[Página 1] MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO INCRET Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Maryam Damelys Martínez Marín, como Directora de Administración de este Instituto. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Acta. Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución N° 008, de fecha 06 de septiembre de 2016, donde se delega en la ciudadana Alinexis Raquel Barrios Reyes, Directora General de la Oficina de Gestión Administrativa, las atribuciones y firma de los actos y documentos que en ella se indican. INEA Avisos Oficiales mediante los cuales se deja sin efecto las Inscripciones en el Registro Naval Venezolano, Sede Central Distrito Capital, y su consecuente desincorporación, así como la extinción de las matrículas de los Buques que en ellos se mencionan, por los motivos que en ellos se especifican. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Resoluciones mediante las cuales se procede a los Traspasos Presupuestarios de Gastos de Capital para Gastos de Capital de este Ministerio, por las cantidades que en ellas se mencionan. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO Acta. DEFENSA PÚBLICA Resolución mediante la cual se cambia la Competencia por la Materia al ciudadano Dennys Ricardo Maldonado, quien pasará a ejercer funciones como Defensor Público Provisorio Cuarto (4º), con competencia en Materia Penal Ordinario, Fase Proceso, adscrito a la Unidad Regional del estado Vargas, Maiquetía, de este Organismo. Resolución mediante la cual se establece la Reestructuración Organizacional y Funcional de la Defensoría General Militar. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Sala Constitucional “Sentencia que declara nulas por inconstitucionales las disposiciones previstas en los Artículos 394 y 395 del Código Penal, normas que contemplan los tipos penales de adulterios, por ser contrarias, tal como están concebidas, a los principios de igualdad, no discriminación de la mujer y respeto a la dignidad humana consagrados en los Artículos 2, 3 y 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con ocasión a los planteamientos asumidos por la accionante, por la Defensoría del Pueblo, por el Ministerio Público y por la Asamblea Nacional”. “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara la nulidad parcial de los Artículos 44, 47, 53, 54, 57 y 60 de la Ley de Ejercicio de la Odontología, así como la nulidad absoluta del Artículo 46 de la misma Ley del Ejercicio de la Odontología”. CONTRALORÍA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA Resolución mediante la cual se delega en el Director de Determinación de Responsabilidad Administrativa, ciudadano Coronel Juan Carlos Piñero Ysea, la facultad de refrendar documentos para la debida Certificación, mediante la fórmula “Por Orden del Contralor” estampada en ellos en facsímil. SUMARIO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 2.468, mediante el cual se crea la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios. Decreto N° 2.469, mediante el cual se nombra a la ciudadana Érika del Valle Farías Peña, como Vicepresidenta Sectorial de Desarrollo del Socialismo Territorial; y al ciudadano Ricardo Antonio Molina Peñaloza, como Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO INASS Decisión mediante la cual se declara la Responsabilidad Administrativa del ciudadano José Manuel Díaz Martínez, Gerente (saliente), adscrito a la Gerencia de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS), y se le impone multa por la cantidad que en ella se menciona. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Franklin Horacio García Duque, en su carácter de Director Nacional (E) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, las atribuciones y firmas de los actos y documentos que en ella se señalan. Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Franklin Horacio García Duque, en su carácter de Director Nacional, Encargado del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, como Cuentadante responsable de la Unidad Administradora Desconcentrada- Ordenadora de Pagos, del Órgano a su cargo que en ella se especifica. BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Aviso Oficial mediante el cual se procede a la publicación del Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito, agosto 2016. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución N° 015436, de fecha 12 de agosto de 2016, donde se Encomendó a la Empresa del Estado Fondo de Inversión Misión Negro Primero, S.A., ente adscrito a este Ministerio, la cual fue constituida la procura y compra de las baterías que en ella se indican. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE AGRICULTURA URBANA Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Zuleyma de las Mercedes Fernández Carrillo, como Directora Estadal del estado Trujillo, adscrita a este Ministerio, en calidad de Encargada. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA Resoluciones mediante las cuales se crean los Programas Nacionales de Formación en Educación, en las menciones que en ellas se especifican. Resoluciones mediante las cuales se autoriza a las Universidades que en ellas se mencionan, a gestionar los Programas Nacionales de Formación que en ellas se señalan. Fundación Misión Sucre Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Lucila del Rosario Muñoz, como Coordinadora General del estado Miranda de esta Fundación, en calidad de Encargada. AÑO CXLIII - MES XII Caracas, martes 4 de octubre de 2016 Número 41.002 @MiguelSMunoz IG @GacetaOficial GacetaOficial.io página original (tal como se publicó) [Página 2] 430.988 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 04 de octubre de 2016 Decreto N° 2.468 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la Patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 2 y 20 del artículo 236 ejusdem, y concatenado con el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en Consejo de Ministros. DECRETO Artículo 1°. Se crea la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios. Artículo 2°. La Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios coordinará la ejecución de políticas públicas vinculadas con la prestación de los servicios públicos en general y los aspectos relacionados con las obras públicas para la satisfacción de las necesidades del Pueblo venezolano, a tales fines, contará con una estructura racional y eficiente para el cumplimiento de sus actividades. Dicha estructura estará comprendida por una Oficina de Gestión Interna, en la cual se organizarán las funciones relativas a la administración financiera, la gestión de talento humano, asesoría jurídica y todos los servicios propios del funcionamiento de la Vicepresidencia Sectorial, para lo cual se requerirá la aprobación del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Planificación. Artículo 3°. Como consecuencia de la creación de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, las Vicepresidencias Sectoriales quedan conformadas de la siguiente manera: Vicepresidencia Sectorial de Economía. Vicepresidencia Sectorial de Planificación. 2. Vicepresidencia Sectorial para el Desarrollo Social y la 3. Revolución de las Misiones. Vicepresidencia Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y 4. Paz. Vicepresidencia Sectorial de Desarrollo del Socialismo 5. Territorial. Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios. 6. Artículo 4°. Cada Vicepresidencia Sectorial ejercerá la coordinación de los Ministerios del Poder Popular con competencia en las materias afines con el ámbito de su actividad, según se mencionan: 1. La Vicepresidencia Sectorial de Economía coordinará los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de industria y comercio; industrias básicas, estratégicas y socialistas; alimentación; banca y finanzas; turismo; petróleo; agricultura productiva y tierras; desarrollo minero ecológico y pesca y acuicultura. Martes 4 de octubre de 2016 La Vicepresidencia Sectorial de Planificación coordinará al 2. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación. La Vicepresidencia Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones coordinará los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de salud, pueblos indígenas, mujer, juventud y deporte, servicio penitenciario, proceso social de trabajo, educación, y educación universitaria, ciencia y tecnología. La Vicepresidencia Sectorial de Soberanía Política, 4. Seguridad y Paz coordinará los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de relaciones exteriores, defensa, comunicaciones e información, despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno y relaciones interiores, justicia y paz. La Vicepresidencia Sectorial de Desarrollo del Socialismo Territorial coordinará los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de hábitat y vivienda, comunas y movimientos sociales, cultura y agricultura urbana La Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, coordinará los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de ecosocialismo y aguas, energía eléctrica y transporte y obras públicas. Artículo 5°. Las dudas o controversias que pudieran plantearse con ocasión de este Decreto, serán resueltas por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, quien está además habilitado a dictar mediante resolución las normas necesarias para la cabal ejecución de este Decreto. Artículo 6°. Se ordena que en una futura reforma del Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, sea incorporado lo establecido en este Decreto. Artículo 7°. Este Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los cuatro días del mes de octubre de dos mil dieciséis. Años 206% de la Independencia, 157° de la Federación y 17º de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.) NICOLÁS MADURO MOROS Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República y Primer Vicepresidente del Consejo de Ministros (L.S.) ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA Refrendado La Encargada del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.) CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS Refrendado La Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Vicepresidenta Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz (L.S.) DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ página original (tal como se publicó) [Página 3] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 4 de octubre de 2016 Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.) NESTOR LUIS REVEROL TORRES Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa (L.S.) VLADIMIR PADRINO LÓPEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información (L.S.) ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLIAK Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Banca y Finanzas (L.S.) RODOLFO MEDINA DEL RÍO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Industria y Comercio y Vicepresidente Sectorial de Economía (L.S.) CARLOS RAFAEL FARÍA TORTOSA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas (L.S.) JUAN BAUTISTA ARIAS PALACIO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional (L.S.) JESÚS GERMÁN FARÍA TORTOSA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras (L.S.) WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO Refrendado La Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana (L.S.) LORENA FREITEZ MENDOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura (L.S.) ÁNGEL ALFONZO BELISARIO MARTINEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Turismo (L.S.) MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo (L.S.) EULOGIO ANTONIO DEL PINO DÍAZ Refrendado El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (L.S.) ROBERTO IGNACIO MIRABAL ACOSTA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Vicepresidente Sectorial de Planificación (L.S.) RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO 430.989 Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Salud (L.S.) LUISANA MELO SOLÓRZANO Refrendado La Encargada del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ Refrendado La Encargada del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte (L.S.) MERVIN ENRIQUE MALDONADO URDANETA Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARÍA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (L.S.) Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación (L.S.) RODULFO HUMBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas (L.S.) ERNESTO JOSÉ PAIVA SALAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (L.S.) MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ Refrendado La Encargada del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales (L.S.) ERIKA DEL VALLE FARÍAS PEÑA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas y Vicepresidente Sectorial de Desarrollo del Socialismo Territorial (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica (L.S.) LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ Refrendado El Ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz (L.S.) GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES página original (tal como se publicó) [Página 4] 430.990 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 4 de octubre de 2016 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO                            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publicó) [Página 6] 430.992 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 4 de octubre de 2016                        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                    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OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 431.007                  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                       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                  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GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 431.017                          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Venezuela Nº 40.957 de la misma fecha; en ejercicio de las competencias que le confiere lo dispuesto en los artículos 34 y 78 numerales 12, 16, 19, 26 y 27 del Decreto Nº 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 6.147, Extraordinario de la misma fecha; de conformidad con lo establecido en los artículos 35, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.940 Extraordinario, de fecha 7 de diciembre de 2009, en concordancia con lo previsto en los artículos 2º y 6° del Decreto No 1.152, de fecha 05 de agosto de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.468, de la misma fecha, mediante el cual se dicta' la Reforma Parcial del Decreto Nº 7.041, de fecha 10 de noviembre de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.303 de la misma fecha, contentivo del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y lo previsto en los artículos 1 y 6 del Decreto N° 140, por el cual se dicta el Reglamento de Delegación de Firmas de los Ministros del Ejecutivo Nacional, de fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, RESUELVE Artículo 1. Se delega en el ciudadano FRANKLIN HORACIO GARCÍA DUQuE, titular de la cédula de identidad N° V- 9.125.430, en su carácter de Director Nacional Encargado del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, las atribuciones y firmas de los actos y documentos que a continuación se especifican: 1. Ordenar movimientos de personal, ingresos, reingresos, nombramientos, ascensos, traslados, reclasificaciones, licencias o permisos con o sin goce de sueldo, aceptar renuncias, efectuar remociones, retiros, otorgar pensiones de jubilación o incapacidad, comisiones de servicios, vacaciones, despidos, rescindir contratos de trabajo, conformación de horas extraordinarias de trabajo, postulaciones de becas a los funcionarios, empleados y obreros adscritos al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, así como suscribir los contratos de servicios personales y honorarios profesionales al servicio de ese Cuerpo Policial, que fuesen necesarios. De igual forma, notificar a los funcionarios policiales y administrativos del referido Cuerpo de Policía, en los casos antes señalados. 2. Certificar las copias de los documentos cuyos originales reposen en los archivos y registros del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. 3. Ordenar las liquidaciones de prestaciones sociales e intereses del personal del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. 4. Suscribir las circulares y comunicaciones emanadas de ese Despacho, relacionadas con la administración del personal del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. 5. Suscribir la correspondencia postal, telegráfica y electrónica, en respuestas a solicitudes dirigidas por particulares al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. 6. Ordenar y suscribir los actos de suspensión de cargos, con o sin goce de sueldo de los funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y su debida notificación. 7. Ordenar y suscribir la revisión y ajustes que resulten de los montos de las jubilaciones y pensiones de los funcionarios adscritos al Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana, tomando en cuenta al momento de la revisión, el nivel de remuneración que devengo en el último cargo que desempeñó el jubilado o jubilada. 8. Aprobar, ordenar y tramitar los gastos y pagos que afecten los créditos acordados al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, según los montos, límites 431.025 y conceptos definidos en cada asignación presupuestaria, previó registro de su firma autógrafa en la Contraloría General de la República. 9. Apertura de cuentas bancarias y el registro de las firmas de los funcionarios autorizados para movilizarlas. 10. Las demás que le asigne el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 2. El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, podrá discrecionalmente, certificar los actos y documentos referidos en la presente Resolución. Artículo 3. Los Actos y documentos certificados de acuerdo a lo establecido en la presente Resolución, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y número de la Resolución y la Gaceta Oficial en la cual haya sido publicada. Artículo 4. El funcionario delegado deberá presentar una relación detallada de los documentos que hubiere firmado en virtud de esta delegación. Artículo 5. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese. Por el Ejecutivo Nacional, LUIS REVEROL TORRES Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 206°, 157° y 170 0 4 OCT 2016 117 FECHA: Nº RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES, designado mediante Decreto N° 2.405, de fecha 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 40.957 de la misma fecha; en ejercicio de las competencias que le confiere lo dispuesto en los artículos 65 y 78, numerales 19 y 27 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014; en concordancia con lo previsto en el artículo 2° del Decreto N° 1.152, de fecha 5 de agosto de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.468, de la misma fecha; lo establecido en los artículos 2 y 57 del Decreto N° 1.624, contentivo del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.175 Extraordinario, de fecha 20 de febrero de 2015, reimpreso por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.627, de fecha 24 de marzo de 2015; y lo establecido en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781, Extraordinario de fecha 12 de agosto de 2005; RESUELVE Artículo 1. Se designa al ciudadano FRANKLIN HORACIO GARCÍA DUQuE, titular de la cédula de identidad N° V- 9.125.430, en su carácter de Director Nacional Encargado del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, como Cuentadante responsable de la Unidad Administradora Desconcentrada- Ordenadora de Pagos, Código No 00341, del órgano a su cargo, de acuerdo a la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de este-Ministerio. publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese. Por el Ejecutivo Na $PR WIS REVEROL TORRES Milistro dPoder Popular para Relaciones Interiores, MINISTRO Justicia y Paz página original (tal como se publicó) [Página 40] 431.026 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA BANCO CENTRAL DE VENEZUELA AVISO OFICIAL El Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 numeral Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y Demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico, procede a publicar el siguiente: "ESTUDIO COMPARATIVO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO" Agosto 2016 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTUDIO 1. La Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y Demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico, publicada en Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de Venezuela No 39.021 de fecha 22 de septiembre de 2008, tiene por objeto garantizar el respeto y obligando.al emisor de ios mismos a otorgar información adecuada y no engañosa a los y las tarjetahabientes. El presente "Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito" ha sido elaborado de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la mencionada Ley, donde se establece que el Banco Central de Venezuela debe publicar "un estudio comparativo de las tasas de para el o la tarjetahabiente, cobertura, plazos de pago y el grado de aceptación". Para ello se ha tomado como base la información suministrada, con carácter de declaración jurada, por parte de las Instituciones bancarias emisoras de tarjetas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la misma Ley. En todo caso, el Banco Central de Venezuela reitera que se encuentra facultado para sancionar administrativamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 135 del Decreto Ley que rige su funcionamiento, a aquellas Instituciones que incumplan la normativa dictada por el Instituto en materia de tasas de interés financiera y moratoria Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y Demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico; así como a aquellas instituciones que incumplan !a obligación prevista en el artículo 46 de la Ley en referencia, relacionado con la obligación de suministrar, en la oportunidad y forma alli prevista, la información requerida para realizar el presente estudio comparativo. Igualmente, se observa que el incumplimiento de la normativa emitida por el Banco Central de Venezuela en materia de comisiones, tarifas o recargos, será sancionado _conforme a lo previsto en el artículo 135 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela. Asimismo, el Banco Central de Venezuela cumple con advertir que el objetivo de este informe no es promover ni patrocinar en forma alguna el uso de tarjetas emitidas por las instituciones bancarias, ni de franquicias o marcas asociadas a las mismas. En el caso de las tarjetas de crédito, el estudio comprende para cada tipo de tarjeta emitida por institución, los siguientes aspectos: tipo de tarjeta de crédito, tasa de interés de financiamiento y de mora, cobertura, plazo de pago y de financiamiento, número de puntos de venta y negocios afiliados, asi como beneficios sin costo para el cliente. Igualmente, en el caso de las tarjetas de débito, se considera: cobertura, número de puntos de venta, negocios afiliados y cajeros automáticos, desagregados en cajeros remotos y en agencias. II. DEFINICIONES .Beneficios adicionales: Beneficios o servicios que brinda la franquicia (o marca) y el calificados como tales por los emisores de tarjetas, no siendo por tanto responsable el Banco Central de Venezuela de dicha calificación ni sobre su otorgamiento o no a los y las tarjetahabientes. Cobertura: Ámbito geográfico o sector de mercado en el cual puede ser utilizada la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Emisor: Empresas emisoras y operadoras de tarjetas de crédito, asi como las instituciones bancarias autorizadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, que emitan u otorguen tarjetas de crédito, débito, prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, de uso nacional, internacional, o en ambas modalidades en el territorio nacional. Franquicias: Entidades que otorgan las licencias de emisión de tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, American Express y Diners Club) y tarjetas de débito (Maestro y Visa). Negocios afiliados: Número de establecimientos comerciales que reciben pagos a través de la tarjeta en cuestión. Constituye un indicador del grado de aceptación. Plazo de pago: Período que transcurre desde la fecha de corte hasta el dia máximo pago mínimo indicado en su estado de cuenta so pena de Incurrir en mora. Puntos de venta: Número de terminales de punto de venta que pueden procesar aceptación. Tarjeta de crédito: Instrumento magnético, electrónico o de cualquier otra tecnologia de identificación del o de la tarjetahabiente que acredita una relación contractual entre el emisor y el o la tarjetahabiente, en virtud del otorgamiento de un crédito a corte: plazo o línea de crédito a favor dei segundo, el cual podrá ser utilizado para la compra de bienes, servicios, cargos automáticos en cuenta u obtención de avance de dinero en efectivo, entre otros consumos. . Tarjeta de débito: Instrumento magnético, electrónico o de cualquier otra tecnologia previa solicitud de parte del o de la titular de la cuenta bancaria. Tarjetahabiente: Persona natural o jurídica a la cual el Emisor, otorgue tarjetas de crédito, débito, prepagadas, y/o demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, para el uso de un crédito, línea de crédito o cargo en cuenta. Tasa de interés de financiamiento: Tasa promedio anual que cobra la institución bancaria emisora al tarjetahabiente por concepto del crédito. Tasa de interés de mora: Tasa promedio anual que cobra la institución bancaria deben ser calculados sobre el saldo vencido y no sobre todo el capital originario. III. TARJETAS DE CRÉDITO En esta sección se detallan las tasas de interés de financiamiento y de mora que las Instituciones bancarias cobran a sus clientes por el uso de las tarjetas de crédito, la cobertura, los plazos de pago y de financiamiento, el número de puntos de venta y de negocios afiliados (Anexo N° 1), así como los beneficios adicionales que recibe el tarjetahabiente (Anexos N° 2 y 3). Las tarjetas de crédito se encuentran clasificadas por niveles, de conformidad con Circular emitida por el Banco Central de Venezuela el 04/03/2008, la cual estabiece: Nivel 1 (clásicas y similares), Nivel 2 (doradas y similares), Nivel 3 (platinum y similares) y Nivel 4 (black y similares). Estas tarjetas operan bajo las franquicias Visa, Mastercard, American Express y Diners Club, y tienen cobertura nacional e internacional, en el caso de las privadas, las cuales son aceptadas exclusivamente en los comercios afiliados a nivel nacional. Martes 4 de octubre de 2016 En materia de tasas de interés, el Banco Central de Venezuela fijó las tasas de interés de financiamiento anual para las tarjetas de crédito en 17% la mínima, 29%6 la máxima y 3% aplicadas. En este sentido, la mayoría de las Instituciones bancarias se ubicaron en la tasa máxima de financiamiento. Sin embargo, el Banco Nacional de Crédito, en su tarjeta privada, presentó una tasa del 26%. La tasa de mora se ubicó en 3% anual para todas las instituciones. Por otra parte, las tarjetas de crédito denominadas "Cédula del Buen Vivir Bicentenario" (15%) y "Cédula del Buen Vivir Turismo" (18%), ofrecidas por la banca pública han sido unificadas en.la actual "Cédula del Vivir Bien". Mediante Aviso Oficial del 19/09/2013 (G.O. N° 40.266 del 07/10/2013), este Instituto fijó en 15% la tasa de interés activa mínima mediante Aviso Oficial del 19/09/2013 (G.O. N° 40.266 del 07/10/2013), se estipuló para la tarjeta de crédito identificada "Somos", perteneciente al Banco de Venezuela, una tasa mínima de financiamiento del 14%. Con relación al plazo de pago, el mismo oscila entre 20 y 30 días y el de financiamiento entre 24 y 60 meses, el máximo de financiamiento lo ofrecieron la banca pública, así como el Banco Fondo Común (BFC), el Banco Occidental de Descuento (BOD), Plaza, Caroni y Sofitasa; no obstante, la mayoría de las instituciones bancarias financian a 36 meses. Las tarjetas de crédito son aceptadas en 431.653 puntos de venta, instalados en 348.994 negocios afillados en el país. Es importante señalar, que existen 38.867 negocios adicionales que sólo aceptan la tarjeta American Express del BOD. (Anexos N° 5 y 6). IV. TARJETAS DE DÉBITO afiliados y cajeros automáticos que aceptan tarjetas de débito emitidas por las instituciones bancarias, previo otorgamiento de licencias Maestro y Visa (Anexo N° 4). Estas tarjetas pueden ser utilizadas sólo a nivel nacional y son recibidas en 431.536 terminales de puntos de venta, instalados en 348.876 negocios afiliados, así como en 9.936 cajeros automáticos (Anexos N° 5, 6 y 7). Algunos negocios afiliados disponen de dos tipos de terminales, los que aceptan las tarjetas de crédito y débito, y aquellos que sólo admiten transacciones de débito, lo cual las tarjetas de crédito. ANEXO N° 1 Información acerca de Tarjetas de Crédito Franewde Banco 2.3.4 V6a 3 494 3.183 29.00% 3.00% 20 100% BANCO Naconal 1. 2. 3. 4 Meslercard Viea 1. 2. 3. 4 7 691 9.078 3.00% 20 ACTIVO 29.00% Neconal Masiercard 1.2. 2. 4 1.790 63 1 063 1, 2.1.4 29.00% 3.00% 20 Masiercard moe N AGRICOLA Viea 1.2. 3.4 13 645 3 12 971 29.00% 3.00% 20 BANCARIBE Masiercard 1. 2. 1. 4 V 1.2. 3 4 Masiercard 1.2.3. 4 94 280 108 463 3.0% 25 3 BANESCO 29.0% Amarican 1.2.4 Fapress. Nacional ) Pevada 1200 2.3.4 Vise 8.419 7.082 1 3.00% Necional 29.00% BANPLUS 1. 2. 1.4 Masiercard Vee 1. 2. 3. 4 1.308 8 238 3.00% 20 Nacional 29.00% BFC Mastercard 1. 2. 3, 4 Visa 1. 2. 3. 4 29.0% 3.00% Nacional e 60 38 551 35.739 BICENTENARIO Intemecional Masiercard 15.00% cn 1. 2.3. 4 Visa 40.783 o2 1. 2. 3. 4 Mosiercard Netionel 29.00% 3.00% 60 48.274 BOD 38.067 21 1, 2.3., 4 40.763 20 Privada 2 Nacional 1 Viss 1, 2, 3, 4 3 870 4.123 60 29.00% 3,00% 08 CARON Nacionai 1. 2.3. 4 Maslercard Vsa 3 3.00% Necional 20 . CITIBANK 29.00% 1, 2,3. 4 Maslercard Vee 1. 2. 3. 4 1.811 20 3.00% 2 028 29.00% Necional DEI. SURR 1. 2. 3. 4 Mestercard Vea Nacional e 1. 2. 3, 4 28.00% 4 002 4.1986 21 60 3.0% Ivtemnacional DEL TESORO Mastercard 15.00% 2n 1. 2.3. 4 Viee 13 22ª4 10 855 28.00% 3.00% Nacionai 20 48 EXTERIOR 1.2.3. 4 Mestercard Vse 1. 2.3.,4 α 33 321 52 563 1. 2. 3. 4 Maslercard Nacionel 3.00% MERCANTIL 29.00% 22 Diners Ckb 3 20 18 Privada Nacional (x) Vae 1.7.3.4 13 048 16 394 Nacionel 29.00% NACIONAL DE 3.0% 3e Masiercard 3 0.2.3.4 CHEOITO Neckonal 1) 3 Prihada 26.00% 1 231 36 311 3.00% 20 1. 2.3. 4 Nacional Masiercard 29.00% NOVO BANCO 1.2.3.4 Visa 4 352 3.702 20 60 3,00% Nacional 29.00% PLAZA Mastlercard 1.2.3. 4 1. 2.3. 4 Visa 62 101 38 057 25 Nacionel 36 3.00% PROVINCIAL 29.00% 1. 2. 3. 4 Masiercard 1.2.3 Visa 3.474 7.883 80 20 3,0% 29.0% SOFITASA Mastercard 1, 2.3. 4 1.2.4 22 Vasa VENEZOLANO 1 255 29.0% 3.00% Nacional 1,2.3 Mestarcard 21 1.2.3 Visa 29.00% 1.2.3.4 hacional e 6 14,00% () Irvernacional Mastercard 29 533 25 8u7 3.00% x VENEZUELA 1 15.00% (2) 29.% Nacional (1) Prirada 24 (1) Úncamenta en ine eslabiecmienios afiadus al banco, según lo esiapiecido en al converuo legado enero ambas paris página original (tal como se publicó) [Página 41] Martes 4 de octubre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ANEXO N° 2 Beneficios ofrecidos por las franquicias al consumidor Nivel Americen Espross Seguro de accidentes de vajes Cenero Giohal Service, Masier Seguro de sccidenies en viajes Servicos de asisiencia en viajes. de Asislencia Giobal. seguro de viajes Acceso al programa intemacional Selects. Giobal Master Service, Daners Cub Cash Selones VIP Servicios de asisiancia en viajes. Seguro de acodentas de viajes, seguro seguro de viaias servicios en aeropuenos de Europa. Asia uo eruerersg vopegne sepapuone op y Sur Aménca. viajes y otros servicios exclusivos Master seguro de autos. Selecis. 2 suors/nore so seuope odo od epexdery y proveedores de servicios turísticos en la mayoria de los palses Cenero de Asistencia Giobal. Global Master Service. 3en vicios viajes. niqudados, Bulomouiies médico 3 negocio. ofertas Exckuaias de vapes Cenitro de Asiniencia Giobal. de asisencie Personal. Indnite ofertas 0*9779 Gerantia olednbe Cenero Otros beneficios adicionales sin costos Banco Feangddia Nibvel Baheos Viea 2. 3.4 Alención lelelónica a vavés del centro de slención al 100% BANCO Banco Iniemel. 1,2,3,4 Mesiercart Pago de sus larjelas a Iravés de la dreción Vaa 1, 2, 3. 4 mon bencoasiro.oae Recepción de los estados de ACTIVO cuenia mensuales via coreo elecrônico Envio de Maslercerd 1, 2. 3. 4 SMS a momento de realzar los comoras. Abención 1eielónca por e: 0501-999 99 99 : C212- 1.2.3.4 AGRICOLA Meslercard 953.78 42, las 24 horas. los 365 dies del afo 1. 2. 3, 4 Visa Mireits.2.x.5: Pan de Miles Barcaribe BANCARIRE Mastlercard 1, 2, 3, 4 birel.E: Asistente personai 1. 2,3. 4 Visa Ranescc Line esckuahvo. banco lelelónica On 1, 2. 3, 4 Manlercard descuento alanras comerciales. senvicio de Alención personalzado viajero. Servicio de alención lel Senvicio BANESCO American 1, 2. 4 24 hores, a Iravén de los números 0500. Express -E12-8 A 009-X3NV-1090 A 005-X3WV vevbs bancarias pegos. 2080333 (1. lem dispensadoras de auloservicios (ridad de seguros y Priva de m o s 2 u g r Viese 2, 3.4 . Resumen de año. Envio de SMS por Iransacciones. BANPLUS 1, 2, 3. 4 cuenta de e-banking por Mestlercard . mon.banplus.com Viss 1, 2, 3, 4 Acceso graluin g BFC en linen pera cona:/Rlas. BrC Iranslerencias Fstados de retos cuenia 1. 2. 3. 4 MasterCard delalados Envio de estados de cuenta via correo electrónico. 1, 2, 3, 4 Visa Nirel.g: Prorty Pess acceso a salas VP coneules de saldo, movimieantoe y pagos, a través de RICENTENARIO en aeropuertos. Dagira welb: wne bicentenanobu com Aenoión 1, 2, 3, 4 Maslercard telefónica por el 0800BANCA00 (0NO0-2282200) Vea 1. 2. 3.4 e través del (001000 9000 y Moslercard 1. 2, 3., 4 dias del afo. (0501320.000. Servici0 BOO Movl & Vars de SMS pera notificación de consumos realizados y Servido de slención lelefónica las 24 transacciones de consulta de saldo de la tarjeta. BOO hores. a bavdo de los números 050. wee.bod.cm.xs. American Senvicio AMEX-500 y 0501-AMEX-800 y 50-212. pera 1.2.3.4 coneulas de saldo, movimierios y pane, Senvielo Espress 208033 (Llamedas Internacionales). Home Banking Vevde de página Seguro de accidentes de viaje. de saldos y movimientos. Priva de n 2 Vasa 1, 2, 3, 4 Servicio de alendión lelelónica las 24 heras, los 365 CARONI dias del afo. Ervio de estados de cuenta via correo elecirónion, cuando el oler de lo solcte. Maslercard 1, 2, 3, 4 Vea Envio de estados de cuenta via correo eleciónico, CITIBANK Servicio banca efeciróna por enme.cilbaclcare 1, 2. 3, 4 Mastercard Pagu de sus tagelas y accano * sus estados de Viea 1, 2, 3, 4 digrales DEL SUR V886 8 0 (0/ C-00 1, 2. 3,4 Mesiercard bansacdiones y noicacon de vencimierão de pego via SMS Alención personalizada en Vioa 1, 2. 3, 4 0800-2837676 y por 0800BANCA00 (0800- 2262200) DEL TESORO Consulta estados de cuenta de la Tarjeta a través de iniemel Meastercard 1, 2, 3, 4 por wae btgalure. Emisión del piésico sin coso. para lia larjela de crèdito "Cédula del Viver Bier". Alención lelefónica ias 24 hores, los 365 dias bei ano Vise 1, 2, 3, 4 508 50 0 Cansulla de saldos, movirnienioe y pego EXTERIOR Mesiercard 1. 2, 3, 4 nouocciones via SMS a travès de EXTERIOR Nexo o Mensaje Vaa 1, 2, 3.4 Boios Mercandi, en al cuel, por cada consumo que realice acumule bonos Carenties aplicados a i 1, 2,1,.4 Mesiercard desde con ia Lajeca. Dners Cub Awards. pmgrama de bonfcacióe de intereses por fnanciamvento y MERCANTIL Diners Cub pago oportuno. 3 Rainiegro del 1% de los consumos lacturados con la Prrada o Tarjeta Imalgenie Caracas Counary Cub). Pragrama Bolos Mercanel Visa 1, 2. 3. 4 Servicio BNCNET consultas saldos. para de tprjeias. NACIONAL DE 1, 2. 3, 4 wme.bnc.catixs Asesoria Maslercard CREOITO del servicio de alención lelefónica 0500-262s000 o A OUe 10 0 S9 S1 8N p2 0 0005209-21.20 Prveda oi en la red de oficinas. Alención personalizada al cienie las 24 horas, los NOVO BANCO 1. 2.3. 4 Mastercard cuenta mensual por correo electrónico. Mensajes SMS de confirmación por vansauciones. Cenero de atención, lelefonaca las 24 horas, ios 305 Viaa 1, 2, 3. 4 dias del año. Conauita de información vle iniemel, en PLAZA a dirección wene bancclaza.om programa punoe programa de lealtad Mesiorcard 1, 2, 3, 4 plaza. para cienios con protucus de los niveles 3 y 4 Visa 1, 2. 3, 4 web Programa Pigna Provimillas de PROVINCIAL wm.ecariocal.cam Servicio astierca de Masiercant 1, 2, 3, 4 emergencia relacionada con la tarjeta AccAS-O 1,2, 3 consultas Vise trevds wm.acfiasa.cen SOPIFASA 1, 2, 3, 4 Meslercani lws 24 horas, los 365 dias al año, a tabares dei 0500. SOFITEL Mensajeria indomaiva por MSM Visa 1, 2.4 Consulas de saldos. larieta, a lravés do ios canales diglales Notficación VENEZOLANO correo alackónico. Centro de sarvicion 1, 2.3 Mastercard (DROn. 0UON 00 S O2-EL8O A (R) pars Movine: /Movisiar Consultas de saldos. moviemienios y begos Visa 1, 2. 3 tarintas. a Iravés del sericio clavenel personai por sela com. Servicio de avstencia Nixel.s Prgrty Pass acceso a salas VP telelônica emergencias. Mastercard VENEZUFLA 1, 2. 3, 4 reclamos sosuandouee ue sugerencias. las 24 horas, los 365 dias del afo. a Z 00 D o Frvada a (1) Benelicio opcional ofrecido al cliente. Cuyn costo es asumido en su totalidad por le insthución bencana. 431.027 ANEXO N° 4 Información acerca de Tarjetas de Débito / POVIO 3.494 3.183 57 52 100% BANCO Maestre Nacional 9.078 7.891 ACTIVO Maestro Nacional 56 11 47 1.083 73 1.790 70 AGRÍCOLA Maesiro Nacional 270 244 12 971 Maesiro 13.645 28 BANCARIBE Nacional 1.436 1.344 108.463 94.280 92 BANESCO Maesiro Necional 7.082 8.419 41 BANPLUS Maesiro Necional 40 8.238 7.300 207 205 BFC Maesiro Necional 908 155 813 Nacional 35 739 Maestro 38.561 BICENTENARIO 651 127 524 48.274 40.783 Maesiro Nacional BOD 4.123 3.870 119 Nacional 129 CARONI Maesiro 10 15 15 0 CITIBANK Meesiro Nacional 0 1.811 51 2.028 52 DEL SUR Maesiro Nacional 4.198 4.002 239 44 195 Maesiro Nacional DEL TESORO 138 133 13.224 10.855 Meesiro Nadonal EXTERIOR 977 Nacional 220 52.683 33.321 1,197 MERCANTIL Mesiro N0 TVNOIOVN 337 Meesiro 480 123 16.394 13.048 CRÉDITO 311 233 NOVO BANCO Maesiro Nacional 3 0 Naconal 4 352 3.702 50 48 PLAZA Maesiro 2 Maesiro 38.067 300 1.712 2.012 Nacional 62 101 PROVINCIAL 147 20 127 3.424 2.863 SOFIYASA Maesiro Nacional Meesiro VENEZOLANO DE 142 1 205 1.137 45 97 Nacional Visa CRÉOITO Superelectire 1 300 25.897 1 591 285 VENEZUELA Maestre 29 533 Nacional 1/ Ubicedos fuera de las agencias. 2/ Ubicados dentro de les agendas ANEXO N° 5 NÚMERO DE PUNTOS DE VENTA TARJETA DE CRÉDITO 435.000 - 431.653 425.000 415.000 405.000 395.000 385.000 375.000 365.000 355.000 345.000 ene-13 jui-1 0ct-13 feb-14 abr-14 sep-14 oct-14 mar-15 oct-15 dic-15 abr-16 may-16 feb-13 ene-14 mar-14 ago-1 agosep-1 ene-16 mar-16 jun-14 1-A0U jui-16 C Cifras preliminares Fuente: Instituciones bancarias y cálculos propios. TARJETA DE DÉBITO 435.000 -4.1 1.5 36 425.000 415.000 405.000 395.000 385.000 375.000 365.000 355.000 345.000 abr-13 mar-13 may-1 0ct-13 jui-13 dic-13. ane-14 feb-14 ene-1 mar-1 jun-14 sep-14 jui-14 ago-14 oct-14 may-15 nov-14 dic-14 feb-1 abr-15 jun-15 ene-1 oct-1 ane-16 80-16 mar-16 abr-16 n0v-15 jun-16 jui-16 Cifras preliminares Fuente: Instituciones bancarias y cálculos propios. página original (tal como se publicó) [Página 42] 431.028 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ANEXO N° 6 NÚMERO DE NEGOCIOS AFILIADOS TARJETA DE CRÉDITO 355.000 - 348.994 345.000 335.000 325.000 315.000 305.000 295.000 285.000 - 275.000 0ct-13 ane-14 enenov-1 dic-13 jun-13 feb-14 ago-i mar-14 maysep-1 nov-1 enemara0r-1 c) C) Cifras preliminares Fuente: Instituciones bancarias y cálculos propios. TARJETA DE DÉBITO 355.000 348.876 345.000 335.000 325.000 315.000 305.000 295.000 285.000 275.000 feb-1 mar-1 0ct-1 eneabr-↑ may-1 agosepjundic-13 ene-14 feb-14 mar-1 febmar- Cifras preliminares Fuente: Instituciones bancarias y cálculos propios. ANEXO N° 7 CAJEROS AUTOMÁTICOS 10.600- 10.500 10.400 10.300 10.200 10.100 10.000 9.936 9.900 9.800 jun-13 jub13 ago-13 sep-13 dic-13 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 feb-14 mar-14 may-14 sep-14 0C1-13 nov-13 ene-14 abr-14 jun-14 oC1-14 ene-15 mar-15 abr-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-14 dic-14 feb-15 jun-15 nov-15 dic-15 ene-16 mar-16 ago-16 may-15 feb-16 may-16 jun-16 jui-16 jut-14 jul-15 abr-16 Cifras preliminares Fuente: Instituciones bancarias y cálculos propios. Martes 4 de octubre de 2016 9.936 3.303 1.533 1.187 1.123 912 836 494 287 261 TOTAL Gusyana Los Llanos Inerlar Capitat Central Centro- Los Andes Zurllana Nor- Orlenta1 Occidental Cifras preliminares Fuente: Instituclones bancarias y cálculos propios. Caracas, 29 de septiembre de 2016 En mi carácter de Secretario Interino del Directorio, certifico la autenticidad del presente Aviso Oficial. Comuníquese y publíg A PRIMERA VICEPAESIDRNCIA5 GERENCIA Eudomar Toar PrimeE Vicepresidente Gerente (E) MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA REPÚBLICA·BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 0 3 0CT 2016 206°, 157° y 17° 016115 RESOLUCIÓN N°_ El Ministro del Poder Popular para la. Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR PADRINO LÓPEZ, nombrado mediante Decreto N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 numeral 22 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de noviembre de 2014, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Orgánica de Procedimientos Administrativos de fecha 01 de julio de 1981, RESUELVE PRIMERQ: Corregir la Resolución N° 015436 de fecha 12 de agosto de 2016, mediante la cual se encomendó a la empresa del Estado FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A., ente adscrito a este Ministerio, la procura y compra de SEISCIENTAs VEINTIOCHO (628) baterías según relación en ella descrita; en consecuencia, donde dice: "...3. Ciento cincuenta _y ocho (158) baterías_de.72AH±_izquierda..".debe.decir:…..3. Ciento.cincuenta y. ocho (158) baterías de AAquierdaA 015436. dec fecha2 de agosto de 2016,con las correcciones incluidas manteniéndose el mismo número y fecha. Comániquese y públíquese. Por el Ejecutivo Nacional, PIMIRPADRINO LÓPEZ Geñeral en Jefe Midistro del Poder Popular ata la Defensa REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIÓ DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 12AGO2016 206°, 157° y 17° RESOLUCIÓN N° 015436 El Ministro del Poder Popular para Ia Defensa, GENERAL EN JEFE VLADIMIR PADRINO LÓPEZ, designado-mediante Decreto Presidencial N° 1.346 de fecha 24 página original (tal como se publicó) [Página 43] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 4 de octubre de 2016 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.526 de fecha 24 de octubre de 2014; en ejercicio de las contenido de los artículos 38 y·40 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordada relación con lo dispuesto en los artículos 24 y 25, numeral 4 del Decreto N° 1.439 con Rango, Valor-y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.156 de fecha 19 de noviembre de 2014 y vista la solicitud presentada mediante Punto de Cuenta sin número de fecha 06 de julio del 2016; por el ciudadano General de División SAMIR SAYEGH ASSAL, Comandante del Comando Logístico Operacional, RESUELVE PRIMERQ: A:los fines de asegurar y mantener la operatividad del parque automotor de las diferentes unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para garantizar la seguridad y defensa de la Nación, es necesario ENCoMENDAR a la empresa del Estado FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A, ente adscrito a este Ministerio y en función del objeto para el cual fue constituida,fa procura-y Compra de SEIScIENTAs VEINTIOCHO (628) baterías según la siguiente relación: Cientotreinta yghco (135) baterías de 62AH+ derecha. Ciento sesenta y cinco (165) baterías de:62AH+ izquierda. 23 3. Ciento cincuenta y ocho (158) baterías de 74AH+ izquierda. 4. Gientoscincuenta y ocho (158) baterías de 100AH+ izquierda. 5. Siete (07) baterias de 120An-derecha. 6. Cinco-(05) baterías de 120AH+ I2quiera. SEGUNDO: Los bienes anteriormente descritos constituyen el objeto de la presente INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A.", para lo Cual dispOndrá de un monto total de SETENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS UN BOLÍVARES CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 79.068:301,42), debiendo efectuar la procura de los mismos en un plazo máximo de seis (06) meses, contados a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de la presente Resolución. El Comando Logístico Operacional será el encargado de recibir los bienes objeto de la presente Encomienda de Gestión, a los fines de mantener la operatividad del parque automotor de las distintas unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. TERCERQ: El requerimiento a que se refiere esta Encomienda, será imputado y cargado por la Fuente de Financiamiento 1 "INGREsos oRDINARIos" con cargo al Presupuesto de Ley de -año 2016, de la Unidad Ejecutora Local 70001. Reservas Estratégicas del Comando Logístico Operacional de las sub especificas presupuestarias 402.08.09.00 "REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE" y 403.18.01.00 *IMPUESTO AL VALOR AGREGADO". Para la ejecución de la presente Encomienda de Gestión, la empresa del estado FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A.", deberá Cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal, con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones. Públicas y su Reglamento y demás procesos administrativos correspondientes. CUARTO: La presente Resolución. entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese.. ADIIR PADRINO LÓPEZ Lheral en Jefe Ainistio del Poder Popular MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE AGRICULTURA URBANA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE AGRICULTURA URBANA DESPACHO DE LA MINISTRA CARACAS, 19 DE SEPTIEMBRE 2016 AÑOS 206°, 157° y 170 RESOLUCIÓN N° 053-16 La Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana, LORENA FREITEZ MENDOZA, designada según Decreto N° 2.196 de fecha 20 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.832 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 78 numeral 22 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, RESUELVE Artículo 1. Designar a la ciudadana FERNANDEz CARRILLO zULEYMA DE LAS MERCEDES, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V- 5.766.128 como Directora Estadal del estado Trujillo,adscrita al Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana, en calidad de Encargada. 431.029 ArtíCulo 2. La CiUdadana, FERNANDEZ CARRILLO ZULEYMA DE LAS: MERCEDES, anteriormente identificada ejercerá las siguientes atribuciones: 1. Ejercer, en la región bajo su dirección, la rectoría en materia de almacenamiento y distribución de productos agrourbanos para potenciar la seguridad y soberanía alimentaria del País. 2. Ejercer la supervisión y seguimiento de los programas de desarrollo agrourbano, de acuerdo a las directrices de los Despachos de los Viceministros o de las Viceministras. Ejecutar la implantación de los mecanismos para garantizar el 3. funcionamiento y tigre-de los planes, programas, proyectos y demás instrucciones que establezca el Despacho del Ministro o de la Ministra, Despachos de los Viceministros o de las Viceministras en coordinación con la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. Coordinar, participar y dar seguimiento a los acuerdos decisiones y 4. acciones que se suscriban en las reuniones efectuadas y presididas conjuntamente con las asociaciones de productores(as) en materia vegetal, pecuaria, acuícola, así como comunidades indígenas, unidades de producción, demás organizaciones agrosocioproductivas, representantes de gobernaciones, alcaldías y de otros órganos y entes públicos y privados del sector agroproductivo en coordinación con los Despachos de los Viceministros o de las Viceministras en las materias de competencia del Ministerio. Impulsar conjuntamente con la Dirección General de Estrategias del 5. Conocimiento Agrourbano, la transferencia e intercambio de conocimientos y de saberes entre productores(as) y comunidades organizadas. Las demás funciones que establezcan las leyes, los reglamentos y las 6. resoluciones en materia de su competencia. Artículo 3. Los actos y documentos que se suscriben en el ejercicio de esta designación deberán indicar inmediatamente, bajo la firma del funcionario la fecha y número de esta resolución, así como el número y fecha de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela donde hubiere sido publicada de conformidad con el numeral 7 del artículo 18 de ta Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Artículo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir del primero (01) de Octubre de 2016. Dada en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre dei año 2016. A los 206º años de la independencia, 157° de la Federación y 17° de la Revolución Bolivariana. Comuníguese y pubuese, LNEZUELA Por el Eiecutivo Nacio LORENA FREITEZ MÈNDOZA MINISTRA DEL PODER/POPULAR DE LA AGRÍEULTURA URBANA Según Decreto N° 2.196 de fecha 20 de enero de 2016, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.832 de la misma fecha. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO-DEL MINISTRO FECHA: 23/09/2016 N° 249 AÑOS 206º; 157º y 17º RESOLUCIÓN De,conformidad con el artículo 3 del Decreto Presidencial Nº 2.181, de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.826, de fecha 12 de enero de 2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; y lo dispuesto en los artículo 3 y 10 de la Resolución N° 4021 de fecha 18 de marzo de 2013. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.130 de fecha 18 de marzo de 2013, mediante la cual, se Regulan los Programas Nacionales de Formación Avanzada en el Subsistema de Educación Universitaria, CONSIDERANDO Que es competencia del Ministerio_del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, la regulación, página original (tal como se publicó) [Página 44] 431.030 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA formulación y seguimiento de políticas, planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de Educación Uniyersitaria, lo cual comprende la orientación, programación, desarrollo, promoción, coordinación, supervisión, control de gestión de las políticas de formación docente y evaluación en ese nivel; así como, la creación de Programas Nacionales de Formación, una vez cumplidos los requisitos académicos exigidos a tal efecto, 9026 CONSIDERANDO Que el Gobiero de la República Bolivariana de Venezuela, tiene como política pública, la creación y el desarrollo de espacios para la participación directa de las comunidades, propiciando el sentido profundo de la crítica, que haga posible generar procesos de social contemporánea, comprensión dinámica de fundamentalmente desde el valor de la historia, en sus distintas dimensiones, favoreciendo procesos de unidad, integración, tolerancia, interculturalidad, el poder popular, la paz y la defensa de nuestra libertad y emancipación, ante las amenazas imperiales, CONSIDERANDO Que la historia, desarrollada en el marco de un Programa Nacional de Formación Avanzada, se convertirá en un referente fundamental de una historia con características insurgentes, que permita dar cuenta de las coyunturas recientes del proceso socio-político nacional y consolide efectos de formación para la transformación del pueblo, CONSIDERANDO Que es responsabilidad del Estado, generar procesos de formación para priorizar actitudes, conocimientos, habilidades, destrezas y compromisos, para impulsar la construcción de una conciencia histórica, para fomentar la identidad nacional, promoviendo el estudio de la misma, y así, favorecer la liberación, la emancipación y la descolonización de la memoria del pueblo venezolano, RESUELVE Artículo 1. Se crea el Programa Nacional de Formación Avanzada en Historia, como el conjunto de actividades académicas, centradas en la investigación e innovación; en la creación y recreación de saberes; dirigidas a profesionales universitarios, las cuales conducen al otorgamiento del grado académico de Magister Scientiarium en Historia, o de Doctor o Doctora en Historia, una vez cumplidos los requisitos establecidos para cada uno. Artículo 2. El Programa Nacional de Formación Avanzada en Historia, tendrá las siguientes características: 1. Socialmente pertinente. Lo que se expresa en el grado de correspondencia entre el programa y las necesidades locales, regionales y nacionales; en términos, tanto de su contribución al desarrollo económico, social y _cultural del país, como de sus aportes al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. La pertinencia alude a los aspectos académicos propiamente dichos, que tienen que ver con los contenidos y prácticas docentes, con los aportes a los marcos teórico-metodológicos: así como, también, a las relaciones que se pueden concebir en la atención de problemáticas específicas en los territorios y su articulación con el fortalecimiento del Poder Popular. 2. De desarrollo integrado. Puede otorgar los grados académicos establecidos en la normativa vigente sobre estudios de postgrado, sin que ello suponga cortes y reinicio administrativos para dar continuidad a los estudios. Del mismo modo, el Programa Nacional de Formación Avanzada en Historia, establecerá sus lineamientos para la realización de investigaciones, en los casos que se considere necesario para el desarrollo específico de áreas-problemas. 3. Interinstitucional en red. El Programa Nacional de Formación Avanzada en Historia, estará adecuado a las lógicas de producción socialización de conocimientos, y tecnológicamente mediadas, para facilitar el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las instituciones; así como, el uso racional y eficiente de los recursos operativos, financieros y tecnológicos. 4. Flexible. Implica que su desarrollo curricular contempla una carga de unidades curriculares obligatorias, privilegiando de este modo la oferta de unidades curriculares acreditables asociadas a las líneas de investigación que ha generado y desarrollado el Programa Nacional de Formación Avanzada en Historia. La flexibilidad también está asociada tanto a los tiempos que cada cursante pueda requerir para completar los tramos, como la posibilidad de cursar unidades curriculares en otros espacios académicos que sean autorizados por el Comité Académico del Programa. 5. Visión integral. El Programa Nacional de Formación Avanzada en Historia, está concebido desde un enfoque integral, problemas, incluyendo todos los medios necesarios para dar respuesta a las situaciones complejas que delinean el campo de la historia. Martes 4 de octubre de 2016 6. Potente'y dinámico en lo teórico y metodológico. El Programa Nacional de Formación Avanzada en Historia, tendrá solidez y solvencia en la producción y manejo de teorías, metodologías y técnicas avanzadas. Es decir, debe ser un espacio para la producción, recreación e innovación de saberes del más alto nivel. 7. Divulgación permanente de saberes producidos, en distintos soportes, formatos y metodologías, que pueden ser a través de revistas, foros, textos, monografías, congresos, del más alto nivel. Artículo 3. El grado académico a otorgar responde a Magister Scientiarium en Historia, luego de haber cumplido con la aprobación de treinta y seis (36) unidades crédito, y Doctor o Doctora en Historia, luego de haber cumplido con la aprobación de cuarenta y cinco (45) unidades crédito; así como, los demás requisitos que apliquen, según lo establecido en la normativa de gestión del Programa Nacional de Formación Avanzada, en cada uno de los grados. Artículo 4. Se conforma el Comité Técnico Académico del Programa Nacional de Formación Avanzada en Historia, quien será el órgano asesor del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología en la materia, encargado de la coordinación entre las distintas instituciones responsables de la gestión del programa, integrado por un (1) miembro del Centro Nacional de Historia, por cada espacio territorial que conforme la red interinstitucional, un (1) miembro por cada Institución de Educación Universitaria o Instituto_de Estudios Avanzados que gestione el Programa Nacional de Formación Avanzada_y un (1) representante del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, con sus respectivos suplentes. Artículo 5. El Despacho de la Viceministra o el Viceministro para la Educación y Gestión Universitaria, queda encargada o encargado de la ejecución de la presente Resolución. Artículo 6. El Ministro o Ministra del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, será el órgano responsable de resolver las dudas y controversias, que puedan derivarse de la ejecución e interpretación de este acto. Artículo 7. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, por el Ejecutivo Nacional JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSEA Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnplogía Decreto N° 2.181 de fecha 6 de enerode 2016 Gaceta Oficial N° 40.826 de fecha 12 de en de 2016 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO FECHA: 27/09/16 N° 253 AÑOS 206º, 157º y 17º RESOLUCIÓN De conformidad con el artículo 3 del Decreto Presidencial Nº 2.181, de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.826, de fecha 12 de enero de 2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; y lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución N° 3072 de fecha 2 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.876 de fecha 5 de marzo de 2012, mediante la cual, se establecen los Lineamientos Académicos para la Creación, Autorización y Gestión de los Programas Nacionales de Formación en el marco de la Misión Sucre y la Misión Alma Mater, CONSIDERANDO Que es competencia del Ministerio_del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, la regulación, formulación y seguimiento de políticas, planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de Educación Universitaria, lo cual, comprende la orientación, programación, desarrollo, promoción, coordinación, supervisión, control de gestión de las políticas de formación docente y evaluación en ese nivel; así como, la creación de Programas Nacionales de Formación, una vez cumplidos los requisitos académicos exigidos a tal efecto, página original (tal como se publicó) [Página 45] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 4 de octubre de 2016 CONSIDERANDO Que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, tiene como política pública, la creación y el desarrollo de espacios para la participación directa de las comunidades, propiciando el sentido profundo de la crítica, que haga posible generar procesos de dinámica comprensión la social contemporánea, de fundamentalmente desde el valor de la historia, en sus distintas dimensiones, favoreciendo procesos de unidad, integración, tolerancia, interculturalidad, el poder popular, la paz y la defensa de nuestra libertad y emancipación, ante las amenazas imperiales, RIDIC CONSIDERANDO Que la creación del Programa Nacional de Formación en Educación mención Orientación, tiene como objetivo, la promoción y la formación de las profesionales y los profesionales de la docencia con reconocida moralidad y comprobada idoneidad académica, con el propósito de facilitar el crecimiento integral de las estudiantes y los estudiantes, a través de una atención personal, familiar, comunitaria y social, CONSIDERANDO Que el Estado Venezolano, requiere que las instituciones de Educación Universitaria, los organismos públicos y las organizaciones sociales articulen y unifiquen esfuerzos para una formación universitaria de calidad, que permita, tanto el desarrollo de investigaciones teóricas y aplicadas en las áreas de la orientación, así como la formación integral del docente, teniendo como valores: la solidaridad, la conciencia social, el humanismo, la tolerancia y el respeto, RESUELVE Artículo 1. Se crea el Programa Nacional de Formación en Educación mención Orientación, como el proceso mediante el cual, se .ejecuta el proyecto educativo que conduce al otorgamiento de títulos de Licenciada o Licenciado en Educación mención Orientación. Artículo 2. El Programa Nacional de Formación en Educación mención Orlentación, tendrá los siguientes objetivos: 1. Constituir una red de conocimiento y aprendizaje para la generación, transformación y apropiación social del conocimiento en el campo de la Orientación, al servicio de la Nación, y en particular, promover activamente la articulación y cooperación solidaria entre las Instituciones de Educación Universitaria con programas en el área; la vinculación de la educación universitaria con los organismos del Estado y organizaciones soclales, en función de la pertinencia de la formación y la creación intelectual. 2. Formar profesionales en las complejas dimensiones pedagógicas de la atención integral en el campo disciplinario, pa:a garantizar el desarrollo de las potencialidades propias del ser humano, con el fin de mejorar su perspectiva sobre la vida, en concordancia con los lineamientos jurídicos, normativos y políticos que el Estado promueve en materia de Educación mención Orientación. 3. Desarrollar proyectos que sean factibles para la transformación a nivel comunitario, regional y nacional, relacionados con la promoción de la posibilidad de desarrollo, así como la difusión los derechos y deberes de los niños, niñas, adolescentes y adultos que ameriten orientación educativa, a través de acciones que emprende los órganos del Estado, en forma conjunta o separada, a fin de propiciar comunidades, en concordancia con los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, y las políticas emanadas del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Artículo 3. El Programa Nacional de Formación en Educación mención Orientación, tendrá las siguientes características generales: 1. La formación humanista, social y dialéctica, sustentada en la integración de contenidos y experiencias pedagógicas, durante todos los trayectos formativos con los niños, niñas, adolescentes y adultos, mediante los servicios de orientación; además del abordaje de los problemas en contextos reales con la participación de diversos actores, así como la consideración de la multidimensionalidad de enfoques para la orientación, abordar permita desarrollar que investigaciones e i que promuevan la innovaciones transformación universitaria y la solución de los problemas en los diversos procesos inherentes a la Educación mención orientación. 2. La conformación de los ambientes educativos como espacios comunicacionales abiertos, caracterizados por la libre expresión y el debate de ideas, la sistematización de la orientación en los espacios formales y no formales, lo que implica la valoración y resignificación de los valores, conceptos, saberes para la promoción de la calidad de vida y el bienestar integra de la población. 431.031 3. Modalidades curriculares flexibles, adaptadas a las distintas necesidades educativas, a los recursos disponibles, adecuándose a las características de cada municipio, así como el empleo de métodos de enseñanzas que activen los modos de actuación del futuro profesional en el área de la Educación mención Orientación. 4. La definición de sistemas de evaluación que promuevan el aprendizaje, la reflexión y la formación permanente, considerando los distintos actores y aspecto del quehacer educativo, la valoración del impacto social, con respecto a la convertiste en personas plenas, funcionales, autónomas, responsable de si mismos y de su interacción social. 5. La articulación de los estudios conducentes a certificaciones y títulos, facilitando las condiciones para el ingreso, egreso y reincorporación de las estudiantes y los estudiantes. 6. La promoción, el reconocimiento y la acreditación de experiencias en distintos ámbitos. Artículo 4. El Programa Nacional de Formación en Educación mención Orientación, tendrá las siguientes características específicas: a) Los estudios conducentes al título de Licenciada o Licenciado en Educación mención Orientación, estarán diseñados para tener una duración de cuatro (4) años, y doscientas tres (203) unidades de crédito. b) La unidad crédito se basará en el trabajo del estudiante, incluyendo el estudio acompañado por la profesora o el profesor, el estudio individual o en grupo, las prácticas, los laboratorios, el desarrollo de proyectos y la elaboración de informes. Los planes de estudio y programas de las unidades curriculares estimarán un máximo de cuarenta y cuatro (44) horas de trabajo del estudiante por semana. c) Las unidades curriculares del Programa Nacional de Formación en Educación mención Orientación, incluyen: c.i) Proyectos, definidos como unidades curriculares de integración de saberes y el contraste entre la teoría y la práctica, que implican la realización de actividades de diagnóstico, prestación de servicios o la producción de bienes ,vinculadas a las necesidades de las localidades. c.ii)Seminarios de formación crítico, dirigidos al estudio en profundidad de los problemas vinculados a la profesión, considerando las dimensiones éticas, políticas, sociales, culturales, económicas y ambientales involucradas. c.iii; Cursos, talleres y seminarios, dirigidos a complementar la formación profesional y ciudadana. c.iv) Actividades acreditables, realizadas por la participante y el participante en contextos comunitarios, educativos, productivos o institucionales. Artículo 5. El Programa Nacional de Formación en Educación mención Orientación, conformará una red interinstitucional que agrupará a un (1) representante por cada Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de educación universitaria, salud, deporte, comunas, relaciones interiores, justicia y paz; y otros organizados públicos vinculados con este campo de conocimiento, un (01) docente por cada institución de Educación Universitaria autorizada para gestionar el programa, un (1) experto en el área, con la participación de un (1) estudiante del tercer trayecto del Programa Nacional de Formación en Educación mención Orientación. La coordinación de la red estará a cargo del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Las y los representantes de la red interinstitucional se reunirán semestralmente o en forma extraordinaria, cuando sea convocada por el Comité Interinstitucional. Artículo 6. El Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Educación mención Orientación, será el órgano asesor del Ministerio_ del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología en la materia, encargado de la coordinación entre las distintas instituciones responsables de la gestión del programa, así como de la promoción de la red interinstitucional, el cual estará integrado por: a) La Coordinadora o el Coordinador designada o designado por la Ministra o el Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. b) La Secretaria Ejecutiva o el Secretario Ejecutivo designada o designado por la Ministra o el Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. c) Una (01) o' un (01) representante del Ministerio del Poder Poputar para la Educación, designado por el Ministro de ese ministerio, y una (01) o un (01) representante de las misiones vinculadas con la Educación mención Orientación. d) Cinco (5) profesoras o profesores de las Instituciones de Educación Universitaria responsables de la gestión del página original (tal como se publicó) [Página 46] 431.032 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Programa, designadas o designados por la Ministra o el Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. e) Una (1) o un (1) representante estudiantil del tercer trayecto del Programa Nacional de Formación en Educación mención Orientación. . El quórum mínimo de funcionamiento del Comité Interinstitucional, será de cinco (5) integrantes. Artículo 7. Son funciones del Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Educación mención Orientación, las siguientes: a) Articular y promover el trabajo cooperativo y solidario entre los integrantes de la red interinstitucional del programa y con otros organismos del Estado y organizaciones sociales. b) Convocar las reuniones de la red interinstitucional. c) Realizar el seguimiento del Programa conjuntamente con las comunidades de las instituciones involucradas para garantizar la adecuación y mejoramiento continuo de su diseño y ejecución. d) Proponer mecanismos para el mejoramiento continuo del Programa, incluyendo: programas de formación de profesores, desarrollo y dotación de recursos educativos, fortalecimiento de centros de información y documentación, intercambio académico, movilidad estudiantil y docente, vinculación con empresas, comunidades y órganos del Estado. e) Realizar informes periódicos y, brindar información permanente al Despacho de la Viceministra o del Viceministro para la Educación_ y Gestión Universitaria sobre el desenvolvimiento del Programa. Artículo 8. El Despacho de la Viceministra o el Viceministro para la Educación y Gestión Universitaria, queda encargada o encargado de la ejecución de la presente Resolución. Artículo 9. El Ministro o Ministra del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, será el órgano responsable de resolver las dudas y controversias, que puedan derivarse de la ejecución e interpretación de este acto. Artículo 1'o. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, por el Ejecutivo Nacional JORGE ALBERTO ARREAZA MONTEERRAT Ministro del Poder Popular para Educación Universioria, Ciencia y Tecrología Decreto N° 2.181 de fecha 6 de enero de 2016 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N° 250 FECHA: 27/09/2016 AÑOS 206º, 157º y 17º RESOLUCIÓN De conformidad con el artículo 3 del Decreto Presidencial N° 2.181, de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.826, de fecha 12 de enero de 2016, en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; y lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución Nº 3:072 de fecha 02 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.876 de fecha 5 de marzo de '2012, mediante la cual, se establecen los Lineamientos Académicos para la Creación, Autorización y Gestión de los Programas Nacionales de Formación en el Marco de la Misión Sucre y la Misión Alma Mater, CONSIDERANDO Que es competencia del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, la regulación, formulación y seguimiento de políticas, planificación y realización de las actividades Martes 4 de octubre de 2016 del Ejecutivo Nacional en materia de Educación Universitaria, lo cual, comprende la orientación, programación, desarrollo, promoción, coordinación, supervisión, control y evaluación en ese nivel; así como, autorizar la gestión de los Programas Nacionales de Formación a las Instituciones de Educación Universitaria, que cumplan con los requisitos académicos y administrativos exigidos a tal efecto, CONSIDERANDO Que en el marco del proceso de la territorialización dentro de la transformación universitaria, los Programas Nacionales de Formación, serán impartidos en todo el territorio nacional, de acuerdo a las necesidades y potencialidades locales y regionales, para propulsar el desarrollo endógeno dentro del nuevo modelo económico socialista, CONSIDERANDO Que el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, mediante Resolución N° 0017 de fecha 27 de enero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.342 de la misma fecha, dictó el acto administrativo, mediante el cual, se creó el Programa Nacional Nacional de Formación en Medicina veterinaria, RESUELVE Artículo 1. Autorizar a la Universidad Politécnica Territorlal Deltaica "Francisco Tamayo", a gestionar el Programa Nacional de Formación en Medicina Veterinaria, con el objeto de formar talento humano con reconocida ética socialista y comprobada idoneidad académica, ejecutando así, el proyecto educativo que conduce al otorgamiento de Títulos de Médica Veterinaria o Médico Veterinario, una vez cumplidos los requisitos exigidos. Artículo 2. La institución de educación universitaria autorizada mediante este acto para gestionar el Programa Nacional de Formación en Medicina Veterinaria, sólo podrá admitir el ingreso de estudiantes de una cohorte por año, hasta la culminación de la misma. Artículo 3. La institución de educación universitaria autorizada mediante este acto para gestionar el Programa Nacional de Formación en Medicina Veterinaria, deberá presentar informes semestrales ante el Despacho de la Viceministra o Viceministro para la Educación y Gestión Universitaria del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, en el orden académico y administrativo, con el objeto de realizar el efectivo seguimiento y control en la búsqueda de soluciones a conflictos que pudieran presentarse, y así garantizar la información para la continua evaluación del Programa. Artículo 4. La institución de educación universitaria autorizada mediante este acto para gestionar el Programa Nacional de Formación en Medicina Veterinaria, supervisará el seguimiento del programa, para garantizar la adecuación y el mejoramiento continuo de su diseño y ejecución, conforme a las observaciones efectuadas por el Comité Interinstitucional del mismo y las pautas o lineamientos que al efecto establezca el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Artículo 5. La Ministra o el Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología podrá revocar o suspender esta autorización, cuando la Universidad Politécnica Territorial Deltaica "Francisco Tamayo", incumpla con las disposiciones normativas que rigen los Programas Nacionales de Formación. Artículo 6. La Viceministra o el Viceministro para la Educación y Gestión Universitaria del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, queda encargado o encargada de la ejecución de la presente Resolución. Artículo 7. Las dudas y lo no previsto en la presente Resolución serán resueltas por la Ministra o el Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. página original (tal como se publicó) [Página 47] Martes 4 de octubre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Artículo 8. Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, JORGE ALBERTO ARREAZA MONEBBE Ministro derPoder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y tecnología Decreto N° 2.181 de fecha 6 de ero de 2016 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N° 251 FECHA: 27/09/2016 AÑOS 206º, 157º y 17º RESOLUCIÓN De conformidad con el artículo 3 del Decreto Presidencial Nº 2.181, de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.826, de fecha 12 de enero de 2016, en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; y lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución Nº 3.072 de fecha 02 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.876 de fecha 5 de marzo de 2012, mediante la cual, se establecen los Lineamientos Académicos para la Creación, Autorización y Gestión de los Programas Nacionales de Formación en el Marco de la Misión Sucre y la Misión Alma Mater, CONSIDERANDO Que es competencia del Ministerio del Poder Popular la para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, la regulación, formulación y seguimiento de políticas, planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de Educación Universitaria, lo cual, comprende la orientación, programación, desarrollo, promoción, coordinación, supervisión, control y evaluación en ese nivel; así como, autorizar la gestión de los Programas Nacionales de Formación a las Instituciones de Educación Universitaria, que cumplan con los requisitos académicos y administrativos exigidos a tal efecto, CONSIDERANDO Que en el marco del proceso de la territorialización dentro de la transformación universitaria, los Programas Nacionales de Formación, serán impartidos en todo el territorio nacional, de acuerdo a las necesidades y potencialidades locales y regionales, para propulsar el desarrollo endógeno dentro del nuevo modelo económico socialista, CONSIDERANDO Que el entonces Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, mediante Resolución N° 5951 de fecha 21 de enero de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.094 de fecha 21 de enero de 2013, dictó el acto administrativo, por medio del cual, se creó el Programa Nacional de Formación en Distribución y Logística, RESUELVE Artículo 1. Autorizar a la Universidad Politécnica Territorial de Paria "Luis Mariano Rivera", a gestionar el Programa Nacional de Formación en Distribución y Logística, con el objeto de formar talento humano con reconocida ética socialista y comprobada idoneidad académica, ejecutando así, el proyecto educativo que conduce al otorgamiento de Títulos de Técnica o Técnico Superior Universitario en 431.033 Distribución y Logística, y el de Licenciada o Licenciado en Distribución y Logística, una vez cumplidos los requisitos exigidos. Artículo 2. La institución de educación universitaria autorizada mediante este acto para gestionar el Programa Nacional de Formación en Distribución y Logística, sólo podrá admitir el ingreso de estudiantes de una cohorte por año, hasta la culminación de la misma. Artículo 3. La institución de educación universitaria autorizada mediante este acto para gestionar el Programa Nacional de Formación en Distribución y Logística, deberá presentar informes semestrales ante el Despacho de la Viceministra o Viceministro para la Educación y Gestión Universitaria del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, en el orden académico y administrativo, con el objeto de realizar el efectivo seguimiento y control en la búsqueda de soluciones a conflictos que pudieran presentarse, y así garantizar la información para la continua evaluación del Programa. Artículo 4. La institución de educación universitaria autorizada mediante este acto para gestionar el Programa Nacional de Formación en Distribución y Logística, supervisará el seguimiento del programa, para garantizar la adecuación y el mejoramiento continuo de su diseño y ejecución, conforme a las observaciones efectuadas por el Comité Interinstitucional del mismo y las pautas o lineamientos que al efecto establezca el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Artículo 5. La Ministra o el Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología podrá revocar o suspender esta autorización, cuando la Universidad Politécnica Territorial de Paria "Luis Mariano Rivera", incumpla con las disposiciones normativas que rigen los Programas Nacionales de Formación. Artículo 6. La Viceministra o el Viceministro para la Educación y Gestión Universitaria del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, queda encargado o encargada de la ejecución de la presente Resolución. ; Artículo 7. Las dudas y lo no previsto en la presente Resolución serán resueltas por la Ministra o el Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Artículo 8. Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSENNAT Mnistro del Poder Popular para Educación Universitana, Ciencia y Tecrblogía RISTRO Decreto N° 2.181 de fecha 6 de enero d2016 Gaceta Oficial N° 40.826 de fecha 12 de ene REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO FECHA: 27/09/2016 N° 252 AÑOS 206º, 157º y 17º RESOLUCIÓN De conformidad con el artículo 3 del Decreto Presidencial N° 2.181, de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.826, de fecha 12 de enero de 2016, en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; y lo dispuesto en el artículo 5 de la página original (tal como se publicó) [Página 48] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 431.034 Resolución Nº 3.072 de fecha 02 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.876 de fecha 5 de marzo de 2012, mediante la cual, se establecen los Lineamientos Académicos para la Creación, Autorización y Gestión de los Programas Nacionales de Formación en el Marco de la Misión Sucre y la Misión Alma Mater, CONSIDERANDO Que es competencia del Ministerio del Poder Popular la para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, la regulación, formulación y seguimiento de políticas, planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de Educación Universitaria, lo cual, comprende la orientación, programación, desarrollo, promoción, coordinación, supervisión, control y evaluación en ese nivel; así como, -autorizar la gestión de los Programas Nacionales de Formación a las Instituciones de Educación Universitaria, que cumplan con los requisitos académicos y administrativos exigidos a tal efecto, CONSIDERANDO Que en el marco del proceso de la territorialización dentro de la transformación universitaria, los Programas Nacionales de Formación, serán impartidos en todo el territorio nacional, de acuerdo a las necesidades y potencialidades locales y regionales, para propulsar el desarrollo endógeno dentro del nuevo modelo económico socialista, CONSIDERANDO Que el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, mediante Resolución N° 0017 de fecha 27 de enero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.342 de la misma fecha, dictó el acto administrativo, mediante el cual, se creó el Programa Nacional Nacional de Formación en Medicina veterinaria, RESUELVE Artículo 1. Autorizar a la Universidad Nacional Experimental "Simón Rodríguez" núcleo Ocumare del Tuy, a gestionar el Programa Nacional de Formación en Medicina Veterinaria, con el objeto de formar talento humano con reconocida ética socialista y comprobada idoneidad académica, ejecutando así, el proyecto educativo que conduce al otorgamiento de Títulos de Médica Veterinaria o Médico Veterinario, una vez cumplidos los requisitos exigidos. Artículo 2. La institución de educación universitaria autorizada mediante este acto para gestionar el Programa Nacional de Formación en Medicina Veterinaria, sólo podrá admitir el ingreso de estudiantes de una cohorte por año, hasta la culminación de la misma. Artículo 3. La institución de educación universitaria autorizada mediante este acto para gestionar el Programa Nacional de Formación en Medicina Veterinaria, deberá presentar informes semestrales ante el Despacho de la Viceministra o Viceministro para la Educación y Gestión Universitaria del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, en el orden académico y administrativo, con el objeto de realizar el efectivo seguimiento y control en la búsqueda de soluciones a conflictos que pudieran presentarse, y así garantizar la información para la continua evaluación del Programa. Artículo 4. La institución de educación universitaria autorizada mediante este acto para gestionar el Programa Nacional de Formación en Medicina Veterinaria, supervisará el seguimiento del programa, para garantizar la adecuación y el mejoramiento continuo de su diseño y ejecución, conforme a las observaciones efectuadas por el Comité Interinstitucional del mismo y las pautas o lineamientos que al efecto establezca el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Artículo 5. La Ministra o el Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología podrá revocar o suspender esta autorización, cuando la Universidad Nacional Experimental "Simón Martes 4 de octubre de 2016 Rodríguez" núcleo Ocumare del Tuy, incumpla con las disposiciones normativas que rigen los Programas Nacionales de Formación. Artículo 6. La Viceministra o el Viceministro para la Educación y Gestión Universitaria del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, queda encargado o encargada de la ejecución de la presente Resolución. inr Artículo 7. Las dudas y lo no previsto en la presente Resolución serán resueltas por la Ministra o el Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Artículo 8. Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Ministro del Poder Popular para Educación Univeritara, Ciencia y ecñología Decreto N° 2.181 de fecha 6 de enee 2016 Gaceta Oficial N° 40:826. de fecha 12 de 0a6 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA FUNDACIÓN MISIÓN SUCRE Caracas, 23 de septiembre de 2016 206°, 157° y 17° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 070-16 La Ciudadana MAGALY VIDIA NEWTON CARRERA, titular de la cédula de identidad N° V.-13.029.634, en su carácter de Presidenta de la Fundación Misión Sucre, designada mediante Resolución N° 008 de fecha 18 de enero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.831 de fecha 19 de enero de 2016, de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 34, 35 y 37 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública en concordancia con el artículo 25, de la modificación del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la Fundación Misión Sucre, protocolizada por ante la Oficina del Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital en fecha dieciséis de junio de 2016, inscrita bajo el N° 26, Folio 126, Tomo 15 del Protocolo de Transcripción del presente año, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.928 de fecha 17 de junio de 2016; DECIDE ARTÍCULO 1.- Designar a la Ciudadana LUCILA DEL ROSARIO MUÑOz, titular de la cédula de identidad N° V-6.025.302, como Coordinadora General del Estado Miranda de la Fundación Misión Sucre, en calidad de encargada. ARTícuLo 2.- La ciudadana designada queda facultada para desempeñar las atribuciones y actividades inherentes a su cargo, en los siguientes términos: 1. Coordinar la ejecución de las políticas y lineamientos emanados del Colectivo de Dirección Nacional de la Misión Sucre, así como del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones Socialistas "Hugo Chávez". 2. Velar por el cumplimiento del Plan de Estudio en los diferentes Programas Nacionales de Formación (PNF). 3. Garantizar el registro de la información administrativa y académica de las y los triunfadores, docentes colaboradores y demás personal voluntariado en el Sistema Único de Captación y Registro Estudiantil (SucRE), en los tiempos establecidos y con los responsables correspondientes. 4. Verificar la veracidad de la información que se incorpora en el Sistema Único de Captación y Registro Estudiantil (SUCRE) y la consignada por las Instituciones de Educación Universitaria (IEU) en relación a los actos de grado de los diferentes Programas Nacionales de Formación (PNF). 5. Coordinar conjuntamente con las Instituciones de Educación Universitaria (IEU) la organización de los actos de grados en el estado. 6. Coordinar con las Instituciones de Educación Universitaria (IEU) la incorporación de las y los docentes colaboradores en las politicas página original (tal como se publicó) [Página 49] Martes 4 de octubre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 431.035 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO @MiguelSMunoz IG @GacetaOficial GacetaOficial.io página original (tal como se publicó) [Página 50] 431.036 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA publicación. El anterior documento redactado por el Abogado LILA CaNCEPCION OLVEIRA HERNANDEZ IPSA N.: 35369. se inscribe en el Registro de Gomercio bajo el Número: 28, TOMO -51-A . Derechos pagados BS: 0,00 Según Planua RM No. , Banco No. Por BS: 0,00. La identificación se efectuó asI: ELIAS JOSE SANCHEZ ROJAS, C.I: V-9.902.014. AbOgado ReViSOr. SONMER NAZABETH GARRIDO LANDINE hras PLANTA DE AUTOBUSES YUTONG VENEZUELA, S.A Número de expediente: 466-11659 CONST ACTA CONSTITUTIVA ESTATUTARIA DE LA EMPRESA MIXTA "PLANTA DE AUTOBUSES YUTONG VENEZÚELA, S.A." ciudadano JOSÉ LUIS BERNARDO HURTADO, venezolano, mayor de edad, de la Cědula de Identidad N° V-7.232.941, actuando en su condición de tro del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas, consta en el Decreto 1.972, publicado en la Gaceta Oficial de la República ariana de Venezuela N° 6.195 Extraordinaria de fecha 04 de septiembre de 2015, JOSE DAVID CABELLO RONDON, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V.10.300.226, en su condición de Ministro del Poder Popular para Industria y Comercio, según consta en el Decreto 2.074 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.774 en fecha 26 de octubre de 2015 y ZHAO WEN BO, de nacionalidad china, identificado con el Pasaporte N° G58143228, en su condición de apoderado en representación: de la República Popular de China, sociedad de responsabilidad limitada, iada en Unit 503, 5/F, Silvercord, Tower 2, 30 Canton Road TSIMSHATSUI, ong Kong. China, cuyo número de registro es N° 1030804 de fecha 16 de arzo de 2006, representación que consta de instrumento poder otorgado ante el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela ubicado en Hong Kong, autenticado en fecha 08 de diciembre de 2014, con el número 024/14, folios 56, 57 y 58 del Libro de Registros de Protestos, Poderes y otros Actos que lleva ei Consulado, manifestamos nuestra intención de constituir una empresa mixta del Estado bajo la forma de Sociedad Anónima, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 2048 de fecha 08 de octubre de 2015, publicado en Gaceta Oficial w° 40.763 de la misma fecha, mediante el cual el Presidente de la República autoriza la creación de la referida Empresa Mixta del Estado, bajo la forma de dad Anónima, la cual se regirá por este documento, que ha sido redactado con suficiente amplitud para que simultáneamente sirva de Acta Constitutiva y autos Sociales de la misma: CAPITULO I NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN :uisula Primera.-La empresa se denomina "PLANTA DE AUTO toNG VENEZUELA, S.A." y tiene su domicilio en la ciudad de San Fenp stado Yaracuy, pudiendo establecer sucursales, filiales, oficinas o dependencias Sualquier lugar de la República Bolivariana de Venezuela, previa autorización Asamblea de Accionistas y posterior aprobación de su órgano de anstripción. gláUsula Segunda.- La empresa "PLANTA DE AUTOBUSES YUTONG ENEzUELA, S.A.", tendrá por objeto social la actividad económica del ramo/ eomotriz. especialmente la producción, ensamblaje, distribución chrercialización, industrialización, investigación y desarrollo de autobuses Gerpás vehículos de transporte terrestre público de personas; asi como la prestación de servicios conexos, mantenimiento preventivo y correctivo, bricación, importación, exportación y comercialización de repuestos, partes y pozas, para ser comercializados dentro y fuera del país; asimismo, podrá srrollar sus actividades en el marco de la adquisición, innovación, promoción, ráficación del personal venezolano; así como el desarrollo y aseguramiento de Calidad en todas las etapas del proceso de producción, contribuyendo a -canzar la seguridad y soberania económica de la Nación, asi como cualquier cra@ctividad mercantil licita, relacionada con el objeto de la empresa. .iáusula Tercera.-La duración de la compañia será de cincuenta (50) años, ¿ortados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil spondiente. Dicho lapso podrá ser prorrogado si asi lo decide la Asamblea de nistas, previo cumplimiento de los extremos. CAPÍTULO II CAPITAL Y ACCIONES Cláusula Cuarta.-El capital social de la compañía es la cantidad de QUINIENTOS SESENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 560.000.000,00). dividido y Martes 4 de octubre de 2016 representado en QUINIENTAS SESENTA MIL (560.000) acciones no convertibles capital está suscrito y pagado de la siguiente manera: El Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas en representación de la epública Bolivariana de Venezuela, ha suscrito y pagado en su totalidad cciones, que equivalen al CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) del capital social. y cuyo valor nominal total asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs.252.000.000); El Ministerio del Poder Popular para Industrias y Comercio en representación de la República Bolivariana de Venezuela, ha suscrito y pagado en su totalidad mediante depósito bancario DOSCIENTAS VEINTICUATRO MIL (224.000) _acciones, que equivalen al CUARENTA POR CIENTO (40%) del capital social, y valor nominal total asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS ICUATRO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.224.000.000): y la empresa NG HONG KONG LIMITED, ha suscrito y pagado en su totalidad mediante to bancario OCHENTA Y CUATRO MIL (84.000) acciones, que equivalen al NCE POR CIENTO (15%) del capital social, y cuyo valor nominal total asciende a la cantidad de OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.84.000.000). Cláusula Quinta.-Todas las acciones de la compania son nominativas, de igual valor nominal, no convertibles al portador y confieren a sus titulares iguales derechos; cada una de ellas otorga a su propietario un voto en las Asambleas. Cláusula Sexta.-La propiedad de las acciones se comprueba con la respectiva aeaso deberá realizarse mediante acta de asamblea de accionistas registrada y dando cumplimiento a las formalidades legales deamente sula Séptima.-Los accionistas tendrán derecho preferencial a la adquisición aciones de la compañía que en cualquier momento alguno de ellos decida opajenar. Para el ejercicio de este derecho el precio de adquisición será el valor des acciones según los libros de la compañía al momento de la oferta y se opseivarán las disposiciones del Código Civil sobre retracto legal. Si más de un acciphista tuviere interés en la adquisición de las acciones, se prorratearán entre osen proporción directa al número de acciones que cada uno posea. gún accionista ejerciera su derecho de preferencia, el oferente quedará en Si erad para vender las a terceros, siempre y cuando no se trate de personas ratugales o juridicas que desarrollen alguna actividad comercial o industrial de auidsuses y sus autopartes, que sea directa o indirectamente desarrollada por YUTOnG HOnGKOnG LIMITED o su Empresa Matriz, a nivel nacional o internacional. gual modo, en el Supuesto de aumentos de capital, mediante de la emisión de npeßas acciones, los accionistas podrán decidir si suscriben nuevas acciones o de decidir no suscribirlas, las mismas podrán ser adquiridas solamente por nb. persânas naturales o juridicas que no desarrollen alguna actividad comercial o industrial de autobuses y sus autopartes, que sea directa o indirectamente desa rollada por YUTONG HONGKONG LIMITED o su Empresa Matriz, a nivel naconal o internacional. CAPÍTULO IIII DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS jáusula Octava.-Las decisiones que la Asamblea de Accionistas adopte dentro ds limites de sus facultades serán de obligatorio cumplimiento para todos los accionistas. El o los representantes de las acciones de la República Bolivariana enezuela presidirá las Asambleas. áusula Novena.-Las Asambleas de Accionistas pueden ser Ordinariasi Extráprdinarias y serán convocadas por el, Presidente, los accionistas o en defecto por la mitad más uno de los miembros de la Junta Directiva. Las primeras -reunirán dentro de los noventa (90) dias siguientes contados a partir de la inación de cada ejercicio económico de la compañía para conocer las adas gue se refiere el artículo 275 del Código de Comercio. MANELVO Cláusula Décima.- Las Asambleas de Accionistas, tanto Extraordinarias, deberán ser convocadas mediante aviso que se p de los diarios de mayor circulación en la ciudad de Caracas y media certificado dirigido a cada uno de los accionistas, con no menos de veinte (20) dias continuos de anticipación a la fecha de la reunión. La convocatoria deberá esar claramente el lugar, la fecha y el objeto de la reunión, para cuya validez isito indispensable la asistencia por lo menos del cincuenta por ciento sera capital social. Sin embargo, cuando se encuentren reunidos los titulares que representen la totalidad del capital socia! podrán en Asamblea sin necesidad de convocatoria previa, y en tal caso Seacoraifán el respectivo orden del día. Cláusula Décima Primera.-Las Asambleas, sean Ordinarias o Extraordinarias y cualquiera que sea su objeto, no podrán constituirse válidamente si en ellas no se página original (tal como se publicó) [Página 51] Martes 4 de octubre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA del capital social, y sus decisiones serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes, con excepción de las decisiones relativas a lo expresado en Ics literales "d" y "h" de la Cláusula Décima Segunda, las cuales deberán ser tomadas orronsenso del cien por ciento (10o%) de los votos presentes, sin perjuicio de estaecido en: la legislación aplicable y/o políticas o decisiones del gobierno no, en cuyo caso las decisiones serán tomadas por la mayorla absoluta 6tos presentes. Tanto el quorum como la mayoria aqul establecidos son aplicables aún para representaciones especiales. A las Asambieas podrá asistir con voz pero sin voto, el Presidente de la compania, previa convocatoria de los Accionistas. Cláusula Décima Segunda.- Son atribuciones de la Asamblea Ordinaria de Accionistas: a) Discutir, aprobar, improbar o modificar el informe, ei balance general y el estado de resultados que debe presentar la Junta Directiva, a través de su Presidente con vista al informe del Comisario. Nombrar los directores principales y sus respectivos suplentes de conformidad con lo previsto en la Cláusula. Nombrar el Comisario de la Compañía y su suplente. Aprobar los montos que deban repartirse por concepto de dividendos y fijar Jas reservas operativas o de capital que se consideren necesarias. Aprobar las politicas generales de operación, producción, comercialización, administración y financiamiento de la compañía. Aprobar las politicas generales para la elaboración y formulación de pian programas y presupuestos destinados a la expansión y desarrolio de empresa y al mejoramiento permanente de los servicios que ofrece. Aprobar los planes, programas y presupuestos de inversión de la compañía. Decidir acerca de la disolución anticipada de la sociedad, la prórroga de su duración o su fusión con otra sociedad. Decidir sobre el reintegro, aumento o disminución del capital social. Reformar los estatutos. Conocer de cualquier otro asunto que la Ley o estos estatutos no atribuyan a otro órgano de la compañía o que, aun siendo de la competencia de otro órgano, sea sometido a su consideración por el Presidente o en su defecto (15%) de la totalidad del capital social. Autorizar la realización de los actos, contratos y operaciones que compañía requiera para el cumplimiento de su objeto y que constituyan operaciones de crédito, que generen a la empresa obligaciones cuyo monto exceda de las cuatrocientas mil unidades tributarias (400.000 U.T.). cáosula Décima Tercera.-Es atribución de la Asamblea Extraordinaria de compañía. ¿áosula Décima Cuarta.-Si a la reunión convocada para que se lleve a efe una Asamblea de Accionistas no concurre el número de accionistas necesaã paraiconstituirla, se seguirán las reglas pautadas por el Código de Comercio. n$iderará que no existe quórum si sesenta (60) minutos después de la hora jadpara la reunión no ha concurrido la representación requerida. Cadsula Décima Quinta.-De las reuniones de las Asambleas se levantarán actas acciones que posean o representen, y de los acuerdos y decisiones que hayan tomado. Cada acta será firmada por los Accionistas asistentes. CAPÍTULO IV DE LA JUNTA DIRECTIVA Décima Sexta.-La dirección de la empresa estará a cargo de la General de Accionistas como órgano supremo de dirección, y 2amblea administrada por una Junta Directiva, de libre nombramiento y remoción, integrada por un (1) Presidente o Presidenta, quien además de presidir la Junta Directiva, presidirá la Empresa; asi corno cinco (5) Directores, con sus respectivos suplentes. El Presidente y los Directores serán designados de la siguiente manera: El Presidente o Presidenta y su suplente, será designado (a) por el o la Presidente (a) de la República Bolivariana de Venezuela, dos (2) de los Directores y sus puentes por el Ministro con competencia en Transporte Terrestre, dos (2) de los stores y sus suplentes por el Ministro con competencia en Industrias y un (1) Dirgpr y Su Suplente por YUTONG HONGKONG LIMITED. años, y permanecerán en ellos hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión, pudiendo ser reelegidos. Los Directores al entrar en el ejercicio de sus funciones deben depositar, o hacer depositar en la caja social una acción de la 431.037 compañía a los efectos de lo dispuesto en el articulo 244 del Código de Comercio. Los Directores Principales y sus Suplentes podrán ser removidos en la misma forma en que fueron designados, aun antes de finalizar los tres (3) años contados a partir de su designación. usula Décima Séptima.-Cada miembro principal de la Junta Directiva, en caso ue se encuentre temporalmente impedido de asistir a las reuniones de la Junta Directiva, será reemplazado por su suplente. En caso de falta absoluta de un miembro Principal de la Junta Directiva, será reemplazado por el suplente rdc;activo hasta que sea provista la vacante en la forma que corresponda. Cl-anula Décima Octava.-La Junta Directiva se reunirá cada vez que lo exija el i:fes de la Compañía y será convocada por el Presidente de la Compañía o efecto, por al menos tres (3) de los miembros que conforman la Ju ética. Fi:deliberar la Junta Directiva requerirá al menos de la presencia del Presiden (3) Directores y sus decisiones serán tomadas por la mayoría de los y.tres sentes; en caso de empate, el Presidente tendrá voto doble. En caso de ausencia del Presidente, para deliberar se requerirá como minimo la presencia de (5) Directores y sus decisiones serán tomadas por la mayoria de los agentes. Àias reuniones de la Junta Directiva a solicitud del Presidente o de cualquiera de sssmiembros podrá asistir la Consultora o el Consultor Juridico de la compañia y seran asistidas por la Secretaria o el Secretario de la misma, el cual levantará las ac:gs de dicha reunión y hacerlas copiar en los libros destinados al efecto, para do-certificaciones conjuntamente con el Presidente de tales actas; Asi mismo, la Secfétaria o el Secretario certificará los demás documentos que reposan en los activos de la empresa, y efectuará ante el Registro Mercantil, las gestiones uréspondientes a participaciones, solicitudes de inscripción y demás trámites quiefcorrespondan. La Secretaria o el Secretario deberá ser Abogado, y cumplirá uas las funciones inherentes a dicho cargo. Será designada o designado por el Presidente; las ausencias de la Secretaria o el Secretario serán cubiertas por la rbrena que para tal propósito sea designada por el Presidente de la compañía. : s miembros de la Junta Directiva y demás asistentes a sus reuniones estarán !ligados a guardar reserva sobre lo tratado en las mismas. ¿:suisula Décima Novena.- A las reuniones de la Junta Directiva podrán asistir Directores Suplentes cuando hayan sido convocados por el Presidente de la Ids orfipañia, con derecho a voz pero sin derecho a voto; o en ausencia del Director iripal a quien suple, en cuyo caso tendrá derecho a voz y voto. El miembro de la Junta Directiva que en un asunto determinado tuviere oposición de intereses oar con la compañía deberá manifestarlo, y abstenerse de intervenir en las Cláusula Vigésima.-La Junta Directiva ejercerá la suprema administración de la siguientes atribuciones: Proponer a la Asamblea de Accionistas las politicas generales de eración, producción, comercialización, administración y financiamiento de compañía. roponer a la Asamblea de Accionistas las polticas generales para la elaboración y formulación de planes, programas y presupuestos destinados a, la expansión y desarrollo de la empresa y al mejoramiento permanente de los servicios que ofrece. c) Proponer a la Asamblea de Accionistas los planes, programas y presupuestos de inversión de la compañia. d) Autorizar la realización de los actos, contratos y operaciones que la compañía requiera para el cumplimiento de su objeto y que constituyan operaciones de crédito, que generen a la empresa obligaciones cuyo monto del equivalente a cincuenta mil unidades tributarias (50.000 U.T.) y pere las cuatrocientas mil unidades tributarias (400.000 U.T.). izar ta desincorporación de bienes del activo social por razones de lescencia técnica o finalización de su vida útil dentro de la Empresa, previo cumplimiento de los trámites previstos en la Ley que regula la materia. f) Crear la estructura de cargos y dependencias de la compañía y fijar sus correspondientes funciones. Vicepresidentes de Operaciones, de 9) Nombrar y remover a los Comercialización, de Calidad, de Soporte y Administración y cualquier otro Vicepresidente que recoja la estructura organizativa de la Compañía. compañía. Proponer a la Asamblea la emisión de obligaciones, de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio. Proponer a la Asamblea el reparto de dividendos. Aprobar los reglamentos internos. página original (tal como se publicó) [Página 52] 431.038 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Determinar el empleo que se ha de dar a los fondos de reserva. Presentar a la Asamblea de Accionistas, cuando esta lo requiera, informes sobre las actividades de la compañía. debe presentar la Junta Directiva, a través de su Presidente anualmente la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Adoptar las decisiones y cumplir los demás actos que la Ley de Contrataciones Públicas y otras disposiciones jurídicas atribuyen a la máxima autoridad de los entes a ellas sujetos. Delegar en el Presidente las atribuciones que sean necesarias para la mejor administración de la compañia. Dichas atribuciones deberán ser encomendadas expresamente por escrito. Autorizar los acuerdos de arbitraje que sean necesarios para dirimir las controversias de naturaleza contractual o extracontractual. Fijar las remuneraciones del Comisario, y de su suplente. Aprobar la adquisición de piezas y partes, ya sean nacionales o extranjeras, que sean necesarias para el cabal cumplimiento de las actividades a ser desarrolladas por la Empresa Mixta, en especial aquellas vinculadas a la producción, ensamblaje, industrialización e investigación y desarrollo de autobuses. grado Primero: Para las decisiones que versen sobre el numeral "s" de esta usula, el Director nombrado por YUTONG HONGKONG LIMITED tendrá el recho a vetar la decisión de la mayoria. siempre y cuando dicho veto sea portado por.razones técnicas. áusula Vigésima Primera.-La Junta Directiva establecerá la organización ministrativa y de operaciones de la compañia. De acuerdo a la organizació tablecida, podrá crear, cuando lo juzgue conveniente, cargos uneraciones y desempeñarán las funciones que les fije la Junta y socialmente tendrán a su cargo, cuando asi lo disponga la Junta, la administración directa e inmediata de los negocios de la consecuencia, en las resoluciones donde se crean los respectivos cargos, la gont Directiva reglamentará sus atribuciones, poderes, facultades y obligaciones, en especial respecto a los Vicepresidentes, los Gerentes Ejecutivos y demás Geregtes de la compañía. CAPÍTULO V. DEL PRESIDENTE Vigésima Segunda.-El Presidente de la compañía tiene facultades de administración y disposición que no esté reservada a la Asamblea de Accionistas y la Junta' Directiva y es el órgano ejecutivo de la compania. El Presidente ejercerá la representación legal de la compañía ante terceros y podrá fimar por ella y obligar la. En consecuencia. inspección los distintos departamentos y actividades de la compañia y a tal efecto recibirá informes de los empleados, a quienes impartirá sus instrucciones a la vez que coordinará las labores de ellos entre sí, y nataar la contabilidad de la compañía en la forma prevista por el Código de as faltas temporales y absolutas del Presidente, serán cubiertas por su en ejercerá las funciones del Presidente hasta que se reincorpore el ta que la asambiea de accionistas designe un nuevo presidente, según . Al Presidente le corresponden los siguientes deberes y atribuciones: a) Presidir las reuniones de la Junta Directiva. b) Representar a la compañía en juicio o fuera de él, pudiendo otorgar amplios poderes judiciales y de simple administración al Consultor Jurídico o a cualquier otro profesional del derecho que designe. necesarias para la mejor administración de la empresa, asi como la firma negocios de la Compañía. Celebrar contratos de obra, de compraventa y gravamen de toda clase de bienes muebles e Inmuebles, de arrendamiento, de trabajo, de transporte, de seguro, de depósito, y cualquier otro contrato que sea necesario para llevar a cabo el objeto de la compañía siempre que el monto de la obligación, individualmente considerado no exceda de las cincuenta mil unidades tributarias (50.000 UT). Librar, aceptar, endosar, avalar y descontar letras de cambio, pagarés demás títulos de créditos. Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias de cualquier tipo. Nombrar y remover a los empleados de la compañía y delegar en ello ejercicio de las atribuciones que le competen, así como la firma de documentos que correspondan: Convocar a las reuniones de la Junta Directiva. Asistir a las Asambleas de Accionistas, previa convocatoria de estos, con derecho a voz pero sin voto. Suscribir o adquirir, por cualquier medio, acciones y obligaciones de otras ellas, siempre y cuando cuente con las autorizaciones correspondientes. Martes 4 de octubre de 2016 enci. sumario de la situación activa y pasiva de la compañía. _Ordenar,anualmente a la administración de la empresa la elaboración de resultados y entregarlos al Comisario con no menos de un (1) mes de anticipación a la fecha en que deba reunirse la Asamblea Ordinaria de Accionistas; y poner a la orden de estos dichos documentos junto con el nforme del Comisario. Ceórdinar la preparación del informe anual que la Junta Directiva debe presentar a la Asamblea Ordinaria. compania y someterlos a la consideración de la Junta Directiva para su aprobación. Proponer a la Junta Directiva las medidas a que se refiere la cláusula Vigésima Primera de estos estatutos, relativa a la organización funcionamiento de la compañía. Ordenar la elaboración de los Libros o hacer llevar los libros que exigen los articulos 32 y 260 del Código de Comercio. Delegar en los órganos creados de conformidad con la Ctáusula Vigésima Primera de estos estatutos, las atribuciones qu como lalización la firma de los documentos que correspondan, de los negocios de la compañia. r) Nombrar y rescindir, cuando sea necesario, asesores y consultores y fijarles sus atribuciones y remuneraciones siempre que no exceda de mil unidades tributarias (1.000 U.T.) al año, si excede de este monto deberá solicitar torización a la Junta Directiva. Presidente fijará las dietas del Consultor o Consultora Jurídica y del cretario o Secretaria por asistencia a las reuniones de la Junta Directiva, estableciendo su monto en unidades tributarias, proporcional a las dietas fijadas para la Junta Directiva. t) Las demás que le asigne el Código de Comercio y el presente documento Estatutario. cierto exceda del equivalente de cincuenta mil unidades tributarias (50.000 U.T), el Presidente requerirá la autorización previa de la Junta Directiva. Con respecto a exceda de dicha cantidad, el Presidente informará a la Junta Directiva, Jagriodicidad que esta disponga y en forma resumida, acerca de los que CAPÍTULO VI. DE LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Cláusula Vigésima Tercora.-Los apoderados judiciales designados por el Presidente de la compañia, dentro del campo de sus respectivas competencias, podrán tener las siguientes facultades, que ejercerán conforme a las directrices emanadas del Presidente de la Compañia: Representar a la compañia en todos emrietras, juicios y procedimientos de toda clase o especie; oponer y contestar gapgones y reconvenciones y proponer y atender citas de saneamiento; seguir ocios en todos sus trámites e instancias, hasta su terminación; darse por "estados, intimados, notificados y desistir, conciliar, transigir, comprometer en tros arbitradores o de derecho; hacer posturas en remate con facultad para lo cipal y lo accesorio; desconocer documentos, recibir y dar en pago en nombre compañía sumas de dinero o bienes de cuaiquier-naturaleza y otorgar los la respondientes recibos, documentos y comprobantes; solicitar medidas vêntivas o ejecutivas y seguir sus incidencias en todas las instancias; poner toda clase o especie de recursos administrativos y judiciales, clpyendo tanto el ordinario de apelación como los extraordinarios de casación, :icación, nulidad y queja; y, en general, ejercer todas las facultades necesarias a la mejor representación judicial de la compañia, ya que la anterior numeración es meramente enunciativa y no limitativa. Sin embargo, los negocios juridicos de disposición que se propongan celebrar los apoderados judiciales estarán sometidos a la autorización de la Junta Directiva, cuando generen a la emgfesa obligaciones cuyo monto exceda del equivalente de cincuenta mil idades tributarias (50.00o U.T.). Los apoderados judiciales podrán, sustituir prcial o totalmente, en otros apoderados judiciales, los poderes generales o peciales otorgados. previa autorización del Presidente de la Compañia. CAPÍTULO VII. DEL AUDITOR INTERNO usula Vigésima Cuarta.-La compañía tendrá un Auditor Interno, el cual será signado mediante concurso público con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal ¿rara cinco (5) años en sus funciones y podrá ser reelegido mediante concurso jubico, por una solo vez, según lo dispuesto en los articulos 30 y 31 de la referida yLas faltas temporales del Auditor Interno y su falta absoluta hasta que se ubjêrtas interinamente por la persona que al efecto designe la Junta Directiva. i lai página original (tal como se publicó) [Página 53] tener experiencia en asuntos financieros y mercantiles y no podrán ser Martes 4 de octubre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 431.039 @MiguelSMunoz IG @GacetaOficial GacetaOficial.io página original (tal como se publicó) [Página 54] 431.040 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.238 Extraordinario de fecha 13 de julio de 2016, mediante la cual se dicta el Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional; las atribuciones y firmas de los actos y documentos que se mencionan a continuación: 1. Las transacciones individuales de los ex trabajadores del eXtintO INSTITUTO NACIONAL DE PUERTOS (INP), relacionado con el pago parcial del cuarenta por ciento (40%) de la deuda total conciliada, dándole continuidad administrativa a los pasivos pendientes de aquellos ex trabajadores que no retiraron el pago en su oportunidad. 2. Las transacciones, con los sobrevivientes beneficiarios de los ex trabajadores fallecidos del extinto INSTITUTO NACIONAL DE PUERTOS (INP), relacionado con el pago parcial del cuarenta por ciento (40%) de la deuda total conciliada dándole continuidad administrativa a los pasivos pendientes de aquellos beneficiarios que no habían consignado la Declaración de Herederos Universales, para la distribución del pago no retirado en su oportunidad." DEBE DECIR: "Artículo 1. Delegar en la ciudadana ALINEXIS RAQUEL BARRIOS REYES, titular de la Cédula de Identidad Nº v- 12.244.125, Directora General de la Oficina de Gestión Administrativa; además de las funciones establecidas en el artículo 26 del Decreto N° 2.378 de fecha 12 de julio de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.238 Extraordinario de fecha 13 de julio de 2016, mediante la cual se dicta el Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional; las atribuciones y firmas de los actos y documentos que se mencionan a continuación: 1. Las transacciones individuales de los ex trabajadores del eXtintO INSTITUTO NACIONAL DE PUERTOS (INP), relacionado con el pago de la deuda total conciliada, dándole continuidad administrativa a los pasivos pendientes de aquellos ex trabajadores que no retiraron el pago en su oportunidad. 2. Las transacciones, con los sobrevivientes beneficiarios de los ex trabajadores fallecidos del extinto INSTITUTO NACIONAL DE PUERTOS (INP), relacionado con el pago de la deuda total conciliada dándole continuidad administrativa a los pasivos pendientes de aquellos beneficiarios que no habían consignado la Declaración de Herederos Universales, para la distribución del pago no retirado en su oportunidad." Artículo 2. Se procede en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo establecido en el artículo 4° de la Ley de Publicaciones Oficiales, a una nueva impresión de la Resolución N° 008 de fecha 06 de septiembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.982 de fecha 06 de septiembre de 2016, subsanando el referido error y manteniéndose eL número, fecha, firma de la referida Resolución y demás datos a gbere lugar. Cangumíquese y pubtiquese, RICABDO MOLINA PEÑALOZA Ministro de Pedecpular para Transporte y Obras Públicas creto N° 2.406 del 2/8/2016 G.O.R.B.V. N° 40.957 del 2/8/2016 DESPACHO DEL MINISTRO/CONSULTORÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN N° 008 CARACAS, 06-Septiembrê-2016 AÑOS 206°, 157° y 17 En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 34, 65 y 78, numerales 19, 26 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; artículos 5 numeral 2, 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; y el artículo 8 numeral 3 del Decreto Presidencial N° 2.181 de fecha 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana Martes 4 de octubre de 2016 de Venezuela N° 40.822 de fecha 06 de enero de 2016, Decreto reimpreso por fallas en los originales publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016, y conforme con lo establecido en el articulo 17 numeral 1, 1.9 del Decreto N° 2.378 de fecha 12 de julio de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.238 Extraordinario de fecha 13 de julio de 2016, mediante la cual se dicta el Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 , 3 y 5 del Decreto N° 2.389 de fecha 22 de julio de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.243 Extraordinario de la misma fecha, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas, este Despacho Ministerial; RESUELVE ALINEXIS Artículo Delegar la ciudadana 1. en RAQUEL BARRIOS REYES, titular de la Cédula de Identidad N° v- 12.244.125, Directora General de la Oficina de Gestión Administrativa; además de las funciones establecidas en el artículo 26 del Decreto N° 2.378 de fecha 12 de julio de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.238 Extraordinario de fecha 13 de julio de 2016, mediante la cual se dicta el Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional; las atribuciones y firmas de los actos y documentos que se mencionan a continuación: 1. Las transacciones individuales de los ex trabajadores del extinto INSTITUTO NACIONAL DE PUERTOS (INP), relacionadO COn el pago de la deuda total conciliada, dándole continuidad administrativa a los pasivos pendientes de aquellos ex trabajadores que no retiraron el pago en su oportunidad. 2. Las transacciones, con los sobrevivientes beneficiarios de los ex trabajadores fallecidos del extinto INSTITUTO NACIONAL DE PUERTos (INP), relacionado con el pago de la deuda total conciliada dándole continuidad administrativa a los pasivos pendientes de aquellos beneficiarios que no habían consignado la Declaración de Herederos Universales, para la distribución del pago no retirado en su oportunidad. Artículo 2. Los actos y documentos que la prenombrada funcionaria firma de conformidad con esta Resolución, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma, nombre de quien lo suscribe, la titularidad con que actúa, la fecha, el número de la Resolución y Gaceta Oficial en la que haya sido publicada, según lo establecido en los artículos 34 y 40 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. Artículo 3. Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada. Artículo 4. La prenombrada ciudadana, deberá rendir cuenta al ciudadano Ministro de todos los actos y documentos que haya firmado en ejercicio de las atribuciones que le hayan sido delegadas. Artículo 5. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 0.8: Venezuela. Comuniquese y Publíquese, RIOARDO MOLINA PEÑALOZA Minisro del Podér Ropular para Transporte y Obras Públicas Decreto N° 2.406.del 2/8/2016 G.O.R.B.V. N° 40.957 del 2/8/2016 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS Caracas, 15 de septiembre de 2016 AVISO OFICIAL 206°, 157° y 17° De conformidad con lo previsto en los artículos 70, 73 numerales 1 y 11, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos; en concordancia con lo establecido en los artículos 122, numeral 4, literal c); 138, página original (tal como se publicó) [Página 55] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 4 de octubre de 2016 numeral 10; y 140 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas. POR CUANTO Consta nota marginal de fecha 28 de febrero de 2014 del documento registrado ante la Oficina de Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital, bajo el N° 01, folios 1 al 2, tomo III, Protocolo Único, Primer Trimestre de 2013 inscrito en fecha 20 de marzo de 2013, mediante la cual la Registradora Navai Principal deja sin efecto de oficio el asiento del mencionado documento, relativo al buque denominado MACURO (EX AEGEAN MARACAIBO/ EX EVROS), MatríCula AMMT-2246, por CADUCIDAD. SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, Que se ha declarado dejar sin efecto la Inscripción en el Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital y su consecuente desincorporación, así como la extinción de la matrícula, del mencionado buque según se especifica a continuación: FECHA DE MATRÍCULA OFICINA DE REGISTRO BUQUE EXTINCIÓN SEDE CENTRAL DISTRITO MACURO (EX AEGEAN AMMT-2246 28/02/2014 MARACAIBO/ EX EVROS) Comuníquese y Publiguese, VICTOR MIGUEL ORTIZ ROJAS Presidente.del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (E) "9102 0 e p 10 10 209 2 0 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS Caracas, 15 de septiembre de 2016 AVISO OFICIAL 206°, 157° y 17° De conformidad con lo previsto en los artículos 70, 73 numerales 1 y 11, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos; en concordancia con lo establecido en los artículos 122, numeral 4, literal a); 138, numeral 11; y 140 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas. POR CUANTO Consta nota marginal de fecha 17 de mayo de 2016 del documento registrado por ante la Oficina de Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital bajo el N° 08, folios 59 al 142, tomo 1, Protocolo Único, Cuarto Trimestre de 2015 en fecha 16 de noviembre 2015, mediante el cual la Registradora Naval Principal, deja sin efecto de oficio el asiento del mencionado documento, relativo al buque denominado B-ATLANTIC, Matrícula AJZL-34167, por CADUCIDAD. SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, Que se ha declarado dejar sin efecto la Inscripción en el Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital y su consecuente desincorporación, así continuación: FECHA DE . ADO OFICINA DE REGISTRO MATRÍCULA BUQUE EXTINCIÓN SEDE CENTRAL B-ATLANTIC AJZL-34167 17/05/2016 DISTRITO CAPITAL Comuníquese y Publiquese ICTOR MIGUEL ORTIZ ROJAS Presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (E) 10 0 v 431.041 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS Caracas, 06 de septiembre de 2016 AVISO OFICIAL 206°, 157° y 17° De conformidad con lo previsto en los artículos 70, 73 numerales 1 y 11, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos; en concordancia con lo establecido en los artículos 122, numeral 2, literal f); 138, numeral 1; y 140 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas. POR CUANTO Consta nota marginal de fecha 30 de mayo de 2016 del documento registrado ante la Oficina de Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital en fecha 07 de mayo de 2015 bajo el N° 12, folios 100 al 112, tomo 1, Protocolo Único, Segundo Trimestre de 2015, mediante el cual la Registradora Naval Principal deja sin efecto de oficio el asiento del mencionado documento, relativo al buque denominado HYBUR TRADER, MatríCula AMMT-2906, por CAMBIO DE BANDERA. SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, Que se ha declarado dejar sin efecto la Inscripción en el Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital y su consecuente desincorporación, así como la extinción de la matrícula, del mencionado buque según se especifica a continuación: FECHA DE MATRÍCULA OFICINA DE REGISTRO BUQUE EXTINCIÓN 9 SEDE CENTRAL AMMT-2906 HYBUR TRADER 30/05/2016 DISTRITO CAPITAL Comuníquese y Publiquese, VICTOR MIGUEL ORTIZ ROJAS Presidente del instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (E) C0 0 b' REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS Caracas, 06 de septiembre de 2016 AVISO OFICIAL 206°, 157° y 17° De conformidad con lo previsto en los artículos 70, 73 numerales 1 y 11, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos; en concordancia con lo establecido en los artículos 122, numeral 4, literal a); 138, numeral 11; y 140 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas. POR CUANTO Consta nota marginal de fecha 16 de mayo de 2016 del documento registrado por ante la Oficina de Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital, bajo el N° 06, folios 12 y vto al 19, tomo 1, Protocolo Único, Primer Trimestre de 2015, mediante la cual la Registradora Naval Principal deja sin efecto de oficio el asiento del mencionado documento, relativo al buque denominado INMACULADA, MatríCula ARSI-3531, por CADUCIDAD. SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, Que se ha declarado dejar sin efecto la Inscripción en el Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital y su consecuente desincorporación, así como la extinción de la matrícula, del mencionado buque según se especifica a continuación: FECHA DE MATRÍCULA OFICINA DE REGISTRO BUQUE EXTINCIÓN ADO SEDE CENTRAL ARSI-3531 INMACULADA 16/05/2016 DISTRITO CAPITAL Comuníquese y Publiquesé, MIETOR MIGUEL ORTIZ ROJAS Presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (E) 9102 ap 0e p t0 p 20v 2 d C l página original (tal como se publicó) [Página 56] 431.042 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS Caracas, 06 de septiembre de 2016 AVISO OFICIAL 206°, 157° y 17° De conformidad con lo previsto en los artículos 70, 73 numerales 1 y 11, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos; en concordancia con lo establecido en los artículos 122, numeral 2, literal e); 138, numeral 1; y 140 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas. POR CUANTO Consta en documento registrado por ante la Oficina de Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital, en fecha 02 de noviembre de 2015, bajo el N° 05, Tomo 1, Protocolo Único, Cuarto Trimestre de 2015, la SOLICITUD DE EXTINCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN del bUqUe denominado PARIA, MatríCula AJZL-11411, pOr ENAJENACIÓN DE BUQUE AL EXTRANJERO. SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, Que se ha declarado dejar sin efecto la Inscripción en el Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital y su consecuente desincorporación, así como la extinción de la matrícula, del mencionado buque según se especifica a continuación: FECHA DE MATRÍCULA BUQUE OFICINA DE REGISTRO EXTINCIÓN SEDE CENTRAL 02/11/2015 AJZL-11411 PARIA DISTRITO CAPITAL ADO Comuníquese y Publiquese ICTOR MIGUEL ORTIZ RQJAS Presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (E) Gaceta Ofcal Nero. 6.247 Extraordnario del 01 de agosto de 2016 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS Caracas, 06 de septiembre de 2016 AVISO OFICIAL 206°, 157° y 17° De conformidad con lo previsto en los artículos 70, 73 numerales 1 y 11, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos; en concordancia con lo establecido en los artículos 122, numeral 4, literal a); 138, numeral 11; y 140 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas. POR CUANTO Consta nota marginal de fecha 11 de mayo de 2015 del documento registrado por ante la Oficina de Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital en fecha 29 de julio de 2014 bajo el N° 7, folios 32 al 48, tomo 1, Protocolo Único, Tercer Trimestre del año 2014, mediante la cual la Registradora Naval Principal (E) deja sin efecto de oficio el asiento del mencionado documento, relativo al buque denominado RIO ARAUCA, Matrícula AMMT-2682, por CADUCIDAD. SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, Que se ha declarado dejar sin efecto la Inscripción en el Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital y su consecuente desincorporación, así como la extinción de la matrícula, del mencionado buque según se especifica a continuación: FECHA DE MATRÍCULA BUQUE OFICINA DE REGITRO EXTINCIÓN SEDE CENTRAL 11/05/2015 AMMT-2682 RIO ARAUCA DISTRITO CAPITAL Comuníquese y Pubneuiese, VICTOR MIGUEL ORTIZ ROJAS Presidente der Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (E) Martes 4 de octubre de 2016 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS Caracas, 06 de septiembre de 2016 AVISO OFICIAL 2060, 157° y 17° De conformidad con lo previsto en los artículos 70, 73 numerales 1 y 11, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos; en concordancia con lo establecido en los articulos 122, numeral 4, literal a); 138, numeral 11; y 140 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas. POR CUANTO Consta nota marginal de fecha 11 de abril de 2016 del documento registrado por ante la Oficina de Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital, bajo el N° 04, folios 29 al 71, tomo 1, Protocolo Único, Cuarto Trimestre del año 2014, mediante la cual la Registradora Naval Principal deja sin efecto de oficio el asiento del mencionado documento, relativo al buque denominado SCM FEDRA, Matrícula AGSP-3693, por CADUCIDAD. SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, Que se ha declarado dejar sin efecto la Inscripción en el Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital y su consecuente desincorporación, así como la extinción de la matrícula, del mencionado buque según se especifica a continuación: 4 FECHA DE MATRÍCULA BUQUE OFICINA DE REGISTRO SEDE CENTRAL AGSP-3693 SCM FEDRA 11/04/2016 DISTRITO CAPITAL Comuníquese y Publíquese VICTOR MIGUEL ORTIZ ROJAS Presidente der Instítuto Nacional de los Espacios Acuáticos (E) Gaceta Qieal, Nro, 6-47 Brtraordinano del 01 de agosto de 2016 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS Caracas, 06 de septiembre de 2016 AVISO OFICIAL 206°, 157° y 17° De conformidad con lo previsto en los artículos 70, 73 numerales 1 y 11, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos; en concordancia con lo establecido en los artículos 122, numeral 4, literal a); 138, numeral 11; y 140 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas. POR CUANTO ante la Oficina de Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital en fecha 15 de diciembre 2003 bajo el N° 20, folios 139 y vto al 145, tomo 1, Protocolo Único, Cuarto Trimestre de 2003, en la cual la Registradora Naval Principal deja sin efecto de oficio el asiento del mencionado documento, relativo CADUCIDAD. SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, Que se ha declarado dejar sin efecto la Inscripción en el Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital y su consecuente desincorporación, así como la extinción de la matrícula, del mencionado buque según se especifica a continuación: FECHA DE MATRÍCULA OFICINA DE REGISTRO BUQUE EXTINCIÓN SEDE CENTRAL TAYLOR TIDE 16/01/2006 AJZL-30.834 DISTRITO CAPITAL Comuníquese y Publiquese, VIGTOR MIGUEL ORTIZ ROSAS Presidente del Enstituto Nacional de los Espacios Acuáticos (E) 910 0 e 10 20 7 C02 a e 0 página original (tal como se publicó) [Página 57] Martes 4 de octubre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS Caracas, 06 de septiembre de 2016 AVISO OFICIAL 2060, 157° y 17° De conformidad con lo previsto en los artículos 70, 73 numerales 1 y 11, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos; en concordancia con lo establecido en los artículos 122, numeral 2, literal f); 138, numeral 1; y 140 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas. POR CUANTO ante la Oficina de Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital en fecha 22 de noviembre de 2013 bajo el N° 06, folios 45 vto al 75, Tomo 1, Protocolo Único, Cuarto Trimestre de 2013, mediante la cual la Registradora Naval Principal deja sin efecto de oficio el asiento del mencionado documento, relativo al buque denominado VFM EDUARDo, Matrícula ADKN-5464, por CAMBIO DE BANDERA. SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, Que se ha declarado dejar sin efecto la Inscripción en el Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital y su consecuente desincorporación, así como la extinción de la matrícula, del mencionado buque según se especifica a continuación: FECHA DE MATRÍCULA BUQUE OFICINA DE REGISTRO EXTINCIÓN SEDE CENTRAL ADKN-5464 VFM EDUARDO 29/07/2014 DISTRITO CAPITAL Comuníquese y Publiquese, VICTOR MIGUEL ORTIZ ROJAS Presidente del Instituto'Nacional de los Espacios Acuáticos (E) 90 0 v Gaceta Oficial Nro. 6.247 Extraordinario del 01 de agosto de 2016 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS Caracas, 06 de septiembre de 2016 AVISO OFICIAL 206°, 157° y 17° De conformidad con lo previsto en los artículos 70, 73 numerales 1 y 11, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos; en concordancia con lo establecido en los artículos 122, numeral 4, literal c); 138, numeral 10; y 140 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas. POR CUANTO Consta nota marginal de fecha 10 de mayo de 2016 del documento registrado ante la Oficina de Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital, bajo el N° 03, folios 21 y vto al 27, tomo 1, Protocolo Único, Tercer Trimestre del año 2008, mediante la cual la Registradora Naval Principal deja sin efecto de oficio el asiento del mencionado documento, relativo al buque denominado GIBRALTAR I, Matrícula AGSI-3857, por CADUCIDAD. SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, Que se ha declarado dejar sin efecto la Inscripción en el Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital y su consecuente desincorporación, así como la extinción de la matrícula, del mencionado buque según se especifica a continuación: FECHA DE MATRÍCULA OFICINA DE REGISTRO BUQUE EXTINCIÓN SEDE CENTRAL AGSI-3857 10/05/2016 GIBRALTAR I DISTRITO CAPITAL Comuníquese y Publíquese, MICTOR MIGUEL ORTIZ ROJAS Presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (E) detreto Nro. 2.402 del 01 de agosto de 2016, 431.043 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS Caracas, 06 de septiembre de 2016 AVISO OFICIAL 206°, 157° y 17° De conformidad con lo previsto en los artículos 70, 73 numerales 1 y 11, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos; en concordancia con lo establecido en los artículos 122, numeral 4, literal a); 138, numeral 11; y 140 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas. POR CUANTO Consta nota marginal de fecha 24 de octubre de 2007 del documento registrado por ante la Oficina de Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital en fecha 23 de octubre 2002 bajo el N° 6, folios 12 al 14, tomo 2, Protocolo Único, Cuarto Trimestre de 2002, mediante el cual la Registradora Naval Principal, deja sin efecto de oficio el asiento del mencionado documento, relativo al buque denominado CAURA, Matrícula AMMT-2171, por CADUCIDAD. SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, Que se ha declarado dejar sin efecto la Inscripción en el Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital y su consecuente desincorporación, así como la extinción de la matrícula, del mencionado buque según se especifica a continuación: FECHA DE MATRÍCULA OFICINA DE REGISTRO BUQUE EXTINCIÓN SEDE CENTRAL AMMT-2171 CAURA 24/10/2007 DISTRITO CAPITAL Comuníquese y Pubplíqutise, N VICTOR MIGUEL ORTIZ ROJAS Presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (E) ri Diwo Nro.2.402 dl 01 de agosto de 2016, REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS Caracas, 06 de septiembre de 2016 AVISO OFICIAL 2060, 157° y 17° De conformidad con lo previsto en los articulos 70, 73 numerales 1 y 11, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos; en concordancia con lo establecido en los artículos 122, numeral 4, literal c); 138, numeral 10; y 140 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas. POR CUANTO Consta nota marginal de fecha 01 de abril de 2014 del documento registrado ante la Oficina de Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital, bajo el N° 03, folios 40 y vto al 54, tomo 3, Protocolo Único, Primer Trimestre de 2013 inscrito en fecha 25 de marzo de 2013, mediante la cual la Registradora Naval Principal (E) deja sin efecto de oficio el asiento del mencionado documento, relativo al buque denominado CHURUN MERU, Matrícula AMMT-2704, por CADUCIDAD. SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, Que se ha declarado dejar sin efecto la Inscripción en el Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital y su consecuente desincorporación, así como la extinción de la matrícula, del mencionado buque según se especifica a continuación: 00. FECHA DE MATRÍCULA OFICINA DE REGISTRO BUQUE EXTINCIÓN SEDE CENTRAL AMMT-2704 CHURUN MERU 01/04/2014 DISTRITO CAPITAL Comuníquese y Publiquese, VICTOR MIGUEL ORTIZ ROJAS Presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (E) noty2.402 del 01 de agosto de 2016, 9107 ap p página original (tal como se publicó) [Página 58] 431.044 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS Caracas, 06 de septiembre de 2016 AVISO OFICIAL 206°, 157° y 17° De conformidad con lo previsto en los artículos 70, 73 numerales 1 y 11, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos; en concordancia con lo establecido en los artículos 122, numeral 2, literal e); 138, numeral 1; y 140 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas. POR CUANTO Consta en documento registrado ante la Oficina de Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital, en fecha 02 de noviembre de 2015, bajo el Nro. 06, Tomo 1, Protocolo Único, Cuarto Trimestre del año 2015, la SoLIcITUD DE EXTINCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN del bUQUe denominado PARAMACAY, MatríCula AMMT-1310, pOr ENAJENACIÓN DE BUQUE AL EXTRANJERO. SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, Que se ha declarado dejar sin efecto la Inscripción en el Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital y su consecuente desincorporación, así como la extinción de la matrícula, del mencionado buque según se especifica a continuación: FECHA DE MATRÍCULA OFICINA DE REGISTRO BUQUE EXTINCIÓN SEDE CENTRAL PARAMACAY 02/11/2015 AMMT-1310 DISTRITO CAPITAL Comuníquese y Publíquese VICTOR MIGUEL ORTIZ ROJAS Presidente del Institúto Nacional de los Espacios Acuáticos (E) 9to2 p be p 0 0 0 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS Caracas, 06 de septiembre de 2016 AVISO OFICIAL 206°, 157° y 17° De conformidad con lo previsto en los artículos 70, 73 numerales 1 y 11, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos; en concordancia con lo establecido en los artículos 122, numeral 2, literal d); 138, numeral 1; y 140 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas. POR CUANTO Consta en documento registrado por ante la Oficina de Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital, en fecha 08 de abril de 2016, bajo el N° 03, Tomo 1, Protocolo Único, Segundo Trimestre de 2016, la SOLIcITUD DE EXTINCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN del bUQUe denominado ESPARTANA, Matrícula AGSP-2330, pOr DESGUACE DEL BUQUE. SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, Que se ha declarado dejar sin efecto la Inscripción en el Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital y su consecuente desincorporación, así como la extinción de la matrícula, del mencionado buque según se especifica a continuación: FECHA DE MATRÍCULA BUQUE OFICINA DE REGISTRO EXTINCIÓN SEDE CENTRAL ESPARTANA 08/04/2016 AGSP-2330 DISTRITO CAPITAL Comuníquese y Publíquese;, VICTOR MIGUEL ORTIZ ROJAS Presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (E) 9102 0 e p 10 20 a Gaceta Onicial Nib. s247 Extraordinario del 01 de agosto de 2016 Martes 4 de octubre de 2016 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS Caracas, 06 de septiembre de 2016 AVISO OFICIAL 206°, 157° y 17° De conformidad con lo previsto en los artículos 70, 73 numerales 1 y 11, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos; en concordancia con lo establecido en los artículos 122, numeral 4, literal a); 138, numeral 11; y 140 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas. POR CUANTO Consta nota marginal de fecha 16 de noviembre de 2015 del documento registrado por ante la Oficina de Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital en fecha 08 de julio de 2015 bajo el N° 02, folios 11 y vto al 16, tomo 1, Protocolo Único, Tercer Trimestre de 2015, mediante la cual la Registradora Naval Principal deja sin efecto de oficio el asiento del mencionado documento, relativo al buque denominado FRINKA ENERGY, Matrícula AGSI-4569, por CADUCIDAD. SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, Que se ha declarado dejar sin efecto la Inscripción en el Registro Naval Venezolano Sede Central Distrito Capital y su consecuente desincorporación, así como la extinción de la matrícula, del mencionado buque según se especifica a continuación: FECHA DE MATRÍCULA OFICINA DE REGISTRO BUQUE EXTINCIÓN SEDE CENTRAL 16/11/2015 AGSI-4569 FRINKA ENERGY DISTRITO CAPITAL Comuníquese y Puoliquése, VICTOR MIGUEL ORTIZ ROJAS Presidente del-Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (E) 9:02 ao 0e ap 10 p 20p 7 n g Gaceta Ofcsi Nro. 6.247 Extraordinano del 01 de agosto de 2016 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO DESPACHO DEL MINISTRO 206°, 157° y 17° Caracas, 14 de septiembre de 2016 RESOLUCIÓN N°107 De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 86 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, se ordena la publicación del traspaso presupuestario de gastos de capital para POPULAR DE PETRÓLEO, por la Cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 2.611.096,00) (Recursos Ordinarios), aprobado por este Despacho en fecha 15 de agosto de 2016, de acuerdo con la siguiente imputación: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE Bs. PETRÓLEO De la Acción 450002000 "Gestión administrativa" 2.611.096 Centralizada: "Apoyo institucional a 2.611.096 De la 450002001 las acciones específicas Acción de los proyectos del Específica: organismo" 2.611.096 "Activos Reales" 404 De la Partida: página original (tal como se publicó) [Página 59] Martes 4 de octubre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 136.250 "Maquinaria y equipos De las 03.04.00 Sub-Partidas de artes gráficas y reproducción" Genéricas, Específicas, Sub- "Equipos de 23.100 05.01.00 telecomunicaciones" Específicas: "Equipos de 238.700 05.02.00 señalamiento" "Equipos médico - 1.635.250 06.01.00 quirúrgicos, dentales y de veterinaria" "Equipos de enseñanza, 80.625 07.02.00 deporte y recreación" "Mobiliario y equipos de 497.171 09.01.00 oficina" 450002000 "Gestión administrativa" 2.611.096 Para la Acción Centralizada: 450002001 "Apoyo institucional a 2.611.096 A la Acción las acciones específicas de los proyectos del Específica: organismo" 404 2.611.096 "Activos Reales" Para la Partida: 09.02.00 "Equipos de 2.611.096 A las computación" Sub-Partidas Genéricas, Específicas, Sub- Específicas: Comuníquese y Publíquese, EULOGIO ANTONIO DEL PINO DÍAZ Ministro del Poder Popular de Petróleo REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO DESPACHO DEL MINISTRO 206°, 157° y 17° Caracas, 14 de septiembre de 2016 RESOLUCIÓN N°108 De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 86 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, se ordena la publicación del traspaso presupuestario de gastos de capital para gastos de Capital del MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO, por la cantidad de OCHENTA BOLÍVARES MIL CON 00/100 (Bs. 80.000,00) (Recursos Ordinarlos), aprobado por este Despacho en fecha 29 de agosto de 2016, de acuerdo con la siguiente imputación: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Bs. "Gestión administrativa" De la Acción 450002000 80.000 Centralizada: De la 80.000 450002001 "Apoyo institucional a las Acción acciones específicas de Específica: los proyectos del organismo" De la 404 "Activos Reales" 80.000 Partida: "Equipos de De las 05.02.00 80.000 señalamiento" Sub-Partidas Genéricas, 431.045 Específicas, Sub- Específicas: Para la 450002000 "Gestión administrativa" 80.000 Acción Centralizada: A la "Apoyo institucional a las 450002001 80.000 Acción acciones específicas de Específica: los proyectos del organismo" 404 Para la "Activos Reales" 80.000 Partida: 80.000 A las 03.04.00 "Maquinaria y equipos de Sub-Partidas artes gráficas y reproducción" Genéricas, Específicas, Sub- Específicas: Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, EULOGIO ANTÓNIO DEL PINO DÍAZ Ministro del/Poder Popular de Petróleo REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 14 de septiembre de 2016 206°, 157° y 17° RESOLUCIÓN N°109 De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 86 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, se ordena la publicación del traspaso presupuestario de gastos de capital para POPULAR DE PETRóLEO, por la , Cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA MIL BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 290.000,00) (Recursos Ordinarios), aprobado por este Despacho en fecha 12 de septiembre de 2016, de acuerdo con la siguiente imputación: Bs. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO De la Acción 450002000 "Gestión administrativa" 290.000 Centralizada: 450002001 "Apoyo institucional a las De la 290.000 Acción acciones específicas de los Específica: proyectos del organismo" De la 404 "Activos Reales" 290.000 Partida: 09.03.00 De las “Mobiliario y equipos de 290.000 Sub-Partidas alojamiento” Genéricas, Específicas, Sub- Específicas: Para la 450002000 "Gestión administrativa" 290.000 Acción Centralizada: página original (tal como se publicó) [Página 60] 431.046 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 4 de octubre de 2016 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO @MiguelSMunoz IG @GacetaOficial GacetaOficial.io página original (tal como se publicó) [Página 61] Martes 4 de octubre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (1) Derecho de preferencia para la compra de Nuevas Acciones. tendrá derechos de preferencia para suscribir las nuevas acciones da la-misma Clase que e n n n n n posee, de manera proporcional a su respectiva participación (I1) Derecho de preferencia para la compra de Acciones Clase B. establece en este Artículo; la República, directamente o a ravés de Corporación Venezolana de Mineria, S.A. (CVM) o de la entidad o compañía totalmente propiedad del Estado designada disponer de o transferir las mismas, excepto si la cesión, venta o transferencia se realiza a una entidad que sea, directa o indirectamente, propiedad exclusiva (excepto por participaciones previamente notificar por escrito al Ministerio y al resto de los accionistas de ambas Clases por intermedio del Presidente de la Junta Directiva, indican de el numero de acciónes Clase B Oferta"). La venta de las acciones Clase B. al accionista Clase A será pagada única y exclusivamente en dólares de los Estados Unidos de Anérica y en efectivo. El accionista dispuesta a comprar las acciones ofrecidas en venta.-Dentrd de un plazò de cuarenta (40) días continuos (en lo sucesivo denominados "Días") contados desde. el recbe, dal Aviso de Oferta por el Ministerio, éste deberá indicar si la República, directamente o'& través de Corporación Venezolana de Mineria, S.A. (CVM) o de la entidad o compañla propiedad del Estado designada por el Ministerio para tal fin desea adquirir las &cciones of acidas de conformidad con los términos y condiciones contenidos en el Aviso de Oferta y Sotificar su decisión al accionista vendedor por intermedio del Presidente de la anta Direct./a. En caso de que el Ministerio no hubiere manifestado la intención de la Repal lica de adquirir la totalidad de las acciones ofrecidas en venta, el Accionista Clase A tendrá ur derecho de preferencia de adquirir todas (pero no una parte) de las Acciones Clase B:ofrecidas en venta.o-las acciones que la República no esté interesada en adquirir, según sea el caso de coriforxidad con los términos indicados en el Aviso de Oferta (excepto en el caso de venta o traricíerenicia a una entidad directa o indirectamente, propiedad exclusiva (excepto por una participación accionaria minoritaria ofrecida públicamente) de la compañia matriz del accionista-vendedor o cualquier cuenta por ciento (5o%) del capital social del accionista vendador), notificándole al accionista vendedor por intermedio dei Presidente de la Junta Directiva, 'su intención de adquirir preferencia de la República: En el caso de que el accionista Clase A:ro exprese su intención de adquirir todas las acciones ofrecidas en venta o las ciones qu& la República no esté interesada en adquir, según sea el caso, dentro de dicho periodo, I's accionistas Clase B tendrán el derecho, en proporción a su participación en las acciones Clase B, de adquirir dichas acciones según los términos señalados en el Aviso de Oferta notificand al accionista vendedor por medio del Presidente de la Junta Directiva de su intención de adquirir dichas acciones Clase B, y dicha notificación debe ser entregada dentro di Jos treinta (30) Dias poste Bres)" mino del período seflalado anteriormente para el ejercicio del derecho de prever ncia del vista Clase A. La negativa de alguno de los accionistas Clase B a adquirir la prop ción de es que le corresponda, incrementará proporcionaimente el derecho de los degu stas Clase B. En caso de que ni la República, ni ninguno de los accionistas Clas manifilesten su intención de adquirir las acciones Clase B del accionista vendedor de los plazos señalado anteriormente, se entender que dichos accionistas aprueban venta en los términos:y condiciones descritos en el viso de Oferta. Dentro de un plazo de ciento ochenta (180) Dias contados desde el vencimiento del plažo de treinta (30) Dias establecido para que los accionistas Clase B ejerzan su derecho dé preferencia señalada anteriormente, el accionista vendedor podrá, sujeto a:la condición establecida en el Artículo 12, de clento ochenta (180) Dias, la aprobación de la misma se considerarà retirada y cualquier venta posterior estará sujeta a los mismos derechos de preferencia y procedimientos establecidos anteriormente: Una vez realizada la transferencia de las acciones ofrecidas en venta, el accionista vendedor deberá notificar al Presidenti de la Junts. Directiva al respecto y deberá dar fe del precio y demás términos y condiciones es que se efecuó dicha transferencia. con este Articulo 11 automáticamente se convertirán en Acciones Clase A. Artículo 12. Autorización para la Transferencia de Acclones. do obstante cualquier disposición en contrario en esta Acta Constitutiva y Estatibos. Sociales: ningún propietario de epto en caso de transferencia a una entidad directa o idirectamere, propiedad exclusiva àaccionista vendedor. CAPÍTULO III ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS Artículo 13. Facultades Generales, Las decisiones normativas y supemas de la Compañía corresponden a los accionistas debidamente convocado a una asamblea en la cual se Artículo 14. Asambleas Ordinarlas y Extraordinarias. Las Áseenbleas Ordinarias de Accionistas se celebrarán anualmente dentro de los jover (90) Dlas siguientes al cierre del ejercicio económico de la Compañía, y las Asambleas Extraordina-ias de Accionistas se celebrarán cuando sean convocadas por la Junta Directiva o a solicitud:de la mayoria de los accionistas Clase A o de la mayorla de los accionistas Classe.B o por solicitud unánime de los accionistas. La Asambiea de Accionistas, debidamente coriatituida, representa la universalidad de los accionistas de la Compañla. Sus decisiones, adoptadas dento de los limites de sus a la asámblea en cuestión. Artículo 15. Convocatoria. Las Asambleas Ordinarias o Ectraordinarins. de accionistas serán n n e n nn ee n n n n mediante aviso preparado por el Presidente que se publicará en uno de los periódicos de mayor circulación nacional-En este aviso se Indicará el lugar, fecha y hora de la reunión, así electrónico con no menos de diez (10) Días, de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, la última dirección debidamente dada por los accionistas la Comipaf'a. Dicha comunicación mbién deberá indicar el tugar, fecha y hora de la reunión, así como la, agenda de los asuntos ser. tratados, y deberá adjuntar copias de cualesquiera propuestas a ser presentadas, incluyendo las propuestas que cualquier accionista pueda haber noticcado al Presidente. Si cualquier accionista notifica, por escrito al Presidenta, dent ro de un período de tres (3) Dias (mediante una comunicación enviada a todos los accionistas por fax, co:treo certificado o-correo electrónico con no menos de siete (7) Dlas de anticipación) por una sc.a vez uña nueva fecha para la celebración de la Asamblea de Accionistas, dentro-de un plaz: de veintión (21) Dias, pero no antes de siete (7) Días siguientes a la fecha origina imente fijacía, la cual notificará por escrito a todos los accionistas. Cualquier decisión tomada sin el pre rio cumplimiento de lo convocatoria requerida de conformidad-con las disposiciones anteriores la Asgimblea de Accionistas en la cual esté presente o representada la totalidad del apital social, incluida das las acciones Clase A y Clase B, siempre y cuando todos los accionistas manifieste rito estar de acuerdo con la agenda a cer discutida en la misma. io 16. Quórum y Decisiones, Las Asambleas de Acconistas Ordinarias o rßentado más del sesenta y seis por ciento (66%) del capital sociat 'te la Compañia, y para 431.047 validez de sus resoluciones se requerirá el voto favorable de más cet cincuenta por ciento (50%) de las acciones del capital social de la Compañia presente en la Asamblea de Accionista calificada. (1) Mayoría Especial: Se requerirá el voto favorable de la mayoría de las acciones Clase B del capital social de la Compañía para designar al Gerente Geeral y a todc-el personal operativo y gerencial de la Empresa Mixta, asi como para determinar su remuneración, salvo en aquellos casos en los que sea suficiente contar con mayoría simple según lo priívisto en el numeral (II) de este Articulo. II) Mavoría Simple: Para tomar las siguientes decisiones se requerida el voto favorable de más del cincuenta por ciento (60%) de las acciones del capital social de a Compañía: (a) Designar al Presidente y Gerente de Relaciones Externas, y a sus .respectivos suplentes y determinar su remuneración; (b) Designar al Secretario de la Asamblea de Accionistas, al Rex esentante Judicial, al Comisario y a su Suplente, o a cualquier apoderado de la Compañía; y Decidir cualquier otro asunto que le sea especificamente sometid." a su consideración y calilcada de accionistas. iMayoría Calificada: Para tomar las siguientes decisiones, se reque irá el voto favorable de capital social de la Compania: (a) Aprobar cualesquiera modificaciones a esta Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, en el entendido de que, de conformidad con lo previsto en el Articulo 38, la validez de los aumentos o reducciones de capital estará sujeta a la aprobación del Ministerio. (b) Aprobar cualquier propuesta de aumento o reducción dal capital social de la Compañía que no altere los porcentajes de participación de los accionistas existentes én el capital social de la n n o r r n n n r n n Contrato de Empresa Mixta, dado que el mismo es modificado de acuerdo con las disposiciones del Contrato de Empresa Mixta y el Acta Constitutiva y Estatutos Sociales (el "Plan de Negocios"). (c) Aprobar el Pian de Trabajo y el presupuesto anual de la Compañía, Je conformidad con los lineamientos establecidos en el Plan de Negocios, las prácicas genera :mente aceptadas en la industria y las leyes aplicables. (d) Aprobar cualquier propuesta de aumento o reducción dal capital soc ál de la Compañía que Compañia o cuyo propósitono sea congruente con el Plan ge Negocios: (e) Aprobar cualquier liquidación o disolución anticipada de a Compañia: () Biediplir sobre la fusión,-consolidación, combinación de negocios co.: otras compañías o la esad la Compañia; () Decidir acerca de la disposición de la totalidad o una parte sustanójal de los activos de la Cedapañia mediante venta, donación, arrendamiento, permuta, transfe encia o cualquier otra modalidad, salvo la disposición de bienes en el curso ordinario de los negocios o de activos que hayan dejado de ser útiles para la Compañía de acuerdo con el Plar. de Negocios; (h) Aprobar los términos yicondiciones de cualquier contrato de financiamiento por un monto cualquier grupo de contratos de financiamiento menores que, en c-junto, superen dicho monto), o su equivalente en otra moneda; (. Aprobar o modificar el balance general y el estado de ganancias y pérdidas, debidamegau acdista podrá negar su aprobación a menos que demueare la existencia de errores financieros; er la creación y el financiamiento, la reducción gi distribución de cualquier fondo y Estagtos Soclales u otros que pudieran ser previstos en las leyes aplicables; (kr-Deciarar y aprobar la distribución y el pago de dividendos o el reintegro de capital o prima, en el entendido de que ningún accionista podrá negar su aprobación a cualquier propuesta de 32 de esta Acta Constitutiya y Estatutos Sociales, y que cualquier reintegro o pago de prima, Artículo 6 de esta Acta Constitutiva y Estatutos; (1) Acordar cualquier propuesta de cambio en la política relativa a dividendos y otras distribuciones establecida en el Artículo 32 de esta Acta Cofjstitutiva y E itatutos Sociales; (m) Aprobar cualquier propuesta de cambio en el Plan de Nigocios; (n) Aprobar cualquier proyecto de Inversión no previsto pn el Plan de Negocios o en los programas de trabajo y presupuesto de la Compañía; Aprobar cualquier contrato con empresas fillales; (q) Aprobar modificaciones a las políticas y procedimientos de la. Compañía (las cuales pudieran haber sido modificadas de conformidad con esta disposición), que sean congruentes con el Artículo 1.9 del.Contrato de Empresa Mbta. (r) Aprobar cualquier renuncia de derechos substanclales (incloypndo los derechos a Transferencia, o la interposición, iniciación, terminación, renuncia, arreglo o cualquier otro acto en que la Compañía sea parte y que involucre un monto superior a un paillión de dólares de los (s) Seleccionar a los auditores externos y aprobar su contratación; -s. (t) Designar al liquidador en caso de liquidación de la Compainía; ¿0 (u) Decidir sobre la utilización de las tasas de cambio a efedos de preparar los libros legales de la Compañia asl como sus.estados financieros de reporte de acuerdo ón la ley aplicable y los (v) Decidir sobre la creación:y el monto de primas en emisión de accionés. que sean contrarias a las disposiciones del Decreto de Creación, del.Decreto de Transferencia, o del Contrato de Empresa Mbta. Artículo 17. Representación en las Asambleas de Aecionistas. Todo accionista tienederecho a ser representadofen las Asambleas de Accionista s por medio de apoderados para lo gnal el poder que autoriza al apoderado a representar a dicho axionista, debidamente autenticado, deberá ser enviado por fax o correo certificado al Secretàri de la Junta Directiva. Articulo 18. Actas de Asamblea. De las reuniones de las Asambísas de Accionistas se en el Libro respectivo debidamente autorizado por el Registo Mercantil y deberán ser firmadas página original (tal como se publicó) [Página 62] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 431.048 de las mismas deben ser certificadas por el Presidente o el Secretario de la Junta Directiva, o por cualquier otro funcionario o empleado de la Compañla designaco por la Asambiea de Accionistas. Los documentos antes indicados darán plena fe de las decisiones adoptadas en las Asambleas. CAPÍTULO IV ADMINISTRACIÓN 19. Junta Directiva, La dirección y administración de la Compañía estará a car ndiente Asamblea, de Accionistas, tendrán el derègho exclusivo de nombrar a cuatro bros titulares de la Junta Directiva, incluyendo a Presiderte, y a sus respectivos suplentes. Los accionistas Clase B, tomando la decisión en nombre de su Clase en la catespondiente Asamblea de Acclonistas, tendrán el dareco exclusivo de nombrar, mediante el voto de la mayoría simple de las acciones Clase B, a tres (3) miemb:os titulares de la Junta Directiva, y a sus respectivos suplentes. En caso de ausencia del Presidente, los accionistas respectiva suplencia por la Junta Directiva. Si el suplente de algún director se ve impedido a sustituirlo, el Presidente, o quien haga sus veces, convoca á en su lugar a cualquiera de los en, el entendido que dicho sustituto será elegido por los accionistas: de la Clase a quienes correspondía la designación del director ausente. En el Capltulo XI de esta Acta Constitutiva y Estatutos Soclales, se designa a los directores titulares, ino uyendo al Presidente, y suplentes Artículo 20. El Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciónes y deberes: (a) Convocar a las Asambleas de Accionistas, de acuerdo oon lo previsto en el Articulo 15 de está Acta Constitutiva y Estatutos Soclales; (b) Convocar a las reuniones de la Junta Directiva por iniciativa propia o de dos (2) directores, (c) Preparar la agenda y las convocatorias de las reuniones d la AsamLiea de Accionistas y de la JuntaDirectiva; (d) Presidir las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva, en el entendido de que su ausencia no afectará la validez de la reunión y du las decisiones que se tomen; - las disposiciones legales aplicables; y (1) Cualesquiera otras facultades u obligaciones conferidas i Presidecte:por la Asambiea de Accionistas o por la Junta Directiva. los literales (a) y (b) anteriores Si el Presidente no convoca las reuniones mencionadas e solicitudes respectivas, dichas Artículo 21. Duración de-los Directores en sus Cargos. Lps miembros de la Junta Directiva accionistas de la Clase correspondiente reunidos en Asambieja de Accicaistas. Si vencido dicho atibuciones Inherentes a dichos cargos hasta su reemplazo efec'ivo. La Asamblea de Acionistas podrá reemplazarlos en cualquier momento, medlante el vrgo de la mayoría de las «Artículo 22. Obligación de Depositar Acclones, Cada uo de los miembros de la Junta Junta Directiva no son accionistas de la Compañía, dichas acciones deberán ser depositadas término señalado en el Código de Comercio venezolano. : Artículo 23. Reuniones y Convocatoria de la Junta Directiva. La:Ju:ita Directiva se reunirá con la periodicidad que ella misma determine, pero normalmente lo ha:á al menos una vez al mes. Igualmente, podrá ser convocada en cualquier tiempo por su Presidlente a iniéfatiyal prog a solicitud de dos (2) directores. La convocatoria a la reunión deberá ser enviada por correo certificado, correo electrónico u otro medio idóneo a todos los directores, las últi irecciones dadas por éstos al Presidente, con por lo menos siete (7) ras de anticpacióo reunión, salvo en situaciones de emergencia, en cuyo caso la convocatoria podrarealtalise on una anticipación menor. La convocatoria deberá indicar el lugar, fecia y hora de la reunión, n n mn n n nn n ne nn encuentren presentes la totalidad de los directores principa s o sus suplentes, en ausencia de los primeros. Si cualquieridirector notifica al Presidente po escrito dentro de los tres (3) Dias reunión, el Presidente fijará una nueva fecha para la reunión por una sola vez dentro de los será pospuesta. Los directores o sus respectivos suplentes deberán acistr a las reuniones de ser igualmente conducidas mediante video conferencia o cu alquiler otro inédito electrónico. Articulo 24. Quórum yi Decislones de la Junta. Ditectiva, Para la validez de las deliberaciones y decisiones de la Junta Directiva, se requ rirá la presència de por lo menos cinco (5) de sus miembros, salvo en el supuesto expresamente-establecido a continuación en el presente Articulo. Si a ia reunión convocada por primer vez concurieran menos de cinco (5) miembros de la Junta Directiva, se realizará una segunda convocatoria para otra reunión con por lo menos cinco (5) Dlas de anticipación, en el entendido de qus, para la validez de las deliberaciones y decisiones tomadas en esa segunda reunión, se reque,irá la presencia de por lo menos cuatro (4) miembros. Las decisiones de la Junta irectiva serán'aprobadas mediante el voto favorable de por do menos cuatro (4) de sus miembros, salvo qje un número diferente de votos favorables sea requerido por esta Acta Con titutiva y Estatutos Soclales. Se levantarán Actas de las decisiones tomadas en las reuniones de Jun;a Directiva, las cuales asistentes. Las actas de la Junta Directiva y los extractos de les mismas deberán ser la misma designe, y darán plena fe de las decisiones tomadas en a Junta Directiva. Las presentes, y cinco (5) votos favorables: (a) Revisar, modificar si es:necesario, aprobar y enviar para la aprobáción de la Asambiea de Accionistas, cualquier modificación al Plan de Negocios. el cual secà consistente con los términos y condiciones establecidos por el Poder Ejecutivo acional, a' avés del Ministerio del Transferencia, y la ley aplicable, asl como con las prácticas generalioente aceptadas en la industria minera, y una vez que sea aprobada dicha modificación por la Asamblea de (b) Revisar, modificar si es necesario, aprobar y enviar parí la aprobación de la Asamblea de Accionistas la ejecución anual del Plan de Trabajo y .el presupuesto.aplicable al siguiente ejercicio económico de la Compañía, el cual será consistente con el Plan de Negocios, los términos de la Resolución del Ministerio, el Decreto de Trasferencia, u Contrato de Empresa Martes 4 de octubre de 2016 Mixta y la ley aplicable, jasí como con las prácticas genegimente aceptadas en la industria minera, y una vez que dicho Plan de Trabajo sea aprobado por la As-smblea de Accionistas, aprobación del Ministerio, y presentarla antes del 30 de sep@abre de d'cho año ante la Oficina Nacional de Presupuesto; (c) Formular a la Asamblea de Accionistas las recomendaciones que. estime convenientes en cuanto a la creación de reservas y al empleo del superávit; (d) Preparar para la Asambiea de Accionistas las, propuestas anuales de distribuciones de dividendos, pagos de anticipos y reintegros de prima de emisión, de conformidad con la política (e) Autorizar la apertura; movimientos y cierre de cuentas bancarias, designando a las, personas autorizadas para manejar las; Pagar cualquier dividendo previamente declarado por lajlAsamblea dè Accionistas conforme a los tárminos establecidos en el Artículo 32 de esta Acta Cunstitutiva estatutos Sociales;. con los programas de trabajo y. : edibndido de que dichos actos deberán ser congruente Estatutos Sociales; (h) Decidir sobre el reembolso y los términos de pago a los ccionistas de primas de emisión; y (i) Acordar la celebración y modificación de contratos, órdenes de compra y actos requeridos montos superiores a quinientos mil dólares de los Estados Unigos de América (US$ 500.00o,o0), en el entendido de que dichos contratos y actos (1) deberán ser congruentes con los programas de trabajo y presupuestos aprobados por la Asamblea de Accionistas conforme a esta Acta Constitutiva y Estatutos Sociales y con laspollticas y procedimientos de la Compañia, y (i) en ningún.caso podrán afectar la posición y autoridad, de la Compañia como operadora del Area Delimitada. Artículo 25. Facultades de la Junta Directiva. Salvqj aquellas materias expresamente Estatutos Sociales, incluyendo las materias mencionado en el Artfculo 24 de esta Acta Constitutiva y Estatutos Sociales y también incluyendo, de manera enôbciativa y no limitativa, : las siguientes: (a) Presentar anualmente a:la Asamblea de Accionistas u reporte anual relativo a la gestión llevada a cabo en nombre .de la Compañía; (b) Nombrar y despedir al personal de la Compañía y fija su reúne.ación, en consistencia con lo dispuesto en esta Acta Constitutiva y Estatutos Sodales y en el Contrato de Empresa Mixta; (c) Acordar la celebracióniy modificación de contratos, órdenes de conápra y actos requeridos para el adecuado funcionamiento de la Compañia y el desa rollo de los negocios que impliquen montos inferiores a quinientos mil dólares de los Estados Uridos de Amprica (Us$ 500.000,00). en el entendido de que dichos contratos y actos: () deberán ser- congruentes con los programas de trabajo y presupuestos aprobados-por la Asambiea de:accionistas conforme a esta Acta Constitutiva y Estatutos Soclales y con las políticas y procegmientos que adopte la como operadora de las Áreas Delimitadas; (d) Autorizar la designación o revocación de apoderados especiales; (e) Supervisar la implementación de las políticas y procedimientos necesarios para llevar adelante el negocio de la Compañia de conformidad con el @contrato de SEmpresa Mixta; e (f) Implementar las decisiones de las Asambleas de Accionistas. Artículo 26. El Gerente General y otro Personal Gerencla. Los dérechos y obligaciones del Gerente General en la estructura gerencial, la actualización del Hlan de Negocios y los Planes de Trabajo anual y presupuestos, se regirán de acuerdo con las siguientes cláusulas: 1. El Gerente General. El Gerente General será responsable de la administración general y Plan de Negocios y los Planes de Trabajo anuales y presupuestos vigentes. El Gerente siguientes atribuciones y deberes: (a) Dirigir la administración: diaria de las operaciones de la Compafía y tomar decisiones relacionadas con las mismas; i (b) Ejecutar y hacer ejecutar-los acuerdos y resoluciones dejla Asambleis de Accionistas y de la Junta Directiva; (c) Autorizar con su firma los documentos o cualesquiera escritos.:jue él deba firmar en ejecución de alguna resolución de la Asambiea de Accionistas o de la Jinta Directiva; por la Asamblea de Accionistas; gastos y activos de la Compañía, y un reporte general de la administración; (1) Previa solicitud de la Junta Directiva, informarle a la Junja Directiva-sobre cualquier asunto referente a la Compañía o a su administración; (9) Dirigir y vigilar de forma cotidiana la contabilidad de la Cêmpañía; (h) Supervisar que los empieados de lar Compañía cumplir con sus obligaciones, y solicitar a la Junta Directiva su despido en casos justificados o necesarios, o proceder con tales despidos cuando tal facultad le hubiere sido delegada; y () Impiementar las políticas y procedimientos para la operagón de la Compañía y llevar a cabo cualquier otro acto de disposición o administración para el ual sea' expresamente autorizado por la Junta Directiva. compuesta por ejecutivos de primera línea, quienes ocuparán las posiciones de Gerente Técnico y de Operaciones, Gerente de Recursos Humangs, Gerente de Asuntos Extemos, Gerente de Ventas, Gerente de Sistemas, Gerente de Plani cación, Gerente de Administración deberán proponer al Gerente General y aprobar la. d'atribución -3e los demás cargos gerenciaies. Los Gerentes de Administración y Finanzas, deberán preparar y enviar a la Junta Directiva reportes de contabilidad trimestrales y anuales, donde sa refleja, el rendimiento real de operaciones y finanzas de la Compañía, tomando como referencia lac, metas de rendimiento directamente al Gerente General. La Estructura Gerencial de la Compa.Ja deberá ser revisada objetivos y propósitos de la Compañia. CAPÍTULO V DEL REPRESENTANTE JUDICIAL deberán proponer al Representante Judicial. La Asamplea de' Aecionistas efectuará la página original (tal como se publicó) [Página 63] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 4 de octubre de 2016 Judicial. El Representante Judicial asistirá a las Asambleas de Accionistas o reuniones de la Junta Directiva, cuando fuere convocado para ello. Al Representante Judicial le corresponde la funciones durante el primer periodo estatutario, se designa en el Cpoltulo XI de esta Acta Constitutiva y Estatutos Sociales. d. e CAPÍTULO VI DEL COMISARIO Artículo 28. El Comisario. La Compañía tendrá un Comisario tit Jar con su respectivo suplente, quienes tendrán las atribuciones que señala el odigo de Comercio de Venezuela. designados por la Asamblea de Accionistas. Ambos duraran tres (3) años en sus funciones. Vencido el lapso antes señalado sin haber sido reemplazades, los funcionarios regulados en el n n n n n n e n n titular y su respectivo suplente, quienes ejercerán sus funciones du'ante el primer periodo estatutario, se designan en el Capitulo XI de esta Acta Constutiva y Esíatutos Sociales. CAPÍTULO VII e DEL BALANCE GENERAL. DEL CAPITAL DE LAS·RESER VAS, DE LAS UTILIDADES Y DE LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDE DOS WEA Artículo 29. Elercicio Económico de la Compañía. El ejercicio. económico anda da la Compañla comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Sin embargo, el primer ejercicio económico comenzará en la fecha de registro de esta Acta .Constitutiva y Estatutos Sociales y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2016. A: final de cada ejercicio de conformidad con las normas generalmente aceptados. La Asamblea de Accionistas pedirá considerar y aprobar dichos por la Junta Directiva. Compañia resultantes del balance general y estado de ganancias y pérdidas aprobados conforme al Artículo 16, se separada anualmente con la finalidad de formar un fondo de reserva - Artículo 31. Reservas. Adicionales. Además del capital social reservas del fondo de los principios de contabilidad generalmente aceptados, a Compafila podrá crear, previa Constitutiva y Estatutos Sociales, cuentas adicionales de reserva de apital. Los montos en dichas cuentas no podrán ser reducidos ni distribuidos de manera" alguna, salvo con la determinación de la pérdida del capital social a los efectos de lo estabieicido en el Artículo 264 del Código de Comercio. Artículo 32. Dividendos y Otras. Distribuclones. Los @videndos y otras distribuciones establecidas en este Artículo 32, serán pagados en efectivo, nica y exclusivamente en dólares de los Estados Unidos de América, a prorrata entre e número de acciones emitidas, independientemente de su Clase. Si la Asamblea de Accionistas, excepcionalmente, decide pagar dividendos en acciones, dichos dividendos serán distribuidos proporcionalmente ente el número de acciones propias de cada accionista, otorgándole a cada accionista, acciones de la de sus planes de inversión y de sus obligaciones financieras, fiscales y de otra Indole, consistirá en pagar anualmente en efectivo, y en dólares de jos Estados Unidos de América, la suma máxima de dividendos que resulte factible, evitando retner fondos innecesariamente. La política de distribuciones, de la Compañia contemplará también el pago de dividendos emisión para distribuir a los accionistas, en la medida en que la Junt:, Directiva lo considere factible y prudente dada la situación financiera y proyecciones de la compañía y los fondos retenidos en la Compañía que no sean requeridos para los fines antes señalados. La Junta trimestralmente. Todos los pagos, anticipos, reducciones de capital y de soluciones de prima de como tal al momento de la declaración o aprobación mediante tr.nsferencia de fondos inmediatamente disponibles dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la:acha de tal declaración Accionistas lo apruebe. Artículo: 33._Distribución de Ganancias basada en Precibs del Oro: La participación del durante los tres meses, seis:meses, nueve meses y doce meßes o un.año según lo expresado en el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente dé la Compañía ("Ganancias-Netas"), se determinará de conformidad con los precios del oro, segúr jo dispuesto a continuación: Neto sobre la Fundición (NSR) sobre la venta de ora donde el recio de compra-venta cincuenta y cinco por ciento (55%) y el accionista Clase B tend:á una participación del à cuarenta y cinco por ciento (45%). Neto sobre la Fundición (NSR) sobre la venta de ore donde el precio de gpmpra-vent sea igual o mayor que un mil seiscientos dólares d los Estados Uniãlosie Ameno participación del cincuenta y cinco por ciento (5%) sobre los primeros uni mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (us$ 1:so0,o0) por onzatoy y una participación del setenta por ciento (7o%) sobre cualquier cantidad mayor que un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (U$$ 1.600). El accionista ginco por ciento (45%) sobre los Clase B tendrá unai participación del cuarenta y primeros un mil seiscientos dólares de los Estados (¿nidos de América (US$ 1.600,00) por onza troy y una participación dei treinta por ciento (30%) s;bre cualquier cantidad mayor que un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos dé América (US$ 1.600) por onza troy. (3) La Compañía preparará un reporte al final de caja tres me-es, seis meses, nueve Meses, Nueve Meses y Doce Meses" o separadamente cada período, un "Periodo") del accionista Clase B en cada operación individujai será súmada al final de cada ada accionista (la "Participación Perlodo para producir una participación total para Participación del Accionista B del Acclonista A sobre Operaciones de Oro" y del accionista Clase A sobre sobre Operaciones de Oro"). La Participación Operaciones de Oro, y la Participación del accionista Clase B. sobre Operaciones de Participación de los Accionistas sobre Operajfiones de Oro"). La Compañía 431.049 también preparará:estados financieros de tres meses, seis cieses, nueve meses y anuales (doce meses), mostrando la participación acumulada dal accionista Clase A y del accionista Clase B. (4) La participación. del accionista Clase A. y del accionis.a Clase B sobre las Ganancias Netas de la Empresa Mixta se calcularán de la siguiente manera: Accionista Clase A: (Participación del Accionista Clase A.sobre Operaciones de Oro / Fondo Total de Participación de los Accioniatas sobre Operaciones de Oro) * Gananclas Netas. Acclonista Clase B; (Participación del Accionista Clase B sobre Operaciones de Oro / Fondo Total de Participación de los Accionitas sobre Operaciones de Oro) Ganancias Netas. (5) La Compañía distribuirá, a través de dividendos, as Ganancias Netas al Accionista Clase A y al Accionista Clase B cada año en que seap producidas, de conformidad con todos los términos y condiciones previstos en la Cláusuía p.4(d), incluyendo, sin limitación, el requisito según el cual los mismos deben ser pagi.dos exclusivamente en dólares de los Estados Unidos de América, y a tra vés de la cuenta bancaria de la Compañía en el exterior. Empresa Mbta por la ventaide oro, cobre, y plata en el ma rco del Proyecto Minero tras las deducciones por fundición, tratamiento, cargos y penalidades, incluyendo, sin limitación, transporte desde el concentrado hasta el fundido, desde el sundidor-hasta la' refinería, y desde la refinerfa hasta el mercado. El pago de dividendos realizado conforme a lo previsto en est Artículo 33 no afecta los demás derechos y obligaciones de los Accionistas conforme a $u particip :ción accionaria en la Compañía, tales como derechos de voto, asuntos relacionados con lá disminución del capital, derechos derivados de la liquidación de la Compañía, entre otros. CAPÍTULO VIII DE LA LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA Artículo 34. Liguldación. En caso de liquidación de la Cempañía, ésta será efectuada, sin designado por la Asamblèa de Accionistas (en los sucesivo el "Liquidador") que hubiere acordado, la liquidación. En la Fropiedad He la Compañia, sean tangibles o Intangibles, reales o personales, serán transferidos únicamente a los propietarios de las acciones Clase A, excepto por el dinero en efectivo que re deba ser reservado para el pago de gastos y otras obligaciones, el cual será distribuido a' lo accionistas en proporción a sus participaciones en el capital accionario de la Compañia. Si l Compañíà es liquidada antes de que su periodo inicial de duración expide, los bienes ta gibles e jntangibies, muebles e n n n 45%) de su valor será pagado al Acclonista Clase B en efecto y única y exclusivamente en dólares de Jos Estados Unidos dè América. CAPÍTULO IX AUDITORÍA Y ACCESO A INFORMACIÓN Artículo 35. Derecho de Auditoría de los Accionistas Acceso a Información de la Compafía. Cualquier accionista tendrá derecho a que un auditor independiente verifique los registros contables y financieros de la Compañía, a efecto de lo cuas deberá dar aviso por escrito a la Compañía con por lo menos treinta (30) Dlas de anticipación. Durante el curso de la Compañía, ésta ofrecerá a los auditores designados porel accionista acceso razonable a tendrán pleno acceso a toda la información relacionada cae el negocio de la Compañia. La financiera, fiscal, de salud, seguridad y medio ambiente, y de otra Ind-le necesaria para que puedan elaborar sus cuentas y reportes de acuerdo a las nóminas aplicaliles a ellos. Artículo 36. Unidad de Auditoría_Interna. La Compañia tendrá ura unidad de auditoría las operaciones administrativas, financieras y técnicas de la Compañía, mediante una evaluación posterior, objetiva, sistemática y profesional, y por medio de la elaboración de un informe que contenga las observaciones, conclusiones y recomendaciones. La Unidad de Auditoría Intema le reportará al Gerente General, no obstante, su: personal, funciones y actividades estarán desligadas de las operaciones que controla para asi garantizar el juicio exista participación alguna en los actos administrativos tradicionales ni d9 naturaleza similar. La dirección de la Unidad de Auditorfa Intema estará a cargo de un auditor designado por el Gerente General. La Unidad de Auditor la Intema deberá: (a) Evaluar el sistema de control intemo de la Compañía, incluyendo el grado de operatividad y recomendaciones al Gerente General con la finalidad de optimizar y: amentar la eficiencia y eficacia de la gerencia de administración; administrativa y, en general, la eficiencia, eficacia, economia, cal jad e impacto de su administración, asi como los mecanismos de control que la Compañía, formula, implementa y utiliza; (c) Ejeroer facultades de investigación, punitivas, y compensatorias, de conformidad con la Sistema Nacional de Control Fiscal; (d) Verificar la certeza y exactitud de las minutas de entrega de las agencias de la Compañía; y administración pública. DISPOSICIONES FINALES Artículo 37. Aprobación de Modificaciones Estatutarias. Uas enmiendas y modifica®iones a de la Compañía. Artículo 38. Materias No Previstas. En todo aquello que no esté previsto en esta Acta Derecho Público, la Compañía se regirá por las normas de Dprecho Privado, Incluyendo, entre CAPÍTULO XI DISPOSICIONES TRANSITORIAS I.- Para ejercer los cargos de miembro de la Junta Directiva, Presidente de la misma, Comisario y Representante Judicial, tanto en calidad de titular como suplente, se designan a las personas página original (tal como se publicó) [Página 64] 431.050 Martes 4 de octubre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA que a continuación se lista, quienes ejercerán sus funcbnes durante el primer período Roberto Ignacio Mirabal Acosta C.. V-12.605.647 - Presidete Luis Gonzalo Salinas Loreto, V- 13.308.184 - Director Principal Ricaurte Leonett Leonett, V-2.775.521 - Director Principal Gonzalo Joel Prato Carrero; V-13.712.898 - Director Principa Rockne Jon Timm Pasaporte de los Estados Unidos de América N° 505803088 - Director Principal James Hayward Coleman; Pasaporte de Canadá N° HD76o123 - Director Principal Lucla Barboza Sirl, V- 18.938.068 - Director Suplente Manuel Alejandro Grillet Girón, V- 5.001.037 - Director Suplente Alba Jacquelin Castillo Padrón, V-5.894.107 - Director Suplente Juan Eduardo Zuate Uribe V-11.226.112 - Comisario ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Es tado Bolivar, así como la fijación y publicación de la presente acta, a fin de dar cumplimiento & las disposiciones del Código de Comercio de Venezuela y tramitar el registro de la Compañía ante el Registro Único Minero. Caracas, en la fecha de su presentación. Por GRMINING (BARBADOS) INC. Por la Corporación Venezolana de Miinería, lAeVAM ROHENACIO MIRABALSTA ACIOMORENO ciudadano JOSÉ IGNkCIO MORENO, declara bajo fe de jura neto que los capitales, bienes, n e e n proceden de actividades Iícitas, lo cual puede ser broborado por efganis competentes, y no tenen relación alguna con dinero, cap ales, bienes, hab eres, vak titulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas Por GR MINING (BARBADOSINC. JOSÉ IGNACIO MORENO DEFENSA PÚBLICA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 28 de septiembre de 2016 N° DDPG-2016-469 157°, 206° y 173 La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley JOrgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1, 11 y 17, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de este Órgano Constitucional, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública Generai, como máxima autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y trasiado del personal de este Órgano Constitucional. CONSIDERANDO Que es potestad de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, asignar la competencia de los Defensores Públicos o Defensoras Públicas, por territorio y materia. RESUELVE PRIMERO: CAMBIAR LA COMPETENCIA por la materia al ciudadano DENNYS RICARDO MALDONADO, titular de la cédula de identidad N° V- 11.163.303, quien a partir de la fecha de notificación del presente acto administrativo, dejará de desempeñarse como Defensor Público Provisorio Primero (1°), con competencia en materia Especial de Delitos de Violencia contra la Mujer, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Vargas, Maiquetía, y pasará a ejercer funciones como Defensor Público Provisorio Cuarto (4°), con competencia en materia Penal Ordinario, Fase Proceso, adscrito a la misma Unidad Regional. SEGunpo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y DRA. SUSANA BARREIROS RODRIGUEZ DEFSÑSORA PÚBLICA GENERAL ooqiannt mediante Acuerdo de la Asaroies Nadional, de fecha S02 p q y cn n za e REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 30 de septiembre de 2016 N° DDPG-2016-470 157°, 206° y 17° La Defensora Pública General, Dra. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.851.035, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.807, de la misma fecha, en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en los artículos 3, 9, 10 y 14, numerales 1, 2, 3, 12, 14 y 17, de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, organizar estructural, funcional y administrativa y financieramente a la Defensa Pública como Organismo Constitucional que forma parte del Sistema de Justicia. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General garantizar a toda persona el derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y administrativo en todas las materias que le son atribuidas de conformidad con la Ley y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. CONSIDERANDO Que para el cumplimiento de los fines antes referidos la máxima autoridad de la Defensa Pública deberá designar Defensores Públicos y Defensoras Públicas con competencia en las materias jurídicas expresamente señaladas en la Ley, de acuerdo con la necesidad del servicio. CONSIDERANDO Que en virtud de esa necesidad, la Defensora Pública General tiene la facultad para crear extensiones de la Unidades de la Defensa Pública a nivel nacional. CONSIDERANDO Que conforme lo establece el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la justicia debe ser gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. CONSIDERANDO Que conforme lo establece el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Sistema de Justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio. CONSIDERANDO Que conforme lo establece el artículo 268 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley establecerá la autonomía y organización, funcionamiento, disciplina e idoneidad del servicio de defensa pública, con el objeto de asegurar la eficacia del servicio y de garantizar los beneficios de la carrera del defensor o defensora. CONSIDERANDO Que conforme lo establece el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Defensa operativo y las dependencias desconcentradas. En cada estado funcionará una Unidad Regional de la Defensa Pública a cargo de un Coorcinador o Coordinadora Regional, conformada por los Defensores Públicos o Defensoras Públicas, demás funcionarios o funcionarias y personal que se requiera. Las unidades regionales contarán con extensiones según las necesidades del servicio. página original (tal como se publicó) [Página 65] Martes 4 de octubre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONSIDERANDO Que conforme lo establece el artículo 14 numeral 12 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, son atribuciones del Defensor Público General o Defensora Pública General; organizar estructural, funcional, administrativa y financieramente la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que conforme lo establece el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, la Coordinación General es la dependencia mediante la cual se ejerce la función administrativa y operativa de la Defensa Pública, asistiendo al Defensor Público General o Defensora Pública General en la definición de las políticas, estrategias, directrices, planes y programas relacionados con la prestación del servicio, así como también en la supervisión, coordinación y ejecución de las normas internas que garanticen el cumplimiento de las metas trazadas por la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que conforme lo establece el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, se designarán Defensores Públicos o Defensoras Públicas con competencias en materia penal, en la jurisdicción Penal Militar. CONSIDERANDO Que conforme lo establece el artícuio 48 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública. Son Defensores Públicos o Defensoras Públicas con competencia en materia penal militar, aquellos o aquellas a quienes corresponde ejercer la defensa en procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales, relacionados con la jurisdicción penal militar. CONSIDERANDO Que conforme lo establece el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, el Defensor o Defensora General Militar y los Defensores Públicos o Defensoras Públicas con competencia penal militar serán designados y designados de conformidad con lo establecido en la legislación militar, pero en todo caso se requerirá el visto bueno del Defensor Público General o la Defensora Pública General de la Defensa Pública. RESUELVE: La reestructuración organizacional y funcional de la Defensoría Pública Militar conforme a las siguientes disposiciones: CAPÍTULO PRIMERO REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DE LA DEFENSORÍA GENERAL MILITAR Organización Artículo 1: Se modifica la denominación de la Organización Jurisdiccional y Administrativa de la Defensoría Pública Militar por la Organización Jurisdiccional y Administrativa de la DEFENSA PÚBLICA MILITAR, la cual estará bajo la Dirección del Defensor General Militar o Defensora General Militar, dependerá funcionalmente de la Defensa Pública General, a los fines de Garantizar a toda persona el derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y administrativo en todas las materias que le son atribuidas, conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y administrativamente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, especialmente en lo que se refiere al presupuesto, conforme a lo previsto en el artículo 157 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. DEFENSOR GENERAL MILITAR O DEFENSORA GENERAL MILITAR Atribuciones Artículo 2: El Defensor General Militar o Defensora General Militar, tendrá las siguientes atribuciones: Ejercer la dirección y supervisión de la Defensa Pública Militar; a) Prestar juramento ante el Defensor Público General o Defensora b) Pública General; Informar al Defensor Público General o Defensora Pública General el c) estado actual de cualquier causa requerida; Designar al personal militar y civil de la Defensa Pública Militar para el d) cumplimento de sus funciones; Garantizar el derecho a la defensa y la asistencia jurídica a los le) militares y civiles procesados en la Jurisdicción Penal Militar o sometidos a un procedimiento administrativo disciplinario en todas las instancias y así lograr, el ejercicio efectivo del acceso a la justicia; Establecer las políticas y directrices a ser implementadas en cada una de las Coordinaciones Regionales y Unidades de Defensa Pública Militar establecidas a nivel nacional; g) Supervisar y Coordinar la actuación de los Directores, Directoras, Coordinadores Regionales, Coordinadoras Regionales, Defensores Públicos Militares, Defensoras Públicas Militares y demás personal administrativo adscrito a la Defensa Pública Militar; h) Asignar la competencia de los Defensores Públicos Militares o Defensoras Públicas Militares, por el territorio y por la materia; Designar Defensores Públicos Militares o Defensoras Públicas Militares i) y sus auxiliares, con competencia plena en el territorio nacional; Aprobar la rotación para Defensores Públicos Militares o Defensoras j) Públicas Militares; k) Intervenir personalmente cuando lo juzgue conveniente en los procesos de la jurisdicción penal militar y administrativa disciplinaria, en cualquier lugar del territorio nacional. Podrá también nombrar Delegado Especial o designar defensores públicos o defensoras públicas para ejercer esta atribución; 431.051 Instar a la Fiscalía General Militar la práctica de diligencias [1) investigativas; m) Ordenar la sustitución de un Defensores Públicos Militares o Defensoras Públicas Militares, cuando a su criterio sea necesario, para un mejor desempeño en el servicio de la Defensa Pública; n) Solicitar el avocamiento de un expediente que curse ante un tribunal militar, cuando lo estime conveniente; Ejercer el recurso de interpretación; (o p) Decidir sobre las inhibiciones y recusaciones de los Defensores Públicos Militares o Defensoras Públicas Militares sin menoscabo de las atribuciones previstas a los jueces o juezas militares de la República por normativa procesal; q) Garantizar la interposición de los recursos previstos en las leyes adjetivas; Supervisar las visitas a los Centros y Departamentos de Procesados Militares, con el objeto de verificar las condiciones físicas y psíquica de los defendidos; el desempeño de las funciones del servicio; Presentar el proyecto de presupuesto de la Defensa Pública Militar (2) ante la Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y ejecutar el presupuesto aprobado de la Defensa Pública Militar, garantizando la distribución equitativa y eficiente de los recursos; u) Fomentar la formación y mejoramiento profesional del personal de defensores públicos militares y defensoras públicas militares, con la finalidad de elevar el nivel académico de conocimientos y garantizar la prestación de (un mejor servicio; )Velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública; w) Presentar el proyecto de Organización y funcionamiento administrativo y financiero de la Defensa Pública Militar; x) Ejercer la potestad disciplinaria sobre el personal militar y civil adscrito a la Defensa Pública Militar; Presentar anualmente informe gestión; y y) Las demás atribuciones inherentes en razón de su competencia y las z) que son atribuidas por la ley. CAPÍTULO SEGUNDO DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSA PÚBLICA MILITAR Conformación estará conformada Artículo 3: La Defensa Militar, Pública administrativamente por la Inspectoría, la Dirección de Gestión Humana, la Dirección de Administración y Logística, la Dirección de Informática, la Dirección de Planificación y Presupuesto y la Dirección de Educación. De la Inspectoría ¡Artículo 4: La Inspectoría es un órgano dependiente jerárquica, organizativa y funcionalmente del Defensor General Militar o Defensora General Militar, y tendrá como objeto inspeccionar, supervisar y vigilar el correcto funcionamiento de las dependencias adscritas a la Defensa Pública Militar, realizando las investigaciones administrativas correspondientes de conformidad a lo establecido en las leyes y reglamentos. La Inspectoría estará conformada por la División de Inspecciones y la División de Investigación y Disciplina. Funciones del Inspector o Inspectora Artículo 5: El Inspector o Inspectora de la Defensa Pública Militar, tendrá las funciones siguientes: Elaborar el Pian Anual de Inspecciones; a) b) Realizar las visitas de inspección a las Coordinaciones Regionales y Unidades de Defensa Pública Militar rutinarias o especiales, según su programación o cuando así lo acuerde el Defensor General Militar o Defensora General Militar; c) Atender y procesar las novedades que le formulen sobre presuntas irregularidades en las actividades inherentes a la Defensa Pública Militar y realizar la averiguación correspondiente; d) Recibir la relación de novedades presentadas por cada una de las dependencias adscritas a la Defensa Pública Militar; e) Recibir los informes y novedades de los Coordinadores Regionales sobre las necesidades del servicio y atender las recomendaciones que formulen para corregir las deficiencias; Presentar informe de inspección al Defensor General Militar o f Defensora General Militar sobre resultados obtenidos de las inspecciones practicadas, así como de las novedades de carácter judicial y administrativo; 9) Solicitar el inicio de los procedimientos administrativos disciplinarios a que hubiere lugar, ante el Defensor General Militar o Defensora General Militar; h) Realizar las investigaciones ordenadas por el Defensor General Militar o Defensora General Militar; Ordenar las medidas pertinentes para subsanar deficiencias o. (i) novedades detectadas, efectuando seguimiento al cumplimiento de las mismas; Solicitar al Defensor General Militar o Defensora General Militar la bj) suspensión temporal del cargo al funcionario o funcionaria investigado o investigada del ejercicio de la función si así lo considerase necesario; k) Practicar todas las diligencias que considere conducente para recabar información relacionada con hechos investigados; Requerir de las personas relacionadas, documentos o información 1) pertinente para el esclarecimiento de los hechos; página original (tal como se publicó) [Página 66] 431.052 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Requerir de organismos públicos información respecto a las personas m) involucradas, siempre que la misma no hubiere sido declarada confidencial o secreta, de conformidad con las leyes; Elaborar los documentos y guías de inspección a ser aplicadas a las dependencias adscritas a la Defensa Pública Militar; o) Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar o Defensora General Militar, leyes y reglamentos. De la División de Inspecciones Artículo 6: La División de Inspecciones, es una dependencia que tendrá Regionales, Unidades de Defensa Pública Militar y demás dependencias adscritas a la Defensa Pública Militar, mediante el Plan Anual estructurado para tal fin, así como las ordenadas por el Defensor General Militar o Defensora General Militar. Las funciones del Jefe o Jefa de la División de Inspecciones, serán las siguientes: a) Efectuar las inspecciones en las Coordinaciones Regionales, Unidades de Defensa Pública Militar y demás dependencias adscritas a la Defensa Pública Militar, previstas en el Plan Anual de Inspecciones o las que sean ordenadas por el Defensor General Militar o Defensora General Militar; Dar estricto cumplimiento al Plan Anual de Inspecciones; b) Elaborar las órdenes de inspección de acuerdo al Plan Anual de c) Inspecciones; Evaluar los requerimientos del personal técnico para la ejecución de d) las inspecciones; e) Elaborar los informes finales de inspección; Solicitar los medios y recursos necesarios para la ejecución del Plan f) Anual de Inspecciones; y 9) Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar o Defensora General Militar, el Inspector, leyes y reglamentos. De la División de Investigación y Disciplina Artículo 7: La División de Investigación y Disciplina, es una dependencia que tendrá como objeto ejecutar las investigaciones ordenadas por el Defensor General Militar o Defensora General Militar, como resultado de las inspecciones realizadas o en atención a quejas, reclamos o denuncias formuladas. Las funciones del Jefe o Jefa de la División de Investigación y Disciplina, serán las siguientes: a) Realizar las investigaciones ordenadas por el Defensor General Militar o Defensora General Militar; b) Elaborar ei informe sobre las investigaciones realizadas en las Coordinaciones Regionales, Unidades de Defensa Pública Militar y demás dependencias de la Defensa Pública Militar, con resultados, conclusiones y recomendaciones; Realizar el control y seguimiento administrativo sobre las acciones y respuestas que deban emitir los entes involucrados en la investigación, y una vez concluida la investigación elaborar el acta de cierre; Examinar y evaluar los informes elaborados por las Coordinaciones Regionales y Unidades de Defensa Pública Militar, verificando que el procedimiento administrativo cumpla con la normativa legal vigente; y e) Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar o Defensora General Militar, el Inspector, leyes y reglamentos. De la Dirección de Gestión Humana Artículo 8: La Dirección de Gestión Humana, es un órgano que tendrá como objeto ejecutar la planificación, organización y control de todo lo relativo a la administración del Talento Humano militar y civil adscrito a la Defensa Pública Militar. La Dirección de Gestión Humana estará conformada por la División de Personal Militar, la División de Personal Civil y la División de Nómina. Atribuciones Artículo 9: El Director o Directora de Gestión Humana, tendrá las funciones siguientes: a) Planificar, organizar, coordinar y controlar con la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el proceso de Evaluaciones de Desempeño y Eficiencia de los empleados y obreros que laboran en la Defensa Pública Militar; b) Elaborar los movimientos del personal civil, con la finalidad de mantener actualizado el RAC (Registro de Asignación de Cargos, en el caso de los - Empleados) y el RAPo (Registro de Asignación de Puestos de Obreros), remitiéndolos a la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para la Defensa para su aprobación y/o tramitación ante el Ministerio del Poder Popular para la Planificación; Elaborar el Plan Anual de Gestión Humana; c) Efectuar el procedimiento administrativo relativo a la calificación de d) servicio del personal militar y civil adscrito a la Defensa Pública Militar; Controlar el régimen de permisos, licencias y vacaciones del personal e) militar y civil adscrito a la Defensa Pública Militar; Conservar y mantener actualizados los expedientes individuales del personal militar y civil de la Defensa Pública Militar; 9) Mantener la actualización constante en relación a procedimientos, leyes y disposiciones que en materia laboral puedan surgir, con la finalidad de adaptar y optimizar los existentes; h) Supervisar y controlar la elaboración y remisión mensual del cálculo de prestación de antigüedad del personal civil, ante la Dirección de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para la Defensa; Supervisar y controlar la elaboración de las nóminas de pago del i) personal de empleados y obreros; Supervisar y controlar la elaboración y remisión mensual del resumen bj) de nómina del personal civil, a la Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio del Poder Popular para la Defensa; Martes 4 de octubre de 2016 k) Evaluar y efectuar el estudio de los resultados obtenidos en las evaluaciones de desempeño y eficiencia del personal empleado y obrero; y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria otorgar la compensación correspondiente; Dirigir y controlar la elaboración del anteproyecto y proyecto de gastos de personal de la Defensa Pública Militar; m) Detectar y coordinar las necesidades de Personal de la Defensa Pública Militar; n) Coordinar con la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y las Coordinaciones Regionales de la Defensa Pública Militar, todo lo relacionado con los concursos públicos de ingreso y sistema de mérito para el personal de empleados, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública; o) Coordinar con la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y las Coordinaciones Regionaies de la Defensa Pública Militar, el ingreso del personal de obreros, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras; p) Elaborar y tramitar las solicitudes de condecoraciones dei personal militar y civil adscrito a la Defensa Pública Militar; q) Elaborar y tramitar las sanciones disciplinarias del personal militar y civil adscrito a la Defensa Pública Militar; Coordinar con la Dirección de Planificación y Presupuesto de la Defensa Pública Militar y las Coordinaciones Regionales en caso de creación de cargos con sus respectivos beneficios laborales, a fin de que los mismos sean incluidos en el presupuesto de gastos para el ejercicio fiscal siguiente; y s) Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar o Defensora General Militar, leyes y reglamentos. De la División de Personal Militar Artículo 10: La División de Personal Militar, es una dependencia que tendrá como objeto planificar, organizar y controlar todo lo relativo a la administración del personal militar adscrito a la Defensa Pública Militar, tomando en consideración la normativa legal vigente, lineamientos y disposiciones emanados de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El Jefe o Jefa de la División de Personal Militar, tendrá las siguientes funciones: a) Elaborar oficios de acuse de recibo, solicitud, remisión, radiogramas, notas de coordinación y demás comunicaciones; b) Mantener actualizados y ordenados los archivos de la División de Personal Militar; c) Mantener actualizados y ordenados los expedientes del personal militar; d) Solicitar, transcribir, distribuir y remitir semestralmente las evaluaciones del personal militar a sus respectivos componentes; je) Elaborar y llevar el control de las boletas de permiso vacacional, permiso pre y post parto, maternidad, paternidad y familia, muerte de familiares directos, matrimonio y otras, del personal militar; Elaborar el plan de localización mensual del personal militar; f) Elaborar designaciones internas del personal militar adscrito a la 9) Defensa Pública Militar; Elaborar el rol de guardia mensual; h) Solicitar ante la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder i) Popular para la Defensa las resoluciones ministeriales del personal militar que ingresa a la Defensa Pública Militar; Elaborar el plan vacacional semestral del personal militar; j) Recibir, tramitar y remitir las solicitudes de beneficios y bonificaciones k) socioeconómicas del personal militar; Solicitar ante los diferentes componentes la inclusión en la prima por cargo, prima de frontera entre otras, del personal militar; y m) Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar o Defensora General Militar, Director o Directora de Gestión Humana, leyes y reglamentos. De la División de Personal Civil Artículo 11: La División de Personal Civil, es una dependencia que tendrá como objeto planificar, organizar y controlar todo lo relativo a la administración del personal civil adscrito a la Defensa Pública Militar, tomando en consideración la normativa legal vigente que rige la materia y así implementar una sana, eficaz y adecuada política laboral. El Jefe o Jefa de la División de Personal Civil, tendrá las siguientes funciones: a) Recibir, procesar, cargar y controlar en el SIGEFIRRHH la prima al mérito mensual de todo el personal civil; b)Solicitar, recibir, tramitar y remitir los expedientes para el beneficio de útiles escolares, becas, y juguetes navideños para los hijos de los trabajadores; Elaborar oportunamente oficios de solicitud, remisión, acuse de recibo, radiogramas, notas de coordinación, constancias de trabajo y demás comunicaciones; Elaborar y llevar el control del plan anual vacacional, boletas de (d) permiso vacacional, permiso pre y post parto, maternidad, paternidad y familia, muerte de familiares directos, matrimonio y otras del personal civil; e) Elaborar expedientes de prestaciones sociales del personal empleado y obrero egresado de la Defensa Pública Militar y todos los procedimientos que se deriven de ello; Elaborar expedientes de jubilación y pensión del personal de empleados y obreros y todos los procedimientos que se deriven de ello; Elaborar el plan de adiestramiento anual y las clasificaciones de los g) cargos; h) Actualizar el Registro de Asignación de Cargo (RAC) anualmente; Elaborar y tramitar ante la Oficina de Gestión Humana del Ministerio i) del Poder Popular para la Defensa, los movimientos de personal de empleados y obreros; página original (tal como se publicó) [Página 67] Martes 4 de octubre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Elaborar, solicitar, revisar y tramitar ante la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, las evaluaciones semestrales y los cálculos del fideicomiso mensual del personal de empleados y obreros; k) Elaborar antecedentes de servicios del personal de empleados y obreros egresados de la Defensa Pública Militar; Actualizar mensualmente la prima de antigüedad; 1) Mantener actualizado y tramitar ante la Oficina de Gestión Humana del m) Ministerio del Poder Popular para la Defensa, estadísticas de las evaluaciones de desempeño, donde especifiquen los resultados obtenidos; n) Asesorar en materia de personal a los Directores y Directoras, Coordinadores Regionales y Coordinadoras Regionales, Defensores Públicos Militares y Defensoras Públicas Militares adscritos a la Defensa Pública Militar; o) Coordinar, supervisar y distribuir al personal que labora en la división, los trabajos asignados por el Director o Directora de Gestión Humana; Coordinar y realizar todos los trámites concernientes a los concursos públicos de empleados, sistema de mérito e ingreso y ascensos del personal obrero, de acuerdo a los lineamientos emanados por la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para la Defensa; q) Recibir, revisar y tramitar ante la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, expedientes de solicitud de anticipo de prestaciones sociales; Recibir, revisar y tramitar ante Seguros Horizonte la inclusión del personal de empleados y obreros y sus familiares directos; s) Tramitar el ingreso y egreso al único número patronal del Seguro Social adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Defensa; Tramitar las solicitudes de comisión de servicio, transferencias, traslados, suspensión con goce de sueldo, permisos o licencias del personal de empleados y obreros ante la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para la Defensa; u) Realizar y tramitar ante la Coordinación de Seguridad Social de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para la Defensa las solicitudes de pensión por vejez, discapacidad, y otras; )Realizar y tramitar la inclusión del personal de empleados y obreros que ingresa a la Defensa Pública Militar ante la Caja de Ahorro del Ministerio del Poder Popular para la Defensa (CAFUCAMIDE) y el Fondo de Ahorro Voluntario de la Fuerza Armada (FONDOEFA); y n) Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar o Defensora General Militar, Director o Directora de Gestión Humana, leyes y reglamentos. De la División de Nómina Artículo 12: La División de Nómina, es una dependencia que tendrá como objeto planificar, organizar y controlar todo lo relativo al sistema de nómina del personal de empleados y obreros adscritos a la Defensa Pública Militar, tomando en consideración la normativa legal vigente que rige la materia. El Jefe o Jefa de la División de Nómina, tendrá las siguientes funciones: a) Revisar y conformar la nómina mensual del personal de empleados y obreros; b) Elaborar y tramitar las tablas de incrementos y variaciones anuales ante el SIGEFIRRHH; Tramitar la inclusión a la nómina del personal de empleados y obreros c) que ingresa y asciende; Tramitar la exclusión de la nómina del personal de empleados y (d) obreros que egreso de la Defensa Pública Militar; obreros dentro de las dependencias adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Defensa; Realizar y tramitar las rendiciones mensuales ante la Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio del Poder Popular para la Defensa; Elaborar cálculos de bono vacacional, bono de fin de año, bono único de mérito y otros; h) Realizar y tramitar los descuentos de ley en la nómina mensual del personal de empleados y obreros; Realizar y tramitar los descuentos del personal de empleados y obreros que ingresa a la Defensa Pública Militar ante la Caja de Ahorro del Ministerio del Poder Popular para la Defensa (CAFUCAMIDE) y el Fondo de Ahorro Voluntario de la Fuerza Armada (FONDOEFA); y Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar o b) Defensora General Militar, Director o Directora de Gestión Humana, leyes y reglamentos. De la Dirección de Educación de la Defensa Pública Militar Artículo 13: La Dirección de Educación, es un órgano que tendrá como objeto dirigir y ejercer la rectoría del sistema educativo de la Defensa Pública Militar; así como de planificar, formular, actualizar, controlar y evaluar las políticas, estrategias, planes, programas de estudio y proyectos dirigidos a garantizar la capacitación idónea del personal militar y civil adscrito a la Defensa Pública Militar. Estará conformada por la División de Programación y la División Académica. Las funciones del Director o Directora de Educación de la Defensa Pública Militar, son las siguientes: a) Planificar y elaborar los proyectos y estimaciones presupuestarias necesarias para asegurar el desarrollo académico del personal militar y civil en coordinación con los Directores o Directoras y Coordinadores Regionales o Coordinadoras Regionales previa consideración del Defensor General Militar o Defensora General Militar; b) Establecer, evaluar y controlar los criterios y parámetros técnicoacadémicos que contribuyan al mejoramiento de la Defensa Pública Militar; Planificar, promover, coordinar, y controlar la capacitación y actualización académica del personal de Directores o Directoras, Coordinadores Regionales o Coordinadoras Regionales y Defensores Públicos Miliares o Defensoras Públicas Miliares; 431.053 (d) Planificar la ejecución de cursos militares y civiles; e) Supervisar y controlar el desarrollo de los programas de estudios para el perfeccionamiento y capacitación del personal militar y civil de la Defensa Pública Militar; Planificar, promover, coordinar y ejecutar actividades deportivas, recreativas y culturales dirigidas a fortalecer la capacitación y motivación del personal militar y civil adscrito a la Defensa Pública Militar; 9) Supervisar el diseño y actualización académica de los programas didácticos utilizados para apoyar la capacitación del personal militar y civil de la Defensa Pública Militar; h) Dictar curso de inducción a los Defensores Públicos Militares y Defensoras Públicas Militares, que ingresan a la Defensa Pública Militar; y Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar o i) Defensora General Militar, leyes y reglamentos. De la División de Programación Artículo 14: La División de Programación, es una dependencia que tendrá como objeto planificar e impulsar el desarrollo integral de los procesos educativos a través de estrategias de gestión que propendan a lograr calidad del potencial humano. Las funciones del Jefe o Jefa de la División de Programación, son las siguientes: a) Asesorar al Director o Directora de Educación de la Defensa Pública Militar en los aspectos relacionado a la educación; b) Planificar actividades académicas que impulsen la integración en el Sistema de Justicia Militar; c) Planificar y programar cursos de extensión y actividades académicas para el perfeccionamiento y actualización del personal militar y civil; d) Elaborar el plan operativo anual de la Dirección de Educación de la Defensa Pública Militar; Presupuestar semestralmente el costo de los cursos de capacitación y perfeccionamiento profesional para el personal militar y civil; Formular el proyecto de presupuesto anual para el cumplimiento de los (f) planes y proyectos académicos establecidos; 9) Impulsar la generación de procesos educativos; y Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar o h) Defensora General Militar, Director o Directora de Educación, leyes y reglamentos. De la División Académica objeto dirigir, coordinar, actualizar y controlar el proceso de aprendizaje del personai militar y civil adscrito a la Defensa Pública Militar de conformidad con los planes y programas de estudios establecidos por el Director o Directora de Educación. Las funciones del Jefe o Jefa de la División Académica, son las siguientes: a) Asesorar al Director o Directora de Educación, en lo relativo a la formación académica a nivel nacional e internacional de personal militar y civil adscrito a la Defensa Pública Militar; b) Supervisar y controlar el desarrollo de los programas de estudios para el perfeccionamiento y capacitación del personal militar y civil; Diagnosticar las prioridades educativas que sirvan de base para el c) mejoramiento y capacitación del personal militar y civil; d) Realizar, promover y desarrollar actividades de investigación relacionadas con el proceso educativo; y e) Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar o Defensora General Militar, Director o Directora de Educación leyes y reglamentos. De la Dirección de Administración y Logística Artículo 16: La Dirección de Administración y Logística, es un órgano que tendrá como objeto coordinar, ejecutar y controlar todas las actividades relacionadas con la administración de los recursos presupuestarios asignados, dotación de materiales, bienes y servicios. Estará integrada por la División de Finanzas y Contabilidad, la División de Servicios Básicos Generales y Transporte, la División de Logística y la División de Bienes Públicos. Funciones del Director o Directora de Administración y Logística Artículo 17: Las funciones del Director o Directora de Administración y Logística, serán los siguientes: ja) Administrar los recursos financieros asignados a la Defensa Pública Militar, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos; b) Programar, coordinar y dirigir el suministro oportuno de materiales, bienes y servicios a las Direcciones, Coordinaciones Regionales y Unidades de Defensa Pública Militar; c) Velar por el registro y control de los bienes muebles pertenecientes a la Defensa Pública Militar; d) 'Contabilizar los movimientos bancarios tales como: depósitos ejecutados, cheques emitidos, cancelaciones y elaboración de las conciliaciones bancarias, entre otros; e) Coordinar, ejecutar y controlar la adquisición, almacenamiento y distribución de materiales, equipos y registro de proveedores; Coordinar con la Dirección de Administración del Ministerio del Poder f) Popuiar para la Defensa, las acciones necesarias para la tramitación de los pagos de las órdenes de compra; 9)Recibir y atender a los funcionarios de los organismos Contralores, en lo concerniente a la fiscalización o revisión de cuentas, previa autorización del Defensor General Militar o Defensora General Militar; h) Controlar las órdenes de compras y servicios que se emitan durante el ejercicio presupuestario, así como el monto de los bienes y servicios; Controlar el movimiento de los fondos depositados en las cuentas [i) corrientes bancarias para el pago de proveedores; Supervisar el mantenimiento de vehículos, edificio sede y áreas j) adyacentes a la Defensa Pública Militar; página original (tal como se publicó) [Página 68] 431.054 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Solicitar conforme a lo programado la Cuota de Compromiso, Causaao |k) y Desembolso a la Dirección de Planificación y Presupuesto de la Defensa PCública Militar; Ejecutar de acuerdo a las cuotas aprobadas de cada trimestre, el 1) presupuesto de gastos por concepto de personal, bienes, servicios, materiales y suministros; !m) Elaborar las rendiciones de los fondos presupuestarios y de los bienes nacionales muebles; n) Dar cumplimiento a ios lineamientos financieros y contables, que orienten la gestión de las Direcciones, Coordinaciones Regionales y Unidades de Defensa Pública Militar; o) Ejecutar en coordinación con el Defensor General Militar o Defensora General Militar los gastos ocasionados por adquisición de materiales y suministros, bienes y servicios, de acuerdo a las cuotas aprobadas en cada |trimestre; Procesar los viáticos y pasajes por concepto de comisión de servicio y p) los pagos de fondos en anticipo y directos; Coordinar y controlar la actualización y vigencia de las pólizas de q) seguro de cada vehículo, tanto de responsabilidad civil como de cobertura amplia; r) Supervisar y controlar la entrada de los bienes y materiales de construcción, mantenimiento, ferretería y afines que le sean asignados para el normal funcionamiento de las diferentes dependencias adscritas a la Defensa Pública Militar y el cumplimiento de los servicios básicos de limpieza y mantenimiento, estableciendo seguimiento de los pedidos o requisiciones a fin de mantener la existencia de material; Ejecutar el presupuesto que le sea asignado de acuerdo con las leyes, reglamentos y disposiciones vigentes sobre la materia; Requerir y distribuir ios recursos necesarios para el buen t) funcionamiento de las dependencias adscritas a la Defensa Pública Militar; u) Revisar y enviar a la Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, los movimientos mensuales de bienes nacionales; )Tramitar ante la Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la desincorporación de los bienes nacionales muebles que cumplieron su ciclo de vida útil; w) . Programar y supervisar los servicios generales, básicos y transporte de la sede de la Defensa Pública Militar; x) Cumplir con los planes de mantenimiento y servicio de los vehículos y demás bienes de transporte asignados a la sede de la Defensa Pública Militar; y y)Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar o Defensora General Militar, leyes y reglamentos. De la División de Finanzas y Contabilidad Artículo 18: La División de Finanzas y Contabilidad, es una dependencia que tendrá como objeto coordinar y ejecutar el presupuesto anual asignado a la Defensa Pública Militar. El Jefe o Jefa de la División de Finanzas y Contabilidad, tendrá las siguientes funciones: a) Realizar las actividades concernientes a la administración de los recursos financieros y garantizar el buen funcionamiento de las Direcciones, Coordinaciones Regionales y Unidades de Defensa que conforman la Defensa Pública Militar; b) Solicitar trimestralmente a la Dirección de Planificación y Presupuesto, la Cuota de Compromiso, Causado y Desembolso; Ejecutar de acuerdo a las cuotas aprobadas de cada trimestre, el presupuesto de gastos por concepto de bienes, servicios, materiales y suministros; Elaborar las rendiciones de los fondos en anticipo presupuestarios; d) Supervisar, controlar y registrar el desarrollo del proceso contable de e) los diferentes gastos ejecutados; Dar cumplimiento a los lineamientos logísticos y financieros, de las f dependencias de la Defensa Pública Militar ; Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias de las cuentas de gastos de funcionamiento; Registrar el proceso contable de los distintos gastos ejecutados en el trimestre correspondiente; Conciliar las cuentas bancarias de la Defensa Pública Militar ; i) Elaborar las rendiciones de los gastos de fondos presupuestarios; [j) k) Procesar los viáticos y pasajes por concepto de comisión de servicio; Elaborar y controlar los libros de órdenes de compra y de servicio y de General de la Fuerza Armada Nacional; Procesar los pagos de fondos en anticipo y directos; m) Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar o n) Defensora General Militar, Director o Directora de Administración y Logística, leyes y reglamentos. De la División de Servicios Básicos, Generales y Transporte Artículo 19: La División de Servicios Básicos, Generales y Transporte, es una dependencia que tendrá como objeto llevar el control de gestión de las empresas que suministran los servicios básicos (agua, electricidad, aseo, infraestructura y los vehículos automotores asignados a la Defensa Pública Militar a nivel nacional. El Jefe o Jefa de la División de Servicios Básicos, Generales y Transporte tendrá las siguientes funciones: a) Estimar el gasto correspondiente al año siguiente, a fin de informar a la Dirección de Planificación y Presupuesto el monto que se ejecutará para los servicios básicos y pólizas de vehículo a fin de realizar el presupuesto; b) Realizar los expedientes de compromiso y causado a través del SIGECOF, para la cancelación de los servicios básicos por concepto de la partida 403.04.02.00; Recepción y control de facturación; c) Registrar en forma computarizada los montos por factura de servicios d) básicos; Martes 4 de octubre de 2016 (e) Realizar las respectivas conciliaciones con las empresas para establecer los saldos acreedores o deudores; Realizar expedientes de acreencias no prescritas, en caso de que el f) programa resulte deudor, y remitir los mismos a la Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la Defensa para la tramitación de los pagos correspondientes; Redactar correspondencias, informes y documentos diversos; 9) Recepción de documentos y correspondencias; h) Coordinar con los asesores de las empresas en todo lo relacionado a i) los trámites de documentación y eventualidades que se presenten en el suministro de los servicios; Coordinar y controlar la actualización y vigencia de las pólizas de j) seguro de cada vehículo, tanto de responsabilidad civil como de cobertura amplia; k) Programar y dirigir los trabajos de pintura, plomería, electricidad, jardinería de todas las dependencias que integran la sede de la Defensa Pública Militar; Programar, dirigir y controlar las actividades de limpieza y (D) conservación y mantenimiento que se ejecuten en la sede de la Defensa Pública Militar; Organizar el servicio de transporte para el personal que labora en la m) sede de la Defensa Pública Militar; n) Cumplir con los. planes de mantenimiento y servicio de los vehículos y transporte asignados a la Defensa Pública Militar; Elaborar los expedientes de los vehículos automotores asignados a la Defensa Pública Militar; p) Preparar los planes de mantenimiento para soportar las justificaciones del anteproyecto de presupuesto, en lo concerniente a las partidas de conservación y mantenimiento de equipos, vehículos e infraestructura de la Defensa Pública Militar; Controlar y supervisar la labor de los conductores adscritos a la Defensa Pública Militar; y r) Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar o Defensora General Militar, Director o Directora de Administración y Logística leyes y reglamentos. De la División de Logística Artículo 20: La División de Logística, es una dependencia que tendrá como objeto proveer y atender eficientemente los requerimientos de bienes y servicios de las Direcciones, Coordinaciones Regionales y Unidades de Defensa Pública Militar. El Jefe o Jefa de la División de Logística, tendrá las siguientes funciones: Lievar seguimiento de los pedidos o requisiciones de material que sean (e tramitados, a fin de mantener la existencia mínima de stock de material; b) Supervisar y controlar la entrada y salida del material que se requiere para el normal funcionamiento de las diferentes dependencias adscritas a la Defensa Pública Militar ; Evaluar las necesidades de bienes y servicios para la formulación del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes; Efectuar la evaluación permanente de los proveedores y mantener una d) base de datos actualizada; e) Proveer de recursos logísticos a las diferentes dependencias adscritas a la Defensa Pública Militar ; Formular y proponer la programación de los procesos de adquisiciones f de bienes y servicios; Organizar y supervisar las actividades de recepción, almacenamiento y distribución de bienes; h) Programar anualmente las necesidades de bienes y servicios en coordinación con el Director de Administración y Logística; y Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar o Defensora General Militar, Director o Directora de Administración y Logística, leyes y reglamentos. De la División de Bienes Públicos Artículo 21: La División de Bienes Públicos, es una dependencia que tendrá como objeto coordinar y ejecutar todas las actividades relacionadas con el control, custodia, mantenimiento y conservación de los bienes públicos de la Defensa Pública Militar. El Jefe o Jefa de la División de Bienes Públicos, tendrá las siguientes funciones: a) Asesorar al Defensor General Militar o Defensora General Militar a través de la Dirección de Administración y Logística, en todo lo inherente al manejo de Bienes Públicos; b) Lievar un registro detallado de los Bienes Públicos asignados a la Defensa Pública Militar; c) Identificar en forma correlativa y siguiendo las instrucciones impartidas Pública Militar; d) Elaborar los expedientes respectivos para solicitar ante la Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la desincorporación y/o enajenación de los Bienes Públicos que cumplieron su ciclo de vida útil; Elaborar y tramitar a través del Director o Directora de Administración e) y Logística Defensa, los movimientos mensuales de Bienes Públicos; Solicitar a la Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a través del Director o Directora de Administración y Logística de la Defensa Pública Militar, las conformidades mensuales y anuales de las rendiciones de movimientos de bienes públicos, tramitadas lante esa instancia superior; 9) Controlar la movilización de bienes públicos de su ambiente de origen, con el debido registro o reasignación, emitido por la División de Bienes Públicos; h) Pasar revista periódica de los bienes públicos, a fin de llevar control de su existencia y detectar posibles pérdida o extravío de los mismos; página original (tal como se publicó) [Página 69] Martes 4 de octubre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Elaborar inventario por ambientes de los bienes públicos asignados a |i) las direcciones de la Defensa Pública Militar; Elaborar actas de asignación de bienes públicos, donde se designen a i) los Directores, Directoras, Coordinadores Regionales, Coordinadoras Regionales, Defensores Públicos Militares y Defensoras Públicas Militares, como responsables por la supervisión y conservación de los mismos; Llevar los libros de contabilidad de bienes y materias y las planillas de control para las incorporaciones o desincorporaciones de bienes públicos; Tramitar ante la Dirección de Administración del Ministerio del Poder ¡Popular para la Defensa, a través del Director o Directora de Administración yi Logística de la Defensa Pública Militar, la asignación de códigos de acuerdo a| la estructura organizativa; (m) Preparar, revisar y mantener actualizado el inventario anual de los bienes públicos verificando los bienes públicos por percepción directa, constatando, contando y midiendo los mismos; n Preparar los movimientos mensuales e inventarios generales de bienes públicos; o) Mantener la uniformidad de las nomenclaturas y características de los bienes públicos; y p) Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar o Defensora General Militar, Director o Directora de Administración y Logística leyes y reglamentos. De la Dirección de Planificación y Presupuesto Artículo 22: La Dirección de Planificación y Presupuesto, es un órgano que tendrá como objeto planificar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades relacionadas al uso y aprovechamiento de los recursos asignados; así como la revisión continua de los manuales de organización, normas y procedimientos de la Defensa Pública Militar. La Dirección de Planificación y Presupuesto estará conformada por la División de Planificación, la División de Presupuesto y la División de Organización y Sistema. Funciones del Director o Directora de Planificación y Presupuesto Artículo 23: El Director o Directora de Planificación y Presupuesto, tendrá las siguientes funciones: a) Asistir al Defensor General Militar o Defensora General Militar en todo lo relativo al área de planificación, presupuesto, control y evaluación de planes y desarrollo administrativo, así como también en materia de proyectos económicos financieros; b) Elaborar, asesorar, controlar y evaluar los planes económicos financieros, así como lo relativo al desarrollo administrativo de la Defensa Pública Militar, manteniendo actualizado los aspectos normativos y procedimentales aplicables a los mismos; Coordinar, estudiar y analizar con las dependencias de la Defensa c) Pública Militar, lo concerniente a los planes de funcionamiento y desarrollo, a ¡los fines de insertar los en el Plan Operativo Anual Institucional; d) Diseñar las guías que sirvan de base para la elaboración de los pianes a corto y mediano plazo; Cargar en los sistemas La Nueva Etapa y Sistema de Información e) Financiera y Presupuestaria (SIFPRE), el presupuesto de gastos realizado de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la Defensa Pública Militar; Realizar los estudios económicos que le sean encomendados por el f) Defensor General Militar o Defensora General Militar; Controlar y evaluar mediante la ejecución físico financiero, el 9) cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el Plan Operativo Anual; h) Analizar y evaluar los anteproyectos de organización y reorganización administrativa proveniente de las diferentes dependencias, a objeto de adecuarlos a la política de gestión y la doctrina de desarrollo, emanada de la Defensa Pública Militar ; Supervisar el proceso de elaboración del Manual de Organización y el Manual de Normas y Procedimientos, así como velar por la permanente actualización de los mismos, de conformidad con las normas establecidas por la Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la Defensa; Asesorar a las diferentes dependencias adscritas a la Defensa Pública b) Militar, en materia de organización, sistema, normas, procedimientos, elaboración de manuales, diseño de formularios y demás áreas afines; k) Servir de eje centralizados de las propuestas de desarrollo Militar, para su correspondiente análisis y tramitación ante el Defensor General Militar o Defensora General Militar; Planificar y realizar los estudios necesarios para el desarrollo organizacional de la Dirección; m) Elaborar las solicitudes de créditos adicionales, rectificaciones y traspasos presupuestarios que sean necesarios; Elaborar el informe anual de las actividades cumplidas para su inclusión en la Memoria y Cuenta de gestión; o) Elaborar estados financieros de la ejecución y control de consignaciones; p) Recibir y clasificar los comprobantes imputables a los gastos de (financiamiento y extra presupuesto; 4) Verificar y comprobar las imputaciones del presupuesto a cada partida presupuestaria; Hacer un seguimiento diario al SIGECOF (Compromiso-Causado- (r) Desembolso); y s) Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar o Defensora General Militar, leyes y reglamentos. De la División de Planificación Artículo 24: La División de Planificación, es una dependencia que tendrá como objeto analizar, evaluar y consolidar los planes de adquisiciones de bienes y servicios, mantenimiento menor y mayor de la sede, planes de inversión de la Defensa Pública Militar y otros planes administrativos. Las funciones del Jefe o Jefa de la División de Planificación son las siguientes: 431.055 (a) Diseñar las guías que sirvan de base para la elaboración de los planes a corto, mediano y largo plazo; b) Realizar los estudios económicos que le sean encomendados por el Defensor General Militar; Servir de eje centralizados de la propuesta de desarrollo c) organizacional, provenientes de las dependencias de la Defensa Pública Militar, para su correspondiente análisis y tramitación; Coordinar con la Dirección de Informática, el diseño y desarrollo de sistemas computarizados aplicables a las áreas de Planificación, Control y Evaluación del presupuesto; Enviar previa aprobación del Defensor General Militar o Defensora General Militar, a la Dirección de Planificación y Presupuesto, aquellos informes que sean solicitados en materia de planificación; Asesorar al Defensor General Militar o Defensora General Militar, en la f) obtención de los recursos financieros para el funcionamiento, inversión y desarrollo de la Defensa Pública Militar; Cargar en el sistema Nueva Etapa, el presupuesto de gastos realizados 9) de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la Defensa Pública Militar; h) Registrar anualmente el anteproyecto de presupuesto en el Sistema de Nueva Etapa; y Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar o i) Defensora General Militar, Director o Directora de Planificación y Presupuesto y Logística, leyes y reglamentos. De la División de Presupuesto Artículo 25: La División de Presupuesto, es una dependencia que tendrá como objeto programar, dirigir, coordinar, evaluar y aprobar todas las Militar. Las funciones del Jefe o Jefa de la División de Presupuesto, serán las siguientes: a) Elaborar, controlar, evaluar y verificar que los planes, metas y tareas a corto, mediano y largo plazo, se ejecuten tanto con recursos ordinarios como extraordinarios; Controlar, evaluar y mantener actualizada la ejecución del presupuesto b) de gastos y recomendar las medidas correctivas a la Dirección de Planificación y Presupuesto para el logro de las metas programadas; Elaborar las solicitudes de créditos adicionales, rectificaciones y traspasos presupuestarios que sean necesarios; d) Mantener permanente comunicación y coordinar con la Dirección de Administración y Logística las materias de interés común; e) Asesorar al Defensor General Militar o Defensora General Militar, en todo lo concerniente a la materia de administración presupuestaria; Analizar y elaborar todo lo relacionado con las modificaciones f) presupuestarias que sean requeridas de acuerdo con las necesidades de ejecución; 9) Verificar y tramitar ante la Dirección de Administración y Logística, la disponibilidad de recursos financieros; h) Cargar en el Sistema de Información Financiera y Presupuestaria (SIFPRE) el presupuesto de gastos realizado de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la Defensa Pública Militar; Solicitar a la Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio del i) Poder Popular para la Defensa, el asesoramiento sobre el funcionamiento del Sistema de Presupuesto (S.I.S.P.R.E.); j) Realizar mensualmente la ejecución física financiera del presupuesto de gastos de las partidas de materiales y suministros, servicios no personales y activos reales; y k) Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar o Defensora General Militar, Director o Directora de Planificación y Presupuesto y Logística, leyes y reglamentos. De la División de Organización y Sistema Artículo 26: La División de Organización y Sistema, es un dependencia que tendrá como objeto planificar, dirigir, coordinar y evaluar los estudios técnicos requeridos, para determinar los ajustes que en materia funcional y estructural sean necesarios realizar a las dependencias de la Defensa Pública Militar. Las funciones del Jefe o Jefa de la División de Organización y Sistema, serán las siguientes: a) Revisar anualmente el Manual de Organización de la Defensa Pública Militar, de conformidad con la Directiva vigente para la creación, modificación y control de las estructuras orgánicas y funcionales de las dependencias del sector defensa; b) Emitir políticas sobre el desarrollo administrativo, aplicables a las diferentes dependencias que conforman la Defensa Pública Militar, a fin de lograr homogeneidad de criterios para un desarrollo armónico y coherente en materia organizativa, sistemas, procedimientos, manuales y demás áreas afines; c) Efectuar los estudios técnicos, a fin de determinar los ajustes que en materia funcional y estructural sean necesarios realizar, a las dependencias de la Defensa Pública Militar, así como prestar asistencia técnica para la ejecución de los mismos; y d) Asesorar a las diferentes dependencias de la Defensa Pública Militar, en materia de organización, sistemas, normas, procedimientos, elaboración de manuales, gráficos, cronogramas, flujogramas y organigramas, diseño y revisión de formularios, implantación y evaluación de sistemas y demás áreas afines. e) Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar o Defensora General Militar, Director Directora de Planificación y Presupuesto y Logística, leyes y reglamentos. De la Dirección de Informática ¡Artículo 27: La Dirección de Informática, es un órgano que tendrá como objeto determinar, proporcionar y mantener la infraestructura y plataforma página original (tal como se publicó) [Página 70] 431.056 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA tecnológica en apoyo a las actividades administrativas de la Defensa Pública Militar. Estará conformada por la División de Redes, la División de Soporte Técnico y la División de Desarrollo y Sistemas. Funciones del Director o Directora de Informática Artículo 28: El Director o Directora de Informática, tendrá las siguientes funciones: a) Asesorar al Defensor General Militar sobre la adquisición de nuevas tecnologías requeridas por las dependencias de la Defensa Pública Militar; b) Planificar, dirigir y controlar el desarrollo, instalación e implementación de sistemas y aplicaciones contratadas o adquiridas a operadores de software, exigiendo su adecuación a los estándares de diseño y operación establecidos por el órgano rector de la materia; Desarrollar y mantener la arquitectura de datos e información, sistemas y aplicaciones de servicios adecuada a la Defensa Pública Militar mediante el uso de tecnologías de vanguardia; Establecer y mejorar continuamente los componentes de la organización necesarios (objetivos, funciones, recursos, planes, normas, procedimientos, metodologías, estándares y servicios) para la gerencia eficiente de la función informática de la Defensa Pública Militar; Solicitar la adquisición de equipos tecnológicos según las necesidades de la Defensa Pública Militar; Solicitar la desincorporación y/o enajenación de los equipos |f) informáticos que cumplieron su ciclo de vida útil; 9) Diseñar y ejecutar un plan de evaluación y mantenimiento integral del inventario de recursos tecnológicos a fin de mantener en óptimas (condiciones de operatividad todos los sistemas informáticos; h) Impulsar e implementar en las dependencias de la Defensa Pública Militar en el uso de software libre, de acuerdo con los lineamientos dictados en la materia; Coordinar con la Dirección de Educación de la Defensa Pública Militar, la programación y ejecución de planes de adiestramiento y capacitación para el personal militar y civil, relacionados al uso eficiente de todos los componentes de la infraestructura informática instalada; j) Dirigir las actividades de mantenimiento del hardware y software de la Defensa Pública Militar; k) Coordinar las actividades relacionadas con el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implantación y mejoramiento de los sistemas de información, de la página web de la Defensa Pública Militar y otros portales electrónicos; Actualizar la página web de la Defensa Pública Militar, con las 1) estadísticas de las actuaciones judiciales realizadas por los Defensores Públicos Militares y Defensoras Públicas Militares, eventos, actividades académicas, noticias, misceláneas o las ordenadas por el Defensor General Militar o Defensora General Militar; m) Asesorar a todos el personal militar y civil usuario del sistema de información desarrollado por la Defensa Pública Militar; y n) Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar o Defensora General Militar, Director de Informática, leyes y regiamentos. De la División de Redes Artículo 29: La División de Redes, es una dependencia que tendrá como objeto analizar, implementar y administrar los sistemas de servicios de internet e intranet de la Defensa Pública Militar. Las funciones del Jefe o jefa de la División de Redes, son las siguientes: a) Estudiar y establecer políticas de evaluación de la plataforma y de la implementación de cualquier nuevo servicio que surja como resultado de las necesidades de la Defensa Pública Militar; b) Ejecutar las operaciones básicas de administración de los servicios de red para garantizar la operatividad de la plataforma instalada; c) Instalar y garantizar la operatividad el cableado y los componentes de ired en las unidades que así lo requieran; d) Ejecutar los planes de mantenimiento de servidores, respaldos y repositorios de datos; Solucionar problemas de configuración de equipos, suspensión de e) servicios de poca complejidad; Cumplir y hacer cumplir las normas para el uso de los diversos f) equipos, servidores y periféricos del área de operaciones; Recibir los reportes de fallas de comunicación y servicios de red de los (9) ¡equipos de los usuarios y tomar las acciones correctivas necesarias; y jh) Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar o Defensora General Militar, el Director o Directora de Informática, leyes y reglamentos. De la División de Soporte Técnico Artículo 30: La División de Soporte Técnico, es una dependencia que tendrá como objeto coordinar las diferentes actividades técnicas y administrativas en el área de mantenimiento y soporte a usuarios, que permita la ejecución de los procesos de prestación de servicios, supervisando y evaluando la ejecución de los mismos. Las funciones del Jefe o Jefa de la División de Soporte Técnico, son las siguientes: Atender, verificar, mantener y brindar apoyo a los recursos a) tecnológicos de la Defensa Pública Militar; Detectar fallas y realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los b) recursos tecnológicos de las Direcciones, Coordinaciones Regionales y Unidades de Defensa Pública Militar; Desarrollar, implementar y mantener un manual de procedimientos para obtener una utilización óptima de los equipos; d) Asignar los equipos informáticos solicitados por las Direcciones, Coordinaciones Regionales y Unidades de Defensa Pública Militar; e) Registrar todas las actividades realizadas por los técnicos en las órdenes de soporte técnico correspondientes para así respaldar y documentar el servicio prestado a las Direcciones, Coordinaciones Regionales y Unidades de Defensa Pública Militar; Martes 4 de octubre de 2016 |f) finales puedan realizar copias de respaldo de sus propios documentos; y Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar o 9) Defensora General Militar, el Director o Directora de Informática, leyes y reglamentos. De la División de Desarrollo y Sistemas Artículo 31: La División de Desarrollo y Sistemas, es una dependencia que tendrá como objeto diseñar, implementar y administrar los sistemas informáticos y las bases de datos de la Defensa Pública Militar. Las funciones del Jefe o Jefa de la División de Desarrollo y Sistemas, son las siguientes: a) Analizar, diseñar, desarrollar, implementar y mantener aplicaciones siguiendo los estándares tecnológicos y metodológicos, establecidos por la Defensa Pública Militar; b) Administrar y desarrollar políticas de creación y mantenimiento de la base de datos; Realizar el levantamiento de los requerimientos de información de los usuarios; (d) Codificar los diversos programas en base al diseño aprobado; e) Probar y depurar los programas con datos de prueba, para asegurar su buen funcionamiento; Preparar la documentación del sistema de acuerdo a normas f establecidas; Elaborar el formato de entrada y salida en los programas; (6) h) Investigar y analizar los avances e innovación en materia de tecnologías y recomendar su aplicación como vía de modernización constante de la plataforma instalada; Asesorar al personal de las Direcciones, Coordinaciones Regionales y demás dependencias que intervienen en el proceso de sistematización en relación a la calidad y oportunidad de los datos a ser suministrados; Mantener en condiciones óptimas la infraestructura de comunicaciones (j) vía internet; Ofrecer asesoría y asistencia técnica en el área de redes, sistemas de información vía web y comunicaciones electrónicas a las Direcciones, Coordinaciones Regionales y Unidades de Defensa Pública Militar; Promover y gestionar las medidas de seguridad, el uso racional de la 1) red internet y las mejoras tecnológicas que aseguren el buen funcionamiento de los recursos con que cuenta la Defensa Pública Militar; y m) Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar o Defensora General Militar, el Director o Directora de Informática, leyes y reglamentos. CAPÍTULO TERCERO DE LA ORGANIZACIÓN JURISDICCIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA MILITAR Estructura Organizacional Artículo 32: La organización jurisdiccional de la Defensa Pública Militar, estará estructurada de la siguiente manera: a) La Coordinación General, ejercerá funciones administrativas y operativas de la Defensa Pública Militar. Una (01) Coordinación Regional Primera Administrativa; b) (c) Siete (07) Coordinaciones Regionales; y d) Cuarenta y seis (46) Unidades de Defensa Pública Militar. SECCIÓN PRIMERA DE LA COORDINACIÓN GENERAL De la Coordinación General Artículo 33: La Coordinación General, es un órgano mediante el cual se ejerce la función administrativa y operativa de la Defensa Pública Militar, asistiendo al Defensor General Militar o Defensora General Militar, en la definición de politicas, estrategias, directrices, planes y programas relacionados con la prestación del servicio, así como también en la supervisión, coordinación y ejecución de las normas internas que garanticen el cumplimiento de las metas trazadas por la Defensa Pública Militar. Funciones del Coordinador General Artículo 34: El Coordinador General o Coordinadora General, tendrá las siguientes funciones: a) Asistir al Defensor General Militar o Defensora General Militar en la coordinación, supervisión y control de la Defensa Pública Militar; b) Elaborar conjuntamente con el Defensor Genera! Militar o Defensora General Militar las definiciones de las políticas, estrategias, directrices, planes y programas relacionados con la prestación del servicio; Representar al Defensor General Militar o Defensora General Militar, c) por delegación de éste o ésta; Proponer la adopción de políticas; d) e) Elaborar el informe anual de gestión de la Coordinación General; f) Presentar las necesidades presupuestarias de la Coordinación General; Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar o 9) Defensora Generai Militar, leyes y reglamentos. SECCIÓN SEGUNDA DE LA COORDINACIÓN REGIONAL PRIMERA ADMINISTRATIVA Coordinación Regional Primera Administrativa Artículo 35: La Coordinación Regional Primera Administrativa es un órgano encargado de controlar y supervisar el funcionamiento óptimo y expedito de cada una de las Unidades de Defensa Pública Militar adscritas a esta, así página original (tal como se publicó) [Página 71] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 4 de octubre de 2016 como velar por el continuo cumplimiento del servicio de defensa prestado a los defendidos y defendidas por los Defensores Públicos Militares o Defensoras Públicas Militares, funcionarios o funcionarias y demás personal adscrito a la Coordinación Regional Primera Administrativa. Funciones del Coordinador Regional Primero Administrativo o Coordinadora Regional Primera Administrativa Artículo 36: Las funciones del Coordinador Regional Primero Administrativo o Coordinadora Regional Primera Administrativa, serán las siguientes: Supervisar y coordinar la actuación de los Defensores Públicos Militares y Defensoras Públicas Militares a su cargo; Velar por el cabal cumplimiento de los objetivos y metas trazadas por b) la Defensa Pública Militar en el área administrativa; Informar al Defensor General Militar o Defensora General Militar el estado actual de cualquier causa requerida; Elaborar y tramitar las necesidades presupuestarias, garantizando la d) distribución equitativa y eficiente de los recursos materiales asignados a la Coordinación Administrativa; Designar a los Defensores Públicos Militares y Defensoras Públicas e) Militares a solicitud de los defendidos o defendidas, unidades militares o dependencias donde se sustancias los expedientes administrativos, con la finalidad de que orienten, asesor en, asistan o representen a los defendidos o defendidas investigados; Garantizar la distribución equitativa de las obligaciones de los f) ¡Defensores Públicos Militares y Defensoras Públicas Militares; Garantizar el continuo cumplimiento del servicio de defensa de los defendidos o defendidas, subsanando la falta absoluta o temporal del Defensores Públicos Militares y Defensoras Públicas Militares inmediatamente; Servir de enlace entre las Direcciones de la Defensa Pública Militar y h) los Defensores Públicos Militares, Defensoras Públicas Militares y personal administrativo a su cargo; Elaborar los libros que disponga el Defensor General Militar o i) Defensora General Militar con las formalidades establecidas; [i) Supervisar el cumplimiento del horario del personal a su cargo; k) Elaborar y tramitar el informe anual de gestión; Informar al Defensor General Militar o Defensora General Militar de manera motivada cualquier conducta que considere irregular de los Defensores Públicos Militares y Defensoras Públicas Militares, así como del personal administrativo a su cargo; m) Realizar un inventario de los bienes nacionales que se encuentren adscritos a la Coordinación Regional Administrativa al momento del ingreso y separación del cargo; n) Velar por la guarda y custodia de los bienes nacionales asignados a la Coordinación Regional Administrativa; Recibir y tramitar las estadísticas de los Defensores Públicos Militares y o) Defensoras Públicas Militares ante la Dirección de Planificación y Presupuesto; p) Proponer ante el Defensor General Militar o Defensora General Militar la creación de extensiones en las regiones que así lo requieran; y q) Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar o Defensora General Militar, leyes y reglamentos. Funciones del Defensor Público Militar adscrito a la Coordinación Regional Primera Administrativa Artículo 39: Las funciones del Defensor Público Militar o Defensora Pública Militar adscrito o adscrita a la Coordinación Regional Primera Administrativa, serán las siguientes: a) Orientar, asesorar, asistir o representar ante las autoridades competentes, al personal militar y civil de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se encuentre incurso en un procedimiento administrativo disciplinario en cualquier grado o estado del mismo; a cuyo efecto debe hacer valer todas las acciones, excepciones o defensas que correspondan, interponer los recursos legales respectivos, y realizar cualquier otro trámite o gestión considere procedente, necesario, útil y pertinente y que resulte en una eficiente y eficaz defensa que garantice la tutela efectiva del derecho a la defensa; b) Velar por el cumplimiento y respeto de la tutela judiciai efectiva, el derecho a la defensa y el debido proceso de sus defendidos o defendidas; Representar con honestidad, probidad, mística, constancia, ética y diligencia los derechos de los defendidos o defendidas; d) Velar por el cumplimiento de la solemnidad y formalidad de los actos administrativos y extrajudiciales, así como la conciliación, tomando en consideración los principios de autonomía, independencia, disciplina e idoneidad en el desarrollo de las funciones de la Defensa Pública Militar; e) Instar a los órganos de investigación administrativa a que practiquen diligencias, con la finalidad de promover pruebas conducentes a desvirtuar los señalamientos que se le formulen a sus defendidos o defendidas; Estructurar un registro de control de todos los procedimientos f [administrativos asignados; Elaborar y consignar mensualmente las estadísticas de sus actividades 9) ante el Coordinador Regional Primero Administrativo o Coordinadora Regional Primera Administrativa; h) Ejercer la inhibición si fuere procedente; Notificar al Coordinador Regional Primero Administrativo o i) Coordinadora Regional Primera Administrativa Regional dentro de las doce horas siguientes la recusación o revocación de la que fuere objeto; j) Elaborar el libro de actuaciones diarias; k) Velar por el buen uso los bienes nacionales que le fueron asignados; y Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar o 1) Defensora General Militar, el Coordinador Regional Primero Administrativo o Coordinadora Regional Primera Administrativa, demás leyes y reglamentos. 431.057 SECCIÓN TERCERA DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Coordinaciones Regionales Artículo 40: Las Coordinaciones Regionales, serán encargadas de velar, controlar y coordinar el funcionamiento óptimo y expedito de cada una de las Unidades de Defensa Pública Militar adscritas a la Coordinación Regional correspondiente; garantizando así el cumplimiento de las leyes aplicadas en coordinación y supervisión de los Defensores Públicos Militares, funcionarios o funcionarias y demás personal adscrito a la Coordinación Regional, asimismo de aplicar los procedimientos judiciales requeridos para garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso al personal militar y civil que incurra en delitos de naturaleza militar. Funciones de los Coordinadores Regionales y Coordinadoras Regionales Artículo 41: Las funciones de los Coordinadores Regionales y Coordinadoras Regionales, serán las siguientes: a) Supervisar y coordinar la actuación de los Defensores Públicos Militares ly Defensoras Públicas Militares a su cargo; b) Velar por el cabal cumplimiento de los objetivos y metas trazadas por la Defensa Pública Militar; c) Informar al Defensor General Militar o Defensora General Militar el estado actual de cualquier causa requerida; d) Ejercer en la región la representación oficial de la Defensa Pública Militar asistiendo a los actos solemne; Elaborar y tramitar las necesidades presupuestarias, garantizando la e) distribución equitativa y eficiente de los recursos materiales asignados a la Coordinación Regional; Garantizar la distribución equitativa de las obligaciones de los f) Defensores Públicos Militares o Defensoras Públicas Militares; Designar a los Defensores Públicos Militares o Defensoras Públicas g) Militares con la finalidad de que oriente, asesor en, asistan o representen a los defendidos o defendidas, a fin de garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso; n) Garantizar el continuo cumplimiento del servicio de defensa de los defendidos o defendidas, subsanando la falta absoluta o temporal del Defensor Público Militar.inmediatamente; Servir de enlace entre los distintos despachos de la Defensa Pública b) Militar y los Defensores Públicos Militares o Defensoras Públicas Militares, y personal administrativo a su cargo; Servir de enlace con los Jueces del Circuito Judicial Penal Militar y j) demás entes administrativos y judiciales ubicados en su jurisdicción; k) Lievar los libros que disponga el Defensor General Militar o Defensora General Militar con las formalidades establecidas; Supervisar el cumplimiento del horario del personal a su cargo; (1) Elaborar y tramitar el informe anual de gestión; m) Informar al Defensor General Militar de manera motivada cualquier r) conducta que considere irregular de los Defensores Públicos Militares, Defensoras Públicas Militares y personal administrativo a su cargo; Realizar un inventario de los bienes nacionales que se encuentren s) adscritos a la Coordinación Regional Primera Administrativa al momento del ingreso y separación del cargo; Velar por la guarda y custodia de los bienes nacionales asignados a la t) Coordinación Regional; u) Recibir y tramitar las estadísticas de los Defensores Públicos Militares ante la Dirección de Planificación y Presupuesto; v) Proponer ante el Defensor Público General o Defensora Pública 、 w) Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar, leyes y reglamentos. SECCIÓN CUARTA DE LAS UNIDADES DE DEFENSA PÚBLICA MILITAR De las Unidades de Defensa Pública Militar Artículo 42: Las Unidades de Defensa Pública Militar están conformadas por los Defensores Públicos Militares y Defensoras Públicas Militares quienes garantizan la tutela judicial efectiva y del derecho constitucional a la defensa en cualquier estado y grado de los procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales en materia penal militar y administrativa militar. De los Nombramientos de los Defensores Públicos Militares o : Defensoras Públicas Militares Artículo 43: Los Defensores Públicos Militares o Defensoras Públicas Militares nombrados mediante Resolución Ministerial prestarán ante el Defensor General o Defensora General, el juramento de cumplir fielmente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y los demás deberes inherentes al cargo. Obligaciones comunes Artículo 44: Los Defensores Públicos Militares y Defensoras Públicas Militares orientarán, asesorarán, asistirán o representarán a sus defendidos o defendidas, sin necesidad de juramentación o formalidades no esenciales y cesarán en sus funciones en caso de inhibición, nombramiento de abogado privado o abogada privada, revocatoria expresa o recusación por parte de estos o éstas. De las Prohibiciones comunes Artículo 45: A los Defensores Públicos Militares y Defensoras Públicas Militares les está prohibido: !a) Retardar o dificultar a sus defendidos o defendidas el ejercicio regular de su derecho, de manera que con su actuación pueda causarle daño; b) Desempeñar a la vez más de un cargo público remunerado, a menos que se trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes que determine la Ley, previa autorización del Defensor General Militar o Defensora General Militar y siempre que ello no afecte el servicio de la Defensa Pública; página original (tal como se publicó) [Página 72] 431.058 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA |c) Practicar el ejercicio privado del derecho, salvo en casos propios; Solicitar o recibir dádivas a sus defendidos o defendidas durante el d) ejercicio de sus funciones; Las demás que determine el Defensor General Militar o Defensora e) General Militar, leyes y reglamentos. Funciones de los Defensores Públicos Militares o Defensoras Públicas Militares adscritos a las Coordinaciones Regionales Artículo 46: Las funciones de los Defensores Públicos Militares o Defensoras Públicas Militares adscritos a las Coordinaciones Regionales con competencia en materia penal militar y administrativa militar, serán las siguientes: Orientar, asesorar, asistir o representar ante las autoridades competentes, los intereses y derechos jurídicos del personal militar y civil de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se encuentre incurso en un estado del mismo; a cuyo efecto debe hacer valer todas las acciones, excepciones o defensas que correspondan, interponer los recursos legales gestión que sea procedente y que resulte en una eficiente y eficaz defensa que garantice la tutela efectiva del derecho a la defensa; b) Garantizar la solemnidad y formalidad de los actos administrativos, judiciales y extrajudiciales, así como la conciliación, tomando en consideración los principios de autonomía, independencia, disciplina e idoneidad en el desarrollo de las funciones de la Defensa Pública Militar; Velar por el cumplimiento y respeto de la tutela judicial efectiva, el c) derecho a la defensa y el debido proceso de sus defendidos o defendidas; d) Realizar visitas periódicas a los Centros y Departamentos de Procesados Militares y otros centros de reclusión, con el objeto de verificar las condiciones físicas y psíquica de los defendidos; e) Ejercer en la región la representación oficial de la Coordinación Regional; Notificar al Coordinador Regional o Coordinadora Regional dentro de f) las doce horas siguientes de la recusación de la que ha sido objeto; Ejercer la inhibición si fuere procedente; 9) Representar con honestidad, probidad, mística, constancia, ética y h) diligencia los derechos de los administrados; Instar a los sustanciadores de los procedimientos administrativos a que i) practiquen diligencias, con la finalidad de promover pruebas conducentes a desvirtuar los señalamientos que se formulen a sus defendidos o defendidas; Instar a la Fiscalía General Militar a la práctica de diligencias investigativas, con la finalidad de promover pruebas conducentes a desvirtuar las imputaciones que se formulen a sus defendidos o defendidas. Estructurar un registro de control de todos los procedimientos administrativos asignados; Elaborar y consignar mensualmente las estadísticas de sus actividades ante el Coordinador Regional o Coordinadora Regional; m) Elaborar el libro de actuaciones diarias del Defensor Público Militar; Velar por el buen uso los bienes nacionales que le fueron asignados; y n) Las demás que le sean asignadas por el Defensor General Militar oj Defensora General Militar, el Coordinador Regional o Coordinadora Regional, demás leyes y reglamentos. Funciones de los Defensores Públicos y Defensoras Públicas Militares Auxiliares Artículo 47: Las funciones de los Defensores Públicos Militares Auxiliares y Defensoras Públicas Militares Auxiliares, serán las siguientes: a) Asistir a los Defensores Públicos Militares o Defensoras Públicas Militares titulares, en las causas que tengan asignadas; Revisar el estado de todas las causas en que intervenga la Defensa |b) Pública Militar y realizar las actuaciones correspondientes, dentro del ámbito de sus atribuciones; Elaborar escritos, solicitudes, diligencias, oficios y recursos; c) Rendir cuentas al Defensor Público Militar o Defensora Pública Militar d) de todas las actuaciones cumplidas; Asistir a los Defensores Públicos Militares en la elaboración y manejo de los libros de la Defensa Pública Militar y demás tareas administrativas que se requieran; y f) Defensora Pública Militar, Coordinador Regional, el Defensor General Militar, las leyes y sus reglamentos. SECCIÓN QUINTA INHIBICIONES Y RECUSACIONES De la Inhibición y Recusación Artículo 48: Los Defensores Públicos Militares y Defensoras Públicas Militares deberán inhibirse por las causales previstas en los instrumentos legales que regulen la materia en las que esté actuando. Martes 4 de octubre de 2016 Del procedimiento de inhibición Pública Militar expondrá por escrito las razones de hecho y de derecho que justifique su inhibición ante el Coordinador Regional o Coordinadora Regional. De la sustitución de la Defensa Artículo 50: El Defensor Público Militar o Defensora Pública Militar designado para sustituir al inhibido o inhibida asumirá inmediatamente la defensa, a menos que también estuviere incurso en alguna causal de inhibición. El inhibido o inhibida no podrá ser obligado a continuar interviniendo en el proceso. De la competencia Artículo 51: El Defensor General Militar o Defensora General Militar conocerá de las inhibiciones y de las recusaciones. De la continuación del procedimiento Artículo 52: El Defensor General Militar o Defensora General Militar conocerá dentro de los tres días hábiles siguientes a la inhibición o recusación las observaciones presentadas por el Defensor Público Militar o Defensora Pública Militar, abriéndose una articulación probatoria de ocho días hábiles, decidiendo dentro de los tres días hábiles siguientes, pudiendo resolver sin esperar el vencimiento del término de la articulación, cuando la incidencia pueda resolverse con las pruebas ya producidas o cuando las partes renuncien al derecho de promover otras. Lo mismo se hará si el punto fuera de mero derecho. Del procedimiento de recusación Artículo 53: La recusación podrá ser presentada por el defendido o defendida, ante el Coordinador Regional o Coordinadora Regional para su respectivo trámite. De la impugnación Artículo 54: El Defensor Público Militar o la Defensora Pública Militar recusada expondrá por escrito las razones de hecho y de derecho que tenga para impugnar la y lo comunicará al Coordinador Regional o Coordinadora Regional para su respectivo trámite, sin perjuicio de la continuación del procedimiento. De la continuidad de la defensa seguirá su curso con la intervención de otro Defensor Público Militar c Defensora Pública Militar, que haya designado el Coordinador Regional c Coordinadora Regional. De la inadmisibilidad Artículo 56: El Defensor General Militar o Defensora General Militar declarará improcedente la recusación o inhibición, si no estuviera fundamentada en las causales previstas en las leyes respectivas. Igualmente, es inadmisible la recusación o inhibición que se intente sin expresar los motivos legales para ella y la interpuesta después de haber propuesto dos en la misma causa. Del efecto de la declaratoria con lugar o sin lugar de la recusación Artículo 57: Declarada con lugar la recusación, el Coordinador Regional o Coordinadora Regional notificará al Defensor Público Militar recusado o Defensora Pública Militar recusada y en caso de considerarlo pertinente, solicitará la apertura del procedimiento administrativo disciplinario correspondiente remitiendo las actuaciones a la dependencia competente para tales fines. Del efecto de la declaratoria sin lugar de la recusación Artículo 58: Declarada sin lugar la recusación, el Coordinador Regional o Coordinadora Regional notificará al Defensor Público Militar recusado o Defensora Pública Militar recusada a los fines de que se avoque inmediatamente al conocimiento de la causa. Del efecto de la declaratoria con lugar de la inhibición Artículo 59: Declarada con lugar la inhibición, el Coordinador Regional o Coordinadora Regional ordenará la designación de un nuevo Defensor Público Militar o Defensora Pública Militar. Del efecto de la declaratoria sin lugar de la inhibición Artículo 60: Declarada sin lugar la inhibición, el Coordinador Regional of Coordinadora Regiona! notificará al Defensor Público Militar inhibido o Defensora Pública Militar inhibida a los fines de que se avoque inmediatamente al conocimiento de la causa. página original (tal como se publicó) [Página 73] Martes 4 de octubre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA De la Revocación Artículo 61: La revocación podrá ser presentada mediante escrito motivado por el defendido o defendida ante el Tribunal Militar que conoce la causa en los procedimientos judiciales, o ante el Coordinador Regional o Coordinadora Regional en los procedimientos administrativos para su respectivo trámite. SECCIÓN QUINTA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y UNIDADES DE DEFENSA PÚBLICA MILITAR Adscripción y Competencias Artículo 62: La adscripción y competencia territorial de las Unidades de Defensa Pública Militar a nivel nacional en las Coordinaciones Regionales según la siguiente relación: La Coordinación Regional Primera Administrativa, tendrá jurisdicción a) jen la Región Estratégica de Defensa Integral Central y estará ubicada en Caracas, Distrito Capital. Tendrá competencia territorial en los estados: Vargas, Miranda, Distrito Capital, así como en su espacio aéreo sujeto a soberanía nacional, en el Mar Territorial, en la Plataforma Continental, Zona Marítima Contigua, en los espacios fluviales y lacustres que forman parte del territorio y en las islas que se formen o aparezcan en dichos espacios. b) La Coordinación Regional Primera Capital, tendrá jurisdicción en la Región Estratégica de Defensa Integral Capital. La Coordinación Regional Primera Capital estará ubicada en Caracas y tendrá adscritas las siguientes Unidades de Defensa Pública Militar: Unidades de Defensa Pública Militar N° 11, 12 y 13 ubicadas en Caracas, Unidad de Defensa Pública Militar N° 14 ubicada en los Valles del Tuy, Unidad de Defensa Pública Militar N° 15 ubicada en los Teques y la Unidad de Defensa Pública Militar N° 16 ubicada en la Guaira. Todas con competencia territorial en los Estados: Vargas, Miranda, Distrito Capital, así como en su espacio aéreo sujeto a soberanía nacional, en el Mar Territorial, en la Plataforma Continental, Zona Marítima Contigua, en los espacios fluviales y lacustres que forman parte del territorio y en las islas que se formen o aparezcan en dichos espacios. c) La Coordinación Regional Segunda Central, tendrá jurisdicción en la Región Estratégica Defensa Integral Central. La Coordinación Regional Segunda Central, estará ubicada en Maracay y tendrá adscritas las siguientes Unidades de Defensa Pública Militar: Unidades de Defensa Pública Militar N° 21 y 22 ubicadas en Maracay, Unidad de Defensa Pública Militar N° 23 ubicada en la Victoria, Unidades de Defensa Pública Militar N° 24 y 25 ubicadas en Valencia, Unidad de Defensa Pública Militar N° 26 ubicada en Puerto Cabello y Unidad de Defensa Pública Militar N° 27 ubicada en San Felipe. Todas con competencia territorial en los estados Aragua y Carabobo, así como en su espacio aéreo sujeto a soberanía nacional, en el Mar Territorial, en la Plataforma Continental, Zona Marítima Contigua, en los espacios fluviales y lacustres que forman parte del territorio y en las islas que se formen o aparezcan en dichos espacios. La Coordinación Regional Tercera Occidental, tendrá jurisdicción en la |d) Región Estratégica de Defensa Integral Occidental. La Coordinación Regional Tercera Occidental, estará ubicada en Maracaibo y tendrá adscritas las siguientes Unidades de Defensa Pública Militar: Unidades de Defensa Pública Militar N° 31 y 32 ubicadas en Maracaibo, Unidad de Defensa Pública Militar N° 33 ubicada en Santa Bárbara del Zulia, Unidad de Defensa Pública Militar ubicada en Barquisimeto. Todas con competencia territorial en los estados: Zulia, Falcón, Lara, Yaracuy, así como en su espacio aéreo sujeto a soberanía nacional, en el Mar Territorial, en la Plataforma Continental, Zona Marítima Contigua, en los espacios fluviales y lacustres que forman parte del territorio y en las islas que se formen o aparezcan en dichos espacios. La Coordinación Regional Cuarta de los Andes, tendrá jurisdicción en la; e) Región Estratégica de Defensa Integral Andina. La Coordinación Regional Cuarta de los Andes, estará ubicada en San Cristóbal y tendrá adscritas las siguientes Unidades de Defensa Pública Militar: Unidades de Defensa Públicaj Militar No 41 y 42 ubicadas en San Cristóbal, Unidad de Defensa Pública 431.059 Militar Nº 43 ubicada en Mérida, Unidad de Defensa Pública Militar N° 44] ubicada en la Fría, Unidad de Defensa Pública Militar N° 45 ubicada en Sanj Antonio del Táchira y Unidad de Defensa Pública Militar N° 46 ubicada en! Trujillo. Todas con competencia territorial en los estados: Táchira, Mérida, ¿Trujillo, así como en su espacio aéreo sujeto a soberanía nacional, en los espacios fluviales y lacustres que forman parte del territorio y en las islas que ise formen o aparezcan en dichos espacios. f) La Coordinación Regional Quinta Oriental e Insular, tendrá jurisdicción en la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental y en la Región Estratégica de Defensa Integral Insular. La Coordinación Regional Quinta Oriental e Insular, estará ubicada en Maturín y tendrá adscritas las siguientes Unidades de Defensa Pública Militar: Unidades de Defensa Pública Militar No 51 y 52 ubicadas en Maturín, Unidad de Defensa Pública Militar N° 53 ubicada en Carúpano, Unidad de Defensa Pública Militar N° 54 ubicada en Defensa Pública Militar N° 57 ubicada en Guiria y Unidad de Defensa Pública Militar N° 58 ubicada en Porlamar. Todas con competencia territorial en los estados: Monagas, Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, así como en su espacio aéreo sujeto a soberanía nacional, en el Mar Territorial, en la Plataforma Continental, Zona Marítima Contigua, en los espacios fluviales y lacustres que forman parte del territorio y en las islas que se formen o aparezcan en dichos espacios. 9) La Coordinación Regional Sexta los Llanos, tendrá jurisdicción en la Región Estratégica de Defensa Integral los Llanos. La Coordinación Regional Sexta los Llanos estará ubicada en San Juan de los Morros y tendrá adscritas las siguientes Unidades de Defensa Pública Militar: Unidades de Defensa Pública Militar N° 61 y 62 ubicadas en San Juan de los Morros, Unidad de Defensa Pública Militar N° 63 ubicada en San Fernando de Apure, Unidad de Defensa Pública Militar N° 64 ubicada en Guanare, Unidad de Defensa Pública Militar N° 65 ubicada en Guasdualito, Unidad de Defensa Pública ubicada en San Carlos. Todas con competencia territorial en los Estados: sujeto a soberanía nacional, en los espacios fluviales y lacustres que forman parte del territorio y en las islas que se formen o aparezcan en dichos espacios. h) La Coordinación Regional Séptima de Guayana, tendrá jurisdicción en la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana. La Coordinación Regional Séptima de Guayana, estará ubicada en Ciudad Bolívar y tendrá adscritas las ¡Militar N° 71 y 72 ubicadas en Ciudad Bolívar, Unidad de Defensa Pública N° 74 ubicada en Tucupita, Unidad de Defensa Pública Militar N° 75 ubicada en Guasipati, Unidad de Defensa Pública Militar N° 76 ubicada en Puerto Ordaz y Unidad de Defensa Pública Militar Nº 77 ubicada en Caicara del Orinoco. Todas con competencia territorial en los estados: Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, así como en su espacio aéreo sujeto a soberanía nacional, en los espacios fluviales y lacustres que forman parte del territorio y en las islas que se formen o aparezcan en dichos espacios. DISPOSICIONES FINALES Artículo 63: Todo aquello que no esté previsto en la presente Resolución, será resuelto por la o el Defensor Público General, por Resolución aparte o mediante manuales o instructivos dictados a tal fin, según sea el caso. Vigencia Artículo 64: Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Público General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y Publíquese, Pra. SUSANABARREIROS RODRIGUEZ DEFENSGRA PÚBLICA GENERAL g, g cerdo de la Asbembia Nacional, de fecha 10 de dsembtãens, publicado en la Baceta Oficial de la República página original (tal como se publicó) [Página 74] 431.060 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Nº 738 LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE, EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA CONSTITUCIONAL Expediente n.° 15-0424 Magistrada Ponente: GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO Consta en autos que, el 14 de abril de 2015, la ciudadana ENID BEATRIz MÉNDEz Ríos, titular de la cédula de identidad n.° 6.362.525, con la representación del abogado Héctor Del Valle Centeno Guzmán, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 36.278, respectivamente, presentó ante esta Sala demanda de nulidad parcial por razones de inconstitucionalidad, contra el artículo 394 del Código Penal Venezolano. El 22 de abril de 2015, se dio cuenta el Sala y se designó ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, quien con tal carácter suscribe la presente decisión. El 17 de junio de 2015, mediante sentencia n.° 715, se admitió la demanda de nulidad interpuesto por la ciudadana Enid Beatriz Méndez Ríos, Y se afirmó que "Aun cuando la demandante de autos solicita expresamente la nulidad del artículo 394 del Código Penal Venezolano, publicada en la Gaceta Oficial n.° 5.768, extraordinaria, de 13 de abril de 2005, del contenido de la presente solicitud se desprende que también formula objeciones e impugna constitucionalmente la norma contenida en el artículo 395 eiusdem, la cual se encuentra estrechamente vinculada a la primera, razón por la que, junto a la garantía de la tutela judicial efectiva, debe estimarse que se solicita la nulidad de ambas disposiciones”. Asimismo, se ordenaron los correspondientes actos de comunicación procesal. El 25 de junio de 2015, se dio recepción del expediente de la causa en el juzgado de sustanciación. El 9 de julio de 2015, mediante diligencia la ciudadana Enid Beatriz Méndez Ríos, se da por notificada y solicita sea expedido el respectivo cartel. El 29 de julio de 2015, la ciudadana Enid Beatriz Méndez Ríos representada por el abogado Héctor del Valle Centeno, mediante diligencia solicita copias certificadas del auto de fecha 17 de junio de 2015. El 13 de agosto de 2015, mediante oficio se notifica a la Fiscal General de la República. El 13 de agosto de 2015, mediante oficio se cita al presidente de la asamblea nacional. El 13 de agosto de 2015, mediante oficio se notifica al Defensor del Pueblo. El 16 de septiembre de 2015, se consigna diligencia presentada por la ciudadana Enid Beatriz Méndez, mediante la cual retira el cartel de emplazamiento ordenado en el auto de admisión. El 17 de septiembre de 2015, mediante escrito presentado por la ciudadana Enid Méndez Ríos, consigna cartel de emplazamiento. El 24 de septiembre de 2015, es entregada copia certificada de decisión N° 715 con oficio N° TS-SC-15-59, al Presidente de la Asamblea Nacional. Martes 4 de octubre de 2016 El 28 de septiembre de 2015, es entregada copia certificada de la decisión N° 715 y Oficio TS-SC-15-58 al Fiscal General de la República. El 28 de septiembre de 2015, es entregada copia certificada de la decisión N° 715 y Oficio TS-SC-15-60 al Defensor del Pueblo. El 20 de octubre de 2015, mediante escrito presentado por los apoderados judiciales de la Asamblea Nacional abogados María Elena Delgado, José Jesús Calzadilla y otros, consignan alegatos. El 12 de noviembre de 2015, mediante auto se remiten las actuaciones a la Sala. El 17 de noviembre de 2015, se recibió expediente del Juzgado de Sustanciación a los fines del pronunciamiento correspondiente. El 26 de noviembre de 2015, mediante Oficio N° FTSJ-1-271- 2015, el abogado Néstor Luis Castellano Molero, en su carácter de Fiscal Primero del Ministerio Público ante la Sala Constitucional consigna actuaciones relacionadas con la presente causa. El 23 de diciembre de 2015, se constituyó esta Sala Constitucional en virtud de la incorporación de los Magistrados designados por la Asamblea Nacional en sesión extraordinaria celebrada el 23 del mismo mes y año, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.816, del 23 de diciembre de 2015, quedó integrada de la siguiente forma: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Carmen Zuleta de Merchán, Juan José Mendoza Jover, Calixto Antonio Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson. El 16 de febrero de 2016, mediante diligencia la accionante ciudadana Enid Beatriz Méndez Ríos, ratifica la presente causa y efectúa pedimentos. El 14 de abril de 2016, mediante escrito presentado ante esta Sala la representación de la Defensoría del Pueblo consignó alegatos relacionados con la presente causa. El 17 de mayo de 2016, mediante diligencia la accionante ciudadana Enid Beatriz Méndez Ríos, efectúa pedimentos. Efectuado el examen y análisis correspondiente, pasa esta Sala Constitucional a decidir, previas las consideraciones siguientes: I DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA La parte actora fundamentó su demanda de nulidad en los siguientes argumentos: Que "en fecha 26 de noviembre de 2010, el Tribunal Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación y Mediación del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, dictó auto admitiendo demanda de Divorcio Contencioso, incoada por el cónyuge de la accionante, ciudadano ANDRÉs ARTURO ÁLVAREZ HERRERA, fundamentada en la causal segunda y tercera (2° y 3°) del artículo 185 del Código Civil, expediente N°: AP5I-V-2010-01 9142; dicho ciudadano a los fines de lograr su pretensión, solicitó unos medios de pruebas. El tribunal, una vez admitida la solicitud de las pruebas requeridas por el demandante, proveyó ordenando la práctica de un Informe Técnico Integral, según lo establece la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, practicándose visita a los domicilios de los cónyuges. En virtud de ello, el tribunal se trasladó al domicilio del cónyuge demandado, accionante en la presente acción, ciudadana Enid Beatriz Méndez Ríos, practicándosele entrevista por parte del psiquiatra, trabajador social y del abogado, de conformidad a lo requerido, pasando a formar parte del Informe Técnico Integral; la misma gestión, se practicó en el domicilio del cónyuge demandante, ubicado en sector Santa Ana, calle Guanipa, sector Lomas de Maturín, quinta página original (tal como se publicó) [Página 75] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 4 de octubre de 2016 La Canoa, urbanización El Cafetal, municipio Baruta, estado Miranda, oportunidad en la que el ciudadano, expresó a los funcionarios que practicaron la visita, que él vivía en ese lugar con la ciudadana Ana María Caroli Marín, que estaban esperando un hijo, que la ciudadana tenía 7 meses de embarazo, igualmente informó a los funcionarios acerca de la data de esa relación así como también su decisión de contraer matrimonio con ella una vez terminado el divorcio. Toda esta información pasó a formar parte del Informe Técnico Integral de fecha 10 de enero de 2012, solicitado por este ciudadano, cuya copia certificada anexamos marcada 'B'. Que “en fecha 20 de enero de 2012, la accionante en el presente recurso, recibió el Informe Técnico Integral, enterándose por este medio de la relación entre su cónyuge y la ciudadana Ana María Caroli Marín, en virtud de lo cual, decidió incoar acusación privada en contra de ambos ciudadanos por la comisión de los delitos de Adulterio y Concubinato notorio, previstos y sancionados en los artículos 394 y 395 del Código Penal vigente". Que "en fecha 02 de marzo de 2012, la accionante presentó escrito de acusación privada en contra de los ciudadanos ANDRÉs ARTURO ÁLVAREZ HERRERA Y ANA MARÍA CAROLI MARÍN, por la presunta comisión de los delitos de ADULTERIO Y CONCUBINATO, previstos y tipificados en los artículos 394, 395 y 397 del Código Penal, en concordancia con los artículos 400, 401 y 402 del Código Orgánico Procesal Penal, cuya copia certificada anexamos marcada 'C'. Que “en fecha 07 de mayo de 2013, fue celebrada la Audiencia de Conciliación por ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas a los fines de resolver las excepciones planteadas por las partes. Este tribunal dictó decisión de Sobreseimiento de la causa y cuya copia certificada anexamos marcada D'. Esta decisión fue impugnada, correspondiéndole a la Sala N° 6 de la Corte Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas”. Que "en fecha 29 de julio de 2013, la Sala N° 6 de la Corte de Apelaciones, antes señalada, declaró la nulidad absoluta de la decisión recurrida y ordenó reponer causa al estado de que otro tribunal de juicio distinto, resolviera las excepciones opuestas, cuya copia anexamos marcada ‘E”. Que "en fecha 28 de octubre de 2013, el Tribunal Vigésimo Quinto de Prim en Instancia en Función de Juicio, expediente 25J/788/13, dictó decisión de Sobreseimiento del Delito de Adulterio POR FALTA DE CUALIDAD DE LA ESPOSA POR SU CONDICIÓN DE MUJER, dando así resolución a las excepciones opuestas por la defensa de los accionados, como consecuencia de haberse declarado parcialmente Con Lugar la excepción contenida en el literal f, numeral 4 del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 34, en concordancia con el numeral 5 del artículo 300, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, cuya copia certificada anexamos. marcada F'. Cabe señalar que en esta oportunidad procesal de dictar sentencia, en cuanto a las excepciones opuestas por los acusados, el juez de la causa se pronunció, además, sobre un asunto que no mencionó en la motiva y que tampoco fue opuesta como excepción por los acusados, en los siguientes términos: 'SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, SE CALIFICA DE MALICIOSA la MÉNDEZ, en contra de los ciudadanos ANDRÉS ARTURO ALVAREZ HERRERA y ANA MARIA CAROLI MARIN, por la presunta comisión del delito de ADULTERIO, previsto y sancionado en el artículo 394 del Código Penal y en consecuencia SE LE CONDENA AL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES a que se refiere el artículo 252 Ejusdem"'. Que “esta decisión fue impugnada por la parte acusadora, cuyo conocimiento correspondió a la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal". Que en fecha 08 de julio de 2014, la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, 431.061 dictó decisión, por unanimidad, mediante la cual confirmó la decisión recurrida, cuya copia certificada anexamos marcada G”. Que "posteriormente, en virtud de la omisión de la materia constitucional, en fecha 17 de julio de 2014, la accionante presentó escrito, de conformidad con lo establecido en los artículos 19, 21 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitando aclaratoria del fallo a los efectos de poder accionar el amparo constitucional, cuya copia certificada anexamos marcada H”. Que "en fecha 21 de julio de 2014, la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró improcedente la solicitud de Aclaratoria, cuya copia certificada anexamos marcada I". Que “en fecha 23 de octubre de 2014, los abogados de la parte acusadora intentaron ante la Sala Constitucional Acción de Amparo Constitucional contra la decisión de fecha 08 de julio de 2014, dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso de apelación incoado contra el fallo de fecha 28 de octubre de 2013, dictado por el Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, que declaró el Sobreseimiento de la causa respecto al delito de adulterio, previsto y sancionado en el artículo 394 del Código Penal, cuya copia certificada anexamos marcada J". Que "en fecha 17 de diciembre de 2014, la Sala Constitucional dio cuenta y designó como ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, declarando IMPROCEDENTE in limine litis la acción de amparo constitucional, con el voto salvado de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, de cuyo argumento, consideramos pertinente resaltar extractos del mismo, señaló: (...) La norma contenida en el artículo 394 del Código Penal se mantiene desde el primigenio Código Penal de 1873, tipificado el delito de adulterio. (...) la causa fue sobreseída por cualidad, lo cual no resulta constitucionalmente aceptable, ya que los términos en que está redactada la citada disposición sustantiva es abiertamente discriminatoria (...) Con el advenimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la realidad jurídica venezolana ha sufrido cambios importantes y entre ello consagración del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, derecho este que desentraña los viejos paradigmas a fin de redefinir los valores sociales existentes, entre esos valores, está precisamente la revisión de figuras penales llamadas 'delitos contra el honor' vestigios de la época colonial que implican una suerte de discriminación inaceptable en la que está en juego el ejercicio de la sexualidad entre hombres y mujeres; donde esta última resulta evidentemente desfavorecida, sobre la base de una 'doble moral' distinta para el hombre y para la mujer; en la cual frente a una misma conducta se castiga severamente a las mujeres y a la par existe una tolerancia y hasta justificación hacia el hombre por esa misma acción... (..) por todas estas razones la Sala debió admitir el amparo y en el análisis del mérito del asunto, desaplicar la comentada norma por inconstitucional (...), cuya certificada anexamos marcada K". Que "en cuanto a la denominación del delito, contenido en el artículo 394 Código Penal: Si es la mujer quien lleva a cabo una relación sexual con una persona que no es su cónyuge, es calificada como adulterio; si el mismo acto es cometido por el marido, se califica como quien mantiene una concubina en la casa conyugal o fuera de ella, y será castigado si el hecho es público y notorio". Que "el castigo para la misma acción, si es la mujer quien incurre en ella, la pena será de prisión de seis meses a tres años, pero si quien comete el delito es el marido, la pena será, menor, con prisión de tres a dieciocho meses”. Que “la misma diferencia se observa en las penas aplicadas a los coautores de la acción, bien sea de adulterio o de concubinato, el coautor del adulterio sufrirá la misma pena que la adúltera, en cambio a la coautora del concubinato será penada con prisión de tres meses a un año”. página original (tal como se publicó) [Página 76] 431.062 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Que "igualmente se observa que el artículo 395, reconoce de manera implícita un derecho que no así a la mujer, como es el poder marital". Que "el articulo 394 del Código Penal, cuya nulidad parcial por razones de inconstitucionalidad solicitamos en el presente escrito, infringe de manera flagrante y directa el derecho a la igualdad y no discriminación, previsto en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la igualdad absoluta de los derechos de los cónyuges, consagrada en el artículo 77 ejusdem, del siguiente tenor: 'Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de derechos y deberes de los cónyuge”. Que “en este mismo orden de ideas, cabe señalar que tanto el derecho a la igualdad así como el de no discriminación, han sido suficientemente precisados por esta honorable Sala Constitucional en muchas de sus sentencias, de las que podemos mencionar: Dr. Arcadio Delgado Rosales, de donde se puede extraer que: '.. el derecho a la igualdad exige dar el mismo trato a todas las personas que se encuentran en idénticas o semejantes condiciones...'. 2) Sentencia N° 190 de fecha 28 de febrero de 2008, con ponencia del Magistrado Dr. Pedro Rondón Haaz, que señala: 'Ahora bien, no todo trato desigual es discriminatorio, sólo lo será el que no esté basado en causas objetivas y razonables, pero el Legislador puede introducir diferencias de trato cuando no sean arbitrarias, esto es, cuando estén justificadas por la situación real de los individuos o grupos, es por ello, que el derecho a la igualdad sólo se viola cuando se trata desigualmente a los iguales, en consecuencia, lo constitucionalmente prohibido es el trato desigual frente a situaciones idénticas'. (Subrayado nuestro, en virtud de adecuarse a la situación planteada en el presente escrito). Magistrada Carmen Zuleta e Merchán, que señala 'En la actualidad esa concepción biológica de la mujer forma parte del pasado. Diversos tratados internacionales, suscritos por Venezuela, han reconocido el importante rol que la mujer ha asumido en nuestros días. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberos del Hombre, y específicamente, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios dan cuenta de la igualdad que debe distinguir las relaciones de los Estados con el género femenino y los avances alcanzados de manera universal en esta materia. En nuestro ámbito interno tenemos como la Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 propugna a la igualdad de las personas como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, cuando expone que se define la organización juridico-política que adopta la Nación venezolana como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia. De acuerdo con esto, el Estado propugna el bienestar de los venezolanos, creando las condiciones necesarias para su desarrollo social y espiritual, y procurando la igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos puedan desarrollar libremente su personalidad, dirigir su destino, disfrutar los derechos humanos y buscar su felicidad. Por todo ello se incorporan al texto constitucional como valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad individual y social, la preeminencia de los derechos humanos, la ética pública y el pluralismo político. ...Véase' núms.536/2000,1197/2000, igualmente sentencias 898/2002, 2121/2003, 3242/2003, 2413/2004,190/2008, 1342/2012 y 953/2013, que han reconocido profusamente el principio de igualdad reconocido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La última de las sentencias referidas indicó igualmente, específicamente en cuanto a las diferencias socioculturales tradicionalmente anotadas entre el hombre y la mujer, lo siguiente: Así la diferenciación anotada en el artículo 57 del Código Civil se funda en motivos arbitrarios que no atiende a la equiparación entre ambos cónyuges en franco menoscabo de los artículos 21 y 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni al protectorado de la familia, el cual se encuentra plenamente garantizado sin que ello implique un menoscabo en el núcleo esencial de los derechos de la madre por su sola condición biológica. El análisis de la igualdad con el núcleo esencial de los derechos afectados resulta indispensable por cuanto la igualdad es un derecho relacional, es decir, que su consagración o análisis implica un grado de comparación con el derecho involucrado y con los sujetos equiparados (Cfr. NINO, Carlos Santiago; "Introducción al análisis del Derecho", Edit. Astrea, 2005), por cuanto la igualdad es a su vez un principio que regula o inspira el ejercicio a su vez de otros derechos sustantivos consagrados en el ordenamiento jurídico (Vid. F. Rubio Llorente, La forma del poder, CEPC, 1993, pp. 637- 644)...' .... La mujer, desalineada de su naturaleza biológica que la tuvo por siglos socialmente designada y sociológicamente entregada, puede hoy acceder selectivamente con libertad hacía todos esos ámbitos igual que el hombre...". Finalmente alegó la parte actora: Que "en el presente caso estamos en presencia de un trato desigual, a los cónyuges por parte del legislador, frente a una situación Martes 4 de octubre de 2016 idéntica, vale decir el adulterio, lo cual colide con principios constitucionales, tales como los contenidos en los artículos 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, precedente transcritos, ambos principios flagrantemente vulnerados en el articulado del Código Penal referente al delito de adulterio, pues además de la diferencia en las aplicables para igual delito, le otorga, implícitamente, al hombre un derecho sobre la mujer, como es el poder marital". Pidió: “a) La nulidad parcial del artículo en cuestión b) o adecue la semántica gramatical, a los preceptos constitucionales vigentes, de todo el articulado referente al adulterio contenido en el artículo 394 del Código Penal, pues tratándose de un mismo delito no debe haber acepciones en cuanto al sujeto activo del mismo, ya que es la condición de casados lo que hace que se configure el tipo de delito, en consecuencia el sujeto activo debe ser el cónyuge sin importar si es el hombre o la mujer quien comete el acto". II DE LA OPINIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL El 20 de octubre de 2015, mediante escrito presentado por los apoderados judiciales de la Asamblea Nacional, abogados María Elena Delgado Graterol, José Jesús Calzadilla Rodríguez, José Gregorio Rojas Ramírez y Johel Seijas, consignan escritos de alegatos relativos a la demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra el artículo 394 del Código Penal Venezolano, en los sigu:entes términos: 1. “A este respecto, tenemos que la causal primera del referido artículo objeto del presente recurso de nulidad va referido al adulterio lo cual podemos definir como la relación sexual, de un cónyuge con una persona distinta a su cónyuge o como lo ha venido sosteniendo la doctrina, la violación más grave del deber de fidelidad conyugal, así como también ha sido definido como la unión sexual o ayuntamiento canal entre un hombre y una mujer siendo uno de ellos, o ambos, casados. (Sentencia N° 53, de fecha 30 de enero de 2006, Expediente N° 06628)". 2. “El Código Penal Venezolano de 1926 ha sido objeto hasta el presente de cuatro reformas parciales, 1958, 1964, 2000 y 2005, circunscritas todas ellas a modificar delitos y penas de la Parte Especial, pues los principios generales contenidos en la Parte General han permanecido inalterados. Siguen siendo, por tanto, los mismos del Código Penal Venezolano de 1897, que los adoptó a su vez, del muy citado Código Zanardelli (1889), con los apreciables cambios que se le hicieron en el Código Penal Venezolano de 1915. Estas cuatro reformas parciales son las siguientes: La primera, en el año 1958, conforme al Decreto-Ley de Reforma Parcial del Código Penal, dictado por la Junta de Gobierno presidida por el Contralmirante Wolfgang Larrazábal, publicado en la Gaceta Oficial N° 25.777, del 4 de octubre de 1958. La segunda, en el año 1964, conforme a la Ley de Reforma Parcial del Código Penal, sancionada por el Congreso de la República durante la presidencia de Raúl Leoni, publicada en la Gaceta Oficial N° 915 Extraordinario de fecha 30 de junio de 1964, donde el delito de adulterio se encontraba contenido en los artículos 396 y 397. La tercera, en el año 2000, conforme a la Ley de Reforma Parcial del Código Penal, sancionada por la Comisión Legislativa Nacional durante la presidencia de Hugo Rafael Chávez Frías, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.494 de fecha 20 de octubre de 2000, donde el delito de adulterio se encontraba contenida en los artículos 396 y 397, sin modificaciones. La cuarta y última (hasta el momento), en el año 2005, conforme a la Ley de Reforma Parcial del Código Penal, sancionada por la Asamblea Nacional, también durante la presidencia de Hugo Rafael Chávez Frías, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.763 Extraordinario, de fecha 16 de marzo de 2005, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial N° 5.768 Extraordinario, de fecha 13 de abril de 2005”. 3. Que “Del análisis que hemos realizado podemos explicar que en las diferentes reformas efectuadas en las últimas décadas y años, la referida norma objeto de este recurso ha permanecido sin alteraciones ni cambios de fondo desde 1897 y permaneció así incluso en el periodo de 1908-1935, vale decir, época de la dictadura Gomecista e inclusive mucho tiempo antes, donde por ejemplo, en la reforma del Código Penal de 1873, el capítulo 'De los delitos contra la honestidad' trata la figura del adulterio con mayor amplitud que en el Código anterior (1863), pero en el fondo la esencia siguió siendo la misma, es decir, la mujer adultera será castigada con prisión de 6 meses a 3 años, en este sentido, siempre es castigada la relación sexual extramarital de la mujer, mientras que la libertad sexual del hombre casado es amplísima y sólo en casos extremos su ejercicio puede ser punible”. página original (tal como se publicó) [Página 77] Martes 4 de octubre de 2016 431.063 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 4. Que “Entonces, se mantiene el principio de castigar a la mujer casada que tenga relaciones sexuales con un hombre que no sea su marido, y el hombre casado sólo es castigado cuando mantiene concubina en la casa conyugal o fuera de ella si el hecho es notorio, continuando a través del tiempo la desigual calificación entre los cónyuges de la conducta adulterina, donde se configuraba siempre y a todo evento para la mujer, mientras que no así para el hombre". 5. Que "En la mayoría de las legislaciones era una verdadera constante encontrarse con el hecho que, a la figura del adulterio se le imprimiera un tratamiento desigual basado en el sexo, sancionado con mayor rigor a la mujer, quien era repudiada socialmente e inclusive podía ser agredida mortalmente por aquel acto infiel, basándose en el simple alegato que, singularmente la mujer al efectuar esos actos adúlteros podría quedar encinta o embarazada por esa relación extramarital”. 6. Que "En ese entonces, la fidelidad de la esposa garantizaba la o etn consiguiente, el honor dependía del juego de lealtades manifiesto desde el momento del compromiso o la unión matrimonial, de ahí, que el adulterio era en su entorno, la más deshonrosa de las actitudes, pues menoscaba el respeto de la comunidad por el cónyuge traicionado”. 7. Que "Así mismo, a lo largo de la historia, tradicionalmente, la mujer era considerada un ser inferior, que no ha tenido reconocido sus derechos, ha sido la mujer la que ha estado discriminada y subordinada, la que ha tenido su papel reservado en exclusiva al ámbito de lo privado y a la que se le valorada el ser sumisa y obediente". 8. Que "Al hablar del Código Penal vigente, sucede que estamos hablando de un Código Penal que aun es antiguo, un Código que todavía conserva acciones, huellas de la época de la colonia, un Código que efectivamente tiene una marcada influencia del Código de Zanardelli, además de la española y francesa, que para el momento de su promulgación se adaptaba a la realidad venezolana de esa época, pero después, con el desarrollo republicano la situación cambió, mas no se actualizaron regulaciones como la contemplada en los artículos 394 y 395 que quedaron plasmadas y siguieron sin modificaciones en las consecutivas reformas realizadas al Código que se adaptaron a los nuevos tiempos”. 9. Que "Es por ello, que diversas críticas han sido expuestas contra el instrumento jurídico que contiene la norma que regula y sanciona el delito de adulterio. La norma trata de forma distinta si quien comete el delito es un hombre o una mujer, de esta manera, se interpreta en la norma que para los hombres sólo existe adulterio si la relación sexual extra marital se realiza en múltiples ocasiones, para la mujer, sólo se precisa la relación extra marital una vez para que sea declarada adúltera, situación que paradójicamente en la actualidad aun continua vigente en el Código, la discriminación establecida desde aquellos tiempos. Pero resulta que, el deber de fidelidad es reciproco entre ambos cónyuges por igual sin poder establecerse alguna diferencia en su configuración en atención al sexo del actuante". 10. Que "La igualdad ante la ley, lleva a concebir el postulado que todas las personas son iguales ante la (sic) ella y que no existen ni prerrogativas ni privilegios de ningún tipo". 11. Que "La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido de manera reiterada que, con fundamento en el artículo 21 Constitucional, ningún individuo puede ser discriminado, ni colocado en un plano de desigualdad respecto de aquellos aspectos en los que, por su condición de ser humano, es igual frente al resto de los individuos de la colectividad". 12. Que "Así mismo observamos que, siendo en cualquier condición, de trabajador o trabajadora, de ciudadano o ciudadana, y, en general, respecto del ejercicio de sus derechos individuales (civiles, políticos, sociales, culturales, educativos y económicos) que le otorga la condición de persona, es, ante la Ley, igual al resto de la colectividad. Por lo que, el Constituyente dispuso que no puede existir discriminación entre los individuos de la sociedad que se encuentren ante situaciones análogas o similares situaciones de hecho". 13. Que "De modo que, con la referida norma se pretende disciplinar el contenido primario, las facultades elementales y los límites esenciales de todo aquello que sea necesario para asegurar una igualdad ante la ley de las mujeres en el ejercicio efectivo de sus derechos, siendo que en nuestro país, en nuestra legislación, por mandato constitucional, ante la ley hombres y mujeres son iguales”. 14. Que "Por otra parte, sirve para el análisis del caso de marras, la anulación de dicha normativa por la Sala Constitucional, visto que el principio de igualdad de rango constitucional, detiene la posibilidad que legislador establezca diferencias mediante privilegios, exenciones, moderación de penas o disminución de estas, las que conlleven a la discriminación entre otras por razones de sexo, entre quienes se encuentran en las mismas condiciones. Situación que se evidencia en la misma forma en el artículo 394 objeto del presente recurso, donde ante la misma situación, a la mujer adultera se le castiga de diferente forma que al marido adultero, y a éste último se le castiga si el hecho es notorio y con una pena menor al de la mujer". 15. Que "De este modo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través de sus decisiones, ha tenido que corregir algunos textos de las normas del Código Penal vigente, que no pueden ser aplicadas por encontrarse en franca contraposición con los principios y derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, frente al avance sobre todo en la consideración de las personas, la problemática de los derechos humanos". 16. Que "Es por ello, que nuestra legislación apuesta a un Código Penal que se adapte a la Constitución y a la realidad nacional, es fundamental el planteamiento de un Código Penal adaptado al nuevo marco jurídico y a los nuevos principios constitucionales, que se adapte a las nuevas o modernas técnicas del derecho penal, a la realidad venezolana, sobre todo en el tiempo, y por último a las exigencias del derecho penal contemporáneo”. 17. Que "En este sentido, se destacan las políticas que vienen definiendo y fortaleciendo el Estado respecto a la igualdad de géneros, como por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral informó sobre la aprobación de una resolución de paridad de género para postulaciones de los candidatos a las elecciones parlamentarias, reglamento especial que garantiza los derechos de participación política de ia mujer”. 18. Que "Así mismo, en la actualidad se han impulsado y fortalecido los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de las mujeres para que así exista una condición de igualdad paritaria junto a los hombres, con el objeto de eliminar la exclusión social y librar una lucha para dejar atrás la discriminación sustentada en el género femenino”. 19. Que "Finalmente, es evidente que en todas las sociedades ha pervivido la desigualdad entre los sexos, pero en este sentido es importante que nuestro modelo político se fundamente en erradicar los valores, creencias y prácticas que han mantenido la desigualdad entre los géneros, y así el Estado debe erigirse como garante de todos aquellos principios y derechos, así como adoptar medidas positivas para que la igualdad ante la Ley sea real y efectiva, con leyes que desarrollen las previsiones constitucionales”. 20. Que "En este sentido, el derecho penal debe garantizar a los ciudadanos que no serán penados por conductas que no estén expresamente previstas en la ley como punibles y a su vez que el tipo de pena sea coherente y respectiva con el delito cometido, uno de los principios fundamentales que deben considerarse dentro del Código Penal es en base a la proporcionalidad y racionalidad de las penas o rangos de penas, y es aquí, donde consideramos menester mencionar el artículo 395 del Código Penal Venezolano, que al igual que el artículo 394 objeto del recurso, se condiciona el delito cometido por el hombre “si el hecho es notorio”, y además la sanción de la pena no es acorde a la realidad, donde quizás podría preverse una escala de penas que permita acceder a alternativas distintas a la prisión en caso de penas de menor entidad". 21. Que "Vale decir, que ciertamente ha existido la voluntad de adaptación del Código a los nuevos tiempos, a las exigencias de un Código Penal contemporáneo, a los avances de la ciencia penal global, cambios puntuales que se han plasmado en las diferentes reformas realizadas al Código Penal, promovido también como consecuencia de múltiples leyes especiales que tipifican y sancionan delitos, como por ejemplo, entre otras, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia". 22. Que "Por último, considera esta representación legal, que tal distinción contemplada en los artículos 394 y 395 del Código Penal Venezolano, donde en el primero se castiga a la mujer adultera con prisión de seis meses a tres años, mientras en el segundo, el marido que mantenga concubina en la casa conyugal, o también fuera de ella, si el hecho es notorio, será castigado con prisión de tres a dieciocho meses.(. )“, nos permite establecer en ellos una inconformidad con el ordenamiento constitucional vigente, en atención al principio de igualdad que expresa un tratamiento igualitario de todas las personas, sin distinciones basadas en el sexo, la raza, la religión, el credo, la condición social entre otras, y de una unificación de los derechos y deberes de la relación marital entre la mujer y su marido, considerando, que en la actualidad no se justifica en modo alguno que subsistan a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 este tipo de diferenciaciones de las personas derivadas del género”. 23. Que "Esta distinción podría acarrear, en nuestro criterio, una infracción al derecho a la igualdad y a la no discriminación, a que se contrae el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que podría presumirse como incompatible la disposición impugnada con los postulados constitucionales, por contradecir manifiestamente el ya mencionado artículo 21, al establecer condicionamientos diferenciados en función del género y a la igualdad entre los cónyuges”. III DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO El 26 de noviembre de 2015, el Fiscal Primero del Ministerio Público ante la Sala Plena y Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, consignó escrito contentivo de la opinión del órgano que representa, en los siguientes términos: 1. Que “Al respecto el Ministerio Público observa que la solicitante alega que las normas cuya nulidad se solicita, vale decir, los artículos 394 y 395 del Código Penal, respectivamente, contravienen los Principios Constitucionales del Derecho de Igualdad y no Discriminación contenido en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el de Igualdad Absoluta de los derechos de los Cónyuges, consagrada en el artículo 77 ejusdem". página original (tal como se publicó) [Página 78] 431.064 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 2. Que "Ahora bien, cabe recordar que el tipo penal de ADULTERIO que contiene el artículo 394 del Código Penal, se ha mantenido como tal desde que fue plasmado en el Código Penal del año 1863 en el artículo 1°, el cual posteriormente fue regulado (con identidad de supuestos) en el Código Penal de 1873 en su artículo 415". 3. Que "En la antigüedad, el adulterio se tenía como un delito contra la propiedad y por ello se castigaba a la mujer, al entenderse ella como propiedad del marido como si de una cosa se tratara. De hecho, era entendido como un delito de gravedad capital, al cual le atribuyeron penas que iban desde la mutilación de algún órgano hasta la muerte por apedreamiento; penas estas que con suma preocupación se mantienen vigentes hasta la fecha en varios Países del Medio Oriente". 4. Que "Muchas han sido las opiniones doctrinarias que condujeron a criminalizar ese tipo de conducta, al considerarse que es un hecho que quebranta la fidelidad conyugal; otros autores sostenían que va en contra de la honestidad, mientras que otros tantos, validaban su munición por tratarse de un tipo penal que destruye la familia y quebranta la institución del matrimonio”. 5. Que "Sin embargo, hay autores que opinar que esta conducta no debe ser castigada penalmente. En cuanto ello, y hecha una investigación documentológica, se pudo constatar que ya en algunas legislaciones extranjeras esta conducta ha sido despenalizada, ello como consecuencia de las largas discusiones que en cuanto a este tipo penal se hicieron en el marco de la celebración del Congreso Internacional de Derecho Penal, celebrado en La Haya en el año 1964, en donde se concluyó que no debe ser incriminado penalmente". 6. Que "Como puede observarse de la citada norma, de ella no se deriva una definición de lo que es el adulterio, limitándose el legislador de la época a establecer que solamente podrá cometer este hecho punible, la mujer casada que como sujeto activo calificado, tenga un encuentro sexual consentido con un hombre que no es su marido. Nótese además, que si bien, no especifica como se comete el adulterio (como si lo especifica quién suscribe) es claro que, para hablar de la configuración de este tipo penal, en la relación extra matrimonial debe mediar la existencia de la intimidad entre dos personas, en donde la mujer debe estar manifiestamente casada y hombre con quién las sostiene no puede ser su marido”. 7. Que "De manera que, conforme a las anteriores premisas tenemos que para que se configure el delito de adulterio conforme a la letra del artículo 394 del Código Penal Venezolano, deben concurrir los siguientes elementos: a) La existencia de un matrimonio formal y válidamente constituido. b) La realización de un “..acto sexual..." por parte de la mujer con un hombre distinto a su cónyuge. c) La intencionalidad y voluntariedad de cometerlo. Por lo tanto, en conjugación con dichos elementos, el adulterio se configura cuando la mujer casada de manera voluntaria tiene relaciones sexuales con otro hombre que no es su esposo, siendo ambos sujetos, una vez demostrado este tipo penal, objeto de la sanción a la que se contrae el artículo 394 del Código Penal Venezolano, esto es, la pena de seis (6) meses a tres (3) años". 8. Que "Ahora bien, cuando el adulterio es cometido por el hombre, el Legislador se desaparta de tales consideraciones, estableciéndose para la configuración del tipo, otras exigencias sustanciales. Ello se deriva del contenido del artículo 395 del Código Penal, que sanciona al hombre casado si de manera notoria mantiene concubina en la casa conyugal o fuera de ella, privándolo además del poder marital y castigando de igual modo a la concubina". 9. Que "Recordemos que el adulterio cometido por el hombre también fue instaurado en el Código Penal de 1863, en el artículo 3, llamado para esa época '...amancebamiento del marido...' y luego de sus reformas, actualmente es denominado '...concubinato...'. 10. Que "Hasta este punto podemos afirmar entonces, tal y como lo expresa la doctrina venezolana, que el delito de adulterio en sentido estricto sólo puede ser cometido por la mujer, mientras que el concubinato, es siempre cometido por el hombre, pese a que ambos tipos penales atentan contra las buenas costumbres y buen orden de la familia". 11. Que "Así tenemos que, el adulterio como tipo penal se configura cuando surgen como requerimientos indispensables los siguientes: a) La necesidad de una relación sexual continua de un hombre casado con una mujer que no es su esposa. Y, b) Que el marido mantenga a la concubina en la casa conyugal o también fuera de ella, pero en este último caso, es necesario que el hecho sea notorio". 12. Que " (..) se puede constatar la desigualdad de condiciones existentes en ambos tipos penales, al tratarse el adulterio con elementos y exigencias distintas dependiendo del sujeto activo que lo comete, a saber, la Martes 4 de octubre de 2016 mujer o el hombre. Así ias cosas, y recapitulando consideraciones hechas en líneas atrás, vemos que mientras que en el caso de la mujer se configura de manera instantánea el adulterio con la simple relación sexual (así sea una) que sostenga con un hombre distinto a su marido, en el hombre se necesita que esa relación sexual sea continua y permanente con una mujer determinada que no es su esposa, por lo que, las relaciones sexuales que esporádicamente mantenga un hombre con una o varias mujeres distintas a su esposa no configuran el delito de adulterio (concubinato), al no mediar la permanencia en el tiempo de esta relación". 13. Que "De manera que, conforme a lo dispuesto en el artículo 395 del Código Penal, se puede aseverar que es válido jurídicamente, que el hombre casado puede mantener relaciones sexuales esporádicas con cualquier mujer que no sea su esposa, siempre que estos no sean permanentes”. 14. Que “De cara a ello, vemos entonces como estas disposiciones penales configuran y además castigan el delito de adulterio de manera distinta para la mujer y el hombre, evidenciándose el trato desigual para los autores y coautores del adulterio y el concubinato en cuanto a las penas aplicables, las cuales resultan discriminatorias y contravienen en consecuencia los principios constitucionales de los derechos a la igualdad y no discriminación previstos en el artículo 21 de nuestra actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el derecho de los cónyuges en condiciones de igualdad, reconocido en el artículo 77 eiusdem”. 15. Que " (...) De las anteriores disposiciones constitucionales y jurisprudenciales se colige por una parte, que el derecho a la igualdad y no discriminación se refiere a que todas las personas son iguales ante la ley y que el Estado garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva, y que en este sentido se deben adoptar todas las medidas necesarias a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados dada su vulnerabilidad. Y por otra parte, que se tendrá como un trato discriminatorio aquellos casos en los cuales se compruebe que ante circunstancias similares y en igualdad de condiciones, se manifieste un tratamiento desigual, es decir, que se esté en presencia de una situación en la cual se otorgue un tratamiento jurídico distinto a dos sujetos en idéntica situación”. 16. Que "En base a ello, podemos afirmar que los artículos 394 y 395 del Código Penal, respectivamente, contradicen los postulados constitucionales consagrados en los artículos 21 y 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puesto que la forma de criminalización que contemplan son distintos para el hombre y la mujer, pese a que el delito de adulterio debe darse en idénticas condiciones para cada uno de ellos, ya que el bien jurídico tutelado no es otro sino el deber de fidelidad que debe reinar en una pareja, el cual tiene necesariamente que ser recíproco entre ambos, por lo que no debe establecerse diferencia alguna en la configuración de dichos delitos y su grado de pena, en atención solo al sexo actuante". 17. Que "El matrimonio, como fórmula de convivencia social, debe ser protegido por los Estados, por ser éste el inicio de la familia. Nuestro Constituyente de 1.999 así lo entendió y le concedió rango constitucional en el artículo 77. Esta institución, nace del sentimiento, de la querencia mutua, del afecto que se jura eterno, del respeto y de la fidelidad. Es una intangible situación emocional que se llama amor y se aferra, entre otras cosas, a la vida en pareja. Es algo privado entre dos, algo que se hace en muchos casos indispensable y dura hasta el final de sus vidas". 18. Que "Ahora bien, ¿qué pasa en un matrimonio en donde este deber de fidelidad se pierde? A nuestro juicio, se activaría una de las causales de divorcio, entendido este (el divorcio) como la fórmula más drástica para resolver las controversias surgidas en el matrimonio, tal como lo consagra el artículo 185 del Código Civil, cuando en su ordinal 1° contempla el adulterio como causal de divorcio y a pesar de no señalar el concubinato como una de sus causales, sin embargo, también sería procedente de conformidad con la jurisprudencia vinculante dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que dejó establecido que las causales de divorcio contempladas en el citado artículo 185, no son taxativas, pudiéndose demandar el divorcio por cualquier otra situación que impida la continuación de la vida en común”. 19. Que "De manera que, teniendo el matrimonio una vía de solución jurídica frente a una posición de infidelidad, como lo es el divorcio, no debe sancionarse penalmente la conducta infiel, máxime si se hace como en el caso de los artículos 394 y 395 del Código Penal Venezolano, de manera discriminatoria”. 20. Que "Conforme a la jurisprudencia el Principio de Mínima Intervención del Derecho Penal, tiene como rasgo fundamental la exigencia necesaria por parte de la sociedad de la intervención del Derecho Penal, por lo que cuando la sociedad pueda ser resguardada por otras vías que sean menos lesivas para los derechos individuales, el Derecho Penal deja de ser necesario; por tanto que, éste será necesario cuando los mecanismos extrapenales no sean suficientes para garantizar la protección de los intereses de la sociedad”. 21. Que "teniendo la institución del matrimonio una vía de solución civil como lo es la figura del divorcio, cuando el conflicto surja por la falta de fidelidad y fe que deben guardarse los cónyuges, debido a una conducta adultera, el derecho penal en estos casos deja de ser necesario. Así las cosas, la conducta adultera no debe ser criminalizada y mucho menos penalizada, razones por las cuales opino que los artículos 394 y 395 del Código Penal, deben ser suprimidos totalmente". página original (tal como se publicó) [Página 79] Martes 4 de octubre de 2016 431.065 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 22. Que “En virtud de las razones expuestas opino que la presente acción de nulidad por inconstitucionalidad de los artículos 394 y 395 del Código Penal, debe ser declarada CON LUGAR en los términos antes expuestos, ya que no solo atentan contra los principios constitucionales al Derecho de Igualdad y no Discriminación, consagrados en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en contra del derecho de los cónyuges en condiciones de igualdad, reconocido en el artículo 77 eiusdem, sino también en contra del Principio de la Mínima Intervención del Derecho Penal, establecido en el artículo 2 de nuestra Ley Suprema". IV DE LA OPINIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO El 14 de abril de 2016, mediante escrito presentado por las ciudadanas Laurie Annie Meneses Sifontes y María Liliana Alvillar, la primera en su carácter de Directora de Recursos Judiciales y la segunda en su carácter de Defensora III, adscrita a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, consignan escritos de alegatos relativos a la demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra el artículo 394 del Código Penal Venezolano, en los siguientes términos: III DEL CRITERIO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO "La Defensoría del Pueblo como Institución Nacional de Derechos humanos garante de los derechos constitucionales pasa a exponer su posición institucional en los términos siguientes: CONSIDERACIONES DE HECHO I.- La norma impugnada El delito de adulterio es tipificado por el Código Penal venezolano en los artículos 394 y 395, en los términos que a continuación se exponen: ADULTERIO Artículo 394. La mujer adúltera será castigada con prisión de seis meses a tres años. La misma pena es aplicable al coautor del adulterio'. CONCUBINA NOTORIA Artículo 395. El marido que mantenga concubina en la casa conyugal, o también fuera de ella, si el hecho es notorio, será castigado con prisión de tres a dieciocho meses. La condena produce de derecho la pérdida del poder marital. La concubina será penada con prisión de tres meses a un año. Las normas transcritas evidencian un trato diferenciado entre los sujetos regulados po? ésta, dependiendo de su género, es decir, en el caso del hombre, el adulterio es llamado concubinato notorio y tiene como requisito fundamental la notoriedad pública del mismo, mientras que en el caso del delito de adulterio para la mujer solo se requiere la realización del acto para que se constituya la conducta típica y antijurídica. Por otro lado, con relación a las penas establecidas en los mencionados artículos, de igual manera se puede visualizar una clara diferencia en las penas de éstos delitos, ya que en el caso del precitado articulo 394 la mujer adúltera será castigada con prisión de seis meses a tres años, mientras que en el caso del artículo 395, el marido que mantenga un concubinato notorio será castigado con prisión de 3 a 18 meses. II.- Acción de nulidad incoada. En fecha 14 de abril de 2015, la ciudadana Enid Méndez Ríos representada por el ciudadano abogado Héctor Del Valle Centeno Guzmán interpuso acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad contra el artículo 394 del Código Penal, bajo los siguientes argumentos: (..) CONSIDERACIONES DE DERECHO 1.- Estado Social de Derecho y de Justicia En Venezuela, el concepto de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia se vislumbró a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, permitiendo la reestructuración de las formas del Poder Público y del ordenamiento jurídico, creando un puente impregnado de justicia material para conectar a la sociedad y el derecho, haciendo posible la consecución de los fines del Estado y la garantía y respeto de las libertades ciudadanas; en tal sentido el artículo 2 del Texto fundamental señala lo siguiente: 'Artículo 2.- Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, ia solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político'. De la norma precedente, debe necesariamente rescatarse que al asumirse como valores superiores del Estado la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia y la preeminencia de los derechos humanos, se asume como guía del actuar de éste la inclusión y protección de los grupos más vulnerables de la sociedad en el marco de los derechos humanos y del respeto a su dignidad, a objeto de equilibrar las condiciones y oportunidades para que todos los miembros de la sociedad puedan alcanzar el desarrollo pleno de su personalidad y disfrutar de una vida en paz y felicidad. Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 85, de fecha 24 de enero de 2002, caso: Asodeviprilara, realizó consideraciones de gran importancia referidas al Estado Social y de Derecho en Venezuela, las cuales tramos a colación para desarrollar el presente capítulo: (..) En consecuencia, esta nueva visión de Estado trajo consigo un nuevo enfoque de los derechos de los ciudadanos, especialmente en cuanto a las mujeres se refiere, otorgándoles igualdad de oportunidades y como grupo vulnerable creando instrumentos para garantizar y proteger sus derechos, de manera tal que estos puedan ser ampliados y reforzados, a fin de garantizar un ejercicio pleno y una equidad real entre los sujetos que componen la sociedad. II.- Derecho a la igualdad y no discriminación La igualdad y no discriminación constituyen un principio fundamental del derecho de los derechos humanos. En efecto, como lo ha reconocido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Observación General N° 16, la igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de todos los derechos humanos, es uno de los principios fundamentales reconocidos por el derecho internacional y recogido en los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU (hoy Consejo de Derechos Humanos) en su Observación General N° 18 ha señalado que la no discriminación junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley sin ninguna discriminación, constituye un principio básico y general relativo a la protección de los derechos humanos. En plena sintonía con estas consideraciones, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce plenamente el principio de la igualdad de derechos, otorgándole consagración expresa como derecho constitucional. Asi, la Exposición de Motivos de nuestra Carta Fundamental establece que: (...) En el mismo, sentido el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra: (.) La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en sus artículos 1 y 2 consagran la igualdad y no discriminación en los siguientes términos: (..) De la lectura de los artículos ut supra transcritos, se desprende que el derecho a la igualdad implica brindar el mismo trato a todas las personas que se encuentran en idénticas o semejantes condiciones, no siendo admisible tratos desiguales fundados en la raza, sexo, credo o la condición social, entre otras, correspondiendo a la Ley, de igual forma, generar las condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva. Entonces, lo que busca el principio de igualdad en el campo del derecho es justamente el reconocimiento de que todos los sujetos amparados por el ordenamiento jurídico tienen la misma capacidad para el goce y ejercicio de las mismas facultades y derechos otorgados por la norma en la medida que los criterios de razonabilidad justificación lo permitan, es decir, es claro que no puede existir total igualación entre todos y cada unos de los sujetos de derechos, en razón de la existencia de una cantidad infinita de sujetos y situaciones sometidos a regímenes especiales en virtud de una regulación normativa, sin embargo, lo que se pretende es tratar de manera igual a los iguales y desigualmente a los que no pueden invocar esas mismas condiciones y circunstancias predeterminadas por la Ley, ya que estas no obedecen a intereses de índole individual sino de utilidad general, así lo estableció la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia mediante Sentencia Número 01131 de fecha 24 de noviembre de 2002. De igual manera, esta Honorable Sala Constitucional señaló en Sentencia N° 1197 de fecha 17 de octubre de 2000 lo siguiente: (..) De igual forma, reiteró la Sala el criterio supra transcrito en Sentencia N° 266 de fecha 17 de febrero de 2006, momento en el cual destacó que: (...) Entonces, el principio de igualdad se refiere a la eficacia de la norma frente a los sujetos a los cuales debe ser aplicada sin que medie trato diferenciado entre ellos, siempre y cuando ambos estén en los mismos supuestos y bajo las mismas circunstancias. III.- Igualdad en la institución matrimonial. Como ya se señalado precedentemente, los principios de igualdad y no discriminación abarcan todos los aspectos de las vida de las personas, y deben ser respetados por el Estado en todas las circunstancias. Como reflejo de ello, el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce a hombres y mujeres los mismos derechos en relación con el matrimonio, en los términos siguientes: (...) La citada disposición constitucional de manera clara y contundente otorga igualdad absoluta de derechos a los cónyuges en el matrimonio, lo que necesariamente implica igualdad en todos los aspectos que están vinculados con la unión matrimonial, entre los cuales se incluyen el deber de guardar fidelidad a la relación matrimonial. Asimismo, resalta la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), cuyo artículo 17 expresa que: (..) La existencia de derechos y deberes dentro del matrimonio en condiciones de igualdad, implica la prohibición de cualquier medida o forma de discriminación relacionada con la institución del matrimonio, que no esté fundamentada en criterios razonables y proporcionales en relación con el objetivo perseguido, razón por la cual, los deberes conyugales deben ser cónsonos con el principio de igualdad en cualquier normativa que pretenda regular dicha institución. III.- Consideraciones finales Una vez analizados los argumentos esgrimidos por la parte accionante, estudiado la normativa impugnada y las disposiciones constitucionales y legales del ordenamiento jurídico interno, así como los tratados internacionales relativos a derechos humanos y relacionados con las normas aquí impugnadas, necesariamente esta representación judicial debe colegir lo siguiente: El delito de adulterio como conducta típica y antijurídica está establecido por el legislador venezolano como un hecho punible que al parecer solo se comete por la mujer, es decir, en sí, no existe adulterio para el hombre, el delito cometido por éste es tipificado de acuerdo al artículo 395 del Código Penal como 'concubina notoria', refiriéndose nuevamente al género femenino y necesariamente para su comisión debe reunir una página original (tal como se publicó) [Página 80] 431.066 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA serie de condiciones y requisitos indispensables, los cuales no están presentes en el delito de adulterio establecido en el artículo 394 del Código Penal para el caso de la mujer. En tal sentido, la norma impugnada prevé una pena para la autora y el coautor de dicho delito, constituyendo entonces dicha norma en un mandato de aplicación exclusiva para un género, donde la conducta tipificada se aplica a la cónyuge y su coautor, sin que exista posibilidad alguna para que el esposo incurra en tal conducta, pues los términos de la normas son claros e inteligibles al referirse a la 'mujer adúltera'. Aunado a lo anterior, el artículo 395 del Código Penal prevé que para el caso del marido, el delito se considera como concubinato notorio, el cual se produce sí y solo sí, el cónyuge mantiene una concubina en la casa conyugal o cuando fuera de ésta sea notorio, de lo contrario, no se produce el delito, todo lo cual claramente vulnera el derecho humano a la equidad de género, desvirtuando por completo el principio de igualdad ante la ley propugnado por la República Bolivariana de Venezuela como Estado Social de Derechos y de Justicia, y así solicitamos sea declarado. Como corolario de lo anterior, considera esta instancia defensorial que no existen fundamentos jurídicos, que justifiquen tal diferencia entre ambos géneros, pues se trata de sujetos iguales en condiciones o circunstancias similares, que de acuerdo a los preceptos legales tienen los mismo derechos y obligaciones dentro de la institución matrimonial, tal como se expuso anteriormente, por lo cual se considera que la disposición impugnada resulta completamente contraria al contenido de los principios, derechos y garantías consagrados por el Texto Fundamental, finalizado en un trato discriminatorio en perjuicio de las mujeres y su condición de esposas, todo lo cual se insiste deriva en una violación al principio. de igualdad y no discriminación constitucionalmente establecido. En tal sentido, cabe enfatizar que al producirse en el año 1999, un episodio transcendental en la realidad política y jurídica de nuestro país, con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, uno de los instrumentos más avanzados y completos del derecho internacional, mediante la cual se incorporó un amplio catálogo de derechos humanos, sin precedente en la historia constitucional venezolana y universal, se produjo también el reconocimiento de los derechos de ios de los sectores débiles dentro del ámbito jurídico y una ampliación del reconocimiento del derecho a la igualdad y no discriminación, permitiendo que el espectro del mismo se materializara como un brazo de la justicia en todas las instancias de la sociedad venezolana. Por ello, resulta incongruente la existencia de una disposición legal que sancione al género femenino con una mayor pena por el solo hecho de ser mujer, discriminando de manera obvia e inconstitucional a uno de los sujetos de la relación matrimonial, los cuales dentro del ordenamiento interno tiene iguales deberes e iguales derechos, ratificando dicho trato diferenciado al castigar al hombre con una pena menor, con un delito diferente y estableciendo condiciones adicionales para la procedencia del delito, fundamentado en su carácter de género masculino, derivado de la preconcepción machista históricamente concebida donde persevera el dominio del hombre sobre la mujer, marido sobre esposa. Y así solicitamos se declare. En conclusión, la existencia de un trato diferenciado dentro de una disposición legal de la naturaleza del artículo 394 del Código Penal, no tiene asidero en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues al constituir ésta el Estado Social y al consagrar el principio de igualdad, estableció un vinculo indisoluble entre los ciudadanos y el ordenamiento jurídico, permitiendo que la justicia material sea un hecho y logrando el respeto y garantía de todos y cada uno de los miembros que componen la sociedad, razón por la cual solicitamos se declare la nulidad del mencionado artículo y se equipar en ambos géneros en el establecimiento de la conducta típica y antijurídica. V MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN Determinada la competencia, admitida la presente solicitud de nulidad de las norma prevista en el artículo 394 del Código Penal, mediante sentencia n.° 715 del 17 de junio de 2015, en la cual se expendio el examen de constitucionalidad a la disposición contemplada en el artículo 395 eiusdem, pues “del contenido de la presente solicitud se desprende que también formula objeciones e impugna constitucionalmente la norma contenida en el artículo 395 eiusdem, la cual se encuentra estrechamente vinculada a la primera"; advertido que el presente asunto es de mero derecho (ver sentencias nros.° 993 del 16 de julio de 2013 y 988 del 1° de agosto de 2014 dictadas por esta Sala) y examinado el fondo de la presente demanda, junto a los también exhaustivos y coincidentes, en general, análisis jurídicos efectuados por las representaciones de la Asamblea Nacional, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, esta Sala pasa a pronunciarse sobre el mérito del presente asunto, en atención a los alegatos expuestos, sobre la base de las siguientes consideraciones: 1.- Del fundamento de la acción y de los alegatos de los demás sujetos procesales. La accionante ciudadana Enid Beatriz Méndez Ríos, interpuso ante esta Sala solicitud de nulidad parcial por inconstitucionalidad, contra el Martes 4 de octubre de 2016 artículo 394 del Código Penal Venezolano vigente, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Extraordinario N° 5.768 del 13 de abril de 2005; por cuanto, según señala, tal disposición vulnera flagrantemente el principio de igualdad ante la ley, establecido en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la igualdad de los derechos de los cónyuges establecido en el artículo 77 ejusdem, ya que existen diversas leyes que en sus disposiciones normativas establecen el derecho a la igualdad y no discriminación hacia la mujer como la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia (artículo 3°) y la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (artículos 1, 3, 5 y 6). La representación de la Asamblea Nacional, puntualizó entre sus argumentos, que la distinción contemplada en los artículos 394 y 395 del Código Penal Venezolano, se hace en referencia a que en el primero de los artículos mencionados se castiga a la “mujer adúltera" con prisión de seis meses a tres años, mientras en el segundo de los artículos (art.395), "el marido que mantenga concubina en la casa conyugal, o también fuera de ella, si el hecho es notorio será castigado con prisión de tres a dieciocho meses”, permitiendo establecer en ellos una inconformidad con el ordenamiento constitucional vigente, en atención al principio de igualdad que expresa un tratamiento igualitario de todas las personas, sin distinciones basadas en el sexo, la raza, la religión, el credo, la condición social entre otras, y de una unificación de los derechos y deberes de la relación marital entre la mujer y su marido, considerando, que en la actualidad no se justifica en modo alguno que subsistan a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 este tipo de diferenciaciones de las personas derivadas del género. La representación del Ministerio Público, apuntaló que los artículos 394 y 395 del Código Penal, respectivamente, contradicen los postulados constitucionales consagrados en los artículos 21 y 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puesto que la forma de criminalización que contemplan es distinta para el hombre y la mujer, pese a que el delito de adulterio debería darse en idénticas condiciones para cada uno de ellos, ya que el bien jurídico tutelado no es otro sino el deber de fidelidad que debe reinar en una pareja, el cual tiene necesariamente que ser recíproco entre ambos, por lo que no debe establecerse diferencia alguna en la configuración de dichos delitos y su grado de pena, en atención solo al sexo actuante. La representación de la Defensoría del Pueblo, señaló que la norma impugnada prevé una pena para la autora y el coautor de dicho delito, constituyendo entonces dicha norma en un mandato de aplicación exclusiva para un género, donde la conducta tipificada se aplica a la cónyuge y su coautor, sin que exista posibilidad alguna para que el esposo incurra en tal conducta, pues los términos de la normas son claros e inteligibles al referirse a la 'mujer adúltera'. Asimismo, la representación de la Defensoría del Pueblo puntualizó que el artículo 395 del Código Penal prevé que para el caso del marido, el delito se considera como concubinato notorio, el cual se produce sí y solo sí, el cónyuge mantiene una concubina en la casa conyugal o cuando fuera de ésta sea notorio, de lo contrario, no se produce el delito, todo lo cual claramente vulnera el derecho humano a la equidad de género, desvirtuando por completo el principio de igualdad ante la ley propugnado por la República Bolivariana de Venezuela como Estado Social de Derechos y de Justicia. Finalmente, puntualizó que no existen fundamentos jurídicos, que justifiquen tal diferencia entre ambos géneros, pues se trata de sujetos iguales en condiciones o circunstancias similares, que de acuerdo a los preceptos legales tienen los mismo derechos y obligaciones dentro de la institución matrimonial, tal como se expuso anteriormente, por lo cual se considera que la disposición impugnada resulta completamente contraria al página original (tal como se publicó) [Página 81] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 4 de octubre de 2016 contenido de los principios, derechos y garantías consagrados por el Texto Fundamental, finalizado en un trato discriminatorio en perjuicio de las mujeres y su condición de esposas, todo lo cual se insiste deriva en una violación al principio de igualdad y no discriminación constitucionalmente establecido. 2.- Introducción al análisis jurídico de los alegatos expuestos. Sobre la base de lo expuesto, esta Sala examinará, desde una perspectiva jurídica y en atención a los planteamientos expuestos por los intervinientes, la constitucionalidad de las disposiciones contenidas en los artículos 394 y 395 del Código Penal Venezolano, objeto del proceso de autos, las cuales prevén lo siguiente: TITULO VIII De los Delitos contra las Buenas Costumbres y Buen Orden de las Familias (..) CAPÍTULO V Del adulterio Artículs 394. La mujer adúltera será castigada con prisión de seis meses a tres años. La misma pena es aplicable al coautor del adulterio. Artículs 395. El marido que mantenga concubina en la casa conyugal, o también fuera de ella, si el hecho es notorio, será castigado con prisión de tres a dieciocho meses. La condena produce de derecho la pérdida del poder marital. La concubina será penada con prisión de tres meses a un año. Así pues, ambas normas se cobijan bajo el título "Del adulterio”. La primera lo hace desde la óptica de la esposa como sujeto activo del delito, mientras que la segunda desde la perspectiva del esposo, aun cuando resulta evidente que ambos tipos penales tienen una configuración que los distancia sustancialmente, no sólo en lo que atañe a los elementos típicos, sino desde el enfoque del bien jurídico e, inclusive, de la sanción respectiva, razón que explica, inclusive, los disimiles tomen iuris que reciben ambas normas en la doctrina (adulterio y mantenimiento de concubina en casa conyugal en situación de notoriedad). Ese trato diferenciado hace pensar en las diferencias biológicas entre hombre y mujer desde la perspectiva reproductiva (probable predominio en este contexto de la teoría de la turbatio sanguinis, vid. infra), pero también en el trato social y jurídicamente diferenciado que históricamente ha recibido el hombre respecto de mujer, toda vez que los valores de la fidelidad y de la confianza conyugal (especialmente la sexual), aun cuando se muestra evidente en la adulterio propiamente dicho, es decir, el adulterio desde la óptica de la mujer -utilizando en enfoque axiológico de esas normas remotas (artículo 394)-, no encuentra correspondencia ni en la norma siguiente (artículo 395), ni en ese capítulo ni el resto del Código Penal, toda vez que, como se apreciará a continuación, para que el marido incurra en “adulterio", no basta por lo menos un encuentro sexual extramarital, por muy fugaz que fuere (lo que de por sí vulneraría la fidelidad sexual conyugal, de forma similar a como ocurre con el artículo 394), sino que, para que su conducta sea penalmente relevante en lo que a esta materia concierne, es necesario mantenga concubina en la casa conyugal (lo que advierte que no es significativo desde el ámbito de esta norma, la fidelidad conyugal desde la óptica marido, ergo, que sólo le corresponde a la mujer ser conyugalmente fiel para evitar defraudar este contexto penal, mientras que al hombre no, sin que se advierta, de entrada, justificación válida para ello, al menos en lo que respecta al marco jurídico-constitucional actual), o también fuera de ella, si el hecho es notorio, será castigado con prisión de tres a dieciocho meses; circunstancia que advierte, en definitiva, un tratamiento punitivo mucho menos contundente en lo que atañe al hombre que incurre en esa específica forma de "adulterio”, no sólo en lo que respecta a la configuración del tipo penal, sino también a la pena, salvo en lo que respecta a la particular norma prevista en el artículo 396 eiusdem, que equipar a la pena en ambos casos, ante la verificación de alguno de los supuestos contemplados en ella: 431.067 Artículo 396. Si los cónyuges estaban legalmente separados, o si el cónyuge culpable había sido abandonado por el otro, la pena de los delitos a que se refieren los dos artículos anteriores, será, para cada uno de los culpables, prisión de quince días a tres meses. Tal visión, que hoy dia pudiera ser calificada de predominantemente sexista, machista y, en fin, contraria, por lo menos, a una dimensión de los principios generales igualdad ante la ley y dignidad humana, postulados generales del Derecho con expresión constitucional directa (artículos 3 y 21), lo que especialmente advierte el final del artículo 395 sub examine, el cual, únicamente desde la óptica masculina, alude a la pérdida del “poder marital" (“La condena produce de derecho la pérdida del poder marital"), lo que evidencia la concepción del matrimonio como una relación de poder vertical, del hombre respecto de la mujer, contraria a la vinculación conyugal horizontal que establece el articulo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (igualdad de derechos y de deberes). 3.- Análisis jurídico de las disposiciones objeto del presente juicio de nulidad. Ahora bien, antes de seguir profundizando en ese orden de consideraciones vinculadas a los alegatos expuestos, los cuales se circunscriben básicamente al señalamiento de trato jurídicamente desigual y no a otros aspectos jurídicos, como pudieran ser los vinculados a la utilidad y necesidad de la intervención penal en esta materia, y mucho menos a valoraciones de orden religioso, ético o moral que cuando menos no encuentren reflejo en el Derecho Patrio (sin desmeritar su importancia social e individual), en aras precisamente de honrar el derecho a la igualdad de todas las personas, sin distinción, ante la ley; sin que ello excluya la necesaria reflexión que también deben asumir o continuar asumiendo otros ámbitos del Poder Público - conforme a sus atribuciones - y del Poder Popular, en aras de seguir profundizando la protección de los valores constitucionales, en especial, de la familia y de los derechos inherentes a niños, niñas y adolescentes, que ha impulsado de forma inédito la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 3.1.- Sobre el delito de adulterio por parte de la esposa (artículo 394 del Código Penal) En primer lugar, se observa que el artículo 394 del Código Penal no describe el adulterio, circunstancia que hace pertinente fijar un marco conceptual, además de revocar los principios de taxatividad, tipicidad, legalidad, seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley, además de las exigencias de lex certa y lex stricta, fundamentales en un Estado de Derecho y en un Estado de justicia. Al respecto, desde cierta perspectiva, una enunciación de adulterio (Del lat. adulterium.) es la que la concibe 1. m. Relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. 2. m. desus. Falsificación, fraude (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). Sobre la denominación de adulterio hay dos hipótesis que explican la etimología de la palabra. Para algunos viene de la expresión latina “quod ad alterium Thorum", o sea, el que va al lecho ajeno; y otros suponen que se deriva del latín "adulterare", que quiere decir adulterar, “la mujer adultera la prole” (Universidad Central de Venezuela. Código Penal de Venezuela. Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas. Vol. VI. Página 616). El artículo 394 del Código Penal contempla el tipo básico o base de adulterio, el cual se consagra en nuestra legislación desde 1863, habiendo sido tomada del artículo 87 del Código Penal Español de 1850. A partir del Código Penal de 1897 se toma esta disposición del artículo 353 del código penal italiano de 1889, cuyo texto es el siguiente: "La mujer adúltera se castiga con prisión de tres a treinta meses. La misma pena es aplicable al coautor del adulterio". página original (tal como se publicó) [Página 82] 431.068 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA El tipo penal de adulterio previsto en el artículo 394 del Código Penal venezolano ha tenido el siguiente recorrido legal (esencialmente preconstitucional, pues prácticamente se ha mantenido inalterado en el tiempo), que esta Sala estima oportuno resaltar, a los efectos de comprender de manera sistemática la valoración histórica de tal regulación: En el Código Penal de 1863, estaba establecido en el título referido a los delitos contra la honestidad (artículo 1 de ese título). En el Código Penal de 1873, en el artículo 416. En el Código Penal de 1897, en el artículo 360. En el Código Penal de 1904, en el artículo 351. En el Código Penal de 1912, en el artículo 366. En el Código Penal de 1915, en el artículo 378. En el Código Penal de 1926, en el artículo 396. En el Código Penal de 1964, en el artículo 396. En el Código Penal de 2000, en el artículo 396. En el Código Penal de 2005, en el artículo 394. Dicha norma del artículo 394 del Código Penal contempla el tipo básico de adulterio que, junto a la bigamia (art. 400 ss eiusdem), han sido considerados dentro de los llamados “delitos matrimoniales". Ahora bien, como se indicó antes, el precepto contemplado en el artículo 394 del texto penal sustantivo fundamental no describe expresamente el adulterio como lo hacia el artículo 415 del Código Penal de 1873, el cual establecía que "Comete adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y el que yace con ella sabiendo que es casada aunque después se declare nulo el matrimonio". Concretamente, el delito previsto en el artículo 394 del Código Penal comprende: a) “la mujer adúltera", lo que supone la materialidad del hecho, o sea, el acoplamiento sexual con un hombre que no es su marido. b) seguidamente establece el quantum de la pena, estableciendo que “será castigada con prisión de seis meses a tres años”. c) y finalmente, el artículo prevé que la misma pena es aplicable al coautor del adulterio", lo que implica pluralidad de sujetos. Así pues, el tipo base de adulterio, denominado adulterio de la mujer, utiliza la denominación en un primer supuesto de la norma “la mujer adúltera" como descripción típica, la cual consiste, como se expresó y como se deriva de una interpretación histórica, en que la mujer casada tenga una relación canal con otro hombre que no sea su esposo. En este contexto se hace especialmente pertinente y útil la referencia a la concepción de la doctrina donde se establece que para que el delito de adulterio tenga existencia jurídica es necesario que se realice acto canal, y basta con la realización de un solo acto canal. Este tipo penal se considera como un delito bilateral porque consiste en el acto canal entre una mujer casada y un hombre que no es su esposo. Al respecto, un sector de la doctrina sostiene, como se precisó en líneas anteriores, la existencia de un matrimonio válido, considerándose como tal el anulable, mientras no se haya declarado judicialmente su nulidad, pero no el inexistente por no haberse cumplido todos los requisitos esenciales a su contracción. No puede hablarse de adulterio cuando falta el matrimonio, bien porque no haya existido, o porque haya dejado de existir por muerte del marido, por anulación o por divorcio (Universidad Central de Venezuela. Código Penal de Venezuela. Instituto de Ciencias Penales y Martes 4 de octubre de 2016 Criminológicas. Vol. VI. p. 619). Ver igualmente Grisanti Aveledo, Hernando. Manual de Derecho Penal. Parte Especial. 18° Edición. Vadell Hermanos Editores, 2006, p. 460. En tal sentido, destaca a su vez un sector de la doctrina patria con relación al llamado "adulterio de la mujer", que habría tentativa si el marido, oculto en la casa irrumpe en la pieza en donde se encuentran los amantes cuando se disponían a realizar la conjunción canal y se suspende el acto (Mendoza T. José Rafael. Curso de Derecho Penal Venezolano. Compendio de Parte Especial. Tomo II, Sexta edición, Caracas, 1983, pp. 349-351), constituyendo desde tal óptica un delito plurisubsistente (aquel cuya conducta puede fraccionarse, permitiendo la existencia de formas de imperfecta realización típica). Asimismo, sin que la Sala prejuzgue al respecto, ese mismo autor considera que el adulterio es considerado un delito histórico porque al implantarse en un Estado el divorcio, ya no existen razones jurídicas ni sociales que fundamenten la punibilidad de la violación de la fe conyugal, ya que tal violación sólo debería dar lugar a la disolución del vinculo civil (Ibídem, 387); desde esa óptica, algunos autores parecieran estimar que la consecuencia jurídica-civil que implica el divorcio sería la medida suficiente y proporcional en lo que respecta al control social en ese ámbito, excluyendo la intervención penal. Por otra parte, el artículo 394 no sólo sanciona la conducta de la esposa adultera, sino también establece la misma sanción para el “coautor"; aunque desde cierta perspectiva pareciera explicarse mejor desde la teoría de la participación, bajo la figura del cooperador inmediato -articulo 83 del Código Penal- toda vez que el mismo no lesiona la fidelidad sexual respecto del marido de la mujer (pues él no le debe fidelidad al esposo de su amante), sino que interpone un aporte insoslayable para que la esposa de aquel quebrante tal fidelidad que soporta la confianza conyugal, al menos tal como jurídicamente se concibe hoy día. En todo caso, aun cuando se llegase a estimar cooperador inmediato, tanto el artículo 83 como el 394 del Código le imponen la misma sanción del autor, es decir, como si fuera un autor, en razón de la relevancia del aporte criminoso. Este tipo penal se considera como un delito bilateral, de encuentro o de participación necesaria porque no puede consumarlo una sola persona, sino que exige la intervención de otro sujeto. En ese orden de ideas, ambas normas objeto del presente test de constitucionalidad, previstas en los artículos 394 y 395 del Código Penal, se encuentran en el TíTULO VII del Código Penal, intitulado "De los Delitos contra las Buenas Costumbres y Buen Orden de las Familias”; lo cual advierte los socialmente cardinales bienes o intereses jurídicos que se vinculan a tales normas, aun'cuando el legislador pareciera haberlos enfocado más desde la perspectiva individual que colectiva, y, en fin, más desde el ámbito privado que desde el público (lo que se correspondería con la visión preponderante e históricamente liberal de ese instrumento legal), tal como puede advertirse en los artículos 397 al 399 eiusdem, los cuales prevén, por ejemplo, (i) que tales delitos son de instancia de parte agraviada, (ii) que la instancia se extinguirá transcurrido un año desde que el agraviado tuvo conocimiento del adulterio, (ii) exención de pena por reciprocidad o favorecimiento de prostitución o corrupción de la esposa, (iv) así como también la figura del desistimiento de la acción, incluso luego de la condena, el cual la hace cesar, al igual que la muerte del cónyuge acusador. Artículo 397. En lo que concierne a los delitos previstos en los artículos precedentes, el enjuiciamiento no se hará lugar sino por acusación del marido o de la mujer. La querella comprenderá necesariamente al coautor del adulterio o a la concubina. La instancia o querella no es admisible si ha transcurrido un año desde la fecha en que el cónyuge ofendido tuvo conocimiento del adulterio cometido. La acusación no será tampoco admisible si procede del cónyuge por cuya culpa se hubiere pronunciado sentencia de separación de cuerpos. página original (tal como se publicó) [Página 83] Martes 4 de octubre de 2016 431.069 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Artículo 398. El culpable de alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes quedara exento de pena: 1. En el caso de acusación o querella del marido, cuando la mujer pruebe que el también en el año anterior al hecho, había cometido el delito especificado en el artículo 395, o había obligado o expuesto a su mujer a prostituirse o excitado o favorecido su corrupción. 2. En el caso de acusación de la mujer cuando el marido compruebe que ella también, durante el tiempo arriba indicado, ha cometido el delito a que se contrae el artículo 394. Artículo 399. El desistimiento puede proceder eficazmente aun después de la condenación, haciendo que cesen la ejecución y las consecuencias penales. La muerte del cónyuge acusador produce los efectos del desistimiento. Concretamente, en el contexto de la configuración normativa del Código Penal, más allá del amplio concepto "Buenas Costumbres", los referidos tipos penales se aproximan, en especial, al valor jurídico general referido al “Buen Orden de las Familias”. Como ya se indicó, el tipo penal del adulterio se encuentra dentro del Título VIII (De los Delitos contra las Buenas Costumbres y Buen Orden de las Familias), Capítulo V; siendo discrepante la opinión de la doctrina sobre el bien jurídico tutelado en relación al adulterio. Por un lado, se aduce que se protege al matrimonio y a la familia, donde el legislador debe velar por el orden público que encuentra su fundamento en el orden y la moralidad de la familia. Igualmente, se alega como bien jurídico protegido y tutelado la fidelidad conyugal. Otro sector de la doctrina manifiesta que lo que verdaderamente se protege en el sistema del código es el interés del ofendido, ya que a él y solamente a él compete esgrimir la venganza de la sanción penal (cuya aplicación y eficacia queda en manos, en definitiva, del agraviado, tal como ha podido apreciarse de los artículos 394 y ss., lo que haría remembranza, desde cierta perspectiva, a delitos que tutela el honor y la reputación -intereses jurídicos que, en razón de los tipos sub examine y de las penas asignadas, se les asignará en el Código Penal mayor valor en el caso del hombre, respecto de la mujer, como si ello fuere jurídicamente posible-). No existiendo unanimidad en la doctrina cuál es o debería ser el bien jurídico tutelado en relación al tipo penal de adulterio. Para un sector de la doctrina el delito de adulterio supone, en el caso del llamado adulterio de la mujer, que ésta por lo menos se encuentre unida con un hombre, por un matrimonio, como mínimo, aparentemente válido y que no haya sido disuelto o anulado, subsistiendo el delito si el vinculo fuere anulable. El hombre que concurra al hecho con carácter de participe material necesario es coautor del adulterio y será responsable en la medida en que conozca la existencia del vinculo matrimonial que ata a la mujer, no requiriéndose que el mismo sea casado. La necesidad de la participación del hombre como coautor no significa que la responsabilidad de la mujer dependa de la responsabilidad del coautor, pudiendo éste ser desconocido o resultar irresponsable (Arteaga, Alberto. De los Delitos contra las Buenas Costumbres y Buen Orden de las Familias. Editorial Jurídica Alva. Caracas 2002, pp. 149-150). En similar sentido, el doctrinario Mendoza Troconis, citando a Vicenzo Manzini en su obra ya citada (p. 387), hace referencia a que constituye “la dolosa violación del deber matrimonial, reconocido y disciplinado por el Estado, siempre que el matrimonio se haya contraído válidamente y la violación se cometa mediante acto canal voluntario de la mujer casada con un hombre distinto de su marido. Por tanto, la acción presupone un matrimonio válidamente celebrado (...omissis...) La acción es el acto canal de la mujer con otro hombre diferente del esposo. Se excluyen, por tanto, los actos lascivos, las relaciones morosas, las familiaridades e intimidades que no tengan por objeto la conjunción canal. Para que esta exista exigen unos penalistas la seminatio intra vas, o la emisión, o la immisio se minis, esto es, el coito o popula realizados, más otros intérpretes son menos exigentes, y esto es lo aceptable, porque es dificil establecer la prueba del acto canal. Para ello sería necesario sorprender a los culpables en el acto. Los actos impúdicos de la mujer casada, como los que ella ejecuta sobre su cuerpo o por otra mujer sobre el cuerpo de la casada, no quedan comprendidos en la acción de adulterio, ni tampoco los actos contra natura. La inseminación artificial tampoco debe estimarse como acto de adulterio, ni la relación con un hombre impotente, imposibilitado de realizar la popula normal exigida para que haya delito". En este sentido, la doctrina ha manifestado que los sujetos activos de este delito han de ser necesariamente un hombre y una mujer, y ésta debe estar casada (en lo que atañe al adulterio desde la óptica de la mujer como sujeto activo del delito); así lo advierte la norma en cuestión. Se trata de un típico caso de concurso necesario de voluntades (delito de encuentro), como que el delito previsto en el artículo preinserto no puede perpetrarse sino con el concurso de la mujer casada y del amante que conoce su estado y teniendo ambos la voluntad consciente de ejecutar el acto canal. El sujeto pasivo es el marido de la adúltera (Grisanti Aveledo, Hernando. Manual de Derecho Penal. Parte Especial. 18° Edición. Vadell Hermanos Editores, 2006, p. 460). Desde esa perspectiva, el bien jurídico tutelado sería principalmente la fidelidad conyugal, al estimar que el sujeto pasivo es el marido, toda vez que si se analizar el tipo penal desde la perspectiva de la protección de la familia y de las buenas costumbres, la afectación de la sociedad sería más directa o, cuando menos, menos indirecta, la cual también sería perjudicada, al igual que el Estado. Con relación al bien jurídico tutelado por el delito de adulterio de la mujer, un sector de la doctrina foránea, contemporánea al contexto de estas normas penales pretéritas, ha sostenido lo siguiente: "...Es opinión generalizada que el adulterio constituye un genuino delito contra la familia (...) La razón se ha de encontrar, en primer lugar, en el creciente desarrollo de los derechos sociales -especialmente los familiares-, en la moderna concepción del Estado (y, concretamente, del Estado social de Derecho) (20), que no cabe por menos que reconocer; en segundo lugar, la evidente realidad que muestra el adulterio, como verdadero ataque contra la familia, que no deja lugar a dudas, puesto que siempre implica, en principio, un trastorno, sea de la índole que fuere, del status familiar, desde el momento que un extraño al mismo se interfiere en relaciones exclusivamente conyugales. Ahora bien: decir que es un atentado contra la familia no es decir todavía cual sea el bien jurídico protegido, sino tan solo acotar inicialmente el cuadro sobre el que se ha de mover su concreción. Es, pues, necesario individualizar, en la medida de lo posible, dentro del amplio margen que proporciona la familia, la objetividad jurídica infringida, es decir, delimitar que derecho, o en su caso deber, es el que quebranta dentro del complejo que aquella supone, o cuando menos, precisar la institución familiar que ha sido elevada a la categoría de bien jurídico, conforme han hecho otros autores. Aquí es, precisamente, donde radica la disparidad de la doctrina, por cierto muy abundante, y a la que nos referimos de forma esquemática: a) Antiguamente se sostuvo que la principal razón de incriminación consistía en la turbatio sanguinis que implicaba, o sea, que radicaba en la incierta condición de padre. Así, pues, se configuraba como delito que lesiona tanto derechos del padre como de los hijos legítimos, puesto que colocaba a estos últimos en un plano de igualdad con los adulterinos (21). Se ha criticado, con razón, fundándose en que, entendido de esa forma, nunca podrían castigarse aquellos casos en que uno de los adúlteros fuese estéril, o se pusieran los medios para evitar la concepción (22), y que, desde luego, no generarían de por si turbatio sanguinis alguna. El mayor reparo que pudiera formularse, abundando en la crítica, es el de su unilateralidad. Ciertamente la tesis comentada ofrece solamente una de las posibles consecuencias del adulterio dejando a un lado otras muchas que también pudieran darse-, pero carece de la nota de generalidad que debe caracterizar la objetividad jurídica infringida. Muestra, por tanto, un aspecto, una vertiente del adulterio, que se proyecta sobre la prole legítima o sobre la condición de padre, y sin embargo, no comprende la constante que forzosamente debe darse en Orden a la configuración del bien jurídico, pues en realidad puede verificarse el delito sin que se produzca la denominada turbatio sanquinis (23). b) Un considerable sector doctrina, principalmente radicado en la dogmática alemana, ha sostenido que el adulterio es un autentico delito contra el matrimonio, con base en la peculiar regulación del Código penal alemán (24). Así ha dicho, por ejemplo, Mezger que constituye un genuino delito contra el matrimonio (25). En la misma línea, Schonke- Schroder estiman que se protege el matrimonio como fundamento del orden de la familia (26). A juicio de Welzel, se lesiona el matrimonio como institución ético social, y de ahí su configuración como autentico delito contra el matrimonio (27). Parecida solución es sostenida por algunos autores italianos, sin duda influenciados por la doctrina penal alemana. Para Manzini, objeto de la tutela penal es el orden jurídico matrimonial (28). Maggiore cree que lo es el orden ético jurídico del matrimonio monogámico que se quebranta con las relaciones extramatrimoniales de uno de los cónyuges (29) . página original (tal como se publicó) [Página 84] 431.070 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA La presente dirección doctrina supone un evidente desarrollo en la concepción del adulterio, pero no puede aceptarse plenamente si se tiene en cuenta el derecho positivo español, pues su adaptación implicaría tan grave extravío metódico que a toda costa se debe evitar. Desde esta perspectiva no existe el menor inconveniente en suscribir las agudas críticas Pisapia a algunos autores italianos que han configurado el bien jurídico de idéntica manera a la comentada (30). La comparaci6n entre la formula legislativa empleada por el legislador alemán (parágrafo 172) y la de nuestro artículo 449 muestra claramente, y dentro de la presente consideración, la diferencia entre ambos: para nada tiene en cuenta el Cádigo penal español la disolución del matrimonio en referencia con el adulterio, y mucho menos en la forma condicional del parágrafo 172. En nuestra legislación, el adulterio subsiste, y es punible con absoluta independencia de los distintos efectos civiles que pueda ocasionar (31). Todavía más: en derecho español el adulterio nunca puede implicar la disolución del matrimonio, su ruptura (32) . De aquí, pues, que "adulterio" no signifique ni en nuestro idioma, ni en nuestro Derecho, ruptura del matrimonio (Ehebruch), ni tampoco constitutivamente lesione el orden jurídico monogámico ni el orden jurídico matrimonial, y no cabe duda que también le asiste la razón a Pisapia, y a los que como el piensan, de acuerdo con la legislación italiana (33). La argumentación se ve sensiblemente reforzada si se piensa que ni siquiera la separación significa una liberación de los deberes y derechos que dan razón al adulterio: puede existir la primera y también producirse el delito; y puede darse este sin que necesariamente se deduzca aquella (34). c) Constituye opinión dominante en la dogmática penal italiana que la objetividad jurídica se debe encontrar, de forma muy precisa, en la fidelidad conyugal, que supone un deber de fidelidad, que nace del artículo 141 del C6digo civil italiano, y al que corresponde un derecho a la exclusividad sexual, que se ven quebrantados con el adulterio. Fidelidad conyugal que se viene entendiendo específicamente, por los autores más recientes, como fidelidad sexual o genital (35). No han faltado criticas fundadas en muy diversos puntos de. vista, sobresaliendo, por su importancia técnica, la formulada por Manzini y Maggiore -y contestada por Pisapia-, de que así entendido el bien jurídico, no se explica satisfactoriamente como puede este infringirse por el extraño a la relaci6n conyugal (36). En fecha reciente se ha dicho por De Gennaro, que supone una interpretación restringida e incompleta del artículo 559 del Código penal italiano, y que no son equiparables en modo alguno la fidelidad conyugal y la fidelidad sexual, que tienen diferente ámbito y contenido, con lo que, a su juicio, caeria por tierra el argumento extraído del articulo 141del Código civil italiano (37). d) La tensión producida por las tesis explanadas en b) y c) ha generado una actitud intermedia que pretende salvar los puntos de vista irreconciliables entre una y otra, llegando a posiciones que pudiéramos denominar de integración, en las que se han tenido en cuenta ambas vertientes. De esa forma se ha podido aludir por Maurach a una solución de compromiso en la que si bien se coloca en primer plano el interés público de la institución del matrimonio monogámico, se contempla también el deber de fidelidad de forma abstracta y general (38). De parecida forma se dijo en la literatura italiana por Frisoli que se lesiona el status conyugal, sin que por ello se desconozca la violación de la fidelidad, o que infringiendo esta, se quebranta igualmente un complejo de bienes que se encuentran implícitos en el matrimonio, como expusiera De Gennaro (39). (...) Debe tenerse en cuenta, una vez más, que la fidelidad así entendida supone la existencia de un matrimonio, de un status jurídico, en sentido amplio, del que nace ese deber y también el derecho a la exclusividad sexual, conforme ha precisado la doctrina (52). Pero adviértase que no es el matrimonio, el status jurídico, lo que, sin más, se quebranta, sino ese concreto deber y ese particular derecho en cuanto constituyen un aspecto de la relación conyugal. Más claramente: si el matrimonio implica una determinada situación jurídica, esta puede verse lesionada, no porque se quebrante el primero, sino por existir una infracción evidente de uno de los derechos-deberes que irradian de aquella, con independencia de las consecuencias jurídicas y alteraciones que puedan producirse con ese motivo. Cuanto se viene exponiendo revierte con plena eficacia en el aspecto más importante y crucial del presente análisis. Ambos, derecho y deber, son estrictamente personales, lo que les pace tener un carácter radicalmente intransferible. Y, entonces, se preguntaría sin duda, como quedó señalado en anteriores apartados: si así es, ¿qué sucede con el extraño a la relación matrimonial?, ¿qué derecho o deber lesiona si no le afectan, dada su naturaleza puramente personal, las obligaciones matrimoniales?, ¿cómo se explica, en última instancia, que también sea declarada punible su conducta? Las anteriores preguntas y las objeciones que llevan implícitas a la tesis expuesta hall sido contestadas por Pisapia en la forma siguiente de un lado, el extraño no lesiona la fidelidad y su conducta es punible de acuerdo con los principios generales del concurso de personas en el delito de la legislación italiana; de otro, el adulterio es un delito unipersonal. pero no pluripersonal (plurdsoggetivo) (53) . Sin embargo, la argumentación de Pisapia no puede sostenerse con fundamento en el artículo 449 del Código penal español, de bien distinta formulación al artículo 559 del Código penal italiano, y más adelante, al estudiar la naturaleza del adulterio desde el punto de vista de los sujetos, volveremos sobre el citado extremo. Por ahora, interesa apuntar que el precepto que funda la incriminación de la conducta del extraño al matrimonio se debe buscar en el propio articulo 449, y no en los principios generales del libro I del Código Martes 4 de octubre de 2016 penal, y de ahí que subsistan con todo su rigor los interrogantes anteriormente formulados. La explicación nace de la especial estructura del bien jurídico protegido y de la propia naturaleza del delito de adulterio. Que el extraño no quebranta deber personal alguno de fidelidad, parece que esta fuera de duda, pues se trata de una obligación puramente matrimonial, y de consiguiente, nunca podrá traerse a colación, en este sentido, el artículo 56 del Código civil en la forma que se proyecta sobre los cónyuges. El anterior deber existe y tiene razón de ser en atención a la situación personal e intransferible en que se encuentra la mujer casada. Por el contrario, el varón distinto al marido, cuando tiene acceso canal con aquella, no respeta una de las relaciones que se originan de la institución familiar del matrimonio, siendo así que, a juicio del legislador, es tan importante que su infracción es elevada a la categoría de delito, incluso extendiendo este a personas ajenas al estricto deber personal de fidelidad. Es decir: sobre el extraño al matrimonio no se reflejará la dimensión privada y personal de este, en suma, familiar, sino mas bien su aspecto público, ya que su situación se encuentra fuera del área matrimonial, única en la que puede hablarse de fidelidad (sexual). Planteada así la cuestión, cabe preguntar: ¿qué es, en definitiva, lo que hace el extraño, desde la perspectiva separada por las relaciones familiares conyugales? La verdad es que cuando este verifica la conducta descrita por el artículo 449 lleva a cabo una interferencia en uno de los aspectos de las relaciones conyugales. Se interfiere, pues, en esa relación matrimonial, en razón a que solamente es licito para los cónyuges tener intercambio sexual, exclusivamente, entre ellos. La existencia, por consiguiente, de una interferencia, o si se quiere intromisión, es patente y el problema será el de saber en qué forma su actuación quebranta la objetividad jurídica protegida. La razón fundamental no debe buscarse-como se apunta al inicio en la legislación civil familiar (art. 56 del Código civil) -aunque sin duda informará, como es natural, el planteamiento y solución del problema-, ya que en un cierto sentido supondría un grave error de perspectiva. Por eso, cuando se pregunta, como hacen algunos autores, ¿qué deber de fidelidad une al extraño con el marido?, siempre habrá que contestar que absolutamente ninguno, pues, como hemos visto, aquel se mueve, pura y exclusivamente, en el ámbito matrimonial y afecta tan solo a los que gozan de la condición de cónyuges, y, en consecuencia, de antemano se encuentra vedada al interprete la mera formulación de la pregunta. Si se radicaliza el argumento, hasta tal punto seria cierto lo anterior que, en hipótesis, suprimido el articulo 449 del Cádigo penal, pero subsistiendo el artículo 56 del Código civil, el extraño no haría nada ilícito, no quebrantaria precepto alguno, cuando realizara la conducta descrita por el tipo penal. Lo anterior es correcto, en la medida que del ordenamiento civil no puede deducirse directamente, sin más, un mandato especifico y personal que comprenda también al ajeno a la relación conyugal. Más adelante se verá en que -forma debe ser entendida esta afirmación. Existe para la mujer, recogiendo la opinión antes apuntada, un -deber concreto y personal de fidelidad sexual, cuya lesión sanciona penalmente el artículo 449, que si bien se encuentra comprendido en el más genérico del artículo 56 del Código civil, se especifica de forma muy precisa en su proyección penal. Funcionaría, por tanto, el precepto penal como sancionatorio de una de las formas más graves de lesionar uno de los componentes de la declaraci6n general del artículo 56 del ordenamiento civil. Sin embargo, por lo que al extraño se refiere, el articulo 449 desempeñará no sólo una función sancionatoria, como es natural, sino también una función sustantiva, primaria, desde el momento que ofrece, por sí solo, la razón esencial y especifica que ha inducido al legislador a castigar la conducta del extraño, además de la genérica, implícita en todo precepto penal, de no realizar aquello que con pena se prohibe (54). El articulo 449 presenta un doble aspecto, conectado a la mujer y al extraño, siendo el de este ultimo expresa6n de un mandato que no se encuentra gravado expresamente en ningún otro precepto jurídico, -cual es el de "no desear la mujer de tu próximo", que en atención a In posición cultural v_ religiosa, aceptada por el legislador de 1944, y mantenida por el de 1963, no debe resultar extraño (55). Es decir, el articulo 449 dicta un mandato dirigido genéricamente a todos deben respetar un derecho, jurídicamente reconocido: el de la exclusividad sexual en la forma ya expresada. El legislador ha concedido relevancia penal a aquellas conductas que supongan una negación a ese derecho, en suma, a quienes lo contradigan, desde el punto de vista del -ejercicio del mismo. El articulo 449 presenta, por tanto, una vertiente en la que se consagra normativamente la prohibición de no inmiscuirse, de determinada manera, en el normal desenvolvimiento de las relaciones conyugales, o dicho con más exactitud, un mandato de respetar el derecho a la exclusividad sexual que únicamente corresponde al marido. El extraño, en consecuencia, no debe interferirse en esa concreta relación conyugal, compuesta de un determinado deber de fidelidad por parte de la mujer y de un derecho a la exclusividad sexual del marido, pues su intromisián implica una grave contradicción de este último. Que el artículo 449 del Código penal no tiene simplemente una función sancionatoria de la declaración de derechos y deberes contenida en el artículo 56 del Código civil, puesto que: a) La fidelidad que en este último se expresa no coincide exactamente con la que interesa a los efectos del artículo 449 del Código penal. Este, como veíamos, desempeña una función de selección, en cierto sentido aut6noma, desde el momento que no tiene idéntico contenido, sino que es mucho mas especifico. La fidelidad conyugal (del artículo 56 del Código civil) no es idéntica a la fidelidad sexual (del artículo 449 del Código penal): se opera con dos ideas diferentes. Sin embargo, no significa (57) que el deber que comporta no página original (tal como se publicó) [Página 85] Martes 4 de octubre de 2016 431.071 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA sea calificado de deber jurídico, pues la infidelidad que supone el adulterio es una forma de ser infiel, pero no la única manera de incumplir el artículo 56 del C6digo civil, que, consiguientemente, también la comprende. El deber de fidelidad sexual se individualiza como tal deber, y adquiere su destacado lugar, en gracia precisamente al precepto penal que eleva a delito su infracción (58). b) Exactamente igual acontece con el derecho a la exclusividad sexual, que correlativamente corresponde al marido: el artículo 449 lleva a cabo idéntica función. No coincide, pues, el citado derecho con los derechos dimanantes del pertinente extremo del artículo 56 del Código civil, que, como hemos visto, desde el ángulo de la fidelidad es paralelamente macho más amplio. c) Interesa precisar, por último, la relación existente entre a) y b),- así como as conexiones que se dan con la situación del extraño en la concreción y solución del problema. Puede afirmarse, con fundamento en lo expuesto que en el instante en que la mujer es infiel, en la forma exigida por el artículo 449, deja de ser exclusivo el derecho que al marido corresponde. La infidelidad de la mujer casada es incompatible con la existencia de un derecho a la exclusividad sexual: si se verifica la primera, no puede afirmarse el segundo. Partiendo de la anterior premisa, tenemos: a') Que la mujer casada, desde su situación personalfamiliar lesiona un deber de fidelidad sexual que le une al marido, y que a ella le incumbe únicamente. La infracción de ese deber comporta, simultáneamente, y por la propia naturaleza de la misma, la negación del derecho a la exclusividad referido al marido. b') Lo expuesto en a'), solo es posible en la medida que un varón distinto al marido se atribuya no un derecho de exclusividad sexual, sino la simple realización de una conducta que, de forma relevante, le contradiga. Es decir: no es necesario que el extraño se atribuya ese derecho con la pretensión de exclusividad que lleva implicita, como si fuera el marido -que supondría cosa distinta-, sino que es suficiente con que, por una vez, lo quebrante real y concretamente. Sobre él pesa el mandato de no verificarlo, dirigido por la norma penal, que subraya y protege el desenvolvimiento de esa especifica relación matrimonial. c') El marido, desde su situación personal-familiar ve lesionado el derecho de exclusividad sexual, en la forma ya concretada, como consecuencia de la infidelidad de su mujer y de la interferencia, antes precitada, de un extraño . De la anterior forma se recoge la doble proyección de los distintos problemas que encierran los delitos denominados "contra la familia", que tienen un aspecto privado, familiar y personal, referido a quienes se encuentran entre sí unidos por el vinculo de parentesco, que genera recíprocos derechos y deberes: y también un aspecto público con el que se expresa la terminante protección estatal en orden a la realización de aquellos, sancionado, incluso penalmente, las conductas que significan un grave atentado a los derechos familiares y un obstáculo al cumplimiento de los deberes que específicamente tienen asignados cada uno de los miembros. El proceso de concreción, necesario e indispensable en los llamados "delitos contra la familia", para la determinación e individualización del bien jurídico obedece, en resumen, al siguiente esquema (59): a) El adulterio puede enmarcarse dentro de los auténticos delitos contra la familia. Es, precisamente en ella, donde se han de delimitar los concretos derechos y deberes que se ven infringidos. b) Dentro de la familia será en las relaciones conyugales o, por mejor decir, sexuales, existentes en el matrimonio, donde se lleva a cabo la labor de precisión. c) Más concretamente, el eje sobre el que ha de girar la investigación es el proporcionado por la fidelidad sexual, que ofrece sólidos fundamentos para el concreto entendimiento del articulo 449 del Código penal. De esa forma se especifica en: a') Deber de fidelidad sexual, que afecta a la mujer casada y que le vincula al marido. b') Derecho a la exclusividad sexual, que corresponde al marido y que se proyecta sobre la mujer. El citado derecho no es respetado por el ajeno al matrimonio, que indebidamente lo contradice, interfiriéndose en la relación sexual conyugal. c') La anterior relación, y su distinta proyección en los sujetos de la misma, como se concreta en a) y b'), ofrece la constante que debe darse en el genuino bien jurídico del delito . d) Las sucesivas etapas del examen han mostrado, igualmente, que no se desconoce la proyección externa y publica del presente delito, y de sus consecuencias, que, sin embargo, no pueden ser tenidas como otros tantos bienes jurídicos protegidos. (Cobo, Manuel. El bien jurídico en el adulterio. Universidad de Madrid. En https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?i d=ANU-P-1963- 30050900530_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALE S_El_bien_juridico_en_el_adulterio_%28articulo_449_del_C%F3digo_pe nal%29). Lo antes expuesto aporta elementos para comprender, desde una óptica de Derecho Comparado, los valores tutelados por el artículo 394 del Código Penal patrio, ante todo, el referido a la fidelidad sexual de la mujer respecto del esposo, en cuya vulneración tiene un rol determinante “coautor" del adulterio, pues su intervención constituye un factor lesivo elemental en la concreción del delito y, por ende, en la lesión del interés protegido en tutela de la protección del matrimonio, de la familia, de las buenas costumbre y, en definitiva, del orden social. Sobre los valores del matrimonio y de la fidelidad, el Código Civil patrio prevé, entre otras, las siguientes normas: Artículo 44.- El matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer. La Ley no reconoce otro matrimonio contraído en Venezuela sino el que se reglamenta por el presente Título, siendo el único que producirá efectos legales, tanto respecto de las personas como respecto de los bienes. Artículo 50.- No se permite ni es válido el matrimonio contraído por una persona ligada por otro anterior, ni el de un ministro de cualquier culto a quien le sea prohibido el matrimonio por su respectiva religión. Artículo 137.- Con el matrimonio el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes. Del matrimonio deriva la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente (...) Artículo 185.- Son causales únicas de divorcio: 1º El adulterio. 2° El abandono voluntario. 3° Los excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común. 4º El conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge, o a sus hijos, así como la convivencia en su corrupción o prostitución. 5° La condenación a presidio. 6° La adición alcohólica u otras formas graves de fármaco-dependencia que hagan imposible la vida en común, 7° La interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común. En este caso el Juez no decretará el divorcio sin antes procurar la manutención y el tratamiento médico del enfermo. También se podrá declarar el divorcio por el transcurso de más de un año, después de declarada la separación de cuerpos, sin haber ocurrido en dicho lapso la reconciliación de los cónyuges. (...) [Con relación a la institución del divorcio, esta Sala, en sentencia n.° 693/2015, declaró que las causales de divorcio no son taxativas]. Como puede apreciarse, establece de forma expresa los deberes intraconyugales de fidelidad y socorro mutuo, al punto de invalidar el matrimonio contraído por una persona ligada por otro anterior, que además constituye el delito de bigamia; e, inclusive, señala, en primer lugar, al adulterio, como causal de divorcio; lo que permite sostener ilicitud civil del adulterio, por cuanto su ocurrencia se estima contraria al deber de confianza conyugal dispuesto en el artículo 137 del Código Civil, el cual encuentra sustento en el artículo 77 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual “Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges"; ello en tanto involucre, en efecto, la vulneración de la fidelidad conyugal, sobre la base de la fe y la expectativa legítima de los consortes. En razón de ello, aun cuando llegase a imperar en algún momento, por ejemplo, la tesis de la despenalización del adulterio, la misma no suprimiría per se el carácter de ilícito civil del adulterio (despenalización no es necesariamente permisión, pues existen diversas formas de ilicitud y sanción), previsto en el Código Civil. Sin pretender profundizar por ahora sobre tal análisis, ni tampoco establecer un criterio sobre todos esos aspectos, esta Sala no debe obviar la relevancia histórica y sobre todo actual de la finalidad que habrían de perseguir esas normas, cual es proteger a la familia como institución fundamental de la sociedad, y al matrimonio, a la maternidad y a la paternidad como elementos de especial importancia para aquella que, como se sabe, reviste especial significación para la tutela de los derechos de niños, niñas y adolescentes, de los derechos de los adultos mayores, de las personas en situación de vulnerabilidad y, en fin, para la protección de los derechos de todas las personas, tal como lo reconoce, de manera inédito la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (que incluso alude a los Derechos de las Familias), entre otras, en las normas que se indican a continuación: Artículo 75. El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. La adopción tiene efectos similares a la filiación y se establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de conformidad con la ley. La adopción internacional es subsidiaria de la nacional. Artículo 76. La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre. Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que deseen concebir y a disponer de la página original (tal como se publicó) [Página 86] 431.072 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos. El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas, y éstos o éstas tienen el deber de asistir los o asistir las cuando aquel o aquella no puedan hacerlo por si mismos o por sí mismas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria. Artículo 77. Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley procucirán los mismos efectos que el matrimonio. Artículo 78. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa, y creará un sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Artículo 79. Los jóvenes y las jóvenes tienen el derecho y el deber de ser sujetos activos del proceso de desarrollo. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, creará oportunidades para estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta y, en particular, para la capacitación y el acceso al primer empleo, de conformidad con la ley. Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello. Artículo 81. Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, le garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, y promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley. Se les reconoce a las personas sordas o mudas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengua de señas venezolana. Al respecto, la Exposición de Motivos del Texto Fundamental señala lo siguiente: De los Derechos Sociales y de las Familias Los derechos sociales contenidos en la Constitución consolidar las demandas sociales, jurídicas, políticas, económicas y culturales de la sociedad en un momento histórico en que los venezolanos y venezolanas se redescubren como actores de la construcción de un nuevo país, inspirado en los saberes populares que le dan una nueva significación al conocimiento sociopolítico y jurídico del nuevo tiempo. La corresponsabilidad entre sociedad y Estado, el sentido de progresividad de los derechos, la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos constituyen una herramienta doctrinaria que define una nueva relación de derechos y obligaciones entre sujetos que participan solidariamente en la construcción de una sociedad democrática, participativa, autogestionaria y protagónica. La equidad de género que transversaliza todo el texto constitucional define la nueva relación que en lo jurídico, en lo familiar, en lo político, en lo socioeconómico y cultural, caracteriza a la nueva sociedad, en el uso y disfrute de las oportunidades. Queda evidenciado a lo largo de todo el texto constitucional el uso del género femenino, expresamente indicado de acuerdo con las recomendaciones de la Organización para la Educación y la Cultura de las Naciones Unidas (Unesco) y de diversas organizaciones no gubernamentales, todo lo cual se inscribe dentro del principio de igualdad y no discriminación reconocido por el texto constitucional, con el objeto de evitar dudas o equívocas interpretaciones de la Constitución. La participación directa de la gente en la toma de decisiones para la solución de sus problemas y los de su comunidad, crea una nueva relación ciudadana que en el ámbito de los derechos sociales, desarrolla la tríada solidaria entre sociedad, familia y Estado, lo que coloca al legislador y a los órganos que integran el sistema de justicia, en un nuevo espacio de interpretación de la democracia social y del Estado de Derecho y de Justicia. La pluralidad de las familias, el rescate de la tradición oral de los ancianos y de las ancianas, como patrimonio familiar para una educación cotidiana; la garantía de la autonomía funcional de los seres humanos con discapacidad o necesidades especiales; la ciudadanía Martes 4 de octubre de 2016 progresiva de los niños y de las niñas definidos como prioridad absoluta del Estado; los adolescentes y jóvenes entendidos como sujetos estratégicos para el desarrollo sustentable; el significado del trabajo productivo del ama de casa; el consumo protegido y la seguridad alimentaria; la vivienda como hábitat que humaniza las relaciones familiares y comunitarias; la información como mecanismo que coadyuva a la formación de la cultura ciudadana, son nuevos elementos elevados a rango constitucional que requieren una interpretación acorde con su finalidad, no sujeta a formalismos jurídicos alejados de la realidad social. (..) Todos estos derechos constituyen la base fundamental del nuevo ordenamiento jurídico en el que la vida, la ética, la moral, la libertad, la justicia, la dignidad, la igualdad, la solidaridad, el compromiso, los deberes ciudadanos y la seguridad jurídica, son valores que concurren en la acción transformadora del Estado, la Nación, el gobierno y la sociedad, en un propósito de realización compartida para producir la gobernabilidad corresponsable, la estabilidad política y la legitimidad jurídica necesarias para el funcionamiento de la sociedad democrática. Con relación a ello, este Máximo Tribunal de la República, integrado inclusive, por mandato de la Constitución de 1999, por una Sala de Casación Social, dedicada en especial medida a la garantía de los derechos de las familias, en estrecha conjunción con el resto de las Salas, cada una de las cuales, desde su perspectiva competencial, también contribuyen a la tutela de esos derechos que no sólo son cardinales para el futuro de nuestra sociedad, sino también para la propia existencia de la humanidad. Por su parte, el artículo 395 eiusdem, ni ningún otro distinto del 394 eiusdem, elige la fidelidad sexual, al menos como objeto central de tutela, en lo que respeta al adulterio enfocado desde la perspectiva del marido, tal como se apreciará a continuación. 3.2.- Sobre el delito de mantenimiento notorio de “concubina" en casa conyugal (artículo 395 del Código Penal). Expuesto lo anterior, pasa esta Sala a centrarse en el examen de la disposición contenida en el artículo 395 del Código Penal, el cual dispone lo siguiente: Artículo 395. El marido que mantenga concubina en la casa conyugal, o también fuera de ella, si el hecho es notorio, será castigado con prisión de tres a dieciocho meses. La condena produce de derecho la pérdida del poder marital. La concubina será penada con prisión de tres meses a un año. Esta norma aparece en nuestra legislación desde 1863, habiendo sido tomada del Código Penal Español de 1850, cuyo artículo 452 fue copiado textualmente por el legislador de 1863. Esta redacción que en la actualidad contiene el artículo 395 de nuestro Código Penal, fue asumida de forma similar por el legislador italiano de 1897 del Código Zanardelli, en el cual el artículo 354 establecía “El marido que tiene una concubina en la casa conyugal o notoriamente en otro lugar, es castigado con prisión de tres a treinta meses y la condena produce la pérdida del poder marital. La concubina se castiga con prisión hasta de un año”. Esta disposición normativa del artículo 395 del Código Penal venezolano ha tenido una evolución histórica que esta Sala estima oportuno resaltar: En el Código Penal del 19 de abril de 1863, estaba establecido en el título referido a los delitos contra la honestidad (artículo 3 de ese título). En el Código Penal de 1873, en el artículo 417. En el Código Penal de 1897, en el artículo 361. En el Código Penal de 1904, en el artículo 352. En el Código Penal de 1912, en el artículo 367. En el Código Penal de 1915, en el artículo 379. En el Código Penal de 1926, en el artículo 397. En el Código Penal de 1964, en el artículo 397. página original (tal como se publicó) [Página 87] Martes 4 de octubre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En el Código Penal de 2000, en el artículo 397. En el Código Penal de 2005, en el artículo 395. En cuanto al referido Código Penal vigente (2005), el tipo base del artículo 395 del Código Penal implica los siguientes requisitos: a) Que “el marido que mantenga concubina en la casa conyugal o también fuera de ella” b) Que el hecho del concubinato sea “notorio". En cuanto a las consecuencias, la referida norma prevé: a) Que el concubino notorio que está casado “será castigado con prisión de tres a dieciocho meses” d) Que "La condena produce de derecho la pérdida del poder marital” e) Que “la concubina será penada con prisión de tres meses a un año" (salvo que esté válidamente casada -vid. supra-, caso en el que se presentará una concurrencia de delitos). Así pues, el artículo 395 de nuestro Código Penal prevé la descripción típica en relación al marido, refiriendo la expresión: “el marido que mantenga concubina en la casa conyugal". Con relación al principal sujeto activo: el marido o esposo (hombre casado), 'no existen mayores complejidades hermenéuticas, de caras al ordenamiento jurídico vigente, a diferencia del término concubina. Concubina o concubino proviene Del lat. concubnus; la forma f., del lat. concubna. 1. m. y f. Persona que vive en concubinato. Concubinato proviene del lat. concubintus. 1. m. Relación marital de un hombre con una mujer sin estar casados (Diccionario de la Real Academia Española). Ello así, concubina a los efectos de esa norma es la mujer que tiene una relación marital sin estar casada con un hombre; en este caso, sería la mujer que, sin estar casada, tiene una relación marital con un hombre que tiene una esposa, es decir, que está casado con otra mujer. Obviamente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no contempla ese tipo de situaciones que, por el contrario, subvierten el tipo de relación monogámica que contempla su ya señalado artículo 77: Artículo 77. Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio. Incluso, tal obrar, está previsto como punible en la ley, concretamente, en el artículo 400 y siguientes del Código Penal, que contemplan el delito de bigamia, en los términos siguientes: CAPÍTULO VI De la bigamia Artículo 400. Cualquiera que estando casado válidamente, haya contraído otro matrimonio, o que no estándolo, hubiere contraído, a sabiendas, matrimonio con persona casada legítimamente, Será castigado con prisión de dos a cuatro años. Si el culpable hubiere inducido en error a la persona con quien ha contraído matrimonio, engañándola respecto a la libertad de su propio estado o el de ella, la pena será de presidio de tres a cinco años. Será castigado con las penas anteriores, aumentadas de un quinto a un tercio, el que, estando válidamente casado, haya contraído otro matrimonio a sabiendas de que el otro contrayente era también legítimamente casado. Articulo 401. Los reos de bigamia deberán ser condenados, por vía de indemnización civil, a mantener la prole menor de edad y si la contrayente inocente es soltera y no se ha hecho constar que no es honesta deberán ser, además, condenados a dotar la. Artículo 402. La prescripción de la acción penal por el delito previsto en el artículo 400, correrá desde el día en que se haya disuelto uno de los dos matrimonios, o desde el día en que el segundo matrimonio se hubiere declarado nulo por causa de bigamia. 431.073 Por ello, el término concubina en el contexto del artículo 395 no se muestra compatible con el Texto Constitucional ni con la legislación vigente que concibe el concubinato como una relación que, en principio, es lícita sí no subvierte alguna norma jurídica. Así, desde esa perspectiva, hoy día no se muestra adecuado designar con la denominación concubina o concubino a la persona que tiene relación “marital" con otra que está casada, pues esas personas se encuentran al margen del derecho civil, por estar cometiendo un ilícito civil que apareja como una de sus consecuencias el divorcio. Más allá de ello, a los efectos del presente test de constitucionalidad interesa resaltar que la norma designada para referir el adulterio del hombre no lo califica de adultero como sí lo hace el artículo 394 respecto de la mujer (“La mujer adultera..."). Además, con relación al hombre sí se describe en detalle la conducta típica, más no respecto del adulterio de la mujer. En efecto, como puede apreciarse, aun cuando este artículo, al igual que el 394, están contenidos en el capítulo intitulado “del adulterio" (de lo cual pudiera señalarse que el legislador los concibió como formas de esposo), es sustancialmente distinto al previsto en el artículo 394 (adulterio por parte de la esposa), tanto en su contenido, elementos, bien jurídico, supuestos, exigencias e, incluso, en cuanto a la pena asignada a cada uno de ellos, en lo que atañe a los autores y a los partícipes. Al respecto, la Sala de Casación Penal otrora Corte Suprema de Justicia en decisión del 14 de agosto de 1974, se pronunció sobre estos delitos, cuando estableció que: “... El examen de los mencionados artículos del Código Penal 396 y 397 revela, en concepto de esta Sala, que no se trata de dos delitos distintos, sino modalidades de un mismo delito aunque con circunstancias calificativas diferentes, pues mientras la mujer lo comete con una sola unión canal extramatrimonial, para la incriminación del marido es circunstancias enunciadas. / Estima, por lo consiguiente, esta Sala que existe delito de Adulterio no sólo cuando la mujer casada realiza unión canal con hombre que no es naturalmente su marido, sino también cuando éste incurre en los supuestos del artículo 397 del Código Penal, en el cual se prevé el amancebamiento como modalidad del delito de Adulterio cuando el sujeto activo es el hombre...". No es común en la doctrina patria el análisis exhaustivo del interés jurídico que persigue tutelar el tipo penal previsto en el artículo 395 del Código Penal, también cobijado bajo el título "del adulterio" (aun cuando constituye un tipo penal relacionado con el previsto en el artículo precedente pero distinto del mismo por su configuración y ámbito de tutela), en razón de su vinculación con la fidelidad conyugal, aun cuando ese no pareciera ser, cuando menos, el principal valor que pretende tutelar, toda vez que el mismo condiciona la relevancia penal de la conducta del marido, no a un solo e, inclusive, fugaz (en algún supuesto) encuentro sexual extramatrimonial, sino, de forma diferenciada respecto de la mujer, al mantenimiento de "concubina en la casa conyugal, o también fuera de ella" (lo que exige la subsistencia de la conducta típica en el tiempo, identificándose en cierto sentido con los delitos permanentes, a diferencia del delito previsto en el artículo 394, el cual constituye un delito instantáneo), y, en particular, a la notoriedad pública de tal hecho, circunstancia que coloca el acento especialmente en la publicidad (que pudiera revocar también al honor y a la reputación) y no tanto en el valor de la fidelidad conyugal en sí. Pareciera importar más en él la opinión o el efecto público, respecto de la tutela de la familia y de la sociedad, que la fidelidad conyugal en sí, como si en el caso del marido, la misma, al menos a estos efectos penales, tiene, cuando menos, un valor más limitado. Así pues, el tipo base del artículo 395 del Código Penal utiliza como parámetro fundamental de la conducta típica el denominado "concubinato notorio" o "concubinato del hombre casado" (además del concubinato de la mujer soltera -mujer concubina de un hombre casado-) utilizando la expresión "El marido que mantenga concubina en la casa conyugal o también fuera de ella”. página original (tal como se publicó) [Página 88] 431.074 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Luego, respecto del elemento espacial alternativo "en casa conyugal", según un sector de la doctrina se entendería la casa habitada por los esposos, el hogar donde se establece el núcleo familiar. Se afirma que es alternativo, pues también se cometería tal delito si el concubinato se da fuera de la casa conyugal (“o también fuera de ella"). En efecto, con relación a este punto la doctrina ha sostenido que por “casa conyugal" debe entenderse la casa habitada por los esposos, el hogar, no las habitaciones temporales del marido en diferentes sitios o lugares. Y para que exista "notoriedad" se exige un conjunto de hechos que demuestren el mantenimiento de otra mujer como esposa fuera de la casa conyugal. (Mendoza T. José Rafael. Curso de Derecho Penal Venezolano. Compendio de Parte Especial. p. 390). Luego, el referido artículo establece la expresión “si el hecho es notorio" que viene Del lat. notorius. 1. adj. Público y sabido por todos. 2. adj. Claro, evidente.3. adj. Importante, relevante o famoso. La acción ejecutiva en el adulterio del marido consistirá en mantener concubina en la casa conyugal, o también fuera de ella, si el hecho es notorio. En este mismo sentido, en relación a la expresión de "si el hecho es notorio" esta Sala observa que con respecto al enunciado del artículo 394 antes referido, a la mujer que se considera “adúltera" no se le exige que el hecho sea notorio, es decir, que el hecho sea “Público y sabido por todos" o se le exija esa relación o factor de permanencia a la que hace alusión un sector de la doctrina, al contrario, en el caso de la mujer, como ya se indicó, con la sola realización una vez de la descripción típica se estaría materializado el delito de adulterio, el cual la doctrina penal clasifica como un delito instantáneo, a diferencia del delito de concubinato del hombre casado o de la mujer soltera concubina de hombre casado en circunstancia de notoriedad, que constituye claro ejemplo de delito permanente. En referencia al criterio antes descrito, considera esta Sala que se manifiesta desde cierta perspectiva una disparidad entre las condiciones exigidas al hombre con respecto a su conducta típica, que respecto a la mujer en las mismas circunstancias fácticas. Bastará con que el marido tenga otra mujer de manera constante, aunque no sea en el hogar y aunque lo haga sin escándalo, pues sólo bastaría la notoriedad (Universidad Central de Venezuela. Código Penal de Venezuela. Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas. Vol. VI. Página 633). Luego, como se ha advertido, con respecto a la pena establece que "será castigado con prisión de tres a dieciocho meses"; pena significativamente menor a la que se establece en el artículo 394 del Código Penal, con respecto a la mujer “adúltera”, que prevé prisión de seis meses a tres años. Se desprende de la norma del artículo 395 del Código Penal, desde cierta perspectiva, una bilateralidad entre el marido y la concubina, en la ejecución del acto, siendo que ésta última tiene asignada una pena inferior a la del "marido adúltero". A continuación establece la norma que "la condena produce de derecho la pérdida del poder marital". Sobre el particular se hace referencia a que anteriormente consistía en atribuciones legales, más o menos nominales, que se reconocían al marido en relación a los bienes de la mujer, y en algunos casos en cuanto a la propia persona, lo que constituyen básicamente androcéntrico imperante, de las creencias, comportamientos, roles, expectativas y atribuciones que sustentaban a dicho sistema, así como la discriminación en que se encontraba la mujer en general, ubicándola como un objeto o a lo sumo como un ser inferior, en evidente afrenta, por una parte, al derecho constitucional al respeto del dignidad humana que, respecto a cualquier ser humano, sin distinción alguna, prescribe que sea equiparado y tratado como un objeto y, en fin, como algo distinto a un ser humano; y, por otra, en clara contradicción con el derecho a la igualdad ante la ley. Martes 4 de octubre de 2016 En este contexto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que “...los jueces y operadores jurídicos en general, en materia de género, deben abandonar los tradicionales es quemas del sistema social patriarcal y androcéntrico imperante, de las creencias, comportamientos, roles, expectativas y atribuciones que sustentan a dicho sistema, así como la discriminación y violencia contra las mujeres en general, y adoptar fielmente el régimen especial de protección a favor de las mujeres, en pro de la justicia social, pues de lo contrario se estaría vulnerando la integridad física y moral de quien demanda esa protección especial. (Vid. Sentencias de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: n.°486 del 24 de mayo de de la Sala de Casación Penal). Asimismo, esta Sala Constitucional en relación a la igualdad jurídica que debe existir entre cónyuges estableció en la sentencia n.° 693 del 2 de junio de 2015, lo siguiente: "...Para ello debe esta Sala Constitucional declarar de manera inequívoca que reconoce el matrimonio como una institución protegida por el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y también reconoce el matrimonio como un contrato civil solemne por el que los cónyuges manifiestan libremente su voluntad de fundar una familia en plena igualdad jurídica, y que implica una comunidad de vida y de bienes con recíprocos deberes y derechos entre cónyuges”. Así, para ser adultera basta que la esposa tenga relaciones sexuales, aunque fuere por un instante, con un hombre que no es su marido, pero para que este último, que además "legalmente" está exento de tal apelativo, sea considerado incurso en el delito de concubinato notorio en casa conyugal o fuera de ella, es necesario que mantenga concubina en la casa conyugal, o también fuera de ella, en condición de notoriedad pública, caso en el que a diferencia de la mujer adúltera no sería castigado con prisión de seis meses a tres años (art. 394) sino solamente con prisión de tres a dieciocho meses, produciendo además “la pérdida del poder marital", y, en el caso de la “concubina” en cuestión, será penada con una pena inferior al hombre, es decir, con prisión de tres meses a un año -probablemente porque no es casada (salvo en el caso de que esa “concubina" sea además “adultera” por esta válidamente casada, caso en el que su conducta también encuadraría en el tipo del articulo 394, incurriendo en una concurrencia de delitos -probablemente calificada de forma general con una concurrencia “ideal" de hechos punibles, aun cuando desde una perspectiva axiológica y teleológica -no meramente fáctica- se aproxime más a un concurso real de delitos-). Como puede apreciarse, si el artículo 394 prevé que la mujer adúltera será castigada con prisión de seis meses a tres años, y que la misma pena es aplicable al coautor del adulterio, en el estado actual del pensamiento cabría esperar que subsiguientemente se disponga, por ejemplo, que el hombre “adúltero” será castigado con prisión de seis meses a tres años, y que la misma pena es aplicable a la coautora del adulterio; sin embargo, por diversas razones que han venido siendo expuestas y otras que se desarrollaran a continuación, ello no es así. Es evidente que a diferencia del adulterio stricto sensu o adulterio de la mujer, que en el contexto del Código Penal está dirigido a tutelar fundamentalmente la fidelidad sexual conyugal, así como los valores e intereses asociados a ello, el adulterio del hombre o, para ser más precisos, el mantenimiento notorio de “concubina" o "manceba" en casa conyugal, requiere para su comisión mucho más que un simple y fugaz encuentro sexual, lo que sería suficiente para considerar que se protege la fidelidad, sino que amerita una especie de adulterio permanente, unido a la presencia de la “concubina" en casa conyugal, además, en situación de notoriedad. De ello se advierte un tratamiento privilegiado del marido respecto de la esposa, en fin, del hombre respecto de la mujer, en lo que atañe al adulterio. Tal circunstancia que pudiera vincularse a la teoría de la turbatio sanguinis o fraude en la prole (riesgo de que la esposa quede en estado de un hombre distinto a su esposo sin que lo sepa su marido), e, incluso, una pretensión de preponderancia del hombre respecto de la mujer página original (tal como se publicó) [Página 89] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 4 de octubre de 2016 pudiera ser el fundamento de tal previsión, sin embargo, por lo menos hoy día no encuentra el soporte que existía antes de poder verificarse científicamente y con alto grado de certeza, la filiación, circunstancia que elimina sustancialmente fuerza a la pretendida justificación del trato diferenciado. Por su parte, hoy día la suposición de privilegio o de preponderancia del hombre respecto de la mujer y, por ende, la previsión de un supuesto y negado "poder marital" es absolutamente contraria al espíritu, propósito y razón de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que, además de establecer que el matrimonio se funda “en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges” (artículo 77), prevé que el respeto a la dignidad de la persona es uno de los fines esenciales del Estado (artículo 3), es decir, es un Texto Fundamental que de forma paradigmática establece igualdad de derechos y deberes entre hombre y mujer, además de reivindicar el rol de la mujer en el matrimonio, la familia, la sociedad y el Estado. Por otra parte, esta Sala observa que la citada disposición legal establece una pena distinta en relación al marido "adúltero”, en el cual es mayor la sanción penal (tres a dieciocho meses), puntualizándose que esta diferenciación en cuanto a la pena, deviene de un punto igualmente controvertido en la doctrina penal, el cual se refiere a si la concubina pudiera considerarse una coautora material en la realización de la conducta típica, o una mera participe de tal circunstancia (lo que exigiría en ambos casos que esté en conocimiento de que su concubino está válidamente casado, pues de lo contrario pudiéramos estar ante un error de tipo que excluye el dolo que caracteriza a este tipo penal y que, por ende, implicaría un supuesto de atipicidad y, por ende, de irresponsabilidad penal en este caso). Al respecto, un sector de la doctrina considera que "la ley, pues, da un trato diverso e injusto a situaciones similares de ofensa al orden monogámico del matrimonio y a los deberes de fidelidad de los cónyuges, y haciendo concesiones a la mayor gravedad estimada del hecho y a una pretendida diversa valoración social de la infidelidad del hombre y de la mujer, establece una clara discriminación por el sexo, contraria a principios constitucionales y sanciona solo en determinadas circunstancias el adulterio del marido, todo lo cual es contrario a la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges, además de imponer menor pena al hombre por el amancebamiento. Por estas razones, el código civil de 1982 eliminó la odiosa discriminación y colocó en el mismo plano el adulterio de los cónyuges, al enunciar las causales de divorcio". (...omissis...) Otra muestra de la evidente injusticia, por la desigualdad del tratamiento del adulterio de la mujer y del marido, lo constituye la diversa penalidad del hecho, resultando menor el castigo del hombre (prisión de 3 a 18 meses) que el castigo de la mujer adúltera (prisión de 6 meses a 3 años). (Arteaga, Alberto. De los Delitos contra las Buenas Costumbres y Buen Orden de las Familias. Editorial Jurídica Alva. Caracas 2002. Pp. 154-155). Ello así, tal posición de preponderancia y, en fin, tal discriminación, es contraria al principio de igualdad ante la ley, contemplado en el artículo 21 del Texto Fundamental, razón que determina la inconstitucionalidad de la norma prevista en el artículo 395 del Código Penal vigente. Así se declara. Al respecto, se observa que en otros países los tipos penales de adulterio han sido despenalizados, puesto que se ha alegado que la munición en este tipo de delito no tiene ningún sentido en la actualidad. Así, en la doctrina vemos como por ejemplo en Chile la regulación de la normas referidas al adulterio fueron despenalizadas por la Ley n.°19.335 del 23 de septiembre de 1994, las cuales, tal como apunta el autor Alfredo Etcheberry eran considerados Delitos contra el ordenamiento sexual de la familia, y donde apunta el autor que en la doctrina no sólo existía una aguda polémica por lo desigual del tratamiento del adulterio de la mujer casada frente al del varón, sino que, más allá de 431.075 eso, esta decía relación con el hecho mismo de incriminar dichas conductas y sancionar las penalmente. A partir de la dictación y promulgación de la ley 19.335, del 23 de septiembre de 1994, los artículos 375 al 381 han quedado derogados, regulándose las consecuencias de tales conductas exclusivamente por el derecho de familia, postulado que corresponde a lo que plantea la política criminal en esas materias". (Etcheberry Alfredo. Derecho Penal. Parte Especial. Tomo IV. Editorial Jurídica de Chile. Página 37-38). La Ley en referencia estableció lo siguiente: (...) Artículo 34.- Deróganse los artículos 375 al 381 del Código Penal. Artículo 35.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código de Procedimiento Penal: 1) Sustitúyase, en el N° 1° del artículo 17, la frase "o por los delitos de adulterio, amancebamiento o bigamia" por la oración "o delito de por bigamia". el 2) Suprímanse los números 4 y 5 del artículo 18. (Biblioteca Nacional del Congreso de Chile/BCN. Ley 19.335 del 23 de septiembre de 1994, que establece Régimen de Participación en los Gananciales, y modifica el Código Civil, la Ley de Matrimonio Civil, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y otros cuerpos legales que indica). En referencia igualmente a Chile, el tratadista Mario Garrido Montt, refiere que en el año 1994, en el párrafo 9° del Título VII se sancionada el delito de adulterio, pero la Ley n.° 19.335, publicada el 19 de septiembre de 1994, derogó los arts. 375 y siguientes hasta el 381, inclusive, que se ocupaban de describirlo y sancionarlo. El adulterio podría calzar, dentro de la denominación empleada por el Código, entre los que atentaban contra la familia, lo que lleva a pensar que el título que empleó nuestro legislador al agrupar los delitos cuyo comentario se inicia, en la actualidad ha perdido toda vigencia, si la tuvo en alguna oportunidad. (Montt Garrido, Mario. Derecho Penal. Parte Especial. Tomo III. Editorial Jurídica de Chile. Cuarta Edición Actualizada. Página 231). Otro país donde igualmente estaba penalizado el delito de adulterio era en la República Argentina, el cual estaba penado por el art. 118 del Código Penal, pero fue derogado por ley 24.453 de 1995, siendo únicamente, a partir de ello, causal de divorcio y separación personal. Al respecto, sobre este punto, el autor Carlos Creus refiere lo siguiente: "La ley 24.453 ha derogado el Capítulo I del Título III del Libro II del Código Penal, incluyendo, claro está, el único artículo que comprendía (art. 118) y el inc. 1° del art. 73, que enunciaba el adulterio como delito de acción privada, terminando así con un debate que hace mucho tiempo se había radicado en la doctrina argentina. Las figuras de adulterio trataban de proteger la fidelidad que los cónyuges se deben mutuamente en el trato sexual. Sin embargo, se introducían la consideración de otros intereses, como la preservación del orden de la familia o el de la filiación legítima dentro de ella. Lo que explica el distinto tratamiento que se brinda al adulterio de la mujer con respecto al del marido por medio de una tipicidad diferenciada, lo cual no tendría razón de ser si lo único que se tratara de proteger fuese la fidelidad conyugal. (Creus, Carlos. Derecho Penal. Parte Especial. Tomo I. Sexta Edición. Editorial Astrea. Página 168). De la misma forma, con respecto a la despenalización del adulterio en Argentina el tratadista Edgardo Donna refiere que "El Código Penal regulaba el delito de adulterio en el artículo 118, haciendo una distinción entre el adulterio del hombre y de la mujer. Las críticas de la doctrina, y los pocos fallos que se dictaron en la jurisprudencia argentina, llevaron a la derogación mediante los artículos 3° y 4° de la ley 24.453. (Donna, Edgardo. Derecho Penal. Parte Especial. Tomo I. Editorial Rubinzal- Culzoni. Página 375). Otros países que se sumaron a la despenalización del adulterio es la República de Colombia donde se eliminó en 1936. Si bien el adulterio de la mujer fue severamente sancionado en dicho país, con la expedición del Código Penal de 1936 dejó de ser considerado como hecho delictivo. En Brasil el adulterio fue despenalizado en 2005. En México el adulterio fue despenalizado en el Código Penal Federal en el año 2011. página original (tal como se publicó) [Página 90] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 431.076 En España el adulterio fue despenalizado el 19 de febrero de 1978. Ley 22/1978. En el caso venezolano la autora Lola Aniyar de Castro, señala que el adulterio es un delito francamente discriminatorio, pues quien verdaderamente lo comete es la mujer. Aun cuando el código envuelve bajo la misma rubrica lo que algunos han llamado el adulterio del marido, éste no es más que el amancebamiento de la legislación española o el concubinato del actual código italiano. La discriminación alcanza hasta la pena aplicable no sólo al marido y a la mujer, sino también al amante y a la concubina (Aniyar de Castro, Lola. Temas de Derecho Penal. Los delitos de Bigamia y Adulterio. Editorial Universitaria de la Universidad del Zulia. 1970. Página 78). Igualmente, esta autora sostiene que con la evolución de las formas sociales hacia una mejor comprensión de las reacciones humanas, y hacia una jerarquización de los valores de la sociedad según sus normas cambiantes, el rigor de las penas impuestas al adulterio se han suavizado paulatinamente, hasta prácticamente desaparecer en algunos países, no siendo considerado ya como ilícito merecedor de sanción penal. (ob.cit. Página 75). Finalizando su análisis manifestando que el Código Penal efectivamente no ha acabado con el delito, pero sí impide muchos. En cambio la eficacia de esta acriminación es absolutamente nula. (ob.cit pp 88-89). En el mismo sentido, otro sector de la doctrina se ha pronunciado sobre el tema, al sostener que al analizar el articulado de nuestro Código Penal relativo al adulterio, observamos que la desigualdad con que la ley sanciona el adulterio en la mujer y en el marido rebasa los límites de la tolerancia. (Arcaya de Landaéz, Nelly. Análisis de las Disposiciones Legales Relativas al Delito de Adulterio en el Código Penal Venezolano. Ciencias del Delito. Estudios Varios en Homenaje a Tulio Chiossone. Universidad Central de Venezuela. Caracas. 1980. Página 55). 4.- Consideraciones finales Precisado lo anterior y ratificado el categórico compromiso de esta Sala con la protección de los derechos humanos, orientada, entre otros, por el postulado de progresividad en su garantía, esta Sala pasa a concluir lo siguiente: En primer lugar, debe señalarse que la carga ideológica que tiene el enunciado del artículo 394 del Código Penal, referido a "la mujer adúltera”, corresponde a un tipo social esquematizado y totalmente subjetivo, revelador de una posición discriminadora, excluyente y arbitraria en relación al hombre, incompatible a todas luces con el Texto Fundamental. Igualmente, se observa que efectivamente hay una diferenciación en cuanto a la munición que atañe a los delitos de adulterio (lato sensu) previsto en el Código Penal, ya que a la mujer adúltera se le castiga con la misma pena que al coautor del adulterio, es decir, seis meses a tres años de prisión, en cambio con respecto al hombre "adúltero" es más benigna la munición, tres a dieciocho meses, estableciendo dichas normas desde cierta perspectiva, una diferenciación con respecto a la mujer, cuando ambos en todo caso realizan hasta cierto punto similar conducta típica (incluso pudiera estimarse más gravosa la del hombre “adultero”, toda vez que el artículo 395 del Código Penal no se conforma con exigir que el marido yazca con mujer que no sea su esposa -lo que no pareciera estar tipificado-, sino que es necesario, a los efectos de la existencia de tipicidad y de la responsabilidad penal, que el marido mantenga a esa otra mujer en la casa conyugal o fuera de ella en situación de notoriedad -lo que de ordinario pudiera implicar no una sino varias acciones de hacer, incluso dentro de la casa conyugal, con otra mujer que no es la esposa-, además, con la exigencia de que ese mantenimiento de concubina sea notorio"); y en el caso de la concubina, término empleado en el referido artículo 395 (aun cuando no se corresponde con la significación que le otorga el resto del orden jurídico contemporáneo), sería penada con prisión de tres meses a un año de prisión (pena sustancialmente menor a la que corresponde al coautor del adulterio señalado en el artículo 394 eiusdem). En fin, estableciendo la norma igualmente una menor pena con respecto a la mujer “adúltera" y al coautor del adulterio. Martes 4 de octubre de 2016 De manera pues que, en este aspecto, considera la Sala que efectivamente le asiste la razón a la accionante y a los demás intervinientes en el presente asunto, cuando señalan hay una diferenciación con respecto al castigo o la munición entre el adulterio cometido por la mujer y el cometido por el hombre, munición que, como ha podido apreciarse, es injustificada y desproporcionalmente desigual desde la perspectiva de género, ante todo, por exigir fidelidad sexual y conyugal básicamente a la esposa y no al esposo (que no estaría sujeto a la exclusividad sexual ni a la fidelidad conyugal; siendo su honor, reputación y la familia concebida desde su perspectiva bienes a los que esas normas en desuso dan preponderancia respecto de la mujer), como si la relación matrimonial no estuviese regida por el principio de igualdad (discriminación fundada en el sexo) y, más reprochable aun, como si la esposa fuera un objeto del marido o, en todo caso un sujeto inferior a él, en clara afrenta al derecho a la dignidad humana; lo que resulta más palmario cuando se observa la diferencia no solo entre la disímil configuración típica, sino entre las penas asignadas, y, en especial, a la referencia al “poder marital", únicamente desde la perspectiva del hombre como titular de ese poder, circunstancia que encontraría explicación en el contexto histórico en el que se creó esa norma, desafortunado de la perspectiva de la actual concepción de los derechos humanos y de la actual concepción del Estado. Al respecto, los artículos 3 y 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela disponen lo siguiente: Artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 3. Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana; salvo las fórmulas diplomáticas. 4. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias. Respecto al sentido y alcance de la norma antes transcrita, esta Sala Constitucional, en sentencia n.° 266 del 17 de Febrero de 2006. Caso: José Joel Gómez Cordero. Exp. n.° 05-1337, asentó: "... en cuanto a la vulneración del contenido del artículo 21 constitucional, específicamente con relación a la presunta desigualdad que genera la norma que se pretendió desaplicar en el presente caso, esta Sala estima que la señalada norma constitucional consagra el denominado principio de igualdad -específicamente en su primer cardinal-, así como las garantías para su debida protección. ... el referido artículo establece que todas las personas son iguales ante la ley, lo que explica que no se permitan discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. encuentren en situación de igualdad -igualdad como equiparación-, y un trato desiguai para quienes se encuentren en situación de desigualdad igualdad como diferenciación- (vid. sentencia n° 898/2002, del 13 de mayo). En este último supuesto, para lograr justificar el divergente tratamiento que se pretenda aplicar, el establecimiento de las diferencias debe ser llevado a cabo con base en motivos objetivos, razonables y congruentes. / ... no resulta correcto conferirle un tratamiento desigual a supuestos fácticos que ostenten un contenido semejante y que posean un marco jurídico equiparable, pero debe aclararse que igualdad no constituye sinónimo de identidad, por lo que también seria violatorio del principio de igualdad darle un tratamiento igualitario a supuestos que sean distintos (vid. GUI MORI, Tomás. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL INTEGRA 1981-2001. Tomo I. Editorial Bosch. Barcelona, 2002, p. 332). Lo que podría resumirse en dos conclusiones: 'No asimilar a los distintos, y no establecer diferencias entre los igua!es. página original (tal como se publicó) [Página 91] Martes 4 de octubre de 2016 431.077 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... el respeto al principio o derecho subjetivo a la igualdad y a la no discriminación es una obligación de los entes incardinados en todas las ramas que conforman el Poder Público, de tratar de igual forma a quienes se encuentren en análogas o similares situaciones de hecho y que todos los ciudadanos gocen del derecho a ser tratados por la ley de forma igualitaria. (vid. sentencias 536/2000, del 8 de junio; 1.197/2000, del 17 de octubre; y 1.648/2005, del 13 de julio). ... dos de las modalidades más básicas de este principio son, en primer lugar, el principio de igualdad ante la ley strictu sensu, también denominado principio de igualdad en la ley o igualdad normativa, el cual constituye una interdicción a todas aquellas discriminaciones que tengan su origen directo en las normas jurídicas, de lo cual se colige que dicho postulado se encuentra dirigido a los autores de las normas, es decir, al órgano legislativo; y en segundo término, el principio de igualdad en la aplicación de la ley o igualdad judicial, el cual constituye la piedra de tranca a toda discriminación que se pretenda materializar en la aplicación de las normas jurídicas por parte de los tribunales de la República, siendo que este segundo principio se encuentra destinado a los órganos encargados de la aplicación de la Ley... ... con especial referencia al principio de igualdad normativa, resulta necesario señalar que el mismo constituye un mecanismo de defensa en manos del ciudadano frente a las posibles discriminaciones que pudiera sufrir por obra del Poder Legislativo, e implica la prohibición de que en los principales actos de esta rama del poder público -a saber, en las leyes- se establezcan discriminaciones. Siendo así, el órgano legislativo se encuentra en la obligación de respetar el principio de igualdad, toda vez que su incumplimiento es susceptible de conllevar a la movilización del aparataje de la justicia constitucional, a los fines de que sea emitido un pronunciamiento que apunte a catalogar como inconstitucional la ley correspondiente, sea en el caso concreto a través de la aplicación del control difuso de la constitucionalidad, o de forma abstracta mediante la motorización del control concentrado de la constitucionalidad." Asimismo, en sentencia n.° 486 del 24 de mayo de 2010. Caso: Emérito Playonero Caicedo. Exp. n.° 09-0870, esta Sala señaló: ".. la Constitución de la República propugna la igualdad y la preeminencia de los derechos humanos, entre sus principios fundamentales y valores superiores del ordenamiento jurídico y de la actuación del Estado (artículos 1 y 2)'. 'En atención a tales enunciados, el artículo 21 de la Constitución de la República Bclivariana de Venezuela previó lo siguiente: 'Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia: 1. No se permitirá discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona. condiciones jurídicas 2. La ley las garantizará h administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables, protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan'. 'De lo anterior se colige que la disposición constitucional en el cardinal 1, establece una prohibición expresa y absoluta de las discriminaciones, y en atención a ello, en el cardinal 2, preceptúa una garantía de igualdad a través de la adopción de medidas positivas, estableciendo condiciones jurídicas y administrativas, con el fin de que la misma sea real y efectiva." En la República de Colombia, la Corte Constitucional de ese país se ha pronunciado en relación al principio de igualdad y no discriminación entre el hombre y la mujer en la sentencia C-082/99, donde expreso: “La igualdad de derechos que se reconoce al hombre y a la mujer no es simplemente de carácter formal, pues en algunos eventos se justifican diferenciaciones en aras de terminar con la histórica discriminación que ha sufrido la población femenina. En este sentido se "autoriza, dentro de un principio de protección, la toma de medidas positivas, dirigidas a corregir desigualdades de facto, a compensar la delegación sufrida y a promover la igualdad real y efectiva de la mujer en los órdenes económicos y sociales." Es decir, que no siempre que se utilicen criterios distintivos como el sexo, existe un tratamiento discriminatorio; sin embargo, para que estas diferenciaciones sean constitucionalmente válidas, deben sustentarse en criterios razonables y objetivos que así las justifiquen. El principio de igualdad se traduce en el derecho a que no se consagren excepciones o privilegios que "exceptúan" a unos individuos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, de donde se infiere que la real y efectiva igualdad consiste en aplicar la ley en cada uno de los acontecimientos según las diferencias constitutivas de ellos". Bajo esta perspectiva, en el asunto sub-examine, no puede ser admisible establecer una causal de nulidad del matrimonio aplicable solamente a la población femenina, pues ello no encuentra asidero en los principios y valores constitucionales. Si las relaciones de la familia se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja, es decir, en la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres que la conforman, no es equitativo ni razonable imponer una carga a uno de los miembros y eximir al otro, por su simple pertenencia a un determinado sexo. La norma implícitamente prescribe: la mujer adúltera debe ser "sancionada" si se casa cor. su "cómplice"; el hombre, por el contrario, no tiene límite a su voluntad y a su sexualidad. Esta concepción, no es compatible con los postulados superiores que reconocen la igualdad de derechos y deberes de todo ser humano, tal y como se desprende de los artículos 13, 42 y 43 de la Carta. Como lo ha reiterado esta Corporación, la decisión de contraer nuevas nupcias corresponde al fuero interno del individuo y, en consecuencia, es arbitraria toda injerencia que limite esa opción individual". En la República Bolivariana de Venezuela, la paradigmática Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece en su artículo 1 que la misma tiene por objeto garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad justa democrática, participativa, paritaria y protagónica- Por su parte, la referida ley dispone en su artículo 3 que la misma abarca la protección de varios derechos entre los cuales se señala de forma expresa a la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer: Artículo 3. Esta Ley abarca la protección de los siguientes derechos: (...) 3. La igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. En la sentencia n.° 695, expediente 15-0601, del 2 de junio de 2015, esta Sala Constitucional estableció que: “Es de destacar que la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia se promulgó como un instrumento legal que desarrolla la preeminencia de los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a las mujeres víctimas de la violencia de género, la cual es vista a nivel mundial como un asunto de salud pública, cuyas raíces se encuentran en la cultura patriarcal de nuestra sociedad, caracterizada por la subordinación y discriminación hacia la mujer; impidiendo así el goce efectivo de sus derechos, entre ellos el de la igualdad ante la ley". Así, uno de los aspectos que el Estado venezolano ha abordado de forma prioritaria y perentoria en los últimos lustros ha sido la protección efectiva de la mujer. La Ley Orgánica sobre la Protección de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es uno de los instrumentos para la consecución de tal fin, en correspondencia con la visión preponderantemente humanista y social del Estado que transversaliza la Constitución de 1999. Asimismo, los principios de igualdad y no discriminación constituyen principios fundamentales reconocidos por el Derecho Internacional y ha sido recogido en los principales instrumentos de derechos humanos, entre los cuales se destacan: a) Declaración Universal de los Derechos humanos: Artículo 1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 7 Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. b) Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos: Artículo 26 Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. c) Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: (Parte II .Obligación de adoptar medidas. Obligación de no discriminación). Artículo 2.- (...omissis...) 2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, página original (tal como se publicó) [Página 92] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 431.078 religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Asimismo, en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se consagra el Estado de Justicia, que consolida los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley, asegurando el derecho a la vida, al trabajo, la cultura, la educación, la justicia social, y la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna, enunciado éste último, que quedó plasmado y que desarrolla parcialmente el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al cual se hizo referencia. En este mismo sentido, en nuestro país, con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la igualdad constituye uno de los principios cardinales que sustentan el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, y, por ende, conforma un postulado básico y garantista del Derecho Penal actual (ver artículo 2 Constitucional). Por lo tanto, expresar que todos los ciudadanos son iguales ante la ley implica que se tienen los mismos derechos y obligaciones respecto a la sociedad y sus instituciones políticas, correspondiendo su plena y consecuente interiorización para hacerlo valer y respetar cabalmente. Por tanto, un deber jurídico y de política antidelictiva consiste en continuar revirtiendo y evitando tratos desiguales injustificados, tales como los evidenciados en las referidas normas preconstitucionales, y, por ende, también lo es seguir tutelando de forma prioritaria a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, los cuales han sido precisamente las que han venido recibiendo trato urgente y preferencial, con más contundencia y de forma inédito en la historia venezolana, desde la aprobación y aplicación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; la cual ha consolidado una justa distribución de la cargas, incluso en materia penal, a través de la penalización de las conductas consideradas gravemente lesivas. Uno de esos instrumentos de protección de los más débiles lo constituye, precisamente, el Estado Social de Derecho, expresión jurídica y política que inspira y orienta de forma sobresaliente el Texto Constitucional de 1999. Al respecto, la sentencia n.° 85 de fecha 24 de enero de 2002. Caso: Asodiviprilara. Exp. n.° 01-1274, con relación al Estado Social de Derecho refiere: "Inherente al Estado Social de Derecho es el concepto de interés social, el cual es un valor que persigue equilibrar en sus relaciones a personas o grupos que son, en alguna forma, reconocidos por las propias leyes como débiles jurídicos, o que se encuentran en una situación de inferioridad con otros grupos o personas, que por la naturaleza de sus relaciones, están en posición dominante con relación a ellas, por lo que si en esas relaciones se les permitiera contratar en condiciones de igualdad formal, los poderosos obligarían a los débiles a asumir convenios o cláusulas que los perjudicarían o que obrarían en demasía en beneficio de los primeros, empobreciendo a los segundos..."(Negrillas nuestras). El Derecho Penal y su implementación a través del sistema penal, debe ser una guía jurídica para el respeto de los derechos fundamentales que le asisten a toda persona, no pudiendo establecer criterios de criminalización que afecten valores, principios, derechos o garantías establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el resto del ordenamiento jurídico. En un modelo de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, el Derecho Penal debe limitarse a la protección de los bienes jurídicos fundamentales, necesarios para la realización personal y la convivencia pacífica en la sociedad, con el menor sacrificio posible de la libertad y demás intereses jurídicos. Esta Sala Constitucional, en sentencia n.° 915 de fecha 20 de mayo de 2005. Caso: Kennedy Manuel Sánchez Urdaneta. Exp. n.° 04-2186, estableció respecto a la función del Derecho Penal, lo siguiente: ".. entendierdo que el sistema político y jurídico venezolano parte de un modelo de Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, el Derecho Penal en Venezuela estaría llamado a materializar una misión política de regulación activa de la vida social, que asegure el funcionamiento satisfactorio de ésta, a través de la tutela de los bienes Martes 4 de octubre de 2016 jurídicos de los ciudadanos. Lo anterior acarrea la necesidad de conferir a la pena la función de prevención de los hechos que atenten contra dichos bienes jurídicos, y no basar su cometido en una hipotética necesidad ético-jurídica de no dejar sin respuesta -a saber, sin retribución-, el quebrantamiento del orden jurídico... ... la pena -y por ende el Derecho Penal- tiene por función la prevención de delitos, a los fines de evitar que los bienes jurídicos de los ciudadanos se vean lesionados. Claro está, dicha prevención debe estar limitada por los principios antes señalados." Ahora bien, este objetivo del Derecho Penal, para ser legítimo, lo debe procurar el Estado respetando los límites que imponen, entre otros, los principios sobre los cuales se construye dicha rama del Derecho (principios penales), que son una proyección de los derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aunado a lo anterior, las normas en cuestión son refutables desde la óptica de los valores cardinales del Texto Fundamental, como lo es la justicia (Art. 2 Constitucional), sino también al derecho a la igualdad y a la no discriminación (Art. 21 Constitucional). En relación con lo anterior, los tipos penales previstos en los artículos 394 y 395 del Código Penal representan un tratamiento discriminatorio, fundado en la condición del sexo del sujeto, en este caso la mujer, al que se le castiga por el hecho de ser “adúltera", no sancionándose de la misma manera al llamado "concubinato de hombre casado" o "concubinato notorio" del marido, que también estando casado incurre igualmente en adulterio, aun y cuando la norma no lo establezca expresamente. Circunstancia ésta contraria al valor y los principios de igualdad ante la ley y no discriminación fundados en el sexo consagrados en los artículos 2 y 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por otra parte, un principio cardinal que se proyecta desde el derecho penal es el llamado principio de subsidiariedad, el cual implica que el Derecho Penal debe ser el último recurso (ultima o extrema ratio) para solucionar los conflictos sociales, debiéndose acudir a aquél sólo cuando sean insuficientes -o no existan- otros mecanismos menos lesivos, como son los establecidos en otras ramas del ordenamiento jurídico. En efecto, en sentencia n.° 1.676 del 3 de agosto de 2007. Caso: Francisco Croce Pisani y otros. Exp. n.° 07-0800, esta Sala estableció que el principio de subsidiariedad se desprende del modelo de Estado Social consagrado en el artículo 2 del Texto Constitucional, siendo uno de sus rasgos esenciales "... la exigencia de necesidad social de la intervención penal. Así, el Derecho penal deja de ser necesario para resguardar a la sociedad cuando esto último puede alcanzarse mediante otras vías, las cuales tendrán preferencia en la medida en que sean menos lesivas para los derechos individuales. En resumidas cuentas: en un Estado social al servicio de sus ciudadanos, la intervención penal estará legitimada siempre y cuando sea absolutamente necesaria para la protección de aquéllos, y esto se da cuando los mecanismos extra penales no son suficientes para garantizar dicha protección". En tal sentido y adicionalmente, esta Sala observa que en el caso de los artículos 394 y 395 del Código Penal venezolano, al establecerse como tipo penal en el articulo 394 el delito de adulterio en el caso de la mujer, y en el artículo 395 el llamado "concubinato de hombre casado" o "concubinato notorio" del marido, deben ser examinados a través los principios de utilidad social de la intervención penal, mínima intervención del derecho penal, y, concretamente, del principio de subsidiariedad, en virtud del cual el Derecho penal ha de ser la ultima ratio, es decir, el último recurso que se debe emplear a falta de ctros mecanismos menos lesivos, como son los establecidos en el Derecho Civil y en el Derecho Administrativo (Vid sentencia n.° 1.676 del 3 de agosto de 2007. Caso: Francisco Croce Pisani y otros), pues existen otros medios de control social formal e informal que tienen y pudieran tener mayor eficacia y proporcionalidad en la protección de la fidelidad conyugal, del matrimonio y de la familia como célula fundamental de la sociedad. página original (tal como se publicó) [Página 93] Martes 4 de octubre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Finalmente, como ha podido apreciarse, los artículos 394 y 395 del Código Penal son disposiciones que en la evolución histórica de la codificación penal en Venezuela han quedado casi inalterados partir del Código Penal de 1863 y a lo largo de los subsiguientes códigos penales, aun cuando ello probablemente responda a las escasas reformas verdaderamente exhaustiva e integrales del Código Penal, a la relatividad en cuando a la valoración socio-penal de tales comportamientos, a la preponderancia de ciertas tendencias criminológicas contemporáneas, a que esas normas prácticamente han caído en desuso por el devenir del tiempo y los cambios de paradigmas sociales que buscan el reconocimiento de la igualdad entre el hombre y la mujer, a la casi exclusividad del derecho civil en el ejercicio del control social formal y fáctico de tales conductas, así como también al consiguiente y aminorado interés en tales tipos penales, lo cual se hace patente en las últimas décadas, sin que ello desmerite la cardinal trascendencia de algunos valores que han perseguido protegerse a través de la referida institución jurídica penal, los cuales serán abordados en las páginas que siguen. Así, la disposición contenida en el artículo 394 del Código Penal, a la luz de los postulados constitucionales y su adecuación en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, no son cónsonos con el texto fundamental, en virtud de la diferenciación que existe en la citada norma preconstitucional de la conducta de la mujer con respecto al hombre cuando están enmarcados en la tipificación del delito de adulterio. Estableciendo la referida norma del artículo 394 del Código Penal venezolano, parámetros diferenciadores en cuanto a sexo, munición y descripción típica, no cónsonos con la actual realidad jurídica y social, donde la mujer se encuentra en una situación de paridad e igualdad de derechos en relación al hombre en todos los aspectos de la sociedad y en la que ambos tienen el pleno ejercicio de sus derechos individuales (civiles, políticos, sociales, culturales, educativos y económicos). Por lo que no debe existir discriminación entre los individuos de la sociedad que se encuentren ante situaciones análogas o similares situaciones de hecho. Todas las circunstancias y planteamientos efectuados hasta aquí advierten que las normas sub examine no resisten el análisis de su constitucionalidad, evidenciando que no es legítima la actual intervención penal prevista en los artículos 394 y 395 del Código Penal, y que la misma carece de validez por ser contraria a los referidos principios y normas fundamentales, básicamente, por ser discriminatoria respecto de la mujer y atentatoria a su dignidad humana, lo que amerita la necesaria reflexión sobre el control social respecto del adulterio, especialmente en atención a los valores jurídicos del matrimonio, la fidelidad conyugal, la familia, y el interés superior de niños, niñas y adolescentes, entre otros, en armonía con el resto del Texto Fundamental. Ahora bien, con base en los planteamientos expuestos a lo largo del presente fallo, habiendo advertido la inconstitucionalidad de las disposiciones previstas en los artículos 394 y 395 del Código Penal, puesto que contraria los valores y los principios de igualdad, no discriminación y dignidad humana, consagrados en los artículos 2, 3 y 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe esta Sala Constitucional declarar con lugar la presente demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad interpuesta por la accionante de autos y respaldada en esencia por las representaciones estatales de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio y la Asamblea Nacional. Así se decide. En consecuencia, esta Máxima intérprete y garante jurisdiccional de la Constitución, declara nulos los artículos 394 y 395 del Código Penal, publicado en la Gaceta Oficial n.° 5.768 Extraordinario del 13 de abril de 2005, por lo que lo que las demás normas vinculadas a los mismos, en lo que a ellos atañe, carecerán de eficacia, toda vez que las normas aquí anuladas son jurídicamente inexistentes e ineficaces por contrariar derechos fundamentales, en la configuración que hasta ahora mantenían; y fijar los efectos ex nunc y ex tunc de la presente declaratoria. Así se declara. 431.079 VI DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley declara: 1. cON LUGAR la demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad interpuesta por la ciudadana Enid Beatriz Méndez Ríos, contra el artículo 394 del Código Penal, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.768 Extraordinario del 13 de abril de 2005. 2.- NULos los artículos 394 y 395 del Código Penal, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.768 Extraordinario del 13 de abril de 2005. 3. SE FIJAN efectos ex nunc y ex tunc a la presente declaratoria. 4. Se oRDENA la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en el Portal de la Página Web de este Máximo Tribunal, con , la siguiente indicación: "Sentencia que declara nulas por inconstitucionales las disposiciones previstas en los artículos 394 y 395 del Código Penal, normas que contemplan los tipos penales de adulterio, por ser contrarias, tal como están concebidas, a los principios de igualdad, no discriminación de la mujer y respeto a la dignidad humana consagrados en los artículos 2, 3 y 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con ocasión a los planteamientos asumidos por la accionante, por la Defensoría del Pueblo, por el Ministerio Público y por la Asamblea Nacional". Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a 11 de dos los días del mes de AG08rO mil dieciséis (2016). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. La Presidenta, GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARAD Ponente Vicepresidente, ARCADIO DELGADO ROSALES Los Magistrados, CARMEN ZULETA DE MERCHÁN página original (tal como se publicó) [Página 94] 431.080 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER CALIXTO ORTEEA RIOS AMalt ttt LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS LOURDES BENCIA SUÁREZ ANDERSON La Secretaria (T), REP Martes 4 de octubre de 2016 N°746 LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales Expediente N° 10-0426 El 29 de abril de 2010, la ciudadana Gabriela del Mar Ramírez Pérez, en su entonces condición de DEFENSORA DEL PUEBLO, conjuntamente con los abogados Larry Devoe Márquez, Eneida Fernandes Da Silva, Zulay Arcia, Alejandra Bonalde, Lucelia Castellanos y Julio José Romero, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números: 93.897, 79.059, 71.387, 71.884, 145.484 y 118.078, respectivamente, adscritos a la Dirección de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo; interpusieron demanda de nulidad de los artículos 44, 45, 46, 47, 53, 54, 57, 60, 62 y 64 de la Ley de Ejercicio de la Odontología, publicada en la Gaceta Oficial de Venezuela N° 29.288 del 10 de agosto de 1970. Por auto del 5 de mayo de 2010, se dio cuenta en Sala y se formó el expediente respectivo y, en esa oportunidad, se designó como ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales. El 11 de agosto de 2010, mediante sentencia N° 869, esta Sala Constitucional se declaró competente para conocer de la demanda de nulidad incoada y la admitió cuanto ha lugar en derecho, ordenó citar a la Procuradora General de la República, notificar al Presidente de la Asamblea Nacional, a la Fiscal General de la República, a la parte actora y, mediante cartel, a los terceros interesados. En esa misma fecha, la sala decretó la suspensión provisional de los efectos de los artículos 44, letra “d", 46, 47, 53, 54, 57, 60, 62 y 64 de la Ley de Ejercicio de la Odontología El 12 de agosto de 2010, se recibió el expediente en el Juzgado de Sustanciación. El 29 de octubre de 2010, se notificó a la Defensoría del Pueblo. El 11 de noviembre de 2010, la representación de la Defensoría del Pueblo solicitó la citación de la Procuradora General de la República y la notificación de la Asamblea Nacional, la Fiscal General de la República y que se librar a el cartel de emplazamiento a los terceros interesados. Por diligencias de fechas 2 de diciembre de 2010, 10 de marzo de 2011, 11 de agosto de 2011 y 9 de febrero de 2012, la representación de la Defensoría del Pueblo manifestó su interés en la presente causa. El 14 de marzo de 2012, el Juzgado de Sustanciación libró el cartel de emplazamiento de los terceros interesados y el 16 de ese mes y año la representación de la Defensoría del Pueblo solicitó que le fuese entregado el mismo. página original (tal como se publicó) [Página 95] Martes 4 de octubre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA El 28 de marzo de 2012, la representación de la Defensoría del Pueblo consignó el cartel de emplazamiento librado el 14 de ese mes y año y publicado el 22 del mismo mes y año, en el diario Últimas Noticias. El 3 de julio de 2012, la Asamblea Nacional consignó escrito mediante el cual formuló alegatos y, el 11 de ese mes y año, la Procuraduría General de la República consignó escrito en los mismos términos. Mediante diligencias de fechas 19 de julio y 27 de noviembre de 2012, la representación de la Defensoría del Pueblo manifestó su interés en la continuidad de la causa. El 29 de noviembre de 2012, el Juzgado de Sustanciación ordenó la remisión del expediente a esta Sala Constitucional, con el fin de que se emitiera el pronunciamiento correspondiente. El 8 de enero de 2013, se recibió el expediente en esta Sala Constitucional y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. El 8 de mayo de 2013, en virtud de la elección de la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, esta Sala Constitucional quedó conformada de la siguiente forma: Magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente, y los Magistrados y Magistradas Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover. Mediante diligencias de fechas 17 de abril de 2013, 25 de septiembre de 2013, 25 de febrero de 2014 y 3 de junio de 2014, la representación de la Defensoría del Pueblo solicitó dictar el pronunciamiento correspondiente. El 17 de octubre de 2013, en reunión de Sala Plena, en virtud de la ausencia temporal del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, se acordó que el ejercicio temporal de la Vicepresidencia de esta Sala Constitucional recayera en el Magistrado Juan José Mendoza Jover así como la incorporación del Magistrado suplente Luis Fernando Damiani Bustillos, quedando constituida en consecuencia la Sala por la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, en su carácter de Presidenta; el Magistrado Juan José Mendoza Jover, en su carácter de Vicepresidente; y los Magistrados Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Luis Fernando Damiani Bustillos. En reunión del 5 de febrero de 2014, convocada a los fines de la reincorporación a la Sala del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, en virtud de haber finalizado la licencia que le fue concedida por la Sala Plena de este máximo Tribunal para que se separar a temporalmente del cargo, por motivo de salud, esta Sala quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover. 431.081 El 13 de agosto de 2015, la representación de la Defensoría del Pueblo manifestó su interés en la presente causa y solicitó se dictara pronunciamiento. El 23 de diciembre de 2015 se reconstituyó esta Sala Constitucional, dada la incorporación de los Magistrados designados por la Asamblea Nacional en sesión extraordinaria de esa misma fecha, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.816 del 23 de diciembre de 2015; quedando integrada de la siguiente forma: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Carmen Zuleta de Merchán, Juan José Mendoza Jover, Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson. Por escrito presentado el 7 de abril de 2016, la abogada Antonieta De Gregorio, inscrita en el Inpreabogado con el número 35.990, actuando en su carácter de Fiscal Sexta del Ministerio Público para actuar ante la Sala Plena y las Salas Constitucional, Político-Administrativa y Electoral de este alto Tribunal, solicitó la declaratoria con lugar del recurso de nulidad. El 28 de abril de 2016, la parte actora solicitó pronunciamiento. Estudiado el caso, se decide conforme a lo siguiente: I FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD La ciudadana Gabriela del Mar Ramírez Pérez, en su entonces condición de DEFENSORA DEL PUEBLO, junto con los abogados Larry Devoe Márquez, Eneida Fernández Da Silva, Zulay Arcia, Alejandra Bonalde, Lucelia Castellanos y Julio José Romero, respectivamente, adscritos a la Dirección de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo; interpusieron demanda de nulidad de los artículos 44, 45, 46, 47, 53, 54, 57, 60, 62 y 64 de la Ley de Ejercicio de la Odontología, publicada en la Gaceta Oficial de Venezuela N° 29.288 del 10 de agosto de 1970, bajo los siguientes argumentos: Que la Ley de Ejercicio de la Odontología es un cuerpo normativo preconstitucional que "(...) regula todo lo concerniente a la prestación de servicios encaminados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, deformaciones y accidentes traumáticos de la boca y de los órganos o regiones anatómicas que la limitan o comprenden, actos que son propios del ejercicio de la odontología (..)”". Que “(...) en el Capítulo VI [de dicha ley] se prevén las sanciones administrativas que pueden ser impuestas a los odontólogos, las odontólogas, dentistas o cirujanos dentistas, las personas autorizadas para ejercer legítimamente la odontología (mecánicos dentales, higienistas dentales y asistentes dentales) cuando infrinjan las disposiciones previstas en la citada ley, así como el procedimiento que debe ser seguido para su imposición (..)”. página original (tal como se publicó) [Página 96] 431.082 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Que el artículo 44 de dicho instrumento establece como sanciones administrativas la amonestación privada o pública, multa o arresto proporcional y la conversión de multa en arresto. Que el artículo 45 ejusdem “(...) faculta expresamente al Ministro de Sanidad y Asistencia Social (hoy Ministro del Poder Popular para la Salud) para imponer las referidas sanciones administrativas, incluidas la medidas privativas de libertad, e incluso le faculta para delegar en otro funcionario o funcionaria tal atribución (.…)”. Que, por su parte, “(....) los artículos 46, 47, 53, 54, 57, 60, 62 y 64 de la Ley de Ejercicio de ia Odontología establecen los supuestos en los cuales resulta aplicable la medida privativa de libertad (arresto), bien sea directamente o mediante la conversión en multa (.….)". Que, en esa medida, “(...) [1]os artículos 44, 45, 46, 47, 53, 54, 57, 60, 62 y 64 de la Ley de Ejercicio de la Odontología violentan el derecho a la libertad personal y al debido proceso, previstos en los artículos 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al consagrar como sanción administrativa una medida privativa de libertad, que puede ser impuesta a los odontólogos, odontólogas, dentistas o cirujanos dentistas, las personas autorizadas para ejercer legítimamente la odontología, los mecánicos dentales, higienistas dentales y asistentes dentales (.….)”. Que “(....) vulneran los derechos a la libertad personal y al debido proceso al facultar a una autoridad administrativa para dictar medidas privativas de libertad, de manera directa o mediante conversión del arresto, en absoluta contradicción con el principio de reserva judicial de las medidas restrictivas y del principio del juez natural (.….)". Que “(...) es así como el artículo 44.1 Constitucional, prevé dos supuestos en los cuales la libertad personal puede ser, excepcionalmente, restringida, a saber: [i] en virtud de orden judicial, la cual debe provenir de un tribunal competente, en resguardo de las debidas garantías para la integridad personal y el debido proceso [y] [ii] En caso de ser sorprendida la persona en situación de flagrancia, es decir, en situación de estar cometiendo o a poco de haber cometido un delito que merezca pena corporal. Tal detención puede ser practicada incluso por los particulares (.….)”. Que, de este modo, “(...) en materia de libertad personal, la única autoridad que puede ordenar legítimamente su privación son los órganos jurisdiccionales. La excepción a esta reserva judicial es que la detención sea practicada mientras la persona sea sorprendida in fraganti cometiendo un delito que merezca pena coercitivas de libertad (...)" y, en este último caso, “(...) el detenido o detenida debe ser presentado ante el Juez de Primera Instancia en Funciones de Control dentro de las 48 horas siguientes a la efectiva aprehensión (...)". Martes 4 de octubre de 2016 Que “(...) la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es categórica al circunscribir los asuntos relacionados con las restricciones del derecho a la libertad personal, al conocimiento de los órganos jurisdiccionales previamente establecidos por la ley (...)" y, en ningún caso, de órganos administrativos en ejercicio de su potestad sancionatoria, lo que se enmarca dentro del contenido cel derecho al juez natural previsto en el artículo 49.4 de la Carta Fundamental. Con fundamento en los razonamientos expuestos, la Defensoría del Pueblo pidió que fuera declarada la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, luego de la correspondiente sustanciación del proceso. Asimismo, como medida cautelar, solicitó que se acordara la suspensión de efectos de las disposiciones normativas objeto de la presente demanda, hasta tanto sea resuelta de manera definitiva esta causa. En relación con la petición cautelar, señaló que la exigencia de presunción de buen derecho se deriva de la franca contradicción que existe entre las normas constitucionales cuya infracción se adujo (derecho a la libertad personal y garantía del juez natural) y el contenido de las disposiciones impugnadas. Asimismo, sostuvo que el periculum in mora se encuentra también satisfecho como requisito de procedencia de la tutela provisional incoada, “(...) habida cuenta de la posibilidad cierta de que la autoridad administrativa responsable de aplicar la sanción de arresto proporcional o convierta (sic) la multa en arresto, esté aplicando la medida en mención generándose así violaciones constitucionales cuyos efectos no podrían ser reparados íntegramente con la sentencia definitiva (..)". II DE LAS NORMAS IMPUGNADAS Los artículos cuya nulidad se pretende a través del ejercicio de la presente acción están contenidos en la Ley de Ejercicio de la Odontología, publicada en la Gaceta Oficial N° 29.288 del 10 de agosto de 1970 y son del tenor siguiente: “CAPITULO VI De las sanciones SECCIÓN PRIMERA Disposiciones Generales [...] Artículo 44: Las sanciones administrativas son: a) Amonestación privada. b) Amonestación pública ante el Colegio. c) Multa. d) Arresto por conversión de multa. e) Suspensión del ejercicio profesional por el tiempo que se establece en esta Ley. La amonestación privada, la amonestación pública y la suspensión, tiene el carácter de disciplinaria cuando son aplicadas por el Tribunal Disciplinario de los Colegios. Parágrafo único: De las decisiones del Tribunal Disciplinario de los Colegios Regionales podrá apelarse por ante el Tribunal página original (tal como se publicó) [Página 97] Martes 4 de octubre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Disciplinario Nacional y de las de éste por ante la Junta Directiva Nacional. Artículo 45: Las infracciones a esta Ley y a su Reglamento serán sancionadas, por el Ministro de Sanidad y Asistencia Social o por los funcionarios a quienes autorizar expresamente. De las decisiones de estos funcionarios podrá apelarse por ante el propio Ministro y de las de éste por ante la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres (3) días siguientes a la decisión y la Corte resolverá breve y sumariamente. Artículo 46: Firme la decisión si la pena fuere de multa, será convertida en arresto si no es satisfecha_oportunamente conforme a los términos de la correspondiente resolución. Artículo 47: Las sanciones administrativas que se establecen en esta Ley, pueden ser aplicadas a las personas jurídicas; pero en el caso de conversión de multa en arresto, esta última pena se aplicará a las personas naturales que aparezcan responsables de la infracción, por haber intervenido en el hecho sancionado, o cuando por virtud de sus funciones estuvieren en capacidad de impedirlo. [...] SECCIÓN SEGUNDA De las sanciones administrativas Artículo 53: La omisión de la declaración que deben hacer las personas autorizadas para ejercer legalmente la odontología y que a la vez tengan el Título de Farmacéutico o Auxiliar de Farmacia, conforme al artículo 5 de esta Ley, serán sancionados con multa de quinientos (500) a mil (1.000) bolívares, o arresto proporcional, sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda aplicar el Tribunal Disciplinario del Colegio. Artículo 54: La infracción de los Reglamentos de la presente Ley en el caso del artículo 8 de la misma, será sancionada con multa de quinientos (500) a mil (1.000) bolívares, o arresto proporcional. [...] Artículo 57: Los auxiliares del odontólogo que violaren la prohibición establecida en el artículo 14 de esta Ley, serán sancionados con multa de un mil (1.000) a tres mil (3.000) bolívares, o arresto proporcional; y los mecánicos dentales que incurrieren en violación de la correspondiente prohibición establecida en el artículo 15 de la misma, serán sancionados con multa de un mil (1.000) a tres mil (3.000) bolívares, o arresto proporcional sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del Código Penal, si mediare denuncia del Colegio de Odontólogos. [...]] Artículo 60: Cualquier otra infracción a la Ley o su Reglamento, que no constituya delito o falta expresamente penados en el Código Penal u otras leyes, serán sancionadas administrativamente por la autoridad competente con multa de mil (1.000) a tres mil (3.000) bolívares, o arresto proporcional, salvo que tales infracciones sólo ameriten sanción disciplinaria que impondrá el Colegio de Odontólogos. SECCIÓN TERCERA De las sanciones penales [...] Artículo 62: El ejercicio ilegal de la odontología se castigará con multa de un mil (1.000) a tres mil (3.000) bolívares, o arresto proporcional. Las autoridades competentes procederán a decomisar con destino al Fisco Nacional, los aparatos e instrumentos en el consultorio o lugar cualquiera donde la persona incurra en la infracción prevista en este artículo. Si el infractor es un profesional autorizado según el artículo 4 de la presente Ley, será además suspendido del ejercicio de la odontología por el 431.083 término de seis a doce meses, tiempo durante el cual quedará de hecho excluido del Colegio de Odontólogos de Venezuela. [...] Artículo 64: Quienes expidan, suscriban o contribuyan a la expedición de certificados o credenciales que posibiliten el ejercicio ilegal de la odontología a personas que no hubieren cumplido con los requisitos legales para ello, serán castigados con multa de un mil (1.000) a tres mil (3.000) bolívares, o arresto proporcional" (Subrayados de esta Sala). III OPINIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL El 3 de julio de 2012, los representantes legales de la Asamblea Nacional presentaron escrito de consideraciones sobre el recurso de nulidad de autos, en el que solicitaron que se declarase con lugar el mismo, con fundamento en los argumentos siguientes: Que "“(..) de los preceptos denunciados de la Ley de Ejercicio de la Odontología se refleja que las mismas establecen sanciones administrativas y arresto, facultado expresamente al Ministro competente en el área de la Salud para imponer las referidas sanciones administrativas, incluidas las medidas privativas de libertad e incluso lo faculta para delegar en otro funcionario tal atribución, lo cual implica que tales artículos pueden incurrir en violación al derecho a la libertad personal y a la exigencia del artículo 44 numeral 1 de la Constitución, el cual expresamente establece que sólo por orden judicial pueden dictarse medidas privativas de libertad , con la única excepción de que el sujeto sea sorprendido in fraganti (...)". A tal efecto, citó la sentencia número &45/2010, caso: Código de Policía del Estado Monagas, la cual, además, estableció que “(..) la conversión de multas en arresto son inconstitucionales, por cuanto aunque las autoridades administrativas pueden imponer multas previstas en la ley, la inconstitucionalidad deviene en la imposibilidad de habilitarse a un órgano administrativo a convertir una multa en arresto, es decir, según la cual quien no pudiera satisfacer una multa o una caución tendrá derecho a que se le conmute en arresto (..) " Que, en atención a las sentencias dictadas por esta Sala números 130/2006 y 1744/2007, (...) se evidencia que en el caso de los artículos 44, 45, 46, 47, 53, 54, 57, 60, 62 y 64 de la Ley de Ejercicio de la Odontología, ley sancionada y promulgada con anterioridad a la Constitución vigente, existe una inconstitucionalidad que recae sobre la parte que faculta expresamente al Ministro o Ministra competente en el área de la salud para imponer las medidas privativas de libertad y la que faculta a [éste] para delegar en otro funcionario o funcionaria tal atribución, siendo que tal posibilidad está proscrita por el texto del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por ser contraria al derecho a la libertad personal y al debido proceso, [previsto] en el artículo 49 numeral 6 eiusdem; [según el cual] el delito debe estar establecido por la ley (nullum crimen sine lege); que la ley establezca la pena y que se corresponda al delito cometido (nulla poena sine lege) y que la comprobación del hecho punible y la ulterior imposición de la pena deben canalizarse a través de un procedimiento legalmente regulado y materializarse en un acto final constituido por la sentencia, [finalmente] que la ejecución de la pena se sujete a una ley que regule la materia (...)". página original (tal como se publicó) [Página 98] 431.084 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Finalmente, en atención a los fundamentos precedentemente expuestos, se "(.) observa la inconstitucionalidad de los artículos 44, 46, 47, 53, 54, 57, 60, 62 y 64 de la Ley de Ejercicio de la odontología en los siguientes términos (1) letra d) del artículo 44, (2) artículo 46, en lo que refiere a la posibilidad de conversión de multa en arresto, (3) artículo 47, en cuanto faculta a imponer la pena de arresto a los representantes de personas jurídicas sancionadas en el marco de dicha ley, (4) artículo 53, en lo que respecta a la sanción de 'arresto proporcional', (5) artículo 54, en lo que respecta a la sanción de 'arresto proporcional', (6) artículo 57, en lo que respecta a la sanción de 'arresto proporcional', (7) artículo 60, en lo que respecta a la sanción de 'arresto proporcional', (8) artículo 62, en lo que respecta a la sanción de 'arresto proporcional', (9) artículo 64, en lo que respecta a la sanción de ‘arresto proporcional' (...)". IV OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA El 11 de julio de 2012, el representante legal de la Procuraduría General de la República presentó escrito de consideraciones sobre el recurso de nulidad de autos, en el que solicitó que se declarase con lugar el mismo, con fundamento en los argumentos siguientes: Que "(...) el derecho a la libertad personal se erige en el ordenamiento jurídico venezolano como un derecho indispensable para el desenvolvimiento pleno de la persona , siendo el mismo un presupuesto para los demás derechos fundamentales, sin embargo, como todo derecho fundamental, el mismo no es de carácter absoluto, ya que en el caso de [Venezuela] únicamente en dos supuestos, de acuerdo a la Constitución nacional puede ser restringido tal derecho, a saber por autorización judicial y en el caso de flagrancia, fuera de estos casos no puede ser restringido; [por ello], cuando la Ley de Ejercicio de la Odontología prevé en su articulado la medida privativa de libertad, está violando flagrantemente el citado derecho a la libertad personal (.….)". Que “(..) en el caso bajo estudio, en principio, la medida de arresto está enmarcada dentro de lo que es la potestad sancionatoria de la Administración Pública y ,está a su vez, en un marco aún más general dentro de lo que es el ejercicio del ius puniendi por parte del Estado frente a la inobservancia de los particulares en el cumplimiento de obligaciones que le han sido impuestas por ley, a fin de contribuir con las cargas públicas y las necesidades de la colectividad (.….) ". Que “(..) la medida de arresto se caracteriza por ser impuesta por lapsos breves y que se encuentra dirigida a sancionar la comisión de un hecho ilícito cometido por una persona mediante la orden de una autoridad judicial. Tal medida se inscribe dentro de lo que es la potestad sancionatoria de la Administración Pública, reconocida dentro del Ius Puniendi del Estado, que originariamente se manifestaba en la existencia del establecimiento de penas por parte del mismo, luego, ya con la disección que se hace del ámbito penal respecto del administrativo, se comienza a hablar de delitos y faltas por un lado y de sanciones por el otro, tal como lo recoge la Constitución de 1999 (...) Martes 4 de octubre de 2016 Que "(...) la doctrina patria ha sido categórica al pronunciarse de manera negativa con respecto a las prácticas que abogan por la conversión de las sanciones pecuniarias en penas privativas de libertad, así como también ante cualquier intento por parte de la Administración Pública de imponer por vía directa o indirecta sanciones privativas de libertad (...)". Que "(..) en el marco actual del constitucionalismo, estas medidas administrativas de arresto previstas en leyes ordinarias que viene a desconocer derechos fundamentales conocidos de manera expresa en el Texto Constitucional, no tienen ninguna cabida, de manera que cuando el parlamento sanciona una Ley en la cual esté recogida la violación a un derecho fundamental, la misma estará viciada de inconstitucionalidad (..)". Que "(.) de la ley impugnada en el presente caso, se evidencia claramente como (sic), en primer término, aparece prevista la medida de arresto dentro de las posibles sanciones administrativas a ser aplicadas por el Ministerio del ramo, esto es el Ministro del Poder Popular para la Salud, a los profesionales de la odontología (..)". Que "(...) se observa con relación a la medida de arresto consagrada en el artículo 44 de la Ley de Ejercicio de la Odontología, que la misma contraviene lo dispuesto en el Texto Fundamental e incurre específicamente en la violación de lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Nacional al desconocer que soio las autoridades judiciales pueden acordar cualquier medida que restrinja la libertad personal, toda vez que faculta al Ministro del área para dictar medidas privativas de libertad contra odontólogos, mecánicos dentales, higienistas dentales y asistentes dentales (..)". Por otra parte, en cuanto a la vulneración del derecho al debido proceso y a la garantía de ser juzgado por el juez natural, "...señaló que el debido proceso constituye un elemento fundamental del sistema de protección de los Derechos Humanos, toda vez que funciona como un importante muro de contención frente a la arbitrariedad y el abuso en el cual podrían incurrir los agentes del Estado. Igualmente, señalaron que la garantía del juez natural que establece la Constitución de 1999, se inscribe dentro de la garantía del derecho al debido proceso [, el cual] incorpora una serie de derechos...". Que “(.) el derecho constitucional [al debido proceso] se encuentra vulnerado debido a que no podría ser una autoridad administrativa la competente para restringir a los ciudadanos el derecho a la libertad personal, pues la Constitución Nacional ha sido explícita al someter dicha restricción únicamente a los órganos jurisdiccionales (...)". Que, en cuanto a la garantía del juez natural, esta Sala Constitucional ha establecido que“(.) constituye un derecho de las personas naturales o jurídicas, en el sentido de que el juez sea aquel al que corresponda su conocimiento según las normas vigentes con anterioridad, principio que lleva implícito la imparcialidad del juez y su idoneidad en el desarrollo de la actividad jurisdiccional, [siendo que, en el presente caso] se estima que la garantía del juez natural se encuentra vulnerada al someter a una autoridad distinta a los órganos jurisdiccionales el establecimiento de medidas de arresto, lesionando, en este sentido, el derecho constitucional a la libertad personal (.) ". página original (tal como se publicó) [Página 99] Martes 4 de octubre de 2016 431.085 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA V OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO El 7 de abril de 2016, la representante de la Fiscalía General de la República presentó escrito de opinión sobre el recurso de nulidad de autos, en el que solicitó que se declarase con lugar el mismo, con fundamento en los argumentos siguientes: Que “(...) las normas impugnadas prevén la posibilidad de que una autoridad administrativa, esto es el Ministro competente en la materia o el funcionario que éste autorice, imponga una pena privativa de la libertad, específicamente la sanción de arresto, a los infractores de los preceptos de la Ley de Ejercicio de la Odontología (...)”. Que, de conformidad con el cardinal 1 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “(...) la libertad se constituye en la regla general, de manera que no procede la privación de libertad en los supuestos excepcionales expresamente previstos en la Ley que serán apreciados por el juez en cada caso, por lo que su procedencia implica como requisito ineludible la existencia de una orden judicial previa, como garantía inherente ai mencionado derecho fundamental (.)". Citó como apoyo a su argumento la sentencia de esta Sala N° 972 de 9 de mayo de 2006, para destacar que “(...) no cabe duda respecto a la obligatoria existencia de una orden judicial previa cuando se pretende privar de libertad a un individuo, salvo el caso de la detención in fraganti, expresamente permitida por el texto Constitucional, con las limitaciones allí previstas (...)". Que las normas impugnadas son inconstitucionales al habilitar a una autoridad administrativa, como lo es el Ministro con competencia en Sanidad, para imponer una medida de arresto, por violación de la libertad personal y del derecho a ser juzgado por el juez natural. VI MOTIVACIONES PARA DECIDIR Corresponde a la Sala la decisión de fondo en el juicio de nulidad que, por razones de inconstitucionalidad, se planteó en contra de los artículos 44, 45, 46, 47, 53, 54, 57, 60, 62 y 64 de la Ley de Ejercicio de la Odontología, publicada en la Gaceta Oficial de Venezuela N° 29.288 del 10 de agosto de 1970, preceptos que estipulan la conversión de multa en arresto dentro del régimen administrativo sancionatorio a los sujetos regidos por dicho cuerpo normativo. Para justificar la nulidad parcial de la norma recurrida, la Defensoría del Pueblo denunció, en primer lugar, la violación del derecho a la libertad personal, específicamente, al principio de reserva judicial en materia de privación de libertad que recogió el artículo 44, cardinal 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del artículo 44, letra d de la Ley de Ejercicio de la Odontología, el cual establece como sanciones administrativas la amonestación privada o pública, multa o arresto proporcional y la conversión de multa en arresto, artículo 45 ejusdem, el cual otorga facultad al Ministro de Sanidad y Asistencia Social (hoy Ministro del Poder Popular para la Salud) para imponer las referidas sanciones administrativas, incluidas la medidas privativas de libertad, e incluso le faculta para delegar en otro funcionario o funcionaria tal atribución y los artículos 46, 47, 53, 54, 57, 60, 62 y 64 de la referida Ley que establecen los supuestos en los cuales resulta aplicable la medida privativa de libertad (arresto), en caso de conversión de la multa. En segundo lugar, la Defensoría del Pueblo denunció la violación de la garantía de ser juzgado por el juez natural, prevista en el cardinal 4 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la prohibición de que órganos administrativos en ejercicio de su potestad sancionatoria puedan decretar medidas restrictivas de la libertad, por estar expresamente reservadas a los órganos jurisdiccionales. Dentro de este marco, los representantes de la Asamblea Nacional, de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía General de la República manifestaron estar de acuerdo con tales argumentos y solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de las referidas normas. Así las cosas, a juicio de esta Sala, el quid del presente asunto es precisar si las normas impugnadas de la Ley del Ejercicio de la Odontología, que prevén como sanción administrativa la conversión de la multa en arresto, violan el derecho a la libertad personal y a la exigencia irrestricta del artículo 44, cardinal 1, de la Carta Magna, que establece que sólo por orden judicial pueden dictarse medidas privativas de libertad, salvo la única excepción de que el sujeto sea sorprendido in fraganti; y el derecho a ser juzgado por el juez natural consagrado en el artículo 49, cardinal 4 constitucional, al ser impuestas penas corporales por autoridades administrativas, cuando es materia exclusiva del Poder Judicial. Al respecto, observa la Sala: La doctrina le atribuye al caso de Thomas Bonhan, resuelto en el Reino Unido en 1610 por el Tribunal de Agravios Civiles (Common Pleas), presidido por Sir Edward Coke, los orígenes del control jurisdiccional de la Constitución. La disputa se presentó cuando el médico Thomas Bonhan, graduado en la Universidad de Cambridge, fue emplazado por el Real Colegio de Médicos de Londres a revalidar su título bajo apercibimiento de prohibición de ejercicio de la profesión, multa y arresto. Ante la negativa de Thomas Bonhan de presentarse ante el Colegio de Médicos (controlado por miembros egresados de la Universidad de Oxford, rivales académicos de la época), fue sometido a arresto, ocasionando que éste presentara una demanda por detención ilegal, bajo el alegato de extralimitación en la potestad página original (tal como se publicó) [Página 100] 431.086 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA sancionatoria de esa corporación, criterio que fue acogido por el juez y de allí surgió la tesis de la prevalencia de la supremacía de los derechos humanos sobre el derecho interno. Fue precisamente ese precedente al que se le vincula el inicio del control constitucional. Paradójicamente, varios siglos después la discusión todavía se sigue dando, pero esta vez en el plano de lo que la doctrina especializada denomina el derecho administrativo sancionador, en la que se destaca la obra de Alejandro Nieto, donde con meridiana claridad señala que, “admitida e indiscutida la existencia de la potestad sancionadora de la Administración, lo verdaderamente importante es fijar con precisión los límites de su ejercicio”, aludiendo con ello a lo que ha impuesto el Tribunal Constitucional Español en su sentencia 77/1983 de 3 de octubre, que establece como uno de los 4 límites “b) la interdicción de las penas privativas de libertad, a las que puede llegarse de modo directo o indirecto a partir de las infracciones sancionadas” (Alejandro Nieto; Derecho Administrativo Sancionador; 2da Edición; 1994; pág 84). Lo trascendental de la discusión anterior es que los límites de la potestad sancionadora de la Administración Pública deriva del propio texto fundamental. En ese contexto, ya esta Sala ha tenido ocasión de expresar su interpretación del artículo 44, cardinal 1, de la Constitución, entre otras, en sus sentencias N° 130 del 1 de febrero de 2006 (caso: Gertrud Frías Penso y otro), N° 1353 del 27 de junio de 2007 (caso: Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador), N° 940 del 21 de mayo de 2007 (caso: Asdrúbal Celestino Sevilla) y N° 2443 del 20 de diciembre de 2007 (caso: Inés Irene Torrado) y, especialmente, en su decisión N° 1744 del 9 de agosto de 2007 (caso: Germán José Mundaraín Hernández), mediante la cual se anularon varios preceptos del Código de Policía del Estado Lara por las mismas razones de inconstitucionalidad que aquí se delataron (ratificada posteriormente en sentencia N° 845 de 11 de agosto de 2010, caso: Código de Policía del Estado Monagas). En esa última oportunidad, la Sala realizó las siguientes consideraciones, que aquí se reiteran: “(..) Ahora bien, resulta oportuno destacar que en sentencias números 1.372/2003, del 29 de mayo, y 130/2006, del 1 de febrero, esta Sala sostuvo, sin pretender menospreciar el resto de los derechos, que la libertad personal destaca, desde el origen mismo del Estado moderno, en el conjunto de los derechos fundamentales. No es casual -se destacó- que haya sido la libertad personal una de las primeras manifestaciones de derechos particulares que se conoció en la evolución histórica de los derechos humanos. Así, en líneas generales, la libertad es un valor superior del ordenamiento jurídico, consagrado en el artículo 2 de la Constitución de la República de Venezuela, pero también constituye un derecho fundamental que funge como presupuesto de otras libertades y derechos fundamentales, el cual hace a los hombres sencillamente hombres. De allí que se pueda afirmar, que tal derecho, el cual se encuentra estrechamente vinculado a la dignidad humana, ostenta un papel medular en el edificio constitucional venezolano, siendo que el mismo corresponde por igual a venezolanos y extranjeros. Ahora bien, una de las derivaciones más relevantes de la libertad, es el derecho a la libertad personal -o libertad ambulatoria- contenido en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual ha sido consagrado y desarrollado como un derecho humano y fundamental inherente a la persona humana. Martes 4 de octubre de 2016 (..) Ahora bien, es menester resaltar que si bien el derecho fundamental a la libertad personal es la regla general, no es menos cierto que el propio texto constitucional permite que el mismo pueda verse restringido en ciertos supuestos excepcionales, como lo son los establecidos -taxativamente- en el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicha norma establece: 'Artículo 44. La libertad personal es inviolable, en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso (..) ' (Subrayado del presente fallo). Esta Sala reitera (ver sentencia n.° 130/2006, del 1 de febrero), que del texto de ese primer numeral se pueden distinguir varios aspectos, todos relevantes en cuanto al referido derecho a la libertad: :.1.- La libertad es la regla. Incluso las personas que sean juzgada por la comisión de delitos o faltas deben, en principio, serlo en libertad. 2.- Sólo se permiten arresto o detenciones si existe orden judicial, salvo que sea la persona sorprendida in franganti. 3.- En caso de flagrancia, sí se permite detención sin orden judicial, pero sólo temporal, para que en un plazo breve (48 horas) se conduzca a la persona ante la autoridad judicial...'. Dicha disposición normativa establece una obligación en salvaguarda del derecho: la de intervención de los jueces para privar de libertad a una persona. De hecho, la garantía del juez natural presupone la existencia de un juez. El Poder Judicial se entiende, al menos así ha sido el resultado de la evolución de las instituciones públicas, como el garante de los derechos, protegiéndolos del aparato administrativo del Estado, al cual se le reservan otras tareas (sentencia n.° 130/2006, del 1 de febrero). Debe resaltarse que tal orden judicial constituye una garantía ineludible a los efectos de la salvaguarda del mencionado derecho fundamental. El fundamento de ello estriba, como bien lo alega la parte recurrente, en que a través de la privación de libertad, sea como pena o como medida cautelar, el Estado interviene del modo más lesivo en la esfera de derechos de la persona, razón por la cual, la Constitución ha preferido que tales limitaciones a la libertad estén sometidas al control de una autoridad revestida de suficientes garantías de independencia e imparcialidad (Juez), siguiendo un procedimiento legal que otorgue reales posibilidades de defensa (procedimiento penal). La manifestación más importante de las mencionadas excepciones consagradas en el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ve materializada fundamentalmente, dentro del proceso penal, en el instituto de la privación judicial preventiva de libertad -o prisión provisional- regulada en el artículo 250 de la ley adjetiva penal, siendo ésta la provisión cautelar más extrema a que hace referencia la legislación adjetiva penal, tanto a nivel internacional, en los distintos pactos sobre derechos humanos que regulan la materia, como a nivel interno, siendo este el caso del Código Orgánico Procesal Penal (sentencia n.º 2.426/2001, del 27 de noviembre, de esta Sala), de allí que resulte válido afirmar que la institución de la privación judicial preventiva de libertad, denota la existencia de una tensión entre el derecho a la libertad personal y la necesidad irrenunciable de una persecución penal efectiva. página original (tal como se publicó) [Página 101] Martes 4 de octubre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ahora bien, con base en tales funciones, los órganos policiales tienen la potestad de practicar la aprehensión in fraganti de quienes incurran en la comisión de un delito, y ponerlos a disposición del Ministerio Público. Los jueces, así, juzgan a quienes son aprehendidos por la Policía y llevados ante el Ministerio Público. De igual forma, los órganos de policía tienen la potestad de ejecutar las detenciones preventivas ordenadas por los jueces de la República (..)" (Subrayado original del fallo). En el fallo transcrito supra, la Sala concluyó que “(...) a los cuerpos policiales del Estado Lara (y los de cualquier entidad federal o municipio; ni siquiera a través de sus Gobernadores o Alcaldes) les está vedado aplicar la medida de arresto como sanción definitiva. Debe aclararse que sólo podrán hacerlo en los casos en que se haya cometido un hecho punible, sea a través de la aprehensión en flagrancia o cuando medie una orden judicial. En esos casos, tal como se señaló supra, su tarea se limita a conducir a la persona aprehendida ante el Ministerio Público (aprehensión en flagrancia) o ante el juez (orden judicial). Son órganos del sistema de justicia; nunca -como se pretende en el caso del Código impugnado- la justicia misma (...)". En este orden de ideas, resulta oportuno acotar que la privación de libertad implica que la persona afectada se ve obligada a permanecer en un lugar determinado e implica, asimismo, un aislamiento de quien la sufre; en consecuencia, tal limitación debe ser impuesta con carácter coactivo mediante una previa orden judicial. Esta privación de libertad para ser válida, según la sentencia de esta Sala N° 380 del 7 de marzo de 2007, requiere una serie de elementos como son: “(...) la necesaria consagración previa de la infracción que se le imputa, la condenatoria que efectúe el juez competente para dilucidar la privación de libertad, la existencia de un proceso judicial, el cumplimiento de los derechos a la tutela judicial efectiva en el marco del procedimiento judicial, el respeto de los derechos del imputado, entre los cuales debe incluirse el derecho al acceso al expediente, a la promoción y evacuación de pruebas, el derecho a oposición en el marco del procedimiento, a solicitar medidas cautelares, a la defensa, a la notificación de los cargos que se le imputan, a la posibilidad de ejercer los diversos medios de impugnación que establezca el ordenamiento jurídico, así como los demás contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la legislación especial que tipifique la conducta delictiva (..)". Por otra parte, esta Sala en su citada sentencia N° 1744/07 en relación con normas de igual sentido cuya inconstitucionalidad hoy se discute, afirmó que el artículo 49, cardinal 6, de la Constitución recogió la garantía formal del derecho al debido proceso según el cual nadie puede ser sancionado "“(...) por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes (..)", en atención a lo cual, se estableció: "(...) Partiendo de lo anterior, se aprecia que de esta primera garantía se desprenden a su vez otras cuatro garantías estructurales. En tal sentido, se habla en primer lugar de una 431.087 GARANTÍA CRIMINAL, la cual implica que el delito esté previamente establecido por la ley (nullum crimen sine lege); de una GARANTÍA PENAL, por la cual debe necesariamente ser la ley la que establezca la pena que corresponda al delito cometido (nulla poena sine lege); de una GARANTÍA JURISDICCIONAL, en virtud de la cual la comprobación del hecho punible y la ulterior imposición de la pena deben canalizarse a través de un procedimiento legalmente regulado, y materializarse en un acto final constituido por la sentencia; y por último, de una GARANTÍA DE EJECUCIÓN, por la que la ejecución de la pena debe sujetarse a una ley que regule la materia (...)". Esa garantía formal se aplica, según dispone el propio artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el ejercicio de cualquiera de las manifestaciones del ius puniendi del Estado, esto es, tanto en el marco del Derecho Penal como del Derecho Administrativo Sancionador. En consecuencia, “no puede haber delito ni pena sin ley formal preexistente y no puede haber ilícito administrativo ni sanción administrativa sin ley formal preexistente". Ahora bien, en el marco del Derecho Penal, esa garantía del principio de legalidad adquiere una exigencia adicional: la de que el delito y la pena se preceptúen en una ley nacional. Ello por exigencia del artículo 156, cardinal 32 del Texto Fundamental, según el cual es de la reserva legal nacional la legislación penal; supuesto éste en el cual difiere del Derecho Administrativo Sancionador, en el que la reserva legal puede quedar satisfecha, incluso, a través de regulaciones del legislador estadal o municipal, pues se trata de una materia de reserva legal pero no de la reserva nacional. Como afirmó la Sala en su sentencia N° 1744/07, “(..) [a]sí, en esta segunda manifestación del ius puniendi, la creación de infracciones y sanciones administrativas -por ejemplo, las multas-, también debe realizarse única y exclusivamente a través de una ley, pudiendo ser ésta de naturaleza estadal (como un Código de Policía), a diferencia de lo que ocurre en el campo del Derecho penal, en el que siempre debe ser una ley nacional (...)".No obstante, aun cuando de acuerdo a lo establecido en las disposiciones objeto de impugnación existe la posibilidad de imponer una medida de arresto y que si bien es cierto se encuentra prevista en una ley nacional, sin embargo, no se puede verificar el cumplimiento de las garantías procesales establecidas en el ordenamiento jurídico para proceder a la restricción de la libertad personal. Por otra parte, se aprecia que en el presente caso resultó vulnerado el derecho al juez natural, conforme a lo establecido en el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de que la conversión de la multa en arresto comporta la restricción a la libertad, sin que la restricción sea ordenada judicialmente sino por un funcionario administrativo que no resulta competente para ordenar medidas restrictivas de libertad, ya que éstas se encuentran reservadas al Poder Judicial. Al respecto, esta Sala ha establecido de manera reiterada que el derecho al juez natural debe concebirse como una de las garantías básicas del derecho al debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así, en sentencia N° 520 del 7 de junio de 2000, estableció: "(...) El derecho al juez natural consiste, básicamente, en la necesidad de que el proceso sea decidido por el juez ordinario predeterminado en la ley. Esto es, aquél al que le corresponde el página original (tal como se publicó) [Página 102] 431.088 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA primer lugar, que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica; en segundo lugar, que ésta lo haya investido de autoridad con anterioridad al hecho motivador de la actuación y proceso judicial; en tercer lugar, que su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de órgano especial o excepcional para el caso; y, en cuarto lugar, que la composición del órgano jurisdiccional sea determinado en la Ley, siguiéndose en cada caso concreto el procedimiento legalmente establecido para la designación de sus miembros, vale decir, que el Tribunal esté correctamente constituido. En síntesis, la garantía del juez natural puede expresarse diciendo que es la garantía de que la causa sea resuelta por el juez competente o por quien funcionalmente haga sus veces (...)". Como corolario de lo anterior, a juicio de esta Sala, la conversión de multas en arresto es inconstitucional, porque si bien es cierto que las autoridades administrativas pueden imponer multas -siempre y cuando cuenten con cobertura legal, sea nacional, estadal o municipal-, no puede habilitarse a un órgano administrativo para la conversión de multa en arresto, todo ello sin que la Sala deje de reparar en la curiosa fórmula según la cual quien no pudiera satisfacer una multa tendrá derecho a que se le conmute en arresto (ver sentencia N.° 130 del 1° de febrero de 2006, caso: Gertrud Frías Penso y otro); curioso -y reprochable- derecho que consistirá en la admisión de un desmejoramiento individual, como se expuso en la sentencia de esta Sala N° 1744 del 9 de agosto de 2007 (caso: Germán José Mundaraín Hernández). Así se declara. Con base en las consideraciones que anteceden, esta Sala verifica que los artículos 44, letra d, 47, 53, 54, 57 y 60 de la Ley del Ejercicio de la Odontología tipifican conductas que constituyen infracciones administrativas, cuya consumación por parte de los ciudadanos acarrea como consecuencia jurídica, alternativamente, la imposición de penas de multa o de penas privativas de la libertad (arresto proporcional), supuestos en los cuales existe una inconstitucionalidad que recae sobre la parte o proposición que obliga a los órganos administrativos a la aplicación de una pena de arresto proporcional a los infractores, posibilidad que está proscrita por violatoria del derecho a la libertad personal y a ser juzgado por el juez natural, conforme lo disponen los artículos 44 y 49 de la Carta Magna. En consecuencia, se declara la nulidad parcial de dichos preceptos, específicamente la parte que se refiere a la imposición de medidas privativas de libertad, y se mantiene la validez de las sanciones administrativas que esas normas preceptúan. Así se decide. Igualmente, esta Sala declara la nulidad total del artículo 46 de la Ley del Ejercicio de la Odontología, que atribuye como consecuencia de la firmeza e impago de la multa impuesta por infracción de la ley, la conversión en arresto proporcional, por los mismos argumentos expuestos en el parágrafo anterior, es decir, por violación del derecho a la libertad personal y a ser juzgado por el juez natural, conforme lo disponen los artículos 44 y 49 de la Carta Magna. Así también se decide. Martes 4 de octubre de 2016 Ahora bien, respecto de la pretendida nulidad de los artículos 62 y 64 de la Ley del Ejercicio de la Odontología, que regulan el delito de ejercicio ilegal de la profesión de odontólogo y la expedición ilegal de certificados o credenciales, las argumentaciones anteriores no son trasladables, toda vez que ambos artículos, al estar incluidos en la Sección Tercera, que regula las “Sanciones Penales”, no pueden catalogarse como sanciones administrativas ni pueden ser impuestas por autoridades administrativas, sino únicamente por jueces, bajo la legislación penal, en específico aplicando para la conversión de la multa en arresto lo que establece el Título IV del Código Penal sobre la conversión de las penas (artículo 50). De allí que, a juicio de esta Sala, los artículos 62 y 64 de la Ley del Ejercicio de la Odontología no son inconstitucionales, pues están en una ley nacional, no remiten para aplicación a una autoridad administrativa, regula tipos penales y están expresamente establecidos. Así se declara. Por tanto, esta Sala, coherente con su propia doctrina, declara la nulidad parcial de los artículos 44, letra d, 47, 53, 54, 57 y 60 de la Ley de Ejercicio de la Odontología, por ser violatorias del derecho a la libertad personal y a ser juzgado por el juez natural previstas en los artículos 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, motivo por el cual las normas quedarán redactadas, previa supresión de la disposición anulada, de la siguiente manera: “Artículo 44: Las sanciones administrativas son: a) Amonestación privada. b) Amonestación pública ante el Colegio. c) Multa. d) Suspensión del ejercicio profesional por el tiempo que se establece en esta Ley. La amonestación privada, la amonestación pública y la suspensión, tiene el carácter de disciplinaria cuando son aplicadas por el Tribunal Disciplinario de los Colegios. Parágrafo único: De las decisiones del Tribunal Disciplinario de los Colegios Regionales podrá apelarse por ante el Tribunal Disciplinario Nacional y de las de éste por ante la Junta Directiva Nacional. Artículo 45: Las infracciones a esta Ley y a su Reglamento serán sancionadas, por el Ministro de Sanidad y Asistencia Social o por los funcionarios a quienes autorizar expresamente. De las decisiones de estos funcionarios podrá apelarse por ante el propio Ministro y de las de éste por ante la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres (3) días siguientes a la decisión y la Corte resolverá breve y sumariamente. Artículo 46: anulado. Artículo 47: Las sanciones administrativas que se establecen en esta Ley, pueden ser aplicadas a las personas jurídicas, por haber intervenido en el hecho sancionado, o cuando por virtud de sus funciones estuvieren en capacidad de impedirlo. [...] SECCIÓN SEGUNDA página original (tal como se publicó) [Página 103] Martes 4 de octubre de 2016 431.089 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA De las sanciones administrativas Artículo 53: La omisión de la declaración que deben hacer las personas autorizadas para ejercer legalmente la odontología y que a la vez tengan el Título de Farmacéutico o Auxiliar de Farmacia, conforme al artículo 5 de esta Ley, serán sancionados con multa de quinientos (500) a mil (1.000) bolívares, sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda aplicar el Tribunal Disciplinario del Colegio. Artículo 54: La infracción de los Reglamentos de la presente Ley en el caso del artículo 8 de la misma, será sancionada con multa de quinientos (500) a mil (1.000) bolívares. [...] Artículo 57: Los auxiliares del odontólogo que violaren la prohibición establecida en el artículo 14 de esta Ley, serán sancionados con multa de un mil (1.000) a tres mil (3.090) bolívares, y los mecánicos dentales que incurrieren en violación de la correspondiente prohibición establecida en el artículo 15 de la misma, serán sancionados con multa de un mil (1.000) a tres mil (3.000) bolívares, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del Código Penal, si mediare denuncia del Colegio de Odontólogos. [...] Artículo 60: Cualquier otra infracción a la Ley o su Reglamento, que no constituya delito o falta expresamente penados en el Código Penal u otras leyes, serán sancionadas administrativamente por la autoridad competente con multa de mil (1.000) a tres mil (3.000) bolívares, salvo que tales infracciones sólo ameriten sanción disciplinaria que impondrá el Colegio de Odontólogos. Declarado lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 32 y 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala, dados los múltiples actos que eventualmente pudieron haber sido dictados en aplicación de las normas parcialmente anuladas en el presente fallo, por razones de seguridad jurídica, para preservar los intereses generales y particulares página original (tal como se publicó) [Página 104] 431.090 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 4 de octubre de 2016 generados por la expectativa plausible de la suspensión de efectos acordada por esta Sala en la medida cautelar, fija el inicio de los efectos del presente fallo a partir del 11 ce agosto de 2010, oportunidad en la que se decretó la medida de suspensión de la norma anulada. Así se decide. Como consecuencia del pronunciamiento anterior y dado el carácter accesorio de las medidas cautelares, se revoca la medida cautelar dictada por esta Sala en su sentencia N° 869 de 11 de agosto de 2010. Así se decide. Finalmente, se ordena la publicación de este fallo es la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial. Así se decide. DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de nulidad que intentó la ciudadana Gabriela del Mar Ramírez Pérez, en su entonces condición de DEFENSORA DEL PUEBLO, conjuntamente con los abogados Larry Devoe Márquez, Eneida Fernandes Da Silva, Zulay Arcia, Alejandra Bonalde, Lucelia Castellanos y Julio José Romero, adscritos a la Dirección de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, de los artículos 44, 45, 46, 47, 53, 54, 57, 60, 62 y 64 de la Ley de Ejercicio de la Odontología, publicada en la Gaceta Oficial de Venezuela N° 29.288 del 10 de agosto de 1970. En consecuencia: 1.- Se ANULAN PARCIALMENTE los artículos 44, letra d, 47, 53, 54, 57 y 60 de la Ley de Ejercicio de la Odontología, específicamente la parte que se refiere a la imposición de medidas privativas de libertad, y se mantiene la validez de las sanciones administrativas que esas normas preceptúan. página original (tal como se publicó) [Página 105] Martes 4 de octubre de 2016 431.091 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 2.- Se ANULA el artículo 46 de la Ley de Ejercicio de la Odontología. 3.- FIJA el inicio de los efectos del presente fallo a partir del 11 de agosto de 2010. 4.- SE REVOCA la medida cautelar innominada de suspensión de los efectos de la norma impugnada, decretada en la decisión N° 869 de 11 de agosto de 2010. 5.- Se ORDENA la publicación del texto íntegro de esta sentencia en la Gaceta Oficial de la República y en la Gaceta Judicial, con la siguiente mención en su sumario:“Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara la nulidad parcial de los artículos 44, 47, 53, 54, 57 y 60 de la Ley de Ejercicio de la Odontología, así como la nulidad absoluta del artículo 46 de la misma Ley del Ejercicio de la Odontología”. Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a losI días del mes de AGQs rD de dos mil dieciséis. Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. La Presidenta Gladys María Gutiérrez Alvarado página original (tal como se publicó) [Página 106] 431.092 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 4 de octubre de 2016 El Vicepresidente Arcadio Delgado Rosales Ponente Los Magistrados y las Magistradas, Carmen Zuleta de Merchán Calixto Ortega Rjos Lburdes Benicix $suárez Anderson Juan JoséMendøza Jover Luis Fernando Damjani Bustillos La Segreraria, ICIA página original (tal como se publicó) [Página 107] Martes 4 de octubre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 431.093 CONTRALORÍA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA @MiguelSMunoz IG @GacetaOficial GacetaOficial.io página original (tal como se publicó) [Página 108] 431.094 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 4 de octubre de 2016 RESUELVO: Delegar en el Direcior de Determinación de Responsabilidad Administrativa ciudadano Cbronel Juan Carlos Piñero Ysea, titular de la cédula de identidad N° 6.96.855, Resolución Ministerial N° 023161 de fecha 27 de Julio de 2012.ly designado para este cargo por Orden del Contralor General de la FANB. N° CGFANB: 009/2012, la facultad de refrendar documentos para la debida Certificación, mediante la formula "Por Orden del Contralor" estampada en ellos en facsímil. Director de Determinación de Responsabilidad Administrativa. Cúmplase y comuníquese, LUIS EPIFANIO MEDINA FERNÁNDEZ Mayor General Contralor General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana DECRETON° 2.400 DE FECHA 01/08/16 G.O.R.B.V. N° 6.247EXTRAORDINARIO DE FECHA 01/08/16 "CHAVZ VIVE, LA LUCHA SIGUE" "Independencia y Patria Socialista... Viviremos y Venceremos' "Una Gestión de Justicia y Equidad... Con transparencia" www.congefanb.mil.ve @CONGEFAN página original (tal como se publicó) [Página 109] Martes 4 de octubre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 431.095 Recuerde que a través de nuestra página usted puede consultar o descargar de forma rápida y gratuita la Gaceta Oficial visite: hitp: imprentanacional.gob.ve Conoce Nuestros Servicios (+58212) 576-80-86 / 576-43-92. Gobiemo Bolivariano Ministeno del Poder Popular de Venezuela Servicio Autonomo, para la Comunicación y la Información Imprenta Nacional y Gaceta Oficial página original (tal como se publicó) [Página 110] 431.096 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 4 de octubre de 2016 DILE NO STUOLSHO SOT página original (tal como se publicó) [Página 111] Martes 4 de octubre de 2016 431.097 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AOUNID - MSW SUMARIO Crcejare e de Requisitos para solicitar Gaceta Certificada de Naturalización √El trámite es PERSONAL. En caso de no acudir la persona, un familiar deberá consignar autorización con parentesco hasta 3er grado de consanguinidad (Padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tíos o sobrinos). √En su defecto consignar poder debidamente autenticado. Síguenos en Twitter @oficialgaceta @moficialimprenta página original (tal como se publicó) [Página 112] Esta Gaceta contiene 112 páginas, costo equivalente a 45,25 % valor Unidad Tributaria AÑO CXLIII - MES XII Número 41.002 Caracas, martes 4 de octubre de 2016 @MiguelSMunoz IG @GacetaOficial GacetaOficial.io página original (tal como se publicó)