[Página 1] MES X AÑO CXLI- Caracas, martes 5 de agosto de 2014 SUMARIO ASAMBLEA NACIONAL Acuerdo mediante el cual se autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar un Crédito Adicional a los Presupuestos de Gastos vigentes de los Diferentes Ordenadores de_Compromisos y Pagos de la Administración Pública y sus Entes Adscritos, por la cantidad que en ella se menciona.- (Véase Nº 6.138 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha). PRESIDENCIA DE LAREPÚBLICA Decreto N° 1.151, mediante el cual se regulan y establecen los sueldos básicos aplicables a los funcionarios y funcionarias policiales de los Cuerpos de Policía Estadales y Municipales. Decreto N° 1.152, mediante el cual se reforma parcialmente el Decreto N° 7.041, de fecha 10 de noviembre de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.303 de la misma fecha, en el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Policia Nacional. Decreto N° 1.153, mediante el cual se aprueba un Traspaso de Créditos Presupuestarios, por la cantidad que en él se indica, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Decreto N° 1.154, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en él se menciona, a los Presupuestos de Gastos vigentes de los Diferentes Ordenadores de Compromisos y Pagos y Entes Adscritos.- (Véase N° 6.138 Extraordinario de Ía GÃCETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha). Decreto N° 1.155, mediante el cual se acuerda una rectificación, por la cantidad que en él se señala, al Presupuesto de Gastos 2014 del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. Decreto N° 1.156, mediante el cual se varía la adscripción de la Empresa del Estado denominada FARMAPATRIA Compañía Anónima (FARMAPATRIA, C.A.), del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Decreto N° 1.157, mediante el cual se nombra al ciudadano Edgar Alfonso Colina Reyes, como Comisionado Presidencial para la Paz del estado Sucre. VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Fundación «Gran Misión Saber y Trabajo» Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Yenny del Valle Rojas Hernández, como Delegada Estadal para el estado Lara, de esta Fundación. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA ONAPRE Providencias mediante las cuales se procede a la publicación de los Traspasos Presupuestarios de Gastos Corrientes para Gastos de Capital de los Ministerios que en ellas se señalan, por las cantidades que en ellas se mencionan. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALA AGRICULTURA Y TIERRAS III Providencias mediante las cuales se designa a los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo. Número 40.468 CIARA Providencias mediante las cuales se designa a los ciudadanos que en ellas se mencionan, como Directores de las Oficinas que en ellas se indican, de esta Fundación. INSAI Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Juana Gertrudis Muñoz Blanco, como Directora de la Oficina de Recursos Humanos de este Instituto. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALAEDUCACIÓN UNIVERSITARIA Resolución mediante la cual se crea el Programa Nacional de Formación de Profesores de Educación Media en las áreas que en ella se señalan, como un programa especial, dirigido a profesores universitarios. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Marisela Antonia Bermúdez Barrios, como Directora Estadal de Salud Miranda. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARAEL PROCESO DE TRABAJO SOCIAL Resolución mediante la cual se confiere la condecoración Orden al Mérito en el Trabajo, a los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan. Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Gisela Carolina Ramírez de Rodríguez, como Consultora Adjunta, y se le delega la firma de los documentos que en ella se señalan. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARATRANSPORTE TERRESTRE Resolución mediante la cual se encomienda a la empresa «Vialidad y Construcciones Sucre, S.A.» (VYCSUCRE), la ejecución de la obra «Construcción del Sistema Transmaracay y Adecuación de la Avenida Constitución, Municipio Girardot, Estado Aragua», por el monto que en ella se indica. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Ángel Demetrio Ruiz Lucena, como Director General de Consolidación de Comunas, adscrito al Despacho del Viceministro de Comunas y Movimientos Sociales, de este Ministerio. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Sala Político-Administrativa «Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual se establece que en el supuesto que el contribuyente pague de manera extemporánea y en forma voluntaria el tributo omitido, las sanciones de multa expresadas en términos porcentuales, se convertirán al equivalente de unidades tributarias (U.T.) que correspondan al momento de la Comisión del ilícito, y se cancelarán utilizando el valor de la misma que estuviere vigente para el momento del pago de la multa, conforme a lo dispuesto en el Parágrafo Segundo del Artículo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001». «Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que fija los lapsos para solicitar el texto íntegro de las Autorizaciones de Liquidación de Divisas (ALD) emitidas por la Comisión de Administración de Divisas (CADÍVI), mediante la aplicación por analogía del lapso previsto en el Ártículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos para dicha solicitud». REPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA DEFENSAPÚBLICA Resoluciones mediante las cuales se designa al ciudadano y a la ciudadana que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo. página original (tal como se publicó) [Página 2] Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas que en ellas se indican, como Defensoras Públicas Auxiliares con competencia en las materias que en ellas se especifican. Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se mencionan, como Defensores Públicos con competencia en las materias que en ellas se señalan, adscritos a las Unidades Regionales de la Defensa Pública de los estados que en ellas se mencionan. Resoluciones mediante las cuales se traslada a las ciudadanas y al ciudadano que en ellas se mencionan, a las Defensorías Públicas que en ellas se especifican, de los estados que en ellas se indican. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 05 de agosto de 2014 Decreto N° 1.151 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en los principios humanistas y en las condiciones éticas Bolivarianas, que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en los artículos 91, 147, 226 y numeral 11 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de la atribución que me confieren los artículos 66, 17 y 50 de la Ley del Estatuto de la Función Policial, en Consejo de Ministros, CONSIDERANDO Que el Ejecutivo Nacional, con el objeto de garantizar una remuneración justa a los funcionarios y funcionarias policiales de los Cuerpos de Policía estadales y municipales, que le permitan vivir con dignidad y cubrir para sí y su núcleo familiar las necesidades básicas materiales y sociales e intelectuales, propenderá a mejorar progresivamente su esquema remunerativo, mediante la revisión y actualización de los sueldos acorde con la labor que prestan, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los Gobernadores, Gobernadoras y Alcaldes y Alcaldesas, quienes deben ejercer la dirección de la función pública en sus Estados y Municipios, respectivamente, CONSIDERANDO Que los Cuerpos de Policía Estadales y Municipales cuentan con un valioso recurso humano que garantiza la calidad, objetividad y transparencia del servicio de policía, CONSIDERANDO Que de conformidad con el Gran Objetivo Histórico N° 2, Objetivo Nacional 2.2 del Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-2019, referido a la construcción de una sociedad igualitaria y justa, corresponde al Estado venezolano, según el objetivo estratégico y general 2.2.1 Superar las formas de explotación capitalista presentes en el proceso social del trabajo, a través del despliegue de relaciones socialistas entre trabajadores y trabajadoras, como espacio fundamental para el desarrollo integral de la población, CONSIDERANDO Que de conformidad con el Gran Objetivo Histórico N° 2, Objetivo Nacional 2.2 del Segundo Plan Socialista de la Nación 2013-2019, referido a la construcción de una sociedad igualitaria y justa, corresponde al Estado venezolano, según el objetivo estratégico y general 2.2.2, profundizar las condiciones que aseguren para la familia venezolana, la mayor suma de seguridad social y suprema felicidad, a partir de valores y principios de respeto, igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, enmarcada en la justicia socia) como esencia de la construcción del socialismo, CONSIDERANDO Que la tercera línea estratégica del Gobierno Revolucionario contempla elevar, multiplicar y consolidar el movimiento por la Paz y la Vida, que lleva a cabo el Plan Patria Segura en todo el territorio del país, en el cual participan todos los funcionarios y funcionarías policiales adscritos a los cuerpos de policía estadales y municipales, CONSIDERANDO Que el Ejecutivo Nacional debe impulsar progresivamente el establecimiento de un régimen uniforme y razonable de remuneraciones y beneficios sociales de los funcionarios y funcionarías policiales, que reconozca su compromiso institucional, formación, responsabilidades, desarrollo y desempeño profesional, en la prestación del servicio de policía. DECRETO Artículo 1°. El presente Decreto tiene por objeto regular y establecer los sueldos básicos aplicables a los funcionarios y funcionarías policiales de los Cuerpos de Policía Estadales y Municipales. Artículo 2°. Se establecen los siguientes sueldos básicos considerando la jerarquía y grado: Sueldo Grado Derarquía Básico Bs. 5.800 1 Oficial 6.291 2 Oficial Agregado 6.672 3 Oficial Jefe 7.404 4 Supervisor 7.923 5 Supervisor Agregado 8.175 6 Supervisor Jefe 8.993 7 Comisionado 9.623 8 Comisionado Agregado Comisionado Jefe 9 10.296 Artículo 3°. Los Gobernadores, Gobernadoras y Alcaldes y Alcaldesas podrán establecer incentivos a la eficiencia y calidad de los servicios de los funcionarios y funcionarías policiales de sus respectivos cuerpos de policía, con base a la Ley del Estatuto de la Función Policial y a los resultados del desempeño de los mismos, los cuales estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria. Artículo 4°. Los sueldos básicos previstos en el presente Decreto se aplicarán a partir del 1º de enero de 2014, a todos los funcionarios y funcionarías policiales de los Cuerpos de Policía Estadales y Municipales. Artículo 5°. Queda encargado de la ejecución del presente Decreto, el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. página original (tal como se publicó) [Página 3] Dado en Caracas, a los cinco días del mes de agosto de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15º de la Revolución Bolivarjana. Ejecútese, (L.S.) NICOLÁS MADURO MOROS Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.) CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.) MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) ELÍAS JAUA MILANO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación (L.S.) RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Defensa (L.S.) CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Comercio (L.S.) DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para Industrias (L.S.) JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) YVÁN EDUARDO GIL PINTO Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) JEHYSON JOSÉ GUZMÁN ARAQUE Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación (LS.) HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (L.S.) FRANCISCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (L.S.) JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre (L.S.) HAIMAN EL TROUDI DOUWARA Refrendado EL Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.) LUIS GUSTAVO GRATEROL CARABALLO Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (L.S.) RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) MIGUEL LEONARDO RODRIGUEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (L.S.) MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.) REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) HEBERT JOSUE GARCÍA PLAZA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) FIDEL ERNESTO BARBARITO HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.) ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ página original (tal como se publicó) [Página 4] Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR Refrendado El Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica (L.S.) JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Juventud (L.S.) VÍCTOR JOSÉ CLARK BOSCÁN Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARÍA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.) ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK 05 de Agosto de 2014 Decreto N° 1.152 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la nación y del colectivo, por mandato del pueblo; en ejercicio de las atribuciones que me confieren el numeral 10 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 58 y 88 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; de conformidad con lo establecido en el artículo 38 y Disposición Transitoria Tercera del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana; artículo 53 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; y con (o preceptuado en los artículos 2º y 7º numerales 2 y 3 del Decreto N° 6.732 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, con lo previsto en el artículo 3º numerales 2, 3 y 18 del Decreto N° 8.121 de fecha 29 de marzo de 2011, mediante el cual se establecen las competencias del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, actual Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; artículo 64 y Disposiciones Transitorias Cuarta y Quinta del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, de fecha 9 de junio de 2009; en Consejo de Ministros. La siguiente: REFORMA PARCIAL DEL DECRETO N° 7.041 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2.009, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 39.303 DE LA MISMA FECHA, MEDIANTE EL CUAL SE DICTA EL REGLAMENTO ORGANICO DEL CUERPO DE POLICÍA NACIONAL. Artículo 1º. Se modifica el artículo 20, que queda redactado en los términos siguientes: "(...) Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre Funciones Artículo 2o. La Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana tiene por objeto la planificación y control del transporte y seguridad vial, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y bienes que circulan por las vías del país. Es ejercida por el Director o Directora de Vigilancia y Transporte Terrestre y le corresponde: 1. Realizar y verificar el control del Sistema Nacional de Transporte Terrestre, conjuntamente con otras autoridades u órganos de ejecución, según lo previsto en la Ley de Transporte Terrestre y su reglamento. 2. Controlar la circulación del tránsito, del transporte de personas y de carga, en las carreteras y autopistas o vías expresas nacionales, aún cuando atraviesen zonasurbanas, incluyendo dentro de éstas los distribuidores y sus ramales principales de interconexión de alta velocidad y ocupación vehicular que se encuentren conexos con el sistema de Vialidad Nacional. Velar porque las vías de circulación se encuentren 3. libres de obstáculos, procurando la remoción de objetos que estorben la circulación de vehículos y peatones en las vías públicas y privadas. Canalizar y dirigir el tránsito y controlar la circulación 4. del tránsito, manteniendo la fluidez y seguridad del mismo. Reportar de manera inmediata a la autoridad 5. competente acerca de las debilidades o necesidades de mejoras detectadas en la señalización y condiciones de seguridad en las vías de circulación. 6. Impedir la circulación de vehículos que no cumplan con los requisitos previstos por la ley y los reglamentos. 7. Ejecutar, en coordinación con el Instituto Nacional de Transporte Terrestre las actividades de supervisión e inspección del funcionamiento de los estacionamientos autorizados para la guarda y custodia de vehículos, a la orden o procesados por las autoridades administrativas de transporte u otras autoridades competentes, así como de los servicios conexos de esos estacionamientos, de conformidad con la normativa legal y reglamentaria vigente. Coordinar con los estados y el Instituto Nacional de 8. Transporte Terrestre el control del servicio de transporte terrestre de carga en la red vial nacional. Colaborar con el Instituto Nacional de Transporte 9. Terrestre en sus atribuciones de autorización, sistematización y supervisión del servicio de transporte terrestre de carga. 10. Mantener los sistemas de información y de verificación de seriales o número de identificación y características de los vehículos, en articulación con los funcionarios especializados o funcionarías especializadas en robo y hurto de vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. 11. Expedir constancias de revisión, así como experticias de verificación de seriales o número de identificación y características de los vehículos, a los fines de los actos de traspasos ante las autoridades registrales o notariales competentes. 12. Imponer multas por infracciones a la Ley de Transporte Terrestre, dentro de los límites de sus atribuciones en materia de circulación del tránsito. página original (tal como se publicó) [Página 5] 13. Asegurar y conservar las pruebas necesarias para la aplicación de la Ley de Transporte Terrestre, su Reglamento, y demás disposiciones vigentes, relacionadas con las faltas y delitos en accidentes de tránsito. 14. Apoyar a la autoridad competente en materia de investigación penal, para practicar, bajo la dirección del Ministerio Público, las diligencias conducentes a la determinación de ips hechos punibles, sus causas y la identificación de sus autores y partícipes, con ocasión de los accidentes de tránsito terrestre donde resulten personas lesipnadas o fallecidas. 15. Realizar las operaciones, investigaciones y procesamiento de informaciones y expedientes, conforme lo establezcan las autoridades competentes. 16. Practicar citaciones y medidas de coerción personal de conformidad con la ley. 17. Las demás que le confiera el ordenamiento jurídico vigente. (...)" Artículo 2º. Se incorpora una disposición transitoria nueva, que será la Disposición Transitoria Tercera, redactada en los términos siguientes: "(...) Tercera. En virtud de la integración del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, ordenada en la Disposición Transitoria Cuarta, numecal 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ia Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, las competencias asignadas al Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre serán ejercidas por la Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana." Artículo 3°. Se incorpora una disposición transitoria nueva, que será la Disposición Transitoria Cuarta, redactada en los términos siguientes: "(...) Cuarta. Los bienes afectos al funcionamiento del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre serán reasignados al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, previa verificación de los inventarios físicos, de acuerdo con la normativa correspondiente." Artículo 4º. Se incorpora una disposición transitoria nueva, que será la Disposición Transitoria Quinta, redactada en los términos siguientes: "(...) Quinta. Previa Resolución dictada por el Ministro o Ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el personal activo adscrito al Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre será transferido al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, mediante un procedimiento de reclasificación de personal que garantice la estabilidad laboral y la asignación del rango a quien corresponda." Artículo 5º. Se incorpora una disposición transitoria nueva, que será la Disposición Transitoria Sexta, redactada en los términos siguientes: "(...) Sexta. A través de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad se establecerá el Programa Especial de Formación Masiva conducente a título de Técnico Superior Universitario, que permita la acreditación académica de la experiencia del personal uniformado transferido, en ejercicio de las labores inherentes a vigilancia del transporte terrestre, cuya antigüedad sea de quince (15) o más años de servicio al momento de la transferencia, sean bachilleres o técnicos medios y no posean título académico de educación universitaria a la misma fecha. Asimismo, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad realizará los trámites necesarios para el diseño y formulación de programas nacionales de formación avanzada en materia de vigilancia y transporte terrestre." Artículo 6º. Se incorpora una disposición transitoria nueva, que será la Disposición Transitoria Séptima, redactada en los términos siguientes: "(...) séptima. Todos los asuntos administrativos o judiciales del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre que quedaren pendientes, serán asumidos y resueltos por el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana." Artículo 7°. Se incorpora una disposición transitoria nueva, que será la Disposición Transitoria Octava, redactada en los términos siguientes: "(...) Octava. Los pasivos laborales y las prestaciones sociales del personal integrado al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana serán transferidos desde el Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre a dicho órgano. Por otra parte, la liquidación de los pasivos laborales y las prestaciones sociales correspondientes al personal egresado, por cualquier causa, anterior a la entrada en vigencia del presente Reglamento Orgánico, serán asumidos por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz." Artículo 8º. Se incorpora una disposición transitoria nueva, que será la Disposición Transitoria Novena, redactada en los términos siguientes: "(...) Novena. Los derechos y obligaciones de naturaleza contractual del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre se regirán por lo previsto en los correspondientes contratos; sin embargo, sus acreedores o acreedoras deberán respetar los plazos establecidos en los mismos para el cumplimiento de tales obligaciones, sin que por el hecho de la integración ordenada, puedan hacerse exigibles dichas obligaciones como de plazo vencido." Artículo 9º. Se incorpora una disposición transitoria nueva, que será la Disposición Transitoria Décima, redactada en los términos siguientes: "(...) Décima. ElCuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre presentará al Ministro o Ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la Memoria y Cuenta de sus actividades y el Balance General respectivo, con ocasión a lo previsto en el presente Reglamento" Artículo 10. Se incorpora una disposición transitoria nueva, que será la Disposición Transitoria Décima Primera, redactada en los términos siguientes: "...) Décima Primera. Se instruye a los Ministros o Ministras del Poder Popular de Planificación y de Economía, Finanzas y Banca Pública, a efectuar las gestiones pertinentes, con el objeto de realizar las modificaciones presupuestarias necesarias respecto al Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre, de conformidad con la ley o normativa aplicable para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento Orgánico." página original (tal como se publicó) [Página 6] Artículo 11. Se incorpora una disposición transitoria nueva, que será la Disposición Transitoria Décima Segunda, redactada en los términos siguientes: "(...) Décima Segunda. Se establece un lapso de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la publicación del presente Reglamento Orgánico en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, para que se realicen otros trámites administrativos necesarios, a fin de formalizar la integración del Cuerpo según lo señalado en el presente Reglamento orgánico, en aquellos casos que así lo requieran, en resguardo de la seguridad jurídica de los respectivos solicitante e interesados, así como de la continuidad de la actividad administrativa." Artículo 12. Se incorpora una disposición transitoria nueva, que será la Disposición Tran$itoria Décima Tercera, redactada en los términos siguientes: "...) Décima Tercera. El Ministro o Ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, podrá dictar todos los actos necesarios para complementar las disposiciones del presente Decreto y, en general, dictar las regulaciones y lineamientos inherentes a su ejecución." Artículo 13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de Publicaciones Oficiales, imprímase en un solo texto el contenido del Decreto N° 7.041 de fecha 10 de noviembre de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.303 de la misma fecha, sustituyendo a continuación el texto del Decreto mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana con las modificaciones ya señaladas y, en el correspondiente texto íntegro, corríjase donde sea necesario el título del Reglamento Orgánico, las denominaciones de los órganos o entes y denominaciones de los cargos, la nomenclatura del articulado correspondiente, adécuese el lenguaje de género y sustitúyanse las firmas, fechas y demás datos a que hubiere lugar. Artículo 14. El presente Decreto de Reforma Parcial entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Disposición Derogatoria Única: Quedan derogadas todas las disposiciones que contraríen lo dispuesto en el presente decreto. Dado en Caracas, a los cinco días del mes de agosto de dos mil catorce. Años 204º de la Independencia, 155° de la Federación y 15º de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.) NICOLÁS MADURO MOROS Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.) CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.) MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) ELÍAS JAUA MILANO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación (L.S.) RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Defensa (L.S.) CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Comercio (L.S.) DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para Industrias (L.S.) JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) YVÁN EDUARDO GIL PINTO Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) JEHYSON JOSÉ GUZMÁN ARAQUE Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación (L.S.) HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (L.S.) FRANCISCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (L.S.) JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS página original (tal como se publicó) [Página 7] Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre (L.S.) HAIMAN EL TROUDI DOUWARA Refrendado EL Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.) LUIS GUSTAVO GRATEROL CARABALLO Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (L.S.) RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) MIGUEL LEONARDO RODRIGUEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (L.S.) MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.) REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) HEBERT JOSUE GARCÍA PLAZA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) FIDEL ERNESTO BARBARITO HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.) ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR Refrendado El Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica (L.S.) JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Juventud (L.S.) VÍCTOR JOSÉ CLARK BOSCÁN Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARÍA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.) ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la nación y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 11 y 20 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 58 y 88 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; de conformidad con lo establecido en el artículo 38 y Disposición Transitoria Tercera del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana; el artículo 53 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; y con lo preceptuado en los artículos 2° y 7° numerales 2 y 3 del Decreto N° 6.732 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, y con lo previsto en el artículo 3º numerales 2, 3 y 18 del Decreto N° 8.121 de fecha 29 de marzo de 2011, mediante el cual se establecen las competencias del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, actual Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; artículo 64 y Disposiciones Transitorias Cuarta y Quinta del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, de fecha 9 de junio de 2009; en Consejo de Ministros. DICTO El siguiente, REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Objeto Artículo 1º. El presente Reglamento Orgánico tiene por objeto determinar la estructura organizativa y funcional del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, así como las funciones correspondientes a las dependencias que lo integran, necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. Director Nacional Artículo 2°. La máxima autoridad del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana es el Director Nacional o Directora Nacional, que tendrá rango de Director o Directora General. Régimen funcionarial de alto nivel y confianza Artículo 3°. Los funcionarios y funcionarías de libre nombramiento y remoción del Cuerpo de Policía Nacional página original (tal como se publicó) [Página 8] Bolivariana podrán ocupar cargos de alto nivel o de confianza. Los cargos de alto nivel son los siguientes: Director Nacional o Directora Nacional. 1. Subdirector o Subdirectora. 2. 3. Secretario Genéral o Secretaria General. Asesor Legal o Asesora Legal. 4. Director de Línea o Directora de Línea. 5. Los cargos de confianza serán aquéllos cuyas funciones requieren de un alto grado de confidencialidad en los despachos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. También se consideran cargos de confianza aquéllos cuyas funciones impliquen el manejo de información especialmente sensible o restringida, sin perjuicio de lo establecido en la Ley. El funcionario o funcionaria policial de carrera que sea nombrado para ocupar un cargo de alto nivel tendrá derecho a su reincorporación en un cargo de carrera del mismo nivel al que tenía en el momento de separarse del cargo, si éste estuviere vacante. Función de control Artículo 4º. Las actividades administrativas y financieras del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana quedan sometidas al control, vigilancia y fiscalización de la Oficina de Auditoría competencia en materia de Interna del Ministerio con seguridad ciudadana. CAPÍTULO II ORGANIZACIÓN DEL CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA Organización Artículo 5º. El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana contará con una estructura integrada por la Dirección Nacional, a cargo de una Directora o Director Nacional, por la Sub-Dirección, el Consejo Disciplinario, la Secretaría General, la Oficina de Asesoría Legal, la Oficina de Planificación, Presupuesto, Organización y Sistemas, la Oficina de Gestión Administrativa, la Oficina de Recursos Humanos, la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales, la Oficina de Sistemas y Tecnologías de Información, la Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales, la Oficina de Control de la Actuación Policial, la Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre, la Dirección de Inteligencia y Estrategia, (a Dirección de Operaciones y Acciones Tácticas y las Direcciones de Regiones; las mismas estarán a cargo de una Directora o Director, con rango de Dirección de Línea, quienes se encargarán de dirigir, planificar, coordinar, evaluar y supervisar las actividades que éstas desarrollen, en el ámbito de sus competencias. Dirección Nacional Funciones Artículo 6°. La Dirección Nacional del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana es la máxima instancia del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Es ejercida por el Director Nacional o Directora Nacional y le corresponde, además de las atribuciones establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, las siguientes funciones: Representar al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana 1. frente a todos los organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros y dirigir, planificar, organizar, controlar, coordinar y supervisar las actividades administrativas, organizativas, funcionales y operativas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Convocar a las demás autoridades, funcionarías, 2. funcionarios, trabajadoras o trabajadores del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana a reuniones, conformar equipos de trabajo y recomendar las acciones necesarias para la consecución de los objetivos. Supervisar y evaluar las actividades realizadas y solicitar y 3. recibir de los y las integrantes del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana informes periódicos, cuando lo estime necesario. Presentar ante el Órgano Rector, por conducto del 4. Viceministro o Viceministra del Sistema Integrado de Policía, el avance en la ejecución de las políticas y planes del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Ejercer la suprema dirección de los servicios y 5. dependencias del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, así como gestionar y administrar el sistema del recurso humano. Delegar en funcionarios, funcionarias, trabajadores o 6. trabajadoras del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana las atribuciones o firmas que juzgue necesario. 7. Celebrar los convenios y contratos de cualquier naturaleza que sean necesarios para el funcionamiento del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. 8. Proponer al órgano Rector los candidatos a ocupar la agregaduría policial en las distintas Embajadas. Las demás que le confiera el ordenamiento juridico 9. vigente. Sub-Dirección Funciones Artículo 7°. La Sub-Dirección del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana apoya al Director Nacional o Directora Nacional en las distintas actividades del Cuerpo, que promuevan el desarrollo del servicio de policía. Es ejercida por el Subdirector o Subdirectora y le corresponde: Suplir las faltas tempôrales del Director Nacional o 1. Directora Nacional y ejercer la representación del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, previa delegación del Director Nacional o Directora Nacional. Coordinar políticas integrales en lo que respecta a 2. procedimientos y actuaciones del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Supervisar controlar, en coordinación con el Director 3. Nacional o Directora Nacional, la correcta prestación de los servicios que brinda el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Definir y ejecutar, en coordinación con el Director 4. Nacional o Directora Nacional, los lineamientos administrativos, funcionales y operativos, que aseguren el eficiente funcionamiento del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Adoptar, controlar y evaluar las políticas, estándares, 5. planes, programas y actividades relacionadas con la prestación del servicio de policía, en atención a las recomendaciones formuladas por el Director Nacional o Directora Nacional, de acuerdo a los estándares que defina el Órgano Rector. Velar por la correcta actuación del Cuerpo de Policía 6. Nacional Bolivariana en materia de derechos humanos. página original (tal como se publicó) [Página 9] Supervisar la aplicación del sistema único de expedición 7. de credenciales a los funcionarios y funcionarías, trabajadores y trabajadoras del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Acopiar y procesar la información relacionada con los 8. índices de criminalidad, actuaciones policiales y cualquier otra en materia relacionada con el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Desarrollar y supervisar, previa delegación del Director 9. Nacional o Directora Nacional; los planes operativos especiales en circunstancias extraordinarias o de desastres, dentro del ámbito de competencia del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, con el fin de enfrentar de forma efectiva situaciones que comprometan el ejercicio de los derechos fundamentales, la convivencia de los habitantes y la paz social. 10. Las demás que le confiera el ordenamiento jurídico vigente. Consejo Disciplinario Definición Artículo 8º. El Consejo Disciplinario es un órgano colegiado, objetivo e independiente de apoyo a la Dirección Nacional del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, encargado de conocer y decidir sobre las infracciones más graves sujetas a sanción de destitución, cometidas por los funcionarios o funcionarias policiales del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Las decisiones que tome el Consejo Disciplinario serán vinculantes para el Director Nacional o Directora Nacional del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Funciones Artículo 9º. Corresponde al Consejo Disciplinario del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana: Decidir los procedimientos disciplinarios que se sigan a los 1. funcionarios o funcionarias policiales del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, en los casos de faltas sujetas a la sanción de destitución, aplicable de conformidad con las leyes que rigen la materia. las sanciones disciplinarias 2. Imponer y ejecutar establecidas en la normaciva correspondiente. Mantener informado al Director Nacional o Directora 3. Nacional del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, del resultado de los procedimientos y, de manera periódica, preparar informes a ser remitidos al Órgano Rector del servicio de policía, sobre las faltas más conocidas y otros elementos de interés que posibiliten evaluar las causas y condiciones que las favorecen. Las demás que le confiera el ordenamiento jurídico 4. vigente. Composición y atribuciones Artículo 10. El Consejo Disciplinario del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana estará (ntegrado por las personas que establezca la Ley del Estatuto de la Función Policial y corresponde al Ministro o Ministra con competencia en seguridad ciudadana la designación de los integrantes del Consejo Disciplinario del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Las atribuciones, normas de funcionamiento y desarrollo del Consejo Disciplinario del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana se regirán conforme a lo señalado en la Ley del Estatuto de la Función Policial, en sus reglamentos respectivos y demás normas que se dicten al efecto. Secretaría General Funciones Artículo11. La Secretaría General realiza la gestión de secretaría, seguridad y correspondencia del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Es ejercida por el Secretario General o Secretaria General y le corresponde: Velar por el cumplimiento de las instrucciones que imparta 1. la Dirección Nacional del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, facilitando el flujo de información a la Sub- Dirección y demás Direcciones de Línea. Efectuar el registro y seguimiento de las audiencias, 2. reuniones y demás actividades de la Dirección Nacional, en coordinación con las demás dependencias del Cuerpo, con el objeto de preparar y administrar las agendas y material de apoyo de cada sesión de trabajo, así como elaborar las minutas de las reuniones efectuadas. 3. Apoyar al Director Nacional o Directora Nacional en la preparación de los asuntos que deban someterse a la consideración del Órgano Rector o de las Comisiones de las que forme parte el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Preparar la presentación de todas las actividades, 4. informes y cuentas ante la Dirección Nacional y demás Direcciones, así como llevar las actas correspondientes, con la finalidad de mantener el registro e información de la gestión de sus áreas y hacer seguimiento permanente de las decisiones que se tomen. 5. atención al ciudadano en coordinación con las demás dependencias del Cuerpø de Policía Nacional Bolivariana, a través del suministro de información, recepción de solicitudes, reclamos, denuncias y sugerencias, así como recibir y tramitar toda la correspondencia enviada a ese Cuerpo, con la finalidad de dar respuesta adecuada y oportuna a las comunicaciones recibidas. Implementar y supervisar lo relativo a la seguridad 6. integral del Cuerpo de Policía Nacional de Policía Nacional Bolivariana, en coordinación con las demás dependencias a fin de detectar, enfrentar y neutralizar toda condición que comprometa el recurso humano, materiales; información y demás bienes del mismo, procurando su integridad. 7. Velar por el cumplimiento de las normas y protocolos para la seguridad de la Dirección Nacional, procurando preservar la integridad física del titular. Supervisar y ejercer la custodia, en coordinación con las 8. demás dependencias del Cuerpo de Policía Nacional de Policía Nacional Bolivariana, de la emisión y recepción de documentos del Archivo General. Diseñar e implementar un sistema de archivo de fácil 9. acceso que apoye los servicios de atención al ciudadano en coordinación con las unidades administrativas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, garantizando un control eficiente de los expedientes y documentos bajo su resguardo. 10. Promover y aplicar mecanismos institucionales para fomentar la participación popular y la corresponsabilidad en la gestión pública entre el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y los ciudadanos y ciudadanas en todas las etapas del proceso, en coordinación con las unidades administrativas vinculadas. 11. Iniciar y actualizar de manera permanente, el Registro de Comunidades organizadas relacionadas con la naturaleza página original (tal como se publicó) [Página 10] y competencias del organismo, en coordinación con las unidades administrativas vinculadas. 12. Brindar información permanente de los ciudadanos y ciudadanas sobre los proyectos y actividades y utilización del gasto del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, en coordinación con la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales de ese Cuerpo. 13. Aplicar mecanismos para garantizar la conservación y custodia de la documentación escrita, impresa, gráfica, fotográfica y audiovisual del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. 14. Asegurar a los ciudadanos y ciudadanas el derecho de acceso a la información y, a su vez, preservar el derecho a la intimidad y la reserva de los documentos privados, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 15. Las demás que le confiera el ordenamiento jurídico vigente. Oficina de Asesoría Legal Funciones Artículo 12. La Oficina de A$soria Legal del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana asiste y apoya jurídicamente a la Dirección Nacional, direcciones de línea del Cuerpo y a los funcionarios y funcionarias policiales. Es ejercida por el Asesor Legal o Asesora Legal y le corresponde: Asesorar y asistir jurídicamente a la Dirección Nacional y 1. emitir dictámenes sobre los asuntos sometidos a su consideración por la Dirección Nacional y las Direcciones de Línea. Emitir opinión legal sobre los recursos que se interpongan 2. contra los actos administrativos emanados del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Clasificar, preparar y mantener actualizado el resumen de 3. los dictámenes, doctrinas, jurisprudencia y demás documentos de carácter legal del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Procurar la unificación de los criterios jurídicos y 4. administrativos en las diversas materias que son competencia del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Elaborar y revisar los contratos y demás actos jurídicos en 5. los cuales debe intervenir el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, así como la documentación que se relacione con los mismos. 6. Evacuar las consultas que se le formulen y elaborar los estudios jurídicos sobre materias que sometan a su consideración las Gobefnaciones, Alcaldías y cualquier otro órgano o ente público o privado, relacionadas con las competencias del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, en los términos que establezca el Órgano Rector del servicio de policía. Asesorar, dar soporte jurídico y representar mediante 7. poder a los funcionarios y funcionarias policiales con ocasión de la ejecución de actos de servicio. Establecer las relaciones del Cuerpo de Policía Nacional 8. Bolivariana con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, para canalizar cualquier solicitud jurídica ante la Procuraduría General de la República, de acuerdo con lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con| Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como con el Ministerio Público. Las demás que le confiera el ordenamiento jurídico 9. vigente. Oficina de Planificación, Presupuesto, Organización y Sistemas Funciones Artículo 13. La Oficina de Planificación, Presupuesto, Organización y Sistemas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana apoya a la Dirección Nacional y demás direcciones de línea en las distintas actividades del Cuerpo. Es ejercida por el Director o Directora de la Oficina de Planificación, Presupuesto, Organización y Sistemas y le corresponde: Establecer las políticas, estrategias y metodologías para la 1. formulación, ejecución, seguimiento y control de los planes, proyectos y presupuesto del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, de conformidad con lo establecido en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y los lineamientos emanados del Órgano Rector del servicio de policía. Dirigir el proceso de formulación, ejecución, seguimiento y 2. control del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de Gastos, así como de otros planes y proyectos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, de acuerdo a los lineamientos que rigen la materia. Efectuar la coordinación con las demás dependencias del 3. Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, del proceso para la entrega de la información a suministrar para la memoria y cuenta institucional y otros informes de gestión físicofinanciera requeridos por el Órgano Rector del servicio de Policía. Solicitar los requerimientos de recursos presupuestarios 4. no previstos para el cumplimiento de los objetivos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y gestionar ante las autoridades competentes las modificaciones presupuestarias que correspondan. Promover y coordinar la producción y publicación de 5. estadísticas para fundamentar el desarrollo de planes y proyectos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, fortaleciendo el proceso de evaluación y toma de decisiones oportunas. 6. Planificar, dirigir y contrôlar la evaluación periódica de la organización funcional y estructural del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, ajustándola a sus necesidades y logro de los objetivos, en coordinación con las distintas dependencias de ese Cuerpo y bajo los lineamientos del Órgano Rector del servicio de policía. 7. Diseñar y actualizar las normas y procedimientos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, en coordinación con el resto de las unidades administrativas, para garantizar la estandarización y promover la optimización de sus procesos, conforme a los lineamientos del Órgano Rector del servicio de Pôlucia. Dirigir, controlar y dar seguimiento al plan de 8. simplificación de trámites administrativos, de acuerdo con los lineamientos del Órgano Rector del servicio de policía, y en coordinación con el órgano rector en materia de desarrollo institucional. Verificar y dar seguimiento al cumplimiento de los 9. indicadores de eficiencia y eficacia de los procesos página original (tal como se publicó) [Página 11] administrativos y fortalecer la gestión del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. 10. Las demás que le confiera el ordenamiento jurídico vigente. Oficina de Gestión Administrativa Funciones Artículo 14. La Oficina de Gestión Administrativa asiste a la Dirección Nacional y demás direcciones de línea en las áreas financieras y administrativas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Es ejercida por el Director o Directora de la Oficina de Gestión Administrativa y le corresponde: Asesorar, proponer y coordinar la planificación en materia 1. de administración financiera, en el diseño de políticas y planes del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. 2. Velar por el cumplimiento de los lineamientos en materia de administración y servicios, en coordinación con todas las unidades administrativas de ese Cuerpo. Programar, dirigir y supervisar los servicios generales del 3. Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Administrar, supervisar, dirigir y controlar las actividades 4. en materia de bienes inmuebles, muebles y servicios para todas las dependencias del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, en coordinación con el Órgano Rector del Servicio de Policía. Proponer y ejecutar las normas y determinar los 5. mecanismos de coordinación y control del sistema de administración y servicio$. 6. Ejecutar las actividades en materia de administración financiera, a fin de garantizar la gestión eficiente de los recursos financieros asignados al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Realizar las adquisiciones de bienes y servicios que 7. requieran las distintas unidades del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, por su monto y naturaleza, a través de los procesos de contrataciones conforme la ley que rige la materia. Ejecutar y controlar el presupuesto asignado por el 8. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, a través del Sistema de Gestión y Control Financiero (SIGECOF), en la materia de su competencia. 9. Las demás que le confiera el ordenamiento jurídico vigente. Oficina de Reccursos Humanos Funciones Artículo 15. La Oficina de Recursos Humanos asiste a la Dirección Nacional en la ejecución de la gestión de la función de administración de persona) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Es ejercida por el Director o Directora de la Oficina de Recursos Humanos y le corresponde: Asesorar y asistir a la Dirección Nacional, en la formulación y aplicación de políticas en materia de personal, con la finalidad de integrar, controlar y hacer seguimiento de la gestión de recurso humano. Elaborar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar la 2. ejecución del plan de personal, de conformidad con las leyes que rigen la materia. Remitir a la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio 3. del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, en la oportunidad que se establezca, los informes relacionados con la ejecución del plan de personal y cualquier otra información que le fuere solicitada. Dirigir la aplicación eficiente y eficaz de las normas y de 4. los procedimientos que en materia de personal se instrumenten para el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Desarrollar e instrumentar los valores éticos y culturales 5. que reflejen la misión y visión institucional del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Detectar necesidades de formación y aplicar las normas e 6. instructivos sobre programas y procedimientos de captación, selección, ingreso, expedición de credenciales, incentivos, ascenso, carrera, clasificación, remuneración, inducción, adiestramiento, desarrollo, capacitación, evaluación, retiro y reingreso del personal del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, de conformidad con las leyes que rigen la materia. Dirigir y coordinar programas de evaluación de 7. rendimiento y actuación del personal, así como asesorar en materia de situaciones administrativas de los funcionarios y funcionarias policiales, empleados, empleadas, trabajadores y trabajadoras del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Organizar, gestionar y ejecutar los concursos que se 8. requieran para el ingreso o ascenso del personal del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, según las bases y baremos establecidos por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, según corresponda. Tramitar ante la Oficina de Recursos Humanos del 9. Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, los movimientos de personal a que hubiere lugar. 10. Promover el mejoramiento, bienestar y desarrollo del personal activo, jubilado y pensionado del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, con la finalidad de garantizar los beneficios legales y contractuales según el registro de información de cargos. 11. Proponer, coordinar y supervisar el desarrollo, mantenimiento y mejoramiento del sistema de información para la gestión del recurso humano, en función de los requerimientos estratégicos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. 12. Definir los lineamientos para la conformación de los expedientes de los funcionarios y funcionarias policiales, trabajadores y trabajadoras del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y mantenerlos actualizados. 13. Instruir los expedientes disciplinarios de los funcionarios y funcionarias en los ca$os de hechos que pudieran dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley del Estatuto de la Función Pública. 14. Controlar y coordinar las actividades inherentes a la seguridad laboral en el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, con la finalidad de garantizar las condiciones y medio ambiente de trabajo al personal, usuarios y usuarias de ese Cuerpo, página original (tal como se publicó) [Página 12] Las demás que le confiera el ordenamiento jurídico 15. vigente. Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales Atribuciones Artículo 16. La Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales ejecuta las políticas comunicacionales propuestas por el Órgano Rector en la materia, así como garantiza los procesos de articulación entre las instituciones del Ejecutivo Nacional. Es ejercida por el Director o Directora de la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales y le corresponde: Diseñar la estrategia comunicacional e informativa del 1. Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, siguiendo los lineamientos de la máxima autoridad del Cuerpo, del Ministro o Ministra, así como del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comunicación e información como órgano rector en la materia. Implementar y ejecutar el Sistema Integral de 2. Comunicación e Información de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, con la finalidad de desarrollar, fomentar y promover las políticas integrales de comunicación e información del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, en concordancia con lo dispuesto por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comunicación e información. Actuar como unidad organizativa comunicacional de 3. enlace entre el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y los demás órganos y entes de la Administración Pública Nacional. Asesorar y recomendar (a acción informativa del Cuerpo 4. de Policía Nacional Bolivariana, conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comunicación e información. Recibir, procesar y difundir las informaciones generadas 5. por las distintas unidades organizativas que conforman el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Diseñar y realizar documentales, micros y reportajes de 6. carácter divulgativo del material escrito o audiovisual que se produzca a nivel nacional de la labor que ejecuta el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. 7. Informar a las máximas autoridades sobre el impacto de sus propuestas en la opinión pública nacional y en los factores políticos del país. Analizar el entorno de opinión pública nacional e 8. internacional y las matrizces de información generadas por los medios de comunicación social sobre la gestión del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, a fin de informar de lo acontecido a las máximas autoridades. Elaborar, publicar y difundir avisos, notas de prensa, 9. comunicados, notificaciones, documentales, micros y otros servicios escritos y audiovisuales, dirigidos al público en general,sobre la gestióndelCuerpo de Policía Nacional Bolivariana. 10. Organizar y ejecutar el protocolo a seguir en los actos y ceremonial, que cuenten con la participación de las máximas autoridades. 11. Brindar información sopre los servicios que presta el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y los trámites que deben realizar los ciudadanos y ciudadanas para acceder a los mismos; conjuntamente con la Oficina de Atención al Ciudadano. 12. Las demás que le confiera el ordenamiento jurídico vigente. Oficina de Sistemas y Tecnologías de Información Atribuciones Artículo 17. La Oficina de Sistemas y Tecnologías de Información ejecuta y supervisa las actividades en materia de informática, tecnologías y sistemas de información, a fin de garantizar la operatividad y funcionamiento del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Es ejercida por el Director o Directora de la Oficina de Sistemas y Tecnologías de Información y le corresponde: Planificar, dirigir y contrølar las acciones relacionadas con 1. la adecuación de la infraestructura informática {hardware y software) que soporte las operaciones del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, a fin de asegurar el logro de sus objetivos y metas. Planificar, coordinar y controlar el soporte técnico a todas 2. las unidades organizativas, que permita apoyar el manejo de los diferentes sistemas implantados o equipos utilizados en el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. 3. Planificar, dirigir y controlar el desarrollo, instalación e implementación de sistemas y aplicaciones contratadas o adquiridas a operadores de los programas de computación, exigiendo su adecuación a los estándares de diseño y operación establecidos por el Organo Rector del servicio de policía. Administrar y controlar el soporte técnico para el uso de la 4. central telefónica, garantizando un óptimo servicio a todas las dependencias del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, así como lo relativo a la atención técnica, asignación y administración de la telefonía móvil, fija y televisión operativa y cualquier otra tecnología de información y comunicación. Diseñar y formular estrategias de seguridad de 5. información y datos, a fin de garantizar la fidelidad y confiabilidad de los sistemas automatizados del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Dirigir el proceso de implementación y entrenamiento a 6. los usuarios y usuarias de los sistemas desarrollados en el Cuerpo de Policía Nacjonal Bolivariana o de aquéllos adquiridos a terceros. Dirigir, evaluar y controlar el desarrollo de aplicaciones de 7. intranet e internet. Adecuar las necesidades técnicas de la organización a los 8. instructivos, manuales Técnicos de Normas y Procedimientos de Seguridad Informática emanados del Ministerio del Poder Popular con competencia en ciencia y tecnología, a fin de elaborar las normativas internas en materia de seguridad de la información, en coordinación con la Oficina de Planificación, Presupuesto, Organización y Sistemas del Cuerpo,, así como cualquier otro instrumento emanado del Órgano Rector del servicio de policía. Las demás que le confiera el ordenamiento jurídico 9. vigente. Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales Funciones Artículo 18. La Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales apoya a la Dirección Nacional en la labor de cumplir y hacer cumplir cabalmente las funciones policiales, en el página original (tal como se publicó) [Página 13] compromiso del respeto y obediencia a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; las leyes y demás instrumentos normativos. Es ejercida por el Director o Directora de la Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales y le corresponde: 1. Detectar casos de indicios sobre la comisión de hechos constitutivos de faltas graves o delitos cometidos por personal del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Establecer, levantar, prøcesar y sistematizar información 2. que permita detectar, contener y responder a las desviaciones policiales en el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Coordinar las acciones de inteligencia con las distintas 3. unidades del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, a fin de detectar los casos graves de desviación policial en los que estén involucrados los funcionarios o funcionarías policiales, que comprometan el desempeño y credibilidad del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, e iniciar las acciones que fueren precedentes de conformidad con lo dispuesto en el marco legal vigente. Las demás que le confiera el ordenamiento jurídico 4. vigente. Oficina de Control de la Actuación Policial Funciones Artículo 19. La Oficina de Control de la Actuación Policial coopera con la Dirección Nacional en el mejor desempeño del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana mediante la implementación, de las medidas que aseguren la correcta actuación de sus integrantes. Es ejercida por el Director o Directora de la Oficina de Control de la Actuación Policial y le corresponde: 1. Recibir denuncias de supuestas irregularidades efectuadas por funcionarios o funcionarías del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana e identificar el tipo de responsabilidad a que diera lugar la acción. Desarrollar acciones que permitan prevenir las posibles 2. desviaciones de la ética y de las buenas prácticas policiales. Sustanciar los expedientes disciplinarios de los 3. funcionarios y funcionarías policiales del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, para esclarecer los hechos denunciados o investigados y relacionados con las actuaciones que impliquen la presunta comisión de faltas por su acción u omisión. Proponer recomendaciones para mejorar los procesos de 4. supervisión y el desempeño de los funcionarios y funcionarías policiales. 5. Las demás que le confiera el ordenamiento jurídico vigente. Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre Funciones Artículo 20. La Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana tiene por objeto la planificación y control del transporte y seguridad vial, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y bienes que circulan por las vías del país. Es ejercida por el Director o Directora de Vigilancia y Tran$porte Terrestre y le corresponde: Realizar y verificar el control del Sistema Nacional de 1. TransporteTerrestre, conjuntamente con otras autoridades u órganos de ejecución, según lo previsto en la Ley de Transporte Terrestre y su reglamento. 2. Controlar la circulación del tránsito, del transporte de personas y de carga, en las carreteras y autopistas o vías expresas nacionales, aún cuando atraviesen zonas urbanas, incluyendo dentro de éstas los distribuidores y sus ramales principales de interconexión de alta velocidad y ocupación vehicular que se encuentren conexos con el sistema de Vialidad Nacional. Velar porque las vías de circulación se encuentren libres 3. de obstáculos, procurando la remoción de objetos que estorben la circulación de vehículos y peatones en las vías públicas y privadas. Canalizar y dirigir el tránsito y controlar la circulación del 4. tránsito, manteniendo la fluidez y seguridad del mismo. Reportar de manera inmediata a la autoridad competente 5. acerca de las debilidades o necesidades de mejoras detectadas en la señalización y condiciones de seguridad en las vías de circulación. Impedir la circulación de vehículos que no cumplan con 6. los requisitos previstos por la ley y los reglamentos. Ejecutar, en coordinación con el Instituto Nacional de 7. Transporte Terrestre las actividades de supervisión e inspección del funcionamiento de los estacionamientos autorizados para la guarda y custodia de vehículos, a la orden o procesados por las autoridades administrativas de transporte u otras autoridades competentes, así como de los servicios conexos de esos estacionamientos, de conformidad con la normativa legal y reglamentaria vigente. Coordinar con los estados y el Instituto Nacional de 8. Transporte Terrestre el control del servicio de transporte terrestre de carga en la (ed vial nacional. Colaborar con el Instituto Nacional de Transporte 9. Terrestre en sus atribuciones de autorización, sistematización y supervisión del servicio de transporte terrestre de carga. 10. Mantener los sistemas de información y de verificación de seriales o número de identificación y características de los vehículos, en articulación con los funcionarios especializados o funcionarías especializadas en robo y hurto de vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. 11. Expedir constancias de revisión, así como experticias de verificación de seriales o número de identificación y características de los vehículos, a los fines de los actos de traspasos ante las autoridades registrales o notariales competentes. 12. Imponer multas por infracciones a la Ley de Transporte Terrestre, dentro de lo$ límites de sus atribuciones en materia de circulación del tránsito. 13. Asegurar y conservar las pruebas necesarias para la aplicación de la Ley de Transporte Terrestre, su Reglamento, y demás disposiciones vigentes, relacionadas con las faltas y delitos en accidentes de tránsito. 14. Apoyar a la autoridad competente en materia de investigación penal, para practicar, bajo la dirección del Ministerio Público, las diligencias conducentes a la determinación de los hechos punibles, sus causas y la identificación de sus autores y partícipes, con ocasión de los accidentes de tránsito terrestre donde resulten personas lesionadas o fallecidas. página original (tal como se publicó) [Página 14] 15. Realizar las operaciones, investigaciones y procesamiento de informaciones y expedientes, conforme lo establezcan las autoridades competentes. 16. Practicar citaciones y medidas de coerción personal de conformidad con la ley. 17. Las demás que le confiera el ordenamiento jurídico vigente. Dirección de Inteligencia y Estrategia Funciones Artículo 21. La Dirección de Inteligencia y Estrategia del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana persigue obtener, procesar y suministrar a la Dirección Nacional, información de naturaleza estratégica, en tiempo oportuno y con carácter proactivo, con el objeto de establecer las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana. Es ejercida por el Director o Directora de Inteligencia y Estrategia y le corresponde: Planificar, coordinar, ejecutar y controlar los sistemas de 1. búsqueda de información criminal, fundamentalmente dirigidos a los entornos y ocasiones en los que se manifiestan las conductas delictivas, para procesar dicha información en el marco de la operatividad necesaria a fin de disminuir el índice delictivo y esclarecer los hechos. 2. Procesar, analizar y elaborar información estadística sobre la criminalidad y el desempeño policial, a fin de articular con eficiencia y eficacia las labores del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Recolectar, evaluar, organizar, analizar, tramitar y 3. reportar información sobre las acciones desplegadas en el ámbito de sus competencias, al Director o Directora Nacional del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Supervisar las acciones de inteligencia en todo el ámbito 4. territorial en que se despliega el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Supervisar las operaciones que involucren agentes 5. encubiertos y que impliquen la utilización de tecnología especializada para recolectar información, en coordinación con otros órganos de seguridad. 6. Las demás que le confiera el ordenamiento jurídico vigente. Dirección de Operaciones y Acciones Tácticas Funciones Artículo 22. La Dirección de Operaciones y Acciones Tácticas procura la coordinación de acciones que contribuyan a resguardar la seguridad ciudadana. Es ejercida por el Director o Directora de Operaciones y Grupos Tácticos y le corresponde: Planificar, organizar, controlar, coordinar y supervisar las 1. actividades operativas propias del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, relativas a los eventos de carácter excepcional que sobrepasen su capacidad ordinaria y la capacidad operativa de (os cuerpos de policía estadales y municipales. 2. Proteger a los ciudadanos, ciudadanas y habitantes de las comunidades, de hechos o acciones que afecten el orden y la tranquilidad ciudadana, cuando sobrepasen la capacidad de respuesta de los cuerpos de policía estadales y municipales. 3. Dirigir y controlar las Brigadas Especiales de Orden Público y los Grupos Tácticos. Actuar a través de los Grupos Tácticos en situaciones 4. especiales cuando las circunstancias así lo requieran y sea instruido por el Director o Directora Nacional del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Las demás que le confiera el ordenamiento jurídico 5. vigente. Direcciones de Regiones Objeto Artículo 23. Las Direccione$ de Regiones tienen por objeto asegurar el despliegue y operatividad más efectiva y eficiente del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana en todo el territorio nacional; considerando las particularidades geográficas, demográficas, ambientales y de delincuencia en cada entorno del país. Distribución Artículo 24. Las Direcciones de Región serán las de la Región Occidental, conformada por los estados Falcón, Lara, Zulia, Trujillo, Táchira y Mérida; de la Región Los Llanos, conformada por los estados Cojedes, Portuguesa, Barinas, Guárico y Apure; de la Región Oriental e Insular, conformada por los estados Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta y Sucre; de la Región Guayana, conformada por los estados Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas; y de la Región Central, conformada por los estados Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo, Yaracuy, el Distrito Capital y Metropolitano de Caracas y por aquellas Direcciones, Oficinas o Dependencias que puedan crearse, fundirse o suprimirse por Resolución del Órgano Rector del servicio de policía, que fueran necesarias para el mejor logro de los objetivos propuestos, que abarque todo el territorio y demás espacios geográficos de la República. Estructura Artículo 25. Las Direcciones de Regiones estarán conformadas por una Jefatura y una División de Operaciones del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, organizadas según las distintas áreas del servicio de policía, de conformidad con lo que establezca el Reglamento Interno del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Las Jefaturas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana en las regiones podrán a su vez, estar conformadas por dependencias del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana en estados y municipios. Funciones Artículo 26. Corresponde a las Direcciones de Regiones; en el ámbito político territorial que (a conforma: Ejecutar y supervisar las políticas y demás directrices 1. emanadas del nivel central del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y coordinar, supervisar y controlar la prestación de los servicios del Cuerpo. Coadyuvar a la investigación penal bajo requerimiento del 2. Ministerio Público u otros órganos del sistema de policía, de los casos que se denuncien por la presunta comisión de delitos. 3. Actuar de acuerdo a la capacidad y medios necesarios para enfrentar y solucionar situaciones que se presenten, atendiendo a los criterios de territorialidad, complejidad, intensidad y especificidad dispuestos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. página original (tal como se publicó) [Página 15] Coordinar políticas integrales en lo que respecta a 4. procedimientos y actuaciones definidas por el Órgano Rector del servicio de policía, con los cuerpos de policía estadales y municipales. 5. Las demás que le confiera el ordenamiento jurídico vigente. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz realizará las gestiones necesarias, a los fines de proveer el personal y los bienes muebles e inmuebles que serán destinados para el funcionamiento de las dependencias del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, creado mediante el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y conforme al preşente Reglamento Orgánico. Segunda. Se instruye al Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública para que realice las gestiones pertinentes, con el objeto de obtener los recursos financieros necesarios para atender el funcionamiento de las dependencias del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento Orgánico. Tercera. En virtud de la integración del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, ordenada en la Disposición Transitoria Cuarta, numeral 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, las competencias asignadas al Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre serán ejercidas por la Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Cuarta. Los bienes afectos al funcionamiento del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre serán reasignados al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, previa verificación de los inventarios físicos, de acuerdo con la normativa correspondiente. Quinta. Previa Resolución dictada por el Ministro o Ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el personal activo adscrito al Ccuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre será transferido al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, mediante un procedimiento de reclasificación de personal que garantice la estabilidad laboral y la asignación del rango a quien corresponda. Sexta. A través de la Univeridad Nacional Experimental de la Seguridad se establecerá el Programa Especial de Formación Masiva conducente a título de Técnico Superior Universitario, que permita la acreditación académica de la experiencia del personal uniformado transfefido, en ejercicio de las labores inherentes a vigilancia del transporte terrestre, cuya antigüedad sea de quince (15) o más años de servicio al momento de la transferencia, sean bachilleres o técnicos medios y no posean título académico de educación universitaria a la misma fecha. Asimismo, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad realizará los trámites necesarios para el diseño y formulación de programas nacionales de formación avanzada en materia de vigilancia y transporte terrestre. Séptima. Todos los asuntos administrativos o judiciales del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre que quedaren pendientes, serán asumidos y resueltos por el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Octava. Los pasivos laborales y las prestaciones sociales del personal integrado al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana serán transferidos desde el Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre a dicho órgano. Por otra parte, la liquidación de los pasivos laborales y las prestaciones sociales correspondientes al personal egresado, por cualquier causa, anterior a la entrada en vigencia del presente Reglamento Orgánico, serán asumidos por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Novena. Los derechos y obligaciones de naturaleza contractual del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre se regirán por lo previsto en los correspondientes contratos; sin embargo, sus acreedores o acreedoras deberán respetar los plazos establecidos en los mismos para el cumplimiento de tales obligaciones, sin que por el hecho de la integración ordenada, puedan hacerse exigibles dichas obligaciones como de plazo vencido. Décima. El Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre presentará al Ministro o Ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la Memoria y Cuenta de sus actividades y el Balance General respectivo, con ocasión a lo previsto en el presente Reglamento. Décima Primera. Se instruye a los Ministros o Ministras del Poder Popular de Planificación y de Economía, Finanzas y Banca Pública, a efectuar las gestiones pertinentes, con el objeto de realizar las modificaciones presupuestarias necesarias respecto al Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre, de conformidad con la ley o normativa aplicable para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento Orgánico. Décima Segunda. Se establece un lapso de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la publicación del presente Reglamento Orgánico en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, para que se realicen otros trámites administrativos necesarios, a fin de formalizar la integración del Cuerpo según lo señalado en el presente Reglamento Orgánico, en aquellos casos que así lo requieran, en resguardo de la seguridad jurídica de los respectivos solicitantes e interesados, así como de la continuidad de la actividad administrativa. Décima Tercera. El Ministro o Ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, podrá dictar todos los actos necesarios para complementar las disposiciones del presente Decreto y, en geheral, dictar las regulaciones y lineamientos inherentes a su ejecución. DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única. Quedan derogadas todas las disposiciones que contraríen lo dispuesto en el presente decreto. DISPOSICIONES FINALES Primera. El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz dictará, mediante Resolución aprobada previamente por la Junta Ministerial, el Reglamento página original (tal como se publicó) [Página 16] Interno del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, en el cual determinará el número, organización, competencia y funcionamiento de las dependencias administrativas que integran las unidades definidas en este Reglamento Orgánico. Segunda. El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz queda encargado de la ejecución de este Decreto. Dado en Caracas, a los cinco días del mes de agosto de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.) NICOLÁS MADURO MOROS: Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.) CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.) MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) ELÍAS JAUA MILANO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación (L.S.) RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Defensa (L.S.) CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Comercio (L.S.) DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para Industrias (L.S.) JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) YVÁN EDUARDO GIL PINTO Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) JEHYSON JOSÉ GUZMÁN ARAQUE Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación (L.S.) HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (L.S.) FRANCISCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (L.S.) JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre (L.S.) HAIMAN EL TROUDI DOUWARA Refrendado EL Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.) LUIS GUSTAVO GRATEROL CARABALLO Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (L.S.) RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) MIGUEL LEONARDO RODRIGUEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (L.S.) MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.) REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) HEBERT JOSUE GARCÍA PLAZA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) FIDEL ERNESTO BARBARITO HERNÁNDEZ página original (tal como se publicó) [Página 17] Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.) ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR Refrendado El Ministro del Poder Popular Parà la Energía Eléctrica (L.S.) JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Juventud (L.S.) VÍCTOR JOSÉ CLARK BOSCÁN Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARÍA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.) ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK 05 de agosto de 2014 Decreto Nº 1.153 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los principios humanistas y en las condiciones morales y éticas Bolivarianas, por mandato del pueblo, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 11 del artículo 236 de la República Bolivariana de Venezuela, y el segundo aparte del artículo 83 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, previa autorización concedida por la Asamblea Nacional, enfecha 21 de Julio de 2014, en Consejo de Ministros. JORGE ALBERTO ÁRREAZA MONTSERRAT Vicepresidente Ejecutivo de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 9.402 de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.126 de fecha 11 de marzo de 2013. DECRETA Artículo 1°. Un traspaso de créditos presupuestarios por la SIETE MIL QUINIENTOS cantidad de SETENTA BOLÍVARES CON 00/100 OCHENTA Y CINCO (77.585,00), al presupuesto de gastos vigente del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD, cuya imputación presupuestaria es la siguiente: Bs. 77.585,00 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD "Optimización de los Servicios Proyecto: 540190000 que componen la Red Asistencial del Sistema Público para atender de Salud integralmente a la población del Estado Portuguesa." 77.585,00 Acción 540190003 Específica: "Atención en salud especializada a la población que acude a los centros hospitalarios del Estado 77.585,00 Portuguesa." De la: 4.04 77.585,00 Partida: "Activos reales" Sub-Partidas Genéricas, Específicas y Sub- 01.01.99 "Repuestosmayores para otras específicas: 20.800,00 maquinaria y equipos" 05.01.00 4.700,00 "Equipos de telecomunicaciones" 06.99.00 dentales y quirúrgicos, de veterinaria" 18.800,00 09.99.00 "Otras máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento" 33.285,00 A la: 4.02 "Materiales, Partida: suministros y mercancías" 77.585,00 Sub-Partida Genérica, Específica y 06.99.00 Sub-Específica: "Otros productos de la industria 77.585,00 química y conexos" Artículo 2°. Los Ministerios del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, y del Poder Popular para la Salud, quedan encargados de la ejecución del presente Decreto. Dado en Caracas a los cinco días del mes de agosto del dos mil catorce. Años 204°de la Independencia y 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.) A BERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.) CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.) MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) ELÍAS JAUA MILANO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación (L.S.) RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES página original (tal como se publicó) [Página 18] Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Defensa (L.S.) CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Comercio (L.S.) DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para Industrias (L.S.) JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) YVÁN EDUARDO GIL PINTO Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) JEHYSON JOSÉ GUZMÁN ARAQUE Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación (L.S.) HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (L.S.) FRANCISCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (L.S.) JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre (L.S.) HAIMAN EL TROUDI DOUWARA Refrendado EL Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.) LUIS GUSTAVO GRATEROL CARABALLO Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (L.S.) RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) MIGUEL LEONARDO RODRIGUEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (L.S.) MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.) REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) HEBERT JOSUE GARCÍA PLAZA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) FIDEL ERNESTO BARBARITO HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.) ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR Refrendado El Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica (L.S.) JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Juventud (L.S.) VÍCTOR JOSÉ CLARK BOSCÁN Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARÍA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.) ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK Decreto N° 1.155 05 de agosto de 2014 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los principios humanistas y en las condiciones morales y éticas Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 11 del artículo 236 de la Constitución de la RepúblicaBolivariana de Venezuela y el numeral 2 del artículo 84 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestacio, en Consejo de Ministros. JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Vicepresidente Ejecutivo de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 9.402 de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.126 de (a misma fecha. página original (tal como se publicó) [Página 19] DECRETA Artículo 1°. Se acuerda una rectificación por la cantidad de VEINTE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 20.000.000), al Presupuesto de Gastos 2014 del MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO, de acuerdo con la siguiente imputación presupuestaria: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO Bs. 20.000.000,00 379999000 "Aportes y Transferencias Proyecto: para Financiar los Proyectos los Entes Descentralizados" 20.000.000,00 Acción Específica: 379999017 "Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de la Fundación Nacional "El Niño Simón" 20.000.000,00 4.07 Partida: "Transferencias y donaciones" 20.000.000.00 Ingresos Ordinarios Sub-Partidas Genéricas, Específicas y 01.03.02 "Transferencias corrientes a Sub-Específicas: entes descentralizados sin fines empresariales " 20.000.000,00 A0484 Fundación Nacional El Niño Simón 20.000.000,00 Artículo 2º. Los Ministros del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, y del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, quedan encargados de la ejecución del presente Decreto. Dado en Caracas a los cinco días del mes de agosto del dos mil catorce.Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.) EACBERTO ARREAZA MONTSERRAT -. Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.) CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.) MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) ELÍAS JAUA MILANO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación (L.S.) RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Defensa (L.S.) CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Comercio (L.S.) DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para Industrias (L.S.) JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) YVÁN EDUARDO GIL PINTO Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) JEHYSON JOSÉ GUZMÁN ARAQUE Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación (L.S.) HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (L.S.) FRANCISCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (L.S.) JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre (L.S.) HAIMAN EL TROUDI DOUWARA Refrendado EL Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.) LUIS GUSTAVO GRATEROL CARABALLO Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (L.S.) RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) MIGUEL LEONARDO RODRIGUEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (L.S.) MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.) REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ página original (tal como se publicó) [Página 20] Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) HEBERT JOSUE GARCÍA PLAZA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) FIDEL ERNESTO BARBARITO HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.) ÁNTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR Refrendado El Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica (L.S.) JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Juventud (L.S.) VÍCTOR JOSÉ CLARK BOSCÁN Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARÍA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.) ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK Decreto N° 1.156 05 de agosto de 2014 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la Nación Venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 20 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela concatenado con los artículos 15, 16, 46, 58, y los numerales 2 y 3 del artículo 117 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 102 y 118 ejusdem, en Consejo de Ministros, CONSIDERANDO Que es potestad del Ejecutivo Nacional, determinar y variar la adscripción de los Entes de la Administración Descentralizada funcionalmente, atendiendo al principio de la competencia de los órganos de la Administración Central, CONSIDERANDO Que la reorganización de la Administración Descentralizada, debe adecuarse a los principios establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y, de modo particular, los preceptuados en materia de responsabilidad fiscal, control de gestión, eficacia y racionalidad, CONSIDERANDO Que la salud es un derecho fundamental, obligación del Estado que lo garantizara como parte del derecho a la vida, debiendo promover y desarrollar las políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios, CONSIDERANDO Que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, es un ente ejecutor de las políticas de salud del Estado y garante de su desarrollo, a través de la atención médica y el amparo de las distintas contingencias previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su Ley especial, CONSIDERANDO Que FARMAPATRIA es una red de farmacias populares, destinada a la compra y venta de medicamentos a nivel nacional e internacional, y otros productos farmacéuticos a precios justos, así como también, a la prevención de enfermedades y prestación de servicios conexos de apoyo a las y los pacientes, DECRETO Artículo 1º. Se varia la adscripción de la empresa del Estado denOminada FARMAPATRIA COMPAÑÍA ANÓNIMA (FARMAPATRIA, C. A.), inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital, en fecha 17 de mayo de 2012, bajo el N° 17, Tomo 137-A SDO, del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación al INSTITUTo VENEzOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES. Artículo 2º. Se ordena efectuar la transferencia, a título gratuito, del cien por ciento (100%) de las acciones que posee la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, en la empresa FARMAPATRIA, al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, así como, la anotación correspondiente en el Libro de Accionistas y su protocolización en el respectivo Registro Mercantil. Artículo 3º. Como consecuencia de la adscripción prevista en el presente Decreto, el Presidente o Presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ejercerá el control accionario y la representación de las acciones, en la Asamblea General de Accionistas de FARMAPATRIA, de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, concatenado con los artículos 52 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Seguro Social y 14 de su Reglamento General. Artículo 4º. El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, realizara los trámites necesarios para la efectiva página original (tal como se publicó) [Página 21] transferencia, a título gratuito, del total de las acciones correspondientes a FARMAPATRIA, y velará porque se haga efectiva su protocolización y publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Yenezuela, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 104 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. Artículo 5º. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, realizará los trámites necesarias para protocolizar la reforma del Acta Constitutiva Estatutaria de FARMAPATRIA, a los fines de adecuar su adscripción y composición accionaría y velará por su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 104 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. Artículo 6°. El Presidente o Presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, queda encargado de la ejecución del presente Decreto. Artículo 7º. El presente Decreto entrará en vigencia, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas a los cinco días del mes de agosto de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución. Ejecútese, (L.S.) NICOLÁS MADURO MOROS Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.) CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.) MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) ELÍAS JAUA MILANO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación (L.S.) RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Defensa (L.S.) CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Comercio (L.S.) DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para Industrias (L.S.) JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) YVÁN EDUARDO GIL PINTO Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) JEHYSON JOSÉ GUZMÁN ARAQUE Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación (L.S.) HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (L.S.) FRANCISCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (L.S.) JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre (L.S.)' HAIMAN EL TROUDI DOUWARA Refrendado EL Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.) LUIS GUSTAVO GRATEROL CARABALLO Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (L.S.) RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO página original (tal como se publicó) [Página 22] Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) MIGUEL LEONARDO RODRIGUEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (L.S.) MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.) REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) HEBERT JOSUE GARCÍA PLAZA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) FIDEL ERNESTO BARBARITO HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.) ÁNTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR Refrendado El Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica (L.S.) JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Juventud (L.S.) VÍCTOR JOSÉ CLARK BOSCÁN Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARÍA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.) ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK Decreto N° 1.157 05 de agosto de 2014 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por mandato del pueblo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 2 y 16 del artículo 236 eiusdem, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 y 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, concatenado con lo preceptuado en los artículos 4°, 18, 19 y numeral 4 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. CONSIDERANDO Que conforme al Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118 Extraordinario de fecha 4 de diciembre de 2013, se busca convertir a Venezuela en país potencia en lo social, lo económico, lo político, lo ético y lo moral dentro de la gran potencia naciente de la América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América, CONSIDERANDO Que la Tercera Línea Estratégica del Gobierno Revolucionario, contempla impulsar el movimiento por la Paz y por la Vida, entendiendo que el éxito de las acciones a favor de una convivencia pacífica, segura, $solidaria y libertaria dependerá en gran medida de la fusión Pueblo-Gobierno, para el desarrollo de propuestas como la creación de espacios que fomenten nuevas relaciones fundadas en valores humanistas que pongan por encima de todo a la mujer y el hombre, en el camino a consolidar la Suprema Felicidad Social, CONSIDERANDO Que la Quinta Línea de Trabajo del Plan Nacional de Paz y Convivencia, consiste en desplegar el Plan Territorial para asegurar la construcción y delimitación de territorios de paz en los cuales deben desarrollarse acciones de Estado que conlleven al pleno ejercicio de los derechos dentro de una cultura de paz y convivencia solidaria, bajo un renovado esquema de seguridad ciudadana. DECRETO Artículo 1°. Se nombra al ciudadano EDGAR ALFONSO cOLINA REYES, titular de la cédula de identidad N° V- 6.913.343, como Comisionado Presidencial para la Paz del estado Sucre, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y el Plan Estratégico de Acción. Artículo 2°. El Plan de Abordaje Integral y Estratégico para consolidar al estado Sucre como un territorio de paz, será página original (tal como se publicó) [Página 23] elaborado por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Artículo 3°. A los fines previstos en el presente Decreto, el Comisionado Presidencial para la Paz, contará con la supervisión, así como con el apoyo técnico, administrativo y financiero del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Artículo 4°. Se exhorta a los órganos y entes de la Administración Pública a brindar la colaboración necesaria para el cumplimiento de sus funciones en el ámbito de sus competencias. Artículo 5°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los cinco días del mes de agosto de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.) NICOLÁS MADURO MOROS Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.) MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA FUNDACION "GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJO" Caracas, 01 de agosto de 2014 AÑOS 204P, 155° y 15° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 0070 LA PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN "GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJO", ciudadana ISIS OCHOA CAÑIZALEZ, designada mediante Resolución N° 031- 2014, de fecha 01 de julio de 2014, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Veneziela N° 40.444 de fecha 01 de julio de 2014, de acuerdo con lo establecido en la Clausula Decima Séptima literal "K" de los estatutos sociales de la Fundación, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.873 de fecha 29 de febrero de 2012, conjuntamente con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. DECIDE: Artículo 1. Designar a la Ciudadana YENNY DEL VALLE ROJAS HERNANDEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 11.267.983, como DELEGADA ESTADAL PARA EL ESTADO LARA, de la FUNDACIÓN "GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJo", con las competencias y atribuciones inherentes al cargo. Artículo 2. Delegar en la ciudadana YENNY DEL VALLE ROJAS HERNANDEZ, titular de la cédula de identidad N° v- 11.267.983, la competencia, certificación y documen los firma de tos, trámites y demás actuaciones que conciernen a su cargo. Artículo 3. La presente Providencia entrará en vigencia a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese, GRAN MISIÓN SAERYIRABLO ISIS OCHOA CAÑIZALEZ PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN "GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJO" Según Resolución N° 031-2014 de fecha 01 de julio de 2014 Gaceta Oficial de la República Bolivariana Nº 40.444 de fecha 01 de julio de 2014 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA República Bolivariana de Venezuela - Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública - Oficina Nacional de Presupuesto - Número: 039 - Caracas, 22 de julio de 2014 - 204º de la Independencia, 155º de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana PROVIDENCIA De nformidad con lo establecido en el artículo 4 de las Disposiciones Generales de la el artículo 87 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, se procede a la publicación del traspaso presupuestario de gastos corrientes para gastos de capital del MInisTERio DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN pOr la Cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE BOLÍvAREs (Bs. 353.515,00), que fue aprobado por esta Oficina en fecha 22 de julio de 2014, de acuerdo con la siguiente imputación: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y Bs. la Información 353.515,00 ======= 360071000 "Optimización Proyecto: de la difusión comunicacional de la Agenda Presidencial " 353.515,00 Acción Específica: 360071005 "Logística para actividades 353.515,00 nacionales e internacionales" DE: 4.03 " Servicios no personales " Partida: 353.515,00 -Ingresos Ordinarios Sub-Partidas Genérica, Específica y "Viáticos y pasajes fuera del Sub-Específica: 09.02.00 país" 353.515,00 PARA: Partida: 4.04 "Activos reales" 353.515,00 -Ingresos Ordinarios Sub-Partida Genérica, Específica y "Otras (máquinas, muebles y 09.99.00 Sub-Específica: demás equipos de oficina y 353.515,00 alojamiento" Comuníquese y Publíquese, MARIA ELISA D OMÍNGUEZ VELASCO Jefa de la Oficina Nacional de Presupuesto cada en la Gaceta Oficial de la Resoltción.N° 027, Pub República Bolivariana de Vene uela N° 40.358 de fecha 18/02/2014 página original (tal como se publicó) [Página 24] República Bolivariana de Venezuela - Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública- Oficina Nacional de Presupuesto - Número: 040 Caracas, 31 de julio de 2014 - 204º de la Independencia, 155º de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana. PROVIDENCIA De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, se procede a la publicación del traspaso presupuestario de gastos corrientes para gastos de capital del MInIsTERIo DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES, pOr la cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE BOLÍVARES CON 21/100 (Bs. 10.620,21), que fue aprobado por esta Oficina en fecha 25 de julio 2014, de acuerdo con la siguiente imputación: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES Bs. 10.620,21 Proyecto: 060046000 "Reimpulso de la representación Diplomática de la República Bolivariana de Venezuela en el mundo." 10.620,21 Acción Específica: 060046003 "Ejecución de actividades garantizar el pertinentes operativo del Servicio soporte Exterior enel Bolivariano continente de Asia, Medio Oriente y Oceanía" 10.620,21 DE: 4.03 Partida: "Servicios no personales" 10.620.21 - Ingresos Ordinarios Sub-Partida Genérica, Específica y Sub-Específica: 04.04.00 10.620,21 PARA: 10.620,21 "Activos reales" 4.04 Partida: - Ingresos Ordinarios Sub-Partida Genérica, Específica y 10.620,21 "Equipos de computación" Sub-Específica: 09.02.00 Comuníquese y Publíquese, e efa de la Olicina MARÍA ELISA DGMÍNGUEZ VELASCO Jefa de la Oficina Nacional de Presubuesto Resolución N° 027, Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.358 de fecha 18/02/2014 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS REPÚBLICA BOLVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI). DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA INTI N° 2379-2014. CARACAS, 04 DE AGOSTO DE 2014 AÑOS 204º, 155º y 15º Quien Suscribe, WILIAN EDUARDO PEÑA PEREZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.172.890, actuando en mi carácter de PRESIDENTE del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, designado mediante Decreto Presidencial Nº 1.086, de fecha 07 de Julio de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.448 de la misma fecha y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 17 de la ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 34 del [:creto Nº 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, este despacho dicta lo siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1: Se designa al ciudadano: HÉCTOR JOsÉ zAMBRANO, titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.431.890, como Gerente de la Oficina de la Secretaria de la Presidencia del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, a partir de la fecha de su notificación. Artículo 2: Se le delega la competencia y firma de los documentos que conciernen y competen a la Oficina a su cargo. Artículo3: La presente Providencia Administrativa entraráevigenca partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de Repúb a Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese. WILIAN EDUARDEÑAPPERE Presidente del Instituto Naciaral de Tie OL 4 REPÚBLICA BOLVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI). DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA INTI N° 2380 -2014. CARACAS, 04 DE AGOSTO DE 2014 AÑOS 204º, 155° y 150 Quien suscribe, WILIAN EDUARDo PEÑA PEREZ, titular de la Cédula de Identidad N° -4.172.890, actuando en mi carácter de PRESIDENTE del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, designado mediante Decreto Presidencial Nº 1.086, de fecha 07 de Julio de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.448 de la misma fecha y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 17 de la ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 34 del Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, este despacho dicta lo siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1: Se designa a la ciudadana: LISA YOVANKA RALDIREZ LANDAETA, titular de la Cédula de Identidad N° V-7.083.456, como Consultora Jurídica del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, a partir de la fecha de su notificación. Artículo 2: Se le delega la competencia y firma de los documentos que conciernen y competen a la Oficina a su cargo. Artículo 3: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. SEPURLICA BOLU Comuníquese y Publíquese. WILIAN EDUAR O RAERE Presidente del Instituto Naciona REPÚBLICA BOLVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI). DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA INTI N° 2383 -2014. CARACAS, 04 DE AGOSTO DE 2014 AÑOS 204º, 155º y 15º Quien suscribe, WILIAN EDUARDo PEÑA PEREZ, titular de la Cédula de entidad N° V-4.172.890, actuando en mi carácter de PRESIDENTE del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, designado mediante Decreto Presidencial Nº 1.086, de fecha 07 de Julio de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.448 de la misma fecha y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 17 de la ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 34 del Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, este despacho dicta lo siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1:Se designa al ciudadano: BRUT OSWALDO LINARES GONzÁLEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.343.843, como página original (tal como se publicó) [Página 25] Gerente de la Oficina de Atención al Ciudadano del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, a partir de la fecha de su notificación. Artículo 2: Se le delega la competéncia y firma de los documentos que conciernen y competen a la Oficina a su cargo. Artículo 3: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese. WILIAN EDUARDPERI Presidente del Instituto Na cione REPÚBLICA BOLVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI). DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA INTI N°238-2014. CARACAS, 04 DE AGOSTO DE 2014 AÑOS 204º, 155º y 15º Quien suscribe, WILIAN EDUARDo PEÑA PEREZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.172.890, actuando en mi carácter de PRESIDENTE del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, designado mediante Decreto Presidencial N° 1.086, de fecha 07 de Julio de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.448 de la misma fecha y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 17 de la ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 34 del Decreto Nº 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, este despacho dicta lo siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA S Artículo 1: Se designa a la ciudadana: DAMARYS DEL PILAR LEÓN LÓPEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.324.079, como Gerente de la Oficina de Gestión Administrativa del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, a partir de la fecha de su notificación. Artículo 2: Se le delega la competencia y firma de los documentos que conciernen y competen a la Oficina a su cargo. Artículo 3: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese. WILIAN EDUADOEPEZ Presidente del Instituto Naclenabe Tieras PEPÚBLICA BOLVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI). DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA INTI N° 2 38.2-2014. CARACAS, 04 DE AGOSTO DE 2014 AÑOS 204º, 155º y 15º Quien suscribe, WILIAN EDUARDo PEÑA PEREZ, titular de la Cédula de Identidad N° -4.172.890, actuando en mi carácter de PRESIDENTE del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, designado mediante Decreto Presidencial N° 1.086, de fecha 07 de Julio de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.448 de la misma fecha y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 17 de la ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 34 del Decreto No 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, este despacho dicta lo siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1: Se designa al ciudadano: YOVAN JOSÉ DE LA ROSA HERNÁNDEz, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.091.138, como Gerente General del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, a partir de la fecha de su notificación. Artículo 2: Se le delega la competencia y firma de los documentos que conciernen y competen a la Oficina a su cargo. Artículo 3: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial dearepuslica livariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese. WILIAN EDUARDO PENPEREZ Presidente del Instituto Nacaae REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VÉNEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN PARA APOYAR LA REVOLUCIÓN AGRARIA (CIARA). PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 013/2014. CARACAS, 31 DE JULIO DE 2014. AÑOS 204°, 155° Y 15° Quien suscribe, ALFREDo JOSÉ ANDERSEN RIVERO, titular de la Cédula de Identidad N° V-14.157.602, en mi carácter de Presidente de la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA), carácter que consta en Resolución DM/N° 044/2014 de fecha 07 de julio de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.448, de la misma fecha, en ejercicio de las funciones que me fueron debidamente conferidas en el numeral 6 del artículo 20 de los Estatutos de la Fundación CIARA, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.467 de fecha 16 de julio de 2010, procedo a dictar la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Se designa al Ciudadano JOSE TEODORO ESPAÑA CORDERO, titular de la cédula de identidad número V-17.202.436, como DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE LA FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN PARA APOYAR LA REVOLUCIÓN AGRARIA (CIARA). Artículo 2. La presente Providencia Administrativa, tendrá vigencia a partir del primero (1°) de agosto de 2014. Comuníquese y publíquese. CIARO ALFREDO JOSE ANDERSEN RIVEROR ESIDENCIA Presidente de la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria Según Resolución DM/Nº 044/2014 de fecha 07 de julio de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.448 de fecha 07 de julio de 2014. 7 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VÉNEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN PARA APOYAR LA REVOLUCIÓN AGRARIA (CIARA). PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 012/2014. CARACAS, 21 DE JULIO DE 2014. AÑOS 204°, 155° Y 15° Quien suscribe, ALFREDO JOSÉ ANDERSEN RIVERO, titular de la Cédula de Identidad N° V-14.157.602, en mi carácter de Presidente de la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA), carácter que consta en Re$olución DM/N° 044/2014 de fecha 07 de julio de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.448, de la misma fecha, en ejercicio de las funciones que página original (tal como se publicó) [Página 26] en el numeral 6 del artículo 20 de los me fueron debidamente conferidas Estatutos de la Fundación CIARA, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.467 de fecha 16 de julio de 2010, procedo a dictar la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Se designa al ciudadano YVAMIR JOSÉ MORA TOVAR, titular de la cédula de identidad número V-15.374.898, como DIRECT0R DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES, DE LA FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN PARA APOYAR LA REVOLUCIÓN AGRARIA (CIARA). Artículo 2. La presente Providencia Administrativa, tendrá vigencia a partir del dieciséis (16) de julio de 2014. Comuníquese y publíquese. CIARA ALFREDO JOSÉ ÁNDERSEN RIVERQIDENCIA Presidente de la Fundación de Capacitación" e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria Según Resolución DM/Nº 044/2014 de fecha 07 de julio de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.448 de fecha 07 de julio de 2014. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO NACIONAL DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. SALUD AGRICOLA INTEGRAL. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 082-2014 CARACAS, TREINTA (30) DE JULIO DE 2014 Años 2049, 155° y 15º Quien SUSCribe, VLADIMIR JESUS CORDOVA BELLO, actuando en mi carácter de Presidente del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), designado mediante el Decreto N° 182 de fecha 12 de junio de 2013, dictado por la Presidencia de la República, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.187, de fecha 12 de junio de 2013, y en ejercicio que me confiere el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en el artículo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en el artículo 34 del Decreto N° 6.217, con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y en el artículo 61, numeral 4 y 7 del Decreto N° 6.129, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Salud Agrícola Integral, de fecha 03 de junio de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario, de fecha 31 de julio del 2008, este Despacho dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1º: Se designa a la ciudadana MUÑoz BLANCo JUANA GERTRUDIS, titular de la cédula de identidad N° C.I.V-3.514.381, como Directora de la Oficina de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, a partir del 21 de julio de 2014. Artículo 2º: Se delega la competencia y firma de los documentos que conciernen y competen a la Dirección a su cargo. Artículo 3º; La presente providencia administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese Por el Ejecutivo Nacional Aadimi feo INSAI Vladimir Córdova Presidente del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAEDUCACIÓN UNIVERSITARIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 061 CARACAS, 04 DE AGOSTO DE 2014 AÑOS 204º, 155º Y 15º En ejercicio a las atribuciones conferidas en los artículos 62 y 77 rimeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; 15 numerales 1,2,3,4,7 y 9 del Decreto N° 6.732 de fecha 02 de junio de 2009, sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202 de fecha 17 de junio de 2009, y 3 de la Resolución N° 3.072 de fecha 02 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°39.876 de fecha 5 de marzo de 2012, mediante la cual se establecen los Lineamientos Académicos para la Creación, Autorización y Gestión de los Programas Nacionales de Formación en el Marco de la Misión Sucre y la Misión Alma Mater, CONSIDERANADO Que el Plan de la Patria 2013-2019 establece como objetivo nacional el desarrollo de nuestras capacidades científicotecnológicas, vinculadas a las necesidades del pueblo y, en la perspectiva de construir una sociedad igualitaria y justa, se plantea como objetivo estratégico garantizar el derecho a la educación para todas y todos con calidad y pertinencia, CONSIDERANADO Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que la educación es yn derecho humano y un deber social, función indeclinable del Estado y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades; determina asimismo, que la educación debe estar a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica y que el Estado estimulará su actualización permanente, CONSIDERANADO Que la Ley Orgánica de Educación establece que es función indeclinable del Estado la formulación, regulación, seguimiento y control de gestión de las políticas de formación docente, a través del órgano con competencia en materia de educación universitaria, en atención al perfil requerido por los niveles y modalidades del sistema educativo y en correspondencia con las políticas, planes, programas y proyectos educativos, emanados del órgano con competencia en materia de educación básica, en el marco del desarrollo humano, endógeno y soberano del país, CONSIDERANADO Que es necesario, para garantizar la calidad de la educación media general y técnica, realizar medidas especiales dirigidas a la formación de docentes; este órgano Ministerial, RESUELVE Artículo 1. Se crea el Programa Nacional de Formación de Profesores de Educación Media en las áreas de Matemática, Física, Química y Biología, como un programa especial, dirigido a profesionales universitarios que deseen ejercer la docencia en ese nivel. Este programa contará con dos cohortes, cuyas condiciones de ingreso estarán adecuadas a los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Artículo 2. El Programa Nacional de Formación de Profesores de Educación Media en las áreas de Matemática, Física, Química y Biología, tendrá los siguientes objetivos: a) Formar profesores y profesoras conforme a las exigencias de la educación media venezolana, promotores de la transformación educativa y social, la apropiación, adecuación, creación e innovación de conocimientos científicos y tecnológicos, y formadores y formadoras en los valores de la solidaridad, la cooperación, la igualdad y la justicia, para la construcción de la nueva ciudadanía participativa y protagónica. b) Promover la renovación de las prácticas pedagógicas en e! nivel de la educación media, adecuándolas a las necesidades y características de las y los estudiantes y comunidades, para página original (tal como se publicó) [Página 27] garantizar una sólida_ formación científico-tecnológica, fundada en el pensamiento crítico y la responsabilidad ética, social y ambiental. c) Constituir una red de conocimiento y aprendizaje para la generación, transformación y apropiación social del conocimiento en las áreas de educación matemática y educación en ciencias, con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Educación y la cooperación solidaria de las instituciones de educación universitaria y las instituciones de investigación científica y tecnológica del país. d) Desarrollar_ proyectos académicos que conjuguenla formación y la creación intelectual. Artículo 3. El Programa Nacional de Formación de Profesores de Educación Media, en las áreas de Matemática, Física, Química y Biología, tendrá las siguientes características generales: a) La investigación-acción transformadora como método que favorezca el mejoramiento de las prácticas pedagógicas, así como, el desarrollo profesional y personal. b) La formación humanista en el ejercicio de la ciudadanía democrática, la solidaridad, la construcción colectiva y la acción profesional transformadora, con responsabilidad ética y moral en una perspectiva sustentable. c) La vinculación con las comunidades y el ejercicio profesional a lo largo de todo el trayecto formativo; el abordaje de la complejidad de los problemas en contextos reales con la participación de actores diversos; así como, el trabajo en equipos interdisciplinarios y el desarrollo de visiones de conjunto, actualizadas y orgánicas de los campos de estudio, en perspectiva histórica, y apoyadas en soportes epistemológicos coherentes y críticamente fundados. d) La conformación de los ambientes educativos, como espacios comunicacionales abiertos, caracterizados por la libre expresión y el debate de las ideas, el respeto y la valoración de la diversidad, la multiplicidad de fuentes de información, la integración de todos los participantes como interlocutores y la reivindicación de la reflexión como elementos indispensables para la formación, asociados a ambientes y prácticas educativas,ligados a las necesidades y características de las distintas localidades, vinculados con la vida cultural, social y productiva. e) La participación activa y comprometida de los estudiantes en los procesos de creación intelectual y vinculación social, en el marco del análisis, discusión y búsqueda de soluciones a los problemas del entorno, en consideración de sus dimensiones éticas, morales, políticas, culturales, sociales, económicas, técnicas y científicas, garantizando la independencia cognoscitiva y fomentando la creatividad. f) Modalidades curriculares flexibles, adaptadas a las distintas necesidades educativas, a las diferentes disponibilidades de tiempo para el estudio, a los recursos disponibles, a las características de cada localidad y al empleo de métodos de enseñanza, que activen los modos de actuación profesional. g) La definición de sistemas de evaluación que promuevan el aprendizaje, la reflexión y el mejoramiento continúo, considerando los distintos actores y aspectos del quehacer educativo y valorando su impacto social. Artículo 4. El Programa Nacional Formación de Profesores de Educación Media en las áreas de Matemática, Física, Química y Biología, tendrá las siguientes características específicas: a) Contará con ciento cincuenta (150) unidades crédito, correspondientes a cuatro mil cuatrocientas (4.400) horas de trabajo del estudiante, incluyendo estudios acompañado por el profesor, estudio individual o en grupo, las prácticas, desarrollo de proyectos y elaboración de informes. b) Quienes cumplan con los requisitos establecidos, obtendrán el Título de Profesora o Profesor de Educación Media en Matemática, Profesora o Profesor de Educación Media en Física, Profesora o Profesor _de Educación Media en Química,Profesora o Profesor de Educación Media en Biología. c) Las unidades curriculares del Programa Nacional de Formación incluirán: ● Prácticas profesionales desarrolladas a lo largo del proceso de formación en liceos o escuelas técnicas, así como, el diseño y realización de actividades de formación con las y los estudiantes del nivel de educación media, bajo la supervisión de un facilitador o facilitadora. . Seminarios de formación crítica, dirigidos al estudio en profundidad de problemas vinculados a la profesión, considerando las dimensiones éticas, políticas, sociales, culturales, económicas y ambientales involucradas. • Cursos, talleres y seminarios, dirigidos a completar y fortalecer la formación profesional y ciudadana. Artículo 5. El Programa Nacional de Formación de Profesores de Educación Media en las áreas de Matemática, Física, Química y Biología, funcionará como una red interinstitucional que agrupará a los Ministerios del Poder Popular para la Educación Universitaria y Ministerio del Poder Popular para la Educación, con otros organismos públicos vinculados con el área de acción del Programa, las instituciones de educación universitaria autorizadas para gestionar el programa y expertos en el área, con la participación de los y las estudiantes. La red interinstitucional se reunicá semestralmente o en forma convocada por el Comité extraordinaria, cuando sea Interinstitucional. Artículo 6. El Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación de Profesores de Educación Media en las áreas de Matemática, Física, Química y Biología, será el órgano asesor del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria en la materia, encargado de la coordinación entre las distintas instituciones responsables de la gestión del programa, así como, de la promoción de la red interinstitucional. Estará coordinado por para Planificación y Desarrollo la Viceministra o Viceministro Académico e integrado por: Dos"integrantes designados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Dos integrantes designados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Un vocero o vocera designado por cada una de las de instituelones universitaria educación autorizadas para la gestión del Programa. Artículo 7. Son funciones del Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación de Profesores de Educación Media en las áreas de Matemática, Física, Química y Biología: a) Articular y promover el trabajo cooperativo y solidario entre los integrantes de la red interinstitucional del programa; con otros organismos del Estado, empresas y organizaciones sociales. b) Convocar las reuniones de la red interinstitucional. c) Realizar el seguimiento del programa, conjuntamente con las comunidades de las instituciones involucradas, para garantizar la adecuación y mejoramiento de su diseño y ejecución. d) Proponer mecanismos para el mejoramiento del programa, incluyendo: programas de formación de profesores, desarrollo y dotación de recursos educativos, fortalecimiento de centros de información y documentación, intercambio académico, movilidad estudiantil y docente, vinculación con empresas, comunidades y órganos del Estado. Artículo 8. El Despacho de la Viceministra o Viceministro para Planificación y Desarrollo Académico, queda encargado de la ejecución de la presente Resolución. página original (tal como se publicó) [Página 28] Artículo 9. Las dudas y lo no previsto en la presente Resolución, serán resueltas por el Ministro o Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria. Artículo 10. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíq y JEHYSON JOSÉ GUZMAN ARARUE Ministro del Poder Popular para la Edcaoniversitaria Decreto N° 1.054 de fecha 17/06g 20 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD REPÚBLICA BOLIVARÍANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD 04 DE AGOSTO DE 2014 NÚMERO 349 204º, 155º y 15° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto número 558 de fecha 05 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.287 de la misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, así como el artículo 48 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, artículos 51 y 52 del Reglamento número 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, artículos 6, 7 y 23 de la Ley Contra la Corrupción, en concordancia con el Decreto Nº 6.543 de fecha 02 de diciembre de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.072 de fecha 03 de diciembre de 2008; este Despacho Ministerial, RESUELVE ARTÍCULO 1. Designara la ciudadana MARISELA ANTONIA BERMÚDEZ BARRIOS, titular de la cédula de identidad número V-5.224.691, para ocupar el cargo de libr nombramientoyremocióncomoDirectoraEstadade Salud Miranda. ARTícuLo 2. La Directora Estadal de Salud Miranda, deberá cumplir fiel y cabalmente las atribuciones establecidas en los artículos 46 y 47 del Reglamento Orgánico de este Ministerio. ARTÍCULo 3. Se autoriza a la ciudadana MARISELA ANTONIA BERMÚDEZ BARRIOS, antes identificada, en su carácter de Directora Estadal de Salud Miranda de Miranda, para que actúe como cuentadante. ARTÍCULO 4. La CiUdadana MARISELA ANTONIA BERMúDEz BARRIoS, ante$ identificada, en su carácter de Directora Estadal de Salud Miranda de Miranda, deberá prestar caución suficiente para el ejercicio de sus funciones ante la Auditoria Interna de la respectiva unidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 161 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con el artículo 52 de su Reglamento No 1 sobre el Sistema Presupuestario. ARTÍCULO 5. La ciUdadana MARISELA ANTONIA BERMúDEz BARRIoS, ante$ identificada, en su carácter de Directora Estadal de Salud Miranda de Miranda, deberá presentar declaración jurada de patrimonio y anexar fotocopia del comprobante emitidoporlaContraloríaGeneral de la República, y posteriormente cônsignarlo por ante la Oficinas de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Salud ARTícuLo 6. Se deroga cualquier Resolución que colide con la presente. ARTícuLo 7. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese, R. FRÂNCISCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ Ministro del Poder Popular para la Salud Decreto N° 558 de fecha 05 de noviembre de 2013 Gaceta Oficial N° 40.287 de fecha 05 de noviembre de 2013 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO REPÚBLICA BOLIVÁRIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 17 de julio de 2014 2040, 155° y 15o Nº 8830 RESOLUCIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto N° 6.043 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Sobre página original (tal como se publicó) [Página 29] aceta Oficial de la República Bolivarjana de Venezuela N° 38.920 de fecha 29 de abril de 2008, se confiere la condecoración ORDEN AL MÉRITO EN EL TRABAJo, como reconocimiento a su compromiso, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo y con la lucha a favor de la clase trabajadora en el BANCO DEL TESORO BANCo UNIVERSAL, a los siguientes ciudadanos: PRIMERA CLASE ORDEN. EUMELIA HERNÁNDEZ: EL BADICHE CHACÓN, ELSA EMMA PÉREZ BRITO, YLAYARI JOSEFINA PRIMERA CLASE ORDEN. ALFREDO MANEIRO: AVELLANEDA BARRIENTOS, CARLO JULIO CABRERA GARCÍA, JOSÉ RICARDO CARRILLO MEDINA, RUBÉN DARIO LAGUNA MORILLO, RAMÓN ALBERTO NATERA CASAÑAS, ALCIDES ALEXIS SEGUNDA CLASE ORDEN. CARMEN CLEMENTE TRAVIESO: ACOSTA, YORELYS COROMOTO ARAQUE ROJAS, FRANCY YALINA BARRIOS GARCÍA, KARI YOSELIN BOSCAN ECHETO, JENNIFER DEL VALLE CAÑIZALEZ SUAREZ, CARMEN DIOMARY CHACÓN VALDERRAMA, CARMEN CECILIA CHACÓN VILLA, JANET JOSEFINA DI CANZIO MICACHIONI, LILIANA ESPINOZA ARISTIGUETA, MARIANELA DE LOS ANGELES GARBÁN PÉREZ, ADRIANA SOFIA DEL CARMEN GARCÍA HERNÁNDEZ, MARÍA LILIANA HERNÁNDEZ DE SANTOS, LISBETH DE LOS ANGELES HERNÁNDEZ ESCALONA, JENNIFFER DEL VALLE LINARES DE QUINTERO, ANA PAULA LÓPEZ BRAVO, JENNY MAR NOEL HERNÁNDEZ, LISBETH Y JOSEFINA OROZCO SALAZAR, CARMEN AMELIE ORTIZ BRICEÑO, EDIT DEL VALLE PEÑA PEÑA, ANA RAFAELA ROA SÁNCHEZ, EMILIA VIANNEY SANDOVAL GODOY, INGRID BEATRIZ SANTANA SILVESTRE, MILDRED SOFÍA VILORIA MONCADA, MILBET JOSEFINA ZERPA EXPOSITO, VERÓNICA GUNDA CLASE ORDEN. ANTONIO DÍAZ "POPE": ANTUNEZ VILLAROEL, KARYN ALBERTO GONZÁLEZ VIEL, CARLOS ALBERTO GUERRA CORTESIA, DOUGLAS RAFAEL JASPE MARÍN, RICHARD ARTURO MALDONADO CANTOR, GUILLERMO ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ, RODOLFO RODRÍGUEZ OCHOA, ENGER LUIS ROMERO CARRILLO, GUSTAVO JOSÉ SUAREZ NAHON, GERMAN ALBERTO URRIETA GARCÍA, RUBÉN ANTONIO VÁSQUEZ HERNÁNDEZ, JESÚS EDUARDO VELÁSQUEZ VALBUENA, SALOMÓN ZAMBRANO GONZÁLEZ, GUSTAVO ERNESTO TERCERA CLASE ORDEN. ARGELIA LAYA: ALBARRÁN RAMÍREZ, YESSICA MILADY ALVIS DE GONZÁLEZ, MARÍA ALEJANDRA ARANGUIBEL DE TOVAR, LUISA ELENA BARANDELA DE ROJAS, YESICA BARAZARTE CAMACHO, DOYSI VICTORIA BARRIOS DÁVILA, YELITZA ZARAY BRICEÑO GIL, RAIZA CATHERINE CAMACHO YEPEZ, LISBETH CAROLINA CARDENAS RAMÍREZ, FABIOLA DORELY CASTRO PALMA, AURA MARINA CONTRERAS PERALTA, CINTHYA CAROLINA CREAZOLA GÓMEZ, NILSAY JASMIN DÁVILA JIMÉNEZ, YDAYALI NILEY DELGADO, ROSA MERIYEY DÍAZ DÍAZ, GREINY JONY ESCALONA CABRERA, ERIKA ANANI A FABRIZIO ARAUJO, JESSIKA ROXANA FIGUEROA DE RAMÍREZ, MARIANELA GARCÍA DE ENZALZADO, JACKELINE DEL CARMEN GIL RODRÍGUEZ, YESKALEE DEL VALLE GONZÁLEZ MEDINA, ROSISELA GONZÁLEZ DE CHACOA, MARIBEL JOSEFINA GOTA, ANA TIBAIRE HERNANDEZ CASTRO, YULIANA SARAI HERRERA BETANCUR, ANA MARÍA LABRADOR GONZÁLEZ, DAILYN DESIREE LAYA SILVA, STEPHANIE YURMAHIRA LUGO PEÑA, ANNERY LIZETH MANZANO FERNÁNDEZ, OLIUSKA JOSÉFINA ARTÍNEZ ANGULO, LISBETH MARTÍNEZ GONZÁLEZ, YEIMY DUBRASKA MENDES DA GRACA, ANALITA MILIAN GARCÍA, YARIANGELI BERSAY MONTILLA RAMÍREZ, YARITZA RAIMARI MORALES ALVARADO, LOLIMAR EILYN NAVAS CIVIDANES, ADRIANA ISABEL OCANDO AÑES, NANCY COROMOTO OJEDA NIEVES, LENNYS ROSANA OVEJERO MUJICA, ADRIANA COROMOTO PARTAGÁS GUEVARA, ADA VERÓNICA PÉREZ PIÑANGO, ALEJANDRA PINEDA HERNÁNDEZ, YAHURI ANDREINA RAMÍREZ GARCÍA, NIDIA RAMÍREZ UZCATEGUI, PERLA ESMERALDA RAMOS GRANADOS, MAYERLING OLGA ROSALES ALMAO, KORALYS JOSEFINA RUIZ LEÓN, VANESSA ALEJANDRA TORRES MORENO, GLADYS JUDNEL VILARIÑO CAMBERO, CLAUDIA SOFIA VILLEGAS URBINA, DAYANNA CRISTAL TERCERA CLASE ORDEN. PEDRO PASCUAL ABARCA: BELLO ANDAZOLA, FELIX MANUEL BOLÍVAR CALABRESE, HECTOR JOSÉ BOLÍVAR CHARRI, RICHARD JOSÉ BRAVO CALDERA, KEHISMER JAVIER CASIQUE BASTIDAS, YONDEL JAVIER CASTRO OMAÑA, JEASON ARNALDO CLEMENTE NARVAEZ, ÁNGEL JAVIER CONTRERAS OLIVARES, RICHARD NOEL CONTRERAS QUINTERO, ENDHER EDUARDO DAVILA RICO, DERWIN ANDERSON DÍAZ SALAZAR, DOMINGO JOSÉ ESTRADA CASTRO, ORLANDO ENRIQUE FAJARDO, CRISTÓBAL OMAR FARIAS PLAZA, JOEL JOSÉ GAVIDIA ESCALONA, IGOR ANTONIO GÓMEZ MARQUEZ, HORLUI ALBERTO GUERRERO RIVAS, GREGORY EDUARDO HERNÁNDEZ CHAVEZ, LUIS EDUARDO HERNÁNDEZ DELGADO, GUSTAVO ADOLFO HERNÁNDEZ FLORES, RONALD JOSÉ HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, AXEL JOSÉ IBARRA BERBIN, DANIEL EDUARDO JIMÉNEZ, HAROLD ENRIQUE LIRA ROMERO, ÁNGEL ANTONIO SPEZ OROPEZA, JESÚS ALEJANDRO LÓPEZ, WILLIAM ALBERTO LUBO SÁNCHEZ, IVÁN ALEXANDER LUCAS, CARLOS EDUARDO MACHADO PALACIOS, ANGELEDUARDO MEDINA MACUPIDO, ROMMEL GABRIEL MENDOZA ESCALONA, DAVID ENRIQUE MONTAÑO MONTAÑO, NESTOR JOSÉ MORALES TORRICO, EDUARDO ALEXIS MUÑOZ GALÍNDEZ, MELVIN DAVID ÑAÑEZ OROZCO, ÁNGEL EDUARDO NOGUERA, LEONARDO ENRIQUE NOVOA CARNEIRO, EDUARDO JOSÉ OCHOA, LEODAN ANTONIO ORTEGA PARISCA, RICHARD JOSÉ PAREJA PÉREZ, LEOPOLDO JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ, ENRIQUE NICOLÁS OLANCO GONZÁLEZ, DEAN ARGENIS RATTIA RODRÍGUEZ, GERMAN DE JESÚS RIVERA PEÑA, LAUDELINO RIVERO RODRÍGUEZ, DOUGLAS GILBERTO RODRÍGUEZ ALTUVE, ERNESTO LUIS RODRÍGUEZ GARCÍA, JOSÉ ANTONIO SAYAGO ROSAS, ALBERTO JOSÉ SIVIRA VILLAMIZAR, SALIM SALOMÓN SOJO TORRES, DARRELL HORACIO VÁSQUEZ BARRETO, HEBER ELIER página original (tal como se publicó) [Página 30] VÁSQUEZ TORREALBA, WILLIAMS JOSÉ VEGAS GARCÍA, JUAN CARLOS VILLALTA PALACIOS, ALEXIS EMILIO ZAMBRANO, CÉSAR HORACIO ZERPA BARRERA, RAGIH LUIS Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, JESÚS MRTÍNEZ BARRIOS Ministro del PoderPepufan para el Proceso Social de Trabajo Según Decreto N° 729 de fecha 09/01/2014 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.330 de fecha 09/01/2014 REPÚBLICA BOLIVÁRIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 01 de agosto de 2014 $$ 204º,155º y 15º No. 8839 RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 77, numerales 2 y 19 del Decreto No. 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 5, numeral 2, de la Ley del Estatuto de la Función Pública, procedo a designar a la ciudadana GISELA CaROLINA RAMÍREZ DE RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad No. 9.230.103, como Consultora Adjunta, código de nómina No. 103, adscrita a la Consultoría Jurídica, vigente a partir de su notificación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 25 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. De conformidad con los artículos 34 y 77, numeral 26 del Decreto No. 6.217, con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y conforme al artículo 34 del Decreto N° 6.732, sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202, de fecha 17 de junio de 2009, sobre la Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, y con el artículo 1º del Decreto 140, de fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 29.025, de fecha 18 de septiembre de 1969, sobre el Reglamento de Delegación de Firmas de los Ministros del Ejecutivo Nacional, se le delega la firma de los documentos que a continuación se indican: a) Las circulares, memorandos, oficios y comunicaciones inherentes a su Dirección, dirigidas a las oficinas dependientes del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. b) La correspondencia inherente a su Dirección, dirigida a los funcionarios subalternos, administrativos, judiciales, municipales, de los Estados y del Distrito Capital. c) La correspondencia de cualquier naturaleza inherente a su Dirección, en respuesta a solicitudes dirigidas a su Despacho por los particulares. d) La certificación de la documentación correspondiente a la Dirección a su cargo. Comuníquese y Publíquese Por el Ejecutivo Nacional, JESÚS RAFAELMARTINEZ BARRIOS MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO Según Decreto No. 729, de fecha 09-01-2014 Gaceta Oficial No. 40.330 de fecha 09-01-2014 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° CARACAS, 0/DE JULIO DE 2014 AÑOS 204° y 155° Quien suscribe, Haiman El Troudi, Ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre, designado mediante Decreto N° 127 de fecha 27 de mayo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.175 de fecha 27 de mayo de 2013, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 77 numerales 19 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 40 ejusdem. POR CUANTO En vista de las importantes proporciones del incremento poblacional de los últimos años, se ha generado la necesidad de mejorar y ampliar las vías existentes y el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura vial, POR CUANTO En el estado Aragua, específicamente en el municipio Girardot, se requiere la construcción de un sistema de transporte que permita descongestionar el flujo vehicular, el cual evitará que el tránsito vehicular colapse en mencionado Municipio, principalmente en la Avenida Constitución, a fin de generar una opción para el tránsito que circular por el centro de la ciudad, del mismo modo podrá ser utilizada como acceso a futuros desarrollos de transporte masivos, POR CUANTO Es competencia de este Ministerio el desarrollo de los planes de movilidad en el territorio nacional y garantizar el mejor desempeño de las actividades de mejoramiento de las vías de comunicación, POR CUANTO La empresa "VIALIDAD Y CONSTRUCCIONES SUCRE, S.A." (vYcsucRE), en su carácter de ente descentralizado, cuenta con la capacidad técnica y administrativa para llevar a cabo la contratación, supervisión, inspección y ejecución de forma parcial o total de las obras, de manera que los trabajos se hagan conforme a las especificaciones técnicas y en los lapsos previstos, POR CUANTO En el marco de la Eficiencia del Gobierno Bolivariano fue aprobado en Punto Presidencial N° No. 002-14 de fecha 19 de marzo de 2014, por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, corre$pondiente a la ejecución de la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA TRANSMARACAY Y ADECUACIÓN DE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO GIRARDOT, ESTADO ARAGUA", por un mOnto total de CIENTO OCHENTA MILLONES DE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 180.000.000,00), que serán financiados por Fondo Miranda. RESUELVE Artículo1.- “VIALIDAD Encomendar la Y a empresa CONSTRUCCIONES SUCRE, S.A." (VYCSUCRE), la ejecución de la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA TRANSMARACAY Y ADECUACIÓN DE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO GIRARDOT, ESTADO ARAGUA", por un mOnto total de CIENTO OCHENTA MILLONES DE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 180.000.000,00) que serán financiados por Fondo Miranda, aprobado según Punto Presidencial N° No. 002-14 de fecha 19 de marzo de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 y página original (tal como se publicó) [Página 31] 40 de la Ley Orgánica de Administración Pública publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el No. 5.890, Extraordinario de fecha de fecha 31 de julio de 2008, a los fines de garantizar que los planteamientos del Gobierno Bolivariano se concreten de manera eficiente, en función de reforzar las prioridades en materia de movilidad vial del país. Artículo 2.- La ejecución de la referida obra la realizará la empresa "VIALIDAD Y CONSTRUCCIONES SUCRE, S.A." (VYCSUCRE), en estricto cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas vigente y su Reglamento; debiendo dar inicio a los trámites de la contratación dentro de los quince (15) días siguiente a la entrada en vigencia de la presente encomienda. Artículo 3.- En ejercicio de la presente encomienda, la empresa "VIALIDAD Y CONSTRUCCIONES SUCRE, S.A." (VYCSUCRE), deberá presentar a requerimiento de este Ministerio, un informe técnico detallado de las actividades cumplidas, el cual deberá contener, al del contrato, control de inversión y menos, la ejecución financiera soporte fotográfico del caso. Artículo 4.- La Dirección Genecal de Mantenimiento de Infraestructura y Vialidad de este Ministerio y el ente encomendado designarán personal que tendrán la responsabilidad de coordinar y hacer seguimiento del proceso hasta la suscripción del Acta de Aceptación Definitiva de entrega del o los suministros. Igualmente, dicho personal deberá elaborar un cronograma de actividades y en tal sentido, mantener informado al Ministro y al Presidente de la empresa "VIALIDAD Y CONSTRUCCIONES SUCRE, $.A." (VYCSUCRE) del desarrollo del proceso de adquisición y, en tal sentido, podrán efectuar las recomendaciones que considere convenientes, las cuales son de obligatorio cumplimiento para el énte encomendado. Artículo 5.- La empresa “VIALIDAD Y CONSTRUCCIONES SUCRE, S.A." (vYcsucRE), no podrá ceder ni parcial ni totalmente la administración de los recursos previstos en esta encomienda. Artículo 6. - Esta encomienda entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y se mantendrá vignseuna la firma del Acta de Aceptación Definitiva de la obra. comuníagese y Publíquese HAIMAN EL TROUDI Ministro MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULARPARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES. DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN MPPCMS N° 075-2014. CARACAS 31 DE JULIO DE 2014 Años 204°, 155° y 15° El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, designado mediante Decreto Nº 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.151 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 62 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 5 numeral 2, 19 y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. RESUELVE PRIMERO: Designar al ciudadano ANGEL DEMETRIO RUÍZ LUCENA, titular de la Cédula de Identidad N°V-18.116.826, como Director General de Consolidación de Comunas, adscrito al Despacho del Viceministro de Comunas y Movimientos Sociales de este Ministerio, a partir del 01 de agosto de 2014. sEGunDo: De conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Comuníquese y publíquese. Por el Ejecutivo Nacional, REINALDO ANTONIO ITURRIZA LOPEZ Ministro del Poder Popular pata las Comunas y los Movimientos Soclates Decreto Nº 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.151 de la misma fecha. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SENTENCIA N° 00815 FECHA 04.06.14 LA REPÚBLICA BOLIYARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE, EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA POLITICO - ADMINISTRATIVA MAGISTRADO PONENTE: EMILIO RAMOS GONZÁLEZ Exp. N° 2012-1813 El Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas mediante Oficio N° 2012/368 de fecha 8 de noviembre de 2012, remitió a esta Sala Político- Administrativa el expediente signado con letras y números AP41-U-2010- 000037, de la nomenclatura del aludido Tribunal, contentivo del recurso de apelación ejercido el 25 de octubre de 2012 y ratificado el 1° de noviembre del mismo año por la abogada María Luisa Romero Quiroga, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 148.033, actuando con el carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República en representación del FISCO NACIONAL, según se desprende del instrumento poder cursante a los folios 308 al 313 de las actas procesales; contra la sentencia N° 1969 dictada por el Tribunal remitente el 21 de septiembre de 2012, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos el 20 de enero de 2010 por las abogadas Rebeca Catan Barut y Sulirma Vallenilla de Navarro, inscritas en el INPREABOGADO bajo los Nros. 23.221 y 23.462, respectivamente, en su carácter de apoderadas judiciales de la sociedad de comercio TAMAYO & CIA., S.A., inscrita inicialmente en el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal en fecha 7 de septiembre de 1946, bajo el N° 650, Tomo 4-C, con posteriores modificaciones, siendo la última la asentada ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda el 13 de noviembre de 2007, bajo el N° 13, Tomo 236-A-Sgdo, representación que se evidencia a los folios 45 y 46 del expediente judicial. El recurso contencioso tributario fue incoado contra la Providencia Administrativa N° SNAT/INTI/GRTICERC/DJT/2009/1977-2260 de fecha 3 de noviembre de 2009, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por la cual revocó parcialmente la Resolución de Imposición de Sanción y Determinación de Intereses Moratorios signada con el N° 2008, y confirmó las multas aplicadas de conformidad con el artículo 113 del Código Orgánico Tributario de 2001, por el enteramiento tardío del impuesto al valor agregado correspondiente a los siguientes períodos página original (tal como se publicó) [Página 32] fiscales: primera quincena de enero de 2004, primera y segunda quincena de agosto de 2004, segunda quincena de octubre de 2004, y de febrero y junio de 2005, por la cantidad total de Un Mil Ciento Cuarenta y Tres Unidades Tributarias Con Treinta Centésimas (1.143,30 U.T.), calculada con base en el valor de la unidad tributaria que se encontraba vigente para el momento de la comisión del ilícito, según se observa del Anexo N° 1 del segundo de los actos administrativos mencionados (folio 122) y posteriormente transformada a bolívares utilizando el valor que se encontraba vigente para la fecha de emisión de dicha Resolución (21 de agosto de 2008 en Bs. 46,00). Asimismo, se determinó que la contribuyente debía pagar por concepto de intereses moratorios el monto de Un Mil Quince Bolívares con Cincuenta y Cinco Céntimos (Bs. 1.015,55). Mediante auto de fecha 5 de noviembre de 2012 el Tribunal de mérito oyó en ambos efectos la apelación interpuesta por la sustituta de la Procuradora General de la República y remitió el expediente a esta Sala. En fecha 12 de diciembre de 2012 se dio cuenta en Sala, se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, asimismo, se designó Ponente a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero. En la misma oportunidad, se fijó un lapso de diez (10) días de despacho para fundamentar la apelación, lo cual hizo el 29 de enero de 2013 la abogada Adda Almanzar, inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 68.313, actuando en su carácter de representante del Fisco Nacional, tal como se evidencia a los folios 345 al 350 del expediente judicial. Por auto de fecha 30 de enero de 2013, se dejó constancia de la incorporación el 14 de enero de 2013 del Magistrado Suplente EMILIO RAMOS GONZÁLEZ a quien se le reasignó la ponencia. El 7 de febrero de 2013 la abogada Sulirma Vallenilla, antes identificada, actuando con el carácter de apoderada judicial de la contribuyente, consignó escrito de contestación a la fundamentación de la apelación. En fecha 8 de mayo de 2013, fue elegida la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada la Sala Político- Administrativa de la siguiente forma: Presidente, Magistrado Emiro García Rosas; Vicepresidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortiz; las Magistradas, Trina Omaira Zurita y Mónica Misticchio Tortorella y el Magistrado Emilio Ramos González. El 14 de enero de 2014, se dejó constancia de la incorporación a esta Sala Político-Administrativa de la Tercera Suplente Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel, a fin de suplir temporalmente la falta absoluta de la Magistrada Trina Omaira Zurita. La Sala quedó integrada de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Emiro García Rosas; Vicepresidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Magistrada Suplente, Mónica Misticchio Tortorella; Magistrado Suplente, Emilio Ramos González y Magistrada Suplente, María Carolina Ameliach Villarroel. Realizado el estudio del expediente pasa esta Alzada a decidir, con fundamento en los artículos 26, 253 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. -I- ANTECEDENTES El 21 de agosto de 2008, la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), dictó la Resolución de Imposición de Sanción y Determinación de Intereses Moratorios signada con el N° SNAT/INTI/GRTICERC/DR/ACOT/RET/2008/1204, mediante la cual aplicó a la sociedad mercantil Tamayo & Cia., S.A., la multa prevista en el artículo 113 del Código Orgánico Tributario de 2001, en la cantidad de Mil Seiscientas Cincuenta Unidades Tributarias con Veinticinco Centésimas (Bs. 1.650,25 U.T.), “(...) tomando en consideración el valor de la unidad tributaria al momento de la comisión del ilícito, de conformidad con lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 94 del COT, cuyos cálculos se muestran en el Anexo N° 1 (...)", equivalente al monto de Setenta y Cinco Mil Novecientos Once Bolívares con Cincuenta Céntimos (Bs. 75.911,50), "(..) tomando en consideración el valor de la unidad tributaria (U.T.) en cuarenta y seis bolívares fuertes sin céntimos (Bs.F 46,00), según Providencia N° 0062, de fecha 16/01/2008, publicada en Gaceta Oficial N° 38.855 del 22/01/2008 (...)". Adicionalmente, a través del acto administrativo antes referido se determinaron intereses moratorios de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 del Código Orgánico Tributario vigente, por la suma de Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Bolívares con Treinta y Cinco Céntimos (Bs. 1.476,35) y en consecuencia, se ordenó la expedición de las planillas de liquidación y pago correspondientes. Luego, el 10 de septiembre de 2008 la ciudadana Sobeida Susana Contreras García, titular de la cédula de identidad N° 6.034.139, actuando con el carácter de coordinadora de impuestos de la contribuyente, presentó ante la mencionada Gerencia Regional el "escrito registrado bajo el N° 0018336 mediante el cual solicit[6] la anulación de la Resolución de Imposición de Sanción y Determinación de Intereses Moratorios" antes identificada. (Añadido de esta Sala). En respuesta a dicha petición, esa Administración Tributaria dictó la Providencia Administrativa N° SNAT/INTI/GRTICERC/DJT/2009/1977- 2260 de fecha 3 de noviembre de 2009, en la cual declaró "PARCIALMENTE PROCEDENTE la solicitud de anulación efectuada por la contribuyente TAMAYO & CIA, S.A." En tal sentido, al haber constatado que el pago de las retenciones del impuesto al valor agregado no fue efectuado en el plazo establecido debido a una causa extraña no imputable a la contribuyente, como es la fuerza mayor derivada de inconvenientes para acceder al portal web del SENIAT y de errores arrojados por el sistema, revocó las multas y los intereses moratorios quincena del período enero 2005 y primera y segunda quincena del período abril 2004". Por otra parte, confirmó las multas y los intereses moratorios correspondientes “a la primera quincena del período enero/2004, segunda quincena de los períodos octubre/2004, febrero/2005 y junio/2005 y la primera y segunda quincena de (sic) período agosto/2004", toda vez que dichos conceptos "no fueron objetados ni desvirtuados" por la contribuyente. Contra la Providencia Administrativa previamente descrita las abogadas Rebeca Catan Barut y Sulirma Vallenilla de Navarro, ya identificadas, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la sociedad de comercio Tamayo & Cía, S.A., el 20 de enero de 2010 ejercieron recurso contencioso tributario conjuntamente con solicitud de página original (tal como se publicó) [Página 33] medida cautelar de suspensión de efectos con fundamento en los siguientes alegatos: 1. Falso supuesto de derecho, al haber impuesto las sanciones de multa con base en el artículo 113 del Código Orgánico Tributario de 2001, en lugar de la disposición contenida en el artículo 112 del mismo cuerpo normativo. En tal sentido, explicaron que en materia de impuesto al valor agregado "...el pagador al retener no le está descontando el impuesto al contribuyente de hecho y derecho, al sujeto pasivo final, sino a un sujeto transitorio en la cadena de traslación del impuesto, por ello es que con toda claridad y sin lugar a dudas señalamos y afirmamos que estamos en presencia de un anticipo de impuesto y no de una retención de impuesto". 2. Transgresión de los principios constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad, pues la sanción aplicada"...puede llegar a tener como consecuencia jurídica hasta cinco veces el monto retenido, constituyendo un desequilibrio entre el monto retenido y la sanción impuesta, lo que hace de la misma una sanción injusta y por lo tanto inconstitucional...". 3. Que el ajuste de las multas por el valor de la unidad tributaria vigente para el momento del pago conforme a lo previsto en el Parágrafo Segundo del artículo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001, es violatorio del derecho a la propiedad y de los principios constitucionales de la capacidad contributiva, certeza jurídica y no confiscatoriedad de los tributos, por cuanto: -El referido ajuste "conlleva al hecho de que en muchos casos los contribuyentes tendrán que transferir al Fisco Nacional la propiedad de sus bienes o parte de su patrimonio, para honrar las sanciones a que sean sometidos por la comisión de ilícitos tributarios". concepto de sanciones, un incremento que excederá de dos, tres, cuatro o más veces el monto que debieron pagar si se considera el valor de la Unidad Tributaria vigente para la fecha en que se cometió el ilícito". - Adicionalmente, "una vez cometido el ilícito el contribuyente debe esperar a que la Administración en su total ineficiencia deje transcurrir el tiempo sin realizar actividad alguna, y antes de que prescriba la acción tributaria sancionadora, proceda a determinar la multa por el ilícito cometido, ajustada además al valor de la Unidad Tributaria vigente para el momento del pago". 4. Violación del principio de irretroactividad de la ley, consagrado en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el artículo 2 del Código Penal. Al respecto, señalaron que "...la multa determinada en unidades tributarias, realmente debió ser calculada de acuerdo al valor de la unidad tributaria vigente para el momento de la comisión del ilícito, es decir para el año 2004 en la cantidad de Bs. 24,70, y para el año 2005 en la cantidad de Bs. 29,40, respectivamente, por lo que la Administración Tributaria no aplicó tal consideración y procedió a aplicar la disposición consagrada en el Parágrafo Segundo del artículo 94 del Código Orgánico Tributario..". 5. Falso supuesto de derecho, "...al interpretar erróneamente el Parágrafo Segundo del artículo 94 del Código Orgánico Tributario, por cuanto aplica la multa utilizando la unidad tributaria vigente para el momento de la emisión de la Resolución de Imposición de Sanción y no la que estuviere vigente en el momento del pago tardío de la obligación principal...". Sobre dicho particular, expusieron que "..la Administración Tributaria en el momento de determinar la multa expresada en términos porcentuales, en este caso la establecida en el artículo 113 del Código Orgánico Tributario, debe convertir las al equivalente en unidades tributarias que esté vigente para el momento de la comisión del ilícito, conversión esta realizada conforme a la Ley por la Gerencia, mas sin embargo, al aplicar la unidad tributaria vigente al momento de emitir la Resolución (46,00 x 1 UT), y no la vigente para el momento del pago, pues en este caso se trata de retenciones pagadaś extemporáneamente, es decir, la obligación tributaria se pagó, sólo que fuera del lapso legal, por tal motivo, la Administración debe aplicar la multa (elemento accesorio del tributo) a la unidad tributaria que estuviera vigente para el momento en que efectivamente se pagó la obligación principal". (Destacado y subrayado de la parte recurrente). Por sentencia interlocutoria S/N del 10 de agosto de 2012, el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al que correspondió el conocimiento de la causa previa distribución, negó la medida cautelar de suspensión de efectos del acto recurrido solicitada por la contribuyente. Ⅱ- DE LA SENTENCIA APELADA Mediante sentencia N° 1969 del 21 de septiembre de 2012, el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por la representación judicial de la sociedad de comercio Tamayo & Cia., S.A., sobre la base de las siguientes consideraciones: "(...) I- En cuanto al Vicio de falso supuesto de derecho alegado por la contribuyente. En relación a este alegato, adujo el (sic) recurrente que la Administración Tributaria en la resolución impugnada incurrió en el vicio de Faso (sic) Supuesto de Derecho al pretender sancionar a la contribuyente según lo establecido en el artículo 113 del Código Orgánico Tributario, en lugar de imponer la sanción consagrada en el articulo 112 ejusdem (sic), alegando de (sic) que se trata de un anticipo de impuesto y que esta (sic) sancionado de conformidad con el articulo 112 del Código Orgánico Tributario numeral 2. (...) Como se evidencia de lo ut supra mencionado, la contribuyente presentó las declaraciones informativas de las compras y las retenciones practicadas al Impuesto al Valor Agregado y efectuó el enteramiento extemporáneo de las Retenciones del Impuesto al Valor Agregado. Siendo aceptado por la misma contribuyente que algunos de los pagos de las retenciones no fueron presentados en forma oportuna por inconveniente en la página web según el escrito presentado en fecha 10 de septiembre de 2008, escrito registrado bajo el No. 0018336. Tal como se evidencia la contribuyente incumplió con un ilícito material tipificado en el artículo 113 del Código Orgánico Tributario de 2001, es decir, enteró las cantidades retenidas en forma extemporáneas (sic), de dicho artículo se desprende lo siguiente: (...) Al respecto resulta oportuno expresar, que los agentes de retención, como sujeto (sic) pasivo (sic) de la relación juridico tributaria, en su condición de responsable, queda (sic) sometido (sic) a las obligaciones que el ordenamiento juridico le (sic) impone, principalmente las de retener el impuesto correspondiente y enterar las sumas retenidas, en tiempo oportuno, a nombre del contribuyente y no en el suyo propio, quedando de esta manera, obligado por deuda ajena. (...) Tal como expresamente señala el articulo 113 del Código Orgánico, la Administración Tributaria procedió al cálculo de multas para los períodos primera quincena de enero 2004, segunda quincena (sic) octubre 2004, febrero 2005 y junio 2005 y la primera y segunda quincena de agosto 2004, por el enteramiento extemporáneo de las cantidades retenidas del Impuesto al Valor Agregado. Ahora bien, por retención en caso de incumplimiento de sus obligaciones, por lo tanto y contrario a lo expresado por la contribuyente, no existe vicio de falso supuesto de derecho por cuanto los hechos invocados por la Administración corresponden con los previstos en el supuesto de la página original (tal como se publicó) [Página 34] norma. En consecuencia se desestima la pretensión de la contribuyente. Y ASÍ SE DECLARA. II- En relación a la violación de los Principios Constitucionales de Proporcionalidad y Razonabilidad. En cuanto a este punto señaló la recurrente, que la Administración Tributaria determinó una sanción pecuniaria por el retraso en el enteramiento de las retenciones practicadas, conforme al articulo 113 del Código Orgánico Tributario, señaló que en aplicación a dicha norma la contribuyente estaria en la obligación de pagar al Fisco Nacional por concepto de multa la cantidad de Bs. 52.591,80, tomando el valor de la unidad tributaria vigente al momento del pago en Bs. 46,00 y los intereses moratorios por la cantidad de Bs. 1.015,55 para un total de Bs. 53.607,35, cantidad que a su consideración le produce un gravamen irreparable de carácter económico a la contribuyente, atentando contra el principio de proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones. Que en el presente caso, evidenció que la ley incurre en una falta al no mantener el debido equilibrio entre el administrado o contribuyente y la sanción impuesta en el articulo 113 del Código Orgánico Tributario, por cuanto señaló que la misma puede llegar a obtener como consecuencia jurídica hasta cinco veces el monto retenido, constituyendo un desequilibrio entre el monto retenido y la sanción impuesta, por lo cual consideró que era una sanción injusta e inconstitucional. E igualmente señalaron que la multa interrumpe la circulación económica generando un perjuicio, generando un perjuicio (sic) patrimonial a la contribuyente. (...) Quien suscribe este fallo aprecia, que las multas impuestas a la incumplimiento por parte de este, por no enterar en el tiempo oportuno las retenciones de Impuesto al Valor Agregado, e igualmente no fueron aportados al proceso medios probatorios idóneos capaces de sostener que efectivamente la capacidad contributiva de la contribuyente Tamayo & CIA S.A., se vea afectada en tal magnitud al punto de que las multas impuesta (sic), sean confiscatorio (sic) y violatorio (sic) de su derecho de propiedad, sino que simplemente se realizaron alegaciones sobre que la multa alli impuesta es desproporcional irracional y afecta la capacidad contributiva de la contribuyente, todo lo cual es incapaz de generar convicción suficiente para los efectos pretendidos; por lo tanto, se desestima tal denuncia. Y ASÍ SE DECLARA. III y V-En cuanto al alegato formulado por la recurrente en relaciona (sic) a la improcedencia de la metodología de cálculo para determinar la multa establecida en el articulo 113 del Código Orgánico Tributario de 2001, pasado en la aplicación del parágrafo segundo del artículo 94 del referido código, por cuanto contiene elementos de actualización e indexación que adecuar la multa al fenómeno inflacionario venezolano. Entre otras cosas señaló que el ajuste efectuado por la Administración Tributaria, para determinar la multa por la comisión de un (sic) ilícitos materiales en un determinado período al valor de la unidad tributaria vigente para el momento del pago, es totalmente improcedente, por cuanto constituyó una indexación de la sanción establecida que consideró que era desproporcional e irracional, que dicha multa le resultó violatoria a los principios constitucionales de derecho tributario, tales como Derecho de Propiedad, Capacidad contributiva, certeza jurídica y no confiscatoriedad. E igualmente alegó en otro punto del escrito recursivo el vicio de falso supuesto de derecho en el computo (sic) de la sanción impuesta a la contribuyente por cuanto señaló que la Administración tributaria (sic) al momento determinar la multa expresada en términos porcentuales, en este caso establecida en el artículo 113 Código Orgánico Tributario, debió convertir las al equivalente en unidades tributarias que estaba vigente para el momento de la comisión del ilícito, conversión esta realizada conforme a la ley por la Gerencia, al aplicar la unidad tributaria vigente para el momento del pago (sic), la Administración incurrió en error al aplicar la unidad tributaria vigente al momento de emitir la Resolución (46,00 x IUT). y no la e e e retenciones pagadas extemporáneamente, es decir, la obligación tributaria se pagó, sólo que fuera del lapso legal, por tal motivo, la administración debió aplicar la multa a la unidad tributaria que estuviera vigente para el momento en que efectivamente se pagó la obligación principal. En relación a dichos (sic) alegato expuesto, este Tribunal observa que siguiente: (...) Dichas (sic) disposiciones (sic) indican (sic) la manera como deben ser calculada (sic) el valor de la Unidad Tributaria que debe aplicarse a los fines de calcular la sanción por la ocurrencia de algún ilicito tributario. Al respecto es preciso traer a colación sentencia No. 1426, emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Caso: The Walt Disney Company, S.A. que dispuso lo siguiente: (...) Ahora bien, en cuanto que los ajustes de las multas por el valor de la unidad tributaria resulta (sic) violación (sic) de los Derecho (sic) de Propiedad, Capacidad Contributiva, No Confiscatoriedad, es de observar que ya se analizó en el punto precedente, y que igualmente dicha actualización como lo expresa la sentencia ut supra transcrita no obedece a una estimación caprichosa realizada por la Administración Tributaria, sino que se realiza con base al estudio y ponderación de variables económicas, (Indice de Precios al Consumidor (IPC) del Área Metropolitana de Caracas), que representan la pérdida del valor real del signo monetario por el transcurso del tiempo, por lo tanto no existe violación de dichos principios. De esta manera, en consonancia con el criterio jurisprudencial ut supra trascrito, este Tribunal considera que en el presente caso le es aplicable a la contribuyente la unidad tributaria vigente para el momento en que realizó el respectivo pago de la obligación principal, es decir, en el momento que el contribuyente realizó el enteramiento extemporáneo de las retenciones en materia de Impuesto al Valor Agregado, quedando de la siguiente manera el cálculo de las multas: (...) En virtud de lo expuesto, y siendo la Unidad Tributaria aplicable la vigente para la fecha en que realizó el (sic) contribuyente el pago de extemporáneo pero realizado en forma voluntario (sic), y en virtud del cuadro precedente, le corresponde al (sic) contribuyente pagar multa por la cantidad de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON DOS CÉNTIMOS (Bs.F. 29.665,2). Y ASÍ SE DECLARA. (Sic). IV- En cuanto a la Nulidad absoluta de la Resolución No. SNAT/INTIGRTICERC/DJT/2009/1977-2260, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del SENIAT, por cuanto la misma violenta, ignora y contradice el principio de irretroactividad consagrado en el articulo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el articulo 2 del Código Penal Venezolano. Que la Administración Tributaria cálculo a la contribuyente una multa de (sic) equivalente 1.143,30 U.T., tomando en consideración el valor de la unidad tributaria al momento del pago en Bs. 46,00 y no al momento de la comisión del ilicito. Ahora bien, en cuanto a la irretroactividad del articulo 94 del Código Orgánico Tributario ya ha sido resuelta en diversos fallos dictados por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, entre los cuales se pueden mencionar, la sentencia No. 01426 de fecha 12 de noviembre de 2008, caso: The Walt Disney Company Venezuela S.A.. la cual dispone lo siguiente: (...) Se evidencia de la jurisprudencia transcrita, que la disposición contenida en el articulo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001, no infringe o vulnera el principio de irretroactividad de la Ley, sino que, establece un mecanismo del cual se vale el legislador para evitar que el transcurso del tiempo invalidez o dismimuya los efectos de la sanción que ha pretendido fijar como consecuencia de un ilícito tributario. Por lo tanto se declara improcedente el alegato de violación del principio de irretroactividad. Y ASI SE DECLARA. DISPOSITIVA Por todo lo antes expuesto, este TRIBUNAL (...) DECLARA: PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto (...) por (...) TAMAYO & CIA., S.A.. (...) contra la Providencia Administrativa No. SNAT/INTI/GRTICERC/DJT/2009/1977-2260. de fecha 03 de noviembre de 2009, emanada e (sic) la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). En consecuencia: 1. SE ANULA PARCIALMENTE la Providencia Administrativa No. SNAT/INTI/GRTICERC/DJT/2009/1977-2260 de fecha 3 de noviembre de 2009, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas. 2. SE CONFIRMAN los montos por concepto de intereses moratorios (sic), por la cantidad de mil quince bolívares fuertes con cincuenta y cinco céntimos (Bs.F. 1.015,55). 3. SE ORDENA a la Administración Tributaria la expedición de una nueva planilla de liquidación, de multa por la cantidad en bolívares de veintinueve mil seiscientos sesenta y cinco con dos (sic) céntimos (Bs.F. 29.665,2), conforme a lo expuesto en el presente fallo (..)". (Destacados y subrayados del Tribunal a quo). -IⅢ- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN En fecha 29 de enero de 20 13, la abogada Adda Almanzar, antes identificada, actuando en representación del Fisco Nacional, presentó ante esta Sala el escrito de fundamentación de la apelación contra la sentencia definitiva N° 1969 dictada por el Tríbunal remitente el 21 de septiembre de 2012. Alega la apoderada judicial del Fisco Nacional que la sentencia apelada es "nula" “(...) por haber incurrido en el vicio de falso supuesto de derecho respecto a la multa impuesta” y estimó que “(..) la Juez (sic) de la página original (tal como se publicó) [Página 35] causa erró en la interpretación del derecho con respecto al cálculo de la multa prevista en el artículo 94 del Código Orgánico Tributario, por declarar que la unidad tributaria aplicable es aquella que se encuentre vigente al momento del pago de la obligación principal y no la que esté vigente al momento del pago de la multa". Indica que en el caso de autos, la recurrente en su condición de agente de retención, enteró extemporáneamente los impuestos retenidos durante los períodos impositivos correspondientes a "(...) la primera quincena del mes de enero de 2004; segunda quincena de los períodos impositivos de los meses de octubre de 2004; febrero de 2005 y junio de 2005 y la primera y segunda quincena del mes de agosto de 2004, incumpliendo así con lo previsto en el artículo 10 de la Providencia Administrativa SNAT/2002/1454, anteriormente citada, por constituir ilícitos materiales conforme lo dispone el artículo 109 del Código Orgánico Tributario (...)". Señala que “(...) la Imposición de Sanción se originó al incurrir la recurrente en el incumplimiento de su deber de presentar las declaraciones informativas de las compras y de las retenciones practicadas del impuesto al valor agregado, y efectuar el enteramiento correspondiente de forma oportuna, dentro de los lapsos establecidos legal y reglamentariamente (...)".. Agrega la representación fiscal que debido al incumplimiento antes reseñado, la Administración Tributaria impuso a la recurrente la multa prevista en el artículo 113 del Código Orgánico Tributario vigente, norma que contempla "(...) una sanción por el retardo de enterar las cantidades retenidas, siendo fijado su monto en un cincuenta por ciento (50%) mensual de los tributos retenidos o percibidos, no debiendo excederse dicha sanción de quinientos por ciento (500%) del monto de dichas cantidades (...)". En tal sentido, explica que “[Í]a estructura de esta sanción combina los porcentajes del tributo (impuesto retenido) con el tiempo de mora (por cada mes de retraso), por consiguiente, puede concluirse que esta norma contempla una sanción de tipo proporcional, pues en el caso de que el incumplimiento no haya ocupado todos los días de un mes, la misma debe calcularse proporcionalmente por los días de retardo y se cómputo desde el día siguiente al vencimiento del plazo (...)". (Interpolado de esta Sala). Con fundamento en lo anterior, arguye que la Administración Tributaria actuó con apego a lo previsto en el Parágrafo Segundo del artículo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001, es decir, "(...) las multas fueron calculadas tomando en cuenta el valor de la unidad tributaria que se encontraba vigente para la fecha límite que tenía el contribuyente para el pago de la obligación. Si observamos, en el presente caso no existe variación alguna entre la fecha límite para enterar y cuando efectivamente fue realizado el pago. Se desprende del cuadro que arriba expusimos, que los días de mora en el enteramiento|del impuesto, en los casos más graves, la mora no sobrepasa los tres (3) días, lo que equivale a que es la misma unidad tributaria que se debía tomar en cuenta para el cálculo de la multa (...)". Por último, reitera que la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) impuso las sanciones de multa a la sociedad mercantil Tamayo & Cia, S.A., atendiendo a lo preceptuado en el Parágrafo Segundo del artículo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001, en “(..) términos porcentuales, convertidas al equivalente de unidades tributarias (U.T.) que correspondían al momento de la comisión del ilícito, pero que deben ser canceladas utilizando el valor de la misma que se encuentre vigente pára el momento del pago.". En consecuencia, solicita se declare con lugar la apelación ejercida, y en el supuesto contrario se "exima" de las costas procesales a la República "por haber tenido motivos racionales para litigar". IV- CONTESTACIÓN A LA FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN En fecha 7 de febrero de 2013, la abogada Sulirma Vallenilla de Navarro, antes identificada, actuando con el carácter de apoderada judicial de la contribuyente, consignó escrito de contestación a los fundamentos de la apelación del Fisco Nacional, sobre la base de los siguientes argumentos: Indica que “(...) la Representación Fiscal, multa a [su] representada en virtud del enteramiento extemporáneo de las retenciones de IVA para los períodos fiscales (...) y además cita a su favor la sentencia N° 00918, [del 29 de septiembre de 2010] caso Cademás de Tiendas Venezolanas, S.A. (CATIVEN), emanada de esa Honorable Sala, pero el criterio sostenido y reiterado pacíficamente por esta Sala Politico-Administrativa (...) es el contemplado en la sentencia Walt Disney Company (Venezuela)". (Agregado de esta Sala). Alega que “(...) es cierto que [su] representada TAMAYO & CIA., S.A., enteró las retenciones de IVA fuera del lapso establecido, pero también es cierto que las pagó voluntariamente, por lo que se hace merecedora que la Administración Tributaria la sancione con base al valor de la unidad tributaria que estuvo vigente al momento en (sic) que cometió el ilícito y no como lo quiere hacer ver esta (sic) Representación Fiscal que se hace merecedora de la multa calculando el valor de la unidad tributaria al momento que emite la Resolución de Imposición de Sanción y Determinación de Intereses Moratorios". (Interpolado de esta Máxima Instancia). Señala que a diferencia de lo establecido en el caso: Corpomedios G.V Inversiones, C.A. (GLOBOVISIÓN) [fallo dictado por esta Sala bajo el N° 01108 del 29 de julio de 2009] y que fuera invocado por la representación fiscal, en la presente causa su representada “(...) sí pagó de manera voluntaria las retenciones del Impuesto al Valor Agregado (...) y (...) considera (..) que la sanción, que está obligada a pagar la contribuyente, es con base a la Unidad Tributaria vigente para el momento de la comisión del ilícito tributario, ello en resguardo del Principio de Irretroactividad de las leyes que impera en nuestro Ordenamiento Jurídico vigente”, razón por la cual solicita se declare sin lugar la apelación. (Agregado de esta Alzada). $\v- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR En la oportunidad para decidir corresponde a esta Sala Político- Administrativa conocer el recurso de apelación ejercido por la representación judicial del Fisco Nacional, contra la sentencia definitiva N° 1969 dictada por el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 21 de septiembre de 2012, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos. La presente controversia se circunscribe a determinar si el fallo dictado por el Juzgado de mérito está incurso en el vicio de falso supuesto de página original (tal como se publicó) [Página 36] derecho en cuanto a la conversión aludida en el Parágrafo Segundo del artículo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001 respecto a las sanciones de multa expresadas en términos porcentuales, por estimar que la unidad tributaria aplicable es aquella que se encuentra vigente al momento del pago de la obligación principal (enteramiento extemporáneo de las retenciones del impuesto al valor agregado) y no la que esté vigente en la oportunidad del pago de la multa, conforme a lo alegado por la representación del Fisco Nacional. Ahora bien, preliminarmente esta Alzada debe declarar firmes por no haber sido apelados por la sociedad de comercio Tamayo & Cia., S.A. y no resultar desfavorables al Fisco Nacional los siguientes pronunciamientos del Tribunal de la causa: i) la desestimación del vicio de falso supuesto de derecho y la procedencia de las sanciones de multa aplicadas a la recurrente en atención a lo previsto en el artículo 113 del Código Orgánico Tributario vigente, en virtud de haber enterado tardíamente las retenciones de impuesto al valor agregado correspondientes a los períodos fiscales coincidentes con la primera quincena de enero de 2004, primera y segunda quincena de agosto de 2004, segunda quincena de octubre de 2004, y de febrero y junio de 2005; ii) la desestimación de la violación del derecho a la propiedad y de los principios de capacidad contributiva, no confiscatoriedad e irretroactividad de la Ley; y ii) la procedencia de los intereses moratorios. Así se decide. Establecido lo anterior, aprecia esta Sala que la litis en el presente caso, se circunscribe a determinar si el Juzgado a quo actuó de forma correcta al anular parcialmente la Providencia Administrativa N° SNAT/INTI/GRTICERC/DJT/2009/1977-2260 de fecha 3 de noviembre de 2009, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que revocó parcialmente la Resolución de Imposición de Sanción y Determinación de signada N° Intereses Moratorios con el SNAT/INTI/GRTICERC/DR/ACOT/RET/2008/1204 del 21 de agosto de 2008, por la cual la Administración Tributaria realizó la conversión de las sanciones de multa expresadas en términos porcentuales (artículo 113 del Código Orgánico Tributario de 2q01) a las unidades tributarias que se encontraban vigentes para el momento de la comisión de los ilícitos y posteriormente, transformó dichas unidades tributarias a bolívares utilizando como valor el que se encontraba vigente para la fecha de la emisión de la mencionada Resolución (21 de agosto de 2008 en Bs. 46,00). En tal sentido, por cuanto el debate gira alrededor de la presunta errónea interpretación del Parágrafo Segundo del artículo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001, en el cálculo de las sanciones de multa aplicadas a la contribuyente, y especialmente en el supuesto de las retenciones del impuesto al valor agregado, cuando el contribuyente de que se trate "pagó de manera extemporánea y de forma voluntaria el tributo omitido", esta Sala considera necesario citar la posición que ha venido sosteniendo respecto al asunto controvertido, plasmada en su sentencia N° 01426 del 12 de noviembre de 2008, recaída en el caso: The Walt Disney Company (Venezuela) S.A., ratificada en forma pacífica hasta el momento, en la cual se estableció lo siguiente: "(...) Con vista a los motivos antes expuestos, precisa esta Sala realizar un análisis en relación al valor de la unidad tributaria que debe tomarse en cuenta para el cálculo de la sanción de multa, habida cuenta que a juicio de la contribuyente dicho valor debe ser el correspondiente al momento en que ocurrió la infracción (enero a diciembre de 2002) y no cuando la Administración Tributaria emitió la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo (11 de marzo de 2004). (..) Ahora bien, a la luz de la promulgación del Código Orgánico Tributario de 2001, se previo un conjunto de normas las cuales vinieron a llenar los vacios en torno al valor de la unidad tributaria para la aplicación de las sanciones tributarias, que son del tenor siguiente: 'Artículo 111. (...)' 'Artículo 94. Las sanciones aplicables son: (...) De la normativa citada se puede inferir que el legislador del 2001, previó de manera taxativa cuál es el valor de la unidad tributaria que debe aplicarse cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria de que se trate incurriera en ilicitos tributarios; bajo dos (2) supuestos a saber: i) que las sanciones de multas establecidas en la ley adjetiva tributaria que se hallaren expresadas en términos porcentuales se convertirán al equivalente en unidades tributarias; y ii que las referidas multas serán pagadas por el contribuyente utilizando el valor de la misma cuando se materialice el cumplimiento de dicho pago. Así, esta Sala de manera reiterada ha establecido que a los efectos de considerar cuál es la unidad tributaria aplicable para la fijación del monto de la sanción de multa con las infracciones cometidas bajo la vigencia del Código Tributario de 2001, ha expresado que debe tomarse en cuenta la fecha de emisión del acto administrativo, pues es ése el momento cuando la Administración Tributaria determina previo procedimiento- la comisión de la infracción que consecuentemente origina la aplicación de la sanción respectiva. (Vid. Sentencias Nos. 0314, 0882 y 01170 de fecha 06 de junio de 2007; 22 de febrero de 2007, y 12 de julio de 2006, respectivamente.). En atención al señalado criterio jurisprudencial, observa esta Alzada que la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del SENIAT, emitió el 11 de marzo de 2004 la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° RCA-DSA-2004-000156, momento en el cual estableció que la contribuyente incumplió la obligación de enterar al Fisco Nacional las obligaciones tributarias con ocasión de sus actividades comerciales, por lo que realizó una fiscalización en la que formuló un reparo para los períodos de imposición enero a diciembre de 2002 y ordenó pagar la diferencia de impuesto al valor agregado, los intereses moratorios y la sanción de multa respectiva al valor de Veinticuatro Mil Setecientos Bolívares (Bs. 24.700). expresados hoy en Veinticuatro Bolívares con Setenta Céntimos (Bs. 24,70). fijado según Providencia N° 0048 de fecha 09 de febrero de 2004 suscrita por el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, publicada en Gaceta Oficial N° 37.876 del 10 de febrero de 2004 y reimpresa mediante Gaceta Oficial N° 37.877 del 11 de febrero de 2004, cuya aplicación resulta procedente, por cuanto era la unidad tributaria vigente para la fecha de determinación de la obligación tributaria. Así se declara No obstante, resulta oportuno acotar, que distinto es el caso cuando el contribuyente paga de manera extemporánea y en forma voluntaria el tributo omitido, cuya sanción de multa debe ser calculada a la unidad tributaria vigente para el momento en que realizó el pago de la obligación principal, pues la tardanza que pueda ocurrir por parte del organismo recaudador en la emisión de las planillas de liquidación respectiva no debe ser imputada al contribuyente, por cuanto dicha actuación sería contraria a la intención del legislador. habida cuenta que el pago a que hace referencia el legislador debe ser considerado como el momento del pago de la obligación tributaria principal, cuya falta de cumplimiento genera el hecho sancionador. Asi se declara. (Subrayado de esta decisión). En este sentido, a través del fallo parcialmente transcrito, esta Máxima Instancia dispuso cómo debía hacerse el cálculo de la sanción de multa cuando: i) el contribuyente no entera el tributo omitido y ii) paga de manera extemporánea y en forma voluntaria el tributo omitido, señalando solo respecto al segundo de los supuesto$ referidos que debe tomarse en cuenta “...la unidad tributaria vigente pard el momento en que realizó el pago de la obligación principal...". (El enterámiento tardío). No obstante lo anterior, un reexamen de la situación jurídica debatida lleva a esta Sala a un replanteamiento sobre el asunto, en atención a la normativa que la regula, para lo cual debe previamente precisar, partiendo del Texto Constitucional, la utilidad práctica de la unidad tributaria y su efecto sobre las multas. En ese sentido, vale destacar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con su promulgación en 1999, ordenó al legislador que en el transcurso de un (1) año dictara la reforma del Código Orgánico Tributario, en los términos consagrados en la Disposición página original (tal como se publicó) [Página 37] Transitoria Quinta del Texto Fundamental, mediante la cual se estableció que: “[I]a interpretación estricta de las leyes y normas tributarias, [debe realizarse] atendiendo al fin de las mismas y a su significación económica, con el objeto de eliminar ambigúedades". (Interpolados de la Sala). Dicha reforma tuvo lugar con la entrada en vigencia del referido instrumento legal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.305 del 17 de octubre de 2001, cuyo artículo 5 contempla que "[1]as normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en derecho, atendiendo al fin de las mismas y a su significación económica (...)". De allí que, al interpretar la normativa que regula la situación debatida partiendo del mandato del constituyente recogido en la legislación tributaria que conducen a realizar la labor hermenéutica considerando el fin de las normas y su significación económica, destaca esta Sala que en el marco de los principios constitucionales que orientan al sistema tributario venezolano y con el fin de proteger el valor de la moneda en las distintas leyes de contenido impositivo, se creó la unidad tributaria en el Código Orgánico Tributario de 1994 (artículo 229) y se mantuvo la función de reajustar la en el Código Orgánico Tributario de 2001 (numeral 15, artículo 121), constituyendo una unidad de medida representativa, cuya aplicación otorga la posibilidad de modificar cantidades de dinero que estén originalmente expresadas en valores nominales. Ahora bien, en el entendido que la unidad tributaria y las multas son institutos que guardan en esta materia una estricta vinculación, es necesario señalar que las segundas en el área tributaria, son una categoría dentro del género de las penas, siendo el resultado de la aplicación de un correctivo a quienes por la realización de una conducta dolosa o culposa, infrinjan un deber formal o material expresado en el Código Orgánico Tributario, las cuales son impuestas por el Estado con fundamento en su potestad punitiva. Para los sostenedores de las teorías relativas de las penas, la finalidad de su imposición tiene lugar -básicamente- en la coerción de todos los ciudadanos, a los fines que no vulneren la Ley en el futuro. En materia tributaria, el castigo procura que no se desvíe el deber que todos tenemos de contribuir a las cargas públicas en armonía con el interés general. En sintonía con lo señalado, esta Alzada considera necesario citar el contenido del artículo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001, que contempla la manera de calcular las sanciones de multa impuestas a los contribuyentes en caso de incumplimiento de deberes formales y/o materiales, el cual es del tenor siguiente: “Artículo 94.- Las sanciones aplicables son: (...Omissis..) Parágrafo Primero: Cuando tas multas establecidas en este Código estén expresadas en unidades tributarias (U.T.) se utilizará el valor de la unidad tributaria que estuviere vigente para el momento del pago. Parágrafo Segundo: Las multas establecidas en este Código expresadas en términos porcentuales, se convertirán al equivalente de unidades tributarias (U.T.) que correspondan al momento de la comisión del ilicito, y se cancelarán utilizando el valor de la misma que estuviere vigente para el momento del pago. (...)". (Destacado de esta Sala). Conforme al artículo arriba transcrito, la norma enuncia dos (2) en cuyo caso se utilizará el valor de la misma que estuviera vigente para el momento del pago; y el segundo, en el caso que las multas consagradas en el Código estén expresadas en términos porcentuales, se convertirán al equivalente de unidades tributarias que correspondan al momento de la comisión del ilícito, y a los efectos de su cancelación se tomará en cuenta el valor de la unidad tributaria vigente para la oportunidad del pago de la multa. En efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001, las multas expresadas en unidades tributarias o aquellas establecidas en términos porcentuales (que deban convertirse al equivalente de unidades tributarias que correspondan al momento de la comisión del ilícito), se pagarán utilizando el valor de la unidad tributaria que estuviere vigente para la oportunidad del pago. El enunciado de la norma indica cómo debe ser conmutada la multa si está expresada en términos porcentuales, y cuál será la unidad tributaria aplicable al momento de su pago. De esta manera, el legislador consideró aplicable a las penas pecuniarias una unidad de medición que permitiera convertir ciertos montos de nominales a corrientes o actuales. La intención del artículo 94 antes transcrito es mantener el valor del dinero, en resguardo del patrimonio público. Por otra parte, es oportuno señalar que del artículo 113 del Código Orgánico Tributario de 2001, se dibujan hipotéticos escenarios los cuales deben describirse a los fines de dar cuenta de la finalidad de la unidad tributaria. La norma en cuestión expresa lo siguiente: "Artículo 113: Quien no entere las cantidades retenidas o percibidas en las oficinas receptoras de fondos nacionales dentro del plazo establecido en las normas respectivas, será sancionado con multa equivalente al 50% de los tributos retenidos o percibidos, por cada mes de retraso en su enteramiento, hasta un máximo 500% del monto de dichas cantidades, sin perjuicio de la aplicación de los intereses moratorios correspondientes y de la sanción establecida en el artículo 118 de este Código". El tipo tributario arriba transcrito sanciona los enteramientos extemporáneos de las retenciones, y en especial las del impuesto al valor agregado, caracterizado porque dicho tributo se genera en cada etapa del proceso productivo, y será el consumidor final quien en definitiva pague el tributo correspondiente, el cual deberá ser “enterado" a las arcas del tesoro por una persona responsable que designa el Fisco Nacional para tal propósito, por intervenir en actos u operaciones comerciales que dan lugar a la acción de retención o percepción del tributo conforme lo señala el artículo 27 del Código Orgánico Tributario de 2001. En tal sentido, una vez que el agente de retención recibe el importe está obligado a enterar el tributo en la oportunidad o calendario establecido por el Fisco Nacional en las oficinas receptoras de fondos nacionales; ahora bien, en el momento que aquél deja de prestar la obligación debida (enterar el impuesto) se perfecciona el ilícito que trae como consecuencia la sanción prevista en la norma citada, la cual se va incrementando a medida que transcurre el tiempo hasta tanto se satisfaga la obligación principal. De la comisión de ese ilícito pueden surgir situaciones diferentes, a saber: el supuesto bajo el cual no se produce el enteramiento, y cuando el sujeto pasivo entera las retenciones extemporánea pero voluntariamente, vale decir, sin que medie la intervención de la Administración. En ambas hipótesis el responsable directo infringe la norma por lo que la sanción será impuesta conforme a las reglas del artículo 113 del aludido Código; pena que se incrementará por cada mes de retraso en su enteramiento, es decir, a medida que la demora del sujeto pasivo sea mayor la multa correrá la misma suerte. página original (tal como se publicó) [Página 38] Precisado lo anterior, a los efectos del cómputo de la sanción entenderíamos entonces que, en ambos supuestos, la Administración Tributaria estaría obligada a convertir la multa que -en principio- está establecida en términos porcentuales al equivalente en unidades tributarias vigentes para el momento de la comisión de la infracción, vale decir, al vencimiento de la fecha en que estaba fijado dicho enteramiento y, posteriormente, emitir las planillas de liquidación en bolívares (moneda de curso legal) con el valor de la unidad tributaria vigente para la fecha de la emisión del acto administrativo sancionador, tomando en cuenta que esa será la oportunidad del pago de la sanción; sin embargo, si el infractor no paga la multa, ésta deberá ajustarse hasta tanto se efectúe su pago. Cabe destacar que si el valor de la sanción se mantuviese intacto para el momento en el que se produjo el ilícito, o bien cuando se pagó de manera extemporánea y de forma voluntaria el tributo omitido, la multa iría perdiendo todo su efecto disuasivo. Por tal motivo, no es posible aplicar a los fines del pago de la sanción, la unidad tributaria vigente al momento que la Administración fiscalía y/o verifica y detecta el ilícito, ni tampoco la que esté vigente para cuando el sujeto pasivo pague la obligación principal (enteramiento tardío), sino la del pago de la respectiva multa, tomando en cuenta que lo pretendido es que la sanción no pierda su valor con el transcurso del tiempo. En sintonía con lo antes indicado, es preciso reiterar que pagar la multa con la unidad tributaria vigente para el momento en el que se verificó el pago de manera extemporánea y en forma voluntaria del tributo omitido (enteramiento tardío), resultará una operación que no se ajusta a la realidad económica y con ello, no cónsona qon la intención del constituyente y del legislador tributario, precedentemente plasmada. Por tal motivo, al dejar de aplicar el valor de la unidad tributaria vigente para el momento del pago de la multa, la disposición contenida en el artículo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001 pierde su finalidad, que es -se insiste- mantener el valor del dinero, en resguardo del patrimonio público. En el caso del impuesto al valor agregado, el agente de retención, una vez que recibe el importe de parte de los contribuyentes, carece de motivos para no enterarlo al Fisco en el tiempo oportuno. Con esta mora en el enteramiento del impuesto, el sujeto pasivo está obteniendo provechos individuales con un dinero perteneciente a todos los ciudadanos, como lo son los tributos; infracción esta que da lugar a la imposición de la sanción dispuesta en el artículo 113 del Código Orgánico Tributario de 2001, para lo cual el artículo 94 eiusdem debe aplicarse con todo rigor. Por las razones anteriormente descritas, esta Sala Político- Administrativa considera que en el caso que el sujeto pasivo entere de manera extemporánea y en forma voluntaria el tributo retenido, las multas expresadas en términos porcentuales, se convertirán al equivalente en unidades tributarias (U.T.) que correspondan al momento de la comisión del ilícito, y se cancelarán utilizando el valor de la misma que estuviere vigente para el momento del pago de la referida multa, tal y como dispone explícitamente el Parágrafo Segundo del artículo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001. Así se declara. Declarado lo anterior, esta Sala modifica el criterio sostenido a partir de la sentencia N° 01426 de fecha 12 de noviembre de 2008, caso: The Walt Disney Company Venezuela, S.A., únicamente en lo que respecta al supuesto que el contribuyente pague de manera extemporánea y en forma voluntaria el tributo omitido. A tal efecto, el nuevo criterio se aplicará a los casos futuros, es decir, aquellos que se conozcan con posterioridad a la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, cuyos incumplimientos se hayan verificado bajo la vigencia de la norma contenida en el artículo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001. (Vid. Sentencia de esta Sala N° 1187 del 24 de noviembre de 2010, caso: Fábrica Nacional de Pañales Desechables de Valencia, C.A. (FANALPADE VALENCIA). Así se declara. Como consecuencia del pronunciamiento que antecede, esta Máxima Instancia considera que -en el caso concreto- el cambio que se produjo del criterio establecido en la decisión recaída en el caso: The Walt Disney Company Venezuela, S.A. no podría aplicarse a la contribuyente Tamayo & Cia., S.A., en aras de garantizar los principios de confianza legítima y expectativa plausible. (Vid. Sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nros. 956 del 1° de junio de 2001, caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero, 401 del 19 de marzo de 2004, caso: Servicios La Puerta S.A., y 867 del 8 de julio de 2013, caso: Globovisión). Así se decide. De la Situación Concreta Tal como fue señalado precedentemente, no es un tema controvertido en el presente caso, que la sociedad mercantil Tamayo & Cia, S.A., enteró extemporáneamente cantidades retenidas en diferentes períodos a los que se hizo alusión. La representación fiscal alega que la Administración Tributaria actuó con apego a lo previsto en el Parágrafo Segundo del artículo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001, toda vez que "(...) las multas fueron calculadas tomando en cuenta el yalor de la unidad tributaria que se encontraba vigente para la fecha límite que tenía el contribuyente para el pago de la obligación. Si observados, en el presente caso no existe variación alguna entre la fecha límite para enterar y cuando efectivamente fue realizado el pago. Se desprende del cuadro que arriba expusimos, que los días de mora en el enteramiento del impuesto, en los casos más graves, la mora no sobrepasa los tres (3) días, lo que equivale a que es la misma unidad tributaria que se debía tomar en cuenta para el cálculo de la multa (...)". En ese sentido, reitera que la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) impuso las sanciones de multa atendiendo a lo preceptuado en la señalada disposición legal, esto es, en “(...) términos porcentuales, convertidas al equivalente de unidades tributarias (U.T.) que correspondían al momento de la comisión del ilicito, pero que deben ser canceladas utilizando el valor de la misma que se encuentre vigente para el momento del pago.". Por su parte, la apoderada judicial de la contribuyente aduce que su representada pagó extemporánea pero voluntariamente las retenciones del impuesto al valor agregado, razón pór la cual considera que se “(...) hace merecedora que la Administración Txibutaria la sancione con base al valor de la unidad tributaria que estuvo vigente al momento en que cometió el ilícito y no como lo quiere hacer ver esta (sic) Representación Fiscal que se hace merecedora de la multa calculando el valor de la unidad tributaria al momento que emite la Resolución de Imposición de Sanción y Determinación de Intereses Moratoríps". Precisado lo anterior, para una mayor comprensión de la situación planteada, corresponde identificar cuál fue la unidad tributaria utilizada por página original (tal como se publicó) [Página 39] la Administración Tributaria a fin de sancionar a la mencionada empresa. En tal sentido, se desprende de la Resolución de Imposición de Sanción y Determinación de Intereses Moratorios signada con el N° SNAT/INTI/GRTICERC/DR/ACOT/RET/2008/1204 de fecha 21 de agosto de 2008, que la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) aplicó a la sociedad mercantil Tamayo & Cia., S.A. la sanción de multa prevista en el artículo 113 del Código Orgánico Tributario de 2001, por la cantidad de Mil Seiscientas Cincuenta Unidades Tributarias con Veinticinco Centésimas (Bs. 1.650,25 U.T.), “(...) tomando en consideración el valor de la unidad tributaria al momento de la comisión del ilícito, de conformidad con lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 94 del COT, cuyos cálculos se muestran en el Anexo N° 1 (...)", equivalente al monto de Setenta y Cinco Mil Novecientos Once Bolívares con Cincuenta Céntimos (Bs. 75.911,50), “(...) tomando en consideración el valor de la unidad tributaria (U.T.) en cuarenta y seis bolívares fuertes sin céntimos (Bs.F 46,00), según Providencia N° 0062, de fecha 16/01½2008, publicada en Gaceta Oficial N° 38.855 del 22/01/2008 (...). En efecto, del Anexo N° 1 de la precitada Resolución, cursante al folio 122 del expediente judicial, se aprecia que la Administración Tributaria realizó la conversión de la multa porcentual (en este caso 50% en razón de que la demora no superó los 30 días) a Unidades Tributarias, cuyo valor en Bolívares se encontraba vigente para el momento del vencimiento del pago de la obligación principal que coincide con el de la comisión del ilícito, tal como se demuestra seguidamente: “.….) Dear Mes Documento Fecha Fecha Monto Meses Multa Valor Muhta Quincena AA0 de 50% U.T 30% Pago Vencimiento Declarado mora mora y (Fecha (en (en en en Pagado B:.F) Venc.) U.1) (en Bx. F) 21/01/2004 20/01/2004 98.582,82 0.033 19.40 2004 0490003395 1.626.62 83.85 Enero 23042004 2004 Abril 0490041455 2604/2004 17.733.08 0.100 886.65 24.70 35.90 03/05/2004 29.959,30 2.501,60 2004 0.167 24.70 0490048378 10/05/2004 101.28 2 0,100 18/06/2004 7.461,58 24,70 302,09 2004 Jenio 0490070242 21/062004 149.231,63 J 600 2004 0490098754 2408/2004 2308/2004 204.612.34 3.376.19 24.70 138.68 Agosto 2004 6870010610 05/09/2004 rOO2/60TO 126.277,95 0010 06€189 24,70 255,62 Agozto 2 002/11/80 002/1450 8S'SPO EE1 6.652.13 2004 1691510610 0.100 24,70 269.32 Octubre 2 0590015429 2005 Enero 04/02/2005 03/02/2003 120.398,34 0,033 1.98987 29.40 67,.58 2 2005 0590029173 07/03/2005 s0ocroro 149.078,50 0,100 29.40 Febrero 7.453.93 253.59 2 3 0407/2005 2005 0590083289 002/L090 126.641,03 0,067 Jumio 4.22,07 29.40 144,30 2 2 Totales 42.504.91 1.650.25 Cálculos Días de mora en el pago = Fecha de Pago - Fecha de Vencimiento Meses de mora en el pago = Dias de mora en el pago / 30 Multa 50% (en Bs.F) = Monto Declarado x 50% x Meses de mora en el pago Multa 50% (en U.T.) = Multa 50% (en Bs.F) / Valor U.T. (Fecha Venc.)". Del cálculo efectuado, conforme se desprende del cuadro arriba reproducido, resultó una multa de Mil Seiscientas Cincuenta Unidades Tributarias con Veinticinco Centésimas (1.650,25 U.T.), de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 del Código Orgánico Tributario de 2001 y en consecuencia, se le aplicaron las reglas de la conversión previstas en el Parágrafo Segundo del artículo 94 ejusdem, siendo transformada dicha cifra a Setenta y Cinco Mil Novecientos Qnce Bolívares con Cincuenta Céntimos (Bs. 75.911,50), tomando en consideración la unidad tributaria en Cuarenta y Seis Bolívares (Bs. 46,00), vigente para el momento en que fue impuesta la multa, vale decir, el 21 de agosto de 2008. Posteriormente, la Administración Tributaria dictó la Providencia Administrativa N° SNAT/INTI/GRTICERC/DJT/2009/1977-2260 de fecha 3 de noviembre de 2009, a través de la cual revocó parcialmente la Resolución de Imposición de Sanción y Determinación de Intereses N° Moratorios signada con el SNAT/INTI/GRTICERC/DR/ACOT/RET/2008/1204 del 21 de agosto de 2008, en cuanto al enteramiento efectado con retardo de las retenciones de impuesto al valor agregado correspondientes a la primera y segunda quincena de abril de 2004, a la primera quincena de junio de 2004 y la segunda quincena de enero de 2005, en virtud de haber quedado demostrada la existencia de “una causa extraña no imputable [y de] fuerza mayor”; y confirmó las multas aplicadas de conformidad con el artículo 113 del Código Orgánico Tributario de 2001, por el enteramiento tardío del impuesto al valor agregado, así como los intereses moratorios correspondientes a los siguientes períodos fiscales: primera quincena de enero de 2004, primera y segunda quincena de agosto de 2004, segunda quincena de octubre de 2004, y de febrero y junio de 2005, por la cantidad de Un Mil Ciento Cuarenta y Tres Unidades Tributarias Con Treinta Centésimas (1.143,30 U.T), y Un Mil Quince Bolívares con Cincuenta y Cinco Céntimos (Bs. 1.015,55), respectivamente, por cuanto “(...) la representante de la contribuyente no objet[ó] ni desvirtu[ó] las sanciones aplicadas ", para dichos períodos y conceptos. (Agregado de la Sala). Con vista en los actos administrativos antes descritos, esta Sala términos porcentuales a Unidades Tributarias en la cual utilizó los valores vigentes para el momento de la comisión del ilícito y la segunda, transformó las Unidades Tributarias a Bolívares, empleando para ello el valor de Cuarenta y Seis Bolívares (Bs. 46,00), que era la Unidad Tributaria vigente para la oportunidad de la emisión de la Resolución. Mientras que el segundo impugnado acto (Providencia Administrativa N° SNAT/INTI/GRTICERC/DJT/2009/1977-2260 de fecha 3 de noviembre de 2009), que revocó parcialmente el anterior, confirmó la sanción de multa respecto de algunos períodos pero en Unidades Tributarias (no en bolívares) que fueron previamente calculadas para la fecha del enteramiento (pago de la obligación principal coincidente con la comisión del ilícito). En tal sentido, siendo que la ccontribuyente realizó el pago de manera extemporánea y en forma voluntaria de las retenciones correspondientes al impuesto al valor agregado, para los períodos supra indicados en el acto administrativo (Providencia impugnado N° Administrativa SNAT/INTI/GRTICERC/DJT/2009/1977-2260 de fecha 3 de noviembre de 2009), la sanción de multa debía ser calculada con la unidad tributaria vigente para el momento en que fue realizado el enteramiento de las mencionadas retenciones (Vid. sentencias Nros. 01426, 00083 y 01532 de fechas 12 de noviembre de 2008, 26 de enero y 22 de noviembre de 2011, casos: The Walt Disney Company (Venezuela) S.A, Ganadera Monagas C.A. y C.A. Macosarto, respectivamente); pues si bien a través del presente fallo se establece un cambio de criterio respecto del alcance del Parágrafo Segundo del artículo 94 del Código Qrgánico Tributario de 2001, lo cierto es que los efectos del mismo serán hacia el futuro, tal y como fue expuesto precedentemente. Ahora bien, en el fallo apelado la Juzgadora de Instancia declaró que la contribuyente debía pagar la multa por la cantidad de "VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON DOS CÉNTIMOS (Bs.F. 29.665,2). " (Sic), tomando como base la determinación efectuada por la página original (tal como se publicó) [Página 40] Administración Tributaria, descrita en el cuadro plasmado en la sentencia bajo examen, el cual se refleja a continuación: “...) Quincena Fecha de Monto Periodo Dias Multa 50% Multa 50% Valor de Pago (BsF) Fecha Declarado y Mora en el de (UT) Pagodo Pago Pago 2004 Enero 21/01/2004 98.582,82 1.626,62 19.40 83.85 1 24.70 2004 Agosto 204.612,34 3.376.10 136.68 24/08/2004 1 2004 Agosto 002/60/90 126.277,96 6.313.90 2 255.62 3 24.70 2004 Octubre 08/11/2004 133.043,58 24,70 2 269.32 3 6.652,18 2 07/03/2005 149.078,50 7.453,93 253,53 3 29.40 2005 Junio 05/07/2005 4.242.47 29,40 2 126.641,03 2 144,30 29.655,2 1.143,30 (...". Según el cálculo realizado observa esta Máxima Instancia que, a diferencia de lo declarado por el Tribunal a quo, a la contribuyente le corresponde pagar por concepto de multa el monto de Veintinueve Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Bolívares con Veinte Céntimos (Bs. 29.655,20), y no la suma de "Veintinueve Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Bolívares con Dos Céntimos (Bs. 29.655,2)", en razón de lo cual se corrige la discrepancia con relación a la forma de expresión de las cantidades decimales y en ese sentido se modifica el quantum de la sanción. Así se declara. Asimismo, advierte esta Sala que el acto administrativo que erró en la aplicación de la Unidad Tributaria para el caso concreto fue el contenido en la Resolución de Imposición de Sanción y Determinación de Intereses N° el signada Moratorios con SNAT/INTI/GRTICERC/DR/ACOT(RET/2008/1204 de fecha 21 de agosto de 2008, más no así el dispuesto en la Providencia Administrativa N° SNAT/INTI/GRTICERC/DJT/2009/1977-2260 de fecha 3 de noviembre de 2009, pues en el último la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), no utilizó la Unidad Tributaria que se encontraba vigente para su emisión sino la vigente para el momento del enteramiento de la obligación principal, vale decir, no hizo la liquidación de la multa en Bolívares, sino que ésta quedó expresada en Un Mil Ciento Cuarenta y Tres Unidades Tributarias Con Treinta Centésimas (1.143,30 U.T.). Así se establece. En consecuencia, esta Alzada declara parcialmente con lugar el recurso de apelación incoado por la representación judicial del Fisco Nacional, confirma la sentencia apelada, en lo atinente a que en el presente caso por haber efectuado la contribuyente de forma voluntaria los enteramientos tardíos del impuesto al valor agregado la sanción de multa debe aplicarse tomando en cuenta la unidad tributaria vigente al momento del pago de la obligación principal (enteramiento tardío) y la revoca en lo relativo a la nulidad parcial de la Providencia Administrativa N° SNAT/INTI/GRTICERC/DJT/2009/1977-2260 de fecha 3 de noviembre de 2009, la cual queda firme. Así se declara. Asimismo, se declara parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario incoado por la sociedad mercantil Tamayo & Cia, S.A., por lo que se anula la Resolución de Imposición de Sanción y Determinación de Intereses Moratorios signada N° el con SNAT/INTI/GRTICERC/DR/ACOT/RET/2008/1204 de fecha 21 de agosto de 2008, en lo que respecta a la conversión en Bolívares de la multa impuesta y se deja firme en lo atinente a la conversión de la sanción de términos porcentuales a unidades tributarias. Finalmente, se ordena a la Administración Tributaria emitir nuevas planillas de liquidación, realizando los cálculos correspondientes según lo indicado en la presente motiva. Así se decide. Por otra parte, se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial con el siguiente sumario: “Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual se establece que en el supuesto que el contribuyente pague de manera extemporánea y en forma voluntaria el tributo omitido, las sanciones de multa expresadas en términos porcentuales, se convertirán al equivalente de unidades tributarias (U.T.) que correspondan al momento de la comisión del ilícito, y se cancelarán utilizando el valor de la misma que estuviere vigente para la oportunidad del pago de la multa, de acuerdo con lo previsto en el Parágrafo Segundo del artículo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001". -VI- DECISIÓN En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial del FISCO NACIONAL contra la sentencia definitiva N° 1969, dictada por el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 21 de septiembre de 2012. En consecuencia: 1.1.- Se CONFIRMA la decisión apelada en cuanto a que en el presente caso por haber efectuado la contribuyente tardíamente y en forma voluntaria los enteramientos del impuesto al valor agregado para los períodos fiscales coincidentes con la primera quincena de enero de 2004, primera y segunda quincena de agosto de 2004, segunda quincena de octubre de 2004, y de febrero y junio de 2005, la sanción de multa debe aplicarse tomando en cuenta la unidad tributaria vigente al momento del pago de la obligación principal (del enteramiento realizado con retardo). 1.2.- Se REVOCA del fallo recurrido lo relativo a la nulidad parcial de la Providencia Administrativa identificada con el N° SNAT/INTI/GRTICERC/DJT/2009/1977-2260 de fecha 3 de noviembre de 2009. 2.- FIRMEs los puntos no apelados por la recurrente y no desfavorables a la República, atinentes a: i) la desestimación del vicio de falso supuesto de derecho y la procedencia de las sanciones de multa aplicadas a la recurrente conforme a 1o previsto en el artículo 113 del Código Orgánico Tributario vigente, en virtud de haber enterado tardíamente las retenciones de impuesto al valor agregado correspondientes a los períodos fiscales antes mencionados; ii) la desestimación de la violación del derecho de propiedad y de los principios de capacidad contributiva, no confiscatoriedad e irretroactividad de la Ley; y iii) la procedencia de los intereses moratorios. 3.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad de comercio TAMAYO & CIA., S.A. En consecuencia: página original (tal como se publicó) [Página 41] 3.1.- Queda FIRME la Providencia signada con el N° SNAT/INTI/GRTICERC/DJT/2009/1977-2260 de fecha 3 de noviembre de Regional de Tributos Internos de 2009, emanada de la Gerencia Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). 3.2.- Se ANULA la Resolución de Imposición de Sanción y Determinación de Intereses Moratorios signada con el N° SNAT/INTI/GRTICERC/DR/ACOT/RET/2008/1204 de fecha 21 de agosto de 2008, en lo que respecta a la conversión en Bolívares de la multa impuesta a la mencionada empresa y se deja FIRME en lo atinente a la conversión de la sanción de términos porcentuales a unidades tributarias. Se ORDENA a la Administración Tributaria emitir nuevas Planillas de Liquidación, conforme a lo indicado para el caso concreto en la parte motiva de este fallo. Asimismo, se ORDENA la publicación de la presente decisión judicial en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, así como en la Gaceta Judicial, en cuyos sumario se señalará lo siguiente:“Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual se establece que en el supuesto que el contribuyente pague de manera extemporánea y en forma voluntaria el tributo omitido, las sanciones de multa expresadas en términos porcentuales, se convertirán al equivalente de unidades tributarias (U.T.) que correspondan al momento de la comisión del ilícito, y se cancelarán utilizando el valor de la misma que estuviere vigente para el momento del pago de la multa, conforme a lo dispuesto en el Parágrafo Segundo del artículo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001". Publíquese, regístrese y notifiquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los — (4 ) días del mes de [onio del año dos mil catorce (2014). Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación. El Presidente, EMIROCARCÍA ROSA La Vicepresidenta, VELYN MARRERO ORTIZ La Magistrada, MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA El Magis trado, EMILIO RAMOS GONZÁLEZ La Magistrada, Ponente MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL La Secretaria, SOFÍA YAMILE GUZMÁN ERG/ Exp. N° 2012-1813 SENTENCIA N° 01109 FECHA 22.07.14 LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE. EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN $ALA POLITICO - ADMINISTRATIVA MAGISTRADA PONENTE: MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA EXP. N° 2013-0733 Mediante oficio N° 2013-2805 de fecha 29 de abril de 2013, remitido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, se recibió en esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la demanda de nulidad interpuesta por los abogados Gustavo Grau Fortoul, Miguel Mónaco y María Isabel Paradisi, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 35.522, 58.461 y 137.672, respectivamente, actuando, conforme se desprende del poder que cursa a los folios 23 al 27, en representación de la sociedad mercantil ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A., constituida originalmente bajo la denominación social C.A. PRO-MESA, por documento inscrito el 14 de mayo de 1964 ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda, anotado bajo el N° 127, Tomo 10-A-Pro., contra la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) N° 2228487, emitida por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), "únicamente en lo que respecta a la tasa de cambio aplicada a dicha operación". Dicha remisión se realizó en vitud del recurso de apelación incoado el 19 de diciembre de 2012, por la representación de la parte actora, contra la sentencia N° 2012-2094 dictada el 17 de diciembre de 2012 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que declaró inadmisible la demanda de nulidad ejercida para enervar la validez del referido proveimiento administrativo. En fecha 7 de mayo de 2013, se dio cuenta en la Sala y se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Ccontencioso Administrativa, se designó ponente a la Magistrada Mónica Misticchio Tortorella y se fijó un lapso de diez (10) días de despacho para fundamentar la apelación interpuesta. Por escrito consignado el 28 de mayo de 2013, la abogada María Isabel Paradisi, antes identificada y el abogado Carlos Gustavo Briceño, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 107.967 y cuya representación también se evidencia del poder inserto a los folios 23 al 27 del expediente, presentaron escrito de fundamentación de la apelación. El 29 de mayo de 2013, se hizo constar que en reunión de Sala Plena del 8 de ese mismo mes y año, se eligió la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada esta Sala Político-Administrativa de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Emiro Garcia Rosas; Vicepresidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; las Magistradas Trina Omaira Zurita y Mónica Misticchio Tortorella y el Magistrado Emilio Ramos González. Asimismo, se ordenó la continuación de la causa. En fecha 12 de junio de 2013 de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y vencido como se encontraba el lapso para la contestación de la apelación, la presente causa entró en estado de sentencia. En fecha 14 de enero de 2014, se incorporó la Tercera Suplente Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel, a fin dè suplir temporalmente la falta absoluta de la Magistrada Trina Omaira Zurita. La Sala quedó página original (tal como se publicó) [Página 42] integrada de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Emiro García Rosas; Vicepresidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Magistrada Mónica Misticchio Tortorella; Magistrado Emilio Ramos González y Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel. El 27 de mayo de 2014, el abogado Carlos Gustavo Briceño, actuando en representación de la sociedad mercantil Alimentos Polar Comercial, C.A. • solicitó se dictara sentencia en el presente caso. Para decidir, la Sala observa: I DE LA SENTENCIA APELADA Mediante sentencia N° 2012-2094 de fecha 17 de diciembre de 2012, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declaró su competencia para conocer de la demanda de nulidad incoada por la sociedad mercantil Alimentos Polar Comercial, C.A. contra la Autorización de Liquidación de Divisas N° 2228487 emitida por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), revocó parcialmente el auto de admisión emitido por el Juzgado de Sustanciación de dicha Corte y declaró inadmisible por caducidad el recurso de nulidad ejercido por la parte recurrente. Para ello, el a quo inició su análisis verificando la tempestividad de la acción interpuesta, por ser la caducidad de la acción materia de orden público. En este sentido precisó la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que según constaba a los folios 2 y 4 del expediente administrativo, las divisas solicitadas por la recurrente habían sido liquidadas indicada los lapsos para la impugnación en sede administrativa o jurisdiccional del acto que la recurrente consideraba lesivo de sus derechos. Continuó exponiendo, que fue el 26 de mayo de 2011 cuando la sociedad mercantil accionante interpuso extemporáneamente un recurso de reconsideración, fuera del lapso de quince (15) días hábiles previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y que no sociedad mercantil recurrente (.), en cuanto a que no fue notificada de conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por cuanto, se trata de la actuación correspondiente a la retención de los fondos en bolívares en la cuenta indicada por el recurrente, para la liquidación de las divisas extranjeras Solicitadas". Por último, el a quo razonó que "vista la extemporaneidad del recurso de reconsideración ejercido por la sociedad mercantil Alimentos Polar Comercial, C.A. y visto igualmente que las decisiones de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), agotan la vía administrativa, es de señalar que el día hábil siguiente al 26 de abril de 2011 (fecha en la que la parte recurrente tuvo conocimiento de la actuación de la Administración que consideró lesiva a sus derechos) comenzó a correr el lapso de ciento ochenta (180) dias continuos previsto en el artículo 32 numeral 1° de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a los efectos de la interposición de la demanda ante el Grgano Jurisdiccional, por lo que, para el 29 de marzo de 2012, fecha de interposición de la 'demanda de nulidad parcial' había transcurrido con creces el mencionado lapso, de lo que se evidencia que operó la causal de inadmisibilidad referida a la caducidad prevista en el numeral 1º del artículo 35 de la prenombrada Ley" (Sic). DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN Los abogados Carlos Gustavo Briceño Moreno y María Isabel Paradisi actuando con el carácter acreditado en autos, fundamentaron el recurso de apelación alegando que en el fallo recurrido existe un error de juzgamiento dado que el juez de instancia "apreció indebidamente los hechos, así como también interpretó y aplicó erróneamente el Derecho, lo que conllevó a la indebida inadmisión de la presente demanda". 1. Error de juzgamiento por errónea interpretación de los hechos. Alegan que la sentencia apelada incurrió en una errónea interpretación de los hechos al indicar que las divisas solicitadas por la recurrente fueron liquidadas el 26 de abril de 2011, y que por ende era a partir de esa fecha que debían contarse los lapsos para interponer los recursos correspondientes. En refuerzo de lo anterior aseguran que el equívoco en la apreciación de los hechos se derivó de "una errónea apreciación de las pruebas documentales aportadas por la administración cambiaria", en concreto refieren que en la sentencia apelada la Corte indicó que constaba "a los folios dos (2) y cuatro (4) del expediente administrativo, que en fecha 26 de abril de 2011, las divisas fueron liquidadas por parte de la Administración", "cuando lo cierto es que del comprobante que riela en autos", se desprende que "las divisas fueron liquidadas en una fecha posterior, a saber, el 06 de mayo de 2011", por lo que el recurso de reconsideración fue interpuesto tempestivamente dentro de los 15 días previstos en la Ley a tal efecto. Con fundamento en lo anterior, concluyen que la sentencia impugnada se basó en un hecho falso, al suponer que el 26 de abril de 2011 habían sido liquidadas las divisas, lo que condujo al a quo a establecer la extemporaneidad del recurso de reconsideración y a revocar el auto de admisión de la demanda contencioso administrativa de nulidad ejercida por su representada. 2. Error en la aplicación e interpretación del derecho. Explican los accionantes que la sentencia recurrida no sólo valoró erróneamente los elementos que cursan en autos, sino que al hacerlo incurrió en un error de juzgamiento de derecho, al realizar una errónea interpretación y aplicación del numeral 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, e inadmitir la demanda de nulidad por haber operado el lapso de caducidad allí previsto, cuando dicho plazo aún no se había verificado. Manifiestan que de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los particulares para demandar ante los órganos jurisdiccionales la nulidad de un acto administrativo de efectos particulares, cuentan con ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir del momento en que fueron debidamente notificados conforme a los términos del artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos o a partir del momento en el cual la Administración incurrió en silencio administrativo negativo como consecuencia del recurso administrativo que contra ese acto se intente. Reiteran con base en lo expueşto que la demanda fue interpuesta por su representada en tiempo hábil para ello, dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes al momento en que se verificó el silencio administrativo de efectos negativos por parte de la Administración Cambiaria. Aducen que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo debió computar el lapso de caducidad previsto en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a partir del vencimiento del plazo de noventa (90) días hábiles con el cual contaba la página original (tal como se publicó) [Página 43] Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), para responder al recurso de reconsideración ejercido por su representada, en lugar de comprobarlo desde el momento en que el Banco Central de Venezuela entregó las divisas autorizadas en la ALD, como erradamente ocurrió en la sentencia apelada. En ese sentido, afirman que es absolutamente claro que el lapso de caducidad para acudir a esta via jurisdiccional no debe computarse a partir de la fecha de la entrega efectiva de las divisas por parte del BCV, como erradamente indica el juez a-quo, pues no es esa actuación el objeto de la pretensión". (Sic). Exponen que, "en el presente caso, se intentó la pretensión de nulidad es frente al silencio administrativo de efectos negativos en que incurrió CADIVI al no decidir el recurso de reconsideración interpuesto por nuestra representada, pues es a partir de ese momento en que nació la posibilidad efectiva de acudir a esta vía jurisdiccional en los términos del numeral 1 del artículo 32 de la LOJCA y en atención al objeto de nuestra pretensión. Tal recurso de reconsideración, como se explicó, fue interpuesto contra la decisión de CADIVI referida a la ALP. que constituye de esa manera el acto principal". Igualmente alegan que "esa pretensión de nulidad fue formulada en atención al criterio mantenido por esa Corte que reconoció la recurribilidad de la ALD expresada incluso a través de actos electrónicos". Específicamente señalan que el lapso de caducidad vencía el 31 de marzo de 2012, y que su representada interpuso el recurso el 29 de marzo de 2012. e n n n • la demanda (.) fue presentada tempestivamente, no habiéndose verificado el plazo de caducidad para ello en tanto, en atención al objeto de nuestra pretensión, la presente demanda fue interpuesta dentro del plazo de 180 días contados a partir del momento en el cual la Administración cambiaria incurrió en silencio administrativo de efectos negativos al no decidir el recurso de reconsideración interpuesto por nuestra representada, pues es a partir de ese momento en que nació la posibilidad efectiva de acudir a esta vía jurisdiccional en los términos del numeral 1 del artículo 32 de la LOJCA y así respetuosamente solicitamos sea declarado". (Sic). En conexión con lo anterior sostiene que a efectos de computar el plazo de quince (15) días hábiles previstos en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, para ejercer el recurso de reconsideración debe considerarse que la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) contravino lo previsto en el artículo 73 eiusdem, siendo, por ende, defectuosa notificación y sin efecto a tenor de lo dispuesto en el articulo 74 de la misma ley. m MOTIVACIONES PARA DECIDIR Efectuado el examen del expediente y analizados los alegatos formulados por los apoderados judiciales de la parte recurrente, corresponde a esta Sala Político-Administrativa pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia N° 2012-2094 dictada el 17 de diciembre de 2012 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que declaró inadmisible la demanda de nulidad ejercida para enervar la validez de la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) N° 2228487, emitida por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) "únicamente en lo que respecta a la tasa de cambio aplicada a dicha operación". A tal fin se observa que el recurso de apelación incoado se sustenta en dos alegatos: i) "Error de juzgamiento por errónea interpretación de los hechos" por cuanto a su decir la liquidación de las divisas se había efectuado el 6 de mayo de 2011 y no el 26 de abril de 2011 como se afirma en el fallo • apelado, y ii) " Error en la aplicación e interpretación del derecho" al haber aplicado erróneamente el lapso de caducidad previsto en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, siendo que el lapso de caducidad debía computarse a partir de la verificación del silencio administrativo respecto al recurso de reconsideración interpuesto ante la Comisión de Administración de Divisas, para analizar dichos alegatos la Sala observa lo siguiente: La representación de la parte impugnante alega que la sentencia apelada incurrió en una errónea interpretación de los hechos al señalar que las divisas solicitadas por la recurrente fueron liquidadas el 26 de abril de 2011, "cuando lo cierto es que del comprobante que riela en autos", se desprende que "las divisas fueron liquidadas en una fecha posterior, a saber, el 06 de mayo de 2011", por lo que el recurso de reconsideración fue interpuesto tempestivamente dentro de los quince (15) días hábiles previstos en la Ley a tal efecto. Igualmente, aduce que la sentencia recurrida incurre en un error en la aplicación e interpretación del derecho por aplicar equivocadamente la caducidad prevista en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, indicando que la acción de nulidad fue ejercida en el presente caso " frente al silencio administrativo de efectos negativos en que incurrió CADIVI al no decidir el recurso de reconsideración interpuesto (...) contra la decisión de CADIVI referida a la ALD, que constituye de esa manera el acto principal". A su vez narra en su escrito de fundamentación de la apelación, que "es absolutamente claro que al caso presente el lapso de caducidad para acudir a esta vía jurisdiccional no debe computarse a partir de la fecha de la entrega efectiva de las divisas por parte del BCV, como erradamente indica el juez a-quo, pues no es esa actuación el objeto de la pretensión". Dada la contradicción en que incurre la parte apelante respecto al punto de partida del lapso de caducidad, pues asegura en su escrito de fundamentación que el plazo para el ejercicio de los recursos pertinentes debe computarse a partir del 6 de mayo de 2011, fecha de la liquidación de las divisas, mientras que afirma al mismo tiempo que el proveimiento impugnado es la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD), debe la Sala precisar cuál es la actuación administrativa cuya legalidad se cuestiona, a fin de establecer la oportunidad en que se inicia el cómputo del plazo para la interposición tempestiva del recurso contencioso administrativo. Para ello se advierte, que si bien la liquidación de las divisas en las que alega la parte actora se verifica la diferencia que considera lesiva de sus derechos, se efectuó con ocasión de la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) N° 02228487, dictada en el procedimiento relacionado con la solicitud de adquisición de divisas N° 13678526, es a partir de la propia liquidación cuando la sociedad de comercio recurrente tiene conocimiento del tipo de cambio utilizado, pues a su decir se utilizó para tal operación el tipo de cambio de Bs. 4,30 por dólar de los Estados Unidos de América y no el de Bs. • 2,60 por dólar de los Estados Unidos de América. En este contexto se advierte que en la consulta de la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD), cuya copia cursa en autos al folio 4 del expediente administrativo y 48 del expediente judicial, no se indica ningún tipo de cambio, limitándose la Administración a informar por esa vía la existencia de un código para la ALD y si estaba anulada o no, siendo dicho documento del tenor siguiente: página original (tal como se publicó) [Página 44] Consulta de ALD de la Solicitud: 13678526 Código AAD Código ALD Monto Liquidado Archivo Fecha de Emisión 03781086 02228487 26/04/2011 288,84 1902604.L02 Fecha de la consulta: 23/05/2012 03:06:49 PM Este es el código ALD generado por el sistema automatizado de la Comisión de Administración de Divisas *IMPORTANTE: Si el monto liquidado aparece en rojo, el ALD está anulado. Del documento anterior sólo se extraen los códigos asignados a la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) y a la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD), así como la fecha de emisión de esta última, más no se evidencia ni se desprende del mismo el tipo de cambio autorizado para la operación de liquidación. En este punto, la Sala considera conveniente resaltar que en anteriores oportunidades se ha pronunciado respecto a la factibilidad de impugnar este tipo de actos y a la imposibilidad de exigir a los mismos los requisitos de forma y fondo previstos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Así, en la sentencia N° 1801, dictada el 15 de diciembre de 2011, se sostuvo: "...en efecto, a la luz de la normativa que rige la inclusión de medios electrónicos como formas de comunicar a los particulares las actuaciones administrativas que le atañen, referidas a las solicitudes de divisas que realizan ante la Comisión de Administración de Divisas, no se exige que las distintas actuaciones que se informan por esa via cumplan con los requisitos de forma y fondo de los actos administrativos previstos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lo que no impide que los administrados de considerar que alguna de estas actuaciones vulnera su esfera de derechos, exijan ante la Administración la entrega del correspondiente acto contentivo de la manifestación de voluntad administrativa que se trate. (.….)) De esta forma, la utilización de medios electrónicos se inserto en los procedimientos en general llevados ante la Comisión de Administración de Divisas, para maximizar la actividad de esta, incluyéndose también con tal finalidad en los procedimientos para la adquisición de divisas destinadas a las importaciones. Ahora bien, la mencionada Providencia N° 61 de fecha 18 de noviembre de 2004, parcialmente modificada por la Providencia N° 66 del 24 de enero de 2005, contentiva de los "Requisitos, Controles y Trámites para las Autorizaciones de Adquisición de Divisas correspondientes a las Importaciones", aplicable en razón del tiempo. y cuyo contenido en esta materia se mantiene en las Providencias vigentes, no establece como obligación, que las autorizaciones de liquidación de divisas (ALD) deban transmitirse integramente en su forma original, por lo que la Sala reiterando el criterio sentando en las decisiones antes mencionadas, considera que aquellos particulares que estimen lesionados sus derechos como consecuencia de una de estas autorizaciones, deben solicitar a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) el texto íntegro del acto que se trate, a fin de conocer los motivos de la Administración y, por ende, poder recurrir del mismo. En este sentido, considera la Sala pertinente acotar. que lo anterior Administración de Divisas (CApIVI) estén exentos de control jurisdiccional, sino por el contrario que para una cabal revisión de la actuación administrativa es importante que los particulares informaciones que se trasmiten respecto al status de las solicitudes realizadas por estos, no contienen los datos íntegro necesarios para el análisis de la actuación administrativa" (Destacado de la Sala). Conforme se evidencia del documento inserto a los folios 42 al 47 del expediente judicial, la parte recurrente solicitó el 23 de febrero de 2012, el texto íntegro de la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) que se emitió el 26 de abril de 2011, y que la apelante afirma se verificó el 6 de mayo de 2011, es decir, que el requerimiento del contenido de dicho acto fue realizado más de nueve (9) meses después tanto de la fecha que se atribuye a la autorización de liquidación, como de la fecha que alega la parte recurrente debe tomarse como punto de partida para el cómputo de los lapsos, sin que conste en autos que se haya emitido el texto solicitado. Al respecto importa precisar cuándo debía el particular solicitar el texto íntegro del acto, toda vez que no se ha establecido un lapso específico para ello. A tal fin se observa que, aun cuando en las Autorización de Liquidación de Divisas no se indica el lapso del que dispone el particular para solicitar el texto del acto o para recurrir de las mismas, esa posibilidad debe tener un límite temporal. Siguiendo este hilo argumental se observa que el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece un lapso de quince (15) días siguientes a la notificación del acto, para la interposición del recurso de reconsideración por ante el funcionario que lo dictó. En este orden se advierte que las Autorizaciones de Liquidación de Divisas (ALD) forman parte del procedimiento para la adquisición de divisas en el que luego de obtener la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD), el importador estaba en la obligación de realizar diversos trámites para que la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) verificara la conformidad de la importación realizada con la autorización por ella otorgada, procediendo luego a tramitar la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) y posteriormente efectuar la liquidación efectiva de las mismas, mediante el descuento en una cuenta del solicitante del equivalente en bolívares de las divisas cuyo pago había autorizado. Ahora bien, usualmente las Autorizaciones de Liquidación de Divisas no son notificadas conforme a las formalidades previstas en los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por lo que no podría preverse un lapso de caducidad a partir de la fecha de su notificación formal, no obstante, visto que los particulares a los cuales van dirigidas tienen conocimiento de éstas y de los actos subsiguientes a las mismas, como sería el caso de la liquidación efectiva de las divisas autorizadas, la Sala considera que debe aplicarse analógicamente para la solicitud del texto íntegro de dichos actos administrativos, el lapso de quince días (15) días hábiles previsto en el articulo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, sin que pueda invocarse en estos casos la consecuencia prevista en el articulo 74 eiusdem, por lo que ante una Autorización de Liquidación de Divisas que el particular considera lesiva de sus derechos, puede acudir al órgano que la dictó para requerir el texto íntegro del acto dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al momento de la emisión de la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) que se trate. Consecuente con lo anterior, debe precisarse el lapso de la Administración Cambiaria para responder a dicha solicitud, al respecto se advierte que de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, "A falta de disposición expresa toda petición, representación o solicitud de naturaleza administrativa dirigida por los particulares a los órganos de la administración pública y que no requiera sustanciación, deberá ser resuelta dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación o a la fecha posterior en la que el interesado hubiere cumplido los requisitos legales exigidos"; en virtud de ello una vez recibida la solicitud de texto íntegro del acto, la Administración deberá dar respuesta a dicho requerimiento dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes, entendiéndose que en caso de obtener respuesta dentro del plazo indicado, comenzarán a correr los lapsos para su impugnación en vía administrativa o judicial, según lo decida el recurrente, a partir de la fecha de la misma, mientras que de haber silencio de la Administración Cambiaria, será una vez finalizado el lapso de veinte (20) días hábiles antes aludido que se iniciará el plazo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para la interposición del recurso contencioso administrativo. página original (tal como se publicó) [Página 45] En adición a lo expuesto debe aclara la Sala que en aquellos supuestos en que los particulares se abstengan de solicitar el texto íntegro de un acto emanado de la Administración Cambiaria, pero igualmente opten por recurrir del mismo, a fin de propender a un mayor acceso a la justicia, la Sala, visto que la dinámica de los trámites efectuados para la obtención de divisas exige de los administrados su atención permanente respecto a las solicitudes que realizan y a las comunicaciones que vía electrónica le son remitidas, considera que los particulares que escojan impugnar directamente el acto podrán ejercer el recurso de reconsideración dentro del lapso previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, o el recurso contencioso administrativo dentro del lapso de ciento ochenta (180) días continuos contemplado en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, contados ambos lapsos, en el caso de las autorizaciones de liquidación (ALD) a partir de la fecha de las mismas y en el supuesto de que cuestiones la liquidación en si a un tipo de cambio distinto al esperado por ellos, desde el momento del descuento correspondiente a la liquidación, al ser esta la actuación de la Administración Cambiaria que consideran en esa circunstancia lesiva de sus derechos, sin que pueda exigirse la aplicación de lo previsto en el artículo 74 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en virtud de la naturaleza de este tipo de actuaciones administrativas y de la celeridad que la Administración Nambiaria requiere para el cumplimiento de su labor, en función de la cual recurre a las comunicaciones electrónicas. Importa destacar que anteriormente no se había fijado un lapso de caducidad para la solicitud del texto íntegro de los actos de Autorización de Liquidación de Divisas (ALD), así como tampoco para la interposición de recursos contencioso administrativos contra éstos y demás actuaciones que se emiten en el marco de los procedimientos para la obtención de divisas que pueden lesionar los derechos e intereses de los particulares, por tal razón en resguardo de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica de las partes intervinientes en el presente proceso, esta Máxima Instancia establece que el criterio establecido supra tendrá efectos ex-nunc, esto es, hacia el futuro, por lo que se aplicará a partir de la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, excluyendo el caso examinado (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional N° 490 del 12 de abril de 2011. Caso: María Cristina Vispo y Tutankamen Hernández, y sentencia de esta Sala Político Administrativa N° 1323 del 20 de noviembre de 2013. Caso: Johan José Mendoza Aranguren y Suministros Abanca Mañon 2012, C.A). En el presente caso el requerimiento del texto del acto fue realizado más de nueve (9) meses después, tanto de la fecha que se atribuye a la autorización de liquidación (26 de abril de 2011) como del momento en que fueron liquidadas las divisas, según aduce la parte recurrente el 6 de mayo de 2011, sin que conste en autos que se haya emitido el texto solicitado. Corolario de lo expuesto es que en ausencia del texto íntegro de la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD), y visto que el comprobante de la consulta de la misma no contiene ninguna información respecto al tipo de cambio utilizado, la actuación cuya legalidad se cuestiona es la liquidación en si de las divisas y no la autorización de dicha operación, pues en ésta nada se indica que pueda ser contrario a los intereses de la parte recurrente, siendo entonces, la fecha efectiva de la operación cambiaria el punto de partida que debe tomarse en cuenta para el cómputo del lapso de caducidad en el presente caso. Así se decide. Ahora bien, la parte apelante a efectos de establecer la fecha cierta de la liquidación de las divisas, invoca un comprobante que cursa en autos, del cual aduce se evidencia que la operación cambiaria se verificó el 6 de mayo de 2011, sin identificar concretamente el documento al que alude, ni el folio del expediente judicial o administrativo en que corre inserto el mismo. Sin embargo, de la revisión exhaustiva de los expedientes (judicial y administrativo) se advierte que al folio 5 del expediente administrativo cursa copia fotostática de un documento presuntamente emitido por el Banco Central de Venezuela, en el cual se refleja la información siguiente: "Solicitado Liquidado Fecha Monto Fecha AAD ALD Monto Estado 3781086 228487 04/05/2011 428,52 06/05/2011 429,51 Liquidada" En este documento los números colocados para identificar la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) y la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD), coinciden con los reseñados por la parte recurrente como correspondientes a la operación de la cual deduce su pretensión, no así el monto de las divisas indicado, pues en el instrumento bajo análisis se refiere como de "428,52" y "429,51", y conforme ha referido la sociedad mercantil apelante, las divisas que denuncia fueron liquidadas a un tipo de cambio distinto al que alegan le correspondía, ascendían a la cantidad de doscientos ochenta y ocho euros con ochenta y cuatro centavos (288,84 EUR), no obstante, infiere la Sala que la discrepancia entre los montos aludidos se deriva de que la cantidad expresada en el instrumento citado se encuentra en dólares de los Estados Unidos de América y no en Euros. Igualmente en el comprobante en examen se indica la fecha 4 de mayo de 2011 bajo la palabra "Solicitado", lo cual no coincide con ningún otro dato contenido en el expediente, y la fecha 6 de mayo de 2011 bajo el vocablo "Liquidado”, mención ésta sobre la cual presuntamente la parte apelante cimienta su argumento de tempestividad del recurso interpuesto al alegar que la fecha de liquidación es la expresada en "un comprobante que cursa en autos" y no la contenida en la consulta de la autorización de liquidación de divisas. Dicho comprobante tiene membrete del Banco Central de Venezuela y en efecto, como fue señalado supra, se refiere a la importación para la cual se aprobaron las divisas cuya liquidación es objeto de impugnación, pues los números en él indicados para identificar la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) y la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) coinciden con los asignados a la operación cambiaria que se cuestiona. De igual forma, se advierte que la oportunidad que se menciona en este documento como momento en que tuvo lugar la liquidación guarda correspondencia con la apuntada en la consulta de la Autorización de Liquidación de Divisas que cursa al folio 4 del expediente administrativo, en el sentido de que es posterior a la fecha de aprobación de la liquidación de las divisas, es decir, que habiendo sido autorizada la liquidación el 26 de abril de 2011 resulta coherente que el descuento del monto respectivo se hubiera realizado el 6 de mayo de 2011. Con base en lo expuesto, y visto que no cursa en el expediente documento o probanza alguna que demuestre que la fecha de liquidación de las divisas es distinta a la reseñada en el comprobante que corre inserto al folio 5 del expediente administrativo, esta Sala considera que es correcto realizar el cómputo del lapso para la impugnación de la actuación cuestionada a partir del 6 de mayo de 2011, y no desde el 26 de abril de 2011, como erróneamente fue señalado por el juzgado a quo en el fallo recurrido. Así se decide. En orden a lo anterior, habida cuenta de que la liquidación de las divisas fue efectuada, conforme se evidencia del expediente, el 6 de mayo de 2011, la Sala verificado el cómputo pertinente estima que la interposición del recurso de reconsideración el 26 de mayo de ese mismo año (según se página original (tal como se publicó) [Página 46] evidencia de la copia de este que cursa a los folios 29 al 47 del expediente judicial), fue realizada dentro de los quince (15) días hábiles previstos en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos para el ejercicio del recurso de reconsideración. Ahora bien, con el objeto de establecer la tempestividad del recurso contencioso administrativo incoado ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, observa esta Alzada que el artículo 32 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece: "Caducidad Articulo 32: Las acciones de nulidad caducarán conforme a las reglas siguientes: 1. En los casos de actos administrativos de efectos particulares, en el término de ciento ochenta dias continuos, contados a partir de su notificación al interesado, o cuando la administración no haya decidido el correspondiente recurso administrativo en el lapso de noventa días hábiles, contados a partir de la fecha de su interposición. La ilegalidad del acto administrativo de efectos particulares podrá oponerse siempre por via de excepción, salvo disposiciones especiales. (...)" (Destacado de esta Sala). Atendiendo a los lapsos previstos en el artículo citado, advierte la Sala que habiendo sido interpuesto el recurso de reconsideración el 26 de mayo de 2011, los noventa (90) días hábiles para su decisión culminaban el 3 de octubre de 2011, mientras que los ciento ochenta (180) días continuos para el ejercicio del recurso contencioso administrativo finalizaban el 1° de abril de 2012, por lo que visto que dicho recurso fue incoado ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 29 de marzo de 2012, la Sala debe concluir que su ejercicio fue tempestivo y que por ende en el presente caso el juzgado a quo incurrió en el error de juzgamiento denunciado por la parte apelante. Así se decide. En virtud de todo lo anterior, esta Sala declara con lugar el recurso de apelación bajo análisis, revoca el fallo impugnado y ordena al a quo proceder a dictar la decisión correspondiente con relación al fondo del recurso de nulidad incoado. Asi se decide. IV DECISIÓN Con fundamento en las consideraciones expuestas, esta Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de apelación ejercido el 19 de diciembre de 2012, por la representación de la sociedad mercantil Alimentos Polar Comercial, C.A., contra la sentencia N° 2012-2094 dictada el 17 de diciembre de 2012 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, se REVOCA el fallo apelado y se ordena al a quo dictar la decisión de fondo correspondiente. Se ordena la publicación del texto íntegro del presente fallo en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo sumario se expresará: "Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que fija los lapsos para solicitar el texto íntegro de las Autorizaciones de Liquidación de Divisas (ALD) emitidas por la Comisión de Administración •le Divisas (CADIVI). mediante la aplicación por analogía del lapso previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos para dicha solicitud". Publíquese, regístrese y comuniquese. Devuélvase el expediente administrativo y judicial al tribunal de origen. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los días del mes deyulio del año dos mil catorce (2014). Años 204° de la Independencia y 155 de la Federación. El Presidente, EMIROGARCÍA R€ La Vicepresidenta, EVEIAN MARRERO ORTIZ La Magistrada, 4 Musticchuol MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA Ponente El Magistrado, EMILIO RAMOS GONZÁLEZ La Magistrada, bmukal MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL LaSecretaria, SOFÍA XAMILE GUZMÁN REPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 31 de julio de 2014 Nº DDPG-2014-366 155°, 204° y 15° s1 Defensor Público General Encargado, Abog. CIRo RAMóN ARAUJO, titular de la cédula de identidad N° v-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el Artículo 14, numerales 1 y 27 ejusdem, RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR al Ciudadano GABRIEL JOSÉ PEREZ LEÓN, titular de la cédula de identidad N° V-13.291.262, como Jefe de la División de Estadistica, adscrito a la Coordinación de Planificación y Desarrollo Organizacional, cargo éste de libre nombramiento y remoción, a partir de la presente fecha. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas. MRAAA Comuníquese y publíquése au Abog. CIRO RAMON ARAUJO DEFÉNSOR PÚBLICO GENERAL (E) Designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República página original (tal como se publicó) [Página 47] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2014-351 Caracas, 15 de julio de 2014 155°, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMóN ARAUJO, titular de la cédula de identidad N° v-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el Artículo 14, numerales 1, 11 y 27, ejusdem, RESUELVE PRIMERO: Designar a la ciudadana ERIKA JHEIN CASTILLO ALVARAD0, titular de la cédula de identidad N° V-12.440.128, como INSPECTORA DE DISCIPLINA, adscrita a la Coordinación de Vigilancia y Disciplina de la Defensa Pública, a partir de la presente fecha. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y publíquese, AbOg. CIRO RAMÓN ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E) Desigado mediante Acuerdo de la-Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, pubicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.782, de la misma fecha REPÚBLICA BOLIVÁRIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 15 de julio de 2014 Nº DDPG-2014-340 155°, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMóN ARAUJO, titular de la cédula de identidad N° v-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en los artículos 14, numerales 1 y 17, ejusdem, en concordancia con la Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, CONSIDERANDO Que el Defensor Público General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, tiene la atribución de organizar estructural, funcional, administrativa y financieramente la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que para el cumplimiento de su$ competencias y en ejercicio de sus atribuciones, la máxima autoridad de la Defensa Pública, a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva del derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y administrativo, podrá organizar las Unidades Regionales y Extensiones de la Defensa Pública asignando responsabilidades a determinados funcionarios a los fines de que contribuyan con la buena marcha de la institución y faciliten la prestación del servicio, tanto en sede administrativa, como por ante los distintos órganos jurisdiccionales de la República. CONSIDERANDO Que la máxima autoridad de la Defensa Publica, mediante Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, creó el cargo de Defensor Público Auxiliar, adscrito a las Unidades Regionales y Extensiones de la Defensa Pública a nivel "racional. RE$UELVE DESIGNARa la PRIMERO: ciudadana YORELIU MIROSLAVA ARÉVALO CHIRINOS,titula la cédula de identidad N° V-17.666.554, como Defensora Pública Auxiliar con competencia plena a nivel nacional, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Falcón, a partir de la presente fecha. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y publíquese, AbOg. CIRO RAMÓN ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E) Designado mediante Acuerdo de la Aamblea Nacional, de fecha 20 dé octubre de 2011, publicado en la Gaceta Onicial de la Repúbica Bolivariana de Venezuela N° 39. 782, de la misma fecha REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 15 de julio de 2014 Nº DDPG-2014-348 155°, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMóN ARAUJO, titular de la cédula de identidad N° v-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en los artículos 14, numerales 1 y 17, ejusdem, en concordancia con la Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, CONSIDERANDO Que el Defensor Público General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, tiene la atribución de organizar estructural, funcional, administrativa y financieramente la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que para el cumplimiento de sus competencias y en ejercicio de sus _atribuciones, la máxima autoridad de la Defensa Pública, a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva del derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y administrativo, podrá organizar las Unidades la Defensa Pública asignando Regionales y Extensiones de funcionarios a los fines duque responsabilidades a determinados contribuyan con la buena marcha de la institución y faciliten la prestación del servicio, tanto en sede administrativa, como por ante los distintos órganos jurisdiccionales de la República. CONSIDERANDO Que la máxima autoridad de la Defensa Publica, mediante Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, creó el cargo de Defensor Público Auxiliar, adscrito a las Unidades Regionales y Extensiones de la Defensa Pública a nivel nacional. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana ANA MARÍA VALLERA MÁRQUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.781.142, como como Defensora Pública Auxiliar de la Defensoría Pública Vigésima Tercera (23ra.) con competencia en materia Penal Ordinario, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del área metropolitana de Caracas, a partir de la presente fecha. página original (tal como se publicó) [Página 48] sEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y publíquese, AbOg. CIR® RAMÓN ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E) "Designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Ofical de la República Bolivariaria'de Venezuela Nº 39.782, de la misma fech» REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2014-331 Caracas, 15 de julio de 2014 155°, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRo RAMóN ARAUJo, titular de la cédula de identidad N° v-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 y 19 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el Artículo 14, numeral 1, ejusdem, RE$UELVE PRIMERO: DESIGNAR al CiUdadanO MARCOS ALEJANDRO GARCÍA VÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-19.147.174, como Defenor Público Provisorio Tercero (3ero.) con competencia en materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda en la Unidad Regional de la Defensa Pública del área metropolitana de Caracas, Extensión Sede Central, a partir de la presente fecha. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en el portal Web de la Defensa Pública. Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General de la Defensa Pública. Comuniquese y. Publíquese, Abog. CIRO RAMÓN ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E) Designado mediante Acuerdo de la Asmblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezpela Nº 39.782, de la misma fecha : REPÚBLICA BOLIVÁRIANA DE VENEZUELA DEFEN$A PÚBLICA Nº DDPG-2014-332 Caracas, 15 de julio de 2014 155°, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRo RAMóN ARAUJo, titular de la cédula de identidad N° v-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 y 19 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el Artículo 14, numeral 1, ejusdem, RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana NINFA MARIELA HERNÁNDEz MOGOLLÓN, titular de la cédula de identidad N° V-16.003.645, como Defersora Pública Provisoria Cuarta (4ta.) con competencia en materia Civif y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda en la Unidad Regional de la Defensa Pública del área metropolitana de Caracas, Extensión Sede Central, a partir de la presente fecha. SEGUnDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en el portal Web de la Defensa Pública. Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General de la Defensa Pública. Comuníquese y Publíquese, Abog. CIRO RAMÓN ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E) Designado mediante Acuegdo pe la Asambiea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezueia Nº 39.782, de la misma fecha REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2014-333 Caracas, 15 de julio de 2014 155°, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMóN ARAUJo, titular de la cédula de identidad Nº v-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en los artículos 14, numerales 1 y 17, ejusdem, en concordancia con la Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, CONSIDERANDO Que el Defensor Público General, como máxima autoridad de la Defensa .Pública, tiene la atribución de organizar estructural, funcional, administrativa y financieramente la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que para el cumplimiento de sus competencias y en ejercicio de sus atribuciones, la máxima autoridad de la Defensa Pública, a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva del derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y administrativo, podrá organizar las Unidades Regionales y Extensiones de la Defensa Pública asignando responsabilidades a determinados funcionarios a los fines de que contribuyan con la buena marcha de la institución y faciliten la prestación del servicio, tanto en sede administrativa, como por ante los distintos órganos jurisdiccionales de la República. CONSIDERANDO Que la máxima autoridad de la Defensa Publica, mediante Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, creó el cargo de Defensor Público Auxiliar, adscrito a las Unidades Regionales y Extensiones de la Defensa Pública a nivel nacional. RE$UELVE PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana FIORELA DEL VALLE AZUAJE DURÁN, titular de la cédula de identidad N° V-18.471.683, como Defensora Pública Auxiliar con competencia plena a nivel nacional, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Zulia, a partir de la presente fecha. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. página original (tal como se publicó) [Página 49] Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y publíquese, Abog. CIRO RAMÓN ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E) Designado mediante Acuer o de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oncial de la República Bolivariana de Venezueta Nº 39.782, de la misma fecha 977 REPÚBLICA BOLIVÁRIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 15 de julio de 2014 Nº DDPG-2014-334 155°, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMóN ARAUJO, titular de la cédula de identidad N° v-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, don fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en los artículos 14, numerales 1 y 17, ejusdem, en concordancia con Ia Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, CONSIDERANDO Que el Defensor Público General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, tiene la atribución de organizar estructural, funcional, administrativa y financieramente la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que para el cumplimiento de sus competencias y en ejercicio de sus atribuciones, la máxima autoridad de la Defensa Pública, a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva del derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y administrativo, podrá organizar las Unidades Regionales y Extensiones de la Defensa Pública asignando responsabilidades a determinados funcionarios a los fines de que contribuyan con la buena marcha de la institución y faciliten la prestación del servicio, tanto en sede administrativa, como por ante los distintos órganos jurisdiccionales de la República. CONSIDERANDO Que la máxima autoridad de la Defensa Publica, mediante Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, creó el cargo de Defensor Público Auxiliar, adscrito a las Unidades Regionales y Extensiones de la Defensa Pública a nivel nacional. RE$UELVE PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana NOHELY CAROLINA PEÑA PEÑA, titular de la cédula de identidad N° V-18.071.565, como Defensora Pública Auxiliar con competencia plena a nivel nacional, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Zulia, a partir de la presente fecha. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y publíquese, Abog. CIRO RAMON ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E) Designado mediante Acuerdo de e Asamblea Nacional, de fecha 20,de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuda Nª 39.782, de la misma fecha REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2014-335 Caracas, 15 de julio de 2014 155°, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMóN ARAUJo, titular de la cédula de identidad N° v-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de (a República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en los artículos 14, numerales 1 y 17, ejusdem, en concordancia con la Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, CONSIDERANDO Que el Defensor Público General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, tiene la" atribución de organizar estructural, funcional, administrativa y financieramente la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que para el cumplimiento de sus competencias y en ejercicio de sus atribuciones, la máxima autoridad de la Defensa Pública, a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva del derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y administrativo, podrá organizar las Unidades Regionales y Extensiones de la Defensa Pública asignando responsabilidades a determinado$ funcionarios a los fines de que contribuyan con la buena marcha de la institución y faciliten la prestación del servicio, tanto en sede administrativa, como por ante los distintos órganos jurisdiccionales de la República. CONSIDERANDO Que la máxima autoridad de la Defensa Publica, mediante Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 e e e las Unidades Regionales y Extensiones de la Defensa Pública a nivel nacional. RESUELVE PRIMERO:DESIGNAR a la CiUdadana WHITNY JULIET OVIEDO MENDozA, titular de la cédula de identidad N° V-17.834.249, como Defensora Pública Auxiliar con competencia plena a nivel nacional, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Zulia, a partir de la presente fecha. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y publíquese, AbOg. CIRO RAMÓN ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E) Designado mediante Acuerdo de fa Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la Repiblica Bolivariana de Venezueia Nº 39.782, de la misma fecha REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 15 de julio de 2014 Nº DDPG-2014-336 155°, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMóN ARAUJO, titular de la cédula de identidad Nº v-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Naciona], de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela página original (tal como se publicó) [Página 50] N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en los artículos 14, numerales 1 y 17, ejusdem, en concordancia con la Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, CONSIDERANDO Que el Defensor Público General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, tiene la atribución de organizar estructural, funcional, administrativa y financieramente la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que para el cumplimiento de su$ competencias y en ejercicio de sus atribuciones, la máxima autoridad de la Defensa Pública, a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva del derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y administrativo, podrá organizar las Unidades Regionales y Extensiones de la Defensa Pública asigriando responsabilidades a determinados funcionarios a los fines de que contribuyan con la buena marcha de la institución y faciliten la prestación del servicio, tanto en sede administrativa, como por ante los distintos órganos jurisdiccionales de la Repúplica. CONSIDERANDO Que la máxima autoridad de la Defensa Publica, mediante Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, creó el cargo de Defensor Público Auxiliar, adscrito a las Unidades Regionales y Extensiones de la Defensa Pública a nivel nacional. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana NURBIS ISMELIA LÓPEZ BÁEZ, titular de la cédula de identidad N° v-12.391.533, como Defensora Pública Auxiliar con competencia plena a nivel nacional, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Bolívar, Extensión Puerto Ordaz, a partir de la presente fecha. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y publíquese, Abog. CIRO RAMÓN ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E) Designado mediante Acuegdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA - Caracas, 15 de julio de 2014 Nº DDPG-2014-337 155°, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMóN ARAUJO, titular de la cédula de identidad Nº v-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en los artículos 14, numerales 1 y 17, ejusdem, en concordancia con la Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, CONSIDERANDO Que el Defensor Público General, cómo máxima autoridad de la Defensa Pública, tiené la atribución de organizar estructural, funcional, administrativa y financieramente la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que para el cumplimiento de sus competencias y en ejercicio de sus atribuciones, la máxima autoridad de la Defensa Pública, a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva del derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y administrativo, podrá organizar las Unidades Regionales y Extensiones de la Defensa Pública asignando responsabilidades a determinados funcionarios a los fines de que contribuyan con la buena marcha de la institución y faciliten la prestación del servicio, tanto en sede administrativa, como por ante los distintos órganos jurisdiccionales de la República. CONSIDERANDO Que la máxima autoridad de la Defensa Publica, mediante Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, creó el cargo de Defensor Público Auxiliar, adscrito a las Unidades Regionales y Extensiones de la Defensa Pública a nivel nacional. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana ANDREINA ARGUELLES CAMACH0, titular de la cédula de identidad N° V-18.296.936, como Defensora Pública Auxiliar con competencia plena a nivel nacional, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Lara, a partir de la presente fecha. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y publíquese, Abog. CIRQ RAMÓN ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E) Designado mediante Acuerdo de ia Asambilea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oncial de la Repúbica Bolivariana de Venezgela Nº 39.782, de la misma fecha REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2014-342 Caracas, 15 de julio de 2014 155°, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMÓN ARAUJo, titular de la cédula de identidad N° v-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República página original (tal como se publicó) [Página 51] Bolivariana de Venezuela N° $9.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 y 19 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el Artículo 14, numeral 1, ejusdem, RE$UELVE PRIMERO: DESIGNAR a la Ciudadana ANA ELENA CORDIDO PARRA, titular de la cédula de identidad N° V-17.698.333, como Defensora Pública Provisoria Quirta (5ta.) con competencia en materia Penal Ordinario en la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Lara, a partir de la presente fecha. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en el portal Web de la Defensa Pública. Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General de la Defensa Pública. Comuníquese y Publíquese, AbOg. CIRO RAMÓN ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E) Designado mediante Acuerpo de la samblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezupla Nº 39.782, de la misma fecha REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 15 de julio de 2014 Nº DDPG-2014-343 155°, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMóN ARAUJO, titular de la cédula de identidad Nº v-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de (a República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en los artículos 14, numerales 1 y 17, ejusdem, en concordancia con la Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, CONSIDERANDO Que el Defensor Público General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, tiene la atribución de organizar estructural, funcional, administrativa y financieramente la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que para el cumplimiento de sus competencias y en ejercicio de sus atribuciones, la máxima autoridad de la Defensa Pública, a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva del derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y administrativo, podrá organizar las Unidades la DefensaPúblicaasignando Regionales y Extensiones de responsabilidades a determinados funcionarios a los fines de que contribuyan con la buena marcha de la institución y faciliten la prestación del servicio, tanto en sede administrativa, como por ante los distintos órganos jurisdiccionales de la República. CONSIDERANDO Que la máxima autoridad de la Defensa Publica, mediante Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, creó el cargo de Defensor Público Auxiliar, adscrito a las Unidades Regionales y Extensipnes de la Defensa Pública a nivel nacional. RE$UELVE PRIMERO:DESIGNAR ala ciudadana IVONNE JOSEFINA RODRÍGUEZ MENESES, titular de la cédula de identidad N° 10.217.847, como Defensora Pública Auxiliar con competencia plena a nivel nacional, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Aragua, a partir de la presente fecha. sEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y publíquese, AbOg. CIRO RAMÓN ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E) Designado mediante Acuegdo de la Asambiea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.782, de la misma fecha REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 15 de julio de 2014 Nº DDPG-2014-344 155°, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMóN ARAUJO, titular de la cédula de identidad Nº v-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo. 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en los artículos 14, numerales 1 y 17, ejusdem, en concordancia con la Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, CONSIDERANDO Que el Defensor Público General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, tiene la atribución de organizar estructural, funcional, administrativa y financieramente la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que para el cumplimiento de sus competencias y en ejercicio de sus atribuciones, la máxima autoridad de la Defensa Pública, a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva del derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y administrativo, podrá organizar las Unidades la Defensa Pública asignando Regionales y Extensiones de responsabilidades a determinados funcionarios a los fines de que contribuyan con la buena marcha de la institución y faciliten la prestación del servicio, tanto en sede administrativa, como por ante los distintos órganos jurisdiccionales de la Repúbljca. CONSIDERANDO 'Que la máxima autoridad de la Defensa Publica, mediante Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, creó el cargo de Defensor Público Auxiliar, adscrito a las Unidades Regionales y Extensiones de la Defensa Pública a nivel nacional. página original (tal como se publicó) [Página 52] RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR al CiUdAdanO JUAN CARLOS HERNÁNDEZ QUINTER0, titular de la cédula de identidad N° V-15.589.272, como Defensor Público Auxiliar con competencia plena a nivel nacional, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del área metropolitana de Caracas, Extensión Sede Central, a partir de la presente fecha. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y publíquese, AbOg. CIRO RAMÓN ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO/GENERAL (E) Designado mediante Acuedo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Onicial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.782, de la misma fecha REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 15 de julio de 2014 Nº DDPG-2014-350 155°, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMÓN ARAUJO, titular de la cédula de identidad N° v-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en los artículos 14, numerales 1 y 17, ejusdem, en concordancia con la Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, CONSIDERANDO Que el Defensor Público General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, tiene la" atribución de organizar estructural, funcional, administrativa y financieramente la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que para el cumplimiento de sus competencias y en ejercicio de sus atribuciones, la máxima autoridad de la Defensa Pública, a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva del derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y administrativo, podrá organizar las Unidades Regionales y Extensiones de la Defensa Pública asignando responsabilidades a determinados funcionarios a los fines de que contribuyan con la buena marcha de la institución y faciliten la prestación del servicio, tanto en sede administrativa, como por ante los distintos órganos jurisdiccionales de la República. CONSIDERANDO Que la máxima autoridad de la Defensa Publica, mediante Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, creó el cargo de Defensor Público Auxiliar, adscrito a las Unidades Regionales y Extensjones de la Defensa Pública a nivel nacional. RE$UELVE PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana CLAUDIA GUADALUPE DURÁN BARROETA, titular de la cédula de identidad N° V-15.588.300, como Defensora Pública Auxiliar con competencia plena a nivel nacional, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Zulia, a partir de la presente fecha. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y publíquese, Abog. CIRO RAMÓN ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E) Designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha -20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezgela Nº 39.782, de la misma fecha REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 15 de julio de 2014 Nº DDPG-2014-352 155°, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMóN ARAUJO, titular de la cédula de identidad Nº v-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de (a República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en los artículos 14, numerales 1 y 17, ejusdem, en concordancia con la Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, CONSIDERANDO Que el Defensor Público General, cômo máxima autoridad de la Defensa Pública, tiene la atribución de organizar estructural, funcional, administrativa y financieramente la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que para el cumplimiento de sus competencias y en ejercicio de sus atribuciones, la máxima autoridad de la Defensa Pública, a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva del derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y administrativo, podrá organizar las Unidades Regionales y Extensiones de la Defensa Pública asignando responsabilidades a determinados funcionarios a los fines de que contribuyan con la buena marcha de la institución y faciliten la prestación del servicio, tanto en sede administrativa, como por ante los distintos órganos jurisdiccionales de la República. CONSIDERANDO Que la máxima autoridad de la Defensa Publica, mediante Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, creó el cargo de Defensor Público Auxiliar, adscrito a las Unidades Regionales y Extensiones de la Defensa Pública a nivel nacional. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR al CiUdadANO MARCOS ANTONIO GONZÁLEZ DELGAD0, titular de la cédula de identidad N° V-12.301.155, como Defensor Público Auxiliar con competencia plena a nivel nacional, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Bolivariano de Miranda, Extensión Valles del Tuy, a partir de la presente fecha. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y publíquese, AbOg. CIRO RAMÓN ARAUJO DEFENSOR PÚBJICO GENERAL (E) Designado mediante Acuerdope la Asambiea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.782, de la misma fecha página original (tal como se publicó) [Página 53] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 15 de julio de 2014 Nº DDPG-2014-353 155°, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMóN ARAUJO, titular de la cédula de identidad Nº v-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de Ia República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en los artículos 14, numerales 1 y 17, ejusdem, 'en concordancia con la Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, CONSIDERANDO Que el Defensor Público General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, tiene la atribución de organizar estructural, funcional, administrativa y financieramente la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que para el cumplimiento de sus competencias y en ejercicio de sus atribuciones, la máxima autoridad de la Defensa Pública, a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva del derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y administrativo, podrá organizar las Unidades Regionales y Extensiones de la Defensa Pública asignando responsabilidades a determinados funcionarios a los fines de que contribuyan con la buena marcha de la institución y faciliten la prestación del servicio, tanto en sede administrativa, como por ante los distintos órganos jurisdiccionales de la República. CONSIDERANDO Que la máxima autoridad de la Defensa Publica, mediante Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, creó el cargo de Defensor Público Auxiliar, adscrito a las Unidades Regionales y Extensiones de la Defensa Pública a nivel pacional. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana SUSANA PATRICIA DÁVILA BRIcEÑo, titular de la cédula de identidad N° V-17.683.223, como Defensora Pública Auxiliar con competencia plena a nivel nacional, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Zulia, a partir de la presente fecha. sEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y publíquese, Abog. CIRO RAMÓN ARAUJO DEFENSOR PÚBIICO GENERAL (E) Designado mediante Acuerdd de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de -octubre de 2011, pubicado en la Gaceta Oncial de la República Bolivariana de Venezueia Nº 39.782, de la misma fecha REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 15 de julio de 2014 Nº DDPG-2014-354 155°, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMóN ARAUJO, titular de la cédula de identidad N° v-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en los astículos 14, numerales 1 y 17, ejusdem, en concordancia con la Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, CONSIDERANDO Que el Defensor Público General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, tiene la atribución de organizar estructural, funcional, administrativa y financieramente la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que para el cumplimiento de sus competencias y en ejercicio de sus atribuciones, la máxima autoridad de la Defensa Pública, a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva del derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y administrativo, podrá organizar las Unidades Regionales y Extensiones de la Defensa Pública asignando responsabilidades a determinados funcionarios a los fines de que contribuyan con la buena marcha de la institución y faciliten la prestación del servicio, tanto en sede administrativa, como por ante los distintos órganos jurisdiccionales de la República. CONSIDERANDO Que la máxima autoridad de la Defensa Publica, mediante Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, creó el cargo de Defensor Público Auxiliar, adscrito a las Unidades Regionales y Extensiones de la Defensa Pública a nivel nacional. RESUELVE PRIMERO: DESIGNAR a la CiUdadana LUCIANA JUSEPINA D'ANGELO FRANCIS, titular de la cédula de identidad N° V-12.307.775, como Defensora Pública Auxiliar con competencia plena a nivel nacional, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Zulia, a partir de la presente fecha. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y publíquese, AbOg. CIRO RAMÓN ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E) Designado mediante Acuergo de la Asambiea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, pubac do en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuea Nº 39.782, de la misma fecha REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, 15 de julio de 2014 Nº DDPG-2014-355 155º, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMóN ARAUJo, titular de la cédula de identidad N° v-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en los artículos 14, numerales 1 y 17, ejusdem, en concordancia con la Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, CONSIDERANDO Que el Defensor Público General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, tiene la atribución de organizar estructural, funcional, administrativa y financieramente la Defensa Pública. página original (tal como se publicó) [Página 54] CONSIDERANDO Que para el cumplimiento de sus competencias y en ejercicio de sus atribuciones, la máxima autoridad de la Defensa Pública, a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva del derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y administrativo, podrá organizar las Unidades la Defensa Pública asignando Extensiones de Regionales y funcionarios a los fines de que responsabilidades a determinados contribuyan con la buena marcha de la institución y faciliten la prestación del servicio, tanto en sede administrativa, como por ante los distintos órganos jurisdiccionales de la República. CONSIDERANDO Que la máxima autoridad de la Defensa Publica, mediante Resolución N° DDPG-2012-207, de fecha 24 de agosto de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivarjana de Venezuela N° 39.995, del 28 de agosto de 2012, creó el cargo de Defensor Público Auxiliar, adscrito a las Unidades Regionales y Extensiones de la Defensa Pública a nivel nacional. RESUELVE ciudadana MARÍA ANTONIETA PRIMERO: DESIGNAR a la BERRoTERÁN PORRAS, titular de la cédula de identidad N° V-10.691.172, como Defensora Pública Auxiliar con competencia plena a nivel nacional, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Bolivariano de Miranda, Extensión Guarenas-Guatire, a partir de la presente fecha. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y publíquese, AbOg. CIRO RAMÓN ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E) Designado mediante Acuerdo dela Asambiea Nacional, de fecha Bolivaniana de Venezuesa Nº 39.782, de la misma fecha REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2014-322 Caracas, 04 de julio de 2014 155°, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMóN ARAUJO, titular de la cédula de identidad Nº v-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el Artículo 14, numerales 1, 11 y 17, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General Encargado, como máxima autoridad de la Defensa Pública, organizar estructural, funcional, administrativa y financieramente la Defensa Pública, como Organismo Constitucional que forma parte del Sistema de Justicia. CONSIDERANDO Que para el cumplimiento de los fine$ antes referidos, la máxima autoridad de la Defensa Pública, en ejercicio de sus funciones legalmente atribuidas, podrá ordenar el traslado de funcionarios o funcionarias, reasignándolos a cualquiera de las dependencias administrativas regionales de la Defensa Pública. RESUELVE PRIMERO: TRASLADARa la CiUdadana MARYOALIZTHG JUDITH CABAÑA HERRERA, titular de la cédula de identidad N° V-10.849.228, Defensora Pública Provisoria Octava (8va.) con competencia en materia Penal Ordinario, en la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Yaracuy, a la Defensoría Pública Octava (8va.) con competencia en la misma materia, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Lara. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada-sellada en el Despacho del Defenser Público General, en la cidad de Caracas. Comuníquese y publiquese, m Abog. CIRO RAMÓN ARAUJO ÁLICA DEFENSOR PÚBLIGO GENERAL (E) Designado mediante Acuerdo dea Asamblea Nacional, de fecha B. a e p 6 n enza rn REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2014-328 Caracas, 09 de julio de 2014 155°, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMÓN ARAUJO, titular de la cédula de identidad Nº v-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el Artículo 14, numerales 1, 11 y 17, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General Encargado, como máxima autoridad de la Defensa Pública, organizar estructural, funcional, administrativa y financieramente la Defensa Pública, como Organismo Constitucional que forma parte del Sistema de Justicia. CONSIDERANDO Que para el cumplimiento de los finés antes referidos, la máxima autoridad de la Defensa Pública, en ejercicio de sus funciones legalmente atribuidas, podrá ordenar el traslado de funcionarios o funcionarias, reasignándolos a 'adquiera de las dependencias administrativas regionales de la Defensa Pública. RESUELVE PRIMERO: TRASLADAR a la CiUdadana MARIANY JASMÍN PÉREZ MORENo, titular de la cédula de identidad N° V-18.445.619, Defensora Pública Auxiliar con competencia plena a nivel nacional, en la Unidad Regional de la Defensa Pública del área metropolitana de Caracas, a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Bolivariano de Miranda, Extensión Guarenas-Guatire. SEGunDo: Publicar.ze Ftexto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la Repúbliea-Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y publíquese, Abog! CIRO RAMÓN ARAUJO SDEFEÑSOR PUBLICO GENERAL (E) Dliugnado mediante Acuerdo og a Asambliea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuesa hº 39.782, de la misma fecha REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2014-361 Caracas, 15 de julio de 2014 155°, 204° y 15° El Defensor Público General Encargado, Abog. CIRO RAMÓN ARAUJO, titular de la cédula de identidad N° v-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el Artículo 14, numerales 1, 11 y 17, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia del Defensor Público General Encargado, como máxima autoridad de la Defensa Pública, organizar estructural, funcional, administrativa y financieramente la Defensa Pública, como Organismo Constitucional que forma parte del Sistema de Justicia. CONSIDERANDO Que para el cumplimiento de los fines antes referidos, la máxima autoridad de la Defensa Pública, en ejercicio de sus funciones legalmente atribuidas, podrá ordenar el traslado de funcionarios o funcionarias, reasignándolos a cualquiera de las dependencias administrativas regionales de a Defensa Pública. RESUÉLVE PRIMERO: TRASLADAR al CiUdadanO FRANCISCO JOSÉ CARLOMAGNO MALDoNAD0, titular de la cédula de identidad N° V-5.592.961, Defensor Público Undécimo (11mo.) con competencia en materia Penal Ordinario en Fase de Ejecución, en la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Bolivariano de Miranda, Extensión Valles del Tuy, a la Defensoría Pública Septuagésima Quinta (75ta.) con competencia en la misma materia, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del área metropolitana de Caracas. SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho del Defensor Público General, en la ciudad de Caracas. Comuníquese y publíquese, AbOg. CIRO RAMON ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E) OALES Designado mediante Acuerdo de la Asambiea Nacionai, de fecha B. 20.de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.782, de la misma fecha página original (tal como se publicó) [Página 55] DILE NO A LOS GESTORES GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MEKW SCMADO ocu- Conoce Nuestros Servicios (+58212) 576-80-86 / 576-43-92. Gobierno Bolivariano Ministerio del Poder Popular de Venezuela para la Comunicación y la Información Servicio Autónomo Imprenta Nacional Gaceta Oficial G-20001768-8 Estimados usuarios El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial facilita a todas las personas naturales, jurídicas y nacionalizadas la realización de los trámites legales para la solicitud de la Gaceta Oficial sin intermediarios. 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La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETAOFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional. Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICÁ BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos. EL SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados. página original (tal como se publicó)