercicio de este derecho se rige según las normas, usos, costumbres y tradiciones de cada pueblo y comunidad indigena. Corresponde al órgano competente en materia de educación básica, con la participación de los pueblos y comunidades indigenas, dictar las pautas y normas administrativas relativas a la implementación y adecuación de la Educación Propia en los centros educativos indígenas del Subsistema de Educación Básica de conformidad con lo previsto en la presente Ley. Educación Intercultural Bilingüe. Definición Artículo 3. La Educación Intercultural Bilingle es una Modalidad del Sistema Educativo Nacional dirigida a los pueblos y comunidades indígenas, impartida en los idiomas originarios y en castellano, basada en la cultura, educación propia, valores, tradiciones y realidad de cada pueblo o comunidad indígena, complementada sistemáticamente con la enseñanza del castellano con los aportes cientificos, tecnológicos y humanísticos que corresponden al resto de las modalidades del Sistema Educativo Nacional. Fines Artículo 4. La Educación Intercultural Bilingle tiene como fin la formación de personas conocedoras, portadoras y transmisoras de los elementos constitutivos de su cultura, complementados por los conocimientos adquiridos en su proceso formativo, para la convivencia en una sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural. Educaclón Intercultural Bilingße en el Subsistema de Educaclón Básica Artículo 6. La Educación Intercultural Bilingle en el Subsistema de Educación Básica incluye las prácticas pedagógicas, socialización, usos y costumbres indigenas, garantizando la prioridad en la enseñanza de los idiomas y culturas originarias, con la participación activa de los padres, representantes, familia y comunidad en su conjunto, respetando la especificidad sociocultural de cada pueblo y los derechos de los niños y niñas indigenas, complementado con los contenidos previstos en el Sistema Educativo Nacional como mecanismo integrador del proceso educativo de los pueblos indígenas. Obligatoriedad de la Educación Intercultural Bllingle en hábitat y tierras Indigenas Artículo 6. La implementación de la Educación Intercultural Bilingüe tiene carácter obligatorio en los planteles, instituciones y centros educativos interculturales bilingle del Subsistema de Educación Básica. página original (tal como se publicó) [Página 21] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 12 de diciembre de 2016 Educación Intercultural Bilingle en zonas rurales y urbanas Artículo 7. Los órganos competentes en materia de Educación y Pueblos Indigenas, dispondrán de los mecanismos y lineamientos para la implementación de la Educación Intercultural Bilingüe en el Subsistema de Educación Básica impartido en centros educativos, ubicados en zonas rurales urbanas con población indígena, en cuanto sea aplicable. Garantía de acceso a la educación Artículo 8. Los órganos competentes en materia de Educación y Pueblos Indigenas, deben garantizar a los educandos y educadores indigenas, los medios y recursos destinados a cubrir las necesidades de alimentación, salud, textos, útiles, materiales e insumos escolares a fin de hacer efectivo el derecho humano y el deber social a la educación. En caso de Pueblos y comunidades indigenas con patrón de asentamiento disperso o en cuyos hábitat y tierras no existan centros educativos, se garantizan los recursos necesarios para la asistencia y traslado de los educandos indígenas, a los centros educativos así como el nombramiento de docentes itinerantes o cualquier otra modalidad que al efecto se establezca, conforme a las normas que rigen la materia y la presente Ley. Creación de centros de Educaclón Intercultural Bilingüe Artículo 9. Corresponde a los órganos competentes en materia de Educación y Pueblos Indígenas, crear, codificar, registrar y garantizar el funcionamiento de instituciones, servicios y centros educativos indigenas. El diseño, modelo arquitectónico, construcción y ambiestación de los centros educativos ubicados en hábitat y tierras indígenas, responderá a las características y realidades socioculturales, condicional geográficas y necesidades de cada pueblo y comunidad indígena, dándpse preferencia a la utilización de materiales y mano de obra local. La creación de centros o instituciones educativas dirigidos a pueblos y comunidades indígenas requiere el cumplimiento del proceso de consulta previa establecido en la Ley que rige la materia. Educaclón de adultos Articulo 10. Los órganos y entes del Poder Público competentes en materia de Educación y Pueblos Indigenas, deben garantizar la aplicación de planes, proyectos y programas de Educación Intercultural Bilingüe, dirigidos a los indígenas adultos y trabajadores, que permitan reafirmar su identidad cultural, conocimientos y saberes, adaptadas a la cosmovisión de su pueblo indigena, en atención a sus necesidades, capacidades, habilidades y formas de vida. Todo sistema o método de educación dirigido a los pueblos y comunidades indigenas, debe garantizar el principio de interculturalidad, priorizando el idioma y la cultura propia. Educación Especlal Artículo 11. Los órganos y entes del Poder Público competentes en materia de Educación, Pueblos Indigenas y Salud, deben garantizar el desarrollo y aplicación de los métodos y recursos dirigidos a la atención de indigenas con diversidad funcional, en el marco de la Educación Intercultural Bilingüe. Educaclón Iniclal Artículo 12. En el nivel de educación inicial del Subsistema de Educación Básica, la Educación Intercultural Bilingle se basa en los sistemas de formación, prácticas tradicionales y educación propia, respetando la especificidad sociocultural de cada pueblo y comunidad indigena, con la participación activa y directa de los padres y familiares, procurando los medios y condiciones más adecuados para lograr sus fines. Capítulo II De las actividades docentes Flexibilidad de las actividades docentes Articulo 13. El año escolar tendrá una duración minima de doscientos días hábiles. Las actividades docentes se cumplirán dentro de un calendario y horario escolar que responderán a las condiciones de vida, actividades económicas y culturales de cada pueblo y comunidad indigena. Calendario escolar Indigena Artículo 14. Las actividades docentes correspondientes a la Educación Intercultural Bilingüe se desarrollarán de acuerdo a un calendario escolar ajustado a las prácticas ancestrales tradicionales, situación geográfica, estacional, climática y cultural de cada pueblo y comunidad indigena. El Calendario Escolar Indigena debe ser elaborado con la participación de los pueblos y comunidades indígenas y establecerá un horario escolar de las actividades inherentes a su educación propia, garantizando el cumplimiento de los objetivos pedagógicos del Sistema Educativo Nacional. Educaclón Intercultural Bilingle en comunidades multiétnicas Artículo 15. En la implementación de la Educación Intercultural Biling0e en las comunidades indígenas multiétnicas, se garantiza el derecho de cada pueblo indigena de disponer de un tiempo, espacio, docentes y recursos didácticos para la enseñanza y aprendizaje de su idioma y cultura. Uso de trajes tradicionales indigenas Artículo 16. El Estado debe promover y garantizar a los pueblos y comunidades indígenas el uso de sus trajes tradicionales en los planteles, instituciones y centros educativos que corresponden al Subsistema de Educación Básica. El órgano competente en materia de educación básica establecerá las normas de uso de los trajes indigenas de conformidad con la presente Ley. 432.599 Uso de los Idiomas oficiales Artículo 17. En el proceso de enseñanza-aprendizaje se garantiza el uso y practica en forma equilibrada de los idiomas originarios y del idioma castellano, sin provocar la subordinación o el desplazamiento del idioma indigena. Proyectos y orientaciones pedagógicas para los programas de estudio Artículo 18. Los proyectos y orientaciones pedagógicas para la Educación Intercultural Bilingoe son diseñados e implementados por los órganos competentes en materia de Educación y Pueblos Indigenas, con la participación protagónica de los pueblos y comunidades indígenas. Criterios para el diseño de los proyectos y orientaciones pedagógicas Artículo 19. Los proyectos y orientaciones pedagógicas para la Educación Intercultural Bilingue, deben ser elaborados de manera individualizada para cada pueblo indígena, atendiendo a criterios lingúísticos, culturales, sociales, socio-productivos, ecológicos de los pueblos y comunidades indigenas. Contenido de los programas Artículo 20, El órgano competente en materia educativa debe desarrollar conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas, los contenidos de los programas educativos aplicables en la Educación Intercultural Bilingle, los cuales se ajustaran a los ejes temáticos particulares de cada pueblo indígena, partiendo de la educación propia, que comprende: identidad cultural; el idioma y su oralidad, literatura oral y escrita, cosmovisión, cosmogonía, espiritualidad, organización social, territorio, conocimientos de los pueblos indigenas; historia de los pueblos indígenas; etnobotánica, etnomedicina; normas de ética y convivencia social; practicas económicas y socio productivas; expresiones artísticas; practicas de aprovechamiento de recursos naturales y conservación del ambiente; así como los contenidos y conocimientos cientificos, tecnológicos y humanísticos que corresponden al resto de las modalidades del Sistema Educativo Nacional. Implementación de los proyectos, orientaciones y programas educativos Artículo 21. Corresponde a los órganos competentes en materia de Educación y Pueblos Indigenas, la implementación progresiva de los proyectos, orientaciones pedagógicas y programas educativos, su promoción, difusión y la capacitación de los docentes interculturales. Expresiones culturales Artículo 22. En los proyectos, planes y programas de estudio a ser impartidos en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional, deben incluirse los elementos culturales propios de los pueblos y comunidades indigenas, tales como: expresiones artísticas, corporales, lingüísticas, alimentarias, musicales o de cualquier otra Índole, respetando aquellas manifestaciones y expresiones que por su naturaleza y valor, sean de uso reservado por los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo a sus prácticas, usos y costumbres, de conformidad con la Ley que rige la materia. Equivalencla de estudios Artículo 23. Los estudios impartidos bajo la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe son equivalentes al resto de las modalidades para los efectos de la obtención de certificados, títulos y prosecución de estudios entré las modalidades del Sistema Educativo Nacional, de conformidad con las normas reglamentarias que rigen la materia. Garantía de acceso a la tecnología Artículo 24. Los órganos rectores con competencia en materia de Educación y de Pueblos Indigenas, en coordinación con el órgano competente en materia de Ciencia, Tecnologia e Innovación, con la participación de los pueblos, comunidades indígenas y sus organizaciones, fomentarán la generación, difusión y uso de aplicaciones informáticas y contenidos digitales en las diferentes áreas de conocimiento contempladas en la Educación Intercultural Bilingüe. Se dará prioridad a tecnologías de información libres, garantizando el acceso a las tecnologías de información a los pueblos y comunidades indígenas. Capítulo III De los Docentes Interculturales Bilingles Ejercicio de la docencia en la Educaclón Intercultural Billngüe Artículo 25. Los docentes interculturales bilingoes tendrán a su cargo la organización, planificación y coordinación de las actividades previstas en el proceso de aprendizaje de los educandos indígenas. Corresponde al órgano competente en materia educativa establecer la clasificación y codificación de los cargos de docente intercultural biling0e. Requisitos Artículo 26. Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley que rige la materia educativa, los docentes adscritos a la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe deben cumplir con los siguientes requisitos: 1. Pertenecer al pueblo indígena de los educandos o tener amplia competencia y conocimientos sobre la cultura, tradiciones, usos y costumbres del pueblo o comunidad donde ejercerá sus funciones. 2. Ser hablantes del idioma originario y preferentemente dominar su escritura. página original (tal como se publicó) [Página 22] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 432.600 3. Tener título universitario en docencia o carrera afín, o experiencia comprobable en docencia con formación académica. 4. En caso de comunidades indígenas apartados o de dificil acceso, los educadores fijarán su residencia en la comunidad donde ejerzan sus funciones. Selección de docentes Indigenas Artículo 27. La selección de los docentes indigenas adscritos a la modalidad de Educación Intercultural Bilingle, debe contar con la postulación o aprobación otorgada en asamblea comunitaria efectuada por la comunidad indigena interesada, conforme a sus usos, practicas y costumbres. Las indigenas para su ingreso en la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, siempre que cumplan con los requisitos previstos en esta Ley. Es nulo el nombramiento de los docentes de la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe que no cumplan con estas condiciones de selección. Ejerclcio docente de los sabios Indígenas indígenas reconocidos por sus comunidades como sabios o conocedores de su cultura, idioma y cosmovisión, podrán ejercer como docentes de la modalidad de Educación Intercultural Bilingue, a los fines de impartir las transmisión de conocimientos tradicionales, prácticas culturales, usos y costumbres propias de los pueblos y comunidades indígenas. Estos docentes tienen derecho a la acreditación, certificación y reconocimiento de sus conocimientos por parte del órgano competente en materia educativa. Formación de docentes indigenas Artículo 29. Los órganos y entes competentes en materia Educativa y comunidades y organizaciones indigenas, deben garantizar la formación y capacitación integral de los docentes adscritos a la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe. Los planes y programas de formación permanente deben adaptarse a la realidad cultural, necesidades, potencialidades y cosmovisión de cada pueblo indigena. Beneficios laborales Artículo 30. Los docentes indígenas tienen derecho a la estabilidad laboral, programas de actualización, especialización y mejoramiento profesional para optimizar el ejercicio de sus funciones, a ser incluidos en el Sistema de Seguridad Social Integral y a percibir una remuneración o salario acorde con las condiciones geográficas especiales de las comunidades indigenas y las necesidades de transporte, salud, alimentación y vivienda, sin perjuicio de los derechos y beneficios laborales previstos en otras leyes. Evaluación Artículo 31. Los docentes indigenas de la modalidad de Educación Intercultural Bilingle deben ser evaluados en forma continua por el órgano rector en materia Educativa conjuntamente con los pueblos y comunidades indigenas involucrados. Capítulo IV Disposiclones Transitorias, Derogatorias y Finales Primera. Se establece un lapso de tres (03) años, contados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, para que los órganos competentes en materia de Educación y Pueblos Indigenas, desarrollen e implementen los proyectos, orientaciones pedagógicas y programas previstos en la presente Ley. Segunda. Se establece un plazo de tres (03) años, contados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, para que las instituciones, centros, planteles y servicios educativos públicos o privados, ubicados en hábitat y tierras indígenas o dirigidos a pueblos y comunidades indigenas y, en zonas rurales o urbanas con población indigena, se incorporen a la Modalidad de Educación Intercultural Bilingle cuando corresponda conforme a la presente Ley. Disposición Derogatoria Única. Se derogan todas las disposiciones legales y sublegales que contradigan la presente Ley. Disposición final Única. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los ocho dias del mes de noviembre de dos mil dieciséis. Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación. I1 DE LA COMPETENCIA DE LA SALA Respecto de la competencia de esta Sala para el conocimiento de la solicitud planteada por el Presidente de la República, se advierte que si bien el mismo no la calificó expresamente; no obstante, bajo el principio iura novit curia corresponde pronunciarse sobre el carácter de la pretensión interpuesta y, en ese sentido, visto que el ordenamiento jurídico vigente no establece ningún recurso contra leyes sancionadas por la Asamblea Nacional sin que hayan sido promulgadas por el Presidente de la República, salvo el control previo regulado Lunes 12 de diciembre de 2016 en el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -o el pronunciamiento relativo al carácter orgánico de las leyes, lo cual no constituye el objeto del presente caso (cfr. sentencia N° 537 del 12 de junio de 2000, caso: "Ley Orgánica de Telecomunicaciones")-, esta Sala considera que la pretensión interpuesta debe calificarse como un control previo de constitucionalidad, y asl se declara. En tal sentido, respecto al control previo de constitucionalidad el artículo 214 del Texto Fundamental en su último párrafo señala lo siguiente: Articulo 214: "(...) Cuando el Presidente o Presidenta de la República considere que la ley o alguno de sus articulos es inconstitucional solicitará el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justida, en el lapso de diez dias que tiene para promulgar la misma. El desde el recibo de la comunicación del Presidente o Presidenta de la República. Si el Tribunal negare la inconstitucionalidad invocada o no decidiere en el lapso anterior, el Presidente o Presidenta de la República promulgará la ley dentro de los cinco dias siguientes a la decisión del Tribunal o al vencimiento de dicho lapso" (destacado de la Sala). Asimismo, el articulo 25, numeral 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, atribuye competencia a la Sala Constitucional para "conocer la solicitud que formule el Presidente o Presidenta de la República, en el lapso de diez dias que tiene para promulgar la misma, acerca de la inconstitucionalidad de una ley que sea sancionada por la Asamblea Nacional o de algunos de sus articulos, de conformidad con el artículo 214 de la Constitución de la República". En tal sentido, por cuanto las normas antes transcritas establecen expresamente la competencia de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para conocer de la solicitud de control previo de constitucionalidad, asume dicha competencia para la decisión del caso de autos, y así se declara. IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Determinada su competencia, corresponde previamente a esta Sala realizar las siguientes consideraciones: En el presente caso se somete a consideración de la Sala el control previo de constitucionalidad de la Ley de Educación Intercultural Bilingüe Indigena, sancionada por la Asamblea Nacional, cuyas disposiciones no sólo son de carácter general y afectarian a la colectividad de ser promulgadas, sino que además su sanción se produce en el marco de una situación de derecho particular, la cual ya ha sido advertida en sentencias vinculantes de esta Sala con relación a la validez de las decisiones de la Asamblea Nacional y que se relaciona directamente con el resguardo del orden público constitucional (cfr. sentencias Nros. 808/2016 y 814/2016) que obligan a esta Sala con fundamento en la función tuitiva del Texto Fundamental que le ha sido encomendada a proceder a su evaluación y control, en los siguientes términos: En este orden de ideas, esta Sala observa que la Ley de Educación Intercultural Bilingüe Indigena fue sancionada por la Asamblea Nacional mediante sesión celebrada el 8 de noviembre de 2016, luego de la incorporación de los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, actuando como Diputados del órgano legislativo nacional, con ocasión a la juramentación de los mismos realizada por la Directiva de dicho órgano legislativo el 28 de julio de 2016, lo cual constituye un hecho comunicacional, es decir, goza de notoriedad al ser transmitido de manera uniforme por los distintos medios de comunicación, tal como se denota del propio portal web de la Asamblea Nacional, desde cuya oportunidad dichos ciudadanos participaron en los debates, deliberaciones y votaciones que fueron efectuadas en el pleno del aludido órgano parlamentario, tal cual lo ha señalado esta Sala en ejercicio de su labor jurisdiccional (vid. sentencia N° 808 del 2 de septiembre de 2016). Al respecto, se reitera una vez más que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 260 del 30 de diciembre de 2015 actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indigena en el proceso electoral página original (tal como se publicó) [Página 23] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 12 de diciembre de 2016 realizado el 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas para elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional (...)". Posteriormente, la referida Sala Electoral en sentencia N° 108 del 1° de agosto de 2016, sostuvo, lo siguiente: "(..) 1. EL DESACATO a las sentencias de la Sala Electoral número 260 de fecha 30 de diciembre de 2015 y número 1 del 11 de enero de 2016, y en caso de mantenerse el desacato de las referidas decisiones, se reservan todas aquellas acciones o procedimientos judiciales a por violación flagrante del orden público constitucional en el pretendido acto de juramentación de los ciudadanos Julio Ygarza, Nima Guarulla y Romel Guzamana en el cargo de Diputados de la Asamblea Nacional realizado el 28 de julio de 2016 por la Junta Directiva del órgano legislativo nacional, así como de aquellos actos o actuaciones que dictare la Asamblea Nacional con la juramentación de los prenombrados ciudadanos (...)" (negrilas del original y subrayado de esta Sala). De alli que esta Sala Constitucional en sentencia N° 808 del 2 de septiembre de 2016, haya precisado al referirse a la ejecutoriedad de las sentencias dictadas por los Tribunales de la República como una manifestación cardinal del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el entendido que todo acto que pretenda impedir o menoscabar la materialización de ese derecho a la ejecutoriedad y ejecución de una decisión judicial, se convierte abiertamente en una franca violación del prenombrado derecho, que los actos emitidos en el pleno de dicho órgano parlamentario resultan absolutamente nulos por usurpación de autoridad, con ocasión al desacato por parte de la Asamblea Nacional de las aludidas decisiones judiciales dictadas por la Sala Electoral bajo los Nos. 260 de fecha 30 de diciembre de 2015 y 1 del 11 de enero de 2016, en los siguientes términos: "(..) [E)n torno a que todos los actos de cualquier índole, que sean dictados por la Asamblea Naclonal, mientras se mantenga la Incorporaclón de los cludadanos Nirma Guarulla, Jullo Haron Ygarza y Romel Guzamana, que ha sido declarada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el procedimiento legalmente establecido a tales efectos, y por ello asl estar dispuesto de manera categórica y expresa en la motivación y en los dispositivos de los fallos recién mencionados (...) [Ello por cuanto] la actuación desplegada por la Asamblea Nacional, no tan solo al proceder a una nueva juramentación e incorporación de ciudadanos como diputados de dicho órgano parlamentario, en contravención a la disposición Tribunal en Sala Electoral, en el que claramente se determina la nulidad de cualquier acto emanado de dicho órgano parlamentario, en contumacia y rebeldía a lo dispuesto por dicha decisión, es decir, con la Incorporación de los cludadanos Nirma Guarulla, Jullo Haron Ygarza y Romel Guzamana absoluta de dichos actos asi emanados, por la contravención expresa a un mandato judicial, que desde luego vulnera y desconoce claramente la consagrada en el articulo 2 constitucional, el derecho a la tutela judiclal de validez y eficacia Jurídica. As/ se declara (..)" (destacado de esta Sala). De igual forma, la Sala estableció claramente en sentencia 814/2016, que: "(..) Se reitera lo declarado por esta Sala en la sentencia n.° 808 del 2 de septiembre de 2016, en la que, entre otros pronunciamientos, se declaró 'que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia'(...)". Con fundamento en los criterios jurisprudenciales parcialmente transcritos, esta Sala, considerando la notoriedad comunicacional de la situación irregular supra señalada; y en resguardo del orden público constitucional, en función de lo juzgado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y de lo establecido en sus propias decisiones, resulta evidente que el referido desacato por parte del órgano legislativo nacional se produjo a partir del 28 de julio de 2016, siendo que el Presidente de la República recibió la ley para su promulgación con posterioridad al momento en que se produjo dicha 432.601 circunstancia, lo que incidió en la consideración del Jefe de Estado en cuanto a que la misma no resultaba constitucional por tal motivo. Adicionalmente, la Sala observa que en el presente caso igualmente se verifica el desacato por parte de la Asamblea Nacional a la sentencia N° 269 del 21 de abril de 2016, en cuanto al proceso de formación de leyes de conformidad con lo dispuesto en dicho fallo. En efecto, en la referida sentencia 269 del 21 de abril de 2016 esta Sala determinó lo siguiente: "(...)No basta entonces la simple iniciativa, sino que debe tener una exposición de motivos y el acompañamiento del estudio del impacto e incidencia presupuestaria y económica, o en todo caso, el informe de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional, tal y como lo ordena el propio Reglamento Interior y de Debates de dicho órgano, inclusive procedimiento de formación si no se cumplen con estos pasos previos. ¿En razón a qué, toda iniciativa de ley debe llevar consigo una información técnica sobre el impacto e incidencia que en la economía y finanzas del Estado ha de tener dicha pretensión normativa?. A que toda ley comporta para su ejecución y cumplimiento una erogación del Presupuesto Nacional. El aval económico que debe soportar todo proyecto de ley debe contar con la disponibilidad presupuestaria del Tesoro Nacional, de conformidad con el artículo 314 de la Constitución. encontramos normas constitucionales que hacen de vital interés, para los 289 y 291 de la Constitución). atribuciones y obligaciones previstas en el artículo 238 de la Constitución en su numeral 11, la de Administrar la Hacienda Pública Nacional; la del numeral 13, Asamblea Nacional o de la Comisión delegada. Corresponde por igual al Ejecutivo Nacional, cumplir con las exigencias del Régimen Presupuestario consagradas en los articulos 311 y siguientes de la solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibriofiscal. Para ello, la Asamblea Nacional recibe la presentación del Ejecutivo Nacional, para su contener los limites máximos de gasto y endeudamiento que hayan de contemplarse en los presupuestos nacionales. Por ello, la propia Constitución (articulo 312) obliga a fijar limites al tamaño de la economia, de ahi que, toda la administración económica y por el Ejecutivo Nacional anualmente y aprobado por la Asamblea Nacional (articulo 313 Constitucional) y como consecuencia de ello, la Constitución en su haya sido previsto en la Ley de Presupuesto, y que para decretar un crédito adicional ai mismo debe contarse con recursos en la Tesorería Nacional para atender la respectiva erogación. Igualmente, para la Asambiea Nacional existe una obligación constitucional de tomar en cuenta las limitaciones financieras del país cuando le corresponda acordar y ejecutar su propio presupuesto de gastos (artículo 187, numeral 22 de la Constitución). Por ello es importante precisar que durante el procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos de leyes, junto a la exigencia reglamentaria ya analizada, encontramos en el articulo 208 constitucional que el Cuerpo Parlamentario, en la primera discusión del proyecto de ley, ha de considerar no sólo la exposición de motivos, sino que está obligado a evaluar sus objetivos, obligatoriamente conforme a la previsión del articulo 211 constitucional debe consultarse a los otros Órganos del Estado, a los ciudadanos y ciudadanas, teniendo prioridad especial por ejemplo, en el derecho de palabra, los Ministros o Ministras en representación del Poder Ejecutivo para oir su opinión sobre el proyecto de ley. Esto nos lleva a entender la obligatoria concertación que debe existir entre la Asamblea Nacional y los otros Organos del Estado durante la discusión y aprobación de las leves. De ahi que la viabilidad exigida en todo Proyecto de Ley tiene que ver no sólo con el impacto e incidencia económica y presupuestaria que tendría para el Estado venezolano sino con la concertación obligatoria que entre ambos Poderes, Legislativo y Ejecutivo debe existir". (Subrayado de la Sala). Así conforme al citado fallo, obviar los pasos en el proceso de formación de la Ley, previstos en el Reglamento Interior y de Debates de la propia Asamblea Nacional no permite su perfeccionamiento para ser sancionada por dicho órgano y promulgada por el Presidente de la República, porque al carecer de los elementos sustanciales que permiten darle existencia, viabilidad en cuanto a los objetivos y alcances que se pretende dentro del ordenamiento jurídico, la Ley estaría viciada de nulidad. En este sentido, la referida sentencia N.° 269 de manera cautelar destacó que: "(...) en aras de garantizar el principio constitucional de equilibrio fiscal contenido en el Texto Constitucional asi como el principio de legitimidad del gasto, al existir límites de los gastos durante el año fiscal en curso, por cada una de las entidades del Sector Público de acuerdo a los ingresos que los financian, esto es, con la disponibilidad de los Fondos Públicos, máxime cuando se está en presencia de una situación de excepcionalidad económica a nivel nacional tal como lo ha declarado esta Sala en sentencia n° 4 de fecha 20 de enero de 2016, mediante la cual se decidió la constitucionalidad del Decreto n° 2.184, que declara el Estado de Emergencla Económica en todo el territorio nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.214 extraordinario del 14 de enero de 2016, asl como del Decreto n.° 2.270 del 11 de marzo de 2016, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6219 Extraordinario del 11 página original (tal como se publicó) [Página 24] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 432.602 de marzo de 2016, dictado por el Presidente de la República, mediante el cual, irrespoggables contrarias a la ética, a la transparencia y a la democracia, mientras se decida el fondo del presente recurso, establecer que el informe sobre el impacto e incidencia presupuestaria y económica, o en todo caso. el Informe de la Dirección de Asesoría Económica y Financiera de la Asambiea Nacional que debe acompañar a todo proyecto de ley, a que se refiere el numeral 3 del artículo 103 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, son requisitos esenciales y obligatorios sin los cuales no articulos 208, 311, 312, 313 y 314 de la Constitución, deben consultarse con carácter obligatorio por la Asamblea Nacional -a través de u Directiva- al Elecutivo Nacional- por vla del Vicepresidente Eiecutivo- a los fines de determinar su viabilidad económica, aun los sancionados para la fecha de publicación del presente fallo, en aras de preservar los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal del régimen fiscal de la República, tomando en consideración las limitaciones financieras del país, el nivel prudente del tamaño de la economía y la condición de excepcionalidad Concluyó dicha sentencia resaltando la necesidad de esta consulta interorgánica para la validez de las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional en los siguientes términos: "(..) estima necesario de manera provisional y mientras se decida el fondo del presente recurso, teniendo por norte el articulo 207 constitucional, establecer - Asesoria Económica y Financiera de la Asamblea Nacional que debe acompañar a todo proyecto de ley, a que se refiere el numeral 3 del articulo 103 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, son proyecto de ley, y que los mismos, en previsión de los articulos 208, 311, 312, 313 y 314 de la Constitución, deben consultarse con carácter obligatorio por la Asamblea Nacional—a través de su Directiva- al Elecutivo Nacional- por vía del Vicepresidente Ejecutivo- a los fines de determinar su viabilidad económica, aun los sancionados para la fecha de publicación del presente fallo, en aras de economía y la condición de excepcionalidad económica decretada por el Ejecutivo Nacional. cumplimiento de la normativa vigente, en especial, la referida a la participación del pueblo en los asuntos públicos de la Nación, asl como la intervención del impacto económico de la ley a proponerse, lo cual como ya se apuntó reviste cabal importancia para el Estado, toda vez que cuando se propone una ley. ejecutada en la realidad, pues de lo contrario no tendría sentido dictar una ley cuya ejecución es de imposible cumplimiento. impacto en el gasto público del Estado, de alli que sea imperioso que exista por parte del órgano del Poder Público competente para el diseño, manejo, y ejecución del Plan y del Presupuesto del Estado, el estudio especial sobre el ingresos fiscales. Así se decide." De lo anterior se desprende que la consulta sobre la viabilidad económica de una ley debe realizarse obligatoriamente con el Ejecutivo Nacional, previo a la sanción del texto legal, lo cual, no se desprende de la exposición de motivos, pues nada se señala al respecto, aun cuando en la normativa sancionada se está diseñando un sistema integral de educación para los pueblos indigenas, que conforme al artículo 9 de la Ley faculta a los órganos competentes en materia de Educación y Pueblos Indígenas, a crear, codificar, registrar y garantizar el funcionamiento de instituciones, servicios y centros educativos indigenas, dejando la creación de centros o instituciones educativas dirigidas a pueblos y comunidades indígenas a un posterior proceso de "consulta previa establecido en la Ley que rige la materia", de tal manera que se observa la previsión de unas erogaciones por parte del Estado Venezolano, tanto en la creación de las instituciones y centros educativos, incluyendo todo lo relacionado con su infraestructura, adquisición de mobiliario y demás enseres y consumibles, respecto a los cuales se deben tomar las previsiones presupuestarias para su cumplimiento. Asimismo, el artículo 24 establece el acceso a la tecnología y aplicaciones de informática a los pueblos y comunidades indígenas, sin que se Indique el Impacto que tal Implementación supondrá, y por último, dispone que los docentes indígenas tienen derecho a ser incluidos en el Sistema de Seguridad Social Integral y a percibir una remuneración o salario acorde con las condiciones geográficas especiales de las comunidades indígenas y las necesidades de transporte, salud, alimentación y vivienda, sin perjuicio de los derechos y beneficios laborales previstos en otras leyes, sin que tampoco se haya consultado el costo económico que ello comporta. Lunes 12 de diciembre de 2016 Por tanto en la Exposición de Motivos debió indicarse la realización de la consulta obligatoria, ya que no puede eximirse el órgano legislativo de cumplir con su deber de realizar la consulta, aun cuando considere que la ley que va a sancionar carece de impacto económico. En atención a lo cual, se observa que en el proyecto normativo objeto del presente estudio, se obvió realizar la "determinación de la fuente de financiamiento, la viabilidad económica-presupuestaria y la obligación del Partamento de acordar con el Poder Ejecutivo antes de sancionar cualquier texto legal por el impacto económico que en sl mismo tiene en el presupuesto fiscal", asl como determinar "si el Tesoro Nacional cuenta con recursos para atender a la respectiva erogación", y tal como se estableció en la sentencia N° 327/2016, del 28 de abril, esto evidencia: "...el incumplimiento por parte de la Asambiea Nacional de varios criterios formación de la ley sub examine, como lo son los principios tutela integral de los derechos humanos, autonomía de los poderes públicos, transparencia, económico, junto a la correspondiente previsión y acuerdo presupuestario, lo que determina la responsabilidad cardinal de la Asamblea Nacional en la necesaria viabilización de esta ley cuya constitucionalidad aqul se sostiene.... Luego de un análisis detenido de la Exposición de Motivos de la Ley de Educación Intercultural Bilingle Indígena, sancionada por la Asamblea Nacional, advierte esta Sala que se evidencia la inobservancia del procedimiento de formación de la Ley, en virtud de lo preceptuado en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Sala, en particular en lo referente a la obligatoriedad del estudio de impacto económico para determinar la viabilidad de la legislación, lo cual resulta absolutamente necesario para su sanción e ingreso en el ordenamiento jurídico nacional, según lo previsto en los articulos 208, 311, 312, 313 y 314 de la Constitución de la República bolivariana de Venezuela, relacionados con la obligatoriedad por parte de la Asamblea Nacional, tal como lo reconoció esta Sala mediante la sentencia N.° 269 del 21 de abril de 2016, ratificado en sentencia N° 343 del 6 de mayo de 2016, según la cual la Asamblea Nacional debe consultar con el Ejecutivo nacional -por vía del Vicepresidente Ejecutivo- a los fines de determinar la viabilidad económica de la Ley, en aras de preservar los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio del régimen fiscal de la República, tomando en consideración las limitaciones financieras del país, el nivel prudente del tamaño de la economía y la condición de excepcionalidad económica decretada por el Ejecutivo Nacional. En tal sentido, esta Sala reitera que en su condición de máxima y última intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe garantizar la supremacía y efectividad de las nomas y principios constitucionales, correspondiéndole fijar las interpretaciones sobre su contenido y alcance, por lo que una legislación que se concrete en el desconocimiento del vértice normativo del ordenamiento juridico de la República -dentro de la cual se encuentra el pronunciamiento de esta Sala para hacer cumplir las disposiciones constitucionales-, conlleva como consecuencia la nulidad de todas las actuaciones que la contraríen; más aún cuando esta Sala ha reiterado pacíficamente que no existen actos de los órganos que ejercen el Poder Público que puedan desarrollarse al margen de la Constitución (ver artículos 1, 2, 3, 5, 7, 137, 253, 266, 334, 335 y 336 Constitucionales). Así entonces, vista la situación de desacato en que se encuentra la Asamblea Nacional ante la conformación del pleno para el momento en que fue sancionada la Ley de Educación Intercultural Bilingüe Indígena, así como incumplimiento de la obligación formal de consultar lo relacionado con el impacto económico que tiene la promulgación de la Ley, esta Sala considera motivos suficientes para declarar inconstitucional el acto sancionatorio, sin que sea necesario en este estado entrar a pronunciarse acerca de cada una de las disposiciones contenidas en el precitado instrumento. página original (tal como se publicó) [Página 25] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 12 de diciembre de 2016 Sobre la base de tales consideraciones, dado que en el presente caso está involucrado el orden público constitucional, la Sala en ejecución de sus propias decisiones y en el marco de sus competencias, conforme al artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con fundamento en los fallos de esta Sala Nros. 808/2016, 814/2016 y 269/2016, declara la nulidad del acto legislativo mediante el cual se sancionó la Ley de Educación Intercultural Bilingle Indigena. Así se decide. Por último, esta Sala exhorta a la Asamblea Nacional a realizar el acto parlamentario formal de desincorporación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, como lo hizo el 11 de enero del presente año; en respeto a los principios de paralelismo de las formas, legalidad, seguridad jurídica y supremacía constitucional, ante la manifestación de voluntad de los referidos ciudadanos de desincorporarse del cargo, de la que ha tenido conocimiento esta Sala. (Vid sentencia 952 del 21 de noviembre de 2016). V DECISIÓN Por los razonamientos que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justida, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la presente solicitud de control previo de constitucionalidad de la Ley de Educación Intercultural Biling0e Indígena, planteada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 2.- La NULIDAD del acto legislativo sancionatorio de la Ley de Educación Intercultural Bilingüe Indígena, realizado por la Asamblea Nacional el 8 de noviembre de 2016, 3.- Se ORDENA la publicación Íntegra del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, en cuyos sumario deberá indicarse lo siguiente: "Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara nulo el acto legislativo de la Asamblea Nacional mediante el cual se sancionó la Ley de Educación Intercultural Bilingle Indlgena" 4.- EXHORTA a la Asamblea Nacional a realizar el acto parlamentario formal de desincorporación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, como lo hizo el 11 de enero del presente año; en respeto a los principios de paralelismo de las formas, legalidad, seguridad jurídica y supremacia constitucional. Publiquese, regístrese y archivese el expediente. Remítase copia certificada del presente fallo al Presidente de la República y al Presidente de la Asamblea Nacional. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional los-S del Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, en a dlas del mes de_oumbrede dos mil dieciséis (2016). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. La Presidenta, GLABYS M. GUTIÉRREZ ALVARADE Vicepresidente, ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES 432.603 Los Magistrados, CARMEN ZULETA DE MERCHÁN Ponente Mendgalaer JUAN JOSE MIENDOZAJOVER Calil CALINTO ORTESARIOS HOAWtH1 LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON La Secfetgria (T). DINIESVELAZO Exp N°: 16-1114 CZdeM N{1014 LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA CONSTITUCIONAL Magistrado-Ponente: CALIXTO ÓRTEGA RÍOS El 17 de noviembre de 2016, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, oficio sin número de la misma fecha, suscrito por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, mediante el cual remitió un ejemplar de la LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO DE POLICIA Y DEL CUERPO DE · POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA, sancionada por la Asamblea Nacional el 29 de septiembre de 2016 y remitida al Presidente de la República, para su promulgación, el 9 de noviembre del mismo año, a fin de que esta Sala Constitucional se pronuncie acerca de la constitucionalidad de la misma. En esa misma fecha se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado CALIXTO ORTEGA RIOS, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo. DE LA SOLICITUD PLANTEADA Mediante oficio sin número del 17 de noviembre de 2016, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, remitió a esta Sala el texto de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Servicio de Policla y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, sancionada por la Asamblea Nacional el 29 de septiembre de 2016 y, a su vez, remitida por el Órgano Legislativo Nacional al Presidente de la República para su promulgación, de conformidad con el artículo 213 de la Constitución, el 9 de noviembre del mismo año. En tal sentido, en el referido escrito indicó lo siguiente: saludo bolivariano, revolucionario, socialista y antimperialista y cumpliendo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, remitirle un ejemplar de la supuesta Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Servicio de 2018, enviada por la Asamblea Nacional el dia 09 de Noviembre del presente año, con la finalidad de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se pronuncie acerca de la constifucionalldad del citado documento, debido a que ese página original (tal como se publicó) [Página 26] 432.604 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA órgano Legislativo se encuentra en Desacato frente a las Decisiones del Poder Judicial (..)*. I1 DE LA LEY OBJETO DE LA SOLICITUD La presente solicitud de pronunciamiento planteada por el Presidente de la República, está referida a la Ley de Reforma Parcial de la Ley .Orgánica de Servicio de Policía y del Cuerpo de Policla Nacional Bolivariana, sancionada por la Asamblea Nacional el 29 de septiembre de 2016, la cual es del tenor siguiente: "Exposición de Motivos Exposición de Motivos de la Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Servicio de Policia y del Cuerpo de Policia Naclonal El Servicio de Policla en el pals presenta hoy una serie de deficiencias que le impiden de las garantías y derechos constitucionales, tal como lo establece el artículo 332 de la Constitución de la República Bolvariana de Venezuela. Muchos de los obstáculos existentes provienen del enfoque equivocado y de los vacios que presenta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policla y del Cuerpo de Policia Nacional. Por eso es imprescindible reformar este texto legislativo para contribuir con la optimización del sistema policial. servicio de policía, establecidas, entre otros, en los articulos 184, numeral 6 y 178, numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de. Venezuela. fueron claramente menoscabadas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policia y del Cuerpo de Policia Nacional. Este retroceso en relación a la descentralización ha influido negativamente en la operatividad de los cuerpos policiales del pals. La presente reforma contiene una serie de disposiciones destinadas a corregir esta realidad. Constituye un hecho público, notorio, comunicacional, que en la actualidad existen zonas en el país, creadas de forma irregular o encubierta, en las que se les ha prohibido a los cuerpos de seguridad ingresar a resguardar la integridad fisica y los bienes de los ciudadanos. Estas denominadas 'zonas de paz? solo han servido para El servicio de policia, por la importantísima labor que representa en favor de la partidistas. Los funcionarios policiales, tanto en su formación, como en el ejercicio de su actividad laboral, no deben estar orientados o influenciados por las ideologlas o de imparcialidad, objetividad y carácter político de los cuerpos de policía. El articulo 19, numeral 11, de la presente Ley de Reforma, en relación con la portal automatizado que concentre la información relativa a aquellos imputados que presenten orden judicial de detención y que, por la cantidad y caracteristicas de los delitos que se les atribuyen, deban ser considerados de alta peligrosidad para la sociedad. Esta medida contribuirá a disminuir la gran impunidad que existe hoy en nuestro país. De conformidad con la presente Ley de Reforma, el Consejo General de Policla deberá conformarse con una representación de gobemadores y alcaldes que respondan al pluralismo político existente en el pals. Asimismo, deberá reunirse, al menos, una vez cada 30 dias. Esto evidentemente facilitará la creación de consensos y la operatividad en el seno de esta instancia. La norma establecida en el articulo 39, numeral 4, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policla y del Cuerpo de Policla Nacional, que establece la competencia exclusiva de la Policia Nacional Bolivariana para crear grupos o unidades tácticas, no se corresponde con la inmensa actividad delictiva que se ejecuta hoy en Venezuela. La realidad criminal del país impone que todos los unidades o grupos especializados en operaciones especiales. La presente Ley de Reforma permite que se produzcan avances en este sentido. Asimismo, los cuerpos de policía que cuenten con los recursos necesarios, podrán utilizar helicópteros y otras aeronaves para apoyar las operaciones policiales. Para facilitar el desarrollo de las operaciones policiales, el articulo 52 de esta Ley de Reforma establece una modificación para permitir que los funcionarios policiales, en caso de persecución 'en caliente o delictual, puedan traspasar el territorio correspondiente al cuerpo policial al que pertenecen. Para evitar este reciclaje de pollclas con un historial de conductas contrarias a la Ley, materia de seguridad ciudadana. Hoy muchos funcionarios policiales, por estar asignados a la custodia de personas imprescindible, se podrán designar funcionarios policiales para custodiar a una correspondiente. 'deberán ser dotados de las armas y equipos que les permitan proteger con efectividad a los ciudadanos frente a la delincuencia'. Esta norma procura dar un paso criminales están hoy mejor armadas que los propios cuerpos policiales. En la actualidad, por decisión del Ejecutivo nacional, los cuerpos policiales tienen serlas pueblo venezolano. Por eo se Impone la vigencia de normas que reviertan esta situación. Asimismo, en distintas oportunidades alcaldes y gobemadores han solicitado a la Compañia Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) la venta de armas negativa o no han obtenido respuesta. Para prevenir que esto continúe ocurriendo, ei artículo 74 de la presente Ley de Reforma establece también que CAVIM, cuando cuente con el material solicitado, no podrá negar o dejar de contestar las solicitudes de compra de armas o municiones que realicen los cuerpos policiales nacionales, estadales o municipales. protección por parte del Estado a través de las (sic) órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad fisica de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes'. Para que esta disposición pueda Rango, Valor y Fuerza de Ley 'Orgánica del Servicio de Policla y del Cuerpo de Policia Nacional. ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Decreta la siguiente, LEY DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO DE POLICÍA Y DEL CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA ARTÍCULO 1. Se modifica el titulo de la Ley en la forma siguiente: LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO DE POLICÍA Y DEL CUERPO DE POLICÍA NACIONAL Lunes 12 de diciembre de 2016 ARTÍCULO 2. Se modifica el articulo 3, en la forma siguiente: Artículo 3. Del servicio de policía. El servicio de policia es el conjunto de acciones ejercidas exclusivamente por el Estado, en los ámbitos nacional, estadal y municipal. Constitución y la ley, con el propósito de proteger y garantizar los derechos de las personas frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad, riesgo o daño para su integridad fisica, sus propiedades, el ejercicio de sus derechos, el respeto de sus garantías, la paz social, la convivencia y el cumplimiento de la ley. ARTÍCULO 3. Se modifica el artículo 7, en la forma siguiente: Artículo 7. De la responsabilidad del servicio de policia. El servicio de policia es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo Nacional, los distritos metropolitanos, los estados y municipios, en los términos establecidos en la Constitución de la República particulares. ARTíCULO 4. Se crea un nuevo artículo 8, redactado en la forma sigulente: Articulo 8. Impos/bliolad de territorios de Impunidad. El Ejecutivo Naeional, los estados y municipios, tienen competencia territorial del servicio de policía en los términos establecidos en la Constitución de la República y en la ley. No se permitirá el situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad, riesgo o daño para su integridad fisica, sus propiedades, el ejercicio de sus derechos, el respeto de sus garantías, la paz soclal, la convivencia y el cumplimiento de la ley. ARTÍCULO 5. Se modifica el artículo 13, ahora 14, en la forma siguiente: Artículo 14. Principio de universalidad e igualdad. Los cuerpos de policia fundamentada en la posición económica, origen étnico, idioma, religión, nacionalidad, género, orientación sexual, opinión política o de cualquier otra condición o Indole. Los pueblos y las comunidades indígenas tienen el derecho de contar con un servicio de policia que tome en cuenta su identidad étnica y cultural, atendiendo a sus valores y tradiciones. ARTícULO 6. Se modifica el artículo 14, ahora 15, en la forma siguiente: Articulo 15. Principlo de Imparclalidad y carácter político. Los cuerpos de policía actuarán con absoluta imparcialidad, objetividad y carácter apoltico en el ejercicio de sus funciones. ARTÍCULO 7. Se modifica la denominación del Capltulo IV "Del Órgano Rector y del forma siguiente: Capitulo IV Del Órgano Coordinador y del Sistema Integrado de Policia ARTíCuLO 8. Se modifica el artículo 17, ahora artículo 18, en la forma siguiente: Artíiculo 18. Órgano coordinador. El Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del encargado de la coordinación de las actuaciones del servicio de policia. ARTícULO 9. Se modifica el artículo 18, ahora artículo 19, en la forma siguiente: Articulo 19. De las atribuciones del órgano coordinador. Son atribuciones del órgano coordinador: 1. Dictar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana y velar por su ejecución. 2. Diseñar y formular políticas integrales en lo que respecta a procedimientos y actuaciones de los cuerpos de policia. 3. Regular, coordinar, supervisar y controlar la correcta prestación del servicio de policia. 4. Estabiecer los lineamientos funcionales y operativos, conforme a los cuales se organizan los cuerpos de policia. 5. Fijar, diseñar, implementar, controlar y evaluar las políticas, estándares, planes, programas y actividades relacionadas con la prestación del servicio de policia. 6. Adoptar las medidas que considere necesarias, de conformidad con la Constitución y la ley, en atención a las recomendaciones formuladas por el Consejo General de Policia, para el mejoramiento del desempeño policial. 7. Velar por la correcta actuación de los cuerpos de policia en materia de derechos humanos. 8. Supervisar y evaluar, en conjunto con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de educación superior, los programas de estudio relacionados con la formación, capacitación y mejoramiento profesional de las funcionarias y funcionarios policiales. asignación personal del arma orgánica y equipamiento de los cuerpos de policía 10. Acopiar y procesar la información relacionada con los Indices de criminalidad, actuaciones policiales y cualquier otra en materia de seguridad ciudadana, que deben ser.suministradas por los órganos y entes de la Administración Pública en los distintos ámbitos pollticoterritoriales, y las personas naturales y jurídicas de derecho privado cuando le sea solicitado. órdenes judiciales de detención y que, por el número y las características de los delltos que se les atribuyan, deban ser considerados de alta peligrosidad. En este sentido se elaborarán listas, .con apoyo fotográñico, a los fines de hacerlas del 12. Ejercer la coordinación del desempeño y la evaluación de los cuerpos de policia. 13. Establecer y supervisar planes operativos especiales para los cuerpos de policia en circunstancias extraordinarias o de desastres, con el fin de enfrentar de forma efectiva situaciones que comprometan el ejercicio de los derechos ciudadanos, la paz social y la convivencia. Dichos planes se ejecutarán de manera excepcional y temporal, con estricto apego y respeto a los derechos humanos. 14,. Crear oficinas técnicas para ejercer con carácter permanente funciones de supervisión y fiscalización de la prestación del servicio de policia, de la aplicación de estándares y programas de asistencia técnica. 15. Crear un registro automatizado que contenga la información relativa a los funcionarios policiales que hayan sido destituidos del Cuerpo de Policla Nacional, del Cuerpo de Investigaciones Cientificas, penales y Criminallsticas (CICPC), de las policlas estadales y municipales o de cualquier otro organismo civil de seguridad del Estado, por haber incurrido en delitos o faltas graves. 16. Dictar las resoluciones necesarias para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley. 17. Cualquier otra que le atribuyan los reglamentos de esta Ley. ARTíCULO 10. Se modifica el artículo 19, ahora 20, en la forma siguiente: Articulo 20. De las oficinas técnicas. El órgano coordinador de la seguridad ciudadana contará con oficinas técnicas encargadas de la asesoría en la prestación página original (tal como se publicó) [Página 27] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 12 de diciembre de 2016 del servicio de policia, la aplicación de los estándares y los programas de asistencia técnica. Las oficinas técnicas estarán conformadas por un equipo multidisciplinario de profesionales designados por la ministra o ministro del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana. ARTícULO 11. Se modifica el artículo 20, ahora 21, en la forma sigulente: Artículo 21. De la coordinación en el desempeño operativo. Los cuerpos de materia de seguridad ciudadana, sobre su desempeño operativo, de acuerdo a lo establecido en el reglamento que rija la materia. ARTÍcULO 12. Se modifica el artículo 21, ahora 22, en la forma siguiente: Artículo 22. Del Slstema Integrado de Policia. El Sistema Integrado de Policia comprende la articulación de los órganos y entes que ejercen el servicio de policia, y que coadyuvan a su prestación: a través del desarrollo de una estructura que asegure principios, normas y reglas comunes sobre el desempeño operativo, los niveles y criterios de actuación, las atribuciones, deberes comunes y los mecanismos de coordinación. ARTíCULO 13. Se modifica el artículo 22, ahora 23, en la forma siguiente: Articulo 23. De la conformación del Sistema Integrado de Policia. El Sistema Integrado de Policla estará bajo la coordinación del ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, y lo conforman: 1. El ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana. 2. El Cuerpo de Policla Nacional. 3. Los cuerpos de policía estadales. 4. Los cuerpos de policias municipales. 5. La-institución académica nacional especializada en seguridad ciudadana. 6. El Fondo Nacional Intergubernamental del Servicio de Policla. 7. Los demás órganos y entes que excepcionalmente ejerzan competencias propias del servicio de policía. 8. Cualquier órgano o ente que determine el Ejecutivo Nacional ARTÍcULO 14.-Se modifica el artículo 23, ahora 24, en la forma siguiente: Articulo 24. Del Consejo General de Policia. El Consejo General de Policla es una instancia de participación y asesoría para coadyuvar a la definición, planificación y desempeño profesional del policía. Es presidido por la ministra o ministro del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, integrado por una representación de las gobernadoras o gobemadores, alcaldesas o alcaldes, la cual deberá ser designada respetando la pluralidad politica, el Ministerio Público y la Defensoria del Pueblo, el cual se conformará y reunirá en los términos que se establezcan en el Reglamento Intemo dictado mediante Resolución. El Consejo deberá reunirse, al menos, cada treinta (30) dias. Se podrá incorporar de forma excepcional a cualquier persona u organización no gubernamental que estime pertinente el presidente o presidenta de Consejo. Este Consejo contará con una Secretara Ejecutiva. ARTíCULO 15. Se modifica el artículo 25, ahora 26, en la forma siguiente: Articulo 26. De las atribuclones del Consejo General de Policia. Son atribuciones del Consejo General de Policla: 1. Proponer las políticas públicas y los planes en el ámbito policial a nivel nacional. 2. Proponer la adopción de los estándares del servicio, reglamentos de funcionamiento, manuales de procedimientos, organización común exigida para todos los cuerpos de policía, programas de formación policial y mecanismos de control y supervisión, a fin de uniformar lo necesario y facilitar el desempeño policial dentro de un marco previsible y confiable de actuación, Incluyendo la aplicación de programas de asistencia técnica policial. 3. Recomendar al ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, la aplicación de los programas de asistencia técnica y la adopción de los correctivos correspondientes. ARTíCULO 16. Se modifica el artículo 26, ahora 27, en lá forma siguiente: Articulo 27. Del Fondo Intergubemamantal del Serviclo de Policia. Se crea el Fondo Intergubernamental del Servicio de Policla, con la finalidad de coadyuvar y contribuir en la dotación, entrenamiento, asistencia técnica y compensación a los diversos cuerpos de policía que conforman el Sistema Integrado de Policia. El Fondo dependerá administrativamente y financieramente del ministerio del Poder Popular con competencia en la seguridad ciudadana. Su organización y régimen será desarrollado a través del instrumento que dicte el Ejecutivo Nacional. ARTíCULO 17. Se modifica el articulo 27, ahora 28, en la forma siguiente: Articulo 28. Competencia para crear y organizar cuerpos de policia. Son competentes para crear y organizar cuerpos de policia, el Ejecutivo Nacional, por ciudadana, los distritos metropolitanos, los estados y los municipios a través de las instancias legislativas correspondientes, de conformidad con la Constitución de la República y la legislación nacional. Los cuerpos policiales de los distritos metropolitanos tendrán las mismas atribuciones que las policlas estadales. Parágrafo único: En el Distrito Metropolitano de Caracas, mediante ordenanza, se creará un nuevo cuerpo policial para toda el Área Metropolitana de Caracas. ARTiCULO 18. Se modifica el articulo 28, ahora 29, en la forma siguiente: Artículo.29. De las competencias en materla de servicio de policía. En materia de servicio de policía corresponde a las gobernadoras o gobemadores y a los alcaldes o alcaldesas, en los términos previstos en la presente Ley, las siguientes funciones: de otras instituciones públicas con responsabilidad en la materia para la definición de planes y supervisión. 2. Ajustar los indicadores del desempeño policial al respeto de los derechos humanos, la Constitución de la República y la legislación vigente. 3. Designar a los directivos y directivas de los cuerpos de policia en su correspondiente ámbito político territorial, cumpliendo con los requisitos establecidos para tales cargos. 4. Las demás señaladas en la Constitución de la República y la presente Ley. ARTÍCULO 19. Se modifica el articulo 30, ahora 31, en la forma siguiente: Corresponde a las autoridades de dirección policial, en el ámbito funcional de los cuerpos de policía: 1. Ejecutar las políticas de coordinación dictadas por el ministerio del Poder Popular 432.605 2. Aplicar las normas establecidas en las leyes y reglamentos, sobre el ingreso, ascenso, traslado, régimen disciplinario, suspensión, retiro y jubllación. 3. Aplicar los estándares y las normas establecidas en las leyes y reglamentos 4. Las demás,que establezcan los Reglamentos de la presente Ley. ARTícULO 20. Se modifica el articulo 31, ahora 32, en la forma siguiente: Articulo 32. De la designación de las Directoras y Directores de los cuerpos de policia. Los directores y directoras y de los cuerpos de policía estadales y gobernadoras y de los alcaldes o alcaldesas, en los respectivos ámbitos politico territoriales, conforme a lo previsto en la ley. ARTícULO 21. Se modifica el articulo 34, ahora 35, en la forma siguiente: Artículo 35. De las atribuciones comunes. Son atribuciones comunes de los cuerpos de policía: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes y las demás disposiciones relacionadas con el servicio de policia. 2. Proteger a las personas y a las,comunidades, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad, riesgo o daño para la integridad fisica, sus propiedades y su hábitat. 3. Ejercer el servicio de policia en las áreas urbanas, extraurbanas y rurales. 4. Ejecutar las politicas de coordinación emanadas del ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, incluyendo. tránsito, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, anticorrupción, antisecuestros, acaparamiento y especulación alimentaria, adulteración de medicinas y otros bienes de consumo esenciales para la vida, delincuencia organizada, turismo, ambiente y orden público. 5. Promover, desarrollar e implementar estrategias y procedimientos que garanticen 6. Proteger a las personas que participen en concentraciones públicas o manifestaciones pacíficas. 7. Cooperar con los demás órganos y entes de seguridad cludadana en el ámbito de sus competencias. 8. Resguardar el lugar donde haya ocurrido un hecho punible, e impedir que las evidencias, rastros o trazas vinculados al mismo, se alteren o desaparezcan, a los fines de facilitar las investigaciones correspondientes. 9. Propender a la solución de conflictos a través de la mediación, conilliación y demás mecanismos altemativos, a fin de garantizar la paz social. 10.. Recabar, procesar y evaluar la información conducente a mejorar el desempeño de los cuerpos de policía. .11. Colaborar con los demás órganos y entes de seguridad cludadana ante situaciones de desastres, catástrofes o calamidades públicas. 12. Ejercer funciones audliares de investigación penal de conformidad con las leyes especiales. 13. Resguardar a los que, de conformidad con la Constitución de la República y la ley, son considerados altos funcionarios o funcionarias del Estado. 14. Practicar detenciones en virtud de una orden judicial, o cuando la persona sea sorprendida en flagrancia de conformidad con la Constitución de la República y las leyes. 15. Proteger a los testigos y victimas de hechos punibles y demás sujetos procesales por orden de la autoridad competente. 16. Controlar, vigilar y resguardar las vías públicas nacionales, urbanas y extraurbanas, así como las vías rápidas y el tránsito terrestre, previniendo la comisión de delitos, participando en la investigación penal y aplicando el régimen de sanciones administrativas, previsto en la ley. 17. La creación, cuando reúnan las condiciones para ello, de grupos o unidades tácticas o de operaciones especiales. 18. La utilización, cuando el cuerpo policial cuente con los recursos para ello, de 19. Expedir credenciales a los funcionarios y funcionarlas policiales miembros de 20. Las demás que le establezca el Reglamento de la presente Ley. ARTíCULO 22. Se modifica el articulo 36, ahora 37, en la forma siguiente: Articulo 37. Nafuraleza. El Cuerpo de Policia Nacional tene carácter civil, público, permanente, político, profesional y organizado, estará desplegado en todo el territorio nacional para garantizar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos y el cumplimiento de la ley. ARTíCULO 23. Se modifica el artículo 37, ahora 38, en la forma siguiente: Artículo 38. De las áreas del Servicio. El Cuerpo de Policia Nacional tiene competencia en todo el territorio nacional, en las siguientes áreas del servicio de policia: orden público, tránsito, fiscalización y aduanas, turismo, aeroportuaria, custodia diplomática, penitenciaria, migración, marítima, anticorupción, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, ambiental, delincuencia organizada, antisecuestro, seguridad alimentaria y grupos ammados irregulares, y aquellas que la Constitución de la República y las leyes otorguen al Poder Público Nacional, y cualquier otra vinculada a la prevención del delta. ARTíCULO 24. Se modifica el articulo 39, ahora 40, en la forma sigulente: Artículo 40. De las atribuciones exclusivas del Cuerpo de Policla Naclonal. Son atribuciones exclusivas de la Policla Nacional: .1. Proteger y brindar seguridad a los miembros y miembras del cuerpo diplomático acreditado en el país, de conformidad con el ordenamiento juridico aplicable en esta materia. 2. Las demás que le otorguen las leyes de la República. ARTÍCULO 25. Se modifica el articulo 41, ahora 42, en la forma siguiente: Articulo 42. Atribuciones del director o directora. Son atribuciones del director o directora del Cuerpo de Policla Nacional: con competencia en seguridad ciudadana, y las demás órdenes e instrucciones emanadas de la autoridad competente. 2. Planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar las actividades propias del Cuerpo de Policla Nacional. 3. Asesorar al ministerio del Poder Popular con competencia en seguridad ciudadana en la adopción de estrategias y medidas que contribuyan a proleger a las personas y a las comunidades. página original (tal como se publicó) [Página 28] 432.606 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA garantizar la seguridad, la convivencia y la paz social. 5. Promover la formación, adiestramiento y capacitación de las y los integrantes del Cuerpo de Policia Naclonal. 6. Asegurar que el talento humano, los recursos materiales, tecnológicos y financieros del Cuerpo de Policia Nacional, sean empleados en actividades propias del servicio de policía, de conformidad con las disposiciones legales. 7. Vigilar el cumplimiento de la normativa intema y las leyes que rigen (a materia disciplinaria 8. Velar por el estricto respeto de los derechos humanos y la correcta aplicación de la ley. 9. Promover medidas que favorezcan la incorporación activa del Cuerpo de Policia Nacional al desarrollo nacional. 10. Crear y fortalecer mecanismos institucionales que promuevan y faciliten la participación ciudadana para el mejor desempeño del servicio de policia. 11. Articular mecanismos Intemos y extemos de seguimiento y control sobre el servicio de policía. 12. Promover los valores de solidaridad y paz social en el ejercicio del servicio de policia. 13. Las demás que le asigne el ordenamiento jurídico. ARTíCULO 26. Se modifica el artículo 42, ahora 43, en la forma siguiente: Artículo 43. Naturaleza. Los cuerpos de policia estadal son órganos de seguridad ciudadana encargados de ejercer el servicio de policía en su espacio territorial y ámbito de competencia, primordialmente orientados hacia actividades preventivas y control del delito, con estricta sujeción a los principios y lineamientos establecidos en esta Ley sus reglamentos y los lineamientos de coordinación dictados por el ARTíCULO 27. Se modifica el articulo 43, ahora 44, en la forma siguiente: Artículo 44. Atribuciones. Los cuerpos de policía estadal tendrán, además de las atribuciones comunes de los cuerpos de policía previstas en esta Ley, la facultad de n p n en manifestaciones que comprometan el orden público, la paz social y la convivencia, con competencia en seguridad ciudadana, todo ello atendiendo al respeto y garantía de. los derechos humanos. ARTÍcULO 28. Se modifica el artículo 44, ahora 45, en la forma siguiente: Articulo 45. Naturaleza. Los cuerpos de policia municipal son órganos de seguridad ámbito de competencia, primordialmente orientados hacia actividades preventivas y control del débito, con estricta sujeción a los principios y lineamientos establecidos en esta Ley, sus reglamentos y los lineamientos y directrices de coordinación emanadas del ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana. ARTíCULO 29. Se modifica el artículo 45, ahora 46, en la forma siguiente: -Artículo 48. De la mancomunidad. Únicamente los municipios podrán asociarse en mancomunidades para la prestación del servicio de policia. Los Distitos Metropolitanos podrán crear y organizar sus cuerpos de policia. ARTíCULO 30. Se modifica el artículo 49, ahora 50, en la forma siguiente: Artículo 50. Promoción del Servicio de Policia Comunal. Los gobemadores o gobernadoras y alcaldes o alcaldesas promovenán el establecimiento del servicio de policía comunas, dentro del cuerpo de policía estadal o municipal correspondiente, como estrategia para perfeccionar el trabajo conjunto y directo entre los cuerpos de de seguridad ciudadana, a través de las oficinas técnicas, audliará en el diseño, organización y perfeccionamiento del servicio de policía comunal. ARTÍCULO 31. Se modifica el artículo 51, ahora 52, en la forma siguiente: Articulo 52. Criterlo de terrtorialidad. Corresponden a los cuerpos de policia municipal las situaciones que se producen y limitan en el ámbito local, a los cuerpos de policia estadal, las que se producen y extienden al ámbito territorial de los estados, producen en todo el territorio nacional. Este criterio regirá salvo las circunstancias de persecución delictual. ARTÍCULO 32. Se modifica la denominación del Titulo II, en la forma siguiente: TITULO IIII DE LA ORGANIZACIÓN, FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO DE POLICÍA Y DEL RESGUARDO DE ALTOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DEL ESTADO ARTíCULO 33. Se modifica el artículo 57, ahora 58, en la forma siguiente: cuerpos de policia: ser venezolano o venezolana, mayor de dieciocho años y menor de veinticinco, no poseer antecedentes penales, ni haber sido destituido o destituida de algún órgano militar o de cualquier organismo de seguridad del Estado, contar con el titulo de educación media diversificada, y haber cursado y aprobado un año de formación en la institución académica nacional, estadal o municipal correspondiente, asi como cualquier otro que determine el reglamento respectivo. Parágrafo Único: El ministerio del Poder Popular con competencia en materia de infarmación de todos los funcionarios y funcionarlas policiales que hayan sido destituidos de cualquier cuerpo de policia, por haber incurrido en delitos o faltas graves. Las autoridades de los cuerpos policiales tendrán acceso s este registro. ARTíCULO 34. Se modifica el artículo 58, ahora 59, en la forma siguiente: Artículo 59. De la formación pollclal. Los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Policía Nacional serán formados en la institución académica nacional especializada n n n rn n n n n n n n con competencia en materia de educación superior, determinará el diseño curricular, las políticas y acciones que garanticen la unidad del proceso de formación y el desarrollo profesional permanente. Los Cuerpos de Policia de los distritos en sus propios institutos universitarios, escuelas y academias. El Cuerpo de Policía la formación educativa de sus funclonarios. ARTícuLO 35. Se crea un nuevo artículo 66, redactado en la forma siguiente: Artículo 68. De la labor de resguardo de altos funclonarios o funcionarias del Estedo. Los funcionarios y funcionarias policiales únicamente podrán ser designados en labores de resguardo para proteger de forma especial a los que sean considerados como altos funcionarios o funcionarias, de conformidad con la judiciales de protección. Excepcionalmenta, cuando una situación de emergencia lo haga necesario, se podrán designar a funclonarios y funcionarias policiales para el resguardo de una persona mientras se tramita la respectiva orden judicial de protección. Lunes 12 de diciembre de 2016 ARTÍCULO 36. Se modifica el artículo 68, ahora 68, en la forma siguiente: Articulo 68. De la Identificación. Los funcionarios y funcionarias policiales están obligados, durante el ejercicio de sus funciones, a utilizar los uniformes e insignias del cuerpo policial al cual pertenecen, a mostrar su nombre en lugar visible, asi como a portar los documentos de Identificación que los acredifen como funcionarios o funcionarias. El uniforme, Insignia policial y los equipos deberán encontrarse debidamente Identificados de modo visible, con mención expresa del funcionario o funcionaria y cuerpo de policia al cual pertenece, estando obligados a identicarse a solicitud de las personas. Quedan a salvo las normas especiales sobre agentes encubiertos e inteligencia policial. ARTÍCULO 37. Se modifica la denominación del Capltulo II, del Titulo IV "Del Desempeño Policial", en la forma siguiente: CapituloII De la Dotación, del Uso de la Fuerza y el Reglstro de Armas ARTíCuLO 38. Se crea un nuevo articulo, con el número 74, redactado en la forma siguiente: equipos que les permitan proteger con efectividad la integridad fisica y los bienes de materia de seguridad cludadana deberá tomar acciones en este sentido. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no podrá, cuando cuente con el material requerido, realicen los cuerpos policiales nacionales, estadales o municipales del país. ARTÍCuLO 39. Se modifica el artículo 72, ahora 75, en la forma siguiente: reglamento que rija la materia. Todos los cuerpos de policia deben realizar el registro balístico de las armas orgánicas de sus respectivos parques, conforme a las normas aplicables en la materia. Tal información debe ser remitida al Registro Nacional de Armas Policiales dependiente del ministerio del Poder Popular con ,competencia en materia de seguridad ciudadana. ARTÍCuLO 40. Se suprime en su totalidad el Capltulo II "De la Habilitación y contentivo de los artículos 73, 74, 75 y 76. ARTíCULO 41. Se modifica el artículo 78, ahora 77, en la forma siguiente: Articulo 77. De las formas de particlpeción. Los ciudadanos y cludadanas de forma individual o colectiva, a través de mecanismos establecidos en la Constitución de la programas referidos a la seguridad ciudadana, en el respectivo ámbito político territorial, con base en los valores de la democracia participativa y protagónica. Podrán elevar ante el ministerio del Poder Popular con competencia en materia de a los cuerpos de policía, las observaciones y sugerencias respecto a la prestación del servicio de policía. ARTícULO 42. Se modifica el artículo 79, ahora 78, en la forma siguiente: Artículo 78. Funclones de contraloría soclal. Corresponde a la comunidad. a través de las formas de participación ciudadana establecidas en la Constitución de la policía, pudiendo solicitar informes respecto al desempeño operativo de dichos cuerpos. ARTÍCULO 43. Se modifica la Disposición Transitoria Cuarta, en la forma siguiente: .Cuarta. En un término no mayor de dos años, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, las policias estadales y municipales adecuarán su estructura organizativa, funcional y operativa a las disposiciones establecidas en la presente Ley. ARTíCULO 44. Se suprimen las Disposiciones Transitorias Sexta, Séptima, octava, Novena y Décima. ARTÍCULO 45. Se crea una nueva Disposición Transitoria Sexta, en la forma siguiente: Sexta. Al momento de entrar en vigencia la presente Ley, todos los funcionarios y funcionarias policiales que se encuentran cumpliendo labores de escolta o resguardo de personas distintas a los altos funcionarios y funcionarias del Estado establecidos en la Constitución de la República y la ley, deberán volver a sus labores ordinarias de que gocen de una media especial de protección, ARTíCULO 46. Se crea una nueva Disposición Transitoria Séptima, en la forma siguiente: Séptima. Con la entrada en vigenda de la presente Ley, todas las armas y municiones que fueron retiradas de las policias estadales y municipales por alguna medida administrativa o por la aplicación de la resolución número 17.350, de fecha 13 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 39.627, u otro instrumento juridico de contenido similar, deberán ser devueltas por el Ejecutivo Nacional a los organismos de los cuales fueron sustraidas. ARTicULO 47. Se crea una nueva Disposición Transitoria Octava, enq la forma -sigulente: Octava. Con la entrada en vigencia de la presente Ley, todas las zonas en las que, de ingreso de los cuerpos policiales, quedarán inmediatamente sin efecto. ARTicULO 48. Se crea una nueva Disposición Transitoria Novena, en la forma siguiente: Novena. En un término no mayor de tres meses, luego de la entrada en vigencia de seguridad ciudadana deberá crear y poner en funcionamiento el registro automatizado al que se refiere el Parágrafo Único del articulo 58 de esta Ley. ARTícuLO 49. Se crea una nueva Disposición Transitoria Décima, en la forma siguiente: Décima, Con la entrada en vigencia de la presente Ley, quedarán anuladas todas las credenciales policiales que no hayan sido otorgadas, de conformidad con lo establecido en la presenta Ley. ARTicULO 50. Se crea una nueva Disposición Transitoria Décimo Primera, en la forma sigulente: Décimo Primera. Con la entrada on vigencia de la presente Ley, cesarán ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana ARTicULO 51. Se crea una nueva Disposición Transitoria Décimo Segunda, en la forma sigulente: Déclmo Segunda. En un término no mayor de 3 meses contados a partir de la competencia en materia de seguridad ciudadana, deberá crear el portal electrónico .con la información de los imputados e imputadas que presenten orden judicial de detención, conforme a lo establecido en el articulo 19, numeral 11, de esta Lay. ARTÍcULO 62. Se crea una nueva Disposición Transitoria Déclmo Tercera, en la forma sigulente: Décimo tercera. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, los detenidos o sobre los cuales haya recaído una medida de privación judicial preventiva de libertad, deberán ser trasladados inmediatamente al centro penitenciario que haya indicado el juez o jueza de la causa en el auto correspondiente. ARTicULO 53. Se crea una nueva Disposición Derogatoria Primera, en la forma página original (tal como se publicó) [Página 29] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 12 de diciembre de 2016 N° 17:350 de fecha 13 de febrero de 2011, emanada deil Ministerio del Poder Popular para la Defensa, publicada en Gaceta Oficial de la república Bolivariana de Venezuela N° 39.827, asi como todas las resoluciones que coliden con la presente Ley. ARTÍCULO 54. Se crea una nueva Disposición Derogatoria Segunda, en la forma siguiente: Segunda. Quedan derogadas todas las disposiciones contenidas en leyes nacionales, estadales, resoluciones, ordenanzas, municipales contrarias a la presente Ley. ARTícuLo 66. Se crea una nueva Disposición Derogatoria- Tercera, en la forma siguiente: Tercera. Se deroga la Ley Orgánica del Servicio de Policla y del Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana, sancionada el 3 de diciembre de 2009 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuele N° 5.940, Extraordinario de fecha 7 de diciembre de 2009. ARTiCULO 56. De conformidad con lo previsto en el articulo 5 de la Ley de . Policla y del Cuerpo de Policla Nacional Bolivarlana, sancionada e 3 de diciembre de 5.940, Extraordinario de fecha 7 de diciembre de 2009, con la reforma aquí Nacional", "órgano rector" por "órgano coordinador" y las calificaciones de género, y sustitúyase las firmas, fechas y demás datos de sanción y promulgación. Dado, firmado y sellado en el palacio Federal Legisiativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 29 dias del mes de septiembre de dos mil dieciséis. Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación. HENRY RAMOS ALLUP Presidente de la Asamblea Nacional ENRIQUE MÁRQUEZ PÉREZ JOSÉ SIMÓN CALZADILLA Segundo Vicepresidente Primer Vicepresidente JOSÉ LUIS CARTAYA ROBERTO EUGENIO MARRERO BORJAS Secretario Subsecretario" III DE LA COMPETENCIA DE LA SALA Respecto de la competencia de esta Sala para el conocimiento de la solicitud planteada por el Presidente de la República, se advierte que si bien el mismo no la calificó expresamente, no obstante, bajo el principio iura novit curia corresponde pronunciarse sobre el carácter de la pretensión interpuesta y, en ese sentido, visto sancionadas por la Asamblea Nacional sin que hayan sido promulgadas por el Presidente de la República, salvo el control previo regulado en el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -o el pronunciamiento relativo al carácter orgánico de las leyes, lo cual ino constituye el objeto del presente caso Telecomunicaciones"-, esta Sala considera que la pretensión interpuesta debe calificarse como un control previo de constitucionalidad; y así se declara. En tal sentido, respecto del control previo de constitucionalidad el artículo 214 del Texto Fundamental, en su último párrafo, señala lo siguiente: Artículo 214: "(..) Cuando el Presidente o Presidenta de la República considere pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el lapso de diez dias que tiene para promulgar la llama. El Tribunal Supremo de Justicia decidirá en el término de quince días contados desde el recibo de la comunicación del Presidente o Presidenta de la República. Si el Tribunal negare la inconstitucionalidad invocada o no decidiere en el lapeo anterior, el Presidente o Presidenta de la República promulgará la ley dentro de los cinco días siguientes a la decisión del Tribunal o al vencimiento de dicho lapso" (destacado de la Sala). Asimismo, el numeral 15 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia atribuye competencia a esta Sala Constitucional para "conocer la' solicitud que formule el Presidente o Presidenta de la República, en el lapso de diez dias que tene para promulger le misma, acerca de la inconstitucionalidad de una ley que sea sancionada por la Asamblea Nacional o de algunos de sus artículos, de conformidad con el artículo 214 de la Constitución de la República". Ello así y por cuanto las normas transcritas establecen expresamente la competencia de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para conocer de la solicitud de control previo de constitucionalidad, asume dicha competencia para la decisión del caso de autos; y así se declara. IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR las siguientes consideraciones: El Presidente de la República sometió a consideración de esta Sala el control previo de constitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Servicio de Policía y del Cuerpo de Policla Nacional Bolivariana, sancionada por la Asamblea Nacional el 29 de septiembre de 2016. En tal sentido, esta Sala observa que la mencionada ley fue sancionada por el Órgano Legislativo Nacional el 29 de septiembre de 2016, luego de la incorporación de los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, actuando como diputados, con ocasión de la juramentación de los mismos realizada por su Directiva el 28 de julio de 2016, lo cual constituye un hecho notorio comunicacional, es decir, goza de notoriedad al ser transmitido de manera uniforme por los distintos medios de comunicación, tal como se denota del propio portal web de la Asamblea Nacional. Desde la fecha antes señalada, los mencionados ciudadanos han participado en los debates, deliberaciones y votaciones que son efectuadas en el pleno del aludido órgano parlamentario y así lo ha señalado esta Sala en ejercicio de su labor jurisdiccional (vid. sentencia N° 808 del 2 de septiembre de 2016). 432.607 En consideración a la circunstancia antes descrita, se reitera que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 260 del 30 de diciembre de 2015, "ORDEM[Ó] de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de subordinados del Consejo Nacional Electoral respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indigena en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas para elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional (.)". La anterior decisión fue ratificada en el fallo N° 1, proferido por la Sala Electoral el 11 de enero de 2016, la cual estableció: "(..) 3. PROCEDENTE EL DESACATO de la sentencia numero 260 dictada por la Sala Electoral el 30 de Diputados Henry Ramos Allup, Enrique Márquez y José Simón Calzadila y por los ciudadanos Julio Haron. Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, titulares de los números de cédula de identidad V-12.173.417, V-1.569.032 y V-13.325.572, respectivamente. 4. ORDEn[Ó] a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional dejar sin efecto la referida juramentación y en consecuencia proceda con LA DESINCORPORACIÓN inmediata de Ios cludadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, lo cual deberá verificarse y dejar constancia de ello en Sesión Ordinaria de dicho órgano legistativo nacional. 5. NULos ABSOLUTAMENTE los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaren, mientras se mantenga la incorporación de los cludadanos sujetos de la decisión N° 260 del 30 de diciembre de 2015 y del presente fallo (..)" (énfasis añadido). Posteriormente, la Sala Electoral, en sentencia N° 108 del 1° de agosto de 2016, sostuvo lo siguiente: "(..) 1. EL DESACATO a las sentencias de la Sala Electoral número 260 de fecha 30 de diciembre de 2015 y número 1 del 11 de enero de 2016, y en caso de mantenerse el desacato de las referidas decisiones, se reservan todas, aquellas acciones o procedimientos judiciales a que haya lugar. 2. LA -INVALIDEZ, INEXISTENCIA E INEFICACIA JURÍDICA por violaciÓn flagrante del ciudadanos Jullo Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana en el cargo de Diputados de la Asamblea Nacional realizado el 28 de julio de 2016 por la Junta n es que dictare la Asamblea Nacional con la juramentación de los prenombrados ciudadanos (...)" (negrillas del original y subrayado de esta Sala). De all que esta Sala Constituclonal, en sentencia N° 808 del 2 de septiembre de 2016, haya precisado -al referirse a la ejecutoriedad de las sentencias dictadas por los Tribunales de la República como una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 26 de la Constitución, en el entendido de que todo acto que pretenda impedir o menoscabar la materialización de ese derecho a la prenombrado derecho- que los actos emitidos en el pleno de la Asamblea Nacional resultan absolutamente nulos por usurpación de autoridad, con ocasión del desacato por parte del mencionado órgano legislativo de las aludidas decisiones judiciales dictadas por la Sala Electoral bajo los Nos. 280 de fecha 30 de diciembre de 2015 y 1 del 11 de enero de 2016, en los siguientes términos: "(... [E]n tomo a que todos los actos de,cualquier indole, que sean dictados por la Asamblea Nacional, mientras se mantenga_ la Incorporación de los cludadanos Nima Guarulla, Jullo Haron Ygarza y Romel Guzamana, funglendo como Diputados de dicho órgano legislativo, resultan absolutamente nulos, por Electoral. del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el procedimiento legalmente estabiecido a tales efectos, y por ello asl estar dispuesto de manera categórica y [Ello por cuanto] la actuación desplegada por la Asamblea- Nacional, no tan soio al proceder a una nueva juramentación e incorporación de ciudadanos como diputados de dicho órgano parlamentario, en contravención a la disposición expresa contenida en un falo judicial, sino también por continuar desconociendo lo dispuesto en una sentencia emanada de este Máxdmo Tribunal en Sala Electoral, en el que claramente parlamentario, en contumacia y rebeidia a lo dispuesto por dicha decisión, es decir, con la Incorporación de los cludadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana como Diputados de dicha Asamblea Nacional, se desconoce claramente la noción de Estado Democrático y Soclal de Derecho y de Justicia consagrada en el articulo 2 constitucional, el derecho a la tutela resultando, por ende, dichos actos absolutamente nulos y sin ningún tipo de validez y eficacia jurídica. Así se declara (.)" (destacado de esta Sala). De igual forma, esta Sala Constitucional estableció claramente en sentencia N° 814/2016, que: "(..) Se reitera lo declarado por esta Sala en la sentencia n.° 808 del 2 de septiembre de 2016, en la que, entre otros pronunciamientos, se deajaró 'que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia"(...)". Con fundamento en los criterios jurisprudenciales parcialmente transcritos y considerando la notoriedad comunicacional de la situación irregular supra señalada; esta Sala debe, de oficio y en resguardo del orden público constitucional en función de lo juzgado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y de lo Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivarlana sancionada por la Asamblea Nacional el 29 de septiembre de 2016, planteada por el Presidenté de la República, página original (tal como se publicó) [Página 30] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 432.608 en orden a garantizar la supremacia y efectividad de las normas y principios constitucionales (artículo 335 de la Constitución), como "(...) consecuencia de una aplicación lógica del derecho y del debido respeto y acatamiento a las decisiones proferidas por los órganos jurisdiccionales de la República, ya que lo contrario comportarfa una franca violación a la Tutela Judicial Efectiva, al debido proceso, a la "seguridad jurídica y al propio Estado Constitucional de Derecho, comportando un claro desprecio a la majestad de la justida y de la ley, pudiendo generar diversos tipos de responsabilidad jurídica, política, ética y soclal en general (.)" (cfr. sentencia de està Sala N° 808/2016), conforme a la cual: constitucional, Implica uno de los pilares fundamentales sobre el cual se sustenta la prevalecer el orden jurídico y en definitiva el respeto al imperio del derecho y de la que el ordenamiento juridico establece y que conforman la-esfera plurisujetiva de todo certeza de que tales derechos serán debidamente asegurados y resguardados, a los efectos de lograr su efectiva vigencia, comportando por ello un compromiso por parte legalmente establecidos. Es por esta razón que el precepto constitucional previsto en jurisdiccionales cuando pretendan ser vulnerados y se acuda ante ellos, exigiendo la debida tutela que detentan, para de esta manera hacer prelar la noción de justicia, Estado. (...) eficaces en la realidad, que sus efectos sean en verdad materializados en el plano fáctico, para poder alcanzar la verdadera justicia que la Constitución consagra; razón por la que el verdadero tios de la función jurisdiccional se consuma precisamente en el momento en el que el fallo es llevado a la realidad, haciendo efectivos los derechos Estado de Derecho y de Justicia que vincula la existencia de la República. La misma concepción en tomo a la ejecución de la sentencia como una de las manifestaciones incontrovertibles del derecho a la tutela judicial efectiva, fueron de igual manera puestas de manifiesto en la decisión de esta Sala n.° 576 del 27 de abril de 2001, en la que se señaló: 'La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26 efectiva, que ha sido definido como aquél, atribuido a toda persona, de acceder a los órganos de administración de justicia para que sus pretensiones sean tramitadas conseguir una decisión dictada conforme el derecho mediante la utilización de las vias procesales prescritas para el fin especifico perseguido, en el entendido que dicho favorezca su pretensión, ni que en el curso del mismo se observen todos los trámites efectiva comprende, asimismo, el derecho a la ejecutoriedad de la sentencia obtenida en derecho'. (... Se desprende del criterio jurisprudencial transcrito el alcance del derecho a la tutela judicial efectiva, el cual, como derecho complejo que es, no tan solo comprende el derecho de acceso de los ciudadanos a los órganos jurisdiccionales para ventilar sus pretensiones y que las mismas sean decididas conforme a.un debido proceso en el que le sean respetadas sus garantías y derechos, sino que, además, es extensivo a la ejecutoriedad de la sentencia que de ese proceso resulta". Resulta claro de lo expuesto, que siendo la ejecutoriedad de la sentencia una manifestación cardinal del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo acto que pretenda impedir o menoscabar la materialización de ese derecho a la ejecutoriedad y ejecución de una decisión judicial, se convierte abiertamente en una franca violación del prenombrado derecho a la tutela judicial efectiva. En tal sentido, cabe reiterar que esta Sala Constitucional no sólo es la máxima y última intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que, en definitiva, debe garantizar la supremacia y efectividad de las normas y principios constitucionales, correspondiéndole fijar las interpretaciones sobre su contenido y alcance, por lo que una legislación que se concrete en el desconocimiento del vértice normativo del ordenamiento jurídico de la República dentro de la cual se encuentra el pronunciamiento de esta Sala para hacer cumplir las disposiciones constitucionales-, conlleva como consecuencia la nulidad de todas las actuaciones que la contrarlen; más aún cuando esta Sala ha reiterado pacificamente que no existen actos de los órganos que ejercen el Poder Público que puedan desarrollarse al margen de la Constitución (ver articulos 1, 2, 3, 5, 7, 137, 253, 266, 334, 335 y 336 Constitucionales). Adicionalmente, la Sala también advierte que en el presente caso igualmente se verifica el desacato por parte de la Asamblea Nacional a la sentencia N° 289 del 21 de abril de 2016, en cuanto al proceso de formación de leyes de conformidad con lo dispuesto en el referido fallo, mediante el cual esta Sala Constitucional determinó lo siguiente: "No basta entonces la simple iniciativa, sino que debe tener una exposición de económica, o en todo caso, el informe de la Oficina de Asesoria Económica y Interior y de Debates de dicho órgano, inclusive con la sanción de devolución a sus proponentes de ley y suspensión del procedimiento de formación si no se cumplen con estos pasos previos. ¿En razón a qué, toda iniciativa de ley debe llevar consigo una información técnica sobre el impacto e incidencia que en la economía y finanzas del Estado ha de tener n n e n re cumplimiento una erogación del Presupuesto Nacional. disponibilidad presupuestaria del Tesoro Nacional, de conformidad con el articulo 314 de la Constitución. Para más ilustración sobre la Importancia del tema presupuestario, encontramos normas constitucionales que hacen de vital interés, para los asuntos de la República, el cuidado que deben tener las altas autoridades nacionales en el manejo de los recursos en este ámbito (véanse, artículos 287, 289 y 291 de la Constitución). Lunes 12 de diciembre de 2016 De hecho encontramos que el Presidente de la República tiene, entre sus numeral 11, la de Administrar la Hacienda Pública Nacional; la del numeral 13, decretar créditos adicionales al Presupuesto, previa autorización de la Asambiea .Nacional o de la Comisión delegada. Corresponde por igual al Ejecutivo Nacional, cumplir con las exigencias del Régimen Presupuestario consagradas en los artículos 311 y siguientes de la Norma Suprema, ejecutada, con base en los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. Para elo, la Asamblea Nacional recibe la endeudamiento que hayan de contemplarsa en los presupuestos nacionales. Por ello, la propia Constitución (articulo 312) obliga a fijar limites al endeudamiento de ahí que, toda la administración económica y financiera del Estado se rige por un presupuesto de ley naclonal presentado por el Ejecutivo Nacional anualmente y consecuencia de ello, la Constitución en su articulo 314 señala con precisión que no Tesoreria Nacional para atender la respectiva erogación. Igualmente, para la Asamblea Naclonal existe una obligación constitucional de tomar ejecutar su propio presupuesto de gastos (artículo 187, numeral 22 de la Constitución). Por ello es importante precisar que durante el procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos de leyes, junto a la exigencia reglamentaria ya analizada, motivos, sino que está obligado a evaluar sus objetivos, así como su alcance y .viabilidad para poder determinar su pertinencia; y obligatoriamente conforme a la previsión del articulo 211 constitucional debe consultarse a los otros Órganos del Estado, a los ciudadanos y ciudadanas, teniendo prioridad especial por ejemplo, en el derecho de palabra, los Ministros o Ministras en representación del Poder Ejecutivo conoertación que debe existir entre la Asamblea Nacional y los otros Órganos del De ahi que la viabilidad exigida en todo Proyecto de Ley tiene que ver no sólo con el impacto e Incidencia económica y presupuestaria que tendría para el Estado y Ejecutivo debe existir". Así pues, conforme al criterio establecido en el fallo citado, obvíar los pasos en de la propia Asamblea Nacional, no permite su perfeccionamiento para ser sancionada por dicho órgano y promulgada por el Presidente de la República, viabilidad en cuanto a los objetivos y alcances que se pretende dentro del ordenamiento jurídico, la ley estaría viciada de nulidad. En este sentido, esta Sala Constitucional, en la citada sentencia N° 269/2016, de manera cautelar acordó lo siguiente: (...) estima necesario de manera provisional y mientras se decida el fondo del presente recurso, teniendo por norte el artículo 207 constitucional, estabieger -como antes se apuntó- que el informe sobre el impacto e incidencia presupuestaria y económica, o en todo caso, el informe de la Dirección de Asesoría Ecgnómica y que se reflere el numeral 3 del artículo 103 del Reglamento Interior y de debates de la Asamblea Nacional, son requisitos esenciales y obligatorios sin los cuales no se 311, 312, 313 y 314 de la Constitución, deben consultarse con carácter obligatorio por la Asamblea Nacional -a través de su Directiva- al Ejecutivo Nacional- por via del Vicepresidente Ejecutivo- a los fines de determinar su viabilidad económica, aun los sancionados para la fecha de publicación del presente fallo, en aras de preservar los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal del del país, el nivel prudente del tamaño de la economía y la condición de excepcionalidad económica decretada por el Ejecutivo Nacional. De ali que lo establecido en este fallo, tenga carácter obligatorio, por cuanto todos los actos que emanen del órgano legislativo nacional están llamados al cumplimiento de la normativa vigente, en especial, la referida a la participación del pueblo en los competente en materia de planificación y presupuesto sobre el impacto económico de la ley a proponerse, lo cual como ya se apuntó reviste cabal importancia para el Estado, toda vez que cuando se propone una ley, independientemente de su contenido, la misma debe ser factible de ser ejecutada en la realidad, pues de lo cumplimiento. -Ello por cuanto, la aplicación del instrumento normativo legal genera un impacto en el gasto público del Estado, de ali que sea imperioso que exista por parte del órgano del Poder Público competente para el diseño, manejo, y ejecución del Plan y del Presupuesto del Estado, el estudio especial sobre el impacto e incidencia económica deben estar balanceados con los ingresos fiscales. Asi se decide". De lo anterior se desprende que la consulta sobre la viabilidad económica de una ley debe realizarse obligatoriamente con el Ejecutivo Nacional, previo a la sanción del texto legal, lo cual no se desprende de la Exposición de motivos de la Ley de Reforma Parcial, de la Ley Orgánica de Servicio de Policía y del Cuerpo de normativa sancionada, en el parágrafo único del articulo 28, se establece la posibilidad de crear mediante ordenanza municipal un nuevo Cuerpo de Policla para toda el Área Metropolitana de Caracas, asl como la creación de diversos registros de información y portales electrónicos, con lo cual se establecen erogaciones por parte del Estado Venezolano, respecto de las cuales sé debe tomar las previsiones presupuestarias para su cumplimiento. En el texto de la ley sometido al presente control preventivo de en el servicio de policía comunal (artículo 50), sin que se indique en la Exposición de n n u pe en m legislativo de cumplir con su obligación de realizar la consulta. Así pues, se observa que en el proyecto normativo sub judici se obvió realizar la determinación de la fuente de financiamiento, la viabilidad económica presupuestaria y la obligación de la Asamblea Nacional de acordar con el Poder Ejecutivo antes de sancionar cualquier texto legal por el impacto económico que en si'mismo tiene en el presupuesto fiscal, asl como determinar si el Tesoro Nacional cuenta con recursos para atender a la respectiva erogación; y tal como se estableció página original (tal como se publicó) [Página 31] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 12 de diciembre de 2016 en la sentencia N° 327/2016, esto evidencia "..el incumplimiento por parte de la Asamblea Nacional de varios criterios jurisprudenciales y postulados fundamentales que rigen el proceso de formación de la: ley sub examine, como lo son los principios legalidad presupuestaria, determinados por la insuficiente previsión del-impacto económico, junto a la correspondiente previsión y acuerdo presupuestario, lo que viabilización de esta ley cuya constitucionalidad aqul se sostiene... Luego de un análisis exhaustivo de la Exposición de Motivos de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Servicio de Policla y del Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana, sancionada por la Asamblea Nacional el 29 de septiembre de 2016, advierte esta Sala .que se evidencia la inobservancia del procedimiento de formación de la ley, en virtud de lo preceptuado en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Sala, en particular en lo referente a la obligatoriedad del estudio de impacto económico para determinar la viabilidad de la legislación, lo cual resulta absolutamente necesario para su sanción e ingreso en el ordenamiento jurídico, según lo previsto en los artículos 208, 311, 312, 313 y 314 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relacionados con la obligatoriedad por parte de la Asamblea Nacional, tal como lo reconoció esta Sala mediante sentencia N° 269/2016, ratificada en fallo N° 343/2016, según la cual la Asamblea, Nacional debe consultar con el Ejecutivo Nacional, por vía del Vicepresidente Ejecutivo, los fines de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal del Régimen Fiscal de la República, tomando en consideración las limitaciones financieras del país, el nivel prudente del tamaño de la economía y la condición de excepcionalidad económica decretada por el Ejecutivo Nacional. En tal sentido, esta Sala Constitucional reitera que en su condición de máxima y última interprete de la Constitución debe garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, por lo que una legislación que se concrete en el desconocimiento del vértice normativo del ordenamiento jurídico de la República, conlleva como consecuencia la nulidad de todas las actuaciones que la actos de los órganos que ejercen el Poder Público que puedan desarrollarse al margen de la Constitución (ver artículos 1, 2, 3, 5, 7, 137, 253, 266, 334, 335 y 336 Constitucionales). Asi entonces, vista la situación de desacato en que se encuentra la Asamblea Nacionial ante la conformación del pleno para el momento en que fue sancionada la Policía Nacional Bolivariana, asl como el Incumplimiento de la obligación formal de ley, esta Sala considera motivos suficientes para declarar inconstitucional el acto sancionatorio; sin que sea necesario en este estado entrar a pronunciarse acerca de cada una de las disposiciones contenidas en el mencionado instrumento. Sobre la base de tales consideraciones, dado que en el presente caso está involucrado el orden público constitucional, la Sala, en ejecución de sus propias Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con fundamento en sus fallos Nros. 808/2016 y 814/2016, declara la nulidad del acto legislativo mediante el cual se sancionó la Ley de Refoma Parcial de la Ley Orgánica de Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bollvariana, sancionada por la Asambiea Nacional el 29 de septiembre de 2016. Asi se decide. Por último, esta Sala exhorta a la Asamblea Nacional a realizar el acto parlamentario formal de desincorporación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, como lo hizo el 11 de enero del presente año, en supremacía constitucional, y ante la manifestación de voluntad de los referidos Sala. (Vid. Sentencia N° 952 del 21 de noviembre de 2016). V DECISIÓN Por los razonamientos que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal de la ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA, para conocer de la presente solicitud de control previo de constitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional.Bolivariana, sancionada. por la Asamblea Nacional el 29 de septiembre de 2016, planteada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás, Maduro Moros. 2.- La NULIDAD del acto legislativo que sancionó la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Servicio de Policla y del Cuerpo de Policla Nacional Bolivariana; por cuanto fue dictada en franco desacato de decisiones judiciales emanadas de este Máximo Tribunal de la República. 3.- Se ORDENA la publicación Íntegra del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, en cuyos sumario deberá indicarse lo siguiente: 432.609 "Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara Cuerpo de Policla Nacional Bolivariana, sancionada por la Asamblea Nacional el 29 de septiembre de 2016, por cuanto fue dictada en desacato de decisiones judiciales emanadas de este Máximo Tribunal de la República". 4.- EXHORTA a la Asambiea Nacional a realizar el acto parlamentario formal de desincorporación de los ciudadanos Nima Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, como lo hizo el 11 de enero del presente año, en respeto a los principios de paralelismio de las formas, legalidad, seguridad jurídica y supremacía constitucional. Presidente de la Asamblea Nacional. Publiquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los - días del mes de o emm dos mil dieciséis. Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. La Presidenta, GLADYS MARÍA GUTIÈRREZ ALVARADO El Vicepresidente, ARCADIO DELGADO ROSALES Los Magistrados, CARMEN ZULETA DE MERCHÁN R CALIXTO-ORTEGARIOS Pprente La Spcretan. DIKIES VECAZQUE COR Exp. N°. 16-1112 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZA PONENTE: ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Expediente N° AP61-R-2015-000020 Mediante Oficio N° TDJ-798-2015 de fecha 03/11/2015, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ) remitió a esta Corte el expediente N° AP61-D-2011- 000203, contentivo del procedimiento disciplinario seguido al ciudadano RENÁN JOSÉ GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° 4.339.337, en su carácter de Juez Titular del Juzgado Décimo Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por las presuntas irregularidades cometidas durante el desempeño del cargo. mediante el cual oyó en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto en fecha 19/05/2015 por la ciudadana Sarelys Gallardo, actuando por delegación de la Inspectoría General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT), contra la sentencia N° TDJ-SD-2015-028 dictada por el 8 quo en fecha 23/04/2015. página original (tal como se publicó) [Página 32] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 432.610 El 05/1/2015 la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, URDD) de esta Jurisdicción le dio entrada al expediente y lo remitió a la Secretaría de esta Corte a los fines de su distribución, correspondiéndole la ponencia a la Jueza Ana Cecilia Zulueta Rodríguez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. Mediante escrito consignado en fecha 25/11/2015, la representación judicial de la IGT fundamentó la apelación interpuesta. En fecha 01/12/2015 la Secretaría de esta Corte Disciplinaria Judicial fijó las dos de la tarde (2:00 p.m.) del décimo (10°) día de despacho siguiente a que constara en autos la última de las notificaciones, como oportunidad para que tuviera lugar la celebración de la audiencia de apelación, de conformidad con el artículo 84 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, normativa vigente ratione temporis. En fecha 30/06/2016 el Juez Romer Abner Pacheco Morales se abocó al conocimiento de la presente causa y el 02/08/2016 la Secretaría de esta Corte Disciplinaria Judicial fijó las dos de la tarde (2:00 p.m.) del décimo tercer (13°) día apelación, de conformidad con el artículo 86 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (en lo sucesivo, Código de Ética). En idéntica apelación consignado el 25/11/2015. Reconstituida la Corte en fecha 22/09/2016 por la incorporación de la Jueza Merly Jacqueline Morales Hernández, el 29/09/2016 se ordenó nuevamente la notificación de la IGT y del Juez investigado. Corresponde a esta Corte Disciplinaria resolver el recurso de apelación | ANTECEDENTES Cédula de Identidad N° 5.537.847, interpuso denuncia ante la IGT contra el ciudadano Renán José González, Juez Titular del Juzgado Décimo Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por haber incurrido presuntamente en irregularidades en el trámite de la causa judicial número 3013, contentiva del proceso judicial por cobro de bolivares llevado contra el ciudadano Pedro Rios Botella, portador de Pasaporte N° 46512523. El 31/01/2008 la IGT acordó abrir el expediente disciplinario N° 080033 y el 22/02/2008 ordenó instruir la investigación disciplinaria. En fecha 22/02/2011 el órgano investigador consignó en el expediente N° 080033 el Acto Conclusivo relacionado con la investigación instruida, en el que solicitó: i) de conformidad con el numeral 11 del artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo ilegalmente la ejecución del expediente judicial N° 3013; i) de conformidad con el numeral 2 del artículo. 38 de la Ley de Carrera Judicial, la imposición de la panaon de conformidad con el numeral 11 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consajo.. la Judicatura, la imposición de la sanción de amonestación, por haber desplegado una conducta profesional inapropiada al cargo de Juez, normas todas vigentes al momento de producirse la conducta presuntamente reprochable. El 29/09/2011 la URDD de esta Jurisdicción recibió el expediente instruido por la IGT y por auto del 30/09/2011 la Oficina de Sustanciación acordó: I) dar entrada al asunto; I) verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley; y II) recabar los elementos indiciarios de los hechos denunciados. Mediante Informe de fecha 20/10/2011 la Oficina de Sustanciación consideró que el expediente de la causa había sido suficientemente instruido por la IGT y, en consecuencia, lo remitió al TDJ. Por auto de fecha 02/11/2011 el TDJ admitió la denuncia interpuesta por la ciudadana Janette Esperanza Luttinger Holmquist, ordenó a la Oficina de Sustanciación iniciar las investigaciones a los fines de constatar los hechos denunciados y acordó librar las boletas de notificación a las partes intervinientes. En la misma ocasión, se designó ponente al Juez Hernán Pacheco Alviárez. Sustanciado el procedimiento de primera instancia, el TDJ mediante actas de fechas 11/03/2015 y 25/03/2015 dejó constancia de la celebración de la audiencia y del pronunciamiento del dispositivo. El 23/04/2015 publicó el extenso de la sentencia bajo el N° TDJ-SD-2015-028. Lunes 12 de diciembre de 2016 prenombrada decisión, apelación que fue oida en ambos efectos mediante auto del 03/11/2015 en el que se ordenó la remisión del expediente a esta Corte. DEL FALLO APELADO En fecha 23/04/2015 el TDJ dictó la sentencia N° TDJ-SD-2015-028, en la que: ) Absolvió de responsabilidad disciplinaria al Juez denunciado por el retardo enla Judicatura y subsumible en el numeral 6 del artículo 32 del Código de Ética de il) Cambió la calificación del ilícito imputado previsto en el numeral 2 del artículo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, a la causal prevista en el numeral 14 del articulo 33 del mismo Código, concordante con el ilicito disciplinario previsto en el ordinal 2° del articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial. i) Declaró la responsabilidad disciplinaria del Juez Investigado por haber excluido del proceso a la ciudadana JANETTE LUTTINGER impidiéndole actuar en el expediente judicial N° 3013, ilicito disciplinario previsto en el numeral 2 de articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial y en el numeral 14 del artículo 33 del escrita, prevista en el numeral 2 de articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial. incumplimiento del deber de inhibirse oportunamente del conocimiento de causa N° 3013, ilícito disciplinario previsto en el numeral 11 del articulo 37 de Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y en el numeral 8 del artículo 32 del A los fines de fundamentar su decisión, el a quo indicó lo siguiente: Respecto al presunto retardo ilegal en la ejecución de la sentencia del expediente N° 3013, al no haber tramitado el proceso de impugnación de la experticia y designación de expertos contables de conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil (en lo sucesivo, CPC). el a quo realizó un análisis del contenido y alcance de la mencionada norma y, como consecuencia, estimó que no habla hecho disciplinable atribuible al Juez denunciado en cuanto al trámite de impugnación de la experticia complementaria del fallo y el nombramiento del experto contable para su realización, por cuanto la circunstancia de haber oficiado al Colegio de Contadores Públicos de Venezuela para la designación del referido perito, una vez agotadas infructuosamente las opciones de elección, no constituya infracción al ordenamiento jurídico. Por tal motivo, y considerando que el Juez investigado había respondido todas las, diligencias presentadas por la ciudadana Janette Luttinger, lo absolvió de responsabilidad. Enuanto a la denuncia según la cual el Juez traspaso los limites racionales de su autoridad al haber excluido del juicio a la única representante de la actora, el TÔJ alizo un análisis del Acuerdo de fecha 16/07/2003 emanado de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y del artículo 17 del CPC, los cuales atribuyen potestad disciplinaria a los jueces ante la ocurrencia de alguno de los supuestos correspondiente, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal había establecido un procedimiento con carácter vinculante (vid. Sentencia N°1212, del 23/06/2004). En este orden de ideas, la recurrida consideró que no se había configurado el ilícito disciplinario denunciado y previsto en el numeral 2 del artículo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, sino que se había verificado l uso excesivo de la potestad disciplinaria, circunstancia que determinó un "mbio de calificaciónal ilctodisiplinario abuso de autoridad contenido en el numeral 14 del artículo 33 eiusdem, concordante con el numeral 2 del artículo 38 de la Ley de Carrera Judicial que establece la sanción de amonestación. Finalmente, respecto al incumplimiento del deber de inhibirse inmediatamente al tar en conocimiento de una posible afectación de su parcialidad, ilcto previsto en numeral 11 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, el a quo verificó que la inhibición solicitada estaba fundamentada en una denuncia interpuesta por la ciudadana Janette Luttinger ante la IGT, lo cual no constituía 111 FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN fundamentó anticipadamente el recurso de apelación en los términos que a continuación se explanan: E órgano investigador denunció que la recurrida había incurrido en consecuencia de un error de concordancia entre lo peticionado por la IGT ante el página original (tal como se publicó) [Página 33] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 12 de diciembre de 2016 inapropiada a la dignidad del cargo; en cambio, el analizado por el TDJ fue la disciplinable. Al respecto, después de narrar las actuaciones que consideraba reprochables, la IGT manifestó que el TDJ no las habla analizado de forma integral y, al respecto, expresó que ".Esos] hechos no habían sido] apreciados en contexto y de manera consecutiva e integral por el TD.J, de haberlo hecho se hubieran percatado de que todo ello configura[ba] una conducta profeslonal Inaproplada a la dignidad del cargo, pues, resulta[ba] censurable que el Juez RENÁN JOSÉ UCA BOU GONZÁLEZ [hubiese] procedido como lo hizo..."(Resaltado de esta Corte). Finalmente, solicitó se declarara Con Lugar el recurso de apelación interpuesto, amonestación y la revisión de oficio del fallo, de conformidad con lo dispuesto en y 87 in fine del Código de Ética. IV DE LA COMPETENCIA Debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer el asunto sometido a su consideración y, al respecto, observa: El artículo 37 del Código de Ética, establece la competencia de la Corte Disciplinaria Judicial para conocer las apelaciones interpuestas contra las decisiones dictadas por el TDJ, ya sean interlocutorias o definitivas, en los términos que a continuación se transcriben: "Articulo 37. Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente judicial y el desempeño del Juez venezolano y Jueza venezolana". Del análisis de los autos que integran el expediente, se advierte que la pretensión de la recurrente está dirigida a la revisión de la legalidad del fallo dictado por el a quó, la que permite a esta Alzada verificar que, efectivamente, se trata de una .apèlación contra la sentencia definitiva dictada por el TDJ, en fecha 23/04/2Q, razém por la cual esta Corte declara su competencia para conocer el presente santo. Así se decide. V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Como consecuencia del pronunciamiento que precede, esta Alzada pasa a dictar sentencia previa las siguientes consideraciones: En su escrito de fundamentación la apelante carro las conductas imputadas en la primera instancia, a su juicio disciplinables, que determinaron la limitación del thema decidendum, las cuales no serán objeto de análisis bien por haber sido resueltas en la recurrida, o por no haber sido objeto de apelación del órgano Finvestigador, circunscribiendo el examen de esta Alzada sólo al vicio delatado. Denunció la recurrente que el TDJ había incurrido en el vicio de incongruencia omisiva que se había originado por un error de concordancia entre lo solicitado y lo otorgado por el órgano jurisdiccional, ya que el ilícito disciplinario analizado por el TDJ "... haber incumplido con el deber de inhibirse oportunamente..", no se conducta profesional inapropiada a la dignidad del cargo de Juez...". A fin de resolver la denuncia planteada, esta Corte debe reiterar que el vicio denunciado se manifiesta cuando el Juez, al dictar un determinado fallo, omite un consecuencia al quebrantamiento del principio de exhaustividad, contenido en el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, formulación pacífica y reiterada tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, en los términos que de seguidas se expresan: "La jurisprudencia y la doctrina han definido la conanuencia de la sentencia como la conformidad que debe existir entre ésta y la pretensión o pretensiones que constituyan el objeto del proceso, más la oposición u incongruencia se produce cuando el iuez extiende su decisión más allá de los limites del problema judicial que le fue sometido a su consideración (inconanuencia positiva), o bien cuando omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial (inconanuencia negativa), traduciéndose esta última, en la omisión de pronunciamiento por parte del juez sobre una defensa oportunamente formulada, ya que, según el principio de exhaustividad de la sentencia, hay omisión de pronunciamiento cuando la sentencia no otorga la debida tutela jurídica sobre alguno de los alegatos de las partes" (Vid. Sentencia N° 523 de fecha 12 de agosto de 2015) (Resaltado de esta Corte). La sentencia parcialmente transcrita define e interpreta el contenido del principio de la congruencia y su infracción en sus dos modalidades, e igualmente refiere a la relación entre tal atributo de la sentencia y el principio de exhaustividad, cuyo 432.611 incumplimiento determina una omisión de pronunciamiento que da lugar a la incongruencia negativa, todo conforme al ordinal 5° del artculo 243 del CPC. La verificación de la incongruencia del fallo requiere del previo establecimiento de los términos en que se planteó la controversia, a los fines de constatar si la cuestión denunciada efectivamente tuvo lugar, bien sea porque el juzgador en su negativa) o si se produjo una combinación de estas dos modalidades o extrapaitita (incongruencia mixta), que se manifiesta cuando en su decisión el juzgador otorga . planteada en el proceso o que resulta extraña a éste. El razonamiento que precede tiene como derivación los presupuestos fundamentales de la congruencia; en primer lugar que toda sentencia debe contener decisión expresa positiva y precisa; y en segundo lugar, la decisión debe ser con arreglo a la pretensión deducida y las excepciones opuestas, lo que impone la prohibición de omitir decisión sobre alguno de los pedimentos de la parte. pronunciamiento, no su contenido en sí mismo, y su consecuencia es la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, toda vez que al soslayar los términos en, errónea en la fundamentación del fallo. Asl, la congruencia de una sentencia supone el cumplimiento del principio de ligadas al problema judicial discutido o a la materia propia de la controversia: De esta manera tenemos que, cuando exista diferencia entre lo decidido y lo coñtovertido por las partes, en los términos advertidos, se producirá el vicio de congruencia, que traerá como consecuencia la nulidad de la recurrida en la medida que el vicio delatado sea trascendente o determinante en las resultas del proceso. En este sentido, debe destacarse que no cualquier omisión daría lugar a la infracción sino la referida a la pretensión concreta de la parte, no a los alegatos que la sustentan, ya que estos últimos no limitan la controversia. Ahora bien, esta Alzada observa que la IGT en el escrito de fundamentación de la ¿cual se había originado como consecuencia de un error de concordancia entre lo peticionado y lo resuelto por la recurrida. Agregó que el hecho cuestionado por la IGT lo constituyó el ".haber desplegado una conducta profesional inapropiada a la dignidad del cargo..", y que el a quo, en/su decisión, había establecido que el Ilícito imputado era "..la infracción del deber de inhibirse..", vulnerando de esta manera el principio de la congruencia al haber omitido el pronunciamiento que correspondía. El planteamiento que precede fue ratificado durante la Audiencia de Apelación, en la que el órgano de investigación expuso, con argumentos de igual tenor, la forma en que se había producido el vicio delatado. Al efecto, luego de reiterar los hechos ocurridos en el curso de la causa y que determinaron la instrucción del procedimiento, solicitó a esta Corte nueva. decisión respecto "...de la imputación conducta inapropiada a la dignidad del cargo en la circunscrito al análisis del ilícito disciplinario infracción del deber de inhibirse, hècho que no fue imputado por la IGT. Cofresponde a esta Corte verificar de seguidas en primer término, si la imputación quese invoca efectivamente se produjo en la oportunidad legal correspondiente y. en segundo término, revisar el pronunciamiento de la sentencia apelada en orden a la determinación de la existencia o no del vicio acusado. CORT El examen del alegato proferido por la recurrente impone revisar el contenido del escrito de imputación inicialmente considerado por el a quo (vid. folios 243 al 278 p.1) y. al respecto, evidencia esta Corte que la IGT atribuyó al Juez investigado haber desplegado actuaciones disciplinables compatibles con el ilicito disciplinario conducta profesional inapropiada a la dignidad del cargo de Juez, entre las que destacó haber excluido del proceso a la apoderada actora y, posteriormente, a decir, pretender soslayar tal conducta mediante la inhibición, siendo inicialmente habla manifestado la inexistencia de motivos para inhibirse. Ahora bien, examinadas las actas que integran el expediente y que se refieren al ilícito disciplinario cuya existencia es objeto de examen, se observa que en recurrida el juzgador estableció bajo el epígrafe "V DELIMITACIÓN DE LA página original (tal como se publicó) [Página 34] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 432.612 CONTROVERS/A", que la IGT había atribuido al Juez denunciado, "... haber retardado ilegalmente la ejecución del expediente judicial N° 3013, (...) [haber traspasado] los límites racionales de su autoridad al haber excluido de toda actuación judicial a la apoderada actora y (...) haber asumido una actitud impropia en la tramitación de dicha causa al no haberse inhibido en la primera oportunidad que tuvo conocimiento de la existencia de una causal...". En idéntico sentido, estableció "..que el thema decidendum [iba] a versar acerca de si efectivamente el juez denunciado [habla retardado] legalmente la ejecución de la sentencia en el expediente N° 3013 en virtud del nombramiento del experto contable que realizaría la experticia complementaria del fallo; asimismo, si la actuación del juez denunciado al excluir a la cludadana JANETTE LUTTINGER de actuar en el expediente N° 3013 [había traspasado] los limites racionales de su autoridad; y finalmente si el denunciado [debió] solicitó la inhibición del Juez denunciado..." (Resaltado y corchetes de esta Corte). La revisión de los términos en que fue planteada la imputación inicialmente por la Alzada evidenciar que el TDJ identificó y analizó erróneamente el ilicito imputado, vale decir, omisión de inhibición oportuna, lo que dio lugar a un pronunciamiento que no le fue solicitado, eludiendo así el análisis y pronunciamiento correspondiente a la "...conducta profesional inapropiada a la dignidad del carga_ de juez..." que le había sido imputada. Constatado el vicio delatado a partir del razonamiento que precede, resulta forzoso para esta Alzada declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la IGT y, en consecuencia, la NULIDAD PARCIAL de la sentencia N° TDJ-SD-2015-028 dictada por el TDJ en fecha 23 de abril de 2015. Así se declara. Gomo consecuencia de la declaratoria anterior, corresponde a esta Corte realizar el juicio de reprochabilidad de la conducta delatada por la IGT, respecto de la cual no_optuvo pronunciamiento en la recurrida. En este orden de ideas, se observa que en el Acto Conclusivo el órgano de investigación disciplinaria imputó al Juez investigado haber incurrido en una "conducta profeslonal inapropiada al cargo de Juez en el conocimiento de la causa judicial 3013", ilícito disciplinario previsto en el numeral 11 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, normativa vigente ratione temporis. Sobre el particular, constata esta Corte que el órgano de investigación al narrar los particulares que dieron lugar a la determinación de la conducta infractora, se limitó a cuestionar el hecho de la exclusión de la apoderada actora del proceso e interpretó la inhibición del Juez como un mecanismo para eludir el hecho de la exclusión ya declarada. En su análisis cuestionó la oportunidad y motivo de la inhibición, aduciendo que la misma debió haberse producido en la primera oportunidad en que le fue solicitada y. con relación al motivo de la inhibición, cuestionó que ésta se hubiera producido como lo fue haber invocado la denuncia interpuesta en su contra ante la IGT. Aun así, tal inhibición no formó parte de la conducta cuestionada, sino que constituyó un alegato para reforzar la imputabilidad de la conducta reprochada que se concretaba en la exclusión de la apoderada actora del proceso. A tal efecto, es menester observar que la IGT en su escrito de petición de sanción (vid. folios 264 y ss. p. 1) imputó al Juez investigado que había excedido los límites de su autoridad al haber excluido del proceso a la única representante judicial de la parte actora, señalando que: ..SEGUNDO: Por otra parte, esta Inspectoría General de Tribunales observa8 que el Juzgador RENÁN JOSÉ GONZÁLEZ, en el conocimiento de la causa judicial N° 3013. traspaso los limites regionales de su autordad, al haber excluido del juicio a la única representante iudicial de la parte actora, por auto de fecha 20 de noviembre de 2007. (..) Este organismo considera que una actuación cónsona y prudente por parte de la (sic) Juzoador que no dejare duda alguna acerca de su ponderada actuación dentro del proceso, hubiera sido considerar su inhibición -tal como se lo solicitó la abogada sancionada-, en lugar de decretar su exclusión, pues en definitiva se desprendió del conocimiento de la causa mediante acta de fecha 05 de junio de 2008, precisamente fundamentado en los motivos expresados por la apoderada solicitante en fecha 10 de agosto de 200z, y que fue declarado improcedente por el Juez investigado en fecha 27 de septiembre de 2007, vale decir. en virtud de la animadversión que podrá generar en su capacidad subjetiva, la denuncia incoada por dicha abogada ante este organismo. (...) En efecto, la conducta desplegada por el Juzgador investigado, pudo de tai gravedad que ameritare la aplicación de la sanción disciplinaria de mayor entidad, toda vez que se observó de las actas del expediente que el Juzgador no notificó a la parte actora para que relevare a la apoderada Lunes 12 de diciembre de 2016 vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso de la parte actora..." (Resaltado de esta Corte). C A, propósito de la imputación bajo examen, en la revisión del escrito de petición de sanción parcialmente transcrito, esta Corte advierte que la IGT al analizar la conducta relacionada con la exclusión de la apoderada actora del proceso, formuló juicio de valor sobre lo que a su entender debió ser una actuación "...cónsona y prudente..." del Juez investigado. En tal sentido, consideró que el Juez debió inhibirse en la primera oportunidad er que le fue requerido por la actora, por cuanto los motivos expresados por ésta eh su solicitud resultaban ser los mismos que determinaron su inhibición diez meses después, fundamentando esta última premisa el criterio de reprochabilidad del örgano investigador. destacar la inexactitud de la apreciación de la IGT. por cuanto la primera oportunidad en que la denunciante solicitó la inhibición del Juez fue el 10/08/2007 (folio 133. p.1) y, si bien alegó haber interpuesto una denuncia en su contra de la que no existía constancia en autos, no fue sino hasta el 10/03/2008 que la IGT accionante. Tal inhibición fue declarada improcedente el 27/09/2007 al considerar que ello era una facultad soberana del Juez y que las partes no estaban facultadas para solicitarla. Debe destacarse igualmente, que en fecha 05/06/2008 el Juez denunciado se inhibió del conocimiento de la causa en razón de la denuncia en referencia y de haber sido accionado en Amparo Constitucional (folios 189 y 190, p. 1) invocando, entre otras razones, evitar "..que tal circunstancia pudiera crear suspicacia en relación a cualquier actuación posterior en el juicio...". La relación cronológica de los hechos narrados permite a esta Corte constatar, que la formulación de la IGT en su escrito de petición contrasta con el contenido de las documentales cursantes en autos, por cuanto los motivos que determinaron las solicitudes de inhibición son diferentes en cada caso. La omisión de esta última circunstancia determinó un sesgo subjetivo en la apreciación de la conducta e juicio erróneo del juzgador. Por otra parte, en el ordinal tercero del escrito de petición de sanción (vid. folios 274 y ss.. p.1) se constatar los particulares en que fue planteada la conducta reprochada: "..TERCERO: Finalmente, debe esta Inspectorla General de Tribunales pronunciarse para referir el hecho observado respecto a que la parte actora, en fecha 10 de agosto de 2007, solicitó la inhibición del declaró improcedente la misma, señalando que la inhibición es una de diciembre de 2007, recurso al juzgador investigado, sin que éste finalmente, pasar el Juzgador el dia 05 de junio de 2008 a levantar acta en la que acepta las disculpas presentada (sic) por la apoderada actora, y a su vez, consideró que aun cuando no se encontraba incurso en causal alguna de inhibición proceda a inhibirse, en virtud de la denuncia presentada ante este organismo. (..) Cabe señalar que la inhibición que en definitiva planteó el juez investigado en nada desvirtúa la conducta que éste manifestó en la tramitación de la causa judicial puesta bajo su conocimiento, aplicándcle una sanción de tal gravedad como era la exclusión, que pudo haber actora, por cuanto se observa que no solo (sic) se le violentaba la judicialmente, y además de ello, el juzgador se limitó simplemente a ésta, sin que procediera a notificar de su exclusión a la actora 'Centro Parque Boyaca: Por las razones expuestas esta Inspectorla General de Tribunales e prevista en el numeral 11 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura... (Resaltado de la cita). La lectura del Acto Conclusivo parcialmente transcrito revela que el cuestionamiento de la IGT está referido a la exclusión de la que fue objeto la apoderada actora, conducta analizada y sancionada por la recurrida en el ordinal tercero de su dispositivo, en los términos que a continuación se transcriben: "TERCERO: La RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA del Ciudadano JOSÉ RENÁN GONZÁLEZ, por haber excluido mediante auto del 20 de – condición de apoderada judicial de la parte actora, en el expediente artículo 38 de la Ley de Carrera Judicial vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, hoy previsto en el numeral 14 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana sin embargo AMONESTACIÓN ESCRITA prevista en el numeral 2 del articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial normativa vigente para el momento en que cita). página original (tal como se publicó) [Página 35] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 12 de diciembre de 2016 La narración que de la conducta reprochable realizó la IGT. permite a esta Alzada// constatar que la pretensión del órgano investigador consistió en la imposición de una doble sanción a la misma conducta infractora, cual es la exclusión de la , apoderada actora, pretensión que a juicio de esta Corte vulnera el ámbito de aplicación del principio non bis in ídem, consagrado en el numeral 7 del artículo 49 del cto Fundamental, según el cual "ninguna persona podrá ser sometida juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido sancionada.. anteriormente". esta garantía se produce cuando una persona es sometida dos veces a juicio. existiendo identidad en el supuesto de hecho y en el bien jurídico protegido por las sirve de limite al ejercicio de la facultad punitiva. En este orden de ideas, esta Corte reitera el criterio sostenido con relación a la violación de la garantía del non bis in ídem, que comporta una prohibición de imponer una misma responsabilidad más de una vez por el mismo hecho, es decir, seproscribe que autoridades de un mismo orden y a través de procedimientos distintas sancionen repetidamente una misma conducta (vid. Sentencia N° 16 del .2109/2015). Ahora bien, evidencia esta Alzada que la representación judicial de la IGT al denunciar en los apartes segundo y tercero de su escrito de petición de sanción la vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso de la parte actora como consecuencia de la exclusión de la que fue objeto, incurrió en una doble violatoria de la garantía del non bis in Idem. Conforme al razonamiento que precede, no puede esta Alzada analizar la imputación bajo examen a los fines de la imposición de una sanción disciplinaria y, en consecuencia, esta Corte ABSUELVE DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA al Juez investigado respecto al illcito conducta profesional inapropiada al cargo de Juez en el conocimiento de la causa judicial N° 3013, previsto en el numeral 11 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, aplicable ratione temporis. Así se decide. VI CORRECCION POR ERROR MATERIAL INVOLUNTARIO Por último, la motivación que antecede y los pronunciamientos en ella contenidos permiten evidenciar que esta Corte incurrió en un error material involuntario al dictar el dispositivo correspondiente, por cuanto en el numeral 2 del Acta en el TDJ en fecha 23/04/2015". siendo la expresión correcta: "NULIDAD PARCIAL de la sentencia N° TDJ-SD-2015-028 dictada por el TDJ en fecha 23/04/2015". Al respecto, esta Alzada debe advertir que la locución "NULIDAD de la sentencia" contenida en la mencionada Acta no guarda relación con la motivación/ ni las declaraciones del fallo que aqu se profiere, por lo que su corrección afectaría la supervivencia de la sentencia ni su proceso de formación. extremos que pueden verificarse con su contenido. Ahora bien, conforme con la doctrina y jurisprudencia patria esta Corte ha sostenido, respecto al error material involuntario, que su contenido o mención en ningún caso altera el proceso de formación de la decisión, pudiendo corregirse sin que resulte afectada la validez del acto en el cual se encuentra inserto actuando de conformidad con las potestades que al efecto le confiere el articulo 14 del Código de Procedimiento Civil, por ser los jueces directores del proceso hasta que llegue a su conclusión. En idéntico sentido, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal en su labor interpretativa de los artículos 252 y 14 del vigente Código de Procedimiento Civil, ha sostenido de manera pacífica y reiterada que el Juez, como director de: proceso, tiene el deber de corregir todos los errores materiales que se produzcan en su desarrollo, siendo tal deber inherente a su función jurisdiccional, por tratarse de errores de naturaleza formal que de ninguna manera alterar el verdadero Sentencias N° 566 del 20/06/2000; N° 2045 del 24/10/2001; N° 1703 de 19/07/2002; N° 576 del 19/03/2003; N° 2293 del 30/07/2004: N° 47 deil 3#/10/2008: N° 158 del 06/03/2009; N° 1182 del 24/11/2010; N° 1210 del 25/97/2011; N° 1033 del 12/07/2012; N° 983 del 16/07/2013: N° 1620 del 1/2014: N° 649 del 01/06/2015; N° 432 del 08/06/2016). 432.613 Siguiendo el mismo hilo argumental, la Sala de Casación Civil ha sostenido de manera reiterada y pacífica su apego al criterio sentado por la Sala Constitucional, en cuanto a la solución que debe dar el juzgador al advertir la ocurrencia del error de marras (vid. Sentencias N° 157 del 30/07/2002; N° ACLA.00002 del 02/10/2003; N° 482 del 22/07/2005; N° 402 del 20/10/08; N° 415 del 29/07/2009; N° RC.000592 del 09/10/2012; N° RC.000137 22/04/2015; RC.000580 del 10/11/2016). "Coorme al razonamiento que precede, estima esta Alzada que la mención conferida en el Numeral 2 del dispositivo del Acta de la Audiencia comporta un errar material involuntario de contenido gramatical, lo cual no puede entenderse como un desacierto capaz de afectar la validez del Acta de la Audiencia de ..-apelación o la validez del fallo, ni una infracción a los principios de seguridad jurlca, estabilidad e inmutabilidad de las decisiones judiciales. En consecuencia, esta Corte corrige el citado error material involuntario de contenido gramatical reseñado y declara que en el Numeral 2 del Acta de Audiencia celebrada en fecha 01/11/2016 debe leerse NULIDAD PARCIAL DE LA SENTENCIA. Así se declara. En este estado, advertido y corregido el error material involuntario de contenido gramatical, el Juez Tulio Jiménez Rodríguez anuncia su voto salvado. VII DECISIÓN Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 19/05/2015 por la ciudadana Sarelys Gallardo, actuando por delegación de la Inspectoría General de Tribunales, contra la sentencia N° TDJ-SD-2015-028 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 23/04/2015. en fecha 23/04/2015. 3. CONFIRMA el ordinal PRIMERO de la Sentencia N° TDJ-SD-2015-028 dictada por el TDJ en fecha 23/04/2015, en el que ABSOLVIÓ DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA al Juez investigado por el ilicito retardo en la ejecución de la sentencia del expediente N° 3013, causal de suspensión conforme al numeral 11 numeral 6 del artículo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. 4. CONFIRMA el ordinal TERCERO de la Sentencia N° TDJ-SD-2015-028 dictada por el TDJ en fecha 23/04/2015, en el que DECLARÓ LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DEL JUEZ investigado por haber excluido del proceso a la ciudadana JANETTE LUTTINGER impidiéndole actuar en el expediente judicial N° 3013, ilícito disciplinario previsto en el numeral 2 de articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial y en el numeral 14 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana; sin embargo, en aplicación del principio de favorabilidad le impuso la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA, prevista en el numeral 2 de artículo 38 de la Ley de Carrera Judicial. 5. ABSUELVE DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA respeCto al ilícito conducta profesional inapropiada al cargo de Juez al ciudadano RENÁN JOSÉ GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° 4.339.337, en su carácter de Juez Titular del Juzgado Décimo Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ilícito disciplinario previsto en el numeral 11 del temporis. Publiquese, regístrese. Remítase copia certificada del presente fallo al/ibu Supremo de Justicia, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justica Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la Inspectorla General de Tribunales. Cúmplase lo ordenado. Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Código de Ética. Devuélvase el expediente al Tribunal Disciplinario Judicial. página original (tal como se publicó) [Página 36] 432.614 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Dada, firmada y sellada en el Salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de caracas, a los ( días del mes de em de 2016. Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación. El Presidente, TUIO JIMENEZRD Vicepresdenta-Ponente, ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ La Jueza, MERLY JAQUELINE MORALES HERNÁNDEZ La Secretaria, MARIANELA GIL MARTINEZ Exp. N° AP61-R-2015-000020 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL Quien suscribe, TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Juez de la Corte Discipanara razones que a continuación se exponen: En la decisión que antecede se estableció en el capítulo Vi referido a la "CORRECCIÓN POR ERROR MATERIAL INVOLUNTARIO" que "eSta Corte incurrió en un error material involuntario al dictar el dispositivo correspondiente". por cuanto en el numeral 2 del acta de la audiencia de apelación celebrada el día 1 de 2015-028 dictada por el TDJ en fecha 23/04/2015". indicando que la expresión dictada por el TDJ en fecha 23/04/2015"; en ese sentido advirtió que la expresión "NULIDAD de la sentencia" contenida en el acta no guarda relación con la motivación ni las declaraciones del fallo proferido, no obstante indicó que conforme "con la doctrina y jurisprudencia patria esta Corte ha sostenido, respecto al error proceso de formación de la decisión, pudiendo corregirse sin que resulte afectada la validez del acto" invocando para ello los artículos 14 y 252 del Código de Procedimiento Civil conforme a los cuales estableció que el Juez como director del proceso "tiene el deber de corregir todos los errores materiales que se produzcan en su desarrollo, siendo tal deber inherente a su función jurisdiccional, por tratarse de errores de naturaleza formal que de ninguna manera alterar el verdadero sentido del fallo cuya corrección se realiza, tratándose de una manifestación jurisdiccional oficiosa dirigida a preservar la integridad de la sentencia", y refirió sentencias dictadas por la Sala Constitucional y de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia; finalmente concluyó que la mención contenida en el numeral 2 del dispositivo del acta de la audiencia comportó "un error material involuntario de contenido gramatical, lo cual no puede entenderse como un desacierto capaz de afectar la validez del acta de audiencia de apelación o la validez del fallo, ni una infracción a los principios de seguridad jurídica, estabilidad e inmutabilidad de las decisiones judiciales", subsanando de este modo el citado error material involuntario celebrada en fecha 1 de noviembre de 2016 debe leerse NULIDAD PARCIAL DE LA SENTENCIA. Así se declara". Expuesto lo anterior, el Juez disidente observa en primer lugar que el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil establece: "Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado. Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia o dictar ampliaciones, dentro de los tres días después de dictada la sentencia con tal de que dichas declaraciones y ampliaciones las soliciten algunas de las partes en el día de la publicación o en el siguiente." Al respecto, la referida norma establece los mecanismos taxativos de corrección del texto del fallo dictado, a saber: aclaratoria de puntos dudosos, salvar omisiones, corregir los errores de copia, de referencias o cálculos numéricos, de los cuales pudiera adolecer el texto del mismo. Conviene resaltar que lo precitado procede a instancia de partes y debe ser planteado el día de la publicación del fallo o en el siguiente. En ese sentido, la aclaratoria de puntos dudosos, se refiere al esclarecimiento que hace el propio Juez de su decisión, en cuanto norma jurídica individualizada, respecto aquello que pudiera parecer obscuro, ambiguo o simplemente difícil de comprender, se trata entonces de una verdadera interpretación, pues emana del mismo órgano que pronunció el fallo; en lo que respecta a las omisiones se refiere Lunes 12 de diciembre de 2016 omisiones de pronunciamiento, por cuanto dichas omisiones se corrige mediante la ampliación de la sentencia y no debe confundirse con la corrección física de las enmendaduras, aunque sea de foliación, palabras testadas y cualquier interlineación, tal como lo define el artículo 109 del precitado código procedimental, disposición legal que expresamente establece cómo salvar las omisiones; en lo concerniente, a la corrección de errores o rectificaciones constituye el mecanismo para subsanar los errores que se cometen por omisión, cambio de palabras o alteraciones de éstas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella, de esta manera se podría, por ejemplo, subsanar el nombre de unas de las partes, la omisión de uno de los nombres cuando es compuesto o se inviertan apellidos, errores aritméticos que se cometan con las partidas que integran una operación o en el resultado de ésta. En segundo lugar, el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, establece el impulso de oficio del proceso, al señalar que: "El Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión a menos que la causa esté en suspenso por algún motivo legal. Cuando esté paralizada, el Juez debe fijar un término para su reanudación que no procesos y adaptar las medidas conducentes para impedir su paralización y así procurar la mayor economía procesal so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran. Expuesto lo anterior, resulta evidente que en el presente caso no se verificaron ninguno de los supuestos previstos en la normativa invocada por la mayoría sentenciadora, esto es el artículo 252 ejusdem, para fundamentar el retépão "Capítulo VI error material involuntario". pues en el mismo se prevé la postosnidad jurídica de realizar correcciones a la sentencia, a través de medios especitices.al como se señaló anteriormente donde cada uno de ellos tiene finalidades distintas, Por cuanto en el presente caso. el hecho de modificar el dispositivo de una decisión que fue pronunciada en presencia de la partes en el acto de la audiencia pral-y.. pública el día 1 de noviembre de 2016 no puede ser planteado como un simple:error material involuntario .y tramitado conforme a la normativa invocada, por la mayoría... sentenciadora, porque excedió de la simple corrección de errores materiales o imperfecciones, develando en todo caso una revocatoria o reforma del contenido de la decisión dictada, al modificar la declaratoria de nulidad de la sentencia a una mucho menos puede valerse para ello de la facultad concedida por la norma adjetiva como directora del proceso para justificarlo. Aunado a lo anterior, al efectuar la revisión de las sentencias invocadas en el mencionado capítulo, se advirtió que las mismas estuvieron referidas a correcciones materiales formales relacionadas con errores en la transcripción de fechas e oficio, destacándose en este último caso la aplicación del artículo 14 ibidem a través del cual, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República enfatizó en sus sentencias Nos. 566, 2045, 1703 y 576 del 20/06/2000, 24/10/01, 19/07/2002 y 19/03/2003, respectivamente, que "...por ser los Magistrados de esta Sala directores del proceso hasta su conclusión, procede a corregir dicho error por ser de naturaleza sentido del fallo cuya corrección se realiza..."; de modo que ninguno de los supuestos previstos en la decisiones invocadas por la mayoría sentenciadora al emitir el criterio en el presente fallo constituyeron fundamento para justificar el error material involuntario cometido y establecerlo mediante un capítulo como efectivamente se hizo. Contrario a lo argumentado por la Jueza sentenciadora, la propia Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 157 del 30/07/2002, señaló que "...en reiteradas oportunidades, esta Sala de Casación Civil se ha pronunciado sobre los supuestos de procedencia de las solicitudes de aclaratoria, y en todas ellas ha determinado punto o se haya dejado de resolver algún pedimento, pero en manera general es que después de dictada una sentencia, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya dictado...": con lo cual quedaría desvirtuado lo establecido por las Juezas sentenciadoras al sostener que con la aludida corrección de contenido gramatical en ningún caso se alteraría el proceso de formación de la decisión, tratando de establecer dicha actividad correctora como una función o manifestación jurisdiccional de la juzgadora, que evidentemente afectó la validez del acta de la audiencia oral y pública, actuación totalmente apartada del verdadero sentido de dicha actividad la cual está determinada por la garantía de seguridad jurídica en relación con la estabilidad e inmutabilidad de las decisiones judiciales, y en consecuencia la tutela judicial efectiva de los derechos de las partes audaría afectado. Queda asi expuesto, el criterio del Juez disidente. TULIO JIMÉNEZ -Presigénte La Vicepresidente, ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ La Jueza, MERLY MORALES HERNÁNDEZ La Secretaria, facfar MARIANELA GIL MARIÍNEZ página original (tal como se publicó) [Página 37] Lunes 12 de diciembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución N° 0158 Caracas, 01 de diciembre de 2016 205° y ·157° y 170 La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano SILIO CÉSAR SÁNCHEZ zERPA, titular de la cédula de identidad N° 13.656.999, domiciliado en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su condición de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA MAGISTRATURA, designado en Sesión de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el día catorce (14) de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Bolivariana de Venezuela N° 40.798 de fecha veintisiete (27) de noviembre de 2015, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 de fecha primero (01) de octubre 2010. RESUELVE PRIMERO: Designar a la ciudadana JONNY QUERALES MORENO, titular de la Cédula de Identidad N° 10.563.319, Analista Profesional III, como Jefe de la División de Servicios al Personal de la Dirección Administrativa Regional del estado Barinas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en calidad de encarmado, a partir de la presente fecha. Dada, firmada y sellada en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Caracas a lès primero (01) día del mes de diciembre de 2016. SILIO CESÁNCHEZ ZERPA Director de l Magistratura REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución N° 0160 Caracas, 05 de Diciembre de 2016 206° y 157° y 170 La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano SILIO cÉSAR SÁNCHEZ ZERPA, titular de la cédula de identidad N° 13.656:999, domiciliado, en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su condición de DIRECTOR EJECUTaVO DE LA MAGISTRATURA, designadO en Sesión de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el día catorce (14) de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.798 de fecha veintisiete (27) de noviembre de 2015, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 de fecha primero (01) de octubre 2010. RESUELVE PRIMERO: Designar al ciUdadanO MARCO ANTONIO GARCÍA MEDINA, titular de la Cédula de Identidad N° 8.873.667, como Director Administrativo Regional del estado Cojedes de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargado, con fecha de vigencia cinco (05) de diciembre de 2016. Dada, firmada y sellada en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Caracas a los-cinco (05) días del mes-de diciembre de 2016. Comuníquese y-Publíquese, SILIO CÉSAR SÁNCHEZ ZERP Director Ejecutivo de-la Magstrata 432.615 DEFENSA PÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2016-564 Caracas, 05 de diciembre de 2016 157°, 206° y 17° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRiGUEz, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que la ciudadana OLIS AYARIS FARIAS VILLARROEL, titular de la cédula de identidad N° V-10.925.939, fue removida del cargo de Defensora Pública Provisoria (2°), con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Cojedes, mediante Resolución N° DDPG-2016-490, de fecha 20 de octubre de 2016, siendo notificada de la decisión antes referida en fecha 03 de noviembre de 2016. CONSIDERANDO Que la ciudadana antes referida se encontraba en situación de disponibilidad, a los fines de dar cumplimiento a las gestiones reubicatorias, al haberse evidenciado que ocupó dentro de la Administración Pública, un cargo calificado o considerado como de carrera y, que tales trámites resultaron infructuosos. RESUELVE PRIMERQ: RETIRAR la Ciudadana OLIS AYARIS FARIAS VILLARROEL, titular de la cédula de identidad N° V-10.925.939, de la Defensa Pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa, a partir del cinco (05) de diciembre de 2016. SEGunDO: Notificar por órgano de la Dirección Nacional de Recursos Humanos de la Defensa Publica, a la ciudadana antes identificada, del contenido de la presente resolución, con la expresa indicación del Recurso Jurisdiccional que procede contra la misma, el Tribunal por ante el cual podrá interponerlo, y el término para su presentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. TERCERQ: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, sellada y firmada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese, DRA. SUSAÑA BARREIROS RODRIGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada meglíónte Acuerdo de la Asambiea Nadonal, de fecha 10 de diciemibibe de 2015, publicado en la Gaceta Ofical de la República página original (tal como se publicó) [Página 38] 432.616 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 05 de diciembre de 2016 N° DDPG-2016-565 157°, 206° y 17° La Defensora PÚblica General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 17, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de este Órgano Constitucional. CONSIDERANDO Que es potestad de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, asignar la competencia de los Defensores Públicos o Defensoras Públicas, por territorio y materia. RESUELVE PRIMERO: CAMBIAR LA COMPETENCIA por la materia a la ciudadana GINETTE AMOS SERRANO ALFONZO, titular de la cédula de identidad N° V- 6.899.656, quien a partir de la fecha de notificación del presente acto administrativo, dejará de desempeñarse como Defensora Pública Provisoria Segunda (2°), con competencia en materia Civil y Administrativa, Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Bolivariano de Miranda, y pasará a ejercer funciones como Defensora Pública Provisoria Décima Tercera (13°), con competencia en materia Penal Ordinario en fase de Ejecuclón, adscrita a la misma Unidad Regional. SEGunpo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuedo de la Asama Nadonal, de fecha ge diciembre ge 2oi5, publicado en Gadeta Oñoal de la Repúbica REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 05 de diciembre de 2016 N° DDPG-2016-566 157°, 206° y 17° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 17, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de este Órgano Constitucional. CONSIDERANDO Que es potestad de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, asignar la competencia de los Defensores Públicos o Defensoras Públicas, por territorio y materia. Lunes 12 de diciembre de 2016 RESUELVE PRIMERO: TRASLADAR a la Ciudadana FLORANGEL ANDREINA RINCÓN MÉNDEZ, titular de la cédula de identidad N° v-21.668.974, Defensora Pública Auxiliar con competencia Plena, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Zulia, a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Falcón, para que se desempeñe como Defensora Pública Auxiliar con competencia Plena, a partir de la fecha de su notificación. SEGuNDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíquese, DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Desiunada mediante Aicuerdo de la Asambig Nadonal, de fecha 10 de dicembre de 2033, publicado an a Gaceta Oncal de la Repúbica REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2016-567 Caracas, 05 de diciembre de 2016 157°, 205° y 17° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 17, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de este Órgano Constitucional. CONSIDERANDO Que es potestad de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, asignar la competencia de los Defensores Públicos o Defensoras Públicas, por territorio y materia. RESUELVE PRIMERO: TRASLADAR a la CiUdadana YADIRA DEL CARMEN ARAUJO VILLANUEVA, titular de la cédula de identidad N° V-11.321.000, Defensora Pública Auxiliar Octogésima Quinta (85°), con competencia en materia Penal Ordinario en fase de Proceso, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Truillo, para que se desempeñe como Defensora Pública Auxiliar Octava (8°), con competencia en materia Penal Ordinario en fase de Proceso, a partir de la fecha de su notificación. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Públiquese, DRA. SUSANA BARREIROS/RODRÍGUEZ DEFENSORA PÚBLICAGENERAL Designadafmediante Acuerdo de la Asanolea-iacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Ofcial de la Repubica Bolivarana de Venezueia N° 40.807, de fecha 10 de didembre de 2015. página original (tal como se publicó) [Página 39] Lunes 12 de diciembre de 2016 432.617 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2016-568 Caracas, 05 de diciembre de 2016 157°, 206° y 17° La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asambiea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 17, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de este Órgano Constitucional. CONSIDERANDO Que es potestad de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, asignar la competencia de los Defensores Públicos o Defensoras Públicas, por territorio y materia. RESUELVE PRIMERO: TRASLADAR a la CiUdadana YASMIN A INMACULADA PEREZ D' JESUS, titular de la cédula de identidad N° V-8.036.164, Defensora Pública Provisoria Segunda (2°), con competencia en materia Penal Ordinario en fase de Ejecución, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Mérida, extensión el Vigía, a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Trujillo, para que se desempeñe como Defensora Pública Provisoria Décima Séptima (17°), con competencia en materia Penal Ordinario, a partir de la fecha de su notificación. SEGunpo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíquese; DRA, SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL Designada mediante Acuerdo de la Asembiea Naconal, de fecha 10-pie. dicembre de-è82 S, publicado en la Gaceta Oficial de la República n B REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2016-569 Caracas, 05 de diciembre de 2016 157°, 206° y 17° La DefensOra Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 17, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de este Órgano Constitucional. CONSIDERANDO Que es potestad de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, asignar la competencia de los Defensores Públicos o Defensoras Públicas, por territorio y materia. RESUELVE PRIMERO: TRASLADAR a la CiUdadana AMPARO DE LAS PALMAS ORTÍZ GONzÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° V-4.732.441, Defensora Pública Provisoria Quinta (5°), con competencia en materia Penal Ordinario en fase de Ejecución, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Lara, extensión Carora, a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Lara, para que se desempeñe como Defensora Pública Provisoria Segunda (2°), con competencia en materia Penal Ordinario en fase de Proceso, a partir de la fecha de su notificación. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publiquesé; DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DEFENSORA PÚBLICA GENERAL besigrida filebtante Acuerdo de la Asambiea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oncai de la Repúbica Boivariana de Venezueia N° 40.807, de fecha 10 de dicembre de 2015. CONSEJO NACIONAL ELECTORAL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER ELECTORAL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RESOLUCIÓN No. 161017-0242 Caracas, 17 de octubre de 2016 2060 y 1570 La ciudadana TIBISAY LUCENA RAMÍREZ, titular de la Cédula de Identidad No. 5.224.732, Presidenta del Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 38 numerales 7 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, el artículo 5 del Estatuto de Personal, en concordancia con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Registro Civil, dicta la siguiente Resolución: CONSIDERANDO Que de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con la Ley Orgánica de Registro Civil, el Registro Civil es un servicio público esencial cuyos procedimientos y trámites deben guardar, entre otros principios, el de simplicidad, celeridad y eficiencia. CONSIDERANDO Que el artículo 32 de la Ley Orgánica de Registro Civil establece que .el Consejo Nacional Electoral dispondrá de una Oficina de Registro Civil Municipal, así como.Unidades de Registro Civil en parroquias, cementerios y establecimientos de salud públicos o privados. CONSIDERANDO Que según Decreto N° 26-2016 de fecha 17 de octubre de 2016, emanado de la Alcaldía del Municipio Marcano del estado Nueva Esparta, se aprobó la designación del ciudadano Juan Carlos Lárez Boadas, titular de la cédula de identidad N° 19.807.622, para ocupar el cargo de Registrador Civil del referido Municipio, con vigencia a partir del 17 de octubre de 2016. RESUELVE: Único: Designar para ocupar el cargo de Registrador Civil del Municipio Marcano del estado Nueva Esparta, al ciudadano que se especifica a continuación, quedando de la siguiente manera: N° C.I. Cargo Responsable Decreto Registrador Civil del 26-2016 Municipio Marcano del Juan Carlos Lárez Boadas 19.807.622 estado Nueva Esparta Resolución dictada a los diecisiete (17) días del mes de octubre de 2016. Comuníquese y publíquese. -. SaRe Mreblax TIBISAY LUCENA RAMIREZ PRESIDENTA XAVIER ANTONIO MORENO REYES SECRETARIO GENERAL página original (tal como se publicó) [Página 40] 432.618 Lunes 12 de diciembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 14 de noviembre de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN'N° 2028 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley .Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. BESUELVE: ÚNICQ: Designar con carácter de sUPLENTE a la ciudadana Abogada EVELYN CAROLINA ZABALETA LIRA, titular de la cédula de identidad N° 18.073.069, en la FISCALÍA SUPERIOR del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Delta Amacuro, con sede en Tucupita, a partir del 15/12/2016 y hasta la reincorporación del ciudadano Abogado Edulfo José Bernal Castro, quien hará uso de sus vacaciones. La referida ciudadana, se desempeña como Fiscal Auxiliar Interino en la citada Fiscalía Superior. ComeoPubliquese. 6 UISORTEGA DIAZ "Piscal Goneral de la Bepública REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 29 de noviembre de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 2123 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICQ: Designar a la ciudadana NICOLINA RESTAINO MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad N° 12.500.564, ABOGADO ADJUNTO II en la DIRECCIÓN EN LO CONSTITUCIONAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, adscrita a la Dirección General de Apoyo Jurídico de este Despacho. La referida ciudadana se venía desempeñando como Abogado Adjunto I en la citada Dirección. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 06 de diciembre de 2016. guay Publiquese. LOISA ORTEGA DAZ scalGeneraT de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 29 de noviembre de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 2126 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar ABOGADO ADJUNTO I a la ciudadana Abogada ERDELLYS DOLORES GONZÁLEZ de MEJÍAS, titular de la cédula de identidad N° 15.336.413, en la UNIDAD DE DEPURACIÓN INMEDIATA DE CAsos, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Delta Amacuro, con sede en Tucupita. La referida ciudadana se venía desempeñando como Abogado Adjunto A en la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 06 de diciembre de 2016. qesePubliquese. LUSA ORTEGA DÍAZ iscalseneral de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 29 de noviembre de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 2128 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICQ: Designar ABOGADO ADJUNTO III a la ciudadana SUMAYA COROMOTO ROJAS BASTIDAS, titular de la cédula de identidad N° 9.370.112, en la DIRECCIÓN DE DEFENSA INTEGRAL DEL AMBIENTE Y DELITO AMBIENTAL, adscrita a la Dirección General de Actuación Procesal; en sustitución de la ciudadana Abogada Ludys del Carmen Muñoz Durand, quien será ascendida. La referida ciudadana Sumaya Coromoto Rojas Bastidas, se venía desempeñando como Abogado Adjunto II en la citada Dirección. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 06 de diciembre de 2016. Comuníquese. Publíquese. LUSA ORTEGA DÍAZ scabeneral de la República página original (tal como se publicó) [Página 41] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 12 de diciembre de 2016 432.619 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 07 de diciembre de2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 2190 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem, y según lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. CONSIDERANDO: Que según Resolución N° 016830 de fecha 23/11/2016, suscrita por el ciudadano General en Jefe Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa, resolvió designar en Comisión de Servicio, al ciudadano Teniente CorOnel CARLOS ENRIQUE MEDINASÁNCHEZ, ala Orden del Ministerio Público. RESUELVE: ÚNICO: Designaral ciudadano Teniente Coronel CARLOS ENRIQUE MEDINA SÁNCHEZ, titular dela cédula de identidad N°. 10.541.897, DIRECTOR DE SEGURIDAD INTEGRAL (ENCARGADO), adSCritO ala Vicefiscalía, en Comisión de Servicio, cargo vacante; a partir del 08/12/2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Igualmente, conforme lo establecido en el numeral 20 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, delego en el nombrado ciudadano la firma de los asuntos rutinarios o de mera tramitación, mientras esté Encargado de la referida Dirección. Comuníquese MINIST REP LÚISAVORTEGA DÍAZ Geral de la República página original (tal como se publicó) [Página 42] 432.620 Lunes 12 de diciembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 30 de noviembre de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 2140 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de laLey Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada BEATRIZ ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° 11.408.719, quien se venía desempeñando como FIsCAL PRovIsoRIO en la Fiscalía Centésima Vigésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de CaraCaS; a la FISCALÍA CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA OCTAvA del MinisterioPúblico de la citada Circunscripción Judicial, con competencia para intervenir en las Fases Intermedia y de Juicio Oral, cargo vacante, a partir del 06 de diciembre de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. UISA ORTEGA DÍAZ Fiscal eneral de la República página original (tal como se publicó) [Página 43] Lunes 12 de diciembre de 2016 432.621 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 30 de noviembre de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN Nº 2141 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNicO: Trasladar a la ciudadana Abogada LAURA ALEJANDRA ONTIVEROS LA RIZZA, titular de la cédula de identidad N°15.952.635,quien seveníadesempeñando como FiscAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo; a la FIscALíA sUPERIoR del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, con sede en Puerto Ayacucho, a partir del 06 de diciembre de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. LUISA ORTEGA DÍAŽ FiscatGeneral de la República página original (tal como se publicó) [Página 44] 432.622 Lunes 12 de diciembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 30 de noviembre de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N°2142 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar al ciudadano AbogadoJOSÉ LUIS AZUAJE BENÍTEz, titular de la cédula de identidad N°6.990.909, quien se venía desempeñando como FIsCAL PROvIsORIO en la Fiscalía Octogésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; a la FISCALÍAPRIMERAdel Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial, con competencia plena, cargo vacante, a partir del 06 de diciembre de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. LUISA ORTEGA DÍAZ FiscalGeneral de la República página original (tal como se publicó) [Página 45] Lunes 12 de diciembre de 2016 432.623 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 30 de noviembre de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 2152 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado ROBERTH JOSÉ BRIzUELA, titular de la cédula de identidad N° 7.394.646, quien se venía desempeñando como FISCAL PRovIsoRIO en la Fiscalía 56 Nacional Plena; a laFISCALÍA TERCERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, con sede en San Felipe y competencia plena, cargo vacante, a partir del 06 de diciembre de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuniqueseyublíquese. MINIS LUISAORTEGA DÍAZ Eiseal General de la República página original (tal como se publicó) [Página 46] 432.624 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 12 de diciembre de 2016 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 05 de diciembre de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 2175 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar al ciudadanO Abogado MAURICIO JAVIER CAMACHO QUEVEDO, titular de la cédula de identidad N° 19.278.561, quien se venía desempeñando comoFISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Décima del Ministerio Público dela Circunscripción Judicial del estado Mérida; ala FISCALÍA SUPERIOR del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, con sede en Barinas, cargo vacante, a partir del 09 de diciembre de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese yPublíquese. JELA 3 LUISAORTEGA DÍAZ iscal Gerieral de la República página original (tal como se publicó) [Página 47] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 12 de diciembre de 2016 AVISOS 432.625 CARTEL DE EMPLAZAMIENTO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En su nombre: JUZGADO PRIMERO DEPRIMERAINSTANCIAAGRARIO DEI LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA.- El VigÍa, treS de noviembre de dos mil dieciséis. 206° Y1576 SE HACE SABER: Al CiudadanO RICArDO ALFONSO GARCIA, venezolanO, mayor de edad, empleado público jubilado, titular de la cédula de identidad N° V-2.279.783, domiciliado en el sector conocido como El Dique, jurisdicción den la ParroquiaNGerónimo Maldonado, Municipio Rivas Dávila del Estado Bolivariano de Mérida, que debe comparecer por ante este Tribunal., dentro del lapso de tres (3) días de despacho, más un (1) día que se le concedió como término de distancia, contados a partir del dia siguiente a aquél enrique conste en autos, la fijación porla Secretaria del ITribunal comisionado,nasi C e BOLIVARIANA DE VENEZUELA, y del diariO PICO BOLÍVAR, dOnde se hubieren publicado Los carteles, a darse por citado, en el juicio quepor DESLINDE DE INMUEBLE, intententel CiudadanO RODOLFO HERNAN BARILLAS PICO, aCtuandOeeOnsu propio nombre y en representacionide los ciudadanos GIseLA MARIA BARILLAs FERNANDEZ, contra usted, expediente N° 3414. Se le advierte que si no compareciere en el lapso señalado, su citaciónerse entenderá conrela funcionario al cual corresponda la defensa de los beneficiarios de esta Ley. La Secretaria, Abg. Ana Núñ Expediente N° 3414.bcn. Atxy Agngdys Hernández página original (tal como se publicó) [Página 48] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppO 187207DF1 Número 41.050 AÑO CXLIV - MES III Caracas, lunes 12 de diciembre de 2016 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 48 Págs. costo equivalente a 19,65 % valor Unidad Tributaria LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (22 DE JULIO DE 1941) Artículo 11. La GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11 de octubre de 1872, continuará editándose en la Imprenta Nacional con la denominación GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETAOFICIAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional. Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos. EL SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados. página original (tal como se publicó)