[Página 1] SUMARIO VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Fundación “Gran Misión Saber y Trabajo” Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Hermes Gregory Marrero Betancourt, como Director General del Despacho, de esta Fundación. BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Aviso Oficial mediante el cual se procede a la publicación del Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito, mayo 2016. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución DM/N° 0074, de fecha 18 de julio de 2016, donde se designa a la ciudadana Sheila Josefina Saavedra Vásquez, como Directora (E), de la Zona Educativa del estado Bolívar. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD Resolución mediante la cual se ordena iniciar el proceso de Consulta Pública del Proyecto de Resolución de “Normativa para Regular el Etiquetado y Rotulación de los Envases de las Bebidas Gaseosas y Azucaradas, en todo el Territorio Nacional”. FUNDEEH Providencia mediante la cual se designa al ciudadano José Gregorio Andrade Ortiz, como Gerente de Administración y Servicios, de esta Fundación. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jorge Luis Guerrero Guerrero, como Director General (E) de Operación, Mantenimiento y Servicio de Transporte, de este Ministerio. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA Resoluciones mediante las cuales se declara la ocupación temporal de los inmuebles y lotes de terrenos que en ellas se especifican.- (Véase N° 6.246 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Oficina de Auditoría Interna Decisión mediante la cual se declara la Responsabilidad Administrativa de la ciudadana Dorgi Doralys Jiménez Ramos. MINISTERIO PÚBLICO Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo. Resoluciones mediante las cuales se traslada a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se indican, a las Fiscalías, Salas y Direcciones que en ellas se señalan, de este Organismo. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resolución mediante la cual se ordena a la máxima autoridad del Fondo de Crédito para el Desarrollo del estado Monagas (FONCREDEMO), en atención al principio de autotutela administrativa: a) Revocar el concurso público convocado para la designación del Auditor(a) Interno de ese Fondo, así como la designación del ciudadano Gregorio José Rodríguez Guerra, en ese cargo; b) convocar un nuevo concurso público para la designación del titular de la Unidad de Auditoría Interna, de ese Fondo. AÑO CXLIII - MES X Caracas, viernes 29 de julio de 2016 Número 40.955 @MiguelSMunoz IG @GacetaOficial GacetaOficial.io página original (tal como se publicó) [Página 2] 429.452 Viernes 29 de julio de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA BANCO CENTRAL DE VENEZUELA AVISO OFICIAL El Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 numeral 26 del Decreto Ley que lo rige, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y Demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico, procede a publicar el siguiente: "ESTUDIO COMPARATIVO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO" Mayo 2016 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTUDIO 1. La Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y Demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico, publicada en Gaccta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 39.021 de fecha 22 de septiembre de 2008, tiene por objeto garantizar el respeto y protección de los derechos de los usuarios y las usuarias de dichos instrumentos de pago, obligando al emisor de los mismos a otorgar Información adecuada y no engañosa a los y las tarjetahabientes. El presente "Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito" ha sido elaborado de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la mencionada Ley, donde se establece que el Banco Central de Venezuela debe publicar "un estudio comparativo de las tasas de financiamiento en tarjetas de crédito que Incluya como mínimo lo siguiente: tasas de para el o la tarjetahabiente, cobertura, plazos de pago y el grado de aceptación", Para ello se ha tomado como base la información suministrada, con carácter de declaración jurada, establecido en el articulo 46 de la misma Ley. En todo caso, el Banco Central de Venczuela reitera que se encuentra facultado para sancionar administrativamente, de corformidad con lo previsto en el articulo 135 del normativa dictada por el Instituto en materia de tasas de interés financiera y moratoria que aplican a operaciones activas con tarjetas de crédito a que alude el articulo 45 de la Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y Demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico; asi como a aquellas instituciones que incumplan la obligación prevista en el articulo 46 de la Ley en referencia, relacionado con la obligación de suministrar, en la estudio comparativo. Igualmente, se observa que el incumplimiento de la normativa emitida por el Banco Central de Venezuela en materia de comisiones, tarifas o recargos, será sancionado conforme a lo previsto en el artícuio 135 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Eentral de Venezucla. Asimismo, el Banco Central de Venezuela cumple con advertir que el objetivo de este informe no es promover ni patrocinar en forma alguna el uso de tarjetas emitidas por las instituciones bancarias, ni de franquicias o marcas asociadas a las mismas. En el caso de las tarjetas de crédito, el estudio comprende para cada tipo de tarjeta emitida por institución, los siguientes aspectos: tipo de tarjeta de crédito, tasa de interés de financiamiento y de mora, cobertura, piazo de pago y de financiamiento, número de puntos de venta y negocios afiliados, así como beneficios sin costo para el cliente. Igualmente, en el caso de las tarjetas de débito, se considera: cobertura, número de puntos de venta, negocios afiliados y cajeros automáticos, desagregados en cajeros remotos y en agencias. II. DEFINICIONES .Beneficios adicionales: Bencficios o servicios que brinda la franquicia (o marca) y el Banco Central de Venezuela de dicha calificación ni sobre su otorgamiento o no a los y las tarjetahabientes. Cobertura: Ámbito geográfico o sector de mercado en el cual puede ser utilizada la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Emisor: Empresas emisoras y operadoras de tarjetas de crédito, así como las instituciones bancarias autorizadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, que emitan u otorguen tarjetas de crédito, débito, prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, de uso nacional, internacional, o Franquicias: Entidades que otorgan las licencias de emisión de tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, American Express y Diners Club) y tarjetas de débito (Maestro y Visa). Negocios afiliados: Número de establecimientos comerciales que reciben pagos a través de la tarjeta en cuestión. Constituye un indicador del grado de aceptación. Plazo de pago: Período que transcurre desde la fecha de corte hasta el día máximo pago mínimo indicado en su estado de cuenta so pena de incurrir en mora. Puntos de venta: Número de terminales de punto de venta que pueden procesar aceptación. Tarjeta de crédito: Instrumento magnético, electrónico o de cualquier otra tecnologia de identificación del o de la tarjetahabiente que acredita una relación contractual entre el emisor y el o la tarjetahabiente, en virtud del otorgamiento de un crédito a corto plazo o línea de crédito a favor del segundo, el cual podrá ser utilizado avance de dinero en efectivo, entre otros consumos. Tarjeta de débito: Instrumento magnético, electrónico o de cualquier otra tecnología efectivo con cargo automático a os haberes de su cuenta bancaria y que es emitida previa solicitud de parte del o de la titular de la cuenta bancaria. Tarjetahabiente: Persona natural o jurídica a la cual el Emisor, otorgue tarjetas de crédito, débito, prepagadas, v/o demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, para el uso de un crédito, línea de crédito o cargo en cuenta. Tasa de interés de financiamiento: Tasa promedio anual que cobra la institución bancaria emisora al tarjetahabiente por concepto del crédito. Tasa de interés de mora: Tasa promedio anual que cobra la institución bancaria III. TARJETAS DE CRÉDITO En esta sección se detallan las tasas de interés de financiamiento y de mora que las instituciones bancarias cobran a sus clientes por el uso de las tarjetas de crédito, la cobertura, los plazos de pago y de financiamiento, el número de puntos de venta y de tarjetahabiente (Anexos N° 2 y 3). Las tarjetas de crédito se encuentran clasificadas por niveles, de conformidad con Circular emitida por el Banco Central de Venezuela el 04/03/2008, la cual establece: Nivel 1 (clásicas y similares), Nivel 2 (doradas y similares), Nivel 3 (platinum y similares) y Nivel 4 (black y similares). Estas tarjetas operan bajo las franquicias Visa, Mastercard, American Express y Diners Club, y tienen cobertura nacional e internacional, en el caso de las tarjetas ofrecidas por la banca pública. Algunas instituciones bancarias ofrecen tarjetas privadas, las cuales son aceptadas exclusivamente en los comercios afiliados a nivel nacional. En materia de tasas de interés, el Banco Central de Venezuela fijó las tasas de interés de financiamiento anual para las tarjetas de crédito en 17% la mínima, 29% la máxima y 3% adicional a la tasa de interés pactada por concepto de obligaciones morosas, según Aviso aplicadas. En este sentido, la mayoría de las instituciones bancarias se ubicaron en la tasa privada, presentó una tasa del 26%. La tasa de mora se ubicó en 3% anual para todas las instituciones. Por otra parte, las tarjetas de crédito denominadas "Cédula del Buen Vivir Bicentenario" unificadas en la actual "Cédula del Vivir Bien". Mediante Aviso Oficial del 19/09/2013 (G.0. N° 40.266 del 07/10/2013), este Instituto fijó en 15% la tasa de interés activa mínima anual a ser aplicada por las operaciones activas realizadas con dicha tarjeta. Igualmente, mediante Aviso Oficial del 19/09/2013 (G.O. N° 40.266 del 07/10/2013), se estipuló para la tarjeta de crédito identificada "Somos", perteneciente al Banco de Venezuela, una tasa minima de financiamiento del 14%. Con relación al plazo de pago, el mismo oscila entre 20 y 30 días y el de financiamiento entre 24 y 60 meses, el máximo de financiamiento lo ofrecieron la banca pública, asi como el Banco Fondo Común (BFC), el Banco Occidental de Descuento (BOD), Caroní y Sofitasa; no obstante, la mayoría de las instituciones bancarias financian a 36 meses. Las tarjetas de crédito son aceptadas en 433.260 puntos de venta, instalados en 351.169 negocios afiliados en el país. Es importante señalar, que existen 41.244 negocios adicionales que sólo aceptan la tarjeta American Express del BOD. (Anexos N° 5 y 6). IV. TARJETAS DE DÉBITO En este apartado se presenta información sobre el número de puntos de venta, negocios instituciones bancarias, previo otorgamiento de licencias Maestro y Visa (Anexo N° 4). Estas tarjetas pueden ser utilizadas sólo a nivel nacional y son recibidas en 433.143 terminales de puntos de venta, Instalados en 351.050 negocios afiliados, asi como en 10.137 cajeros automáticos (Anexos N° 5, 6 y 7). Algunos negocios afiliados disponen de dos tipos de terminales, los que aceptan las tarjetas de crédito y débito, y aquellos que sólo admiten transacciones de débito, lo cual las tarjetas de crédito. ANEXO N° 1 Información acerca de Tarjetas de Crédito Punton de Negocios Finenciamlerto Nevet. Coberture Banco Frerqutcie Financilo Mor Anedop: Vea 2.34 3.304 3.03 240 20 1O% BANCO Mastercard 42.x4 1.2.3.4 > 1.804 e 455 2,00% Nacione 20 ACTIVO .2.x0 .30 N 20 00 Moskorcart 0.2.. 3n AURICKIEA 2000 +2.4 Vias 300% o 12 458 11.751 Nacone BANCARDE 0.2.3.4 Mastercaet 0.2.34 Viaa Masiarcarn Naceal 95 38 25 110 88 29.00 » HANESCO 1.2.4 s Privarta Nacionai 11 12N 2. Vse 6.405 1.124 20.00. 20 BANPTIS 3 17.24 Maslecan! 1.204 Vinn 7 840 290n 4215 x00% Nacioes 20 60 enc Monstercan1 .2.%4 Viss 20.0m% 0.2.3.4 tancikonal 3.211 406 1.001% 60 BICENTENATIO bdernacionel Martercant 5.00% 164 42 518 20 0.2.X4 Mastercard Nvrimme 10m 40.487 60 non 2.8 41.244 21 47.518. 20 Narinnal ( V 4.2.*4 os 3.904 Tiacional 20 sa CARON 12.34 Mantercian! Ves Nienkoneal > 0 OITIBANA 1.2.30 Mastrrea 27 Vian om 36 1.902 Aom. Nacinal DEL SUM Mastencanit Vina 1.2.9 20,0% Nacinnal o 13.00%. 4.104 3.895 21 #0 Iniemacional DEL TESORD Masiercard 1.2.3. Vise 14.047 10.802 2.0. 3.00% Nacional 2 48 EXTERIOR 0.7.3.4 Masierand 1.2x* Vine 20 Maniecard riacione $2 797 33.851 0.7.x A.00% 3n MERCANTIL 22 Doivere Cuo : Nacrval 21 18 Prcata V6.4 1.2.X4 18.411 13.003 lotes Hacimal NACONAL DE x0m 30 36 1.2.× Mastercant Hackonanl 10.0 Priveda 3 3 2.0%, 500% Nincore 20. » .2.X.4 NOVO BANCO Mastercard 0.2.X4 08 157 Nacionel 2º 29.00, 1.60% NLAZA 1.2.3. Mastercart 1.2.14 3 R2 030 39.605 75 PROVINCIAL ;91% 0.2.x4 Mastercand om 1.289 1.0m%. Niwional 20 so .2.0 aeos S Mastec ar Viee 221 Necoe 1.234 Mastece . 3.325 2.800 yu ner 20 60 SCATTASA Narmol PuNna VENEZCE AN yuure Neackna *5 041 Mentercar 12.3 1.23 Hacove* bumaconal 60 Ma VOENELA » 30 829. 26041 n 2.0 Nescana 24 srcamm an ing estaorenindon ifio af bn h egon lo estaterdo on at caen o hrmadn ere amas panes (2) Creen de a la taea de cro Cddaof Ve Breda o a banca Pibc (3) nerpode ia taea de enu Tcm egie ho tos an e M de Foder Pouda pera la Juvand y el Depde (4) de e página original (tal como se publicó) [Página 3] Viernes 29 de julio de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ANEXO N° 2 Beneficios ofrecidos por las franquicias al consumidor Nivet Viae MastorCard: American Expross Dinere Dula Segrno de arciaontes do ves Cerno Sogudo dn arcidandes an vialos. de Asislenna Giehal Servicine dia anisinncia en vues begare de viajes. 1 nd e osay Seincia Segun o ie accidenie on viajes Maste Ciners Ckh Cath Salenes Vü Seguro de accidanies de vaes, seypar e Servicios de asistencia en vlajns en aiuers de Ept sie de inubomdules arquaoe. auintonria en 3a aiea de viam. Acen al umgrama inêesnal y Sur América ae y s aniine eucrn Keimis Acectate prr cradores de escsi a y pruaderen de senkcin hristuine an. r ed p úle Assimncia Ckbal Ragraro de accidente an wies Mantent Segane de aecidanenn de vaon, srger Sonvics Oe asferoa en viaje ong etseos d i du asotene dn e. Anceso al orgrama intamacincal medio do energaeria aitenis o Naner según de Se'ehs Uades y ofre sensioe wecush 3 Manter se nacion especiales pacs eieculivo de regicio, dfertaa excotioen de uder Cerdo de Asintencaa tilual Segurto do acidanden de en sroo. 12.4.0 Merner Sega o de acedone en vaine THewOA Senveins de asiarmoin en líneas Acceso al programa Ivriamnacional anctecis de Vacek. tianca Suite Gateany. Cocre Maune aegaer de Muiog. Selects Parenal pregana de premio Vha ismea parond Prawly Infeite Rewarde. nfaras as-huticas de . serveiis enperiioné Aaitel fanch hvemdriencia rotencie de edda de egapuan Sages de hae. exierirfitin edunage Oarandia Peoteccafin de compran Core o Asrsiencia Godel ANEXO N° 3 Otros beneficios adicionales sin costos Franmuicis Bance Nivel Bancos Frarnquisin 2.x. Vins Abwición Innirica a tauda deil cantn de sencón a Cherto lanr 24 horan, los 36s die del wios 10%. TO% RANCO 1.2.34 Banco intarnae Mantercani Pago de sue tajetas a bavés de la drecoióo 1,2.M4 won.bancoasiro oom Recepción de ion estdon de cuenta mennuaies vin nome o eiectrónno Emio de 02.94 Mastercoe w iE Alencifon tedirica por el 001-ap0 00 Dn / 02+2- 6214 ACMCOLA Mastecsei 953 78.42. lan 24 horas, los 385 das del ao Vnn 1.2. Nieiss Zy.: Flan de Mige flancanon PANCARIDE 12.84 Nivel ain al. 1.2.84 1.2.34 Musterciart Danearo On Uinn esclsivn bera blefonce Raresca, descuento en slanzae comaciaes. Aseltt servir de servicio de merpurle SMet Alención perscraluarin tingne Trogranna de e agendon. Programa de bonificación de Ibruernue wsll Memstarahrgs Hewande. Sericio de Amenicas BANESCO 1.24 coreulin de rove E:npress de NA mUmeraE N5n.AFX-AnD y Ds. dspesadoras de autosenvicios Intenaci ; Aleneióon Lalenomica lae 24 heras. Inn 355 dias del Vea 2.34 an Endo de SMS por vansacionas feynan dn sune y narge de la cuenta wie e mal. Mreee RANPLUS 12.. Masteraed wncw.baculus poms 1.2.7* Vea Access gretudin a fr C en inen para comertar. Fisindoe de cuenta BFC Iranelereecis 9.2.X4 MasimeCand 7. Emin de seladon de cunda via correo aechónice. Nl 4 riauas de sakn, eoyimimtoe y pago. a rauhs do n pira web ww hicerdenanbu coem Auencón RCUNITNARO A.2.3.4 Mesrerurt Iiefonca por el 0800BANCAn0 (0eno-220220n) Viea Servco de alecaón leletrica lae 24 serán. lon 365 dias del afo Sevicio BOCenternel pora corelln de 1.2.3.4 Maslaec ferl movmeres Fengprana salker D208. BOtlencuendn, oue eoreite an la aumdaraton de servkcine an el mamo circuito de la marca prvara Heach Sro de acidenken de e n ooa terán a tarde de oe mlanenn 060. a los cenumnn rellzadne por loe unuarins. Serdicin ANS Non y 0 AMEX-539 y 50-212- WOO Med para notlicacenes de conaumon rnalizadoe y bhamacinnes de códula de ssdo de ln Iejeta de crdto Servkio Home Danking a brares de la mágina weh waw americanerspeess com.ve 7 Fowckda.a Sercitio de alancidn leielonia Lune 24 hoas ion 365 Vim .2.A4 p e CARONI o 12.3.4 Mostenraeil Encio de estado de comida via correo dectamico. V u p D SaC n p2 s CIIBAFOR Senvicio huanca elecndoioe por rann,cilitentucorure Maeiereaed Pago de sus larelas y ascees a nus estadne de cuenta iplains Va diroecifa w de ur.com. Aeidn fauna las 2 heras. DF1. StN os 365 dos dei afo. a tavés mal ONnD DEl SURO (060n 35 7870s y 0501 909 9094 Cnematicn de 1.2.04 Nostercant lcanacones y ooficcion de vonciemeno do pigo SMS Alecior gereonaiznda a: agenriae y a travfa dm 1.M4 Vaa 22620) Canuna de ados. aiminena DEL TESORO estada de Cusnia dn Le Yamuote a aves de ofemel p mee lt. aab y9 Emon del jikstion sn camo. Masiercare Acencien ieleneca ian 24 honus. kos 3M5 das de aho Visa as de ExERR gn Tolefnco per al 0242. 1.2.4.4 508 50 0. Caneuta de satos, movimientos y pago ExTERION en tünea wew boncchaderiut.uam Senveo de 1.224 Mastercarf Mensige V Bolos Menc anal en d cull. por cae coneo n 1.2. 1.234 e bonfcación de iineses por finarciaientio y MENCANTE Doners Cue : Heentegno del 1% de los nonaunos faciurartos ucan le Terjela nleligenia Caracas Geuiry Ckat) Pemgrare folos Mercandi. Sevicio iecNET pe consulas ne taans 17.34 winiantoe y oyo de tajprtana Dado de NACIONAL DE 1.2.54 Masterant CHEDI1O A OUR HO SD OE AOH WIN NE Wn OOUSIOS 2LO Privatar un la ref de olcinas. Anención persorulizaia al clenon las 24 horen, loe NOVO RANCO Mestarcae1 Cana mensual por coreo elactronac Menans SMS de confemaón pe tranaciones 1.2.x. Cantro de atención telelfeica las 24 honat. los 365 Ves o y e HLAZA dirección macs.liaccogiaza.garo: programa puntos niazn programa de sata Daes chertes coe 1.7.24 Nastencan predhucos de koe noreles 3 y 4 Prograna de Provansian Servicio de distancia 171 Viss lolefneua las 24 haran. los 30s dias del aAs. Servicin PRCIVINCIAL (Ss) 0 e 1214 Página moc Wet wwm.utyncil com Cona:da de sakfon. mevimiarion, pagos, eniadia de 1934 0O COO-1OU NYIW CONU RA * SOBERANO Mestercant 09, sens 24 hora. kos 365 dias del afo. 1.21 Acceso vie viamel a senicio do coniutas facturaciones. pago y eireamos a vavés 56 srumen por parte y contunos Alencien leleln SOFITASA SOFITEs. Manserla infomaina por MSM Guza ce beneficios de disfrute del Parque de Aguo. Pronda usado en la cidad de Maraato Comadas de saldos movimiertons y Dagoe de la Von 1.2.4 e Farsanciones por SMs y aéreo eechrónico VENE ZOLANO DE OREDITO 1.2.3 Masluenart (rBzIAR. NmAN. DU ES EDE 2L0O A (er9ce) vora Mauinet /Movistar 1.28 Prigrama Juntos Samamos Punton, clave Imatóraca personal pae a O500 MCI AVE, clarewrt perhenel por waw barcodevenesunia con, anvicio do Noveilg Fiuery Pans acceso a ealag vur VENEZANLA Maelercini! e arer ppetns Ioe 305 dae det ao. untn de arein du pae ein coeio para la tarjetas de crneion "oronoy Fecarte Chin ded Viue Bn 429.453 ANEXO N° 4 Información acerca de Tarjetas de Débito Cajeros Automáticos N- segiclon Franquicie Coberkiers Remo los 11 Agencia 21 Hancos Anlados Venta 3.003 M009 Nacord 3.304 52 57 100%. HANCD 5 ACTIVO 7.004 Necnd 6 455 Mansben 11 47 1.5831 950 73 70 Moesie Fiksriend AORICELA 11751 274 243 12 45A 31 Mnesro Nacional RANCARIRE 1108 1.370 05.336 1475 Maesin 0s BANESCO 40 Moesin Nacinad 0.445 7.124 41 BANPLIS 215 7.640 207 2mn Mamni~ 37.n 947 182 760 Mamale 35.211 tociond RIOENTENARIO 519 42 518 703 8A 4*7 184 NOO Man 3 04 132 121 4.159 CAFON! 4. Msein 15 CITIANAK 15 Maesin 0 0 6 51 1.771 DEL SUAR 57 Msesh Ne 735 192 43 4.104 3 F05 DEA TTSORO Mare de 131 14 047 10.602 141 16 EXTERIOR 232 204 33.851 R2 797 Rtaebe Lowriral. MERUANTIR HACHOUAL FE 336 461 125 10411 13.063 CREEHTO 222 Marshrg 25 0 NOVOBANCO 3571 4 143 45 48 2 Moestin PEAZA 1ick 2 083 376 1 685 62 030 38.585 PRICVINCIAL Maes70 .Harire 1.322 1 269 38 34 SOBERANNO Maesinn Nacismnal 148 21 127 Manefmn 2.86n 3325 SOFASA Mamseo VENCZOLANO DE 40 143 n7 758 24 Nviond Visa OREDITO Supeelesie 1.501 1 290 302 30 629 N 28.541 VENEZUELA Meeniro t/ URecados fun de lae agente s ANEXO N° 5 NÚMERO DE PUNTOS DE VENTA TARJETA DE CRÉDITO 435.000 433.260 425.000 415.000 405.000 395.000 385.000 375.000 365.000 355.000 345.000 ene-13 may-13 jun-13 dic-13 8ne-14 abr-14 jub-13 mar-14 ag0-14 sep-14 feb-14 may-14 ju-14 0Ct-14 jun-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 nov-14 abr-15 may-15 jun-15 0Ct-15 ene-16 jub-15 nav-15 dic-15 mar-16 abr-16 feb-16 may-16 Citras preliminares Fuente: Instituciones bancarias y cálculos propios. TARJETA DE DÉBITO 435.000 433.143 425.000 415.000 405.000 395.000 385.000 375.000 365.000 355.000 345.000 nov-13 feb-13 ene-13 mar-13 abr-13 may-13 ago-13 act-13 sep-14 M-13 sep-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 jun-14 ag0-14 0ct-14 mar-15 sep-15 Mn-13 abr-14 may-14 jub-14 nov-14 dic-14 feb-15abr-15 may-15 jun-15 ago-15 ane-15 jub-15 act-15 nov-15 dic-15 may-16 ene-16 f8b-16 mar-16 91-J0E Cifras preliminares Fuente: Instituciones bancarias y cálculos propios. página original (tal como se publicó) [Página 4] 429.454 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ANEXO N° 6 NÚMERO DE NEGOCIOS AFILIADOS TARJETA DE CRÉDITO 351.169 355.000 345.000 335.000 325.000 315.000 305.000 295.000 285.000 275.000 ene-13 ago-13 mar-13 sep-13 oct-13 en8-14 may-14 sep-14 abr-13 may-13 nov-13 jub-14 ago-14 0Ct-14 dic-13 feb-14 mar-14 abr-14 jun-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 sep-15 0Ct-15 may-15 jun-15 ago-15 dic-15 ene-16 abr-15 nov-15 feo-16 abr-16 may-16 jub-15 mar-16 Cifras preliminares Fuente: Instituciones bancarias y cálculos propios. TARJETA DE DÉBITO 355.000 351.050 345.000 335.000 325.000 - 315.000 305.000 295.000 285.000 275.000 abr-13 jun-13 may-13 jub-13 oct-13 nov-13 dic-13 feb-14 may-14 eneene-14 abr-14 ago-14 mar-14 jun-14 sep-14 OCI-14 jui-14 nov-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 sep-15 may-15 ju6-15 oct-15 may-16 dic-15 ene-16 mar-16 abr-16 feb-16 Cifras preliminares Fuente: Instituciones bancarias y cálculos propios. ANEXO N° 7 CAJEROS AUTOMÁTICOS 10.600 10.500 10.400 10.137 10.300 10.200 10.100 10.000 9.900 9.800 may-16 oct-15 ene-16 abr-16 may-15 jub-15 ago-15 mar-16 sep-14 mar-15 jun-15 sep-15 nov-15 dic-15 feb-16 abr-14 ago-14 0C1-14 abr-15 may-13 ago-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jun-14 ju-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-13 jun-13 ju-13 sep-13 OC1-13 dic-13 feb-14 ene-13 let-13 abr-13 Cifras preliminares Fuente: Inslituciones bancarias y cálculos propios. Viernes 29 de julio de 2016 10.137 3.362 1.563 1.2141.143 935 863 505 289 263 Nor- TOTAL Capitat Central Centro- Los Andes Zuliana Gunyans Los Lianos Insular Orientai Occidental Cifras preliminares Fuente: Instituciones bancarias y cálculos propios. Caracas, 28 de julio de 2016 En mi carácter de Secretario Interino del Directorio, certifico la autenticidad del presente Aviso Oficial. Comuníquese y publíquese. A POMK Eudomar Tevar Primer Vicepresidente Gefente (E) MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN RepublicaBolhde Ve. Mimnsteri de Pode-Popuiapa la scacon Despacho del Ministro ,28de Caracas, : de 2016. DM/N° 0046 206°, 157° y 17° Con el supremo compromiso y voluntad de lograr una mayor eficacia política y calidad revolucionaria de la Administración Pública, en aras de la construcción del socialismo y un Estado ético, en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con los artículos 16 y 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el Ministro del Poder Popular para la Educación, RESUELVE Artículo 1. Corregir por error material el artículo 1 de la Resolución DM/No 0074 de fecha 18 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.948 de fecha 20 de julio de 2016, a través de la cual se designa a la ciudadana Sheila Josefina Saavedra Vásquez, titular de la cédula de identidad N° V-11.725.226, como Directora (E) de la Zona Educativa del estado Bolívar, a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, siendo lo correcto a partir del 01 de agosto de 2016; asimismo, incorporar la frase "y Socia/"en la denominación del Plan de la Patria. Articulo 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley de Publicaciones Oficiales, imprímase a continuación el texto Integro de la Resolución DM/No 0074, de fecha 18 de juo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.948/de fecha 20 de julio de 2016, con la inclusión de la corrección señalada, manteniendo el número y fecha de la Resolución. Comuniquese y Publia RODULFO HUMBERTO PEREZ IEBNÁBDEZ Ministro del Poder Popularipara la Educación 2016. julio de DM/N° 0074 18 de Caracas, 206°, 157° y 17° Popular en la gestión de Gobierno Revolucionario mediante la revisión, rectificación, reimpulso y reunificación, que exige funcionarias y funcionarios honestos y eficientes, con valores, conducta moral, decorosa y digna del pueblo soberano enalteciendo su vocación de servicio; en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 34, 65 y 78 numerales 19 y 26 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lo dispuesto en los artículos 5 numeral 2, 19 último aparte y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y articulo 1 del Reglamento sobre Delegación de Firma de los la presente, página original (tal como se publicó) [Página 5] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 29 de julio de 2016 RESOLUCIÓN Artículo 1. Se designa a la ciudadana Sheila Josefina Saavedra Vásquez, titular de la cédula de identidad N° V-11.725.226, Directora (E) de la Zona Educativa del estado Bolívar, a partir del 01 de agosto de 2016, quién ejercerá las funciones norte los principios y valores humanistas del socialismo, cuyo objetivo fundamental es la justicia social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanos y las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela, contemplados en el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Artículo 2. Se autoriza expresamente a la mencionada ciudadana, con el carácter que se le otorga mediante la presente Resolución; para que actúe como Cuentadante de la Unidad Administradora Desconcentrada con Firma Zona Educativa del estado Bolívar, bajo el Nº 10006, de conformidad con la Resolución DM/N° 011 de fecha 11 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.846, de fecha 11 de febrero de 2016, mediante la cual se modifica la Resolución DM/N° 0109 de fecha 17 de diciembre de 2015, donde se aprueba la estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del en el artículo 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario. Artículo 3. Se delega en la referida ciudedana las atribuciones y firma de los actos y documentos que a continuación se indican: 1. Las certificaciones de las calificaciones donde conste los resultados de evaluación educativa de los distintos niveles y modalidades del Subsistema de Educación Básica. Las equivalencias de los planes de estudios vigentes cursados en el exterior en el 2. nivel de educación media. Expedir copias certificadas de los documentos que reposan en los archivos de la 3. Zona Educativa, a solicitud de parte interesada legítima o de las autoridades competentes. 4. elevadas a este Ministerio, por particulares y demás instituciones públicas y privadas. Las circulares, comunicaciones y correspondencia que emanen de la Zona 5. Educativa. 6. Los contratos de arrendamiento de inmuebles para el funcionamiento de las dependencias administrativas, depósitos y planteles educativos, en su ámbito geográfico, mediante acto motivado, cuando las circunstancias así lo justifiquen; de conformidad con las disposiciones previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos. Igualmente, los contratos de servicios básicos con las empresas de electricidad, gas, agua, teléfono, telecomunicaciones, correo, aseo urbano, que sean necesarios para el mejor desempeño de la Zona Educativa correspondiente, de acuerdo al monto de la asignación presupuestaria y a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público Sobre el Sistema Presupuestario. Artículo 4. La referida funcionaria deberá rendir cuenta al Ministro, de los actos y documentos firmados en virtud de la delegación conferida en el artículo anterior, y es responsable civil, penal, disciplinaria y administrativamente de las faltas en que incurra y puede ser sancionado según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación y otras Leyes vigentes aplicables. Artículo 5. Los actos y documentos firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma de la funcionaria delegada, la fecha y número de la presente Resolugión, asi como la fecha y número de la Gaceta Oficial donde haya sido publicada. è Comuníquese pybyucacio wf RODULFO HUMBERTO PERE&HERNANDEZ Ministro del Poder Popularpara la Educación MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD NÚMERO 301 27 DE JUNIO DE 2016 206°, 157º y 170 RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Decreto número 2.181 de fecha 06 de enero de 2016, publicado en a Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezueja número 40.822 de la misma fecha, en concordancia con o establecido en el numeral 2 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, este Despacho Ministerial, 429.455 CONSIDERANDO Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del decreto N° 6.217 con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de a República Bolivariana de Venezuela N° 5890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, los órganos y entes de la administración pública promoverán -la-participación ciudada a de 1a gestión pública, CONSIDERANDO Que de conformidad con el citado artículo 139 del decreto cón rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administracion Pública, los órganos o entes públicos que, en su rol de regulación, propongan la adopción de normas reglamentarias o en otra jerarquía, deberán someter dichas normas a yn procedimiento de consulta pública con los sectores interesados, CONSIDERANDO Que es deber del Estado adoptar las medidas necesarias dirigidas a que toda persona participe en la ejecución, control y formulación de la gestión pública, CONSIDERANDO Que conforme al Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6.118. Extraordinario de fecha 04 de diciembre de 2013, es deber del Estado fortalecer el Poder Popular en el ejercicio compartido de funciones de planificación, elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas públicas, CONSIDERANDO Que es deber de los entes públicos, cuando propongan las adopción de normas legales reglamentarias o de otra jerarquía, garantizar la participación de las comunidades organizadas y las organizaciones públicas, RESUELVE ARTícuLo 1. Ordenar el inicio del proceso de Consulta Pública del Proyecto de Resolución de "NORMATIVA PARA REGULAR EL ETIQUETADO Y ROTULACIÓN DE LOS ENVASES DE LAS BEBIDAS GASEOSAS Y AZUCARADAS, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL", el Cual comprenderá el siguiente articulado: "Artículo 1. La presente Resolución tiene por objeto regular el etiquetado y rotulación de los envases de las bebidas gaseosas y azucaradas, en todo el territorio Nacional. Artículo 2. El Ministerio del Poder Popular para la Salud, a través de Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, es la autoridad competente para otorgar la autorización y aprobación del etiquetado y rotulación de los envases de las bebidas gaseosas y azucarádas. Artículo 3. A los fines previstos en la presente Resolución, se establecen las siguientes definiciones: Bebida gaseosa y azucarada: Es un a) líquido saborizado, efervescente (carbonatado) y sin alcohol, con un alto contenido de edulcorantes (azúcares). Etiqueta: Toda leyenda, marca, imagen u b) otro elemento o signo descriptivo gráfico, escrito, impreso, estampado, litografiado, marcado, grabado en relieve, huecograbado, adherido o sujeto al envase p sobre el propio producto industrial. c) Rotulado: Es cualquiermaterialescrito, impreso o gráfico que acompañe la bebida gaseosa y azucarada, incluso el que tiene por objeto fomentar su ventà o colocación. página original (tal como se publicó) [Página 6] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 429.456 Envase: Cualquier recipiente o envoltorio d) que contiene las bebidas gaseosas y azucaradas para su entrega como producto único que lo cubre total o parcialmente. Un envase puede contener una unidad o varias unidades o tipos de bebidas, cuando se ofrece al consumidor. Artículo 4. Las bebidas gaseosas y azucaradas contendrán en el etiquetado y rotulado de los envases, advertencias, a través de textos acerca de los daños a la salud derivados de su consumo en exceso. El etiquetado y rotulado deberá contener adicionalmente las advertencias escritas, emblemas, leyendas, distintivos y, en general cualquier otro elemento que no deje lugar a dudas; respecto a la verdadera naturaleza del producto. Artículo 5. Tales advertencias deberán cumplir con las siguientes condiciones: a). Incluir en los envases una u otra de las advertencias previstas en el literal "e" del presente relativas a los riesgos derivados del artículo, consumo en exceso de bebidas gaseosas y azucaradas. Los caracteres del texto deberán colocarse en b) forma legible y claramente destacada, en caracteres negros sobre fondo blanco o caracteres blancos sobre fondo negro, el cual ocupará el quince o veinte por ciento (15-20%) del área del envase o empaque. El tamaño de _los caracteres debe ser c) proporcional al tamaño del recuadro que lo contenga. Estar precedidas de la afirmación: "El d) Ministerio de Poder Popular para la Salud advierte". Los textos a utilizar serán los siguientes: e) "El consumo de bebidas gaseosas y i. azucaradas aumenta el riesgo de diabetes, problemas cardíacos, infarto, cáncer, osteoporosis, caries dental y erosión del esmalte dental". "Los refrescos contienen niveles altos de 2. ácido fosfórico que se han asociado con cálculos reales y otros problemas de los riñones". "El consumo de bebidas gaseosas y 3. azucaradas contribuye a la obesidad". f Los textos utilizados deberán ser dotados cada seis (6) meses en las etiquetas de los productos. Artículo 6. Se establece como fecha límite para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución por parte de la industria de bebidas gaseosas y azucaradas, el primero (01) de septiembre de 2016. Artículo 7. Los productos fabricados con anterioridad a la fecha de publicación de la presente Resolución, distribuidos en los puntos de venta al consumidor, podrán ser comercializados hasta el primero de (01) de diciembre de 2016. Artículo 8. En caso de incumplimiento o violación de las disposiciones previstas en esta Resolución, se aplicarán las medidas cautelares y/o sanciones administrativas que hubiere lugar, según la naturaleza y gravedad de la falta, de conformidad con las Leyes, Reglamentos, Decretos y Resoluciones, contenidos en el ordenamiento jurídico vigente, Artículo 9. Corresponde al Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, velar por el cumplimiento de la presente Resolución. Artículo 10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, a partir de la publicación del presente instrumento, se reinicio el procedimiento de Consulta Pública a los fines de modificar, mejorar o ampliar el objeto regulado por el mismo. Artículo 11. Se derogan todos los actos administrativos que contravengan φ colidan con el contenido de este instrumento. Artículo 12. La presente Resolución. entrará en vigencia a partir de su publicafión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela". Viernes 29 de julio de 2016 ARTÍcuLo 2: Fijar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Lèy Orgánica de la Administración Pública, los siguientès parámetros a los fines de la sustanciación del procedimienco de consulta pública: a. El texto del Proyecto de Resolución: "NoRMATIVA PARA REGULAR EL ETIQUETADO Y ROTULACIÓN DE LOS ENVASES DE LAS BEBIDAS GASEOSASY AZUCARADAS, EN TODO EL TERRITORIO NACIoNAL", será publicado en el Portal weo: www.sacs.gob.ve, a los fines del conocimiento por pare de todos los ciudadanos y ciudadanas, instituciones, gremios, asociaciones, partes interesadas o entidades que deseen participar en el proceso de consulta. b. Las observaciones, comentarios y sugerencias deberán ser enviadas por escrito a la siguiente dirección: Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaris, ubicada en Centro Simón Bolívar, Edificio Sur, Portal Municipal, Piso 3, Oficina 324. El Silencio, Caracas, Venezuela, Código Postal 1010, Caracas, Telf. (021?) 408.05.02/ Fax (212) 408.05.05, o a través del Correo electrónico: consultaspublicas_sacs@mpps.gob.ve. c. El proceso de Consulta Pública se extenderá por un lapso de diez (10) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Yenezuela, tiempo en el cual los interesados presentarán/las observaciones, comentarios y sugerencias que estimen convenientes respecto al articulado propuesto. ARTícuLo 3: Una vez finalizado el plazo establecido en el literal "c" del artículo 2, el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, a través de la Dirección/ General, ejercerá la coordinación y planificación del procedimiento de consulta pública, a los fines de evaluar las observaciones, comentarios Resolución Ministerial, mediante el cual se establecerá la Normativa para Regular el Etiquetado y Rotulación de los Envases de las Bebidas Gaseosas y Azucaradas, en todo él Territorio Nacional. ARTícuLo 4: Se deroga la Résolución N° 547 de fecha 14 de octubre de 2015, publicada en Gaceta Oficial de la República, Bolivariana de Venezuela N° 40.803 de fecha 04 de diciembre de 2015. ARTícuLo 5: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y pubtiatrese, LUISANA MELO -OLORZANO Ministra del Poder Popularparaca Salud Decreto N° 2.181 de fecha a6 de enero de 2016 Gaceta Oficial N° 40.822 de fecha 06 de enerode 2016. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO (FUNDEEH) PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° CJ-010-2016 CARACAS, 22 DE JULIO DE 2016 206%, 157° y 17° LUISANA MELo sOLóRzANO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-5.886.44c, en su COndiCIón de PRESIDENTA ENCARGADA DE LA FUNDAC ÓN DE EDIFICACIONES EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO (FUNDEEHI, según consta en la Resolución N° 013 de fecha 18 de enero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 43.831 de fecha 19 de enero de 2016; en ejercicio de las funciones que le confiere la Cláusula Décima Quinta numerales 1, 5 y 17, y en función de lo dispuesto por la Cláusula Novena ambas pertenecientes a los Estatutos Sociales de la página original (tal como se publicó) [Página 7] MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Viernes 29 de julio de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 429.457 @MiguelSMunoz IG @GacetaOficial GacetaOficial.io página original (tal como se publicó) [Página 8] 429.458 Viernes 29 de julio de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades cuya decisión hoy nos ocupa, del hecho presuntamente contrario al marco regulatorio mencionado y que motivó la formalización de la potestad investigativa; tuvo acceso al expediente, otorgó Poder apud-acta en fecha PROBATORIOS CON OCASIÓN AL INICIO DE POTESTAD INVESTIGATIVA (...)" contentivo de sus argumentos y pruebas (folios 127 al 226). en donde expuso las razones de hecho y de derecho que consideró pertinentes, las cuales fueron apreciadas en el Informe de Resultados de fecha 30/07/2015 (folios 329 al 366), actuaciones que en su conjunto ponen de manifiesto que este órgano de control fiscal interno respetó los principios, garantías y derechos fundamentales consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)". El expediente administrativo conformado al efecto fue remitido a la Dirección de Determinación de Responsabilidades, en fecha 05/08/2015 consiguientes de conformidad con el articulo 81 de la LOCGRSNCF. Ahora bien, una vez que la Dirección de Determinación de Responsabilidades recibió el expediente conformado por la Dirección de Control Posterior, fue valorado y, ante la existencia de elementos de prueba y convicción, procedió al inicio del procedimiento para la determinación de responsabilidades, mediante el auto motivado de fecha 29/10/2015 el cual fue debidamente notificado a la ciudadana Dorgi Doralys Jiménez Ramos, como se expone seguidamente. Se iniciaron los trámites tendentes a lograr la notificación personal de la interesada legítima y siendo infructuosos se publicó cartel de notificación en 23/11/2015 (folios 415 al 416), de acuerdo con las previsiones establecidas Administrativos (LOPA). aplicables en atención a lo previsto en la Disposición Final Tercera de la LOCGRSNCF. En fecha 30/11/2015 la interesada legitima compareció por ante la 0A1 solicitó, copia simple y certificada del Expediente que nos ocupa (folio 417), ta cual fue acordada y retirado según consta al folio 418, actuación que interrumpió el lapso establecido en el articulo 76 de la LOPA, por lo que se entendió por notificada a partir de esa fecha, oportunidad procesal en la que se dio inicio al lapso de quince (15) días hábiles para indicar o consignar las pruebas que a su juicio pudieran favorecerle y que produciría en el acto oral y público. garantizando el debido proceso y respetando el derecho a la defensa. En la notificación del auto de apertura, se le indicó a la interesada los lapsos procedimentales y que se encontraba a derecho para todos los efectos del procedimiento de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la LOCGRSNCF, en concordancia con Ios articulos 90 y 91 del RLOCGRSNCF, en este contexto presentó en el marco del procedimiento dos (2) escritos cursantes a los folios 426 al 629 y 645 al 690; y asistió al acto oral y público que tuvo lugar el 22/02/2016, según consta en el acta levantada al efecto y que está inserta en los folios 712 y 713. Actuaciones que. en su conjunto, denotan el total y absoluto apego al procedimiento estatuido en resguardo de los principios, derechos y garantías consagradas en el referido artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Expuestas grosso modo las principales fases procedimentales seguidas por este órgano de control fiscal interno, es pertinente reiterar que, el hecho que se presume irregular está referido a la posible inactividad administrativa por parte de la ciudadana Dorgi Doralys Jiménez Ramos. ya identificada. cuando ejercía funciones como Directora General, encargada, de la OAl, al no haber tramitado la solicitud de averiguación administrativa, en presunta contravención de las normas constitucionales, legales y sublegales. especialmente las contenidas en el numeral 6 del Capitulo V "De Las Funciones de la Unidad de Auditoría Interna", de los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna, al establecer dentro de las competencias fundamentales de los órganos de solicitudes que formule cualquier órgano, ente o empleado público, vinculadas con la comisión de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal!, (...". Asi mismo, el numeral 7 del articulo 17 del Modelo Genérico del Reglamento Interno de Unidades de Auditoría Interna, que prevé que las Unidades de Auditoria Interna deben "Recibir y tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que formule cualquier órgano, ente o servidor público (..)". Por su parte, el numeral 6 del artículo 7 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Energía y Minas (ROMEM) al determinar la obligación de "Abrir y sustanciar las averiguaciones administrativas" y el articulo 5 numeral 6 del Reglamento Interno del Ministerio de Energía y Minas (RiMEM). al disponer que deberá: "Conocer, sustanciar, decidir y en general, dirigir y coordinar las averiguaciones administrativas (...)". En correspondencia con las normas parcialmente citadas, el articulo 5 de la LOCGRSNCF establece: "La función de control estará sujeta a una planificación que tomará en cuenta los planteamientos y solicitudes de los órganos del Poder Público, las denuncias recibidas [entre otros) (corchete legítima no activó las funciones atribuidas a la Oficina de Auditoría Interna, al no considerar la solicitud de averiguación administrativa dentro de las "actividades no programadas" en el cuarto trimestre del año 2013 o durante.. el año 2014. De igual forma, no se incluyó dicha solicitud (contenida en el en su posible reprogramación correspondiente al año 2014: habida cuenta, lo dispuesto en el literal "a" del artículo 10 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI) emanadas de la Contraloria General de la República que administrativa de las unidades, programas, proyectos u operaciones que tienen a su cargo". lo cual implica ejercer una minuciosa labor de supervisión respuesta oportuna a las solicitudes o denuncias presentadas ante la OAI. Por último, el Código de Conducta de los Servidores Públicos (CCSP) en su artículo 3 literales: e, h y f. destaca los principios rectores que rige la la Administración Pública y. a tal efecto, en su artículo 12 que refiere principio de responsabilidad el cual es definido como: "...) disposición y diligencia en el cumplimiento de las competencias, funciones y tareas encomendadas, (...) asumir las consecuencias de la conducta pública sin excusas de ninguna naturaleza, cuando se requiera o juzgue obligante". En virtud de lo expuesto, el hecho que se presume irregular y que motivó el inicio de este procedimiento de naturaleza sancionatoria, pudiera ser subsumido en el supuesto generador de responsabilidad administrativa previsto en el numeral 26 del artículo 91 de la LOCGRSNCF, que establece: Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° J36.22° de fecha 17ou/Po>77. Gacsta Oricial de la República de Venezuela N° 36.4%o de fecia 1 507:1vevs. *Gaccta Oficial de la República Bolivariana de Venezaela N° 5.9os Extroedimario de tecita 1902/2009 Gaccta Oficial de la Republica Bofivaina de Venezsela N° 2.818 Extraudurto de lecha 01/07/1981. "Artículo 91. Sin perjuicio de la Responsabilidad Civil o Penal, y de lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de Responsabilidad Administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación: (.….)) 26.- Quienes incumplan las normas e instrucciones de control dictadas por la Contraloría General de la República. (.….)"" La afirmación sobre la comisión del hecho presuntamente irregular anteriormente mencionado, en relación con la referida ciudadana Dorgi Doralys Jiménez Ramos, ya identificada, se deriva fundamentalmente de los elementos y pruebas que se mencionan a continuación: A los fines de evidenciar que la interesada legitima ocupó el cargo de Directora General, encargada, de la Oficina de Auditoria Interna del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, durante el periodo comprendido entre el 01/10/2010 al 15/10/2014, cursa a los folios 28 al 32. Resoluciones números 151 y 086. publicadas en las Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela números 39.522 y 40.520 de fechas 01/10/2010 y 16/10/2014, respectivamente. en la primera de las mencionadas, se encargó a la precitada ciudadana en el cargo aludido y, en la segunda, se desprende el cese en esas funciones, teniendo en consideración el principio de paralelismo de las formas que preconiza que los actos administrativos se modifican o revocan siguiendo el mismo procedimiento con que se constituyen. Ahora bien, estando en el ejercicio de sus funciones, la interesada legitima habría incurrido en una inactividad administrativa al no atender una solicitud de averiguación administrativa por "Presunto incumplimiento de la obligación de inhibición de funcionaria", formalizada según se evidencia de las copias certificadas del memorándum código DI-312 de fecha 28/11/20±3. emanado de la Dirección de Industrialización y Tecnología de los. Hidrocarburos del MPetroMin (folios 19 al 21), asi como del memoranda' código DI-311 de fecha 28/11/2013, emitido por la mencionada Dirección referido a las "Observaciones al Acta de Entrega de la Dirección de Industrialización del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería", en el que también se hace referencia a los hechos que motivaron la solicitud de averiguación (folios 15 al 18); del contenido de ambos documentos, se evidencia el sello húmedo, la fecha y la firma de la funcionaria de este órgano de control fiscal interno que los recibió. La solicitud que nos ocupa fue ratificada a través del memorándum código DI- 013 de fecha 03/02/2015, mediante el cual requirió a la OAl a cargo de quien suscribe conocer el "(...) Estatus de la Averiguación Administrativa por Presunto Caso de Incumplimiento de la Obligación de Inhibición de Funcionaria' " (folios 22 al 25), evidenciándose que el órgano de control interno, desde el 28/11/2013, estaba en pleno conocimiento de los hechos que dimanan del contenido de los documentos precedentemente mencionados. En este contexto probatorio, también se consideró el contenido del acta de inspección de fecha 27/03/2015, levantada en el Centro de Documentación y Archivo de la OAl (folios 26 al 27). mediante la cual se evidenció, que no se encontraban archivados o registrados los memoranda código DI-311 y DI- 312, ambos de fecha 28/11/2013, en la correspondiente base de datos. Copia certificada del oficio código OAl-064 de fecha 20/12/2013, por medio del cual se remitió a la Contraloría General de la República, copia del Plan de Trabajo de la OAI del año 2014. Un (1) Disco compacto (CD) contentivo del plan de trabajo de la OAl del año 2014 y las actividades ejecutadas correspondientes al último trimestre del año 2013 y de los cuatro trimestres del año 2014 (CD adjunto). donde no consta actuación alguna relacionada con el contenido del memorando DI-312. Igualmente fueron valoradas las actas de las declaraciones aportadas por las ciudadanas Yadira Heriberta Garcia Flores (folios 39 al 40) y Yosmeli Francisca Ortega Rosales (folios 43 al 44). en fecha 13/04/2015, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 7 y numeral 1 del artículo 77 de la LOCGRSNCF. De igual manera, fue considerada el Acta levantada en la oficina de la secretaria de la OAl, en fecha 14/04/2015. a los fines de dejar constancia de la ubicación (física o digital) de los memorandos códigos: DI-311 y DI-312 (folios 45 al 46), cuyo resultado arrojó que estos no se encontraban archivados o escaneadas. Así mismo, se valoró el contenido del Acta que contiene la declaración de fecha 02/06/2015, rendida por la ciudadana Jumersi La Rosa, quien para el momento de ocurrencia de los hechos se desempeñó como Directora de Industrialización del MPetroMin (folios 257 al 258). mediante la cual se confirma la remisión de la memoranda DI-311 y DI-312. y. a su vez, hace referencia a conversaciones sostenidas con la interesada legítima sobre la solicitud cuya desatención originó el presente procedimiento. Finalmente, el memorándum código: OT1: 0488/2015 de fecha 08/07/2015, a través del cual la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación del MPetroMin, remite los reportes de la correspondencia entrante de la OAI Administrativa (SOSGESA). implantado por este Ministerio (folios 294 hasta registro de correspondencia entrante a la OAl de modo progresivo y sistemático, hasta no registrar documento alguno en dicho sistema. Por su parte, la ciudadana Dorgi Doralys Jiménez Ramos, suficientemente identificada en autos, presentó dentro del plazo previsto en el articulo 99 de la LOCGRSNCF en concordancia con el 91 de su Reglamento, "ESCRITO DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS (...". COnstante de 199 páginas y 4 anexos identificados con las letras "A", "B". "C" y "D". en el que indicó y aportó una serie de medios probatorios (folios 426 al 629). Al respecto la Dirección de Determinación de Responsabilidades, mediante auto de fecha 20/01/2016, admitió las documentales identificadas como "B", "C" y "D" (folios 630 al 636). Posteriormente la precitada ciudadana, presentó un escrito. relacionado con los medios de prueba; dicho escrito consta de 46 páginas TESTIMONIAL PROMOVIDA". "DE LA INADMISIÓN DE LA PRUEBA LIBRE DE EXPERTO TESTIGO". "DE LA INADMISIÓN DE LAS PRUEBAS DE INFORME PROMOVIDAS". y "CONCLUSIONES Y PETITORIO" (folios 645 al 690). En su escrito de defensa y medios probatorios, invocó como punto previo conforme a la comunidad de la prueba el mérito favorable de autos, para que éstos fueran tomados y valorados a su favor, hecho que fue declarado inadmisible al no ser un medio de prueba. Aunado a esto, procedió a incorporada en la fase de potestad investigativa, en la cual se demuestra que el hecho que me beneficia, referido a que entre los funcionarios que intervinieron en la referida fase ciudadanos MIGUEL, ENZO y mi persona existía una relación de subordinación, dado mi carácter de directora General de OAI, que obligaba a que los mismos tenían que inhibirse y además hace procedente la recusación que se plantear a en su momento y que fuera indebidamente tramitada"(sic). que fue declarado impertinente. página original (tal como se publicó) [Página 9] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 29 de julio de 2016 Dentro del contexto del escrito aludido, adicional al punto previo antes indicado, incorporó seis (6) capítulos que fueron identificados en su promoción de pruebas del modo siguiente: Capitulo Primero-De la Prueba Testimonial, Capitulo Segundo-Del Experto Testigo y del Testigo Experto o Técnico. Capítulo Tercero, Cuarto y Quinto-De la Prueba de Informes y Capítulo Sexto-De la Prueba Instrumental Pública Administrativa. Correspondiente al Capítulo Primero, quien suscribe estima pertinente señalar que de las siete (7) testimoniales promovidas, fue desestimada la correspondiente a la ciudadana Zoraida Gómez, por las razones indicadas en el auto de admisión de pruebas (cursante a los folios 630 al 636): en este contexto se advierte que la interesada legítima mediante escrito consignado en fecha 26/01/2016 (folios 645 al 690). desistió expresamente de las testimoniales que serían rendidas por las ciudadanas Judith Guedez y Yuly Maritza Gómez Acosta, identificadas en autos. En cuanto a las testimoniales referidas a las ciudadanas Flerida Maria Alcalá Gutiérrez, Illianny Passarelli Caldera, Laura Jordán Toselli y Mirla Judith Ladera, promovidas por la interesada legitima, fueron admitidas en su oportunidad. En este sentido, se acordó su evacuación para los días 17/02/2016 y 18/02/2016 y las actas levantadas al efecto contienen los dichos de las ciudadanas mencionadas y están suscritas por las testigos presentes, el representante legal e interesada, así como por el personal adscrito a esta Oficina de Auditoría Interna, tales actas reposan insertos en el expediente a los folios 699 al 709. Conviene acotar que la interesada legítima al promover como testigo a la ciudadana Mirla Judith Ladera, también la promovió comoexperto-testigo y. a su vez como testigo-experto, siendo negado por cuanto.. ya se había admitido su testimonial: fundamento por el cual, fue desestimado el documental aportado por la interesada identificado con letra "A" (síntesis curricular). por cuanto con él se pretendia establecer la capacidad técnica o experta del experto testigo y del testigo experto o técnico. De igual forma, la interesada legítima solicitó en los Capitulos Tercero, Cuarto Humana, Dirección de Industrialización y Tecnología de los Hidrocarburos y Dirección de Servicios y Logística, todas del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minerla; referidas a seis (6) hechos vinculados con las ciudadanas Yuly Maritza Gómez Acosta, Zoraida Gómez, Dorgi Doralys Jiménez Ramos y Marcella Miranda, un (1) hecho relacionado con la ciudadana Zoraida Gómez y un (1) hecho asociado con la ciudadana Yosmeli Francisca Ortega Rosales, respectivamente. En virtud que, no guardaban relación alguna con el motivo del presente procedimiento, fueron declaradas inadmisibles. " MOTIVA El presente procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, se inició por haberse puesto de manifiesto una presunta inactividad administrativa por parte de la ciudadana Dorgi Doralys Jiménez Ramos, ya identificada, cuando en el ejercicio de funciones como Directora General (E) de la Oficina de Auditoría Interna del MPetroMin, no atendió una solicitud de averiguación administrativa formulada por la Dirección de Industrialización y Tecnología de los Hidrocarburos del MPetroMin, en los términos referidos supra, situación que pudiera subsumirse en el supuesto artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, por la presunta inobservancia del bloque normativo aludido con anterioridad. La mencionada ciudadana Dorgi Doralys Jiménez Ramos, en su carácter de interesada legítima en ejercicio de su derecho a la defensa presentó los alegatos que a su juicio le favorecian, contenidos en escritos de fechas 14/01/2016 y 27/01/2016, enunciados previamente. En el marco del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, fueron agotadas todas las fases procedimentales que le son ínsitas y que preceden a la oportunidad para que la interesada legitima o su representante legal expresaran en forma oral y pública los argumentos de defensa que estimaron prudentes y fuesen evacuadas las pruebas indicadas, razón por la que en fecha 22/02/2016 se dio inicio al acto oral y público a que se contrae el articulo 101 de la LOCGRSNCF, en concordancia con los artículos 92 al 97 del RLOCGRSNCF, dejando constancia de su realización en actas de fechas 22/02/2016 y 04/04/2016 (folios 712. 713. y 723 al 725). Efectuadas las anteriores consideraciones que de manera general permiten evidenciar el procedimiento seguido por esta Oficina de Auditoría Interna, es preciso advertir que en los escritos de fecha 14/01/2016 y 27/01/2016, previamente referidos, así como en el acto oral y público, la defensa presentó argumentos que en su mayoría están orientados a cuestionar el desarrollo de la potestad investigativa seguida por la Dirección de Control Posterior de este fundamentalmente, lo que se expone a continuación: Violación al debido proceso y derecho a la defensa: (x Proceso al no haberse observado el Principio de Legalidad af momento de dar inicio a la Potestad Investigativa con fundamento en el Memorando código DI-013 de fecha 03/02/2015, mediante el cual no fue solicitada ninguna actuación de control relacionada con mi gestión en la OAI, lo cual evidencia que el Director General de la Oficina de Auditoría y el Director de Control Posterior, decidieron 'iniciar de Oficio' el ejercicio de la potestad investigativa sin 'existencia de méritos suficientes', inobservando totalmente el artículo 77 de la LOCGRSNCF, as1 como el 73 de su Reglamento". (folio 456) Violaciones constitucionales que conducen a la nulidad y al archivo de las actuaciones: "(...) cuando se me dejó en total y absoluto estado de indefensión al no propuestos por mí en su debido momento, porque si bien es cierto que me fue posible consignar mi escrito probatorio, (porque asi se encuentra establecido en la ley). no menos cierto es que EL MIsMo ME FUE DESECHADO EN SU TOTALIDAD, INADMITIENDO TODAS Y CADA UNA DE LA PRUEBAS POR MI PROMOVIDAS bajo el simple argumento, irreleVanCia, INADMISIÓN QUE POR DEMÁS SE REALIZARÍA EN EL PROPIO INFORME DE RESULTADO (..)"(foliOS 482 y 483). Vicio de desviación de poder: "(..) Alli fue claro que el presente procedimiento, tanto en fase de potestad investigativa como en tase de determinación de responsabilidades, lo que persigue es declarar mi responsabilidad administrativa a toda costa, violando para ello principios tan elementales como el de la defensa y el debido proceso, asunto que configura en la doctrina, como en efecto lo denuncio, el ViCio DE DESVIACIÓN DE PODER. En este sentido, la doctrina ha sido clara al establecer que el referido vicio se configura cuando un acto, con apariencia formal y sustancial acorde con la ley, no lo es desde el 429.459 punto de vista teleológico, dado que la Administración al dictarlo, no persigue con ello el fin a cuyo logro le fue acordado la facultad para hacerlo, sino un fin distinto que es por si mismo contrario a derecho (...)". (folio 59) Violación a la presunción de inocencia: "(...) fue suscrito por Director de Control Posterior ciudadano (...), y aprobado por el ciudadano (...) Director General de la Oficina de Auditoría Inter a, quienes sin que se practicara una actuación de control fiscal, designaron al abogado (..). el ESTUDIO Y ANALISIS JURiDICO, calificando [de una vez] una presunta 'OMisIÓN DE ACTuAcióN', violentando con ello el Derecho a la Presunción de Inocencia, establecido en el numeral 2 del articulo 49 Constitucional, según el cual 'Toda persona se presume inocente mientras se demuestre lo contrario". (folio 436) Violación al principio de la legalidad: "(...) Se evidencia la violación al Debido Proceso al no haberse observado el Principio de Legalidad al momento de dar inicio a la Potestad Investigativa con fundamento en el Memorando código DIactuación de control relacionada con mi gestión en la OAI, lo cual evidencia que el Director General de la Oficina de Auditoría y el Director de Control Posterior, decidieron 'iniciar de Oficio' el ejercicio de la potestad investigativa sin 'existencia de méritos suficientes', inobservando totalmente el articulo 77 de la LOCGRSNCF, así como el 73 de su Reglamento. (...) En tal sentido resulta necesario analizar los requisitos que debe contener el Auto de Proceder. Al respecto, el aludida artículo 73 expresa: "Cuando el órgano de control fiscal considere que existen méritos suficientes (...) dictará un auto de proceder... y deberá contener. al menos lo siguiente: 1. La identificación del órgano de control fiscal, asi como ta dependencia del mismo que efectúo o se encuentra efectuando la respectiva actuación de control con indicación expresa del alcance de la misma y de las disposiciones Legales y reglamentarias que fundamenten su competencia. 2. La identificación del órgano o entidad objeto de la actuación de control fiscal. 3. La descripción de los actos, hechos u omisiones presumiblemente contrarios a una norma Legal o subiegal, con expresión de la fecha de ocurrencia de los mismos; del monto de los daños causados al patrimonio público, si fuere el caso, y de la vinculación de tales actos, hechos u omisiones con personas específicas, quienes en esta etapa [Ejecución de la actuación de Control] y durante la investigación tendrán el carácter de interesado legitimo. 4. La indicación de todos los elementos probatorios recabados durante la respectiva actuación de control fiscal. 5. La orden de que se practiquen todas las diligencias necesarias a fin de verificar la ocurrencia de los actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares y se forme el correspondiente expediente, en el cual se insertarán en original o copia debidamente certificada, todos los documentos que se recaben con ocasión de la investigación...(omissis) El auto de proceder será emitido y suscrito por el funcionario competente del respectivo órgano de control fiscal' (Resaltado y Corchete Añadido) De la norma transcrita se infiere, que el espíritu, propósito y razón del Legislador en el Reglamento in comento, es dejar claro que para que proceda el ejercicio de la potestad investigativa, es requisito sine qua nom que los actos, hechos u omisiones presumiblemente contrarios a una norma Legal o sublegal, que fundamente la misma, hayan sido determinados durante la ejecución o como consecuencia de los resultados obtenidos en una actuación de control, ello con el fin de garantizar que al momento de dictar el 'Auto de proceder correspondiente, se hayan recabado los elementos probatorios que comprometan la responsabilidad administrativa de los presuntos interesados Legítimos (...)". Violación al derecho a prueba: "Por otro lado, es de hacer notar que el [Abogado de Control Posterior], entre sus confusas, oscuras y delirantes imputaciones hechas a mi persona; que por cierto, no versan sobre los mismos hechos indicados en el 'AUTO DE PROCEDER, en el 'INFORME DE RESULTADOS' ni en el 'AUTO DE APERTURA' del presente procedimiento [punto que tratar más adelante; pues el referido jurisconsulto NUNCA hizo referencia a Cual fue LA NORMA Legal Y/O sublegal, que supuestamente transgredi y de ninguna manera logró demostrar LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD que obligatoriamente debe existir al momento de imputar en una persona la presunta comisión de un acto, hecho u omisión, para que pueda ser considerado INTERESADO LEGÍTIMO en una investigación. De tal manera, no habiendo quedado demostrado en forma alguna -carga probatoria que corresponde al órgano investigador y acusador, no a mi persona- sin perjuicio de los írritos actos realizados en violación de la ley y la Constitución, lesionando el principio de Legalidad (...)". (primer corchete añadido) (folio 455). Falso supuesto de hecho: "(...) nunca tuve conocimiento de la 'solicitud de averiguación administrativa' (...) en cumplimiento a las garantias constitucionales que consagran el Debido Proceso y el Derecho a la Defensa que estuvo obligado [El abogado de Control Posterior] a observar con ARCHivO de lo actuado, tal como lo prevé el artículo 63 del Reglamento de la LOCGRSNCF al indicar: 'Las potestades de investigación serán ejercidas de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley y en el presente Reglamento' (Resaltado Añadido). Por el contrario y haciendo caso omiso a la norma transcrita, el [Abogado de Control Posterior] fundamentó su análisis juridico en un FALSO SUPUESTO DE HECHO, toda vez, que al no haber quedado demostrado la existencia del supuesto hecho irregular, mal pudo recomendar el inicio de la potestad investigativa. " (corchete añadido). Vicio abuso de poder: "(...) el Director de General de la Oficina Interna y el Director de Control Posterior, DE OFICIO en vez de ordenar UNA ACTUACIÓN DE página original (tal como se publicó) [Página 10] 429.460 Viernes 29 de julio de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTROL EISCAL A MÍ GESTIÓN, sobre la base del artiCulo 41 de la LOCGRSNCF, en pleno uso del ABUSO DE PODER, y sin la existencia de méritos suficientes para ello, ordenaron el inicio del ejercicio de la POTESTAD INVESTIGATIVA. " (SiC) (folios 432 y 433). Incompetencia subjetiva: "El Auto de Proceder es suscrito por ciudadano [Director (E) de Control Posterior], en su condición de Director de Control Posterior de la Oficina de Auditoria Interna, quien fungió como la autoridad competente para dictar dicho auto; no obstante, no se menciona la NORMA QUE LE ATRIBUYE DICHA COMPETENCIA, COntrarIO a lo dispuesto en el numeral 1, del articulo 73 del Reglamento de la LOCGRSNCF. MPetroMin, se deja en evidencia que no existe una norma expresa que atribuya al ciudadano [Director (E) de Control Posterior]. competencia para suscribir el 'AUTO DE PROCEDER: " (folio 461). Parcialización: "tal y como se argumentaría en fase de potestad investigativa y como consta en autos. (.) al no tratarse de funcionarios imparciales y objetivos los que ordenaron y realizaron la investigación sumaria e inconstitucional (...) y ser la imparcialidad del órgano tanto institucional como personalmente un derecho humano que deben garantizárseme, (...) siendo que ante el incumplimiento por parte de los funcionarios correspondientes del deber u obligación de inhibirse (...) que comprende (...) los articulos 36.4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el numeral 15.D contenido en el titulo de las Normas Generales a que se refiere el Manual de Normas y Procedimientos de Potestad Investigativa, Resolución Nro. 01-00- 000157 de fecha 15 de septiembre de 2008, emanado de la Controlaría General de la República, (...)" (folio 515 y 516). Recusación: "(...) formalmente se procedió a recusar al ciudadano (.) Director General (E) la Oficina de Auditoria Interna del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, a quien se encuentra adscrita la Dirección de Control Posterior y el Área de Potestad Investigativa, (...) (...) por estar incurso en la causal de inhibición referida a haber tenido funcionario adscrito a la Oficina de Auditoria Inter a del Ministerio, durante mi gestión como Directora General (E) de la Oficina de Auditoría Interna (.) Donde igualmente asumir la Dirección de Contro! Posterior y la Dirección de Determinación de Responsabilidades ante la vacante de sus directores. comprendida entre el 01 de octubre de órdenes y quien tenía que rendirme cuenta de sus actividades, todo en los términos del artículo 36.4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (...)" (sic) (folios 516 y 517). Como fue señalado anteriormente la interesada legitima en el procedimiento que nos ocupa oriente parte de sus defensas a presentar los supuestos vicios en los que este órgano de control fiscal habría incurrido en el marco de la potestad investigativa, es por ello que, se estima pertinente referir el criterio sostenido por la Contraloría General de la República, así como el que de manera pacifica y reiterada ha sostenido la jurisprudencia sobre la naturaleza y fines del ejercicio de la potestad investigativa, de manera coincidente han señalado que dicha potestad debe estar desvinculada completamente del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades. Así, en dictamen del Órgano Rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, contenido en su memorando Nº 04-00-335 del 20/10/2005", se indica que la potestad investigativa es una actividad inmanente de control posterior. pudiendo las unidades de auditoría interna realizar las actuaciones que sean necesarias a fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, determinar el monto de los daños causados al patrimonio público. si fuera-el caso, asi como la procedencia de acciones fiscales; competencia establecida. en el TÍtUlO II "DE LAS POTESTADES DE INVESTIGACIÓN, LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES" de la LOCGRSNCF. Sobre este particular el dictamen en referencia sostiene que los funcionarios estar desvinculados de los que ejercen el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades y, en este sentido las actividades relativas a la potestad investigativa deben ser ejercidas por el área de control posterior; porque es alli donde se desarrollan los elementos del hallazgo de auditoría con sus respectivas pruebas, las cuales serán utilizadas en el ejercicio de dicha potestad. Al respecto la dependencia encargada de ejercer el Control Posterior, en el marco de la potestad investigativa, tiene como principales funciones las siguientes: 1. Realizar las actuaciones que sean necesarias, a fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sub legal, determinar el monto de los daños causados al patrimonio público, si fuere el caso, asi como la procedencia de acciones fiscales. 2. Realizar las actuaciones necesarias a solicitud de los órganos de control externo, cuando estos presuman que hubieren ocurrido actos, hechos u omisiones, informando los resultados dentro del plazo que acuerde para tal fin. 3. Formar el expediente de la investigación. 4. Participar a la Contraloría General de la República el inicio de las investigaciones que ordene. 5. Notificar de manera especifica y clara a las personas a quienes se le hechos u omisiones atribuyan, actos, que comprometen su responsabilidad. 6. Tomar declaración a cualquier persona en el curso de la investigación, ordenar su comparecencia mediante oficio notificado a quien deba rendir la declaración. 7. Elaborar un informe dejando constancia de los resultados de las actuaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 8. Remitir a la Contraloría General de la República el expediente formado con ocasión de los resultados de una investigación o actuación de control cuando existan elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparo, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas a funcionarios de alto nivel de los entes y organismos a que se refieren los numerales 1 al 11 del articulo 9 de la Ley Orgánica que rige nuestro funcionamiento, que se encuentren en ejercicio de sus cargos, con el fin de que ésta, mediante auto motivado que se notificará a los interesados según lo previsto en la Ley Orgánica de Publicado en el Labo de Dictmene de la Direción Genera de los Servicin uidicos d la Contraloria Gral de República, Tomo XIX, alos 2005-2006, páginas 21D y siguientes. .C Procedimientos Administrativos, continúe la investigación, decida el archivo de las actuaciones realizadas o inicie el procedimiento para la determinación de responsabilidades. 9. Remitir al Ministerio Público la documentación que contiene los indicios de responsabilidad penal, civil cuando detecten que se ha causado daño al patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al_ 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. y que no sea". procedente la formulación de un reparo. En este contexto. quien suscribe, estima pertinente traer a colación lo expuesto por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativa de la República Bolivariana de Venezuela, en la sentencia N° 2008-01810, de fecha 15/10/2008, expediente número AP42-N-2008-000146, en la que se pone de manifiesto que la potestad de investigación y el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades son, por su naturaleza y fines procedimientos distintos, al expresar: "(...) [EI] recurrente confunde el inicio del PROCEDIMIENTO DE POTESTAD INVESTIGATIVA,con el inicio del LA PARA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES, las cuales son dos (2) procedimientos administrativos completamente diferentes. Por una parte el procedimiento de potestad investigativa (...) está estipulado desde su inicio por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. (...)". (marcado y corchete añadido). El criterio esbozado previamente ha sido reiterado en diversas oportunidades, no obstante, a los fines que interesan al presente procedimiento se consideró ilustrativo el contenido de la Sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de la República Bolivariana de Venezuela, proferida en fecha 12/11/2009 y recaída en el expediente N° AP42-N-2009-000341, en la que se sostuvo, entre otros aspectos, lo siguiente: "Al respecto, observa esta Corte que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, establece el procedimiento para la determinación de la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos, en sus articulos 77, 79, 96 y 98, los cuales son del tenor siguiente: 'Artículo 77.- La potestad investigativa de los órganos de control fiscal será ejercida en los términos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta Ley, cuando a su juicio existan méritos suficientes para ello, y comprende las facultades para: 1. Realizar las actuaciones que sean necesarias, a fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, determinar el monto de los daños causados al patrimonio público, si fuere el caso, asi como la procedencia de acciones fiscales. Cuando el órgano de control fiscal, en el curso de las investigaciones que adelante, necesite tomar declaración a cualquier persona, ordenará su comparecencia, mediante oficio notificando a quien deba rendir declaración...". (...Omissis...) 'Artículo 79.- Las investigaciones a que se refiere el articulo 77 tendrán carácter reservado, pero si en el curso de una investigación el órgano de control fiscal imputare a alguna persona actos, hechos u omisiones que comprometen su responsabilidad, quedará obligado a informarle de manera especifica y clara de los hechos que se le imputan. En estos casos, el imputado tendrá inmediatamente acceso al expediente y podrá promover todos los medios probatorios necesarios para su defensa, de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico' 'Artículo 96.- Si como consecuencia del ejercicio de las funciones de control o de las potestades investigativas establecidas en esta Ley. sugieren elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas, el órgano de control fiscal respectivo, iniciará el procedimiento mediante auto motivado que se Orgánica de Procedimientos Administrativos. El procedimiento podrá igualmente ser iniciado por denuncia, o a solicitud de cualquier organismo o empleado público, siempre que a la misma se acompañen elementos suficientes de convicción o prueba que permitan presumir fundadamente la responsabilidad de personas determinadas. La denuncia podrá ser presentada por escrito, firmada en original. ante el órgano competente, o a través de medios electrónicos, tales como correos de tipo, dirigidos a dichos órganos. El Contralor General de la república, mediante resolución que se publicará en la gaceta Oficial de la República de Venezuela, establecerá las demás normas relacionadas con la presentación de denuncias ante los órganos de control fiscal...' 'Artículo 98.- En el auto de apertura a que se refiere el artículo 96 se describirán los hechos imputados, se identificarán los sujetos presuntamente responsables y se indicarán los correspondientes elementos probatorios y las razones que comprometen, presumiblemente. su responsabilidad. Con la notificación del auto de apertura, los interesados quedarán a derecho para todos los efectos del procedimiento.' En ese sentido, de las normas trascritas se desprende que la Administración (representada en los órganos de control fiscal). para la determinación de responsabilidades administrativas, debe cumplir con el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, siendo que el referido procedimiento se encuentra constituido en dos fases (i) la primera fase del procedimiento, correspondiente al ejercicio de las funciones de control y potestad investigativa, en la cual el órgano de control fiscal se encuentra obligado a notificar a los funcionarios objeto de investigación, los hechos que podrían comprometer su responsabilidad, y: (i) la segunda fase del procedimiento, correspondiente al procedimiento administrativo para determinación de responsabilidades administrativas, en la cual cuando existan elementos de prueba que pudieran dar lugar a responsabilidad administrativa, el órgano de control fiscal ordenará el inicio del procedimiento, identificando a los funcionarios públicos (sujetos presuntamente responsables) y ordenando su notificación. página original (tal como se publicó) [Página 11] Viernes 29 de julio de 2016 429.461 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Asimismo, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Contralor General de la República), se pronunció con relación al administrativa, indicando lo siguiente: ...Expuesto lo anterior, se impone nacer referencia procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, para la determinación de responsabilidades administrativas de los funcionarios sometidos a dicha legislación. y al respecto se observa: Dispone el artículo 96 de la precitada Ley, lo siguiente: (...) Del trascrito precepto puede deducirse que la fase investigativa ley orgánica supra mencionada, constituye una etapa preliminar al procedimiento de determinación de responsabilidades administrativas consagrado en los articulos 95 al 111 eiusdem, procedimiento se iniciará cuando surgieren elementos que pudieran dar lugar a la declaratoria de responsabilidad 'como consecuencia de las potestades investigativas establecidas en es(a) ley'. Ahora bien, del Capítulo 1 del Titulo que regula las potestades de desprende que: a. Los órganos de control fiscal ejercen la potestad de investigación, cuando a su juicio existan méritos suficientes para ello (artículo 77). b. En el curso de la investigación, el órgano de control puede 'imputar' actos, hechos u omisiones que comprometan la responsabilidad de una persona. Si ello ocurriere, aquél está en la obligación de informar al investigado de manera especifica y clara' los hechos imputados, en cuyo caso este último tendrá acceso al expediente y 'podrá promover todos los medios carácter 'reservado' que se le otorga (articulo 79). c. Con las actuaciones preliminares se formará un expediente, y su resultado se hará constar en un informe en el cual el órgano de control fiscal podrá ordenar: (i) el archivo de las actuaciones, 6 (ii) el inicio del procedimiento de determinación de responsabilidades. La forma en que ha sido regulado lo concerniente a las de determinación de responsabilidades administrativas, trae destacadas, a saber: a. Las mencionadas potestades se ejercen en una etapa "preliminar' (término que expresamente emplea el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal). esto es, preparatoria del procedimiento previsto en los articulos 95 y siguientes eiusdem. b. Dentro de este último, se contempla: (i) un auto 'de apertura' -con el que se da inicio al procedimiento- en el que deben describirse o identificarse los hechos imputados. los sujetos responsabilidad; (i) un término para que los interesados 'indiquen' las pruebas que deseen promover; (ii) un acto oral y público en el que los investigados, por si o por medio de sus representantes, expongan los argumentos que estimen pertinentes para su defensa. c. Aun cuando no está formalmente incorporada en el 'procedimiento de determinación de responsabilidades administrativas' y tampoco está en si misma contemplada definitivo, sino más bien como una potestad que debe ejercerse en el marco de determinadas condiciones (como ocurre en general con las potestades de la Administración, incluso las discrecionales); en dicha fase introductoria o preliminar puede necesariamente se va a producir en el procedimiento a que se refieren los articulos 95 y siguientes, de ordenarse su apertura. Ello así, como quiera que la oportunidad de promover pruebas a actuaciones esencialmente inquisitivas de la Administración, que no van a dar lugar a una decisión sancionatoria de carácter sí puede concluir con un pronunciamiento categórico respecto de la responsabilidad administrativa del investigado y en el que las partes interesadas cuentan con la posibilidad de promover pruebas y exponer de forma escrita y oral sus argumentos; debe entenderse que dicha actividad probatoria tiene por finalidad coadyuvar en la formación del criterio del órgano de control fisca! en cuanto a ordenar o no el inicio del procedimiento de determinación de responsabilidad. Es por ello que el articulo 79 exige que se le indique al investigado, 'de manera especifica y clara los hechos que se le imputan' debiendo entenderse esa 'imputación' de los hechos como la obligación de informarle, ponerlo en conocimiento de las actuaciones materiales, positivas o negativas, atribuidas. Ahora bien, toda vez que esa fase puede dar o no lugar al inicio del procedimiento de determinación de responsabilidades. el análisis del derecho a la defensa en cuanto a la garantía de su ejercicio debe efectuarse atendiendo integralmente a la que se inician las averiguaciones hasta que se emite el acto que declare la responsabilidad administrativa. En otras palabras, considera esta Sala que en el aspecto in aislada respecto del procedimiento de determinación de resultados obtenidos en aquélla.... Del contenido de las sentencias parcialmente transcritas se desprende con absoluta claridad que el ejercicio de la potestad de investigación, constituye una fase previa, preliminar o preparatoria para el inicio, de haber méritos procedimientos deben ser llevados por dependencias que si bien eşcierto forman parte de la estructura organizativa de todo órgano de control fiscal, deben estar separadas orgánicas y funcionalmente, de alli que la potestad investigativa está a cargo de la dependencia competente para ejercer el control fiscal posterior mientras que el procedimiento administrativo para la encargada de la determinación de responsabilidades; tal separación posee correctamente los hechos y su vinculación con personas específicas que en conclusivos o que afecten la esfera jurídica de los llamados. En el marco del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, cuya naturaleza es eminentemente sancionatoria, los actos hechos u omisiones, determinados en la potestad investigativa y que este procedimiento se pueda declarar la responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil, si las circunstancias fácticas antijurídicas, han conllevado a daños al patrimonio público. descritos son diametralmente opuestos, se exige que ambos sean conocidos por funcionarios distintos, lo cual permite evidenciar la necesaria separación entre los órganos de instrucción y de decisión. Con fundamento en las consideraciones expuestas, esta autoridad administrativa considera que las facultades que le son inherentes a los determinación de responsabilidades, consisten según el texto constitucional, funcionarios públicos o no) de la ocurrencia de actos, hechos u omisiones que se presumen antijurídicos y que en una fase ulterior -procedimiento comprometer su responsabilidad administrativa y/o civil. La evidente separación de procedimientos y funcionarios competentes para su conocimiento tiene su fundamento, entre otros, en el principio de objetividad que rige las actuaciones a cargo de los órganos de control fiscal, así el llamado a conocer de la potestad de investigación, desde su formalización hasta la emisión del informe de resultados, mal pudiera intervenir en el procedimiento administrativo cuya decisión hoy nos ocupa y viceversa. En este contexto argumentativo, la Sala Politico-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en sentencia de fecha 27/09/2011, al abordar el consabido principio de imparcialidad señaló, fundamentalmente lo siguiente: "En cuanto al principio de imparcialidad y objetividad en sede administrativa, esta Sala, en Sentencia N° 0518 de fecha 20 de mayo de 2004 (citada a su vez, entre otros, en fallo N° 01415 del 6 de noviembre de 2008), dejó sentado lo siguiente: (...) Con respecto a esta denuncia (violación al principio de. imparcialidad), se estima necesario advertir que la imparcialidad, es concebida como uno de los requisitos del juez natural, como lo sostuvo la Sala Constitucional en sentencia del 24 de marzo'de 2000 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL (Caso: LIBERTADOR), donde se dispuso que: 'En la persona del juez natural, además de ser un juez predeterminado por la ley, como lo señala el autor Vicente Gimeno Sendra (Constitución y Proceso. Editorial Tecnos. Madrid 1988) y de la exigencia de su constitución legítima, deben concluir varios requisitos para que pueda considerarse tal. Dichos requisitos, artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y son los siguientes: 1) Ser independiente, en el sentido ejercicio de su magistratura; 2) ser imparcial, lo cual se refiere a una imparcialidad consciente y objetiva, separable como tal de las influencias psicológicas y sociales que puedan gravitar sobre el juez y que le crean inclinaciones inconscientes. La transparencia en la administración de justicia, que garantiza el articulo 26 de la vigente Constitución se encuentra ligada a la imparcialidad del juez. La parcialidad objetiva de éste, no sólo se emana de los tipos que conforman las causales de recusación e inhibición, sino de otras conductas a favor de una de las partes; y así una recusación hubiese sido declarada sin imparcial si los motivos de parcialidad existieron, y en consecuencia la parte así lesionada careció de juez natural; 3) tratarse de una persona identificada e identificable: 4) preexistir como juez, para ejercer la jurisdicción sobre el caso, con anterioridad al acaecimiento de los hechos que se van a juzgar, es decir, no ser un Tribunal de excepción; 5) ser un juez idóneo, como lo garantiza el articulo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el juez sea apto para juzgar; en otras palabras, sea un especialista en el área jurisdiccional donde vaya a obrar (...); y 6) que el juez sea competente por la materia. Se considerará competente por la materia aquel que fuera declarado tal al decidirse un conflicto de competencia, siempre que para la decisión del conflicto se hayan tomado en cuenta todos los jueces que podrían ser llamados a conocer, situación que no ocurrió en este caso; o creando en la decisión del conflicto no se haya incurrido en un error inexcusable en las normas sobre competencia'(...)'. (Negrillas de esta decisión). El criterio contenido en el fallo parcialmente transcrito, si bien está referido a los jueces de la República, puede ser trasladado, con sus peculiaridades, a aquellas autoridades administrativas que tienen atribuida la competencia para conocer y decidir los procedimientos en esa sede, en atención al enunciado constitucional según el cual, (Ver sentencia N° 0817 de fecha 29 de marzo de 2006). También debe precisarse que esta Sala ha establecido que el Administración de tratar en igual forma a todos los particulares que estén en las mismas condiciones, tiene entre otras las siguientes presentadas las solicitudes y la obligación de los funcionarios de inhibirse del conocimiento de las causas en las que tuviesen interés, cuando hubiere amistad o enemistad manifiesta con los interesados. cuando hubiesen manifestado previamente su opinión en el asunto subordinación con los interesados, supuestos enumerados en el página original (tal como se publicó) [Página 12] 429.462 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA articulo 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos' (sentencia N° 01533 del 28 de octubre de 2009). Adicionalmente, este Alto Tribunal ha advertido que cualquier posible parcialidad en la que haya incurrido un funcionario administrativo, solamente puede ser corregida a través del control de legalidad que del acto administrativo se haga en sede judicial y más concretamente a través de la denuncia del vicio de desviación de poder. (Ver sentencia N° 02856 del 13 de diciembre de 2006). En ese sentido, la parte accionante, a los efectos de fundamentar su denuncia. se limitó a afirmar que la actuación de la Administración 'ha sido sesgada, parcializada, reflejándose en la forma como se referido a la parcialización de la Contraloría General de la República, evidencia dicha situación, basada solo en el hecho de una decisión desfavorable hacia su persona, no es suficiente para que pueda establecerse la existencia de dicha imparcialidad. En consecuencia, se desestima la denuncia antes analizada. Asi se determina." Efectuadas las anteriores precisiones doctrinarias y jurisprudenciales, quien suscribe debe reiterar que desde el punto de vista organizativo y funcional las actividades de la dependencia de control posterior deben estar bien diferenciadas de las que corresponden a la estructura organizativa competente para conocer el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades que, además de ostentar el mismo nivel pronunciamientos que están llamados a emitir; es por ello que es exclusivo de la última de las mencionadas las actividades dispuestas en el Capítulo IV, Titulo III de la LOCGRSNCF. En efecto, la Oficina de Auditoría Interna a mi cargo, se encuentra integrada por dos (2) direcciones, denominadas Control Posterior y Determinación de Responsabilidades, las cuales como se indicó poseen la misma jerarquía. pero con distintas competencias; no siendo atribuida a la Dirección de Determinación de Responsabilidades, revisar, accionar o evaluar las actividades realizadas por la Dirección de Control Posterior, por cuanto la naturaleza y fines del procedimiento que le corresponde seguir a la última de las mencionadas en atención a lo dispuesto en el articulo 96 de la LOCGRSNCF se orientan a iniciar el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, si como consecuencia del ejercicio de las funciones de control o de las potestades investigativas surgieren elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o imposición de multa. El dispositivo normativo en comentario debe ser concatenado con el artículo 86 reglamentario de la Ley Orgánica que rige nuestro funcionamiento, al establecer que la dependencia del órgano de control fiscal encargada de ta determinación de responsabilidades, luego de valorar el informe de resultados y el expediente respectivo a que se refiere el artículo 79 del RLOCGRSnCF. dictará el auto motivado mediante el cual ordenará el administrativo para la determinación de responsabilidades. Se evidencia de la base normativa prevista en la Sección IV "De las Responsabilidades". del Capítulo XI "DE LAS POTESTADES DE INVESTIGACIÓN, DE LAS RESPONSABILIDADES Y DE LAS SANCIONES" del Reglamento de la LOCGRSNCF que rige nuestro funcionamiento, que en ningún momento se le atribuye a la dependencia encargada de la determinación de responsabilidades revisar o constituirse como instancia de alzada de la dependencia encargada de control posterior, por tanto mal pudiera esa Dirección entrar a conocer los pretendidos vicios, que en criterio de la interesada legítima habrían acaecido en la potestad investigativa, en consecuencia lo procedente y ajustado a derecho es desestimar las pretensiones de la interesada legitima. Asi se decide Por otra parte, la defensa alegó en el marco del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, que la Directora de Determinación de Responsabilidades, en su criterio carece de la competencia para dictar el auto de apertura de la presente causa, en los términos siguientes: "El Auto de Apertura es suscrito por la (.. Directora de Determinación de Responsabilidades de la Oficina de Auditoría Interna, quien fungió como la autoridad competente para dictar dicho auto; no obstante, no se menciona la NORMA QUE LE ATRIBUYE DICHA COMPETENCIA, contrario a lo dispuesto en el numeral 1, del articulo 88 del Reglamento de la LOCGRSNCF. Al respecto, es importante resaltar que habiendo hecho una revisión exhaustiva de las normas que regulan la competencia de la Oficina de Auditoria Interna del MPetroMin, se deja en evidencia que no existe una norma expresa que atribuya a la ciudadana (...) competencia para suscribir el 'AUTO DE APERTURA':. A tal efecto, en principio fue revisada la Resolución N° 068 de fecha 27/05/2015, publicada en G.O No 40.718 de fecha 06/08/2015, mediante la cual se encarga a partir de su publicación a la (...) como Directora de Determinación de ciudadana Responsabilidades, adscrita a la Oficina de Auditoría Interna del MPetroMin, delegándole la firma de actos y documentos, entre los cuales no se encuentra el AUTO DE APERTURA. (.….) Por otra parte, el Reglamento Interno del Ministerio de Energía y Minas (Aún vigente). publicado en la G.O N° 36.412 de fecha 12/03/1998, indica de manera genérica que corresponde a la Dirección de Contraloría Interna "Conocer sustanciar. decidir y en. general, dirigir y coordinar las averiguaciones administrativas en. todos aquellos casos en los_que funcionarios o particulares que tengan a su cargo o intervengan en cualquier forma en la administración, manejo o custodia de bienes o fondos públicos, hayan incurrido en actos, hechos u omisiones generadores de responsabilidadadministrativa, en cualesquiera de las dependencias de Ministerio", obsérvese que en dicha norma no se especifica expresamente a quien corresponde dicha competencia, igual situación ocurre con las competencias atribuidas a las Oficinas de Auditorias Internas, según el Decreto Sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.173, de fecha 18/02/2015, en tal sentido, se infiere que dichas competencias corresponden al titular de la Oficina de Auditoria Interna y no a la Directora de Determinación de Responsabilidades" (subrayado del escrito de la defensa) (folio 600 al 602). Asimismo indicó la defensa que la Directora de Determinación de Responsabilidades "..ha actuado al margen de la ley. en abuso de autoridad El intorme de realdos mencionados enel articu o si de aLey seri iudbotado pur tadependencia cmptete oegnnu de control fiscal, dentro de los quince (15) dias lábies siguientes a la conclusión dei lapso probatorio del agtieula responsabilidades". Viernes 29 de julio de 2016 (...) usurpando funciones de manera arbitraria y abusiva ya que no tiene la delegación legal para llevar este procedimiento (...)" (sic) (folios 622 y 665). Al respecto, quien decide estima conveniente ilustrar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, instauró el Sistema Nacional de Control Fiscal, en su articulo 290, disponiendo que la Ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República y de dicho Sistema, el cual tiene como objetivo fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar eficazmente su función de gobiemo, lograr la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos del sector público y establecer la responsabilidad por la comisión de irregularidades. constituyendo instrumentos del referido Sistema las políticas, leyes. reglamentos, normas. procedimientos e instructivos, de acuerdo con los artículos 23 y 24 de la LOCGRSNCF. Se precisa ilustrar que, esta Oficina de Auditoría Interna como órgano integrante del mencionado Sistema Nacional de Control Fiscal, se encuentra facultada para realizar auditorías, inspecciones. fiscalizaciones. exámenes. estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en el ente' sujeto a su control, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con los artículos 26 y 41 de la LOCGRSNCF, además de las competencias que la Ley le atribuye en materia de potestades investigativas, sancionatorias y resarcitorias, entre las cuales se encuentra la competencia plena y absoluta para iniciar. sustanciar y decidir el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades. de acuerdo con el artículo 93 eiusdem. Ahora bien, en aras de garantizar la eficiencia en el cumplimiento de las competencias propias de la Oficina de Auditoria Interna, esta tiene una estructura organizativa y funcional conforme con su propia visión, misión y objetivos, considerando la naturaleza, fines, politica y funciones del MPetroMin, integrada por Direcciones interrelacionadas y especializadas, que se mencionan a continuación: Dirección de Control Posterior, dentro de la cual está incorporada el Área de Auditoría y el Area de Potestad Investigativa y. la Dirección de Determinación de Responsabilidades, lo cual hace innegable reconocer que las competencias atribuidas a las Unidades de Auditoría Interna, tienen un fundamento eminentemente jurídico, pues todas sus actividades están enmarcadas dentro del ordenamiento legal. Vistas las consideraciones anteriores. es importante resaltar que la estructura del entonces Ministerio de Energía y Petróleo (MENPET). actualmente Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería (MPetroMin) fue debidamente aprobada mediante Oficio N° 0233 de fecha 20/06/2006, por el Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD), actualmente Ministeño". del Poder Popular de Planificación (MPPP). órgano del Ejecutivo Nacional encargado de la regulación, formulación, adopción, seguimiento y evaluación de las politicas, estrategias, planes generales, programas y proyectos en materia de planificación estratégica, económica, social, institucional y territorial de los organismos del Estado venezolano sobre los cuales ejerce su rectoría. Sobre este particular, es necesario mencionar que el MPPP al momento de aprobar, mediante dicho Oficio N° 0233 de fecha 20/06/2006, la estructura organizativa de este Ministerio propuesta por el entonces Ministro del Poder Popular de Energía y Petróleo, a través del Oficio N" 228 de fecha 04/04/2006, incluyó lo correspondiente a este Órgano de Control Fiscal, en los términos que se transcriben: "(..) Se consideran procedentes las funciones propuestas para la Oficina de Auditoria Interna, tomando en cuenta que las mismas se encuentran_ consagradas_ en las_ leyes,_ reglamentos_ y resoluciones_ aplicables,_ asi como en los lineamientos emanados de la Contraloria General de la República y la. Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAlI). (...) subdividir el trabajo en términos de las siguientes dos (2) Direcciones de Línea: Dirección de Control Posterior y Dirección de Determinación de Responsabilidades, lo cual se considera procedente. (.) En cuanto a la Dirección de Determinación de Responsabilidades,_sus_ atribuciones_está_claramente definidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. correspondiéndole realizar funciones_relativas a iniciar el. procedimiento para la formulación de reparos, declaratorias de_ responsabilidad_administrativa,_o _la_ imposición_ de sanciones que se deriven de-las actuaciones de control fiscal y del ejercicio de la potestad investigativa y sancionatoria que establecen los procedimientos señalados en la citada Ley (...)" (resaltado y subrayado añadido). De lo expuesto, se evidencia que el MPPP al analizar fas competencias propias de la Dirección de Determinación de Responsabilidades, consideró -de acuerdo a la propuesta del entonces Ministro del Poder Popular de Energía y Petróleo- la relacionada especificamente con dictar el auto motivado, mediante el cual se ordena el inicio del procedimiento correspondiente, a tenor de lo previsto en los articulos 96 y 81 de la LOCGRSNCF. advirtiendo que dicha Dirección de Linea se encuentra totalmente operativa, con recurso humano, presupuestarios y financiero, espacio fisico: materiales y equipos mobiliarios, debidamente asignados, además de evidenciarse el cumplimiento pleno de sus funciones vinculadas con dicho procedimiento. En ese mismo sentido, el articulo 63 del Reglamento de la LOCGRSNCF dispone que las potestades de investigación, sancionatorias y resarcitorias serán ejercidas de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley y en el propio Reglamento. que contempla en su artículo 86 lo siguiente: "La Dependencia encargada de la Determinación de Responsabilidades, luego de valorar el informe de resultados y el Reglamento, dictará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su recepción, el auto motivado mediante el cual: ordenará el archivo de las actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades"(resaltado añadido). Asimismo, se establece en el articulo 88 del mismo Reglamento de la LOCGRSNCF: "Cuando la dependencia encargada_de la determinación de responsabilidades_ordene_ el_ inicio o apertura del procedimiento administrativo para la determinación de subrayado añadido). Por su parte, los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna" dictados por la Contraloría General de la República, a los fines de colaborar con los órganos y entes del sector público en cuanto a su estructura organizativa, funcionamiento y distribución de competencia entre las dependencias que la componen, han delimitado la cualidad y capacidad de actuación, al consagrar en su Capitulo XI, que le Determinación de Responsabilidades, lo siguiente: página original (tal como se publicó) [Página 13] Viernes 29 de julio de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA • Dictar el auto motivado a que se refiere el articulo 81 de la Ley Nacional de Control Fiscal y 85 de su Reglamento, mediante el cual, una vez valorado el informe de resultado de la potestad investigativa. se ordena el archivo de las actuaciones realizadas o el inicio del determinación de administrativoparala procedimiento responsabilidades. . Dictar el auto motivado a que se refiere el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 88 de su Reglamento y notificarlo a los presuntos responsables. En armonía con los criterios normativos analizados, la Resolución N° 068 de fecha 27/05/2015. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.718 de fecha 06/08/2015, se designó a la Directora de Determinación de Responsabilidades (E) y. en tal condición, responsable del ejercicio de las competencias atribuidas a esa dependencia y el desempeño de las mismas. A mayor abundamiento, quien suscribe, considera pertinente mencionar el criterio pacífico y reiterado de la Sala Político Administrativa del Máximo Tribunal de la República, sobre la competencia, según la cual es: "(..) /a capacidad legal de actuación de la Administración, es decir, representa la medida de una potestad genérica que le ha sido conferida por la iey: de alli que la competencia no se presume sino que debe constar expresamente por imperativo de la norma legal. Por tanto, determinar la incompetencia de un órgano de la Administración supone demostrar que ésta ha actuado sin que medie un poder jurídico previo que legítimo su actuación (..) (Vid. sentencias N° 02190 de fecha 5 de octubre de 2006 y N° 1114 del 1 de octubre de 2008)". Aunado a ello, la referida Sala ha expresado reiteradamente sobre la como por la jurisprudencia, como la esfera de atribuciones de los entes y órganos, determinada por el derecho objetivo o el ordenamiento juridico positivo; es decir, el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano Los criterios sostenidos por la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, deben ser revisados conjuntamente con lo que dispone el antes mencionado articuio 86 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. que dispone en cuanto al inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, que esta atribución está reservada a la dependencia del órgano de control fiscal encargada de la determinación de responsabilidades. Significa entonces que, contrariamente a lo sostenido por la defensa, le corresponde en definitiva a la ciudadana Directora de Determinación de Responsabilidades (E). debidamente designada, dictar el auto motivado mediante el cual se ordenó el inicio del procedimiento para la determinación de responsabilidad administrativa, garantizando de esta manera la objetividad en los procedimientos sustanciados por esta Oficina de Auditoría Interna, en ejercicio de las potestades sancionatorias y resarcitorias. Se observa en la presente causa que la Directora de Determinación de Responsabilidades (E) actuó apegada a la ley. quien luego de valorar el informe de resultados de fecha 30/07/2015. y la documentación que conforma el expediente contentivo del ejercicio de la potestad investigativa a los fines legales consiguientes de conformidad con el articulo 81 de la LOCGRSNCF, dictó el correspondiente auto de apertura del procedimiento (folio 386), expresado en los términos siguientes: "En mérito de los razonamientos precedentemente expuestos y con base a las consideraciones que anteceden, en uso de las atribuciones legales que le han sido conferidas, quien suscribe (...) Directora de Determinación de Responsabilidades de la Oficina de Auditoria Interna del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, según Resolución N° 068 de fecha 27/05/2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.178 de fecha 06/08/2025. actuando de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82, 93. 95. 96 y 98 de la LOCGRSNCF. en concordancia con los articulos 86 y 88 de su Reglamento, acuerda el inicio del procedimiento para la determinación de responsabilidades..." (Resaltado del original). Cabe advertir que, la referida potestad sancionatoria es la consecuencia de la presunta transgresión de preceptos que tutela tos bienes e intereses de la Administración Pública, considerando que el origen del derecho sancionatorio "es el ejercicio del ius puniendi o potestad punitiva del Estado, que en el campo administrativo es ejercida dentro de la propia Administración mediante sus propias reglas que están sometidas al Derecho Administrativo...", lo cual se debe "a la necesidad de la Administración de contar,con los mecanismos coercitivos para cumplir sus fines, ya que de lo contrario la actividad administrativa quedaría vacia de contenido, ante la imposibilidad de ejercer el ius puniendi del Estado frente a la inobservancia de los particulares en el cumplimiento de las obligaciones que les han sido impuestas por ley". Bajo esta orientación, queda claro que tas Unidades de Auditoría Interna perfiladas desde la perspectiva de las disposiciones constitucionales, legales y sublegales, así como de los lineamientos y politicas que ha dictado la Contraloría General de la República. son unidades que tienen plena cualidad y capacidad juridica. para distribuir sus competencias entre las distintas dependencias que las conforman, además de establecer sus funciones. responsabilidades y niveles de autoridad: en razón que la organización o subdivisión, en orden jerárquico descendente establecida en la estructura organizativa de este Ministerio (que aún se encuentra vigente, toda vez que las dependencias que tienen funciones de apoyo se encuentran incólumes). fue formalmente aprobada por el órgano rector en materia de "organización institucional". Lo aquí expuesto encuadra bajo el principio de la legalidad, al cual se contrae el articulo 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, cuando establece: "La Administración Pública se organiza y actúa de conformidad con el principio de legalidad, por el cual la asignación, distribución y ejercicio de República Bolivariana de Venezuela, las leyes y los actos administrativos de carácter normativo dictados formal y previamente conforme a la ley, en garantía y protección de las libertades públicas que consagra el régimen democrático, participativo y protagónico". En atención a las consideraciones expuestas, quien decide observa que no existen elementos que permitan evidenciar que la Directora de Determinación de Responsabilidades (E) de esta Oficina de Auditoría Interna, tomó atribuciones Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezurla N° w. 4os de: 2 04 200 "Sentencta de la Sala Poltico-Adminstrativa del Tobunal Supremo de usticia. de te.ha 28 10-2014. Setenc del legado Supenor Carto en lo Co y Coenci d de ia Regin Caital, de fecha 21/09/2015. Sentenca N° 200 de fecha 116/2002, de ia Sala Censiucioul del T Sentencia N° 488 de fecha 30/03/2004, de ta Sala Curstituciual del TN1. Esp N° d2-1957. 429.463 que no tiene conferidas y por ende no se materializa en el presente caso una usurpación de funciones, como lo pretende hacer ver la defensa. A los fines de ilustrar lo anterior, se considera necesario citar lo señalado por la Sala Político Administrativa en Decisión N° 00583 dictada en fecha Administrativo, en los términos siguientes: cuando una autoridad legítima dicta un acto invadiendo la esfera de competencias de un órgano perteneciente a otra rama del Poder Público, violentando de ese modo las disposiciones contenidas en los artículos 136 y 137 de la Constitución de la República que consagran, por una parte, el principio de separación de poderes, en razón del cual cada rama del Poder Público tiene sus funciones propias. y se establece, por otra, que sólo la Constitución y la ley definen las atribuciones del Poder Público y a tales normas debe sujetarse su ejercicio. De manera que al del Poder Público, se estaría incurriendo en una incompetencia manifiesta, lo cual se traduciría necesariamente en la nulidad absoluta del acto impugnado". En sintonía con el mencionado criterio, se tiene que el vicio de incompetencia implica que el acto ha sido dictado por funcionarios que no estaban debida y legalmente autorizados para dictarlo, sea en virtud de que se extralimitaron en el ejercicio de las competencias que tenían para otra actuación o simplemente actuaron en usurpación de autoridad o funciones, situación que no se verificó en el presente caso, toda vez que la Directora de Determinación de Responsabilidades (E) fue formalmente designada mediante la Resolución N° 068 de fecha 27/05/2015, anteriormente mencionada, en virtud de la cual es la responsable del ejercicio de las competencias atribuidas a esa dependencia.. En consecuencia quien suscribe, reitera lo señalado precedentemente por cuanto la Dirección de Determinación de Responsabilidades, tiene entre sus funciones y finalidades, en atención a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, iniciar el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, si como consecuencia del ejercicio de las funciones de control o de las potestades investigativas surgieren elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o imposición de multa. Por las razones expuestas, se considera que el alegato supra referido al funciones expianados por la defensa, no tienen fundamento jurídico válido y por ende se desestiman. Así se decide. Por otra parte, la interesada legitima en escrito presentado en fecha 26/01/2016. solicitó la recusación de la Directora de Determinación de Responsabilidades (E) de esta Oficina de Auditoría Interna, acción que fue planteada, en los términos siguientes: "(...) procedo formalmente a RECUsARLA ciudadana (.) en su condición de Directora de Determinación de Responsabilidad, por haber emitido opinión al fondo al momento de pronunciarse sobre la admisión de los medios probatorios promovidos' y que según la interesada, 'dejan de manifiesto una evidente parcialidad, a propósito de haber emitido opinión al fondo en cuanto a la valoración o apreciación de medios probatorios. ya que (...) ha utilizado argumentos de valoración disfrazados de admisibilidad arbitrariedad y abuso de poder, actuando fuera del margen de la ley y la Constitución, lesionando el principio de legalidad administrativa, tratándose de un hecho sobrevenido y que tiene su términos del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil (...) produciéndose sobrevenidamente el motivo de recusación en el acto de pronunciamiento sobre la admisión de los medios probatorios y no estando concluido el lapso probatorio ...). Fundamentado la supuesta acción en lo siguiente: "(...) el incumplimiento por parte de los funcionarios correspondientes del deber u obligación de inhibirse (...) basado en los articulos 36 numeral 2° y 3º de la LOPA y el numeral 15 literales B y C del Manual de Normas y Procedimiento de Potestad Investigativa, emanada de la Contraloría General de la República en concordancia con el articulo 82 numerales 15 y 18 del Código de Procedimiento Civil'. ..) como compañeras de trabajo desde el inicio usted yo hemos sido enemigas (...)" (sic) (folios 662 y 664). A su vez, la defensa argumentó en acto oral y público que: "El tema fundamental aquí y no obstante que la propia ciudadana (E) de Determinación de [Directora Responsabilidades] se encuentra recusada y nunca se tramitó la recusación, es que este acto nunca se debió llevar, el ciudadano [Auditor Interno (E)] no pudo nunca haber realizado este acto ni ningún procedimiento, fueran contra sus propios actos" (corchetes añadidos). Al respecto, quien suscribe tiene a bien realizar algunas consideraciones relacionadas con las causales de inhibición figura que de acuerdo con la corresponde en el marco del procedimiento administrativo como el que nos ocupa. Asi se tiene que los actos administrativos emanados /de un funcionario público en ejercicio de una competencia subjetiva puede dar lugar a la impugnación de dicho acto, por estar incurso en causal de inhibición, en la medida que la situación fáctica comprometa su parcialidad, supuesto en el cual, está llamado a inhibirse del conocimiento de asuntos cuya competencia le esté legalmente atribuida, así lo establece la LOPA, en su artículo 36, y la Ley del Estatuto de la Función Pública -Ley Especial- en el artículo 33 numeral 10, ello precisamente para garantizar el principio de imparcialidad al que alude el artículo 30 de la LOPA, lo que se traduce en el hecho de que el funcionario no esté relacionado por ningún vínculo a cualquiera de los intervinientes en el procedimiento administrativo, ni tenga interés personal, pasional o ideológico que pueda influencia el acto administrativo. Es menester traer a colación en atención a los argumentos expuestos por la interesada, lo dispuesto en el articulo 36 de la LOPA, normativa aplicable para la inhibición de los funcionarios administrativos y la cual es del siguiente tenor: "Articulo 36. Los funcionarios administrativos deberán inhibirse del conocimiento del asunto cuya competencia les esté legalmente atribuida, en los siguientes casos: (...)) 2. Cuando tuvieren amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las personas interesadas que intervengan en el procedimiento. 3. Cuando hubieren intervenido como testigos o peritos en el expediente de cuya resolución se trate, o si como funcionarios página original (tal como se publicó) [Página 14] 429.464 Viernes 29 de julio de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA hubieren manifestado previamente su opinión en el mismo, de modo que pudieran prejuzgar ya la resolución del asunto, o, tratándose de un recurso administrativo, que hubieren resuelto o intervenido en la decisión del acto que se impugna. Quedan a salvo los casos de revocación de oficio y la decisión del recurso de reconsideración. (.….". De la norma parcialmente transcrita, se desprende que el legislador ha establecido los parámetros para determinar las inhibiciones en asuntos de carácter administrativo. Así, el articulo en estudio permite a los particulares disponer de un mecanismo de naturaleza diferente a la recusación, la cual, no es una figura admisible en sede administrativa, como sí ocurre en vía jurisdiccional, lo que queda evidenciado, en primer lugar -y en un sentido estrictamente forma/- por no haber sido incorporada en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos: pero además, por ser considerado como un mecanismo procedimental que no es compatible con la dinámica de la actividad administrativa ni con los principios reguladores de sus competencias. Así pues. la figura de la inhibición constituye una efectiva garantía al principio de imparcialidad de la actividad administrativa, que se ha dejado en manos del propio funcionario, correspondiéndole la iniciativa de la abstención en el procedimiento cuando sobre él mismo recaiga una causal organismo velar por el cumplimiento de tal principio. Ahora bien, en cuanto a la causal de inhibición prevista en el mencionado numeral 2 del artículo 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativa referido a la amistad íntima o enemistad manifiesta, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1477 de fecha 27/06/2002 (caso: Gladys Jorge Saad (viuda) de Carmona). expuso: "...no basta que existan motivos más o menos fundados para presumir o sospechar la enemistad del Magistrado judicial con algunas de las partes, sino que como literalmente lo prevé la normativa ha de ser una 'enemistad manifiesta'... es decir. revelada o exteriorizada mediante un estado pasional de ánimo que se ponga por actos indudables del recusado que lo acrediten en forma inobjetable". En este mismo sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 21/07/2010. con ponencia del Magistrado apreciados pongan en tela de juicio la imparcialidad del juzgador (..)". lo trascendencia, que ponga de manifiesto y sin lugar a dudas un estado de verdadera enemistad o de efectivo resentimiento hacia el interesado. imparcialidad del juez que conoce determinado asunto, debe provenir de actuaciones que le sean imputables a éste y no de eventos creados por una de las partes para lograr sus traer de manera caprichosa el conocimiento de una causa (...)". En un sentido similar, la Contraloria General de la República, mediante Memorando 04-00-338 del 04/06/2012. publicado en el libro de Dictámenes de la Dirección General de los Servicios Jurídicos, años 2011-2012 - N° XXIl páginas 158 a la 163, señaló en relación a la figura de la Inhibición, entre otros aspectos, lo siguiente: "En primer término, es preciso referirse al principio de imparcialidad, como expresión directa del principio constitucional de igualdad, bajo el cual la Administración Pública debe garantizar garantía para que la Administración Pública sirva con objetividad a todos los intereses generales, sin someterse a parcialidades y actuar con sometimiento pleno a la Constitución y a la Ley. Este principio tiene su desarrollo concreto en la referida Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, mediante la figura de la inhibición y sus causales, establecidas con base en razones de interés, amistad, enemistad, intervención en el asunto, opinión formada y relación de servicio o subordinación del funcionario actuante con el sujeto u objeto del procedimiento administrativo. En este sentido, es importante puntualizar lo que se entiende por inhibición a la luz de la doctrina. Así, la Dra. Hildegard Rondón de Sansó (.) la ha entendido como "la abstención voluntaria del titular finales o interlocutorias'. Por su parte, el Dr. José Araujo Suárez (...) considera: (...) la inhibición constituye, pues, una técnica para garantizar que las personas físicas que en un momento dado personifican la Administración Pública, van a realizar adecuadamente los fines encomendados, evitando que la recta decisión pueda resulta desviada por las relaciones con las personas o los intereses en juego (...)'. De manera que, la inhibición constituye un acto obligatorio para el funcionario incurso en las causales de Ley, que permite garantizar administrativa". Se pone de manifiesto, que la inhibición es una figura obligatoria y no potestativa, surge de ella la inmediata obligación del funcionario de inhibirse del conocimiento de un asunto si sobre él recae alguna de las causales previstas en la norma. En este contexto, la interesada legítima argumentó que, en relación a la supuesta enemistad, que la actual Directora de Determinación de Responsabilidades (E) de la Oficina de Auditoría Interna del MPetroMin, por el hecho de estar en "...esa Dirección (...) en comisión de Servicios, ya que es personal de la nómina de la Dirección Ejecutiva de Auditoría Fiscal de PDVSA, al igual que mi persona y como compañeras de trabajo desde el inicio usted y yo hemos sido enemigas -lo que se evidencia del folio 319 del expediente- circunstancia ésta que usted conoce desde el principio y no obstante no se inhibió, actuando abusiva y arbitrariamente...". Analizado el argumento que precede y la prueba indicada, quien decide observa que, el referido folio 319 del expediente administrativo, consiste en el memorándum N° DAF/2015-040 de fecha 11/06/2015 dirigido al Presidente de Petróleos de Venezuela S.A.. por el Director Ejecutivo de Auditoría Fiscal Encargado, a través del cual "...remite dos expedientes, con la finalidad de solicitar su aprobación en los formatos 'solicitud de inclusión de Asunto en Agenda' de las Trabajadoras Dorgi Jiménez, C.1 11.691.340 y [la Directora (E) de Determinación de Responsabilidades], estos puntos de agenda serán sometidos ante el Comité de RRHH para la aprobación de las asignaciones en otros entes del estado de las trabajadoras arriba descritas" (sic), del cual no se evidencia que las ciudadanas mencionadas sean enemigas manifiesta, únicamente se desprende la realización de un trámite administrativo intero previo a la asignación de nuevas funciones en otros entes del Estado, razón por la que la pretensión de la interesada legítima (recusación) la cual debe ser entendida como solicitud de inhibición carece de fundamento y debe desestimarse completamente. Y asi se decide. Con respecto al alegato vinculado con el presunto adelanto de opinión con ocasión de la admisión o no de pruebas indicadas por la defensa, como supuesto que daría lugar a la inhibición de la Directora de Determinación de Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en sentencia de fecha 09/11/2010. recaida en el expediente identificado AP42-R-2004-000585. expresado en los siguientes términos: "Así, en criterio de la Sala Constitucional, 'las vías idóneas para impugnar los actos de trámite dictados en el procedimiento administrativo son, bien los respectivos recursos administrativos o el contencioso administrativo contra el acto final o bien impugnado autónomamente el acto de trámite por alguno de los Procedimientos Administrativos, es decir. indefensión, prejuzgamiento o imposibilidad de continuar el procedimiento (..l (Vid. Sentencia N° 29 del 27 de enero de 2003. caso: Cámara Municipal del Municipio Sucre del Estado Miranda). C En ese mismo orden, la Sala Político-Administrativa de nuestro Máximo Tribunal ha señalado en cuanto a la impugnación de los actos administrativos denominados de trámite, que en principio no serían impugnables ante los órganos jurisdiccionales dada su naturaleza, por no implicar en modo alguno la resolución, con plenos efectos jurídicos, de la cuestión sometida al conocimiento de la Administración (acto definitivo). Sin embargo, ha sentado que tanto la doctrina como la jurisprudencia reconocen la posibilidad de su impugnación autónoma, de conformidad con el articulo 85 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cuando: (i) pongan fin a un procedimiento, (i) imposibiliten su ejecución, (iii) causen indefensión, o (iv) prejuzguen como definitivos, siempre que lesionen los derechos subjetivos o intereses legítimos de los particulares afectados por el procedimiento (...) la Corte observa que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (...) establece (...) en el ordinal 3º al prejuzgamiento como una de tales causales que obligan la inhibición. El prejuzgamiento es, podría decirse, la actuación por medio de la cual quien tiene en sus manos el pronunciamiento de un asunto anticipa o deja entrever su criterio en tomo al mérito de la cuestión planteada, por supuesto, dentro de una oportunidad que la ley no habilita para proyectar esta actuación. En estos casos, resulta conveniente apartar al funcionario sobre la consideración del caso, entredicho, de manera que no es posible garantizar un juicio que se compagine con las circunstancias del expediente y del proceso, en acoplamiento a los principios de justicia, tutela judicial efectiva y verdad material que nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela proclama para todo proceso (...)". En ese sentido, tenemos que en el presente procedimiento no se evidenció que se haya emitido pronunciamiento por parte de la Directora de Determinación de Responsabilidades (E) que ponga fin a un procedimiento, imposibilite su continuación, cause indefensión o lo prejuzgue como definitivo, contrariamente a lo expresado por la interesada, como puede observarse de la simple lectura del auto de admisión de pruebas de fecha 20/01/2016 (folios 630 al 636) que parcialmente se transcribe a continuación: "...que: el mérito favorable de los autos, tal como lo ha señalado la interesada, no es un medio de prueba admisible en nuestro ordenamiento juridico. En este sentido precisa la doctrinajurisprudencia que, la reproducción del mérito favorable de autos constituye por si mismo una manifestación del principio de la comunidad de la prueba, conforme a la cual las pruebas no pertenecen al promovente, pertenecen al proceso y de la responsabilidad del titular del órgano quien decide, en cuanto al deber impretermitible de examinar cuantas pruebas se han aportado a los autos, para de esta manera no incurrir en la violación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Que promover como pruebas el mérito favorable de los autos, no está catalogado como prueba en el Código Civil de Venezuela, como tampoco en el Código de Procedimiento Civil, ya que el mérito probatorio de los autos, resulta del estudio jurídico y mental cuando se analizan las pruebas para decidir la procedencia o ng determinación de responsabilidad administrativa. Y asi se declara. Sobre el principio de la Comunidad de la Prueba, se refiere a que la beneficie a quien la promueva, una vez introducida a la causa se tomará en cuenta en función de determinar la existencia o inexistencia de un hecho con consecuencia jurídica, cuestión ésta que representa una obligación para quien decide los fines de la realización del Derecho y como fin del presente procedimiento, en cuanto valorar la prueba, el deber analizar y decidir sobre todas cuantas pruebas se hayan producido, aún aquéllas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresando siempre cuál sea el criterio respecto de ellas. Y asi se declara. Respecto a la ratificación del mérito favorable de las prueba instrumentales promovida e identificada como '2.-, único numeral e instrumento que promueve, ubicado en el tercer y último aparte del 'PUNTO PREVIO', visto que el 'merito favorable' no es un medio de prueba, además se observa que el instrumento incorporado y señalado como Gaceta Oficial carece de identificación tanto del instrumento público que promueve como de la foliatura en la fase investigativa a la cual alude y de los ciudadanos de quienes quiere hacer referencia; cuyo texto transcribió del modo siguiente: 'Gaceta Oficial xxx, Gaceta Oficial, incorporadas en la fase de potestad investigativa, en la cual se demuestra que el hecho que intervinieron en la referida fase ciudadanos MIGUEL, ENZO y mi persona existía una relación de subordinación, dado mi carácter de directora General de OAl, que obligaba a que los mismos tenían que inhibirse y además hace procedente la recusación que se plantear a en su momento y que fuera indebidamente tramitada'. (cursiva nuestra). Dado que el mérito favorable no es un medio de prueba y, el contenido del aludido texto no es conducente, se declara impertinente y por tanto inadmisible. Asi se decide. (.…) página original (tal como se publicó) [Página 15] Viernes 29 de julio de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Se promueve la declaración de siete (7) ciudadanas; tres (3) de 'demostrar los hechos relevantes y pertinentes que se debate en la (Sic) presente procedimiento de determinación de responsabilidad, en general'. Y por cuanto estas personas promovidas, según la interesada, son: 'funcionarias del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería': (..) ésta Dirección de Determinación de Responsabilidades las admite en cuanto ha lugar en derecho reserva de su apreciación en la oportunidad correspondiente. Así se declara. (.….) En cuanto a la testimonial de la ciudadana ZORAIDA GOMEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio: no se aprecia del escrito la identificación adecuada correspondiente, tal como es su número de cédula de identidad, motivo por el cual, se declara: impertinente y por tanto inadmisible. Asi se decide. Con relación a las otras tres (3) ciudadanas promovidas como testigo: (.) se acuerda, la comparecencia de ellas, en la oportunidad que se fije. antes de la realización del Acto Oral y Público, y queda a cargo de la interesada, como lo solicitó en su escrito de promoción la presentación de cada una de ellas, a reserva de la apreciación de la testimonial en la oportunidad correspondiente. Asi se declara. (...) Se promueve (...) 'la declaración de la ciudadana ... en calidad de experto-testigo en materia de auditoría interna y control fiscal y acreditado por su especialidad y experiencia en materia de control fiscal y auditoría interna (...) tal y como se desprende de la síntesis curricular que se anexa marcado con la letra 'A'. con sus soportes (...) que permiten calificaria como experta en la materia, para que en tal condición produzca losluicios de valor (...l'. negrillas suyos; (...) Y que se 'pretende acreditar estos hechos a través de juicios de valor que emita la experta calificada promovida como testigo -experto-testigo- lo que nos ubica dentro de una de las especies de la experticia, para asi demostrar lo ya señalado y compararlo a la vez de constatar la legalidad de las actuaciones realizadas... Al respecto, se evidencia que el Anexo identificado como 'A' del documento presentado por la interesada consta de tres (3) páginas; además, se evidenció, que no posee soporte alguno como lo menciona la interesada en su documento. Se trata de una 'síntesis curricular'. Ahora bien, se tiene que la experticia o prueba pericial, consiste en la aportación de opinión de personas expertas sobre puntos de hecho de los cuales se requiere la apreciación ilustrando sobre un particular del cual se requieran conocimiento científico. contemplado en el artículo 451 del Código de Procedimiento Civil; la experticia o prueba pericial se distingue de la prueba testimonial en que: 1. El testigo declara sobre hechos que conoció con anterioridad al juicio, el experto del hecho existente en el momento de realizar la operación, 2. El testigo es examinado, el perito o experto examina, 3. El testigo relata objetivamente los hechos, el experto tiene que hacer la apreciación y 4. El testigo y el experto tienen diferente función, el primero proporciona al decisor el conocimiento de los hechos, el segundo ilustra al decisor sobre los hechos comprobados. En este mismo orden de ideas, los juristas Juan José Flores y Nery José Febres G. en su libro titulado Derecho Procesal Civil su Naturaleza Jurídica y sus Principios' Primera Edición, Editorial Sulibro, C.A., contempla: 'Las experticias son de dos especies, por una parte, en ocasiones, constituyen un medio juicio y por otra parte, es un medio de apreciación, de que el Juez necesita valerse para suplir los conocimientos especiales de que carece'. Y el Objeto que la interesada pretende demostrar con la promoción de experto-testigo, es: 'demostrar hechos relevantes y pertinentes en el presente procedimiento de determinación de general que realizan las Oficinas y Direcciones encargadas de la Auditoria Interna, el tema de las denuncias, sus requisitos, interposición, tramitación y procedimiento, al Pian operativo Anual (POA), al procedimiento de entrada y registro de documentación: entre otros hechos relevantes contenidos en la imputación que se me ha hecho', por lo que se observa que no se encuentra válidamente promovida, al no indicar cuál seria la aportación de opinión de esta persona, o aspecto que requiera apreciación ilustrada sobre un hecho particular del cual se requiera algún conocimiento científico, de los que ya se encuentren válidamente establecidos en la propia legislación patria; en consecuencia se declaran impertinentes y por tanto inadmisible. Asi se decide. En el mismo 'CAPITULO sEGUNDO' se promueve pero ahora como TESTIGO-EXPERTQ a: 'la precitada Ciudadana .. ya identificada. durante mi gestión como Directora General (E) de la Dirección de Auditoría Inter a ... teniendo en consecuencia conocimiento directo y personal sobre los hechos que se me imputan en el presente procedimiento, hechos que solo pudieron ser percibidos como consecuencia de su condición especial como experta en la materia de auditoria interna y control fiscal (...)' y según la interesada el Objeto del mismo es: 'que declare sobre al funcionamiento y actividad que se realizaban en la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio, durante mi gestión, el tema de las denuncias, sus requisitos, interposición, tramitación y procedimiento realizado por la Dirección en cuestión durante mi gestión, el Plan Operativo Anual (POA) que se realizó durante mi gestión, asi como el procedimiento de entrada y registro de documentación en la Oficina de Auditoría Intema durante mi gestión'. Al respecto se observa en esta segunda parte del Capitulo Segundo. que la interesada promueve por tercera (3ra) vez a la ciudadana (...). ya identificada, pero ahora como testigo-experto; respecto a 'la_ experticia'. se reproduce de manera integra el contenido del párrafo anterior, respecto a la 'experticia o prueba pericial' y, 'la testimonial' en condición de la promoción en calidad de Testigo' de dicha ciudadana, la misma ya fue admitida en el presente documento, cuando se trató el Capitulo Primero, referido a la Prueba Testimonial. por lo que no hay nada que pronunciarse al respecto. (...) Se solicita se oficie a la Oficina de Gestión Humana del Ministerio, a los fines que informen sobre seis (6) hechos, con relación a las ciudadanas . yque se envien copias certificadas de la documentación pertinente donde conste la información solicitada (...) Se observa que el objeto del mismo, no guarda relación alguna con el motivo del presente procedimiento de determinación de 429.465 responsabilidades, carece de idoneidad, conducente a un procedimiento, en cuanto a indicios racionales y lógicos en la preexistencia de relaciones de amistad, por lo cual se declara ... inadmisible. Así se decide. (..) Se solicita se oficie a la Directora de la Dirección de Industrialización y Tecnología de los Hidrocarburos, si la ciudadana ... era secretaría en la Dirección Industrialización del Ministerio del Poder Popular de Petróleo o Minería o como se le denominada en ese tiempo', y solicita se envien copias certificadas de la documentación pertinente donde conste la información solicitada ... Se observa que el objeto del mismo, no guarda relación alguna con el motivo del presente procedimiento de determinación de responsabilidades, carece de idoneidad por cuanto al criterio que pudiera tener la Dirección de Industrialización y Tecnología de los Hidrocarburos para emitir dichos informes que permitan decidir en base a un conocimiento más perfecto sobre el hecho controvertido, a indicios racionales y lógicos en la preexistencia de relaciones de afinidad o amistad, visto que el objeto de este medio de prueba son los hechos debatidos que consten en documentos que se hayan en la Dirección de Industrialización y Tecnología de los Hidrocarburos; por lo cual se declara la impertinencia de la misma y por tanto se declara inadmisible. Asi se decide. (.….) Se solicita se oficie a la Dirección de Servicios y Logística del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería para que ésta informe de: Si para el período comprendido entre el 01 de octubre de 2010 hasta el 15 de octubre de 2014, durante el cual la ciudadana (...), ejerció el cargo de Directora General (E) de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, la ciudadana (...), quien se desempeñaba como secretaria de la Oficina de Auditoria Interna, le reportaría o denunciaría ante la precitada Dirección de Servicios y Logística del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, el hurto de (..); y solicita se envien copias certificadas de la documentación pertinente donde conste la información solicitada... Se observa que el objeto del mismo, no guarda relación alguna con responsabilidades, carece de idoneidad por cuanto al criterio que pudiera tener la Dirección de Servicios y Logistica del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería para emitir dichos informes que permitan decidir en base a un conocimiento más perfecto sobre el hecho controvertido, que permitan establecer indicios lógicos y racionales respecto a que ciertamente fueron sustraídos o hurtados, los memorándum recibidos por la ciudadana (...). aunado al hecho que el objeto de este medio de prueba no se encuentra debatido; tanto se declara inadmisible. Asi se decide. (...) Se pasa a considerar los anexos identificados como A, B, C y D, del modo siguiente: El documental identificado con letra_A'. de tres (3) páginas, referido a copia simple del Resumen Curricular de la ciudadana MIRLA JUDITH LADERA ITRIAGO, y mediante el Cual se pretende establecer la capacidad técnica o experta de la mencionada, el mismo se desestima por impertinente. según el análisis y criterio previamente realizado referido al Capitulo Segundo denominado por la interesada 'Del Experto Testigo y del Testigo Experto o inadmisible. Asi se decide. Sobre el documental identificado con la letra 'B' y la letra 'C, ambos de una (1) página cada uno y en copia simple: la 'B' referida a Nota de Remisión emanada del Despacho del Ministro del Poder Popular de Petróleo y Mineria, de fecha 10 de octubre de 2014; y la C' referida a documento de fecha 08 de enero de 2014, en los cuales se observan que cuando era entregada y recibida por la interesada para su revisión, luego de recibir las por su secretaria ... eran firmados por su persona. Ambos medios tienen como Objeto demostrar, según la interesada: ... Esta Dirección de Determinación de Responsabilidades las admite en cuanto ha lugar en derecho por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes a reserva de su apreciación en la oportunidad correspondiente. Asi se decide. El documental identificado con letra 'D': referente a Nota de remisión de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, de fecha 01/11/2010, dirigido a Recursos Humanos, mediante el cual se remite (...). que demuestra según la interesada, que la misma manejó información personal y acceso a información confidencial de la interesada, con el objeto de demostrar que dicha ciudadana manejaba documentación de la oficina. Se admite en cuanto ha lugar en derecho por no ser manifiestamente ilegal ni impertinente a reserva de su apreciación en la oportunidad correspondiente. Así se decide." (folios 630 al 636). Se evidencia del auto de mero trámite de fecha 20/01/2016. parcialmente transcrito, que la Directora de Determinación de Responsabilidades (E) no emitió opinión al fondo, ni prejuzgó al momento de pronunciarse sobre la admisión de los medios probatorios promovidos por la defensa, tampoco se observa en el expediente documentación o algún otro elemento que avale o demuestre el supuesto prejuzgamiento invocado por la ciudadana Dorgi Doralys Jiménez Ramos, razón por la cual quien decide desestima el referido alegato. Así se declara. Adicionalmente, la defensa mediante su escrito consignado el 26/01/2016 (folios 645 al 690), impugnó del referido auto de fecha 20/01/2016, emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades (E), fundamentado en lo siguiente: "procedo a realizar las siguientes argumentaciones de hecho y de derecho, que dejan en evidencia, el abuso y arbitrariedad que siguen lesionando mi derecho constitucional a la defensa, que generan la nulidad del mismo (.) en los términos que paso de seguidas a exponer (...) resulta inmotivado y contrario al artículo 49 Constitucional, pues en forma alguna Se expresaron los argumentos de hecho y de derecho por los cuales el medio probatorio inadmitido es impertinente (...) Aunado a ello (...) la inadmisión de la prueba (...) se basó. además de ser supuestamente impertinente. lo que (..) resulta falso y errado, al guardar plena relación con el tema debatido y que sirve como prueba de los hechos expuestos en nuestra defensa (.) es por lo que impugno la misma y solicito se declare su nulidad absoluta, página original (tal como se publicó) [Página 16] 429.466 Viernes 29 de julio de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA reviéndose y por consiguiente procediéndose a la admisión de todos los medios probatorios (...)" (sic). De igual forma, la defensa expuso en la audiencia oral y pública lo siguiente: "(...) que aquí lo que ha sucedido ciudadano Director y los presentes es una evidente retaliación, un revanchismo, un tema donde realmente no estamos actuando ajustados a derecho, donde se han violado todas las normas constitucionales y legales (...". Al respecto, quien suscribe considera pertinente dar por reproducida la 20/01/2016, en donde se puede evidenciar el análisis efectuado por dicha dependencia para declarar impertinente y por tanto inadmisible alguna de las pruebas promovidas por la defensa, exponiendo a tal efecto las razones de hecho y de derecho que sirvieron de fundamento para la emisión de tales pronunciamientos. Lo anterior, obedece a que no existe la obligación para el órgano de control fiscal de admitir todas las pruebas indicadas en el sentido que pretenda el interesado en el procedimiento para la determinación de responsabilidades. es decir, el hecho de que el análisis efectuado por la Dirección de Determinación de Responsabilidades sobre los medios probatorios promovidos, a fin de pronunciarse sobre su admisión, se aparte o no coincida con la posición de la ciudadana Dorgi Doralys Jiménez Ramos, no se considera como inmotivación del auto de fecha 20/01/2016. Con relación a la inmotivación, se aprecia el criterio de los órganos de jurisdicción contenciosa administrativa; a cuyo efecto, entre otras sentencias, Contencioso-Administrativo de la Región Centro Occidental Barquisimeto, de fecha 17/04/2009. lo siguiente: "...) ha sido el criterio reiterado de la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que el vicio de inmotivación se tipifica tan solo en los casos en los cuales esta ausente la determinación prevista en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, esto es, cuando no se expresa ni las razones de hecho, ni las razones jurídicas, ni puede deducirse la prescindencia de tales elementos del contexto general del acto. De administrativo no tiene porque ser extensa. No se trata de la inexistencia de inmotivación del acto administrativo, sino que aun cuando esta no sea muy amplia, puede ser más que suficiente para fundamentan la actuación de la administración. En sintonía con lo anterior, el querellante precisa que el acto administrativo se encuentra inmerso en tales vicios, los que a todas luces se contradicen entre si, pues si bien, a su decir existe un falso supuesto y a su vez considera que la inmotivación es totalmente contradictoria. En efecto, la insuficiente motivación de los actos administrativos, sólo da lugar a su nulidad cuando no permite a los interesados conocer los fundamentos legales y los supuestos de hechos que constituyeron los motivos en que se apoyó el órgano administrativo para dictar la decisión, pero no cuando, a pesar de su motivación, permite conocer la fuente legai, las razones y los hechos apreciados por la Administración. Ello así, y relacionado con el caso de marras, se hace preciso mencionar la Incompatibilidad de alegar falso supuesto con el vicio de inmotivación, pues la Sala Político Administrativa ha sido constante en afirmar la contradicción que supone la denuncia simultánea de los vicios de inmotivación y falso supuesto por ser ambos conceptos excluyentes entre sí. La inmotivación supone la omisión de los fundamentos de hecho y. de derecho que dieron lugar al acto, y el falso supuesto alude a la circunstancias presentes, o bien la fundamentación en una norma que no resulta aplicable al caso concreto: no pudiendo afirmarse, en consecuencia, que un mismo acto, por una parte, no tenga motivación, y por otra, tenga una motivación errada en cuanto a los hechos o el derecho. (Sentencia N° 226 del 13 de febrero de 2003, y Sentencia Nº 1.930 del 27 de octubre de 2004). Así las cosas, (..) la Sentencia Nº 01217 de fecha11 de julio del 2007, caso Inversiones y Cantera Santa Rita C.A, emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. (...). a saber: (...)Establecido lo anterior, se advierte que el recurrente planteó además que el acto impugnado incurre en el vicio de inmotivación jurisprudencia de este Alto Tribunal ha dejado sentado que invocar conjuntamente la ausencia de motivación y el error en la apreciación de los hechos o en la aplicación de los fundamentos de enervan entre sí; en razón de ello, cuando se aducen razones para procedimiento formativo del acto, es porque se conocen los motivos del mismo, de manera que resulta incompatible que por un lado se exprese que se desconocen los fundamentos del acto y por otro se califique de errada tal fundamentación; de alli que la denuncia simultánea de los vicios de inmotivación y falso supuesto, ha venido siendo desestimada por los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa'. (Entre otras. sentencias de esta Sala 1137 del 4 de mayo de 2006). No obstante lo anterior, es menester señalar que esta Sala se ha pronunciado sobre el vicio de motivación contradictoria (Sentencia N° 1.930 del 27 de julio de 2006), indicando sobre el particular lo siguiente: '(...) la inmotivación (tanto de los actos administrativos como de las sentencias) no sólo se produce cuando faltan de forma absoluta los fundamentos de éstos, sino que puede incluso verificarse en casos en los que habiéndose expresado las razones de lo dispuesto en el acto o decisión de que se trate, éstas, sin embargo, presentan determinadas características que inciden negativamente en el aspecto de la motivación, haciéndola incomprensible, confusa o discordante. Por ende, la circunstancia de alegar paralelamente los vicios de inmotivación y falso supuesto se traduce en una contradicción o incompatibilidad cuando lo argúido respecto a la motivación del acto es la omisión de las razones que lo fundamentan, pero no en aquellos supuestos en los que lo denunciado es una motivación contradictoria o ininteligible, pues en estos casos sí se indican los motivos de la decisión (aunque con los anotados rasgos), resultando posible entonces que a la vez se incurra en un error en la valoración de los hechos o el derecho expresados en ella.' (...)" En este sentido, se dispone en el articulo 100 de la LOCGRsNCF que saivo previsión expresa en contrario, se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la solución del caso por cualquier medio de prueba que no esté expresamente prohibido por la ley y a su vez, el artículo 102 eiusdem establece que a menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el funcionario competente para decidir deberá apreciar la según las reglas de la sana crítica. Significa entonces que las Unidades de Auditoria Interna, están obligadas a aplicar la regla de la sana crítica o libre apreciación razonada a cualquier prueba en el procedimiento, cuando no exista una regia legal expresa para valorar el mérito de la prueba, teniendo libertad de apreciar las pruebas aportadas de acuerdo con la lógica y las reglas de la experiencia que, según su criterio personal, son aplicables. En este sentido, se ha pronunciado reiteradamente la Sala Politico-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencias números 01743 y 01533. donde se dejó asentado que: "...no implica que las reglas probatorias que rigen el proceso civil procedimiento aplicables rigurosamente son el en administrativo. ... En este orden de ideas, tal como lo ha establecido la Doctrina, constituye un principio general para la valoración de las pruebas en el procedimiento administrativo, la apreciación de las mismas con base a las reglas de la sana crítica. Ello. implica que la Administración debe valorar las pruebas presentadas durante el procedimiento administrativo, mediante una operación intelectual lógica y razonada. que se traduce en la motivación del acto administrativo" Es importante mencionar que el procedimiento que nos ocupa se ha desarrollado con la estricta observancia de los derechos y garantias consagrados en el articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respetando los principios referentes a los derechos humanos, al debido proceso, con expresa consideración de la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de la interesada. En ese sentido, resulta ilustrativo el criterio asentado por la Sala Político Administrativa en sentencia N° 610 de fecha 15/05/2008, caso: Armando Jesús Pichardi Romero, en los términos siguientes: "...de conformidad con lo previsto en el articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que el derecho a la defensa se concreta a través de diversas manifestaciones, tales como; el derecho a ser oido, a ser notificado del procedimiento, a tener acceso al expediente, a presentar pruebas, a ser informado de los recursos y medios de defensa disponibles frente a los actos dictados por la Administración, entre otras manifestaciones que la jurisprudencia ha desarrollado. Por otra parte, el debido proceso encuentra su expresión en un grupo de garantías procesales, entre las cuales se destaca el acceso a la justicia y a los recursos legalmente establecidos, asi como el derecho a un tribunal competente y a la ejecución del procedimiento correspondiente". En este contexto, conviene acotar que en dicho auto de fecha 20/01/2016 se declararon admisibles el resto de las pruebas promovidas por la interesada y. en tal sentido, se ordenara mediante auto de fecha 27/01/2016 (folio 644) la identificadas como B, C y D. Cabe advertir, que la propia interesada en su escrito de fecha 26/01/2016 (folios 645 al 690), desistió de las testimoniales que serían rendidas por dos (2) ciudadanas, identificadas en autos. De manera que, no se evidencia vulneración alguna al debido proceso ni al ocasionar la nulidad del auto de fecha 20/01/2016, emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades, en consecuencia, se desestima lo solicitado. Así se decide. En otro orden de ideas, en fecha 22/02/2016, durante el desarrollo del acto oral y público, el representante legal de la interesada solicitó la suspensión del acto oral y público y a tal efecto expresó to siguiente: "(...) solicitamos en este Acto se suspenda la presente audiencia. Se cumpla con lo que usted mismo había señalado en el oficio de la Contraloría, que usted remita el expediente a la Contraloría, que la Contraloría resuelva su recusación y una vez se resuelva la recusación se verá con el trámite del procedimiento que es lo que corresponde. Hasta que eso no se produzca, no se puede continuar el procedimiento y nosotros vemos impedidos de conocer el fondo, de analizar el fondo, de analizar las pruebas por cuanto, como podemos defendemos ante una persona cuya competencia todavía no ha decidido. (...) Usted está recusado serio [Auditor Interno (E)]. usted no puede pasar a conocer fondo, y nosotros no podemos tema de su recusación (...". (corchete añadido). Al respecto quien decide con relación a la solicitud de suspensión, estima conveniente ilustrar que únicamente se puede suspender el acto oral y público RLOCGRSNCF. esto si ocurre alguna situación inesperada que produzca alteraciones sustanciales que impidan la realización o continuación del acto. y siendo esta la oportunidad para que la interesada exponga las razones o argumentos que le asisten para la mejor defensa de sus intereses, de acuerdo con el artículo 101 de la LOCGRSNCF y el articuio 95 de su Reglamento. Así tenemos que, en fecha 22/02/2016 se efectuó el acto oral y público, en el que la interesada y/o su representante legal expresaron en forma oral y pública los argumentos que consideraron para la mejor defensa de sus 22/02/2016 (folios 712, 713), así como de la culminación del acto oral y público según acta de fecha 04/04/2016 (folios 723 al 725). Habida cuenta, que el presente documento ya recoge las consideraciones legales y doctrinarias correspondientes sobre la figura de la recusación en sede administrativa, las cuales se dan por reproducidas en su totalidad y permiten evidenciar respecto a quien suscribe que tampoco están dadas tales circunstancias. En consecuencia, al no presentarse en el caso, por una parte, circunstancias de fuerza mayor, que hayan impedido la realización del acto oral y público-y. por la otra, los pretendidos extremos de recusación aducidos por la defensa, es por lo que quien suscribe desestima los planteamientos formulados por la defensa. Así se declara. Seencis Ne 01743, del de noviembre de 20 (cato ros Alea o s. Ministero del err Jat. reiterada en la decisión N° 01533. página original (tal como se publicó) [Página 17] Viernes 29 de julio de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Siguiendo con el análisis de los argumentos de defensa, en el documento presentado en fecha 14/01/2016, la interesada legitima expone en su Capítulo Primero, del Titulo Il, denominado como: "Del cambio de la Imputación que genera violación del debido proceso por indefensión". lo siguiente: "(...) la incongruencia tanto de hecho como de derecho -calificación- de los hechos y las normas juridicas que habrían dado lugar al auto de proceder dictado en la fase de potestad investigativa y aquellos señalados en el auto de apertura de determinación de responsabilidad, lo que en definitiva se convierte en un cambio en la imputación que me coloca en estado de indefensión. (...) durante la fase de potestad investigativa, el auto de proceder dictado en la precitada fase de Potestad de Investigación, por parte del Director de Control Posterior de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio, basaría el mismo, esto es, basaria la investigación y la imputación en la causal de responsabilidad contenida en el articulo 91.2 de la LOCGRSNCF (...) (..) siendo el caso que ahora en el auto de apertura del procedimiento de determinación de responsabilidad, se cambia la situación fáctica o de hecho asi como la calificación juridica al ahora supuestamente encontrarme incursa en la causal de citada LOCGRSNCF (...) En definitiva, determinación de responsabilidad no puede cambiar la imputación y abrir un procedimiento de cero por derecho a la defensa. (...) se me ha burlado impunemente en fase de potestad investigativa con unos hechos y una calificación sobre la cual me defendi, para luego ser procesada con una acusación o imputación en determinación de responsabilidad totalmente diferente a la imputada primariamente." (marcado añadido) (folios 505 al 515). Sumado a lo anterior, en el Capítulo Primero. del Título III, del mismo contenida en el Auto Apertura o Inicio del Procedimiento de Determinación de Responsabilidad" (folio 536) se desarrolla el siguiente planteamiento: "(..) los hechos y a la calificación jurídica (...) imputada en el auto de apertura del procedimiento de determinación de responsabilidad, que y como se ha expresado ha cambiado absolutamente la imputación, que permite afirmar y concluir que aquellos hechos imputados en potestad investigativa fueron cierre del expediente mediante el archivo de las actuaciones (...) El resumen de los hechos y de calificación jurídica en que se basa la imputación establecida en el auto de apertura del procedimiento de determinación de responsabilidad (...) como hemos expresado en el presente escrito, ha sido cambiada absolutamente, pues tanto en la cuestión de hecho como en la calificación jurídica contenida en el auto de proceder que inició el procedimiento en la fase de potestad investigativa, son absolutamente diferentes a las que nos atañen ahora, ya que en esa primera fase de potestad. inactividad administrativa y omisión de actuación por parte de mi persona al no haber atendido o procesar una supuesta solicitud de procedimiento de determinación de responsabilidad en base al articulo 91.26 de la LOCGRSNCF, calificación jurídica contentiva del supuesto de hecho y la consecuencia que tampoco fuera imputada en fase de potestad investigativa. (...) Lo dicho precisamente se basa en que si la imputación en potestad investigativa lo fue al amparo del articulo 91.2 de la LOCGRSNCF, al no haberse acogido la misma y al no haberse tomado en consideración y acogido el informe de resultados. cuando determinación de responsabilidad cambió la imputación, se produjo el derecho legitimo, la expectativa plausible y la confianza legítima respecto a que los hechos y en general, la imputación que dio lugar al procedimiento de potestad investigativa, fue rechazado. negado o descargado tácitamente, de manera que lo correcto debía ser y es cerrar el procedimiento y ordenar el archivo de las Debido a esta apreciación, del cambio de imputación en el presente procedimiento, sostenido por la defensa, es solicitado expresamente en el "Título V" "Conclusiones y Petitorio" (folios 621 al 623). que se declare la nulidad de todo lo actuado y en consecuencia el archivo de las actuaciones establecido en el articulo 99.4 del RLOCGRSNCF. según se transcribe a continuación: "(..) Se declare la nulidad de todo lo actuado, especialmente el auto de apertura del procedimiento de determinación de responsabilidad, por el hecho de haberse hecho un cambio en la imputación y que como consecuencia de no haberse acogido la imputación señalada en potestad investigativa y señalada en el informe de resultados (...) lo que en definitiva conduce y solicito se declare luego de la nulidad el archivo de las actuaciones, todo conforme a lo previsto en los articulos 81 de la LOCGRSNCF y 86 del Reglamento. (...) De considerarse improcedente la solicitud de nulidad y de dicte el sobreseimiento de la causa, de conformidad con io establecido en el articulo 99.4 del Reglamento de la LOCGRSNCF" (marcado añadido). Aunado a los alegatos y solicitudes planteadas en el escrito de fecha 14/01/2016, anteriormente citados. se aprecia que también en la audiencia calificación, según se cita de seguido: "La ciudadana Directora de Determinación (...). en vez de evidenciar todas estas irregularidades y denuncias, ella nos cambió la calificación jurídica, ahora se nos juzga por el 91 punto 26 de la Ley Orgánica de la Contraloria, violando nuestro Derecho a la Defensa, violando los más elementales Derechos Humanos". Al respecto quien suscribe, a los fines de analizar los planteamientos formulados por la defensa, estima pertinente verificar el contenido del Auto de Proceder dictado en fecha 04/05/2015 (folio 09) en fase investigativa, extrayéndose de él, lo siguiente: "(..) se considera que de todos los puntos anteriormente analizados, se desprenden elementos suficientes que hacen inferir que la ex-funcionaria DORGI D. JIMENEZ R., en su carácter 429.467 de Directora General (E) de la Oficina de Auditoria Interna, incurrió en omisión de actuación. que operó en detrimento de los derechos que el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería tenia a través de ia acción ejercida (...) a traves de la solicitud de actuación realizada por la Direccion de Industrialización y Tecnología de los Hidrocarburos mediante Memorando N° DI-312 de fecha 28/11/2013." (marcado añadido). Ahora bien, una vez emitido el Auto de Proceder se procedió de conformidad con lo previsto en el articulo 79, que establece lo siguiente: "Las investigaciones a que se refiere el artículo 77 tendrán carácter reservado, pero si en el curso de una investigación el órgano de control fiscal imputare a alguna persona actos, hechos u omisiones que comprometan su responsabilidad, quedará obligado a informar de manera especifica y clara de los hechos que se le imputan. En estos casos, el imputado o imputada tendrá inmediatamente acceso al expediente y podrá promover todos los medios probatorios necesarios para su defensa, de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico." (marcado añadido). Dicho Auto de Proceder fue notificado a la interesada legitima con Oficio OAl-0059, folios 49 al 60, con lo cual se dio cumplimiento a lo previsto en el articulo 79 de la LOCGRSNCF. todo lo cual permite sostener que se cumplió con el objetivo de informar de manera especifica y clara a la ciudadana Dorgi Doralys Jiménez Ramos, que de las investigaciones efectuadas, existian efectivamente elementos suficientes que hacian inferir. que ella habria incurrido en una omisión de actuación, mientras se encontraba investida como Directora General (E) de la OAl del MPetroMin, al no atender una solicitud de actuación realizada a través de memorando N° DI-312 de fecha 28/11/2013, emanado de la Dirección de Industrialización y Tecnología de los Hidrocarburos. En referencia a lo indicado anteriormente se estima pertinente reproducir parte del pronunciamiento expuesto por la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. en sentencia N° 426. de fecha 1/04/2009 (caso: Contralor General de la República): "...Expuesto lo anterior, se impone hacer reterencia al procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, para la determinación de responsabilidades administrativas de los funcionarios sometidos a dicha tegistación, y al respecto se observa: Dispone el artículo 96 de la precitada Ley, lo siguiente: °Si como consecuencia del ejercicio de las funciones de control o de las potestades investigativas establecidas en esta Ley, surgieren elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas. el órgano de controi fiscal respectivo iniciará el procedimiento mediante auto motivado que se notificará a los interesados o interesadas, según lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos." Del trascrito precepto puede deducirse que la fase investigativa (...) constituye una etapa preliminar al procedimiento de determinación responsabilidades administrativas consagrado en los articulos 95 al 111 eiusdem, pues, entre otras formas que aquélla estatuye. dicho procedimiento se iniciará cuando surgieren elementos que pudieran dar lugar a la declaratoria de responsabilidad 'como consecuencia de las potestades investigativas establecidas en es(a) ley'. (.….)" Al respecto, la sentencia de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, N° 2008-01810. de fecha 15 de octubre de 2008, expediente número AP42-N-2008-000146, indica: "(...) considera esta Corte (...) debe realizarse ciertas consideraciones respecto a la fase en la cual según el actor, se le vulneró su derecho a la defensa y al respecto, debe indicarse que los órganos de control fiscal están plenamente facultados para la realización de cualquier actividad tendiente a la comprobación de hechos que puedan afectar a los intereses del Estado, asi lo consagra la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal. (...) se desprende que la potestad de investigación que detentan los órganos de control fiscal no cercena, lesiona, prejuzga ni cambia la situación jurídica de quienes resulten implicados en el desarrollo de tal investigación, en principio esta actuación goza de carácter reservado, es decir, el órgano de control fiscal la mantendrá con celo y discreción hasta tanto no tenga conocimiento de la posibilidad de afectación de la esfera juridica del ciudadano que resulte relacionado con el asunto investigado (...). (.….) en la fase investigativa no es necesario motivar, ni establecer los supuestos de responsabilidad en los que pudieran estar incursos los funcionarios, de hecho, es a través de dichas actuaciones que se determinarà si existen elementos suficientes para dar inicio al procedimiento de determinación de responsabilidad, (...)" (marcado añadido). Evidenciado como ha sido que la potestad investigativa es un procedimiento que precede al procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades; que en esa fase previa se hace del conocimiento a los interesados de las circunstancias fácticas que los vinculan en los términos aplicados precedentemente, se tiene a bien, indicar que la Dirección de Determinación de Responsabilidades, una vez leido el expediente de la potestad investigativa y su respectivo Informe de Resultados. en Cumplimiento con sus funciones atribuidas (Articulo 96 LOCGRSNCF) y articulo 86 del RLOCGRSNCF. decidió dictar Auto de Apertura del presente procedimiento administrativo en fecha 29/10/2015 (folio 383). y de él se' extrae, lo siguiente: "se infiere una posible inactividad administrativa por parte de la ciudadana DORGI D. JIMENEZ R. en su condición de autoridad competente. por haber sido la Directora General Encargada de la solicitud de averiguación administrativa (..). asi como el incumplimiento de las normas constitucionales, legales y sublegales, especialmente los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoria Inter a. lo cual podría constituir causal para una eventual declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto en el numeral 26 del artículo 91 de la Ley Orgánica página original (tal como se publicó) [Página 18] 429.468 Viernes 29 de julio de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal'. (marcado añadido). De lo anterior se pone de manifiesto. que al no ser desvirtuadas las circunstancias fácticas que motivaron la formalización de la potestad investigativa según se evidencia del Informe de Resultados éstas sirven de determinación de responsabilidades, debido a la existencia de elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la declaratoria de responsabilidad administrativa, no obstante dado el carácter sancionatorio del último de los procedimientos mencionados en atención al principio de tipicidad consagrado en el numeral 6 del articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la conducta presuntamente irregular desplegada por la interesada legítima, fue subsumida en el supuesto generador de responsabilidad administrativa, previsto en el numeral 26 del artículo 91 de la LOCGRSNCF. En resumen se entiende que, tanto la Dirección de Control Posterior durante la fase investigativa, como la de Determinación de Responsabilidades. cumplieron cabalmente con sus funciones específicamente establecidas en la Ley y el Reglamento que regula la presente materia, de la siguiente manera: 1) En la fase investigativa: al presumirse que la interesada legítima incurrió en omisión de actuación por la solicitud que realizó la Dirección de Industrialización y Tecnología de los Hidrocarburos, mediante memorando D1-312 de fecha 28/11/2013. y sobre la base de los elementos aportados y de las investigaciones realizadas para verificar la ocurrencia de los actos hechos u omisiones que podrían ser contrarios a una disposición legal o sublegal, se consideró la existencia de méritos suficientes para el ejercicio de la potestad de investigación a la que se refiere el artículo 77 y siguientes de la LOCGRSNCF: en consecuencia se procedió con la formalización de la investigación. 2) En el Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades: sobre la base del precepto constitucional mencionado precedentemente, se subsumieron los hechos conocidos en la potestad investigativa en el derecho. al considerarse que existian elementos de convicción o prueba para presumir que dicha omisión de actuación podia ser generadora de responsabilidad administrativa a tenor de lo establecido en el numeral 26 del artículo 91 de la LOGCRSNCF. De las consideraciones que anteceden queda evidenciado que en el presente caso contrariamente a lo sostenido por la defensa de la interesada legítima, no se presentó un cambio del hecho, imputación o calificación juridica. Y así se decide. Con respecto a la solicitud pretendida por la interesada, que sea declarado nulo el auto que dio inicio al presente procedimiento; asi como, todo lo actuado. por el hecho de haberse, en su criterio, cambiado la imputación y. que como consecuencia de ello se ordene el archivo de las actuaciones, quien decide considera que en virtud de ya haberse desvirtuado el alegato referido al "cambio de imputación", dicha solicitud de declarar nulidad tanto del auto de inicio como del resto del procedimiento resulta improcedente, además de no estar dados los extremos para declarar la nulidad de lo actuado toda vez que en el presente caso no se ha verificado alguno de los extremos del consecuencialmente, ordenar el archivo del expediente. Asi se decide. Sobre la solicitud de la defensa, de dictar el sobreseimiento por el hecho de haberse cambiado la imputación o calificación jurídica; quien decide considera nuevamente que virtud de ya haberse desvirtuado el alegato referido al "cambio de imputación", dicha solicitud de dictar sobreseimiento Sin embargo quien suscribe, a los fines ilustrativos, considera oportuno desarrollar la figura de sobreseimiento prevista en el mencionado articulo 99 del RLOCGRSNCF de la siguiente forma: Conviene definir sobre el sobreseimiento, que es una figura procesal, y para el Diccionario de Real Academia Española (RAE). Edicion del Tricentenario (www.rae.es). define "Sobreseer". de la siguiente forma: "Poner fin a un procedimiento penal o sancionador sin llegar a una resolución sobre el fondo". Como ya fue señalado, los supuestos para declarar el sobreseimiento se encuentran establecidos en el articulo 99 del RLOCGRSNCF: por lo que de los extremos contemplados en dicha norma, la cual se cita: "El titular del órgano de control fiscal o su delegatario declarará el sobreseimiento en los casos siguientes: 1)Cuando al momento de iniciarse el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades se constatar que las acciones que pudieran derivarse de los actos, hechos u omisiones que le dieron origen están prescritas. 2)Cuando haya fallecido el sujeto presuntamente responsabie de los actos, hechos u omisiones. 3)Cuando los actos, hechos u omisiones investigados no revistan carácter irregular a la luz de lo previsto en las Leyes que regulan la materia. 4)Cuando existan otros motivos legales que justifiquen no proseguir el procedimiento". Ahora bien, según la interesada, la solicitud de sobreseimiento del presente procedimiento se fundamentaría en el articulo 99.4 "cuando existan otros motivos legales que justifiquen no proseguir el procedimiento", situación que no encuadra en la solicitud de dictar sobreseimiento por el supuesto "cambio de imputación": el cual, ya de paso fue desvirtuado en la presente decisión, así como en ningún otro. al no identificar o aportar en autos, algún procedimiento. Cabe mencionar que, dichos motivos serian, por ejemplo: el hecho de una previa declaración de la interesada legitima como incapaz (Enajenación mental, alteraciones en la percepción. trastorno mental transitorio) circunstancias éstas que serian eximentes de responsabilidad, C Por lo tanto, dicha solicitud de declarar el sobreseimiento por haberse "cambiado la calificación jurídica", con base en el Articulo 99.4 de la LOCGRSNCF, no es procedente. Y asi se decide. En el marco del procedimiento para la determinación de responsabilidades, la interesada y su representante legal expusieron (folios 429, 496, 552 y 553) consecuencialmente de la pretendida denuncia en él contenida y a tal efecto presentados los argumentos siguientes: "(...) INSISTO "AL NO HABER TENIDO CONOCIMIENTO DE LA MISMA, POR CUANTO JAMÁS TUVE ESE MEMORANDO EN MIS MANOS, MAL PUDE TRAMITAR DICHA SOLICITUD Y REMITIRLA A LA DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA QUE INICIARA EL AUDITORÍA INTERNA". "..) Es tanto asi, que al no tener conocimiento mi persona de la referida comunicación, (..) es lógico que no hubiese ninguna actuación de control programada que guardara relación con ta misma. (...)". "(... Al no haber recibido mi persona y al nunca habérseme entregado para su revisión y firma los memorando Nros. Di-311 y conocimiento de la existencia de los mismos pues repito nunca Operativo Anual de la Oficina de Auditoria Intema correspondiente al año 2014 (...". "...) el Plan Operativo Anual correspondiente al año. 2014, fue Memorándum emanados de la Dirección de Industrialización recibidos por la ciudadana YOSMELI ORTEGA, se tiene otro hecho que debe ser del conocimiento de esta Dirección, como lo es que el referido a que mi persona al haber cesado en el cargo de Directora (e) General de Auditoria Interna. en fecha QUINCE (15) DE OCTU8RE DE 2014, no elaboró el Plan Operativo de la Oficina de Auditoría Interna correspondiente al año 2015, pues el mismo fue elaborado y remitido por el actual Director (e) General de Auditoría Interna ciudadano ..) -hecho éste cuya prueba cursa en autos y que se reproduce- aunado al hecho que al no tener conocimiento de los memorándum era imposible efectuar una programación en el cuarto trimestre del año 2013, tendente a realizar una actuación de control, pues nunca fueron recibidos por mi persona (.)" (sic). Igualmente en el texto del documento que consignó en el lapso probatorio expuso en los folios 547 y 548, lo siguiente: (...) comencemos indicando que nunca hubo una denuncia que tramitar o gestionar, pues en base a la precitada y calificada como "denuncia". se pretende hacer ver una inactividad administrativa al no tramitar la misma cuando en realidad y de existir, el incumplimiento de normas legales y sublegales y la responsabilidad conforme al articulo 91.26 de la LOCGRSNCF. pues se trató de meros memorando de participación de un presunto incumplimiento de la obligación de inhibirse y observaciones al acta de entrega de la Dirección de Industrialización que no puede ser considerada como un denuncia. ya que la misma debe ser formal y cumplir con los requisitos del Instructivo en materia de Denuncia emanado de la Contraloría General de la República,(...". Sobre el contexto antes citado, se refirió en la audiencia oral y pública del modo siguiente: "(...) no está demostrado en autos que yo recibi esa denuncia. porque nunca fue una denuncia y no la iba a procesar en el Plan Operativo, porque sencillamente no llegó a mis manos. (...) ustedes no lograron destruir el derecho constitucional a la presunción de inocencia que nos pertenece y que nos ampara, ustedes tienen la carga probatoria de demostrar la responsabilidad y no quedó demostrado, por el contrario, aunque no tenemos carga probatoria recibió ninguna denuncia (...)". "(...) El caso en concreto como se ha venido señalando. precisamente se fundamenta en determinación de responsabilidad, en el articulo 91 punto 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría, vale decir por supuesta inactividad administrativa. por omisión de actuación al supuestamente no haber tramitado una denuncia que hubiese hecho la Directora de Industrialización para ese momento (...), como consecuencia precisamente de unas irregularidades que supuestamente hubiesen ocurrido durante la gestión de la Directora anterior (...). pero es el caso que (..). no existe ninguna denuncia, no se ha presentado ningún momento denuncia alguna que cumpla con las normas dictadas por la Contraloria donde se señale cuáles son los requisitos, los procedimientos, lo que debe cumplirse para que se haga una denuncia (...)." Para apoyar sus dichos, la interesada indicó como testigos a las ciudadanas Laura Jordan Toselli y Miri a Judith Ladera, identificadas en autos. La primera de conocimiento o recepción de alguna documentación que refiriera o tratara sobre alguna denuncia, contestó: "No, mientras yo estuve alli, tal y como respondí la pregunta anterior, la correspondencia recibida eran memos, oficios de la Contraloría e información relacionadas con respuestas de solicitud referidas de las actuaciones de control, pero denuncias no recibi, ni a través de correspondencia físicas, ni por llamadas o correos electrónicos". En el mismo acto, al ser interrogada en relación con ta recepción, registro o atención de alguna denuncia dirigida por la ciudadana Jurmersi La Rosa, como Directora de Industrialización y Tecnologia de los Hidrocarburos del MPetroMin a la Directora General, encargada, de la Oficina de Auditoría Interna del citado Ministerio, contestó: "No, no recibi ninguna denuncia relacionada con ninguna irregularidad administrativa, ni de la ciudadana Jumersi ni relacionada con la Dirección de Industrialización por ninguna via (..)". Asi mismo, al ser interrogada en relación con la recepción física o telefónica de alguna denuncia, memorando u otra documentación dirigida por la ciudadana Jumersi La Rosa como Directora de Industrialización y Tecnologia de tos Hidrocarburos del Ministerio. durante el mes de noviembre de 2013 o en otro momento posterior. para tratar temas de irregularidad administrativa, contestó: "No, desconozco que haya recibido antes o después del 2013 alguna información relacionada con irregularidades administrativas provenientes de la Dirección de Industrialización o de la Directora ciudadana Jumersi La Rosa". En relación con la interrogante vinculada con los controles de correspondencia llevados por la ciudadana Laura Jordan Toselli, como Asistente de la Directora General, encargada, de la Oficina de Auditoría Intemna, contestó: "Si, yo tenía un cuademo, donde registrada la correspondencia que allí llegaba para luego poderle hacer seguimiento de cuando, osea, para luego hacerle seguimiento sobre lo que la directora había ordenado, el funcionario a quien se le remitió, si la solicitud fue respondida o la información fue procesada, eso, era básicamente eso. Lo que quiero dejar alli constancia es que el control se llevaba para saber qué se recibió y la manera en que fué procesada y quien tenia la información que llegó, eso.". En relación con la testimonial de la ciudadana Mirla Judith Ladera. suficientemente identificada en autos, al rendir declaración en el marco de la procedimiento de recepción de la documentación en la Dirección de Auditoría Interna del MPetroMin para la fecha o durante el tiempo en que la ciudadana procedimiento era el siguiente: las comunicaciones bien sea memorando u oficios eran recibidos por la secretaria de la dirección o quien hiciera las veces de ella, una vez que era recibido esas comunicaciones eran entregadas en la dirección, en la dirección la asistente de la directora procedía a clasificaria y a entregará a la directora, luego la directora estampaba el sello, la firma, sello no, la firma, y la fecha en la comunicación, además en el lado superior derecho de la misma colocaba la instrucción y a quien iba dirigida, es decir, a página original (tal como se publicó) [Página 19] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 29 de julio de 2016 qué área, perdón el área a quien correspondía, bien sea, al área de auditoría administrativa y financiera o a el área de auditoría técnica y de gestión o cualquier otra de las áreas.". En el curso del interrogatorio formulado a la precitada ciudadana, se abordaron aspectos vinculados con el control interno de la correspondencia recibida en la OAl, sobre este particular contestó: "(..) tal como lo indiqué anteriormente los controles de las comunicaciones o de la correspondencias eran llevados por la secretaria, de hecho llevaba un libro, bueno un libro no, una carpeta en la cual asentaba los memorandos y oficios recibidos y enviados asi como los informes, autos de fenecimiento y una vez por supuesto, cuando se recibía la correspondencia se llevaba el procedimiento antes indicado, en la pregunta 5, además la directora llevaba una agenda donde llevaba el control de todas aquellas comunicaciones que tenían vinculación directamente con las áreas de cuáles, o indicaba el estatus mejor dicho, nos solicitaba el estatus de cada una de las instrucciones dadas". Ahora bien, Cuando se examinar las testimoniales de las ciudadanas Laura Jordan Toselli y Mirla Judith Ladera, se pone de manifiesto, por una parte, la poca certeza de la declaración rendida por la primera de las mencionadas respecto a la recepción de alguna comunicación proveniente de la Dirección de Industrialización y Tecnología de los Hidrocarburos del MPetroMin, por cuanto admite no recordar tal circunstancia y. por la otra, cuando expresamente desconoce si tal documento fue entregado en ta Oficina de Auditoría Interna de MPetroMin en los términos expresados por la ciudadana Mirla Ladera, razón por la que quien suscribe debe desechar estas testimoniales. Puesto de manifiesto la debilidades de las testimoniales ofrecidas por la interesada legítima, quien suscribe estima conveniente ilustrar que la prueba testimonial en el ámbito administrativo, bajo ninguna circunstancia, puede excelencia para la demostración de la actividad administrativa; en este sentido el catedrático Humberto Bello Lozano considera que "..fos documentos vienen a ser medios evidentes de prueba ... lo cual se debe a que es el testimonio señalando como ocurrieron los hechos y se manifestaron externamente..". en sintonía con la opinión vertida. el Dr. Arístides Rengel Romberg expresó sobre este particular que "...la función del documento administrativo. no es otra que la de documentar los actos de la administración..o En el mismo sentido indicado por la doctrina, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral de Puerto Cabello, en sentencia de fecha 21/03/2012 recaída en el expediente GH22-x-2012-000011. reitera pronunciamientos judiciales al expresar: "Segundo; De que nos encontramos y así se establece ante un documento administrativo; al respecto ha sido criterio reiterado por nuestro máximo tribunal el tratamiento que debe dársele a este tipo de documento, para lo cual estima necesario examinar la naturaleza jurídica de los documentos controvertidos, a fin de determinar si el mecanismo procesal escogido para su impugnación es el idóneo; Así tenemos: Como documentos administrativos, los cuales si bien poseen una presunción de veracidad, legitimidad y autenticidad, pueden ser desvirtuados por prueba en contrario, sin que sea necesaria una tacha de falsedad (Sala Politico Administrativa-Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia N° 497, de fecha 20-05-04). También ha asentado la jurisprudencia que la especialidad del documento administrativo lo configura como una tercera categoría de prueba documental (Sala Politico Administrativa, Sentencias números 300 del 28-05-98; y 692 del 21-05-02). Asi que no resulta posible asimilar los documentos administrativos a los documentos públicos. cuyo valor probatorio sólo puede ser destruido mediante la simulación o el juicio de tacha, mientras que los primeros admiten a los fines de su impugnación cualesquiera prueba en contra de la veracidad de su contenido (Sala de Casación Social, Sentencia Nº 209 del 21-06-00: y la Sala Político Administrativa. Sentencia N° 40, del 15-01-03). Conforme a los razonamientos expuestos ut supra, cabe concluir que, una vez establecido el carácter de documento administrativo de la certificación emanada del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales de fecha 22-febrero-2012, suscrito por el ciudadano (...), en su condición de Medico Ocupacional de la Diresat Carabobo, la tacha de falsedad no resulta ser el mecanismo de impugnación idóneo para el presente caso, por tanto, resulta forzoso dada la falta de idoneidad. normalización y fundamentación de la tacha de falsedad propuesta, declarar inadmisible la tacha documental planteada por el apoderado judicial de la codemandada (..). Y As/ se decide." (destacado añadido). En el caso sub examine, siendo el documento administrativo una tercera categoría de prueba documental, es de significar que el memorando código Di- 312 de fecha 28/11/2013 no escapa a esta categoría documental con todos los efectos jurídicos que de él se desprende. Así a los efectos de evidenciar que la administración solicitó formalmente a la OAl la realización de un actividad propia de este organismo de control interno, exhibir documento que contiene estampado el sello húmedo de la Oficina de Auditoria Interna, de cuyo contenido se desprende el texto siguiente " República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería Despacho del Ministrofuncionario receptor". lo cual permite verificar, que el memorando Di-312 fue formalmente recibido en la mencionada dependencia para ese momento bajo la dirección de la interesada legítima (folios 19 al 21). Ahora bien, la interesada legítima pretende desconocer la existencia del consecuencialmente, las obligaciones legales que se imponen al ejercicio de su cargo como Directora General, encargada, de la Oficina de Auditoría Interna y en tal condición responsable del control. supervisión y funcionamiento del personal y de las actividades que correspondía llevar al suficientemente identificado en autos por ello, quien suscribe. estima pertinente acotar que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, regula entre otros aspectos, los relativos a la eficacia y la economía procedimental, además de contener un conjunto de normas que impone a los funcionarios el deber de advertir sobre las fallas u omisiones que contengan los documentos o peticiones que le son presentados (Artículo 45). En cuanto a la recepción de documentos, el instrumento legal bajo análisis establece la obligatoriedad de llevar un registro de presentación de documentos (Artículo 44). en el cual se dejará constancia de todos los escritos. peticiones y recursos que se presenten por los administrados, asi "Bello . v71) La Prueba se Tecnica" Carcs - Venezuela Eaitornaf Easrador. p 257 Rengel Romberg. A. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezdans. Tnne IV. y. 15.. 429.469 como de las comunicaciones que puedan dingir otras autoridades, aspectos tales que no limitan la actuación del funcionario, quien además está en el deber de resolver el asunto sometido a su consideración, en atención al principio de celeridad, lo más rápidamente posible Adicionalmente, está llamado a resolver los asuntos sometidos a su consideración, en atención al articulos 34 de la LOPA, en orden riguroso según hayan sido presentados. Todo lo anterior debe ser concatenado con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP)"". que en el Capitulo II. "Del Registro de Acceso a Archivos y Registros de la Administración Pública". del Título VII "De los Archivos y Registros de la Administración Pública Documentos". señala en el artículo 163 que todos los órganos o entes administrativos llevarán un registro general en el que se hará el correspondiente asiento de cualquier unidad administrativa. A tales efectos, el instrumento legal aludido en el artículo 164 establece la posibilidad de crear en las unidades administrativas correspondientes de su propia organización, otros registros auxiliares con el fin de facilitar la presentación de escritos y comunicaciones. En este sentido, en dichos registros se anotarán, respetando el orden temporal, la recepción o salida de los escritos y comunicaciones, e indicarán la fecha correspondiente a cada trámite y dichos documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubiesen sido recibidas. El artículo 165 de la LOAP, con carácter imperativo estipula que los registros para dejar constancia de la recepción de escritos y comunicaciones de los particulares o de órganos o entes, que adopte la Administración Pública (de la cual forma parte este Ministerio), deberán instalarse en un soporte informático. A tal efecto, el MPetroMin, creó el Sistema de Operaciones Secretariales y Gestión Administrativa (SOSGESA). instalado en la Oficina de Auditoría Interna, el cual fue gradual y sisteniaticamente desatendido por la ciudadana Dorgi Doralys Jiménez Ramos, en su condición de Directora General, encargada, de la Oficina de Auditoria Interna, según se desprende del contenido del memorándum N° OTI-0488/2015 de fecha 08/07/2015 (folios 294 al 300). emanado de la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación (OTIC) del MPetroMin, mediante el cual certifican que la documentación que recibió y registró la Oficina de Auditoria Interna en el referido Sistema, en el período comprendido entre el mes de enero de 2010 desempeñó como Directora General, encargada, de la Oficina de Auditoría Interna, evidenció un descenso paulatino de la documentación entrante a la Oficina a su cargo, poniendo de manifiesto que desde el 01/10/2010 hasta el 15/10/2014. se ingresó en el SOSGESA, un total de doscientos treinta y nueve (239) documentos, observando en el mes de marzo del año 2013 un (1) registro: tendencia que se mantuvo en cero (0) en los primeros tres (3) alguno, incluido el memorando DI-312 de fecha 28/11/2013 (folios 298 y 299). En este escenario vale señalar que desde el 16/10/2014 comienza a repuntar el número de documentos recibidos y registrados en el aludido sistema, lo que coincide por una parte, con la culminación de funciones de la ciudadana designación de nuevas autoridades al frente de este Organo de Control Fiscal, alcanzando para el último trimestre del año 2014 un total de ciento noventa y dos (192) documentos registrados. A mayor abundamiento, la desatención de los deberes legales de llevar adecuados registros y controles sobre la correspondencia recibida por esta OAl, se evidencia de las declaraciones aportadas por las ciudadanas Yadira Heriberta Garcia Flores y Yosmeli Francisca Ortega Rosales, quienes mencionadas a la pregunta "¿Cómo era el proceso de recepción de los documentos que llegaban a la Dirección General de la Oficina de Auditoría documento a la Dirección General dirigido a la Directora General, le daba el acuse de recibo, e inmediatamente se colocaba en una carpeta para la firma o revisión de la Directora en ese momento, no se llevaba ningún registro de lo que entraba a la Dirección, ni escrito ni digital, una vez que ella lo chequeaba y verificada los datos que ali contenía la carpeta, devolvía esa comunicación con alguna instrucción escrita en la parte superior de la hoja del documento. Y no se llevaba ningún registro digital. era la instrucción que ella había indicado, sencillamente que recibieramos y se lo pasáramos a ella inmediatamente, ese era el proceso de recepción de la documentación" (folios 39 al 40): y la ciudadana Yosmeli Francisca Ortega Rosales, ante tal recepción de la comunicación, en este caso pueden ser oficio, memorándum o notas de remisión, que eran emanadas de las diferentes direcciones, entes adscritos o direcciones regionales del Ministerio de Petróleo y Minería, se le luego se procedía a anexar esa documentación a la carpeta que iba a la firma de la Directora General de la Oficina de Auditoría Interna, luego ella procedía a asignar al funcionario que en este caso llevará o desarrollara el caso y una vez que ya se daba el recibido de parte del funcionario que era asignado se mandaba al archivo en nota de remisión, de esa manera es que se llevaba la documentación o comunicaciones que se reciban dentro de-la Dirección General para la fecha del año dos mil trece" (folios 43 al 44). argumentos y pruebas de la interesada legitima. Asi se decide. Aunado a lo anterior, se evidenció que no se incluyó en el Plan de Trabajo Hidrocarburos a la Oficina de Auditoria Interna del MPetroMin. En conexión al Plan de Trabajo, se desprende del testimonio rendido por la ciudadana Mirla Judith Ladera, al ser interrogada por la defensa en el marco de la presente causa, respecto a la elaboración del plan de actuaciones de la oficina de Auditoría Interna, que: "En los órganos de control fiscal de acuerdo mes de octubre de cada año se debe elaborar el plan operativo o el plan de actuaciones de la oficina de Auditoría Interna, lo que significa que para el mes de noviembre o diciembre el plan operativo ya está formulado, por lo que no se puede incluir una actuación de control que tenga por objetivo verificar los hechos denunciados (...)". Ahora bien, una vez verificando el Oficio N° OAl-064 de fecha 20/12/2013. que se envió a la Contraloría General de la República (CGR). referente al Plan y Cronograma de Actividades de esta Oficina, para el ejercicio económico 2014 (folio 35): constata que dicho Plan y Cronograma había sido: "previamente aprobado por la Superintendencia Nacional de Auditoria Interna (SUNAI), a través de Oficio SUNAI-13-DS-1332 de fecha 22.11.2013". y que el memorando código Di-312 habia sido remitido por la Dirección de Industrialización y Tecnología de los Hidrocarburos en fecha 28/11/2013. fecha posterior a la elaboración y remisión de dicho Plan a la SUNAl y CGR. lo que corrobora el alegato de la interesada de ser imposible incluir una actividad programada en el plan de trabajo del año 2014. aceta Oticial de la República de Venezuela N° 17.sos de leche 17o 7! página original (tal como se publicó) [Página 20] 429.470 Viernes 29 de julio de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Respecto al alegato de la nteresada sobre estar imposibilitada materialmente para realizar la Programación de Actividades del año 2015 al no encontrarse ella para la fecha de su elaboración a cargo de la dirección procedimiento a la interesada legítima y no es objeto de debate, por lo que no hay nada sobre que pronunciarse. Quien suscribe, estima pertinente resaltar que la planificación en las Unidades de Auditoría Interna, señaladas en el ordenamiento juridico que rige el control función de control estará sujeta a una planificación que tomará en Público, las denuncias recibidas, los resultados de la gestión de control anterior, asi como la situación administrativa, las áreas de interés estratégico nacional y la dimensión y áreas criticas de los entes sometidos a su control." (marcado añadido), aunado a ello las Normas Generales de Auditoria de Estado (NGAE)" establecen respecto a la planificación lo siguiente: "Articulo 22.- La Auditoría de estado estará sujeta a una planificación que tomará en cuenta planteamientos y solicitudes de la Contraloria General de la República, la Superintendencia Nacional de Auditoria Interna y demás órganos o entes competentes; las denuncias recibidas: los resultados de la gestión anterior; asl como la situación administrativa, areas de interés estratégico nacional y dimensión de los órganos y entes sometidos a su control. economía, objetividad, oportunidad y relevancia material (...". En sü articulo 14: "El órgano de control interno debe realizar la función de auditoría interna de conformidad con las disposiciones legales aplicables. las Normas Generales de Auditoria de Estado prescritas por la Contraloría General de la República, las presentes Normas, otros instrumentos reglamentarios y las normas de auditoria de general y convencional aceptación" (marcado añadido). De igual forma, las Normas Generales de Control Interno (NGCI) desarrollan el cómo debe ser ésta planificación: "Articulo 16.- La planificación debe ser una función institucional permanente, sujeta_a_ evaluación periódica" (marcado y subrayado añadido). Sobre el tema de la planificación, y el cómo debe desarrollarse esta, se desprende de la declaración rendida por la ciudadana Mirla Judith Ladera, al responder a las preguntas formuladas por la defensa, lo siguiente "(..) si reprogramación podríamos incorporar en el plan operativo. no obstante, es importante destacar que los planes operativos cuando se formulan obedecen a una serie de aspectos y revisiones que se deben realizar, entre ellos hay actuaciones que son de obligatorio cumplimiento y que por ningún concepto podría ser sustituida por otras, además, son decisiones que se toman atendiendo a diversos factores que por supuesto van a definir una reprogramación o no de un POA. " (marcado añadido). En consecuencia, se observa que si bien es cierto, no se pudo incluir en el Plan de Trabajo de la OAl para el ejercicio económico año 2014, actuación alguna referente al contenido del memorando DI-312 de fecha 28/11/2013. no es menos cierto que. si se pudo incluir dentro de una posible reprogramación de actividades en el transcurso del año 2014, tomando en institucional permanente y sujeta a evaluación periódica. Aunado a lo anterior, se tiene que, dicha actuación también pudo haberse ejecutado como una actividad "no-programada" (desde el día de recepción de la solicitud 28/11/2013, hasta el día 15/10/2014 en que la interesada ceso en sus funciones), mas sin embargo. no se evidencia en autos, tampoco fue alegado por la defensa, ni se presentó documento alguno que permitiera desvirtuar el hecho imputado a la interesada legitima en el presente procedimiento, lo que hubiera permitido por establecer que haya atendido (como un buen padre de familia) la solicitud de actuación administrativa Hidrocarburos, bien sea mediante la ejecución de alguna actividad de control, Pudiendo si constatarse, por una parte, que los reportes de actuaciones ejecutadas por la OAl correspondiente al último trimestre del año 2013 y los tres primeros trimestres del año 2014 (contenidos en el Disco Compacto -CDagregado al expediente según el folio 3.3) demuestran la ausencia absoluta de actividad -no programada- relacionada con el memorando código Di-312. Y por la otra, que bajo la dirección de la interesada legitima, la Oficina de Auditoria Interna evidenció un desuso paulatino del sistema automatizado de control de correspondencias establecido por el MPetroMin, lo cual implicó una disminución en el registro durante el ejercicio del cargo como Directora General (E) de la OAl. Y asi se decide. En virtud de lo alegado por la interesada legitima, respecto "..) que nunca hubo una denuncia que tramitar o gestionar (...)". es necesario indicar que con ocasión de la remisión y recepción de los memoranda Di-311 y:DI- 312 de fecha 28/11/2013 (folios 15 al 21) a la Oficina de Auditoría Interna, cuyos asuntos reflejan las "Observaciones al acta de Entrega de la Dirección De Industrialización (..)" e "INFORME CASO Presunto Incumplimiento de la Obligación de Inhibición de Funcionarios" respectivamente. han debido tenerse en cuenta el contenido de las "Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus Respectivas articulo 22 que: "El servidor público que recibe el órgano, entidad. oficina o dependencia, que con posterioridad a la suscripción del acta de entrega, lugar al ejercicio de la potestad de investigación y, de ser el caso, al inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, las informará por escrito al órgano de control aun cuando los memoranda antes señalados no cumplen en paridad, con las características de una denuncia, concretándose a una solicitud de averiguación administrativa, efectuada mediante memorando Di-312 de Inhibición de Funcionarios" (folios 19 al 21). correspondia a la Unidad de Auditoría Interna verificar la sinceridad, exactitud y observaciones que se formulen al acta de entrega, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de las NREOEAPROD, verificación esta que no se realizó. Por lo tanto, vistas las consideraciones anteriores que permiten evidenciar que la solicitud de actuación se realizó a la Oficina de Auditoría Interna como órgano integrante del Sistema Nacional de Control Fiscal, bajo la responsabilidad de la ciudadana Dorgi Doralys Jiménez Ramos: que hubo un descenso paulatino de la documentación que recibió y registró la Oficina a su cargo en el SOSGESA; que pudo haber incluido dentro de la reprogramación de actividades del ejercicio económico 2014 actuación relacionada con el memorando DI-312; ejecutar como una actividad No- Gaceta Oficial de la República Bobivariana de Venezucla N 40. 172 der ui-2m: "Gaceta Oficial de la Repúblicu Bolivuriana de Venezurla N° 38 229 del 28u7/2009 Programada o simplemente dictar las órdenes o instrucciones para responder a la solicitud planteada por la Dirección de Industrialización y Tecnología de los Hidrocarburos del MPetroMin, quien suscribe desestima los alegatos expuestos por la interesada. Y así se decide. La interesada presentó una serie de argumentos en relación con las normas procedimiento administrativo para la Determinación de Responsabilidades. presuntamente infringidas por ella antesuposible inactividad cuando ejercía funciones como Directora General, administrativa, encargada, de la OAl, al no haber tramitado la solicitud de averiguación administrativa, en presunta contravención entre otras, del numeral 6 del Capítulo V. de las funciones establecidas en los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna, al señalar dentro de las competencias fundamentales de los órganos de control fiscal, actuaciones tales como recibir y tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que formule cualquier órgano, ente o empleado público, vinculadas con la comisión de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal: hecho sutsumido en el supuesto generador de responsabilidad administrativa previsto en el numeral 26 del artículo 91 de la LOCGRSNCF. Expuesto lo anterior, se estima de manera preliminar acotar lo expresado por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Sentencia de fecha 14/11/2011 recaída en el Expediente N° AP42-N-2008-000146. que al hacer alusión al supuesto generador de responsabilidad administrativa invocado por esta OAi, lo hizo en los términos siguientes: "En cuanto al supuesto generador de responsabilidad administrativa contenido en el numeral 26 del articulo 91 de la mencionada Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, dispone lo siguiente: 'Articulo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras Leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación: (...Omissis...) 26. Quienes incumplan las normas e instrucciones de control dictadas por la Contraloría General de la República'. (...) 'Artículo 33. Los órganos del control fiscal referidos en el articulo 26 de esta Ley funcionarán coordinadamente entre si y bajo la rectoría de la Contraloría General de la República. A tal efecto, a la Contraloría General de la República le corresponderá: 1. Dictar las políticas, reglamentos, normas, manuales e instrucciones para el ejercicio del control y para la coordinación del control fiscal externo con el interno. ...Omissis... 2. (.….) De aquí surge que el legislador, en la misma ley, faculte expresamente a la Contraloría General de la República a dictar normas de control, lo cual de modo alguno puede estimarse como una transgresión de los principios de legalidad y de reserva legal, en virtud de que la sujeción a este principio no debe ser excesiva, al punto que se impida un normal desenvolvimiento de la actividad administrativa, lo que de igual forma causaría perjuicios a los administrados, menos aún, cuando es la propia Ley quien le otorga tal facultad al Contralor General de la República (...)". Del contenido de la sentencia parcialmente transcrita queda claro corresponde a la Contraloría General de la República, dictar las politicas, reglamentos, normas, manuales e instrucciones, con la finalidad de estructurarse para que el ejercicio del control fiscal, funcione coordinadamente entre si y bajo la rectoría de la Contraloría General de la República. Ahora bien, la interesada legítima en relación a las normas invocadas por la OAl en el Auto de Apertura, expresó: "Como se desprende del auto de apertura del procedimiento de determinación de responsabilidad, se invocan una serie de normas legales y sublegales supuestamente infringidas, desatendidas o no cumplidas por mi persona que conducen a la omisión o inactividad incumpliendo con las precitadas normas que se expresan a continuación: 4.1. Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna. (...) 4.2. Modelo Genérico del Reglamento Interno de Unidades de Auditoría Interna emanado de la Contraloria General de la República. (...) 4.3. Reglamento Orgánico del Ministerio de Energia y Minas (ROMEN) y el Reglamento Interno del Ministerio de Energía y Minas (RIMEN). (... 4.4. Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF). (...) 4.5. Normas de Control Interno Dictadas por la Controlaría General de la República. (...) 4.6. Código de Conducta de los Servidores Públicos (CCSP) (...)" (folios 575 al 596). Estos instrumentos normativos por ella enunciados son, los que presuntamente se habrían incumplido por la interesada al no atender la solicitud de actuación que realizara la Dirección de Industrialización y Tecnología de los Hidrocarburos a la Oficina de Auditoría Interna, responsabilidad de la interesada. Así, en lo que respecta al contenido del numeral 6° del CapÍtulo V, DE LAS FUNCIONES DE AUDITORÍA INTERNA, de los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna, que atribuye al órgano de control fiscal interno "Recibir y tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que formule cualquier órgano. ente o empleado público, vinculadas con la comisión de actos. hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, relacionados con la administración manejo y custodia de fondos o bienes fundamentalmente que: "(...) no se trata de normas legales imperativas, rectoras y que generen obligación de actuación, al ser simplemente meros "lineamientos" que sirven de guía en cuanto al establecimiento de su estructura organizativa, funcionamiento y distribución de página original (tal como se publicó) [Página 21] Viernes 29 de julio de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA competencias entre las dependencias que la componen, que sirve de insumo para la elaboración de la normativa interna que regulará las Unidades de Auditoría Interna, tales como reglamentos internos. resoluciones organizativas, manuales de organización y de normas y procedimientos, de manera que no se trata de una norma que debe aplicarse directamente sino insistimos una mera guía que no puede ser utilizada para argumentar y sostener que he incurrido en inactividad administrativa y vulnerado normas legales y sublegales. imperativos a cumplir." (folio 576 y 577). Analizado como ha sido el argumento de defensa expuesto por la interesada legítima en el marco del presente procedimiento, es menester señalar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Capítulo IV "Del "Sección Primera: disposiciones generales". PoderCiudadano". específicamente en el articulo 274 dispone: que los órganos que ejercen el. Poder Ciudadano tienen a su cargo. de conformidad con la Constitución-y la ley. prevenir, investigar y sancionar los hechos que atentan contra la ética pública y la moral administrativa, velar por la buena gestión y legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda actividad administrativa del Estado, entre otras. Correlativo con este mandato constitucional, el artículo 287 (Sección cuarta: de la Contraloría General de la República), dispone que la Contraloría fiscalización de los ingresos y bienes nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos, cuya organización y funcionamiento será determinada por ley. instrumento legal que también formará las funciones del Sistema Nacional de Control Fiscal, bajo la rectoría de dicho órgano de control fiscal superior (artículo 4 LOCGRSNCF). Por su parte, el artículo 41 de la LOCGRSNCF. es claro al estabiecer que las unidades de auditoría interna, en el ámbito de su competencia están llamadas a verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de las operaciones de los órganos o entes sometidos a su control, así como para evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones administrativas. la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de su gestión; a tales efectos podrán adoptar como manifestación del ejercicio de las actuaciones de control fiscal, auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza. Los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna, constituyen instrucciones emanadas de la Contraloría General la República, y fundamentan su texto en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 14, numeral 10: artículo 33 numerales 1 y 9 de la LOCGRSNCF y artículo 12 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), a los fines de colaborar con los órganos y entes del sector público en la organización y funcionamiento de las unidades de auditoría interna y. en la elaboración de los instrumentos normativos sublegales?. Es asi como a través de la Resolución N° 01-00-000068 del 15/04/2010. el Contralor General de la República instruye el objeto de estos lineamientos, de acuerdo con el numeral 1, de los aspectos generales, cuando establece: . servir de guía para definir los aspectos relativos a la organización y funcionamiento de las unidades de auditoría interna de los órganos y entes a que se refieren los numerales 1 al 11 del articuio 9 de la LOCGRSNCF en cuanto al establecimiento de su estructura organizativa y distribución de competencias entre las dependencias que la componen; servir de insumo para la elaboración de la normativa interna que los regulan, tales como: reglamentos internos, resoluciones organizativas, manuales de organización y de normas y procedimientos. Adicionalmente, quien suscribe estima pertinente destacar que es atribución constitucional y en el marco de lo previsto por el artículo 14 de la LOCGRSNCF, ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Control Fiscal. en coordinadamente entre si y bajo la rectoria de la Contraloría General de la República. A tal efecto, a la Contraloría General de la República le corresponderá: (...)1. Dictar las politicas. reglamentos, normas, manuales e instrucciones para el ejercicio del control y para la coordinación del control instrumentos normativos en materia de control fiscal (...)". Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna, cuando indica en su numeral 6, correspondiente al Capitulo V-"De las Funciones de la Unidad de Auditoria Interna" lo siguiente: " Recibir y tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que formule cualquier órgano, ente o empleado público, vinculadas con la comisión de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, relacionados órgano o ente sujeto a su control" (marcado añadido). Y. en el numeral 5, relativo al Capítulo VII-"De las Atribuciones del Auditor Interno" de estos Lineamientos, cuando establece: "Asegurar el cumplimiento de las normas, sistemas y procedimientos de control interno, que dicte la Contraloría General de la República; la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, en el caso de los órganos del Poder Ejecutivo Nacional y sus entes descentralizados; y la máxima autoridad del órgano o ente". De la norma transcrita, se observa consistencia entre los Lineamientos y lo previsto por el artículo 33 de la LOCGRSNCF. respecto al funcionamiento coordinado entre si de los órganos de control fiscal bajo la rectoría de la Contraloría General de la República; motivo que nos permite entender que la Resolución instruye con este fin a las Unidades de Auditoria Interna, sirviendo estos Lineamientos como guía en cuanto a organización y funcionamiento, conforme lo previsto en la LOCGRSNCF y el Reglamento de la Ley. Del examen de las normas en referencia, se puede apreciar que el resarcitoria- atribuidas, en principio, a la Contraloría General de la República (numeral 3 del artículo 289 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). las expendio a los demás órganos de control fiscal, cuando de la simple lectura, entre otros, de los articulos 41, 46, 77, 85, 93. 95. 96. 97, 106 de la LOCGRSNCF y artículos 38, 41, 44, 45, 63. 69, 72, 73, 80, 84 de su Reglamento, se puede apreciar que tienen la competencia para realizar actuaciones de control fiscal y con base en sus resultados iniciar la responsabilidades que en modo alguno se puede soslayar. Con base en las anteriores consideraciones se debe sostener que las competencias atribuidas a los órganos de control fiscal (internos o externos) por la LOCGRSNCF y su Reglamento, sin perjuicio de lo que dispongan otros instrumentos normativos legales o sublegales, deben ser ejercidas a cabalidad, siendo necesario para ello el apoyo de los mencionados Gaceta Ofcial de ta República Bolivariumta de Vesaezucela N° 30 s0s de fecha Mua200. 429.471 Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades de distribución competencial contenida en el Reglamento de la Ley Orgánica referente, entre otros aspectos, para el establecimiento de la estructura organizativa de los órganos de control fiscal internos, su funcionamiento y distribución de competencias entre las dependencias que lo componen. aspectos que conducen indefectiblemente a sostener que su contenido signa el actuar de las Oficinas de Auditoría Interna cuando éstas carecen de Manuales o Reglamentos internos propios, por cuanto su inexistencia no regulatorio constitucional y legal que rige las funciones de los órganos de control fiscal o el desconocimiento absoluto de los instrumentos normativos que, en uso de su competencia, dicta la Contraloría General de la República. Definido los aspectos que informan la actuación de los órganos de control fiscal, es menester señalar que la Contraloría General de la República, en su roi rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, instruyó los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna, con definición de objeto, alcance y competencia para servir de guía en los aspectos relativos a la organización y funcionamiento de las unidades de auditoría interma de los órganos y entes a que se refieren los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en cuanto al establecimiento de su dependencias que la componen; así como de servir de insumo para la elaboración de la normativa interna que los regulan, tales como: reglamentos internos, resoluciones organizativas, manuales de organización y de normas y procedimientos. Sobre este particular, se advierte que la Contraloría General de la República, en el Dictamen contenido en el memorándum N° 04-00-353 del 06/08/2010. publicado en el tomo de DICTÁMENES de la Dirección General de los Servicios Jurídicos, Años 2009-2010. Tomo N° XXI, sostuvo de manera esencial que dichos Lineamientos constituyen un instrumento elaborado sobre la base de criterios técnicos y en las experiencias y conocimientos de la Contraloría General de la República como Órgano Rector del Sistema organización y funcionamiento de los órganos de control fiscal interno, en lo distribución de las competencias entre las dependencias que las conforman, teniendo como base lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. A mayor abundamiento, se debe advertir que la ausencia de Manuales o Reglamentos internos no debe ser óbice para que los órganos y entes de la Administración Pública, con base en el principio constitucional de legalidad (artículo 137-141 constitucional). cumplan con los cometidos que les han sido confiados, este principio fundamental no es ajeno a los órganos de control fiscal; tanto es asi, que esta Oficina de Auditoría Interna para el momento de ocurrencia de los hechos que motivan el presente procedimiento, estando bajo la responsabilidad de la hoy interesada legítima, para el ejercicio fiscal 2014, planificó las actuaciones fiscales que quedaron contenidas en el " Plan y Cronograma de Actividades" que fue debidamente comunicado a la Contraloría General de la República, según Oficio N° OAl-064 de fecha 20/12/2013 del cual se desprende que dicho Plan fue debidamente aprobado por la Superintendencia Nacionai de Auditoría Interna (SUNAI) a través de Oficio SUNAI-13-DS-1332 de fecha 22/11/2013 (folio 35). aspecto que reafirma que esta Unidad de Auditoría Interna desplegó sus actuaciones al amparo de un haz competencial previa y, normativamente definido consecuentemente. Y así se decide. Modelo Genérico del Reglamento Interno de Unidades de Auditoría Interna, emanado de la Contraloría General de la República, fundamentalmente, lo que se transcribe a continuación: "...) se refiere a un mero "MODELO" a seguir, no a imperativos en genérica" del Reglamento que sirve sólo de referencia para elaboración de Reglamentos e instrumentos normativos, dirigido a regular la organización y funcionamiento de los órganos de control imponga una obligación de actuación como se pretende hacer ver, de manera que en forma alguna puede ser considerada como rectora y obligante para establecer responsabilidad por su incumplimiento". Contrariamente a lo señalado por la interesada en la presente causa, la referencia al instrumento normativo precedentemente mencionado, deja ver claramente que los órganos de controi fiscal (internos o externos), deben tener una estructura básica, como sucede en el presente caso, que les permita ejercer con amplitud y objetividad las competencias que la este sentido, el Modelo Genérico del Reglamento Interno de Unidades de Auditoría Interna, emanado del Máximo Órgano de Control Fiscal, no obstante que constituye un referente para la elaboración del marco regulatorio interno. ello no desdice de los criterios que de manera reiterada han emanado de la Contraloría General de la República (memorando N° 04-00-335 de fecha 20/10/2005) y que en diversas decisiones proferidas por órganos jurisdiccionales han sido ratificados, en cuanto a la existencia de una estructura básica que permita el desarrollo de las competencias que le son propias con la mayor objetividad, es decir una área especifica encargada del control posterior a quien, a su vez, corresponde, entre otras, el ejercicio de la potestad de investigación y otra perfectamente diferenciada a quien compete el inicio y sustanciación de los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades: en todo caso subyace la insoslayable obligación de tramitar, hasta su conclusión, todos los asuntos que son sometidos a su consideración, principio cardinal que rige la actuación de todo órgano administrativo de control fiscal: aspectos que están recogidos en el Modelo Genérico del Reglamento Interno de disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos normativos legales y sublegales que resulten aplicables. De alli que era obligante para la hoy interesada legítima, haber dado impulso a la solicitud contenida en el memorando código DI-312 de fecha 28/11/2013. Así se decide. En cuanto a los señalamientos formulados por la interesada legítima y que Minas (ROMEN), el Reglamento Interno del Ministerio de Energía y Minas (RIMEN) y el Código de Conducta de los Servidores Públicos, de manera coincidente sostiene que esos instrumentos normativos no son normas e instrucciones de control dictadas por la Contraloría General de la República; en este sentido quien suscribe. sobre la base del análisis efectuado a los instrumentos aludidos, admite los dichos de la interesada, por tanto la eventual vulneración de tales instrumentos (Reglamento Orgánico del Ministerio de Energía y Minas, Reglamento Interno del Ministerio de Energía y Minas y Código de Conducta de los Servidores Públicos), no puede ser página original (tal como se publicó) [Página 22] 429.472 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA subsumida en el supuesto generador de responsabilidad administrativa previsto en el numeral 26 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, invocado en el auto de apertura de la presente causa. Así se decide. Se tiene que, así mismo la interesada solicitó el sobreseimiento, esta vez por pretender que no existen en autos, hechos u omisiones que revistan carácter irregular a la luz de las leyes. por el incumplimiento de las normas correspondientes a los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna, Modelo Genérico del Reglamento Interno de Unidades de Auditoría Intemna, Reglamento Orgánico del Ministerio de Energía y Minas, el Reglamento Interno del Ministerio de Energía y Minas, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal, Normas de Control Interno Dictadas por la Controlaría General de la República y Código de Conducta de los Servidores Públicos; con base en el articulo 99.4 del RLOCGRSNCF, de la siguiente manera: "(...) al no existir en autos como se ha explicado actos, hechos u omisiones que revistan carácter irregular a la luz de las leyes que regulan la materia, de conformidad con lo establecido en el articulo 99.4 del Reglamento de la LOCGRSNCF, solicito se declare el sobreseimiento de la causa (...)" (folio 623). Quien decide, habiendo apreciado el hecho subsumido en el supuesto generador de responsabilidad administrativa, establecido en el numeral 26 del artículo 91 de la LOCGRSNCF; aunado que el artículo 99.4, que establece: "El titular del órgano de control fiscal o su delegatario declarará el sobreseimiento en los casos siguientes: 4. Cuando existan otros motivos legales que justifiquen no proseguir el procedimiento". No se adecuar con lo pretendido por la interesada, según se abordó anteriormente, por carecer de un motivo legal que justifique no proseguir con el procedimiento. Y respecto a este numeral cuarto, del citado artículo, ya fue abordado su análisis anteriormente en donde se ejemplifica que se puede entender que existan otros motivos legales que justifiquen no proseguir con el procedimiento; por cuanto no alegó la interesada o su representante legal condición específica sobreseimiento con basamento en el Artículo 99.4 de la LOCGRSNCF, necesariamente debe ser declarada improcedente. Y asi se decide. O pide la interesada, sea absuelta del hecho imputado al no dictarse el sobreseimiento, así: "...) no existiendo los motivos ni de hecho y de derecho de la imputación hecha en determinación de responsabilidad, solicito que en su oportunidad correspondiente se me absuelva de los hechos imputados y de toda responsabilidad. " (folio 623). Quien suscribe, considera señalar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su Vigésima Segunda Edición (2001). define "Absolución": (cuyo origen se encuentra en el vocablo latino -absoluto-) describe el hecho de absolver, un verbo que refiere a la acción de despojar de responsabilidad a quien haya sido acusado de un cierto delito (en lo penal) o a no considerar las pretensiones incluidas en una demanda (civil: por lo tanto en el presente procedimiento administrativo que nos ocupa, se causaría, únicamente cuando se logra desvirtuar las circunstancias fácticas y antijurídicas que vinculan al procedimiento, o cuando dichos actos, hechos u omisiones no hayan ocurrido o no sean contrarios a una norma legal o sublegal -dubitativa-. Y, por cuanto, ha quedado demostrado a lo largo de la presente decisión, que la interesada no ha logrado desvirtuar la circunstancia fáctica que le fue imputada, como lo es, el hecho de no haber. demostrado que haya atendido en razón de su cargo, una solicitud realizada a la Oficina de Auditoría Interna por la Dirección de Industrialización y S Tecnología de los Hidrocarburos, ante una presunta irregularidad que habían evidenciado, como resultado de una revisión de acta de entrega. Por lo tanto dicha solicitud de absolución se considera improcedente. Y asi se decide. En la audiencia oral y pública, la interesada legítima alegó a los fines de soslayar su eventual responsabilidad por los hechos que motivaron el inicio del presente procedimiento que, contra quien se debía llevar un procedimiento era a la persona que se desempeñó como su secretaria: por cuanto ella habría recibió en fecha 28/11/2013 el memorando enviado por la Dirección de Industrialización y Tecnología de los Hidrocarburos, identificado con el código N° DI-312, indicando: "Y lo que si debió haber hecho el ciudadano [Auditor Interno (E)] es haber aperturado un procedimiento a Yosmeli Ortega quien fue quien recibió la denuncia, no mi persona" (corchete Añadido). Sobre dicha solicitud, quien decide observa que, sobre "la responsabilidad", el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su Vigésima Segunda Edición (2001) indica que es: la "cualidad de responsable, cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado": así como, la "capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.". por su parte, la cualidad de responsable, en los términos del mencionado Diccionario la tiene el "obligado a responder de algo o por aiguien". En este contexto, la responsabilidad, en sentido lato, sería el resultado dañoso que recae sobre una persona como consecuencia de su actuar u omisión. Para el caso que nos ocupa y en fundamento lógico con la sana critica: a objeto de mayor abundamiento, se toman fragmentos de la sentencia de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, de fecha 22 de junio de 2011, recaida en el expediente AP42-N-2008-000423. respecto a la responsabilidad individual de las funcionarias o funcionarios públicos: "El ejercicio de la función pública impone a quienes la detentan la sujeción de actuar conforme a la Constitución y las leyes, siendo entonces el ordenamiento juridico el que define su esfera de atribuciones y deberes, competencias y funciones. Los funcionarios ejecutan actos concretos orientados hacia el interés común de los ciudadanos; las tareas y actividades que realizan los servidores públicos están orientadas a la satisfacción de la pluralidad de intereses de los miembros de la comunidad social. Por ello, atendiendo al mérito intrinseco encontrado en las prestaciones de los servidores del Estado, ellas deben ser ejercidas respetando la Ley y no con arbitrio doloso u irresponsable. obteniendo un fin distinto al previsto en la norma, que es quien protege que la actividad desemperñada por el servidor público se sujete a los intereses colectivos. La excelencia de los asuntos de la gestión pública se podrá alcanzar y conservar en la medida en que los funcionarios cumplan eficazmente con sus deberes, sujetando su actuar al respeto y seguimiento del ordenamiento juridico y al mayor beneficio que su conducta pueda traer a la especifica prestación que le toque cumplir. Y es que el servidor público se debe a la sociedad, su remuneración es sufragada por el pueblo y por lo tanto tiene una responsabilidad y un compromiso con ella, bien en un plano directo, dentro del servicio especial que ejecuta, bien en el plano, asistiendo en que el Estado actúe eficientemente en la tutela del interés general. Viernes 29 de julio de 2016 La responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos reside en la esencia de la importante prestación que desempeñan, respeto al ordenamiento juridico en los servicios específicos que realizan, y viene determinada en todos los supuestos donde se constate la inobservancia o violación de las normas legales y reglamentarias que regulan actividades. Las normas que preceptúan la responsabilidad de los funcionarios públicos tienen su origen en el poder de control que delegó la colectividad a los órganos de control Fiscal, que en el pais está presidido por la Contraloría General de la República, en aras de custodiar el correcto uso de los recursos que pertenecen al patrimonio público y procurar que los mismos sean administrados con eficiencia y estricta sujeción a la legalidad. El control público es un atributo del poder soberano de la sociedad. y es inherente a un sistema democrático y de Derecho como el nuestro. Ninguna actividad que tenga por objeto la administración del patrimonio público puede ser inescrutable, vedada a la vigilancia popular y en representación de ella, a los órganos que determine la Ley. porque la esencia de la democracia y de un Estado sujeto en forma irrestricta al derecho es que el que administra la cosa pública, lo haga ciñéndose a cánones de eficacia y honestidad, en apego y destinación de las normas jurídicas. La causa u origen de la responsabilidad administrativa es la violación de una norma legal o reglamentaria, lo cual configura un ilícito administrativo que coloca al sujeto de derecho que incurre en el mismo, en la situación de sufrir determinadas consecuencias sancionatorias previstas en la Ley. Esta responsabilidad surge. por tanto, por actuaciones contrarias a derecho, aunque las mismas no hayan producido daño concreto o supuesto; pero, si se produce un daño, surge también la obligación adicional de repararlo, ...). Por ello, los funcionarios, empleados públicos o particulares que tengan a su cargo o intervengan de cualquier forma en la administración, manejo o custodia de bienes o fondos públicos de las entidades sometidas a control, responden de sus actos, hechos u omisiones, en los términos que señale la ley y de acuerdo a las proporciones del daño ocasionado. Asi vista, la responsabilidad administrativa es una herramienta disuasiva para la defensa de la integridad de la Hacienda Pública y la moralidad y excelsitud pública. De esta manera, para hacer posible en forma plena el orden político, económico y social justo de que trata el preámbulo y, articulado establecido en la Carta Fundamental, así como el objetivo esencial del Estado de procurar por la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, resulta indispensable que el orden juridico se aplique en toda su firmeza a quienes los quebranten, exigiendo la responsabilidad e incumpliendo con sus deberes y obligaciones, infringen el ejercicio de las funciones públicas. para que se configure la responsabilidad Ahora bien, administrativa, considera la Corte que se requiere verificar el supuesto generador de la responsabilidad, sin que para ello sea necesario entrar a valorar las razones de hecho que pudieron influir en el funcionario al momento de incurrir en una actitud antijurídica. Adicionalmente, la verificación de la responsabilidad en estudio causante de la conducta tipificada como infracción, o, dicho en otros términos. que sólo puede ser responsable de una acción u omisión calificada de ilícita, quien la comete. Ello significa que en los procedimientos de determinación de responsabilidad administrativa, nadie podrá ser responsable por un hecho cometido administrativo las reglas generales del Derecho Penal, en particular, el principio de que la responsabilidad penal es personalísima y no puede transferirse. Finalmente, la coacción administrativa para ser una coacción legitima ha de estar sometida a las mismas reglas de legalidad que presiden todo el actuar administrativo. Debe por ello estar presidida por el principio de legalidad que hace de la coacción material una manifestación juridica de la Administración y justifica en esta medida su utilización. La fuente constitucional de la responsabilidad de los Servidores Públicos se encuentra en el articulo 139 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo texto señala: 'El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley'. Como se observa de la disposición reseñada, el ejercicio de (disciplinaria, administrativa, penal, civil) cuando, entre otros resultados, los actos ejecutados en ejercicio de esa potestad hayan transgredido las normas constitucionales y las Leyes. Así pues, la responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia del actuar ilícito de un funcionario: 'Se basa en las infracciones que, en criterio del órgano que la declare, hayan cometido personas encargadas de la Administración Pública' Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia). De igual forma, tenemos que el Texto Constitucional destaca entre los artículo 141, a la 'responsabilidad en el ejercicio de la función pública'. En el plano legal, es la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal el texto legislativo Fundamentalis respecto a las responsabilidades incurridas por el ejercicio de las prestaciones públicas, y lo hace dentro del Capítulo II de su Titulo III, denominado 'De las Potestades de Investigación, de las Responsabilidades y de las Sanciones' comenzando con el artículo 82, en cuyo contenido expreso deja establecido lo siguiente: 'Los funcionarios, empleados y obreros que presten servicios en los entes señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, así como los particulares a que se refiere el articulo 52 de esta Ley, responden penal, civil y administrativamente de los actos, hechos u omisiones contrarios a norma expresa en que incurran con ocasión :del desempeño de sus funciones'. Por su parte, los supuestos que dan origen a la responsabilidad administrativa se encuentra contenidos en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, los cuales son del siguiente tenor: (.….) página original (tal como se publicó) [Página 23] Viernes 29 de julio de 2016 429.473 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Finalmente, es menester señalar que los efectos de la declaratoria de responsabilidad administrativa por la comprobación de alguno de los supuestos generadores de responsabilidad administrativa contemplados en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se encuentran regulados en los artículo 94 y 105 de la citada Ley, los cuales prevén las sanciones por la incursión de tales supuestos de acuerdo con la gravedad de la falta y el monto de los perjuicios que se hubiesen causado". En este orden, tenemos que del principio de la responsabilidad individual, incurre en responsabilidad administrativa el agente público que, en ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, afecta la disciplina o el buen funcionamiento del servicio"s. Ahora bien, al respecto se observa en el artículo 33 de la Ley del Estatuto de la Función Pública (LEFP) lo siguiente: "Además de los deberes que impongan las leyes y los reglamentos. Acatar las órdenes e instrucciones emanadas de los superiores jerárquicos"(marcado añadido). Y las Normas Generales de Control Interno (NGCI) en su artículo 20 contempla: " En los organismos y entidades deben estar claramente definidas, mediante normas e instrucciones escritas, las funciones de cada cargo, su nivel de autoridad, responsabilidad y sus relaciones jerárquicas dentro de la estructura organizativa, procurando que el empleado funcionario sea responsable de sus supervisor responsable de unidades, programas, proyectos u operaciones, debe comunicar claramente las funciones y responsabilidades atribuidas a cada supervisado, examinar sistemáticamente su trabajo y asegurarse que se ejecute conforme a las instrucciones dictadas al efecto" (marcado añadido). En este sentido, la definición de la organización jerárquica; consiste en un doble orden de operaciones, unas atinentes a dividir entre las unidades orgánicas y entre los puestos de trabajo que integran cada unidad autoridad-responsabilidad (jerarquización). La prevalencia de la voluntad del determinación de las relaciones de autoridad-responsabilidad: lo que obliga a definir el contenido de la relación jerárquica, desplegándose un amplio elenco de facultades, entre ellas, el poder de: impulso de la actividad de los órganos inferiores y la dirección de la misma, de inspección y de vigilancia sobre la actividad de los inferiores, suplir a los titulares de los órganos inferiores: operar transferencias en el ejercicio de competencias respecto a los órganos inferiores; control sobre la actuación de los órganos inferiores; resolución sobre conflictos de atribuciones de los órganos inferiores y la facultad disciplinaria sobre los titulares y funcionarios de su órgano. Si nos fijados bien la relación jerárquica no precisa de una concreción normativa para cada una de las facultades que puede requerir la orden del superior, sino que la atribución que la jerarquía atribuye es global, amplia, omnímoda, siempre, claro está, dentro de la legalidad constitucional. En consecuencia la jerarquía y la potestad reconocida al órgano acministrativo, genera la responsabilidad del titular por el uso indebido de las facultad de autoridad. Bajo este contexto tenemos que, en el vigente Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública (Gaceta Oficial Extraordinaria: 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014). se ratifica de la Ley anterior y derogada por la aqui enunciada, el principio de jerarquía, en Administración Pública estarán internamente ordenados de manera jerárquica y relacionados de conformidad con la distribución vertical de atribuciones en niveles organizativos. Los órganos de inferior jerarquía estarán sometidos a la dirección, supervisión, evaluación y control de los materia respectiva. instrucciones de su superior jerárquico inmediato obliga a la intervención de éste y acarrea la responsabilidad de las funcionarias o funcionarios a artículo 8° del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica". Ahora bien, todas las organizaciones administrativas se entienden como órganos supeditados a otro de mayor jerarquía de conformidad con el principio de legalidad, a fin de encausar a los funcionarias y funcionarios adscritos en un Ente administrativo con un mismo fin; por cuanto, si bien es Administración Pública, es importante establecer que las órdenes impartidas por el funcionario superior deben estar enmarcadas dentro de las competencias del mismo, así como el cumplimiento de los procedimientos estructurales necesarios para el buen funcionamiento de la actividad administrativa; es decir, la obediencia debida debe estar envuelta en el acatamiento de los procedimientos preestablecidos por la misma Administración en el momento de ejecutar cualquier orden emanada de un superior jerarca. En conexión y, a los fines ilustrativo, tramos parcialmente el contenido de la decisión del expediente número AP42-R-2008-001555, del año 2010. de la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, donde advierte: "(...) Ello así, esta Corte advierte que la obediencia del funcionario cumpliendo las funciones del cargo siguiendo las instrucciones del superior, pues de no ser así constituiría el no cumplimiento al principio de jerarquía en la organización administrativa. En efecto. esta Corte observa que la jerarquia dentro de la organización administrativa, tiene carácter elemental, por cuanto, demás. Por ello, debe señalarse que la jerarquia basa su actuación de superioridad por cuanto posee la potestad de establecer a priori, la línea de conducta que el inferior debe mantener. Es decir el superior tiene la autoridad para determinarse al inferior como debe realizarse alguna actividad, a tal efecto el no cumplir con una orden superior implica romper con el principio de jerarquía, se traduce en una actitud renuente, pasiva o remisa a lo ordenado. De lo anterior se evidencia, que la referida Ley, señala que existe entre los Órganos de la administración pública una ordenación jerárquica, por lo que los cargos inferiores estarán sometidos a la Lares M. Eloy. (2001). Manual de Derecho Administrativa. Caracas Universidad Central de Venezuela. Ciaceta Oficial de ia República Bolivariana de Venezucla N° 37.522 de fecha 06 092002 dirección, supervisión y control de los cargos superiores, con competencia en la materia respectiva; En este sentido, la jerarquía implica una relación de supremacía frente a otra de subordinación. lineamientos a ser valorados y realizados por el inferior, y este, está en la obligación salvo expresa disposición normativa, de cumplir lo ordenado. A tal efecto, el no cumplir la orden superior la Función Pública en Venezuela, Fundación de Estudio de Derecho Administrativo pág. 91). Ello así, debe entenderse a la subordinación como la obligación que instrucciones de sus superiores, como consecuencia de una vinculación directa del deber de la obediencia, que se fundamenta en la necesidad de mantener la estructura orgánica dentro de la Administración Pública, pues sin la debida obediencia no puede materializarse el principio de jerarquía. Ello así, se establece en el artículo 33 de la Ley del Estatuto de la Función pública el cual establece en su numeral 2 lo siguiente: 'Articulo 33: Además de los deberes que impongan las leyes y los obligados a: (...omissis...) 2. Aceptar las órdenes e instrucciones emanadas de los superiores jerárquicos (...)'. Del anterior artículo, se desprende que en efecto todo funcionario público de carrera o de libre nombramiento y remoción, está obligado por Ley a acatar y en consecuencia ejecutar con eficiencia y eficacia las órdenes que los superiores impartan desde cualquier nivel de superioridad, ello en acatamiento del principio de jerarquía propio de toda organización administrativa, siempre que esa orden no sea ilegal ni inconstitucional". Expuesto lo anterior, cabe mencionar lo previsto por la Ley Orgánica de la Administración Pública, las cual tiene por objeto establecer los principios, bases y lineamientos que rigen la organización y el funcionamiento de la Administración Pública: asi como regular los compromisos de gestión: crear mecanismos para promover la participación popular y el control, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y proyectos públicos: y establecer las normas básicas sobre los archivos y registros de la Administración Pública. en su artículo 9°: "Las funcionarias públicas y funcionarios públicos tienen la obligación de recibir y atender, sin excepción, las peticiones o solicitudes que electrónico o informático; asi como de responder oportuna y adecuadamente tales solicitudes, independientemente del derecho que tienen las personas de ejercer los recursos administrativos o judiciales correspondientes, de conformidad con la ley. En caso de que una funcionaria pública o funcionario público se abstenga de recibir las peticiones o solicitudes de las de las personas, o no dé adecuada y oportuna respuesta a las mismas, será sancionado de conformidad con la ley". Es por ello que, no se puede negar, que la ciudadana Yosmeli Ortega, al Auditoría Interna, al aceptar conforme consta en el "Acta de Declaración" de fecha 13/04/2015 (folio 43 y 44) que: "Si, recibía la documentación a esa fecha, veintiocho de noviembre de dos mil trece. ya que mi compañera que estaba cumpliendo la función en el cargo de la Dirección General como Secretaria, se encontraba en ese tiempo en reposo pre y post natal. y tomé yo ese puesto administrativo". hecho este que no fue desmentido ni negado por la interesada, por lo que se demuestra, que era conocido y aceptado por ella que la ciudadana Yosmeli Ortega se encontraba recibiendo los documentos que llegaban a la Oficina de Auditoría Interna especificamente en la tarde del día 28/11/2013 como lo expreso, fecha en la cual se recibió el memorando código DI-312. Aunado a ello, también se desprende de las mismas declaraciones, la subversión del control interno al momento de recibir la documentación por la OAl "(.) en cuanto a la comunicaciones recibidas, no se ejecutará el proceso de digitalización, ya que en ese tiempo la Dirección General por ser una Unidad de Auditoría Interna, y se maneja información confidencial, a lo mejor no era muy confiable para la persona que llevaba la gestión, en este caso la Directora, entonces ella no dio las instrucciones para digitalizarlos sino que se daba el recibido y se pasaba a la Dirección y ella asignada a la persona que iba a llevar el caso, (...) En cuanto a las comunicaciones en general, se procedía a utilizar el sOsGEsA nada mas y únicamente para las notas de remisión que se daba al Archivo Central de la Oficina de Auditoría Interna con todas las comunicaciones tanto entrantes o salientes para dejar un respaldo (...". (marcado añadido). En conexión con las declaraciones antes citada, tenemos que coinciden con las aportadas por la ciudadana Yadira Heriberta García Flores, quien, igualmente, cumplió funciones de secretaria de la Dirección de la Oficina de Auditoría Interna; y. al responder sobre el proceso de recepción de los documentos que llegaban a la Dirección General de la Oficina de Auditoría Interna, lo siguiente: "Desde el momento en que liegaba cualquier documento a la Dirección General dirigido a la Directora General, le daba el acuse de recibo, e inmediatamente se escrito ni digital, una vez que ella lo chequeaba y verificada los datos que alli contenía la carpeta, devolvía esa comunicación con alguna instrucción escrita en la parte superior de la hoja del documento. Y no se llevaba ningún registro recibiéramos y se lo pasáramos a ella inmediatamente, ese era el proceso de recepción de la documentación" (folio 39 y 40). Asimismo se obtiene de las testimonial rendida por la ciudadana Laura Jordan Toselli, sobre el control interno de la correspondencia recibida por la Directora de la Oficina de Auditoría cuando, o sea, para luego hacerse seguimiento sobre lo que la directora había ordenado, el funcionario a quien se le remitió, si la solicitud fue respondida o la información fue procesada, eso, era básicamente eso". (folio 708 al 705). Por lo antes expuesto, se entiende que la actuación de dicha ciudadana se debió encontrar bajo la supervisión directa y personal de la ciudadana Dorgi Doralys Jiménez Ramos, quien se encontraba como Directora General, encargada, de la Oficina de Auditoría Interna, para el momento de la recepción de la solicitud de averiguación administrativa de la Dirección de Industrialización y Tecnología de los Hidrocarburos, habida cuenta, tal y como se desprende del oficio código: OTI: 0488/2015 de fecha 08/07/2015, donde la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación del MPetroMin, remite los reportes de la correspondencia entrante de la OAl, registradas en el Sistema de Operaciones Secretariales y Gestión Administrativa (SOsGESA). implantado por este Ministerio (folios 294 hasta el 300), donde se puede evidenciar un descenso paulatino y sistemático de la documentación entrante página original (tal como se publicó) [Página 24] 429.474 Viernes 29 de julio de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA a la Oficina a su cargo desde el 01/10/2010. poniendo de manifiesto que en todo el año 2013 sólo se registró en el SOSGESA un (1) sólo documento como 28/11/2013 cuando se recibió el documento DI-312. Aunado a lo anterior, dado el carácter de titular de la Oficina de Auditoría Interna y, en consecuencia ser la funcionaria facultada por ley para ordenar la realización de auditorías, inspecciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones o cualquier actuación en general, relacionada al memorando código DI-312 de fecha 28/11/2013. con el fin de poder verificar la ocurrencia o no de actos hechos u omisiones, presuntamente contrarios a disposiciones legales o sublegales, fue la ciudadana Dorgi Doralys Jiménez Ramos quien detentaba tal responsabilidad para la fecha antes citada; y. precisamente por el hecho de no atender dicha solicitud, al ocurrir tal omisión, se originó el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades que nos ocupa. AdemáS, Del CAPÍTULO V "DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA". contenido en tos Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna, habida cuenta que las competencias de las unidades de auditoria interna se encuentran previstas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público; Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, las Normas Generales de Control Interno y demás Normas e Instrucciones dictadas por la Contraloría General de la República; el Reglamento sobre la Organización del Control Interno de la Administración Pública Nacional y demás normativa dictada por la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna para los órganos del Poder Ejecutivo Nacional, con sujeción a las directrices, lineamientos e instrucciones que dicte la Contraloria General de la República como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, estipula en su numeral 6, la obligación, dentro de las funciones propias de las unidades de auditoría interna de recibir y tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que formule cualquier órgano ente o empleado público, vinculadas con la comisión de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal relacionados con la administración, manejo y. custodia de fondos o bienes públicos del órgano o ente sujeto a su control. Y en el numeral 5, establece la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de las normas, sistemas y procedimientos de control interno, que dicte la Contraloría General de la República: la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, en el caso de los órganos del Poder Ejecutivo Nacional y sus entes descentralizados: y la máxima autoridad del órgano o ente. Asimismo como dicha normativa que instruye la organización y funcionamiento de las Oficinas de Auditoría Interás. prevé en el Capítulo VIII "DE LAS ATRIBUCIONES DEL AUDITOR INTERNO". nUmeral 5, la obligación de asegurar el cumplimiento de las normas, sistemas y procedimientos de control interno, que dicte la Contraloría General de la República; la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, en el caso de los órganos del Poder Ejecutivo Nacional y sus entes descentralizados: y la máxima autoridad del órgano o ente. Estableciendo además, en el numeral 19 de dichas atribuciones, la de recibir las denuncias de particulares o las solicitudes que formule cualquier órgano ente o empleado público, vinculadas con la comisión de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal relacionados con la administración manejo y custodia de fondos o bienes públicos, del órgano o ente sujeto a su control. Previendo en las Normas de Control Interno, emanadas de la Contraloría General de la República, a mayor seguridad en el ejercicio de las funciones claramente las funciones y responsabilidades atribuidas a cada supervisado, examinar sistemáticamente su trabajo y asegurarse que se ejecute conforme a las instrucciones dictadas al efecto. Por todo lo expuesto, y con base en el principio de responsabilidad individual de los servidores públicos, al no poderse soslayar la responsabilidad en otros funcionarios, queda procedimiento"en contra de su secretaria. Y asi se decide. En el desarrollo de la audiencia oral y pública, el representante legal de la interesada legítima, alegó respecto de la prescripción por no haber atendido una solicitud de averiguación administrativa, efectuada mediante memorando DI-312 de fecha 28/11/2013 por el "Presunto Incumplimiento de la Obligación de Inhibición de Funcionarios lo siguiente: "(...) que no están prescritas, y ustedes mismos llevan un procedimiento administrativo, un procedimiento de establecimiento de responsabilidad contra [Ex Directora de Industrialización y Tecnología de los Hidrocarburos)". (corchete añadido). Al respecto quien decide observa, el Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, mencionado por la representación legal de la interesada legítima y el hecho que lo generó, es una causa totalmente independiente al Procedimiento que ocupa el texto de esta decisión; por lo tanto, en modo alguno condiciona la actuación del presente Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, donde la interesada legitima es la ciudadana Dorgi Doralys Jiménez Ramos y no otra persona. Aunado a ello, la exposición carece de fundamentación en lo alegado. Por lo que se desestima. Así se decide. En este contexto la representación legal de la interesada legítima, además alegó, en la audiencia oral y pública que, si no está prescrita la acción para actuar, no se pude causar daño a la administración pública: "vale decir, qué tipo de daños se nos causó o qué tipo de daños causados a nosotros, al no tramitar, insistimos, una denuncia que Jiménez nunca recibió ninguna denuncia y no había nada que tramitar". Sobre lo expuesto, quien decide, considera indicar que. la responsabilidad administrativa no está condicionada al hecho de haber causado daño al patrimonio público. La causa u origen de la responsabilidad es la violación de una norma legal o reglamentaria, lo cual configura un ilicito administrativo que coloca al sujeto de derecho que incurre en el mismo, en la situación de sufrir determinadas consecuencias sancionatorias previstas en la Ley. Aquí, es importante destacar que la interesada legitima estuvo como Directora, responsabilidad de dirección de la Oficina que representó. Es decir, el ejercicio de dicha jefatura le imponía el deber de una sana administración lo que incluía, recibir y tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que formule cualquier órgano ente o empleado público, vinculadas con la comisión de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal relacionados con el ente sujeto a su control. Así como la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de las normas, sistemas y procedimientos de control interno, dictadas por la Contraloría General de la República; la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, en el caso de los órganos del Poder Ejecutivo Nacional y sus entes descentralizados; y la máxima autoridad del órgano o ente. Teniendo el deber, dada su condición de Directora y supervisora responsable dicha Oticina de Auditoría Interna. de comunicar claramente las sistemáticamente su trabajo y asegurarse que se ejecutara conforme a las instrucciones dictadas al efecto, teniendo por tanto, la aludida ciudadana el formular en cualquier órgano, ente o empleado público, vinculadas con la sublegal relacionados con el ente sujeto a su control. Así pues, admitir lo contrario, es aceptar que existan funcionarios con cargos de cierto grado de jerarquía, como es el cargo de "Directora" o titular de la Oficina de Auditoría Interna, que simplemente realizan trabajos de Asistentes Administrativos sin ningún tipo de Dirección y Responsabilidad dentro de la estructura administrativa. De acuerdo con lo expuesto. queda demostrado que la ciudadana Dorgi Doralys Jiménez Ramos, suficientemente identificada se desempeñaba como Directora, encargada, de la Oficina de Auditoría Interna, y que como tal debía cumplir con unas funciones, las cuales evidentemente debían estar relacionadas con recibir y tramitar las denuncias de particulares o las vinculadas con la comisión de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal relacionados con el ente sujeto a su control. Es así por lo que el procedimiento motivo de esta decisión se sustenta en el hecho de no atender solicitud de investigación administrativa, teniendo la facultad y atribuciones por ley para ordenar la realización de auditorías, inspecciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones o cualquier actuación en general, con el fin de poder verificar la ocurrencia o no de actos hechos u omisiones contrarios a disposiciones legales o sublegales del ente bajo su control fiscal y, al ocurrir tal omisión, se originó este procedimiento por actuación contraria a derecho aunque la misma no hayan producido daño patrimonial concreto o directo. Tanto es asi que, el texto del articulo 104 de la LOCGRSNCF establece en cuanto de la decisión mediante la cual se acuerde no formular el reparo o revocarlo por no existir daño al patrimonio del ente, sea en sede administrativa o jurisdiccional se pronunciará acerca de si generaron los supuestos de responsabilidad administrativa establecidos en el artículo 91 de dicha Ley, en cuyo caso el órgano de control fiscal que ventiló el procedimiento deberá, sin más trámites, deciarar la responsabilidad administrativa. Quien decide, respecto al alegato sostenido por la defensa de no haber causado daño al no tramitar la solicitud administrativa realizada mediante el memorando código Di-312, no constituye eximente al pronunciamiento de responsabilidad administrativa en el procedimiento que nos ocupa, por lo cual se desestima el alegato expuesto por la defensa. Y así se decide. Ahora bien, en cuanto a las testimoniales rendidas en su oportunidad, correspondientes a las ciudadanas: Flerida María Alcalá Gutiérrez, Ilianny Passarelli Caldera, Laura Jordan Toselli y Mirla Judith Ladera, todas identificadas en el expediente, cuyos dichos están contenidos en actas de interesada pretendía: "demostrar los hechos relevantes y pertinentes que se debate en la presente procedimiento de determinación de responsabilidad (...)" (folio 607). Quien suscribe, actuando en estricto apego a lo menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el funcionario competente para decidir deberá apreciar la según las regias de la sana crítica". pasa de seguida a pronunciarse sobre ellas: Sobre las testimoniales evacuadas, se observó que, contrario a lo indicado encontraron vinculadas con lo siguiente: si conocían a la interesada y de dónde, sobre la existencia de relación de amistad con ésta, si tienen conocimientos de dónde laboraba la interesada, si conocen a la ciudadana describir la cómo es físicamente, si para el primer trimestre del año 2014 asistieron a algún evento público o en el Salón Simón Bolívar de PDVSA La Campiña, si vieron a la ciudadana Jumersi La Rosa en dicho evento, si en ciudadana Jumersi La Rosa. Asimismo, la defensa les preguntó a las ciudadanas Laura Jordán Toselli y Miri a Judith Ladera si tuvieron conocimiento sobre el extravío de algún objeto o documento en esta Oficina, si la ciudadana Jumersi La Rosa asistió a la Oficina de Auditoría Interna a conversar con la interesada, además de preguntarles si Laura Jordán Toselli como asistente de la entonces Directora General, encargada, de la Oficina de Auditoría tenía una oficina propia y si conocían a las ciudadanas Jumersi La Rosa, Yuli Gómez Acosta, Zoraida Gómez y Marcella Miranda. En tal sentido, quien suscribe considera que, las respuestas de las ciudadanas Flerida María Alcalá Gutiérrez, Ilianny Passarelli Caldera, Laura Jordan Toselli y Mirla judith Ladera, dirigidas en esa orientación no versaron sobre el objeto que originalmente habían sido promovidas, ni aportaron ninguna ayuda a esclarecer la situación presuntamente irregular planteada en la presente causa, en consecuencia se declaran inconducentes. Y así se decide. Cabe advertir que, se desprende del acta de fecha 17/02/2016 (folios 699 al 700), que recoge la testimonial de la ciudadana Flerida María Alcalá Gutiérrez, a la cual se le preguntó "¿Desde cuándo o desde qué fecha conoce a la Sra. Jumersi La Rosa?". respondiendo "Desde el año 2014 Noviembre", asimismo señaló que durante el primer trimestre del año 2014 asistió a un acto realizado en el salón Simón Bolivar en PDVSA, La Campiña, afirmando no haber visto a claramente que la testigo cae en contradicción con respecto a los hechos sobre los cuales está rindiendo su declaración, lo cual la hace carente de validez desde el punto de vista jurídico, en cuanto a los dos hechos puntuales quese pretenden demostrar con su declaración. Asimismo, la defensa le preguntó a la ciudadana Mirla Judith Ladera cómo se realizan y tramitar las denuncias que se presenten o formulen ante la Oficina de Auditoría Interna, cuál sería el tratamiento que se le daría a una denuncia recibida en un Órgano de Control Fiscal, sí un Órgano de Control Fiscal recibe una denuncia en el mes de noviembre o diciembre del año 2013, según su experiencia profesional qué trámite se le debe dar a la misma. Sobre este particular quien suscribe debe advertir que el presente caso, no guarda relación con el trámite que debe seguir este órgano de control fiscal al momento de recibir una denuncia: sino que, por el contrario, se refiere a una posible inactividad administrativa, por parte de la interesada cuando se encontraba en funciones como Directora General de la Oficina de Auditoría Interna para el momento en que fue planteada una solicitud de averiguación administrativa por la Directora de Industrialización y Tecnología de los Hidrocarburos, mediante memorándum N° DI-312 de fecha 28/11/2013. requerimiento que de acuerdo a los principios de celeridad, eficacia y responsabilidad, entre otros, rectores de la actuación administrativa, debía atender independientemente de la calificación que se le diera. Por lo que se desestima por impertinente dicho testimonio. Y así se decide. En relación con las declaraciones rendidas por las ciudadanas Laura Jordan Toselli y Mirla Judith Ladera, ambas en su condición de testigos en el procedimiento que nos ocupa, las cuales se relacionan con la recepción de página original (tal como se publicó) [Página 25] Viernes 29 de julio de 2016 429.475 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA alguna denuncia, memorando u otra documentación dirigida por la Directora de Industrialización y Tecnología de los Hidrocarburos; quien suscribe estima conveniente reiterar que la prueba documental constituye el instrumento por excelencia para la demostración de la actividad administrativa, razón por la que bajo ninguna circunstancia puede ser suplida por la prueba testimonial, en certificada del documento cursante a los folios 19 al 21, en el cual se puede tanto, dichas testimoniales quedan desestimadas. Y así se decide. Respecto a las documentales consignadas como anexos al escrito de fecha "Nota de Remisión". presuntamente emanada del Despacho del Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería. con fecha 10/10/2014: y. una (1) "Remisión de Documento". con fecha 08/01/2014, presuntamente emanada de la Oficina de Trámites Administrativos, ambas en copia simple, con los cuales la interesada pretende demostrar, que al hacerle entregada -y ella recibir- para su revisión, cualquier oficio o memorando, luego de ser recibidos por su secretaria Yosmeli Francisca Ortega Rosales, le colocaba una firma y la fecha -por su persona-, que demostrada su recibido: y que según la interesada, ello demostraría que los memorándum Di-311 y Di-312, nunca le fueron enviados a su persona, al no estar firmados por ella como prueba de haberlos recibido. Contrariamente a lo pretendido por la interesada, de la revisión de los (Remisión de Documento)". quien decide observa que la ciudadana Dorgi Jiménez Ramos dejó de implementar el sistema de control interno en la dependencia que tenía a su cargo, por cuanto para ese momento se cual se registrada la documentación tanto entrante como saliente. A mayor abundamiento, se debe traer a colación la respuesta emanada de la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación (OTIC) del MPetroMin. contenida en el Memorando N° OTI-0488/2015 de fecha 08/072015 (folios 294 al 300), mediante el cual informan que la documentación que recibió y registró la Oficina de Auditoría Inter a en el Sistema "SOSGESA". en el período comprendido entre el mes de enero de 2010 al mes de julio de 2015, dentro del cual la interesada legítima se desempeñó como Directora General, encargada, de la Oficina de Auditoría Interna evidencia un descenso paulatino de la documentación entrante a la oficina a su cargo, poniendo de manifiesto que desde el 01/10/2010 hasta el 15/10/2014, se ingresó en el Sistema SOSGESA, un total de doscientos treinta y nueve (239) documentos, observando en el mes de marzo del año 2013 un (1) registro; tendencia que se mantuvo en cero (0) en los primeros tres (3) trimestres del año 2014. en donde no se registró ingreso de documento alguno, incluido el memorando DI-312 de fecha 28/11/2013 (folios 298 y 299). Lo anterior pone de manifiesto, contrariamente a lo alegado por la interesada legítima, un absoluto descontrol de las actividades que estaba llamada a realizar, al punto que esta Unidad de Auditoría Interna solicitó a la Dirección de Industrialización y Tecnología de los Hidrocarburos del MPetroMin, copia certificada del memorando DI-312 de fecha 28/11/2013, ya referido, en consecuencia, tal certificación (de la Dirección de Industrialización y Tecnología de los Hidrocarburos), mal pudiera contener la firma y fecha que a decir de la ciudadana Dorgi Doralys Jiménez Ramos, colocaba en todos los documentos que recibió. como intenta hacer ver en los documentos marcados "B" y "C", que constan en los (folios 627 y 628), consignados por ella; situación que en nada desdice el hecho de que el memorando en referencia fue formalmente recibido por la Oficina de Auditoría Interna a su cargo para ese entonces, según se evidencia del sello húmedo de la misma y de la firma de la ciudadana Yosmeli Francisca Ortega Rosales (folio 19). Y así se decide. Ahora bien, se observa que en cuanto a la referida falta de control interno de la OAl por parte de la ciudadana Dorgi Jiménez Ramos, resalta en las declaraciones, consideradas contestes, de las ciudadanas Yadira Heriberta García Flores y Yosmeli Francisca Ortega Rosales (ya citadas en el presente escrito) e incluso, con lo alegado por la interesada legitima sobre la documental aportada "B" y "C". al admitir que llevó un procedimiento interno distinto al implementado por el MPetroMin (SOSGESA). y que a su vez se evidencia contrariamente con lo pretendido por la interesada legitima, de las declaraciones de su testigos, que reposan en las actas de fechas 17/02/2016 y 18/02/2016 (folios 703 al 709). lo siguiente: La ciudadana Laura Jordan Toselli, en respuesta a la pregunta sobre el control interno de la correspondencia recibida por la Oficina, respondió lo siguiente: "Si. yo tenía un cuaderno, donde registrada la correspondencia que allí llegaba para luego poderle hacer seguimiento de cuando, o sea. para luego hacerle seguimiento sobre lo que la directora había ordenado, el funcionario a quien se le remitió, si la solicitud fue respondida o la información fue procesada, eso, era básicamente eso. Lo que quiero dejar alli constancia es que el control se llevaba para saber qué se recibió y la manera en que fue procesada y quien tenía la información que luego, eso". (marcado añadido). Y por su parte. la ciudadana Miri a Judith Ladera, en respuesta a la interrogante formulada por la defensa, sobre el control de la correspondencia recibida por la OAl. respondió lo siguiente: "(...) efectivamente tal como lo indiqué anteriormente los controles de las comunicaciones o de la correspondencias eran llevados por la secretaria, de hecho llevaba un libro, bueno un libro no, una carpeta en la cual asentaba los memorandos y oficios recibidos y enviados asl como los informes, autos de fenecimiento y una vez por supuesto, cuando se recibía la correspondencia se llevaba el procedimiento [antes indicado, en la pregunta 5], además la directora llevaba una agenda donde llevaba el control de todas aquellas comunicaciones que tenían vinculación directamente con las áreas de auditorías y en las reuniones mensuales que se hacian alli, manifestaba cuáles, o indicaba el instrucciones dadas" (marcado añadido). Aunado a lo anterior. y respecto a las testimoniales rendidas en el presente procedimiento, en la audiencia oral y pública, se alegó lo siguiente: "(...) las pruebas que nosotros trajimos en la fase de Determinación de Responsabilidad, nuestros testigos quedaron contestes, coherentes, contextualizados, no contradictorios e imparciales, donde quedó totalmente demostrado que nunca se presentó una denuncia, específicamente en el caso de la testigo Mirla Ladera (...)". Adminiculado como ha sido la valoración de las pruebas documentales, las testimoniales rendidas, así como lo alegado por la interesada legítima y su representación legal en el acto oral y público, llevado a cabo en fecha 22/02/2016, quien suscribe forma la convicción acerca de mecanismos de control interno implementados de manera incorrecta en la OAl a cargo de la ciudadana Dorgi Doralys Jiménez Ramos, para el momento de recepción del memorando DI-312 de fecha 28/11/2013. por cuanto la secretaria de la OAI no registrada de modo alguno la documentación que se recibía, solo se limitaba a estampar sello, con la hora, la fecha y firma de la secretaria tanto en el documento que se recibía como en su acuse de recibo y. era enviado de esa manera a la Directora General para su conocimiento y control desvirtuado el señalamiento de la interesada legítima al sostener que no recibió solicitud alguna por parte de la Dirección de Industrialización y Tecnología de los Hidrocarburos del MPetroMin. Ahora bien, con base en las anteriores consideraciones, quien suscribe desestima lo alegado por la defensa, en virtud que de modo reiterado ha quedado suficientemente evidenciado que durante la gestión de la interesada legitima, hubo relajamiento de las instrucciones de control interno en lo que respecta al manejo y custodia que se le debía dar a la para el momento de ocurrencia del hecho objeto del presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa: que hizo imposible ubicar físicamente el original del memorando DI-312 de fecha 28/11/2013 enviado por la Dirección de Industrialización y Tecnología de los Hidrocarburos en la Oficina de Auditoría Interna, asi como tampoco fue posible ubicar registro electrónico que del mismo debió hacerse en el referido sistema SÓsGESA. Asi se decide. Y. respecto a la documental identificada con la letra "D". consignada como anexo del escrito presentado en fecha 14/01/2016, referida a una (1) "Nota de Remisión" presuntamente de la Oficina de Auditoria Interna del MPetroMin de fecha 01/11/2010, dirigida a la Oficina de Recursos Humanos (Hoy de Gestión Humana) del MPetroMin, mediante la cual se remitió "declaración jurada de patrimonio"(sic) y síntesis curricular, documentación que según la interesada es personal e indica, se encuentra suscrita por la ciudadana Yuly Gómez Acosta y. pretendiendo demostrar que, accesaba a información personal y confidencial de la interesada, con el objeto de evidenciar que la ciudadana Gómez manejaba documentación de la oficina. Quien decide observa que el objeto por el cual fue promovida la misma, no guarda relación alguna con el hecho que originó el presente procedimiento. Y así se decide. En virtud de lo expuesto, aun cuando no existen elementos que ameriten la formulación de reparo por no haberse determinado la existencia de daño al patrimonio, quien suscribe, pasa a pronunciarse y en este orden, confirma la imputación contenida en el Auto de Apertura de fecha 29/10/2015, cursante a los folios 376 al 386, por cuanto la ciudadana Dorgi Doralys Jiménez Ramos, en su condición de Directora General, encargada, de la Oficina de Auditoría Intema del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería (MPetroMin) para el momento de la ocurrencia del hecho irregular, habría incurrido en inactividad administrativa al no atender una solicitud de averiguación que se realizó mediante memorando código DI-312 de fecha 28/11/2013, por la Dirección de Industrialización y Tecnologia de los Hidrocarburos del MPetroMin, como consecuencia de las observaciones al acta de entrega de funcionaria saliente, por lo que su conducta es subsumible en el numeral 26 del artículo 91 de la LOCGRSNCF, al incumplir las normas e instrucciones de control como lo son: el numeral 6 del Capítulo V "De las Funciones de la Unidad de Auditoría Interna". contenido en los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoria Interna, el numeral 7 del artículo 17 del Modelo Genérico del Reglamento Interno de Unidades de Auditoría Interna y el literal a) del artículo 10 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), dictadas por la Contraloría General de la República. Así se decide. " DISPOSITIVA En mérito de los razonamientos precedentemente expuestos, quien decide Licenciado Miguel Ángel Clemente Limongi. en su condición de Director General encargado de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, según Resolución N° 086 del 15/10/2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Número 40.520 del 16/10/2014, habiendo privilegiado el derecho a la defensa y las garantías administrativas consagradas en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, durante todo el procedimiento, en atención a la atribución prevista en los articulos 103 y 106 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el articulo 97 de su Reglamento, una vez analizados como han sido los razonamientos de la interesada y su representación legal en torno a los hechos y al derecho que dieron origen a la presente causa, y a los documentos cursantes en autos, reitera los pronunciamientos expuestos el día 04/04/2016, en los términos siguientes: PRIMERo: Declarar la Responsabilidad Administrativa de la ciudadana: Dorgl Doralys Jiménez Ramos, titular de la Cédula de Identidad N° V-11.691.340, de nacionalidad venezolana, de profesión abogada, en su carácter de Directora General, encargada, de la Oficina de Auditoría Interna para el momento de ocurrencia de la situación fáctica descrita e imputada en el Auto de Apertura del procedimiento administrativo de fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil averiguación administrativa por el "Presunto Incumplimiento de la Obligación de Inhibición de Funcionarios". según se desprende del contenido del memorando código DI-312 de fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil trece (2013). administrativa, consagrado en el numeral 26 del articulo 91 de la LOCGRSNCF. SEGunDO: En atención a lo dispuesto en el artículo 105 en relación con el artículo 94 ambos de la LOCGRSNCF, quien suscribe, en concordancia a lo compensado de conformidad con lo establecido en el articulo 103 de la LOCGRSNCF, las circunstancia atenuante prevista en el numeral 1 del artículo 108 del RLOCGRSNCF, referida al hecho de no haber sido objeto de alguna de las sanciones establecidas en la Ley y las circunstancias agravantes Reglamento, relacionadas con la condición de funcionario público, la gravedad del acto, hecho u omisión que compromete la responsabilidad administrativa de la precitada ciudadana y ser funcionario de un órgano de control fiscal. ACUERDA: IMPONER MULTA a la ciudadana Dorgi Doralys Jiménez Ramos, identificada en autos, en su carácter de Directora, encargada, de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio de Petróleo y Minería para el momento de ocurrencia de los hechos irregulares, de Ochocientos Ochenta y Siete con Cincuenta Unidades Tributarias (887,50 UT). equivalente a la cantidad de Noventa y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Dos Bolívares con Cincuenta Céntimos (Bs. 94.962,50), en atención a la Unidad Tributaria vigente para el año 2013, considerando el principio universal omnia pro reo, establecida en la cantidad de Ciento Siete Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 107,00), según Providencia Administrativa Nº SNAT/2013/0009 de fecha seis (06) de febrero de dos mil trece (2013). emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.106 de fecha seis (06) de febrero de dos mil trece (2013). TERCERQ: Se ordena la aplicación y formalización de la multa a que se retrotrae la presente decisión, en atención a los principios de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos, de conformidad con el artículo página original (tal como se publicó) [Página 26] 429.476 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 110 de la LOCGRSNCF. En virtud de elio. SE ORDENA: remitir la presente decisión al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. para la emisión de la planilla de liquidación y se proceda a ejercer inmediatamente las acciones de cobro correspondientes a la multa impuesta en esta decisión, una vez que la misma quede firme en vía administrativa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento de la LOCGRSNCF. CuArTo: Se le notifica a la ciudadana Dorgi Doralys Jiménez Ramos, ya identificada, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 y 108 de la LOCGRSNCF, en concordancia con el artículo 100 del Reglamento de la aludida Ley. podrá interponer contra la presente decisión mediante la cual se declara su responsabilidad administrativa, el Recurso de Reconsideración ante quien decide, dentro del lapso de quince (15) dias hábiles contado a partir dela notificación de la presente decisión o podrá interponer Recurso de Nulidad por ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo, dentro de un lapso de seis (6) meses, contado a partir de la notificación de la presente decisión o de la notificación de la decisión del recurso de reconsideración en el supuesto de que ésta confirme el presente acto administrativo. QuINTo: Remítase copia certificada de la presente decisión, una vez firme en sede administrativa a la Contraloría General de la República, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 111 del RLOCGRSNCF, a los fines de que ese órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, resuelva lo conducente respecto a las sanciones que le corresponde imponer, de manera exclusiva y excluyente al ciudadano Contralor General de la República, de conformidad con el artículo 105 del mencionado instrumento legal. SExTQ: Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, una vez firme en sede administrativa, de conformidad con el artículo 101 del Reglamento de la LOCGRSNCF. SÉPTIMO: Remitase un ejemplar de la presente decisión al Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, a la Oficina de Gestión Humana de este Ministerio y a la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos de Petróleos de Venezuela S.A. Cúmplase. Comuníquese y publíquese. Licenciada Miguel Angel Clemente Limongi Director General de la Oficina de Auditoría Interna (E) Resolución N° 086 de fecha 15/10/2014, emanada del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.520 de fecha 16/10/2014. MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 20 de julio de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 1147 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar al ciudadano Ingeniero ALEJANDRo RAMÓN LARES PULIDO, titular de la cédula de identidad N° 16.460.742, ESPECIALISTA INTEGRAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN en la Dirección de Tecnología, adscrita a la Vicefiscalía, cargo de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el primer aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. El referido ciudadano se venía desempeñando como Administrador de Base de Datos en la citada Dirección. La presente designación, tendrá efectos administrativos a partir del 26 de julio de 2016. Comuniquese y Pubtiquese. UISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República Viernes 29 de julio de 2016 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 20 de julio de 2016 Años 206º y 157° RESOLUCIÓN N° 1150 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICQ: Designar al ciudadano Licenciado JESÚS GABRIEL SUÁREZ ESCALONA, titular de la cédula de identidad N° 17.589.408, ESPECIALISTA INTEGRAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN en la Dirección de Tecnología, adscrita a la Vicefiscalía, cargo de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo dispuesto en el primer aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. El referido ciudadano se venía desempeñando como Especialista de Sistemas I en la División de Sistemas de la citada Dirección. El presente nombramiento tendrá efectos administrativos a partir del 26 de julio de 2016. Comuníquese y Publíquese. Fiscal General de la República. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 20 de julio de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 1153 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar a la ciudadana Ingeniera IRALY DEL VALLE MUJICA INFANTE, titular de la cédula de identidad N° 14.175.666, ESPECIALISTA INTEGRAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN en la DireCCión de TeCnología, adscrita a la Vicefiscalía, cargo de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el primer aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. La referida ciudadana se venía desempeñando como Especialista en Servidores y Seguridad en la citada Dirección. El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 26 de julio de 2016. Comuníquese y Publíquese. UISA ORTEGA DÍAZ Fiscal Géneral de la República página original (tal como se publicó) [Página 27] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 29 de julio de 2016 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 20 de julio de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 1158 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar al ciudadano Ingeniero LEWIS AUGUSTO RAMOS JIMÉNEZ,titular de la cédula de identidad N° 13.871.952, ESPECIALISTA INTEGRAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN en la DireCciÓn de TeCnología, adscrita a la Vicefiscalía, cargo de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el primer aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. El referido ciudadano se venía desempeñando como Especialista en Sistemas en el Área de Análisis y Diseño de la citada Dirección. El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 26 de julio de 2016. Comuníquese y Publíquese. OISA ORTEGA DÍAZ Fiscal Gneral de la Republica REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 20 de julio de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 1159 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICQ: Designar al ciudadano Ingeniero CHARLES WILLIAN BERRoTERÁN MEJÍA, titular de la cédula de identidad N° 13.162.406, ESPECIALISTA INTEGRAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN en la DireCCIÓn de Tecnología, adscrita a la Vicefiscalía, cargo de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el primer aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. El referido ciudadano se venía desempeñando como Especialista Jefe en la División de Plataforma Tecnológica de la citada Dirección. El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 26 de julio de 2016. Comuníquese y Publíquese. 6 UISA ORTEGA DÍAZ Fiscal Geñeral de la República 429.477 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 25 de julio de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN Nº 1177 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar al ciudadano PEDRO JOSÉ LINARES oYoQUE, titular de la cédula de identidad N° 12.096.810, ABOGADO ADJUNTO III en la DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA, adscrita a la Dirección General para la Protección de la Familia y la Mujer. El referido ciudadano se venía desempeñando como Abogado Adjunto 1 en la Dirección General de Actuación Procesal. El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 28 de julio de 2016. Comuniquese Publíquese. LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscey General de Ha República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 25 de julio de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 1182 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar ABOGADO ADJUNTO IV a la Ciudadana FRANCYS EVELIN SÁNCHEZ GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° 18.215.153, en la FISCALÍA CUARTA del Ministerio Público para actuar ante la Sala Plena y las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La referida ciudadana se venía desempeñando como Abogado Adjunto A en la citada Fiscalía. El presente nombramiento tendrá efectos administrativos a partir del 28 de julio de 2016. Comuniquese rruniquese. LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de ta República página original (tal como se publicó) [Página 28] 429.478 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 26 de julio de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 1194 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar al ciudadano Abogado FELIPE J0SÉ HERNÁNDEZ TRESPALACIOS, titular de la cédula de identidad N° 17.692.861, SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIoNES en la Dirección de Protección Integral de la Familia, adscrita a la Dirección General para la Protección de la Familia y la Mujer, cargo vacante y de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo dispuesto en el primer aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. El referido ciudadano se venía desempeñando como Fiscal Provisorio en la Fiscalía 66 Nacional Plena. Igualmente, conforme a lo establecido en los numerales 12 y 20 del artículo 25 de la citada Ley Orgánica, el mencionado ciudadano podrá intervenir como representante del Ministerio Público en los asuntos de la Institución, en cualquier lugar del territorio nacional. Asimismo, le delego la firma de los asuntos rutinarios o de mera tramitación. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 27 de julio de 2016. Comuníquese y Publiquese. LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 20 de julio de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN Nº 1144 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y. en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: úNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada TAHIRI CAROLINA MATUTE ABACHE, titular de la cédula de identidad N° 14.239.229, quien se venía desempeñando como FISCAL AUxILIAR INTERINo en la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico; a la FISCALÍA CUARTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con sede en El Tigre y competencia plena, cargo vacante, a partir del 26 de julio de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y PubHiquese. LUISA ORTEGA DÍAZ FiscGeneral-de la República Viernes 29 de julio de 2016 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 20 de julio de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 1145 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICQ: Trasladar a la ciudadana Abogada MIRIAN ADRIANA CHACóN SEGOVIA, titular de la cédula de identidad N° 18.091.901, quien se venía desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Sala de Flagrancia, adscrita a la Fiscalía Superior del MinisterioPúblico de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas; a la FIsCALÍA oCTAVA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Antonio del Táchira y competencia plena, cargo vacante, a partir del 26 de julio de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta-Superioridad. Comuníquese y Publíquese. LUISA ORTEGA DÍAZ iscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 20 de julio de 2016 Años 206° y 157º RESOLUCIÓN N° 1146 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada PATRICIA ANDREÍNA RIVAS COLMENARES, titular de la cédula de identidad N° 17.291.867, quien se venía desempeñando como FISCAL AUxILIAR INTERINo en la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas; a la SALA DE FLAGRANCIA, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial, con sede en Barinas, cargo vacante, a partir del 26 de julio de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. ARIANA Comuniquese puoíiquese. LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República página original (tal como se publicó) [Página 29] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 29 de julio de 2016 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 20 de julio de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN Nº 1148 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICQ: Trasladar a la ciudadana Abogada YAJAIRA JoSEFINA RÍOs ZAMBRANO, titular de la cédula de identidad N° 11.201.124, quien se venía desempeñando como FISCAL AUxILIAR INTERiNo en la Fiscalía 4 Nacional Contra la Corrupción; a la FISCALÍA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA del MiniSterio PúbliCO de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia Civil y de Proceso, cargo vacante, a partir del 26 de julio de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. uniquePubliquese. LUISA ORTEGA DIAZ Fiscat General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 20 de julio de 2016 Años 206º y 157° RESOLUCIÓN N° 1149 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada FRANCISTH MARISOL HERNÁNDEZ MENDOZA, titular de la cédula de identidad N° 12.041.475, quien se venía desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERiNo en la Fiscalía Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda; a la SALA DE FLAGRANCIA, con sede en Guarenas, adscrita a la Fiscalia Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial, cargo vacante; a partir del 26 de julio de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuniquese Publiquese. LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República 429.479 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 20 de julio de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 1152 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada VANDEswSKA JAGOSZEWSKI PADRINO, titular de la cédula de identidad N° 14.892.839, quien se venía desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía 74 Nacional Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y EconómiCOS; a la FISCALÍA CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia plena, cargo vacante, a partir del 26 de julio de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 20 de julio de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 1154 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada GRECIA CECILIA vÁsQUEz PRADo, titular de la cédula de identidad N° 19.726.876, quien se venía desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Décima del Ministerio Público del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa; a la FISCALÍA DÉCIMA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en Barquisimeto y competencia plena, cargo vacante, a partir del 26 de julio de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese Publíquese. LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscab seneral de ta República página original (tal como se publicó) [Página 30] 429.480 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 20 de julio de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN Nº 1155 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICQ: Trasladar al ciudadano Abogado PEDRO RAÚL PRADo LÓPEZ, titular de la cédula de identidad N° 12.734.867, quien se venía desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Décima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado FalCón; a la FISCALÍA VIGÉSIMA PRIMERA del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial, con sede en Coro y competencia en materia Contra las Drogas, cargo vacante, a partir del 26 de julio de 2016 y hastanuevas instrucciones de esta Superioridad. Publiquese Comunig LHSA ORTEGA DÍAZ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 20 de julio de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN Nº 1156 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNIcQ: Trasladar a la ciudadana Abogada ICABARÚ HERNÁNDEz VARGAS. titular de la cédula de identidad N° 13.970.993, quien se venía desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERiNo en la Fiscalía Municipal Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas; a la sALA DE FLAGRANCIA, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial, con sede en Barinas, cargo vacante. a partir del 26 de julio de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuniquese y Publíquese. LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República Viernes 29 de julio de 2016 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 20 de julio de 2016 Años 206° y 157º RESOLUCIÓN N° 1157 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar al Ciudadano Abogado DIEGO ARMANDO ISAAC PINTO RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° 18.479.085, quien se venía desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Falcón; a la FISCALÍA VIGÉSIMA del Ministerio Público de la cCitada Circunscripción Judicial, con sede en Coro y competencia en materia para la Defensa de la Mujer, cargo vacante, a partir del 26 de julio de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. NARLENA Comúniquese yPualiquese. 6 UISA ORTEGA DÍAZ Fiscal Generalde la República REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 21 de julio de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 1171 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada MARELVIS MEJÍA MOLINA, titular de la cédula de identidad N° 12.824.532, quien se venía desempeñando como FIsCAL PRovIsoRIo en la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira; a 1a FISCALÍA TRIGÉSIMA del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial, con sede en San Cristóbal y competencia para intervenir en las Fases Intermedia y de Juicio Oral, cargo vacante, a partir del 27 de julio de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuniquese Pubtiquese. ELUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República página original (tal como se publicó) [Página 31] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 29 de julio de 2016 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 22 de julio de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 1172 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada SARA DEL VALLE GONZÁLEZ UZCÁTEGUI, titular de la cédula de identidad N° 10.924.399, quien se venía desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas; a la FISCALÍA SEXTA del Ministerio Público del Segundo Circuito de la nuevas instrucciones de esta Superioridad. omuniquese Publíquese. LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal General de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 22 de julio de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN Nº 1173 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y. en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado MICHAEL PRADO CÁRDENAS, titular de la cédula de identidad N° 15.838.757, Fiscal Provisorio en la Fiscalía Trigésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Centésima Décima Octava del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial, con competencia en materia Contra las Drogas, cargo vacante, a partir del 27 de julio de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. ERIO Comuniquese y Aublíquese. LOISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República 429.481 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 25 de julio de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN Nº 1180 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNicΩ: Trasladar con el cargo a la ciudadana Abogada MÓNICA YARAUDI ADRIAN, titular de la cédula de identidad N° 12.259.221, quien se venía desempeñando como ABoGADo ADJUNTo v en la Dirección Contra la Corrupción; a Ia DIREcCIÓN GENERAL DE ACTUACIÓN PROCESAL, adsCrita a la VicefiSCalía, a partir del 28 de julio de 2016. Copuiniquese Publíquese. BUISA ORTEGA DIAZ Eiscen Generatde Ta República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 25 de julio de 2016 Años 206° y 157° LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada CARLA CRISTINA CHIRINOs SILVA, titular de la cédula de identidad N° 13.785.491, quien se venía desempeñando como FISCAL PRoVIsoRIO en la Fiscalía 85 Nacional de Protección de Derechos Fundamentales; a la FISCALÍA SEXAGÉSIMA NOVENA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área de julio de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. ComurBiquesePubliquese. LUISA ORTEGA DÍAZ Fisa General de la República página original (tal como se publicó) [Página 32] 429.482 Viernes 29 de julio de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 25 de julio de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 1185 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado JOsÉ ALEXIS MARTÍNEZ ZAPATA, titular de la cédula de identidad N° 11.035.066, quien se venía desempeñando como FISCAL PRovIsoRIo en la Fiscalía Centésima Vigésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; a la Fiscalía85 Nacional de Protección de Derechos Fundamentales, en sustitución de la Abogada Carla Cristina Chirinos Silva, quien pasará a otro destino, a partir del 28 de julio de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuniguese yPublíquese. LUISA ORTEGA DÍAZ „.-Fiscaf General de la República página original (tal como se publicó) [Página 33] Viernes 29 de julio de 2016 429.483 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 26 de julio de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 1192 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada YULEIDY COROMOTo PÉREZ VEGAS, titular de la cédula de identidad Nº 16.814.891, quien se venía desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Octogésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; a la Fiscalía 85 Nacional de Protección de Derechos Fundamentales, cargo creado, a partir del 29 de julio de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República página original (tal como se publicó) [Página 34] 429.484 Viernes 29 de julio de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 26 de julio de 2016 Años 206° y 157° RESOLUCIÓN N° 1193 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado SIMÓN JESÚS ADRIÁN RUIz, titular de la cédula de identidad N° 16.028.006, quien se venía desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Centésima Vigésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; a la Fiscalía 85 Nacional de Protección de Derechos Fundamentales, cargo creado, a partir del 29 de julio de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Comuníquese y Publíquese. LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal Generat de la República página original (tal como se publicó) [Página 35] Viernes 29 de julio de 2016 429.485 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍAGENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 5 CONTRALORÍA GENERAL DÉ LA REPÚBLICA 206º, 157° y 170 Caracás, 27 de junio de 2016. RESOLUCIÓN Nro. 01-00-000290 MANUEL E. GALINDO B. Contralor General de la República En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 289 numeral 6 dela Constitución dela RepúblicaBolivariana de Venezuela, y el artículo 14 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del SistemaNacional de Control Fiscal, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fueíza de Ley Orgánica de la Administración Pública. CONSIDERANDO Que las Unidades de Auditoría Interna de los organismos y entidades a que se refiere el artículo 9, numerales 1 al 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Ia República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, están sujeta a las disposiciones de la mencionada Ley y, por lo tanto, al control, vigilancia y fiscalización de la Contraloría General de la Repúblicà, además de formar parte integrante del Sistema Nacional de Conrol Fiscal, de conformidad con el artículo 26, numeral 4, de la mencionada norma. CONSIDERANDO Que el artículo 27 de la Ley Orgánica de ia Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, establece que página original (tal como se publicó) [Página 36] 429.486 Viernes 29 de julio de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA los titulares de los órganos de control fiscal de los entes y organismos señalados en el artículo 9, (numerales 1 al 11, de la referida Ley serán designados mediante concurso público. CONSIDERANDO Que el artículo 32 de la Ley Orgánica de ia Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, otorga al Contralor General de la República la! potestad de revisar los concursos para la designación de los titulares de los órganos de control fiscal de los entes y organismos( señalados en el artículo 9 numerales 1 al 11 de la Ley antes citada, cuando se detecte la existencia de graves irregularidades én la celebración de los mismos, y ordenar a las autoridades competentes que en el ejercicio de la autotutela administrativa revoquen dicho acto y procedan a la apertura de nuevos concursos. CONSIDERANDO Que el Fondo de Crédito para el Desarollo del estado Monagas (FONCREDEMO), realizó la convocatoriaparaparticiparenel concurso público para la designación del titular de la Unidad de Auditoría Interna de ese Fondo, durante el año 2014, para el período comprendido entre los años 2014-2019. CONSIDERANDO Que mediante Oficio N° 07-01-66, de fecha 16 de febrero de 2016, este Máximo Órgano Contralor, ordenó la revisión del concurso público convocado por el Fondo de Crédito para el Desarrollo del estado Monagas (FONCREDEMO), para lá designación del Titular de la Unidad de Auditoría Interna de ese Fondo. página original (tal como se publicó) [Página 37] Viernes 29 de julio de 2016 429.487 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONSIDERANDO Que resultó ganador del mencionado Cocurso Público el ciudadano GREGORIO JOSÉ RODRÍGUEZ GUERRA, titular de la cédula de identidad N° V-8.486.293. CONSIDERANDO Que de la actuación fiscal practicada, (ordenada mediante Oficio N° 07-01-66, de fecha 16 de febrero de; 2016, cuyos resultados se encuentran contenidos en el Informe Definitivo N° 1, de fecha 21 dejunio de2016,se determinó que,el Jurado Calificadorno cumplió a cabalidad con el contenido de los numerales establecidos en el artículo 34 del Reglamento sobre Ios Concursos Públicos para la designación de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría Ínterna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus entes Descentralizados, toda vez que, declaró ganador del Concurso Público a un participante que no cumplía los requisitos mínimos para ser Titular de la Unidad de Auditoría Interna del Fondo de Crédito para el Desarrollo del estado Monagas (FONCREDEMO). CONSIDERANDO Que los hechos descritos anteriormente constituyen graves irregularidades en la celebración del Concurso Público para la Designación del Titular de la Unidad de Auditoría Interna del Fondo de Crédito para el Desarrollo del estado Monagas (FONCREDEMO). RESUELVE: PRIMERO: De conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se ordena a la máxima autoridad del Fondo de Crédito para el Desarrollo del estado Monagas (FONCREDEMO), en atención al principio de autotutela administrativa, a) revocar el, página original (tal como se publicó) [Página 38] 429.488 Viernes 29 de julio de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA concurso público convocado para la designación del Auditor (a) Interno del mencionado Fondo, así como la designación del ciudadano GREGORIO JOSÉ RODRÍGUÈZ GUERRA, titular de la cédula de identidad N° V-8.486.293, en ese cargo; b) convocar un nuevo concurso público para la designación del titular de la Unidad de Auditoría Interna del Fondo. sEGuNDo: El incumplimiento de lo ordenado en la presente resolución, acarreará la responsabilidad administrativa de los funcionarios a quien corresponda su ejecución, conforme lo previsto en la parte infinedel artículo 92 dela LeyOrgánica de la ContraloríaGeneral de la República y del Sistema Nacionalde Control Fiscal. Dado en Caracas, a los veintisiete (27) (días del mes de junio de 2016. Año 206º de la Independencia, 157° de la Federación y 17° de la Revolución Bolivariana. Comuníquese, notifíquese y publíquese, MANUÉL C GALINDO B Contralor General de la República página original (tal como se publicó) [Página 39] Viernes 29 de julio de 2016 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 429.489 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AAOINID - MESIV SUMARIO Carcejaes 3 eoe de 2 Requisitos para solicitar Gaceta Certificada de Naturalización √El trámite es PERSONAL. En caso de no acudir la persona, un familiar deberá consignar autorización con parentesco hasta 3er grado de consanguinidad (Padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tíos o sobrinos). √En su defecto consignar poder debidamente autenticado. Síguenos en Twitter @oficialgaceta @moficialimprenta página original (tal como se publicó) [Página 40] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 Número 40.955 AÑO CXLIII - MES X Caracas, viernes 29 de julio de 2016 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 40 Págs. costo equivalente a 16,45 % valor Unidad Tributaria LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (22 DE JULIO DE 1941) Artículo 11. La GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11 de octubre de 1872, continuará editándose en la Imprenta Nacional con la denominación GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de Ia GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DELAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional. Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANÁ DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos. EL SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados. página original (tal como se publicó)