[Página 1] Resoluciones mediante las cuales se dan por terminadas las funciones de la ciudadana y los ciudadanos que en ellas se mencionan, como Cónsules Honorarios del Reino de Noruega en las ciudades que en ellas se especifican, con las circunscripciones que en ellas se señalan. Resoluciones mediante las cuales se participa la virtud de la participación realizada por la Embajada del Reino de Noruega en la República de Colombia, concurrente para la República Bolivariana de Venezuela, de la decisión de su Gobierno de suprimir el Consulado de ese País en las ciudades que en ellas se especifican. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS CENCOEX Providencia mediante la cual se establece la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), para el Ejercicio Económico Financiero 2016. Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Dinelna Pastora Rodríguez Reinoso, como Gerente General de Gestión Administrativa de la Unidad Administradora que en ella se menciona. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS INSAI Providencia mediante la cual se establecen los requisitos para el otorgamiento de los registros de productos de uso pecuario, agrícola vegetal, domésticos, salud pública e industrial, en sustitución de los registros emitidos por el extinto Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA). MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución N° 190, de fecha 08 de junio de 2016, donde se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se especifican, como Miembros del Equipo Rectoral de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos. Resoluciones mediante las cuales se reconocen los títulos otorgados a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se indican, de las Universidades e Institutos que en ellas se mencionan, por la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Fundación Conciencia Televisión Providencia mediante la cual se modifica el Artículo N° 1 de la Providencia Administrativa N° 003, de fecha 20 de mayo de 2015, donde se delega en el ciudadano Gustavo Enrique Castillo Mascareño, en su carácter de Presidente de esta Fundación, las atribuciones, firmas de actos y documentos que en ella se señalan. Fundación Misión Sucre Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Gladys María Torrealba Toro, como Coordinadora General del estado Aragua de esta Fundación, en calidad de Encargada. ABAE Providencia mediante la cual se delega en el Presidente (E), de este Organismo, ciudadano Víctor Hugo Cano Pacheco, las atribuciones que en ella se especifican. SUMARIO MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Y PARA LA DEFENSA Resolución Conjunta mediante la cual se establece que los Cuerpos de Policía de los municipios que en ella se mencionan del estado Nueva Esparta, actuarán o intervendrán previa autorización expresa y específica del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; y se designa a los ciudadanos Profesionales Militares que en ella se especifican, como Directores Generales de los municipios Mariño, Maneiro y Arismendi del estado Nueva Esparta, con motivo de la celebración de la XVII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL). MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES Resolución mediante la cual se procede a la publicación del Traspaso Presupuestario de Gastos Corrientes para Gastos de Capital de este Ministerio, por la cantidad que en ella se indica. Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Elvis José Urbina Pérez, como Embajador Representante Permanente Alterno, en la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), con sede en la Mitad del Mundo, República del Ecuador, responsable de la Unidad Administradora que en ella se menciona. Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Oriana José Torrivilla Barreto, como Directora de Planificación y Desarrollo de Personal, adscrita a la Oficina de Recursos Humanos de este Ministerio; y se le delega la firma de los actos y documentos concernientes a las atribuciones y actividades de esa Dirección que en ella se señala. Resolución mediante la cual se ordena la publicación de las Notas Verbales que constituyen el Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China, sobre la Facilitación de los Trámites de Visados para los ciudadanos amparados por los Acuerdos de Cooperación entre ambos países. Resolución mediante la cual se Encarga al ciudadano José Gregorio Zaccaro Mendoza, como Director (E) de Soberanía Territorial, adscrito a la Oficina de Fronteras de este Ministerio; y se le delega la firma de los actos y documentos que en ella se especifican. Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Alejandro Eleazar Carrasco Carrasco, como Director de Derecho, adscrito a la Consultoría Jurídica de este Ministerio; y se le delega la firma de los actos y documentos que en ella se mencionan. Resolución mediante la cual se nombra al ciudadano Alexis José Hernández Rivero, como Director de Demarcación, adscrito a la Oficina de Fronteras de este Ministerio; y se le delega la firma de los actos y documentos que en ella se señalan. Resolución mediante la cual se Encarga al ciudadano José Miguel Jaimes Vivas, como Director (E) de Asuntos Fronterizos, adscrito a la Oficina de Fronteras de este Ministerio; y se le delega la firma de los actos y documentos que en ella se especifican. AÑO CXLIII - MES XI Caracas, lunes 5 de septiembre de 2016 Número 40.981 @MiguelSMunoz IG @GacetaOficial GacetaOficial.io página original (tal como se publicó) [Página 2] MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Y PARA LA DEFENSA Providencia mediante la cual se delega la atribución y firma para la aprobación de los actos y documentos que impliquen la erogación de compromisos financieros y la movilización de fondos y gastos, con cargo al Presupuesto de este Organismo, a la ciudadana y ciudadanos que en ella se especifican, y de acuerdo con los mon­ tos que en ella se mencionan. SUSCERTE Providencias mediante las cuales se renueva la inscripción de las ciudadanas y el ciudadano que en ellas se indican, en el Registro de Auditores de esta Superintendencia. IDEA Decisión mediante la cual se declara la Responsabilidad Administrativa de la ciudadana Josefa del Rosario Briceño Hernández y al ciudadano Jorge Luis Gavidia Ávila. Auto Decisorio mediante el cual se declara la Responsabilidad Administrativa de la ciudadana Elizabeth Berroterán Gutiérrez. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO Resoluciones mediante las cuales se otorga la Condecoración Orden al Mérito en el Trabajo, a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES FUNDACREDESA Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Eduardo José Villasmil, como Jefe de Sección de Gestión de Personal, en calidad de Encargado, de esta Fundación. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Mariam Leidismir Martínez Suárez, como Directora Ejecutiva de la Fundación Librerías del Sur, ente adscrito a este Ministerio. Instituto del Patrimonio Cultural Providencia mediante la cual se declara Bien de Interés Cultural del Pueblo Chaima los Sitios Sagrados, la Etnocartografía Social y los Conocimientos Relacionados a sus Saberes, de los asentamientos de los municipios Caripe, Acosta, Piar y Punceres del estado Monagas, y los municipios Andrés Eloy Blanco y Rivero en el estado Sucre. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara nula de toda nulidad, carente de validez, existencia y eficacia la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 2.165, con Rango y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro, así como las Conexas y Auxiliares a Ésta, sancionada por la mayoría de los Diputados que integran la Asamblea Nacional, el 9 de agosto de 2016, por cuanto fue dictada en franco desacato de decisiones judiciales emanadas de este Máximo Tribunal de la República, sin que ello prejuzgue sobre otras posibles causales de nulidad por inconstitucionalidad, tanto de forma como de fondo, en las que pudiera estar incursa la referida Ley”. CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Resolución N° 160817-0144, mediante la cual se resuelve designar al ciudadano Juan Pablo José Moreno Escalona, titular de la cédula de identidad N° 17.873.627, para ocupar el cargo de Registrador Civil de Centros de Salud y Cementerios del Hospital Dr. Pastor Oropeza del estado Lara, adscrito a la Oficina Nacional de Registro Civil. Resolución N° 160829-0143, mediante la cual se resuelve designar a la ciudadana Judith Margarita Padrón, titular de la cédula de identidad N° 6.836.430, para ocupar el cargo de Registradora Civil de la Parroquia Cumbo del municipio Andrés Bello del estado Bolivariano de Miranda. MINISTERIO PÚBLICO Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Alexis Antonio Rísquez Monroy, como Jefe del Departamento de Archivo Central (E), de la Dirección de Secretaría General, adscrita a la Vicefiscalía. CONTRALORÍA DEL ESTADO PORTUGUESA Resolución mediante la cual se ajusta el monto de la Jubilación, al ciudadano Humberto Enrique Hidalgo Saavedra. 430.420 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 5 de septiembre de 2016 @MiguelSMunoz IG @GacetaOficial GacetaOficial.io página original (tal como se publicó) [Página 3] MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES Lunes 5 de septiembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 430.421 @MiguelSMunoz IG @GacetaOficial GacetaOficial.io página original (tal como se publicó) [Página 4] 430.422 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 30 de julio de 2013, que mantiene vigente los artículos 7 y 68 de la Ley de Servicio Exterior, los artículos 19, 20 numeral 6 de la Ley dei Estatuto de la Función Pública y el artícuio 36 numeral 3 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciunes Exteriores, así como lo previsto en los artículos 1 y 5 del Decreto N° 140 de f :ha 17 de septiembre de 1969, contentivo del Reglamento de Delegación de Firma :e los Ministros del Ejecutivo Nacional. Por cuanto el cargo de Director de Planificación y Desarrollo de Person:, adscrito a la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popuiar para Relaciones Exteriores es un cargo de Alto Nivel por sus funciones. RESUELVE Nombrar a la ciudaciana ORIANA JOSÉ TORRIVILLA BARRETO, titular de la cédula de identidad N° v- 16.142.317, como Directora de Planificación y Desarrolio de Personal, adscrita a la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y delegar !: Frma de los actos y documentos concernientes a las atribuciones y actividades de esa Dirección, los cuales se detallan a continuación: 1.- Oficios, Notas, Memoranda, Circulares e Instrucciones de 'servicio, radiogramas y telegramas para los Miembros de las Misiones Diplomáticas, Delegaciones y Oficinas Consulares de la República en el Exterior y Direcciones dependientes del Despacho. 2.. La Correspondencia fiscal y radiotelegráfica en respuesta a solicitudes relacionadas con asuntos inherentes a la Dirección a su'cargo. 3.- Comunicaciones para los Despachos del Ejecutivo Nacional y otros Organismos Públicos y Privados. Queda a salvo lo establecido en el artícuio 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y lo dispuesto en el articulo 3 del Reglamento de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacionai, publicado en la Gaceta Delegación . Oficial No. 29.025, de fecha 18 de septiembre de 1969, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada. De conformidad con el artículo 23 de la Ley Contra la Corrupción deberá presentar ia Declaración Jurada de Patrimonio y anexar fotocopia del comprobante emitido por la Contraloría General de República y consignarlo ante la Oficina de Recursos Humanos. Se instruye a la Oficina de Recursos Humanos para que notifique a la parte interesada, cumpliendo lo establecido en el artículo 73 de ia Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Comuníquese y Publíquese, DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓM Ministra del Poder Popular para Relaciones E &iones Decreto Nº 1.569 de fecha 26 de diciembre de! Gaceta Oficial N° 40.569 de fecha 26 de diciembre Decreto N° 2.181 del 06 de enero de 2016 Gaceta Oficial N° 40.824 de fecha 12 de enero de 2018 REFÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DE LA MINISTRA D M N° 105 Caracas,0 2 SEP 2016 N° 206°, 157° y 17° RESOLUCIÓN Por cuanto, en fechas 28 de abril de 2016 y 08 de julio de 2016, en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, se intercambiaron las Notas Verbales que constituyen el “Acuerdo entre el Gobierno de la República Boliv¿riana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre la Facilitación de los Trámites de Visados para los Ciudadanos Amparados por los Acuerdos de Cooperación entre Ambos Países", se ordena publicar el texto del mencionado Acuerdo. Comuníquese y publíquese, Delcy Eloina Rodríguez Gómez Ministi del Poder Popular para Relaciones Exteriores Lunes 5 de septiembre de 2016 €00068 DM N° Caracas. 2 8 ABR 2016 Su Excelencia: Tengo el honor de dirigirme a su Excelencia, tomando en cuenta las excelentes relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China y lo dispuesto en el Acuerdo de Cooperación suscrito entre ambos países en fecha 13 de mayo de 2013, presentar para la considera:ón de su Gobierno, un Acuerdo sobre la Facilitación de los trámites de visados para los ciudadanos amparados por los acuerdos de Cooperación entre Venezuela y China, en los términos siguientes: ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA SOBRE LA FACILITACIÓN DE LOS TRÁMITES DE VISADOS PARA LOS CIUDADANOS AMPARADOS POR LOS ACUERDOS DE COOP:RACION ENTRE AMBOS PAÍSES El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China, en adelanta denominados "las Partes": CON EL PROFósITO de fomentar las relaciones de amistad y la cooperación entre ambos paises y facilitar el traslado de sus ciudadanos; TENIENDo PREsENTE que la facilitación de los trámites de visado para los ciudadanos amparados por los Acuerdos de Cooperación entre ambos países contribuye al desarrollo en diversas áreas para ambas Partes; TENIENDO EN CUENTA el Acuerdo de Cooperación entre el Gobieino de la República Boiivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China; Acuerdan lo siguiente: A la Excelentísimo Señor Wang Yi Ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China ARTÍCULO I Las facilidades : que se refiere este Acuerdo sólo se aplicarán a aquellas personas consideradas como ejecutivos y técnicos de las empresas que participen en proyecios dirigidos a la ejecución de programas de cooperación, acordados en el marco de los Convenios de Cooperación Económica y Técnica entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China. A los fines del presente Acuerdo, se entiende por personal ejecutivo todo aquél cuyas labores estén enmarcadas en actividades supervisoras, de control, seguimiento y gestión del proyecto para el cual solicita visado. Por su lado, el personal técnico es aquel cuyas labores están directamente vinculadas a la ejecución del proyecto mediante la aplicación de los conocimientos y experticias propias del área del saber en la que se enmarca. Las Partes se comprometen a otorgar las siguientes facilidades: 1.- El otorgamiento de visados de Transeúnte de Negocios. por la Parte venezolana, y de visados "M", por la Parte china, ambas válidas por un período de un (1) año. La Parte venezolana otorgará visado de Transeúnte de Negocios vida por año. múltiples entradas, con un tiempo de permanencia de un (1) año, prorrogable dentro del territorio venezolano por un período igual, a cuyo vencimiento, en caso de ser necesario, sólo podrá ser solicitado un (1) nuevo visado ante las Secciones Consulares de la Embajacas o ante el respectivo Consulado en China. La Parte china otorgará visado "M" por un periodo de un (1) año múltiples entradas, con permanencia de 180 dias, prorrogable dentro del territorio chino por un (1) periodo igual, a cuyo vencimiento, en caso de ser necesario, sólo podrá ser solicitado un nuevo visado ante las Secciones Consulares de la Embajada o el Consulado de China en Venezuela. ARTÍCULO II A los efectos del'articuio ! de este Acuerdo, las Partes se obligan. a través de las empresas que ejecuten programas y proyectos de cooperación. a cumplir todos los requisitos legales y a presentar todos los recaudos documentales exigidos para el otorgamiento de los respectivos visados de Transeúnte de Negocios por la Parte venezolana. y de visados "M" por la Parte china. los cuales serán tramitados por dichas empresas ante las Secciones Consulares de las Embajadas o Consulados correspondientes. Una vez consignados los requisitos las visas deberán ser tramitadas a la brevedad en un plazo máximo de cinco (5) dias hábiles. ARTÍCULO III En el territorio. de la Parte venezolana. la renovación de los visados de Transeúnte de Negocios se efectuará ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, previa aprobación por parte del Ministerio del Pąder Popular para Relaciones Exteriores, para lo cual., las empresas encargadas de la ejecución de los programas y proyectos de cooperación, están obligadas a enviar al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores un listado de los ciudadanos que requieran renovar sus visados. página original (tal como se publicó) [Página 5] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 5 de septiembre de 2016 En el territorio de la Parte china la renovación de los visados "M" se efectuara ante el Ministerio de Seguridad Pública. ARTÍCULO IV Quedan excluidos del presente Acuerdo las personas que no posean el rango de Ejecutivos y Técnicos de las empresas que participen en proyectos dirigidos a la ejecución de programas de cooperación. En aquellos casos en los que sea necesario otorgar visados de entrada y permanencia a empleados no considerados personal ejecutivo o técnico: 1.- Las empresas de la Parte china deberán solicitar a la Parte venezolana e! visado de transeúnte labora!. una vez cumplidos los requisitos exigidos por el Ministerio de! Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo de la Repúbiica Bolivariana de Venezuela. 2.- Las empresas o entidades de la Parte venezolana deberán solicitar visado "M², una vez cumplidos los requisitos de las regulaciones de visa de la República Popula: China. ARTÍCULO V Concluidas las funciones para las cuales fueron contratados, los beneficiarios de las facilidades otorgadas mediante este Acuerdo, están obligados a retornar a su pais de origen y no podrán solicitar la condición de residente. ARTÍCULO VI Las Partes se brindarán asesoramiento mutuo e intercambiarán información por la vía diplomática, sobre aspectos relacionados con la ejecución del presente Acuerdo. ARTÍCULO VII Las diferencias y controversias que puedan surgir de la interpretación y ejecución del presente Acuerdo, serán resueltas por negociaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática. ARTÍCULO VIII Cualquiera de las Partes podrá solicitar por escrito, a través de la vía diplomática, la enmienda o modificación de este Acuerdo. Cualquier enmienda acordada mutuamente entrará en vigor sesenta (60) días después de haberse recibido la notificación escrita de aceptación de la Parte requerida. ARTÍCULO IX El presente Acuerdo tendrá una duración de cinco (5) años. automáticamente prorrogables por períodos sucesivos de cinco (5) años. si ninguna de ias Partes informa a la otra. por escrito y por la vía diplomática. su intención de terminario. con seis (6) meses de anticipación a la fecha de culminación del periodo conespondiente. Las Partes podran denunciar el presente Acuerdo, previa notificación escrita presentada a la otra Parte. por la via diplomática. La denuncia surtirá efectos noventa (90) dia: desp:és de haberse recibido la notificación escrita. La denuncia dei'presente Acuerdo no afectará los trámites de facilitación de visados que se encuentren en ejecución a menos que las Partes decidan lo contrario. Si el Gobierno de la República Popular China acepta los términos antes transcritos, esta Nota y la Nota de respuesta de Vuestra Excelencia constituirán un Acuerdo entre ambos Gobiernos, el cual entrará en vigor en la fecha de su Nota de respuesta, Hago propicia la ocasión para renovar a Vuestra Excelencia, las seguridades de mi estima y consideración. Delcy Eloina Rodríguez Gómez Ministra gPóder Popular para Relaciones Exteriores D f: 430.423 Gobierno Bolivariano de Venezuela Relaciones Exteriores Republica Popular Chins juventud (Traducción no oficial) Delcy Eloina Rodriguez Gómez Ministra del Poder popular para Relaciones Exteriores República Bolivariana de Venezuela Caracas Excelentísima señora Ministra: Tengo el honor de acusar a Su Excelencia el recibo de su Nota fechada el 28 de abril de 2016, cuyo contenido es corno sigue a continuación: "Tengo el honor de dirigirme a su Excelencia, tomando en cuenta las excelentes relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China y Io dispuesto en el Acuerdo de Cooperación suscrito entre ambos países en fecha 13 de mayo de 2013, presentar para la consideración de su Gobierno, un Acuerdo sobre la Facilitación de los trámites de visados para los ciudadanos amparados por los acuerdos de Cooperación entre Venezuela y China, en los términos siguientes: ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPUILAR CHINA SOBRE LA FACILITACIÓN DE LOS TRAMITES DE VISADOS PARA LOS CIUDADANOS AMPARADOS POR LOS ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE AMBOS PAÍSES El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China (en adelante denominados "las Partes"); Con el propósito de fomentar las relaciones de amistad y !a cooperación entre ambos países y facilitar el traslado de sus ciudadanos; Teniendo presente que la facilitación de los trámites de visado para los ciudadanos amparados por los Acuerdos de Cooperación entre ambos países contribuye al desarrollo en diversas áreas para ambas Partes; Teniendo en cuenta el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China; Acuerdan lo siguiente: ARTÍCULO I Las facilidades a que se refiere este Acuerdo sólo se aplicarán a aquellas personas consideradas como ejecutivos y técnicos de las empresas que participen en proyectos dirigidos a la ejecución de programas de cooperación, acordados en el marco de los Convenios de Cooperación Económica y técnica entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China. A los fines del presente Acuerdo, se entiende por personal ejecutivo todo aquel cuyas labores estén enmarcadas en actividades supervisoias, de control, seguimiento y gestión del proyecto para el cual solicita visado. Por su lado, el personal técnico es aquel cuyas labores están directamente vinculadas a la ejecución dei proyecto mediante la aplicación de los conocimientos y experticias propias del área del saber en que se enmarca. Las Partes se comprometen a otorgar las siguientes facilidades: 1. El otorgamiento de visados de Transeúntes de Negocios, por la Parte venezolana, y de visados "M", por la Parte china, ambas válidas por un período (io (1) año. 2. La Parte venezolana otorgará visado de Transeúnte de Negocios valida por un año, múltiples entras, con un tiempo de permanencia de un (1) año, prorrogable dentro del territorio venezolano por un periodo igual. a cuyo vencimiento, en caso de ser necesario, sólo podrá ser solicitado un nuevo visado ante las Secciones Consulares de la Embajada o ante el respectivo Consulado en China. 3. La Parte china otorgará visado "M" por un periodo de un (1) año, múltiples entradas, con permanencia de 183 días, prorrogable dentro del territorio chino por un (1) periodo igual, a cuyo vencimiento, en caso de ser necesario, sólo podrá ser solicitado nuevo visado ante las Secciones Consuiares de la Embajada o el Consulado de China en Venezuela. ARTÍCULO II A los efectos del artículo I de este Acuerdo, las Partes se obligan, a través de las empresas que ejecuten programas y proyectos de cooperación, a cumplir todos los requisitos legales y a presentar todos los recaudos documentales exigidos para el otorgamiento de los respectivos visados de Transeúnte de Negocios por la Parte venezolana, y de visados "M" por la Parte china, los cuales serán tramitados por dichas empresas ante las Secciones Consulares de las Embajadas o Consulados correspondientes. Una vez consignados los requisitos las visas deberán ser tramitadas a la brevedad en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. ARTÍCULO III En el territorio de la Parte venezolana, la renovación de los visados de Transeúnte de Negocios se efectuará ante e! Servicio Administrativo de página original (tal como se publicó) [Página 6] 430.424 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Identificación, Migración y Extranjeria (SAiME) del Ministerio del Poder Popuiar para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, previa aprobación por parte del Ministerio del Pi:der Popular para Relaciones Exteriores, para lo cual, las empresas encargadas de la ejecución de los programas y proyectos de cooperación, están obligadas a enviar al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores un listado de los ciudadanos que requieran renovar sus visados. En el Territorio de la Parte china la renovación de los visados "M" se efectuará ante el Ministerio de Seguridad Pública. ARTÍCULO IV Quedan excluidos del presente Acuerdo las personas que no posean el rango de Ejecutivos y Técnicos de las empresas que participen en proyectos dirigidos a la ejecución de programas de cooperación. En aquellos casos en los que sea necesario otorgar visados de entrada y permanencia a empleados no considerados personal ejecutivo o técnico. 1.- Las empresas de la Parte china deberán solicitar a la Parte venezolana el visado de transeúnte laboral, una vez cumplidos los requisitos exigidos por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo de la República: Bolivariana de Va:ezuela. 2.- Las empresas o entidades de la Parte venezolana deberán solicitar visado "M", una vez cumplidos los requisitos de lus regulaciones de visa de la República Popular China. ARTÍCULO V Concluidas las funciones para las cuales fueron contratados, los beneficiarios de las facilidades cotorgadas mediante este Acuerdo, están obligados a retornar a su país de origen y no podrán solicitar la condición de residente. ARTÍCULO VI Las Partes se brindarán asesoramiento mutuo e intercambiarán información por la vía diplomática, sobre aspectos relacionados con la ejecución del presente Acuerdo. ARTÍCULO VII Las diferencias y controversias que puedan surgir de la interpretación y ejecución del presente Acuerdo, serán resueltas por negociaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática. ARTÍCULO VIII Cualquiera de las Partes podrá solicitar por escrito, a través de la vía diplomática, la enmienda o :modificación de este Acuerdo. Cualquier enmienda acordar mutuamente entrará en vigor sesenta (60) días después de haberse recibido la notificación escrita de aceptación de la Parte requerida. ARTÍCULO IX El presente Acuerdo tendrá una duración de cinco (5) años, automáticamente prorrogables por períodos sucesivos de cinco (5) años, si ninguna de las Partes informa a la otra. por escrito y por la vía diplomática, su intención de terminarlo, con seis (6) meses de anticipación a la fecha de culminación del periodo correspondiente. Las Partes podrán denunciar el presente Acuerdo, previa notificación escrita presentada a la otra Parte, por la vía diplomática. La denuncia surtirá efectos noventa (90) días después de haberse recibido ia notificación escrita. La denuncia del presente Acuerdo no afectará los trámites de facilitación de visados que se encuentren en ejecución a menos que las Paites decidan lo contrario. Si el Gobierno de la República Popular China acepta los términos antes transcritos, esta Nota y la Nota de respuesta de Vuestra Excelencia constituirán un Acuerdo entre ambos Gobierno, el cual entrará en vigor en :a fecha de su Nota de respuesta. Hago propicia la ocasión para renovar a Vuestra Excelencia, las seguridades de mi estima y consideración." En nombre del Gobierno de la República Popular China confirmó y acepto el contenido de la Nota antes mencionada, la Nota de Vuestra Excelencia y la presente Nota de respuesta constituyen un Acuerdo entre ambos Gobierno, el cual entrará en vigor en la fecha de la presente Nota de respuesta. Hago propicia la ocasión para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi estima y consideración. Wang Yi Ministro de Relaciones Exteriores República Popular China Beijing, 7 de julio, 2016 Lunes 5 de septiembre de 2016 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DE LA MINISTRA DM N° 1 0 6 Caracas, 0 2 SEP 2016 206º 157º y 17° RESOLUCIÓN La Ciudadana DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ, titular de la CéGuia de identidad N° V-10.353.667, en su carácter de Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriore:, designada mediante Decreto Presidencial N° 1.569 de fecha 26 de diciembre de ¿:014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela I° -: 569 de fecha 26 de diciembre de 2914 y de acuerdo con €.l Decreto N° 2.181 ct! 06 de enero de 2016, publicado en Gaceta Cficial N° 40.825 de fecha 12 de enero de 2016, en concordancia con los artícuio 34, 65 y 73 numerales 2 y 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública publicada en la Gaceta Oficiai Extraordinaria Nº 6.147 del 17 de noviemnb:: de 2014, y con la Disposición Derogatoria Primera de la Ley Orgánica del Servici. Exterior, Publicada en la Gaceta Oficial No 40.217 de fecha 30 de julio de 2013, que mantiene vigente los artículos 7 y 68 de la Ley de Servicio Exterior, los artículos 19, 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de :a Función Pública y el artículo 36 nuuneral 3 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, ¿sí como lo previsto en los artículos 1 y 5 del Decreto N° 140 de Fecha 17 de septiembre de 1969, contentivo del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional. Por cuanto el cargo de Director de Soberanía Territorial, adscrito a la Oficina de Fronteras del Minis'-rio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, es un cargo de Alto Nivel por sus funciones. RESUELVE Encargar al Ciudadano JOSÉ GREGORIO ZACCARO MENDOZA, titular de la cédula de identid:1 N° V- 5.568.190, como Director (E) de Soberanía Territorial, adscri'. : a la Oficina de Fronteras del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exterio!es y delegar la firma de los actos y documentos concernientes a las atribuciones y actividades de esa Dirección, los cuales se detallan a continuación: 1.- Oficios, Notas, Memcranda, Circulares e Instruccic-nes de servicio, radiogramas y telegramas para ios Miembros de las Misiones Diplomáticas, Delegaciones y Oficinas Consu'ares: de la República en el Exterior y Direcciones dependientes del Despacho. 2.-. La Correspon:ncia fiscal y ragiotelegráfic.: en respuesta: e Solicitudes: relacionadas con asur:tos inherentes a la Dirección a su cargo. 3.- Comunicacione.: para los Despachos del Ejecutivo "acional y otro: Organismos Públicos y Privados. Queda a salvo fo establecido en el artícuio 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y lo dispuesto en ei artículo 3 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, publicado en la Gaceta Oficial No. 29.025, de fecha 18 de septiembre de 1969, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada. De conformidad con el artículo 23 de la Ley Contra la Corrupción deberá presentar la Declaración Jurada de Patrimonio y anexar fotocopia del comprobante emitido por la Contraloría General de Repúbiica y consignarlo ante la Oficina de Recursos Humanos. Se instruye a fa Oficina de Recursos Humanos para que notifique a la parte interesada, cumpliendo lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimiertos Administrativos. Comuníquese y Publíquese, DELCY ELOÍNA RODRIGUEZ GÓM Ministra del Poder Popular para Relaciones Ex Decreto Nº 1.569 de fecha 26 ce diciembre de 2 Gaceta Oficiai Nº 40.569 de fecha 26 de diciembre de E LAR PASA Decreto N° 2.181 del 06 de enero de 2016 Gaceta Oficial N° 40.824 de fecha 12 de enero de 201.6. página original (tal como se publicó) [Página 7] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 5 de septiembre de 2016 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DE LA MINISTRA DM N° 1 07 Caracas, 0 2 SEP 2016 206º 157° y 17° RESOLUCIÓN La ciudadana DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ, titular de la céduia de identidad N° V.- 10.353.667, en su carácter de Ministra del Pcder Popular para Relaciones Exterio».s, designada mediante Decreto Presidencial N° 1.569 de fecha 26 de diciemnore de 2014, publicado en la Gaceta Oficia! de la República Bolivariana de Ve. :zuela N° 40.569 de fecha 26 de diciembre cie 2014 y de acuerdo con el Dec:eto N° 2.181 del 06 de enero de 2016, publicado en Gaceta Oficial N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016, en concordancia con los artículo 34, 65 y 78 numerales 2 y 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica (e ka Administración Pública publicada en la Gaceta Oficial N° 6.147 Extraordinario del 17 de noviembre de 2014, y con la Disposicićn Derogatoria Primera de la Ley C:gánica del Servicio Exterior, Publicada en la Gaceta Oficial N° 40.217 de fecha 30 de julio de 2013, que mantiene vigente los artic•..3 7 y 68 de la Ley de Servicio Exterior, los artículos 19, 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el artículo 36 numeral 3 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Pode: Popular para Relaciones Exteriores, así como lo previsto en los articulos 1 y 5 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969. contentivo del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional. Por cuanto el carg.. de Director de Derecho, adscrit- a la Consulloría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores es un cargo de Alto Nivei por sus funciones. RESUELVE Nombrar al ciudacikino ALEJANDRO ELEAZAR CARRASCO CARRASCO, titular de la cédula de ide tidad N° V.- 10.817.357, como Director de Derecho, adscrito a la Consultoría Juric:ca del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores a partir de la fecna ce su notificación, y delegar la firma de los actos y documentos concernientes a las atribuciones y actividades de esa Consultoria, los cuales se detallan a continuación: 1.- Oficios, Nota o, Pemoranda, Circulares e Instrucciones de servi:io, radiogramas y telegramas para .os Miembros de las Misiones f'plomáticas, Oelegaciones y Oficinas Consulares -¿e la República en ei Exterior y Direcciones dependientes del Despacho. 2.. La Correspondencia fiscal y radiotelegráfica en respuesta a solicitudes relacionadas con asuntos inherentes a la Dirección a su cargo. 3. Comunicaciones para los Despachos del Ejecutivo Nacional y otros Organismos Púbricos y Privados. Queda a salvo lo establecido en el articulo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y lo dispuesto en el articuio 3 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacionai, publicado en la Gaceta Oficial No. 29.025, de fecha 18 de septiembre de 1969, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada. De conformidad con el articulo 23 de la Ley Contra la Corrupción deberá presentar la Declaración jurada de Patrimonio y anexar fotocopia del comprobante emitido por la Coni.. ..¡ia General de República y consignario ante la Oficina de Recursos Humanos. Se instruye a la Oficina de Recursos Humanos para que notifique a la parte interesada, cumpliendo lo establecido en el articuio 73 de la f.ey Orgánica de Procedimientos Administrativos. Comuníquese y Publiquese, DELCY ELOÍNA RODRIGUEZ GÓMEZ Minjstra del Poder Popular para Relaciónes Extericres Decreto N° 1.569 de fecha 26 de diciembre de 2014 Gacla.Oficial N° 40.569 de fecha 26 de diciembre de 2014 Decreto N° 2.181 del 06 de enero de 2016 Gaceta Oficial N° 40.824 de fecha 12 dte enero de 2016. 430.425 R:PÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE! PODER POF SLAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DE LA MINISTRA DM N°1 0 8 Caracas, 0 2 SEP 2016 206º 157º y 17° RESOLUCIÓN La Ciudadana DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ, titular de la cédula cie identidad N° v-10.353.667, en su carácter de Ministra del Pode: 7pular para Relaciones Exteriores, designada mediante Decreto Presidencial N° 1.569 de fecha 26 de diciembre de 2.914, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 4ý.569 de fecha 26 de diciembre de 2014 y de acuerdo con el Decreto N° 2.181 cc.i 06 de enero de 2016, publicado en Gaceta Oficial N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016, en concordancia con los artículo 34, 65 y 78 numerales 2 y 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública publicada en la Gaceta Oficial Extracrdinaria Nº 6.147 del 17 de noviembre de 2014, y con la Disposición Derogatoria Primera de la Ley Orgánica del Servi-i Exterior, Publicada en la Gaceta Oficial N° 40.217 de fecha 30 de julio de 2ū13. que mantiene vigente los artículos.7 y 68 de la !.ey de Servicio Exterior, los artículo: 19, 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el artículo 36 numeral 3 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, así como lo previsto en los artíc.ulos 1 y 5 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, contentivo cei :egiamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional. Por cuanto el cargo de Director de Demarcación, adscrito a- la Oficina de Fronteras del Minisicrio del Poder Popular para Relaciones Extericie:. s un cargo de Alto Nivel por sus funciones. RESUELVE Nombrar al ciudadano ALEXIS JOSÉ HERNÁNDEZ RIVERO, titular de la cécula de identidad N° V-7.351.455, como Director de Demarcación, adscrito a la Oficina de Fronteras del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y delegar la firma de los actos y documentos concernientes a las atribuciones y actividades de esa & :rección, los cuales se detallan a continuación: 1.- Oficios, Notas, Èmemoranda, Circulares e Instrucciones de servicio, radiogramas y telegramas. para los Miembros de las Misiones Diplomáticas, Delegaciones y Oficinas Consulares de la República en el Exterior y Direcciones dependientes de! Despacho. 2.-. La Correspondencia fiscal y radiotelegráfica. en respuesta. a solicituri-s relacionadas con asuntos inherentes a la Dirección a s:1 argo 3.- Comunicaciones para los Despachos del Ejecutivo Nacional y c;os Organismos Públicos y Privados. Queda a salvo lo establecido en ei artículo 35 de ia Ley Orgánica de la Administración Pública y lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, publicado en la Gaceta Oficial No. 29.025, de fecha 18 de septiembre de 1969, respecto de los actos y documentos cuya rma no puede ser delegada. De conformidad cor: el artículo 23 de ia Ley Contra la Corrupción deberá presentar la Declaración Jurada de Patrimonio y anexar fotocopia dei comprobante emitido por la Contraloría Generai de República y consignario ante la Oficina de Recursos Humanos. Se instruye la Oficina de Recursos Humanos para que notifique a la parte interesada, cumpl:ndo lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Comuníquese y Publíquese, ¿DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ uistradel Poder Popular para Relaciones Exteriores aceta Oficial No 40.569 de fecha 26 de diciembre de 2014 Decreto N° 2.181 del 06 de enero de 2016 Gaceta Oficial N° 40.824 de fecha 12 de enero de 2016. página original (tal como se publicó) [Página 8] 430.426 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REFÚBLICA BOLIVARIANA DE VÉNEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DE LA MINISTRA DM N°1 0 9 Caracas, 0 2 SP 2016 206º 157º y 17° RESOLUCIÓN La ciudadana DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ, titular de la cédula de Relaciones Exteriores, designada mediante Decreto Presidencial N° 1.569 de fecha 26 de diciembre de 2014, publicado en la Gaceta Ofidial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.569 de fecha 26 de diciembre ge 2014 y de acuerdo con el Decreto N° 2.181 del 06 de enero de 2016, publicadg en Gaceta Oficial N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016, en concordancia n los artículo 34, 65 y 78 numerales 2 y 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Všlor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública publicada en la Gaceta 0ficial Extraordinaria N° 6.147 del 17 de noviembre de 2014, y con la Disposición $erogatcria Primera de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, Pubiicada en la Gaceca Oficial Nº 40.?:7 de fecha 30 de julio de 2013, que mantiene vigente los artículø$ 7 y 68 de la Ley de Servicio Exterior, los artículos 19, 20 numeral 6 de la Ley del estatuto de la Función Pública y el artícuio 36 n:imeral 3 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Pouer Popular para Relaciones Exteriores, así como lo previsto en los artículos 1 y 5 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, contentivo del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Naßional. Por cuanto el cargo de Director de Asuntos Fronterizos, adscrito a la Oficina de Fronteras del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, es un cargo de Alto Nivel por sus funciones. RESUELVE Encargar al ciudadano JOSÉ MIGUEL JAIMES vIVAS, titular de la cédula de identidad N° V- 6.440.104, como Director (E) de Asuntos Fronterizos, adscrito a la Oficina de Fronteras del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y delegar la firma de los actos y documentos concernientes a las atribuciones y actividades de esa Dirección, los cuale$ se detallan a continuación: 1.- Oficios, Notas, Memoranda, Circulares e Instrucciones de servicio, radiogramas y telegramas para los Miembros de las Misiones diplomáticas, Delegaciones y Oficinas Consulares de la Repú5lica en el Exterior y Direcciones dependientes de! Despacho. 2.-. La Correspondencia fiscal y radiotelegráfica en respuesta a solicitudes relacionadas c:. 1 asunto:s inherente; a la Dirección a F. cargo. 3.- Comunicaciones r ara los Despachos del Ejecutivo Naciong. y 5: os Organismo: Públicos y Privados. Administración Pública y lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, pubiicado en la Gaceta Oficial No. 29.025, de fecha| 18 de septiembre de 1969, respecto de los actos y documentos cuya firma no puéde ser delegada. De conformidad con el artículø 23 de la Ley Contra la Corrupción deberá presentar la Declaración Jurada de Patrimonio y anexar fotocopia del comprobante emitido por la Contraloría General de República y consignario ante la Oficina de Recursos Humanos. Se instruye a la Oficina de Recursos Humanos para que notifique a la parte interesada, cumpliendo lo e$tablecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo$. Chmuníquese y Publíquese, CY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ aceta Oficial No 40.569 de fecha 26 de diciembre de 2014 Decretp N° 2.181 dei 06 de enero de 2016 Gaceta Oficial N° 40.824 de fecha 12 de enero de 2016. Lunes 5 de septiembre de 2016 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MENISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DE LA MINISTRA 6 6 0 oN Wa Caracas, 0 2 SEP 2016 206º 157º y 17° RESOLUCIÓN La ciudadana DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.353.667, en su carácter de Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, debidamente designada mediante Decreto Presidencial N° 1.56,9 del 26 de diciembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.569 de la misma fecha, y de acuerdo con el Decreto N° 2181 del 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 del 12 de enero de 2016, en ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.147 del 17 de noviembre de 2014: en concordancia con el artículo 31 del Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.865 del 09 de marzo de 2016, y de acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 25 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. RESUELVE PRIMEro: En virtud de la participación realizada por la Embajada del Reino de Noruega en la República de Colombia, concurrente en la República Bolivariana de Venezuela, dar por terminadas las funciones del ciudadano JoSE ALFONSo ROVELLI, como Cónsul Honorario del Reino de Noruega en la ciudad de La Guaira, con circunscripción consular en el estado Vargas. sEGunDo: Notificar a las autoridades competentes del cese de funciones del ciudadano JOSE ALFONSO ROVELLI, como Cónsul Honorario del Reino de Noruega en la ciudad de La Guaira, con circunscripción consular en» el estado Vargas, y de los privilegios e inmunidades consulares, de conformidad con el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. TERcEro: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicaciéa-en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES Decreto º 1.569 de fecha 26 de diciembre de 2014 publicado en Gaceia Oficial Nº 40.569 de fecha 26 de diciembre de 2014 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES a DESPACHO DE LA MINISTRA DM Nº 101 Caracas, 0 2 SEP 2016 206º 157º y 17° RESOLUCIÓN La ciudadana DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GóMEZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.353.667, en su carácter de Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, debidamente designada mediante Decreto Presidencial N° 1.569 del 26 de diciembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.569 de la misma fecha, y de acuerdo con el Decreto N° 2181 del 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 del 12 página original (tal como se publicó) [Página 9] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 5 de septiembre de 2016 de enero de 2016, en ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.147 del 17 de noviembre de 2014, en concordancia con el artículo 31 del Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la' República Bolivariana de Venezuela N° 40.865 del 09 de marzo de 2016, y de 'acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 25 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. RESUELVE PRIMEro: En virtud de la participación realizada por la Embajada del Reino de Noruega en la República de Colombia, concurrente en la República Bolivariana de Venezuela, dar por terminadas las funciones de la ciudadana VERA ARLENE JÓHNSEN DE SOL, como Cónsul Honorario del Reino de Noruega en la ciudad de Puerto La Cruz, con circunscripción consular en los estados Anzoátegui y Nueva Esparta. sEGunDo: Notificar a las autoridades competentes del cese de funciones de la ciudadana VERA ARLENE JOHNSEN DE SOL, COmo CónSul Honorario del Reino de Noruega en la ciudad de Puerto La Cruz, con circunscripción consular en los estados Anzoátegui y Nueva Esparta, y de ios privilegios e inmunidades consulares, de conformidad con el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. TERcEro: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la_ Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publiquese, DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ MINISTRAODEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES ér1.569 de fecha 26 de diciembre de 2014 publicado en "Gaceta Oficial Nº 40.569 de fecha 26 de diciembre de 2014 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DE LA MINISTRA DM N° 1 0 0 Caracas, 0 2 SEP 2016 206º 157º y 17° RESOLUCIÓN La ciudadana DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.353.667, en su carácter de Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, debidamente designada mediante Decreto Presidencial N° 1.569 del 26 de diciembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.569 de la misma fecha, y de acuerdo con el Decreto N° 2181 del 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 del 12 de enero de 2016, en ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.147 del 17 de noviembre de 2014, en concordancia con el artículo 31 del Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Naciona!, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.865 del 09 de marzo de 2016, y de acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 25 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. RESUELVE PRIMEro: En virtud de la participación realizada por la Embajada del Reinc de Noruega en la República de Colombia, concurrente en la República Bolivariana de Venezuela, dar por terminadas las funciones del ciudadano FERNANDO JOSÉ BELLOSO BELLOSO, como Cónsul Honorario del Reino de Noruega en la ciudad de Maracaibo, con circunscripción consular en el estado Zulia. 430.427 sEGunpo: Notificar a las autoridades competentes del cese de funciones del CiudadanO FERNANDO JOSÉ BELLOSO BELLOSO, COmO CónSUI . Honorario del Reino de Noruega en la ciudad de Maracaibo, con circunscripción consular en el estado Zulia, y de los privilegios e inmunidades consulares, de conformidad con el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. TERcEro: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquesg DELCY ELOÍNA RODRIGUEZ GÓMEZ MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES creto 9 de fecha 26 de diciembre de 2014 publicado en Gaeetficial No 40.569 de fecha 26 de diciembre de 2014 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DE LA MINISTRA DM N° 1 0 2 Caracas, 0 2 SEP 2016 2060 157º y 17° RESOLUCIÓN La ciudadana DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GóMEZ, titular de la cédula de identidad N° v-10.353.667, en su carácter de Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, debidamente designada mediante Decreto Presidencial N° 1.569 del 26 de diciembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.569 de la misma fecha, y de acuerdo con el Decreto N° 2181 del 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 del 12 de enero de 2016, en ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria No 6.147 del 17 de noviembre de 2014, en concordancia con el artículo 31 dei Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.865 del 09 de marzo de 2016, y de acuerdo con lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. RESUELVE PRIMERo: En virtud de la participación realizada por la Embajada del Reino de Noruega en la República de Colombia, concurrente para la República Bolivariana de Venezuela, de la decisión de su Gobierno de suprimir el Consulado Honorario de ese país en la ciudad de La Guaira, con circunscripción consular en el estado Vargas, otorgar el consentimiento para la supresión del mencionado Consulado Honorario. sEGun o: Notificar a las autoridades competentes acerca de la supresión del Consulado Honorario del Reino de Noruega en la ciudad de La Guaira, y de las facilidades, privilegios e inmunidades relativos a las Oficinas Consulares, de conformidad con los artículos 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. TERcEro: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. UVARLANA ComuníquesPublíqu DELELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ MINISTRA DELROBER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES Deretos9 de fecha 26 de diciembre de 2014 publicado en Gaceta-Oficial N° 40.569 de fecha 26 de diciembre de 2014 página original (tal como se publicó) [Página 10] 430.428 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DE LA MINISTRA DM N° 103 Caracas, 0 2 SEP 2016 206° 157º y 17° RESOLUCIÓN La ciudadana DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.353.667, en su carácter de Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, debidamente designada mediante Decreto Presidencial N° 1.569 del 26 de diciembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.569 de la misma fecha, y de acuerdo con el Decreto N° 2181 del 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 del 12 de enero de 2016, en ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública publicada en la Gaceta Oficia! de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria No 6.147 del 17 de noviembre de 2014, en concordancia con el artículo 31 del Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 40.865 del 09 de marzo de 2016, y de acuerdo con lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. RESUELVE PRIMERo: En virtud de la participación realizada por la Embajada del Reino de Noruega en la República de Colombia, concurrente en la República Bolivariana de Venezuela, de la decisión de su Gobierno de suprimir el Consulado Honorario de ese país en la ciudad de Maracaibo, con circunscripción consular en el estado Zulia, otorgar el consentimiento para la supresión del mencionado Consulado Honorario. SEGunpo: Notificar a las autoridades competentes acerca de la supresión del Consulado Honorario del Reino de Noruega en la ciudad de Maracaibo, y de las facilidades, privilegios e inmunidades relativos a las Oficinas Consulares, de conformidad con los artículos 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. TERcEro: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquesey Publíquese, DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES éf6 3 1.569 de fecha 26 de diciembre de 2014 publicado en Gâccta Oficial Nº 40.569 de fecha 26 de diciembre de 2014 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DE LA MINISTRA DM No 1 0 4 Caracas, 0 2 SEP 2016 206º 157º y 17° RESOLUCIÓN La ciudadana DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GóMEZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.353.667, en su carácter de Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, debidamente designada mediante Decreto Presidencial N° 1.569 del 26 de diciembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.569 de la misma fecha, y de acuerdo con el Decreto N° 2181 del 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 del 12 de enero de 2016, en ejercicio de las atribuciones que le. confiere los artícuios 65 y 78 numeral 19 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública publicada en la . Lunes 5 de septiembre de 2016 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria No 6.147 del 17 de noviembre de 2014, en concordancia con el artículo 31 del Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, publicado eri la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.865 del 09 de marzo de 2016, y de acuerdo con lo establecido en la Convención de Viena sobre Refaciones Consulares de 1963. RESUELVE PRIMEro: En virtud de la participación realizada por la Embajada del Reino de Noruega en la República de Colombia concurrente para la República Bolivariana de Venezuela, de la decisión de su Gobierno de suprimir el Consulado Honorario de ese país en la ciudad de Puerto La Cruz, con circunscripción consular en los estados Anzoátegui y Nueva Esparta, otorgar el consentimiento para la supresión del mencionado Consulado Honorario. sEGunDo: Notificar a las autoridades competentes acerca de la supresión del Consulado Hono:ario del Reino de Noruega en la ciudad de Puerto La Cruz, y de las facilidades, privilegios e inmunidades relativos a las Oficinas Consulares, de conformidad con los artículos 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. TERcEro: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. AnA Comuníquese y Puubliquese, DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES r1.5G9 de fecha 26 de diciembre de 2014 publicado en o Oficial N° 40.569 de fecha 26 de diciembre de 2014 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALABANCAYFINANZAS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) Año 206°, 157° y 17° Providencia N° 015 N° CENCOEX/GGGA/2016-0001 El Presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.210 Extraordinario, de fecha 30 de diciembre de 2015, y en los artículos 48, 49 y 51 del Reglamento N° 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 Extraordinario, de fecha 12 de agosto de 2005, resuelve dictar la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA POR MEDIO DEL CUAL SE DICTA LA ESTRUCTURA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX) PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2016. Artículo 1. Se dicta la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEx), para el Ejercicio Económico Financiero 2016, la cual quedará conformada de la siguiente manera: Unidad Administradora Central 00001 Gerencia General de Gestión Administrativa página original (tal como se publicó) [Página 11] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 5 de septiembre de 2016 Artículo 2. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir del inicio de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ejercicio Económico Financiero 2016. Dado en Caracas, a tōs:4das del mes de Enero de 2016. ROCCO AUBISINNI SERRANO Presidente xdakeentro Nacional de Comercio Exterior Decreto No.585 de fecha 04/01/2015 Gaeta Oficiaf No 40.573 de fecha 05/01/2015 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA BANCA Y FINANZAS República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) Año 206o, 157° y 170 Providencia N° 016 N° CENCOEX/GGGA/2016-0002 El Presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCoEX), actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Reglamento N° 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 Extraordinario, de fecha 12 de agosto de 2005, designo a la ciudadana que en ella se menciona como funcionaria responsable de la Unidad Administradora Central, para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos 2016 del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), como se indica: UNIDAD ADMINISTRADORA CENTRAL CÉDULA N° DE UNIDAD NOMBRES Y DE CARGO ADMINISTRADO IDENTIDA APELLIDOS RA D GERENTE GENERAL DE DINELNA PASTORA GESTIÓN 00001 7.927.394 RODRÍGUEZ REINOSO ADMINISTRATIVA (E) Dado en Caracas, a los 4 días del mes de enero de 2016. Comuníquese y publíquese ROCCO ALBISINNI SERRANO Presidente (E)del-Cenfro Nacional de Comercio Exterior Depretocno/585 de fecha 04/01/2015 Gaceta Oficial 40.573 de fecha 05/01/2015 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALAAGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (INSAI). DESPACHO DE LA PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA INSAI N° 023/2016 CARACAS, 24 DE AGOSTO DE 2016. AÑO 2060, 157° y 170 Por cuanto, las leyes y normas de la República Bolivariana de Venezuela establecen los fundamentos y orientaciones para la construcción del Socialismo Bolivariano, donde la Salud Agrícola Integral, guarda coherencia con el Segundo Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013- 2019, Por cuanto, la Salud Agrícola Integral es entendida como la salud primaria de animales, vegetales, productos y subproductos de ambos orígenes, suelo, agua, aire, personas y la estrecha relación entre cada uno de ellos, 430.429 incorporando principios de la ciencia agroecológica que promuevan la participación popular activa y protagónica para consolidar la soberanía y seguridad alimentaria, Por cuanto, la Ley de Salud Agrícola Integral, en el Capítulo V, establece la responsabilidad del Ejecutivo Nacional, a través de sus órganos y entes competentes de vigilar, controlar, inspeccionar y fiscalizar el cumplimiento de las normas técnicas de salud agrícola integral que regulen las actividades de fabricación o elaboración de productos de origen vegetal, animal, acuícola, pesquero, forestal, biológico y químico para la salud agrícola integral, tales como plaguicidas de uso agrícola, pecuario, doméstico de salud pública e industrial, fertilizantes y alimentos para animales, entre otros Quien suscribe, Tibisay León Castro, actuando en mi carácter de Presidenta del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), designada mediante Decreto N° 2.221 de fecha 03 de febrero de 2016, emanado de la Presidencia de la República, Publicada en la Gaceta Oficial Nº 40.842 de fecha 03 de Febrero de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, los artículos 11 y 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, y los artículos 9 y 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.149 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014; en el uso de las facultades conferidas en los artículos 33, 34, 35 y 61 numerales 3, 8 y 9 del Decreto N° 6.129 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Salud Agrícola Integral de fecha 03 de junio de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, y el artículo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. La presente Providencia Administrativa tiene por objeto regular el procedimiento y establecer los requisitos para el otorgamiento de los registros de productos de uso pecuario, agrícola vegetal, doméstico, salud Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA). Artículo 2. Los productos que a continuación se mencionan constituyen el objeto de regulación de la presente Providencia Administrativa: a. Plaguicidas químicos en los ámbitos de uso agrícola, doméstico, salud pública e industrial. b. Materia prima para formular plaguicidas y materia prima para formular fertilizantes. c. Biocontroladores, biofertilizantes, enmiendas, acondicionadores de pH, extractos vegetales con propiedades plaguicidas; reguladores y estimulantes fertilizantes, surfactantes, adherentes, de crecimiento, sustratos, coadyuvantes y cualquier otro producto de uso agrícola vegetal. d. Biológicos de uso animal, plaguicidas, diagnosticadores, inmunógenos, antisépticos, cosméticos y desinfectantes de uso pecuario, así como cualquier otro de uso anima!. e. Alimentos balanceados para consumo animal (ABA), premezclas, materias primas; así como medicamentos, minerales y vitaminas de uso Animal. Artículo 3. Para la obtención del Registro a que se contrae la presente Providencia Administrativa, los interesados e interesadas deberán consignar dentro de los dos (02) meses siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, los requisitos que a continuación se indican: Para los productos establecidos en el literal a del artículo anterior: 1. Copia del Registro emitido por el extinto Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA) respecto al producto y copia de los oficios emitidos por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), con las modificaciones post-registro aprobadas. 2. Certificado de composición emitido por la empresa formuladora. 3. Evaluación de Impacto Ambiental con su respectivo Plan de Manejo Ambiental. 4. Etiqueta del producto, de acuerdo al formato pre-establecido por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI). Para los productos establecidos en los literales b y c del artículo anterior: 1. Copia del Registro emitido por el extinto Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA) respecto al producto y copia de los oficios emitidos por :.Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) con las modificaciones post-registro aprobadas. 2. Certificado de composición emitido por la empresa fabricante (materia prima) o empresa formuladora (producto formulado). página original (tal como se publicó) [Página 12] 430.430 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 3. Etiqueta del producto, de acuerdo al formato pre-establecido por Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI). Para los productos establecidos en los literales d y e del artículo anterior: 1. Copia del Registro emitido por el extinto Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA) respecto al producto y copia de los oficios emitidos por Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) con las modificaciones post-registro aprobadas. 2. Ficha técnica del producto. 3. Certificado de libre venta (para productos importados). 4. Control de Calidad del producto emitido por la empresa fabricante. 5. Etiqueta del producto de acuerdo al formato pre-establecido por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI). Artículo 4. El Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), emitirá el Registro de los productos correspondientes a los literales c, b y d del artículo 2 de la presente Providencia Administrativa antes del 28 de Febrero de 2017; mientras que los productos correspondientes a los literales a y e del mismo artículo, se emitirán antes del 31 de Agosto de 2017. Hasta tanto se emitan los registros de productos a que se refiere la presente Providencia Administrativa, continuarán vigentes los registros emitidos por el extinto Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA). Artículo 5. Se restringe a nivel nacional la comercialización y el uso de los productos clasificados como altamente tóxicos (Ib) y extremadamente tóxicos (Ia), así como los pertenecientes al grupo de los neonicotinoides. Dichos productos sólo podrán ser utilizados bajo estricta prescripción técnica, emitida por un profesional de la salud agrícola integral (Ingenieros Agrónomos o Médicos Veterinarios, este último en caso de que vayan a ser usados en instalaciones con animales), debidamente registrado por ante el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), quien será responsable de su uso y aplicación de acuerdo ai protocolo autorizado para el registro de producto. Los responsables de la comercialización o expendio de los productos antes referidos deberán reportar mensualmente al Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) la información de los profesionales y usuarios que prescriban o adquieran este tipo de productos, así como los inventarios de los mismos, a través de la consignación de las prescripciones técnicas, emitidas por el profesional de la salud agrícola integral. Artículo 6. Se restringe la fabricación, importación, comercialización y expendio de medicamentos para uso veterinario que siendo administrados indiscriminadamente en animales destinados al consumo humano, representen un riesgo por su efecto residual en organismos humanos; o, tengan efectos abortivos, controladores de la conducta humana o psicotrópicos. Los medicamentos antes citados podrán ser registrados con fines terapéuticos y zootécnicos; y utilizados bajo estricta prescripción facultativa, emitida por médicos veterinarios, debidamente colegiados y registrados por ante el Registro Único Nacional de Salud Agrícola Integral (RUNSAI) y el Ministerio del Poder Popular para la Salud, quienes serán responsables de su uso, de acuerdo a la autorización contemplada en el producto o en las etiquetas. Los responsables de la comercialización o expendio de los productos antes referidos deberán reportar mensualmente al Instituto Nacional. de Salud Agrícola Integral (INSAI), la información de los profesionales y usuarios que prescriban y/o adquieran este tipo de productos, así como los inventarios de los mismos, a través de la consignación de las prescripciones técnicas, emitidas por el profesional de la salud agrícola integral. Artículo 7. Se prohibe la importación, fabricación, formulación, comercialización, distribución, expendio y uso de los siguientes productos: a. Plaguicidas cuyos principios activos sean a base de hexaclorociclohexano. b. Productos de uso pecuario, acuícola y pesquero, cuyos ingredientes activos o grupos químicos sean organoclorados, clembuterol, estricnina y nitrofuranos. c. Productos de uso agrícola en cuya composición contenga endosulfán, paratión metálico, paratión etílico, monocrotofos, azinfos-metil, triazofós, carbofuran, metamidofos, sulfuramida, diclorvos (DDvP) y aldicarb. d. Medicamentos para uso veterinario, utilizados para la estimulación del crecimiento o engorde en animales destinados al consumo humano, que incluyan en su formulación sustancias de efecto hormonal estrogénico y de acción tireostático, anabólicos hormonales endógenos o naturales, como tales o modificados químicamente, así como aquellos que incluyan sustancias de acción anabólico, estrogénica o androgénica y gestágena de origen exógeno, todos considerados aisladamente o en combinación y en forma de implante. zootécnicos los cuales deberán ser utilizados bajo estricta prescripción facultativa por parte de médicos veterinarios debidamente colegiados y registrados por ante el Registro Único Nacional de Salud Agrícola Integral (RUNSAI), quienes serán responsables de su uso de acuerdo a la autorización contemplada en el producto o en las etiquetas; los laboratorios, distribuidores y expendios de dichos medicamentos deberán suministrar al Instituto Nacional Lunes 5 de septiembre de 2016 de Salud Agrícoia Integral (INSAI), la información de los profesionales y usuarios que prescriban y/o adquieran este tipo de productos. e. Tratamientos terapéuticos con sustancias beta-agonistas para los animales de producción, incluyendo los animales de reproducción al final de su vida fértil. consumo humano. Estos productos podrán ser utilizados en los caninos y felinos, bajo estricta prescripción facultativa por parte de médicos veterinarios registrados por ante el Registro Único Nacional de Salud Agrícola. Integral (RUNSAI), quienes serán responsables de su uso de acuerdo a la autorización contemplada en el registro de producto. Artículo 8. El Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), realizará las inspecciones pertinentes con la finalidad de verificar la eficacia de los productos objeto de la presente Providencia Administrativa, de igual manera podrá revocar los registros de los productos que hayan perdido la eficacia o que no cumplan con los requisitos establecidos. Artículo 9. Los trámites que ante instituciones públicas se inicien hasta las fechas indicadas en el artículo 4 de la presente Providencia Administrativa, consignando Registros emitidos por el extinto Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA), se concluirán definitivamente, teniendo tales registro como vigentes, sin necesidad de que el administrado presente el Registro que habrá de emitir Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI). Cumplido el término indicado en dicho artículo sólo serán admitidos para cualquier trámite los Registros otorgados por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI). Artículo 10. El Interesado o la interesada que incumpla con las disposiciones establecidas en la presente Providencia Administrativa quedará sujeto a la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 89 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Salud Agrícola Integral y demás instrumentos normativos que resulten aplicables. Artículo 11. El Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) en cumplimiento del artículo 11 de la Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, colocará en su sitio web oficial toda información contenida en la presente Providencia Administrativa. Artículo 12. Se derogan las siguientes Providencias Administrativas: Providencia Administrativa INSAI N° 28 de fecha 15 de Septiembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.232 de fecha 31 de Julio de 2009, Providencia Administrativa INSAI N° 21 de fecha 19 de Junio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezueia N° 39.996 de fecha 29 de agosto de 2c12, Providencia Administrativa INSAI N° 26 de fecha 30 de Agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 39.998 de fecha 31 de Agosto de 2012, Providencia Administrativa INSAI Nº 033 de fecha 27 de Diciembre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.082, de fecha 3 de Enero de 2012, Providencia Administrativa INSAI N° 066-2013 de fecha 4 de Septiembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.251 de fecha 16 de Septiembre de 2013, Providencia Administrativa INSAI N° 002-2015 de fecha 22 de Enero de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.591 de fecha 29 de Enero de 2015. Providencia Administrativa INSAI N° 027 de fecha 31 de Agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.746, de fecha 15 de Septiembre de 2015, respectivamente. Artículo 13. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese. TIBISAY YANETTE LEÓN CASTRO PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (INSAI). MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA REPÚBLICA BOLIVARIANA DÉ VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINI$TRO N° 225 FECHA: 25/08/2016 206º, 157º y 17º RESOLUCIÓN De conformidad con el artículo 3 del Decreto Presidencial N° 2.181, de fecha 6 de enero de 2016, publicado e la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.826, de fecha 12 de enero página original (tal como se publicó) [Página 13] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 5 de septiembre de 2016 de 2016; lo estabiecido en los artículos 65 y|78 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; y de acuerdo a lo establecido en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se procede a la corrección de la Resolución N° 190 de fecha 8 de julio de 206, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.941 de fecha 11 de julio de 2016. por cuanto se incurrió en el error material al señalar: Donde dice: ARticuLo 1: Designar como miembros del equipo rectoral de la Venezolana de los Hidrocarburos, a los siguientes Universidad ciudadanos: CARGO NOMBRES Y APELLIDOS RECTORA MIRLA JOSEFINA FONSECA ROJAS CEDULA DE IDENTIDAD N°V.-6 848.491 AISKEL BLANCO DE MACHADO VICERRECTORA CEDULA DE IDENTIDAD N° V.6.536.157 DELEGADO DEL MINISTERIO DEL NORBERTO GUILLERMO REBOLLEDO PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN ANDRADE UNIVERSITARIA, CIENCIA Y CÉDULA DE IDENTIDAD TECNOLOGÍA ANTE EL CONSEJO N° V.-6.809.829 UNIVERSITARIO DELEGADO DEL MINISTERIO DEL MARUJA ROMERO YÉPEZ PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN CÉDULA DE IDENTIDAD UNIVERSITARIA, CIENCIA Y N° V.-3.548.167 TECNOLOGÍA ANTE EL CONSEJO UNIVERSITARIO Debe decir: ArtícuLo 1: Designar como miembros del Consejo Universitario de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, a las siguientes ciudadanas: CARGO NOMBRES Y APELLIDOS RECTORA MIRLA JOSEFINA FONSECA ROJAS CEDULA DE IDENTIDAD N°V.-6.848 491 VICERRECTORA AISKELY BLANCO DE MACHADO CEDULA DE IDENTIDAD N° V.-0.836.157 MARUJA ROMERO YÉPEZ DELEGADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN CÉDULA DE IDENTIDAD UNIVERSITARIA, CIENCIA Y N° V.-3.548.167 TECNOLOGÍA ARTticuLo 2: Imprimase (íntegramente a continuación el texto de la Resolución N° 190 de fechia 8 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.941 de fecha 11 de julio de 2016, con las modificaciones incluidas y, en el correspondiente texto único sustitúyase, por las de la presente, la fecha, firma y demás datos a que hubiere lugar. Comuníquese y Publiquese; Por el Ejecutivo Nacional JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRA Ministro dei-Poder Papular para Educación Universktaria, Ciencia y Tecnología e REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N° 190 FECHA: 08/07/2016 206º, 157º y 17º RESOLUCIÓN De conformidad con el artículo 3 del Decreto Presidencial N° 2.181, de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40 l826, de fecha 12 de enero de 2016; lo establecido en los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; y lo dispuesto en los artículos 26, 41 y 44 de la Resolución N° 3.914 de fecha 27 de diciembre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.080 de fecha 28 de diciembre de 2012. contentiva del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, 430.431 CONSIDERANDO Que la Educación como derecho humano y deber social fundamental del Estado, es asumida como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, orientada al desarrollo de una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación socia!, CONSIDERANDO Que el supremo compromiso, la mayoreficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo y la refundación de la República Bolivariana de Venezuela, basados en principios humanistas se sustentan en condiciones morales yi éticas que persiguen el desarrollo de la patria y del colectivo; este pespacho Ministerial, RESUELVE ARTícuLo 1: Designar como miembros del.Consejo Universitario de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, a los siguientes ciudadanos: NOMBRES Y APELLIDOS CARGO RECTORA MIRLA JOSEFINA FONSECA ROJAS CÉDULA DE IDENTIDAD N°V.-6.848.491 AISKELY BLANCO DE MACHADO VICERRECTORA CÉDULA DE IDENTIDAD N° V.-6.836.157 MARUJA ROMERO YÉPEZ DELEGADA DEL MINISTERIO DEL CÉDULA DE IDENTIDAD PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN N° V-3.548.167 UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA designadas mediante la presente ARTicULo 2: LaS Ciudadanas deberan enmarcar sus actuaciones, dentro de lo Resolución, establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y demas Leyes; y rendir cuenta_ de sus actuaciones al Ministro o Ministra del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, en los términos y condiciones que determine la Ley. ARTicuLo 3: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Ministro dei.Poder Popuiar para Educación Universitaria, Ciencia y Decreto N-21181 de fecha 6 de enero de 2016 Gaceta Oficial Ni 40.826 de-fecha 12 de enero de 2016 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N° 209 FECHA: 17/08/2016 AÑOS 206º, 157º y 17º RESOLUCIÓN De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto Presidencial N° 2.181 de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016: en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y 1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y Títulos, Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010, CONSIDERANDO Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y títulos, diplomas y certificados de educación, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental para fortalecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia, página original (tal como se publicó) [Página 14] 430.432 Lunes 5 de septiembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONSIDERANDO Que en fecha 29 de abril de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en Caracas, mediante Nota Verbal N° 120, informó al Despacho del Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó información sobre los egresados de instituciones educativas de la antigua URSS, CONSIDERANDO Que en fecha 07 de mayo de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en el territorio de Venezuela, igual que los documentos nacionales de educación, CONSIDERANDO Que el Instituto Estatal de Arte Teatral del Kiev "Kazpenko Kari" de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. en fecha 22 de septiembre de 1988. OtOrgÓ el TítUIO de DIRECTOR DE CINE (DIRECTOR DE TELEVISIÓN) al CIUdadanO RUBEN LUPERCIO SERRANO JIMENEZ . titular de la Cédula de Identidad N° V. 4.570.099, CONSIDERANDO Que el Ciudadano RUBEN LUPERCIO SERRANO JIMENEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.570.099, en fecha 20 de diciembre de 2012, presentó su solicitud de reconocimiento de título por escrito ante el Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones de Educación Superior, RESUELVE Artículo 1. Reconocer el Título otorgado al ciudadano RUBEN LUPERCIO SERRANO JIMENEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V. 4.570.099, por ei Instituto Estatal del Arte Teatral de Kiev "Kazpenko Kari" de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. de DiRECToR DE CINE (DIRECTOR DE TELEVISIÓN). En ConseCuenCia, el preCitado universitarios y para el ejercicio profesional. Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Ministro del Poder Popular para Educacián Univers Ciencia y Tecnología REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N° 210 FECHA: 17/08/2016 AÑOS 206º, 157º y 17º RESOLUCIÓN De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto Presidencial N° 2.181 de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y 1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y Títulos, Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010, CONSIDERANDO Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y títulos, diplomas y certificados de educación, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental para fortalecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia, CONSIDERANDO Que en fecha 29 de abril de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en Caracas, mediante Nota Verbal N° 120, informó al Despacho del Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de universidades de Rusia. al mismo tiempo que solicitó información sobre los egresados de instituciones educativas de la antigua URSS. CONSIDERANDO Que en fecha 07 de mayo de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en Caracas, mediante Nota Verbal N° 124, informó al Despacho del Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en el territorio de Venezuela, igual que los documentos nacionales de educación, CONSIDERANDO Que el Instituto Superior de Construcción de Máquinas "V.J. Chubar" de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en fecha 21 de junio de 1982, Otorgó el Título de INGENIERO ELECTROMECÁNICO al Ciudadano MANUEL GONZALEZ VALDEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V- 13.246.704, CONSIDERANDO Que el ciudadano MANUEL GONZALEz VALDEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.246.704, en fecha 20 de diciembre de 2012, presentó su solicitud de reconocimiento de título por escrito ante el Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones de Educación Superior, RESUELVE Artículo 1. Reconocer el Título otorgado al ciudadano MANUEL GONZALEZ VALDEZ. titular de la Cédula de Identidad N° V. 13.246.704, por el instituto Superior de Construcción de Máquinas "V.J. Chubar" de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de INGENIERO ELECTROMECÁNICO. En conseCuenCia, el preCitado ciudadano queda facultado para la continuación de estudios universitarios y para el ejercicio profesional. Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERR Ministro del Poder Popular para Educación Unive Ciencia-y Tecnología REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N°211 FECHA: 17/08/2016 AÑOS 206º, 157º y 17º RESOLUCIÓN De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto Presidencial N° 2.181 de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y 1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y Títulos, Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010, CONSIDERANDO Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y títulos, diplomas y certificados de educación, para efectos de prosecución de estudios y para ei ejercicio profesional, constituye un paso fundamental para fortalecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia, CONSIDERANDO Que en fecha 29 de abril de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en Caracas, mediante Nota Verbal N° 120, informó al Despacho del Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de página original (tal como se publicó) [Página 15] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 5 de septiembre de 2016 reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó información sobre los egresados de instituciones educativas de la antigua URSS, CONSIDERANDO Que en fecha 07 de mayo de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en Caracas, mediante Nota Verbal N° 124, informó al Despacho del Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en el territorio de Venezuela, igual que los documentos nacionales de educación, CONSIDERANDO Que el Instituto de Construcción de Máquinas de Moguilev de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en fecha 1 de julio de 1993, otorgó el TítulO de INGENIERO ELÉCTRICO al CiUdadano FERNANDO ANTONIO NEGRIN DAVID, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.100.496, CONSIDERANDO Que el CiUdadano FERNANDO ANTONIO NEGRIN DAVID, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.100.496. en fecha 11 de enero de 2011, presentó su solicitud de reconocimiento de título por escrito ante el Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones de Educación Superior. RESUELVE Artículo 1. Reconocer el Título otorgado al ciudadano FERNAnDo ANTONIO NEGRIN DAVID, titular de la Cédula de Identidad N°V- 6.100.496, por el Instituto de Construcción de Máquinas de Moguilev de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de INGENiERo ELÉcTrico. En consecuencia, el precitado ciudadano queda facultado para la continuación de estudios universitarios y para el ejercicio profesional. Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese. JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRT Ministro del Poder Popular para Educación Univers Ciencia y Tecnología REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N° 212 FECHA: 17/08/2016 AÑOS 206º, 157º y 17º RESOLUCIÓN De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto Presidencial N° 2.181 de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y 1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y Títulos, Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 2010, publicado en a Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010, CONSIDERANDO Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y títulos, diplomas y certificados de educación, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental para fortalecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia, CONSIDERANDO Que en fecha 29 de abril de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en Caracas, mediante Nota Verbal N° 120, informó al Despacho del Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó información sobre los egresados de instituciones educativas de la antigua URsS. 430.433 CONSIDERANDO Que en fecha 07 de mayo de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en Caracas, mediante Nota Verbal N° 124, informó al Despacho del Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en el territorio de Venezuela, igual que los documentos nacionales de educación, CONSIDERANDO Que el Instituto de Agricultura de Jarkov "V.v. Dokuchaev" de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en fecha 4 de enero 1988, otorgó el TÍtulO de INGENIERO AGRÓNOMO al CiUdadano EDGAR ALEJANDRO TOVAR MIJARES, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.608.377, CONSIDERANDO Que el CiUdadanO EDGAR ALEJANDRO TOVAR MIJARES, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.608.377, en fecha 31 de enero de 2011, presentó su solicitud de reconocimiento de título por escrito ante el Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e instituciones de Educación Superior, RESUELVE Artículo 1. Reconocer el Título otorgado al ciudadano EDGAR ALEJANDRO TOVAR MIJARES, titular de la Cédula de Identidad N° v- 5.608.377, por el Instituto de Agricultura de Jarkov "V.V. Dokuchaev" de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de INGEniEro AGRónoMo. En consecuencia, el precitado ciudadano queda facultado para la continuación de estudios universitarios y para el ejercicio profesional. Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRA Ministro del Poder Poputar para Educación Univerarta, Ciencia y Tecnologta REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N° 213 FECHA: 17/08/2016 AÑOS 206º, 157º y 17º RESOLUCIÓN De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto Presidencial N° 2.181 de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016: en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y 1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y Títulos, Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010, CONSIDERANDO Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y títulos, diplomas y certificados de educación, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental para fortalecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia, CONSIDERANDO Que en fecha 29 de abril de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en Caracas, mediante Nota Verbal N° 120, informó al Despacho del Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó información sobre los egresados de instituciones educativas de la antigua URSS, CONSIDERANDO Que en fecha 07 de mayo de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en Caracas, mediante Nota Verbal N° 124, informó al Despacho del página original (tal como se publicó) [Página 16] 430.434 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en el territorio de Venezuela, igual que los documentos nacionales de educación, CONSIDERANDO Que la Escuela de Navegación Kherson de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en fecha 3 de julio 1979, otorgó el Título de INGENIERO NAVEGANTE ASISTENTE al CiUdadanO FERNANDO LA CRUZ PIÑANGO PIÑANGO. titular de la Cédula de Identidad N° V. 3.974.652, CONSIDERANDO Que el CiudadanO FERNANDO LA CRUZ PIÑANGO PIÑANGO, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.974.652, en fecha 27 de enero de 2011, presentó su solicitud de reconocimiento de título por escrito ante el Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones de Educación Superior, RESUELVE Artículo 1. Reconocer el Título otorgado al ciudadano FERNANDo LA CRUZ PIÑANGO PIÑANGO, titular de la Cédula de Identidad N° V- 3.974.652, por la Escuela de Navegación Kherson de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de NGENIERo NAVEGANTE ASisTENTE. En Consecuencia, el precitado ciudadano queda facultado para la continuación de estudios universitarios y para el ejercicio profesional. Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese, Ministro del Poder Popular para.Educaciónunivua Ciencia y Tecnología REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N° 214 FECHA: 17/08/2016 AÑOS 206º, 157º y 17º RESOLUCIÓN De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto Presidencial N° 2.181 de fecha 6 de enero de 2016. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y 1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y Títulos, Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 2010. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010, CONSIDERANDO Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y títulos, diplomas y certificados de educación, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental para fortalecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia, CONSIDERANDO Que en fecha 29 de abril de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en Caracas, mediante Nota Verbal N° 120, informó al Despacho del Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó información sobre los egresados de instituciones educativas de la antigua URSS, CONSIDERANDO Que en fecha 07 de mayo de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en Caracas, mediante Nota Verbal N° 124, informó al Despacho del Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, Lunes 5 de septiembre de 2016 que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en el territorio de Venezuela, igual que los documentos nacionales de. educación, CONSIDERANDO Que la Universidad Estatal de Simferopol Frunze U.V de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en fecha 16 de junio de 1987, otorgó el Título de HISTORIADOR al CiUdadano GLENDIS JOSÉ VICENT POLANCO. titular de la Cédula de Identidad N° V-4.937.816. CONSIDERANDO Que el CiUdadanO GLENDIS JOSÉ VICENT POLANCo, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.937.816, en fecha 31 de marzo de 2011, presentó su solicitud de reconocimiento de título por escrito ante el Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones de Educación Superior, RESUELVE Artículo 1. Reconocer el Título otorgado al ciudadano GLENDis JosÉ VICENT POLANCO, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.937.816, por la Universidad Estatal de Simferopol Frunze U.V de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de HisToriAboR. En consecuencia, el precitado ciudadano queda facultado para la continuación de estudios universitarios y para el ejercicio profesional. Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRA Ministro del Poder Popular para Educaciónuhiv Ciencia y Tecnología REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N° 215 FECHA: 17/08/2016 AÑOS 206º, 157º y 17º RESOLUCIÓN De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto Presidencial N° 2.181 de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016: en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y 1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y Títulos, Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 2010. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010, CONSIDERANDO Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y títulos, diplomas y certificados de educación, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental para fortalecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia, CONSIDERANDO Que en fecha 29 de abril de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en Caracas, mediante Nota Verbal N° 120, informó al Despacho del Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó información sobre los egresados de instituciones educativas de la antigua URsS, CONSIDERANDO Que en fecha 07 de mayo de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en Caracas, mediante Nota Verbal N° 124, informó al Despacho del Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en el territorio de Venezuela, igual que los documentos nacionales de educación; página original (tal como se publicó) [Página 17] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 5 de septiembre de 2016 CONSIDERANDO Que el Instituto Azerbaidzhano de Petróleo y Química "M. Azizbecov" de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en fecha 6 de junio de 1986, OtOrgÓ el TítulO de INGENIERO GEÓLOGO DE MINAS al Ciudadano ELDAR ALAJVERDIEV, titular de la Cédula de Identidad N°V- 21.601.893, CONSIDERANDO Que el ciudadano ELDAR ALAJVERDIEV, titular de la Cédula de identidad N° V-21.601.893, en fecha 19 de diciembre de 2012. presentó su solicitud de reconocimiento de título por escrito ante el Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones de Educación Superior, RESUELVE Artículo 1. Reconocer el Título otorgado al ciudadano ELDAR ALAJVERDIEV, titular de la Cédula de Identidad N° V-21.601.893, por el Instituto Azerbaidzhano de Petróleo y Química "M. Azizbecov" de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de INGENiERo GEóLoGo DE MinAs. En consecuencia, el precitado ciudadano queda facultado para la continuación de estudios universitarios y para el ejercicio profesional. Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y pubiíquese, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRÂT Ministro del Poder Popular para Educación Univers Ciencia y Tecnología REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N° 216 FECHA: 17/08/2016 AÑOS 206º, 157º y 17º RESOLUCIÓN De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto Presidencial N° 2.181 de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826.de fecha 12 de enero de 2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y 1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y Títulos, Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 2010. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010, CONSIDERANDO Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y títulos, diplomas y certificados de educación, para efectos de prosecución de estudios y para ei ejercicio profesional, constituye un paso fundamental para fortalecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia, CONSIDERANDO Que en fecha 29 de abril de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en Caracas, mediante Nota Verbal N° 120, informó al Despacho del Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de universidades de Rusia. al mismo tiempo que solicit6 información sobre los egresados de instituciones educativas de la antigua URsS, CONSIDERANDO Que en fecha 07 de mayo de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en Caracas, mediante Nota Verbal N° 124, informó al Despacho del Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en el territorio de Venezuela, igual que los documentos nacionales de educación, 430.435 CONSIDERANDO Que la Universidad Estatal "T. Shevchenko de Kiev" de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en fecha 28 de junio de 1985, otorgó el Título de JURISTA EN DERECHO INTERNACIONAL al Ciudadano OCTAVIO ALEXANDER VIELMA CASTELLANOS, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.543.610, CONSIDERANDO Que el CiUdadanO OCTAVIO ALEXANDER VIELMA CASTELLANOS, titular de la cédula de identidad N° V-4.543.610, en fecha 14 de diciembre de 2012, presentó su solicitud de reconocimiento de título por escrito ante el Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones de Educación Superior, RESUELVE Artículo 1. Reconocer el Título otorgado al ciudadano ocTAvio ALEXANDER VIELMA CASTELLANOS, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.543.610. por la Universidad Estatal "T. Shevchenko de Kiev" de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de JURiSTA EN DERECHo INTERNACIoNAL. En consecuencia, el precitado ciudadano queda facultado para la continuación de estudios universitarios y para el ejercicio profesional Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRÂT Ministro del Poder Popular para Educación &nivers Ciencia y Tecnología REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO FECHA: 17/08/2016 N° 217 AÑOS 206º, 157º y 17º RESOLUCIÓN De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto Presidencial N° 2.181 de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y 1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezueia y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y Títulos, Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010, CONSIDERANDO Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y títulos, diplomas y certificados de educación, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental para fortalecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia, CONSIDERANDO Que en fecha 29 de abril de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó información sobre los egresados de instituciones educativas de la antigua URSS, CONSIDERANDO Que en fecha 07 de mayo de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en Caracas, mediante Nota Verbal N° 124, informó al Despacho del Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, que cuentan con la apostilia correspondiente, deben ser reconocidos en el territorio de Venezuela, igual que los documentos nacionales de educación, página original (tal como se publicó) [Página 18] 430.436 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONSIDERANDO Que la Universidad Estatal de Simferopol Frunze U.V de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en fecha 2 de julio de 1985, otorgó el Título de HISTORIADOR a la CiUdadana ELENA BORISOVNA GRISHENKO DE VICENT, titular de la Cédula de Identidad N° V. 16.486.324, CONSIDERANDO Que la Ciudadana ELENA BORISOVNA GRISHENKO DE VICENT, titular de la Cédula de Identidad N° V-16.486.324, en fecha 10 de febrero de 2011. presentó su solicitud de reconocimiento de título por escrito ante el Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones de Educación Superior, RESUELVE Artículo 1. Reconocer el Título otorgado a la ciudadana ELENA BORISOVNA GRISHENKO DE VICENT, titular de la Cédula de Identidad N°V-16.486.324. por la Universidad Estatal de Simferopol Frunze U.V de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de HiSToRiADoR. En consecuencia, la precitada ciudadana queda facultada para la continuación de estudios universitarios y para el ejercicio profesional. Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Ministro del Poder Popular para Educación Univers Ciencia y Tecnología REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N° 218 FECHA: 17/08/2016 AÑOS 206º, 157º y 17º RESOLUCIÓN De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto Presidencial N° 2.181 de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y 1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y Títulos, Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010, CONSIDERANDO Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y títulos, diplomas y certificados de educación, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental para fortalecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia, CONSIDERANDO Que en fecha 29 de abril de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en Caracas, mediante Nota Verbal N° 120, informó al Despacho del Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó información sobre los egresados de instituciones educativas de la antigua URSS, CONSIDERANDO Que en fecha 07 de mayo de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en Caracas, mediante Nota Verbal N° 124, informó al Despacho del Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, que cuentan con la apostilla correspondiente, deben ser reconocidos en el territorio de Venezuela, igual que los documentos nacionales de educación, CONSIDERANDO Que el Instituto Estatal de Cultura Física de Kiev de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en fecha 30 de junio de 1991, otorgó el Lunes 5 de septiembre de 2016 PROFESOR DE CULTURA FISICA-ENTRENADOR DE Título de ATLETISMO al Ciudadano CARLOS ERNESTO PINO, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.014.800. CONSIDERANDO Que el ciudadano CARLos ERNESTO PINO, titular de la cédula de identidad N° V-6.014.800, en fecha 28 de enero de 2013, presentó su solicitud de reconocimiento de título por escrito ante el Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones de Educación Superior, RESUELVE Artículo 1. Reconocer el Título otorgado al ciudadano CArLos ERNESTO PINO, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.014.800, por el instituto Estatal de Cultura Fisica de Kiev de la Unión de Repúblicas SoCialiStas SOVIétICaS, de PROFESOR DE CULTURA FÍSICA- ENTRENADOR DE ATLETISMO. En conseCUenCia, el preCitado ciudadano quedà facultado para la continuación de estudios universitarios y para ei ejercicio profesional. Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de-la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezueia. Comuníquese y publíquese, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRA Ministro del Poder Popular para Educación mivea Ciencia-y Tecnología REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESPACHO DEL MINISTRO N°219 FECHA: 17/08/2016 AÑOS 206º, 157º y 17º RESOLUCIÓN De conformidad con 1o previsto en el artículo 3 del Decreto Presidencial N° 2.181 de fecha 6 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016; en concordancia con lo establecido en los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 y 1 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el Reconocimiento Reciproco y la Equivalencia de Documentos y Títulos, Diplomas y Certificados de Educación, suscrito en fecha 02 de abril de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010, CONSIDERANDO Que el reconocimiento y la equivalencia de documentos y títulos, diplomas y certificados de educación, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional, constituye un paso fundamental para fortalecer y ampliar las relaciones en el ámbito de la Educación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia, CONSIDERANDO Que en fecha 29 de abril de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en Caracas, mediante Nota Verbal N° 120, informó al Despacho del Viceministro para Europa, sobre la finalización del proceso de reconocimiento de títulos académicos de ciudadanos venezolanos de universidades de Rusia, al mismo tiempo que solicitó información sobre los egresados de instituciones educativas de la antigua URsS, CONSIDERANDO Que en fecha 07 de mayo de 2014, la Embajada de Rusia acreditada en Caracas, mediante Nota Verbal N° 124, informó al Despacho del Viceministro para Europa, que los títulos académicos rusos y soviéticos, que cuentan con la apostilia correspondiente, deben ser reconocidos en el territorio de Venezuela, igual que los documentos nacionales de educación, CONSIDERANDO Que el Instituto Estatal Pedagógico de Lenguas Extranjeras de Kiev de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en fecha 28 de junio de 1993, otOrgó el TítulO de PROFESORA DEL RUSO Y DEL FRANCÉS a la ciudadana TANIA HURTADO YANEz, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.218.914, página original (tal como se publicó) [Página 19] Lunes 5 de septiembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONSIDERANDO Que la ciudadana TANIA HURTADo YANEz, titular de la cédula de identidad N° 6.218.914. en fecha 29 de julio de 2016, presentó su solicitud de reconocimiento de título por escrito ante este Órgano Ministerial, en el marco de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y El Gobierno de la Federación de Rusia; RESUELVE Artículo 1. Reconocer el Título otorgado a la ciudadana TANIA HURTADO YANEZ , tituiar de la Cédula de Identidad N° 6.218.914, por el Instituto Estatal Pedagógico de Lenguas Extranjeras de Kiev de la Unión de Repúblicas SoCialistas Soviéticas, de PRoFESORA DEL RUSO Y DEL FRANCÉS. En Consecuencia, la precitada ciudadana queda facultado para la continuación de estudios universitarios y para el ejercicio profesional. Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRA Ministro del Poder Popular para Educación Unver Il Ciencia y Tecnología REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA FUNDACIÓN CONCIENCIA TELEVISIÓN Caracas, 17 de Agosto de 2016 Providencia Administrativa Nº 001 206º, 157º y 17º El Consejo Directivo de la Fundación Conciencia Televisión, conformado por los ciudadanos Gustavo Enrique Castillo Mascareño, titular de la cédula de identidad N° V-14.512.996, en su carácter de Presidente de la Fundación y los miembros Principales Miguelangel Liendo Delgado titular de la cédula de identidad N° V-14.789.149, Henry José Herrera titular de la cédula de identidad N° V-5.407.884, Germania Milagros Fernández Ferrante, titular de la cédula de identidad N° v- 15.020.293, Eulalia Tabares Roldan, titular de la cédula de identidad N° V- 14.642.153, designados mediante Resolución N° 039, de fecha 24 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.178, de fecha 30 de mayo de 2013, actuando de conformidad con las atribuciones conferidas en la ciáusula Décima Segunda, numeral 10, de los Estatutos Sociales de la Fundación, debidamente protocolizado ante el Registro Público del Primer Circuito del Municipio Sucre del estado Miranda, en fecha 10/05/2013, bajo el Numero 23, Folio 115, Tomo 26 del protocolo de transcripción del mencionado año, y publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.166, de fecha 14 de mayo de 2013, en concordancia con el artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. DECIDEN Artículo 1.- Modificar el artículo N° 1, de la Providencia Administrativa N°003, de fecha 20 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.733, de fecha 27 de agosto de 2015, que en adelante quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 1.- Delegar en el ciudadano GUsTAvo ENRIQUE CASTILLO MASCAREÑo, titular de la cédula de identidad N° V-14.512.996, en su carácter de Presidente de la Fundación, las atribuciones, firmas de actos y documentos que se: señalan a continuación: 1. Establecer las funciones inherentes a cada uno de los cargos del personal que labora en esta Fundación, mientras se dicten los Reglamentos Internos respectivos. 430.437 2. Todas y cada una de las atribuciones conferidas a la máxima autoridad en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y su respectivo Reglamento, hasta un monto máximo de Trescientos cincuenta mil Unidades Tributarias (350.000 U.T). 3. Celebrar contratos, suscribir órdenes de pago y en general comprometer a la Fundación hasta por una cantidad que ascienda a trescientos cincuenta mil Unidades Tributarias (350.000 U.T). 4. Nombrar la Comisión de Contrataciones Públicas de la Fundación. 5. La aprobación de las modificaciones de metas físicas y financieras correspondientes a la máxima autoridad del ente, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Publico, sobre el sistema presupuestario. 6. La aprobación de las modificaciones y traspasos presupuestarios correspondientes a la máxima autoridad del ente, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Publico, sobre el sistema presupuestario. 7. El registro de las firmas de los trabajadores y trabajadoras de la Fundación autorizados para movilizar las cuentas bancarias del Ente; así como la designación de las personas encargadas del manejo de las Cajas Chicas y/o los Fondos de Anticipo de la Fundación, de Administración Financiera del Sector Público y sus Reglamentos. 8. Crear y modificar manuales y normas de administración y procedimientos inherentes a la organización y funcionamiento de la Fundación. 9. La aceptación o rechazo de contribuciones o donaciones que hagan a la Fundación. 10. La facultad para celebrar Convenios Nacionales o Internacionales con personas naturales o Jurídicas, que considere convenientes para el desarrollo del Objeto de la Fundación. 11. La aprobación de las normas internas y políticas en materia de seguridad y bienestar del personal directivo, administrativo, técnico y obrero. 12. La aprobación para realizar los trámites administrativos para el otorgamiento del beneficio de jubilación y pensiones a los trabajadores y trabajadoras de la Fundación Conciencia Televisión. Artículo 2.- Se autoriza a el ciudadano GUSTAvo ENRiQUE CASTILLo MASCAREÑO, titular de la cédula de identidad N° V- 14.512.996, en su carácter de Presidente de la Fundación, suscribir el contrato que regulará el proyecto para "FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA OPERATIVA DEL . CANAL CONCIENCIATV, EN EL MARCO DE LA PRODUCCION, SISTEMATIZACIÓN Y GESTIÓN DE CONTENIDOS DE LA TELEVISIÓN DIGITAL ABIERTA EN VENEZUELA" a Ser SUSCritO entre el Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones (FIDETEL) y la Fundación Conciencia Televisión, pOr un mOntO de CUATROCIENTOS VEINTIDÓs MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (BS. 422.596.800,00). Artículo 3.- El resto de los artículos contenidos en la Providencia Administrativa identificada en el artículo anterior, se mantendrán vigentes en su totalidad, siempre que no colinden o contravengan lo dispuesto en la presente Providencia. Artículo 4.- Los actos y documentos firmados de acuerdo a lo establecido en la presente Providencia, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y número de la Providencia y Gaceta Oficial en la cual haya sido publicada. Artículo 5.- El presente acto de delegación no conlleva ni entraña la facultad para subdelegar las atribuciones aquí delegadas. Artículo 6.- La presente providencia entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. página original (tal como se publicó) [Página 20] 430.438 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Conforme a lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procedimientos Administrativos. Comuníquese y Publíquese. Por el Consejo Directivo, MIGUELANGEL LIENDO GUSTAVO ENRIQUE DELGADO CASTILLO MASCAREÑO MIEMBRO PRINCIPAL PRESIDENTE EULALIA GERMANIÁ MILAGROS TABARES ROLDÁN FERNÁNDEZ FERRANTE MIEMBRO PRINCIPAL MIEMBRO PRINCIPAL HENRX JOSE HERRERA MIEMBRO PRINCIPAL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA FUNDACIÓN MISIÓN SUCRE Caracas, 01 de agosto 2016 206°, 157° y 17° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 052-16 La Ciudadana MAGALY VIDIA NEWTON CARRERA, titular de la Cédula de identidad N° V.-13.029.634, en su carácter de Presidenta de la Fundación Misión Sucre, designada mediante Resolución N° 008 de fecha 18 de enero de 2016, publicada en :a Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.831 de fecha 19 de enero de 2016, de conformidad con el artículo 17 de ia Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en uso de las atribuciones conferidas. en los artículos 34, 35 y 37 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de tey Orgánica de la Administración Pública en concordancia con ei articuio 25, de la modificación del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la Fundación Misión Sucre, protocolizada por ante la Oficina del Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital en fecha dieciséis de junio de 2016, inscrita bajo el N° 26, Folio 126, Tomo 15 del Protocolo de Transcripción del presente año, publicada en la Gacet: Oficial de la República Boiivariana de Venezuela Nº 40.928 de fecha 17 de junio de 2016; · DECIDE ARTICULO 1.- DeSigna: la CIudadana GLADYS MARÍA TORREALBA Toro. titular de la ccc::a de identidad N° V-12.853.698, como Coordinadora Generai ddei Estado Aragua de la Fundación Misión Sucre, en calidad de encargada ARTicuLo 2.- La Ciudadana designada queda facultada para desempeñar las atribuciones y actividades inherentes a su cargo, en los siguientes términos: 1. Coordinar la ejecución de las políticas y lineamientos emanados del Colectivo de Dirección Nacionai de la Misión Sucre, así como del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones Socialistas "Hugo Chávez" 2. Velar por el cumplimiento del Pian de Estudio en los diferentes Programas Nacionales de Formación (PNF). 3. Garantizar el registro de la información administrativa y académica de las y los triunfadores, docentes colaboradores y demás personal voluntariado en el Sistema Único de Captación y Registro Estudiantil (SucRE), en los tiemposrestablecidos y con los responsables correspondientes. Lunes 5 de septiembre de 2016 4. Verificar la veracidad die la información que se incorpora en el Sistema Único de Captación y Registro Estudiantil (SUCRE) y la consignada por las Instituciones de Educación Universitaria (IEU) en relación a los actos de grado de los diferentes Programas Nacionales de Formación (PNF). Coordinar conjuntamente con las Instituciones de Educación 5. Universitaria (!EU) la organización de los actos de grados en el estado. 6. Coordinar con las instituciones de Educación Universitaria (IEU) la incorporación de las y los docentes colaboradores en las políticas establecidas en cuanto a ios procesos de formación continua y permanente que se desarrollan en dichas instituciones. 7. Coordinar la ejecución de políticas, normas y procedimientos que rigen los procesos de producción, sistematización, aplicación y socialización del conocimiento generado a través de la experiencia en las Instituciones de Educación Universitaria (iEU) que acreditan y acompañan los procesos académicos de la municipalización en la Misión Sucre, en el respectivo estado. 8. Servir de enlace entre la Misión Sucre y las Instituciones de Educación Universitaria (IEU) que acreditan y acompañan los procesos académicos de la municipalización de :os Programas Nacionales de Formación (PNF) que se gestionan en el estado 9. Acompañar a las Instituciones de Educación Universitaria (IEU) durante ei proceso de elaboración de los expedientes académicos y administrativos de las y los triunfadores, tanto en físico como en digital, desde el trayecto inicial hasta finalizar cada período y velar por su permanente actualización. 10. Coordinar conjuntamente con las Instituciones de Educación Universitaria (iEU) acreditantes de Ios Programas Nacionales de Formación (PNF), municipalizados a través de la Misión Sucre, los procesos de carnetización de las triunfadoras y los triunfadores de la Misión Sucre, en su respectivo estado. 11. Generar alianzas estratégicas con instituciones del estado, entidades de trabajo, movimientos sociales de base y demás comunidades organizadas, que favorezcan: el desarrollo de la Mesa de Enlace Académico, la realización de los acompañamientos integrales, la formación integral, continua y permanente de las y los colaboradores y voluntariado, así como la consolidación de los colectivos en los diferentes ámbitos de la Misión Sucre. 12. Coordinar el Colectivo Estratégico Estadal de Acompañamiento Integral durante el desarrollo de los procesos de la Misión Sucre en el estado. 13. Promover a través (dei modelo educativo de la Educación Trabajo Emancipador, la organización para la investigación e innovación científica y tecnológica y el desarrollo Socio-Productivo, con el fin de contribuir con una economía productiva y diversificada, en coherencia con las líneas estratégicas de desarroilo nacional. 14. Velar porque se generen las condiciones para el desarrollo de experiencias Socio-Prociuctivas, en todos los espacios de la Misión, como requisito indispensable para la formación integral de las y los triunfadores. 15. Coordinar acciones de promoción, acompañamiento integral metodológico y de seguimiento para la formulación de proyectos socioproductivos mediante ios instrumentos destinados para tal fin. 16. Presentar y reportar las propuestas de proyectos socio-productivos, de acuerdo a las modalidades y criterios establecidos, ante la Dirección de Enlace y Apoyo Académico. 17. Coordinar y acompañar, er el ejercicio de sus responsabilidades, a las y los colaboradores y voluntariado de la Misión, en el estado. 18. Presentar informes académicos-administrativos cada vez que le sea requerido por parte diei Colectivo de Dirección Nacional. 19. Informar de manera oportuna al Colectivo de Dirección Naciona! las actividades vinculadas a la. Misión, que se desarrollen en el estado, así como cualquier situación irregular y/o novedosa que pudiera generar problemas graves que atenten contra el normal desenvolvimiento de las actividades propias de la Misión Sucre, con la finalidad de que posterior a la decisión que tome la autoridad competente se emprendan las acciones a las que haya lugar. 20. Incentivar la vin:uiación entre ias organizaciones estudiantiles, los consejos comunales y demás organizaciones del poder popular, para la formulación y presentación de proyectos socio-productivos._ página original (tal como se publicó) [Página 21] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 5 de septiembre de 2016 21. Garantizar la asignación y desincorporación de becarios en los Programas Nacionales de Formación (PNF), según los criterios establecidos para ello. 22. Promover, garantizar y monitorear las actividades que se programen desde el Colectivo de Dirección Nacional, que implique la movilización de Triunfadores y Triunfadoras 23. Articular con la Milicia Bolivariana estadal para la incorporación y formación permanente die ¿as y los triunfadores en la Milicia Universitaria. 24. Generar espacios recreativos, deportivos y culturales, articulados con las y los voceros de los Consejos Populares Estudiantiles, en beneficio de la comunidad de triunfadores y triunfadoras en general. 25. Atender oportunamente las solicitudes de las y los triunfadores, sin que ello implique su aprobación. 26. Garantizar el resguardo y custodia de los bienes que constituyen el patrimonio de la Misión Sucre. en el estado. 27. Coordinar el seguimiento, control y vigilancia de los espacios donde funciona la Misión Sucrc, así como, de las obras de infraestructura en proceso de ejecución. promoviendo la contraioría social del entorno. 28. Las demás que le sean asignadas por la Presidenta o Presidente de la Fundación Misión Sucre ArTicuLo 3.- La ciudadana designada deberá rendir cuenta de todos los actos y documentos que firme en ejercicio de sus atribuciones a la Presidenta o Presidente. en la forma y oportunidad que ésta o este le indique. actos y documentos emitidos y firmados de ARTÍCULO 4.- Les Prov:dencia Administrativa, deberán indicar conformidad con esta seguidamente bajo la firma, el nombre del funcionario que lo suscribe, con indicación de la titularidad con la que actúa, la fecha, número de Providencia y la Gaceta Oficial donde haya sido publicada, conforme'a lo establecido en et numeral 7 dei articulo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Artícuto 5.- La presente providencia administrativa tendrá vigencia a partir del 01 de agosto de 2016. Comuníquese y publiquese, MAGALY VIDIA NEVTONCARRERA Presicienta de la FundacióndMisión Sucre ter.na 18 de erero de 20T8;Bublicada en la Gaceta Oficial . Hepútalica Holivariana de Venezuela N° 40.831 de techa 19 de enero 2016 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGENCIA BOLIVARIANA PARA ACTIVIDADES ESPACIALES (ABAE) Fecha: 10/08/2016 N° ABAE-JD-001/2016 206°, 157° y 17° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Los Miembros de la Junta Directiva de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE). designados mediante Resolución del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria. Ciencia y Tecnología N° 187 de fecha 08/07/2016. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezueia N° 40.941 de fecha 11/07/2016: en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 7 y 9 de la Ley de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.796 de fecha 25/10/2007; de conformidad con lo establecido en los articulos 12, 26, 34 y 35 último aparte y 37 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y los artículos 14, 17 y 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; y según lo acordado en el Punto de Cuenta (le la Junta Directiva N° 001/16, aprobado en la Reunión de fecha 10/08/2016: RESUELVEN Artículo 1.- Delegar en el Presidente (E) de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE), ciudadano: VICTOR HUGo CANO PACHECo, titular de la Cédula de Identidad N° V.-12.833.035, carácter que consta en el Decreto N° 9.376 de fecha 06/02/2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.106 de la misma fecha, las siguientes atribuciones: Las atribuciones conferidas a la máxima autoridad por la Ley de 1. Contrataciones Públicas y su Reglamento, en todo lo concerniente a los Procesos de Contratación regulados en la mencionada Ley, hasta el monto autorizado por la Junta Directiva: 430.439 La expedición de Copias Certificadas de los documentos que reposan en los 2. archivos de esta Institución; 3. Aprobar, suscribir y dar finiquito de los Contratos de Obras, Bienes, Servicios, Comodatos, o Donaciones, cuyos montos no superen el autorizado por la Junta Directiva; 4. Aprobar y suscribir en nombre de la Institución Convenios. Acuerdos, Memorandos cie Entendimiento y demás instrumentos de Cooperación; que no impliquen erogaciones de gastos; Designar y sustituir a los integrantes de los Comité o Comisiones que se 5. crearan por la Ley y cuya designación corresponda a esta Junta Directiva; La aprobación de los actos y documentos que impliquen la erogación de compromisos financieros y la movilización de fondos y gastos, con cargo al presupuesto de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE). hasta el monto autorizado por la Junta Directiva, a excepción de los referidos a gastos de personal; Constitur y tramitar Fideicomisos y suscribir los Finiquitos de los mismos, referidos a gastos de personal; Realizar la colocación y manejo de los recursos presupuestarios y financieros 8. y efectuar las tramitaciones administrativas pertinentes a su ejecución; Otorgar los Poderes que se consideren necesarios para la representación 9. judicial y extrajudicial de la Agencia: 10. La aprobación y tramitación de Normas, Reglamentos, Manuales y demás instrumentos de Control Interno que se generen en la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales; 11. Dictar Providencias Administrativa que por mandato de Ley sean necesarias para el ejercicio de las atribuciones que le fueron concedidas. Artículo 2.- Los actos y documentos firmados de acuerdo a lo establecido en la presente Providlencia Administrativa, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y número de la Providencia Administrativa y la Gaceta Oficial. en la cual haya sido publicada. Artículo 3.- Ei delegado presentará una relación detallada a la Junta Directiva de la ABAE, de todos los actos y documentos que hubiera aprobado o firmado en virtud de esta delegación, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Decreto con. Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. Artículo 4.- Se (deroga la Providencia Administrativa ABAE N° 0010/2013 de fecha 22/03/2013. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N 40.160 de fecha 06/05/2013 o cualquier otra disposición que contraríe a la presente Providencia Administrativa. Artículo 5.- La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir del 10 de agosto de 2016. Comuniquese y Publiquese, Los Miembros de la Junta Directiva. VICTOR HUEO RANORACHECO Rresidentegatactiva /SOTTOLANO GONZALEZ EDUAR ALEJANDRO CARDONA JOSE Miembro Primcipal Miemipro Princual Ministero del Poder Popular para la Defensa Ecosocials Aguas kcquuuded XENON ALBERTO $ERRANO MARTIN JOSE FERNANDES DE ALMADA Miembro Pricipal Miembro Principal Ministerio del Poder Popular para Educación Ministeno de! Poder Popular Universitaria, Crenciay Tecnología de Petróleo REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGENCIA BOLIVARIANA PARA ACTIVIDADES ESPACIALES (ABAE) N° ABAE-JD-002/2016 Fecha: 10/08/2016 206°, 157° y 17° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Los Miembros de la Junta Directiva de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE). designados mediante Resolución del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología N° 187 de fecha 08/07/20i6. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.941 de fecha 11/07/2016; en ejercicio de las atribuciones conferidas en los articulos 49 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y 48 del Reglamento N° 1 de dicha Ley sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en los articulos 7 y 9 de la Ley de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.796 de fecha 25/10/2007; de conformidad con lo establecido en los articulos 12. 26, 34. 35 último aparte y 37 del Decreto con Rango, Valor y página original (tal como se publicó) [Página 22] 430.440 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y los artículos 14, 17 y 72 de . la Ley Orgánica cle Procedimientos Administrativos; y según lo acordado en el Punto de Cuenta de la Junta.Directiva N° 002/16, aprobado en la Reunión de fecha 10/08/2016: RESUELVEN Artículo 1. Delegar la atribución y firma para la aprobación de los actos y documentos que impliquen la erogación de compromisos financieros y la movilización de fondos y gastos, con cargo al presupuesto de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE); a los ciudadanos que se indican a continuación y de acuerdo con los siguientes montos: En la Ciudadana: ERIKA JAKELINE ROLDAN RESTREPO, tituiar de la Cédula de Identidad N° V.-13.087.828, en su Hasta 10.000 U.T. condición de Directora (E) de la Oficina de Gestión (unidades tributarias) Administrativa. En el Ciudadano: MARIANO ANDRÉS IMBERT RODRÍGUEZ. Hasta 50.000 U.T. titular de la Cédula de Identidad N° V-15.407.877. en su (unidades tributarias) condición de Director Ejecutivo (E). Hasta 370.000 U.T. En el ciudadano: VICTOR HUGO CANO PACHECO, titular de la Cédula de Identidad N° V-12.833.035, en su condición de (unidades tributarias) Presidente. Artículo 2: Los actos y documentos firmados de conformidad con la presente Providencia Administrativa deberán cumplir con lo establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. Artículo 3: Los mencionados ciudadanos deberán informar a esta Junta Directiva de todos los actos y documentos aprobados y suscritos, en virtud de la presente delegación. Artículo 4.- Se cierogan las Providencias Administrativas de la Junta Directiva que contrarien la presente Providencia Administrativa. Artículo 5.- L.a presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir del 10 de agosto de 2016. Comuníquese y Publíquese, Los Miembros de ta Junta Directiva. VÍCTOR HUGO CANO PACHECO Selef EDUAR ALEANDRO CARDONABAOSESOTTOLANO GONZALEZ Mienoro Píincpal Miembro Principal Migissgrio del Potler Popular para Ministerio del Poder Popular EcosocialiAmuas para la Defensa foleml XENON ALBERTRRANO MARTIN JÓSE FERNANDES DE ALMADA Miembro Priocipal Miembro Principal Ministerio del PoderBopular para Educación Ministerio del Poder Popular de Petroleo Universitaria. Ciencia y Tecnología REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Caracas, 25 de Julio de 2016 2060, 157° y 17° Quien SuSCribe, NERISSA JOSÉ AGUILERA ARTEAGA, titular de la cédula de identidad N° V-12.556.836, actuando en mi carácter de Superintendente de la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, según nombramiento contenido en la Resolución N° 122, de fecha 12 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de: la República Bolivariana de Venezuela N° 40.906, de fecha 18 de ciudadano MILTON JOSÉ CHAVEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° 5 135.570 y en cumplimento de. las atribuciones conferidas en los numerales 1 y 2 del articuto 30, del Decreto con Fuerza de Ley N° 1.204 de fecha 10 de febrero de 2001. de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.148, del 28 de febrero de 2001, Lunes 5 de septiembre de 2016 la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas y conforme a lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el articulo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinaria, de fecha 01 de julio de 1.981, dicta la siguiente PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 003-2016 CONSIDERANDO Que el ciudadano MILTON JOSÉ CHAVEZ, anteriormente identificado realiza, solicitud de la renovación en el Registro de Auditores dispuestos en el articulo 31 del Reglamento Parcial del Decreto Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas y articulo 1 de la Providencia Administrativa N° 15 de este órgano administrativo publicada en la Gaccta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.594, de fecha 29 de diciembre de 2006 . por la cual se crea Registro de Auditores de la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE). en consonancia con lo previsto en la Norma SUSCERTE 042-08/13, correspondiente a la rpía para la Inscripción y Permanencia en el Registro de Auditores: y así dar inicio al procetániento de renovación de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y la Mencionada norma técnica. CONSIDERANDO Que esta Superintendencia como órgano de la Administración Pública Nacional debe en solicitudes (ue ante esla sean presentados. De tal modo, se ciñe estrictamente al servicio de los particulares atendiendo a los principios de eficacia, eficiencia. objetividad. imparcialidad, honestidad y buena fe; así como, al uso de medios tecnológicos para facilitar el intercambio, disponibilidad y seguridad de la información y a la simplificación de los trámites mediante la dispensa de recaudos ya consignados en virtud de trámites anteriores cumplidos por ante esta superintendencia, siempre y cuando no se encuentre vencidos o modificado su contenido, de conformidad con lo establecido en los articulos 10. 11.19, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Públici. (en concordancia con 9, 10, 18, 22, 25, 26, 28 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. CONSIDERANDO Que de conformidad COn la norma SUSCERTE N° 042-08/1.3 esta superintendencia procedió a evaluar los antecedentes curriculares y conocimientos requeridos a los efectos de su renovación. a través de un examen técnico de fecha 25 de abril de 2016, tal como se desprende del respectivo expediente administrativo. En el que se evaluaron los siguientes aspectos: : Nivel académico; Conocimientos básicos: Conocimientos complementarios: Expeniencia en audtona: Certificaciones nacionales e internacionales: Conocimientos en materia de certificación electrónica y seguridad de la información CONSIDERANDO Que el resultado de: in evaluación realizada al solicitante asciende a 124 puntos, siendo el mínimo requendo a tales efectos 123 puntos, tal como se observa en la tabla de evaluación individual que se acompaña al presente instrumento marcado como anexo "A". RESUELVE PRIMERO: Aprobar la renovación de la inscripción del ciudadano MILTON JosÉ ChAvEz. venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° 5.135.570, en el Registro de Auditores de esta Superintendencia. SEGunDo: L.i renovaC.ón: de la inscripción aquí otorgada tendrá una duración de tres (03) años contados :: pa:: del 1.8 de abril de 2016 al 18 de abril de 2019. TERCERO: La presente providencia entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publiquesa:. Deudufi Superntendente De:xignndo Según Aesolución N° 122 de fecha 12/05/2016 Gaceta Oficial N° 40.906 de fecha 18/05/2016. página original (tal como se publicó) [Página 23] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 5 de septiembre de 2016 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Caracas, 25 de Julio de 2016 2060, 157° y 17° Quien suScribe, NERISSA JOSÉ AGUILERA ARTEAGA, titular de la cédula de identidad N° V-12.555.836, actuando en mi carácter de Superintendente de la Superintendencia de Servicios de Certificación. Electrónica, según nombramiento contenido en la Resolución N° 122. de fecha 12 de mayo de 2016, publicada en ia Gaceta Oficial de ia Repúbfica Bolivariana de Venezuela N° 40.906, de fecha 18 de Ciudadano ALEXANDER JOSÉ OSORIO DELGADO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° 8.872.421 y en cumplimento de las atribuciones conferidas en los numerales 1 y 2 del artículo 30, del Decreto con Fuerza de Ley N° 1.204 de fecha 10 de febrero de 2001, de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.148, del 28 de febrero de 2001. en concordancia con lo previsto en los artículos 28, 29 y 31 del Reglamento Parcial dc Ia Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas y conforme a lo previsto en el articulo 12 de la L.ey Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. ;ubicada en Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinaria, de fecha 01 de julio de 1.981, d:cta la Siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 004-2016 CONSIDERANDO Que el ciudadano ALEXANDER JOSÉ OSORIO DELGADO, anteriormente identificado realiza, solicitud de la renovación en el Registro de Auditores dispuestos en el artículo 31 del Regiamento Parcial del Decreto Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas y articulo 1 de la Providencia Administrativa N° 15 de este órgano administrativo pubicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.594, de fecha 29 de diciembre de 2006 . por la cual se crea Registro de Auditores de la Superintendenca de Servicios de Certficación Electrónica (SUSCERTE). en concordancia con lo previsto en la Norma SUSCERTE 042-08/13, correspondiente a la Guía para la Inscripcion y Permanencia en el Registro de Auditores; y así dar inicio al ocedimiento de renovación de conformidad con lo establecido en el articulo 51 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y la Mencionada norma técnica. CONSIDERANDO Que esta Superintendencia como órgano de la Administración Pública Nacional debe en todo momento velar por el otorgamiento de una respuestas oportuna y adecuada a las solicitudes que ante ésta sean presentados. De tal modo, se ciñe estrictamente al servicio de los particulares atendiendo a los principios de eficacia, eficiencia, objetividad, imparcialidad. honestidad y buena fe; así como, al uso de medios tecnológicos para facilitar el intercambio, disponibilidad y seguridad de la información y a la simplificación de los trámites mediante la dispensa de recaudos ya consignados en virtud de trámites anteriores cumplidos por ante esta superintendencia, siempre y cuando no se encuentre vencidos o modificado su contenido, de conformidad con lo establecido en los artícuios 10. 11.19, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con 9, 10, 18, 22, 25, 26, 28 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. CONSIDERANDO Que de conformidad COn la norma SUSCERTE N° 042-08/13 esta superintendencia procedió a evaluar los antecedentes curriculares y conocimientos requeridos a los efectos de su renovacion, a través de un examen técnico de fecha 25 de abril de 2016, tal como se desprende del respectivo expediente administrativo. En el que se evaluaron los siguientes aspectos. .Nivel académico: • Conocimientos básicos: Conocimentos complementarios: • Experiencia en auditona, • Certificaciones nacionales e internacionales; Conocimientos en materia de certificación electrónica y seguridad de la información. 430.441 CONSIDERANDO Que el resultado de la evaluación realizada al solicitante asciende a 154 puntos, siendo el mínimo requerido a tales efectos 123 puntos, tal como se observa en la tabla de evaluación individual que se acompaña al presente instrumento marcado como anexo "A" RESUELVE PRIMERO: Aprobar ia renovación de la inscripción en el Registro de Auditores del Ciudadano ALEXANDER JOSÉ OSORIO DELGADO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula: de identidad N° 8.872.421, en el Registro de Auditores de esta Superintendencia. SEGunDo: La renovación de la inscripción aquí otorgada tendrá una duración de tres (03) años contados a partir del 18 de abril de 2016 al 18 de abril de 2019. TERCERO: La presente providencia entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Gobierno Comuniquese y publíquese. Bollvari-ano de Venozuela Ypeuctigr DESPACHO NERISSA J. AGUILERA ARTEAGA Superintendente Designacio segúr Resolución N° 122 de fecha 12/05/2016 Gace:ta Oficial N° 40.906 de fecha 18/05/2016. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Caracas, 25 de Julio de 2016 206º, 157° y 17° Quien SUScribe, NERISSA JOSÉ AGUILERA ARTEAGA, titular de la cédula de identidad N° \-12.556.836, actuando en mi carácter de Superintendente de la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, según nombramiento contenido en la Resolución N° 122. de fecha 12 de mayo de-2016, publicada en la Gaceta Oficial de: la República Bolivariana de Venezuela N° 40.906, de fecha 18 de mayo de 2016; vista l: Solicitud de renovación en el Registro de Auditores por parte de la ciudadana MARICLEN VILLEGAS, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° 6.350.831 y en cumplimento de las atribuciones conferidas en los numerales 1 y 2 del articulo 30, del,Decreto con Fuerza de Ley N° 1.204 de fecha 10 de febrero de 2001. de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.148, del 28 de febrero de 2001, en concordancia con 1o previsto en los articulos 28, 29 y 31 del Reglamento Parcial de la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas y conforme a lo previsto en el articulo 12 de ia Le:y.Orjánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en ei articulo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinaria. de fecha 01 de julio de 1.981, dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 005-2016 CONSIDERANDO Que Ia ciudadana MARICLEN VILLEGAS, anteriormente identificada realiza, solicitud de la renovación en el Registro de Auditores dispuestos en el artículo 31 del Reglamento Parcia! del Decreto Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas y artículo 1 de la Providencia Administrativa N° 15 de este órgano administrativo publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.594, de fecha 29 de diciembre de 2006 por la cual se crea Registro. de Auditores de la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE), en concordancia Con lo previsto en la Norma SUSCERTE 042-08/13, correspondiente a la Guía para la inscripción y Permanencia en el Registro de Auditores; y así dar inicio al procedimiento de renovación de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y la Mencionada norma técnica. página original (tal como se publicó) [Página 24] 430.442 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONSIDERANDO Que esta Superintendencia como órgano de la Administración Pública Nacional debe en todo momento velar por ci otorgamiento de una respuestas oportuna y adecuada a las solicitudes que ante ésta sean presentados. De tal modo, se ciñe estrictamente al servicio de los particulares atendiendo a los principios de eficacia, eficiencia, objetividad. imparcialidad. honestidad y buena fe; así como, al uso de medios tecnológicos para facilitar el intercambio, disponibilidad y seguridad de la información y a la simplificación de los trámites mediante la dispensa de recaudos ya consignados en virtud de trámites anteriores cumplidos por ante esta superintendencia, siempre y cuando no se encuentre vencidos o modificado su contenido, de conformidad con lo establecido en los articulos 10. 11.19, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Púbiica, en concordancia con 9, 10, 18, 22, 25, 26, 28 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de l ey de Simplificación de Trámites Administrativos. CONSIDERANDO Que de conformidad Con la norma SUSCERTE N° 042-08/13 esta superintendencia procedió a evaluar los antecedentes curriculares y conocimientos requeridos a los efectos de su renovación. a través de un examen técnico de fecha 25 de abril de 2016, tal como se desprende del respectivo expediente administrativo. En el que se evaluaron los siguientes aspectos: •Nivel académico: Conocimientos básicos: Conocimientos complementarios: Expenencia en auditoria; Certificaciones: nacionales e internacionales; Conocanientos en matena de certificación electrónica y seguridad de la información CONSIDERANDO Que el resultado de la evaluación realizada al solicitante asciende a 129 puntos, siendo el mínimo requerido a tales efectos 123 puntos, tal como se observa en la tabla de evaluación individual que se acompaña ai presente instrumento marcado como anexo "A" RESUELVE PRIMERo: Aproba: la renovación de la inscripción de la ciudadana MARICLEN VILLEGAS, venezolana. mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° 6.350.831, en el Registro de Auditores de esta Superintendencia. SEGunpo: La renovación de la inscripción aqui otorgada tendrá una duración de tres (03) años contados .1 pautr dei 18 de abril de 2016 al 18 de abril de 2019. TERcERO: La presen:e providencia entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuniquese y publiquese. Goblarna Bc do V.AMginela NERISSA.AGURA ARTEAGA Designado segúr Resolución Nzgdeergm Gaceta Oficial N° 40.906 daan016. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA FUNDACIÓN DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS AVANZADOS OFICINA DE AUDITORIA INTERNA COORDINACIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES AUTO DECISORIO Caracas, 16 de Mayo de 2016 1 ANTECEDENTES En atención a las atribuciones conferidas en los artículos 103 y 106 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Lunes 5 de septiembre de 2016 Control Fiscal, Quien suscribe, la Auditora Interna de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), designada según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.191 de fecha 18/06/2013, actuando de conformidad con el Reglamento Interno de la Oficina de Auditoría Interna, aprobado por el Consejo Directivo en su Reunión Extraordinaria N° 05-2013 de fecha 20 de septiembre de 2013, publicado en Gaceta Oficial N° 40.375 en fecha 19 de marzo de 2014, y artículos 92 al 97. del Reglamento de la Ley en comento vinculado con el Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, establecido en el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, aplicable, iniciado mediante Auto de Inicio, de fecha 15 de Febrero de 2016, del cual fueron notificados en la misma fecha, en su condición de presuntos indiciados los ciudadanos, Josefa Briceño, Ricardo Alfonso Cárdenas Quintana y Jorge Gavidia, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-11.130.456, V-13.426.372 y V-11.740.539, adscritos a la Dirección de Administración (Unidad de Asistencia Administrativa), Dirección de Infraestructura, Coordinación de Transporte, Dirección de Infraestructura, respectivamente de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA). En virtud a las competencias atribuidas a los Órganos de Control Fiscal inherentes al ejercicio del control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes de los órganos y entes centralizados y descentralizados sujetos a su control, con el objeto de salvaguardar el Patrimonio Público de esta Fundación, esta Oficina de Auditoría Interna, como consecuencia de una actuación fiscal practicada por una denuncia interpuesta por la Consultoría Jurídica de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), a través del Abogado Alejandro Infante Adam, venezolano, mayor de edad de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-14.216.968, inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el N° 107.391, en su carácter de Apoderado Judicial, según se desprende de Oficio N° CJ/004-15, de fecha 05 de Mayo de 2015 y recibida por ante esta Oficina de Auditoría Interna en fecha 08 de Mayo de 2015, acordó la Apertura del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades. Los hallazgos de auditoría obtenidos en el marco de la actuación de control fiscal, sirvieron de fundamento para que la Coordinación de Determinación de Responsabilidades, adscrita a la Oficina de Auditoría Interna de la Fundación de Estudios Avanzados IDEA, formalizará en fecha 15 de febrero de 2016, el Auto de Inicio del Procedimiento de Determinación de Responsabilidades, distinguido con el Expediente N° 0AI/CDR/001/2016, por los actos hechos u omisiones que fueron notificados a los interesados, quienes tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, en los términos en que quedó contenido el Auto de Inicio al Procedimiento de Determinación de Responsabilidades de fecha 15 de febrero de 2016. denuncia, la cual sirvió de fundamento para que la Coordinación de Determinación de Responsabilidades formalizará en fecha 15 de Febrero de 2016, expediente N°0AI/DRA/001/2016 contentivo de Auto de Inicio, que corre inserto a los folios del expediente, así como Notificación y Cartel de Notificación de fecha 3 de Marzo de 2016, dirigido a la ciudadana Josefa Briceño, identificada en autos, publicado en el periódico Últimas Noticias, página 19 respectivamente, mediante los cuales se les señaló los actos, hechos u omisiones que fueron comunicados a los ciudadanos Josefa Briceño, Ricardo Alfonso Cárdenas Quintana y Jorge Gavidia, supra identificados, quienes tuvieron oportunidad de ejercer sus derecho a la defensa, respetando el derecho de los administrados a ser oídos, quienes podían participar activamente en la fase de instrucción del procedimiento administrativo, por lo que se les otorgó oportunidad para probar y consignar las pruebas al proceso, alegar y contradecir lo que consideraran pertinente en la protección de sus derechos o intereses, el derecho a tener acceso al expediente, con el propósito de examinar en cualquier estado del página original (tal como se publicó) [Página 25] Lunes 5 de septiembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA procedimiento las actas que lo componen, el derecho a ser informados de los recursos y medios de defensa; en atención al Principio de Legalidad y lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual contiene los resultados de la actuación fiscal practicada por esta Oficina de Auditoría Interna; en la que se detectaron presuntas irregularidades administrativas, relacionada con los siguientes hechos: 1.- "El día 21 de marzo del año 2015, se presume que, hubo un uso indebido y daño a un vehículo propiedad de la Fundación, distinguido con la placa: 82NABP, Modelo: B DOBLE CABINA 4X4, MARCA: MAZDA, AÑO: 2006, Color: BLANCO, Serial de Motor: G6353908, por cuanto dicho vehículo fue comisionado en la vía Lara Zulia con destino a Carache, Estado Trujillo, sin la autorización por escrita por parte de la Dirección de Infraestructura de esta Fundación, ya que según estableció por parte de la Presidencia, que "los vehículos del IDEA debían permanecer en la Institución durante los horarios y días no laborables. Los conductores podrán hacer uso de los vehículos en horarios y días no laborables únicamente cuando tengan la autorización avalada y expresa por escrito por parte del Director de Infraestructura, (de quien depende el área de transporte) siempre y cuando esté debidamente justificado". Con fundamento en los hallazgos obtenidos de la actuación de control fiscal, se infiere que se produjo el uso indebido de un vehículo propiedad de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), al margen del instructivo previsto para ello, trasiadándose en el mismo fuera del área del entorno laboral, así como en horario y días no laborables; tal supuesto presuntamente constituye un hecho generador de responsabilidad administrativa previsto en el artículo 91 numeral 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Cabe destacar que el sistema de Control Interno de cada organización comprende el plan de organización, las políticas, normas, así como los métodos para salvaguardar sus recursos y bienes, es así como las Normas Generales de Control Interno establece lo siguiente: Artículo 3°.- "El control interno de cada organismo o entidad debe organizarse con arreglo a conceptos y principios generalmente aceptados de sistema y estar constituido por las políticas y normas los métodos formalmente dictadas, procedimientos efectivamente implantados y los recursos humanos, financieros y materiales, cuyo funcionamiento coordinado debe orientarse al cumplimiento de los objetivos siguientes: Salvaguardar el patrimonio público. (...) a) 2.- "Hecho en el cual se presume que los ciudadanos: Josefa Briceño, Ricardo Alfonso Cárdenas Quintana y Jorge Gavidia, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-11.130.456, V-13.426.372 y V-11.740.539 respectivamente, quienes laboran en esta Fundación, tienen responsabilidad directa, siendo que los dos primeros se encontraban en uso del vehículo sin una autorización formal dada por escrito por parte de la Dirección de Infraestructura, la orden de usar el mencionado vehículo, la cual fue dada verbalmente por el Director Jorge Gavidia, para el momento en que el vehículo descrito sufrió el daño". En atención a lo anteriormente plasmado es preciso señalar que, en todo momento los funcionarios que estén frente al servicio público de la nación, deben salvaguardar el patrimonio público, así tenemos el Artículo 137 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público: "El sistema de control interno comprende el conjunto de normas, órganos y procedimientos de control, integrados a los procesos de la 430.443 administración financiera, así como a la auditoría interna y tiene por objeto asegurar el acatamiento de las normas legales, salvaguardar los recursos y bienes que integran el patrimonio público, asegurar la. obtención de información administrativa, financiera y operativa útil, confiable y oportuna para la toma de decisiones, promover la eficiencia de las operaciones y lograr el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos, en concordancia con las políticas prescritas y con los objetivos y metas propuestas, así como garantizar razonablemente la rendición de cuenta " (..). (Subrayado nuestro). Presuntamente, de la anterior situación se omitieron algunos deberes y obligaciones por parte de estos servidores públicos, de lo que se verificó presunto uso indebido de un bien público perteneciente a esta Fundación, inobservándose procedimientos de control interno, toda vez que se determinó el uso del vehículo aquí descrito, fuera del horario y días no laborables, contraviniendo en un primer término la orden emitida por la Máxima Autoridad del ente, Dr. Gregorio Sánchez, según se evidencia de Memorandum Interno N° P/976-14 de fecha 29/08/2014, así como el incumplimiento de las tareas asignadas a los precitados Funcionarios, según se evidencia de cada una de las Certificaciones de Cargos, emitidas por la Dirección de Recursos Humanos, números DRRHH-357-2015, DRRHH-355-2015 Y DRRHH-356-2015 de fecha 25 de Mayo de 2015, respectivamente, de las que se exponen de manifiesto a la vista, el contexto de las funciones propias que les son encomendadas. El hecho presuntamente irregular podría configurar un supuesto generador de responsabilidad administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 91 numerales 2 y 5, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual establece: Artículo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras leyes, generadores supuestos de constituyen responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación: Omissis (.….) 2. La omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley. 5. La utilización en obras o servicios de índole particular, de trabajadores o trabajadoras, bienes o recursos que por cualquier título estén afectados o destinados a los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley. Una vez expuestos los actos, hechos u omisiones presuntamente irregulares resulta necesario establecer una relación de causalidad de los funcionarios que intervinieron en la presunta comisión de los hechos anteriormente señalados. RELACIÓN DE CAUSALIDAD En fecha 08 de mayo de 2015, esta Oficina de Auditoría Interna recibió denuncia interpuesta por la Consultoría Jurídica de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), a través del Abogado Alejandro Infante Adam, venezolano, mayor de edad de este domicilio, titular de la cédula de identidad N°v-14.216.968, inscrito en el instituto de Previsión del Abogado bajo el N°107.391, en su carácter de Apoderado Judiciaf, según se desprende de Oficio N°CJ/004-15, de fecha 05 de Mayo de 2015 y recibida por ante esta Oficina de Auditoría Interna en fecha 08 de Mayo de 2015. De la precitada denuncia, se extrajo la verificación sobre el uso indebido y daño a un vehículo propiedad de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEA, cuyas características son las siguientes: placa: 82NABP, Modelo: B DOBLE CABINA 4X4, MARCA: MAZDA, AÑO: 2006, Color: BLANCO, Serial de Motor: G6353908. página original (tal como se publicó) [Página 26] 430.444 Lunes 5 de septiembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA De acuerdo a la denuncia planteada, se induce que el referido vehículo sufrió un impacto, motivado a un accidente ocurrido en la vía Lara Zulia con destino a Carache, estado Trujillo, el día 21 de febrero de 2015. Debido al hecho ocasionado, se observa que en fecha 27 de Febrero, la Dirección de Consultoría Jurídica procedió a emitir Acta, donde se evidencia la ubicación del vehículo y su estado actual. En la misma fecha se tomó entrevista al chofer que conducía el mencionado vehículo, ciudadano RICARDO ALFONSO CARDENAS QUINTANA, titular de la cédula de identidad N°V-13.426.372. En fecha 03 de Marzo de 2015, se constata entrevistas practicadas a los ciudadanos: JORGE LUIS GAVIDIA, titular de la cédula de identidad N° V-11.740.539 y JOSEFA BRICEÑo, titular de la cédula de identidad N° V-11.130.456, cuya finalidad fue constatar la veracidad del hecho ocasionado con el vehículo supra descrito. En fecha 24 de Marzo de 2015, se observan memorándum dirigidos al Jefe de Vigilancia de la Fundación, solicitándosele reporte de salida del precitado vehículo durante los días 20 y 21 de Febrero de 2015. En esa misma fecha, se practicaron citaciones a los ciudadanos Josefa Briceño y Jorge Gavidia, a fin que los mismos comparecieran a una reunión para tratar sobre el hecho suscitado con el vehículo. A tal efecto, en fecha 25 de Marzo, los mencionados ciudadanos comparecieron a la reunión, mediante la cual suscribieron un Acta de Compromiso, asumiendo el hecho ocasionado y la responsabilidad de cada uno sobre el uso del vehículo, indicándose que establecerán un reparo sobre el mismo, seguido de la firma de unos giros para garantizar la mencionada reparación. En ese sentido, refrendaron dicha Acta los ciudadanos Jorge Gavidia, titular de la cédula de identidad N° V-11.740.539, Josefa Briceño, titular de la cédula de identidad N° v-11.130.456 y Ricardo Cárdenas titular de la cédula de identidad N° V-13.426.372 respectivamente, en presencia de los ciudadanos Gregorio Sánchez, titular de la cédula de identidad N° V-5.301.310, Presidente de la Fundación y Alejandro Infante titular de la cédula de identidad N° V-14.216.968, Consultor Jurídico de la misma. Se constata dos (2) Actas de fechas 20 y 21 de Abril de 2015, respectivamente, mediante las cuales se dejó constancia de las inasistencias de la ciudadana Josefa Briceño, suficientemente identificada, relacionadas con las firmas de los giros derivados al acuerdo suscrito en el Acta de Compromiso anteriormente señalada. A los fines de verificar el hecho en atención al vehículo chocado y constatar su pertenencia _y/o procedencia, esta Oficina de Auditoría Interna, procedió a solicitar a la Dirección de Administración copia del Título de propiedad y copia encuentra fehacientemente comprobado. Por cuanto se presume una conducta omisiva por parte de los funcionarios Josefa Briceño, Ricardo Alfonso Cárdenas Quintana y Jorge Gavidia, cursa en el expediente certificación de cargos de los precitados ciudadanos, Profesional III, adscrita a la Dirección de Administración-Unidad de Asistencia Administrativa, Chofer (obrero) y Director de Infraestructura, respectivamente de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA). En fecha 08 de Junio de 2015, se solicitó a la Dirección de Infraestructura, practicara diligencia ai corredor del seguro del vehículo aquí señalado, a los fines que se efectuara avalúo, para determinar el monto por el daño causado. Así mismo se procedió a practicar Acta Fiscal N°01 de fecha 16 de Octubre de 2015, ante la Dirección de Transporte de la Fundación (IDEA), que el bien N°BO2457, el Cual corresponde al vehículo placa: 82NABP, Modelo: B DOBLE CABINA 4X4, MARCA: MAZDA, AÑO: 2006, Color: BLANCO, Serial de Motor: G6353908, no se encontraba físicamente en las instalaciones de la precitada Fundación. En fecha 15 de Febrero de 2016, de la alusiva Denuncia y las actuaciones fiscales pertinentes, esta Oficina de Auditoría Interna a través de la Coordinación de Determinación de Responsabilidades, procedió a efectuar Auto de Inicio o Apertura al Procedimiento de Determinación de Responsabilidades Administrativa en atención a lo preceptuado en los artículos 93, 96 y 98 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con lo establecido en el artículo 88 de su Reglamento, motivado a las presunciones plasmadas en las referidas actuaciones, de las cuales surgen suficientes elementos de convicción. El Auto de Inicio precisó que, en atención a lo reglamentado en los artícuios 96 y 98 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con lo establecido en el Artículo 88 del Reglamento de la aludida Ley, acordó la Apertura del Procedimiento Administrativo y como consecuencia de una actuación fiscal realizada por la Coordinación de Determinación de Responsabilidades de la Oficina de Auditoría Interna relativa a una denuncia interpuesta por la Dirección de Consultoría Jurídica de esta Fundación, de la que surgieron suficientes elementos de convicción y se detectaron presuntas irregularidades administrativas relacionadas con los siguientes hechos: 1.- "El día 21 de marzo del año 2015, se presume que, hubo un uso indebido y daño a un vehículo propiedad de la Fundación, distinguido con la placa: 82NABP, Modelo: B DOBLE CABINA 4X4, MARCA: MAZDA, AÑO: 2006, Color: BLANCO, Serial de Motor: G6353908, por cuanto dicho vehículo fue comisionado en la vía Lara Zulia con destino a Carache, Estado Trujillo, sin la autorización por escrita por parte de la Dirección de Infraestructura de esta Fundación, ya que según Memorandum N° P/976-14 de fecha 29 de Agosto de 2014 se estableció por parte de la Presidencia, que "los vehículos del IDEA debían permanecer en la Institución durante los horarios y días no laborables. Los conductores podrán hacer uso de los vehículos en horarios y días no laborables únicamente cuando tengan la autorización avalada y expresa por escrito por parte del Director de Infraestructura, (de quien depende el área de transporte) siempre y cuando esté debidamente justificado". Con fundamento en los hallazgos obtenidos de la revisión del expediente remitido por la Consultoría Jurídica e esta Oficina, se infiere que se produjo el uso indebido de un vehículo propiedad de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), al margen del instructivo previsto para ello, el traslado que se efectuó en su momento no fue por asuntos laborales, ni en el horario laboral; tal supuesto presuntamente constituye un hecho generador de responsabilidad administrativa previsto en el artículo 91 numeral 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 2.- Hecho en el cual se presume que los ciudadanos: Josefa Briceño, Ricardo Alfonso Cárdenas Quintana y Jorge Gavidia, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° página original (tal como se publicó) [Página 27] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 5 de septiembre de 2016 V-11.130.456, V-13.426.372 y. V-11.740.539 respectivamente, quienes laboran en esta Fundación, tienen responsabilidad directa, siendo que los dos primeros se encontraban en uso del vehículo sin una autorización formal dada por escrito por parte de la Dirección de Infraestructura, la orden de usar el mencionado vehículo, la cual fue dada verbalmente por el Director Jorge Gavidia, para el momento en que el vehículo descrito sufrió el daño. Presuntamente, de la anterior situación se omitieron algunos deberes y obligaciones por parte de estos servidores públicos, de lo que se verificó presunto uso indebido de un bien público perteneciente a esta Fundación inobservándose procedimientos de control interno, toda vez que se determinó el uso del vehículo aquí descrito, fuera del horario y días laborables, contraviniendo en un primer término la orden emitida por la Máxima Autoridad del ente, Dr. Gregorio Sánchez, según se evidencia de Memorandum Interno N° P/976-14 de fecha 29/08/2014, así como el incumplimiento de las tareas asignadas a los precitados Funcionarios, según se evidencia de cada una de las Certificaciones de Cargos, emitidas por la Dirección de Recursos Humanos, números DRRHH-357-2015, DRRHH-355-2015 Y DRRHH-356-2015 de fecha 25 de Mayo de 2015, respectivamente, de las que se exponen de manifiesto a la vista, el contexto de las funciones propias que les son encomendadas. De lo que se evidencia presunta omisión en la preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), por parte de los servidores públicos JOSEFA BRICEÑo, RICARDO CÁRDENAS Y JORGE GAVIDIA, supra identificados. Dando cumplimiento al Principio de Legalidad como regla común a toda la actividad administrativa, el presente acto administrativo, está sometido a la notificación dirigida a los presuntos responsables, lo que se encuentra. regulado de manera general en el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 90 de su Reglamento, existen también normas específicas que establecen ese principio: los artículos 72 y siguientes de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y se regula de manera bastante similar la notificación de los actos administrativos en general. La particularidad de tal norma, es señalar que dicha notificación se entregará al interesado o a su representante legal para su eficacia, procediéndose a notificar a cada uno de los presuntos responsables en fecha 15 de Febrero de 2016, dándose pOr notificados los ciudadanos JORGE GAVIDIA y RICARDO CARDEnAs, en fechas 24 y 25 del mismo mes, siendo impracticable la notificación personal de la ciudadana JOSEFA BRIcEÑo, se procedió a notificar la según Cartel de Notificación, publicado en el periódico Últimas Noticias en fecha 03 de marzo de 2016. En fecha 17 de Marzo de 2016, estando dentro del lapso legal establecido en el artículo 99 de la ley eiusdem, el ciudadano JORGE GAVIDIA, titular de la cédula de identidad N° V-11.740.539, consignó escrito de descargo para su defensa, constante de un (01) folio útil, quien indicó sobre su autorización respecto a la salida del vehículo distinguido con la placa: 82NABP, Modelo: B DOBLE CABINA 4X4, MARCA: MAZDA, AÑO: 2006, Color: BLANCO para trasladarlo a la ciudad de Valencia, estado Carabobo y no hasta el Estado Trujillo, lugar donde ocurrió el accidente. Dando instrucciones que el mismo saliera el día sábado 21 de marzo de 2015 y retornará ese mismo día antes del medio día, manifestando que en ningún momento se le pidió autorización para desviarlo de ruta, a su vez indicando que no recibió ningún beneficio propio y solo atendió una solicitud de una compañera que se mostró urgida por un problema personal, apoyándola sin causar perjuicio a la Institución; señalandole al Presidente de la Institución la disposición de colocar el cargo a la orden, propuesta esta que no fue aceptada, dispuesto siempre a resarcir el daño sufrido por el vehículo, ratificándose los elementos de convicción aportados como prueba, dejándose constancia de la admisión de dicha prueba por estar dentro del lapso legal y por no ser manifiestamente ilegal. 430.445 En esta miSma fecha el cludadano RICARDo ALFONSo CARDENAS QUINTANA, titular de la cédula de identidad N°V-13.426.372 consignó escrito de descargo para su defensa, constante de dos (02) folios útiles, quien indicó que el escrito que consignada, fue la entrevista que le fuera efectuada por parte de la Consultoría Jurídica de esta Fundación y que además alli explicaba como habia sucedido el choque, manifestó que el solo cumplía una órden de su Jefe inmediato. El resultado del análisis y las actuaciones fiscales practicadas, fue el Auto de Inicio, el cual fue motivado subsumiendo presuntamente, actos, hechos y omisiones investigados, anteriormente narrados, concernientes al uso indebido y daño ocasionado a un vehículo perteneciente a esta Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA). DE LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE INICIO En fecha 24 de Febrero de 2016, el ciudadano JORGE LUIS GAVIDIA titular de la cédula de identidad N° V-11.740.539 identificado en autos, se dio por notificado respecto del contenido del Auto de Inicio de fecha 15 de Febrero de 2016, de la misma manera, en fecha 25 de Febrero de 2016, el ciudadano RICARDO ALFONSO CÁRDENAS, titular de la cédula identidad N° v-13.426.372, también identificado en autos, se dio por notificado respecto del contenido del Auto de Inicio de fecha 15 de Febrero de 2016. Dichas notificaciones se libraron de conformidad con lo dispuesto en los artículos 96 y 98, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° Ext. 6.013 del 23 de diciembre de 2010, en concordancia. con el artículo 88 de su Reglamento, quedando los mencionados ciudadanos a derecho para todos los efectos del procedimiento, a tenor de lo dispuesto en la parte in fine del artículo 98 de la precitada Ley. Así mismo, dando cumplimiento al lapso previsto en el artículo 96 de ta Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal concatenado con lo previsto en el artículo 90 de su Reglamento y visto que resultó impracticable la notificación personal a la Ciudadana JOSEFA DEL ROSARIO BRICEÑO, titular de la cédula de identidad N°V-11.130.456, dentificada en autos, se acordó librar Cartel de Notificación en un periódico de la localidad, en atención a lo establecido en el artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, siendo públicado el mismo en la página 19 del periódico Ultimas Noticias de fecha 3 de Marzo de 2016, el cual se encuentra inserto en el presente expediente. A los fines de garantizar el debido proceso y particularmente el derecho a la defensa consagrado en el artículo 49, ordinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se procedió a notificar a los servidores públicos antes mencionados, concediéndoseles un plazo de quince (15) días hábiles, computados individualmente a partir del día siguiente de la recepción de la misma, de conformidad con las previsiones contenidas en los Artículos 99 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 91 de su Reglamento, para consignar en el expediente los medios de prueba documentales de que dispongan, que a sus juicio desvirtúen los elementos de prueba o convicción que dieron origen al inicio del presente procedimiento e indicar las pruebas que producirá en el acto oral y público a que se refiere el artículo 101 eiusdem, las cuales de ser procedentes serían admitidas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su indicación y podrían ser evacuadas de ser necesario antes del acto oral y público, circunstancia que se advertiría de forma expresa mediante auto que se estampará en el expediente administrativo. DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS De los anteriores planteamientos se presume, que los ciudadanos Josefa Briceño, Ricardo Alfonso Cárdenas Quintana y Jorge Gavidia, página original (tal como se publicó) [Página 28] 430.446 Lunes 5 de septiembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-11.130.456, V-13.426.372 y V-11.740.539, adscritos a la Dirección de Administración (Unidad de Asistencia Administrativa), Dirección de Infraestructura, Coordinación de Transporte, Dirección de Infraestructura, respectivamente de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), inobservaron y desacataron el procedimiento de control interno en actos, hechos y omisiones investigados, anteriormente narrados, concernientes al uso indebido y daño ocasionado a un vehículo perteneciente a la referida Fundación, establecidos en las normas de carácter legal y sub-legal. La vinculación directa de los precitados ciudadanos, suficientemente identificados en autos, se desprende de los elementos probatorios que demuestran la comisión del hecho irregular antes descrito, siendo los siguientes: 1.- Denuncia interpuesta por la Dirección de Consultoría Jurídica de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), en la que se señala, la existencia de un vehículo con las siguientes caracacterísticas distinguido con la placa: 82NABP, Modelo: B DOBLE CABINA 4X4, MARCA: MAZDA, AÑO: 2006, Color: BLANCo, Serial de Motor: G6353908, el cual fue presuntamente chocado, perteneciente a la Fundación. 2.- Comunicación interna de fecha 24 de Febrero de 2016, suscrita por el Presidente de la Fundación, dirigida al Consultor Jurídico donde le solicitaba esclarecer circunstancias por el uso indebido y daño de un vehículo MAzDA, Modelo B, doble cabina AÑO: 2006, Color: BLANCO, placa 82NABP. 3.- Memorándum de fecha 29 de Agosto de 2014, dirigida por el Presidente de la Fundación ciudadano Gregorio Sánchez, al Director de Infraestructura, ciudadano Jorge Gavidia, en el que indicaba la instrucción, de que todos los vehículos del IDEA deben permanecer en la Institución durante los días no laborables, y los conductores podrán hacer uso de los vehículos en horario y días no laborables únicamente cuando tengan la autorización avalada y expresa por escrito por parte del Director de Infraestructura, siempre y cuando estuviere debidamente justificado. 4.- Comunicación interna de fecha 24 de Marzo de 2015, suscrita por el Supervisor de Seguridad, ciudadano José Gregorio Rodríguez, en la que se indica reporte de salida del vehículo señalado ut supra, en fecha 20 de Febrero de 2015. 5.- Acta de fecha 27 de Febrero de 2015, suscrita por el ciudadano Alejandro Infante, titular de la cédula de identidad N° V-14.216.968, Director de Consultoría Jurídica, en la que se indica traslado al Sector denominado la Suiza, Calie la Ceiba, casa N° 05, en la población de Paracotos, Estado Miranda, en la que se deja constancia del estado del vehículo distinguido con la placa: 82NABP, Modelo: B DOBLE CABINA 4X4, MARCA: MAZDA, AÑO: 2006, Color: BLANCo, Serial de Motor: G6353908, indicándose las descripciones dei daño recibido por el mismo, de las cuales se evidencia copias fotostáticas insertas al presente expediente. 6.- Acta de fecha 27 de Febrero de 2015, suscrita por el ciudadano Alejandro Infante y refrendada tanto por su persona, como por el ciudadano Ricardo Alfonso Cárdenas Quintana, titular de la cédula de identidad N° V- 13.426.372, la Cual señala entrevista realizada al precitado ciudadano, en la que señala, que su persona era quien conducía el vehículo distinguido con la placa: 82NABP, Modelo: B DOBLE CABINA 4X4, MARCA: MAZDA, AÑO: 2006, Color: BLANCO, Serial de Motor: G6353908, la noche del viernes 20 de febrero de 2015, indicando además el accidente ocurrido con dicho vehículo, en ei que viajaba la ciudadana Josefa Briceño, junto a sus dos (2) menores hijas. AÑO: 2006, Color: BLANCO, Serial de Motor: G6353908, indicando que lo habían chocado al salir de Barquisimeto. 8.- Acta de Fecha 03 de Marzo de 2015, suscrita por el ciudadano Alejandro Infante suficientemente identificado, refrendada tanto por su persona, como por la ciudadana Josefa Briceño, titular de la cédula de identidad N° V-11.130.456, la cual demuestra entrevista realizada a la precitada ciudadana, quien señala que solicitó el uso de la camioneta al Director de Infraestructura para llevar unos artefactos electrodomésticos a su casa, a su vez señaló las descripciones del choque del vehículo distinguido con la-placa: 82NABP, Modelo: B DOBLE CABINA 4X4, MARCA: MAZDA, AÑO: 2006, Color: BLANCO, Serial de Motor: G6353908. 9.- Acta de fecha 25 de Marzo de 2015, suscrita por los ciudadanos, Josefa Briceño, Ricardo Alfonso Cárdenas Quintana y Jorge Gavidia, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-11.130.456, V-13.426.372 y V-11.740.539, mediante la cual los precitados ciudadanos trabajadores de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), declaran la aceptación de su participación en los hechos ocurridos la noche del día 20 y madrugada del 21 de Febrero del año 2015, que derivaron en la lesión del patrimonio público nacional, al utilizar de forma indebida y distinta a la naturaleza jurídica de la Fundación un vehículo distinguido con la placa: 82NABP, Modelo: B DoBLE CABINA 4X4, MARCA: MAZDA, AÑO: 2006, Color: BLANCO, Serial de Motor: G6353908, indicando además sus compromisos de resarcir el daño causado al mencionado bién, mediante la cancelación total del costo asociado a la reparación del mismo, a su vez el Presidente y el Vice-Presidente de la Fundación Gregorio Leopoldo Sánchez Salamé y Daniel Lew, respectivamente, en representación de la misma aceptaron ta declaratoria.y compromiso expuesto por los precitados trabajadores. 10.- Memorandum N° DRRHH-355-2015 de fecha 25 de Mayo de 2015, en el que se emite Certificación de Cargos del servidor Ricardo Cárdenas. 11.- Memorandum N° DRRHH-356-2015 de fecha 25 de Mayo de 2015, en el que se emite Certificación de Cargos del servidor Jorge Luis Gavidia. 12.- Memorandum N°. DRRHH-357-2015 de fecha 25 de Mayo de 2015, en el que se emite Certificación de Cargos de la servidora Josefa Briceño. 13.- Acta Fiscal N° 01de fecha 16 de Octubre de 2015 suscrita por auditoría, donde se deja evidencia que el vehículo distinguido con la placa: 82nABP, Modelo: B DOBLE CABINA 4X4, MARCA: MAZDA, AÑO: 2006, Color: BLANCo, Serial de Motor: G6353908, signado con el Código de Bien N° B02457, físicamente no se encontraba en la Fundación. DEL LAPSO PARA INDICAR PRUEBAS En fecha 15 de Febrero de 2016, mediante Auto de Notificación, se les señaló a los presuntos responsables, que podían consignar los medios de pruebas de que dispusieran, que a sus juicios desvirtuaran los elementos de prueba o convicción que dieron origen al inicio del presente procedimiento e indicaran las pruebas que producirían en el acto oral y público. En fecha 24 de Febrero de 2016, el servidor público Jorge Luis Gavidia, identificado en autos se dio por notificado y en fecha 17 de Marzo estando dentro del lapso legal para presentar los medios de prueba de que dispusiera, consignó escrito, constante de un (01) folio útil los cuales soportan el escrito de indicación, quien manifestó su disposición de asumir su cuota de responsabilidad por el hecho ocurrido, dejándose constancia de la incorporación de dicho escrito al expediente, en concordancia a lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de fa página original (tal como se publicó) [Página 29] Lunes 5 de septiembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA República Bolivariana de Venezuela N° Ext. 6.013 del 23 de diciembre de 2010, concatenado con lo previsto en el artículo 91 de su Reglamento, escrito, aunado al cumplimiento del Principio de Legalidad, dándole cabida al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivaraiana de Venezuela. En fecha 25 de Febrero de 2016, el servidor Ricardo Cárdenas, identificado en autos, se dio por notificado y en fecha 17 de Marzo estando dentro del lapso legal para presentar los medios de prueba de que dispusiera, consignó escrito, constante de dos (02) folios útiles los cuales soportan el escrito de indicación, dejándose constancia de la incorporación de dicho escrito al expediente, dando cumplimiento al artículo 99 anteriormente señalado. DE LA ADMISIÓN DE PRUEBAS En fecha 04 de Abril de 2016, encontrándonos dentro del lapso legal establecido en artículo 99 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° Ext. 6.013 del 23 de diciembre de 2010, esta Oficina de Auditoría Interna, a través de la Coordinación de Determinación de Resposanbilidades, procedió a admitir el escrito presentado por el ciudadano Jorge Luis Gavidia respectivamente, por cuanto el mismo no era manifiestamente ilegal. En la misma fecha, se procedió a emitir Auto Admisión de Pruebas presentado por el ciudadano Ricardo Alfonso Cárdenas, dejando constancia que la misma se correspondía a una actuación practicada por la Consultoría Jurídica del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), la cual fue anexa a la denuncia presentada y tomada como elemento probatorio de las actuaciones fiscales llevadas a cabo por la Oficina de Auditoría Interna a través de la Coordinación de Determinación de Responsabilidades. En atención a la ciudadana Josefa Del Rosario Briceño, se deja constancia del Auto de Preclusión del Lapso para indicar pruebas de fecha 07 de Abril de 2016, la cual no hizo uso del derecho a la defensa establecido en el artículo 49 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto la misma no aportó prueba ni elemento alguno en favor de su defensa y así se demuestra. DE LA EVACUACIÓN DE PRUEBAS Del escrito presentado en fecha 17 de Marzo de 2016, por el ciudadano Jorge titular de la mayor de edad, Venezolano, Luis Gavidia, cédula de identidad N° V-11.740.539, Dirección de Infraestructura, de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), la Oficina de Auditoría Interna a través de la Coordinación de Determinación de Responsabilidades, . procedió a la verificación del escrito presentado por el referido ciudadano, contentivo de un (1) folio con los alegatos que a continuación se esgrimieron: " Por medio de la presente quiero expresar mi profunda preocupación por el caso del vehículo propiedad de la Fundación, distinguido con la placa: 82NABP, modelo B, doble cabina 4x4, marca: Mazda, año 2006, color blanco, el cual sufrió siniestro el día 21 de marzo del año 2015 durante mi gestión como Director de Infraestructura del IDEA. Es importante informarles que dicho vehículo fue autorizado por mi persona para ir hasta Valencia, estado Carabobo; nunca autorice a trasladarlo hasta el estado Trujillo, lugar donde ocurrió el accidente. Mis instrucciones fueron que se llevara hasta Valencia el día sábado 21 de marzo de 2015 y retornará al IDEA ese mismo día antes del mediodía; en ningún momento se me pidió autorización para desviarlo de esta ruta. De hecho ocurrido no recibí ningún tipo de beneficio propio, solo atendí una solicitud de una compañera que se demostró urgida por un grave problema personal, mi intención siempre fue prestarse apoyo sin causar ningún tipo de perjuicio a la Institución. A pesar de todo lo antes descrito, una vez conocida por mi parte la ocurrencia del accidente, notifique al Presidente de la Institución y coloqué mi cargo a la orden, propuesta que no me fue aceptada. En todo momento he informado a las autoridades de la Fundación que siempre he estado dispuesto a asumir la cuota de responsabilidad 430.447 por el hecho ocurrido y que aunque no me vi beneficiado por dicha acción, siempre he estado dispuesto a resarcir de alguna manera parte del daño sufrido por el vehículo. Mi intención hasta el momento siempre ha sido y seguirá siendo recuperar este bien preciado para la institución y que no se vuelvan a repetir hechos de esta naturaleza. Es todo". Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 100 la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se pódrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la solución del caso por cualquier medio de prueba que no esté expresamente prohibido por la Ley. Encontrándonos dentro del marco de la legalidad, la prueba promovida se estima, se considera oportuna para el esclarecimiento de los hechos en. concordancia a lo establecido en el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 91 de su Reglamento, insértese la misma a los autos del presente procedimiento. Del instrumento público señalado como Acta de Entrevista, adjunta a la denuncia interpuesta, de fecha 27 de Febrero de 2015, realizada al ciudadano. Ricardo Alfonso Cardenas, así como de los instrumentos señalados como Actas de Entrevistas, adjunta a la denuncia interpuesta, de fecha 03 de Marzo de 2015, realizadas a los ciudadanos Josefa Briceño y Jorge Gavidia esta Oficina de Auditoría Interna, a través de la Coordinación de Determinación de Responsabilidades, arguye lo siguiente: En atención a lo dispuesto en el artículo 1.384 del Código Civil, los traslados y las copias o testimonios de los instrumentos públicos o de cualquier otro documento auténtico, hacen fé, si los ha expedido el funcionario competente. con arreglo a las leyes. En este sentido, para que los mismos surtan pleno valor probatorio, debe cumplirse con la certificación de cada instrumento, la cual debe emanar del funcionario competente, a tal efecto los documentos antes señalados, están debidamente certificados por la máxima autoridad de la Fundación (IDEA), en consecuencia, su validez radica en la Providencia Administrativa N° 04/009, publicada en Gaceta Oficial N° 39.188 de fecha 28/05/2009, mediante la cual se delegan a los funcionarios -entre ellos al Presidente de la Fundación- para expedir copias certificadas de los instrumentos. De lo que se aprecia mediante testimonio emitido por el ciudadano Ricardo Alfonso Cárdenas, sólo cumplió con una órden emitida por su superior jerárquico ciudadano Jorge Luis Gavidia, por lo cual condujo el vehículo suficientemente señalado en autos, previa solicitud de su Jefe. Del testimonio otorgado por la servidora pública Josefa Del Rosario Briceño, se extrae la manifestación realizada por su persona, al admitir todos y cada uno de los hechos suscitados con el vehículo objeto de este procedimiento, el cual sufrió un siniestro, ocasionándole un daño al patrimonio público, toda vez que la precitada servidora, omitió las vías procedimentales para solicitar el uso del vehículo, haciendo valer su condición de Servidora Pública por encima de la normativa e instrumentos que rigen la materia para el mencionado uso de los bienes propiedad de la Fundación, ente donde presta sus labores. A los fines de constatar los cargos de los ciudadanos Ricardo Alfonso Cárdenas y Josefa del Rosario Briceño, esta Oficina, procedió a solicitar certificación de cargos de los mismos, de lo que se extrae lo siguiente: Ricardo Alfonso Cárdenas, se observa Punto de Cuenta N° DRRHH-113- 2010, de fecha 05/04/2010, mediante el cual se le asigna el cargo de chofer adscrito a la Dirección de Infaestructura, verificándose Certificación entre las funciones a su cargo: * Trasladar al personal del Instituto y otros traslados con el autobús. página original (tal como se publicó) [Página 30] 430.448 Lunes 5 de septiembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Encontrándonos dentro del marco de la legalidad, la prueba promovida se estima, se considera oportuna para el esclarecimiento de los hechos en concordancia a lo establecido en el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 91 de su Reglamento, insértese la misma a los autos del presente procedimiento. Del instrumento público señalado como Acta de Entrevista, adjunta a la denuncia interpuesta, de fecha 27 de Febrero de 2015, realizada al ciudadano Ricardo Alfonso Cardenas, así como de los instrumentos señalados como Actas de Entrevistas, adjunta a la denuncia interpuesta, de fecha 03 de Marzo. de 2015, realizadas a los ciudadanos Josefa Briceño y Jorge Gavidia esta Oficina de Auditoría Interna, a través de la Coordinación de Determinación de Responsabilidades, arguye lo siguiente: En atención a lo dispuesto en el artículo 1.384 del Código Civil, los traslados y las copias o testimonios de los instrumentos públicos o de cualquier otro documento auténtico, hacen fé, si los ha expedido el funcionario competente con arreglo a las leyes. En este sentido, para que los mismos surtan pleno valor probatorio, debe cumplirse con la certificación de cada instrumento, la cual debe emanar del funcionario competente, a tal efecto los documentos antes señalados, están debidamente certificados por la máxima autoridad de la Fundación (IDEA), en consecuencia, su validez radica en la Providencia Administrativa Nº 04/009, publicada en Gaceta Oficial N° 39.188 de fecha 28/05/2009, mediante la cual * Maneiar _diferentes vehículos según las necesidades._(Resaltado Nuestro). Josefa del Rosario Briceño, se observa Punto N° DRRHH-040-2007, de fecha 02/02/2007, mediante el cual se le asigna el cargo de Analista de Recursos Humanos, en cuya Certificación se señalan las actividades propias llevadas por esa Dirección e inobservandose asignación alguna para disponer de los vehículos o bienes de esta Fundación. En consecuencia quedan valorados estos instrumentos, evidenciándose que los precitados servidores públicos son trabajadores de la Fundación Instituto (IDEA) y con asignaciones propias asignadas. En cuanto al instrumento señalado como Acta de Compromiso de fecha 25 de Marzo de 2015, suscrita por los servidores públicos Josefa Briceño, Ricardo Alfonso Cárdenas Quintana y Jorge Gavidia, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° v- 11.130.456, V-13.426.372 y V-11.740.539, adjunto a la denuncia interpuesta, mediante la cual manifiestan su voluntad de resarcir el daño ocasionado por el impacto sufrido por un vehículo distinguido con la placa: 82NABP, modelo B, doble cabina 4x4, marca: Mazda, año 2006, color blanco, se le da justo valor probatorio y será considerada al momento de emitir la determinación de responsabilidad administrativa a que hubiere lugar. Visto el Memorándum N° DA/015-16, de fecha 15 de Febrero de 2016, emitido por la Dirección de Administración, mediante el cual da respuesta a la solicitud de avalúo del vehículo objeto de la presente investigación, se constata el costo de adquisición del vehículo, más el costo del mercado actual aunado al valor asegurado por la cantidad de Bs.1.432.ooo,00, esta prueba se admite por cuanto es necesaria y útil para establecer el monto del quantum del daño sufrido por el vehículo en cuestión. Así tenemos que estos medio de pruebas, son admitidos y se le dan justo valor probatorio en todas y cada una de sus partes, por cuanto se refieren directamente al objeto de la investigación y son útiles para el descubrimiento de la verdad de los hechos. RESULTADO DE LAS PRUEBAS EVACUADAS De la verificación del escrito y anexo presentado por el ciudadano Jorge Luis Gavidia, Venezolanos, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-11.740.539, ésta Oficina de Auditoría Interna a través de la Coordinación de Determinación de Responsabilidades, pasa a emitir su criterio: Visto y analizado los fundamentos de hecho y derecho incoados por el precitado ciudadano en contra del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades previsto en el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, conforme a lo alegado y probado por la parte interesada en el curso de este proceso, este Órgano de Control Fiscal en concordancia al artículo 102 de la Ley Orgánica de Control Fiscal concatenado con lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil pasa a valorar el escrito de pruebas promovido en los siguientes términos: El presunto responsable hizo uso del derecho que le asiste, en atención a ello esta Oficina de Auditoría Interna, tomando la previsión contenida en el artículo 100 de la Ley orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la cual señala: "(..) salvo previsión expresa en contrario, de la Ley, se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la solución del caso por cualquier medio de prueba que no esté expresamente prohibido por la Ley", considerando el legítimo derecho a la defensa y el principio de libertad de los medios de prueba, admitió el escrito presentado. Así mismo en atención a lo preceptuado en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, los hechos que se consideren relevantes para la decisión de un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de prueba establecidos en el Código Civil, de Procedimiento Civil y en otras leyes. Consta en el expediente administrativo N°0AI/DRA/001/2016 el Escrito de Pruebas presentado por el ciudadano Jorge Luis Gavidia, recibido por esta Oficina de Auditoría Interna en fecha 17 de Marzo 2016, admitidas según Auto de fecha 04 de Abril de 2016, en cuyo texto expuso los hechos que pretendía probar como medio de prueba, demostrando suficientemente con las mismas pruebas recabadas por el órgano de control fiscal lo siguiente: "Manifestación de un siniestro ocurrido en fecha 21 de Marzo de 2016 con un vehículo distinguido con la placa: 82NABP, modelo B, doble cabina 4x4, marca: Mazda, año 2006, color blanco propiedad de la Fundación, hecho ocurrido durante su gestión como Director de Infraestructura de la precitada Fundación". Al respecto, esta Oficina de Auditoría Interna a través de la Coordinación de SNCF, cumple en valorar los alegatos y pruebas escrita presentada, esgrimiendo esta primera parte, conforme al valor probatorio establecido en el Código Civil, en concatenación a lo dispuesto en el artículo 102 de la LOCGR y SNCF aplicando, en primer orden, el sistema de tarifa legal, se constituye lo siguiente: 1) de las actuaciones y verificaciones llevadas a cabo, se cotejaron los diferentes instrumentos legales, entre ellos los testimonios expuestos por los presuntos involucrados en el siniestro del vehículo aquí señalado, ási como la valoración de las diferentes comunicaciones internas que rielan a los folios del presente procedimiento, concluyéndose que la fecha de salida del vehículo descrito fue el día 20 de Febrero de 2016 y el daño sufrido por el mismo fue el día 21 de febrero de 2016, por lo que la fecha señalada por el ciudadano Jorge Luis Gavidia plenamente identificado en autos, no se corresponde y así se demuestra. 2) En cuanto a la manifestación hecha por su persona, que el referido hecho ocurrió durante su gestión como Director de Infraestructura de la Fundación (IDEA), se valoró Certificación de Cargos, según página original (tal como se publicó) [Página 31] Lunes 5 de septiembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Memorándum N° DRRHH-356-2015, de fecha 25/05/2015, de la que se evidenció adjunto Punto de Cuenta N° DRRHH-059-2013, su efectivo ingreso a esta Fundación Instituto para ocupar el precitado cargo, así como se desprende de la mencionada Certificación las funciones inherentes al cargo a desempeñar, tal como sería: * (..) Suministrar servicios especializados de apoyo logístico a las operaciones del Instituto. Dirigidos a la preservación y funcionamiento idóneo de las edificaciones, instalaciones, equipos, transportes, documentación y demás bienes sujetos a custodia, administración, venta o liquidación, en atención a las prioridades estratégicas y objetivos de la misión institucional. (Resaltado nuestro). * Garantizar las máximas condiciones de seguridad para los recursos e instalaciones físicas y prevenir el deterioro del patrimonio de la Institución_(...). (Resaltado nuestro). Se valora entonces su condición de Director de Infraestructura de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), por ende su vinculación con el hecho suscitado, por cuanto el vehículo dañado estaba sujeto a su custodia y su condición como Servidor Público de la nación. Por tanto la libertad de prueba, es controlada por esta Oficina de Auditoría Interna competente (sustanciador) y se asegura que la aquí presentada es pertinente, necesaria y útil en aras de salvaguardar la celeridad y economía procesal. En atención a lo indicado por el promitente, referente a la salida del vehículo: "autorizado por mi persona para ir hasta Valencia, estado Carabobo; nunca autorice a trasladarlo hasta el estado Trujillo, lugar donde ocurrió el accidente. Mis instrucciones fueron que se llevara hasta Valencia el día sábado 21 de marzo de 2015 y retornará al IDEA ese mismo día antes del mediodía; en ningún momento se me pidió autorización para desviarlo de esta ruta". Se estatuye por parte de esta Oficina de Auditoría, que el precitado servidor público, omitió el procedimiento para autorizar de manera correcta la salida del vehículo en cuestión, toda vez que no emitió la realización de un acto motivado o debidamente justificado, el cual debía ser llevado a cabo por escrito, señalando cuales serían los servidores públicos que dieran uso al vehiculo en el horario y salida fuera de la jornada laboral para así dar cumplimiento a la órden e instrucción interna, dirigida por la máxima autoridad Presidente de la Fundación, al Director de Infraestructura, ciudadano Jorge Gavidia, según se constata en Memorándum de fecha 29 de Agosto de 2014. De lo argumentado "En todo momento he informado a las autoridades de la Fundación que siempre he estado dispuesto a asumir la cuota de responsabilidad por el hecho ocurrido y que aunque no me vi beneficiado por dicha acción, siempre he estado dispuesto a resarcir de alguna manera parte del daño sufrido por el vehículo. Mi intención hasta el momento siempre ha sido y seguirá slendo recuperar este bien preciado para la institución y que no se vuelvan a repetir hechos de esta naturaleza. Es todo"en concordancia a lo establecido en el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República el cual establece: Articulo 102. "A menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el funcionario o funcionaria competente para decidir deberá apreciar la según las reglas de la sana crítica”. Concatenado con el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, en atención a la libertad de la prueba, el cual estipula: "Salvo previsión expresa en contrario de la ley, se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso y por 430.449 cualquier medio de prueba, Incorporado conforme a las disposiciones de este Código y que no esté expresamente prohibido por la Ley". (...) Corresponde a la Auditora Interna de la Oficina de Auditoría Interna, declarar la legalidad y pertinencia de la prueba promovida; una vez realizado el juicio analítico que le es pertinente respecto a las condiciones exigidas para la admisibilidad del medio probatorio escogido por la parte, atendiendo a lo dispuesto en las normas que regulan las reglas de admisión de las pruebas promovida, se determina la incidencia de la misma sobre la presente decisión. Es propicio señalar el concepto de "Asumir": "Aceptar una obligación o responsabilidad", es así como el Diccionario de la Real Academia, lo determina de la siguiente manera: 1. "tr. Atraer a sí, tomar para sí. 2. tr. Hacerse cargo, responsabilizarse de algo, aceptarlo. 3. tr. Adquirir, tomar una forma mayor". Puede entenderse, la relación que se da entre "aceptar una obligación y tomar para sí". Vista la relación de dependencia, es inminente, considerar por esta Oficina de Auditoría, que, todas las pertinencias existentes en cuanto a la admisión de hechos o admisión de elementos de convicción se refiere, de lo que es importante indicar: La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2000-1504, de fecha 26/02/03, hizo referencia a la naturaleza jurídica de esta figura introducida en el nuevo sistema procesal penal venezolano y sobre este aspecto señala lo siguiente: "Consiste en el reconocimiento que hace el presente involucrado de los hechos que se le señalan a fin de que le sea aplicada la sanción correspondiente de forma inmediata y rebajada desde un tercio.a la mitad por su reconocimiento" responsable al admitir los elementos de convicción aportados o señalados por esta Oficina de Auditoría Interna. Del análisis de estas palabras, podemos decir, que la admisión de los hechos es un acto unilateral, porque solo al presunto responsable se le otorga esta facultad de reconocer o no su responsabilidad en los hechos objeto de una acusación, tal como se observa en lo establecido por la ley LOCGR y SNCF en sus artículos 99, 100 y 101, al asumir la cuota de responsabilidad por el hecho ocurrido. De todos los instrumentos públicos antes señalados, se le dan justo valor probatorio, debiendo considerarse los testimonios expuestos por los servidores públicos Josefa Briceño, Ricardo Alfonso Cárdenas Quintana y Jorge Gavidia, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-11.130.456, V-13.426.372 y V-11.740.539, al momento de emitir el pronunciamiento de la decisión definitiva para establecer las responsabilidades administrativas a que hubieren lugar. Del instrumento público Memorándum N° DA/015-16, de fecha 15 de Febrero de 2016, emitido por la Dirección de Administración, se le da justo valor probatorio por cuanto el mismo es certificado por un servidor público competente, en este sentido la misma es estimada para emitir el monto del daño ocasionado al vehiculo prescrito y, a su vez será considerado para el momento de establecer la responsabilidad administrativa a que hubiere lugar. DE LA AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA En correspondencia con lo establecido en el artículo 101 de Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, concatenadamente con los artículos 92 al 95 de su Reglamento, fue fijado en fecha 16 de Mayo de 2016, el acto oral y público relacionado con el página original (tal como se publicó) [Página 32] 430.450 Lunes 5 de septiembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA expediente de Determinación de Responsabilidades identificado con el número OAI/DRA/001/2016. Tal y como consta en el acta de fecha 16 de Mayo de 2016, levantada en el Salón Senit, piso 2, de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), el CiudadanO: RICARDO ALFONSO CÁRDENAS QUINTANA, Venezolano, de edad, titular de la cédula de identidad número mayor v-13.426.372 , adscrito a la Dirección de Infraestructura Coordinación de Transporte, de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), para el momento de acontecimiento de los hechos, compareció al acto oral y público pautado para el día 16 de Mayo de 2016, en su condición de presunto responsable de los actos y hechos a que se contrae el Auto de Inicio de fecha 15 de Febrero de 2016, del cual se dió por notificado en fecha 25 de Febrero de 2016 respectivamente, así como se dejó constancia que los ciudadanos JORGE LUIS GAVIDIA y JOSEFA DEL ROSARIO BRICEÑO, titulares de las cédulas de identidad N° 11.740.539 y V-11.130.456 adscritos a la Unidad de Asistencia Administrativa y a la Dirección de Infraestructura respectivamente, no comparecieron a la Audiencia Oral y Pública, ni por sí ni mediante apoderado; de conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, concatenadamente con los artículos 92 al 95 de su Reglamento. Respecto dei precitado artículo 101, la Oficina de Auditoría Interna, en fecha 16 de Mayo de 2016 fijó por auto expreso, para que los interesados o sus representantes legales, expresar en en forma oral y pública, los argumentos que considerasen les asistían para la mejor defensa de sus intereses, en privilegio del derecho a la defensa contenido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En efecto el CiUdadanO RICARDO ALFONSO CÁRDENAS QUINTANA, siendo las 10:15 horas de la mañana hizo uso de este derecho de palabra y 10:35 horas de la mañana. En atención al ciudadano JORGE LUIS GAVIDIA AVILA, en este acto se deja constancia, que el mismo no compraceió ni por sí ni por medio de apoderado al presente Acto Oral y Público a los fines de dar cumplimiento al derecho a la defensa establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En Cuanto a la CiUdadana JOSEFA DEL ROSARIO BRICEÑO HERNÁNDEZ en este acto se deja constancia, que la misma no compraceió ni por sí ni por medio de apoderado al presente Acto Oral y Público a los fines de dar cumplimiento al derecho a la defensa establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Durante la realización del acto oral y público pautado para el día 16 de Mayo de 2016, la Auditora Interna, procedió a dictar la decisión que recayó sobre el Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades Identificado con el N° OAI/DRA/001/2016, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 106 de la Lay Orgánica de la Contraloría General de la- República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con lo establecido en los artículos 97 y 98 de su Reglamento. II FUNDAMENTOS DE HECHOS Y DE DERECHO Relacionadas las actuaciones y examinada la documentación que integra el expediente de Determinación de Responsabilidades N° OAI/DRA/001/2016, quien suscribe la Auditora Interna de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), designada según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.191 de fecha 18/06/2013, pasa a expresar las razones de hecho y de derecho en que se fundamenta la presente decisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con lo establecido en los artículos 97 y 98 de su Reglamento. Con fundamento en el análisis de la denuncia interpuesta, las actuaciones fiscales practicadas por la Oficina de Auditoría Interna a través de la . Coordinación de Determinación de Responsabilidades, los documentos presentados, la evacuación de pruebas, esta Coordinación de Determinación de Responsabilidades infiere que se produjo un daño al patrimonio público, por CUanto lOS CiUdadanOS JORGE GAVIDIA, RICARDO ALFONSO CÁRDENAS QUINTANA Y JOSEFA BRICEÑO adscritos a la Dirección de Administración (Unidad de Asistencia Administrativa), Dirección de Infraestructura, Coordinación de Transporte, Dirección de Infraestructura, respectivamente de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) para el momento de ocurrencia de los hechos, presentaron omisión en la preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio público de la referida Fundación, toda vez que se observó incumplimiento de la normativa interna que rige el uso de vehículos pertenecientes a esta Fundación, por ende debilidades en el control interno llevado en la Dirección de Infraestructura que cubre el sistema de transporte, visto que se dió salida a un vehículo sin la debida autorización dada por escrito, sino de manera verbal, dándole tanto uso indebido a un vehículo propiedad del precitado ente, así como omitiendo la órden emitida por parte de la Presidencia en atención al procedimiento que debía llevarse a cabo para dar salida al vehículo aquí señalado en horario y día no laborable, demostrando la inobservancia de lo de responsabilidad, previstos en el artículo 91 numerales 2 y 5 respectivamente vigente para el momento de los hechos, los cuales establecen: Artículo 91. "Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos__generadoresderesponsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se. mencionan a continuación: (...) omissis 2. La omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley". 5. "La utilización en obras o servicios de índole particular, de trabajadores o trabajadoras, bienes o recursos que por cualquier título estén afectados o destinados a los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley". El primer supuesto tiene por objeto impedir que un funcionario pueda actuar en detrimento de los intereses del Estado, comportando una conducta omisiva, negligente e imprudente, la cual es definida, por el Diccionario Jurídico Elemental, del Dr. Guillermo Cabanellas de Torres: "Omisión: Falta del que ha dejado de hacer algo conveniente, obligatorio o necesario en relación con alguna cosa..." "Imprudencia: Genéricamente,la falta de prudencia, de precaución. Omisión de la diligencia debida. Defecto de advertencia o previsión en alguna cosa; punible e inexcusable negligencia por olvido de las precauciones que la prudencia vulgar aconseja..." "Negligencia:_Omisión de la diligencia o cuidado que debe ponerse en los negocios, en las relaciones con las personas y en el manejo o custodia de las cosas. Dejadez. Abandono. Desidia. Falta de aplicación". Se constata la inexistencia de una autorización otorgada por escrito por parte del Director de Infraestructura, para el uso del vehículo supra señalado, lo que página original (tal como se publicó) [Página 33] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 5 de septiembre de 2016 hace presumir el uso indebido, dirigido a servicios de índole particular, menoscabando la salvaguarda del patrimonio público, en el caso que nos ocupa, el cuido de un bien perteneciente a la Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEA. Se observa, en esta primera parte, que se produjo un incumplimiento tanto en la salvaguarda del patrimonio público, como en el cumplimiento de la instrucción girada por la máxima autoridad de esta Fundación, Presidente Gregorio Sánchez, por cuanto se constata una actuación al margen del instructivo otorgado por el mismo, según se evidencia de Memorandum No P/976-14 de fecha 29 de Agosto de 2014 se estableció por parte de la Presidencia, que "los vehículos del IDEA debían permanecer en la Institución durante los horarios y días no laborables. Los conductores podrán hacer uso de los vehículos en horarios y días no laborables únicamente cuando tengan la autorización avalada y expresa por escrito por parte del Director de Infraestructura, (de quien depende el área de transporte) siempre y cuando esté debidamente justificado". Se presume que, no se ajustaron a los requerimientos formulados y establecidos para el controi interno, específicamente en la normativa que rige el uso de los vehículos de esta Fundación en días y horario no laborables, evidenciándose la supuesta inobservancia a lo establecido en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual establece: Artículo 39. "Los gerentes, jefes, jefas o administrativas de cada autoridades departamento, sección o cuadro organizativo específico deberán ejercer vigilancia sobre el cumplimiento de las normas constitucionales y legales, de los planes y políticas, así como de los instrumentos de control interno a que se refiere el artículo 35 de esta Ley, sobre las operaciones y actividades realizadas por las unidades administrativas y servidores de las mismas, bajo su directa supervisión”. (Sub-rayado nuestro). Del artículo anteriormente transcrito, se desprende la obligación que deben tener los servidores públicos y los particulares para con los órganos de control fiscal, con la finalidad de que estos puedan cumplir con sus atribuciones y competencias relativas a la vigilancia y supervisión de todas aquellas operaciones relacionadas al manejo del patrimonio público bajo su control. Es así como se evidencia la inexistencia de la correspondiente autorización, la cual debía ser otorgada por escrito, con el debido acto motivado o informe que justificara adecuadamente la salida del vehículo, por parte del Director de Infraestructura, Jorge Gavidia, quien tenía a su cargo la Coordinación de Transporte, cuya manifestación la hizo de manera verbal, llamando vía telefónica al ciudadano Ricardo Cárdenas para que procediera a trasladarse a la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) donde se encontraba el vehículo y procediera a darle salida, tal y como se constata según entrevista realizada al precitado Director, ciudadano Jorge Gavidia. Así tenemos, que de las actuaciones fiscales practicadas, se constató que, la salida real del vehículo distinguido con la placa: 82NABP, Modelo: B DOBLE CABINA 4X4, MARCA: MAZDA, AÑO: 2006, Color: BLANCO, Serial de Motor: G6353908, fué hecha sin su correspondiente autorización escrita, en fecha 20 de febrero de 2015. La responsabilidad puede enunciarse como el efecto desfavorable que recae sobre un sujeto, como consecuencia de su conducta, cuando la misma es constituida por una acción u omisión, ha violado una norma jurídica o un pacto contractual establecido, produciendo un daño. Con relación a este supuesto se concluye, que su acción constitutiva se materializa a través de la conducta ejercida por parte de los servidores públicos, cuya ejecución fué de omisión, retardo, negligencia e 430.451 imprudencia en la preservación de los bienes del patrimonio público, autorizando la salida del mismo al margen de lo establecido en las normas. En atención al segundo legado, la responsabilidad de la administración solo puede ser una responsabilidad patrimonial, esto es, una responsabilidad civil, por cuanto, la responsabilidad no patrimonial es la responsabilidad penal de la cual son ajenos los entes carentes de subjetividad. Por el contrario, la del servidor frente a la Administración. Es entonces la responsabilidad administrativa, la que luego del procedimiento correspondiente, declaran los organismos técnicos - externos e internos- cuando se comprueba que una determinada persona, sea o no servidor público, a cuyo cargo está el manejo o custodia de fondos o bienes públicos, ha incurrido en acciones, hechos u omisiones antijurídicas y no excusables y cuyas peculiaridades fácticas encuadran dentro de los supuestos establecidos por la ley como generadores de responsabilidad administrativa; la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ( 2009), ha definido la responsabilidad administrativa como: (...) "la que deriva del incumplimiento de deberes formales, la omisión de actuación administrativa, o la actuación ilegal (no configurable en un ilícito penal), que es determinada por la Contraloría General de la República y que se manifiesta en decisiones de responsabilidad administrativa". (sIC), Eloisa Sánchez Brito, Juliet González Sánchez. corrupción suceden cuando uno o varios funcionarios públicos, con alguna clase de autoridad o no, realizan actos contrarios a la ley u omiten realizar realizan actos que si les corresponden por ley; desviando fondos, solicitando sobornos, recibiendo dádivas, mediante el uso de influencias o con abuso de funciones. En el caso específico, cuando el funcionario o servidor incurso en corrupción se asocia con uno o varios particulares para la perpetración de los hechos, estos particulares también son susceptibles de ser sancionados penalmente. Cuando hablamos de delitos contra la administración pública, anotamos que estos se materializan con conductas que atentan contra la función o gestión pública (la cual tiene que ser adelantada de manera legal, legítima, correcta, y con equidad), o contra bienes públicos (como en el peculado), o también contra los servidores públicos, en razón de tal calidad (como la violencia contra servidor público). En la gran mayoría de los delitos encontrados, se exige un sujeto activo cualificado: un servidor público. Para saber qué se debe entender por servidor público, nos remitidos al Código de Conducta de los Servidores Públicos: SERVIDoRES PúBLICoS: "Se entenderá por servidora o servidor público toda persona investida de funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas o gratuita, originadas por elección, por nombramiento, designación o contrato, otorgado por la autoridad competente, que desempeña actividades o funciones en nombre o al servicio de los entes u organismos del sector público, aun cuando realice actividades fuera del territorio de la República". Dentro del mismo Código se señalan los deberes de los Servidores Públicos a saber: 1) Salvaguardar en todo momento y en cada una de sus actuaciones, los intereses del Estado y Preservar el patrimonio público. 2) Actuar con estricto apego a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y todas las demás página original (tal como se publicó) [Página 34] 430.452 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA normas_e_instrucciones que deben regir su comportamiento en la realización cabal de todas las tareas que le hayan sido asignadas. (Resaltado Nuestro). (..) De las actuaciones practicadas, el hecho es subsumido en la utilización de un bien público de índole particular, a tal efecto, la servidora pública ciudadana Josefa Briceño, adscrita a la Dirección de Administración (Unidad de Asistencia Administrativa), solicitó al ciudadano Jorge Gavidia, vía telefónica, préstamo del vehículo distinguido con la placa: 82NABP, Modelo: B DOBLE CABINA 4X4, MARCA: MAZDA, AÑO: 2006, Color: BLANCO, Serial de Motor: G6353908, para ser destinado a un viaje en la ciudad de Trujillo para ser usado en su propio beneficio, el cual le fué otorgado en las inmediaciones de la Fundación el día 20 de Febrero de 2015. Posteriormente en fecha 21 de Febrero del mismo mes, en el trayecto de dicho viaje, el vehículo fué impactado, ocasionándole un daño severo, debiendo ser trasladado a la ciudad de Caracas en una grúa. Se presume una conducta asumida por los ciudadanos supra identificados, con inobservancia de lo preceptuado en dichas normas y en consecuencia, dió origen a que esta Oficina de Auditoría Interna a través de la Coordinación de Determinación de Responsabilidades, iniciara un Procedimiento Administrativo en concordancia con el artículo 91 numerales 2 y 5 de la referida Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, anteriormente plasmados. De este último ordinal se infiere, que, la utilización de los bienes y derechos destinados a la prestación de un servicio público se supeditará a lo dispuesto en las normas reguladoras del mismo. Con relación a este supuesto, su acción constitutiva se materializa a través de la conducta omisiva ejercida por parte de los servidores públicos quienes presuntamente dieron uso indebido a un bien público con fines particulares. es decir, que ejercen el Poder Público, y por supuesto, para la Administración Pública, es el regulado en el artículo 139 de la constitución, que recoge otra norma tradicional de nuestro constitucionalismo, y es el principio de responsabilidad individual de los funcionarios públicos en el ejercicio del Poder Público. Dispone dicha norma que: ejerciciodelPoderpúblico acarrea 13.. responsabilidad individual por abuso o derivación de poder o por violación de esta Constitución o de la Ley". Este mismo principio lo repite el artículo 8 de la LOAP, en relación con los funcionarios "de la Administración Pública". En estos casos conforme al artículo 10 de la LOAP, y sin perjuicio del derecho de acceso a la justicia establecido en ia Constitución (art. 26) y la ley, los particulares cuyos derechos humanos hayan sido violados o menoscabados por un acto u orden de un funcionario público pueden, directamente o a través de su representante, acudir ante el Ministerio Público para que éste ejerza las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva "la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria" en que hubiere incurrido dicho funcionario. Igualmente, pueden acudir ante la Defensoría del Pueblo para que ésta inte al Ministerio Público a ejercer dicha acciones y, además, para que la Defensoría del Pueblo solicite ante el Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a que hubieren lugar con respecto a tales funcionarios, de conformidad con la ley. Visto y comprobado el hecho en el que se configura la utilización de un bién para fines distintos al regulado en la norma, necesario es remitirnos al Principio de Tipificación, por cuanto resulta impensable una Administración Pública sin potestad sancionadora. Difícilmente se podría hablar de una Administración «eficaz», en los términos del art. 30 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, si su actuación no fuera respaldada por el Lunes 5 de septiembre de 2016 ejercicio de una potestad sancionadora como garantía para preservar el ordenamiento jurídico y que persiguiera las conductas reticentes o incumplidoras. Se proclama como derecho fundamental el principio de legalidad penal, que se extiende al Derecho administrativo sancionador. Se trata de una tradicional manifestación del garantismo, que se expande a otro ámbito donde se pueden producir limitaciones o restricciones de derechos. conducta específica a la que se conectará una sanción específica. Lo ha explicado con claridad el Tribunal en Sala Constitucional, cuando ha sostenido predeterminación normativa de las conductas infractoras y de las sanciones correspondientes, es decir, la existencia de preceptos jurídicos (lex previa) que permitan predecir con suficiente grado de certeza (lex certa) aquellas conductas y se sepa a qué atenerse en cuanto a la responsabilidad y a la eventual sanción, porque la norma establezca, con el suficiente grado de certeza, las conductas que constituyen la infracción y el tipo y grado de sanción del que puede hacerse merecedor quien la cometa. La tipicidad es entonces, la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho, se hace en la ley penal. Decimos entonces el Principio de Legalidad en materia sancionadora, es una manifestación de voluntad de la seguridad jurídica, lo concatenados con el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. "La Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”. De la norma ante citada, se infiere la obligación de todo funcionario o servidor público de actuar apegado al conjunto de actuaciones que les son asignados y delimitados por el derecho, dentro de la esfera de su ámbito de competencia, pues tiene por objeto evitar que un funcionario público pueda actuar en detrimento del estado ejerciendo una conducta imprudente frente a los intereses de los entes u organismos de los cuales forma parte. En este sentido cabe destacar, que una conducta es imprudente cuando una persona actúa con profusión de las atribuciones propias del cargo público que se encuentre desempeñando, es decir, extralimitándose de la esfera de las competencias otorgadas para cumplir determinadas funciones dentro de aquel ente u organismo que le haya otorgado tales funciones. Trayéndolo al ámbito de aplicación que nos ocupa, vista las actuaciones precedentes, podemos enmarcar la conducta de los servidores públicos involucrados en el daño efectuado al vehículo objeto de estudio, se infiere que los mismos han incurrido en "PEcULADo", a tal efecto entendemos su significado desdoblándolo de la siguiente manera: permite que otro use bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones". PECULADo CULPosQ_ "Es cuando el servidor público respecto a bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, por culpa de lugar a que se extravíen, pierdan o dañen". Conocido también como malversación o mala administración, se estructura cuando se administra mal o se hace un mal uso en sentido amplio de bienes del estado o de particulares que han sido confiados al servidor público en razón de la investidura pública. El nuevo tipo penal introdujo con diferencia del pasado un nuevo objeto material: bienes o fondos parafiscales, se introdujo también la tenencia de los bienes particulares que se le ha confiado al servidor página original (tal como se publicó) [Página 35] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 5 de septiembre de 2016 público por razón de sus funciones, ya no se dice " por razón" sino "con ocasión de sus funciones, las penas para este delito se aumentaron considerablemente. El hecho aquí plasmado se materializa con conductas que atentan contra la función o gestión pública (la cual tiene que ser adelantada de manera legal, legítima, correcta, y con equidad), o contra bienes públicos (como en el peculado), tal y como lo hemos señalado, o también contra los servidores públicos, en razón de tal calidad (como la violencia contra servidor público). Ahora bién, con fundamento en los hallazgos obtenidos en la actuación de control fiscal, se infiere que se produjo un daño al patrimonio público, por cuanto se dió uso a un vehículo propiedad de la Fundación al margen de la normativa prevista para ello, tales supuestos presuntamente constituyen 91 numerales 2 y 5 respectivamente, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Luego de haber analizado las anteriores consideraciones, se evidencia de los soportes documentales cursantes en autos, autorización emitida verbalmente de salida del vehículo, de la que se dejó evidencia en la evacuación de pruebas al valorar el escrito presentado por parte del Director de Infraestructura ciudadano Jorge Luis Gavidia. Cabe destacar extracto de Sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia: "¿Podrá asignarse competencia de manejo de responsabilidad a través de una mera orden? En noviembre 25 de 2000, el TSJ dispuso que era perfectamente posible que la competencia de manejo o de administración se pudiere hacer a través de lo que el Tribunal llamó orden administrativa, reuniendo todas las características _correspondientes: _ que_emanar a_ el superior jerárquico, que estuviere dirigido al subalterno, que fuere lícita, y que fuese dada con las formalidades de ley". En este sentido, la Máxima Autoridad del Ente, representada por su Presidente Gregorio Sánchez, emitió una orden según Memorandum Interno N°P/976-14 de fecha 29/08/2014, la cual fue incumplida por parte de 'los servidores públicos aquí señalados, quienes se identifican como Sujetos activos, es decir, servidores públicos por cuanto existe una relación especial de disponibilidad, debido a la administración, custodia y tenencia de los bienes. Estando específicamente la referida custodia bajo el cuido del Servidor Público JORGE LUIS GAVIDIA AVILA, quien ostentaba el cargo de Director de Infraestructura para el momento de los hechos acontecidos. Así tenemos que la Servidora Pública JOSEFA DEL ROSARIO BRICEÑo HERNÁNDEz, también desacató la normativa para el uso del vehículo haciendo uso de su rol de Funcionaria Pública omitiendo métodos y cada uno de los procedimientos establecidos para solicitar un vehículo propiedad de la Fundación, de igual manera se deja constancia que la misma no se encuentra adscrita a la Dirección de Infraestructura, por lo tanto no estaba facultada para hacer uso del vehículo aquí señalado. Para que podamos hablar de peculado, todo debe ser conforme a un acto jurídico de lo contrario sería abuso de confianza, si no existe tal título y tiene la administración un particular, los bienes de los particulares pueden ser objeto de peculado, si le han sido entregadas al empleado oficial en razón o con ocasión de sus funciones, otra cosa es que se las entrega en razón de su amistad o confianza, entonces cambiaría el tomen iuris y seria funcional". perjudicado, en la hipótesis de ofensivo donde se lesionó un bien jurídico, denominándose antijuridicidad material: administración pública, indicando la deformación del Instituto real, que es el patrimonio del Estado, también se tutela la lealtad, la probidad, la fidelidad del funcionario según el TSJ. 430.453 Se define entonces una Autoría, participación e interviniente, sólo es autor el servidor público (relación especial de sujeción), habrá coautoría material entre quienes no tengan tal relación de sujeción especial, y con los intervinientes se hace la rebaja como el artículo 108 de la LOCGR Y SNCF referido, a las atenuantes. A los fines de no violar la presunción de inocencia de los presuntos expedientados la Constitución establece, que la actuación debe tener base legal (artículo 137 CRBV), (...) en el caso que nos ocupa, la investigación comienza por una denuncia, que llena los extremos exigidos por el primer aparte del artículo 96 ejusdem, corresponde a esta Oficina de Auditoría Interna establecer si los elementos que acompañan a la denuncia o si lo alegado le da convicción o prueba que razonablemente le hagan sospechar de conductas realizadas por funcionarios públicos contrarios a disposiciones legales, sublegales o constitucionales. Por lo tanto hablamos de la autoría material mediata, por la intervención del Servidor Público RICARDo ALFONSo CÁRDENAS QUINTANA, cuya participación se evidencia en virtud de una orden acatada por su persona, la cual fué emitida por su superior jerárquico, a tales efectos fue valorada la Certificación de Cargos en la que se señala que entre las tareas o funciones asignadas al cargo se encuentran: * Trasladar al personal del Instituto y otros traslados con el autobús. * Manejar_diferentes_ vehículos según las necesidades._(Resaltado Nuestro), lo que permite demostrar que la conducta del precitado funcionario estuvo supeditada a los procedimientos de la administración, cumpliendo así con las tareas propias que le han sido asignada no violentando normativa legal. deben asumir las personas sujetas a las normas dictadas a los fines de salvaguardar el patrimonio público, garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos, con fundamento en los principios de honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad consagragrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicha conducta es susbsumida irremediablemente en la Ley Contra la Corrupción, a tal efecto el artículo 1 estipula: Artículo 1 0. "El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto el establecimiento de normas que rijan la conducta que deben asumir las personas sujetas a la misma, a los fines de salvaguardar el patrimonio público, garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos, con fundamento en los principios de honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas, responsabilidad y corresponsabilidad consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la tipificación de los delitos contra el patrimonio público y las sanciones que deberán aplicarse a quienes infrinjan estas disposiciones". Ahora bién los referidos ciudadanos, en ejercicio de sus cargos expidieron con su autorización, de manera indebida un permiso en un procedimiento relacionado con un bién público, toda vez que mediante autorización verbal, en fecha 20 de Febrero de 2014, actuando como Director de Infraestructura y Profesional III, adscrita a la Dirección de Administración de la Unidad de Asistencia Administrativa respectivamente, aprobaron la salida de un vehículo de la Fundación Instituto Avanzados (IDEA) para uso particular, no obstante al referido vehículo se le ocasionó un daño al momento de ser usado, el cual colisión y fué impactado, así mismo dicha autorización fue emitida sin : tomarse en consideración el procedimiento legal previsto para obtener la salida del mencionado vehículo, incurriendo en peculado de uso. página original (tal como se publicó) [Página 36] 430.454 Lunes 5 de septiembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Cabe destacar que el Memorandum Interno N°P/976-14 de fecha 29/08/2014, vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos, prescribía el procedimiento interno para dar la movilización al vehículo señalado, indicando que se requería otorgar por parte de la Dirección de Infraestructura, una autorización debidamente justificada para dar uso al vehículo fuera del horario laboral. En razón de lo anterior, se transcribe lo establecido en el artículo 21 de la Ley Contra La Corrupción: Artículo 21. "Los funcionarios y empleados públicos responden civil, penal, administrativa y disciplinariamente por la administración de los bienes y recursos públicos, de conformidad con lo establecido en la ley". En concordancia a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica de La Contraloría General de La República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, responde, penal, civil y administrativamente de los actos hechos u omisiones contrarios a norma expresa en que incurran con ocasión en el desempeño de sus funciones. Ahora bién, el Principio de Proporcionalidad es un postulado básico y esencialísimo de la actividad administrativa, esto significa que de haber total y absoluta correspondencia entre los hechos y las medidas adoptadas, de allí que las sanciones que tienen límites variables (mínimo - máximo) deben ser siempre adecuadas a los fines que la justifican, así como a los hechos que la motivan. Este Principio supone correspondencia entre la infracción y la sanción, con intervención de medidas innecesarias o excesivas. Por lo tanto la proporcionalidad no será otra cosa que la obligación de la Administración de aplicar sanción en atención a la gravedad de la falta. Concatenado con el artículo 90 eiusdem, operará de pleno derecho la solidaridad en la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados. Artículo 90. "Cuando los actos, hechos u omisiones que causen daño al patrimonio de los entes u organismos de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, sean imputables a varios sujetos, operará de pleno derecho la solidaridad". Tal hecho podría, presuntamente configurar supuestos generadores de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 91 numerales 2 y 5 de la Ley Orgánica de La Contraloría General de La República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos. 1II DECISIÓN En el día de hoy 16 de Mayo de 2016, siendo las 09:00 horas de la mañana, reunidos en el "Salón Cenit" del Edificio Bolívar, sede de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados, (IDEA), a los fines de proseguir el acto oral y público, a que se contrae el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en relación con los artículos 92 al 97 del Reglamento de la Ley in comento, vinculado con el Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, iniciado mediante Auto de fecha 15 de Febrero de 2016, recaído en el Expediente N°OAI/DRA/001/2016, del cual fueron notificados los ciudadanos JOSEFA BRICEÑO, RICARDO ALFONSO CÁRDENAS QUINTANA, JORGE GAVIDIA, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-11.130.456, V-13.426.372 y V-11.740.539, adscritos a la Dirección de Administración (Unidad de Asistencia Administrativa), Dirección de Infraestructura, Coordinación de Transporte, Dirección de Infraestructura, respectivamente de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), para que dichos ciudadanos expresen en forma oral y pública los argumentos que consideraran les asisten para la mejor defensa de sus derechos e intereses. De igual manera se deja constancia de la presencia de uno solo de los precitados ciudadanos. Iniciado como fué el acto con las solemnidades de rigor, se concedió la plabara a la Abogada adscrita a la Coordinación de Determinación de Responsabilidades, quien carro los actos, hechos u omisiones irregulares, los fundamentos de derecho y la relación de causalidad entre tales hechos y los imputados, culminando a las 10:15 horas de la mañana. Posteriormente, siendo las 10:35 horas de la mañana hizo uso de este derecho de palabra el CiudadanO: RICARDO ALFONSO CÁRDENAS QUINTANA y expUSO los alegatos de defensa a su favor: "Ratifico en todas y cada una de sus partes, la entrevista que me hicieron donde arre todos los hechos acontecidos con el vehículo chocado, dejo en claro que en ningún momento quise ocasionar un daño, solo cumplí una órden de mi Superior Jerárquico Jorge Gavidia, Director de Infraestructura". Finalizado el tiempo de exposición de los alegatos, correspondía el derecho de palabra al Ciudadano JORGE LUIS GAVIDIA, dejándose constancia que no compareció a la audiencia ni por sí ni por apoderado, de igual manera al momento de otorgar el derecho de palabra a la ciudadana JosEFA DEL RoSARIO BRICEÑo, se dejó constancia de la no comparecencia a la audiencia ni por sí ni por apoderado, a los fines de garantizarles el derecho a la defensa, establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, en virtud de que surgen elementos de convicción y pruebas, en mérito de los razonamientos precedentemente expuestos, quien suscribe Flor Yulibeth López, en su condición de Auditora Interna de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), designada según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.191 de fecha 18/06/2013, procede de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 106 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, concatenado con los artículos 97 y 98 de su Reglamento, y una vez analizados como han sido los razonamientos de los llamados, al procedimiento en torno a los hechos y al derecho que dieron origen a la presente causa, y a los documentos cursantes en autos, DEcIDE: 1.- Declarar ia Responsabilidad Administrativa de los ciudadanos: · JOSEFA DEL ROSARIO BRICEÑO HERNANDEZ, VeneZOlana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-11.130.456, adscrita a la Dirección de Administración (Unidad de Asistencia Administrativa). . JORGE LUIS GAVIDIA AVILA, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-11.740.539, adscrito a la Dirección de Infraestructura, respectivamente de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), para el momento de ocurrencia de los hechos irregulares descritos e imputados en el auto de inicio del procedimiento administrativo de fecha 15 de Febrero de 2016. 2.- En atención a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, cuya reforma fué publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 extraordinaria de fecha 23 de diciembre de 2010, y quien suscribe en atención a lo previsto en el artículo 109 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.240, del 12 de agosto de 2009, habiéndose considerado y compensado con el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, las página original (tal como se publicó) [Página 37] Lunes 5 de septiembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA circunstancias agravantes contenidas en los numerales "2” y “5” y la circunstancia atenuante prevista en el numeral "1" ambas tipificadas en los artículos 107 y 108 respectivamente del referido Reglamento, referidas a la condición de funcionario público de los declarados responsables, la magnitud del perjuicio causado al patrimonio público y no haber sido objeto de otras sanciones establecidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, como fueron: • 1. LOS CIUdadanOS JOSEFA DEL ROSARIO BRICEÑO HERNANDEZ, Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-11.130.456, en su condición de Profesional III adscrita a la Dirección de Administración (Unidad de Asistencia Administrativa) y JORGE LUIS GAVIDIA AVILA, VenezOlanO, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-11.740.539, en su condición de Director de Infraestructura adscrito a la Dirección de Infraestructura, respectivamente de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), para el momento de ocurrencia de los hechos, quienes tenían como circunstancias agravantes: 1. la funcionario público. 2. Habiendo ocasionado un condición de perjuicio al patrimonio público de gran magnitud y la circunstancia atenuante: 1. No han sido objeto de alguna sanción fiscal. . 2.- Absuelve de dichas responsabilidades al ciudadano RICARDo ALFONSo CÁRDENAS QUINTANA, por cuanto la participación del precitado funcionario no se considera como un elemento de convicción que dé lugar a una sanción de Responsabilidad Administrativa o Imposición de Multa o Formulación de Reparo, en virtud que ajustó su conducta al cumplimiento de una orden emanada por su superior inmediato. • ACUERDA: De conformidad al artículo 85 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en concatenación con el artículo 90 de la referida Ley, y el artículo 1.185 del Código Civil, imponer Formulación de Reparo de manera individual a los ciudadanos declarados BRICEÑO responsables: ROSARIO JOSEFA HERNANDEz, Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-11.130.456, en su condición de funcionaria pública en el cargo de Profesional III, adscrita a la Dirección de Administración (Unidad de Asistencia Administrativa), por la cantidad Setecientos Cincuenta Mil Setecientos Cincuenta Bolívares (Bs.750.750,00) y al ciudadano JORGE LUIS GAVIDIA AVILA, Venezolano, mayor de edad, titular de identidad N° V-11.740.539, en de cédula la su condición de Funcionario Público en el cargo de Director de Infraestructura, adscrito a la Dirección de Infraestructura, respectivamente de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), por la cantidad Setecientos Cincuenta Mil Setecientos Cincuenta Bolívares (Bs.750.750,00) quienes ocupaban ios referidos cargos para el momento de ocurrencia de los actos, hechos y omisiones que motivaron el inicio del presente procedimiento, descrito en el Auto de Inicio del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades fecha 15 de Febrero de 2016, cuyo reparo total es por la cantidad de Bolívares Un Millón Quinientos Un Mil Quinientos (Bs.1.501.500,00) en razón del daño ocasionado al vehículo chocado el cual pertenece al patrimonio público de la nación, y, en atención a la Unidad Tributaria establecida en Providencia Administrativa N° 40.106, de fecha 6 de febrero de 2013, (107 bs vigente al momento de los hechos) emanada del Servicio Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), publicada en Gaceta Oficial N° 40.106, de fecha 6 de febrero de ese mismo año. 430.455 3.- Se le nOtifica a los CiUdadanos, JOSEFA DEL ROSARIO BRICEÑO HERNANDEZ y JORGE LUIS GAVIDIA AVILA, ya identificados, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, cuya reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 extraordinaria de fecha 23 de diciembre de 2010, en concordancia con el artículo 100 del Reglamento de la aludida Ley, podrán interponer contra la presente decisión, mediante la cual se les formula reparo, el correspondiente Recurso de Reconsideración, ante quien decide, dentro de un lapso de quince (15) días hábiles, contados a partir de que conste por escrito la decisión en el expediente administrativo, o Recurso de Nulidad por ante el Tribunal Supremo de Justicia, dentro de un lapso de seis (6) meses, de acuerdo al artículo 108 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 4.- Se advierte expresamente, que el texto íntegro de la decisión adoptada, quedará estampada en el expediente administrativo correspondiente, al término del quinto día hábil siguiente, contado a partir de la presente fecha. 5.- Remítase un ejemplar de este Auto Decisorio, una vez firme en sede administrativa, a la Contraloría General de la República, a los fines de las sanciones que le corresponde imponer, de manera exclusiva y excluyente al ciudadano Contralor (a) General de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la LOCGRYSNCF. 6.- Remítase un ejemplar de este Auto Decisorio, una vez firme en sede administrativa, al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas a los fines de su expedición de la planilla de liquidación de la formulación de reparo y la realización de gestiones de cobro, según lo previsto en el artículo 110 del Reglamento de la LOCGRYSNCF. 7.- A los fines de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, remítase un ejemplar de la presente Decisión una vez firme en esta sede, a la consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en concordancia al 101 del Reglamento de la LOCGRYSNCF, concatenado con el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimlentos Administrativos. Cúmplase, Ftor vulibeth Lopez Auditor Interno Instituto de Estudios Avanzados- IDEA Providencia Nª 03/2013 de fecha 30/05/2013 Publicada en Gaceta Oficial N° 40.191 de fecha 18-06-13. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA FUNDACIÓN DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS AVANZADOS OFICINA DE AUDITORIA INTERNA COORDINACIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES AUTO DECISORIO Caracas, 11 de Enero de 2016 I ANTECEDENTES En atención a las atribuciones conferidas en los artículos 103 y 106 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema. página original (tal como se publicó) [Página 38] 430.456 Lunes 5 de septiembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Nacional de Control Fiscal, Quien suscribe, Flor Yulibeth López, titular de la cédula de identidad N° v- 11.037.423, procediendo en su carácter de Auditora Interna de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), designada según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.191 de fecha 18/06/2013, actuando de conformidad con el Reglamento Interno de la Oficina de Auditoría Interna, aprobado por el Consejo Directivo en su Reunión Extraordinaria N° 05-2013 de fecha 20 de septiembre de 2013, publicado en Gaceta Oficial N° 40.375 en fecha 19 de marzo de 2014, y artículos 92 al 97 del Reglamento de la Ley en comento vinculado con el Procedimiento Administrativo para ia Determinación de Responsabilidades, establecido en el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, aplicable, iniciado mediante Auto de Inicio, de fecha 06 de Noviembre de 2015, del cual fue notificada en la misma fecha, en su condición de presunta indiciada la ciudadana, ELIzABETH BERROTERAN GUTIERREz, titular de la Cédula de Identidad N° V-11.560.311, Secretaría de la Unidad de Polimorfismo Genético, adscrita a la Dirección de Salud de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA). En virtud a las competencias atribuidas a los Órganos de Control Fiscal inherentes al ejercicio del control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes de los órganos y entes centralizados y descentralizados sujetos a su control, con el objeto de salvaguardar el Patrimonio Público de esta Fundación, esta Oficina de Auditoría Interna, como consecuencia de una actuación fiscal relativa a la "Evaluación de la Ejecución Física, Presupuestaria y Financiera del Proyecto Fortalecimiento y los Procesos de los Servicios Públicos en el área de salud, soberanía alimentaria, energía y ambiente del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Acción Específica 1: Pesquisa Neonatal, Selectiva, Genética Forense y Cristalografía, concretamente al Servicio de Genética Forense”. La Coordinación de Control Posterior, en su fase de Potestad Investigativa adscrita a la Oficina de Auditoría Interna, en fecha 07 de Agosto de 2015, procedió a emitir Informe de Resultados, suscrito por la ciudadana Omaira Josefina León Rosales, titular de la Cédula de Identidad N° v-3.969.214, en su carácter de Auditor Jefe, en el que se dejó constancia del inicio de la investigación, mediante auto de proceder de fecha 09 de junio de 2015, folios (02 al 13) del Expediente N° PI-001/2015, de la numeración llevada por esa Coordinación de Control Posterior, visto que del exámen de los soportes que conforman los papeles de trabajo de la "Auditoría referida a los procedimientos empleados para la rendición de los ingresos propios correspondientes a la ejecución física, presupuestaria y financiera del Proyecto Fortalecimiento y los Procesos de los Servicios Públicos en el área de Salud, Soberanía Alimentaria, Energía y Ambiente del Instituto de Estudios Avanzados IDEA, Acción Especifica 1: Pesquisa Neonatal Selectiva, Genética Forense y Cristalografía concretamente al Servicio de Genética Forense correspondiente al año 2013", se constató la ocurrencia de presuntos hechos irregulares, remitiéndolo a la Coordinación de Determinación de Responsabilidades, previa verificación de la Auditora Interna, de conformidad con los artículos 79 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 18 numeral 9 del Reglamento Interno de la Oficina de Auditoría de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA). Una vez expuesto lo anterior, quien suscribe pasa a referirse al precitado Informe, el cual sirvió de fundamento para que la Coordinación de fecha 06 de Responsabilidades formalizará Determinación de en Noviembre de 2015, expediente N°0AI/DRA/001/2015 contentivo de Auto de Inicio, que corre inserto a los folios (1 al 16), así como Notificación folios (17 al 20), respectivamente, en la que se señaló los actos, hechos u omisiones que fueron comunicados a la ciudadana ELIZABETH BERROTERAN GUTIERREZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-11.560.311 o su representante legal, quien tuvo oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, respetando el derecho de la administrada a ser oída, quien podía participar activamente en la fase de instrucción del procedimiento administrativo, por lo que se le otorgó oportunidad para probar y consignar las pruebas al proceso, alegar y contradecir lo que considerara pertinente en la protección de sus derechos o intereses, el derecho a tener acceso al expediente, con el propósito de examinar en cualquier estado del procedimiento las actas que lo componen, el derecho a ser informada de los recursos y medios de defensa; en atención al Principio de Legalidad y lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los términos en que quedó el Auto de Notificación y el Auto de Inicio o Apertura del Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES En el marco de sus facultades otorgadas en los artículos 19 y 20 del Reglamento Interno de la Oficina de Auditoría Interna, aprobado en Consejo Directivo en su reunión extraordinaria N° 05-2013, de fecha 20/09/2013, publicado en Gaceta Oficial N° 40.375 en fecha 19/03/2014, la Coordinación de Determinación de Responsabilidades adscrita al referido Órgano de Control Fiscal, estudió el informe de resultados, de fecha 07 de Agosto de 2015, suscrito por la ciudadana Omaira Josefina León Rosales, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.969.214, en su carácter de Auditor Jefe de la Coordinación de Control Posterior, mediante el cual se evaluó, las actuaciones fiscales contentivas en el referido informe, en atención a una auditoría relativa a la "Evaluación de. la Ejecución Física, Presupuestaria y Financiera del Proyecto Fortalecimiento y los Procesos de los Servicios Públicos en el área de salud, soberanía alimentaria, energía y ambiente del Instituto. de Estudios Avanzados (IDEA), Acción Específica 1: Pesquisa Neonatal, Selectiva, Genética Forense y Cristalografía, concretamente al Servicio de Genética Forense" que se lleva por esa Coordinación de este mismo Órgano de Control Fiscal, a partir de la fecha 13 de enero de 2014, del cual presuntamente se observó: "Fondos Sin Movimiento de la Cuenta Bancaria Receptora de Ingresos de la Unidad de Polimorfismos Genéticos por reporte incompleto de los ingresos propios de la Unidad de Polimorfismo Genético. 1) Se determinaron debilidades en el control interno, llevado en el sistema contable y presupuestario tales como: a. Saldo acumulativo, toda vez que el saldo referido por cada año. correspondiente a 2011, 2012 y 2013, ha sido reprogramado en los diferentes ejercicios fiscales supra señalados. b. Deficiencias en la ejecución presupuestaria de cada uno de los años señalados, asignada a la Unidad de Polimorfismo Genético. c. Reporte incompleto de los ingresos propios de la Unidad de Polimorfismo Genético. página original (tal como se publicó) [Página 39] Lunes 5 de septiembre de 2016 430.457 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA d. No se delimitaron las responsabilidades de inspección, control y seguimiento, en el manejo de los ingresos percibidos por parte de la Unidad de Polimorfismo Genético. Presuntamente se constata, la inobservancia del control interno, toda vez que el saldo referido por cada año correspondiente a 2011, 2012 y 2013, ha sido reprogramado en los diferentes ejercicios fiscales supra señalados, ello en atención a la Modificación presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2013, referenciada por la Dirección de Planificación y Presupuesto. Así mismo, presuntamente se observó, del examen practicado a los papeles de trabajos que conforman la Auditoría, el reporte incompleto de los ingresos propios de la Unidad de Polimorfismo Genético, toda vez que los depósitos bancarios, no fueron entregados en su totalidad por la secretaría de la referida unidad, lo que hace evidenciar ún saldo incierto en los flujos de caja antes mencionados. De esto último señalado, se recomienda dar inicio al procedimiento de Potestad Investigativa por parte de la Oficina de Auditoría Interna, de conformidad con lo previsto en. el título III, Capítulo I de la LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL vigente, por cuanto existe mérito para ello. Presuntamente se observó que no ingresaron a la Cuenta Bancaria de Ingresos Propios receptora de los pagos de la Unidad de Polimorfismos Genéticos, la cantidad de Bs. 30.50o,o0 por pruebas de paternidad emitidas en los años 2012 y 2013, mediante el análisis de todos los recaudos de los años 2011 al 2013 solicitados al Departamento de Tesorería, Contabilidad y a la Unidad de Polimorfismos Genéticos, tal como se detalla en las Cédulas de Análisis Año 2011 al 2012, Cédula de Análisis Año 2013 y Cédula de Análisis Año 2012. 2) Se emitieron Pruebas de Paternidad por Bs. 253.554,40; de los cuales no ingresaron a la cuenta bancaria de Ingresos Propios receptora, de los pagos de la Unidad de Polimorfismos Genéticos la cantidad de Bs. 30.500,00. De este hecho presuntamente se constató lo siguiente: a) No haber registrado el ingreso de varias planillas de depósitos equivalente a un total de Bs. 30.500,00, así como no fueron ingresados en su totalidad los montos correspondientes a cada ejercicio fiscal. b) Copias de planillas de depósitos con enmiendas y adulteraciones en sus diferentes especificaciones, vale decir, número de la planilla, nombres y fechas de depósitos. Presuntamente se omitieron algunas de las atribuciones y obligaciones de la secretaría asignada a la Unidad de Polimorfismo Genético, y se verificaron presuntas adulteraciones en los diferentes documentos llevados por el control interno. Presuntamente se observó, la omisión del control interno por parte de la secretaría de ia Unidad de Polimorfismo, en virtud de presuntamente, no haber registrado el ingreso de varias planillas de depósitos, equivalente a un total de Bs. 30.500,00, según se evidencia de relación de ingresos en los mayores analíticos reflejados en los papeles de trabajo, los cuales fueron remitidos por el departamento de Tesorería de la Fundación. expuesto se recomendó proceder a la apertura del Por lo antes de Potestad Investigativa, con respecto a esta procedimiento observación. En fecha 09 de Junio de 2015, esta Oficina de Auditoría Interna, a través de la Coordinación de Control Posterior, realizadas las actuaciones necesarias, a fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, y recabados los elementos probatorios y su presunta vinculación con la ciudadana ELIzABETH BERROTERAN GUTIERREZ Cédula de Identidad N° V-11.560.311, en su condición de Secretaria y Asistente al laboratorio en la Unidad de Pesquisa Neonatal, procedió a notificar la de la Potestad Investigativa iniciada de conformidad con lo tipificado en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, oficio de fecha 09 de junio de 2015, en la cual fueron señalados ampliamente los actos, hechos y omisiones irregulares, los elementos probatorios recabados en el informe definitivo, su respectiva valoración y su presunta vinculación con la interesada legítima. Se indicó a la interesada legítima, que de las observaciones plasmadas en los informes correspondientes, existe su presunta incursión en irregularidades de carácter administrativo, lo cual quedó demostrado en el expediente donde se evidencia que existen unas presuntas debilidades en el control interno, llevadas en el sistema contable y presupuestario, supra señaladas. En fecha 18 de Junio de 2015, el ciudadano JOSÉ IGNACIo RONDÓN PAvóN, representante legal de la cludadana ELIzABETH BERROTERAN GUTIERREZ, según se evidencia de documento Poder autenticado por ante la Notario Público Interino Quinto del Municipio Autónomo Sucre del Estado Bolivariano de Miranda, de fecha 08 de Noviembre de 2013, anotado bajo el Nro. 08, Tomo 63 de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaría, se presentó por ante la Oficina de Auditoría Interna, a objeto de consignar escrito de alegatos y pruebas para su defensa. En fecha 16 de julio de 2015, la Oficina de Auditoría Interna a través de la Coordinación de Control Posterior procedió a la Evacuación de las Pruebas presentadas por el representante legal de la ciudadana ELIZABETH BERROTERAN GUTIERREZ, plenamente identificado en autos que anteceden. Una vez expuestos los actos, hechos u omisiones presuntamente irregulares resulta necesario establecer una relación de causalidad de la funcionaria que intervino en la presunta comisión de los hechos anteriormente señalados. RELACIÓN DE CAUSALIDAD En fecha 06 de Noviembre de 2015, del alusivo Informe y el Auto de Evacuación de Pruebas, esta Oficina de Auditoría Interna a través de la Coordinación de Determinación de Responsabilidades, procedió a efectuar Auto de Inicio o Apertura al Procedimiento de Determinación de Responsabilidades Administrativa en atención a lo preceptuado en los artículos 93, 96 y 98 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con lo establecido en el artículo 88 de su Reglamento, motivado a las presunciones plasmadas en el Informe de Resultados. página original (tal como se publicó) [Página 40] 430.458 Lunes 5 de septiembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Dando cumplimiento al Principio de Legalidad como regla común a toda la actividad administrativa, el presente acto administrativo, está sometido a la notificación dirigida a la presunta responsable, lo que se encuentra regulaão de manera general en el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control establecen ese principio: los artículos 72 y siguientes de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y se regula de manera bastante similar la notificación de los actos administrativos en general. La particularidad de tal norma, es señalar que dicha notificación se entregará al interesado o a su representante legal para su eficacia. El Auto de Inicio precisó que, en atención a lo reglamentado en los artículos 96 y 98 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con lo establecido en el Artículo 88 del Reglamento de la aludida Ley, acordó la Apertura del Procedimiento Administrativo y como consecuencia de una actuación fiscal realizada por la Coordinación de Control Posterior, relativa a la "Evaluación de la Ejecución Física, Presupuestaria y Financiera del Proyecto Fortalecimiento y los Procesos de los Servicios Públicos en el área de salud, soberanía alimentaria, energía y ambiente del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Acción Específica 1: Pesquisa Neonatal, Selectiva, Genética Forense y Cristalografía, concretamente al Servicio de Genética Forense", según se desprende del Oficio de Credencial No 01, se detectaron presuntas irregularidades administrativas relacionadas con los siguientes hechos: Presunta omisión en la preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), por parte de la funcionaria ciudadana ELIZABETH BERROTERAN GUTIERREZ, titular de la cédula de identidad N°V-11.560.311, en su carácter de Secretaria adscrita a la Unidad de Polimorfismo Genético, adscrita a la Dirección de Salud, toda vez que observan presuntas debilidades en el control interno, llevado en el sistema contable y presupuestario de la mencionada unidad, tales como: 1. "Fondos Sin Movimiento de la Cuenta Bancaria Receptora de Ingresos de la Unidad de Polimorfismos Genéticos por reporte incompleto de los ingresos propios de la Unidad de Polimorfismo Genético. De lo que se presume la existencia de: a. Saldo acumulativo, toda vez que el saldo referido por cada año correspondiente a 2011, 2012 y 2013, ha sido reprogramado en los diferentes ejercicios fiscales supra señalados. b. Deficiencias en la ejecución presupuestaria de cada uno de los años señalados, asignada a la Unidad de Polimorfismo Genético. c. Reporte incompleto de los ingresos propios de la Unidad de Polimorfismo Genético. d. No se delimitaron las responsabilidades de inspección, control y seguimiento, en el manejo de los ingresos percibidos por parte de la Unidad de Polimorfismo Genético. La anterior situación trajo como consecuencia, que en el sistema de control utilizado por la referida Unidad de Polimorfismo se observaron reprocesos contables en el análisis de los comprobantes y planillas cargados, toda vez que se determinaron discrepancias entre los registros llevados por la Secretaria, y la información reflejada en los Estados Financieros, con la información que suministró la división de Contabilidad adscrita a la Dirección de Administración de la Fundación, esto se genera porque no existe una interfaz entre la base de datos utilizados y el control de registro de ingresos aun cuando la precitada Secretaría tenía la competencia para reportar los ingresos percibidos. 2) Se presume que se emitieron Pruebas de Paternidad por Bs. 253.554,40; de los cuales no ingresaron a la cuenta bancaria de Ingresos Propios receptora, de los pagos de la Unidad de Polimorfismos Genéticos la cantidad de Bs. 30.500,00. De este hecho se observa lo siguiente: a) No haber registrado el ingreso de varias planillas de depósitos equivalente a un total de Bs. 30.500,00, así como no fueron ingresados en su totalidad los montos correspondientes a cada ejercicio fiscal. b) Copias de planillas de depósitos con enmiendas y adulteraciones en sus diferentes especificaciones, vale decir, número de la planilla, nombres y fechas de depósitos. De lo anterior se presume que no ingresaron al patrimonio del Ente la cantidad de un total de Treinta Mil Quinientos Bolívares (Bs.30.500,00), ingresos generados por la Unidad de Polimorfismo Genético, que debieron ser enterados íntegramente a la Administración Central de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), por la funcionaria Elizabeth Berroterán, quien ocupaba el cargo de Secretaria y a quien le competía llevar el control interno de los depósitos efectuados por cada uno de los usuarios del referido servicio, tal y como se señaló supra, en la certificación de cargos emitida por la Dirección de Recursos Humanos de Esta Fundación de la precitada funcionaria. De la revisión de los soportes documentales cursantes en autos, se desprende qUe Ia Ciudadana: ELIZABETH BERROTERAN GUTIERREZ, titular de la cédula de identidad N° V-11.560.311, se desempeñaba en el cargo de: Secretaria en el Servicio de Genética Forense, de la Unidad de Polimorfismo adscrita a la Dirección de Salud de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), desde el 04/12/2010 hasta el 13/11/2013, quien para el momento de la ocurrencia del hecho y en ejercicio de su cargo era responsable de dar cumplimiento a las normas del Sistema de Control Interno, implantado en la Fundación Instituto de Estudios Avanzados, siendo algunas de las funciones inherentes a su cargo: ● Apoyo administrativo y secretarial a las tareas propias de la administración de la dirección. Llevar el control interno de los de depósitos efectuados por cada uno de los usuarios del referido servicio. . Cualquier otra actividad que le sea asignada por su supervisor, entre las que se incluyen dar información y cita de las pruebas de ADN por teléfono, abririe una historia al paciente. (...).). Quien no se ajustó a los requerimientos formulados para su remisión en los íntegramente, así como tampoco suministró la totalidad de la documentación solicitada, verificándose además adulteraciones en los diferentes documentos llevados por el control interno. De lo expuesto, se presume una conducta omisiva asumida por la ELIZABETH BERROTERAN GUTIERREZ SUPra. funcionaria identificada, adscrita a la Unidad de Polimorfismo de la Fundación página original (tal como se publicó) [Página 41] Lunes 5 de septiembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), demostrando la inobservancia de lo preceptuado en dichas normas. Es así como en fecha 06 de Noviembre de 2015, se notificó a la presunta responsable ELIZABETH BERROTERAN GUTIERREZ Cédula de Identidad N° V-11.560.311, sobre dicho Auto de Apertura para el procedimiento de Determinación de Responsabilidades, informándole que esta Oficina de Auditoría Interna, a través de la Coordinación de Determinación de Responsabilidades de esta Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 19 y 20 del Reglamento Interno de la Oficina de Auditoría Interna, acordó iniciar el Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, previsto en los artículos 96 y 98 de la referida Ley Orgánica. Subsiguientemente, el derecho de acceso al expediente está comprendido dentro del Principio de Publicidad del procedimiento administrativo. El citado Principio se desdobla en dos aspectos: en primer lugar, la denominada "publicidad relativa" y la "publicidad absoluta". La primera se refiere a la posibilidad de que los interesados que participan en el copias del mismo. El segundo, por el contrario, se revela en la disponibilidad al público de documentos oficiales de naturaleza no confidencial. A los fines de garantizar el debido proceso y particularmente el derecho a la defensa consagrado en el artículo 49, ordinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se le concedió un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la recepción de la presente notificación, de conformidad con las previsiones contenidas en los Artículos 99 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 91 de su Reglamento, para consignar en el expediente los medios de prueba documentales de que disponga, que a su juicio desvirtúen los elementos de prueba o convicción que dieron origen al inicio del presente procedimiento e indicar las pruebas que producirá en el acto oral y público a que se refiere el artículo 101 eiusdem, las cuales de ser procedentes serían admitidas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su indicación y podrían ser evacuadas de ser necesario antes del acto oral y público, circunstancia que se advertiría de forma expresa mediante auto que se estampará en el expediente administrativo. En fecha 19 de Noviembre de 2015, el ciudadano 30sÉ IGNACIO RONDóN PAVÓN, inscrito en el inpreabogado N°142.022 Abogado en ejercicio y representante legal de la ciudadana ELIzABETH BERROTERAN GUTIERREZ, titular de la cédula de Identidad N°V- 11.560.311, según se evidencia de documento Poder, consignó escrito de descargo para su defensa, constante de un (01) folio útil y sus anexos constantes de dos (02) folios útiles, quien indicó la ratificación de los elementos de convicción aportados como prueba y escrito presentado en fecha 18 de junio de 2015, dejándose constancía de la admisión de dicha ilegal. El resultado del análisis y estudio del informe y sus actuaciones fiscales fue el Auto de Inicio, el cual fue motivado subsumiendo presuntamente, actos, hechos y omisiones investigados, anteriormentenarrados relacionados con las actuaciones fiscales practicadas, referidas a 430.459 presuntas omisiones concernientes a las atribuciones y obligaciones que debió realizar la Secretaría asignada a la Unidad de Polimorfismo Genético, de las cuales se verificaron presuntas adulteraciones en los diferentes documentos llevados. DE LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO DEINICIO Y DE LA PARTICIPACIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA iudadana ELIZABETH En fecha 06 de Noviembre de 2015, la BERROTERAN GUTIERREZ Cédula de Identidad N° V-11.560.311 identificada en autos, se dio por notificada respecto del contenido del Auto de Inicio de la misma fecha. Dicha notificación se libró de conformidad con lo dispuesto en los artículos 96 y 98, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezueia N° Ext. 6.013 del 23 de diciembre de 2010, en concordancia con el artículo 88 de sù Reglamento, quedando la mencionada ciudadana a derecho para todos los efectos del procedimiento, a tenor de lo dispuesto en la parte in fine del artículo 98 de la precitada Ley (follos 17 al 20). En fecha 09 de Noviembre de 2015, la Oficina de Auditoría Interna, estando dentro del lapso fijado por la tey Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, de conformidad con lo establedido en el artículo 97 y 64 de su Reglamento procedió a participarle a la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, sobre la apertura del Procedimiento para la Determinación de Responsabilidaes, de fecha 06 de Noviembre de 2015, que cursa en el expediente N° OAI/DRA/001/2015. DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS De los anteriores planteamientos se presume, que la ciudadana. ELIZABETH BERROTERAN GUTIERREZ Cédula de Identidad N° V- 11.560.311, en su condición de Secretaría, de la Unidad de Polimorfismo, adscrita a la Dirección de Salud la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), evidenciándose ia supuesta inobservancia y acatamiento del control interno establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. La vinculación directa de la precitada ciudadana, suficientemente identificada en autos, se desprende de los elementos probatorios que demuestran la comisión del hecho irregular antes descrito, siendo los siguientes: 1.- Saldo al 13 de Febrero 2014, en la Cuenta Corriente del Banco Mercantil N° 0105-0024-92-1024266095. (Folio 263, 332, 333, 334 y 335). 2.- Flujos de caja desde el año 2009 al 2013 (folios 239 al 263). 3.- Ficha técnica de identificación del proyecto 2013, perteneciente al proyecto "Servicio de Genética Forense” (folio 347). 4.- Modificación del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013, en la que se incluye exposición de motivos del mismo y se hace referencia a la distribución de los recursos, resaltando la cantidad de Trescientos Ochenta Mil (Bs.380.000, 00) por conceptos de ingresos propios. (folios 335 al 338). página original (tal como se publicó) [Página 42] 430.460 Lunes 5 de septiembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 5.- Depósitos bancarios efectuados por usuarios, equivalente a los ingresos propios, consignados de modo incompleto por la Unidad de Polimorfismo Genético, flujos de caja, emitidos por el departamento de Contabilidad y refrendado por el departamento de Tesorería, que rielan a los folios (226 al 237), Reportes de Comprobantes de Ingresos, revalidados por la Directora de Administración que rielan a los (folios 201 al 225 y 189 al 198 respectivamente). 6.- En atención a la falta de control interno y seguimiento Cuestionario N°OAI-01-2014/1, inserto a los (folios 186 al 188). 7.- Planilla "Solicitud de Servicio de Identificación Humana y Paternidad" con los datos del laboratorio solicitante. (Folio 185). 8.- Planilla de cadena de custodia de las muestras biológicas a analizar.(Folio (183 y 184). 9.- Cheque endosado, constancia de transferencia o planilla de depósito original por pago del servicio referido, a nombre de Fundación IDEA, correspondiente a los ingresos propios de esta Fundación, recaudados por la Unidad de Polimorfismo. (Folios 174 al 182). 10.- Certificación de Cargo de la funcionaria, de fecha 14/12/2014 en la que se especifica detalladamente cuales fueron las funciones encomendadas a la funcionaria Elizabeth Berroterán, titular de la cédula de identidad N°V-11.560.311, desempeñando los cargos en distintas fechas de Secretaría y Asistente al laboratorio en la Unidad de Pesquisa Neonatal. Punto de Cuenta N° DRRHH-137-2011, de fecha 10/06/2011, en el que se especifica que la ciudadana Elizabeth Berroterán, prestará sus servicios en esta Fundación como Secretaria. Punto de Cuenta N° DRRHH-345-2010, de fecha 22/12/2010, en el que se constata que la precitada funcionaria continuará desempeñando actividades como Asistente de Laboratorio, adscrita a la Unidad de Pesquisa Neonatal. Puntos de Cuenta N°DRRHH-338-2009 N° DRRHH-434-2009 de fechas 02/12/2009 y 28/12/2009, respectivamente, en los que se especifican la continuidad de la mencionada funcionaria en las actividades de Asistente de Laboratorio. Punto de Cuenta N° DRRHH-200-2010, de fecha 24/05/2010, en el que se constata que la funcionaria aquí señalada pasará a realizar funciones de Secretaria en el Servicio de Genética Forense. 11.- Planillas de depósitos con seriales adulterados, con fechas de registros en los años 2010, 2011, 2012 y 2013. 12.- Cheques elaborados por los usuarios del servicio de Genética Forense, emitidos a nombre del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA). Se incluyen entre los folios. 13.- Comunicación de fecha 29 de junio de 2012, dirigida al Profesor Miguel Ángel Contreras, quien fuera Presidente de la Fundación para el momento de ocurrencia de los hechos, emitida por Dr. José Luis Ramírez, Jefe, en la que se notifica sobre la necesidad de adquirir insumos a través de los ingresos propios recibidos por la Unidad. 14.- Comunicación de fecha 20 de Septiembre de 2012, dirigida al Dr. José Luis Ramírez, emitida por la Funclonaria María Gabriela Rojas, en la que se especifica una lista de necesidades propias del Servicio del Laboratorio de Polimorfismo Genéticos. 15.- Comunicación de fecha 12 de Septiembre de 2013, dirigida a la Dirección de Administración, emitida por Dr. José Luis Ramírez, Jefe del Laboratorio de Genética Forense, en la que se notifica una serie de irregularidades en el manejo de los ingresos propios percibidos. 16.- Cuestionario N° OAI-01-2014, en el que se anexan formatos de solicitud de servicio de identificación humana y paternidad, constancia de recibo de pago, planilla de identificación de datos de estudio de paternidad, cadena de custodia. 17.- Flujos de caja consolidados, Relación de Ingresos y depósitos, años 2008, 2009, 2010, 20.11, 2012 y 2013. DEL LAPSO PARA INDICAR PRUEBAS En fecha 06 de Noviembre de 2015, mediante Auto de Notificación, se le señaló a la presunta responsable, que podía consignar los medios de pruebas de que dispusiera, que a su juicio desvirtuaran los elementos de prueba o convicción que dieron origen al inicio del presente procedimiento e indicara las pruebas que produciría en el acto oral y público. En fecha 19 de noviembre estando dentro del tapso legal para presentar los medios de prueba de que dispusiera, consignó escrito, constante de un (01) folio útil y dos (02) anexos, los cuales soportan el escrito de indicación, por su representante legal, el ciudadano JosÉ IGNACIo RONDÓN PAVÓN, inscrito en el inpreabogado N°142.022 Abogado en ejercicio, según se evidencia de documento Poder, quien ratificó los elementos de convicción aportados como pruebas y ratificó el contenido del escrito presentado por ante esta Oficina de Auditoría Interna, específicamente en la Coordinación de Control Posterior, en fecha 18 de junio de 2015, así mismo manifestó mediante "otro si" que la misma constancia de la incorporación de dicho escrito al expediente, en concordancia a lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° Ext. 6.013 del 23 de diciembre de 2010, concatenado con lo previsto en el artículo 91 de su Reglamento, escrito, aunado al cumplimiento del Principio de Legalidad, dándole cabida al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. DE LA ADMISIÓN DE PRUEBAS En fecha 02 de Diciembre de 2015, encontrándonos dentro del lapso legal establecido en artículo 99 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° Ext. 6.013 del 23 de diciembre de 2010, esta Oficina de Auditoría Interna, a través de la Coordinación de Determinación de Resposanbilidades, procedió a admitir el escrito presentado por el ciudadano JosÉ IGNAcIo RONDóN PAVÓN, inscrito en el inpreabogado N°142.022 Abogado en ejercicio y representante legal de la ciudadana ELIzABETH BERROTERAN GUTIERREZ, en el que ratificada el contenido del escrito presentado en fecha 18 de Junio de 2015 indicando que esta sería la prueba que presentará en el acto oral y público. DE LA EVACUACIÓN DE PRUEBAS Del escrito presentado en fecha 19 de Noviembre de 2015, por el CiudadanO JOSÉ IGNACIO RONDÓN PAVÓN, insCrito en el inpreabogado N°142.022 Abogado en ejercicio y representante legal de la ciudadana ELIZABETH BERROTERAN GUTIERREZ, la Oficina de Auditoría Interna a través de la Coordinación de Determinación de Responsabilidades, procedió a la verificación del escrito y los documentos anexos presentados pOr el Ciudadano JOSÉ IGNACIO RONDÓN página original (tal como se publicó) [Página 43] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 5 de septiembre de 2016 PAVÓN, legal representante ELIZABETH de ciudadana BERROTERAN GUTIERREZ, se constató escrito presentado en fecha 18 de junio de 2015, contentivo de un (1) folio y sus anexos contentivo de dos (02) folios, con los alegatos que a continuación se esgrimieron: "En fecha aproximada 09/11/2013, me entrevisté personalmente con los ciudadanos: Abogado Alejandro Infante y el Licenciado Luis Ginés, quienes fungían para el momento como Asesor Jurídico y Director de Recursos Humanos del (IDEA) respectivamente, estando presente mi defendida por cuanto asumió ante los presentes que había sustraído dinero de la Unidad de Polimorfismo Genético, después de haber conversado la situación jurídica se propuso por parte de la defensa el Acuerdo Preparatorio Extrajudicial, que contemplaba la Renuncia al Cargo y Devolución del dinero sustraído, propuesta que no dieron respuesta alguna en ese momento, ya que debían consultarlo con el Presidente del IDEA para el momento Profesor JOSE HERNANDEZ. El día 12/11/2013, realice llamada telefónica al despacho del Abogado Alejandro Infante quien manifestó por esa misma vía, que fue consultado el presidente del Instituto, indicando que para cuidar la imagen y gestión se aceptaba los términos ofrecidos por mi persona, debiendo cancelar la precitada la cantidad de Diecinueve mil quinientos Bolívares, (19.500,00 Bs) según cantidad faltante en la Unidad de Polimorfismo Genético, acto seguido realice dos ca,tas que fueron firmadas por mi defendida dirigidas al Profesor JOSE HERNANDEZ, la primera la Renuncia al cargo la cual se anexa marcada con la letra "A" la cual fue recibida firmada y sellada por Abogado Alejandro Infante. La segunda carta indica autorización para el descuento de la cantidad de Diecinueve mil quinientos Bolívares, (19.500,00 Bs) donde se deja claro "Por concepto Entendido entre las Partes" dado que se había cristalizado el Acuerdo Reparatorio Extrajudicial, ya que ella no podía admitir públicamente el hecho que nos ocupa, siendo esta la forma más expedita de culminar con la investigación y cerrar el proceso, la cual se anexa marcada con la letra "B". El día 13 de Diciembre del 2013, me trasladé al. Instituto de Estudios Avanzados, con la finalidad de retirar cheque signado con el nro.07005448, a nombre de Elizabeth Berroterán Gutiérrez, por un monto de Diez Mil Quinientos Setenta y seis con ochenta y cinco céntimos (10.576,85 Bs) en donde se descuento la cantidad de Diecinueve mil quinientos Bolívares, (19.500,00 Bs) el cual se refleja en el recibo de Liquidación de Prestaciones Sociales como "Descuento por Préstamo” o "Por concepto Entendido entre las Partes" como se había conversado, monto exacto que coincide con el Acuerdo Reparatorio Extrajudicial para subsanar el déficit en la Unidad de Polimorfismo Genético. La cual se anexa marcada con la letra "C". Ahora bién si se realizó este Acuerdo entre las partes y los involucrados manifestaron, que con esta acción extrajudicial se culminada el expediente en contra de mi defendida, en fecha 09/06/15, es visitada en su residencia la precitada, indicándoles que debe ponerse a Derecho ya que cursa un expediente en su contra en el IDEA. La intención en todo momento fue por nuestra parte subsanar el hecho que nos ocupa, tanto que mi defendida asumió el hecho ante las autoridades del IDEA, canceló la cuota antes descrita de sus haberes, por lo que se denota que no surtió ningún efecto, surge una interrogante en donde está la cantidad de dinero? Específicamente Diecinueve mil quinientos Bolívares, (19.500,00 Bs) que fueron descontados. Del escrito recibido fecha 09 de Junio de 2015, se aduce que la cantidad exacta faltante en la Unidad de Polimorfismo Genético es de Treinta Mil Quinientos (30.500.00 Bs) que mi. patrocinada reconoce por los bauches presentados como evidencia en el presente expediente y que si bien es cierto que se hizo un descuento de 19.500,00 Bs. El restante seria la cantidad de Once Mil Bolívares (11.000,00 Bs) que se compromete a cancelar ante la instancia correspondiente. Por todo io antes expuesto solicito a Ustedes, engan a bien recibir los elementos de convicción que son Útiles, Necesarios y Pertinentes „para culminar o extinguir el presente expediente". (Sic). Ahora bién, corresponde a la Oficina de Auditoría Interna, a través de la Coordinación de Determinación de Responsabllidades, atendiendo a lo dispuesto en las normas que regulan las reglas de admisión de las pruebas promovidas, determinar la pertinencia de la misma sobre la presente decisión. En fecha 02 de Diciembre de 2015, a la Oficina de Auditoría Interna, a través de la Coordinación de Determinación de Responsabilidades, 430.461 procedió a evacuar las pruebas, verificando el escrito y los soportes del mismo, de lo que se indicó lo siguiente: Se analizó el escrito y los soportes contentivos del mismo, corroborándose que la prueba promovida, fue la misma presentada en la. fase de la Potestad Investigativa, a tal efecto se constata el Informe de Resultados remitido por la Coordinación de Control Posterior, se verifica la evacuación de las pruebas, de lo que se extrae íntegramente lo siguiente: "De la evacuación de las pruebas se evidencia del referido planteamiento, "Se emitieron Pruebas de especificamente al planteamiento Paternidad por Bs. 253.554,40; de los cuales no ingresaron a la cuenta bancaria de Ingresos Propios receptora, de los pagos dei la Unidad de Polimorfismos Genéticos la cantidad de Bs. 30.500,00″. Vista la relación de dependencia de los hechos aquí plasmados, es preciso incoar, lo que establece la Carta Magna, la cual hace valer de manera intrínseca los derechos civiles, entre ellos destaca, el contenido del artículo 49, precepto que estatuye su aplicación a todas las actuaciones judiciales y administrativas, precisando como consecuencia de ello que: "la confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza”. Entendiéndose, que la confesión en el procedimiento administrativo, o es expresa y terminante, o no es confesión. La forma_ debe ser escrita, firmada ante la autoridad competente. Se evidencia del alegato señalado, una presunta admisión de un hecho, visto y analizado el escrito presentado por la legitima interesada, evidenciándose la manifestación de voluntad plasmada. Se señaló que en la fase de potestad investigativa resulta prematuro, en aras del derecho a la defensa, desarrollar el tema de la responsabilidad administrativa, sin embargo, en virtud del señalamiento expuesto por el representante legal de la interesada legítima con relación al Acuerdo Reparatorio Extraiudicial,_ debemos hacer referencia al significado de "conciliación" el cual es uno de los medios de solución de conflictos en forma pacífica, que junto con la mediación y el arbitraje se encuentran establecidos en la constitución. El término conciliar deriva del termino latino conciliar, que según el Diccionario de la Real Academia Española significa ajustar los ánimos de quienes están opuestos entre sí. Se define como el proceso por el cual se busca que las partes lleguen a un acuerdo. Algunos ordenamientos jurídicos plantean la conciliación como un mecanismo previo a la vía judicial, logrando poner fin al conflicto a través de un acuerdo entre las partes quienes logran su propia solución sobre la base de la creatividad, promoviendo la comunicación y el entendimiento mutuo, minimizando en esta forma la participación del sistema judicial, ya que el conflicto no se solución por medio de una sentencia dictada por el juez, que es el medio típico de solución de los conflictos jurídicos. Amado (2005, 65) define a la conciliación como "procedimiento para la solución directa y amistosa de las diferencias que puedan página original (tal como se publicó) [Página 44] 430.462 Lunes 5 de septiembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA surgir de un determinado conflicto, mediante el cual las partes en controversia, con la colaboración de un tercero conciliador, ponen fin al conflicto celebrando un acuerdo" Debe existir absoluta reserva en el curso del proceso conciliatorio. El conciliador no puede revelar la estrategias de las partes, si no es autorizado expresamente para elio, por lo que debe trabajar con hipótesis e igualmente, debe invitar a cada parte a ponerse en el lugar de la otra, con sus principios, valores, miedos è inquietudes, para que comprendan porque su contraparte asume su comportamiento. Una vez haya suscripción del acuerdo: al momento de que las partes redactar el acuerdo o preacuerdo, sin postergar el momento. Si se ha avanzado bastante en una conciliación y se observa cansancio entre las partes, el conciliador puede sugerir suspender la audiencia, a fin de evitar una posible ruptura. La conciliación viene a ser una etapa procesal dentro del proceso civil ordinario, donde el juez del tribunal, donde se ventila la causa actúa como conciliador, esta es una actividad potestativa que puede o no desarrollarse, pero llevada a cabo su efecto principal es poner fin al proceso, es decir, tiene entre las partes los mismos efectos de una sentencia definitivamente firme. Entendemos que la Conciliación o el Acuerdo Reparatorio Extrajudicial es un medio alterno al proceso judicial, donde las partes resuelven el conflicto sin acudir a juicio. Resulta un mecanismo flexible, el tercero que interviene puede ser cualquier persona, que mediante el diálogo y la creatividad, busca y presenta opciones para que las partes puedan dar su propia solución al conflicto que los enfrenta, y lograr a través de ella, la materialización de una cultura de paz, que incidirá en el descongestionamiento de las causas en los tribunales. De acuerdo a la materia sobre la cual verse, la conciliación puede ser civil, mercantil, de familia, contenciosa administrativa, entre otras. Concatenadamente, el Acuerdo Reparatorio es el convenio celebrado entre quien es víctima de un delito y la persona imputada en su participación, que tiene como objetivo obligarlo a satisfacer la responsabilidad civil que origine, con el pago de los daños materiales, morales y los perjuicios que acarree su acción delictiva. En fecha 03 de Mayo de 2000, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Jorge Rosell, dictaminó lo siguiente: "El interés entre la víctima y el imputado en celebrar el acuerdo reparatorio, tiene como objeto la resolución alternativa del conflicto surgido, indemnizándose a la víctima con una justa reparación, además de lograrse la extinción de la acción penal, que por razones de economía procesal, constituye una solución para evitar procesos largos y costosos". El acuerdo es aprobado por el juez, siempre y cuando entiendan que debe haber consenso verdadero y conciencia de los derechos que asisten a las partes, el cual una vez cumplido por el imputado, se extingue la acción penal con respecto a este, no habrá delito ni pena de ninguna clase, como bien 1o expresa Rossel (2001,284),"el objetivo fundamental del acuerdo reparatorio es resarcir a la víctima el daño equitativamente y resolver el conflicto. Que víctima y autor se acepten en forma recíproca, más que la reparación material, se dice que efectivamente resolvió el conflicto" Así mismo, sobre las demas consideraciones expuestas por el representante legal de la interesada legítima debemos ser reiterativos en señalar que todas las actuaciones que realice la administración pública debe ceñirse al principio de legalidad, el cual impone a las autoridades, la obligación de enmarcar todas sus decisiones al contenido de las reglas jurídicas preestablecidas aplicándose tanto a los actos administrativos individuales, como a los actos administrativos generales. Se indicó en el mencionado Auto de Evacuación de Pruebas que la prueba promovida cumplió con los requisitos de pertinencia y de legalidad, entonces, se cumple el requisito intrínseco del medio probatorio para que pueda realizarse su admisión en el proceso administrativo, se declaró con lugar el presente alegato, por cuanto es manifiestamente legal y pertinente, y así se demuestra con el escrito presentado. Dentro del marco de la legalidad, la prueba promovida se estimó, oportuna para el esclarecimiento de los hechos en concordancia a lo establecido en el artículo 76 del Reglamento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, insértese la misma a los autos del presente procedimiento". En fecha 31 de Agosto de 2015, esta Oficina de Auditoría Interna a través de la Coordinación de Control Posterior ordenó remitir el Informe de Resultados, conjuntamente con las pruebas evacuadas, junto con el Expediente N° PI-001/2015, a la Coordinación De Determinación de del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 18 numeral 9 del Reglamento Interno de la Oficina de Auditoría de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA). RESULTADO DE LAS PRUEBAS EVACUADAS De la verificación del escrito y anexos presentados por el ciudadano JOSÉ IGNACIO RONDÓN PAVÓN, representante legal de la ciudadana ELIZABETH BERROTERAN GUTIERREZ, contentivo de tres (3) folios en su totalidad, ésta Oficina de Auditoría Interna a través de la Coordinación de Determinación de Responsabilidades, pasa a emitir su criterio: Visto y analizado los fundamentos de hecho y derecho incoados por el ciudadanO JOSÉ IGNACIO RONDÓN PAVÓN, representante legal de la ciudadana ELIZABETH BERROTERAN GUTIERREZ, Secretaría de la Unidad de Polimorfismo, adscrita a la Dirección de salud de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), contra el Procedimiento Administrativo para la determinación de Responsabilidades previsto en el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, conforme a lo alegado y probado por la parte interesada en el curso de este proceso, este Órgano de Control Fiscal en concordancia al artículo 102 de la Ley Orgánica de Control Fiscal concatenado con lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil pasa a valorar el escrito de pruebas promovido en los siguientes términos: La presunta responsable hizo uso del derecho que le asiste, en atención a ello esta Oficina de Auditoría Interna, tomando la previsión contenida en página original (tal como se publicó) [Página 45] Lunes 5 de septiembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA el artículo 100 de la Ley orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la cual señala: "(...) salvo previsión expresa en contrario de la Ley, se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la solución del caso por cualquier medio de prueba que no esté expresamente prohibido por la Ley", considerando el legítimo derecho a la defensa y el principio de libertad de los medios de prueba, admitió el escrito presentado. Aunado a lo anterior, la Coordinación de Determinación de Responsabilidades, ratifica en todas y cada una de sus partes, la evacuación de las pruebas, realizadas por la Coordinación de Control Posterior en su Fase de Potestad Investigativa y arguye lo siguiente: A pesar que existe una exigencia por parte de la Administración de valorar los instrumentos que reposan en los autos, sin embargo, no es necesario realizar tal valoración de forma precisa y detallada de todos a cada uno de los alegatos aportados, siendo suficiente, el análisis y apreciación giobal de todos los elementos cursantes en el expediente administrativo correspondiente. Como punto enfático de la evacuación, deben considerarse por medios de prueba los elementos o instrumentos utilizados por las partes y el órgano de Control Fiscal, que suministren esas razones o motivos. El artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, dispone: Artículo 395: "Son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determina el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República". (Sub-rayado nuestro). Pueden también las partes valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley, y que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes contemplados en el Código Civil, y en su defecto, en la forma que señale el Juez." De la transcripción anterior, se evidencia que son medios de pruebas admisibles en juicio, los que determina el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y otras leyes de la República, además de aquellos no prohibidos por la ley y que las partes consideren conducentes para la demostración de sus pretensiones. Es así como el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República establece: Artículo 102. "A menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el funcionario o funcionaria competente, para decidir deberá apreciar la según las reglas de la sana crítica"”. Corresponde a la Auditora Interna de la Oficina de Auditoría Interna, declarar la legalidad y pertinencia de la prueba promovida; una vez realizado el juicio analítico que le es pertinente respecto a las condiciones exigidas para la admisibilidad del medio probatorio escogido por la parte, atendiendo a lo dispuesto en las normas que regulan las reglas de admisión de las pruebas promovida, se determina la incidencia de la misma sobre la presente decisión. Puede admitirse, sin mayor discusión, que la prueba es una actividad procesal encaminada a demostrar la exactitud o la inexactitud de determinados hechos que han de servir de fundamento para una decisión. 430.463 La noción de prueba normalmente se ha manejado en el campo judicial, pero, por supuesto, también es esencial en materia administrativa. En este campo, la prueba sería la actividad tendiente a demostrar esos hechos, su exactitud o su inexactitud, a los efectos de que la Administración pueda tomar una decisión. Ahora bien, hablar de que es a las partes a quienes corresponden las pruebas en el proceso dispositivo exige tamblén precisar otro elemento: ¿Qué es lo que las partes deben probar? Sólo son los hechos los que quien decide debe conocer de acuerdo a las pruebas o al alegato de las partes, y las partes no pueden condicionar al mismo en. el campo del derecho. Del alegato: "estando presente mi defendida por cuanto asumió ante los presentes que había sustraído dinero de la Unidad de Polimorfismo Genético, después de haber conversado la situación jurídica se propuso por parte de la defensa el Acuerdo Preparatorio Extrajudicial" Es propicio señalar el concepto de "AsuMIR".: "Aceptar una obligación o responsabilidad", es así como el Diccionario de la Real Academia, lo determina de la siguiente manera: 1. "tr. Atraer a sí, tomar para sí. 2. tr. Hacerse cargo, responsabilizarse de algo, aceptarlo. 3. tr. Adquirir, tomar una forma mayor". tomar para sí". Vista la relación de dependencia, es inminente, considerar por esta Oficina de Auditoría, que, todas las pertinencias existentes en cuanto a la admisión de hechos o admisión de elementos de convicción se refiere, de lo que se infiere lo siguiente: "Consiste en el reconocimiento que hace el imputado de los hechos que se le imputan a fin de que le sea aplicada la pena correspondiente de forma inmediata y rebajada desde un tercio a la mitad por su reconocimiento” en el caso que nos ocupa reconocimiento que plasma la presunta responsable al admitir los elementos de convicción aportados o señalados por esta Oficina de Auditoría Interna. Es importante indicar: La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2000-1504, de fecha 26/02/03, hizo referencia a la naturaleza jurídica de esta figura Introducida en el nuevo sistema procesal penal venezolano y sobre este aspecto señala lo siguiente: ... La admisión de los hechos si se aplica "1 correctamente puede ser un instituto muy eficaz para poner fin a un gran número de procesos, en los cuales por reconocer el acusado los hechos que se le imputan, resultaría inútil u ocioso, además de oneroso para el estado, continuar cón un proceso penal que puede definirse allí mismo; pero si por el contrario su utilización o aplicación se hace en forma errada, alterando su fin o naturaleza bien sea por el Juez, el Ministerio Público o cualquier otra de las partes, más bien va a surgir como un instrumento para desviar la justicia y hasta para crear un estado de impunidad, que constituye el principal reclamo a la justicia penal en los actuales momentos". En este sentido, en cuanto a la naturaleza jurídica de la admisión de los hechos, la misma no puede entenderse como un atenuante e incluir la en página original (tal como se publicó) [Página 46] 430.464 Lunes 5 de septiembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA el elenco de los atenuantes genéricos que traen como consecuencia, al momento de aplicar la sanción a que hubiere lugar. que éste instituto procesal apartándose del delito y de la personalidad de la presunta responsable se inserta en el mérito procesal del mismo, es decir, se concentra en el cumplimiento de los requisitos o formalidades establecidos en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, corroborándose que no haya existido daño al patrimonio, y entonces si subsumirse en las consideraciones de las atenuantes. En éste instituto, mediante la Oficina de Auditoría Interna, por lo demás, la solicitud y el consentimiento de la presunta responsable, se asume la característica'de una verdadera declaración de voluntad tendente a conseguir determinados efectos procesales y sustanciales que redunden a su favor, a la vez que permiten al Estado, sin renunciar a los propósitos y fines del proceso. Es allí donde se encuentra su verdadera naturaleza jurídica. Del análisis de estas palabras, podemos decir, que la admisión de los hechos es un acto unilateral, porque solo a la presunta responsable se le otorga esta facultad de reconocer o no su responsabilidad en los hechos objeto de una acusación, tal como se observa en lo establecido por la precitada ley en sus artículos 99, 100 y 101, cuando señala que "se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la solución del caso por cualquier medio de prueba" (...). "Quien decide, instruirá a la presunta responsable sobre el procedimiento, para que expresen en forma oral y pública, ante el titular del órgano de control fiscal, o su delegatario o delegataria, los argumentos que consideren les asisten para la mejor defensa de sus intereses, en cuya audiencia oral le concederá la palabra y ésta podrá admitir los hechos objeto de la acusación”. Como se ve, el legislador otorga a la presunta responsable la posibilidad de decidir si lo acepta o no. Igualmente, se puede decir que la admisión de los hechos representa una . solución al fondo de la causa, y constituye a su vez una alternativa para evitar procesos largos e inútiles. En este caso, el efecto que produce la admisión de los hechos, o de los elementos de convicción es la aplicación de la sanción de forma inmediata, con su respectiva atenuante (si procediere) y por ende la extinción del procedimiento de determinación de responsabilidades. Sin embargo la ley señala otros aspectos y sus efectos, estos son; cuando en los delitos de que se trate haya existido daño contra el patrimonio público cuya multa oscile entre dos límites y no concurran atenuantes ni agravantes, la misma se aplicará en término medio. Encontrándonos dentro del marco de la legalidad, la prueba promovida, se considera oportuna para el esclarecimiento de los hechos en concordancia a lo establecido en el artículo 102 de. la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repúbica y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 91 de su Reglamento, insértese la misma a los autos del presente procedimiento. DE LA AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA En correspondencia con lo establecido en el artículo 101 de Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, concatenadamente con los artículos 92 al 95 de su Reglamento, fue fijado en fecha 11 de Enero de 2016, el acto oral y público relacionado con el expediente de Determinación de Responsabilidades identificado con el número OAI/DRA/001/2015, por cuanto la fecha a ser fijada debía ser para el día 23 de Diciembre de 2015, se suspendió la misma, visto el asueto navideño llevado a cabo por la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), a partir del día 21 de Diciembre de 2015. Tal y como consta en el acta de fecha 11 de enero de 2016, levantada en la sede de la Oficina de Auditoría Interna de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), la Ciudadana: ELIZABETH BERROTERAN GUTIERREz Cédula de Identidad N° V-11.560.311, quien fuera Secretaría de la Unidad de Polimorfismo adscrita a la Dirección de Salud de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), para el momento de acontecimiento de los hechos, compareció al acto oral y público pautado para el día 11 de Enero de 2016, asistida del Abogado JOSÉ IGNACIO RONDÓN PAVÓN, insCrito en el inpreabogado N°142.022, en su condición de presunta responsable de los actos y hechos a que se contrae el Auto de Inicio de fecha 06 de Noviembre de 2015, de conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, concatenadamente con los artículos 92 al 95 de su Reglamento, en concordancia a la notificación efectuada por la Oficina de Auditoría Interna a la mencionada ciudadana, en fecha 06 de Noviembre de 2015, de la cual se dió por notificada en la misma fecha. Respecto del precitado artículo 101, la Oficina de Auditoría Interna, en fecha 03 de Diciembre de 2015 fijó por auto expreso, para que la interesada o su representante legal, expresar en forma oral y pública, los argumentos que considerase le asistía para la mejor defensa de sus intereses, en privilegio del derecho a la defensa contenido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En efecto la ciudadana ELIZABETH BERROTERAN GUTIERREZ, asistida del AbOgado JOSÉ IGNACIO RONDÓN PAVÓN, siendo las 09:45 horas de la mañana hizo uso de este derecho de palabra y expuso, los alegatos de defensa a su favor, culminando su exposición a las 10:35 horas de la mañana. Una vez que finalizó su exposición, se dejó constancia de que consignó escrito constante de un (01) folio útil con sus anexos contentivo de Veintitrés (23) folios, el cual fue recibido en ese, mismo acto. Durante la realización del acto oral y público pautado para el día 11 de Enero de 2016, la Auditora Interna, procedió a dictar la decisión que recayó sobre el Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades Identificado con el N° OAI/DRA/001/2015, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 106 de la Lay Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con lo establecido en los artículos 97 y 98 de su Reglamento. I1 FUNDAMENTOS DE HECHOS Y DE DERECHO Relacionadas las actuaciones y examinada la documentación que integra expediente de Determinación de Responsabilidades N° el OAI/DRA/001/2015, quien suscribe Flor Yulibeth López, en su condición de Auditora Interna de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados, designada según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.191 de fecha 18/06/2013, pasa a expresar las razones de hecho y página original (tal como se publicó) [Página 47] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 5 de septiembre de 2016 de derecho en que se fundamenta la presente decisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con lo establecido en los artículos 97 y 98 de su Reglamento. Con fundamento en el análisis del Informe de Resultados, las actuaciones fiscales practicadas por la Coordinación de Control Posterior, los documentos presentados, la evacuación de pruebas, esta Coordinación de Determinación de Responsabilidades infiere que se produjo un daño al patrimonio público, pOr Cuanto la ciudadana ELIZABETH BERROTERAN GUTIERREz en su carácter de Secretaría de la Unidad de Polimorfismo adscrita a la Dirección de Salud de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), para el momento de ocurrencia de los hechos, presentó omisión en la preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio público de la referida Fundación, toda vez que se observaron debilidades en el control interno llevado en el sistema contable y presupuestario, visto que no reporte completamente los ingresos propios de la mencionada Unidad, demostrando la inobservancia de lo preceptuado en las normas. Tal supuesto constituye un hecho generador de responsabilidad, previsto en el artículo 91 numeral 2 vigente para el. momento de los hechos, el cual establece: Artículo 91. "Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos. generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación: (...) omissis 2. La omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio de un. ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley". El citado supuesto tiene por objeto impedir que un funcionario pueda actuar en detrimento de los intereses del Estado, comportando una conducta omisiva, negligente e imprudente, la cual es definida, por el Diccionario Jurídico Elemental, del Dr. Guillermo Cabanellas de Torres: "Omisión: Falta del que ha dejado de hacer algo conveniente, obligatorio o necesario en relación con alguna cosa..." "Imprudencia: Genéricamente, la falta de prudencia, de precaución. Omisión de la diligencia debida. Defecto de advertencia o previsión en alguna cosa; punible e inexcusable negligencia por olvido de las precauciones que la prudencia vulgar aconseja..." "Negligencia:_Omisión de la diligencia o cuidado que debe ponerse en los negocios, en las relaciones con las personas y en el manejo o custodia de las cosas. Dejadez. Abandono. Desidia. Falta de aplicación”. La responsabilidad puede enunciarse como el efecto desfavorable que recae sobre un sujeto, como consecuencia de su conducta, cuando la misma, constituida por una acción u omisión, ha violado una norma jurídica o un pacto contractual establecido, produciendo un daño. Los elementos de la definición son: a) Se trata de la consecuencia de una conducta, la cual puede ser: activa o bien, omisa; b) La conducta aludida violó una norma o un pacto contractual; c) La violación implica un daño para un sujeto. 430.465 Este es el segundo principio fundamental que rige para todos los órganos del Estado, es decir, que ejercen el Poder Público, y por supuesto, para la Administración Pública, es el regulado en el artículo 139 de la constitución, que recoge otra norma tradicional de nuestro constitucionalismo, y es el principio de responsabilidad individual de los funcionarios públicos en el ejercicio del Poder Público. Dispone dicha norma que: El ejercicio del Poder público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la Ley. Este mismo principio lo repite el artículo 8 de la LOAP, en relación con los funcionarios "de la administración Pública". En estos casos conforme al artículo 10 de la LOAP, y sin perjuicio del derecho de acceso a la justicia establecido en la Constitución (art. 26) y la ley, los particulares cuyos derechos humanos hayan sido violados o menoscabados por un acto u orden de un funcionario público pueden, directamente o a través de su representante, acudir ante el Ministerio Público para que éste ejerza las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva "la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria" en que hubiere incurrido dicho funcionario. Igualmente, pueden acudir ante la Defensoría del Pueblo para que ésta inte al Ministerio Público a ejercer dicha acciones y, además, para que la Defensoría del Pueblo solicite ante el Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a que hubieren lugar con respecto a tales funcionarios, de conformidad con la ley. A los efectos incluso, de la posibilidad de exigencia de responsabilidad, la LOAP establece el principio de rendición de cuentas, al disponer su artículo 11 que las autoridades y funcionarios de Administración Pública condiciones que determine la ley". De la norma supra citada, se infiere la obligación de todo funcionario. público de actuar apegado al conjunto de actuaciones que le son asignadas y delimitadas por el derecho dentro de las esfera de su ámbito de su competencia, pues tiene por objeto evitar que un funcionario pueda actuar en detrimento del estado ejerciendo una conducta imprudente frente a los intereses de los entes u organismos de los cuales forma parte. En este sentido, cabe destacar que una conducta es imprudente cuando una persona actúa con profusión de las atribuciones propias del cargo público que se encuentre desempeñando, es decir, extralimitándose de la esfera de las competencias otorgadas para cumplir determinadas funciones dentro de aquel ente u organismo que le haya otorgado tales funciones. Así pues, se configura el ilícito administrativo aquí plasmado, cuando en el marco del ejercicio de las competencias, se está en presencia de la conducta anteriormente descrita, de manera que pueda señalarse que el funcionario de que se trate, no actuó con la diligencia o prudencia oportuna o con el cuidado de "un buen padre de familia”. Se observó que la precitada ciudadana ELIZABETH BERRoTERAN GUTIERREZ, emitió Pruebas de Paternidad por Bs. 253.554,40; de los cuales no ingresaron a la cuenta bancaria de Ingresos Propios receptora, de los pagos de la Unidad de Polimorfismos Genéticos la cantidad de Bs. 30.50o,o0, no registrando el ingreso de varias planillas de depósitos equivalente a cada ejercicio fiscal, así como se evidenciaron copias de planillas de depósitos con enmiendas y adulteraciones en sus diferentes especificaciones, vale decir, número de la planilla, nombres y fechas de depósitos. página original (tal como se publicó) [Página 48] 430.466 Lunes 5 de septiembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En este sentido, el hecho irregular, se encuentra incurso en el numeral 11 del artículo 91 eiusdem, el cual señala que: (...) omissis 11. "La afectación específica de ingresos sin liquidar los o enterar los al Tesoro o patrimonio del ente u organismo de que se trate, salvo las excepciones contempladas en las leyes especiales que regulen esta materia". A tal efecto, es preciso señalar que los principios presupuestarios podemos entender los como aquellas reglas a las que deben sujetarse los ejecutores de gasto con motivo de la ejecución del dinero público. Esta ejecución ha de entenderse en sentido amplio y se refiere a todo el ciclo presupuestario: planeación, programación, ejecución y control. La finalidad última de los principios presupuestarios, entonces, es la de establecer reglas básicas para regular la actividad financiera del Estado. Para Eloy Lares Martínez (1983), conforme al principio de la unidad del Tesoro, o regla de la no asignación, no se podrá destinar específicamente el producto de ningún ramo de ingresos con el fin de atender el pago de determinados gastos. Esta regla está consagrada en el artículo 16 en la vigente Ley Orgánica de Régimen Presupuestario. Esta regla tiene numerosas excepciones. En efecto, el aparte del artículo citado dispone que sóio podrán ser afectados_para fines específicos los siguientes ingresos: 1. "Los provenientes de las operaciones de crédito público, incluidos aquellos que, estando representados en títulos de la deuda, se empleen directamente, en cancelar obligaciones contraídas por el Fisco". (... omisiss). Para Brewer Carías (1991) el principio de la unidad del tesoro implica que la masa del Tesoro es una y única, de allí que todos los ingresos nacionales deben ir a esta masa general, sin afectación específica, así como todos los gastos se deben hacer con cargo a dicha masa general del Tesoro. En este concepto es importante señalar en relación a los artículos anteriormente señalados relativos a las causales de responsabilidad administrativa establecidas en el artículo 91 de la LOCGRSNCF, en las cuales pudiera incurrir un funcionario público, que los mismos se corresponden al Principio de Tipicidad de las infracciones y sanciones administrativas que consiste en la descripción específica y precisa de las conductas concretas que pueden ser sancionadas y del contenido material de las sanciones que puedan imponerse por la comisión de cada conducta, así como la correlación entre unas y otras. Del contenido de los artículos transcritos se presume una conducta asUmIda pOr la CiUdadana ELIZABETH BERROTERAN GUTIERREZ, titular de la cédula de identidad N° V-11.560.311, en su condición de de Secretaría de la Unidad de Polimorfismo adscrita a la Dirección de Salud de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), para el momento de ocurrencia de los hechos, inobservando lo preceptuado en dichas normas y en consecuencia, dió origen a que esta Oficina de Auditoría Interna a través de la Coordinación de Determinación de Responsabilidades de Inicio a un Procedimiento Administrativo en virtud a lo establecido en el Capítulo II, Título III del artículo 91 numerales 2 y 11 de la referida Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal: "La omisión, retardo, negligencia o 2. imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley". Con relación a este supuesto, su acción constitutiva se materializa a través de la conducta ejercida por parte de la servidora pública, cuya ejecución fue de omisión, retardo, negligencia e imprudencia en la preservación de los bienes del patrimonio público sin presentar algún documento por medio del cual justificara su incumplimiento dentro de los lapsos establecidos. 11. "La afectación específica de ingresos sin liquidar los o enterar los al Tesoro o patrimonio del ente u organismo de que se trate, salvo las excepciones contempladas en las leyes especiales que regulen esta materia”. En efecto la precitada funcionaria, consignó documentos incompletos, siendo así planillas adulteradas y con enmiendas, así como la de los depósitos completos que debian registrarse en el balance presupuestario, se evidenció, de igual manera que no presentó en su debida oportunidad los informes y libros contentivos de los flujos de caja originales; ante esta eventualidad, se corroboró a través de las actuaciones fiscales, los referidos documentos a la vista, presentados por el departamento de Contabilidad, por la Tesorería y por el mismo registro de novedades llevados por la Unidad de Polimorfismo Genético. Subsumidos en el Principio Inquisitivo, la administración, de oficio o a instancia de parte, está facultada para buscar los elementos de juicio necesarios para dictar su decisión y, en tal sentido, puede realizar todas las diligencias necesarias para formarse un mejor criterio respecto del asunto sometido a su consideración. El estudio de las potestades inquisitivas de la administración nos lleva al principio de la verdad material. Dicho principio impone a la Administración la obligación de decidir conforme a la verdad material. Debemos tomar en cuenta que la Administración, como conglomerado de organismos y entidades destinadas a tutelar el supremo interés público, debe atenerse a la verdad formal, por cuanto está ejecutando una actividad dirigida a satisfacer un interés cuyo titular es la colectividad. Es alí, precisamente, donde radica la importancia de las facultades inquisitivas del Órgano de Control Interno, como medio para procurarse elementos de prueba que lo conduzcan a resultados veraces, es decir, que se correspondan con la realidad de los hechos. En aras de lo antes señalado, esta Oficina de Auditoría Interna, solicitó ante la Dirección de Recursos Humanos de esta Fundación, analizar el expediente administrativo asignado a la ciudadana ELIzABETH BERROTERAN GUTIERREZ, titular de la cédula de identidad N° V- 11.560.311, así mismo, solicitó certificación de cargo y recorrido laboral, cuya respuesta según se evidencia de Memorandum N°DRRHH-155-2014 de fecha 14/02/2014, el cual cursa en el expediente cuestión, donde se evidencia que la misma, ostentó el cargo de Secretaría, de la Unidad de Polimorfismo, adscrita a la Dirección de Salud de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), siendo su ingreso en fecha 04/12/2009 hasta el día 13/11/2013. En este orden de ideas, es menester demostrar cuales fueron las funciones asignadas a la servidora pública ELIZABETH BERRoTERAN página original (tal como se publicó) [Página 49] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 5 de septiembre de 2016 GUTIERREZ las cuales se resumen de los puntos de cuenta donde se le asignó el precitado cargo, y por medio de los cuales debía ejercer las funciones de: • Apoyo administrativo y secretarial a las tareas propias de la administración de la dirección. Llevar el control interno de los de depósitos efectuados por cada uno de los usuarios del referido servicio. Cualquier otra actividad que le sea asignada por su supervisor, entre las que se incluyen dar información y cita de las pruebas de ADN por teléfono, abrirle una historia al paciente. Los hechos probatorios que demuestran la comisión del acto, hecho u omisión, contrario a las normas legales referidas y la participación de la Ciudadana ELIZABETH BERROTERAN GUTIERREZ fuerOn descritos con anterioridad y se dan aquí por reproducidos. Con base en lo establecido en los artículos 102 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 91 del Reglamento, así como en jurisprudencia relativa a la prueba y su apreciación, la Oficina de Auditoría Interna a través de la Coordinación de Determinación de Responsabilidades, examinó y valoró los elementos probatorios documentales remitidos por la parte involucrada en el acto Oral y Público, atendiendo a los principios de la sana crítica, dentro del marco normativo correspondiente. 1ⅢⅢ1 DECISIÓN En el día de hoy 11 de Enero de 2016, siendo las 09:00 horas de la mañana, reunidos en el "Salón Cenit" del Edificio Bolívar, sede de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados, (IDEA), a los fines de proseguir el acto oral y público, a que se contrae el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en relación con los artículos 92 al 97 del Reglamento de la Ley in comento, vinculado con el Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, iniciado mediante Auto de fecha 06 de Noviembre de 2015, recaido en el Expediente N°OAI/DRA/001/2015, del Cual fue notificada la ciudadana ELIZABETH BERROTERAN GUTIERREZ , titular de la cédula de identidad N° v-11.560.311, en su condición de de Secretaría de la Unidad de Polimorfismo, adscrita a la Dirección de Salud de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), para que dicha ciudadana exprese en forma oral y pública los argumentos que considere le asisten para la mejor defensa de sus derechos e intereses. De igual manera se deja constancia de la presencia de la CiUdadana ELIZABETH BERROTERAN GUTIERREZ, titular de la cédula de identidad N° V-11.560.311, asistida en este acto por su Abogado CiUdadano JOSÉ IGNACIO RONDóN PAVÓN. Iniciado como fue el acto con las solemnidades de rigor, se concedió la plabara a la Abogada adscrita a la Coordinación de Determinación de Responsabilidades, quien carro los actos, hechos u omisiones irregulares, los fundamentos de derecho y la relación de causalidad entre tales hechos y la imputada, culminando a las 09:25 horas de la mañana. Posteriormente, siendo las 09:45 horas de la mañana hizo uso de este derecho de palabra y expuso los alegatos de defensa a su favor, alegando lo siguiente: "Ratifico los elementos de convicción aportados como pruebas y escrito de fecha 18 de junio del presente año y así mismo solicito ante la autoridad competente el calculo del monto a pagar, con el fin de culminar el proceso administrativo incoado en mi contra. Igualmente manifiesto que en Diciembre del año 2014, me fueron canceladas mis prestaciones sociales de las que autorice a la dirección de Recursos Humanos al Licenciado Luis Guines me descontarán la cantidad de Diecininueve Mil Quinientos Bolivares (Bs.19.500,00), una vez habiendo conversado con el Dr. Alejandro Infante, de la Consuitoría Jurídica, porque yo admitió los 430.467 hechos de los que se me estaban señalando, yo no quise ocasionar un daño a la Institución, y por convenio entre las partes ellos aceptaron que yo pagara esa cantidad y que nada me iba a pasar, que no me abririan ningun procedimiento y eso se quedaba asi. Por eso acepte que me descontarán y yo pense que ya con esa cantidad había resarcido el daño que ocasione al haber sustraído el dinero y no ingresarlo a la cuenta de la Fundación. Pido que tomen en cuenta mi disposición de rectificar el daño, tambien tomen en cuenta el pago que hice, como una forma de reintegrar al Instituto por el daño causado. Todo lo que mi Abogado presentó en el escrito presentado en junio, lo ratifico así sucedieron las e n e r n normas que desconocía porque tampoco me explicaron con exactitud. todo lo que debía hacer, omitió unos procedimientos porque desconocía. Como todo está en el escrito del cual cable, lo ratifico en este acto para que lo agreguen y se tome en cuenta que tuve un acuerdo con las partes el Consultor Jurídico y el Director de Recursos Humanos. En este momento pido que se examine las pruebas que presenté y se observen el monto de las prestaciones sociales, para que verifiquen que me fue descontado el monto de los Bs.19.500,00, quisiera que lo tomaran en cuenta al momento de calcular cuan to va a ser la multa que tengo que pagar, y se observe también que fue una un Acuerdo Reparatorio Extrajudicial. Tambien pido que estudien si puedo pagar esa multa por partes, ya que soy madre asalariada y no gano tanto dinero. No tengo más nada que decir y admitió los hechos que se me señalan, una vez más me pongo a derecho". Culminando su exposición a las 10:35 horas de la mañana. Acto seguido una vez que finalizó su exposición, se dejó constancia de que consignó escrito constante de un (01) folio útil con sus anexos contentivo de Veintitrés (23) folios, el cual fue recibido en este mismo acto. De igual manera se deja constancia, que el escrito presentado se corresponde a la prueba promovida en la Fase de la Potestad Investigativa y ratificado en el lapso de promoción de pruebas, el cual fue evacuado en su debida oportunidad. Se observÓ que la funCionaria ELIZABETH BERROTERAN GUTIERREZ titular de la céduia de identidad N° V-11.560.311, en su condición de) Secretaría de la Unidad de Polimorfismo, adscrita a la Dirección de Salud de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), para el momento de ocurrencia de los hechos, inobservó lo preceptuado en la normativa establecida en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Se evidenció, que una vez entregada la notificación del Auto de Inicio del Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades, al hacer uso del derecho que le asiste, admitió cada uno de los hechos imputados, en tal sentido se constató, la autorización que realizara a la Dirección de Recursos Humanos, para que le descontarán la cantidad de Bolívares Diecinueve Mil Quinientos (Bs. 19.500,o0), del cheque de la liquidación de las Prestaciones Sociales que le correspondía, resarciendo parte del daño al patrimonio patrimonio de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA). Es preciso incoar, que esta Oficina de Auditoría Interna, en ningún momento menoscaba el derecho de la funcionaria en cuanto a considerar el monto descontado del cheque supra referido, toda vez, que dicho descuento fue llevado a cabo por el procedimiento ejecutado por la administración activa y del cual se hace relevancia, que la misma funcionaria autorizó su descuento, la precitada salvedad se hace en atención a la inembargabilidad del salario, prestaciones sociales e indemnizaciones preceptuado en el artículo 152 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Existe una relación entre los hechos plasmados y la determinación de responsabilidad administrativa, partiendo de la premisa que la conducta de la Ciudadana ELIZABETH BERROTERAN GUTIERREZ , titular de la cédula de identidad N° V-11.560.311, en su condición de de Secretaría de la Unidad de Polimorfismo adscrita a la Dirección de Salud la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), para el momento de ocurrencia de los hechos, inobservando de lo preceptuado en dichas normas, atendiendo lo establecido en los artículos 107 y 108 del Reglamento de la Ley Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. página original (tal como se publicó) [Página 50] 430.468 Lunes 5 de septiembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Artículo 107. Se consideran circunstancias agravantes, a los fines de la imposición de las multas previstas en la Ley, las siguientes: 1) La reincidencia y la reiteración. 2) La condición de funcionario público. 3) La resistencia o reticencia del infractor para esclarecer los hechos. 4) La gravedad del acto, hecho u omisión que comprometió la responsabilidad del imputado. 5) La magnitud del perjuicio causado al patrimonio público. 6) El haber sido advertido acerca de la irregularidad del acto, hecho u omisión por el que se comprometió su responsabilidad. 7) Ser funcionario de un órgano de control fiscal. 8) Ser funcionario electo por votación popular. Habrá reincidencia cuando el imputado, después que ha quedado firme la decisión que le haya impuesto alguna de las sanciones previstas en la Ley, incurra en alguno de los supuestos que generan dichas sanciones, dentro del término de cinco (5) años contados a partir de dicha firmeza. Habrá reiteración cuando el imputado cometiere una nueva falta de la misma índole, dentro del término de cinco (5) años después de la anterior, sin que exista decisión firme. Artículo 108. Se consideran circunstancias atenuantes, a los fines de la imposición de las multas previstas en la Ley, las siguientes: 1) No haber sido objeto de alguna de las sanciones establecidas en la Ley. 2) El estado mental del imputado que no excluya totalmente la responsabilidad. 3) Las demás atenuantes que resultaren, a juicio del respectivo titular del órgano de control fiscal o su delegatario. Como punto previo, es imprescindible para quien decide, la apreciación de la gravedad de la falta o infracción, en este sentido, se hace referencia al Principio de Proporcionalidad y Adecuación, a tal efecto, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece: Artículo 12. "Aun cuando una disposición legal o reglamentaria deje alguna medida o providencia a juicio de la autoridad competente, dicha medida o providencia deberá mantener la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y cumplir los trámites, requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia". El Principio de Proporcionalidad es un postulado básico y esencialisimo de la actividad administrativa, esto significa que debe haber una total y absoluta correspondencia entre los hechos y las medidas adoptadas, de allí que las sanciones tienen límites variables (minimo-máximo) deben ser siempre adecuadas a los fines que las justifican, así como a los hechos que la motivan. Este Principio supone una correspondencia entre la infracción y la sanción, es decir, debe existir adecuación y necesidad en la imposición de cualquier medida gravosa, como límite al ejercicio de la arbitrariedad y exigencia democrática indispensable. Por lo tanto la proporcionalidad no será otra cosa que la obligación del Órgano de Control Fiscal, de aplicar la sanción en atención a la gravedad de la falta. Y así se decide. Ahora bien, en virtud de que surgen elementos de convicción y pruebas, en mérito de los razonamientos precedentemente expuestos, quien suscribe Flor Yulibeth López, en su condición de Auditora Interna de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados, designada según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.191 de fecha 18/06/2013, procede de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 106 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, concatenado con los artículos 97 y 98 de su Reglamento, y una vez analizados como han sido los razonamientos de la llamada, al procedimiento en torno a los hechos y al derecho que dieron origen a la presente causa, y a los documentos cursantes:en autos DECIDE: 1.- Declarar la Responsabilidad Administrativa de la ciudadana ELIZABETH BERROTERAN GUTIERREZ , titular de la cédula de identidad N° V-11.560.311, en su condición de de Secretaría de la Unidad de Polimorfismo, adscrita a la Dirección de Salud de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), para el momento de ocurrencia de los hechos irregulares descritos e imputados en el auto de inicio del procedimiento administrativo de fecha 06 de Noviembre de 2015. 2.- En atención a lo dispuesto en el artículo 105 en relación con el articulo 94 ambos de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, cuya reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 extraordinaria de fecha 23 de diciembre de 2010, y quien suscribe en atención a lo previsto en el artículo 109 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivaríana de Venezuela N° 39.240, del 12 de agosto de 2009, habiéndose considerado y compensado con el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la circunstancia agravante contenida en el numeral "2" y las circunstancia atenuante prevista en los numerales "1” y "3" ambas tipificadas en los artículos 107 y 108 respectivamente del referido. Reglamento, referidas a la condición de funcionario público de la sancionada, no haber sido objeto de otras sanciones establecidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y considerando el hecho de haber manifestado la voluntad de querer resarcir el daño, como fuerOn: 1. la CiUdadana ELIZABETH BERROTERAN GUTIERREZ , titular de la cédula de identidad No v-11.560.311, en su condición de de Secretaría de la Unidad de Polimorfismo adscrita a la Dirección de Salud de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), para el momento de ocurrencia de los hechos, tenía la condición de funcionario público. 2. No ha sido objeto de alguna sanción fiscal y 3. El resarcimiento efectuado al permitir se le descontará la cantidad de Bolívares Diecinueve Mil Quinientos (Bs.19.500,00), los cuales fueron ingresados a la partida presupuestaria y contablemente 401-05-06-00 Vacaciones Empleados de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA). ACUERDA: Imponer la sanción de multa, a la Ciudadana ELIZABETH BERROTERAN GUTIERREZ, titular de la cédula de identidad N° V-11.560.311, en su. carácter de Secretaría de la Unidad de Polimorfismo, adscrita a la Dirección de Salud de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), para el momento de ocurrencia de los actos, hechos y omisiones que motivaron el inicio del presente procedimiento, descritos e imputados en el Auto de Inicio del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades fecha 06 de Noviembre de 2015 pOr la Cantidad de BOLIVARES VEINTINUEVE MIL página original (tal como se publicó) [Página 51] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 5 de septiembre de 2016 CUATROCIENTOS VEINTICINCO SIN CMTS (BS.29.425,00) en razón de los hechos irregulares y en atención a la Unidad Tributaria establecida en Providencia Administrativa N° 40.106, de fecha 6 de febrero de 2013, (107 bs vigente al momento de los hechos) emanada del Servicio Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), publicada en Gaceta Oficial N° 40.106, de fecha 6 de febrero de ese mismo año. 3.- De conformidad al artículo 85 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se Formula Reparo a la ciudadana ELIzABETH BERROTERAN GUTIERREZ , titular de la cédula de identidad N° V-11.560.311, en su condición de de Secretaría de la Unidad de Polimorfismo, adscrita a la Dirección de Salud de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), para el momento de ocurrencia de los hechos, por la cantidad de BOLIVARES NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO SIN CMTS (Bs.9.925,00) por cuanto se evidencian suficientes indicios de haber causado daño al patrimonio, así como haber presentado una conducta omisiva y negligente en el manejo de los recursos, provenientes por ingresos propios en la Unidad de Polimorfismo de la mencionada Fundación. 4.- Se le notifica a la ciudadana, ELIZABETH BERROTERAN GUTIERREZ, ya identificada, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, cuya reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 extraordinaria de fecha 23 de diciembre de 2010, en concordancia con el artículo 100 del Reglamento de la aludida Ley, podrá interponer contra la presente decisión, mediante la cual se declara su responsabilidad administrativa y se formula reparo, el correspondiente Recurso de Reconsideración, ante quien decide, dentro de un lapso de quince (15) días hábiles, contados a partir de que conste por escrito la decisión en el expediente administrativo, o Recurso de Nulidad por ante el Tribunal Supremo de Justicia, dentro de un lapso de seis (6) meses, de acuerdo al artícu!o 108 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. La decisión que declare la responsabilidad administrativa, una vez firme en vía administrativa, se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Cúmplase, Flgr yulibeth Lopez Auditor Inteyno Instituto de Estudios Avanzados- IDEA Providencia Na 03/2013 de fecha 30/05/2013 Publicada en Gaceta Oficial N° 40.191 de fecha 18-06-13. 430.469 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ·MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 11 Agosto de 2016 2060, 157° Y 170 Nº 9877 RESOLUCIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Sobre Condecoración "Orden al Mérito en el Trabajo", tal y como se lee en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.920 de fecha 29 de abril de 2008, se confiere la condecoración ORDEN AL MÉRITO EN EL TRABAJO, como reconocimiento a su compromiso, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo y con la lucha a favor de la clase trabajadora de (RON SANTA TERESA C.A. ), a los siguientes ciudadanos: SEGUNDA CLASE. CARMEN CLEMENTE TRAVIESO: DIAZ RAMOS, MARIA ELEODORA ROSALES SUAREZ, MARIA EUGENIA BEJARANO DIAZ, XIOMARA JOSEFINA BERNAL HUGLE, FRANCISCA LUCIA SEGUNDA CLASE. ANTONIO DÍAZ POPE: DELGADO DIAZ, JULIO ANTOÑIO GONZALEZ SANCHEZ, JESUS RAFAEL Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, 80 O Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo Según Decreto N°.2.181 de fecha 06/01/2016 Gaceta Oficial Nros. 40.824 de fechas 08/01/2016 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 17 Agosto de 2016 2060, 157° Y 170 N° 9884 RESOLUCIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Sobre Condecoración "Orden al Mérito en el Trabajo", tal y como se le en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.920 de fecha 29 de abril de 2008, se confiere la condecoración ORDEN AL MÉRITO EN EL TRABAJO, como reconocimiento a SU compromiso, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo y con la lucha a favor de la clase trabajadora de (INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO)(IFE), a los siguientes ciudadanos: SEGUNDA CLASE. CARMEN CLEMENTE TRAVIESO: HERNANDEZ HERNANDEZ, LUZ ESTRELLITA SEGUNDA CLASE. ANTONIQ DÍAZ POPE: HERRERA BRITO, CARLOS EDUARDO TERCERA CLASE. ARGELIA LAYA: LOPEZ AVILA, YELITZA JOSEFINA ARGUINZONES RODRIGUEZ, $OÑA CAROLINA FERREIRA DE VIERA, FRANCIS FLORINDA RONDON BRICEÑO, FANNY CLEIRIN YEGRES TIRADO, MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ MORENO, YORMARY QUIJADA RODRIGUEZ, VANESSA ALEXANDRA CORREA VELASQUEZ, JACKELINE MORA CALZADILLA, JOSELYN TAYMAR CRUZ DURAN, MAYERLYN CAROLINA página original (tal como se publicó) [Página 52] 430.470 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TERCERA CLASE ORDEN. PEDRO PASCUAL ABARCA: BORGES, JUAN CARLOS PEREZ BRICEÑO, JORGE ARMANDO ARRAIZ REYES, RAMON ANTONIO Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, OSWALDO EMILIO VERA ROJAS Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo Según Decreto N°.2.181 de fecha 06/01/2016 Gaceta Oficial Nros. 40.824 de fechas 08/01/2016 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA (FUNDACREDESA) PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 004-2016 CARACAS, 10 DE AGOSTO DE 2016 206°, 157° y 17° El Presidente de la Fundación "CENTRo DE ESTUDIOS SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA" (FUNDACREDESA), CiUdadanO WILLNER RAFAEL MARCANO ALAMO, designado mediante Decreto Presidencial N° 2.418 de fecha 05 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.960 de fecha 05 de agosto de 2016, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 13, numeral 8 de los Estatutos de la Fundación, debidamente agregados al cuaderno de comprobantes N° 869, del Segundo Trimestre del año 1985, Folios 1648 al 1652, llevados ante el Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Libertador. DECIDE: ARTÍCULO 1. Designar al ciudadano EDUARDO JOSE VILLASMIL, titular de la Cédula de Identidad N° V- 6.749.997, como JEFE DE SECCION DE GESTION DE PERSONAL, EN CALIDAD DE ENCARGADO, de la FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA (FUNDACREDESA), con las competencias y atribuciones inherentes al cargo, a partir de su publicación. ARTÍCULO 2. Delegar en el ciudadano EDUARDO JOSE VILLASMIL, titular de la cédula de identidad N° v-6.749.997, la competencia, certificación y firma de los documentos, trámites y demás actuaciones que conciernen a su cargo. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Conforme a lo establecido en el artícuio Orgánica de eAroves WILLNER RAFAEL MARCANOALAMQ PRESIDENTE(E) FUNDAREDE Designado según Decreto N°2.418 de fecha 05/0, publicado en la .Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.960 de fecha 05/08/2016 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA RESOLUCIÓN Nº CARACAS, 18 DE AGOSTO DE 2016 AÑOS 206°, 157° y 17° El Ministro del Poder Popular para la Cultura, FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEz coNTRERAs, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº v-13.113.260, designado mediante Decreto Nº 2.181 de fecha 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Lunes 5 de septiembre de 2016 Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.822 de la misma fecha, reimpresa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.826 de fecha 12 de enero de 2016, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 65 y 78 en sus numerales 3º 19º y 27º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de Noviembre de 2014, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 numeral 2º de la Ley del Estatuto de la Función Pública y de conformidad a la Clausula Décima Primera del Acta de Asamblea Extraordinaria Para la Reforma de los Estatutos de la Fundación Librerías del Sur, protocolizada ante el Registro Público del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital en fecha 15 de marzo de 2011, quedando inscrito bajo el Nº 4, Folios 18. Tomo 10 del Protocolo de Transcripción del año 2011, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.640 de fecha 23 de marzo de 2011. RESUELVE Artículo 1. Designar a la Ciudadana MARIAM LEIDISMIR MARTINEZ sUÁREz, titular de la Cédula de identidad N° v- 11.90o.9o4, en el cargo de DIRECTORA EJECUTIVA DE LA FUNDACION LIBRERÍAS DEL SUR, ente adscrito a este Ministerio. A partir del día ocho (8) de agosto de 2016. Artículo 2. Queda facultada la referida ciudadana para ejercer las siguientes atribuciones conforme a la Cláusula Décima Séptima del Acta Constitutiva Estatutaria de la Fundación Librerías del Sur, la cual establece: 1. Convocar a los y las integrantes del Consejo Directivo, previa solicitud del Presidente o de la Presidenta de la Fundación y llevar las actas de las mismas. 2. Asistir a las sesiones del Consejo Directivo con derecho a voz y a voto. 3. Levantar las actas de las sesiones del Consejo Directivo y hacerlas copiar en los libros destinados al efecto, dar certificación de las mismas y de los demás documentos que reposan en los archivos de la. Fundación, así como certificar la autenticidad de las firmas de quienes integran el Consejo Directivo. 4. Hacer seguimiento a cada una de las actividades encomendadas los RLTORA y las integrantes principales y suplentes del Consejo Directivo. 5. Rendir cuenta de la gestión que le encomiende el Presidente o Presidenta de la Fundación al Consejo Directivo. 6. Mantener un espacio sostenido de intercomunicación entre la Presidencia de la Fundación, los y las integrantes de las distintas dependencias (ie la Fundación, a fin de agilizar los mecanismos de toma de decisión y control operativo de la gestión. 7. Colaborar y apoyar ai Presidente o Presidenta de la Fundación en la gestión diaria de la Fundación. 8. Contribuir con el Presidente o Presidenta de la Fundación a cumplir y hacer cumplir la política, plan y programas de la Fundación, así como las normas técnicas de organización y funcionamiento de la misma. 9. Colaborar en la administración de los recursos financieros presupuestarios. 10.Supervisar la formulación y elaboración de la propuesta de plan operativo anual institucional y presupuesto de la Fundación. 11. Firmar por delegación de la Presidenta o el Presidente de la Fundación, previa aprobación del órgano de adscripción, los documentos o contratos en los casos que sea necesario. 12. Recibir las cuentas e informes presentados por las Coordinaciones de Asesoría y Apoyo, del Nivel Sustantivo. Artículo 3. Los actos y documentos firmados con motivo del presente nombramiento, deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma de la ciudadana designada, la fecha y el número del presente acto y la fecha y número de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en. que haya sido publicada, de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Artículo 4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Contra la Corrupción y sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la funcionaria designada deberá presentar declaración jurada de su patrimonio dentro de los treinta (30) días siguientes a la toma de posesión de su cargo. Artículo 5. l.a presente Resolución entrará en vigencia a partir dé su, publicación en la Gaceta QOficial de la República Bolivariana de Venezuela y deroga la Resolución Nº 061 de fecha 29 de Junio de 2015, publicada enla Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.694 de fecha venezuela dos (2) de Julio de 2015. Comuníquese y publíquese. FREDDY ALFRED NAZABEPANAÑEZ CONTRERAS Ministro del Poder Popular pata la Cultura Decreto N° 2.181 de fecha,06 de enero de 2016 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.822 en fecha 06 de Enero de 2016 Reimpresa en Gaceta Oficial 40.826 en fecha 12 de enero 2016 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA No. 024/2016 CARACAS, 21 DE JUNIO DE 2016 AÑOS 206° 157° y 17° El Presidente EnCargado del INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL, ciudadano OMAR VIELMA osUNA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 5.887.907, designado mediante Resolución N° 039 de fecha 12 de agosto de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la página original (tal como se publicó) [Página 53] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 5 de septiembre de 2016 República Bolivariana de Venezuela N° 40.229, de fecha 15 de agosto de 2013, actuando de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 10 ordinales 1 y 2, artículo 13, artículo 6 cardinal 5 y artículo 31 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, en consonancia con lo preceptuado en el cardinal 2 del artículo 11 del Reglamento Parcial No. 1 de dicha Ley. CONSIDERANDO! Que los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y que es un deber insoslayable del Estado fomentar y garantizar la protección, preservación, enriquecimiento, conservación, salvaguarda y restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de la Nación; CONSIDERANDO Que el pueblo soberano ha establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que "el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna"; CONSIDERANDO Que el Estado Venezolano reconoce la existencia de los Pueblos y Comunidades Indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida como parte de una política integral, de inclusión, soberana, e igualdad social y de justicia; CONSIDERANDO Que en la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas se establece que ei Estado Venezolano reconoce y garantiza los derechos de manera integral de todos los Pueblos y Comunidades Indígenas del territorio nacional a los fines de fortalecer, promover y desarrollar sus formas de vida y manifestaciones culturales y lingüísticas entre ellas las relativas a la práctica de su propia cosmovisión y sus rituales sagrados y de. culto ya que son parte de las raíces de la venezolaneidad; CONSIDERANDO Que el articulado de la Ley Orgánica de Cultura evoca el deber del Estado en velar para que no sean violentados o debilitados los modos de vidas, organizaciones socio económicas, formas de utilización del hábitat, ambiente, sus idiomas, discursos y otras especificidades históricamente consolidadas de los Pueblos Indígenas, afro venezolanos y otras identidades comunitarias, locales y regionales; CONSIDERANDO Que el Estado Venezolano ha ratificado los instrumentos jurídicos del derecho internacional público en materia de pueblos indígenas, los cuales se exhorta a reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales y religiosas de los pueblos así como lo relativo a los conocimientos y saberes ya que estos potencialmente contribuyen al desarrollo sostenible, sustentable y equitativo así como a la ordenación adecuada del medio ambiente; CONSIDERANDO Que en Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, se enaltecen los valores culturales de los venezolanos y de los pueblos indígenas para su protección, registro, investigación, difusión, valoración, formación y puesta en uso como parte del ser venezolano y nuestroamericano; CONSIDERANDO Que los Indígenas de Venezuela son portadores de un conjunto de manifestaciones, bienes y elementos socioculturales que caracterizan y garantizan el devenir singular e histórico de su particular forma de ver y entender el mundo, que bajo procesos de transmisión generacional de carácter oral permite la transmisión de los recursos culturales en todas sus manifestaciones, por lo que constituyen un patrimonio fundamental para enaltecer los valores y principios de la identidad nacional y por lo tanto, son irrenunciables del pueblo venezolano en su conjunto, y que es un deber insoslayable del Estado fomentar y garantizar la protección, preservación, enriquecimiento, conservación, salvaguardia y restauración el patrimonio cultural y la memoria histórica de los Pueblos y Comunidades Indígenas de nuestro país; CONSIDERANDO Que el Pueblo Indígena Chaima, poblados ancestral de la región montañosa del estado Monagas en los municipios Caripe, Acosta, Piar y Punceres y los municipios Andrés Eioy Blanco y Rivero en el Estado Sucre en conjunto con las comunidades que lo conforman, es un colectivo de la familia lingúística Caribe, el cual fue objeto de múltiples acciones por parte de los colonizadores quienes diezmaron el pueblo en número hasta lograr su sumisión y explotación lo que trajo como consecuencia la enajenación de sus tierras para usufructo de terratenientes y otras formas de producción ajenas a la cosmovisión del Pueblo Chaima; CONSIDERANDO Que la comunidad de Caripe, territorio ancestral del pueblo Chaima es di- . verso en sus características socioculturales conformado por extensiones territoriales con una invalorable riqueza de flora y fauna, patrimonios paisajísticos y recursos hídricos que son sustento ancestral de las actividades socioproductivas y cotidianas del pueblo, que refieren la presencia de una so- 430.471 ciedad con características socioculturales particulares, y por ello es reconocida la presencia de comunidades Chaimas que mantienen en sus nombres y apellidos la estirpe del pueblo Chaima tales como: Caripe, Morocoima, Saracaba, Caranama, Alhuaca, Brito, Guaipia, Rivero (Ravelero), Pianaima, Paracarupano, Curapa, Carreño, Cunisme, Sabacaima, Tomokeren, Tarimusa, Tonorin y Teresen, siendo símbolo de la larga resistencia indígena por mantener viva su presencia en las dinámicas históricas del estado Monagas y Sucre al nororiente del país; CONSIDERANDO Que los saberes y prácticas relacionadas al Pueblo Indígena Chaima no solo se encuentran en el corazón de las comunidades sino en las fuentes escritas legadas por escritores y explotadores quienes convivieron y conocieron las costumbres de este pueblo, representan una valiosa fuente de información sobre los usos y costumbres ancestrales, que en la actualidad ayudan a recuperar los valores culturales visibilizados o desenfatizados por diversas razones socioculturales, son una fuente de identidad colectiva, de carácter ancestral, que hoy revisten gran importancia en los esfuerzos de los actuales Chaimas por recuperar, revitalizar y difundir sus raíces, las cuales son consideradas parte fundamental de la identidad y el ideario histórico e indoamericano de Venezuela; CONSIDERANDO Que la etnocartografía es la expresión del ejercicio de los derechos indígenas reconocidos constitucionalmente, ya que constituyen el lugar y la representación de la cultura Chaima a través de su territorio, en la medida en que logran deslindar desde su propia cosmovisión los límites realizados en la representación territorial, siendo el resultado del reconocimiento de una dinámica cultural sobre el espacio a través de planes de ordenamiento ancestrales que el Estado venezolano fortalece mediante políticas interculturales que logran el desarrollo sostenible de este Pueblo Indígena; CONSIDERANDO Que los espacios y sitios.sagrados son concebidos por el pueblo Chaima como aquellos lugares en los que cohabitan seres y elementos visibles invisibles, tangibles e intangibles, relacionados a los saberes y normas respetadas por los sabios y sabias quienes hacen posible elevar la voz de la naturaleza a través de palabras, cantos y objetos en rituales religiosos, siendo estos y las ancianas y ancianos los poseedores de estos saberes, que son transmitidos a la comunidades y perpetuados por esta; CONSIDERANDO Que los saberes y prácticas relacionadas del Pueblo Indígena Chaima, son una fuente de identidad colectiva de carácter ancestral, que hoy se refleja en sus usos y costumbres así como en su etnohistoria y sitios sagrados, los cuales tienen una enorme significación cultural ya que son necesarios para la protección de la diversidad'biológica de la Cueva del Guácharo y sus cuevas asociadas, así como para salvaguardar los derechos individuales y colectivos del pueblo Chaima relativos a su hábitat, especialmente en aquellos aspectos que puedan poner en situación de vulnerabilidad su existencia e integridad. Los referentes mitológicos se encuentran relacionados con la falla tectónica de Cariaco, expresados bajo el símbolo de una serpiente de gran tamaño conocida como Macaurel y Ekima, cuyos movimientos se asocian dentro del hábitat del pueblo con grandes terremotos; CONSIDERANDO Que la presente deciaratoria reconoce el trabajo de las comunidades Chaimas, como elemento de Consulta Previa quienes en un proceso colectivo de construcción, participaron en la investigación, redacción y consolidación de los contenidos expresados en esta declaratoria, ante ello se dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA ArtíCulo 1. Se deCIara BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL PUEBLO CHAIMA LOS SITIOS SAGRADOS, LA ETNOCARTOGRAFÍA SOCIAL Y asentamientos de los municipios Caripe, Acosta, Piar y Punceres del estado Monagas y los municipios Andrés Eloy Blanco y Rivero en el estado Sucre, los cuales son reconocidos como elementos identitarios e integradores de este pueblo originario. Artículo 2. Los espacios y sitios sagrados, colectivamente consensuadós por el pueblo para su difusión en esta declaratoria, es el denominado como "La Cueva del Guácharo y el Sistema de Cuevas Asociadas". Determinado por la siguiente coordenada UTM: Coordenada Espacio y Sitio Sagrado UTM UPS: 20 La Cueva del Guácharo P04391871124559 Artículo 3. Los sitios sagrados no determinados en el artículo precedente, po se publican por petición de los portadores y portadoras del pueblo Chaima, considerados estos de divulgación reservada cuya data reposa entre los portadores, la Organización Indígena ASOCHAICA y la Dirección de Registro General del Patrimonio Cultural del Instituto del Patrimgnio Cultural. Cualquier persona natural o jurídica que se encuentre interesado, en los contenidos relativos a estos espacios o sitios sagrado debe tener el consentimiento escrito del colectivo de portadores y portadoras dei Pueblo Chaima para su revisión y estudio. Artículo 4. Los documentos relacionados a la etnocartografía social asociada a esta declaratoria que reposan en los archivos de registro de la Organización Indígena ASOCHAICA en conjunto con las portadoras y portadores Chaima son los siguientes: Nombre de los Mapas. (CHAIMA MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS FAMILIAS CHAIMA, PUEITURPEKON PATAPO) MAPA DEL TERRITORIO CHAIMA (CHAIMA CHOTOKON PATAPO). LA GEOGRÁFICA SAGRADA. (RINOKON PATAPO) página original (tal como se publicó) [Página 54] TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 430.472 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 5 de septiembre de 2016 @MiguelSMunoz IG @GacetaOficial GacetaOficial.io página original (tal como se publicó) [Página 55] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 5 de septiembre de 2016 "LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Decreta La siguiente: LEY DE REFORMA PARCIAL DEL DECRETO N° 2165 CON RANGO Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA QUE RESERVA AL EXPLORACIÓN Y DE ESTADO LAS ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN DE ORO, ASÍ COMO LAS CONEXAS AUXILIARES A ÉSTAS ARTícuLo 1. Se modifica el nombre del Decreto Ley, de la forma siguiente: LEY ORGÁNICA QUE RESERVA AL ESTADO LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL ORO Y DEMÁS MINERALES ESTRATÉGICOS ARTícuLo 2. Se modifica el artículo 5, en la forma siguiente: Definiciones Artículo 5: A los efectos de esta ley, se entiende por: Actividades Primarias: exploración y explotación de minas y yacimientos de oro y otros minerales estratégicos. Alianzas estratégicas: acuerdo entre una empresa privada o comunitaria y el Estado nacional, a los efectos de compartir procesos productivos, bien sea en una actividad o en encadenamientos asociados. En estas alianzas las empresas involucradas conservan su identidad jurídica por separado y establecen la asociación para los fines descritos. Exploración: etapa previa a la fase extractiva de la actividad minera, que consiste en la localización, caracterización y cuantificación del mineral para la determinación de la viabilidad del proyecto minero. Explotación: conjuntos de operaciones, obras, trabajos y labores destinadas a la extracción y aprovechamiento racional de mineral y roca. Organizaciones socioproductivas: unidades de producción con objetivos e intereses comunes, orientadas a la satisfacción de necesidades colectivas mediante una economía basada en la producción, transformación, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios así como de saberes y conocimientos. Se admiten como tales, las empresas de propiedad social directa comunales, las empresas de propiedad social indirecta comunales, las unidades productivas familiares y los grupos de intercambio solidario, sin menoscabo de otras formas de organización de similar naturaleza. Otros minerales estratégicos: Aquellos que sean considerados de conveniencia nacional y de interés público, declarados como tal previo Decreto dictado por el Ejecutivo Nacional, previa autorización de la Asamblea Nacional, otorgada mediante Acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de los Diputados y Diputadas presentes en la Sesión Plenaria en la cual se debate el asunto. A tal efecto, el Ejecutivo Nacional deberá remitir a la Asamblea Nacional, conjuntamente con el Proyecto de Decreto, declaratorio del mineral estratégico para su autorización, un estudio geológico elaborado por el Instituto Nacional de Geología y Minería, en el cual se determine la posible ubicación de los yacimientos del o de los minerales del que se trate, su importancia estratégica y económica, la incidencia ambiental y social de las inversiones requeridas, así como cualquier otro elemento relevante para el interés nacional o regional. Ventajas beneficios sociales, económicos, Especiales: tecnológicos, de infraestructura, o de cualquier otra índole, que los sujetos de aplicación de esta Ley, otorgan a la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de contribuir con el desarrollo integral de las comunidades aledañas a las zonas mineras. Yacimiento Minero: depósito mineral que ha sido examinado y diagnosticado, probando tener suficiente tamaño y accesibilidad, como para ser puesto en producción y ser rentable bajo las condiciones económicas actuales. ARTicuLo 3. Se modifica el artículo 15 en la forma siguiente: Régimen financiero Articulo 15. Las empresas a las que se refiere el artículo 10 de esta Ley, no se entenderán en forma alguna incluidas en la excepción a la autorización legislativa contenida en el Sistema de Crédito Público, previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Dicha autorización legislativa será requerida en todos los casos, en virtud de la consideración de dichas actividades como de interés nacional; así mimo, será requerida la autorización del Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, y de la opinión técnica a que se refiere el artículo 102 del referido Decreto Ley. ARTicuLo 4. Se modifica el artículo 16, en la forma siguiente: Régimen Jurídico Artículo 16. Para la realización de las actividades establecidas en esta Ley, las empresas a que se refiere el artículo 10, requerirán la autorización previa de la Asamblea Nacional, aprobada por la mayoría absoluta de los Diputados y Diputadas presentes en Sesión Plenaria; a cuyo efecto, el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del poder Popular con competencia en materia de minería, deberá informar de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las regalías y las ventajas especiales previstas a favor de la República Bolivariana de Venezuela. ARTícULo 5. Se modifica el artículo 17, en la forma siguiente: Cambio Accionario y Derecho Preferente Artículo 17. Las personas jurídicas que se asocien con entes o empresas estatales en la constitución de empresas mixtas para la realización de las actividades primarias a que se refiere esta Ley, no podrán ceder, enajenar o traspasar sus acciones, sin la autorización previa de la Asamblea Nacional aprobada por la mayoría absoluta de los Diputados y Diputadas presentes en Sesión Plenaria; a cuyo efecto, El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del poder popular con competencia en materia de minería, deberá informar de todas las circunstancias pertinentes a 430.473 dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales a favor de la República Bolivariana de Venezuela. La Asamblea Nacional podrá modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes. Cualquier modificación posterior, de dichas condiciones, deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional con el mismo tipo de votación, previo informe favorable del ministerio del poder popular con competencia en materia de minería y de la Comisión Permanente con competencia en materia de minería. ARTicULo 6. Se modifica el artículo 21, en la forma siguiente: Transferencias. Artículo 21. El Ejecutivo Nacional, mediante Decreto y previa autorización de la Asamblea Nacional, aprobada por la mayoria absoluta de los diputados y diputadas presentes en Sesión Plenaria, podrá transferir a las personas referidas en los numerales 1 y 2 del artículo 10 de esta Ley, el derecho al ejercicio de toda o parte de las actividades aquí reservada. Así mismo, con la previa autorización de la Asamblea Nacional, con el mismo tipo de votación, podrá transferir la propiedad u otros derechos sobre bienes muebles o inmuebles del dominio privado de la República Bolivariana de Venezuela, requerido para el eficiente ejercicio de tales actividades. El Ejecutivo Nacional podrá abstenerse de otorgar estos derechos e incluso revocarlos, en ejercicio de sus potestades soberanas, cuando las referidas empresas no den cumplimientos a sus obligaciones y en los casos que determine la ley. ARTícuLo 7. Se modifica el artículo 29, en la forma siguiente: Ventajas Especiales en favor del desarrollo integral Artículo 29. El ministerio del poder popular con competencia en materia de minería, establecerá la alícuota correspondiente a las ventajas especiales, al momento de transferirle derechos mineros a las empresas para realizar actividades primarias. A los efectos de determinar el monto de la alícuota, se deberá tomar en cuenta la naturaleza, magnitud, y demás características del proyecto minero a desarrollar, además de las condiciones ambientales y socioculturales del área de influencia del proyecto. Los ingresos, objeto de este concepto, deben entregarse en proporción a su explotación, a las Alcaldías afectadas por la actividad minera, para el financiamiento de planes y proyectos de recuperación de las áreas degradas por la explotación del oro y otros minerales estratégicos, y al desarrollo social, en consulta y coordinación con las comunidades mineras e indígenas donde tenga lugar dicha explotación. La inversión se realizará preferiblemente en el desarrollo de las sectores productivos, educativos, de salud y demás aspectos necesarios para fomentar el buen vivir de las comunidades. ARTicuLo 8. De conformidad con el artículo 5 de la Ley de Publicaciones Oficiales, imprimase a continuación en un solo texto el Decreto N° 2165 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro, y Demás Minerales Estratégicos, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6210, Extraordinario, de fecha 30 de diciembre de 2015 con las reformas aquí sancionadas, y en el correspondiente texto íntegro, corrijase donde dice "Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley" por "Ley", donde corresponda "Ministerio de Energía y Minas" por "Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de minería" y sustitúyase las firmas, fechas" y demás actos de sanción y promulgación". III DE LA COMPETENCIA DE LA SALA Establecido lo anterior, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre su competencia para decidir la solicitud planteada. En tal sentido, el cuarto aparte del artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece lo siguiente: "Artículo 214. (...omisiss...) Cuando el Presidente o Presidenta de la República considere que la ley o alguno de sus artículos es inconstitucional solicitará el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia, en el lapso de diez días que tiene para promulgar la misma. El Tribunal Supremo de Justicia decidirá en el término de quince días contados desde el recibo de la comunicación del Presidente o Presidenta de la República. Si el Tribunal negare la inconstitucionalidad invocada o no decidiere en el lapso anterior, el Presidente o Presidenta de la República promulgará la ley dentro de los cinco días siguientes a la decisión del Tribunal o al vencimiento de dicho lapso". Por su parte, el artículo 25.15 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que: "Artículo 25. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. (...omissis...) 15. Conocer la solicitud que formule el Presidente o Presidenta de la República, en el lapso de diez días que tiene para promulgar la misma, acerca de la inconstitucionalidad de una ley que sea sancionada por la Asamblea Nacional, o de algunos de sus artículos, de conformidad con el artículo 214 de la Constitución de la República. (...omissis...)". Ahora bien, visto que la presente solicitud de control previo de constitucionalidad fue planteada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, actuando en su carácter de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el articulo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con respecto a la Ley de Reforma Parcial del Decreto N.° 2165 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica página original (tal como se publicó) [Página 56] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 430.474 que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro, así como las Conexas y Auxiliares a Éstas, esta Sala Constitucional, de acuerdo con lo previsto en los preceptos constitucionales y legales antes mencionados, le corresponde la competencia para conocer y decidir el presente asunto. Asi se declara. VI MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Una vez declarada su competencia para conocer de la presente solicitud de control previo de constitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial del Decreto N.° 2165 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro, así como las Conexas y Auxiliares a Éstas, sancionada por la Asamblea Nacional el 9 de agosto de 2016, esta Sala pasa a pronunciarse y al respecto observa: En primer lugar, es pertinente señalar que esta Sala Constitucional, mediante decisión N° 2817 del 18 de noviembre de 2002 (caso: Hugo Chávez Frías), ratificada en fallo N° 259 del 31 de marzo de 2016, fijó el sentido y alcance del artículo 214 constitucional, en un Obiter Dictum, en los siguientes términos: "(...) A los fines de la inteligencia correcta del artículo 214 constitucional, la Sala aclara que dicha norma contiene dos supuestos excluyentes el uno del otro. El primero es que dentro de los diez días siguientes a aquél cuando el Presidente de la República recibió la ley de la Asamblea Nacional, con el fin de promulgarla, previo acuerdo del Consejo de Ministros, la devuelva a la Asamblea, a fin de que modifique alguna disposición de la ley, o levante la sanción a toda la ley o parte de ella. Tal petición será acompañada de una exposición motivada que contenga la razón de las modificaciones, las cuales pueden tener base constitucional o legal. La Asamblea Nacional decidirá acerca de los aspectos planteados y remitirá la ley al Presidente para su promulgación, conforme a lo decidido. El otro supuesto es que el Presidente considere que la ley recibida de la Asamblea, o alguno de sus artículos, sea inconstitucional, caso en que, en el mismo término de diez días a partir de la recepción de parte de la Asamblea Nacional, la enviará a a Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que decida sobre la inconstitucionalidad que fue invocada. Si la decisión del Tribunal es la constitucionalidad de la ley o sus artículos, el Tribunal devolverá la ley a la Presidencia para su promulgación. A juicio de esta Sala, se trata de dos procedimientos que, debido a que tienen un mismo lapso para incoarse y cuyo resultado puede ser en ambos la promulgación de la ley, resultan excluyentes. Es claro, que si se acoge el primer supuesto, corrija o no la Asamblea Nacional los vicios que sean denunciados, la ley debe ser promulgada según la decisión de la Asamblea Nacional. Si la decisión de la Asamblea Nacional sobre la ley objeto de este procedimiento resultara inconstitucional, el Ejecutivo, o cualquier interesado, puede incoar la acción de inconstitucionalidad ordinaria. Si el Presidente opta por el otro control, cual es acudir a la Sala Constitucional para que examine la inconstitucionalidad de la ley o algunos de sus artículos, y la Sala decidiere en sentido positivo o negativo, el Ejecutivo obligatoriamente debe promulgar la ley, lo que (articulo 214 constitucional) ordena -en este último supuesto- que la ley se promuigue dentro de los cinco días siguientes a la decisión del Tribunal, sin excepción alguna, por lo que el Ejecutivo mal podria incumplir el mandato constitucional y enviar la Ley a la Asamblea Nacional (...)". Conforme a lo antes expuesto, corresponde a esta Sala analizar la tempestividad del requerimiento realizado y, en ese sentido, debe indicarse que el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé que en aquellos casos en los cuales el Presidente de la República considere que la ley sancionada por la Asamblea Nacional o alguno de sus artículos es inconstitucional, deberá solicitar pronunciamiento a esta Sala en el lapso de diez (10) días siguientes, a aquél en que la haya recibido para su promulgación. En el presente caso, la "Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 2165 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro, así como las Conexas y Auxiliares a Éstas", sancionada por la Asamblea Nacional en sesión del 9 de agosto de 2016, fue remitida al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela mediante Oficio N° ANL009/16 de fecha 12 de agosto de 2016, suscrito por el Presidente de la Asamblea Nacional; siendo a su vez planteada ante esta Sala la presente solicitud mediante comunicación emanada del Presidente de la República, fechada 19 de agosto del año en curso, lo que evidencia que el requerimiento en referencia fue realizado dentro del lapso de diez días previsto por el artículo 214 del Texto Constitucional y, por tanto, presentado en forma tempestiva. Así se declara. La solicitud de pronunciamiento a que se refiere el aparte in fine del artículo 214 Constitucional y el artículo 25.15 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia no está sujeta a sustanciación conforme a lo Lunes 5 de septiembre de 2016 previsto en los artículos 128 y 145 eiusdem (vid. Sentencia n.° 259 del 31 de marzo de 2016): Demandas sujetas a tramitación "Artículo 128. Hasta tanto se dicte la Ley que regula la Competencia Constitucional las demandas a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 17 del artículo 25 de esta ley se tramitarán conforme a lo que dispone este capítulo. Causas no sujetas a sustanciación Artículo 145. En las causas en las que no se requiera sustanciación, la Sala decidirá en un lapso de treinta días de despacho contados a partir del día en que se dé cuenta del recibo de las actuaciones, salvo lo que preceptúan la Constitución y leyes especiales. No requerirán sustanciación las causas a que se refieren los numerales 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, y 15 del artículo 25 de esta Ley. Queda a salvo la facultad de la Sala Constitucional de dictar autos para mejor proveer y fijar audiencia si lo estima pertinente". Asimismo, debe señalarse que en ejercicio de la competencia el artículo 214 de la Constitución, la Sala en contenida "puede pronunciarse sobre el texto de manera global y decidir perentoriamente sobre su conformidad o no con la Constitución, lo que constituye un pronunciamiento que desarrolla o delimita la lectura del alcance y contenido de los derechos fundamentales o de las normas constitucionales en general que sirven de fundamento para la declaratoria de inconstitucionalidad y, por lo tanto, condicionan la posibilidad de regular o desarrollar tales disposiciones normativas fuera del criterio contenido en el fallo de esta Sala" -Resaltado añadido- (vid. Sentencia número 259 del 31 de marzo de 2016). En tal sentido, cabe reiterar que esta Sala no sólo es la máxima y última intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que, en definitiva, debe garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, correspondiéndole fijar las interpretaciones sobre su contenido y alcance, por lo que una legislación que se concrete en el desconocimiento del vértice normativo del ordenamiento juridico de la República -dentro de la cual se encuentra el pronunciamiento de esta Sala en relación con las disposiciones constitucionales-, conlleva como consecuencia la nulidad de todos las actuaciones que la contrarien; más aún cuando esta Sala ha reiterado pacíficamente que no existen actos de los órganos que ejercen el Poder Público que puedan desarrollarse al margen de la Constitución (ver articulos 1, 2, 3, 5, 7, 137, 253, 266, 334, 335 y 336 Constitucionales). Al respecto, esta Sala, en sentencia n.° 1415 del 22 de noviembre de 2000, declaró que: "...la Constitución es suprema en tanto es producto de la autodeterminación de un pueblo, que se la ha dado a sí mismo sin intervención de elementos externos y sin imposiciones internas. Así, la Constitución viene a ser, necesariamente, la norma fundamental a la cual se encuentran vinculadas las múltiples formas que adquieren las relaciones humanas en una sociedad y tiempo determinados. De allí que la Constitución ostente, junto con el ordenamiento juridico en su totalidad, un carácter normativo inmanente; esto es, un deber ser axiológico asumido por la comunidad como de obligatorio cumplimiento, contra cuyas infracciones se activen los mecanismos correctivos que el propio ordenamiento ha creado. Siendo, pues, que "el Derecho se identifica precisamente por constituir un mecanismo específico de ordenación de la existencia social humana" (Cf. F. J. Ansuátegui y otros, "El Concepto de Derecho" en Curso de Teoría del Derecho, Marcial Pons, pág. 17), la Constitución, también, sin que pueda ser de otro modo, impone modelos de conducta encaminados a cumplir pautas de comportamiento en una sociedad determinada." (Resaltado añadido). En similar línea de criterio, en decisión n.° 33 del 25 de enero de 2001, esta Sala asentó lo siguiente: "...lo que conocemos hoy por Derecho Constitucional, ha sido el producto de un proceso de encuadramiento jurídico de dos vertientes que confluyen; una, el poder y la autoridad, otra, la libertad individual y la búsqueda de lo que es bueno para la sociedad. La Constitución es, sin duda, el principal y máximo arbitrio político-juridico de ese proceso, del cual emerge como el eje del ordenamiento jurídico todo. El principio de supremacia de la Constitución en un reflejo de ese carácter. La Constitución es suprema, entre otras cosas, porque en ella se encuentran reconocidos y positivizados los valores básicos de la existencia individual y de la convivencia social, al tiempo que instrumenta los mecanismos democráticos y pluralistas de legitimación del Poder, tales como los relativos a la designación de las autoridades y a los mandatos respecto al cómo y al para qué se ejerce autoridad. Persigue con ello el respeto a la determinación libre y responsable de los individuos, la tolerancia ante lo diverso o lo distinto y la promoción del desarrollo armonioso de los pueblos. El principio de supremacía de la Constitución, responde a estos valores de cuya realización depende la calidad de vida y el bien común." (Resaltado añadido). Sobre los origenes de la jurisdicción constitucional, como garantía definitoria de las normas, principios y valores supremos adoptados soberanamente por el Pueblo y vertidos en la Constitución, esta Sala, en la referida sentencia n.° 1415 del 22 de noviembre de 2000, recordó lo siguiente: página original (tal como se publicó) [Página 57] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 5 de septiembre de 2016 "...La jurisdicción constitucional, en términos generales, y en particular en aquellas democracia cuyos sistemas de garantía constitucional hayan acusado la influencia del modelo norteamericano actual, es tributaria, en primer término, de una tradición jurisprudencial que comienza con el fallo dictado por el Justicia Mayor Edward Coke en el caso del Dr. Bonham, año de 1610 (Inglaterra), del que se extrae el siguiente párrafo: 'Aparece en nuestros libros que en muchos casos, el common law (entiéndase por éste la norma fundamental) controla las leyes del parlamento y a veces decide que son enteramente nulas; porque cuando una ley aprobada por el parlamento es contraria a común derecho y razón, o repugnante, o de imposible ejecución, el common law debe dominar sobre ella y pronunciar la nulidad de tal ley. (Reports, parte VII, 118 a., citado por: G. Sabine: Historia de la Teoría Política, Fondo de Cuitura Económica, pág. 351). A pesar de que la postura del Juez Coke, en razón de la propia dinámica que tomó el enfrentamiento entre el Rey y el Parlamento ingleses, no fue en definitiva la que marcó el devenir histórico-político británico, no puede afirmarse lo mismo respecto a las colonias británicas asentadas en América, en las cuales sí caló de manera profunda la idea de Constitución como norma suprema, así como la ideología lockeana de los derechos individuales, según la cual los derechos y deberes morales son intrínsecos y tienen prioridad sobre el derecho, de tal modo que la autoridad pública está obligada a hacer vigente por la ley aquello que es justo natural y moralmente. "En efecto, Locke interpretaba el derecho natural como una pretensión a unos derechos innatos e inviolables inherentes a cada individuo" (Cf. G. Sabine: ob. Cit. Pág. 404). Bajo estas premisas fue que se produjo la sentencia recaída en el caso Marbury v. Madison, 5 U. S. (1 Granch), 137 (1803), de la Corte Suprema de Estados Unidos de América, dictada por el juez John Marshall, sobre la cual fue sentada la doctrina de la vinculación normativa constitucional, incluso, respecto a las leyes dictadas por el Poder Federal de aquel país. De dicha sentencia extremos las líneas siguientes: 'Es una proposición demasiado simple para que pueda discutirse que o bien la Constitución controla cualquier acto legislativo que la contradiga, o bien el legislativo podrá alterar la Constitución por una Ley ordinaria. Entre esa alternativa no hay término medio. O la Constitución es un derecho superior o supremo, inmodificable por los medios ordinarios, o está al mismo nivel que los actos legislativos y, como cualquier otra Ley, es modificable cuando al Legislativo le plaza hacerlo. Si el primer término de la alternativa es verdadero, entonces un acto legislativo contrario a la Constitución no es Derecho; si fuese verdad el segundo término, entonces las Constituciones escritas serían intentos absurdos, por parte del pueblo, de limitar un poder que por su propia naturaleza sería ilimitable. Ciertamente, todos los que han establecido Constituciones escritas contemplan a éstas como formando el Derecho supremo y fundamental de la nación, y, consecuentemente, la teoria de los respectivos gobiernos debe ser que una Ley del legislativo ordinario que contradiga a la Constitución es nula' (citada por E. Garcia de Enterria, La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional, Civitas, pág. 177). Otro hito a destacar en esta evolución, fue la creación de los Tribunales Constitucionales estrictamente tales, iniciada con la Constitución de Weimar de 1919, así como con la Constitución austriaca de 1920, perfeccionada en 1929, cuya concepción se debe al célebre jurista Hans Kelsen. Característico de este modelo es la vinculación del legislador a la Constitución, más aún que la de los tribunales o poderes públicos, por lo que se llegó a afirmar que la labor del Tribunal Constitucional se allegaba más a la de un legislador negativo que a la de un juzgador en su sentido tradicional. Las leyes, entonces, eran examinadas por ese legislador negativo, quien decidía en abstracto sobre la correspondencia de aquéllas con el texto constitucional y de haber contradicción o constitutiva de incompatibilidad, emitíauna _decisión inconstitucionalidad con efectos sólo hacía el futuro (Cf. H. Kelsen, Escritos sobre la democracia y el socialismo, Debate, 1988, Pág. 109 y ss.). Acaecida la Segunda Guerra Mundial, se hace patente la conveniencia de dar garantías a la eficacia de un documento que no es sólo una hoja de papel según la famosa frase de Lassalle, Al contrario, luego de la tan dura experiencia de deslegitimidad y muerte, esa hoja de papel significaba la última y más resistente defensa contra las corrientes antidemocráticas. Correspondió asi, a los Tribunales Constitucionales, la trascendental tarea política de salvaguardar los principios y valores constitucionales, defender la Supremacia Constitucional e interpretar y aplicar la Constitución como su referencia normativa única y natural. De allí la importancia, por ejemplo, del Consejo Constitucional Francês y de los Tribunales Constitucionales Italiano, Austríaco, Español y Federal Alemán contemporáneos." Tal como lo indicó esta Sala en la aludida sentencia n.° 1415 del 22 de noviembre de 2000: "De allí que las funciones que desempeñe esta Sala, en particular la referida a la interpretación de la Constitución en respuesta a una acción específica, deba contrastarse con el contenido del ordenamiento jurídico constitucional a la luz de tres principios básicos; a saber: primero, el de competencia, que actúa como un instrumento ordenador del ejercicio del poder una vez que éste es legitimado; segundo, el de separación de poderes, dejando a salvo la necesaria coordinación entre los mismos, así como el ejercicio de ciertas funciones que no siéndoles esenciales les cumple realizar naturalmente, con base al cual funciona un mecanismo de balance en la división del poder y de mutuos controles o contrapesos entre los órganos que lo ejercen; y tercero: el principio de ejercicio del poder bajo la ley, elemento esencial del Estado de Derecho y del sistema democrático, conforme al cual son execradas la autocracia y la arbitrariedad. Dichos principios, en tanto fundamentales al Estado de Derecho, exigen la distribución de funciones entre diversos órganos y la actuación de éstos con referencia a normas prefijadas, ya sea como un modo de interdicción de la arbitrariedad o como mecanismos de eficiencia en el cumplimiento de los cometidos del Estado" (Resaltado añadido). Tal interpretación y aplicación es una de las funciones principales de la jurisdicción constitucional, respecto de la cual esta Sala, en sentencia n.° 33 del 25 de enero de 2001, señaló lo siguiente: 430.475 "La moderación y racionalización del poder que, como se vio, tiene su expresión juridica última en la Constitución, ha necesitado del funcionamiento de ciertos organismos que, o bien sirven de freno a la autoridad misma al actuar como sus censores, o garantizan la armonía interorgánica y el respeto a los derechos fundamentales. El surgimiento de la institución parlamentaria tiene que ver con el primer orden de ideas referido. El segundo orden, vale decir, los órganos a travês de los cuales es garantizada la separación de poderes, el respeto a los derechos fundamentales y las aspiraciones individuales o colectivas expresadas en la Constitución, es el asunto que nos compete. Se alude de este modo a la técnica derivada del principio de supremacia de la Constitución, en función de la cual se atribuye a ciertos órganos especializados la tarea de velar por el respeto a la ética pública que, como un conjunto de objetivos o de fines axiológicos, debe reconocer y preservar el poder político a través del Derecho. Dichos órganos tienen, desde una óptica jurídica, la última palabra sobre el contenido y alcance de los principios y normas contenidos en la Constitución. En consecuencia, ya sea que dichas instancias judiciales tengan una existencia orgánica dentro del Poder Judicial o fuera de éste; o que se les denomina Tribunales, Cortes, Consejos o Salas Constitucionales, lo cierto es que son fuente de derecho judicial desde que complementan jurisprudencialmente el ordenamiento con normas de carácter general. Ostentan, además, un poder de arbitraje, distinto según algunos autores, Troper por ejemplo, a los clásicos poderes legislativo, ejecutivo y judicial, rasgo de notoria presencia, según el mismo autor, en el Consejo Constitucional francés. Pero, en todo caso, lo que los caracteriza es el ejercicio del denominado Poder de Garantía Constitucional, a través del cual controlan en fin último de la justicia expresado en la ley, en tanto en cuanto realiza el contenido axiológico de la Constitución, y garantizan el respeto a los derechos fundamentales (Peces-Barba, G. y otros, "Derecho y Fuerza" en Curso de Teoría del Derecho, Marcial Pons, Madrid, pág. 117). La jurisdicción constitucional, a través de sus decisiones, fundadas en argumentos y razonamientos, no obstante dictadas como expresión de la voluntad de la Constitución, persigue concretar, por un lado, los objetivos éticos y políticos de dicha norma, modulándolos con criterios de oportunidad o utilidad en sintonía con la realidad y las nuevas situaciones; y por otro, interpretar en abstracto la Constitución para aclarar preceptos cuya intelección o aplicación susciten duda o presenten complejidad. Por otra parte, a dicha jurisdicción le cumple encaminar las manifestaciones de voluntad o de juicio de los máximos operadores jurídicos dentro de los parámetros que dicha norma establece. De su influencia no escapa, tal como se desprende de lo dicho, ninguno de los poderes públicos, incluido el propio poder judicial. Tal vinculación es universal.(...) 1.- Lo expresado justifica ampliamente que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, haya creado un órgano inédito dentro del también reciente Tribunal Supremo de Justicia, el cual ha sido concebido como una instancia jurisdiccional con una marcada especialización de tutela, tendente a asegurar la integridad, supremacía y efectividad de ia Constitución; éste órgano es la Sala Constitucional. Esta especialización se concreta en el ejercicio de la tutela constitucional en su máxima intensidad. No precisamente al modo en que la ejercía la Sala Plena de la entonces Corte Suprema de Justicia, la cual estaba restringida en sus funciones de garantía constitucional como si de un legislador negativo se tratase, es decir, la Sala Plena actuaba como un complemento del Poder Legislativo (único ente propiamente sujeto a la Constitución) en tanto se encargaba de revocar los actos de rango y fuerza de ley que éste dictaba contraviniendo la Constitución. Siendo que ésta no era concebida como un cuerpo jurídico normativo directamente aplicable a los distintos operadores juridicos, se entendía que las interpretaciones de la Constitución que hiciera la Sala Plena no tenían carácter vinculante, y su influencia estaba asociada al efecto abrogatorio de los fallos de nulidad de actos con rango o fuerza de ley. Muy por el contrario, a esta Sala Constitucional le corresponde no sólo anular actos de esa naturaleza, sino que tiene asignada tanto la interpretación del texto constitucional, con el fin de salvar sus dificultades o contradicciones, como hacer valer el principio jurídicopolítico según el cual los derechos fundamentales preceden y limitan axiológicamente las manifestaciones del poder. Para ello se le ha puesto al frente del aparato jurisdiccional respecto a su aplicación, al punto de vincular sus decisiones a las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, no sólo en gracia a su potestad anulatoria, sino como derivación de la función antes apuntada.(...) Por ello, la actividad que ejerza la Sala Constitucional, merced a los diversos medios procesales de que disponen los interesados, no sólo debe atender a la naturaleza de los actos impugnados, a los entes involucrados o a la sustancia del asunto discutido, sino también, de manera preferente, a la determinación de si lo planteado afecta, en palabras de García de Enterria, la '..esencia misma de la Constitución, a la cuidadosa distribución de poder (o a las) correlativas competencias por ella operada..', esto es: su implicación constitucional (ver aplicación de esta doctrina en la sentencia n° 7 de 1°-02-00)". En este orden de ideas, la presente solicitud formulada por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela atiende a la determinación de la constitucionalidad o no de la Ley de Reforma Parcial del Decreto N.° 2165 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro, así como las Conexas y Auxiliares a Éstas, en función de que la misma fue sancionada por la Asamblea Nacional mediante sesión que contó con la incorporación de los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, actuando como diputados del órgano legislativo nacional, en razón de la juramentación que de los mismos realizó la Directiva de la Asamblea Nacional en fecha 28 de julio de 2016, y de la incorporación de los prenombrados ciudadanos desde aquella fecha, a los debates, deliberaciones y votaciones que son efectuadas en el pleno de la Asamblea Nacional; situación ésta que de acuerdo al criterio del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, hace que se verifiquen “...serias dudas acerca de la validez y eficacia del acto de sanción de la Ley realizado por la Asamblea, en virtud de la decisión N° página original (tal como se publicó) [Página 58] 430.476 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 108 de fecha 01 de Agosto de 2016, emanada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia"; con lo cual, prosigue el texto de la solicitud presidencial, "Siendo que, el acto de sanción de la supuesta Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 2165 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro, así como las Conexas y Auxiliares a Éstas, es un acto dictado por el pleno de la Asamblea Nacional, con la incorporación de los ciudadanos cuya juramentación fue declarada nula por la decisión antes trascrita, resulta claro para este Órgano Ejecutivo que dicho acto se encuentra viciado de nulidad absoluta y por lo tanto es inválido, inexistente e ineficaz, por mandato expreso del fallo antes descrito" (Texto de la Solicitud de Control Constitucional efectuada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela -Vid. Supra-). De esta manera se aprecia que el planteamiento formulado descansa en el fundamento de una decisión emanada de este Tribunal Supremo de Justicia, actuando en Sala Electoral, para lo cual debe tenerse en consideración que nuestro Texto Fundamental dispone en su artículo 253 que "La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley", y que "corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias". Ahora bien, no obstante lo anterior, también resulta cierto que la solicitud formulada por el Presidente de la República corresponde en forma exclusiva y excluyente al conocimiento de esta Sala (en virtud de lo previsto en el artículo 214 Constitucional), y que además resulta que esta Sala Constitucional es la máxima y última intérprete y garante del Texto Constitucional, como lo dispone el artículo 335 de la Norma Fundamental; razón por la que debe procederse a la evaluación y al control de la constitucionalidad de la ley sometida en esta oportunidad al conocimiento de este órgano jurisdiccional, en base al análisis de la misma, en función de la supremacía constitucional y de cada una de las normas, valores y principios constitucionales, así como también en razón al posible incumplimiento de lo dispuesto por un órgano jurisdiccional, en este caso, por el propio Tribunal Supremo de Justicia actuando en Sala Electoral (ver sentencias nros. 260/2015, 1/2016 y 108/2016), por parte de la Asamblea Nacional y, por ende, de dicha Ley aquí controlada, y lo que dicho incumplimiento -de efectivamente existir- puede conllevar desde la perspectiva constitucional. En atención a lo anterior, debe entonces indicarse que efectivamente constituye un hecho notorio y comunicacional, que la Asamblea Nacional procedió a la juramentación de los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guaruya y Romel Guzamana en sesión de fecha 28 de julio del año en curso. Incluso en el portal web del órgano legislativo nacional puede apreciarse la reseña noticiosa de la juramentación efectuada, indicándose en la misma lo siguiente: *28-07-2016 18:03:56 Periodista:Yira Yoyotte Fotografo:Julio Rojas Este jueves, durante la Sesión Ordinaria, el diputado José Luis Pirela (Unidad-Zulia) solicitó modificar el Orden del Dia para incluir un debate sobre la incorporación de los diputados electos por el estado Amazonas. Al someter el punto a votación el mismo resultó aprobado solo con los votos de la Bancada de la Unidad. Luego de un intenso debate los diputados Julio Ygarza, Nirma Guaruya y Romel Guzamana fueron juramentados e incorporados de inmediato a sus curules. Como se recordará, tal como lo explicó el presidente de la Cámara, diputado Henry Ramos Allup (Unidad-Dtto. Capital) estos tres parlamentarios fueron juramentados el pasado 5 de enero de 2016 pero en la sesión del 13 de enero de este año la institución se vio en la obligación de desincorporar los de sus cargos a solicitud de ellos mismos y en virtud de la sentencia dictada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia el 11 de enero de 2016. El máximo tribunal de la República declaró un supuesto desacato a la sentencia dictada el 30 de diciembre de 2015, a través de la cual se solicitaba la desincorporación de los mencionados parlamentarios... El Secretario de la Cámara, Roberto Marrero, leyó la comunicación que la semana pasada fue consignada por los tres diputados indígenas. A través de la misiva éstos, dada la demora puesta en práctica por el Tribunal Supremo de Justicia, solicitaron su inmediata incorporación. Seguidamente el diputado Henry Ramos Allup explicó que hasta que no haya sentencia no hay delito alguno. "Reclamamos una sentencia que al cabo de casi seis meses y, tratándose de una cautelar, todavía no se ha resuelto...", agregó el parlamentario. Asimismo explicó que el aspecto más importante de este tema es que Amazonas carecen de representación en la Asamblea Nacional, simplemente porque la Sala Electoral del TSJ no decidió en seis meses lo que ha debido resolver dos días. Lunes 5 de septiembre de 2016 Del debate Durante el debate intervinieron más de 10 parlamentarios. Los diputados de la Bancada de la Unidad, entre ellos Gladys Guaipó, Virgilio Ferrer y Simón Calzadilla, no solo defendieron el derecho constitucional que tienen sus colegas a juramentarse sino el daño político que la decisión del TSJ le ha causado al estado Amazonas. Calzadilla, segundo vicepresidente de la Cámara, dijo, por ejemplo, que sentía orgullo de saber que sus colegas hayan solicitado su incorporación. "Ellos se habían desincorporado para darle una oportunidad al máximo tribunal del país, pero éste les falló, el TSJ debió responder el día 12 de febrero y hasta ahora no se ha pronunciado. No cabe duda que en este caso hubo denegación de justicia", precisó el parlamentario. Antes de culminar su intervención Calzadilla recordó, a manera de ejemplo de cómo el Gobierno chantajea al electorado venezolano, que todos vimos al Presidente Nicolás Maduro preguntando por qué no habían votado por su opción si él les había regalado una Tablet. "Aún así ustedes se atreven a decir que la elección de estos tres diputados indígenas fue producto de una trampa", dijo el segundo vicepresidente de la AN no sin antes indicar que si la salida a la actual crisis del país está en la realización de unas elecciones generales los de la bancada de la Unidad no tienen problemas en contarse una y mil veces más. Por el Gran Polo Patriótico intervinieron, entre otros, los diputados Víctor Clark y Héctor Rodriguez. Ambos mantuvieron la tesis del fraude y afirmaron que el Gobemador del estado Amazonas, Liborio Guaruya ha incurrido, por largo tiempo en actos de corrupción. "El gobernador Guaruya debe separarse del cargo", precisó Rodríguez luego de decir que a este mandatario regional debe abrírsele un juicio por corrupción. Rodríguez enfiló su batería verbal contra su colega Henry Ramos Allup, representante de la política nacional. Recordó aquello del "acta mata voto" y se refirió respectivamente a los gobiernos del partido Acción Democrática. Derechos de réplica De acuerdo al Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional los derechos a réplica se ejercen como último punto del debate. Al ejercer su derecho, el presidente de la institución, diputado Henry Ramos Allup intervino y le preguntó a su colega Héctor Rodríguez: usted qué edad tiene diputado?. Este respondió: 34 años, menos de la mitad de lo que usted tiene. Seguidamente Ramos Allup dijo: "Con apenas 34 años ya usted representa el pasado moribundo de este gobierno". Asimismo explicó que hasta que no haya sentencia definitivamente firme no hay delito, por lo tanto los diputados indigenas no han cometido ningún delito. Agregó Ramos Allup que si se realizan nuevas elecciones en el estado Bolívar el diputado Héctor Rodríguez, por ejemplo, no volvería a quedar seleccionado, situación que lamenta profundamente puesto que ha sido muy bueno defendiendo lo indefendible. "Lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo, no vamos a acatar ninguna sentencia que viole la Constitución Nacional", afirmó el parlamentario al tiempo de destacar que ahora que los del gobierno tienen una especie de co-presidente militar deberán sugerirle que vea las encuestas que realiza con frecuencia la Dirección de Inteligencia Militar (DIM). "En esas encuestas queda demostrado que ya el pueblo venezolano no quieren que ustedes sigan gobernando. No le sigan sacando el cuerpo a los comicios", precisó el presidente de la Cámara." (Subrayado de este Fallo) (http:// www.asambleanacional.gob.ve/ noticia/show/id/15923) Con relación al hecho notorio comunicacional, esta Sala Constitucional, en sentencia n.° 98 del 15 de marzo de 2000, ratificada de forma pacifica y reiterada asentó, entre otros criterios jurisprudenciales, los siguientes: “...el mundo actual, con el auge de la comunicación escrita mediante periódicos, o por vías audiovisuales, ha generado la presencia de otro hecho, cual es el hecho publicitado, el cual en principio no se puede afirmar si es cierto o no, pero que adquiere difusión pública uniforme por los medios de comunicación social, por lo que muy bien podría llamársele el hecho comunicacional y puede tenerse como una categoría entre los hechos notorios, ya que forma parte de la cultura de un grupo o círculo social en una época o momento determinado, después del cual pierde trascendencia y su recuerdo solo se guarda en bibliotecas o instituciones parecidas, pero que para la fecha del fallo formaba parte del saber mayoritario de un círculo o grupo social, o a el podía accederse. audiovisuales, publicitan un hecho como cierto, como sucedido, y esa situación de certeza se consolida cuando el hecho no es desmentido a pesar que ocupa un espacio reiterado en los medios de comunicación social. (..) El hecho publicitado o comunicacional no es un hecho notorio en el sentido clásico, ya que puede no incorporarse como permanente a la cultura del grupo social, sin embargo su publicidad lo hace conocido como cierto en un momento dado por un gran sector del conglomerado, incluyendo al juez; y desde este ángulo se puede afirmar que forma parte durante épocas, de la cultura, ast luego desaparezca, ya que su importancia o transcendencia era relativa, tenía importancia solo en un espacio y tiempo limitado y a veces breve. (... El hecho comunicacional, fuente de este tipo particular de hecho notorio que se ha delineado, es tan utilizable por el juez como el funciones, y no privadamente como particular, lo que constituye la notoriedad judicial y que está referido a lo que sucede en el tribunal a su cargo, como existencia y manejo de la tablilla que anuncia el despacho; o lo relativo al calendario judicial, a los cuales se refiere el juzgador sin que consten en autos copias de los mismos; notoriedad judicial que incluye el conocimiento por el juez de la existencia de otros juicios que cursan en su tribunal, así como el de los fallos dictados en ellos. página original (tal como se publicó) [Página 59] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 5 de septiembre de 2016 ¿Puede el juez fijar al hecho comunicacional, como un hecho probado, sin que conste en autos elementos que lo verifiquen? Si se interpreta estrictamente el articulo 12 del Código de Procedimiento Civil, el cual es un principio general, el juez sólo puede sentenciar en base a lo probado en autos, con excepción del hecho notorio. (..) Esta realidad lleva a esta Sala a considerar que el hecho comunicacional, como un tipo de notoriedad, puede ser fijado como cierto por el juez sin necesidad que conste en autos, ya que la publicidad que él ha recibido permite, tanto al juez como a los miembros de la sociedad, conocer su existencia, lo que significa que el sentenciador realmente no está haciendo uso de su saber privado; y pudiendo los miembros del colectivo, tener en un momento determinado, igual conocimiento de la existencia del Ahora bien, mediante sentencia n.° 260 del 30 de diciembre de 2015, la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia expresó, lo siguiente: "(...) ...Administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: 1. CoMPETENTE para conocer y decidir el recurso contencioso electoral conjuntamente con solicitud de amparo cautelar y, subsidiariamente solicitud cautelar de suspensión de efectos, interpuesto por la ciudadana NICIA MARINA MALDONADO MALDoNADo, asistida por las abogadas Ligia Gorriño y Mitzi Tuárez, identificadas, en su alegada condición de (...) candidata a Diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Amazonas (...)', contra (...) el acto de votación de las Elecciones Parlamentarias celebradas el pasado 6 de diciembre de 2015, en el circuito electoral del Estado Amazonas, para el período constitucional 2016-2021, efectuadas por el Consejo Nacional Electoral (...)'. 2. ADMITE el recurso contencioso electoral interpuesto. 3. PRoCEDENTE la solicitud de amparo cautelar, en consecuencia, ORDENA de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas para elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. 4. InoFicioso el pronunciamiento respecto de la solicitud cautelar de suspensión de efectos. Publiquese, registrese y notifiquese. Cúmplase lo ordenado...". (Resaltado y subrayado del original). Por su parte, en sentencia n.° 1 del 11 de enero de 2016, la mencionada Sala Electoral de este Máximo Tribunal de la República, afirmó que: "(…) ...i) En fecha 5 de enero de 2016 tuvo lugar el acto de instalación de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015 y la designación de su Junta Directiva, previa calificación de sus miembros, acto en el cual se verificó el acatamiento de la sentencia número 260 del 30 de diciembre de 2015 dictada por esta Sala Electoral; ii) En ese mismo acto, la Asamblea Nacional se instaló con la juramentación de 163 Diputados como se corrobora de la nota de prensa del portal web del Diario Últimas Noticias cuando reseña que (...) Fueron llamados 167 diputados que conforman esta Asamblea Nacional, pero se revisaron 163 credenciales, faltando cuatro: tres por el estado Amazonas y uno indigena. Ya que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar un recurso, de all se consideró procedente la solicitud de amparo cautelar' (http://www.el nacional.com/politica/Pedro-Carreno-diputados-revisadosfaltando_0_769723073.html). iii) En fecha 6 de enero de 2016, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional integrada por los Diputados Henry Ramos Allup, Enrique Márquez y José Simón Calzadilla, procedieron a juramentar como Diputados a los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, a los fines de integrar el referido cuerpo legislativo, no obstante la orden judicial de amparo cautelar de suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación con ocasión del proceso electoral del 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas, acordado por esta Sala Electoral en la referida sentencia. iv) El 7 de enero de 2016, el Diputado Henry Ramos Allup, en su condición de presidente de la Asamblea Nacional declaró: 'No se puede considerar en desacato a quienes califican a sus propios miembros. Para ejercer nuestros derechos constitucionales no pasamos por el tamiz de ningún otro poder. Los dos únicos órganos elegidos por sufragio son el presidente y la Asamblea Nacional', según nota de prensa publicada en el portal web del diario El Nacional (http://www.el nacional.com/politica/Ramos-Allup-Asamblea-Nacionaltamiz_0_770923076.html). v) El 8 de enero de 2016, el Diputado Enrique Márquez, en su condición de Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional declaró: 'No la podemos acatar, estaríamos entrando en desacato de la voluntad popular y la Constitución, algo que no vamos a hacer', 'Una vez detener juramentación' proclamados nadie puede su (http://globovision.com/article/marquez-decision-del-tsj-sobrediputados-de-amazonas-es-inacatable). En ese sentido, es del conocimiento de esta Sala que por diversos medios de comunicación social se dio a conocer el día 6 de enero de 2016, el hecho noticioso del cual se evidencia el incumplimiento del mandato constitucional cautelar ordenado en la sentencia número 260 del 30 de diciembre de 2015, referido a la juramentación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana en los cargos de diputados a la Asamblea Nacional por el estado Amazonas los dos primeros, y por la Región Sur el último de los nombrados. De lo anterior cabe agregar, que la Asamblea Nacional debe seguir no solo las pautas que la propia Constitución prevé, sino también acatar las disposiciones y decisiones que el resto de ios poderes del Estado dicten o sancionen en función de sus propias atribuciones constitucionales y legales, en caso contrario, surgiría el riesgo de la 'anomia' constitucional y la inestabilidad para el Estado y su gobierno. Un ejemplo de esto podría ser que la Asamblea, so pretexto de su autonomía, violentara el principio de la colaboración de poderes -articulo 137 Constitucional-; asimismo no podría en su constitución, funcionamiento y desempeño, incurrir en usurpación de autoridad o funciones o desviación de poder artículos 138 y 139 Constitucional-; no puede desacatar los fallos judiciales -articulo 253 eiusdem-; asi como tampoco podría violar o menoscabar los derechos garantizados por el sistema constitucional artículos 22, 23 y 25-, en fin, la actuación del órgano legislativo nacional 430.477 debe tener como norte el artículo 7 ibidem, pues, de lo contrario no habría otra alternativa que acudir a las disposiciones contenidas en el Titulo VIII de la Carta Fundamental, corresponde al Poder Judicial asegurar la integridad de la Constitución -artículo 334- y, en especial, el Tribunal Supremo de Justicia debe velar por la supremacia y efectiva aplicación de ella -artículo 335-. Con todos estos razonamientos considera esta Sala Electoral que existen suficientes elementos de convicción para decidir la solicitud de desacato como si se tratara de un asunto de mero derecho. Así se decide. Con fundamento en lo anterior, esta Sala constata que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional integrada por los Diputados Henry Ramos Allup, Enrique Márquez y José Simón Calzadilla, al proceder con la juramentación como Diputados de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, incurrió en desacato de la sentencia número 260, del 30 de diciembre de 2015 dictada por esta Sala Electoral, que acordó la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación con ocasión del proceso electoral del 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas. Así se decide. Asimismo, se evidencia que los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, con su participación en el acto de juramentación, igualmente incurrieron en desacato de la mencionada sentencia. Así se decide. En ese sentido, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia RATIFICA el contenido de la decisión número 260 del 30 de diciembre de 2015, a los fines de su inmediato cumplimiento. En consecuencia, con la referida juramentación como diputados del órgano legislativo nacional, los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Rome! Guzamana incurren en el supuesto establecido en el artículo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al usurpar el ejercicio del referido cargo legislativo en desacato de la sentencia número 260 citada, norma constitucional que preceptúa que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos, se encuentran viciados de nulidad absoluta y por tanto resultan inexistentes aquellas decisiones dictadas por la Asamblea Nacional a partir de la incorporación de los mencionados ciudadanos. Así se decide. Finalmente, en razón de las circunstancias fácticas y jurídicas hasta aquí evidenciadas, y en aras de garantizar el articulo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además del orden jurídico y la justicia, se reitera que los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana efectivamente incurrieron en desacato de la medida cautelar de amparo decretada por esta Sala, y subvirtieron la autoridad y el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, representado en esta oportunidad por el Máximo Tribunal de la República, como pilar fundamental del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y, en fin, de la Constitución de !a República Bolivariana de Venezuela, norma suprema (art. 7 eiusdem) por lo que esta Sala ordena a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, LA DESINCORPORACIÓN INMEDIATA de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana. Asi se decide. IV DECISIÓN Por las anteriores razones de hecho y de derecho, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: 1. ADMITE la intervención de los ciudadanos identificados en la motiva del presente fallo como terceros en la causa contentiva del recurso contencioso electoral interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar. 2. RATIFICA el contenido de la decisión número 260 del 30 de diciembre de 2015, a los fines de su inmediato cumplimiento. 3. PROCEDENTE EL DESACATO de la sentencia número 260 dictada por la Sala Electoral el 30 de diciembre de 2015, por los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Diputados Henry Ramos Allup, Enrique Márguez y José Simón Calzadilla y por los ciudadanos Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, titulares de los números de cédula de identidad V-12.173.417, V-1.569.032 y V- 13.325.572, respectivamente, 4. ORDENA a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional dejar sin efecto la referida juramentación y en consecuencia proceda con LA DESINCoRPORACIÓN inmediata de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, lo cual deberá verificarse y dejar constancia de ello en Sesión Ordinaria de dicho órgano legistativo nacional. 5. NULos ABSOLUTAMENTE los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaren, mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos sujetos de la decisión N° 260 del 30 de diciembre de 2015 y del presente fallo. Publiquese, regístrese y notifiquese la presente decisión a la parte recurrente, a los terceros, al Consejo Nacional Electoral, a la Asamblea Nacional y al Ministerio Publico". (Resaltado y subrayado del original). Por su parte, en sentencia n.° 108 del 1° de agosto de 2016, la Sala Electoral expresó lo siguiente: "(...) ...aprecia la Sala que los solicitantes alegan que el día 28 de julio de 2016 los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, venezolanos, titulares del número de cédula de identidad V-12.173.417, V-1.569.032 y V-13.325.572 respectivamente, fueron convocados y juramentados por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional a los fines de su incorporación en el cuerpo legislativo en el cargo de Diputados. En ese sentido, observa esta Sala que por diversos medios de comunicación se difundir el día 28 de julio de 2016, en forma pública y uniforme, el hecho noticioso sobre el incumplimiento del mandato constitucional cautelar ordenado en la sentencia número 260 del 30 de diciembre de 2015, referido a la juramentación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana en el cargo de Diputados a la Asamblea Nacional por el circuito electoral 1 del estado Amazonas los dos primeros, y por la representación indígena Región Sur el último de los nombrados, con el objeto de su incorporación a las actividades parlamentarias de dicho órgano, lo cual esta Sala aprecia como un hecho notorio y comunicacional (vid. sentencia de la Sala Constitucional N° 98 del 15 de marzo de 2000, ratificada en sentencia de la Sala Electoral número 58 del 9 de julio de 2013) (...) En razón de lo expuesto, esta Sala Electoral determina el desacato en el cumplimiento de las decisiones dictadas por la Sala Electoral número 260 del 30 de diciembre de 2015 y, 1 del 11 de enero de 2016. En consecuencia, y en virtud de la violación flagrante del orden público constitucional, es imperativo para esta Sala reiterar la nulidad absoluta por su objeto del acto realizado en sesión del 28 de julio de 2016, por el cual la Junta Directiva de la Asamblea Nacional procedió a la juramentación de los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana en el cargo de Diputados del órgano legislativo nacional, por página original (tal como se publicó) [Página 60] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 430.478 lo que dicho acto carece de validez, existencia y no produce efecto juridico alguno, asi como aquellos actos o actuaciones que dictare la Asamblea Nacional con la juramentación de los prenombrados ciudadanos (vid. sentencia de la Sala Electoral número 1 del 11 de enero de 2016 y sentencia de la Sala Constitucional número 614 del 19 de julio de 2016). Así se declara. IV DECISIÓN Por las anteriores razones de hecho y de derecho, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: 1. EL DESACATO a las sentencias de la Sala Electoral número 260 de fecha 30 de diciembre de 2015 y número 1 del 11 de enero de 2016, y en caso de mantenerse el desacato de las referidas decisiones, se reservan todas aquellas acciones o procedimientos judiciales a que haya lugar. 2. LA INVALIDEZ, INEXISTENCIA E INEFICACIA JURÍDICA pOr violación flagrante del orden público constitucional en el pretendido acto de juramentación de los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana en el cargo de Diputados de la Asamblea Nacional realizado el 28 de julio de 2016 por la Junta Directiva del órgano legislativo nacional, así como de aquellos actos o actuaciones que dictare la Asamblea Nacional con la juramentación de los prenombrados ciudadanos. 3. NoTIFICAR la presente decisión a los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, ya identificados, a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y a la ciudadana Fiscal General de la República. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Consejo Nacional Electoral, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República y Defensoría del Pueblo. Cúmplase lo ordenado...". Publíquese, regístrese y notifiquese. (Resaltado y subrayado del original). Del texto de la decisión recién citada, puede apreciarse que de manera enfática, categórica y expresa, la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia, actuando en el marco de sus facultades y competencias legalmente establecidas, procedió a la ratificación de los dispositivos por ella adoptados, en relación al caso de la juramentación de los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana en el cargo de Diputados de la Asamblea Nacional, lo cual, como quedó expuesto en el texto de la cita, resulta una ratificación de decisiones adoptadas en ese mismo sentido previamente, mediante sentencias número 260 de fecha 30 de diciembre de 2015 y número 1 del 11 de enero de 2016, en las que claramente se indicó que "con la referida juramentación como diputados del órgano legislativo nacional, los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana incurren en el supuesto establecido en el artículo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al usurpar el ejercicio del referido cargo legislativo en desacato de la sentencia número 260 citada, norma constitucional que preceptúa que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos, se encuentran viciados de nulidad absoluta y por tanto resultan inexistentes aquellas decisiones dictadas por la Asamblea Nacional a partir de la incorporación de los mencionados ciudadanos". En igual sentido, la propia sentencia de la Sala Electoral recién citada, establece de manera expresa la verificación de un claro desacato por parte de la Directiva de la Asamblea Nacional al proceder a la juramentación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, como diputados de la Asamblea Nacional y, a su vez, al permitirse la incorporación de los mismos a las deliberaciones y votaciones de la plenaria del mencionado órgano legislativo nacional. De esta manera, la categórica expresión utilizada por las decisiones antes mencionadas, y en particular la decisión más reciente producida sobre el caso (de fecha 1 de agosto de 2016), no dejan las más mínima duda en torno a que todos los actos de cualquier índole, que sean dictados por la Asamblea Nacional, mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, fungiendo como Diputados de dicho órgano legislativo, resultan absolutamente nulos por la usurpación de autoridad de dichos ciudadanos que ha sido declarada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el procedimiento legalmente establecido a tales efectos, y por ello así estar dispuesto de manera categórica y expresa en la motivación y en los dispositivos de los fallos recién mencionados. Los efectos y consecuencias de los actos provenientes de autoridades usurpadas han sido puestos de manifiesto por la jurisprudencia de esta Sala Constitucional (como bien lo destaca la Sala Electoral en decisión de fecha 1 de agosto de 2016), mediante decisión n.° 9 del 1° de marzo de 2016, en la que se dispuso: "(..) el artículo 136 eiusdem inicia las disposiciones fundamentales sobre el Poder Público, en los siguientes términos: Artículo 136. El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. Lunes 5 de septiembre de 2016 Al respecto, la Exposición de Motivos de la Constitución señala lo siguiente: (..) Se consagra, igualmente, una división de las funciones que corresponden a cada rama del Poder Público, tanto en sentido vertical como horizontal. Pero si bien se acepta la especialidad de la tarea asignada a cada una de ellas, se establece un régimen de colaboración entre los órganos que van a desarrollar las para la mejor consecución de los fines generales del Estado. Se establece el principio restrictivo de la competencia, según el cual los órganos que ejercen el Poder Público sóio pueden realizar aquellas atribuciones que les son expresamente consagradas por la Constitución y la ley. La usurpación de autoridad, consistente en la invasión del Poder Público por parte de personas que no gocen de la investidura pública, se considera ineficaz y los actos dictados se consideran nulos. En cuanto a la responsabilidad individual consecuencia del ejercicio del Poder Público, se abarca tanto el abuso de poder, la desviación de poder, así como la violación de la Constitución y la Ley. (..) El Estado democrático y social de Derecho y de Justicia consagrado por la Constitución, al implicar fundamentalmente, división de los poderes del Estado, imperio de la Constitución y las leyes como expresión de la soberania popular, sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento juridico, y garantía procesal efectiva, de los derechos humanos y de las libertades públicas, requiere la existencia de unos órganos que, institucionalmente caracterizados por su independencia, tengan la potestad constitucional que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular, someter a todos los poderes públicos al cumplimiento de la Constitución y las leyes, controlar la legalidad de la actuación ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. El conjunto de órganos que desarrollan esa función constituyen el Poder Judicial y el Sistema de Justicia que se consagra en el Capítulo III del Titulo V de la Constitución, configurándolo como uno de los poderes del Estado. En el referido Capítulo, la Constitución, con fundamento en el principio de soberanía, declara que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República y por autoridad de la ley. (...) En tal sentido, y en atención al control jurisdiccional necesario de los actos, omisiones, vías de hecho emanados del Poder Electoral, a propósito de los procesos comiciales referidos, a su funcionamiento, el nuevo texto constitucional creó la Jurisdicción Contencioso Electoral, ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. (.….) Al respecto, así como el Poder Judicial está sujeto a normas y límites constitucionales, el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo Nacional y los demás Poderes Públicos también lo están, al igual que todos los ciudadanos y ciudadanas, por imperativo de los principios de supremacía constitucional y de racionalidad; de alli que cualquier intento de ultraje a tales normas constitucionales, constituya una afrenta al propio orden fundamental y a la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas; valores que sólo podrán ser defendidos a través del conocimiento directo de la Constitución, única herramienta válida para apreciar la verdad, evitar manipulaciones y contrarrestar acciones ilícitas (negrillas añadidas de este fallo)". En efecto, al cotejar ello con la situación que en estos momentos resulta del conocimiento de esta Sala, en virtud de la notoriedad comunicacional y de la solicitud efectuada por el ciudadano Presidente de la República, en el ejercicio de las facultades contempladas en el artículo 214 constitucional, no queda duda que en función de lo juzgado y sentenciado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, actuando en el ejercicio de sus facultades y competencias constitucionales y legales, y mediante la tramitación de los procesos judiciales conforme a las pautas de ley, los actos que emanen de la Asamblea Nacional, cualquiera sea su tipo, que sean adoptados en contravención a lo dispuesto por las referidas sentencias emanadas de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, resultan absolutamente nulos y carentes de cualquier tipo de validez jurídica. Así se declara. Ello debe ser necesariamente así, como consecuencia de una aplicación lógica del derecho y del debido respeto y. acatamiento a las decisiones proferidas por los órganos jurisdiccionales de la República, ya que lo contrario comportaría una franca violación a la Tutela Judicial Efectiva, al debido proceso, a la seguridad jurídica y al propio Estado Constitucional de Derecho, comportando un claro desprecio a la majestad de la justicia y de la ley, pudiendo generar diversos tipos de responsabilidad jurídica, política, ética y social en general. Así, la tutela judicial efectiva, reconocida de manera expresa en el articulo 26 constitucional, implica uno de los pilares fundamentales sobre el cual se sustenta la noción de Estado de Derecho, ya que el mismo tiene por finalidad última hacer prevalecer el orden jurídico y en definitiva el respeto al imperio del derecho y de la ley, lo cual se logra asegurando la preservación del conjunto de derechos legítimos que el ordenamiento jurídico establece y que conforman la esfera plurisujetiva de todo ciudadano y de las sociedades como conglomerado social; otorgando a los mismos la certeza de que tales derechos serán debidamente asegurados y resguardados, a los efectos de lograr su efectiva vigencia, comportando por ello un compromiso por parte del Estado, visto desde la perspectiva de su función jurisdiccional, en el que se proveerá a sus derechos la seguridad de ser efectivamente materializados y de mantener su intangibilidad y absoluto resguardo, en los términos constitucional y legalmente establecidos. Es por esta razón que el página original (tal como se publicó) [Página 61] 430.479 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 5 de septiembre de 2016 precepto constitucional previsto en el artículo 26, indica que los mismos serán efectivamente tutelados por los órganos jurisdiccionales cuando pretendan ser vulnerados y se acuda ante ellos, exigiendo la debida tutela que detentan, para de esta manera hacer prelar la noción de justicia, que constituye el fin último de todo proceso judicial y la esencia misma de nuestro Estado. En tal sentido, es necesario tener consideración que el contenido y alcance del derecho a la tutela judicial efectiva ha sido profusamente jurisprudencia de esta Sala interpretado y desarrollado por la Constitucional, pudiendo destacarse en este momento, el criterio establecido mediante sentencia de esta Sala n.° 708 del 10 de mayo de 2001, donde se señala: "Observa esta Sala, que el artículo 26 de la Constitución vigente, consagra de manera expresa el derecho a la tutela judicial efectiva, conocido también como la garantía jurisdiccional, el cual encuentra su razón de ser en que la justicia es, y debe ser, tal como lo consagran los articulos 2 y 3 eiusdem, uno de los valores fundamentales presente en todos los aspectos de la vida social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en garantía de la paz social. Es así como el Estado asume la administración de justicia, esto es, la solución de los conflictos que puedan surgir entre los administrados o con la Administración misma, para lo que se compromete a organizarse de tal manera que los mínimos imperativos de la justicia sean garantizados y que el acceso a los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, en cumplimiento de su objeto, sea expedito para los administrados. El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantias que el articulo 26 constitucional instaura. La conjugación de artículos como el 2, 26 o 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles." (Destacado de este fallo). Por ende, el verdadero significado del derecho a la tutela judicial efectiva, que consagra nuestro texto constitucional, apareja la necesidad de que los mismos sean eficaces en la realidad, que sus efectos sean en verdad materializados en el plano fáctico, para poder alcanzar la verdadera justicia que la Constitución consagra; razón por la que el verdadero delos de la función jurisdiccional se consuma precisamente en el momento en el que el fallo es llevado a la realidad, haciendo efectivos los derechos que mediante la decisión judicial son tutelados, para de esta forma preservar el Estado de Derecho y de Justicia que vincula la existencia de la República. La misma concepción en torno a la ejecución de la sentencia como una de las manifestaciones incontrovertibles del derecho a la tutela judicial efectiva, fueron de igual manera puestas de manifiesto en la decisión de esta Sala n.° 576 del 27 de abril de 2001, en la que se señaló: "La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su articulo 26 consagra la Garantía Jurisdiccional, también llamada el derecho a la tutela judicial efectiva, que ha sido definido como aquél, atribuido a toda persona, de acceder a los órganos de administración de justicia para que sus pretensiones sean tramitadas mediante un proceso, que ofrezca unas mínimas garantías, todo lo cual sólo es posible cuando se cumplen en él los principios establecidos en la Constitución. Es, pues, la Garantía Jurisdiccional, el derecho de acceso a la justicia mediante un proceso dirigido por un órgano, también preestablecido para ello por el Estado, para conseguir una decisión dictada conforme el derecho mediante la utilización de las vías procesales prescritas para el fin específico perseguido, en el entendido que dicho derecho en manera alguna comprende que la decisión sea la solicitada por el actor o favorezca su pretensión, ni que en el curso del mismo se observen todos los trámites e incidencias que el actor considere favorables a él. El derecho a la tutela judicial efectiva comprende, asimismo, el derecho a la ejecutoriedad de la sentencia obtenida en derecho". Tal criterio ha sido reiterado por esta Sala en sentencia n.° 290 de fecha 23 de abril de 2010, en la que se precisó: "Ciertamente, la ley bajo examen implementa un sistema orgánicoprocesal expresamente establecido en la Constitución, que viabiliza el ejercicio de los derechos adjetivos de acceso a la justicia (legitimación, caducidad de las acciones, requisitos de la demanda, entre otros), el derecho al juez natural (determinación de las competencias de los juzgados contencioso administrativos), la tutela cautelar (condiciones de procedencia de las medidas cautelares), el debido proceso (procedimiento de sustanciación de las pretensiones anulatorias, demandas patrimoniales e interpretación de leyes, entre otros) y el derecho a la ejecución del fallo (procedimiento para la ejecutoria de lo decidido), los cuales, integran el derecho a la tutela judicial efectiva, dentro del ámbito del control jurisdiccional de las actuaciones administrativas de los Poderes Públicos". Se desprende del criterio jurisprudencial transcrito el alcance del derecho a la tutela judicial efectiva, el cual, como derecho complejo que es, no tan solo comprende el derecho de acceso de los ciudadanos a los órganos jurisdiccionales para ventilar sus pretensiones y que las mismas sean decididas conforme a un debido proceso en el que le sean respetadas sus garantías y derechos, sino que, además, es extensivo a la ejecutoriedad de la sentencia que de ese proceso resulte. Resulta claro de lo expuesto, que siendo la ejecutoriedad de la sentencia una manifestación cardinal del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo acto que pretenda impedir o menoscabar la materialización de ese derecho a la ejecutoriedad y ejecución de una decisión judicial, se convierte abiertamente en una franca violación del prenombrado derecho a la tutela judicial efectiva. Lo anteriormente expuesto, aplicado al caso de autos, pone de manifiesto que la actuación desplegada por la Asamblea Nacional, no tan solo al proceder a una nueva juramentación e incorporación de ciudadanos como diputados de dicho órgano parlamentario, en contravención a la disposición expresa contenida en un fallo judicial, sino también por continuar desconociendo lo dispuesto en una sentencia emanada de este Máximo Tribunal en Sala Electoral, en el que claramente se determina la nulidad de cualquier acto emanado de dicho órgano parlamentario, en contumacia y rebeldía a lo dispuesto por dicha decisión, es decir, con la incorporación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana como Diputados de dicha Asamblea Nacional, se traduce en la nulidad absoluta de dichos actos así emanados, por la contravención expresa a un mandato judicial, que desde luego vulnera y desconoce claramente la noción de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia consagrada en el artículo 2 constitucional, el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 26) y lo dispuesto por el artículo 253 constitucional; resultando, por ende, dichos actos absolutamente nulos y sin ningún tipo de validez y eficacia jurídica. Así se declara. Lo anterior, en estricta lógica constitucional, ocasiona que la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 2165 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro, así como las Conexas y Auxiliares a Éstas, sancionada por la Asamblea Nacional en fecha 9 de agosto de 2016, en franco desacato de decisiones judiciales emanadas de la Sala Electoral del este Máximo Tribunal, resulte manifiestamente inconstitucional y por ende, absolutamente nula y carente de vigencia y eficacia juridica, sin que ello prejuzgue sobre otras posibles causales de nulidad por inconstitucionalidad, tanto de forma como de fondo, en las que pudiera estar incursa la referida Ley. Así se declara. Del mismo modo, debe esta Sala indicar que, en función de los razonamientos precedentemente efectuados, resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Lo anterior no significa que se esté haciendo nugatorio o impidiendo el ejercicio de las competencias y atribuciones que detenta la Asamblea Nacional, sino que las mismas deben ser ejercidas dentro del marco del ordenamiento constitucional, lo cual significa, en relación al caso que nos ocupa, que la Asamblea Nacional asuma una conducta acorde con los principios y valores constitucionales y democráticos, y proceda ajustada a derecho, cumpliendo las decisiones judiciales emanadas de los distintos órganos jurisdiccionales del país, y en el presente caso, con las decisiones emanadas de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, suspendiendo temporalmente la incorporación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana como diputados de dicha Asamblea Nacional y, por tanto, de los actos que a la misma le competen, y ejercer sin tales ciudadanos sus competencias y atribuciones, como en efecto lo vino realizando la Asamblea Nacional durante un tiempo, hasta que en fecha 28 de julio del año en curso, procedió nuevamente a la inconstitucional y nula incorporación de los prenombrados ciudadanos, como diputados de la misma. página original (tal como se publicó) [Página 62] 430.480 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Por último, debe mencionar esta Sala que tal conducta desplegada por la mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional, en contravención al ordenamiento constitucional y en contumacia a las decisiones emanadas por los órganos jurisdiccionales del país, desafortunadamente ha sido una constante y característica manera de proceder de la mayoría parlamentaria, lo cual ha sido puesto de manifiesto en diversas decisiones, en las que se encuentran la sentencia n.° 614 del 19 de julio de 2016, emanada de esta Sala, en la que se dispuso: "Así pues, es evidente que la segunda agenda del orden del día sufrió una modificación en la cual se incorporó de forma extemporánea como punto n.°1 la Presentación del Informe de la Comisión Especial para el Rescate de la Institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia, sustituyendo el punto n.° 3 de la primera convocatoria, en el que se propuso debatir sobre la Segunda discusión del Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Ello demuestra de forma incontrovertible la flagrante violación por parte de la Junta Directiva y de la Secretaría de la Asamblea Nacional, así como también por parte de los diputados que respaldaron a través de sus votos semejante afrenta al orden constitucional y a la sentencia de esta Sala N° 269 que, como se advirtió, estableció "que la orden del día una vez incluida en el sistema automatizado no admitirá modificación, en aras de preservar la seguridad jurídica como principio que debe imperar en el ejercicio de la función legislativa. En consecuencia, se suspende de oficio, hasta tanto se decida el fondo del presente recurso, el numeral 6 del artículo antes indicado, al colidir con lo antes establecido". En razón de ello, es deber de esta Sala anular la convocatoria y la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del 14 de julio de 2016, junto a los actos producidos en ella, y ordenar a la Junta Directiva, al resto de diputados incursos en las irregularidades señaladas en esta sentencia y, en fin, a esa institución en general, que respete cabalmente el orden dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuya vigencia y eficacia, ante estos actos que constituyen en definitiva evidentes desviaciones de poder y fraudes constitucionales, será protegida de manera irrestricta por este Máximo Tribunal de la República, en tutela del Pueblo venezolano y de los intereses de la Nación. Así se decide. Finalmente, en razón de la posible comisión de delitos contra los Poderes Nacionales y contra la Administración de Justicia, entre otros bienes jurídicos tutelados y otras formas de responsabilidad jurídica, se ordena remitir copia certificada de esta sentencia al Ministerio Público, a los fines jurídicos consiguientes. Ast se decide." Asimismo, resulta oportuno señalar la sentencia n.° 460 del 9 de junio de 2016, en la que esta Sala señaló lo siguiente: "...No obstante el anterior pronunciamiento, esta Sala Constitucional no puede dejar de advertir que, para sancionar la Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud, la Asamblea Nacional, una vez más, obvió el cumplimiento de los parámetros exigidos en el procedimiento de formación de leyes, especialmente, los previstos en su Reglamento Interior y de Debates, a la luz de lo señalado en la sentencia n° 269, dictada por esta Sala el 21 de abril de 2016, en la cual acordó: "(..) que el informe sobre el impacto e incidencia presupuestaria y económica, o en todo caso, el informe de la Dirección de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional que debe acompañar a todo proyecto de ley, a que se refiere el numeral 3 del articulo 103 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, son requisitos esenciales y obligatorios sin los cuales no se puede discutir un proyecto de ley, y que los mismos, en previsión de los articulos 208, 311, 312, 313 y 314 de la Constitución, deben consultarse con carácter obligatorio por la Asamblea Nacional -a través de su Directiva- al Ejecutivo Nacional- por via del Vicepresidente Ejecutivo- a los fines de determinar su viabilidad económica, aun los sancionados para la fecha de publicación del presente fallo, en aras de preservar los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal del régimen fiscal de la República, tomando en consideración las limitaciones financieras del país, el nivel prudente del tamaño de la economía y la condición de excepcionalidad económica decretada por el Ejecutivo Nacional (.)". Esta exigencia fue ratificada por la Sala en su fallo número 327 de fecha 28 de abril de 2016, para motivar la nulidad parcial de la Ley de Bono para Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados. Así las cosas, la ley objeto del presente control preventivo de la constitucionalidad también incurre en vicios procedimentales que acarrean su declaratoria de inconstitucionalidad. Así se declara. (...) Con respecto a lo anterior, esta Sala advierte que el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el numeral 4 del artículo 236 eiusdem, dispone que el Presidente de la República es el Jefe del Estado y, en esa condición, le corresponde dirigir las relaciones exteriores de la República, conforme a los principios que establece el Texto Fundamental, en los términos siguientes: 'Artículo 226. El Presidente o Presidenta de la República es el Jefe o Jefa del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción del Gobierno'. 'Articulo 236. Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República: (..) 4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales'. Así las cosas, el Texto Constitucional es claro al señalar que al Presidente de la República, como Jefe del Estado, le corresponde dirigir las relaciones exteriores de la República. En ese mismo sentido, esta Sala, en sentencia N° 967/2012, caso Pedro Pereira Riera e Inés Parra Wallis, al determinar el contenido y alcance del artículo 153 de la Constitución, estableció lo siguiente: Lunes 5 de septiembre de 2016 'Ahora bien, un enfoque literal y sistemático del ordenamiento constitucional en la materia, como el expuesto supra, es consolidado por una perspectiva interpretativa de naturaleza pragmática y teleológica, vinculada a la naturaleza de las relaciones internacionales, conforme al cual, las mismas si bien deben responder a los elementos sustantivos antes señalados y al cumplimiento de las formalidades correspondientes (vgr. Artículo 187.18 de la Constitución), no pueden limitarse de forma tal que nieguen -o vaclen de contenido- el carácter particularmente discrecional que le atribuye el propio Texto Fundamental, a la atribución del Presidente de la República para dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales, en los precisos términos del artículo 236.4 eiusdem. (Omissis) Por ello, en su labor jurisdiccional la Sala, no puede asumir una interpretación que comporte un desconocimiento de las consecuencias de adoptar un criterio restrictivo de las instituciones constitucionales, que limiten injustificadamente el desarrollo normativo y la actividad que se produce en ejecución de aquélla, especialmente en materia de relaciones internacionales, en la cual la realidad que se pretende regular es esencialmente de naturaleza mutable, lo que en consecuencia exige una mayor amplitud en la concepción de los principios que ordenan el ordenamiento jurídico. (..) En atención a ello, se advierte que el Presidente de la República asume en esta materia, asuntos de particular trascendencia política, vale decir la decisión estatal que comporta una determinación general o manifestación directa o indirecta de la soberanía del Estado en relación a otros Estados u organismos internacionales. La discrecionalidad propia de las competencias que asume, se enmarcan en lo que la doctrina ha denominado funciones como de Jefe de Estado, y esa característica es una manifestación necesaria de la naturaleza eminentemente política de su función, que implica un acto de soberanía frente a los demás Estados y organismos internacionales con los cuales la República Bolivariana de Venezuela mantiene relaciones -Vid. Sentencias de esta Sala Nros. 1.815/2004, 1.117/2006 y 1.115/10; MARIENHOFF M. Tratado de derecho Administrativo. 1965. Editorial Abeledo Perrot. Tomo II. p. 685-754-. No es posible asumir entonces, una interpretación que pretenda regular -y anular- una función eminentemente política, signada por circunstancias de oportunidad y conveniencia, en orden a garantizar el contenido de los artículos 3 y 152 eiusdem, que termine por afirmar por ejemplo, la derogatoria del ordenamiento jurídico preexistente por parte de las normas internacionales, ya que en ese supuesto la incidencia de la denuncia de un tratado internacional, no se concretaria en el ordenamiento juridico interno o al menos seria ineficaz, lo que podría generar o perpetuar el perjuicio que de forma soberana se pretende evitar al terminar con un tratado o convenio internacional'. En efecto, la dirección de las relaciones internacionales forma parte de las materias reservadas a la competencia exclusiva del Presidente de la República. Ellas comprenden, entre otras: procurar la soberanía y la integridad del territorio nacional, la defensa de la República, la cooperación internacional, celebrar y ratificar tratados, convenios o acuerdos internacionales y designar a los jefes de misiones diplomáticas. Ello así, para procurar hacer al Estado una unidad efectiva de decisión y de influencia frente a otros estados (GARCIA PELAYo, "Derecho Constitucional Comparado". Madrid. Alianza. "2000. Pág. 19). Considera esta Sala importante indicar, que la Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, refiriéndose en particular a la Sección Quinta, intitulada "De las Relaciones Internacionales"; del Capltulo I, * De las Disposiciones Fundamentales," señala que: 'En la Constitución las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en el ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo. En esta sección se establecen los principios de independencia, igualdad entre los estados, libre determinación y no intervención, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto de los derechos humanos, solidaridad entre los pueblos. Además de la defensa de estos principios, la Constitución impone a la República la práctica democrática en la participación y toma de decisiones en el seno de organismos e instituciones internacionales. Se promueve la integración latinoamericana y caribeña, la cual adquiere carácter constitucional en la búsqueda de la creación de una Comunidad de Naciones. A tales fines; se permite la suscripción y ratificación de tratados internacionales, bilaterales o multilaterales, en el marco de procesos de integración que tengan carácter supranacional. Como consecuencia de ello, las decisiones que adopten los órganos supranacionales que surjan de los procesos de integración, son de aplicación directa e inmediata en Venezuela'. Congruente con lo señalado en su exposición de motivos, los artículos 152, 153, 154 y 155 del Texto Fundamental disponen: "Artículo 152. Las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo; ellas se rigen por los principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto a los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad. La República mantendrá la más firme y decidida defensa de estos principios y de la práctica democrática en todos los organismos e instituciones internacionales. Artículo 153. La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones, y que garanticen el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a página original (tal como se publicó) [Página 63] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 5 de septiembre de 2016 organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones con Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina. Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna. Artículo 154. Los tratados celebrados por la República deben ser aprobados por la Asamblea Nacional antes de su ratificación por el Presidente o Presidenta de la República, a excepción de aquellos mediante los cuales se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones preexistentes de la República, aplicar principios expresamente reconocidos por ella, ejecutar actos ordinarios en las relaciones internacionales o ejercer facultades que la ley atribuya expresamente al Ejecutivo Nacional. Articulo 155. En los tratados, convenios y acuerdos internacionales que la República celebre, se insertará una cláusula por la cual las partes se obliguen a resolver por las vías paclficas reconocidas en el derecho internacional o previamente convenidas por ellas, si tal fuere el caso, las controversias que pudieren suscitarse entre las mismas con motivo de su interpretación o ejecución si no fuere improcedente y asi lo permita el procedimiento que deba seguirse para su celebración. Así pues, de los preceptos constitucionales transcritos se aprecia claramente que uno de los pilares que sirven de fundamento a la refundación del Estado venezolano, lo constituyen unas relaciones internacionales más vigorosas, soberanas y de mayor protagonismo, en función de un mundo multipolar, donde las interacciones entre los Estados se establezcan de manera respetuosa e igualitaria. (...) Como ya se señaló, en principio, la discrecionalidad propia de las competencias que asume el Jefe de Estado, es una manifestación necesaria de la naturaleza eminentemente política de su función, que implica un acto de soberanía frente a los demás Estados y organismos internacionales con los cuales la República Bolivariana de Venezuela mantiene relaciones y, por tanto, el establecer regímenes jerárquicos o preferenciales por parte de la Asamblea Nacional, es una evidente usurpación de dichas competencias atribuidas al Presidente de la República conforme al numeral 4 del articulo 236 constitucional y, por otra parte, dicha discrecionalidad solo puede quedar vinculada en su amplia configuración al Texto Constitucional que, en este caso, determina que se deberán privilegiar las relaciones internacionales con los países iberoamericanos como política común para todos los países de Latinoamérica, conforme lo determina el artículo 153 eiusdem. Como se desarrolló líneas arriba, las relaciones internacionales son cambiantes y dependen de factores internos de cada país y exógenos a ellos, por lo que la cooperación internacional debe establecerse de acuerdo a las razones de oportunidad y conveniencia para los altos intereses de la nación y no es papel del legislador petrificar en un ley las modalidades que ésta asume, de acuerdo a variables que mutan conforme a cómo se comportan los sujetos de derecho internacional; para ello debe asumirse un criterio diferenciado en el marco de una política que, en el caso de nuestro país, se encuentra en el Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social 2013-2019 (Plan de la Patria), que establece como gran objetivo histórico "Contribuir al Desarrollo de Una Nueva Geopolítica Internacional en la cual tome Equilibrio del Universo y Garantizar la Paz Planetaria". (..) Adicionalmente, esta Sala, no puede dejar de apreciar que resulta un hecho notorio, público y comunicacional, los evidentes esfuerzos que, el Ejecutivo Nacional, ha venido realizando a fin de resolver la situación de abastecimiento de medicamentos e insumos médicos. En este sentido, resalta la cooperación internacional recibida del Gobierno de la medicamentos" según reseña el portal oficial del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, los cuales fueron adquiridos por el Gobierno Nacional mediante el convenio de cooperación integral con la República Popular China...". Del mismo modo, más recientemente, mediante decisión n.° 797 del 19 de agosto de 2016, esta Sala se vio'en la necesidad de expresar lo siguiente: "No obstante ello, es público, notorio y comunicacional, según se evidencia de la página web de la Asamblea Nacional, que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional ha tildado las medidas cautelares decretadas por esta Sala en la sentencia n° 269 del 21 de abril de 2016, como "absolutamente nulas", en comunicado del 5 de julio de 2016, aparece el siguiente enlace web que en (http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc 1cce 92be2c893e0f0f266ac32f05e89d7ad28579.pdf, donde se lee, lo siguiente: La sentencia señalada de la Sala Constitucional infringe gravemente el orden constitucional y democrático y cercena el derecho a la defensa en juicio de la Asamblea Nacional, y lo hace en una decisión en la cual también amenaza con sancionar al Presidente de la Asamblea Nacional ante el supuesto incumplimiento de unas medidas cautelares absolutamente nulas, entre otras razones por haber sido ratificadas sin permitir a la Asamblea Nacional el ejercicio del derecho a la defensa frente a ellas por medio de una representación judicial propia (...). Desde su publicación la sentencia n° 269, ha sido objeto de pronunciamientos por los Diputados que conforman en este momento la mayoría parlamentaria, y en especial de su Presidente, ciudadano Henry Ramos Allup, donde se evidencia, su posición contraria al cumplimiento de las órdenes contenidas en la misma, que conforme a la potestad de tutela judicial efectiva, buscan lograr el equilibrio y el mantenimiento del orden democrático en el órgano legislativo nacional. Así, se observan las declaraciones en las siguientes páginas: (http://www.el-nacional.com/politica/Alfonso Marquina-Parlamento- TSJsentencia_0_836316655.html); (http://www.lapatilla.com/site/2016/05/03/ramos-allup-noacataremos-ninguna-sentencia-del-tsj-que-viole-la-constitucion/). En efecto, se lee en la reseña aparecida el día 28 de abril de 2016, en la página web http://www.unbombazo.com/2016/04/28/clínicos-del-tsiramos-allup-no-acataremos-recurso-5-anos/, lo siguiente: 430.481 "(..) El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, aseguró este jueves 28 de abril que no acatarán la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el Reglamento de Interior y de Debate del Parlamento luego de una petición hecha en 2011 por representantes de la oposición cuando el oficialismo era mayoría en el Parlamento. Parte de lo establecido en la sentencia indica que las sesiones y el orden del día deberán ser dadas a conocer 48 horas antes como mínimo. La decisión ha sido cuestionada por el actual parlamento por considerarla a destiempo y de carácter política. 'El Reglamento de interior y de debate fue modificado por la decisión inconstitucional de la Sala Constitucional por inconstitucional reavivando un recurso que tenía cinco años en la nevera constitucional y nunca modificaron ese reglamento para no afectar el ejercicio de la Asamblea Nacional que ustedes controlaban, pero en síntesis y en definitiva esta Asamblea Nacional va a aplicar estrictamente la Constitución, no vamos a acatar ninguna decisión de la Sala Constitucional que sea contraria a la Constitución o que viole la norma elemental' (...)". (Resaltado de este fallo). Se observa entonces, que se denunció que los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, en primer lugar, convocaron las referidas sesiones sin atender el lapso previo de cuarenta y ocho 48) horas antes, establecido por esta Sala Constitucional en la sentencia citada supra, al interpretar el artículo 57 del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Asimismo, se denunció que los días 28 de abril, 03 y 05 de mayo de 2016 hicieron cambios sobrevenidos al contenido del orden del día, incurriendo nuevamente en flagrante incumplimiento de la sentencia n° 269 del 21 de abril de 2016, y por ende, en quebrantamiento del orden constitucional que debe privar en las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela. Circunstancias estas que hacen necesaria la utilización de la potestad cautelar de esta Sala, sin que esto constituya adelanto sobre el fondo del asunto sometido en el recurso principal, esta Sala en aras de preservar los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la defensa y los principios de seguridad jurídica y postulados de orden constitucional atinentes al equilibrio en las instituciones que conforman el Poder Público Nacional para la preservación del orden democrático, atendiendo a la presunta violación de lo dispuesto en la sentencia de esta Sala Constitucional N° 269, antes mencionada, por parte de la Junta Directiva y de la Secretaría de la Asamblea Nacional, así como también por parte de los diputados que conforman la mayoria parlamentaria, quienes respaldaron a través de sus votos las decisiones tomadas en las sesiones celebradas los días 26 y 28 de abril, y 03, 05, 10, 12 y 17 de mayo de 2016, acuerda amparo cautelar solicitado por los actores, y, en consecuencia, se suspenden los efectos de las sesiones celebradas los días 26 y 28 de abril, y 03, 05, 10, 12 y 17 de mayo de 2016, junto a los actos producidos en ellas; así como también, ordena de manera cautelar a la Asamblea Nacional, a través de su Presidente, en atención a lo dispuesto en el artículo 26, 49, y 257 constitucional, que remita la documentación donde evidencie el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas en el fallo n° 269 del 21 de abril de 2016, en lo relativo a la convocatoria de la sesiones antes señaladas y el orden del día fijado para cada una de ellas, con la advertencia de que dicho mandamiento debe ser acatado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide." (Destacado de este fallo). Finalmente, debe concluirse que tales actos constituyen muestras claras de desviación de poder, como lo advirtió esta Sala en sentencia n.° 259 del 31 de marzo de 2016, en la que señaló lo siguiente: "...evidencia la Sala que los actos legislativos que pueden interferir con las acciones del Ejecutivo Nacional durante la vigencia de un Estado de Emergencia Económica válidamente declarado, pueden hacer nugatorias intencionalmente las funciones del Ejecutivo Nacional, evidenciándose una desviación de poder, en los términos que se justifican en el presente fallo". En tal sentido, este Máximo Tribunal de la República debe advertir que la participación o intervención directa o indirecta en las actuaciones desplegadas por la mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional, en contravención al ordenamiento constitucional y en contumacia a las decisiones emanadas por los órganos jurisdiccionales del país, generará las correspondientes responsabilidades y sanciones constitucionales, penales, civiles, administrativas, disciplinarias, éticas, políticas y sociales en general necesarias para salvaguardar la eficacia del Texto Fundamental que se ha dado democráticamente el pueblo venezolano, a través del proceso constituyente, para procurar su convivencia pacífica y promover su bienestar. Por lo antes expuesto se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al Consejo Moral Republicano, en razón de los posibles ilícitos que pudieran haberse cometido y estar cometiéndose con ocasión de los hechos señalados en esta sentencia e informe perentoriamente a esta Sala de las resultas de las actuaciones respectivas. Asimismo, se ordena remitir copia certificada de la presente decisión a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la República, por los posibles ilicitos contra el patrimonio público y el correcto funcionamiento de la administración pública, que pudieran haberse cometido con ocasión de hechos señalados en esta sentencia e informe perentoriamente a esta Sala de las resultas de las actuaciones respectivas. Igualmente, se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al Ministerio Público, en razón de los posibles ilícitos penales que pudieran haberse cometido y estar cometiéndose con ocasión de los hechos página original (tal como se publicó) [Página 64] 430.482 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA señalados en esta sentencia e informe perentoriamente a esta Sala de las resultas de las actuaciones respectivas. Así se decide. Por otra parte, por la vinculación del presente asunto con la materia electoral, se ordena remitir copia certificada de la presente sentencia al Consejo Nacional Electoral, así como a la Sala Electoral de este Máximo Tribunal, dada su inherencia con el proceso contencioso electoral antes referido que cursa ante esa Sala. Por último, se ordena la publicación íntegra del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, en cuyos sumario deberá indicarse lo siguiente: "Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara nula de toda nulidad, carente de validez, existencia y eficacia la Ley de Reforma Parcial del Decreto N.° 2165 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro, así como las Conexas y Auxiliares a Esta, sancionada por la mayoría de los diputados que integran la Asamblea Nacional, el 9 de agosto de 2016, por cuanto fue dictada en franco desacato de decisiones judiciales emanadas de este Máximo Tribunal de la República, sin que ello prejuzgue sobre otras posibles causales de nulidad por inconstitucionalidad, tanto de forma como de fondo, en las que pudiera estar incursa la pretendida ley". V DECISIÓN Por los razonamientos que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, decide: 1.- Su CoMPETENCIA para conocer de la presente solicitud de control previo de constitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial del Decreto N.° 2165 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro, así como las Conexas y Auxiliares a Éstas, remitida por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros. 2.- Se DECLARA nula de toda nulidad, carente de validez, existencia y eficacia la Ley de Reforma Parcial del Decreto N.° 2165 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro, asi como las Conexas y Auxiliares a Éstas, sancionada por la mayoría de los diputados que integran la Asamblea Nacional, el 9 de agosto de 2016, por cuanto fue dictada en franco desacato de decisiones judiciales emanadas de este Máximo Tribunal de la República, sin que ello prejuzgue sobre otras posibles causales de nulidad por inconstitucionalidad, tanto de forma como de fondo, en las que pudiera estar incursa la referida ley. DECLARA 3.- Se resultan manifiestamente que inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. 4.- Se orDENA remitir copia certificada de la presente decisión al Consejo Moral Republicano, a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público, al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría General de la República para que ejerzan las actuaciones que correspondan en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y jurídicas en general, e informen perentoriamente a esta Sala de las resultas de las mismas. 5.- Se OrDENA la publicación íntegra del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, en cuyos sumario deberá indicarse lo siguiente: "Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara nula de toda nulidad, carente de validez, existencia y eficacia la Ley de Reforma Parcial del Decreto N.° 2165 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro, así como las Conexas y Auxiliares a Esta, sancionada por la mayoría de los diputados que integran la Asamblea Nacional, el 9 de agosto de 2016, por cuanto fue dictada en franco desacato de decisiones judiciales emanadas de este Máximo Tribunal de la República, sin que ello prejuzgue sobre otras posibles causales de nulidad por inconstitucionalidad, tanto de forma como de fondo, en las que pudiera estar incursa la referida ley". Lunes 5 de septiembre de 2016 Publíquese, regístrese y notifiquese. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, 02 días del mes de Sepuemencde dos mil dieciséis a los (2016). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. La Presidenta GNG GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO El Vicepresidente, ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES Los Magistrados, JUAN JOSÉENDOZA JOVER CALIXTOORTR RYOS Aiatttt LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS LOURDES SUÁREZ ANDERSON FEDERICO SEBASTIAN FUENMAYOR GALLO La Secretaria (T), MARÍA ELENA BOHORQUEORTEGA CONSTTU página original (tal como se publicó) [Página 65] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 5 de septiembre de 2016 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER ELECTORAL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RESOLUCIÓN No. 160817-0144 Caracas, 17 de agosto de 2016 2060 y 1570 La ciudadana TIBISAY LUCENA RAMÍREZ, titular de la Cédula de Identidad No. 5.224.732, Presidenta del Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 38 numerales 7 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, el artículo 5 del Estatuto de Personal, en concordancia con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Registro Civil, dicta la siguiente Resolución: . -. CONSIDERANDO Que de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con la Ley Orgánica de Registro Civil, el Registro Civil es un servicio público esencial cuyos procedimientos y trámites deben guardar, entre otros principios, el de simplicidad, celeridad y eficiencia. CONSIDERANDO Que el artículo 32 de la Ley Orgánica de Registro Civil establece que el Consejo Nacional Electoral dispondrá de una Oficina de Registro Civil Municipal, así como Unidades de Registro Civil en parroquias, cementerios y establecimientos de salud públicos o privados. CONSIDERANDO Que según Punto de Cuenta N° 0122-16 de fecha 22/07/2016, emanado de la Dirección General de Talento Humano de este Órgano, se aprobó la designación del ciudadano Juan Pablo José Moreno Escalona, titular de la cédula de identidad Nº 17.873.627, para ocupar el cargo de Registrador Civil de Centros de Salud y Cementerios del Hospital Dr. Pastor Oropeza del estado Lara, adscrito a la Oficina Nacional de Registro Civil, en calidad de titular, con vigencia a partir del 17 de agosto de 2016. RESUELVE: Único: Designar para ocupar el cargo de Registrador Civil de Centros de Salud y Cementerios del Hospital Dr. Pastor Oropeza del estado Lara, adscrito a la Oficina Nacional de Registro Civil, en calidad de titular, al ciudadano que se especifica a continuación, quedando de la siguiente manera: N° Punto Cargo C.I. Responsable de Cuenta Registrador Civil de Centros de Salud y del Cementerios Hospital Dr. Pastor Juan Pablo José Moreno 0122-16 17.873.627 Oropeza del Escalona estado Lara, adscrito a la Oficina Nacional Registro Civil Resolución dictada a los diecisiete (17) días del mes de agosto de 2016. Comuníquese y publíquese. Auam meug TIBISAY LUCENA RAMÍREZ PRESIDENTA XAVIER ANTONIO MORENO REYES SECRETARIO GENERAL 430.483 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER ELECTORAL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RESOLUCIÓN No. 160829-0143 Caracas, 29 de agosto de 2016 206º y 1570 La ciudadana TIBISAY LUCENA RAMÍREZ, titular de la Cédula de Identidad No. 5.224.732, Presidenta del Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 38 numerales 7 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, el artículo 5 del Estatuto de Personal, en concordancia con el 'artículo 35 de la Ley Orgánica de Registro Civil, dicta la siguiente Resolución: . -. CONSIDERANDO Que de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con la Ley Orgánica de Registro Civil, el Registro Civil es un servicio público esencial cuyos procedimientos y trámites deben guardar, entre otros principios, el de simplicidad, celeridad y eficiencia. CONSIDERANDO Que el artículo 32 de la Ley Orgánica de Registro Civil establece que el Consejo Nacional Electoral dispondrá de una Oficina de Registro Civil Municipal, así como Unidades de Registro Civil en parroquias, cementerios y establecimientos de salud públicos o privados. CONSIDERANDO Que según Resolución Administrativa N° AAB-DA-012/2016 de fecha 24/02/2016, emanada de la Alcaldía del Municipio Andrés Bello del estado Bolivariano de Miranda, se aprobó la designación de la ciudadana Judith Margarita Padrón, titular de la cédula de identidad Nº 6.836.430, para ocupar el cargo de Registradora Civil de la Parroquia Cumbo del referido Municipio, con vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. RESUELVE: Único: Designar para ocupar el cargo de Registradora Civil de la Parroquia Cumbo del Municipio Andrés Bello del estado Bolivariano de Miranda, a la ciudadana que se especifica a continuación, quedando de la siguiente manera: N° Cargo Responsable C.I. Resolución Registradora Civil de la Parroquia Cumbo del AAB-DA- Municipio Andrés Bello Judith Margarita Padrón 6.836.430 012/2016 del estado Bolivariano de Miranda Resolución dictada a los veintinueve (29) días del mes de agosto de 2016. Comuníquese y publíquese. Baea Mne lal TIBISAY LUCENA RAMÍREZ PRESIDENTA XAVIER ANTONIO MORENO REYES SECRETARIO GENERAL página original (tal como se publicó) [Página 66] 430.484 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 5 de septiembre de 2016 MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General d la República Caracas, 31 de agosto de2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 1441 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar al CiUdadanO AuLEXIS ANTONIO RISQUEZ MONROY, titular de la cédula de identidad N° 11.676.707, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO CENTRAL (ENCARGADO), de la DireCCión de Secretaría General, adscrita a la Vicefiscalía, a partir del 31/08/2016 y hasta la reincorporación del ciudadano Wilmer José velásquez Borges. El referido ciudadano Alexis Antonio Risquez Monroy se desempeña como Archivista IV en el citado Departamento. ZomuniquesePubliquese. LUISA ORTEGA DÍAZ página original (tal como se publicó) [Página 67] CONTRALORÍA DEL ESTADO PORTUGUESA Lunes 5 de septiembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 430.485 @MiguelSMunoz IG @GacetaOficial GacetaOficial.io página original (tal como se publicó) [Página 68] 430.486 Lunes 5 de septiembre de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONSIDERANDO Que según el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, el monto de jubilación podrá ser revisado periódicamente, tomando en cuenta el monto del salario mensual que para el momento de la revisión tenga el último cargo con el que se otorgó el beneficio de jubilación. CONSIDERANDO Que en fecha 17 de marzo de 2015, el ciudadano Humberto Enrique Hidalgo Saavedra, emite Oficio S/N dirigido al ciudadano Carlos Montilla, Contralor determinación del porcentaje correspondiente al pago del beneficio de la jubilación especial otorgada, ya que para dichos cálculos no le fue tomada en consideración la prima de responsabilidad o jerarquía que devengaba durante sus funciones como Director General en la Contraloría del municipio Monseñor José Vicente de Unda del estado Portuguesa. CONSIDERANDO Que en opinión emitida por la Consultoría Jurídica de la Tesorería de Seguridad Social, en Oficio N° TSS-CJ-2013-007 de fecha 11 de febrero del año 2014, se establece que: “...resulta necesario determinar qué conceptos son percibidos por los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias, en virtud del servicio eficiente, que son pagados de manera regular y permanente en cada organismo, tales como las primas por: Profesionalización, Responsabilidad, Alto Nivel, Jerarquía, así como concepto de “servicio eficiente”. CONSIDERANDO Que la opinión emitida por la Consultoria Juridica de la Tesorería de Seguridad este Órgano de Control Fiscal Municipal, en Memorando N° 16-06-005 de fecha 04/02/2016. página original (tal como se publicó) [Página 69] Lunes 5 de septiembre de 2016 430.487 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA RESUELVE Artículo 1°: Ajustar, a partir del 1° de marzo del año 2016, el monto de jubilación al equivalente a UNO CON CINCUENTA Y OCHO (1,58) del salario mínimo nacional. Artículo 2°: El monto de la Jubilación podrá ser revisado y homologado periódicamente de acuerdo al salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional y de acuerdo a lo establecido en la Ley que regule la materia, Artículo 3°: El Jubilado seguirá disfrutando de los beneficios sociales establecidos y aplicables en el Estatuto de Personal vigente de la Contraloría del Municipio Monseñor José Vicente de Unda del estado Portuguesa. Comuníquese y publíquese, Dado firmado y sellado en el Despacho del Contralor de la Contraloría del municipio Monseñor “José Vicente de Unda” del estado Portuguesa, ubicada en la Av. 24 de Julio, Esquina Calle Ricaurte, Edificio Municipal parte alta, Chabasquén estado Portuguesa a los ocho (08) días del mes de julio del 2016, año 206 de la Independencia y 157 dg ABEHPO MONTILLA RODRIGUEZ CARL CONTRALOR MUNICIPAL MUNICIPIO "MONEÑORJOE VICENTE DE UNDA" DEL ESTADO PORTUGUESA SEGÚN ACUERDONOGULUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL N° EXT. DE FECHA 04/11/2011. BE NICENT página original (tal como se publicó) [Página 70] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 430.488 Lunes 5 de septiembre de 2016 DILE NO STUOLSHO SOT página original (tal como se publicó) [Página 71] Lunes 5 de septiembre de 2016 430.489 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA OUNID - MESIW SUMARIO Crcejare e de Requisitos para solicitar Gaceta Certificada de Naturalización √El trámite es PERSONAL. En caso de no acudir la persona, un familiar deberá consignar autorización con parentesco hasta 3er grado de consanguinidad (Padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tíos o sobrinos). √En su defecto consignar poder debidamente autenticado. Síguenos en Twitter @oficialgaceta @moficialimprenta página original (tal como se publicó) [Página 72] AÑO CXLIII - MES XI Número 40.981 Caracas, lunes 5 de septiembre de 2016 Esta Gaceta contiene 72 páginas, costo equivalente a 29,25 % valor Unidad Tributaria @MiguelSMunoz IG @GacetaOficial GacetaOficial.io página original (tal como se publicó)