[Página 1] Caracas, viernes 19 de septiembre de 2014 MES XII - AÑO CXLI SUMARIO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 1.255, mediante el cual se nombra a la ciudadana Margaret Gutiérrez Mulas, como Presidenta del Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. Decreto N° 1.256, mediante el cual se nombra a los ciudadanos y a la ciudadana que en él se señalan, como Viceministros del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, . VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Resolución mediante la cual se designa a los ciudadanos y a la ciudadana que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes de la Junta Interventora de la Dirección Géneral de Mercado Nacional, dependiente de la Dirección Ejecutiva de Comercio y Suministro de la Empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), con' el carácter que en ella se indica. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución N° 353, de fecha 13 de agosto de 2014, en los términos que en ella se indican. Resolución mediante la cual se renueva la autorización a la sociedad mercantil «Serenos Occidentales, C.A.» (SEROCCA), domiciliada en la dirección que en ella se menciona, para que preste los Servicios de Vigilancia y. Protección de Propiedades previstos en el Reglamento que en ella se especifica. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA ONAPRE Providencia mediante la cual se procede a la publicación de un Traspaso de Créditos Presupuestarios hasta el veinte por ciento (20%) de una acción especifica a otra de distintas categorías Presupuestarias que afecta sub partidas controladas entre Gastos de Capital, del Distrito Capital, por la cantidad que en ella se indica. Providencias mediante las cuales se procede a la publicación de los Traspasos Presupuestarios de Gastos Corrientes para Gastos de Capital del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, por las cantidades que en ellas se señalan. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO Actas. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, como Presidentes de los Organismos que en ellas se especifican, adscritos a este Ministerio. MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA_LA AGRICULTURA Y TIERRAS, PARA EL COMERCIO Y PARA LA ALIMENTACIÓN Resolución Conjunta mediante la cual se designa al ciudadano José Luis Berroterán Núñez, como Presidente de la Empresa de Propiedad Social Agropatria, S.A., en condición de Encargado, y a la vez Presidente de la Junta Directiva. Número 40.501 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material la Resolución N° 087, de fecha 09 de junio de 2014, en los términos que en ella se indican. Resolución mediante la cual se procede a la publicación del Traspaso de Créditos Presupuestarios entre Gastos de Capital aprobado por este Ministerio, por la cantidad que en ella se especifica. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO INPSASEL Providencias mediante las cuales se nombra a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se señalan, como Coordinadores en los Organismos que en ellas se mencionan, de este Instituto. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA Resolución mediante la cual se encarga al ciudadano Robert Antonio Graffe Heredia, como Coordinador del Banco Nacional de Datos de Exploración y Producción de Petróleo y Gas «Gastón Parra Luzardo», con Rango de Director General, adscrito al Viceministerio de Hidrocarburos, de este Ministerio. Resolución mediante la cual se encarga al ciudadano Nelson Gabriel Martinez, como Director de la Dirección Regional Cumaná, adscrita a la Dirección General de Fiscalización e Inspección del Despacho del Viceministro de Hidrocarburos, de este Ministerio. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas y al ciudadano que en ellas se señalan, como Directores de las Oficinas que en ellas se especifican, de este Ministerio. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO Fundación Misión Madres del Barrio «Josefa Joaquina Sánchez» Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Zully Margarita Hernández Márquez, como Directora de Atención Integral a la Madre y a la Ciudadania, de esta Fundación. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Corte Disciplinaria Judicial Decisión mediante la cual se declara Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la delegada de la Inspectoria General de los Tribunales en fecha 20 de mayo de 2014, donde se ordena el levantamiento de la medida cautelar de suspensión del cargo con goce de sueldo, y se ordena la reincorporación del ciudadano Miguel Alfredo Mendoza López. Decisión mediante la cual se declara Con Lugar el Recurso de Apelación Parcial interpuesto por la Juez Luz Haydee Gómez González, contra la Decisión que en ella se indica, dictada en fecha 02 de abril de 2014. Sentencia mediante la cual se declara Perimido el Recurso de Apelación interpuesto en fecha 13 de diciembre de 2012, por las ciudadanas Cermen Mireya Tellechea de Lunar e Irma de la Trinidad Ávila Maestracci, contra la sentencia que en ella se especifica. página original (tal como se publicó) [Página 2] Tribunal Disciplinario Judicial Sentencia mediante la cual se declara la Responsabilidad Disciplinaria Judicial del ciudadano José Jesús Ramirez García, y se ordena la Suspensión del ejercicio del cargo como Juez del Tribunal que en ella se señala. MINISTERIO PÚBLICO Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos que en ellas se indican, como Técnicos de Seguridad y Resguardo, en las Direcciones que en ellas se indican. Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas que en ellas se mencionan, como Abogados Adjuntos, en las Direcciones que en ellas se especifican. Resoluciones mediante las cuales se traslada a las ciudadanas Abogadas y ciudadanos Abogados que en ellas se mencionan, de las Fiscalías que en ellas se señalan, a las Fiscalias que en ellas se indican. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Celestina Maria Parra Díaz, como Contralora Provisional del estado Carabobo. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N°1.255 19 de septiembre de 2014 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, concatenado con los artículos 4º, 18 y 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Ley del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. DECRETO ArtíCulo 1°. NombrO PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS, adsCrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, a la ciudadana MARGARET GUTIÉRREZ MULAS, titular de la Cédula de Identidad No V-5.302.423, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 2º. Delego en el Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, la juramentación de la referida ciudadana. Artículo 3º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los diecinueve días del mes de septiembre de dos mil catorce. Años 204º de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.) NICOLÁS MADURO MOROS Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) ORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) JOSÉ LUÍS BERROTERÁN NUÑEZ 19 de septiembre de 2014 Decreto N° 1.256 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromisoø y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de Jas atribuciones que me confieren los numerales 2 y 16 del astículo 236 ejusdem, concatenado con lo preceptuado en los artículos 46 y 65 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en los artículos 4º, 18, 19 y numeral 5 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. DECRETO Artículo 1º. Nombro Viceministro de Agricultura del AGRICULTURA Y TIERRAS, al CiUdadano AGUSTÍN RIDELL PARAGUÁN, titular de la Cédula de Identidad N° V- 4.055.375. Artículo 2º. Nombro Viceministro de Producción Agrícola PeCuaria del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, al Ciudadano ALFREDO EMILIO BALDIZAN SECO, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.272.491. Artículo 3º. Nombro Viceministro de Producción Agrícola Vegetal del MINISTERIo DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, al Ciudadano JAVIER ENRIQUE SÁNCHEZ QUINTERO, titular de la Cédula de Identidad N° V-12.746.154. página original (tal como se publicó) [Página 3] -Artículo 4º. Nombro Viceministra de Pesca y Acuicultura del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, a la Ciudadana MIRLAY CRISTINA HERRERA COLMENARES, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.710.938. Artículo 5º. Nombro Viceministro de Agroindustria del MINISTERIO DEL PO DER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, al CiUdadanO ERIC RICARDO MARTÍNEZ GÓMEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-14.104.867. Artículo 6º. Los funcionarios y Funcionaria designados en los artículos 1°, 2º, 3º, 4º y 5º del presente Decreto, ejercerán las competencias inherentes a lo$ referidos cargos, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 7º. Delego en el Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, la juramentación de los referidos ciudadanos y ciudadana. Artículo 8º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir Gaceta Oficial de la República de su publicación en la Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los diecijiueve días del mes de septiembre de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15º de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.) NICOLÁS MADURO MOROS Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) JOSÉ LUÍS BERROTERÁN NÚÑEZ VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DESPACHO DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO. DGCI NÚMERO: 044. CARACAS, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. AÑOS 204° y 155° El Vicepresidente Ejecutivo, designado mediante Decreto N° 9.401, de fecha 08 de marzo de 2013, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.126, de fecha 11 de marzo de 2013, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 239 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los numerales 1, y 17 del artículo 48 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Nº 1.235, de fecha 11 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.495, de la misma fecha, mediante el cual se ordena la intervención de la Dirección General de Mercado Nacional, dependiente de la Dirección Ejecutiva de Comercio y Suministro de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), RESUELVE Artículo 1. Designar como Miembros principales y suplentes de la Junta Interventora de la Dirección General de Mercado Nacional, dependiente de la Dirección Ejecutiva de Comercio y Suministro de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), con el carácter que se indica, a los siguientes ciudadanos: CARÁCTER NOMBRES Y APELLIDOS C.I Wilmer O. Barrientos Fernández Miembro Principal V-7.189.059 Dester Bryan Rodríguez Miembro Suplente V-6.414.928 Juan Ramón Rivas Rojas Miembro Principal V-9.300.656 José Eduardo Moya Rojas Miembro Suplente V-6.925.824 Jorge Luis Sánchez García Miembro Principal V-6.003.333 Roberto José Delgado Ottavi Miembro Suplente V-3.174.318 Mauricio C. Herrera Torres Miembro Principal V-4.195.145 María Eugenia Noroño Torres Miembro Suplente V-11.140.946 Jaime José López Astudillo Miembro Principal V-6.223.029 Robert Antonio Colina Arias Miembro Suplente V-9.803.316 Artículo 2. Designar Presidente de la Junta Interventora de la Dirección General de Mercado Nacional, dependiente de la Dirección Ejecutiva de Comercio y Suministro de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), al ciudadano WILMER OMAR BARRIENTOS FERNÁNDEZ, titular de la cédula de Identidad N° V-7.189.059, quien representará a la referida Junta Interventora a los efectos de la realización de los actos y firma de los documentos que sean necesarios para el cumplimiento del mandato previsto en el Decreto N° 1.235, de fecha 11 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.495, de la misma fecha, mediante el cual se ordena la intervención de la Dirección General de Mercado Nacional, dependiente de la Dirección Ejecutiva de Comercio y Suministro de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Artículo 3. Los ciudadanos designados mediante la presente Resolución deberán rendir cuenta al Vicepresidente Ejecutivo, de los actos y documentos firmados en virtud de lo dispuesto en la presente Resolución. Artículo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, GEACBERTO-ARREAZA MONTSERRAT : Vicepresidente Ejecutivo | página original (tal como se publicó) [Página 4] MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 204º, 155º y 15° 395 FECHA_1 8 SET. 2014 Nº RESOLUCIÓN El Viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado según Decreto N° 301 de fecha 12 de agosto de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.226 de la misma fecha, en ejercicio de las competencias que le confiere lo dispuesto en los numerales 4 y 14 del artículo 84 del Decreto N° 6.217 con Rango, Yalor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, actuando de conformidad con la delegación contenida en la Resolución Nº 134 de fecha 24 de marzo de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.378 de la misma fecha, en concordancia con lo establecido en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, procede a: Artículo 1. Corregir el contenido de la Resolución Nº 353 de fecha 13 de agosto de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 40.478 de fecha 19 de agosto de 2014, mediante la cual se renueva la autorización a la sociedad mercantil "SEGURIDAD YOsAM, C.A", para que preste los Servicios de Vigilancia y Protección de Propiedades, en los siguientes términos: Donde Dice: "...ARTícuLo 1: Se renueva la autorización a la sociedad mercantil "SEGURIDAD YOSAM, C.A", domiciliada en la Calle N° 61°, Local N° 15B-08, Sector Las Tarabas, Maracaibo, Estado Zulia, para que preste los Servicios de Vigilancia y Protección de Propiedades previstos en el Artículo 2, literal a) del Reglamento de los Servicios Privados de Vigilancia, Protección e Investigación, contenido en el Decreto No 699 del 14 de enero de 1975, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 30.597 de esa mma fecha...". Debe Decir: "...ARTícuLo 1: Se renueva la autorización de funcionamiento a la sociedad mercantil "SEGURIDAD YOSAM, C.A", domiciliada en la Avenida N° 2, Manzana Nº 25, casa No 92, sector Las Casitas del Core 8, Urbanización Gran Sabana, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, para que preste los Servicios de Vigilancia y Protección de Propiedades previstos en el Artículo 2, literal a) del Reglamento de los Servicios Privados de Vigilancia, Protección e Investigación, contenido en el Decreto N° 699 del 14 de enero de 1975, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 30.597 de esa misma fecha.... Artículo 2. Se procede a reimprimir el texto íntegro de la referida Resolución debidamente corregida, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Publicaciones Oficiales, manteniéndose el mismo número y firma. Comuníquese y Publíquese. Por el Ejecutivo Nacional, ANUEL SABINO SUÁREZ HIDALGO VICEMINISTRO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERCORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO 204º, 1 55º y 150 FECHA: 13 de agosto de 2014 ESE o3 RESOLUCIÓN El Viceministro de Prevención y Segufidad Ciudadana del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado según Decreto N° 301 de •cha 12 de agosto de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.226 de la misma fecha, actuando por delegación del ciudadano Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, dictada mediante Resolución N° 134 de fecha 24 de marzo de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.378 de la misma fecha, en concordancia con lo establecido en el Artículo 1º del Reglamento de los Servicios Privados de Vigilancia, Protección e Investigación, contenido en el Decreto Nº 699 de fecha 14 de enero de 1975, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 30.597 de la misma fecha, CONSIDERANDO Que la sociedad mercantil "SEGURIDAD YosAM, C.A", con el Registro de Información Fiscal (RIF) N° 3-31022102-2, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial de Estado Bolívar, bajo el Nº 14, tomo 18-A Pro, de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil tres (2003), autorizada para prestar los Servicios de Vigilancia Privada, Protección e Investigación, otorgándosele la Renovación de la Autorización de Funcionamiento mediante Providencia Administrativa N° 048 de fecha tres (03) de marzo de dos mil ocho (2008), la cual continuará prestando dicho servicio exclusivamente en la Jurisdicción de los Estados Bolívar, Anzoátegui, Monagas, Sucre y Delta Amacuro, representada por la ciudadana SAIDA MARIELA CEMBORÁIN NICOLIELLO, venezolana, mayOr de edad, domiciliado en la ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, titular de la Cédula de Identidad N° v-10.390.901, actuando en su condición de Presidente de la mencionada sociedad mercantil, ha solicitado la Renovación de la Autorización de Funcionamiento para continuar prestando los Servicios de Vigilancia y Protección de Propiedades, CONSIDERANDO Que la referida sociedad mercantil ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos en los Artícuios 8º y 9º del Reglamento de los Servicios Privados de Vigilancia, Protección e Investigación, contenido en el Decreto Nº 699 de fecha catorce 14 de ene de 1975, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela No 30.597 de la misma fecha, en concordancia con lo establecido en el Artículo 8, numerales 7 y 10 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Timbre Fiscal, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.335 de fecha 16 de enero de 2014, RESUELVE ARTicuLo 1: Se renueva la autorización de funcionamiento a la sociedad mercantil "SEGURIDAD YOSAM, C.A", domiciliada en la Avenida N° 2, Manzana Nº 25, casa N° 92, sector Las Casitas del Core 8, Urbanización Gran Sabana, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, para que preste los Servicios de Vigilancia y Protección de Propiedades previstos en el Artículo 2, literal a) del Reglamento de los Servicios Privados de Vigilancia, Protección e Investigación, contenido en el Decreto No 699 del 14 de enero de 1975, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 30.597 de esa misma fecha. ARTícuLo 2: La empresa mencionada podrá prestar dicho servicio con el personal bajo sistema de tenencia de armas, previa obtención de todos los permisos, autorizaciones y registros establecidos en la normativa especial aplicable. ARTIcuLo 3: El servicio brindado al amparo de la presente renovación estará sujeto al control y fiscalización del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, e igualmente el incumplimiento a las disposiciones establecidas en el Reglamento de los Servicios Privados de Vigilancia, Protección e Investigación, dará origen a la suspensión o revocatoria de la misma. ARTícuLo 4: Con la notificación de la presente Resoluciónse otorga la Renovación de la Autorización de Funcionamiento, el cual tendrá validez de un (01) año contado a partir de la fecha de su notificación, con lo cual se autoriza a desarrollar los servicios mencionados en la jurisdicción de los Estados Bolívar, Anzoátegui, Monagas, Sucre y Delta Amacuro. Comuníquese y Publíquese. MANUEL SABINO SUÁREZ HIDALGO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ DESPACHO DEL MINISTRO. 204º, 155º y 15º 396 FECHA_18 SET. 2014 Nº RESOLUCIÓN El Viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado según Decreto Nº 301 de fecha 12 de agosto de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.226 de la misma fecha, actuando por delegación del ciudadano Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, dictada mediante resolución Nº 134 de página original (tal como se publicó) [Página 5] fecha 24 de marzo de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.378 de la misma fecha, en concordancia con lo establecido en el Artículo 1º del Reglamento de los Servicios Privados de Vigilancia, Protección e Investigación, contenido en el Decreto Nº 699 de fecha 14 de enero de 1975, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 30.597 de la misma fecha, CONSIDERANDO Que la Sociedad Mercantil "SERENos oCCIDENTALES, C.A." (SERocCA), con el Registro de Información Fiscal (RIF) N° J- 30548256-0, inscrita por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el Nº 30, Tomo 20-A, de cha treinta (30) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998), otorgándosele la Renovación de la Autorización de Funcionamiento para prestar los servicios de Vigilancia y Protección de Propiedades, mediante Providencia Administrativa Nº 232 de fecha cuatro de septiembre del año dos mil seis (2006), para prestar dicho servicio exclusivamente en la Jurisdicción de los Estados Zulia, Lara y Carabobo, representada por la ciudadana NAncY ARISTIZABÁL MERCHÁN,venezolana,mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia e identificada con la Cédula de Identidad Nº V-6.169.576, actuando en su condición de Presidente de la mencionada sociedad mercantil, ha solicitado la Renovación de la Autorización del Permiso de Funcionamiento para continuar prestando los Servicios de Vigilancia y Protección de Propiedades. CONSIDERANDO Que la referida Sociedad Mercantil ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos en los Artículos 8º y 9º del Reglamento de los Servicios Privados de Vigilancia, Protección e Investigación Previsto, Decreto en el Nº 699 de fecha 14 de enero de 1975, publicado en Gaceta Oficial de a República de Venezuela Nº 30.597 de la misma fecha, en concordancia con lo establecido en el Artículo 8, numerales 7 y 10 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Timbre Fiscal, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.33$ de fecha 16 de enero de 2014, RESUELVE ARTícuLo 1: Se renueva la autorización a la Sociedad Mercantil "SERENOS OCCIDENTALES, C.A." (SEROCCA), domiCiliada en la Avenida 11 entre calles 69 y 70, Nº 69 A-40, Sector Tierra Negra, Parroquia Olegario Villalobos, Municipio Maracaibo, Estado Zulia, para que preste los Servicios de Vigilancia y Protección de Propiedades previstos en el Artículo 2, literal a) del Reglamento de los Servicios Privados de Vigilancia, Protección e Investigación, contenido en el Decreto Nº 699 del 14 de enero de 1975, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 30.597 de esa misma fecha. ARTicuLo 2: La empresa mencionada podrá prestar dicho servicio con el personal bajo sistema de tenencia de armas, previa obtención de todos los permisos, autorizaciones y registros establecidos en la normativa especial aplicable. ARTícuLo 3: El servicio brindado al amparo de la presente renovación estará sujeto al control y fiscalización del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, e igualmente el incumplimiento a las disposiciones establecidas en el Reglamento de los Servicios Privados de Vigilancia, Protección e Investigación, dará origen a la suspensión o revocatoria de la misma. ARTícuLo 4: Con la notificación de la _presente resolución se otorga la Renovación del Permiso de Funcionamiento de la Sede Principal, el cual tendrá validez de un (01) año contado a partir de la fecha de su notificación, con lo cual se autoriza a desarrollar los servicios mencionados exclusivamente en la jurisdicción de los Estados Zulia, Lara y Carabobo. MANUEL SABINO SUÁREZ HIDALGO VICEMINISTRO DESPACHO MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA República Bolivariana de Venezuela - Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública - Oficina Nacional de Presupuesto - Número: 061 - Caracas, 15 de septiembre de 2014 204º y 1550 PROVIDENCIA De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87, Numerales 3 y 4 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, se procede a la publicación de un traspaso de créditos presupuestarios hasta el veinte por ciento (20%) de una acción específica a otra de distintas categorías presupuestarias que afecta sub partidas controladas, entre gastos de capital, del DISTRITO CAPITAL, pOr la Cantidad de VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLÍVARES (Bs. 22.769.748,00), que fue aprobado por esta Oficina en fecha 12 de septiembre de 2014, de acuerdo con la siguiente imputación: De la Acción Centralizada: E50000002000 "Gestión Bs. 22.769.748.00 administrativa" Acción Especifica: E50000002001 "Apoyo institucional a las acciones específicas de los proyectos del 22.769.748,00 organismo" Partida: 4.04 "Activos reales" 22.769.748,00 (Situado Constitucional) Sub-Partidas Genéricas, Específicas y Sub- Específicas: "Repuestos mayores para 01.01.03 equipos de comunicaciones de y señalamiento" 50.124,00 01.01.99 "Repuestos mayores para otras maquinaria y 278.939,00 equipos" 01.02.02 "Reparaciones mayores de equipos de transporte, tracción y elevación" Bs. 3.110.654,00 01.02.03 "Reparaciones mayores de de equipos comunicadones de y señalamiento" 42.610,00 01.02.07 "Reparaciones mayores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina 150.000,00 y alojamiento" "Reparaciones mayores de 01.02.99 otras maquinaria y equipos" 149.156,00 demás 03.01.00 "Maquinaria equipos de construcción y 150.000,00 mantenimiento" 03.02.00 "Maquinaria y equipos para mantenimiento de automotores" 120.420,00 03.04.00 "Maquinaria y equipos de gráficas artes y reproducción" 26.840,00 03.05.00 "Maquinaria y equipos 305.706,00 industriales y de taller" 03.06.00 "Maquinaria y equipos de energía" 391.063,00 03.99.00 "Otra maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller " 71.521,00 04.06.00 "Equipos auxiliares de transporte" 14.459,00 equipos "Otros de 04.99.00 tracción transporte, y Bs. 265.567,00 elevación " "Equipos de señalamiento" 59.598,00 05.02.00 página original (tal como se publicó) [Página 6] "Otros 05.99.00 equipos de de comunicaciones y 80.281,00 " señalamiento "Instrumentos musicales y 07.06.00 274.616,00 equipos de audio" 08.01.00 "Equipos y armamentos de orden público, seguridad y 5.961,00 defensa nacional" 08.99.00 "Otros equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa nacional" 2.385,00 "Mobiliario y equipos de 09.01.00 10.600.000,00 oficina" "Equipos de computación" 2.000.000,00 09.02.00 "Mobiliario y equipos de 09.03.00 3.000.000,00 alojamiento" "Otras máquinas, muebles 09.99.00 y demás equipos 26.073,00 oficina y alojamiento" "Marcas de fábrica 12.01.00 y 2.385,00 patentes de invención" 12.04.00 "Paquetes y programas de computación" 591.390,00 99.01.00 "Otros activos reales" 1.000.000,00 Al Proyecto: "Aportes E50009999000 y Transferencias para Financiar los Proyectos los de Entes Descentralizados" Bs. 22.769.748.0Q Acción Específica: E50009999010 "Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos del Fundación Ente la Identidad para Caraqueña del Distrito Capital" 859.680,00 "Transferencias 4.07 Partida: y donaciones" 859.680,00 (Situado Constitucional) Sub-Partida Genérica, Específica y "Transferencias de capital 03.03.02 Sub-Específica: a entes descentralizados 859.680,00 sin fines empresariales" A0244 Fundación para la Identidad Caraqueña del 859.680,00 Distrito Capital Acción E50009999012 "Aportes Específica: y Transferencias Financiar los Proyectos del Ente Fundación Vivienda del Distrito Capital" 1.161.556.00 4.07 "Transferencias y donaciones" 1.161.556,00 (Situado Constitucional) Transferencias eed Financiar los Proyectos del Ente Fundación Vivienda del Distrito Capital" 1.161.556.00 Partida: 4.07 "Transferencias y donaciones" 1.161.556,00 (Situado Sub-Partida Constitucional) Genérica, Específica y Sub-Específica: 03.03.02 "Transferencias de capital a entes descentralizados Bs. 1.161.556,00 sin fines empresariales" A0495 Fundación Vivienda 1.161.556,00 del Distrito Capital Acción Especifica: E50009999015 "Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos del Ente Corporación de Servicios del Distrito Capital, S.A." 20.748.512.0Q 4.07 "Transferencias Partida: Y 20.748.512,00 donaciones" (Situado Constitucional) Sub-Partida Genérica, Especifica y "Transferencias de capital 03.03.05 Sub-Especifica: a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros" 20.748.512,00 A1536Corporación de Servicios del Distrito Capital, S.A. 20.748.512,00 Comuniquese y publiquese puusfurfig R9OOLFO MEGINA DEL RIO. República Bolivariana de Venezuela - Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública- Oficina Nacional de Presupuesto - Número: 062 - Caracas, 18 de septiembre de 2014 - 204º de la Independencia, 155º de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana. PROVIDENCIA De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, se procede a la publicación del presupuestario de gastos corrientes para gastos de capital del traspaso MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES, POr la Cantidad de UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 1.036.057), que fue aprobado por esta Oficina en fecha 15 de septiembre de 2014, de acuerdo con la siguiente imputación: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES 1.036.057 Bs. Proyecto: 060046000 "Reimpulso de la representación Diplomática de la República Bolivariana de Venezuela en el mundo." 1.036.057 :38 Acción Específica: 060046001 "Ejecución actividades de pertinentes a garantizar el soporte operativo del Servicio Exterior Bolivariano en el continente de América Latina y el Caribe" 2.857 Partida: 4.03 "Servicios no personales" 2.857 - Ingresos Ordinarios Sub-Partida Genérica, Especifica y Sub-Especifica: 10.01.00 "Servicios juridicos" 2.857 Acción Específica: 060046006 "Ejecutar actividades pertinentes a garantizar el soporte operativo en coyunturas imprevistas" 1.033.200 Partida: "Servicios no personales" 4.03 1.033.200 - Ingresos Ordinarios Sub-Partida Genérica. Específica y 1.033.200 Sub-Especifica: 07.03.00 "Relaciones sociales" PARA: 060046001 "Ejecución de actividades Acción Especifica: pertinentes a garantizar el soporte operativo del Servicio Exterior Bolivariano en el continente de 2.857 América Latina y el Caribe" 4.04 2.857 "Activos reales" Partida: - Ingresos Ordinarios Sub-Partidas Genéricas, Especificas y Sub-Especifica: 2.700 05.01.00 "Equipos de telecomunicaciones" 157 09.02.00 " "Equipos de computación" Acción Especifica: "Ejecutar actividades pertinentes a 060046006 garantizar el soporte operativo en 1.033.200 coyunturas imprevistas" " "Activos reales" 4.04 1.033.200 Partida: - Ingresos Ordinarios Sub-Partida Genérica, Específica y Sub-Específica: 04.01.00 "Vehículos automotores terrestres" 1.033.200 Comuníquese y Publíquese, RODOLFO MEDINA DEL RÍO Jefe de la Ofigina Nacional de Presupuesto página original (tal como se publicó) [Página 7] República Bolivariana de Venezuela - Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública- Oficina Nacional de Presupuesto - Número: 064 - Caracas, 18 de septiembre de 2014 - 2040 de la Independencia, 155º de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana. PROVIDENCIA De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, se procede a la publicación del traspaso presupuestario de gastos corrientes para gastos de capital del MInisTERIo DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES, por la cantidad de TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON 50/100 (Bs. 308.440,50), que fue aprobado por esta Oficina en fecha 15 de septiembre de 2014, de acuerdo con la siguiente Imputación: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES Bs. 308.440,50 Proyecto: 060046000 "Reimpulso de la representación Diplomática de la República Bolivariana de Venezuela en el mundo" 308.440,50 :3d Acción 060046001 "Ejecución Específica: actividades de pertinentes a garantizar el operativo del Servicio soporte Exterior Bolivariano el en continente de América Latina y el Caribe" 30.149,10 Partida: 4.02 "Materiales, suministros y mercancias" 6.851,38 -Ingresos Ordinarios Sub-Partida Genérica, Específica y Sub-Específica: 03.02.00 "Prendas de vestir" 6.851,38 4.03 "Servicios no personales" 23.297.72 -Ingresos Ordinarios Sub-Partidas Genéricas, Específicas y "Servicio de aseo urbano y 04.06.00 Sub-Específica: 15.835,87 domiciliario" 7.461,85 "Publicidad y propaganda" " 07.01.00 Acción "Ejecución actividades 060046002 de Específica: a garantizar el pertinentes soporte operativo del Servicio Bolivariano Exterior en el continente de África" 29.441,40 11 "Servicios no personales" " 29.441,40 4.03 Partida: -Ingresos Ordinarios Sub-Partida Genérica, Específica y 29.441,40 „en. " 04.03.00 Sub-Específica: Acción "Ejecutar actividades pertinentes 060046006 Específica: a garantizar el soporte operativo 248.850,00 en coyunturas imprevistas" 248.850,00 "Servicios no personales" 4.03 Partida: -Ingresos Ordinarios Sub-Partida Genérica, Específica y 248.850,00 " "Teléfonos" 04.04.00 Sub-Específica: PARA: Acción "Ejecución actividades de Específica: 060046001 a garantizar el pertinentes soporte operativo del Servicio en el Exterior Bolivariano de América Latina y continente 30.149,10 " el Caribe" 30.149,10 "Activos reales" " 4.04 Partida: -Ingresos Ordinarios Sub-Partidas Genéricas, Específicas y Sub-Específica: 03.02.00 "Maquinaria y equipos para mantenimiento de automotores" 1.521,07 03.03.00 "Maquinaría y equipos agrícolas y pecuarios" 2.551,50 03.05.00 "Maquinarla y industriales y de taller" 3.152,21 "Maquinaria y equipos de riego y 03.07.00 acueductos" " 4.411,70 09.02.00 " "Equipos de computación" 2.513,70 "Mobiliarip 09.03.00 de y equipos alojamiento" 14.065,76 " "Otrasmáquinas, muebles 00'66°60 y demás equipos de oficina y alojamiento" 1.933,16 Acción Específica: "Ejecució 060046002 actividades de pertinentes a garantizar el soporte operativo del Servicio Exterior Bolivariano el en continente de África" " 29.441,40 "Activos reales" Partida: 29.441,40 4.04 -Ingresos Ordinarios Sub-Partidas Genéricas, Específicas y Sub-Específica: 05.01.00 "Equipos de telecomunicaciones" 850,75 " "Mobiliarip y equipos de oficina" 09.01.00 " 13.525,09 "Equlpos de computación" 3.520,94 09.02.00 " 09.03.00 equipos y de alojamiento" 11.544,62 " Acción Específica: "Ejecutar actividades pertinentes 060046006 a garantizar el soporte operativo 248.850,00 " en comúncuras imprevistas" 4.04 Partida: "Activos reales" " 248.850.00 -Ingresos Ordinarios Sub-Partida Genérica, Específica y "Vehículos 04.01.00 Sub-Específica: automotores terrestres" " 248.850,00 Comuníquese y Publíquese, feumfuufufeoc Jefe de la Ofigina Nacional de Presupuesto MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA ** RM No. 224 SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y 204° y 155° NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL QUINTO DEL DISTRITO CAPITAL Municipio Libertador, 17 de Septiembre del Año 2014 Por presentado el anterior documento por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación. Hágase de conformidad. y ARCHIVESE original. El anterior documento redactado por el Abogado JORGE ALEXIS MARCANO NIÑO IPSA N.: 179585, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 31, TOMO -159-A REGISTRO MERCANTIL V (CÓD. 224). Derechos pagados BS: 0,00 Según Planilla RM No. . Banco No. Por BS: 0,00. La identificación se efectuó asI: DUGLEIDIS TIBISAY GONZALEZ SANCHEZ, C.I: V-15.160.690. Abogado Revisor: HECTOR JOSE MANZANILLA FERNANDEZ Registrador Mereantiy Abogado ZACAENCKA/J. LOREZ MARCANO ESTA PÁGINA PERTENECE A: VENEZOLANA DE TURISMO VENETUR, S.A Número de expediente: 515922 DIV página original (tal como se publicó) [Página 8] ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS VENEZOLANA DE TURISMO VENETUR, S.A. En el dia de hoy jueves once (11) de septiembre de dos mil catorce (2014) a las 9:00. a.m), se encuentran reunidos los accionistas de Venezolana de Turismo VENETUR, S,A., en su sede social, situada en la ciudad de Caracas, Centro Plaza, Torre B, piso 16, avenida Francisco de Miranda, urbanización Los Palos Grandes, Municipio. Chacao, Estado Bolivariano de Miranda: inscrita en el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha. 10 de noviembre de 2005, bajo el N° 6, Tomo 12-15A, y de Registro de Información Fiscal N° G-20005487-5; la REPÚBLICA por Órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO, representada en este acto por el ciudadano ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCIA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-6.518.159, y de Registro de Información Fiscal N° V-6518159-9, en su condición de Ministro del Poder Popular para el Turismo, carácter que consta en Decreto Presidencial N° 02, de fecha 22 de abril de 2013 y publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de la misma fecha; propietaria de cincuenta y cinco (55) acciones nominativas y no convertibles al portador, titularidad accionaria que consta en Decreto Presidencial N° 4.517 de fecha 29 de mayp de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.448 de fecha 31 de Mayo de 2006, formalizada mediante transferencia accionaria que se deduce de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. CONVIASA, celebrada en fecha 29 de mayo de 2006, inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 28 de junio de 2006, bajo el N° 72, Tomo 1.354 A, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.544 de fecha 17 de octubre de 2006; y el INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO INATUR creado por Ley Orgánica de Turismo, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vezuela N° 37.332 de fecha 26 de noviembre del año 2001, de Registro de Información Fiscal bajo el N° G-20007861-8, representado en este acto por su Presidente (E) ciudadano ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCIA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-6.518.159, e inscrito en el Registro de Información Fiscal bajo el N° V-6518159-9, designado mediante Resolución N° 031 de fecha 26 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.155 de fecha 26 de abril de 2013, propietario de cuarenta y cinco (45) acciones nominativas y no convertibles al portador, que representan el cuarenta y cinco por ciento (45%) del capital social de esta empresa. Preside la Asamblea ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA, en su carácter de representante de ambos accionistas, quien pasa a verificar el quórum y en consecuencia, se considera válidamente constituida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Décima Ter•ra del Acta Constitutiva Estatutaria, razón por a cual no hubo necesidad de cumplir con Secretaria Accidental para esta reunión, a la ciudadana DUGLEIDIS GONZÁLEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° v- 15.160.690, Abogada en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 105.933; quien de segunda procede a dar lectura a la Agenda del Día, a saber: PUNTo ÚNIcO: Se somete a consideración y aprobación de la. Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, el nombramiento del ciudadano EDECIO JOSÉ VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, soltero, de profesión Abogado, titular de la cédula de identidad N° V-. 12.223.438 y de Registro de Información Fiscal N° V-12223438-6, para que asuma el. : cargO de CONSULTOR JURÍDICO CORPORATIVO ENCARGADO (E) de Venezolana de Turismo VENETUR, S.A. Toma la palabra el ciudadano ANDRÉs GUILLERMO IZARRA GARCÍA, en su carácter de representante de la accionista mayoritaria quien al respecto del Punto Único de la Agenda, se somete a consideración y aprobación el nombramiento del ciudadano EDECIO JOSÉ VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, soltero, de profesión Abogado, titular de la cédula de identidad N° V- 12.223.438 y de Registro de Información Fiscal N° V-12223438-6, para que asuma el cargO de CONSULTOR JURÍDICO CORPORATIVO ENCARGADO (E) de Venezolana de Turismo VENETUR, S.A. Una vez expuesto el presente punto único y habiéndose discutido el mismo, queda aprobado por UNANIMIDAD.-- Agotado todo el orden del día, y no habiendo más que tratar, se declaró concluida la A$amblea Extraordinaria de Accionistas y se levanta la reunión: Por último se autoriza a la ciudadana DUGLEIDIS GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° v- 15.160.690, ya identificada, a objeto de que cumpla con las participaciones, consignación, registro del acta que de esta reunión se levanta, ante la Oficina de Registro Mercantil correspondiente y la publicación de rigor; así como solicitar seis (6) copias certificadas del. presente documento, las cuales serán distribuidas de la siguiente manera: una (1) copia para el Despacho del Ministro del Poder Popular para el Turismo, una (1) copia para el Instituto Nacional de Turismo (INATUR) una (1) copia para la Presidencia de VENETUR, S.A., una (1) copia para la Contraloría General de la República, una (1) copia para la Consultoria Jurídica de Venetur, una, (1) copia para la Oficina de Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para el Turismo. No habiendo otros puntos que tratar se da por terminada la reunión. Es todo, se terminó, se leyó y conformes firman. 8 ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO Decreto No 02 cde fecha 22-04-2013 Gaceta Oficia N° A0.151 de fecha 22-04-13 PRESIDENTE E) DEL INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO ResoluciónN° 031 de fecha 26-04-2013 604.2 DUGLEIDIS GONZALEZ SECRETARIA ACCIDENTAL REPÚBLICA BOLIVARÍANA DE VENEZUELA * MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA *** RM No. 224 SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y 204° y 155° NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL QUINTO DEL DISTRITO CAPITAL Municipio Libertador, 17 de Septiembre del Año 2014 Por presentado el anterior documento por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación. Hágase de conformidad y ARCHIVESE original. El anterior documento. redactado por el Abogado DUGLEIDIS TIBISAY GONZALEZ SANCHEZ IPSA N.: 105933, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 32, TOMO -159-A REGISTRO MERCANTIL V (CÓD. 224). Derechos pagados BS: 0,00 Según Planilla RM No. , Banco No. Por BS: 0,00. La identificación se efectuó así: DUGLEIDIS TIBISAY GONZALEZ SANCHEZ, C.I: V-15.160.690. Abogado ReviSor: HECTOR JOSE MANZANILLA FERNANDEZ Registrador Mercani FDO. AbOgado ZACHENCKA J. LOPEZ MARAANO ESTA PÁGINA PERTENECE A: VENEZOLANA DE TURISMO VENETUR, S.A Número de expediente: 515922 DIV ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS VENEZOLANA DE TURISMO VENETUR, S.A. En el dia de hoy jueves once (11) de septiembre de dos mil catorce (2014) a las 10:00 a.m., se encuentran reunidos los accionistas de Venezolana de Turismo VENETUR, S.A., en su sede social, situada en la ciudad de Caracas, Centro Plaza, Torre B, piso 16, avenida Francisco de Miranda, urbanización Los Palos Grandes, Municipio Chacao, Estado Bolivariano de Miranda; inscrita en el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 10 de noviembre de 2005, bajo el N° 6, Tomo 12-15A, y de Registro de Información Fiscal N° G-20005487-5; la REPÚBLICA por Órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO, representada en este acto por el ciudadano ANDRÉs GUILLERMO IZARRA GARCÍA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identdad N° V-6.518.159, y de Registro de Información Fiscal N° V-6518159-9, en su condición de Ministro del Poder Popular página original (tal como se publicó) [Página 9] para el Turismo, carácter que consta en Decreto Presidencial N° 02, de fecha 22 de /abril de 2013 y publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de la misma fecha; propietaria de cincuenta y cinco (55) acciones nominativas y no convertibles al portador, titularidad accionaria que consta en Decreto Presidencial N° 4.517 de fecha 29 de mayo de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.448 de fecha 31 de Mayo de 2006, formalizada mediante transferencia accionaria que se deduce de la Asamblea General Ex ordinaria de Accionistas del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. CONVIASA, celebrada en fecha 29 de mayo de 2006, inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Cicunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 28 de junio de 2006, bajo el N° 72, Tomo 1.354 A, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.544 de fecha 17 de octubre de 2006; y el INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO INATUR creado por Ley Orgánica de Turismo, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.332 de fecha 26 de noviembre del año 2001, de Registro de Información Fiscal bajo el N° G-20007861-8, representado en este acto por su Presidente (E) ciudadano ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-6.518.159, e inscrito en el Registro de Información Fiscal bajo el N° V-6518159-9, designado-mediante Resolución N° 031 de fecha 26 de abril de 2013. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.155 de fecha 26 de abril de 2013, propietario de cuarenta y cinco (45) acciones nominativas y no convertibles al portador, que representan el cuarenta y cinco por ciento (45%) del capital social de esta empresa. Preside la Asamblea ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA, en su carácter de representante de ambos accionistas, quien pasa a verificar el quórum y constata que se encuentra representando el cien por ciento (100%) del capital social y en consecuencia, se considera válidamente constituida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Décima Tercera del Acta Constitutiva Estatutaria, razón por la cual no hubo necesidad de cumplir con el requisito previo de convocatoria a publicar en prensa; y de seguida designa como Secretario Accidental para esta reunión, a la ciudadana DUGLEIDIS GONZÁLEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° v- 15.160.690, Abogada en ejercicio, inscrita en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 105.933; quien de seguida procede a dar lectura a la Agenda_ del Dia, a saber: PUNTO ÚNICO: Se somete a consideración y aprobación de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, el nombramiento del ciudadano INGELBERT DAVID GONZÁLEZ MÉNDEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, soltero, titular de la cédula de identidad N° V- 12.062.578 y de Registro de Información Fiscal N° V- 12062578-7, para que asuma el cargo de GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS de CORPORATIVO DE LA OFICINA DE Venezolana de Turismo VENETUR, S.A. Toma la palabra el ciudadano ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA, en su carácter de representante de la accionista mayoritaria quien al respecto del Punto Único de la Agenda, se somete a consideración y aprobación el nombramiento del ciudadano INGELBERT DAVID GONZÁLEZ MÉNDEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, soltero, titular de la cédula de identidad N° V- 12.062.578 y de GERENTE CORPORATIVO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS de Venezolana de Turismo VENETUR, S.A. Una vez expuesto el presente punto único y habiéndose discutido el mismo, queda aprobado por UNANIMIDAD.-- Agotado todo el orden del día, y no habiendo más que tratar, se declaró concluida la Asamblea Extraordinaria de Accionistas y se levanta la reunión. Por último se autoriza a la ciudadana DUGLEIDIS GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 15.160.690, ya identificada, a objeto de que cumpla con las participaciones, consignación, registro del acta que de esta reunión se levanta, ante la Oficina de Registro Mercantil correspondiente y la publicación de rigor; asi como solicitar seis (6) copias certificadas del presente documento, las cuales serán distribuidas de la siguiente manera: una (1) copia para el Despacho del Ministro del Poder Populár para Turismo, una (1) copia para el Instituto Nacional de Turismo (INATUR) una (1) copia para Ia Presidencia de VENETUR, S.A., una (1) copia para la Contraloria General de la República, una (1) copia para la Consultoría Jurídica de Venetur, una (1) copia para la Oficina de Consultoria Jurídica del Ministerio del Poder Popular para el Turismo. No habiendo otros puntos que tratar se da por terminada la reunión. Es todo, se terminó, se leyó y conformes firman. :1 ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA MINISTRO DEL RODER POPULAR PARA EL TURISMO ecreto N° 02 de fecha 22-04-2013 Gaceta Ofical N° 40.151 de fecha 22-04-13 PRESIDENTE E) DEL INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO Resolución N° 031 de fecha 26-04-2013 Baceta Oficial N° 40.155 de fecha 26-04-13 DUGLEIDIS GONZALEZ SECRETARIA ACCIDENTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. DESPACHO DEL MINISTRO DM/N° 076/2014. CARACAS, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. AÑOS 2040, 155° y 15° El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, JosÉ LUIs BERRoTERÁN NUÑEZ, designado mediante Decreto N° 1.213 de fecha 2 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.488 de la misma fecha, reimpreso por fallas en los originales en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.489 de fecha 3 de septiembre de 2014, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numecales 2, 19 y 27 del artículo 77, en el numeral 3 del artículo 119 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos de la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA), publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.467 de fecha 16 de julio de 2010, actualmente adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, según Decreto N° 6.732 de fecha 02 de junio de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202 de fecha 17 de junio de 2009; y, en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la nción Pública, dicta la siguiente: RESOLUCIÓN Artículo 1. Se designa a la ciudadana GLADYS MARÍA MARTÍNEZ GUEVARA, titular de la cédula de identidad número V-5.960.102, como PRESIDENTA de Ia FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN PARA APOYAR LA REVOLUCIÓN AGRARIA (CIARA), adsCrita al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. para la Agricultura y Tierras, DM/No 044/2014 de fecha 7 de julio de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.448 de la misma fecha. Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, JOSÉ LUIS BERROTERÁNNIONE Ministro del Poderopular la Agricultura REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y' TIERRAS, DESPACHO DEL MINISTRO. RESOLUCIÓN DM/N° 077/ 2014. CARACAS, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. AÑOS 2049, 155º y 15º El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, J0sÉ LUIS BERRoTERÁN NUÑEz, designado mediante Decreto N° 1.213 de fecha 2 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.488 de la misma fecha, reimpreso por fallas página original (tal como se publicó) [Página 10] en los originales en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.489 de fecha 3 de septiembre de 2014, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 77, en el numeral 3 del aftículo 119 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica de la Administración Pública; en concordancia con lo dispuesto en el articulo 6 del Decreto N° 8.819 de fecha 28 de febrero de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.872 de la misma fecha; Cláusula Décima Séptima del Documento Constitutivo Estatutario de la "Empresa Nacional de Proyectos Agrarios S.A. (ENPA, S.A, ". publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.902 de fecha 13 de abril de 2012; y en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, dicta la siguiente: RESOLUCIÓN Artículo 1. Se designa al ciudadano ALÍ JoSÉ FLoRES, titular de la cédula de identidad número V-8.494.997, como PRESIDENTE de la EMPRESA NACIONAL DE PROYECTOS AGRARIOS S.A., (ENPA, S.A.), adsCrita al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. rtículo 2. Queda derogada la Resolución DM/Nº 069/2013 de fecha 31 de julio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.218 de la misma fecha. Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, JOSÉ LUIS BERROTRÁN Ministro del Poder Ropuar la Agricultura REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, DESPACHO DEL MINISTRO. RESOLUCIÓN DM/N° 078/2014. CARACAS, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. AÑOS 204p, 155º y 15º El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, J0sÉ LUIS BERRoTERÁN NUÑEZ, designado mediante Decreto N° 1.213 de fecha 2 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.488 de la misma fecha, reimpreso por fallas en los originales en la Gaceta Cficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.489 de fecha 3 de septiembre de 2014, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 77, en el numeral 3 del artículo 119 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo dispuesto en el prtículo 52 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura; y en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, dicta la siguiente: RESOLUCIÓN Artículo 1. Se designa a la ciudadana MIRLAY CRISTINA HERRERA de GONzALEZ, titular de la cédula de identidad número V-10.710.938, como SOCIALISTA DE LA PESCA Y PRESIDENTA del INSTITUTO ACUICULTURA, adSCritO al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, er COndiCión de ENCARGADA. Artículo 2. Queda derogada la Resplución DM/N° 019/2014 de fecha 7 de abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.388 de la misma fecha. Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de laRepública Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, JOSÉ LUIS BERROTERÁNEZ Ministro del Poder ROpuar la Agricultura REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, DESPACHO DE MINISTRO. RESOLUCIÓN DM/N° 079/2014. CARACAS, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. AÑOS 2049, 155° y 150 El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, JOsÉ LUIS BERRoTERÁN NUÑEz, designado mediante Decreto N° 1.213 de fecha 2 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.488 de la misma fecha, reimpreso por fallas en los originales en la Gaceta ficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.489 de fecha 3 de septiembre de 2014, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 77, en el numeral 3 del artículo 119 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto N° 7.497 de fecha 22 de junio de 2010, mediante: el cual se autorizó la creación de la empresa del Estado, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.452 de fecha 23 de junio de 2010 y el artículo 43 de los estatutos Sociales de la Corporación Venezolana del Café, S.A. publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.513 de fecha 20 de septiembre de 2010; y en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, dicta la siguiente: RESOLUCIÓN Artículo 1. Se designa al ciudadano ELIGIO ANTONIO OROPEZA ALVARAD0, titular de la cédula de dentidad número V- 4.364.385, como PRESIDENTE de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL CAFÉ, S.A. y a la vez Presidente de su Junta Directiva, empresa ésta adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. Artículo 2. Queda derogada la Resqlución DM/N° 020/2014 de fecha 10 de abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.392 de fecha 11 de abril de 2014. Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, JOSÉ LUIS BERROTRÁNNIONE Ministro del Poder optar Oon la Agricultura REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, DESPACHO DEL MINISTRO. RESOLUCIÓN DM/N° 080/2014. CARACAS, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. AÑOS 2040, 155° y 15º El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, JOsÉ LUIS BERRoTERÁN NUÑEz, designado mediante Decreto N° 1.213 de fecha 2 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.488 de la misma fecha, reimpreso por fallas en los originales en la Gaceta Cficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.489 de fecha 3 de septiembre de 2014, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 77, en el numeral 3 del artículo 119 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto N° 3.799, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.241 de fecha 1° de agosto de 2005, mediante al cual se autoriza la creación de la Fundación Tierra Féstil, reimpreso por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.263 de fecha 1° de septiembre de 2005; y en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, dicta la siguiente: RESOLUCIÓN Artículo 1. Se designa a la ciudadana ELIZABETH CRISTINA EZADA MERCAD0, titular de la cédula de identidad número V-15.398.056, como PRESIDENTA de la FUNDACIÓN TIERRA FERTIL, adSCrita al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. página original (tal como se publicó) [Página 11] Artículo 2. Queda derogada la Resqlución DM/Nº 005/2010 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivafiana de Venezuela N° 39.358 de fecha 1° de febrero de 2010. Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, JOSÉ LUIS BERROT Ministro del Poder la Agricultura y MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARALAAGRICULTURA YTIERRAS, PARA EL COMERCIO Y PARA LA ALIMENTACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRCULTURA Y TIERRAS. DESPACHO DEL MINISTRO DM/N° 075/2014. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO. DESPACHO DE LA MINISTRA. DM/N° MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN. DESPACHO DEL MINISTRO. DM/N° CARACAS, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 204º, 155º y 15º Los Ministros del Poder Popular paca la Agricultura y Tierras; y, para la Alimentación, y la Ministra del Poder Popular para el Comercio designados mediante Decreto N° 1.213 de fecha 2 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolvariana de Venezuela Nº 40.488 de la misma fecha, reimpreso por fallas en los originales en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.489 de fecha 3 de septiembre de 2014, en ejercicio de las atribucione$ conferidas en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; en los numerales 1, 3 y 27 del artículo 77, numerales 1 y 8 del aftículo 119 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de conformidad con el Decreto Nº 8.826 del 06 de marzo de 2012 que autoriza la creación de la Empresa de Propiedad Social Agropatria, S.A., publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.877 del 6 de marzo de 2012, y la Cláusula Vigésima Segunda de sus la Gaceta Oficial de la República Estatutos Sociales, publicados en Bolivariana de Venezuela N° 39.932 del 29 de mayo de 2012, dictan la siguiente; RESOLUCIÓN CONJUNTA Artículo 1. Se designa al ciudadano JOSÉ LUIS BERROTERÁN NUÑEZ, titular de la cédula de identidad número V-2.518.295, como Presidente de la EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL AGROPATRIA, S.A., en condición de Encargado, y a la vez Presidente de la Junta Directiva. Asimismo, se designa al resto de los integrantes de la Junta Directiva de la empresa, en los términos que a continuación se indica: PRESIDENTIF ENCARGAR NOMBRESY APELLIDOS. JOSÉ LUIS BERROTERÁN NUÑEZ V-2.518.295 NOMBRES Y APELLIDOS G/B (EJ) HUMBERTO MIGUEL LEONARDO V-6.869.905 V-6.828.772 ASCANIO LAPENTA LUIS LAURENS VERA AGUSTÍN RIDELL ALFREDO EMILIO V-5.272.491 V-4.055.375 BALDIZAN SECO PARAGUÁN MARGARET OSCAR IGNACIO V-5.302.423 V-6.081.164 GUTIÉRREZ MULAS ABARCA ERIC RICARDO MARY JOSEFINA V-14.104.867 V-4.397.664 MARTÍNEZ GÓMEZ MEDINA HERNÁNDEZ Artículo 2. Queda derogada la Resolución conjunta DMN°067, DMN°076/ y DMN° 042.13 de fecha 18 de julio de 2013, dictada por estos mismos Ministerios, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.218 de la misma fecha. Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, JOSÉ LUIS BERROTERÁN Ministro del Poder opula la Agricultura y aiuo YVÁN JOSÉ BELLO ROJAS MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN ISABEL CRISTINA DELGADO ARRIA Ministra del Poder Popular para el Comercio MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN República Bolivariana de V'enesucla Ministeria dei Poder Populur para la Edncación Despacho del Mtinistro AVISO OFICIAL Por cuanto en la Resolución Nº 087 de fecha 09 de junio de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.430 de fecha 10 de unio de 2014, mediante la cual se designa al ciudadano YURUAN IVANOV GUÉDEZ APoNTE, titular de la cédula de identidad N° 13.715.274 se incurrió en el siguiente error material al señalar la denominación del cargo en calidad de encargaduría con la letra (E), siendo lo correcto la designación al cargo como DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES. Se procede en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 4º de la Ley de Publicaciones Oficiales, a una nueva impresión, subsanando el referido error y manteniéndose el número, fecha de la Resolución y demás datos a que hubiere lugar. Dado en Caracas, a los nueve (09) días del mes de septiembre de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15º de la Revolución Bolivariana. Comuníquese y publíquese, Podigce HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ ASTR Ministro del Poder Popular para la Educó 09de DM/N° junio de 2014 087 Caracas, 204°, 1$5° y 15º Con el supremo compromiso y voluntad de lograr una mayor eficacia política y calidad revolucionaria de la Administración Pública, en aras de la construcción del socialismo y un Estado ético, que exige funcionarias y funcionarios honestos y eficientes, que más que un altar de valores exhiban una conducta moral en sus condiciones de vida en su relación con el pueblo y en su vocación de servicio; en ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 5 numeral 2, y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, concatenados con los articulos 34, 62 y 77, numerales 19 y 26 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo establecido en el artículo 1 del Reglamento sobre delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional; el Ministro del Poder Popular para la Educación, dicta la presente; RESOLUCIÓN Artículo 1. Se designa al ciudadano YURUAN IVANOV GUÉDEZ APONTE, titular de la cédula de identidad N° V- 13.715.274, DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES del Ministerio del Poder Popular para Educación, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivanana de Venezuela, quién ejercerá las página original (tal como se publicó) [Página 12] funciones previstas en el artículo 9º del Reglamento Orgánico, teniendo por norte los principios y valores humanistas del socialismo, cuyo objetivo fundamental descansa sobre la justicia social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanos y las instituciones e la República. Artículo 2. Se delega en el referido ciudadano las competencias y firmas de los actos que conciernan a las funciones de la Dirección a su cargo. Artículo 3. Los actos y documentos firmados de conformidad con esta Resolución, deberán indicar de forma (inmediata, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y el número de la presente Resolución, como la fecha y el número de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 4. Se deja sin efecto la Resolución Nº 072 de fecha 21 de julio de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de (a República Bolivariana de Venezuela N° 39.719 de fecha 22 de julio de 2011. Comuníquese y publíquese; HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO Ministro del Poder Popular para la Educación República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Despacho del Ministro Caracas, 9deSeptiembre DM/N°122 de 2014. 2040, 155º y 150 Con el supremo compromiso y voluntad de lograr una mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la Nación Venezolana, basado en principios humanistas, sustentados en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la Patria y el colectivo, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 62 y numeral 15 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en los Articulos 04 de las Disposicione$ Generales de la Ley de Presupuesto 2014 y 86 del Reglamento No. 1 de la Ley Orgánica de la Administración del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, se procede a la publicación del Traspaso de Créditos Presupuestarios entre Gastos de Capital aprobado por este Ministerio, por la cantidad de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA BOLÍVARES (Bs. 6.453.470,00), de acuerdo a la siguiente imputación presupuestaria: Fuente de Financiamiento: Ingresos Ordinarios IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA BOLIVARES DENOMINACIÓN PROY VIO (Bs.) ACC ESP UEL PART ESP ACC.CENT. PARTIDA CEDENTE 404 00 00 00 Activos Reales 6.453.470 1.133.548 00 Repuestos y reparaciones mayores 00 01 Repuestos mayores 01 00 429.308 equipos de construcción, campo, industria y taller 01 100.000 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA BOLIVARES DENOMINACIÓN PROY YIO (Bs.) ACC ESP UEL PART GEN ESP Repuestos mayores para máquinas, muebies y 07 demás equipos de oficina y alojamiento 329.308 Reparaciones mayores de maquinaria y 02 0o 704.240 equipos Reparaciones mayores de máquinas, muebles 440.640 07 y demás equipos de oficina y alojamiento Reparaciones mayores de otras maquinaria y p9 263.600 equipos Maquinaria demás equipos de A 03 00 0o 1.237.086 construcción, campo, industria y taller Maquinaria y equipos de artes gráficas 04 bo 800.000 reproducción : 05 0o Maquinaria y equipos industriales y de taller 61.270 06 0o Maquinaria y equipos de energia 300.000 Otra maquinaria y demás equipos de 99 bo 75.816 construcción, campo, industria y taller 04 0o 00 310.000 Equipos de transporte, tracción y elevación bo : 03 260.000 Equipos marítimos de transporte bo 05 50.000 Vehiculos de tracción no motorizados Equipos cientificos, religiosos, de 00 do 07 3.772.836 enseñanza y recreación 01 do Equipos cientificos y de laboratorio 400.000 Libros, revistas y otros instrumentos de 04 do enseñanza 872.836 06 do Instrumentos musicales y equipos de audio 2.500.000 PARTIDA RECEPTORA 100002 Gestión Administrativa 6.453.470 001 Apoyo institucional a las acciones especificas de los proyectos del organismo 6.453.470 01309 Oficina de Administración y Servicios 153.470 404 00 do 00 Activos reales 6.453.470 Máquinas, muebles y demás equipos de 09 00 do oficina y alojamiento 6.453.470 8 Mobiliario y equipos de oficina 01 6.453.470 .453.470 Comuníquese y publíques HÉCTOR VICENTE RODRIGUZ CA Ministro del Poder Popular para laudygació MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° ORH-2014-53 CARACAS, 01 de Agosto de 2014 AÑOS 2040, 1550 Y 15° Quien suscribe, NESTOR VALENTÍN OVALLES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V.-6.526.504, actuando en este acto en mi_carácter de Presidente (E) del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Segun ad Laborales, designado mediante Resolución DGC3 N° 120 de fecha 10 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.325 de la misma fecha y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 22, numeral 6 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38 236 de fecha 26 de julio de 2005, dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA TIBISAY THAMARI RANGEL RONDÓN, Artículo 1°: Se nombra a la ciudadana titular de la Cédula de Identidad N° V.-10.501.983, en el cargo de COORDINADORA DEL SERVICIO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO NACIoNAL, adscrita a la GERENCIA GENERAL del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPsASEL), a partir de su notificación. Artículo 2°: La ciudadana nombrada, antes de tomar posesión de su cargo, deberá prestar juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes de la República y los deberes inherentes al cargo. Artículo 3°: La notificación de la presente Providencia Administrativa, será por órgano de la Dirección de la Oficina de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimjentos Administrativos. Comuníquese y Publíquese, NESTOR VALENTÍN OVALLES PRESIDENTE (E) DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº ORH-2014-54 CARACAS, 01 DE AGOSTO DE 2014 AÑOS 2049, 155º Y 15° Quien suscribe, NESTOR VALENTIN OVALLES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V.-6.526.504, actuando en este acto en mi carácter de Presidente (E) del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, designado mediante Resolución DGCJ N° 120 de fecha 10 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.325 de la misma fecha y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 22, numeral 6 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.236 de fecha 26 de julio de 2005, dicta la siguiente: PROVIDENCIA ÀDMINISTRATIVA Artículo 1°: Se nombra a la ciudadana CLAUDIA DENIS CARRUYO DE GONzÁLEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V.-14.523.639, en el cargo de COORDINADORA DE SOPORTE TÉCNICO, adSCrita a la OFICINA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN del nstituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPsASEL). a partir de su notificación. Artículo 2°: La ciudadana nombrada, antes de tomar posesión de su cargo, deberá prestar juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes de la República y los deberes inherentes al cargo. Artículo 3°: La notificación de la presente Providencia Administrativa, será por órgano de la Dirección de la Oficina de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Comuníquese y Publíquese, NESTOR VALENTÍN OVALLES PRESIDENTE (E) DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES página original (tal como se publicó) [Página 13] REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº ORH-2014-55 CARACAS, 01 DE AGOSTO DE 2014 AÑOS 204%, 155º Y 15° Quien suscribe, NESTOR VALENTÍN oVALLES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V.-6.526.504, actuando en este acto en mi carácter de Presidente (E) del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, designado mediante Resolución DGCJ N° 120 de fecha 10 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.325 de la misma fecha y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 22, numeral 6 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.236 de fecha 26 de julio de 2005, dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1°: Se designa al Ciudadano RAMON ARTURO PIMENTEL D SANTIAGO, titular de la Cédula de Identidad N° V.-9 154.875, en el cargo de CooRDINADoR REGIONAL DE INSPECCIONES (E), adSCritO a la GERENCIA ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES (GERESAT) ARAGUA del Instituto NaCional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPsASEL), en calidad de Comisión de Servicios, por el lapso de un (01) año a partir del 21 de julio de 2014. Artículo 2°: El ciudadano designado, antes de tomar posesión de su cargo, deberá prestar juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes de la República y los deberes inherentes al cargo. Artículo 3°: La notificación de la presente Providencia Administrativa, será por órgano de la Dirección de la Oficina de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu• 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Comuníquese y Publíquese, NESTOR VALENTIN OVALLES PRESIDENTE (E) DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° ORH-2014-59 CARACAS, 08 de Agosto de 2014 AÑOS 204º, 155° Y 15° Quien suscribe, NESTOR VALENTÍN ovALLES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V.-6.526.504, actuando en este acto en mi carácter de Presidente (E) del instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, designado mediante Resolución DGCI N° 120 de fecha 10 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.325 de la misma fecha y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 22, numeral 6 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.236 de fecha 26 de julio de 2005, dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1°: Se nombra al ciudadano CARLOS MANUEL LINARES ROJAS, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 18.474.221, en el cargo de CooRDINADOR REGIONAL DE SANCIONES, adSCrito à la GERENCIA ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES (GERESAT) BARINAS del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), a partir de su notificación. Artíc•o 2°: El ciudadano nombrado, antes de tomar posesión de su cargo, deberá prestar juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes de la República y los deberes inherentes al cargo. Artículo 3°: La notificación de la presente Providencia Administrativa, será por órgano de la Gerencia de la Oficina de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Comuníquese y Publíquese, NESTOR VALENTÍN OVALLES PRESIDENTE (E) DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA REPÚBLICA BOLIVÁRIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA DESPACHO DEL MINISTRO No. 073 Caracas, † 7 SEP2014 204º y 155º RESOLUCIÓN Actuando de conformidad con lo eştablecido en el Artículo 4 y el numeral 2 del Artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se encarga, a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, al ciudadano ROBERT ANTONIO GRAFFE HEREDIA, titular de la cédula de identidad número V-10.566.022, como Coordinador del Banco Nacional de Datos de Exploración y Producción de Petróleo y Gas "Gastón Parra Luzardo", con rango de Director General, adscrito al Viceministerio de Hidrocarburos de este Ministerio. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 26 del Artículo 77 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el Artículo 1º del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, se delega en el ciudadano ROBERT ANTONIO GRAFFE HEREDIA, la firma de los actos y documentos que a continuación se indican: a. Las circulares, comunicaciones y avisos oficiales emanados del Banco Nacional de Datos de Exploración y Producción de Petróleo y Gas "Gastón Parra Luzardo". b. Los oficios de respuesta a funcionarios subalternos, administrativos, judiciales q municipales, de los Estados y del Distrito Capital, relacionado$ con asuntos del Banco Nacional de Datos de Exploración y Producción de Petróleo y Gas "Gastón Parra Luzardo". c. La correspondencia postal, telegráfica, radio telegráfica, en formato electrónico o de cualquier naturaleza, en respuesta a solicitudes dirigidas al Banco Nacional de Datos de Exploración y Producción de Petróleo y Gas "Gastón Parra Luzardo". d. La certificación de las copias de los documentos, oficios, memoranda y circulares emanadas del Banco Nacional de Datos de Exploración y Producción de Petróleo y Gas "Gastón Parra Luzardo". Se autoriza al ciudadano ROBERT ANTONIO GRAFFE HEREDIA, supra identificado, el ejercicio de las siguientes funciones: 1.- Dirigir, Coordinar y supervisar las actividades vinculadas con los estudios de proyectos, solicitudes y asesoría técnica en el área de su competencia. 2.- Formular el plan de actividades inherentes al área de su competencia bajo los lineamientos establecidos en las leyes vigentes y el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. la obtención de nuevos datos geocientíficos en materia de exploración y producción de hidrocarburos, con la finalidad de completar y actualizar los repositorios de información. 4.- Atender los requerimientos de datos solicitados por los usuarios, de acuerdo normativas vigente y niveles de seguridad y calidad de dato establecido, para dar respuesta al $solicitante. 5.- Proponer al Despacho del Vigeministerio de Hidrocarburos políticas para la obtención de la información de exploración y producción de hidrocarburos, con el objeto de garantizar su custodia, y resguardo como patrimonio documental de la nación. 6.- Diseñar e implementar nuevos mecanismos y tecnologías que permitan ejercer con eficacia y eficiencia los procesos inherentes a la administración del dato y la gestión del servicio al usuario, en coordinación con la unidad competente en la materia. página original (tal como se publicó) [Página 14] 7.-Registrar y actualizar el dato de exploración y producción de hidrocarburos, para asegurar el resguardo y preservación de la información histórica en sus diversos medios, así como salvaguardar el patrimonio documental de la nación. 8.- Establecer normativas e indicadores de los procesos inherentes a la administración del dato y la gestión del servicio al usuario, en coordinación con las unidades competentes en la materia, para estandarizar las funciones y medir la gestión de las unidades administrativas. 9.-Evaluar y proponer alianzas estratégicas con instituciones tecnológicas de países y gobiernos aliados, para incentivar el desarrollo tecnológico del Banco Nacional de Datos de Exploración y Producción de Petróleo y Gas "Gastón Parra Luzardo". 10.-Consolidar la información de exploración y producción de hidrocarburos, con la finalidad de centralizar la data para asegurar su control y manejo soberano. 11.- Almacenar la información de acuerdo a los parámetros establecidos para la clasificación y catalogación documental, que permita la búsqueda expedita de la misma. 12.- Diseñar e implementar los mecanismos de verificación informática y geocientifica, para garantizar la calidad del dato. 13.- Formular el Plan Operativo y el Presupuesto anual del Banco Nacional de Datos de Exploración y Producción de Petróleo y Gas "Gastón Parra Luzardo", para la obtención de los recursos financieros requeridos, en coordinación con las unidades administrativas competentes. 14.- Proponer la elaboración de normas, reglamentos y resoluciones relacionadas con el área de su competencia. 15.- Las demás atribuciones que le señalen las leyes, reglamentos, resoluciones y otros actos normativos. Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, Dufuy ASDRUBAL JOSÉ CHÁVEZ JIMÉNEZ MINISTRO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA DEL MINISTRO DESPACHO No.074 204º y 155º Caracas, 1 7 SEP2014 RESOLUCIÓN Actuando de conformidad con lo establecido en el Artículo 4 y en el numeral 2 del Artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se encarga, a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, al ciudadano NELSON GABRIEL MARTINEZ, titular de la cédula de identidad número 14.111.093, como Director de la Dirección Regional Cumaná, adscrita a la Dirección General de Fiscalización e Inspección del Despacho del Viceministro de Hidrocarburos de este Ministerio. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 26 del Artículo 77 de la Ley Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, se delega en el ciudadano NELSON GABRIEL MARTINEZ, la firma de los actos y documentos que a continuación se indican: a. Las circulares, comunicaciones y avisos oficiales emanados de la Dirección Regional Cumaná. b. Los oficios de respuesta a funcionarios subalternos, administrativos, judiciales, municipales de los Estados y del Distrito Capital, relacionados con asuntos de la Dirección Regional Cumaná. c. La correspondencia postal, telegráfica, radio telegráfica, en formato electrónico o de cualquier otra naturaleza, en respuesta a solicitudes dirigidas a la Dirección Regional Cumaná. d. La certificación de copia de os documentos, oficios, memoranda y circulares emanadas de la Dirección Regional Cumaná. Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, ASDRÚBAL JOSÊ CHÁVEZ JIMÉNEZ MINISTRO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N°004 CARACAS, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 204°, 155° y 15° En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 1.213, de fecha 02 de septiembre de 2014. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.488 de la misma fecha, posteriormente reimpresa por fallas en los originales, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014; en uso de las atribuciones legales previstas en el artículo 27 y disposición transitoria vigésima segunda del Decreto N° 6.732 de fecha 02 de junio de 2009. mediante el cual se dicta el Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202 de fecha 17 de junio de 2009 en concordancia con lo establecido en el artículo 77 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 31 de julio de 2008, pub.• ado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario, y conforme a (o dispuesto en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función pública, RESUELVE Artículo 1. Designar a la Ciudadana MAUREEN LILIANA RIVEROS PEÑA. titular de la cédula de identidad N° V-6.280.434, como DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE CO MUNICACIÓN del MinisteriO del Poder Popular para la Cultura. Artículo 2. La presente resolución entrará en vigencia, a partir del 18 de septiembre de 2014. Comuníquese y Publíquese, VISAE A REINALDTTURRA MINISTRO DELPODR POPUABEBRACHOL CULTURA .… REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCION N° CARACAS, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 204°, 155° y 15° En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 1.213, de fecha 02 de septiembre de 2014. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.488 de la misma fecha, posteriormente reimpresa por fallas en los originales, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivafiana de Venezuela N° 40.489 de fecha página original (tal como se publicó) [Página 15] 03 de septiembre de 2014; en uso de las atribuciones legales previstas en el artículo 27 y disposición transitoria vigésima segunda del Decreto N° 6.732 de fecha 02 de junio de 2009. mediante el cual se dicta el Decreto sobr Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202 de fecha 17 de junio de 2009 en concordancia con lo establecido en el artículo 77 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 31 de julio de 2008. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario, y conforme a o dispuesto en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano QAVID JOSÉ HERNÁNDEZ GIMÉNEZ. titular de la cédula. de identidad N° V-19.640.727, como DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DÉ DESPLIEGUE TERRITORIAL del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Artículo 2. La presente resolución entrará en vigencia, a partir del 19 de septiembre de 2014. Comuníquese y Publíquese, VISADO REINADOATRRI MINISTRO DEL PODER POPULARDEBRRONACULTURA ORIA JURY REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N°006 CARACAS, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 204°, 155° y 15° En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 1.213, de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.488 de la misma fecha, posteriormente reimpresa por fallas en los originales, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014; en uso de las atribuciones legales previstas en el artículo 27 y disposición transitoria vigésima segunda del Decreto N° 6.732 de fecha 02 de junio de 2009, mediante el cual se dicta el Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202 de fecha 17 de junio de 2009, en concordancia con lo establecido en el artículo 77 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 31 de julio de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario, y conforme a lo dispuesto en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, RESUELVE Artículo 1. Designar a la ciudadana IRMA TEODARDA RUIZ ESPINOZA, titular de la cédula de identidad N° V-6.933.984, como DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Artículo 2. La presente resolución entrará en vigencia, a partir del 24 de septiembre de 2014. Comuníquese y Publíquese, REINALDOITURRIZA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO FUNDACIÓN MISIÓN MADRES DEL BARRIO "JOSEFA JOAQUINA SÁNCHEZ" Caracas, 1 de septiembre 2014 204°, 155° y 15° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 017/2014 Quien suscribe, MAGALY VIDIA NEWTON CARRERA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-13.029.634, procediendo en su condición de Presidenta de la Fundación Misión Madres del Barrio "Josefa Joaquina Sánchez", designada mediante Decreto N° 932, de fecha 29 de abril de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.401, de fecha 29 de abril de 2014, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el numeral 3 de la Cláusula Décima Quinta de los Estatutos Sociales de la Fundación, protocolizados ante la Oficina Subalterna de Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 14 de noviembre de 2006, bajo el N° 42, Tomo 25, Protocolo Primero, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.564, de fecha 15 de noviembre de 2006. DECLARA ARTiCULO 1: Designar a la ciudadana ZULLY MARGARITA HERNÁNDEZ MÁRQUEZ, titular de la cédula dei identidad N° V.-10.517.038, COMO DIRECTORA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MADRE Y A LA CIUDADANÍA de la Fundación Misión Madres del Barrio "Josefa Joaquina Sánchez”. ARTícuLo 2: La ciudadana designada queda facultada para desempeñar las atribuciones y actividades inherentes al cargo. ARTícuLo 3: Los actos y documento$ emitidos y firmados de conformidad con esta Providencia Administrativa deberán indicar la fecha, número de Providencia y Gaceta Oficial donde haya sido publicada. ARTícuLo 4: La presente Providencia Administrativa entro en vigencia el 1 de septiembre de 2014, y deja sin efecto la Providencia Administrativa N° 09/2014, de fecha 26 de mayo de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.448, de fecha 7 de julio de 2014. Comuníquese y Publíquese, PRESIDENCIA MAGALY VIDIA NEWTON CARRERA PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN MISIÓN MADRES DEL BARRIO JOSEFA JOAQUINA SÁNCHEZ" Decreto N° 932 de fecha 29 de abril de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.401 de la misma fecha. página original (tal como se publicó) [Página 16] TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZA PONENTE: ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Expediente N° AP61-R-2014-000029 Mediante Oficio N° TDJ-1399-2014 de fecha 18 de junio de 2014, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo TDJ) remitió a esta Corte el expediente N° provisional del cargo al ciudadano MIGUEL ALFREDO MENDOZA LÓPEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 9.814.329, en su carácter de Juez Titular del Juzgado Segundo de los Municipios Mariño, Garcia, Tubores, Villalba y Peninsula de Macanao de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. Tal remisión se realizó en virtud del auto dictado en fecha 17 de junio de 2014 por el TDJ, mediante el cual oyó en un solo efecto el recurso de apelación interpuesto el 20 de mayo de 2014 por la ciudadana Luzmila Ruiz Contreras, actuando en su carácter de Inspectora de Tribunales. contra la sentencia N° TDJ-SD-2014-039 del 07 de mayo de 2014 que declaró el levantamiento de la medida cautelar de suspensión del cargo con goce de sueldo y ordenó la reincorporación del juez a su cargo. El 19 de junio de 2014 la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Jurisdicción (en lo sucesivo, URDD) dio entrada al expediente y dejó constancia de su distribución, correspondiendo la ponencia a la Jueza Ana Cecilia Zulueta Rodriguez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. El 03 de julio de 2014, la Secretaria de esta Corte fijó el 10° día de despacho \ siguiente al vencimiento del término de distancia de cinco (5) días continuos, contados a partir de la indicada fecha, como oportunidad para que tuviera lugar la Audiencia oral y pública, conforme al procedimiento establecido en el artículo 84 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. El 29 de julio de 2014 venció el lapso para que el juez investigado presentara su escrito de contestación a los fundamentos de la apelación, el cual no fue presentado en la oportunidad correspondiente. El 13 de agosto de 2014 se realizó la audiencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 87 y siguientes del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (en lo sucesivo, Código de Ética). ANTECEDENTES El 05 de diciembre de 2013 la Inspectoria General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT), solicitó ante esta Jurisdicción la suspensión provisional del ejercicio del cargo del juez investigado hasta tanto cuminara la investigación y se dictara el acto conclusivo, por considerar que debía evitarse que éste interfiriera en la investigación debido a las situaciones de violencia que pudieran generarse en razón de la naturaleza de las denuncias realizadas en su contra ante el Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalisticas (en lo sucesivo, CICPC) por el detectadas en el funcionamiento del Tribunal de las cuales dejó constancia en el acta de inspección de fecha 18 de noviembre de 2013 (folio 1 al 54). Una vez analizados los elementos de convicción presentados por la IGT y verificados los requisitos de procedencia para la imposición de la medida cautelar de suspensión, en fecha 17 de diciembre de 2013 el TDJ, mediante sentencia TDJ- SI-2013-173, decretó la suspensión del ejercicio del cargo con goce de sueldo por' e nn d n nn e ) es n 63). oposición a la medida decretada, conforme al articulo 602 del Código de Procedimiento Civil. Vencido el lapso previsto para la instrucción sin que el juez suspendido presentara escrito de posición ni las partes acreditaran en autos probanzas que desvirtuaran la situación fáctica que determinó la solicitud y decreto de la medida de suspensión, el TDJ mediante sentencia N° TDJ-SI-2014-010, de fecha 18 de febrero de 2014 confirmó la medida de marras (folios 100 y 101) El 18 de febrero de 2014 la IGT solicitó prórroga de la suspensión provisional del ejercicio del cargo del juez investigado, la cual ratificó en fecha 11 de marzo, solicitud que fue resuelta por el TDJ|mediante sentencia N° TDJ-SI-2014-021 de fecha 11 de marzo de 2014, en la cual se acordó la prórroga solicitada por sesenta. (60) dias continuos (folios 97 al 99, 102 al 105). Vista la consignación en autos del correspondiente acto conclusivo de la IGT en fecha 06 de mayo, en fecha 07 de mayo de 2014 el TDJ levantó de la medida cautelar de suspensión del ejercicio del cargo con goce de sueldo y ordenó la TDJ-SD-2014-039 (folios 134 y 135). Mediante escrito de fecha 20 de mayo de 2014, la IGT apeló de la anterior decisión, recurso que fue ratificado en fechas 05 y 11 de junio del mismo año (folios 154 al 157, 162 y 164). El 03 de junio de 2014 el juez investigado se dio por notificado del levantamiento de la medida cautelar que le había sido impuesta (folios 159 y 160). El 17 de junio de 2014 el TDJ oyó en un solo efecto el recurso interpuesto y el 19 de junio del año en curso ordenó la remisión del expediente a esta Corte, de conformidad con el artículo 83 del Código de Ética (folios 165 y 166). El 19 de junio de 2014 se recibió por Secretaria de esta Corte el expediente disciplinario, correspondiendo la ponencia a la Jueza Ana Cecilia Zulueta Rodriguez (folio 169). Il DEL FALLO APELADO Mediante sentencia N° TDJ-SD-2014-039 de fecha 07 de mayo de 2014, el TDJ ordenó el levantamiento de la medida cautelar de suspensión del ejercicio del cargo con goce de sueldo, impuesta al ciudadano Miguel Alfredo Mendoza López y su reincorporación al cargo de Juez Titular del Juzgado Segundo (2°) de los Municipios Mariño, Garcia, Tubores, Villalba y Peninsula de Macanao del Estadq Nueva Esparta, con base en la siguiente argumentación: 1. Que el acto conclusivo presentado por la IGT el 06 de mayo de 2014 guardaba relación directa con los hechos que dieron lugar al decreto de la medida de suspensión dictada en el expediente AP61-S-2013-000010. 2. Que como quiera que dicho acto había sido presentado dentro del lapso de prórroga de la medida, ordenaba su levantamiento y la consecuente reincorporación del juez investigado al cargo que ocupaba. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN Mediante escrito presentado el 20 de mayo de 2014, ratificado en fechas el 5 y 11 siguientes términos. Que el levantamiento de la medida laceraba la confianza de las personas en 1. imputados por la IGT, entre los que se encontraban los concernientes al comportamiento del juez, los cuales comprometían la majestuosidad de su investidura. Que la decisión debió considerar que la reincorporación del juez suspendido 2. a sus funciones, podía poner en riesgo la integridad de los funcionarios a su cargo, puesto que la conducta denunciada podía reiterarse y agravarse. Que la recurrida carecía de suficientes argumentos fácticos y jurídicos que la justificaran, en virtud de que el levantamiento de la medida de suspensión no se enmarcaba dentro de alguno de los supuestos previstos en el articulo 61 del Código de Ética, a saber: i) revocatoria de la medida, ii) decisión de sobreseimiento; ii) absolución en la averiguación y iv) imposición de la sanción. Sostuvo que la recurrida, para decretar el levantamiento de la medida 4. cautelar, no había constatado que las circunstancias de hecho que originaron la investigación hubiesen variado. Finalmente, el órgano de investigacion solicitó la revocatoria de la decisión y el mantenimiento de la suspensión cautelar con goce de sueldo durante la fase os funcionarios judiciales adscritos al tribunal a su cargo se reiterar a. IV DE LA COMPETENCIA Debe esta Corte Disciplinaria Judicia determinar su competencia para conocer el asunto sometido a su consideración y al respecto, observa: página original (tal como se publicó) [Página 17] El artículo 42 del Código de Ética, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 del 23 de agosto de 2010, establece la competencia de la Corte Disciplinaria Judicial para conocer las apelaciones interpuestas contra las decisiones dictadas por el Tribunal Disciplinario Judicial, ya "Articulo 42.- Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como decisiones ya sean interlocutorias o definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y el resto de la normativa que guarde relación con la idoneidad judicial y el desempeño del juez venezolano y jueza venezolana". Del análisis de los autos que integran el expediente se pudo constatar, que la IGT apeló el 20 de mayo de 2014 la sentencia dictada por el a quo que ordenó el levantamiento de la medida cautelar de suspensión del cargo con goce de sueldo y la reincorporación del juez investigado al cargo que ocupaba. En tal sentido, esta Alzada verifica que, efectivamente, se trata de una apelación contra una sentencia interlocutoria, razón por la cual declara su competencia para conocer el presente asunto. Así se decide. VI y CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Previo a la resolución del asunto sometido a su conocimiento, esta Alzada observa que en fecha 03 de julio de 2014, la Secretaría fijó la oportunidad para la i celebración de la audiencia oral y pública y el 15 de julio del año en curso la IGT oportunidad legal correspondiente se abstuvo de presentar el escrito de contestación a la fundamentación, razón por la que esta Corte circunscribirá su análisis a los fundamentos de la apelación presentada por la representación de la IGT. Precisado lo anterior, pasa esta Corte a resolver el recurso de apelación interpuesto en los términos que a continuación se exponen. Observa esta Alzada que la IGT, en el escrito de fundamentación de la apelación, prescindió de señalar los vicios que consideraba inficionaban la recurrida y, en su lugar, optó por señalar que el TDJ hacia errado cuando ordenó el levantamiento de la medida cautelar de suspensión del ejercicio del cargo con goce de sueldo, soslayando el análisis en torno a la mutabilidad de las circunstancias de hecho que dieron lugar a su imposición. Tal argumentación esgrimida por la IGT se corresponde con el vicio de falso supuesto de hecho, por cuanto lo denunciado gravita en torno a la presunta falta de apreciación, por parte de la recurrida, de los hechos que dieron lugar a la imposición de la medida, que fueron acreditados en autos y a su eventual modificación. Con relación al alegado vicio de errónea interpretación de los hechos o falso supuesto de hecho, la jurisprudencia ha sido pacifica al postular que el mismo se configura cuando el juez, al dictar un determinado fallo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o que no guardan la debida vinculación con los asuntos objeto de decisión (vid. sentencias de la Sala Politico Administrativa N° 618 y 619 de fechas 30 de junio de 2010 y 30 de abril de 2014, respectivamente), criterio compartido por esta Alzada (vid. sentencia de esta Corte N° 1 y 12 de fechas 28/01/2014 y 03/04/2014, respectivamente). En idéntico sentido, la doctrina patria ha sostenido que el vicio de falso supuesto, presenta tres modalidades básicas i) ausencia total y absoluta de hechos, que , supone una decisión fundamentada en hechos que nunca ocurrieron; ii error en la apreciación y calificación de los hechos; esto es, los hechos invocados no se corresponden con los previstos en el supuesto normativo, es decir, los hechos calificación de los mismos (falso supuesto "stricto sensu") y iii tergiversación en la interpretación de los hechos, situación que supone una modalidad extrema en la apreciación y calificación de los hechos que puede traducirse en un uso desviado de la potestad conferida al juzgador, dirigido a forzar la aplicación de una norma. Ahora bien, con la finalidad de resolver el vicio delatado, resulta pertinente resaltar que el a quo, al momento de acordar el levantamiento de la medida cautelar decretada en la fase investigativa, estableció que la IGT había presentado el acto suspensión, y que por cuanto dicho escrito de petición guardaba relación directa con los hechos que habían dado lugar a su decreto, ordenaba su levantamiento y la reincorporación del juez suspendido al cargo que desempeñaba en su condición de Juez Titular del Juzgado Segundo de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. Tal razonamiento evidencia, que el a quo no valoró las circunstancias fácticas y jurídicas existentes al momento de decretar la medida y la eventual modificación de tales circunstancias, lo que a juicio de esta Alzada se tradujo en una omisión en cuanto a la evaluación de los hechos cursantes en autos, en orden a establecer la configuración de los supuestos previstos en el artículo 61 del Código de Ética, como causales de terminación de la suspensión. De tal manera que, en criterio de esta Alzada, el a quo erró en la apreciación de los medida de suspensión, sin verificar e carácter del mismo, los hechos descritos en para asegurar la continuidad del proceso disciplinario, evitar que el juez denunciado imputados como ilicitos o agravar la situación denunciada con relación al personal a su cargo. En atención a lo expuesto, esta Corte estima que la recurrida adolece del vicio de falso supuesto de hecho, lo cual acarrea su nulidad de conformidad con lo previsto en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil. Asi se decide. Resuelto lo anterior, corresponde a esta Alzada pronunciarse en torno a la solicitud formulada por la recurrente, en cuanto al mantenimiento de la medida de suspensión impuesta al juez sometido a procedimiento, dada la gravedad de los ilícitos denunciados. Ha sido criterio de esta Alzada que existen tres razones que pudieran dar lugar al decreto de la medida de suspensión del ejercicio del cargo, a saber: i) que durante el ejercicio de sus funciones, el juez entorpezca u obstaculice las investigaciones en el procedimiento disciplinario que se le sigue; ii que en sus obligaciones como operador de justicia, pueda reiterar la$ faltas por las cuales se le investiga; y i) que en el ejercicio de su cargo o fuera de él, sus conductas atenten contra las buenas costumbres y el orden público, asi como contra la majestuosidad de su investidura o contra el prestigio del Poder Judicial (vid. Sentencia de esta Corte N° 1 de fecha 01/03/2012). Considera esta Corte que, además, cualquier conducta del investigado que pudiera dejar en entredicho la majestad de su función, o bien quebrantar el buen nombre del jurisdiccionales, debería dar lugar a la imposición de una medida cautelar que ordene la suspensión del ejercicio de cargo, mientras dure el procedimiento donde se esclarezcan los hechos investigados. instrucción del proceso disciplinario y su ejecución, impone un juicio de ponderación para la evaluación de los medios probatorios que fundamenten la imposición de la medida en protección del interés general y del ejercicio de la función jurisdiccional. Ahora bien, con la finalidad de proferir el pronunciamiento correspondiente, esta Corte estima pertinente analizar las condiciones primigenias que, acreditadas en autos, dieron lugar a la imposición de la suspensión y se describen en la sentencia de primera instancia, a fin de evaluar cualquier modificación que pudiera decretarse: 1. Que en la inspección realizada por la IGT en fecha 18 de noviembre de 2013 se dejó constancia de que el Tribuna de Municipio se encontraba cerrado desde el dia 13 de noviembre de ese misma año. 2. Que la razón de que no hubiese despacho desde hacia varios dias se debía a un problema suscitado entre el juez investigado y el personal a su cargo. 3. Que la IGT, al realizar la inspección, encontró irregularidades e inconsistencias en el funcionamiento del Juzgadp. entre otras: i) veintisiete (27) vouchers del Banco Bicentenario en blanco, suscritos por el juez y la secretaria, ii) extravío de dos (2) expedientes al no haber sido retirados del centro de copiado al que fueron llevados para su reproducción, ii) imposibilidad de acceso de los funcionarios a la sede del Tribunal el día 13 de noviembre de 2013, por cuanto el juez investigado debía comparecer al CICPC debido a las denuncia interpuestas en su contra por los citados funcionarios por presuntas amenazas de muerte, conductas hostiles y violentas y iv) el control de asistencia del mes de noviembre de 2013, no se encôtraba suscrito por el juez. 4. Que la IGT recibió durante la investigación dos (2) escritos de denuncias contra el juez investigado, suscritos por funcionarios adscritos al Juzgado de página original (tal como se publicó) [Página 18] Municipio, por la presunta existencia de conductas hostiles, inapropiadas y violentas. 5. Actas suscritas por los funcionarios en las que dejan constancia de la situación narrada en el punto tres (3) y de la denuncia interpuesta por cada uno de ellos ante el CICPC. La revisión de las actas que conforman el expediente evidencia que en la oportunidad correspondiente no hubo oposición a la medida por parte del juez denunciado, que los hechos que originaron la imposición de la misma no fueron desvirtuados en la articulación probatoria y que durante la etapa de investigación no se presentaron nuevos hechos que hicieran presumir cambios fácticos en las circunstancia primigenias que dieron lugar a la imposición de la suspensión cautelar, por el contrario, el tiempo transcurrido pudiera abonar en el agravamiento del periculum in mora y afianzar el fomus bonis iuris, verificado prima facie por el a quo, por cuanto el desarrollo del proceso cautelar sin iniciativa contradictoria o probatoria por parte del juez investigado permite presumir que la reincorporación a sus funciones pudiera agravar el ambiente hostil delatado, en razón de la denuncia pudiesen haber provocado en ese contexto las inspecciones que se han producido con posterioridad. Concluye entonces esta Alzada, que en el ejercicio del debido poder disciplinario que ostentan los jueces disciplinarios judiciales para garantizar, incluso de oficio, el derecho a la tutela judicial de quienes acuden a la Jurisdicción Disciplinaria con el objeto de demandar la responsabilidad de los jueces y juezas, conforme a lo previsto en los artículos 26 y 49, numeral 8, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en razón de ser los jueces disciplinarios directores del proceso, conforme a lo dispuesto er el articulo 14 del Código de Procedimiento Civil, resulta una obligación preservar e impulsar el proceso disciplinario hasta su conclusión, a los fines de resguardar el desarrollo de la investigación y el funcionamiento normal del órgano jurisdiccional cuyo titular se encuentra sometido a procedimiento disciplinario. Así, visto que en el caso de autos no pudo evidenciar esta Alzada que los supuestos para la imposición de la medida variaran y dada la gravedad de los hechos delatados, que incluso comprometen la integridad física de los funcionarios adscritos al juzgado, estima procedente declarar con lugar la solicitud de la IGT sobre el mantenimiento de la medida cautelar y en consecuencia decretar medida Miguel Alfredo Mendoza López, en sus funciones de Juez Titular del Juzgado Segundo (2°) de los Municipios Mariño, Garcia, Tubores, Villalba y Peninsula de Macanao del Estado Nueva Esparta, hasta que se obtenga sentencia definitivamente firme en el procedimiento disciplinario actualmente en curso en el Tribunal Disciplinario Judicial. Asi se decide. VII DECISIÓN Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: 1. Declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la delegada de la Inspectoria General de Tribunales en fecha 20 de mayo de 2014 contra la sentencia N° TDJ-SD-2014-039 mediante la cual se ordenó el levantamiento de la medida del ciudadano MIGUEL ALFREDO MENDOZA LÓPEZ, al cargo que ocupaba. 2. ANULA Ia sentencia N° TDJ-SD-2014-039 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 07 de mayo de 2014 3. Declara CON LUGAR la solicitud de la IGT respecto al mantenimiento de la medida cautelar de suspensión del cargo qon goce de sueldo al ciudadano MiGUEL ALFREDO MENDOZA LÓPEZ. 4. DECRETA LA SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DEL CARGO CON GOCE DE SUELDO al ciudadano MIGUEL ALFREDO MENDOZA LÓPEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 9.814.329, Juez Titular del Juzgado Segundo de los Municipios Mariño, Garcia, Tubores, Vilalba y Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, hasta que se dicte sentencia definitivamente firme en el procedimiento disciplinario actualmente en curso en el Tribunal Disciplinario Judicial. ORDENA remitir copia del acta de la audiencia asi como de la presente decisión al Tribunal Disciplinario Judicial a los fines de su incorporación al expediente disciplinario en el que se instruye el procedimiento en esa instancia. Publiquese, regístrese. Remitase copia certificada del presente fallo a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, al Sistema de Registro de Información Disciplinaria, a la Inspectoria General de Tribunales y la Rectoria de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. Cúmplase lo ordenado. Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el articulo 82 del Código de Ética. Devuélvase el expediente al Tribunal Disciplinario Judicial. Dada, firmada y sellada en el Salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas, a los / dias del mes de septiembre de 2014. Años 204º de la Independencia y 155° de la Federación. EL JUEZ PRESIDENTE, TULIO JIMÉNEZ RODRIGUEZ LA JUEZA NCEPRESIDENTA-PONENTE, fulef RItCIAL ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ LAJUEZA,. MERLY J QUELINE MORALES HERNÁNDEZ EL SECRETARIO (E), ENDERSON SANZ DA SILVA Expediente N° AP61-R-2014-000029 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZ PONENTE: TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ Exp. N° AP61-R-2014-000031 Mediante oficio N° TDJ-1429-2014 del 26 de junio de 2014, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ), remitió a esta Corte Disciplinaria Judicial el expediente signado con el N° AP61-D-2012-000588. contentivo del procedimiento disciplinario seguido contra la ciudadana LUZ HAYDEE GÓMEZ GONzALEZ, titular de la cédula de identidad N° V. 5.649.077. por actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza del Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción del estado Táchira. Tal remisión se efectuó en virtud del recurso de apelación interpuesto el 16 de mayo de 2013 por la ciudadana LUZ HAYDEE GÓMEZ GONZÁLEZ contra la decisión dictada el 15 de mayo de 2013 por el TDJ, cuyo cuerpo en extenso fuera publicado en fecha 2° de abril de 2014 y signado bajo el N° TDJ-SD-2014-026. En el referido extenso fue declarada la absolución y determinación de responsabilidad disciplinaria de la Jueza LUZ HAYDEE GÓMEz GONZÁLEZ, con relación a las denuncias presentadas en su contra por la parte denunciante. El 1° de julio de 2014, la Unidad de Recepcón y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, URDD) de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial dio entrada al recurso de apelación interpuesto y le asignó el N° AP61-R-2014-p00031: posterior a ello, la referida Unidad remitió el asunto a la Secretaría de la Corte Disciplinaria Judicial a los fines de su tramitación. Por acta de fecha 1° de julio de 2014. la Secretaría de esta Corte recibió la causa y dejó constancia de su distribución, correspondiéndole la ponencia al Juez Tulio Jiménez Rodriguez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. En fecha 09 de julio de 2014, la Corte Disciplinaria Judicial fijó la oportunidad para la celebración de la audiencia oral y pública y libró las notificaciones correspondientes. En fecha 7 de agosto de 2014, la secretaria de la Corte Disciplinaria Judicial realizó cómputo de días transcurridos desde la fijación de la audiencia oral y pública. En la misma oportunidad se dictó nota secretarial mediante la cual se dejó constancia del pase de las actuaciones al Juez ponente en la presente causa. En fecha 12 de agosto de 2014, tuvo lugar la celebración de la audiencia oral y pública; una vez presente la parte compareciente, esta Corte profirió el siguiente dispositivo: ..PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación parcial. SEGUNDO: ANULA la decisión recurrida únicamente en lo que respecta a la sanción de amonestación escrita, confirmando el mismo en sus DISCIPLINARIA de la ciudadana Jueza LUZ HA YDEE GÓMEZ GONZÁLEZ... Siendo la oportunidad procesal correspondiente para dictar el extenso de la decisión dictada, interpuesto, previo el análisis de las siguientes consideraciones: página original (tal como se publicó) [Página 19] ANTECEDENTES En fecha 23 de noviembre de 2012, el ciudadano EDWIN ALEJANDRO CHACÓN MORA, titular de la cédula de identidad número -10.178.593, manifestó ante la Rectoría de la Circunscripción Judicial del estado Táchira que procedía a denunciar a la ciudadana Jueza LUZ HAYDEE GÓMEZ GONZÁLEZ, por la presunta comisión de varios hechos que revestían carácter disciplinario. Una vez recibida la denuncia, la referida Rectoría acordó la remisión de la misma junto con sus recaudos al TDJ, según consta en oficio N° 1528 de fécha 27 de noviembre de 2012. En fecha 3 de diciembre de 2012, la URDD de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial recibió las actuaciones contentivas de la denuncia presentada por el ciudadano EDWIN ALEJANDRO CHACÓN MORA, contra la Jueza LUZ HAYDEE GÓMEZ GONZÁLEZ. En fecha 6 de diciembre de 2012, la denuncia y sus recaudos fueron recibidos por la Oficina de Sustanciación, la cual en fecha 25 de erero de 2013 elaboró un informe del asunto donde acordó remitir el mismo al TDJ para su análisis y valoración, en atención a lo estatuido en el articulo 55 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (en lo sucesivo Código de Ética). En esa misma fecha se libró el oficio correspondiente. En fecha 29 de enero de 2013, el TDJ recibió el expediente correspondiente y en esa misma oportunidad fue designado como ponente e Juez Hernán Pacheco Alviárez. En fecha 14 de febrero del mismo año, el TDJ admitió la denuncia interpuesta y ordenó la notificación de las partes intervinientes. En fecha 10 de abril de 2013, el TDJ dictó auto mediante el cual fijó nueva oportunidad para la celebración de la audiencia oral y pública. En esa misma fecha se libraron las boletas correspondientes. En fecha 8 de mayo de 2013 tuvo lugar la audiencia oral y pública, a la cual asistieron ambas partes. Acto seguido, el Juez Presidente del TDJ ordenó la reconstitución de la audiencia para el 15 de mayo del mismo mes y año, a los fines de dictar el dispositivo de la causa. En fecha 15 de mayo de 2013, tuvo lugar la reconstitución de la audiencia oral y pública y en el precitado acto, consta que el TDJ emitió ei dispositivo del fallo mediante el cual declaró la solución y determinación de la responsabilidad disciplinaria de la Jueza LUZ HAYDEE GÓMEz GONZÁLEZ, con relación a las denuncias presentadas en su contra por el ciudadano EDWIN ALEJANDRO CHACÓN MORA. En la precitada oportunidad, el TDJ señaló que la determinación de responsabilidad debido cuidado y respeto al hoy denunciante, estando éste en el estrado del tribunal que la juzgadora se subsumía a cabalidad en el lícito disciplinario previsto en el numeral 2° del articulo 31 del Código de Ética y, en consecuencia, le impuso la sanción de amonestación escrita. En fecha 16 de mayo de 2013, se recibió diligencia suscrita por la ciudadana LUZ HAYDEE GÓMEZ GONZÁLEZ, mediante la cual ape]ó de la decisión dictada por el TDJ en fecha 15 de mayo de 2013. En fecha 2 de abril de 2014, el TDJ publicó el extenso de su decisión, siendo que en fecha 9 de abril de 2014 ordenó librar las boletas de notificación correspondientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil. Por auto de fecha 25 de junio de 2014, el T0J oyó en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto por la Jueza LUZ HAYDEE GOMEZ GONZÁLEZ y ordenó la remisión de las actas procesales con destino a la Corte Disciplinaria Judicial. En fecha 26 de junio de 2014, el ciudadano EDWIN ALEJANDRO CHACÓN MORA presentó diligencia mediante la cual advirtió a esta Corte que el texto íntegro de la sentencia dictada en la presente causa fue publicado en fecha 2 de abril de 2014, mientras que el recurso de apelación fue interpuesto con antelación a la publicación de la misma. II DE LA DECISIÓN APELADA Mediante sentencia N° TDJ-SD-2014-026 del 2 de abril de 2014. el TDJ declaró la absolución y responsabilidad disciplinaria de la Jueza LUZ HAYDEE GÓMEZ GONZÁLEZ, •on fundamento en las siguientes consideraciones: contempla la forma en la cual será llevada a cabo la audiencia preliminar, agregando que la misma debe ser celebrada de forma oral, privada y presidida personalmente por el juez de mediación, sustanciación y ejecución. Adicionalmente, precisó que la práctica forense ha fijado una serie de lineamientos respecto a este particular, de los cuales dimana que el juez laboral posee un poder de dirección capaz de limitar el número de personas a ingresar en el recinto donde se llevará a cabo alguna audiencia de carácter procesal. Por tal razón, el a quo concluyó que cuando la jueza denunciada limitó el número de asistentes en representación de una de las partes a la audiencia de mediación, ello no constituyó una falta disciplinaria, ya que la referida limitación significó el uso de una facultad otorgada a los jueces de mediación, sustanciación y ejecución en materia laboral, a los efectos de poder dirigir el proceso de mediación de conformidad con lo previsto en el articulo 129 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; acto seguido, absolvió de responsabilidad denuncia. Con relación a la segunda denuncia, consideró que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo ha incorporado cambios en cuanto al papel que debe tener el nuevo juez laboral, confiriéndole un rol más activo y protagónico dentro del proceso laboral, hecho este que faculta al juez adelantar opinión sobre el fondo de la causa. Aunado a ello, señaló que los nuevos paradigmas del derecho procesal laboral venezolano, mediación, sustanciación y ejecución, habiltan a los jueces tanto para expresar opiniones, expresiones en nada socavan la imparcialidad del proceso, ya que en caso de agotarse la fase de mediación, la resolución de la causa será por parte de un juez distinto (el de juicio) que no está vinculado a las expresiones u opiniones que emita el juez de mediación, sustanciación y ejecución. En consecuencia, el a quo concluyó que mal podría el denunciante sostener que se vulneró el principio de imparcialidad cuando la Jueza LUZ HAYDEE GÓMEZ GONZÁLEZ emitió una •ane de opiniones sobre el fondo de la causa en el curso de una audiencia de mediación, ya que a su decir, la ciudadana jueza no tenga ningún conocimiento de la causa ya que no estaba sometida a su consideración y que con lo escasamente referido por una de sus abogadas asistentes la ciudadana jueza emitía toda su opinión sobre el caso, razón por la cual estimó que lo correcto, en base a la motivación precedente, era absolver de responsabilidad disciplinaria a la referida juzgadora. Con relación a la tercera denuncia, señaló que durante la celebración de la audiencia oral y pública efectuada el 15 de mayo de 2013 la jueza investigada ofreció de manera espontánea disculpas públicas al denunciante, por los hechos acaecidos en la audiencia de mediación, laboral efectuada en fecha 8 de noviembre de 2012. Sobre la base de la precitada premisa, el TpJ invocó jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia N° 1273, de fecha 11/10/2000) y jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia N° 4278, de fecha 12/12/2005) y en virtud de ello consideró que los dichos emanados de la precitada juzgadora, constituyeron una admisión de los hechos sobre los cuales se verificada su responsabilidad disciplinaria. Fijado lo anterior, adminiculó tal admisión con el indicio gue surgir de la diligencia consignada por el ciudadano EDWIN ALEJANDRO CHACÓN MORA en fecha 23 de mediante la cual el referido ciudadano solicitó la inhibición de la jueza denunciada por ".la conducta que Usted (sic) asumió contra mi persona y mis Abogados Asistentes (sic) en Acto (sic) realizado en su despacho el pasado 8 de noviembre de 2012, es por lo que...solicito se INíiBA en la presente causa, y se remita el expediente a fn de que un Juez imparcial cumpla con el deber de realizar el acto como en derecho corresponde... Finalmente, el a quo consideró que la admisión sumado al indicio emanado de la precitada diligencia, eran elementos que le permitían concluir que la Jueza LUZ HAYDEE GÓMEZ GONZÁLEZ, se dirigió sin el debido cuidado y respeto al hoy denunciante, estando éste en el estrado del tribunal que la referida ciudadana presidía, razón por la cual, declaró su responsabilidad disciplinaria, subsumiendo los hechos en el numeral 2 del artículo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, que da lugar a la sanción de amonestación escrita. Acto seguido, el TDJ declaró la responsabilidad de la jueza investigada, imponiéndole la sanción de amonestación escrita. II1 DEL ESCRITO DE FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN Mediante escrito presentado el 22 de julio de 2014, el profesional del derecho MARTiN ALONSO GUERRERO GUERRERO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo la matricula N° 82.780, actuando en representación de la ciudadana LUZ HAYDEE GÓMEz GONZÁLEZ, según consta en poder otorgado en fecha 8 de julio de 2014 ante la Notaría Pública Segunda de San Cristóbal fundamentó el recurso de apelación interpuesto contra la recurrida en los términos siguientes: Que ".El Tribunal Disciplinario consideró para fundamentar su decisión, la confesión que hizo mi PONGAMOs CHOCOLATE". pues estimamos que el razonamiento del Juez Disciplinario es errado, y que fundamenta su decisión, que son de naturaleza estrictamente penal, donde la confesión y admisión de [los] hecho[s] son distintas y diferentes tanto en el campo penal como en materia aplicada (sic) a los procedimientos disciplinarios, tal y como lo hizo el Tribunal..." Que "..[su] representada no admitió haber cometido un illcito disciplinario, primero porque no existe y en segundo lugar, [porque] esa no fue la connotación de su declaración en la audiencia, al contrario fue un acto de honestidad y de rectitud. Por ello, [sostiene] que la decisión que aqul se recurre es nula por incurrir en el vicio de errónea interpretación, enmarcada en la errada interpretación que hizo el determinante en el dispositivo del fallo, ya que en base a ello, [suj representada fue sancionada injustamente...". Que *...La expresión coloquial expresada por m representada: "NO LE PONGAMOS CHOCOLATE". gramatical dicha expresión no es ofensiva ni es una manifestación de falta de respeto y tampoco está tipificado (sic) en nuestro (sic) ley como un delito ni una infracción a los deberes del juez... Que *...La decisión del Tribunal Disciplinario al considerar la expresión "NO LE PONGAMOS CHOCOLATE", como una falta de respeto, no tomó en cuenta ni valoró, si [su] representada tuvo el nimo de ofender o faltar el respeto, ya que para la procedencia de este tipo de conducta y para calificar la como ilícito disciplinario, debe estar presente la voluntad consciente de causar daño u ofender. Voluntad que no existe en mi representada ya que al reconocer que dijo esta expresión y ofrecerie disculpas al denunciante, queda demostrado que en ella no hay ni la más minima intención de ofender o faltarle el respeto tanto al denunciante como al Poder Judicial..." Que "...La nueva normativa legal diseno un modelo de proceso laboral que supera notablemente las fallas que presentaba el viejo modelo procesal laboral escrito [ya quej la aplicación de la reforma del proceso laboral ha contado con el constante apoyo y supervisión de la Sala de Casaciór Social del de eficiencia muy superior, resaltando el gran éxito que ha tenido debido al rol del juez en el nuevo proceso laboral que es fundamental. Eso es lo que debemos preservar y no permitir con decisiones como estas, retroceder en lo que ya hemos avanzado y convertir al Juez Laboral (sic) en un conminado (sic) de piedra o un simple espectadpr...". IV DE LA CONTESTACIÓN AL ESCRITO DE FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN contestación a la fundamentación de la apelación, de la revisión del expediente disciplinario análisis de la causa disciplinaria a los fundamentos de la apelación presentada por la Jueza denunciada LUZ HAYDEE GÓMEZ GONZALEZ. V DE LA COMPETENCIA Previo al análisis del asunto sometido a su conocimiento, debe esta Corte Disciplinaria Judicial establecer su competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto y al respecto, observa lo siguiente: El articulo 42 del Código de Ética, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 del 23 de agosto de 2010, establece la competencia de la Corte Disciplinaria Judicial para conocer de las apelaciones interpuestas contra las decisiones dictadas por el TDJ, ya sean interlocutorias o definitivas, en los siguientes términos: "Articulo 42. Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de Alzada, definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y el resto de la normativa que guarde relación con la idoneidad judicial y el desempeño del Juez venezolano y la Jueza venezolana". página original (tal como se publicó) [Página 20] De igual manera, conforme al contenido de articulo 29 del Código de Ética y a la sentencia N° 6, de fecha 19 de febrero de 2014, publicada en gaceta oficial número 40.360 de fecha 20 de febrero de 2014, mediante la cual se estableció el procedimiento para conocer en impongan la sanción de amonestación escrita a los jueces, asi también, visto el análisis de los autos que integran el presente expediente; se puede constatar que en fecha 16 de mayo de 2013, la ciudadana LUZ HAYDEE GÓMEZ GONZÁLEZ apeló de la sentencia definitiva N° TDJ-SD-2014-026, dictada el 15 de mayo de 2013 por el a quo, cuyo cuerpo en extenso fuera publicado en fecha del 02 de abril de 2014 y a través de la cual fue declarada la responsabilidad disciplinaria de la Jueza LUZ HAYDEE GÓMEZ GONZÁLEZ, imponiéndole la sanción de amonestación escrita conforme a los términos contenidos en el precitado fallo. En tal sentido, esta Alzada verifica que, efectivamente, se trata de un recurso de apelación interpuesto contra sentencia definitiva, razón por la cual declara su competencia para conocer el presente recurso. Y asi se declara. VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR , Declarada como ha sido la competencia de esta Corte y analizadas las actas que cursan en el expediente disciplinario, asi como los alegatos expuestos durante la audiencia oral y pública, esta Alzada pasa a emitir su pronunciamiento bajo las siguientes consideraciones, procediendo a resolver de forma preliminar (a advertencia que realizar la parte denunciante sobre la presentación anticipada del recurso de apelación por parte de la jueza denunciada. En efecto, consta en actas que el ciudadano EDWIN ALEJANDRO CHACÓN MORA, consignó diligencia en fecha 26 de junio de 2014 (Vid folio 73 de la pieza 2), mediante la cual "advirtió" a esta Alzada que el texto Íntegro de la sentencia del a quo fue publicada en fecha 2 de abril de 2014, siendo que el recurso ordinario de apelación fue ejercido con antelación à dicha fecha y contra la decisión contenida en el acta de audiencia oral y pública de fecha 15 de mayo de 2013. _Con relación a lo anteriormente expuesto, observa esta Corte que la parte denunciante se mito a esgrimir una serie de observaciones respecto a lo que ha sido el Iter procedimental del recurso de apelación, omitiendo desarrollar las consideraciones de derecho que le ello, esta Corte Disciplinaria Judicial en aras de garantizar la tutela judicial efectiva a la cual tienen derecho todos los ciudadanos y ciudadanas, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Constitución de la Repúbica Bolivariana de Venezuela, pudiera realizar un análisis exhaustivo de los argumentos presentados por las partes, así éstos no contengan una precisión de carácter técnico-juridico y. posterior a la realización de un razonamiento, precisar el alcance de lo pretendido por quien ha dirigido la solicitud ante el órgano jurisdiccional. En consonancia con lo anterior, precisa esta alzada que la parte recurrente señaló, por una parte, que la jueza denunciada apeló contra la decisión dictada por el TDJ y contenida en el acta de audiencia oral y pública de fecha 15 de mayo de 2013 y por otra, que dicha poderes de interpretación conforme a o previsto en el articulo 12 del Código de no debe ser resuelta por esta alzada debido a que la misma fue presentada contra el acta de audiencia oral y pública y no contra el externo de la decisión definitiva. Con la finalidad de resolver la solicitud esbozada por la parte denunciante, esta Corte Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia N° 1358 de fecha 4 de julio de 2006, ratificada en sentencia N° 617 de fecha 15 de mayo de 2012) con relación a las denominadas apelaciones anticipadas: "...En primer lugar, observa la Sala que la parte recurrente apeló contra el acta de la definitivo contentivo del texto integro de la sentencia. ...Omissis... Ahora bien, a este respecto, esta Sala Constitucional ha sostenido que resulta contrario a la tutela judicial efectiva desestimar la llamada apelación anticipada ejercida por la parte perjudicada con la resolución judicial, quien sólo manifiesta su intención de impulsar el proceso a través de la interposición del recurso pertinente. (...) En consecuencia, aplicando dicho criterio al caso de autos, resulta válida la apelación Asl se declara". (Negritas de esta Corte). 8 En concordancia con lo anterior, esta Corte Disciplinaria Judicial es del criterio que una vez dictado el correspondiente dispositivo del fallo en la audiencia oral y pública en los procedimientos disciplinarios incoados ante esta Jurisdicción, el mismo produce un gravamen o perjuicio para una o ambas partes, lo cual otorga de forma inmediata el derecho del interesado a manifestar su discrepancia con respecto al mismo; de alli que debe ha sido adversa, desde la oportunidad en la que ésta sea dictada al momento de la lectura del dispositivo del fallo y hasta que se tenga por fenecido el lapso que la Ley le otorga a los órganos disciplinarios judiciales para la publicación del extenso del mismo. Siendo así, esta alzada estima que la apelación interpuesta por la ciudadana LUZ HAYDEE GÓMEz GONZÁLEZ, contra el acta de audiencia oral y pública de fecha 15 de mayo de 2013, resulta tempestiva, ya que con la misma evidenció claramente su interés de recurrir lo decidido por el a quo. parte denunciante al encontrar la manifiestamente infundada. Y así se decide. Determinado lo anterior, corresponde resciver el recurso de apelación interpuesto por la denunciante están dirigidos a denunciar lps posibles errores de juzgamiento en los que incurrió el fallo dictado por el Tribunal Disciplinario Judicial, razón por la cual se concluye que lo pretendido por la quejosa es procurar un nuevo juzgamiento sobre el mérito de la causa que había sido conocida por el a quo, sólo en lo que respecta a la sanción de amonestación escrita impuesta por el TDJ. Del error de juzgamiento por falso supuesto de hecho o de derecho La representación judicial de la ciudadana LUZ HAYDEE GÓMEZ GONZÁLEZ denunció que el a quo incurrió en el vicio de errónea interpretación de la institución procesal de la admisión de los hechos, que fue determinante para la imposición de la sanción de amonestación contra su representada. Por otra parte, señaló que el TDJ interpretó indebidamente los dichos expuestos por su efendida en el curso de la audiencia oral y pública, asi también, que su representada en ningún momento admitió los hechos, primero porque no existen y segundo, porque esa no fue la connotación de su declaración en audiencia. Ahora bien, a los fines de resolver los argumentos presentados por la parte recurrente, esta Corte estima pertinente acotar que el vicio de error de juzgamiento se configura: decisión en hechos inexistentes, casos o que no guardan la debida vinculación con el o los asuntos objeto de decisión, verifcándose de esta forma el denominado falso supuesto de hecho. Por otro lado, cuando os hechos que sirven de fundamento a la decisión inexistente en el derecho positiva, o incurre en una errada interpretación de las disposiciones aplicadas, se materializa el falso supuesto de derecho...". (Sentencia N° 00183 de fecha 14 de febrero de 2008, ratificada en los folios N° 0039 de fecha 20 de enero de 2010 y 00104 de fecha 28 de enero de 2014, decisiones todas de la Sala Polltico Administrativa del Tribunal $upremo de Justicia). De tal manera que, con la finalidad de analizar la procedencia o improcedencia del vicio en cuestión, el juez de alzada debe circunscribir el examen del fallo recurrido en cuanto a los hechos ventilados y las normas que fueron aplicadas a los mismos, todo ello con la finalidad de concluir si los hechos son inexistentes, falsos o no guardan relación con el objeto de la decisión (error de juzgamiento por errónea apreciación de los hechos) o si las normas (error de juzgamiento por errónea aplicación o interpretación del derecho). Con la finalidad de resolver los argumento$ esbozados por la parte recurrente, esta Corte estima pertinente citar la recurrida al momento de pronunciarse sobre la subsunción de los hechos denunciados en el ilicito contenido en el artículo 31, numeral 2° del Código de Ética: "La Sala de Casación Penal se pronunció acerca (sic) del valor probatorio que tenia la sentencia N° 1273, de fecha once (§1) de octubre de 2000, en la cual señalo: "(...) La Sala estableció que la confesión del procesado ARNALDO ENRIQUE GALINDEZ es calificada porque éste, al admitir haber participado en el hecho en el que resultó muerto el ciudadano TRINO SANTIAGO QUINTANA, expone circunstancias tan objetivas cuan verosimiles que excluyen de modo evidente su responsabilidad en el hecho. En efecto, señala el procesado el haber sido atacado por el ciudadano TRINO SANTIAGO actos defensivos en ambos casos, cuando señala haber forcejeado con la victima tanto para quitarle el tubo como para arrebatarle el cuchillo; le agarró las manos estuvieron forcejando y al final resulta herido el ciudadano TRINO SANTIAGO QUINTANA. quien 8 posteriormente falleció. (...) El último aparte del articulo 24 del Código de Enjuiciamiento Criminal establece que inverosimil. En el caso de autos la excepción de hecho no es inverosimil, sino que por el contrario es absolutamente veraz y está corroborada por los siguientes elementos : probatorios..." Omissis En ese mismo sentido, cabe señalar que esta manera especial de conclusión anticipada del proceso penal -admisión de los hechos-, prevé la imposición de una condena al imputado con prescindencia del juicio oral y público, asi lo señaló la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 4278 del 12 de diciembre de 2005, en la cual estableció: (..) la 'admisión de los hechos', es un procedimiento especial que procede cuando el imputado consiente en ello, reconoce su participación en ei hecho que se le atribuye, lo cual conlleva a la imposición inmediata de la pena con una rebaja desde un tercio de la mitad, atendidas todas las circunstancias y considerando el bien juridico afectado y el daño social causado. La admisión de los hechos supone una renuncia voluntaria al derecho a un juicio, principio garantizado no sólo por el Código Orgânico Procesai Penal sino por instrumentos internacionales ratificados por la República; y al mismo tiempo, tal admisión evita al Estado el desarollo de un proceso judicial que siempre resultará costoso". Omissis Especificamente, se trata de una oportunidad en la cual el señalado sujeto procesal tiene la posibilidad de admitir su respons@bilidad criminal -una vez que el juez le haya instruido del señalado procedimiento especial y concedido la palabra-, pero dicha posibilidad no puede ser entendida como el ejercicio de un derecho constitucional..". participación en el hecho punible que se le atribuye, el cual puede conllevar a una todas las circunstancias y considerando siempre el bien jurídico que ha sido afectado y al daño social causado, asimismo, la admisión de los hechos presupone una renuncia a los derechos y garantías judiciales por lo que el imputado debe conocer el alcance de esa aceptación y en consecuencia debe voluntariamente renunciar a esos derechos de manera personal y expresa. Ahora bien, el Código de Ética del uez Venezolano y la Jueza Venezolana establece en el numeral 2 del articulo 31, establece: (sic) 'Causales de amonestación escrita. Articulo 31. Son causales de amonestación escrita al juez o jueza 8 supervisión o a quienes comparezcan al estrado". (Resaltado propio de este Tribunal Disciplinario Judicial) De la cita previa se desprende, que han sido establecidos por el legislador tres supuestos El primer y segundo supuesto, son referidos a la falta de respeto y consideración con los auxiliares y empleados bajo supervisión del juez o jueza, sin embargo, el tercer supuesto comparezcan ante un estrado sin distinción alguna". Del citado extracto se desprende que, tras realizar unas consideraciones sobre los requisitos de la confesión o admisión de los hechos, el TDJ estableció que el ilicito disciplinario relativo a la falta de consideración y respeto a quienes comparezcan al estrado se configuró cuando la jueza denunciada, en su derecho de palabra en la audiencia oral y pública efectuada en ciudadano EDWIN ALEJANDRO CHACÓN MORA, por los hechos previamente citados por el denunciante..." y con ello, en su decir, admitió los hechos denunciados en su contra. Ahora bien, la admisión de los hechos para su aplicación exige que el imputado reconozca expresamente y sin lugar a dudas, su responsabilidad en la comisión de los hechos endilgados en su contra o su participación; a cambio de ese reconocimiento, se le otorgará a este, una disminución en cuanto a la sanción o pena que debe cumplir Aunque dicha institución no se encuentra expresamente prevista en el catálogo de normas del Código de Ética, su aplicación supletoria pudiera ser posible de conformidad con lo previsto en el articulo 51 eiusdem; sin embargo, para su aplicación supletoria será necesario para luego de ello, concluir si se está en presencia o no de una admisión de los hechos. Preliminarmente, observa esta Corte que dé los autos no se desprende que la Jueza LUZ HAYDEE GÓMEZ GONZÁLEZ hubiere aceptado sin lugar a dudas, que admitió. su participación en la ocurrencia del referido irrespeto, elemento este (reconocimiento expreso) que resulta indispensable para estimar la aplicación de la institución procesal de la admisión de los hechos. A pesar de lo anterior, entiende esta alzadajque el reconocimiento en cuestión, a decir del a uo, devino de una expresión utilizada por la jueza denunciada en el curso de la audiencia oral y pública celebrada ante el TDJ, pa ticularmente, el ofrecimiento de una disculpa pública, razón por la cual, esta Corte, estima oportuno acudir al auxilio del registro audiovisual de la audiencia celebrada en el drgano de primera instancia disciplinaria judicial. En tal sentido, de una revisión exhaustiva del registro audiovisual de la audiencia oral y pública celebrada ante el a quo, especificamente al minuto cuarenta y seis (46") del CD página original (tal como se publicó) [Página 21] correspondiente, esta Corte puede apreciar que si bien la jueza denunciada manifestó disculpas públicas a la parte denunciante con relación a la expresión que empleó en el curso de una audiencia de mediación, no resulta menos cierto que la referida jurisdicente enfáticamente aclaró que la referida justificación tuvo como único sentido el manifestarle a la contra, pero en caso que la parte denunciante estimare lo contrario, tomar en consideración que el uso de la expresión se debió a lo jnformal de la audiencia y no a cualquier otra consideración. A criterio de esta Corte, el ofrecimiento de las disculpas públicas por parte de la jueza denunciada y el modo en el cual dirigió el mismo, no tuvo como finalidad la confesión o admisión de los hechos que le fueran imputados en su contra, razón por la cual, mal podía concluir el a quo que la precitada juzgadora admitió o confesó haberse dirigido con irrespeto hacia la hoy parte denunciante y por ende, la institución procesal de la admisión de los hechos, resulta juridicamente inaplicable al caso de autos. incurrió en el vicio de error de juzgamiento por falso supuesto de derecho, cuando erróneamente aplicó la norma procesal de la admisión de los hechos y, error de juzgamiento por falso supuesto de hecho, cuando atribuyó a los dichos esbozados por la ciudadana Jueza LUZ HAYDEE GÓMEZ GONZÁLEZ un carácter de confesión que los mismos no tenían. Por tales razones, esta alzada estima que el recurso de apelación parcial interpuesto por la Jueza LUZ HAYDEE GÓMEZ GONZÁLEZ debe ser declarado con lugar y, en consecuencia, de amonestación escrita, de conformidad con lo previsto en los articulos 243, ordinales 4° y 5° y 244 del Código de Procedimiento Civil aplicables supletoriamente por disposición del artículo 51 del Código de Ética. Y asi se declara. Como consecuencia del anterior pronunciamiento, esta Corte Disciplinaria Judicial entra a volver el mérito de la denuncia sobre la cual recayó la nulidad decretada por esta alzada, de conformidad con lo previsto en el articulo 209 del Código de Procedimiento Civil. Del mérito de la denuncia En fecha 23 de noviembre de 2012 (Vid. folio 03 de la pieza 1°). el ciudadano EDwIN ALEJANDRO CHACÓN MORA, titular de la cédula de identidad número V-10.178.593, interpuso denuncia contra la Jueza LUZ HAYDEE GÓMEZ GONZÁLEZ, por la presunta, comisión de hechos que, en su decir, revisten carácter disciplinario; en ese sentido, se expresó lo siguiente: "(...) Luego, continúa (sic) en la explicación en su punto de vista una de las:Abogadas asistentes de la parte demandada quien argumento (sic) su defensa de-manera muy amena ante la ciudadana Juez, quien no la Interrumpió en ningún instante; momento en el cual, de manera conteste con lo que indicaba la ciudadana Juez (aqul denunciada) alreferirse a la otra demanda que Interpuse Y QUE NO ERA NI PODIA (sic) SER OBJETO DE DISCUSIÓN (sic) ALGUNA EN ÉSTE (sic) TRIBUNAL, la Abogada-DALA Y CASTILLO indica que lo que hiciecon mis Abogados en ese caso era simplemente un "ARROZ CON MANGO": a lo cual, a ciudadana Juez conteste con la misma indico (sic) que sI y que adicional a ello le hablan añadido 'CHOCOLATE'. (..) sSe trata de CALIFICATIVOS (MPROPIOS DE SER USADOS EN UN ESTRADO (sic) a quienes el Estado Venezolano les ha impartido el deber de administrar justicia... (...) la referida Juez (antes mencionada), actúo (sic) vulnerando en el acto de fecha 8 de DEFENSA, AL DEBIDO PROCESO Y AL DEBER DE RESPETO AL QUE EN NOMBRE ADMINISTRADORA Y SERVIDORA DE LA MISMA (...)" (Mayúsculas y negrillas del escrito) Por su parte, la ciudadana Jueza LUZ HAYDEE GÓMEZ GONZÁLEZ (Vid. folio 38 de la pieza judicial N° 2, asl como en la grabación digital de la audiencia oral y pública, minutos 28' y 46') expresó en su defensa, lo siguiente: "(...) dentro del manejo que se da en la audiencia y por la misma informalidad que se da dentro de la audiencia, pues nay manejo de palabras, de vocabularios, de momento. (...) en ese momento una de las abogadas colombianas -para nadie es un secreto lo 8 folklóricos que hablan los colombiapos-, ella dice, sin faltar el respeto, -yo lo senti asi-. fue a intervenir para cobrar un concepto que no habla sido cancelado en la otra demanda y yo le dije, asl: por favor señor Edvin no le pongamos chocolate, esa fue mi expresión. quizás yo, viendo lo relajada que era la audiencia en el mejor término, lo humana que era la audiencia en el mejor término, yo le dije por favor no le pongamos chocolate porque (...) en ningún momento me incline ni tengo parcialidad absoluta por el triunfo de la República Colombiana, lya que su] deber es proteger los derechos de los trabajadores dentro del ámbito y aplicamiento (sic) del ordenamiento jurídico. (...) en estos casos a veces cuando como juez habla, resulta muy simpático, en otros (..) [su] conducta ciudadanos Magistrados no estuvo en desacuerdo con e! pronunciado y haber dicho como iba a terminar esa causa. (...) lamenta mucho y que no [le] cuesta nada pedir disculpas por lo del chocolate (...) lo del chocolate se debió a lo común de la audiencia donde el juez está tú a tù, donde no hay distancia, donde se llora, donde se rie, donde todo ese cúmulo de remociones que contrario nadie amarrado, nadie atago puede llegar a una mediación (...)". Ahora bien, previo a la resolución del ilicito endilgado, esta Corte estima pertinente realizar algunas precisiones sobre el principio de autonomía e independencia de los jueces, previsto en el articulo 4 del Código de Ética, cuyo texto dispone lo siguiente: República y al ordenamiento jurídica. Sus decisiones, en la interpretación y aplicación de sometido a su conocimiento y decis ón. Los órganos con competencia disciplinaria sobre los jueces y juezas podrán examinar su idoneidad y excelencia, sin que ello constituya una intervención indebida en la actividad jurisdiccional." Sobre la interpretación y alcance de la precitada norma, esta Alzada ha explicado lo siguiente: limitando dicho examen a determinar su idoneidad y excelencia, y verificar si su conducta encuadra dentro de un illcito disciplinario. Esta labor no implica en modo alguno una indebida intromisión en su función jurisdiccional, ni configura un atentado a su autonomía, negligentemente los poderes que le ha conferido el ordenamiento juridico". (Sentencia N° 12 de fecha 3 de abril de 2014, ponencia de la Dra. Ana Cecilia Zulueta Rodriguez, caso: Juan Arcides Chirino Colina). En razón de lo anterior, esta Corte Discipinaria Judicial ostenta la habilitación necesaria disciplinaria, lo cual procede a realizar a lo$ fines de precisar la reprochabilidad -o no- del ilicito formulado contra la Jueza LUZ HAYDEE GÓMEZ GONZÁLEZ. A tal efecto, se hace imprescindible para esta Corte Disciplinaria Judicial señalar que la legislación laboral patria ha incorporado cambios novedosos e importantes en cuanto al papel que debe tener el nuevo juez laboral, confiriéndole al mismo un rol más dinámico y protagónico dentro del proceso y otorgándole una herramienta de la cual no disponía antes, como lo es, la mediación, la cual lo faculta inclusive para proponerle a las partes posibles salidas o soluciones a su conflicto, pero que al mismo tiempo, representa una necesidad de dentro del proceso laboral. (Vid. Artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo) De igual forma, conviene precisar que el legislador laboral confirió al juez de sustanciación, mediación y ejecución las más amplias facultades para lograr que las partes puedan resolver es un cambio radical, ya que, a diferencia del pasado, no es un convidado de piedra; por el contrario, ahora los jueces laborales son juzgadores que detentan facultades dinámicas y exclusivas, tanto así que, por ejemplo, los jueces de mediación, sustanciación y ejecución laboral pueden incluso adelantar opinión sobre el fondo de la causa. Sobre el carácter de este nuevo paradigma de la material laboral, conviene citar lo nuevo Proceso Laboral Venezolano", afirma lo siguiente: "Esta Ley ha dado singular importancia a la función conciliadora del Juez, en la llamada audiencia preliminar. No hay razones para descalificar al Juez de sustanciación para facilitar, y aún para mediar en la controversia que genera la demanda judicial, pues no es él Juez que sentenciará el juicio. Pero aún si lo fuera "parecen válidos los argumentos de escuchamos en nuestro procedimiento latinoamericano, donde acostumbrados al papel 8 soluciones y argumentar a las partes sobre los inconvenientes de una sentencia judicial." Dentro del contexto antes planteado, debe esta Corte Disciplinaria Judicial analizar si la expresión proferida por la ciudadana LUZ HAYDEE Gómez GONZÁLEZ, en el curso de una audiencia de mediación laboral, fue un calificativo impropio al extremo de constituir una falta de respeto para con las partes presentes en el referido acto jurisdiccional. Conforme se desprende de las actas procesales (Vid. folio 9 de la pieza 2 y grabación audiovisual, minuto 28"). una vez presentes las partes comparecientes de la audiencia de mediación, la ciudadana Jueza LUZ HAYDEE GÓMEZ GONZÁLEZ, ante un señalamiento realizado por los abogados de la hoy parte denunciante "era un arroz con mango" y, la posterior reclamación que realizara el ciudadano EDWIN ALEJANDRO CHACÓN MORA le expresó al hoy denunciante, como se cita: "no le pongamos chocolate". Asi las cosas y en vista a que los conceptos demandados por el hoy denunciante no resultaban pertinentes para con la causa judicial que se ventilaba, considera esta Corte que, laboral y en consecuencia, dirigió una expresión de carácter informal, la misma tuvo como único sentido el evitar que las partes desviaran su atención sobre el objeto de la audiencia y asi, proseguir con el proceso mediador. A pesar de lo informal de la expresión empleada por la jueza denunciada, al señalar como se misma resulte ofensiva, al punto de significar un irrespeto dirigido contra la parte denunciante, por cuanto, en primer lugar, la referida expresión en nada apareja el uso de un lenguaje grosero, descortés o soez y en segundo término, porque la misma fue esbozada en una audiencia judicial de carácter informa con el único sentido de evitar que las partes desviaran su atención sobre lo principal del pleito. Con fuerza en los razonamientos anteriormente expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial desestima la presente solicitud de declaratoria de la responsabilidad disciplinaria, al encontrar la manifiestamente infundada. Y asi se decide. En virtud de la improcedencia de la denuncia formulada por el ciudadano EDwiN ALEJANDRO CHACÓN MORA contra a ciudadana Jueza LUZ HAYDEE GÓMEZ GONZÁLEZ, plenamente identificada en autos, esta Corte Disciplinaria Judicial considera ajustado a derecho absolver y declarar la ausencia de responsabilidad disciplinaria de la ciudadano EDWIN ALEJANDRO CHACÓN MORA. Y asI se decide. Por último, esta Corte Disciplinaria Judical considera pertinente hacer un llamado de atención al Tribunal Disciplinario Judicial. debido al descuido en que incurrió al haber publicado el extenso de la decisión objeto del presente recurso de apelación fuera del lapso legal correspondiente, observándose de (as actas, que el referido fallo de mérito fue publicado casi 11 meses luego de concluido el lapso a que se contrae el articulo 82 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. a que en futuras oportunidades eviten incucrir en conductas como las antes señaladas, las cuales se traducen en un claro perjuicio a) principio de celeridad que debe regir en todo proceso, lo cual va en desmedro de los derechos e intereses de los justiciables que acuden ante esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial. VI DECISIÓN expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial Con fundamento en los razonamientos administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: HAYDEE GÓMEZ GONZÁLEZ, cédula de identidad N° V-5.649.077 contra la decisión N° TDJ-SD-2014-026, dictada en fecha 02 de abril de 2014 por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual le fuera declarada su responsabilidad disciplinaria por las actuaciones realizadas en el desempeño como Jueza del Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción del estado Táchira. SEGUNDO: ANULA la decisión recurrida únicamente en lo que respecta a la sanción de amonestación escrita impuesta contra la Jueza LUZ HAYDEE GÓMEZ GONZÁLEZ, confirmando el mismo en sus partes restantes. TERCERO: ABSUELVE y DECLARA LA AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de la ciUdadana Jueza LUZ HAYDEE •ÓMEZ GONZÁLEZ, con relación a las denuncias formuladas en su contra por el ciudadano EDWIN ALEJANDRO CHACÓN MORA. Publiquese, registrese y notifiquese de la presente decisión al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, al Sistema de Registro de Información Disciplinaria Judicial, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y a la Inspectoría General de Tribunales, conforme lo prevé el articulo 89 del Código de Ética. página original (tal como se publicó) [Página 22] Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Se ordena la publicación del presente fallo previsto en el articulo 82 del Código de Ética. Dada, firmada y sellada en el Salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas. a los _aTorc (4) del mes de agosto del año dos mil catorce (2014). Años 04° de la Independencia y 155° de la Federación. El Presidente-Ponente TULIO JIMÉNEZ RODRIGUEZ a Juea Vicepresidenta, ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ La Jeza, MERLY MORALES HERNÁNDEZ La Secretaria, pumfan MARIANELA GIL MARTINEZ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZA PONENTE: ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Expediente N° AP61-R-2014-000006 Mediante oficio N° TDJ-165-2014 de fecha 28 de enero de 2014, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ) remitió a esta Corte Disciplinaria Judicial el expediente contentivo del procedimiento disciplinario seguido a las ciudadanas CARMEN MIREYA TELLECHEA DE LUNAR, IRMA DE LA TRINIDAD ÁVILA MAESTRACCI y MARÍA EUGENIA OPORTO SERRES, titulares de las cédulas de identidad números 2.780.092, 3.021.648 y 3.026.893, respectivamente, juezas de la Sala Accidental Primera de Reenvio para el Régimen Procesal Transiforio de la Corte de Apelaciones del Circuito Ju ial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Tal remisión se realizó en virtud del auto de fecha 17 de enero de 2013 dictado por el TDJ, mediante el cual oyó en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto el 13 de diciembre de 2012 por las mencionadas juezas contra la sentencia N° TDJ-SD-2012-230 de fecha 11 de octubre de 2012, que las absolvió de responsabilidad disciplinaria y se declaró incompetente para el conocimiento de la solicitud de conversión del beneficio de jubilación especial en jubilación plena. El 30 de enero de 2014, la Secretaría de esta Corte recibió de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, URDD) el presente expediente y dejó constancia de su distribución, correspondiendo la ponencia a la Jueza Ana Cecilia En fecha 12 de febrero de 2014, la Secretaría acordó fijar audiencia oral y pública a las dos de la tarde (02:00 p.m) del décimo (10) dia de despacho siguiente, contado a partir de la fecha antes indicada. El 18 de febrero de 2014, la jueza Maria Eugenia Oporto consignó los fundamentos a la apelación. Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, esta Corte Disciplinaria Judicial observa lo siguiente: WUSCIRANA * |i ANTECEDENTES En®echa 14 de agosto de 1998 el Juzgaco Quinto de Primera Instancia en lo Penal, Bancario y de Salvaguarda del Patrimonio Público del Área Metropolitana de Caracas, mediante sentencia N° 4696, impuso demás privativas de libertad a los ciudadanos Gustavo Adolfo Gómez López, Giácomo (eón Rochelle, Rosi Mari Rojo Peña, María Teresa Pulgar Corao y Folco Falchi Tiberi por la comisión de delitos de distracción de fondos públicos, exdirectivos del Banco Latino. El 25 de agosto de 1999 la Sala Décima de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, anuló la anterior decisión e impuso privativas de libertad de menor extensión sólo a los ciudadanos Gustavo Adolfo Gómez López, Giacomo León Rochelle y Folco Falchi Tiberi. Mediante sentencia N° 818 de fecha 13 de junio de 2000, la Sala de Casación Penal declaró con lugar el recurso de casación ejercido por el ciudadano Folco Falchi Tiberi contra la anterior decisión, y el 11 de julio de 2001 la Sala Accidental Primera de Reenvio para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de las juezas investigadas, absolvió de responsabilidad penal a todos los en causados. El 13 de julio de 2001 la Inspectoría General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT), ordenó iniciar de oficio la investigación contra las juezas integrantes de la mencionada Sala Accidental Primera de Reenvio y el 18 de julio de 2001 la Fiscalia Segunda del Ministerio Pública a Nivel Nacional interpuso recurso de nulidad contra la decisión de la Sala Accidental Primera de Reenvio. o Mediante sentencia N° 0003 de fecha 11 de enero de 2002, la Sala de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público y de oficio declaró la nulidad de la decisión de la Sala Accidental Primera de Reenvio. El 02 de abril de 2002, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema investigadas por haber incurrido en los ilícitos de abuso de autoridad, infracción de deberes legales y lesión a la respetabilidad del Poder Judicial, se abstuvo de imponer la sanción de destitución y ordenó a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura tramitar la jubilación a las juezas Maria Eugenia Oporto Serres e Irma de la Trinida-A Maestracci. Mediante sentencia N° 03242 de fecha 12 de diciembre de 2002, la Sala Constitucional anuló la sentencia N° 0003 del 11 de enero de 2002 dictada por la Sala de Casación Penal y declaró firme la sentencia absolutoria del 11 de julio de 2001 dictada por la Sala Accidental Primera de Reenvio. El 21 de mayo de 2009, la Sala Político Administrativa declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana Carmen Mireya Tellechea de Lunar contra e acto administrativo que estableció su responsabilidad disciplinaria, en virtud de haber cambiado la situación juridica que dio lugar a tal determinación como consecuencia de la decisión de la Sala Constitucional, anuló dicho acto y ordenó a la CFRSJ dictar nueva decisión. El 27 de julio de 2009, en ejecución de la sentencia dictada por la Sala Politico Ad inistrativa, la CFRSJ se abocó al conocimiento de la causa. Una vez constituida la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, el TDJ se abocó el 28 de septiembre de 2011 al conocimiento de la causa y ordenó la notificación de las partes para su reanudación en la etapa de celebración de la audiencia oral y pública. En fecha 18 de septiembre de 2012 se realizó la audiencia oral y pública, oportunidad en la cual el TDJ absolvió de responsabilidad disciplinaria a las juezas investigadas y se declaró incompetente para el conocimiento de la solicitud de conversión de la jubilación especial en jubilación ordinaria. El 11 de octubre de 2012 fue publicado el extenso de la referida sentencia. En fecha 13 de diciembre de 2012 las juezas investigadas solicitaron aclaratoria y/o ampliación del fallo y, subsidiariamente, ejercieron el recurso de apelación. El 15 de enero de 2013, el TDJ resolvió la aclaracoria y el 17 del mismo mes y año, oyó la apelación en ambos efectos. Por auto del 17 de abril de 2013 esta Corte ordenó la devolución del expediente al TDJ, a fin de practicar la notificación a la Procuraduria General de la República. El 24 del mismo mes y año el a quo remitió el expediente con la correspondiente notificación. Mediante sentencia N° 32 del 17 de septiembre de 2013, esta Alzada orsañoa con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que ordena la suspensión del proceso por treinta (30) días continuos, una vez cor ignada en autos las resultas de la notificación de la Procuraduria General de la República. En fecha 28 de enero de 2014, el T0J remitió el expediente a esta Corte en cumplimiento a lo ordenado en la anterior sentencia. DEL FALLO APELADO En fecha 11 de octubre de 2012 el TDJ publicó el extenso de la sentencia N° TDJ-SD- declaró incompetente para conocer la solicitud de conversión de la jubilación especial en ordinaria, con base en la argumentación que se explana a continuación: Que el artículo 345 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal establecía, que si un recurso de casación de forma era declarado con lugar, su efecto era la nulidad de la sentencia objeto de impugnación y la remisión del expediente a un tribunal de reenvío para que dictara nueva sentencia. Que la Sala de Casación Penal mediante sentencia N° 818 del 13 de junio de 2000, declaró con lugar el recurso de casación de forma interpuesto por uno de los imputados, imputaciones en la causa penal. página original (tal como se publicó) [Página 23] Que la actuación de las juezas denunciadas no dio lugar a una conducta abusiva, extralimitada o que afectara la respetabjlidad del Poder Judicial, toda vez que se circunscribió a dictar sentencia en la que se pronunció sobre todas las imputaciones de Enjuiciamiento Criminal derogado y su decisión alcanzó firmeza con ocasión de la sentencia de la Sala Constitucional N° 03242 del 12 de diciembre de 2012. T Con relación a la solicitud formulada por las ciudadanas María Eugenia Oporto Serres e Irma de la Trinidad Ávila Maestracci, relacionada con la conversión del beneficio de jubilación especial en ordinaria, señaló que la competencia del TDJ se limitaba a lo establecido en el Capítulo V del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (en lo sucesivo, Código de Ética), en consecuencia, declaró su incompetencia para el conocimiento de la referida solicitud. Posteriormente, en fecha 15 de enero de 2013, el TDJ resolvió la solicitud de aclaratoria y/o ampliación del fallo en los términos siguientes: Precisó que no ordenó la reincorporación de las juezas investigadas, en razón de la condición administrativa que presentaban para el momento en que conoció la causa, ya que las ciudadanas María Eugenia Oporto Serres e Irma de la Trinidad Ávila Maestracci se encontraban jubiladas desde el 01 de mayo de 2002 y el 27 de octubre de 2003, respectivamente, y "...siendo el derecho a la jubilación de orden público, mal podía ordenarse la reincorporación al cargo de las anteriores ciudadanas, retomándoles su cualidad de juezas activas, cuando ya les había sido concedido el beneficio de jubilación y del cual han venido gozando por casi nueve (9) años la primera y ocho (8) años la segunda ininterrumpidamente, beneficio éste que es perenne e intransferible...". En cuanto al pago solicitado por las ciudadanas Maria Eugenia Oporto Serres e Irma de la Trinidad Ávila Maestracci, respecto a la diferencia de salarios recibidos y demás derecho tal solicitud por considerar que "...si bien mediante el acto administrativo emitido por la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial ordenó la tramitación del beneficio de jubilación (..) no [era] menos cierto que la concesión del beneficio de jubilación fue solicitado de manera expresa por las referidas ciudadanas con anterioridad al acto administrativo sancionatorio dictado por la extinta Comisión...". Finalmente, amplió el fallo en cuanto a la cjudadana Carmen Mireya Tellechea de Lunar, demás beneficios dejados de percibir desde la fecha de su destitución el 2 de abril de 2002 hasta el 27 de julio de 2005, oportunidad en la cual reingresos al Poder Judicial. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN Mediante escrito presentado el 18 de febrero de 2014, la ciudadana Maria Eugenia Oporto Serres fundamentó el recurso de apelación en los siguientes términos: Denunció que "...aun cuando (...) fu[e] absuelta] de toda responsabilidad disciplinaria [su] situación juridica no fue establecida (...) pues el fallo absolutorio (...) omitió[ó] [el] pr•unciamiento más importante y necesariamente derivado de la referida declaratoria, relativo a [su] reincorporación plena al ejercicio del cargo (...) o bien a la tramitación ordinaria de [su] jubilación plena, tal como lo había solicitado antes de la Irrita destitución...". verdaderamente relevante, pues de nada sirve, en cuanto concierne a [sus] derechos subjetivos e intereses legitimos, recibir la absolución por faltas disciplinarias (...) si la decisión correspondiente no procura restablecer en la medida de lo posible la situación juridica infringida por un acto administrativo absolutamente nulo...". Agregó que "...una sentencia simplemente absolutoria, que se abstiene indebidamente de todo pronunciamiento restablecedor en toro a la situación juridica lesionada, no hace justicia ni repara en lo absoluto el gravísimo daño que le [fue] infligido..". Indicó que la sentencia apelada partió de suposiciones falsas, tergiversó los hechos y arribó a una decisión viciada de incongruencia negativa, cuando señaló que "...no fue ordenada [su] reincorporación (...) en razón de la condición administrativa que presentar[a] para el momento en el que el Tribunal Disciplinario Judicial conoció del asunto (.) consta en el expediente administrativo que se [le] concedió el beneficio de jubilación con vigencia a partir del 1° de mayo de 2002, y que siendo el derecho de jubllación de orden público, mal podría ordenarse la reincorporación al cargo retornando[la] a la cualidad de jueza activa, cuando ya se [le] había concedido el beneficio de jubilación, del cual ha venido gozando por casí nueve (9) años..." • Estimó la recurrente que la decisión "..ro señal[o] (...) que la jubilación que [le] fue otorgada no fue la jubilación plena y ordinaria a la que tenía derecho y la cual hab[ria] obtenido naturalmente de no haber mediado la actuación injusta, irrita y a la postre anulada por virtud de la cual fu[e] destituida de [su] cargo; sino una jubilación forzada l como consecuencia de la suspensión en el ejercicio de [sus] funciones y qué en definitiva desembocó en [su] destitución...". Explicó, que ciertamente cursa en su expediente personal la voluntad de fecha 28 de diciembre de 2000 de acogerse a la jubilación "...pero no menos cierto es, que la misma no fue acordada, ni considerada en forma alguna, sino que la Jubilación que le] fue otorgada es una Jubilación Forzada como consecuencia de la conversión de la oprobiosa destitución...". Finalmente, solicitó la reincorporación al cargo, el pago de los salarios, demás remuneraciones y beneficios sociales que dejó de percibir, así como la tramitación de su jubilación ordinaria. Iv DE LA COMPETENCIA Debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer el asunto sometido a su consideración y, al respecto, observa: El articulo 42 del Código de Ética, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 del 23 de agosto de 2010, establece la competencia de esta Corte para conocer las apelaciones interpuestas contra las de siones dictadas por el TDJ ya sean interlocutorias o definitivas, en los términos que a continuación se transcriben: → "Articulo 42.- Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra decisiones ya sean interlocutorias o definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y el resto de la normativa que guarde relación con la idoneidad judicial y el desempeño del Juez venezolano y Jueza venezolana". Del análisis de los autos que integran el expediente, se advierte que la pretensión de la recurrente está dirigida a la revisión de la (legalidad del fallo dictado por el a quo, lo que le permite a esta Alzada verificar que, efectivamente, se trata de una apelación contra la las juezas investigadas y se declaró incompetente para el conocimiento de la solicitud de conversión del beneficio de jubilación especial en jubilación plena, razón por la cual esta Corte declara su competencia para conocer el presente asunto. Asi se decide. v CONSIDERACIONES PARA DECIDIR expediente, esta Corte pasa a decidir los recursos de apelación interpuestos, previas las siguientes consideraciones: Observa la Alzada que las ciudadanas Carmen Mireya Tellechea de Lunar, María Eugenia Oporto Serres e Irma de la Trinidad Ávila Maestracci ejercieron recurso de apelación en fecha 13 de diciembre de 2012 y el 17 de enero de 2013 el TDJ oyó la apelación en ambos efectos. Igualmente, se constata que en la oportunidad legal correspondiente, las ciudadanas Carmen Mireya Tellechea de Lunar e Irma de la Trinidad Ávila Maestracci no presentaron el escrito de fundamentación de la apelación, circunstancia que acarrea la consecuencia establecida en el artículo 84 del Código de Ética, cuyo texto es del tenor siguiente: "Articulo 84.- (...) "El o la recurrente tendrá un lapso de tres días contados a partir del auto de fijación, para presentar un escrito fundado, en el cual debe expresarse concreta y razonadamente cada motivo y lo que pretende (...) Será declarado perimido el recurso, cuando la formalización no se presente en el lapso a que se contrae este articulo o cuando el escrito no cumpla con los requisitos establecidos..." (Resaltado de la Corte). La inteligencia de la norma evidencia que la consecuencia del incumplimiento narrado para la fundamentación se inició el 13 de febrero y concluyó el 19 del mismo mes y año y, siendo que en el recurso de apelación interpuesto no se observaron alegatos que evidenciaran las razones de la impugnación del fallo que les resultó adverso, esta Corte Disciplinaria Judicial declara perimido los recursos de apelación interpuestos por las ciudadanas Carmen Mireya Tellechea de Cunar e Irma de la Trinidad Ávila Maestracci. Asi se decide. Como consecuencia del pronunciamiento que precede, el análisis de esta Alzada se Eugenia Oporto Serres. página original (tal como se publicó) [Página 24] el vicio de suposición falsa, al haber indicado que no había sido ordenada su reincorporación en razón de que gozaba del beneficio de jubilación desde el 01 de mayo de 2002, sin precisar que esa jubilación ná era ordinaria, sino forzada y especial, como consecuencia del acto administrativo dictado por la CFRSJ que estableció su responsabilidad disciplinaria y se abstuvo de imponer la sanción de destitución. Esta circunstancia, a juicio de la recurrente, inficiona de incongruencia la sentencia apelada, por cuanto omitió ordenar su reincorporación al cargo o, en su defecto, tramitar el beneficio de jubilación ordinaria. Para resolver la denuncia formulada por la recurrente, debe esta Corte precisar el contenido y alcance del vicio de suposición falsa, el cual se produce cuando el sentenciador, en su fallo, establece falsa o inexactamente un hecho positivo y concreto a causa de un error de percepción, bien porque atribuya a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, o pien porque da por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente (vid. sentencia N° 42 del 22/01/2014 de la Sala Politico Administrativa). Ahora bien, con el fin de pronunciarse sobre el vicio invocado, encuentra esta Corte necesario traer a colación lo sostenido por el a quo en la ampliación del 15 de enero de 2013, en la cual resolvió el punto referido a la reincorporación, pago de salarios y demás beneficios y conversión de la jubilación especial en jubilación ordinaria de la ciudadana María Eugenia Oporto Serres. Sobre este punto, indicó la recurrida que no fue ordenada la reincorporación y el pago de los sueldos y demás beneficios de la ciudadana María Eugenia Oporto Serres, en razón de la condición administrativa que presentaba para la oportunidad en que se dictó el fallo, toda vez que "..si bien mediante el acto administrativo emitido por la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructucación del Poder Judicial ordenó la tramitación del beneficio de jubilación a I[a] ciudadan[a] Maria Eugenia Oporto, no es menos cierto que la concesión del beneficio de jubilación fue solicitado de manera expresa por [[a] referid[a] ciudadan[a] con anterioridad al acto administrativo sancionatorio". En este orden de ideas, la revisión de las actas que integran el expediente permite constatar que el acto administrativo dictado el 2 de abril de 2002 por la CFRSJ, cuya nulidad fue decretada por la Sala Politico-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 21 de mayo de 2009, estableció la responsabilidad disciplinaria de la referida: ciudadana y, se abstuvo de imponer la sanción, ordenando a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura tramitar su jubilación especial, de conformidad con la Resolución de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia sobre las Normas sobre los Beneficios y Planes República Bolivariana de Venezuela N° 37 388 del 20 de febrero de 2002. (vid. folio 480, pieza 3). Igualmente se aprecia, que si bien es cierto la jueza apelante en la fundamentación de la apelación reconoció haber solicitado el otorgamiento del beneficio de su jubilación ordinaria el 28 de diciembre de 2000 (vid. folio 15, pieza 5), no es menos cierto que tal solicitud no se tramitó, pues para la oportunidad en que ocurrieron los hechos que dieron lugr a la investigación, la referida ciudadana se encontraba en el ejercicio del cargo y durante la instrucción del procedimiento disciplinario ante la CFRSJ había sido objeto de una medida de suspensión en fecha 14 de agosto de 2001 (vid. folios 106-107, pieza 3). Por otra parte, cursan en autos oficios contentivos del trámite para el otorgamiento de la jubilación especial, a partir de la fecha en que se dictó el acto de la CFRSJ, dirigidos a las siguientes autoridades: . Oficio N° 0116-2002 de fecha 2 de abril de 2002, mediante el cual la CFRSJ participa a la ciudadana Maria Eugenia Oporto Serres la orden del trámite de su jubilación ante la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. (folio 483, pieza 3). Oficio N° 0120-2002 de fecha 2 de abril de 2002, en el que la CFRSJ remite copia certificada de la decisión a !a Oficina de la Secretaria del Consejo de Ministros, a los fines de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. (folio 487, pieza 3). Oficio N° 0121-2002 de fecha 2 de abril de 2002, en el cual la CFRSJ informa al Administrador de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas del trámite de jubilación ante la Dirección Ejecutiva de la Magistratura de la ciudadana Maria Eugenia Oporto Serres. (folio 488, pieza 3). Oficio N° 0122-2002 de fecha 2 de abril de 2002, mediante el cual la CFRSJ participa Ejecutiva de la Magistratura de la ciudadana Maria Eugenia Oporto Serres. (folio 489, pieza 3). Oficio N° 0143-2002 de fecha 2 de abril de 2002, en el que la CFRSJ comunica a la Oficina de Carrera Judicial del trámite de jubilación ante la Dirección Ejecutiva de la Magistratura de la ciudadana Maria Eugenia Oporto Serres. (folio 490, pieza 3). Oficio N° 0145-2002 de fecha 2 de abril de 2002, en el cual la CFRSJ informa a la Inspectoria General de Tribunales del trámite de jubilación ante la Dirección Ejecutiva de la Magistratura de la ciudadana María Eugenia Oporto Serres. (folio 491, pieza 3). Oficio N° 0144-2002 de fecha 2 de abril de 2002, mediante el cual la CFRSJ participa Ejecutiva de la Magistratura de la cludadana Maria Eugenia Oporto Serrès ffalie 8 492, pieza 3). Oficio N° 0119-2002 de fecha 3 de abril de 2002, en el cual la CFRSJ comunica al Juez Rector de la circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas del trámite de jubilación ante la Dirección Ejecutiva de la Magistratura de la ciudadana Maria Eugenia Oporto Serres. (folio 486, pieza 3). Oficio N° 509-2002 de fecha 13 de mayo de 2002, en el que Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, acusa recibo del trámite de jubilación ante la Dirección Ejecutiva de la Magistratura de la ciudadana Maria Eugenia Oporto Serres. (folio 486, pieza 3). Las documentales referidas, evidencian que la jubilación de la ciudadana María Eugenia Oporto Serres fue consecuencia del acto administrativo disciplinario dictado por la CFRSJ, lo que permite constatar que la recurrida estableció un hecho falso al afirmar que la jubilación de la recurrente se había acordado en virtud de la solicitud que ésta habia realizado. Tal razonamiento determinó la abstención del a quo de ordenar la disciplinaria, cual es la reincorporación al cargo que desempeñaba con el consecuente ordinaria a partir de la fecha del fallo recurrido, con el consecuente pago de las otorgamiento de la jubilación especial. En atención a lo expuesto, esta Corte estima que la recurrida adolece del vicio de suposición falsa, lo cual acarrea su nulidad parcial, sólo en lo que respecta al punto que resolvió la solicitud de reincorporación o conversión de la jubilación especial en jubilación ordinaria y el pago de sueldos y demás beneficios dejados de percibir por la ciudadana María Eugenia Oporto Serres. Así se declara. • Precisado lo anterior, corresponde a esta Alzada resolver lo peticionado por la recurrente y. al respecto observa que tanto en primera instancia como en la sociales y, expresamente solicitó "...que la reincorporación que le fuera acordada, [se] redireccionara a una JUBILACIÓN COMPLETA" (vid. folio 140, pieza 4). Con relación a tal pedimento, se aprecia que ha sido criterio de la Sala Constitucional, lo procedente será la jubilación del empleado público, debiendo tomarse en cuenta a los fines del cómputo de la antigüedad el tiempo transcurrido desde su ilegal indemnización, el funcionario demandante deberá ser restituido al cargo del cual hubiese demás beneficios dejados de percibir desde su ilegal separación del cargo (vid. sentencia N° 437 de fecha 28 de abril de 2009). concesión de su jubilación ordinaria, razón por la cual, en virtud del carácter constitucional que tal derecho reviste, se acuerda ordenar a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia instruir a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura a los fines de tramitar y otorgar la jubilación ordinaria de la ciudadana Maria Eugenia Oporto Serres, tomando en consideración, para efectos del cómputo de la incidencia de la antigüedad en todos los beneficios que le correspondan, el período comprendido entre el 2 de abril de 2002 y la fecha de publicación del presente fallo. Asi se declara. 8 Como consecuencia de la anterior declaratoria, se ordena pagar la diferencia de los sueldos, bonos y demás beneficios dejados de percibir por la ciudadana María Eugenia Oporto Serres en el periodo comprendido entre el 2 de abril de 2002, fecha en la que se dictó el acto administrativo de la CFRSJ que fue anulado por la Sala Politico- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 21 de mayo de 2009, hasta la fecha de publicación del presente fallo, con relación a los mismos conceptos percibidos por el personal activo durante el mismo periodo. Así se decide. En atención a lo expuesto, esta Corte Disciplinaria Judiciai declara con lugar la apelación ejercida el 13 de diciembre de 2012 por la ciudadana María Eugenia Oporto Serres contra la sentencia dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial N° TDJ-SD-2012- 230 de fecha 11 de octubre de 2012 y su aclaratoria del 15 de enero de 2013. Así se declara. VI DECISIÓN En virtud de los razonamientos que preceden, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, 1. Declara PERimiDO el recurso de apelación interpuesto en fecha 13 de dicièmbred 2012 por las ciudadanas Carmen Mireya Tellechea de Lunar e Irma de la Trinidad Ávila Maestracci, contra la sentencia N° TDJ-SD-2012-230 de fecha 11 de octubre de 2012 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial. 2. Declara CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la ciudadana María Eugenia Oporto Serres contra la sentencia N° TDJ-SD-2012-230 de fecha 11 de octubre de 2012 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial y su aclaratoria de fecha 15 de enero de 2013. página original (tal como se publicó) [Página 25] 3. Se ANULA parcialmente el fallo N° TOJ-SD-2012-230 de fecha 11 de octubre de 2012 y su aclaratoria de fecha 15 de enero de 2013, dictados por el Tribunal Disciplinario Judicial. 4. Se ORDENA a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, instruir a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura a los fines de: 4.1. PAGAR la diferencia de los sueldos, bonos y demás beneficios dejados de entre el 2 de abril de 2002, fecha en la que se dictó el acto administrativo de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial que estableció la responsabilidad disciplinaria de las juezas Carmen Mireya Tellechea de Lunar, Irma de la Trinidad Ávila Maestracci y María Eugenia Oporto Serres, por haber incurrido en los ilicitos de abuso de autoridad, infracción de deberes legales y lesión a la respetabilidad del Poder Judicial, y se abstuvo de imponer la sanción de destitución, hasta la fecha de publicación del presente fallo, con relación a los mismos conceptos percibidos por el personal activo durante el mismo periodo. tomando en consideración para efectos del cómputo de la antigüedad el periodo comprendido entre el 2 de abril de 2002 y la fecha de publicación del presente fallo. Publiquese y Registrese. Remitase copia certificada de la presente decisión a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección, Ejecutiva de la Magistratura, al Sistema de Registro de Información Disciplinaria. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. / Se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el articulo 82 del Código de Ética. Dada, firmada y selada en el Salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de caracas, a los Vaintiztis2 días del mes de Havzode 2014. Años 203° de la Independencia y 155° de la Federación. El Juez Presidente, TULIO JMÉNEZ RODRIGUEZ La Jea vpepresidenta-Panente, ANA CECHLIA ZUAUETA RODRIGUEZ a Juez. MERLY SAQUELINE MORALES HERNÁNDEZ La Secretaria, MARIANELA GIL MARTINEZ Expediente N° AP61-R-2014-000006. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNALL JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Expediente N°AP61-D-2012-000297 En fecha cuatro (4) de junio de 2012, este Tribunal Disciplinario Judicial recibió oficio N° J.R 135-2012, de fecha (reinta (30) de mayo de 2012, suscrito por la Jueza Rectora de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en el que remite escrito de denuncia suscrito por la abogada MÓNICA SE.RRANO, titular de la cédula de identidad N° V-16.480.715, contra el ciudadano JOSÉ JESÚS RAMÍREZ GARCiA, titular de la cédula de identidad N° V-9.455.797, en su condición de Juez del Tribunal Primero del Municipio Simdn Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en Barcelona, a través de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, designándosele en esa misma oportunidad la nomenclatura AP61-D-2012-000297. En fecha once (11) de junio de 2012. la Oficina de Sustanciación recibió la anterior denuncia, acordó darle entrada a (os fines de verificar el cumplimiento de los requisitos de ley y recabar los elementos indiciarios de los hechos denunciados. En fecha seis (6) de agosto de 2012, el órgano instructor de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, consignó al expediente el informe correspondiente relacionado cor•as resultas de la investigación realizada, y en esa misma fecha ordenó la remisión de las actuaciones a este Tribunal. En razón de ello el dia siete (7) de agosto de 2012, este Tribunal Disciplinario Judicial, ordenó darle entrada al presente asunto y por distribución aleatoria, correspondió su ponencia al Juez HERNÁN PACHECO ALVÍAREZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión. Posteriormente, en fecha nueve (9) de agosto de 2012, este Tribunal articulo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana y presentase escrito de descargos relacionado con los hechos que dieron origen al presente procedimiento. Asimismo, se ordenó la notificación de la denunciante ciudadana Mónica Serrano, asi como informar a la Fiscal General de la República de conformidad con lo establecido en numeral 5 del articulo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En fecha veintiséis (26) de septiembre de 2012, se recibió oficio N° J.R 225- 2012 de fecha dieciocho (18) de septiembre de 2012, mediante el cual la Jueza ctorala Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, remite boleta de notificación del ciudadano JOSÉ JESÚS RAMÍREZ GARCÍA, y en fecha primero (1) de noviembre de 2012, el mencionado ciudadano consignó escrito de descargos constante de siete (7) folios útiles más setenta y un (71) folios útiles en anexos, asi se desprende de los folios sesenta y nueve (69) al doscientos cuarenta y siete (247) de la pieza N° 1 del presente expediente. Riela al folio doscientos cuarenta y ocho (248) de la pieza N° 1 del presente expediente auto de este Tribunal donde se señala que visto que las partes no promovieron pruebas y vencido como ha sido el lapso establecido en el articulo 62 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, se acordó fijar la audiencia oral y pública para el dia miércoles veintitrés (23) de enero de 2013, la cual fue celebrada en esa oportunidad, tal como consta en el acta cursante en los folios doscientos sesenta y nueve (269) y doscientos setenta (270) de la pieza N° 1 del presente expediente disciplinario. En razon de ello, y en cumplimiento del articulo 82 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, este Tribunal Disciplinario Judicial dicta el texto íntegro de la decisión, en los siguientes términos: DE LA DENUNCIA. El dia veinticuatro (24) de mayo de 2012 la ciudadana MÓNICA SERRANO, presentó ante la Jueza Rectora de la Cifcunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, escrito de denuncia contra el funcionario judicial JOsÉ JESÚs RAMiREZ GARCÍA, alegando las siguientes circunstancias: "(...) Es el caso ciudadano Juez Reqtor de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, comd bien se evidencia en las fechas desde el 02 de Diciembre de 2010,_se solicitó que se dictara sentencia y es hasta el 27 de enero de 2011,_cuando el Juez se pronuncia, no obstante de este lapso, para que tenga validez y publicidad la sentencia y quede firme el Juez tarde en estampar su firma y es fecha 18 de febrero de 2011 que se decreta la medida de Embargo, lo que trae como consecuencia nefasta que el demandado se insplventó. En vista de la sentencia definitivamente firme declarada CON LUGAR pero estar insolvente el demandado, se introdujo en fecha 28 de julio de 2011, un escrito solicitando al Juez del Tribunal que conoce esta causa, que se Levante el Velo Corporativo a varias empresas en las cuales los accionistas de la demandada EL MUNDO DEL PISO, C.A, tambien forma parte y de esa forma nuestra pretensión no quede ilusoria; tal como se evidencia en copia simple que anexo a los efectos vivendi, marcada con la letra "A". de (sic) documentos constitutivos de Actas constitutivas o Registrcs: de Comercio de varias empresas, con los alegatos antes expuestos (fundamentando las razones de hecho y de derecho para que sea levantado el Corporativo). Posteriormente sesolicitóel Velo Pronunciamiento (sic) de lo solicitado en fecha 28 de julio de 2011, (actualmente no se ha pronunciado),en vista de que el juez del a causa no se ha pronunciado de forma afirmativa o negando lo solicitado, dando lugar a Daños y Perjuicios causando a mi representado, por quedar ilusoria la pretensión, audiencia para referirse en farma verbal el caso al Juez de la causa, y que tomara consideración por todo el tiempo trascurrido, sin tener respuesta satisfactoria, solo evasivas, dilatando este proceso en menoscabo y perjuicio de los Derechos que a mi representado consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el ordenamiento Juridico vigente en el pais (...)" (Destacados del escrito de denuncia) i DE LOS ALEGATOS DEL JUEZ SOMETIDO AL PROCESO DISCIPLINARIO. Mediante escrito de fecha primero (1) de noviembre de 2012, el ciudadano É JESÚs RAMÍREZ, presentó sus descargos indicando: Jd TVIDINA "(...) Efectivamente el decreto firme de intimación se produjo en fecha 27 de enero de 2011, cuando habian trascurrido dieciséis (sic) (15) (sic) dias de despacho los cuales fueron: 06-07-08- 09-10-14-15-16-17-20-21 de diciembre y 17-18-19-24-25 y 27, inclusive, contados desde el dia siguiente de despacho página original (tal como se publicó) [Página 26] siguiente (sic) a la diligencia suscrita por la demandante, es decir transcurrieron diecisiete (17) dias de despacho para que el Tribunal se pronunciara,- Ahora bien, la demandante solicito (sic) en una ocasión al tribunal (2 de diciembre de 2010) procediera a dictar el decreto de ejecución, cuestión que se Resolución (sic) N° 2009-000p6 de fecha 18 de marzo de 2009 emanada del TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA donde se modificó la cuantía de los Trbunales de Municipio. los mismo se congestionaron de manera brutal en virtud de la enorme cantidad de causas que nos correspondió conocer a partir de ese momento, a tal hecho que er estos momentos se manejan cincuenta y dos (5152) asuncos.- Hago este señalamiento por cuanto haber declarado firme el decreto de intimación el 27 de enero de 2011 y como ya dije fueron diecisiete dias de despacho luego de haberio solicitado la parte actora, considero en consideración que en el mes de diciembre y enero son los meses mas (sic) complicados en cuanto a la gran cantidad de trabajo que ingresa y a los cuales hay que darles respuesta'. (...) posteriormente al 02 de febrero de 2011 la apoderada actora solicita al Tribunal la ejecución forzosa de la sentencia lo despacho después de haberse solicitado. Librada la comisión trascurriendo cuatro (4) dias de despacho para que la parte viniera a solicitarle al alguacil su remisión, habiendo sido recibida por el Juzgado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolivar y Diego Bastista Urbaneja del estado Anzoátegui, en fecha 03 de marzo de 2011, siendo devuelta el 09 de junio de 2011 por falta de impuso procesal, es decir que la intimante ni siquiera se trasladó el Tribunal Ejecutor a la sede de la empresa para ejecutar la medida porque como ella lo habia señalado estaba cerrada, situación esta que no se evidencia de ningún hecho en especifico por cuanto la actora produjo el cierre de la empresa demandada.- No quiero con esto señalar que la demandante hay sido la responsable de los considerar, como ya lo he dicho, la emorme cantidad de trabajo este Despacho (sic), creo que no es justo porque está dando solamente.- de la misma manera debo expresar que he tenido algunos problemas con el personal, como es el necho de que vi obligado a designar como Secretano Suplente al Asistente confrontando problemas con la persona que con anterioridad ocupó dicho cargo, además el hecho del disfrute de vacaciones y reposos médicos que restan ce ridad a los asuntos a sustanciar. (...) En fecha 18 de ulio de 2011, la actora introdujo un escrito donde se solicita se levante el velo corporativo a varias empresas en las cuales los accionistas de la demandada EL MUNDO DEL PISO C.A., también forma e e e Posteriormente el 19 de septiembre de 2011 mediante diligencia la Abg. MONICA (sic)SERRANO, en su carácter de autos, ratifica el escrito sobre el levantamiento del velo corporativo, lo cual hace nuevamente el 12 de diciembre de 2011 y el 21 de marzo de 2012.-Ratifico lo arriba señalado en cuanto a la enorme cantidad de trabajo, la ausencia por causa justificada de algunos asistentes y aunado a ello muchas veces los expedientes se extravian por cuanto no se cuenta con un desenvolviendo (anexo fotografías del archivo) no es que quiera evadir mis responsabilidades pero son situaciones que muchas veces ocasionan problemas que nos dificulta el normal desenvolviendo de las tareas que tenemos que cumplir.- ahora n e n s impensable que yo pudiera tener algún interés en retardarle su hubiera producido un incidente que hubiera ocasionado mi inhibición (...)" médicos del personal adscrito al juzgado a su cargo desde el 1/1/2011 hasta el 21/6/12; fotografías del archivo del tribunal a su cargo y copias certificadas del libro de préstamo de expedientes del Tribunal Primero del Municipio Simón Bolivar del Es do Anzoátegui desde el dia dieciocho (18) de julio de 2011 al veintidós (22) de marzo de 2012. 1 DE LA COMPETENCIA DE TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL. Corresponde a este Tribunal Di$cíplinario Judicial, enprimerlugar. pronunciarse acerca de su competencia paca el conocimiento del presente proceso ciplinario, en los términos siguientes: La Constitución de la República Bolvariana de Venezuela, publicada en la ceta Oficial N° 36.860, de fecha treinta ($0) de diciembre de 1999, es el primero los veintiséis (26) textos constitucionales que han regido en Venezuela desde su independencia de España, que incorpora la disciplina del Poder Judicial como un ejercicio encomendado a una jurisdicción judicial y no a un órgano administrativo. En este sentido, la Constitución de 1961 establecia que la dirección y vigilancia de los tribunales estaba a cargo de un órgano administrativo distinto e independiente al Máximo Tribunal de la República, conocido como Consejo de la Judicatura. No obstante, con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se modificó el sistema anterior, tal como lo establece su articulo 267: "Articulo 267. Corresponde al Trbunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la elaboración y ejecución de su propio presupuesto. La jurisdicción disciplinaria judicial estará a cargo de los tribunales disciplinarios que determine la ley. El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estará fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana que dictará la Asamblea breve, conforme al debido proceso, en los términos y regionales" De conformidad con el articulo anterior, se escinden dos potestades: Una que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, para la dirección, gobierno; administración, inspección, vigilancia y autonomia presupuestaria del Poder Judicial; y la otra potestad que es de índole disciplinaria, que corresponde únicamente a lps tribunales disciplinarios que se crearon mediante la respectiva ley. Encontramos de este modo, una organicidad que ejerce las potestades administrativas del fribunal Supremo de Justicia y por otro lado una jurisdicción que ejerce funciones disciplinarias. Con fundamento en lo anterior, fue intención de los constituyentes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la separación de la organicidad del Tribunal Supremo de Justicia de los órganos encargados de la disciplina judicial, creando de este modo una jurisdicción separada, bajo el nombre tribunales encargados que conformarían la referida organización. La competencia legal para e ejercicio de la potestad disciplinaria en el poder judicial, la encontramos expresada en el artículo 39 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana: "Articulo 39. Los órganos que en el ejercicio de la jurisdicción tienen la competencia disciplinaria sobre los jueces y juezas de la República, son el Tribunal Discipínario Judicial y la Corte primera y segunda instancia, respectivamente, los Judicial contará con la Secretaría corresponderte y los servicios de Alguacilazgo". Como se desprende del presente artículo, el Tribunal Disciplinario Judicial ostenta la competencia de aplicar el régimen disciplinario, lo cual se traduce en la salvaguarda de los principios orientadores y deberes en materia de ética previstos en el señalado Código, imponiendo ante su incumplimiento, las sanciones disciplinarias previstas en los articulos 31. 32 y 33 eiusdem. Siendo asi las cosas, queda claramente establecida la competencia de este procedimientos disciplinarios. Asi se decide. IV DE LA AUDIENCIA. El veintitrés (23) de enero de 2013, siendo la oportunidad fijada, se llevó a V ezolano y la Jueza Venezolana, estando constituido el Tribunal Disciplinario ial por los jueces principales, reunidos en la Sala de Audiencias, en presencia deez denunciado ciudadano JOSÉ JESÚS RAMiREZ GARCÍA y de la ciudadana MÓuCA SERRANO, en su condición de denunciante. JO JUDICIAL Del desarrollo de la mencionada audiencia se desprende que el Tribunal se reservó hasta el dia treinta (30) de enero de 2013, la oportunidad para dictar el dispositivo, dictándolo de la siguiente forma: "(...) Este Tribunal observa que la pretensión de la denunciante está dirigida a obtener una declaración judicial, que establezca la existencia de responsabilidad disciplinaria contra el constitucional y legal en la tramitación de la causa judicial N° pronunciamiento sobre lo peticionado por ella en dicha causa. De los recaudos y actas judiciales que cursan en el presente expediente disciplinario se pudo constatar que el Tribunal Primero del Municipio Simón Borvar del Estado Anzoátegui a cargo del juez denunciado admitió demanda por cobro de sociedad mercantil INDUSTRIAS RABBAT C.A, contra la sociedad mercantil EL MUNDO DEL PISO C.A y que se cumplieron con las fase procesales relativas a ese proceso página original (tal como se publicó) [Página 27] especial intimatorio, hasta que le fecha 18 de julio de 2011 la apoderada judicial de la parte ejecutante, mediante escrito solicitó se decretara el levantamiento del velo corporativo de las , sociedades mercantiles indicadas en el mencionado escrito; donde (según lo alegado por la demandante) los socios de eses (sic) empresas eran las misma (sic) personas que aparecian como socios de la empresa demandada en la prenombrada causa judicial N° M-201p-000130, sin que hasta la presente, el juez denunciado se hay (sic) pronunciado sobre lo solicitado por la parte demandante. En efecto, observa este Tribunal en el presente expediente rie an diligencias de fechas 18 de julio de 2011. 29 de septiembre de 2011, 12 de diciembre demandante y dirigidas al Tribural a cargo del Juez denunciado, mediante las cuales so icitó el pronunciamiento sobre la petición de decretar el levantamiento del velo corporativo mencionado supra y hasta la fecha, no se desprende de las actas que rielan al presente expediente, que el mencionado juzgador se hay (sic) pronunciado al respecto. Para resolver el presente asunto, este Tribunal debe tomar en cuenta si hubo o no inobservancia injustificada por parte del funcionario judicial denunciado, al no pronunciarse sobre lo peticionado por la parte denunciante en la oportunidad señalada supra y en la oportunidad egal correspondiente. El articulo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela indica: 'Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justica para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos y difusos; a la tutela judicial efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita accesible, imparcial, idónea, transparente. autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles' (Rayado del Tribunal). La referida norma constitucional protege administración de justicia debe ser obtenida con prontitud y sin dilaciones y además, esa garantia debe ser entendida como el dentro de un plazo razonable, pof lo tanto, la falta de cumplimiento del órgano jurisdiccional de los lapsos procesales, es una condición necesanja mas no suficiente para declarar que hubo dilación indebida o retardo judicial .ahora (sic) bien, la determinación de ese plazo razonable no es posible hacerla a través de una regla concreta, pues cada caso reviste peculiaridades que lo distinguen de otros. En el presente caso, el Juez denunciado durante el desarrollo del proceso disciplinario, alego el grave estado en el que se encuentra la sede del Tribunal a su cargo, acompañando exposiciones fotográficas para evidenciar esa anómala situación, además, que alego la gran cantidad de trabajo producto de las distinta competencias que le toca conocer a raiz de la resolución emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, donde amplió la competencia por la cuantía la materia a los tribunales municipales. Sin embargo, se evidenció de la investigación realizada por la Oficina de Sustanciación de la Jurisdicción disciplinaria Judicial, que en fecha veintiocho (28) de jullo de 2011 la parte denunciante introdujo escrito ante el Tribunal a cargo del Juez denunciado, mediante el cual solicitó el levantamiento del velo corporativo a varias empresas mencionadas en dicho escrito y por las razones que consideró alegar er esa oportunidad. Pero es el caso que a pesar de las múltiples diligencias suscritas en fecha 18 julio de 2011, 29 de septiembre de 2011, 12 de diciembre de 2011 y 21 de marzo de 2012 por la parte denunciante a fin de que el Juez denunciado se pronunciarse sobre lo peticionado; habiendo transcurrido más del tiempo razonable para que hubiera habido pronunciamiento sobre lo solicitado, no costa (sic) en autos que el Juez cuestionado haya dado cumplimiento a su tarea de juzgar. Asimismo indica el articulo 10 del Código de Procedimiento Civil (...) De lo que está demostrado en los autos, que el retardo en que ocurrió el Juez denunciado, constituye un hecho omisivo el cual es reprochable para este órgano jurisdiccional, ya que tuvo un retraso procesal de más de un (1) año para resolver una simple solicitud a quien le pertinente encuadrar ese retraso en lo previsto en el numeral 1° del articulo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Ahora bien, (omando en consideración el grave estado de funcionamiento en que se encuentra la sede del Tribunal donde despacha el Juez denunciado. lo cual quedó evidenciado de las exposiciones fotográficas acompañadas en su oportunidad legal correspondiente, además, que en el expediente administrativo se observa que ha mantenido una conducta intachable en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, debe este órgano jurisdiccional sancionar al funcionario judicial cuestionado, con la suspensión del ejercicio del cargo que ejerce como Juez Suplente Especial del Tribunal Primero del Municipio Simón Bplivar de la Circunscripción definitivamente firme la decision de mérito. Asi se declara (...)" V DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA. De conformidad con lo alegado por la parte denunciante en su escrito de denuncia así como las defensas del juez denunciado expresadas en su escrito de descargos, observa este Tribunal que los limites de la controversia se circunscriben RAÑTOS GUAYANA EL TIGRE, C.A. y el embargo de bienes propiedad de los ciudadanOs JOSÉ GREGORIO OLAVARRIETÀ y FARIDY JOSEFINA LAMORTE PATETE. titulares de la cédula de identidad Nros. V-6.869.557 y V-12.210.389, respectivamente, efectuada en fecha dieciocho (18) de julio de 2011, por la parte demandante y que hasta la fecha en la que se presentó la denuncia no había sido resuelta. VI DE LAS PRUEBAS. Ahora bien, con relación a las pruebas promovidas por las partes intervinientes, este Tribunal observa que el juez denunciado no hizo uso de su derecho a promover pruebas en la oportunidad procesal establecida en el articulo 62 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, es decir, en el lapso de promoción de pruebas. En relación a esta actividad procesal, es conducente traer a colación el criterio establecido por la Corte Disciplinaria Judicial en sentencia N° 32 de fecha quince (15) de noviembre de 2012, que estableció: "(..) Del contenido del articulo 54 citado se puede apreciar que el procedimiento disciplinario previsto en el Código de Ética, ha incluido como requisito de la denuncia hacer referencia a las pruebas y a los anexos que la acompañan, imponiendo de esta forma al accionante la obligación de enunciar los medios de prueba que han sido acompañados al momento de presentar la denuncia. Por su parte el articulo 62 en comento dispone el lapso de prorioción de pruebas sólo para el investigado -en este caso la jueza ROSA ELENA RAEL MENDOZA-, que se abrirá de pleno derecho después de su acto de descargo, durante cinco (5) días, dando lugar a la fase de oposición, admisión y evacuación de pruebas. De igual forma los articulos 57 y 74 del Código de Ética del actividad probatoria en el curso del procedimiento de primera instancia, el primero versa sobre la solicitud de práctica de diligencias de los intervinientes en el proceso, y el segundo, sobre la valoración de las pruebas (...) Sobre la base de los articulos 864 y 868 citados, aplicables por remisión del Código de Ética, el denunciante debe al momento de presentar su denuncia acompañar "toda la declaración en el debate oral". La comisión de acompañar y proponer los referidos medios de prueba, determina su inadmisibilidad posterior conforme a lo prevé ei mismo articulo 864, en su único aparte. Consecuentemente, la admisión de los documentos presentados por el denunciante (escrituras públicas o privadas, copias de sentencias, etcétera), y la admisión de los testimonios que proponga para su ordenación en la fase de evacuación de pruebas prevista en el articulo 62 del Código de Ética, estará condicionada al hecho de que las haya presentado e invocado, respectivamente al momento de presentar su denuncia, pudiendo solicitar cualquiera de los intervinientes otras diligencias para el esclarecimiento de los hechos de conformidad con el articulo 57 del Código de Ética, lo cual es aplicable para las demás que se hayan iniciado a instancia de parte, y asi se establece. Esta acumulación de pruebas con pa denuncia en esta etapa preparatoria o de introduccion de la causa, es manifestación del principio de concentración procesal previsto en el articulo 3 del Código de Ética, que supone un esfuerzo mayor del denunciante. el cual, no sólo dpbe redactar o presentar su denuncia, sino que tiene la carga de presentar con ella las documentales y enunciar las testimonios de los cuales se quiera valer con posterioridad en el proceso. Considera oportuno esta alzada destacar que lo expuesto es aplicable al procedimiento en primera instancia (...). En correspondencia con lo anterior, la intervención por parte del denunciante en la fase probatoria prevista inmediatamente después del descargo del funcionario objeto de la averiguación disciplinaria, está limitada al control y contradicción de las pruebas que este último presente, salvo la habilitación prevista en el articulo 57 del Código de Ética. Asi se decide. (...)" (Resaltado de la cita) En consideración al criterio fijado por la Corte Disciplinaria Judicial en la decisión supra transcrita y en virtud de la inactividad probatoria por parte del juez sometido a procedimiento disciplinario, -en la oportunidad de promover pruebas— es motivo por el cual esta instancia judicial deja constancia de ello y pasa a valorar las pruebas aportadas por la denunciante al momento de interponer su denuncia, asiomo las aportadas por el juez junto a su escrito de descargos: DE LOS ANEXOS PRESENTANDOS JUNTO CON EL ESCRITO DE DENUNCIA: 1) Copia simple del libelo de demanda presentado ante el Tribunal Primero del Municipio Simón Bolivar de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui junto con el auto de fecha trece (13) de agosto de 2010, donde se admitió la demanda y se ordenó la intimación de la demanda asi como la boleta de intimación. Este Tribunal Disciplinario Judicial la aprecia y valora según lo dispuesto en el primer aparte de artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y por cuanto no fue impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal el valor probatorio, porque demuestra la oportunidad en la que se presentó escrito de demanda intimatorio por la ciudadana NUN SALIM RABBAT KIAMI, en su carácter de representante de INDUSTRIAS RANNAT C.A.. asistida por la abogada MÓNICA SERRANO contra la Sociedad Mercantil denominada el MUNDO DEL PISO C.A. 2) Copia simple del escrito de fecha dieciocho (18) de julio de 2011, mediante el cual se solicitó el levantamiento del velo corporativo de las empresas EL MUNDO DEL PISO, C.A.: GRANITOS GUAYANA ORIENTE, C.A y GRANITOS GUAYANA EL TIGRE, C.A y el embargo de bienes propiedad de los ciudadanos JOSÉ GREGORIO OLAVARRIETA y FARIDY JOSEFINA página original (tal como se publicó) [Página 28] LAMORTE PATETE, titulares de la cédula de identidad Nros. V- 6.869.557 y V-12.210.389, respectivamente. Este Tribunal Disciplinario Judicial la aprecia y valora conforme lo establece el primer aparte del articulo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia cor lo establecido en el articulo 1.384 del Código Civil y por no haber sido impugnada dicha copia dentro de la oportunidad legal establecida, se tiene como fidedigna y por tanto el Tribunal le confiere el valor probatorio, por cuanto demuestra que se presentó escrito de solicitud de medida de embargo y levantamiento del velo corporativo de las empresas EL MUNDO DEL PISO, C.A.; GRANITOS GUAYANA ORIENTE; C.A y GRANITOS GUAYANA EL TIGRE, C.A, asÍ como la de embargo sobre bienes propiedad de los ciudadanos JOSÉ GREGORIO OLAVARRIETA y FARIDY JOSEFINA LAMORTE PATETE, Supra identificados. DE LOS ANEXOS ACOMPAÑADOS CON EL ESCRITO DE DESCARGOS. 1) Reporte original de vacaciones y reposos médicos de los funcionarios adscritos al Juzgado Primero del Municipio Simón Bolivar de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, expedido por la División de Servicios al Personal de la Dirección Administrativa Regional del Estado Anzoátegui, con sello húmedo del organismo; consignado por el juez denunciado a los fines de demostrar que el hecho del disfrute de las vacaciones y reposos médicos por parte del personal restan celeridad a los asuntos a sustanciar, inserto al folio ciento setenta y siete (177) de la pieza N° 1 del presente expediente. A respecto, este Tribunal le concede valor probatorio según lo dispuestp en el primer aparte del articulo 429 del Código de Procedimiento Civil. coda vez que del referido reporte se evidencian los días en los cuales el personal que labora en el juzgado a cargo del juez denunciado se encontraba ausente por reposo médico asi como por vacaciones, constatándose de las fechas que las mismas no coinciden con el dia dieciocho (18) de julio de 2011, es decir, con la oportunidad en la que es solicitada por primera vez el levantamiento del velo corporativo y la medida de embargo por la ciudadana Mónica Serrano, lo que significa que en la referida oportunidad los funcionarios de ese despacho —alguacil, archivista y asistentes—se encontraban en el ejercicio de sus deberes, razón por la cual se aprecia en virtud de que demuestra que en el lapso allí registrado que el juez no contó con todo el personal sino que algunos funcionarios no estaban presentes en el Tribunal por disfrute del periodo de vacaciones o por problemas de salud. Asi se declara. 2) Fotografías del archivo consignadas por el juez denunciado a los fines de demostrar las condiciones en las cuales se encuentra el archivo del tribunal a su cargo, cursantes a los folios ciento setenta y ocho (178) al ciento ochenta (180) de la pieza N° 1 del presente expediente. Este Tribunal a los fines de valorar (a referida fotografía, observa que en sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, bajo el N° RC.00472 de fecha diecinueve (19) de julio de 2005, caso: Producciones 8 % C.A.. contra Banco Mercantil (Banco Universal). se estableció: "(...) Como puede observarse, la doctrina es conteste al considerar respecto a la tramitación de las pruebas libres que siguiente: 1.- El promovente de un medio de prueba libre representativo, esto es, fotografías, peliculas cinematográficas, audiovisuales, y otras de similar naturaleza, tiene la carga de proporcionar al juez, durante el lapso de promoción de pruebas, aquellos medios probatorios capaces de demostrar la credibilidad e identidad de la prueba libre, lo cual podrá hacer a través de cualquier medio probatorio. 2.- El juez en la oportunidad de pronunciarse sobre la admisibilidad de dicha 395 del Código de Procedimiento Civil, establecer la manera en que ésta se sustanciará: y en caso de que el medio de prueba libre sea impugnado, debe (implementar en la tramitación la oportunidad y forma en que deha revisarse la credibilidad e idoneidad de la prueba; pues sófo cumpliendo con esa formalidad por delegación expresa del legislador cumple el proceso su finalidad, que es un instrumento para alcanzar la justicia según lo dispone el articulo 257 de nuestra Carta Magna, al mismo tiempo, se garantiza el debido proceso y derecho de defensa de las partes. 3.-Una vez cumplidas estas formalidades, el sentenciador determinará en la sentencia definitiva -previo al establecimiento de los hechos controvertidos-, si quedó demostrada la credibilidad y fidelidad de la prueba libre en cuestión; caso contrario, desestimará dicha prueba, pues si bien se trata de medios probatorios que no prejuzgan sobre el fondo del litigio son indispensables para que una vez establecidas dichas circunstancias, el juez pueda establecer con plena libertad los hechos que se desprenden de valoración de los medios de prueba libre, especificamente la prueba de fotografías, este Tribunal fija los siguientes requisitos como necesarios para la promoción de este medio probatorio en juicio: a) Que el promovente aporte, no sólo las fotografías, sino todas aquellas contenidas en el rollo fotográfico o en el chip en caso de tratarse de una cámara digital; b) Que el promovente acompañe la cinta, rollo y chip debidamente identificado con sus negativos de ser el caso; c) Que el promovente acompañe e indique la cámara o medio mecánico o digital por medio del cual se realizó la fotografía, debidamente identificada; d) Que el promovente indique el lugar, día y hora en que fue tomada la fotografía; e) Que el promovente identifique la persona que realizó la fotografía, y en caso de ser un tercero ajeno al proceso, deberá proponerse igualmente la prueba testimonial de éste, con la finalidad de que ratifique los hechos de lugar, modo, tiempo donde fue tomada la fotografía, para que pueda ser repreguntado por el contenedor judicial, y: f) Que el promovente señale cualquier ituación que pueda ayudar a demostré! la autenticidad de la fotografía. Al respecto, este Tribunal observa que la presente prueba no cumple con ningún requisito que permita el control de a prueba y por ende la verificación de autenticidad del medio, a los fines de aportar la certeza de los hechos que se pretenden demostrar con las fotografías razón por la cual se desecha por IRREGULARMENTE PROMOVIDA. Asi se declara. 3) Copias certificadas del libro de préstamo de expedientes llevado por el Juzgado Primero del Municipio Simón Bolivar de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoáteguj, insertas en los folios ciento ochenta y uno (181) al doscientos cuarenta y siete (247) de la pieza N° 1 del presente expediente, consignada por e juez denunciado a los fines de demostrar que desde el dia dieciocho (18) de julio de 2011 —fecha en la cual se solicitó el levantamiento del velo corporativo— hasta el dia veintiuno (21) de marzo de 2012 —fecha de la última diligencia de la actora— la ciudadana Mónica Serrano, no solicitó el expediente para sostener una entrevista con él. Al respecto, este Tribunal observa que el hecho que pretende ser probado con este medio, no constituye un hecho controvertido, razón por la qual se desecha por IMPERTINENTE, las copias certificadas del libro de préstamo de expediente. Asi se declara. VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR. Ahora bien, a los fines de determinar la existencia de responsabilidad disciplinaria del funcionario judicial JOSÉ JESÚS RAMÍREZ GARCÍA por haber incurrido presuntamente en violaciones de indole constitucional y legal en la tramitación de la causa judicial N° M-2010-000130; al retardar injustificadamente el pronunciamiento sobre lo peticionado, observando injustificada y reiteradamente los plazos y términos judiciales, se enmarcó la conducta en el ilicito disciplinario previsto en el numeral 1 del articulo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, el cual establece: "Articulo 32. Son causales de su$pensión del juez o jueza: Inobservar sin causa justificada los plazos o têrminos 1. legales para decidir o dictar alguna providencia, o diferir las sentencias sin causa justificada expresa en el expediente respectivo (...)" Conforme al ilicito disciplinario, la denunciante alegó que desde el dia dos (2) de diciembre de 2010, le solicitó al juez sometido a procedimiento disciplinario que dictara sentencia, lo cual hizo el dia veintisiete (27) de enero de 2011, no obstante el juez denunciado tarde en estampar su firma, y en fecha dieciocho (18) de febrero de 2011, decretó la medida de embargo, lo que —a su decir— trajo como consecuencia que el demandado se insolventara y en vista de esa insolvencia, introdujo en fecha dieciocho (18) de julio de 2011, un escrito solicitando al juez denunciado, que se levantase el velo corporativo a varias empresas en las cuales los accionistas de la demandada EL MUNDo DEL PISO, C.A, también formaban parte y de esa forma su pretensión no quedar la ilusoria, asi como el embargo de bienes de los ciudadanos JOSÉ GREGCRIO OLAVARRIETA y FARIDY JOSEFINA LAMORTE PATETE, solicitando el pronunciamiento de la anterior especificamente en las siguientes fechas: 1) veintinueve (29) de septiembre de 2011, folio ciento veinticuatro (124) de la pieza N° 1: 2) doce (12) de diciembre de 2011, folio ciento veintiséis (126) de la pieza Nf 1. y 3) veintiuno (21) de marzo de 2012, folio ciento veintiocho (128) de la pieza N° 1, sin que hasta la oportunidad de presentación de la denuncia se haya pronunciado, lo que ha causado daños y perjuicios a su representado, por quedar ilusoria la pretensión. Agregó la denunciante, que en varias oportunidades solicitó audiencia para referirse en forma verbal el caso al juez de a causa, a fin de que tomara en página original (tal como se publicó) [Página 29] consideración todo el tiempo trascurrido, sin tener respuesta satisfactoria, sino solo evasivas, dilatando el proceso en menoscabo y perjuicio de los derechos de su representado consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el ordenamiento juridico vigente. Por su parte, el juez investigado alegó que efectivamente el decreto firme de intimación se produjo en fecha veintisiete (27) de enero de 2011, cuando habian trascurrido dieciséis dias de despacho los cua es fueron: 6-7-8-9-10-14-15-16-17- , 20-21 de diciembre y 17-18-19-24-25 y 27, perq que la demandante solicitó en una ocasión al tribunal —dos (2) de diciembre de 2010— procediera a dictar el decreto de ejecución. Asimismo, manifestó que partir de a resolución N° 2009-00006 de fecha dieciocho (18) de marzo de 2009 emanada del Tribunal Supremo de Justicia, que modificó la cuantía de los Tribunales de Municipio, estos se congestionaron de manera brutal, manejando actualmente entre demandas, solicitudes y comisiones un aproximado de cinco mil ciento cincpuerta y dos (5152) asuntos, considerando que no fue un tiempo exagerado para decidir; aunado a que el mes de diciembre y enero son los meses más complicados en quanto a la gran cantidad de trabajo que ingresa y a los cuales hay que darles respuesta. Continuo el juez denunciado señalando que, el dos (2) de febrero de 2011 la apoderada de la actora solicitó al tribunal (a ejecución forzosa de la sentencia, lo cal fue acordado el dia dieciocho (18) de febrero de 2011, es decir, nueve (9) dias espacho después de haberse solicitado, que librada la comisión para la d ución del decreto firme de intimación, esta fue remitida al tribunal ejecutor de ej mecdas el dia veintiocho (28) de febrero de 2011, trascurriendo cuatro (4) dias de "despacho para que la parte solicitara al alguacil la remisión, siendo recibida por el gado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolivar y Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, en fecha tres (3) de marzo de 2011. y devuelta el nueve (9) de junio de 2011 por falta de impulso procesal. Asimismo, señaló que tuvo algunos problemas con el personal a su cargo, aunado al hecho del disfrute de vacaciones y reposos médicos de los funcionarios. lo cual a su dicho le resta celeridad a los asuntos a sustanciar. Que en fecha dieciocho (18) de julio de 2011, la actora introdujo un escrito donde se solicitó se levantará el velo corporativo a varias empresas en las cuales los accionistas de la demandada EL MUNDO DEL PISO C.A., también forman parte, escrito que fue ratificado el veintinueve (29) de septiembre de 2011; el doce (12) de diciembre de 2011 y el veintiuno (21) de marzo de 2012, pero que por la enorme cantidad de trabajo, la ausencia por causa justificada de algunos asistentes x las muchas veces que los expediente$ se extravian por cuanto no se cuenta con archivo en condiciones aceptables para un buen desenvolvimiento; no se dio puesta en la oportunidad correspondiente. Finalmente indicó, que la denunciante nunca solicitó hablar con su persona, porque era impensable que él pudiera tener algún interés en retardarle su proceso, ci hubiera sido asi, lo más probable es que se hubiera producido un incidente que hubiera ocasionado su inhibición. Al respecto, este Tribunal Disciplinario a los fines de pronunciarse sobre los hechos controvertidos en la presente causa, observa la sentencia N° 1565 del once (11) de junio de 2003 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que estableció lo siguiente: "(...) Visto que para resolver el presente caso debe tenerse en indicar que la misma debe ser entendida como el derecho de razonable, por lo tanto, la falta de cumplimiento del órgano jurisdiccional de los lapsos procesales es una condición necesaria mas no suficiente para declarar que hubo dilación indebida o retardo judicial. (...) Omisss (...) La conducta de la autoridad judicial es importante en el tema en cuestión, pues si se constata que hubo una duración anormal del proceso y que no existe una explicación que la justifique por parte del órgano jurisdiccional correspondiente, puede hablarse de dilación indebida o retardo jucicial. (...) Omiss (...) Finalmente, debe verificarse si el retardo judicial ha causado un perjuicio al accionante (...)". Asimismo, mediante sentencia N° 1914 del primero (1°) de diciembre de 2008, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pronunció criterio ratificando la sentencia N° 2627 del doce (12) de agosto de 2005, de esa misma Sala que estableció: "(...) En tal sentido, acota la Sala, que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas es un derecho de configuración legal. En consecuencia, dicho derecho contiene un mandato al legislador para que ordene 'el proceso de forma que se alcance el dificil equilibrio entre su rápida tramitación y las garantias de se la defensa de las partes', proporcionando los medios legales para que el Juez pueda evitar las maniobras dilatorias. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas plantea como principal problema el determinar qué debe entenderse por 'dilación indebida'. Al respecto, el Tribunal Constitucional Español. en sentencia No. 36/1984. estableció: 'El concepto de indeterminado o abierto que ha de ser dotado de contenido concreto en cada caso afendendo a criterios objetivos congruentes con su enunciado genérico. Estima la Sala, que la dilación debida no hace referencia exclusiva y de manera inmediata a los plazos procesales traspasado en el cumplimiento de los mismos. Los plazos deben constituirse en orientadores del juicio de valor que ha de precisar si se ha producido o no una dilación indebida. Pues el derecho a que los plazos se cumplan'. Los plazos deben cumplirse, pero el cumplimiento de los mismos no puede entenderse dentro de la categoria de derecho fundamental. En tal sentido, no es posible entonces decidir en abstracto, qué son dilaciones indebidas y cuándo estamos en presencia de la infracción de tal derecho, dejando en todo caso establecidos ciertos criterios objetivos a ser tomados en cuenta por el juzgador, al momento de decidir sobre la supuesta violación denunciada. De allí que, en todo caso, debe apreciarse, entre otros criterios, la complejidad del asunto, la conducta personal del justiciable. el riesgo del demandante en el proceso y la conducta de los órganos judiciales. A criterio de la Sala, este altimp, es obviamente el criterio determinante, siendo la evaluacion del mismo independiente del requerimiento de responsabidad disciplinaria del órgano judicial y de las carencias que afectan las estructuras de la administración de justicia (..) De las sentencias transcritas se colige que la determinación de la existencia de retardo judicial indebido dependerá de las circunstancias de cada caso concreto, para lo cual deberán tomarse en cuenta, entre otras, la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigips del mismo tipo, la conducta procesal del interesado y de las autoridades implicadas y las consecuencias que de la demora se siguen para los litigantes, en tal sentido el procedimiento que da origen al presente proceso disciplinario, era e de intimación, el cual se caracteriza por tenera cognición reducida y un carácter sumario, es decir, es breve y persigue en forma rápida el decreto intimatoro o el titulo ejecutivo procediéndose sin mas a lalejecución. Conforme a lo anterior y en relación al ilicito disciplinario denunciado, es TDJ-SD-2012-102, de fecha veinticuatro (24) de abril de 2012, que estableció: "(...) No obstante, este Tribunal Discplinario Judicial considera necesario precisar que el solo hecho de haber dictado fuera del lapso una sentencia o, en general haber emitido cualquier decisión fuera del lapso establecido en la ley no constituye per se un hecho antijurídico, pues pueden existir circunstancias en cada caso que eximan de eventuales responsabilidades a los jueces que incumplan los lapsos procesales. (...) Omis$is (..) De las sentencias transcritas se colige que la determinación de la existencia de retardo judicial indebido dependerá de las circunstancias de cada caso concreto, para lo cual deberán la conducta procesal del interesado y de las autoridades implicadas y las consecuencias que de la demora se siguen para los litigantes, pues el solo ncumplimiento del lapso legalmente establecido no constituye un hecho ilicito por parte del juez de la causa, toda vez que, como lo ha establecido el Tribunal Supremo de Justicia en las sentencias citadas, los proceso intelectivo para determinar s se ha producido o no una dilación indebida que para que se corfigure el retardo judicial. Otra de las circunstancias que para este Tribunal Disciplinario Judicial es de obligatoria consideración, es la cantidad de actuaciones jurisdiccionales que haya realizado el tribunal en cuestión en un periodo determinado, pues es razonable que la realización de una elevada cantidad de actos le haya impedido al juez decidir una o varias causas — en general la realización de cualquier acto procesal- dentro de los lapsos previstos en la ley. Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, el lapsos para la realización de los actos procesales, sean estos "retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los jueces que inobserven 'sin causa justificada los plazos o términos legales para decidir o dictar alguna providencia, o diferir las sentencias sin causa justificada expresa en el expediente respectivo'; de igual forma, en el numeral 6 del ilegalmente una medida. providencia, decreto. decisión o sentencia, aunque no se hubiere interpuesto por dichos página original (tal como se publicó) [Página 30] motivos el procedimiento de qupja en su contra para hacer * correspondiente a la denegación de justicia"; y finalmente en el "Incurrir en retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos, siempre que con ello se menoscaben derechos o efectiva'. De lo anterior se observa, que el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana exige, para que el responsabilidad disciplinaria de juez, que la conducta sea injustificada, ilegal o que adicionalmente menoscabe derechos o garantias fundamentales, lo cual exige el análisis de las circunstancias del caso concreto a los fines de determinar si existieron causas razonables que le impidieron al juez cumplir JUDICIAL con los lapsos establecidos en las leyes. (...)" (Resaltado propio del Tribunal). En consideración a los señalamientos indicados supra, este órgano jurisdiccional entiende que el espiritu plasmado por el Legislador en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, se orienta a sancionar como ilicito disciplinario la inobservancia de (os lapsos para la realización de los actos procesales, sean estos de carácter decisorio o no, cuando no exista una justificación para ello. En efecto, en el numeral 6 del articulo 31 eiusdem se sanciona a los jueces o juezas que incurran en "retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos": y, asimismo, en el numeral 1 del articulo 32 eiusdem se sanciona a los jueces que inobserven "sin causa justificada los plazos o términos legales para decidir o dictar alguna providencia, o diferir las sentencias sin causa justificada expresa en el expediente respectivo"; de igual forma, en el numeral $ del artículo 32 eiusdem se sanciona a de o sentencia, aunque no se hubiere interpuesto por dichos motivos el ppcediento de queja en su contra para hacer efectiva la responsabilidad civil, ni lacc penal correspondiente a la denegación de justicia": y finalmente en el numeral3 del articulo 33 eiusdem se sanciona a los jueces por "incurrir en retrasos dedos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos, siempre que con ello se menoscaben derechos o garantias fundamentales en el marco de la tutela judicial efectiva". De lo anterior, se observa que el Códigg de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana y específicamente el numeral 1 del articulo 32, exige que el incumplimiento de los lapsos procesales genere la responsabilidad disciplinaria del derechos o garantias fundamentales, lo qual requiere el análisis de las circunstancias del caso concreto, a los fines de determinar si existieron causas razonables que le impidieron al juez o jueza cumplir con los lapsos establecidos en las leyes. En este aspecto, y conforme se evidenció de las actas que rielan en el expediente, la denunciante solicitó en cuatro oportunidades el levantamiento del velo corporativo de otras empresas donde podía satisfacer su pretensión de ejecución, a saber el dieciocho (18) de julio ce 2011; el dia veintinueve (29) de septiembre de 2011, el doce (12) de diciembre de 2011 y el veintiuno (21) de marzo de 2012, sin que hasta la fecha en la que se interpusiera la denuncia ante esta instancia disciplinaria el juez de la causa se pronunciara, lo que se traduce en un evidente retardo, a tenor de lo establecido en el articulo 10 del Código de Procedimiento Civil, que establece el lapso a las fines de proveer sobre solicitudes de parte, cuando en alguno de los procedimientos que establece la norma adjetiva civil, no se establezca la oportunidad para ello, dicho de otra forma prevé, el fundamento del principio de celeridad para las actuaciones judiciales. En consideración a lo anteriormente expuesto, se evidencia de las actas el retardo procesal en el cual incurrió el juez somôtido a procedimiento disciplinario al no proveer dentro del lapso legal la solicitud de la parte actora —hoy denunciante en el presente procedimiento disciplinario—. correspondiente al levantamiento del velo corporativo de las sociedades mercantiles EL MUNDo DEL PISO, C.A.; GRANITOS GUAYANA ORIENTE, C.A y GRANITOS GUAYANA EL TIGRE, C.A, y el embargo de bienes propiedad de los ciudadanos JOSÉ GREGORIO OLAVARRIETA y FARIDY JOSEFINA LAMORTE PATETE, lo Cual se verifica de las actas procesales, específicamente de la solicitud de fecha dieciocho (18) de julio de 2011 —siendo ésta la primera de las solicitudes— observando que hasta la denunciado. Ahora bien, en relación a esta situación —retardo procesal—, se observa que el juez denunciado no logró demostrar fehacientemente la justificación del retardo de aproximadamente un año, por el contrario, manifestó que ciertamente no se dio respuesta oportuna a la solicitud de la abogada hoy denunciante, lo cual le permite a esta instancia judicial concluir sobre a ausencia de motivos por parte del jurisdicente para proveer sobre la solicitud realizada por la denunciante, razón por la sual no puede considerarse que el retardo en la tramitación de la mencionada citud se encuentre justificado. Asi seideclara. ** Finalmente, este Tribunal tomando en consideración el estado de :ZUELA śfuncpnamiento en que se encuentra la sede del tribunal donde despacha el juez denunciado, lo cual quedó evidenciado de las exposiciones fotográficas anpañadas en la oportunidad legal correspondiente, adminiculado con el expediente administrativo del funcionario judicial sometido a procedimiento disciplinario en la presente causa, del cual se evidencia que no ha sido objeto de dictar el dispositivo en la presente causa, es razón por la cual en conformidad con la parte in fine del articulo 30 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, concatenado con el articulo 28 numeral 2 eiusdem y numeral 1 del articulo 32 ibidem, se fija como lapso de suspensión el término de un (1) mes sin goce de sueldo al ciudadano JOSÉ JESÚS RAMÍREZ GARCÍA. Asi se declara. En consecuencia, resulta imperioso para este Tribunal declarar la RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de ciudadanO JOSÉ JESÚS RAMÍREZ GARCÍA, por haber incurrió en el ilicito disciplinario previsto en el numeral 1 del asticulo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, en virtud del retardo procesal de aproximadamente un (1) año para resolver la solicitud de vantamiento del velo corporativo de las empresas EL MUNDo DEL. PISO, .AGRANITOS GUAYANA ORIENTE, C A y GRANITOS GUAYANA EL TIGRE, el embargo de bienes propiedad de los ciudadanos JOsÉ GREGORIO ν OLAARRIETA y FARIDY JOSEFINA LAMORTE PATETE, lo cual constituye un hegmo omisivo y reprochable por este drgano jurisdiccional, razón por la que se le impone la sanción de SUSPENsIóN de un (1) mes sin goce de sueldo del cargo de Juez Suplente Especial del Tribunal Primero del Municipio Simón Bolivar de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegu. con sede en Barcelona, sanción ésta que debe imponerse a partir que quede definitivamente firme la presente decisión. Asi se declara. IX DECISION. Por todo lo expuesto, este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de ley, bajo la ponencia del Juez Presidente HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ, aprobada de manera unánime, decide lo siguiente: PRIMERO: SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA JUDICIAL del ciudadano JOSÉ JESÚS RAMÍREZ GARCÍA titular de la cédula de identidad N° V-9.455.797. en su condición de Juez Suplente Especial del Tribunal Primero del Municipio Simón Bolivar de la circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en Barcelona por incurrir en retardo injustificado cuando omitió pronunciarse sobre lo peticionado por la parte demandante en la causa judicial N° M-2010-000130 de conformidad con el numeral 1 del articulo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. En consecuencia, se ordena la SusPEnsióN del ejercicio del cargo como Juez Suplente Especial del Tribunal Primero del Municipio Simón Bolivar de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en Barcelona, por el lapso de un (1) mes sin goce de sueldo, de conformidad con el numeral 2 del articulo 28 del Código de Ética del Juez Venezclano y la Jueza Venezolana. Una vez vencido el lapso de suspensión de un mes contado a partir de que quede definitivamente firme la presente decisión, el efecto sancionatorio de suspensión que de ella se deriva, decaerá, siendo innecesario que este Tribunal Disciplinario Judicial se pronuncie sobre la cesación de los efectos de la suspensión. Registrese, publiquese, notifiquese a las partes intervinientes. Remitase copia certificada una vez que la presente decisión adquiera Ciudadano; a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura; al Registro de Información Óisciplinaria; a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y a la Inspectoria General de Tribunales, de conformidad con lo establecido en el articulo 89 del Código de Ética del Juez Verezolano y la Jueza Venezolana en concordancia con la sentencia N° 516 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha siete (7) de mayo de 2013. página original (tal como se publicó) [Página 31] Dada, firmada y sellada en el sede del Tribunal Disciplinario Judicial en la (12_) del mes de Junio capital de la República, a los_doc _del año dos mil catorce (2014Amvsaq de la Independencia y 155° de la Federación. HERNAN PACHECO ALVIÁREZ BBUNAL JACQUELINE SOSA MARIÑO CARLOS MEDINA ROJAS Jueza zahr, RAQUEL SUE GONZÁLEZ $ecretaria CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2040 y155° Caracas, 17 de septiembre de 2014 RESOLUCIÓN Nº 01-00-000193 ADELINA GONZÁLEZ Contralora General de la República (E) Con fundamento en la competencia establecida en los artículos 287 y 289 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 4de la Ley Orgánica deJ Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual le atribuye a esta Contraloría, el carácterdé Órgano Rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, a los fines ãe lograr la unidad de dirección de los sistemas y procedimientos de control que coadyuven al logro de los objetivos de los distintos funciones, así como también a) buen funcionamiento de la Administración Pública, en cualquiera de sus tres niveles territoriales. CONSIDERANDO Que de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario, de fecha 23 de diciembre de 2010, la cual establece que la Contraloría General de la República podrá designar provisionalmente a los contralores y contraloras de estados, hasta tanto se dicte el Reglamento correspondiente. RESUÉLVE PRIMERO: Designar a la Ciudadana CELESTINA MARÍA PARRA DÍAz, titular de la cédula de identidad N° 6.492.480, como Cont-alora Provisional del estado Carabobo, en sustitución del ciudadano JUAN PABLO SOTELDO AZPARREN, titular de la cédula de identidad N° 9.602.010, quien cesa en las funciones asignadas mediante Resolución N° 01-00-000044 de fecha 12 de marzo de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.372 del 14 de marzo de 2014, Dicha designación tendrá vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. sEGUnDo: La Contralora desighada tendrá las atribuciones deberes siguientes: a) Ejercer las funciones de control que los artículos 163 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 44 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y las que la Ley de la Contraloría del estado Carabobo le atribuyen. b) Al décimo (10°) día hábil siguiente al vencimiento de cada mes, deberá presentar a la Contraloría General de la República, un informe pormenorizado de su gestión. Comuníquese y publíquese, ADELINA GONZÁLEZ ntralora General de la República (E) página original (tal como se publicó) [Página 32] DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 Número 40.501 AÑO CXLI MES XII Caracas, viernes 19 de septiembre de 2014 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial Nº 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 32 Págs. costo equivalente a 13,25 % valor Unidad Tributaria DE VENEZUELA. Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional. Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos. EL SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados. página original (tal como se publicó)