[Página 1] Caracas, viernes 4 de julio de 2014 MES IX AÑO CXLI SUMARIO PRESIDENCIA DE LAREPÚBLICA Decreto N° 1.085, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia sobre la prestación del servicio eléctrico en el Estado Monagas y sus instalaciones y bienes asociados, por un lapso de quince (15) días, prorrogables por igual plazo. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA ONAPRE Providencia mediante la cual se procede a la publicación del Traspaso Presupuestario de Gastos Corrientes para Gastos de Capital del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, por la cantidad que en ella se menciona. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Resolución mediante la cual se designa a los ciudadanos y ciudadanas que en ella se indican, como Miembros integrantes del Consejo Directivo de la Fundación Escuela Venezolana de Planificación. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARAINDUSTRIAS Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Willian Efraín Uztáriz Rodríguez, como Director de Administración de la Fundación Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica (FONDOIN). MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Carlos Leonel Rodriguez Hernández, como Cuentadante Responsable de la Unidad Administradora Central, de este Ministerio. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALA EDUCACIÓN Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material la Resolución N° 103, de fecha 19 de junio de 2014. Fundación Colombeia Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Daniel Javier Lárez Martínez, Director de Administración y Finanzas (E), de esta Fundación. Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Érika Maria Briceño Zambrano, Consultora Jurídica, de esta Fundación. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José Ángel Rojas, como Director de Línea, Encargado de la Dirección de Presupuesto, adscrito a la Oficina de Planificación y Presupuesto, de este Organismo. Número 40.447 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN Fundación Villa del Cine Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones de esta Fundación, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se señalan. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALAALIMENTACIÓN Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Ronny Rivero Paz, como Director General del Despacho de este Ministerio, en calidad de Encargado. Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución N° 010, de fecha 20 de junio de 2014. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALA CULTURA Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Wilmer de Jesús Ruiz Figueira, como Director General de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, de este Ministerio. Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José Manuel Rodríguez López, como Director Ejecutivo de la Fundación Imprenta de la Cultura, ente adscrito a este Ministerio. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Tribunal Disciplinario Judicial Decisión mediante la cual se Absuelve de Responsabilidad Disciplinaria al ciudadano César Luis González Prato. Corte Disciplinaria Judicial Decisión mediante la cual se declara Parcialmente Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por la Inspectoría General de Tribunales contra la decisión N° TDJ-SD-2013-160 dictada en fecha 19 de noviembre de 2013 por el TDJ. Decisión mediante la cual se declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la Inspectoría General de Tribunales contra la decisión N° TDJ-SD-2013-148, dictada en fecha 24 de septiembre de 2013 por el Tribunal Disciplinario Judicial. Decisión mediante la cual se declara Sin Lugar los recursos de apelación presentados por las ciudadanas que en ella se señalan, contra la Sentencia N° TDJ-SD-2013-122. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José Leonardo Sanzone Mirabal, Gerente General de Asesoria Jurídica de la Procuraduría General de la República. Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano José Leonardo Sanzone Mirabal, en su carácter de Gerente General de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General de la República, las atribuciones y firmas de los documentos y actos que en ella se especifican. página original (tal como se publicó) [Página 2] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 04 de julio de 2014 Decreto N° 1.085 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del país, basado en los principios humanistas y en las condiciones éticas Bolivarianas, por mandato del pueblo, en ejercicio de las atribuciones que me confieren el artículo 226, y numeral 2 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en lo dispuesto en ios artículos 326 y 338 ejusdem, en concordancia con lo previsto en los artículos 19 y 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 2°, 4º, 6° y 9o de ia Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico; en Consejo de Ministros, CONSIDERANDO Que el servicio público de energía eléctrica es una actividad que involucra la seguridad y defensa de la Nación, siendo la electricidad un bien indispensable para el desarrollo económico y la calidad de vida del pueblo, CONSIDERANDO Que en la actualidad, existe un conjunto de circunstancias de orden natural que afectan las cuencas hidrográficas, que a su vez restringen el aporte de agua a los embalses destinados a la generación hidroeléctrica, provocando una caída en el abastecimiento de electricidad al sistema eléctrico nacional, que incide sensibiemente en el desarrollo de las actividades productivas y económicas del país, en particular en el estado Monagas, CONSIDERANDO Que en tal virtud, las redes de generación termoeléctrica, hidroeléctrica, de transmisión de energía eléctrica nacional, así como los sistemas de distribución, pueden alcanzar su capacidad máxima, pese- al incremento de la capacidad instalada, lo cual limitaría el suministro de electricidad en el estado Monagas y perturbaría la continuidad, confiabilidad y seguridad del suministro de energía eléctrica en esa entidad, CONSIDERANDO Que la demanda de energía eléctrica en el país ha venido experimentando un crecimiento acelerado, caracterizado particularmente por distorsiones en los patrones del consumo, lo que amerita una modelación mediante la difusión masiva de programas dirigidos a la población, a fin de estimular el uso consciente, eficiente y el ahorro de la energía eléctrica, CONSIDERANDO Que es deber ineludible del Estado tomar las medidas necesarias a fin de evitar, prevenir, minimizar o controlar las consecuencias derivadas de los fenómenos de la naturaleza en la prestación del servicio eléctrico, CONSIDERANDO Que de acuerdo a información aportada por la Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (CORPOELEC), en el estado Monagas ocurrió la caída inesperada de ocho (08) torres de transmisión de energía eléctrica que afectó las líneas de transmisión y, consecuencialmente, el servicio de energía eléctrica en esa localidad, como primer evento a consecuencia de los fenómenos de la naturaleza. DECRETO Artículo 1°. Se declara el estado de emergencia sobre la prestación del servicio eléctrico en el estado Monagas y sus instalaciones y bienes asociados, por un lapso de quince (15) días, prorrogables por igual plazo, en virtud de lo cual se autoriza al Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica a dictar por vía de excepción las medidas especialísimas que estime pertinentes, a fin de garantizar a la población del estado Monagas, el suministro de energía eléctrica. Artículo 2º. Se instruye a los Ministros del Poder Popular para la Energía Eléctrica, de Economía, Finanzas y Banca Pública, y de Planificación, diseñar y ejecutar las medidas necesarias y urgentes, para que los entes privados y los públicos, de la administración central y descentralizada territorial y funcionalmente, paguen las deudas que mantienen con la empresa eléctrica del Estado. Artículo 3°. Se instruye a la Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (CORPOELEC) a acelerar los cronogramas de ejecución de las obras atinentes a la ampliación e inversiones en la infraestructura para la prestación del servicio eléctrico en el país y en particular dei estado Monagas, así como a adoptar todas las medidastécnicas y económicas necesarias para conservar la continuidad del servicio; entre ellas podrán acordar, previa aprobación de la máxima autoridad del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, contrataciones por adjudicación directa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 77 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas, en concordancia con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas. Artículo 4º. La Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (CORPOELEC), previa autorización del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, podrá celebrar acuerdos con proveedores independientes nacionales o extranjeros para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras necesarias para la prestación del servicio de energía eléctrica, para la atención de la demanda en el estado Monagas. Artículo 5º. Se instruye a los Ministros del Poder Popular para la Educación, la Educación Universitaria, para el Ambiente y la Energía Eléctrica a elaborar un programa educativo dirigido a los niveles de educación básica, media y superior, así como el diseño de una campaña de difusión local o nacional que instruya a la población acerca del uso eficiente de la energía y el ahorro de la electricidad. página original (tal como se publicó) [Página 3] Artículo 6°. Se insta a las autoridades administrativas, de seguridad, policiales, del sistema de justicia, así como a las autoridades estadales y municipales del país y en particular del estado Monagas, para que presten el apoyo necesario en la disminución de la conexiones no autorizadas a las redes de energía eléctrica y propiciar la regularización del servicio a aquellos usuarios conectados a las redes sin contrato con la distribuidora de energía eléctrica. Artículo 7°. Se instruye al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica a la formación de un Registro Nacional de Autogeneradores con el objeto de levantar información de la capacidad instalada de autoabastecimiento de energía eléctrica del país. Artículo 8°. El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica queda encargado de la ejecución del presente Decreto. Artículo 9º. Este Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los cuatro días del mes de julio de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.) NICOLÁS MADURO MOROS Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.) CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.) MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) ELÍAS JAUA MILANO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación (L.S.) RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Defensa (L.S.) CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Comercio (L.S.) DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para Industrias (L.S.) JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) YVÁN EDUARDO GIL PINTO Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) JEHYSON JOSÉ GUZMÁN ARAQUE Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación (L.S.) HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (L.S.) FRANCISCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (L.S.) JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre (L.S.) HAIMAN EL TROUDI DOUWARA Refrendado EL Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.) LUIS GUSTAVO GRATEROL CARABALLO Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (L.S.) RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) MIGUEL LEONARDO RODRIGUEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (L.S.) MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ página original (tal como se publicó) [Página 4] Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.) REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) HEBERT JOSUE GARCÍA PLAZA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) FIDEL ERNESTO BARBARITO HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.) ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR Refrendado El Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica (L.S.) JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Juventud (L.S.) VÍCTOR JOSÉ CLARK BOSCÁN Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARÍA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas . (L.S.) ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA República Bolivariana de Venezuela - Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública- Oficina Nacional de Presupuesto - Número: 036 - Caracas, 02 de julio de 2014 - 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana. PROVIDENCIA De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, se procede a la publicación del traspaso presupuestario de gastos corrientes para gastos de capital del MInIsTERro DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES, pOr la Cantidad de CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA BOLÍVARES (Bs. 111.590), que fue aprobado por esta Oficina en fecha 30 de junio de 2014, de acuerdo con la siguiente imputación: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES Bs. 111.590,00 060046000 "Reimpulso Proyecto: de la representación Diplomática de la República Bolivariana de Venezuela en el mundo." 111.590,00 DE: "Ejecución de actividades Acción Específica: 060046001 pertinentes a garantizar el soporte operativo del Servicio Exterior Bolivariano en el continente de América Latina 27.485,00 y el Caribe" 4.03 Partida: "Servicios no personales" 19.473.88 - Ingresos Ordinarios Sub-Partidas Genéricas, Específicas y Sub-Específica: 07.01.00 "Publicidad y propaganda" 7.756,00 " "Otros servicios profesionales 10.99.00 y técnicos" 11.717,88 "Transferencias :epgued 4.07 y 8.011.12 donaciones" - Ingresos Ordinarios Genérica, Específica y Sub-Específica: 02.02.01 "Donaciones corrientes a personas" 8.011,12 Acción Específica: 060046006 "Ejecutar actividades pertinentes a garantizar el soporte operativo en 84.105,00 coyunturas imprevistas" "Materiales, 4.02 Partida: suministros y 84.105.00 mercancías" - Ingresos Ordinarios Sub-Partida Genérica, Específica y Sub-Específica: 99.01.00 "Otros materiales y 84.105,00 suministros" PARA: "Ejecución de actividades Acción Específica: 060046001 pertinentes a garantizar el soporte operativo del Servicio Exterior Bolivariano en el continente de América Latina 27.485,00 y el Caribe" 4.04 "Activos reales" 27.485.00 Partida: - Ingresos Ordinarios Sub-Partidas Genéricas, Específicas y 07.02.00 Sub-Específicas: "Equipos de enseñanza, 8.970,00 deporte y recreación" 09.02.00 18.515,00 "Equipos de computación" Acción Específica: 060046006 "Ejecutar actividades pertinentes a garantizar el soporte operativo en 84.105,00 coyunturas imprevistas" 84.105.00 "Activos reales" 4.04 Partida: - Ingresos Ordinarios Sub-Partidas Genéricas, Específicas y "Equipos de enseñanza, 07.02.00 Sub-Específicas: 50.185,67 deporte y recreación" "Equipos de computación" 33.919,33 09.02.00 Comuníquese y Publíquese, MARÍA ELISA DOMÍNGUEZ ELASCO Jefa de la Oficin Nacional de Presupuesto Resolución N° 027, Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Verezuela N° 40.358 de fecha 18/02/2014 página original (tal como se publicó) [Página 5] MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN DM/N°037 CARACAS, 04/07/2014 2040, 155º y 15º En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 62, 77 numerales 2, 13, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y conforme con lo establecido en la Cláusula Séptima del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la Fundación Escue!a Venezolana de Planificación, creada mediante Decreto Nº 4.784 de fecha 4 de septiembre de 2006, publicado en la Gaceta Oficial N° 38.514 de la misma fecha; inscrita por ante el Registro Público Cuarto, Circuito Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 29 de septiembre de 2006, quedando Ministerial, RESUELVE Artículo 1°. Designar a los miembros integrantes del Consejo Directivo de la Fundación Escuela Venezolana de Planificación, quędando conformado de la manera siguiente: CEDULA DE CARGO NOMBRE Y APELLIDO IDENTIDAD V-6.524.592 DIRECTOR PEDRO CALZADILLA OMAR HURTADO V-2.435.703 DIRECTOR JOSE BERROTERAN V-2.518.295 DIRECTOR ANA SEMECO V-3.627.550 DIRECTOR PRESIDENTA DE LA MARJORIE CADENAS V-3.843.188 FUNDACION Y DEL CONSEJO DIRECTIVO (E) En consecuencia, los miembros integrantes del Consejo Directivo, ejercerán las atribuciones establecidas en la Cláusula Novena del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la Fundación Escuela Venezolana de Planificación. Artículo 2°. La ciudadana MARJORIE CADENAS, en su carácter de Presidenta de la Fundación y Presidenta del Consejo Directivo Encarmada, ejercerá las atribuciones que le confieren el Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la Fundación Escuela Venezolana de Planificación. Artículo 3°. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese Por el Ejecutivo Nacional, JOMMRLAAMISACC RICARDO MENÉNDEZ PRIETO MINISTRO DEL PODER POPULAR DE PLANINCACIÓ Decreto Nº 1.055 del 17 de junio de 2014 G.O.R.B.V. Nº 40.330 de la misma fecha MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS FONDO VENEZOLANO DE RECONVERSIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA CARACAS, 23 DE JUNIO DE 2014 2030,155° y 150 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 001-2014 Quien suscribe la ciudadana MARIA CAROLINA RENDILES, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. V- 16.467.522, en su carácter de Presidenta de la Fundación Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica (FONDoIN) designada mediante Resolución No. 037-14 de fecha 01 de abril de 2014 publicada en la Gaceta Oficial No. 40.389 de fecha 08 de abril de 2014, Fundación auspiciada por el Estado, según consta en el Decreto 2.590 publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 35.073 de fecha 20 de octubre de 1992, cuya Acta Constitutiva fue modificada mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 03 de febrero de 2011, protocolizada por ante la Oficina del Segundo Circuito de Registro del Municipio Libertador, en fecha 02 de marzo de 2012, bajo el Nº 2, folio 11, tomo 9 del Protocolo de Transcripción del año respectivo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.886 de fecha 19 de marzo de 2012, actuando de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Sexta numeral 13 de los estatutos de la Fundación. DECIDE Artículo 1: Designaral ciUdadano WILLIAM EFRAINUZTARIZ RoDRIGUEz, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº v- 6.212.612, como Director de Administración de la Fundación Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica. (FONDOIN). Artículo 2: Se revoca la Providencia Administrativa N°002-2012 de fecha 21 de junio del 2012 publicada en la Gaceta Oficial N°39.958 de fecha 4 de Julio del 2012 Artículo 3: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial. Comuníquese y publíquese. MARIA CAROLINA RENDILES PRESIDENTA FONDOIN PRESIDENCIA Fondo Venezolano de Reconverstón Industnal y Tecnológica Resolución No. 037-14 de fecha 01/04/2014 Gaceta Oficial No. 40.389 de fecha 08/04/2014 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAEDUCACIÓN UNIVERSITARIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN Nº 016 Caracas, 02 de julio de 2014 AÑ0S 204º, 155° Y 154º JEHYSON JOSÉ GUZMÁN ARAQUE, MiniStro del Poder Popular para la Educación Universitaria. designado mediante Decreto N° 1.054 de fecha 17 de junio de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.435 de fecha 17 de junio de 2014; actuando en ejercicio de la competencia atribuida en los artículos 23 y 51 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con los artículos 8.1, 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, Sobre el Sistema Presupuestario, RESUELVE Artículo 1. Designar al Ciudadano CARLOS LEONEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-13.220.231, como Cuentadante Responsable de la Unidad Administradora página original (tal como se publicó) [Página 6] Central del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, conforme a las siguientes especificaciones: Unidad Administradora Código de Unidad Administradora Central Central Oficina de Gestión 00023 Administrativa Artículo 2. El ciudadano designado tendrá las siguientes atribuciones: Len 1. Coordinar. ejecuta: controlar y supervisar las actividades administrativas contables y financieras del Ministerio. 2. Llevar a cabo la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos y elaborar los registros correspondientes. 3. Supervisar que las operaciones administrativas del Ministerio, se rijan por las normas establecidas por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública. 4. Ejecutar y supervisar la adquisición, custodia, registro, suministro y mantenimiento de bienes y servicios para garantizar el buen funcionamiento del Ministerio. 5. Supervisar la Ejecución de los contratos y convenios suscritos por el Ministerio. 6. Establecer e impartir lineamientos e instrucciones, en el ámbito de su competencia, a las demás Unidades Ejecutoras Locales del Ministerio. 7. Establecer vínculo y relaciones necesarias con los órganos rectores en materia de su competencia. 8. Planificar y Coordinar el Programa Anual de Adquisiciones con fundamento en los proyectos de las Unidades Ejecutoras Locales del Ministerio y garantizar su remisión al órgano competente en materia de contrataciones del sector público. 9. Dirigir y coordinar los de mantenimiento servicios y transporte del Ministerio. 10. Dirigir y coordinar todas las actividades contables relacionadas con los bienes nacionales. 11. Rendir cuentas sobre las materias de su competencia a los órganos de controi interno y externo competentes. 12. Las demás que señalen las leyes y actos normativos en materia de su competencia. Artículo 3. En conformidad con lo previsto en los artículos 34 y 77.26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, se delega en el ciudadano cARLos LEONEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, las atribuCiones que a continuación se especifican: El otorgamiento de los contratos para la adquisición de bienes y prestación de servicios, hasta por un /máximo de Cinco Mil Unidades Tributarias (5.00o UT). previo cumplimiento de la normativa legal que rige la materia. Artículo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 23 de junio de 2014. Quedan sin efecto los actos administrativos contenidos en las Resoluciones N° 0007 de fecha 16 de enero de 2014 y N° 0014 de fecha 17 de enero de 2014, publicadas en las Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela Números 40.335 y 40.338 de fechas 16 de enero de 2014 y 21 de enero de 2014, respectivamente. Comuniggeseublíquese, JEHYSON JOSE GUZMAN ARAQUE Ministro del Poder Popular parala ducación Universitaria MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN República Bolivariana de Venezucla Despacho del Ministro AVISO OFICIAL Por cuanto en la Resolución N° 103 de fecha 19 de junio de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.438 de fecha 20 de junio de 2014, mediante la cual se delega en los Funcionarios y Funcionarias de la Zona Educativa del estado Mérida, la firma de Títulos de Educación Media General, Educación Media Técnica y otras credenciales de carácter académico identidad N° 11.723.273, siendo lo correcto cédula de identidad N° 11.273.273. Se procede en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 4º de la Ley de Publicaciones Oficiales, a una nueva impresión, subsanando el referido error y manteniéndose el número, fecha de la Resolución y demás datos a que hubiere lugar. Dado en Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de junio de dos mil catorce. Años 204º de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana. Comuníquese y publíquese, pp HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ Ministro del Poder Popular para la Ed DM/N° Caracas, junio 103 19 de 2014. de 204º, 155° y 15º calidad revolucionaria de la Administración Pública, en aras de la construcción del socialismo y un Estado ético, que exige funcionarias y funcionarios honestos y eficientes, que más que un altar de valores exhiban una conducta moral en sus condiciones de vida, en su relación con el pueblo y en su vocación de servicio; en ejercicio de las atribuciones que confiere los artículos 34 y 77 numeral 26, del Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y lo establecido en el artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. CONSIDERANDO Que el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, se fundamenta en los principios y valores de la Carta Magna, bajo el pensamiento y la acción socialista del Comandante Supremo y Líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, este Despacho dicta la siguiente; RESOLUCIÓN Artículo 1. Se delega la firma de Títulos de Educación Media General, Educación Media Técnica y otras credenciales de carácter académico para el año 2014, en los Funcionarios y Funcionarias de la Zona Educativa del estado Mérida, que se indican en el texto: NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA DE IDENTIDAD CARMEN DELIA LEÓN DE VILLASMIL 3.372.059 HENRY JOSÉ GUTIÉRREZ VIVAS 3.766.051 LIVIO ISAIAS JEREZ BECERRA 3.914.337 MARÍA MATILDE CHACÓN MÉNDEZ 4.468.438 NORIS COROMOTO RONDÓN ALBORNOZ 4.486.122 MAGALY COROMOTO HERNÁNDEZ ARELLANO 5.448.257 EDGAR DE JESÚS CHOURIO GRATEROL 5.780.037 YUBIRI CATALINA VELASQUEZ DE DURÁN 5.787.834 JESÚS TEODORO VALENCIA RODRÍGUEZ 5.877.714 REINA FRANCELLY BRACHO PIÑA 5.942.817 FRAN ALEXI ECHEVERRÍA 6.592.673 RAIZA ELENA NUÑEZ 6.948.149 CARMEN OMAIRA MIRANDA ALVIZU 7.009.876 EUDO ANTONIO GONZÁLEZ CORNIEL 7.232.314 JOSÉ RAFAEL ALMEIDA MATUTE 7.238.782 ANGEL EDECIO BECERRA RIERA 7.596.841 LUIS EMIRO SUESCUM ANGULO 7.640.008 JOSÉ GREGORIO CAPITILLO SILVA 7.963.607 JOSÉ DE JESÚS MÁRQUEZ 8.006.639 NELSON ELI SUÁREZ GUILLEN 8.007.084 JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ FARIAS 8.011.469 KATHIE JANNET SOSA GUERRERO 8.012.397 JOSÉ GREGORIO SÁNCHEZ SANTIAGO 8.025.377 LILIA JOSEFINA PEÑA DE SÁNCHEZ 8.031.125 TULIO ANIBAL ROJAS 8.031.254 HÉCTOR LUIS PUENTES NAVA 8.037.583 NELSON OSWALDO DÍAZ 8.044.304 MARÍA JUDITH PAREDES SANTIAGO 8.045.173 RAIZA DE JESÚS RAMIREZ GUZMÁN 8.045.410 OSBALDO ARTURO HERNÁNDEZ PORRAS 8.075.227 REBECA MARÍA MORALES BURGUERA 8.078.391 LEONARDO YVAN MORA MOLINA 8.078.846 8.083.216 ZAIDA ENRIQUETA ZAMBRANO ROA 8.083.785 FIDIAS ALVEIRO COMBITA 8.088.305 VICTORIANO MOLINA 8.089.901 ELPIDIO GUZMÁN MONCADA 8.110.214 NANCY COROMOTO GARCÍA SOSA 8.707.344 YORLEDIS DEL CARMEN BRICEÑO CONTRERAS 9.028.683 JOSÉ HERNÁN RIVAS MORA 9.047.664 FRANCISCO RAMÓN MALDONADO VILLAMIZAR 9.067.079 TITO LIVIO SANTIAGO VERGARA 9.067.240 BLANCA ELENA CHACÓN 9.103.133 JESÚS MARÍA ESINOZA MARÍN 9.170.160 página original (tal como se publicó) [Página 7] LEIDA MARINA HERNÁNDEZ DE BELANDRIA 9.204.848 ARGENIS DE JESÚS PAREDES VILLAMIZAR 9.260.740 ADELA MARÍA CABRERA 9.317.017 MIRTHA JOSEFA LABRADOR CONTRERAS 9.395.645 ANA RITA CABRERA SALAZAR 9.424.911 JOSÉ LUIS MOLINA VEGA 9.473.084 FABIAN REINALDO NAVA ROJAS 9.477.767 ANA GREGORIA RIVAS RUÍZ 10.031.848 REINA MARBEL HERNÁNDEZ 10.103.559 JESÚS LEONARDO MORENO RANGEL 10.710.723 YUDITH COROMOTO SULBARÁN MALDONADO 11.223.585 HÉCTOR JOSÉ LOZADA PARADA 11.273.273 HÉCTOR JOSÉ SÁNCHEZ ALBARRAN 11.466.719 EDIXON ANTONIO QUINTERO DUGARTE 13.390.599 ELIANA JOSEFINA LEAL ZAMBRANO 13.802.344 YUSMAR ALEJANDRA RANGEL 14.401.196 Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y pub!íquese; tednispoar HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ Ministro del Poder Popular para la Eq REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN FUNDACIÓN COLOMBEIA N° 011 Caracas, 04 de junio de 2014 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA. AÑOS 204°, 155° y 15° Quien suscribe CELENIA ARREAZA, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.303.095, en su carácter de Presidenta de la FUNDACIÓN COLOMBEIA, designada mediante Resolución DM/N° 050 de fecha 20 de junio de 2013, emanada del Ministerio del Poder Popular para la Educación, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.193 de la misma fecha, en uso de las atribuciones que le confiere la Cláusula Vigésima Primera del Acta Constitutiva y Estatutaria, protocolizada ante la Oficina de Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 13 de septiembre de 2011. bajo el No. 25, Folio 104 del Tomo 43 del Protocolo de Transcripción de 2011 y publicada en la Gaceta Oficial N° 39.780, de fecha 18 de octubre de 2011 y de conformidad con los articulos 17 y 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y los articulos 34, 35,- 36 y 37 del decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública. DECIDE Artículo 1: Designar al ciudadano DANIEL JAVIER LAREZ MARTINEZ, titular de la cédula de identidad N°. V-13.913.513 al cargo de DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (E) a partir del 04 de Junio de 2014. Artículo 2: Se delega en el ciudadano antes identificado, las atribuciones y firma de los actos y documentos que a continuación se indican: 1. Suscribir conjuntamente con la Presidenta o Director Ejecutivo, las órdenes de pago directas y avances a pagadores o administradores por concepto de remuneración y gasto de personal, así como los gastos distintos a remuneraciones. 2. Suscribir conjuntamente con la Presidenta o Director Ejecutivo, los actos y documentos relacionados con la adquisición de bienes y servicios. 3. Suscribir conjuntamente con la Presidenta o Director Ejecutivo las órdenes de pago, avances a pagadores o administradores por concepto de jubilaciones, pensiones, becas, alquileres, contratos, pagos a proveedores, subsidio y cartas de crédito. 4. Suscribir conjuntamente con la Presidenta o Director Ejecutivo, la movilización de cuentas corrientes, órdenes de pago, certificaciones de las mismas, endosos, y firmas de cheques, y otros títulos de crédito dentro de los límites de su delegación, previa consulta y aprobación del Consejo Directivo. Artículo 3: Los actos y documentos firmados con motivo de este acto administrativo, deberán indicar de forma inmediata bajo la firma del ciudadano, la fecha y número de la presente Providencia Administrativa y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 4: Se deja sin efecto la Providencia Administrativa'N° 002 de fecha 2 de julio de 2013 publicado, en la Gaceta Oficial N° 40.202 de fecha 08 de julio de 2013. Artículo 5: La presente providencia entrara en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuniquese y publiquese CELENIA ARREAZA Presidenta Según Resolución DM/N° 050 del 20 de Junio de 2013 Gaceta Oficial N° 40.193 del 20 de Junio de 2013 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN FUNDACIÓN COLOMBEIA N° 012 Caracas, 20 de junio de 2014 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA AÑOS 204°, 155º y 15° Quien suscribe: CELENIA ARREAZA, titular de la Cédula de Identidad N° V.5.303.095, en su carácter de Presidenta de la FUNDACIóN COLOMBEIA, según Resolución DM/N° 050 de fecha 20 de junio de 2013, emanada del Ministerio del Poder Popular para la Educación, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.193 de la misma fecha, en uso de las atribuciones que le confiere la Cláusula Vigésima Primera del Acta Constitutiva y Estatutaria, protocolizada ante la Oficina de Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 13 de septiembre de 2011, bajo el No. 25, Folio 104 del Tomo 43 del Protocolo de Transcripción de 2011 y publicada en la Gaceta Oficial N° 39.780, de fecha 18 de octubre de 2011 y de conformidad con los artículos 17 y 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y articulos 34. 35, 36 y 37 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública. DECIDE Artículo 1: Designar a la ciudadana, ERIKA MARÍA BRICEÑO ZAMBRANo, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad V. 10.799.718 al cargo de CONSULTORA JURÍDICA, a partir del día veinte (20) de Junio de 2014. que se indican a continuación: 1. Orientar jurídicamente al Consejo Directivo, Presidencia, Direcciones, Gerencias y demás dependencias de la Fundación, sobre los asuntos legales sometidos a su consideración. 2. Elaborar y participar en la redacción de los proyectos de providencias, circulares y otros documentos legales relacionados con las competencias propias de la Fundación. 3. Presentar y revisar los proyectos de contratos, providencias y demás actos jurídicos donde la Fundación sea parte integrante o interesada. 4. Coordinar las relaciones de la Fundación con la Procuraduría General de la República. 5. Revisar los proyectos de actos administrativos que deba emitir la Fundación. 6. Representar a la Fundación ante los tribunales contenciosos administrativos, laborales, civiles, penales y organismos administrativos. 7. Coordinar la elaboración de los contratos, cartas de intención y de compromiso y convenios de diferente naturaleza. 8. Ejercer acciones sobre los recursos administrativos interpuestos contra la Fundación. 9. Velar por los términos y condiciones bajo los cuales la República Bolivariana de Venezuela suscribe los diferentes convenios con los organismos multilaterales, que han sido delegados a la Fundación para su ejecución. 10. Planificar lo relativo a su área de competencia en el marco de los lineamientos establecidos y la previsión presupuestaria correspondiente, a los fines de la elaboración del Plan Operativo, en concordancia con los planes generales de la Fundación, así como la elaboración del Mensaje Presidencial y la Memoria y Cuenta. página original (tal como se publicó) [Página 8] 11. Brindar apoyo a la Dirección de Relaciones Interinstitucionales, en cuanto a las solicitudes de informaciones correspondientes a denuncias, quejas, reclamos, sugerencias, peticiones o trámites interpuestos por los ciudadanos ante esta Dependencia. 12. Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos, Decretos y Resoluciones en la materia de su competencia, así como aquellas que les instruya o delegue la Presidencia de la Fundación. Artículo 3: Se le delega la firma de los documentos que a continuación se indican: . Los documentos relacionados con la tramitación de asuntos concernientes a las querellas judiciales incoada contra la Fundación Colombeia. ● Las opiniones relacionadas con el resultado de los procedimientos administrativos disciplinarios instruidos en contra de funcionarios o funcionarias de esta institución. • La certificación de las actualizaciones y expedientes de conflictos del trabajo. ● Las opiniones sobre la procedencia o no de las solicitudes de las Acreencias. Artículo 4: Los actos y documentos firmados con motivo de este acto administrativo, deberán indicar en forma inmediata bajo la firma de la ciudadana, la fecha y el número de la presente Providencia Administrativa y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 5: Se deja sin efecto la Providencia Administrativa N° 009 de fecha veintiuno (21) de mayo de 2014 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.404 en fecha cinco (05) de mayo · de 2014. Artículo 6: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese CELENIA ARREAZA Presidenta Según Resolución DMNo 050 del 20 de Junio de 2013 Gaceta Oficial N° 40.193 del 20 de Junio de 2013 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE Caracas, Número: 0u-c50 0 3JUL2014 204° 155° y 15° RESOLUCIÓN En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo §, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, designo a partir de 01-07-2014, al cludadano 30SÉ ÁNGEL ROJAS, titular de la Cédula de Identidad Nº 9.871.487, como DIRECTOR DE LÍNEA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO adscrito a la OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO de este Organismo. De conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en el Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 5.890 de fecha 31-07-2008, se le autoriza para firmar los actos y documentos en las materias concernientes a las atribuciones y actividades de esa Dirección. Comuníquese y Publíquese Por el Ejecutivo Nacional, Nigeel! Reokid MIGUEL LEONARDO RODRÍGUEZ Gaceta Oficial 40.231 de fecha 19/08/2013 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN FUNDACIÓN VILLA DEL CINE 204°, 155° Y 15° Providencia Administrativa N° 001-2014 FECHA: 02 de Julio de 2014 El Presidente de la Fundación, JORGE ANTONIO GÓMEZ, venezolano, mayor de edad y de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V.-12.950.479, carácter suyo que se evidencia según nombramiento que consta en el Decreto Presidencial N° 770, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.349 de fecha 5 de febrero de 2014, conforme a lo estabiecido en el artículo 3 y 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, en concordancia con el artículo 15 de su Reglamento y el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y en uso de las atribuciones conferidas por el Consejo Directivo según Acta N°002 de fecha 12 de junio de 2014, dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA PRIMERo: Se constituye la Comisión de Contrataciones de la Fundación Villa del Cine, designados sus miembros de forma permanente y competente para conocer, iniciar y sustanciar los procedimientos de selección de contratistas para la ejecución de obras, prestación de servicios y adquisición de bienes. sEGunDo: La Comisión de Contrataciones estará integrada por ciudadanos de calificada competencia profesional y reconocida honestidad en su carácter de miembros principales, en representación de las áreas jurídicas, técnicas y económico financiera: ÁREA DE CÉDULA DE NOMBRE REPRESENTA IDENTIDAD CIÓN Jurídica Demetrios Sierra V.-12.517.082 Técnica Patricia Mata V.-13.252.302 V.-6.332.325 Económica Carlos Ojeda Financiera TERCERA: Las faltas absolutas, temporales y accidentales, de los Miembros Principales será suplidas por los siguientes suplentes: NOMBRE CÉDULA DE ÁREA DE REPRESENTACI IDENTIDAD ÓN V.-10.332.722 Jurídica Mynora Pérez Briliana Bustamante Técnica V.-12.610.946 Económica Betty Isabel Alarcón V.-3.140.905 Financiera cUARTA: Se designa como Secretaria Principal de la Comisión de Contrataciones a la ciudadana, Zulay Franco De La Roche, titular de la cédula de identidad N° V-6.342.042 y como Secretario Suplente al ciudadano Rosanna Vanessa López Quijada, titular de la cédula de identidad N° V-16.819.222, dichos ciudadanos tendrán derecho a voz mas no a voto, en los procesos relacionados con la selección de contratistas y tendrán las atribuciones siguientes: página original (tal como se publicó) [Página 9] Convocar y coordinar las reuniones de la Comisión de 1) Contrataciones, velar por la elaboración del acta correspondiente y la entrega oportuna a cada miembro de la agenda respectiva. Elaborar y remitir convocatorias e invitaciones a los 2) participantes para presentar ofertas, en los procesos de contrataciones Llevar el control de los expedientes hasta la finalización del proceso que corresponda, en el entendido que se remitirá para su custodia a la Coordinación de Administración para su resguardo como Unidad Administrativa Financiera, tal como lo preceptúa el artículo 14 de la Ley de Contrataciones Públicas. Certificar las copias de las actas y documentos contentivos de las decisiones de la Comisión de Contrataciones. Elaborar de acuerdo a instrucciones de la Comisión de Contrataciones, el Informe de Recomendación para el otorgamiento de la adjudicación, y presentarlo a los miembros para su consideración y aprobación. Recibir y suscribir la correspondencia relacionada con los 6) procesos de contrataciones en ejecución de las decisiones de la Comisión de Contrataciones. Solicitar la asesoría técnica de especialistas en el área, dependiendo de la complejidad de la contratación. Cualquier otra atribución que le asigne la Comisión de 8) Contrataciones, conforme a lo previsto en la normativa que rige la materia. QUINTA: Un representante de la Unidad de Auditoría Interna podrá asistir a cualquiera de las reuniones de la Comisión de Contrataciones, así como a los actos públicos que se celebren con ocasión de los procedimientos de contratación, sin derecho a voto, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones Públicas. sExTA: Se deja sin efecto la Providencia Administrativa identificada con el N° 002-2012, de fecha 31 de octubre de 2012, dictada por el Presidente de la Fundación Villa del Cine, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.056, del 22 de noviembre de 2012. sÉPTIMA: La presente Providencia entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. "Comuníquese y Publíquese" JORGE ANTONIO GÓMEZ PRESIDENTE Decreto Presidencial N° 770, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.349 de fecha 05/02/2014 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO. DM/N° 008-14_ Caracas, 19 de junio de 2014 2040, 155º y 15° RESOLUCIÓN Quien suscribe, M/G. HEBERT JOSUÉ GARCÍA PLAZA, Ministro del Poder Popular para la Alimentación, designado mediante Decreto Nº 1.057 de fecha 17 de junio de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.435 de fecha 17 de junio de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 y los numerales 2, 3 y 19 del artículo 77 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, concatenado con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5, y los artículos 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, RESUELVO ARTÍCULO ÚNICO: DesignO al ciudadano RONNY RIVERO PAZ, titular de la cédula de identidad N° V-10.339.767, como DIRECTOR GENERAL DEL DESPACHO de este Ministerio, en calidad de Encargado, a partir del diecinueve (19) de junio de 2014. Comuníquese y Publíquese, M M/G. HEBERT JOSUÉ GARCÍA PLAZA .MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO. DM/Nº 020-14. Caracas, 02 de julio de 2014 204°, 155° y 15° RESOLUCIÓN En ejercicio de la atribución conferida en el numeral 19 del artículo 77 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y en uso de la facultad contenida en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, este despacho RESUELVE Artículo 1°. Se corrige el error material en que se incurrió en la Resolución Nº 010-14 de fecha 20 de junio de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la contentiva de la designación de la Directora General de la Oficina de Administración y Servicios de este Ministerio, y su delegación de funciones, de la siguiente manera: DONDE DICE: "Artículo1. DesignoalaCiudadana NURIS GIOCONDA LINAREZ CAMACARO, titular de la cédula de identidad N° V-7.912.608, como DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y sERvicros de este Ministerio, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela." DEBE DECIR: "Artículo 1. Designo a la ciudadana NURIS GIOCONDA LINAREZ CAMACARo, titular de la cédula de identidad N° V-7.912.608, como DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y sERvIcios, de este Ministerio, en calidad de Encargada, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela." DONDE DICE: "Artículo 2. Designo como CUENTADANTE responsable de los fondos en avance y anticipos que le sean girados a la Unidad Administradora Central, Código No 01005, con sede en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, a la ciudadana NURIS GIOCONDA LINAREZ CAMACARO, titular de la cédula de identidad N° V-7.912.608, en Su Carácter de DIRECTORA GENERAL página original (tal como se publicó) [Página 10] DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS de este Ministerio, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela." DEBE DICE: "Artículo 2. Designo como CUENTADANTE responsable de los fondos en avance y anticipos que le sean girados a la Unidad Administradora Central, Código Nº 01005, con sede en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, a la ciudadana NURIS GIOCONDA LINAREZ CAMACARO, titular de la cédula DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, de este Ministerio, en calidad de Encargada, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela." DONDE DICE: "Artículo 3. Delego en la Ciudadana NURIS GIOCONDA LINAREZ CAMACARO, titular de la cédula de identidad N° V-7.912.608, en su CaráCter de DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS de este Ministerio, las siguientes atribuciones y firma de documentos que seguidamente se relaciona:" DEBE DICE: "Artículo 3. Delego en la Ciudadana NURIS GIOCONDA LINAREZ CAMACAR0, titular de la cédula de identidad N° v-7.912.608, en su Caráter de DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOs de este Ministerio, en calidad de Encargada, las siguientes atribuciones y firma de- documentos que seguidamente se relaciona:" Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Publicaciones Oficiales, reimprímase íntegramente a continuación el texto de la Resolución N° 010-14 de fecha 20 de junio de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.441 de fecha 26 de junio de 2014, subsanado el error material antes referido, conservando el mismo número y fecha. Comuníquese y Publíquese, MINISTRO M/G. HEBERT JOSUÉ GARCÍA PLAZA MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO. DM/N° 010-14. Caracas, 20 de junio de 2014 204°, 155º y 15° RESOLUCIÓN Quien suscribe, M/G. HEBERT JOSUÉ GARCÍA PLAZA, Ministro del Poder Popular para la Alimentación, designado mediante Decreto N° 1.057 de fecha 17 de junio de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.435 de fecha 17 de junio de 2014, de conformidad con lo establecido en los artículos 34, 40, 62 numerales 2, 3, 19, 22 y 26 del artículo 77 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, concatenado con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5, y los artículos 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, concatenado con lo previsto en los artículos 48, 49 y 51 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, dictado mediante Decreto N° 3.776 de fecha 18 de julio de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.781 Extraordinario de fecha 12 de agosto de 2005, y artículo 1 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional contenido en el Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969; RESUELVO Artículo 1. Designo a la ciudadana NURIS GIOCONDA LINAREZ CAMACARO, titular de la cédula de identidad N° V-7.912.608, en su CaráCter de DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS de este Ministerio, en calidad de Encargada, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 2. Designo como CUENTADANTE responsable de los fondos en avance y anticipos que le sean girados a la Unidad Administradora Central, Código Nº 01005, con sede en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, a la ciudadana NURIS GIOCONDA LINAREZ CAMACARO, titular de la cédula de identidad N° V-7.912.608, en Su Carácter de DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS de este Ministerio, en calidad de Encargada, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 3. Delego en la ciudadana NURIS GIOCONDA LINAREZ CAMACARo, titular de la cédula de identidad N° V-7.912.608, en su CaráCter de DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS de este Ministerio, en calidad de Encargada, las siguientes atribuciones y firma de documentos que seguidamente se relaciona: 1. Emitir órdenes de pago con cargo al presupuesto vigente del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y firmar las órdenes de pago del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación contra el Tesoro Nacional hasta por la cantidad de dos mil quinientas unidades tributarias (2.500 U.T). 2. Movilizar fondos por concepto de avance y anticipos a través de órdenes de pago directas al Tesoro Nacional sin límite de gasto. 3. Ejecutar financieramente el presupuesto de gastos de los créditos presupuestarios de los órganos ordenadores de compromisos y pagos adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 4. Ejecutar la estructura financiera del presupuesto de gastos. 5. Movilizar las cuentas corrientes, y firmas de cheques por concepto de fondos de avance, fondos de anticipo y otros títulos de créditos. 6. Ordenar los compromisos y causados contra el presupuesto vigente del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, sin menoscabo de lo dispuesto en las leyes y los regímenes correspondientes, hasta dos mil quinientas unidades tributarias (2.500 U.T.). 7. Solicitar ante la Oficina Nacional del Tesoro las aprobaciones de las respetivas cuotas de desembolsos, así como sus reprogramadores cuando sean pertinentes, a fin de adecuar el ritmo de ejecución del presupuesto de gastos con el flujo de ingresos y disponibilidades del Tesoro Nacional. 8. Autorizar y tramitar, viáticos y pasajes nacionales e internacionales al debidamente autorizados por su máxima autoridad. 9. Solicitar ante el Banco Central de Venezuela, el trámite de divisas por concepto de viáticos internacionales. 10. Certificar los documentos y copias relacionados con los asuntos inherentes a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio del Poder página original (tal como se publicó) [Página 11] Popular para la Alimentación; así como certificar las acreencias no prescritas hasta por la cantidad de dos mil quinientas unidades tributarias (2.500 U.T.). Artículo 4. Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar seguidamente, bajo la firma del funcionario delegatorio, la fecha y número de la Resolución y Gaceta Oficial donde haya sido publicada, de conformidad con lo previsto en el artículo 5° del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional. Artículo 5. De conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional la ciudadana indicada en el artículo 3 de la presente Resolución, deberá rendir cuenta al Ministro de todos los actos y decumentos que hubiere emitido y firmado en virtud de esta delegación. Artículo 6. El Ministro del Poder Popular para la Alimentación podrá discrecionalmente emitir y firmar, los actos y documentos referidos en la presente Resolución. Artículo 7. A partir de la publicación del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, queda sin efecto la Resolución DM/No 018-13 de fecha 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.155 de fecha 26 de abril de 2013, y cualquier otro acto o disposición dictada con anterioridad que colide o contradiga en todo g en parte con la presente. Comuníquese y Publíquese, MINISTRO M/G. HEBERT JOSUÉ GARCÍA PLAZA MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° CARACAS, 01 DE JULIO DE 2014 204°, 155° y 15° En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 8.230 de fecha 18 de mayo de 2011, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.676, de la misma fecha, en uso de las atribuciones del Decreto N°. 6.732 de fecha 02 de junio de 2009, mediante el cual se dicta el Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°. 39.202 de fecha 17 de Junio de 2009, en concordancia con lo Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 31 de julio de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°5.890 Extraordinario, y de acuerdo a lo tipificado en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, RE SU EL V E Artículo 1. Designar al ciudadano WILMER DE JESÚS RUÍZ FIGUEIRA, titular de la cédula de identidad N° V-7.920.298, como DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS de este Ministerio. En consecuencia queda facultado, para ejercer las atribuciones inherentes a dicho cargo. Artículo 2. La presente resolución entrará en vigencia, a partir de la fecha de su publicación, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, FIDEL BARBARITO MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° CARACAS, 17 DE JUNIÓ DE 2014 204°, 155° y 15° En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 8.230 de fecha 18 de mayo de 2011, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.676, de la misma fecha, en uso de las atribuciones legales previstas en el artículo 27 y disposición transitoria vigésimasegunda del Decreto N°. 6.732 de fecha 02 de junio de 2009, mediante el cual se dicta el Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°. 39.202 de fecha 17 de Junio de 2009, en concordancia con lo Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 31 de julio de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°5.890 Extraordinario, y de acuerdo a lo tipificado en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, titular de la cédula de identidad N° V-6.749.672, como DIRECTOR EJECUTIVO de la Fundación Imprenta de la Cultura, ente adscrito a este Ministerio. En consecuencia queda facultado, para ejercer las atribuciones inherentes a dicho cargo. Artículo 2. La presente resolución entrará en vigencia, a partir de la fecha de su publicación, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, FIDEL BARBARITO MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL EXPEDIENTE N° AP61-D-2011-000085 Mediante auto del trece (13) de octubre de 2011 este Tribunal Disciplinario Judicial ordenó dar entrada a la denuncia interpuesta por la INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, contra el ciudadano CÉSAR LUÍs GONZÁLEZ PRATO, titular de la cédula de identidad número V- 12.659.185. por presuntamente haber incurrido en faltas disciplinarias durante su desempeño como Juez del Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En ese mismo auto se designó según distribución aleatoria llevada por el Sistema de Gestión Judicial, al Juez Carlos Medina Rojas para el conocimiento del presente asunto. El veinte (20) de octubre de 2011 este Tribunal Disciplinario Judicial admitió la denuncia interpuesta por la Inspectoria General de Tribunales contra el ciudadano César Luis González Prato. página original (tal como se publicó) [Página 12] El trece (13) de diciembre de 2011 se dictó auto mediante el cual, visto remisión del expediente a la Oficina de Sustanciación a los fines de realizar la investigación correspondiente. El quince (15) de diciembre de 2011, visto el informe emitido el once (11) de octubre de 2011. la Oficina de Sustanciación ordenó la remisión del expediente a este Tribunal Disciplinario Judicial. Mediante oficio N° 00879/2011 del veintitrés (23) de mayo de 2012 se El treinta (30) de mayo de 2012 se dictó auto ordenando el reingreso de la causa. El treinta (30) de junio de 2012 este Tribunal Disciplinario Judicial ordenó última de las notificaciones ordenadas, formulará sus alegatos, de conformidad con lo establecido en el articulo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Asimismo, se ordenó notificar a los terceros intervinientes, a la Inspectoria General de Tribunales y a la Fiscalía General de la República. El trece (13) de marzo de 2013 este Tribunal Disciplinario Judicial dictó e e n n e n n n e oral y pública prevista en el articulo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. el dos (2) de abril de 2013 a las dos horas y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.). de lo cual se ordenó notificar a todos los intervinientes del proceso. mayo de 2013 a las diez horas de la mañana (10:00 a.m.). Dado que el catorce (14) de mayo de 2013, este Tribunal Disciplinario audiencia oral y pública el dieciocho (18) de junio de 2013, a las diez horas de la mañana (10:00 a.m.) El dieciocho (18) de junio de 2013 tuvo lugar la celebración de la audiencia, en la cual las partes expusieron sus alegatos, se dio por finalizado el debate, y se fijó como oportunidad para dar lectura a la decisión que se adoptará en el presente proceso disciplinario, el veinticinco (25) de junio de n nn n n o n e en n e tm acta cursante en el presente expediente disciplinario, El veinticinco (25) de junio de 2013 tuvo lugar la lectura de la decisión adoptada en el presente proceso disciplinario, correspondiendo en esta oportunidad dictar el texto integro de la decisión, en cumplimiento del artículo 82 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, y al respecto se observa: DE LA INVESTIGACIÓN El dieciséis (16) de septiembre de 2011 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, escrito de petición de sanción presentado por la Inspectoria General de Tribunales. mediante el cual denunció al ciudadano César Luis González Prato, por sus actuaciones como Juez del Juzgado Décimo Noveno de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. El veintiuno (21) de septiembre de 2011 la Oficina de Sustanciación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial ordenó dar entrada al presente asunto y dar cuenta al Sustanciador Jefe, verificar el cumplimiento de los requisitos de Ley y recabar los elementos indiciarios vinculados con los hechos denunciados. El once (11) de octubre de 2011 la Oficina de Sustanciación emitió informe sobre la investigación, considerando suficientes para el inicio de la presente causa los elementos aportados por la Inspectoría General de Tribunales. En esa misma oportunidad, el referido Ôrgano acordó remitir el expediente a este Tribunal Disciplinario Judicial. Mediante oficio N° CDJ/OS/N° 00033-2011 del once (11) de octubre de 2011 la Oficina de Sustanciación remitió a el expediente a este Tribunal Disciplinario Judicial Mediante auto del trece (13) de octubre de 2011 este Tribunal Disciplinario Judicial ordenó dar entrada a la denuncia y se designó según Medina Rojas para el conocimiento del presente asunto. El veinte (20) de octubre de 2011 este Tribunal Disciplinario Judicial admitió la denuncia interpuesta por la Inspectoria General de Tribunales contra el ciudadano César Luís González Prato. El trece (13) de diciembre da 2011 se dictó auto mediante el cual, visto que se habian practicado todas las notificaciones mandadas, se ordenó la remisión del expediente a la Oficina de Sustanciación a los fines de realizar la investigación correspondiente. El quince (15) de diciembre de 2011, visto el informe emitido el once (11) de octubre de 2011, la Oficina de Sustanciación ordenó la remisión del expediente a este Tribunal Disciplinario Judicial. Mediante oficio N° 00879/2011 del veintitrés (23) de mayo de 2012 se remitió el expediente de la presente causa judicial a este órgano jurisdiccional. Il DEL ESCRITO DE PETICIÓN DE SANCIÓN DE INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES Mediante escrito presentado el diez (10) de marzo de 2010 ante la extinta amonestación al ciudadano César Luis González Prato, por sus actuaciones como Juez del Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, por los siguientes motivos: Que "De la revisión de las actas del expediente judicial N° AP31-V-208- 002905, contentivo del juicio que por resolución de contrato de arrendamiento fuera incoada por el ciudadano Henry José Macho Montilla en contra de Bilel Mallouk Baptista, se observó que dicha demanda fue presentada para su distribución en fecha 09 de diciembre de 2008 [..] y recibida por el Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 10 de diciembre de 2008 [...". Que "[..] en fecha 20 de enero de 2009, el Tribunal recibió diligencia admisión de la demanda [...]". Que "En fecha 26 de enero de 2009, el Juez investigado se declaró desde el folio 141 al 149 del mismo". [...] Solicitud que fue reiterada según diligencia de fecha 03 de febrero de 2009 [..] En dichas actuaciones se observa corrección de foliatura, donde se observa tachado desde el folio 141 al 147, quedando la nueva foliatura del expediente judicial comprendida desde el folio 150 al 156". Que "Consta del acta levantada por la Inspectora de Tribunales comisionada, que de la revisión de las actuaciones del libro diario se constató que en el asiento 10, de fecha 10 de febrero de 2009, la parte actora certificada[s][...]". Que "[..] en las actuaciones judiciales se evidencia que en fecha 12 de fecha 29 de enero de 2009 [...] Asimismo, en el acta de investigación levantada" por la Inspectora de Tribunales Comisionada en fecha 17 de noviembre 2009, se evidenció que: "Del folio 141 al 149 con fecha 26 de enero de 2009, consta decisión del Tribunal declarándose incompetente por la cuantía y misma Circunscripción judicial [...]" Que "Por auto de fecha 17 de febrero de 2009, el Juzgador investigado ordenó agregar a los autos del expediente, el acta de queja levantada por la Inspectoría General de Tribunales en fecha 12 de febrero de 2009 [..]" Que "En fecha 12 de marzo de 2009, el Juez investigado declaró la nulidad absoluta de todas las actuaciones con posterioridad al día 26 de enero página original (tal como se publicó) [Página 13] decisión de esa misma facha que acordó la incompetencia del Tribunal para conocer de la acción en razón de la cuantía [...]" Que "Luego de verificadas las notificaciones de ley, la parte actora ejerció recurso de regulación de la competencia, mediante escrito de fecha 28 de abril de 2009 [...] el cual es admitido por auto de fecha 30 de abril de 2009 [.... Que "[..] el Juzgado Superior Tercer en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 12 competencia interpuesta [sic], y en consecuencia, declaró como competente al Juzgado Décimo Noveno de Municipio de esa Circunscripción Judicial [...]". Que "Por acta de fecha 30 de noviembre de 2009, el Juez investigado se del articulo 82 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la enemistad manifiesta entre el recusado y los litigantes, y amenazas entre el recusado y alguno de los litigantes [...]". Que "De la certificación por Secretaria de los dias de despacho diciembre de 2008, fecha en que el Tribunal recibió el libelo de demanda 26 de enero de 2009, inclusive, fecha en que se declaró incompetente para conocer de la acción, transcurrieron siete (7) dias de despacho. Asimismo, desde el dia 26 de [enero] de 2009, fecha en que se produjo la decisión interlocutoria del Juzgador investigado, hasta el dia 10 de [febrero] de 2009, fecha en que la parte actora diligenció en el expediente, transcurrieron cinco (5) dias de despacho [...]". Que "[...] quedó plenamente comprobado que el ciudadano CESAR LUIS actuando como Juez del Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la tramitación de resolución de contrato de arrendamiento fuera incoada[o] por el ciudadano Henry José Macho Montilla en contra de Biel Mallouk Baptista". Que "...] de las actas que conforman el presente expediente disciplinario quedó evidenciado que en fechas 29 de enero de 2009 y 03 de febrero de 200[9] fueron recibidas en la Unidad de Recepción de Documentos del Circuito Judicial de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, diligencias suscritas Juzgador investigado pronunciamiento respecto a la admisión de la demanda incoada, la cual habia sido recibida por el Tribunal a su cargo en fecha 10 de agregadas a los autos del expediente judicial para la oportunidad en que la parte actora revisó el expediente judicial el día 10 de febrero de 200[9]". Que "[..] este es un hecho cuestionable, toda vez que los Jueces no solo tienen una actuación netamente jurisdiccional, sino también administrativa y por ello responden por las actuaciones llevadas ante el Tribunal a su cargo, y en tal sentido debe velar porque las actuaciones judiciales contenidas en las causas llevadas ante su despacho sean llevadas en forma cronológicamente ordenadas, garantizando con ello la seguridad y certeza juridica debida al justiciable y en general a los usuarios del sistema de justicia". Que "Si bien las disposiciones contenidas en los artículos 106 al 108 del Código de Procedimiento Civil, expresan que el Secretario tiene la obligación de mismas y dar inmediata cuenta al Juez; esto no justifica la conducta del Juez investigado, quien es el vigilante de las actuaciones de los funcionarios subalternos, y hasta aperturar [sic] las investigaciones y procedimientos a que Juzgador actuar como lo hizo en el asunto sub-judice, dándole poca importancia diligencias presentadas por la actora en fechas 29 de enero y 03 de febrero de 2009. no fueron agregadas al expediente en su debida oportunidad por encontrarse extraviado, y sin embargo, se limitó a incorporarlas al expediente sin dejar constancia de dicha circunstancia y remitirlo al archivo, dando apariencia de su debida incorporación en la oportunidad correspondiente". Que "Esta situación en nada concuerda con lo aseverado por la representante de la actora, quien señaló que conversó en diversas oportunidades con el Secretario del Juzgado con el objeto de impulsar el pronunciamiento del Tribunal respecto a la admisión de la demanda, y en virtud de no obtener respuesta oportuna, diligenció en fechas 20, 29 de enero y 03 de febrero de 2009. y en esta última oportunidad sostuvo entrevista con el Juez investigado, quien le manifestó que seria proveído por el Tribunal, y que luego, cuando se apersonó al Tribunal el dia martes 10 de febrero de 2009, evidenció una decisión de fecha 26 de enero de 2009 que obviamente no se encontraba folio de dicha decisión había una nota de corrección de foliatura, que se dejadas de agregar en su debida oportunidad". Que "Resulta incoherente para este organismo que la parte actora 'haya tenido conocimiento de la decisión dictada en fecha 26 de enero de 2009, febrero de 2009; sino que hubiese pasado oportunamente a ejercer los recursos que la ley le otorga para atacar la misma". Observó la Inspectoria General de Tribunales, que "[..] el Juez investigado, percatándose de la violación a la garantia del debido proceso en e e ę e ed ee e e ee nnn nn e enen ro en -en fecha 12 de marzo de 2009-, la nulidad de las actas judiciales producidas desde la oportunidad de la decisión dictada en fecha 26 de enero de 2009, accionante solicitara la regulación de la competencia, lo que si bien resultó un remedio para ordenar el proceso, no exculpa la actuación negligente desplegada por el juez investigado". Que la Inspectoria General de Tribunales "[..] no pudo determinar si evidentemente la decisión de fecha 26 de enero de 2009 se encontraba o no serias dudas e incertidumbre acerca del debido orden con el que el Juez investigado debió llevar la sustanciación de la causa judicial que le fue puesta bajo su conocimiento, y que en definitiva desdeñan la imagen del Poder Judicial frente al justiciable que acude ante los estrados para que un órgano imparcial resuelva sus controversias ante terceros, y en donde el Juez debe actuar minuciosamente en resguardo de la credibilidad del sistema de justicia, so pena de que se le pueda atribuir una sanción disciplinaria de mayor entidad por estar en juego la transparencia con que administra justicia". Que "La actuación negligente desplegada por el Juez investigado, no fue desvirtuada por éste, más aún, fue admitida en la decisión dictada en fecha 12 de marzo de 2009, en la cual declaró la nulidad de las actas judiciales producidas desde la oportunidad de la decisión dictada en fecha 26 de enero de Secretario me informó acerca de la situación presentada sobre los escritos consignados por dicha parte en fecha 29.01.2009 y 03.02.2009, ya que el expediente se remitió al Archivo Sede sin que constase en autos los mismos...". Además expresó que "...al momento de remitirse al Archivo Sede, los escritos no se encontraban bien granados, siendo que al tenerse conocimiento de tal situación., se procedió inmediatamente a agregarse en autos.... actas dei expediente judicial, y que sabía que los escritos no se encontraban es la afirmación de que dichas actuaciones "no se encontraban bien grabados", debidamente, sin calificar si se encuentran bien o mal "granados"". Que estima que "[...] el Juez investigado [..] incurrió en negligencia en el ejercicio de [..] su función judicial, cuando tramitó la causa judicial N° AP31\- 2008-002905 [...] falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura [...]" página original (tal como se publicó) [Página 14] III DE LOS ALEGATOS DEL CIUDADANO CÉSAR LUIS GONZÁLEZ PRATO El dieciocho (18) de junio de 2013 tuvo lugar la celebración de la audiencia, en la cual el juez denunciado alegó lo siguiente: Que convalida "por un aspecto, los hechos irregulares que se cometieron durante la tramitación inicial del expediente" Que "para finales del año 2008-2009, me vi afectado de una serie de cual me represento". Que "La causa representada por la doctora Judith Aparicio llegó al tribunal el nueve (9) de diciembre de 2008. Durante esa época no hubo los cuales fui concedido" Que "El tribunal obtuvo una serie de cúmulo de expedientes, los cuales expediente de la doctora Judith Aparicio se vio de cierta manera afectada, dado juez del tribunal. Yo, aparte de revisar los autos y providencias proveídas por los escribientes, también yo hago mis propias sentencias. Entonces, es por ello, que, de cierta manera, me demora para dictar la sentencia proferida el día veintiséis (26) de enero de 2009, en la cual declare la incompetencia objetiva del tribunal para conocer la causa en razón de la cuantía, fue con base a la resolución vigente para ese momento, ya que aún no se había hecho la modificación de las competencias asignadas por la resolución dictada en marzo de 2009 y que entró en vigencia a partir del cuatro (4) de abril de 2009, en la bolivares (Bs. 5.000.000). actualmente cinco mil bolívares fuertes (Bs.F. 5.000). a la cantidad de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.)" Judith Aparicio, en fecha diez (10) de febrero de 2010, tuvo acceso al expediente. Ese dia representaba el dia 5 para ejercer el recurso procesal de regulación de competencia para impugnar la sentencia interlocutoria por medio de la cual me declare incompetente. Lo que si debo negar y rechazar es el haya actuado con dolo, sino todo se debió al cúmulo de expedientes que se encontraba en el despacho del tribunal". Que "Tantos expedientes, es así, que si bien la doctora Judith Aparicio tramitación de su causa, también no es menos cierto, que debido a ese cúmulo de trabajo que existía en el tribunal, y vuelo a reiterar, yo soy el mismo que secretaria que está actualmente, sino yo directamente soy el que reviso los autos proveidos, asi como yo mismo realizo las sentencias". Que "Para el momento en el cual tuve una entrevista con la doctora Judith Aparicio, a los efectos de solicitar un pronunciamiento respecto del tribunal en cuanto a la admisión de la demanda, lo único que hice fue anotar el número del expediente". Que "Yo padeci de ciertos problemas de salud debido a circunstancias económicas y de vivienda, debido a lo cual me fue diagnosticado unas depresiones en aquel momento, entonces, durante todo ese procedimiento posterior al reingreso en el tribunal, trate, de la manera humanamente posible, no obstante todas las limitaciones por las cuales yo me encontraba, de poder e e e n n n n en n revisión de los autos elaborados por los escribientes, fue que el día veintiséis incompetente en razón de la cuantía, ello con base a que la estimación de la demanda era inferior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000), actualmente cinco bolivares fuertes (Bs.F. 5,00), pero posteriormente, al percatarme el dia diez (10) de febrero de 2009, cuando el secretario me informó de que no encontraba el expediente, instruir al personal de escribientes del tribunal, para que coadyuvarán en la búsqueda del mismo". Que "Para hacer una panorámica de cómo es el despacho: hay un archivo sede, en el cual están todos los expedientes, pero en el tribunal se estaban en decisión". Que el expediente "fue localizado y fue remitido al archivo sede, que fue el momento en el cual la doctora Judith Aparicio se percató de no ubicar las enero y tres (3) de febrero". Que le resulta ‘muy capcioso, no me concuerda, es el hecho de que se me impute que haya actuado con dolo, porque eso no eš así. Cuando yo preste e en n n n ne n tengo 15 años, 10 para juez. Primera vez que me sucede una situación como se vieron directamente vinculadas también en el aspecto laboral. El juez es falible y puede cometer errores. Y. por tanto no me atribuyo, sinceramente, el hecho de que hayan ocurrido las irregularidades en el expediente a mi directamente, sino fue un descuido por parte del secretario, a quien yo, al Igualmente, él es el que debe cuidar por la debida agregación y mantenimiento del orden cronológico de las actuaciones que deben ser incorporadas al expediente". Que "El hecho de que me haya inhibido en aquella ocasión, y que fue con muchísima posterioridad a cuando me correspondió el conocimiento de la causa (...) y con base a toda la situación planteada respecto a la irregularidad el día doce (12) de marzo de 2009, como una forma para poder no conculcarle el derecho constitucional de la parte actora a recurrir mediante el recurso de tribunal, reponer la causa al estado de que pudiese ejercer oportunamente su recurso, el cual correspondió al Juzgado Superior Tercero, que con un su distribución el dia ocho (8) o nueve (9) de diciembre de 2008 y resulta que la resolución que modifica las competencias de los tribunales civiles, mercantiles y del tránsito, entró en vigencia a partir del cuatro (4) de abril de 2009. Por tanto, esa resolución dictada por la Sala Plena no resultaba aplicable, en mi criterio, a la causa que se ventiló en el tribunal, por tanto, considero que debió haber sido confirmada. pero no obstante ello, el juez superior, en virtud de haberle dado trámite o haber admitido, conforme al artículo 71 del Código de Procedimiento Civil la demanda; que aun cuando se haya interpuesto el recurso de regulación regulación de competencia, y se siguió sustanciando la causa". Que "Para el momento en que fue presentada la denuncia interpuesta por la doctora Judith Aparicio ante la Inspectoria General de Tribunales, no la de pajaritos, que ocurrió fue el doce (12) de febrero, es no me creó en mí ningún tipo de animadversión en contra de la doctora, porque eso es un encuentran administrativamente vulrerados sus derechos por parte de un tribunal". Que "Lo que consideré. y de hecho no tengo ningún tipo de animadversión o que sea una enemistad manifiesta contra la doctora que haya influido en mi ánimo para provocar un perjuicio a su cliente, es el hecho de que lo más prudente, en virtud de que la doctora habia interpuesto una denuncia ante la Inspectoria de Tribunales, era el hecho que motivó a que me desprendiera del expediente. y las causales por las cuales utilice, que son las del numeral 18 y numeral 20 del articulo 82 del Código de Procedimiento Civil, procedimiento, fueron las que yo consideré adecuadas para desprenderme del tenía la tutela judicial efectiva". Que "En cuanto a las circunstancias de que otro juez, a quien le correspondió el conocimiento de la causa, le haya declarado sin lugar la demanda, eso escapa de mis manos, y no puede atribuírsele a mí, durante el influenciado por todo lo que había suscitado en el expediente". página original (tal como se publicó) [Página 15] Que "Considero que en posteriores relaciones o contactos con la doctora Judith Aparicio, en modo alguno se observó algún tipo de conflicto entre ella y yo, más bien, cuando yo le manifesté que con base a la denuncia interpuesta por ella ante la Inspectoria de Tribunales iba a proceder a inhibirme para que el curso de la causa continuara ante un tribunal en el cual ella no sintiera que su cliente se viera perjudicada". Que "Siempre me he caracterizado en la función que ejerzo en el de las causas, y por eso enfatizó de que, efectivamente, una situación personal puede verse de manera directa o indirecta vinculada con el trámite laboral en la cual uno está adscrito, por eso, sin que ello implique de que yo deba separarme del cargo al cual yo desempeño en virtud del reposo médico que me fuera concebido, ello no es menoscabo de los derechos y garantias constitucionales de las personas que buscan justicia en el tribunal". Que "En cuanto a la sentencia por mi dictada que declaró la incompetencia del tribunal, que ya es netamente jurisdiccional, el juez superior, pero que, sin embargo, no obstante la entrada en vigencia de la resolución que modifica las cuantías y las competencias de los tribunales civiles y mercantiles, y como un hecho sobrevenido a la admisión, el mes de marzo, de la demanda, la cual se admitió a los efectos de no causarle una mayor dilación a la parte actora como tal, procede a darme la razón en la decisión, que efectivamente resultaba incompetente, pero por el hecho sobrevenido de la admisión de la demanda es que procede a declarar con lugar el recurso de hecho [rectius: regulación de competencia]. porque si no es asi, la sentencia que declara la incompetencia hubiese sido confirmada y su tramitación hubiese consecuentemente siendo tramitada por un tribunal de primera instancia para esa oportunidad". Que "Después de eso, me sirvió de experiencia para que cada uno de los IV DE LA COMPETENCIA DE TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Corresponde a este Tribunal Disciplinario Judicial, en primer lugar, pronunciarse acerca de su competencia para el conocimiento del presente proceso disciplinario, en los términos siguientes: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 36.860 del treinta (30) de diciembre de 1999, es el primero de los veintiséis (26) textos constitucionales que han regido en Venezuela desde su independencia de España, que incorpora la disciplina del Poder Judicial como un ejercicio encomendado a un órgano jurisdiccional y no a un órgano administrativo. En este sentido, la Constitución de 1961 establecia que la dirección y vigilancia de los tribunales estaba a cargo de un órgano administrativo distinto e independiente al Máximo Tribunal de la República, conocido como Consejo de la Judicatura. No obstante, con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se modificó el sistema anterior, tal como lo establece su articulo 267: "Articulo 267. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto. La jurisdicción disciplinaria judicial estará a cargo de los tribunales disciplinarios que determine la ley El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas Venezolana, que dictarà la Asamblea Nacional. El procedimiento disciplinario condiciones que establezca la ley. Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales" De conformidad con el articulo anterior, se escinden dos potestades: una que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, para la dirección, gobierno, administración, inspección, vigilancia y autonomia presupuestaria del Poder Judicial; y la otra tribunales disciplinarios que se crearen mediante la respectiva ley. Encontramos de este modo, una organicidad que ejerce las potestades administrativas del n n d e e ejerce funciones disciplinarias. Con fundamento en lo anterior, es intención de la Constitución de la del Tribunal Supremo de Justicia de los órganos encargados de la disciplina judicial, creando de este modo una organización separada, bajo el nombre de Jurisdicción Disciplinaria Judicial, delegando en la Ley la creación de los tribunales encargados que conformarían la referida organización. Ahora bien, la competencia legal para el ejercicio de la potestad Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana: conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia, respectivamente, los Secretaria corresponderte y los servicios de Alguacilazgo". Como se desprende del articulo en comentarios, el Tribunal Disciplinario Judicial. ostenta la competencia de aplicar el régimen disciplinario, lo cual se traduce en la salvaguarda de los principios orientadores y deberes en materia de ética previstos en el señalado código, imponiendo, ante su incumplimiento y 32 y 33 eiusdem. Siendo asi las cosas, queda claramente establecida la competencia de este Tribunal Disciplinario para aplicar en primera instancia los correspondientes procedimientos disciplinarios. Asi se decide. V DE LA AUDIENCIA El dieciocho (18) de junio de 2013 tuvo lugar la celebración de la audiencia, en la cual las partes expusieron sus alegatos, se dio por finalizado el debate, y se fijó como oportunidad para dar lectura a la decisión que se adoptará en el presente proceso disciplinario, el veinticinco (25) de junio de acta cursante en el presente expediente disciplinario, El veinticinco (25) de junio de 2013 tuvo lugar la lectura de la decisión oportunidad dictar el texto integro de la decisión, en cumplimiento del articulo 82 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: "Por las razones expuestas, este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando ley. dicta los siguientes pronunciamientos: ÚNICO: se ABSUELVE de RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA al ciudadano CÉSAR LUÍS GONZÁLEZ PRATO, titular de la cédula de identidad número V- 12.659.185. por la presunta comisión del ilicito disciplinario previsto en el numeral 11 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, actualmente previsto en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, consistente en este caso, en la consignación tardía al expediente N N° AP31-V-2008-002905, de la diligencia del veintinueve (29) de enero de 2009, asi como del escrito del tres (3) de Jueza Venezolana Igualmente, se informa a las partes que la sentencia será ejecutada una vez que adquiera el carácter de definitivamente firme. 154° de la Federación". VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR En cuanto a la supuesta responsabilidad disciplinaria del ciudadano César Luis González Prato, alegaron la tercera interesada y su representante, que el nueve (9) de diciembre de 2008 fue interpuesta demanda de resolución de contrato ante el Juzgado de Municipio Distribuidor de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, correspondiéndole la asignación al Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del juez denunciado. autos la decisión sobre la admisibilidad de la demanda, el veintinueve (29) de : con el juez denunciado y que, posteriormente, el tres (3) de febrero de 2009 presentó escrito en el cual solicitó se dictara decisión sobre la admisibilidad de la demanda. Argumentaron, que el tres (3) de febrero de 2009 la demandante fue atendida por el juez denunciado y este supuestamente le informó que todavía no habia podido dictar decisión en su expediente judicial. Alegaron, que el diez (10) de febrero de 2009 la demandante asistió al tribunal, acudió al archivo a solicitar el expediente N° AP31-V-2008-002905 y no se encontraba en él. por lo que info:mó de tal circunstancia a la secretaria. página original (tal como se publicó) [Página 16] Arguyeron, que como consecuencia de lo anterior, encontraron el veintiséis (26) de enero de 2009, mediante la cual el juez denunciado se declaró veintinueve (29) de enero de 2009 y el escrito del tres (3) de febrero de 2009. Argumentaron que por las irregularidades anteriores, el juez denunciado incurrido. Manifestaron, que el juez denunciado debió reincorporarse de su reposo una vez que pudiera garantizar un rendimiento eficiente, de acuerdo a la manera eficaz. Indicaron que, en su criterio, las irregularidades fueron cometidas de de la corrección de la foliatura realizada a los folios que contienen la diligencia del veintinueve (29) de enero de 2009 y el escrito del tres (3) de febrero de 2009. Por su parte, la Inspectoria General de Tribunales agregó, que ya el pronunciamiento sobre la admisibilidad de la demanda, presentó diligencia solicitando se dictara decisión brindando tutela jurisdiccional a la demanda interpuesta. Asimismo, el referido órgano de inspección y vigilancia indicó, que la diligencia del veintinueve (29) de enero de 2009 tenía una foliatura que coincide con la que tiene la decisión del veintiséis (26) de enero de 2009 y que, el juez denunciado pretendió dar a las actuaciones apariencia de un correcto orden cronológico. Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área veintinueve (29) de enero de 2009 y para el tres (3) de febrero de 2009, la decisión del veintiséis (26) de enero de 2009 se encontraba agregada en el expediente. Alegó la Inspectoria General de Tribunales que -en su criterio- el juez cargo. Además de lo anterior, alegó el referido órgano que una vez que se dicta para posteriormente ser enviada al archivo central, hechos que -en opinión del aludido órgano- no ocurrieron en el presente caso. expediente. Agregó, que las irregularidades denunciadas fueron corregidas un mes después de haber sido cometidas y no inmediatamente. En su defensa, alegó el juez denunciado que aceptaba las irregularidades suscitadas en el expediente N° AP31-V-2008-002905, sustanciado en el Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, pero que no fueron cometidas con dolo ni por él, ni por los funcionarios judiciales que tiene a su cargo. Que la responsabilidad de que las actuaciones procesales consten en el expediente de manera cronológica corresponde al secretario del tribunal. Que las irregularidades se debieron a la gran acumulación de trabajo originada por la inasistencia del juez al tribunal a finales del año 2008, debido a en el referido periodo. Que apenas se dio cuenta de las irregularidades, realizó las acciones necesarias para enmendarlas. Entre ellas, alegó que cuando se extravió el expediente, giró las instrucciones a sus funcionarios, a los fines de que dieran con su ubicación fisica. Asimismo, decretó la reposición al estado de que iniciara nuevamente el lapso para ejercer el recurso de regulación de competencia contra la sentencia dictada el veintiséis (26) de enero de 2009, mediante la cual se declaró la incompetencia por la cuantía. Con respecto a la inhibición, alegó el juez denunciado que fue planteada mucho tiempo después de haberse producido las irregularidades y que, en todo caso, consideró prudente inhibirse, aunque no tuviera ningún nexo psicológico con la demandante, ya que la referida ciudadana lo había denunciado ante la Inspectoria General de Tribunales. Asimismo, argumentó que no tiene ningún tipo de responsabilidad en el inhibido y que no ha ejercido ningún tipo de influencia sobre cualquier otro juez que haya podido conocer de la referida causa. Agregó con respecto a la decisión adoptada el veintiséis (26) de enero de 2009, que el juez superior. al conocer de la regulación de competencia interpuesta por la demandante, ratificó el criterio jurídico adoptado en la sentencia de primera instancia. No obstante, decidió que el juez denunciado era establecen las competencias por la cuantía de los tribunales en materia civil. Que las irregularidades no son imputables a él, sino a la secretaria, pero de competencia contra la sentencia interlocutoria dictada el veintiséis (26) de referida sentencia. conforman el expediente de la presente causa judicial y, al respecto, se observa lo siguiente: Riela a los folios 86 al 88 de la pieza 1 del expediente de la presente de la demanda contenida en el expediente judicial N° AP31-V-2008-002905, que cursaba ante el Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Riela a los folios 89 al 97 de la pieza 1 del expediente de la presente causa judicial, sentencia del veintiséis (26) de enero de 2009, mediante la cual el juez investigado se declaró incompetente por la cuantía para conocer de la demanda interpuesta, la cual tiene foliatura correspondiente al expediente judicial N° AP31-V-2008-002905 de 141 al 149. Riela a los folios 98 y 99 de la pieza 1 del expediente de la presente mediante la cual la apoderada judicial de la parte actora solicitó 141 y 142, quedando foliada 150 y 151. Riela a los folios 100 al 104 de la pieza 1 del expediente de la presente causa judicial, escrito presentado el tres (3) de febrero de 2009, mediante el cual la apoderada judicial de la parte actora solicitó pronunciamiento con respecto a la admisibilidad de la demanda. Se observa que el escrito tiene foliatura fachada en el expediente judicial N° AP31-V-2008-002905 del 143 al 157, quedando foliada del 152 al 156. Riela a los folios 159 al 161 de la pieza 1 del expediente de la presente causa judicial, acta levantada el diez (10) de febrero de 2009 por la Inspectora de Tribunales comisionada, mediante la cual se dejó constancia de que, de la revisión de las actuaciones del libro diario se constató que en el asiento 10, de esa misma fecha, la parte actora compareció solicitando: (1) información sobre los escritos y diligencias presentados; (2) la custodia del expediente; y (3) la : expedición de copias certificadas. Riela al folio 105 de la pieza 1 del expediente de la presente causa judicial, auto dictado el doce (12) de febrero de 2009, mediante el cual el juez investigado ordenó la corrección de la foliatura del expediente judicial N° AP31- (29) de enero de 2009 presentada por la parte actora. Riela a los folios 107 al 115 de la pieza 1 del expediente de la presente causa judicial, sentencia del doce (12) de marzo de 2009, mediante la cual el juez denunciado declaró la nulidad absoluta de todas las actuaciones realizadas con posterioridad al veintiséis (26) de enero de 2009 y ordenó la reposición de fecha que declaró la incompetencia por la cuantía del Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas para el conocimiento de la demanda. página original (tal como se publicó) [Página 17] Este Tribunal Disciplinario Judicial observa, que de la revisión de las actas que conforman el expediente de la presente causa judicial y de la confesión voluntaria proveniente del juez denunciado se desprende que en el expediente N° AP31-V-2008-002905 se suscitaron irregularidades en la consignación al expediente de la diligencia del veintinueve (29) de enero de 2009 y del escrito del tres (3) de febrero de 2009. En efecto, de la foliatura fachada de la diligencia del veintinueve (29) de enero de 2009 y del escrito del tres (3) de febrero de 2009, así como de la declaración voluntaria realizada por el juez denunciado en la audiencia oral y pública efectuada el dieciocho (18) de junio de 2013, de la cual se dejó registro audiovisual y se levantó acta que riela en los folios 359 al 361 de la pieza 1 del los hechos irregulares que se cometieron durante la tramitación inicial del expediente" e indicó que "Consta igualmente del expediente disciplinario que la abogada Judith Aparicio, en fecha diez (10) de febrero de 2010, tuvo acceso a! expediente. Ese dia representaba el dia 5 para ejercer el recurso procesal de de la cual me declare incompetente": se desprende que para el diez (10) de escrito del tres (3) de febrero de 2009, lo cual, sin dudà alguna, constituye una irregularidad. Asi se establece. No obstante, es importante destacar el contenido de los articulos 106, 107 y 108 del Código de Procedimiento Civil, los cuales regulan los hechos establecidos en la presente causa judicial. "Articulo 106 expediente de la causa y dará cuenta inmediata de ellas al Juez. Artículo 107 los agregará al expediente de la causa respectiva, estampado en él su firma, Articulo 108 El Secretario tendrá bajo su inmediata custodia el Sello del Tribunal, el Archivo y los expedientes de las causas y cuidará de que éstos conserven el orden cronológico mencionado" Sobre el articulo 107 del Código de Procedimiento Civil, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia N° 306 del veinticuatro (24) de abril de 1998, estableció lo siguiente: "[..] es el Secretario el único funcionario del Tribunal facultado por la Ley para Secretario autoriza el escrito, vale decir, deja constancia en forma autêética de la fecha y hora en que fue presentado en el Tribunal, así como de la identificación de la persona que lo presentó. Esta autorización le imprime autenticidad a la manifestación que el documento contiene y le confiere la fe competente, respecto de las circunstancias a personas, fecha, lugar y hora de presentación" Asimismo, mediante sentencia N° 93 del seis (6) de febrero de 2001, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dejó sentado lo siguiente: "De conformidad con el Código de Procedimiento Civil es obligación del Secretario estampar en forma inmediata su firma en los escritos presentados por las partes. Esto con el objeto de dar fe pública de las actuaciones de las esta Sala. La firma del Secretario es entonces un requisito no sólo de forma tiempo oportuno" expediente de una causa judicial, el Secretario del Tribunal tiene el deber recibir los documentos que se presenten. Asi lo estableció la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 114 del veinticinco (25) de febrero de 2004, al dejar claro que: el mentado funcionario los reciba y. posteriormente los anexo* De las normas y sentencias transcritas se desprende, inequívocamente, como de dejar constancia de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su presentación para el mantenimiento del orden cronológico de las actuaciones. Las referidas atribuciones deben ser cumplidas por el Secretario aun cuando existan circunstancias especiales que impidan temporalmente su ejercicio, pues de su efectivo cumplimiento depende el mantenimiento del orden cronológico de las actuaciones en el expediente, así como la certeza del actuaciones del proceso y el ejercicio de las cargas que tengan las partes, todo lo cual es presupuesto necesario para el ejercicio de la potestad de dirección del proceso que debe realizar el Juez, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil. Lo anterior resulta relevante a los fines de comprender si las artículos 106. 107 y 108 del Código de Procedimiento Civil, pueden ser disciplinaria establecida en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana o en el numeral 23 del articulo 33 ejusdem. Las referidas normas disponen lo siguiente: - "Articulo 31 Causales de amonestación escrita Son causales de amonestación escrita al juez o jueza: 6. Incurrir en retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos. Artícuio 33 Causales de destitución Son causales de destitución: 23. Incurrir en retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los judicial efectiva" De las normas transcritas se desprende, que el régimen disciplinario de los jueces y juezas sanciona con la amonestación o con la destitución, según se judicial efectiva, los retardos o descuidos injustificados en los que incurran los propia de éstos. En ese sentido, es de precisar que las normas transcritas sancionan los retardos o descuidos injustificados cometidos directamente por el juez o jueza, es decir, consideran responsables disciplinariamente a los jueces o juezas que incurran en retardo o descuidos injustificados en el ejercicio de las atribuciones que les son propias. Corolario de lo anterior, es que las referidas normas no consagran responsabilidad alguna de los jueces y juezas por hechos ajenos, es decir, por cargos. En refuerzo de lo anterior, es de destacar la existencia del supuesto previsto en el numeral 5 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, el cual prevé de manera clara, expresa e advertir las irregularidades cometidas por los servicios de secretarias, en aquellos órganos jurisdiccionales que se encuentren en circuitos judiciales; de lo que se desprende que cuando el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana pretendió establecer responsabilidad de los jueces y juezas del principio de legalidad sancionatoria previsto en el numeral 6 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De lo expuesto resulta claro que la responsabilidad disciplinaria prevista en los numerales 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana y 23 del articulo 33 ejusdem, es por el ejercicio irregular de las atribuciones que les correspondan directamente a los jueces y juezas. En normas, es personalísima, por descuidos en los que haya incurrido el juez o funcionarios judiciales que se encuentran a su cargo. Asi se establece. Las consideraciones realizadas anteriormente resultan relevantes en la presente causa, pues se desprende de ello, que las irregularidades detectadas en el presente proceso, fueron ocasionadas por el ejercicio anormal de las funciones que le correspondia ejercer a la Secretaria del Juzgado Décimo página original (tal como se publicó) [Página 18] Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En efecto, de las pruebas aportadas al presente proceso se desprende que la diligencia presentada el veintinueve (29) de enero de 2009 y el escrito del tres (3) de febrero de 2009 fueron agregados de manera tardía al expediente, situación de la cual no se dejó constancia expresa, todo lo cual era responsabilidad del secretario del Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. De lo expuesto se colige, que el juez denunciado no tenía el deber de garantizar el orden cronológico de las actuaciones contenidas en el expediente N° AP31-V-2008-002905, por lo cual, las irregularidades detectadas en la consignación al expediente de la diligencia del veintinueve (29) de enero de 2009, asi como del escrito del tres (3) de febrero de 2009, no son imputables a descuido alguno que haya cometido el juez denunciado, sino, más bien, a la Secretaria del Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Asi se establece. En todo caso, mediante decisión del doce (12) de marzo de 2009, el juez denunciado pretendió corregir las irregularidades en las que había incurrido la Secretaria, a los fines de garantizar a las partes, el ejercicio del derecho a ia defensa, por lo cual, se evidencia que el juez denunciado no solo si se percató de las irregularidades en las que incurrió la Secretaria del Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de- Caracas, sino que, además. les puso remedio. Asi se establece. En ABSUELVE RESPONSABILIDAD consecuencia. se de DISCIPLINARIA al ciudadano César Luis González Prato, por la presunta comisión del ilicito disciplinario previsto en el numeral 11 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, actualmente previsto en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, consistente en este caso, en el descuido injustificado por la consignación tardía al expediente N° AP31-V-2008-002905, de la diligencia del veintinueve (29) de enero de 2009, asi como del escrito del tres (3) de febrero de 2009. presentados por la parte demandante. Así se decide. En relación con lo alegado tanto por el tercero interesado en la presente causa, acerca de la inhibición planteada por el juez denunciado, como por la Inspectoria General de Tribunales, sobre los supuestos retardos en los que habria incurrido el ciudadano César Luis González Prato, este Tribunal Disciplinario Judicial observa que son alegatos sobre hechos que no forman parte del presente proceso, toda vez que de acuerdo al escrito de petición de sanción presentado por la Inspectoria General de Tribunales el diez (10) de marzo de 2011 y a la decisión de este Tribunal Disciplinario Judicial del veinte (20) de octubre de 2011, el objeto de la presente causa disciplinaria judicial quedó circunscrito a la presunta responsabilidad por parte del juez denunciado en la consignación tardía en el expediente N° AP31-V-2008-002905 de la diligencia del veintinueve (29) de enero de 2009, asi como del escrito del tres (3) de febrero de 2009. Asi se establece. V DECISIÓN Por las razones expuestas. este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Boiivariana de Venezuela por autoridad de ley, bajo la ponencia del Juez Carlos Alfredo Medina Rojas, dicta el siguiente pronunciamiento: ÚNICO: se ABSUELVE de RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA al ciudadano César Luis González Prato. por la presunta comisión del ilicito disciplinario previsto en el numeral 11 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, actualmente previsto en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, consistente en este caso, en el descuido injustificado por la consignación tardía al expediente N N° AP31-V- 2008-002905, de la diligencia del veintinueve (29) de enero de 2009, así como del escrito del tres (3) de febrero de 2009, presentados por la parte demandante Publiquese y registrese. Dada, firmada y sellada en la sede del Tribunal Disciplinario Judicial, en la ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela, a los heute julio de dos mil trece (2013). Años 203 la Indepandencia y 154º de la Federación. .. AN PACHECO ALVIÁREZ suez residente A1 JACQUÉLINE SOSA MARIÑO CARLOS MEDINA ROJAS Jueza Juez Ponente RAQUEL SUE GONZÁLEZ Secretaria En fecha ten09 dejuko registró la anterior decisión bajo el N° -- Secretaria Exp. N° AP61-D-2011-000085 HPA/JSM/CMR/RSG REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZ PONENTE: TULIO JIMÉNEZ RODRIGUEZ Exp. AP61-R-2014-000015 Mediante oficio N° TDJ-655-2014 del 26 de febrero de 2014. el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo. TDJ). remitió a esta Corte Disciplinaria Judicial el expediente signado con el N° AP61-D-2012-000429. contentivo del procedimiento disciplinario realizado por la Inspectoria General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT) contra el ciudadano MANUEL JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 6.427.996. por actuaciones realizadas durante su desempeño como Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo. Tal remisión se efectuó en virtud del recurso de apelación interpuesto el 14 de enero de 2014 por la IGT contra la decisión definitiva N° TDJ-8D-2013-160 del 19 de noviembre de 2013, emanada del TDJ, mediante la cual fue declarada la absolución de responsabilidad disciplinaria del Ciudadano juez MANUEL JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEZ. El 11 de marzo de 2014, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo. URDD) de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial dio entrada al recurso de Unidad remitió el asunto a la Secretaria de la Corte Disciplinaria Judicial a los fines de su tramitación. Por acta de fecha 12 de marzo de 2014, la Secretaria de esta Corte recibió la causa y dejó constancia de su distribución, correspondiéndole la ponencia al Juez.Tulio Jiménez Rodriguez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. celebración de la audiencia oral y pública y libró las notificaciones correspondientes. En fecha 1° de abril de 2014, la representación de la IGT consignó escrito de , fundamentación de la apelación. En fecha 22 de abril de 2014, el juez Romer Abner Pacheco Morales se abocó al. conocimiento de la presente causa en virtud del reposo médico concedido a la jueza Merly Morales Hernández. Fueron libradas las notificaciones pertinentes. En fecha 13 de mayo de 2014, se procedió a la reconstitución de la Corte en virtud de la reincorporación de la jueza Merly Morales Hernández y fue fijada nueva oportunidad pertinentes. En fecha 19 de junio de 2014, tuvo lugar la celebración de la audiencia oral y pública. Siendo la oportunidad procesal correspondiente, esta Corte Disciplinaria Judicial procede a emitir su pronunciamiento sobre el recurso interpuesto, previo el análisis de las siguientes consideraciones: 1 ANTECEDENTES En fecha 15 de junio de 2010. el ciudadano NAHUM SALINAS MOLINA, titular de la cédula de identidad número V-9.393.293. presentó denuncia contra el ciudadano juez MANUEL JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEZ. ante la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo. órgano que la remitió a la IGT según consta en oficio N° 287-2010 de fecha 15 de junio de 2010. página original (tal como se publicó) [Página 19] En fecha 14 de febrero de 2011, la IGT ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el juez MANUEL JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEZ. Mediante acto conclusivo de fecha 26 de julio de 2012, la IGT solicitó al TDJ la destitución del juez MANUEL JOSÈ GUTIÉRREZ GÓMEZ por presuntamente haber incurrido en el ilicito de abuso de autoridad. previsto en el numeral 14 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (En lo sucesivo Código de Ética), en la tramitación de la causa judicial TP01-P-2008-006685. En fecha 3 de agosto de 2012, la URDD de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial recibió la investigación realizada por la IGT contra el Juez denunciado. En esa misma fecha, el expediente administrativo fue recibido por la Oficina de Sustanciación, quien en fecha 23. de octubre de 2012 elaboró un informe del asunto donde consideró que existian elementos indiciarios para considerar que la conducta desplegada por el Juez investigado. se subsumía dentro de los supuestos de hecho sancionatorios previstos en el Código de Ética. En fecha 30 de octubre de 2012, el TDJ recibió el expediente correspondiente y en esa misma oportunidad fue designado como ponente el Juez Hernán Pacheco Alviárez. En fecha 22 de noviembre del mismo año, el TDJ admitió la denuncia interpuesta y ordenó la citación del juez investigado, quien presentó sus descargos en fecha 19 de febrero de 2013. El Juez investigado no hizo uso del lapso probatorio. En fecha 22 de mayo de 2013 tuvo lugar la audiencia oral y pública, a la cual asistieron ambas partes; acto seguido, el Juez Presidente del TDJ ordenó la reconstitución de la audiencia para el 30 del mismo mes y año, a los fines de dictar el dispositivo de la causa. En fecha 30 de mayo de 2013, se reconstituyó la audiencia y el TDJ emitió el dispositivo del fallo mediante el cual absolvió de responsabilidad disciplinaria al juez MANUEL JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEZ En fecha 19 de noviembre de 2013, el TDJ publicó el extenso de su decisión. En fecha 14 de enero de 2014, el representante de la IGT apeló de la sentencia definitiva proferida por el a quo. Por auto de fecha 25 de febrero de 2014. el TDJ ordenó oir en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto por la IGT y la remisión de las actas procesales con destino a la Corte Disciplinaria Judicial. II DE LA DECISIÓN APELADA de responsabilidad disciplinaria al Juez MANUEL JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEZ. con fundamento en las siguientes consideraciones: cuanto estimó que la primera decisión dictada por el juzgador, relativa a la negativa para la entrega de un vehiculo que fuera reclamado por dos ciudadanos, era una decisión que no se encontraba impedido para conocer y decidir de una segunda solicitud de entrega de vehiculo -no contenciosa- que le fuera elevada a su conocimiento, más aún cuando las circunstancias que motivaron la primera decisión habían variado. Desestimó la imputación relativa al presunto incumplimiento por parte del juez procesado de lo asentado en su propia decisión y por ende, la transgresión de lo previsto en el articulo 5 del Código Orgánico Procesal Penal: para el sustento de su nugatoria, el a quo desplegada por el juez al no remitir las actuaciones a la Fiscalia por estar pendiente un recurso de apelación". en virtud que el articulo 439 del Código Orgánico Procesal Penal vigente para el momento de los hechos establecia, como efecto general aplicable a todas los tipos de causa, el efecto suspensivo en la ejecución de aquellas decisiones contra las cuales fueran interpuestos los recursos de apelación. Denegó la denuncia relativa al presunto abuso de autoridad cometido por el juez denunciado al ordenar la práctica de una experticia sin poner en conocimiento de ello al Ministerio Público, por cuanto estimó que no fue demostrado "el posible daño a las partes que pudo ocasionar el juez con su decisión". Modificó la posible calificación de los hechos denunciados y entró a revisar si los mismos se subsumían en el ilicito de usurpación de funciones, para luego de ello concluir que el manera excepcional por la norma procesal para realizar lo actuado, más aún por tratarse de una solicitud de parte interesada a los fines de la entrega de un vehiculo hurtado". Acto seguido, el TDJ declaró la absolutoria del juez investigado. y ⅢII DEL ESCRITO DE FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN PRESENTADO POR LA IGT Mediante escrito presentado el 1° de abril de 2014. la profesional del derecho SARELYS A. GALLARDO ZABALA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo la matricula N° 64.491 y actuando en representación de la IGT, fundamentó el recurso de apelación interpuesto contra la recurrida, en los términos siguientes: Denunció el vicio de incongruencia omisiva configurado cuando la recurrida omitió pronunciarse sobre la falta cometida por el juez investigado cuando decidió nuevamente partes, el debido proceso y la tutela judicial efectiva. ^ Denunció el vicio de inmotivación en su modalidad de motivación contradictoria, generado en los motivos expuestos por el TDJ para la absolución del Juez investigado. Para el Ministerio Público, debido al efecto suspensivo de una apelación interpuesta, menos podia éste dictar un auto ordenando la práctica de una experticia por parte del Cuerpo Técnico de Vigilancia y Tránsito Terrestre. En tal sentido, adujo que la motivación arguida por el a quo para la absolución del sometido a procedimiento resultaba excluyente y contradictoria entre si, ya que, por una parte concluyó que el juzgador no podia remitir la causa al Ministerio Público debido a la existencia de un recurso de apelación con efectos suspensivos y por otra, que el referido juzgador se encontraba habilitado por ley para acordar -la práctica de la experticia solicitada al juzgado a su cargo. Procedimiento Civil, concatenado con los articulos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, asi como el articuio 74 del Código de Ética, configurada cuando el TDJ. a pesar de haberle conferido valor probatorio a la copia certificada del expediente judicial N° TP01-Pcompleto analizar el contenido de la sentencia dictada en fecha 23 de abril de 2010 por la determinante para el dispositivo del fallo y que de haber sido analizada hubiera revelado el pronunciamiento realizado por dicho órgano colegiado en cuanto a que la causa se encontraba en investigación y que era, el Ministerio Público, el órgano competente al cual debian dirigirse las solicitudes para la práctica de actos de investigación. 1 Por otra parte señaló que la referida probanza era determinante para el dispositivo del fallo porque "(...) si la Corte en referencia había confirmado la decisión dictada por el Juez el 18 de noviembre de 2009, lo que correspondia era ejecutar la referida decisión y devolver las actuaciones al Ministerio Público, tal y como el mismo Juez lo ordenó en la decisión confirmada... no obstante, el Juez ignorando su propia sentencia, acordó la devolución del vehiculo violando el debido proceso, sin realizar nueva audiencia y sin poner en conocimiento de la práctica de la prueba al Ministerio Público". Denunció el vicio de falso supuesto de hecho, configurado a su decir cuando el TDJ afirmó que el Juez no habia perdido su jurisdicción, que éste habia decidido dos variado, cuando tales afirmaciones no son ciertas. Como sustento de su delación explicó que no se tratan de dos solicitudes distintas, sino de un mismo expediente judicial a través del cual dos ciudadanos pretendían la entrega del mismo vehiculo, entrega que una vez negada por el juez sometido a procedimiento, originó que uno de los solicitantes solicitara, dentro del mismo proceso, la práctica de una experticia con la finalidad de lograr el mismo objetivo de la entrega del vehículo. Además de ello. la representación de la IGT argumentó que no habian variado las circunstancias que motivaron el dictamen de la primera decisión para cuando el ciudadano Abad José Bricoño volvió a solicitar el vehiculo, ya qua en dicha oportunidad el mismo solicitante refirió que la Corte de Apelaciones había declarado sin lugar la apelación efectuada por el ciudadano Nahum Salinas y por ende, fue confirmada_ la negativa de la entrega solicitada asi como la remisión de la causa al Ministerio Público para la práctica de los actos de investigación. En este mismo orden de ideas, la IGT refirió que la recurrida dejó de analizar que el juez ambos solicitantes y ordenando la remisión de la causa al Ministerio Público; y que además de ello, el TDJ soslayó que el juez tenia perfecto conocimiento de los términos en dictaminó que la precitada alzada carecia de atribuciones para ordenar la realización-de actos de investigación al encontrarse la causa en fase de investigación. Por otra parte, adujo que el juez investigado debió remitir la causa al Ministerio Público cuando tuvo conocimiento de la confirmatoria de la primera decisión que dictó y que ello no podia ser ignorado por el TDJ: y que al referida funcionario judicial no le estaba dado prescindir del debido proceso para dar respuesta a una solicitud de experticia, sin la necesaria participación del Ministerio Público, autoridad a la cual, en su decir, le correspondia ordenar la práctica de la prueba pericial. Denunció el error de juzgamiento por errónea interpretación del articulo 312 del Código Orgánico Procesal Penal, configurado cuando el a quo: a) analizó la referida disposición entrega de las cosas hurtadas, probadas o estafadas, no hay necesidad de tramitar la incidencia prevista en el articulo 607 del Código de Procedimiento Civil y. b) cuando concluyó que producto de dicha excepción no resulta aplicable lo previsto en el articulo ordenar la práctica de experticias, cuando se requieran conocimientos o habilidades especiales de una ciencia. arte u oficio. Para el sustento de su delación, explicó la IGT que de haber interpretado correctamente el procesales, la recurrida hubiera arribado a la conclusión de que el juez procedió fuera del contexto de la norma al ordenar la práctica de una experticia que por disposición legal correspondia al Ministerio Público, además de observar que ya existía un noviembre de 2009, por lo que procedía era la devolución de las actas a la vindicta pública para la consecución del procedimiento de investigación. Denunció el error de juzgamiento por errónea interpretación del numeral 14 del articulo 33 del Código de Ética, generado en su decir cuando la recurrida exigió, como requisito adicional para la configuración del ilicito de abuso de autoridad, un nuevo elemento-(el daño ocasionado) de aquellos desarrollados por la jurisprudencia pacifica y reiterada de la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y de esta Corte Disciplinaria Judicial, como configurativos del ilicito de abuso de autoridad: Carencia de base legal en la actividad desplegada por el juez y una conducta abusiva que ponga en duda su idoneidad para ocupar el cargo. Como sustento de su denuncia explicó que la recurrida indebidamente exigió, como elemento configurativo del abuso de autoridad, la comprobación del daño ocasionado por parte del accionar abusivo del juez y de esta forma, fusión y mezcla en su interpretación el ilicito de abuso de autoridad con el ilicito previsto en el articulo 33. numeral 21 del Código de Ética, referido al tipo disciplinario relativo al daño ocasionado por las actuaciones jurisdiccionales. Finalmente, solicitó que esta Corte Disciplinaria Judicial declare la nulidad de la sentencia recurrida y proceda a emitir nueva decisión sobre el fondo de la causa y por ende, se analice la idoneidad y excelencia del juez con base al ilicito que le fuera increpado, los, hechos imputados y las pruebas recabadas por la IGT. A IV DE LA CONTESTACIÓN AL ESCRITO DE FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN Consta a los autos que en la oportunidad de celebrarse la audiencia oral y pública, esta de Ética, no podria intervenir en la audiencia oral y pública, debido a que omitió la presentación del recurso de contestación a la fundamentación de la apelación. Acto seguido, el ciudadano juez MANUEL JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEZ solicitó a esta Corte que se le permitiera participar en la referida audiencia. Como fundamento de su solicitud manifestó que ejercia sus funciones en el estado Trujillo y que no tuvo conocimiento sobre el ejercicio de un recurso de apelación contra la sentencia proferida por el TDJ, sino hasta cuando fue notificado de la incorporación de un nuevo juez de la Corte. Seguidamente, la representación de la IGT solicitó a esta Corte la aplicación de la consecuencia juridica prevista en el articulo 84 del Código de Ética. página original (tal como se publicó) [Página 20] Tras la recepción de los referidos alegatos esta Alzada manifestó que permitiría la participación del ciudadano MANUEL JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEZ en la audiencia oral y pública, salvo la valoración o apreciación de sus dichos en la sentencia definitiva. Llegada la oportunidad correspondiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver la incidencia en cuestión en los términos siguientes: El único aparte del articulo 84 del Código de Ética prevé como sanción procesal_ la perención del recurso de apelación cuando la parte apelante prescinda de la presentación de la fundamentación de la apelación, asi como la prohibición de participación en la audiencia oral para la parte contrarecurrente que presente el escrito de contestación con En el caso de autos, la parte contrarecurrente alegó que si bien prescindió de presentar el escrito de contestación de la fundamentación de la apelación, tal omisión luce justificada, en primer lugar, por la lejania del lugar donde presta sus funciones y en segundo término, por su desconocimiento que tuvo sobre el ejercicio de un recurso de apelación sobre la sentencia dictada por el TDJ. hasta cuando fue notificado de la incorporación de un nuevo juez a la Corte. Por su parte, la IGT solicitó la aplicación de la sanción procesal precedentemente descrita. En primer lugar, considera esta Corte que la distancia existente entre el-lugar donde el juez desempeñe sus funciones y la sede de este órgano jurisdiccional, no constituye un la sanción procesal prevista en el articulo 84 del Código de Ética, ello por cuanto esta Alzada concede un término de la distancia -adicional al lapso previsto en la ley para la juezas sometidos a procedimiento, de conformidad con lo previsto en el articulo 205 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión supletoria prevista en el articulo 51 del Código de Ética. Lo anterior tiene como finalidad el procurarles a los jueces y juezas, un lapso extensivo para la presentación de su defensa. En consecuencia, esta Corte desecha el precitado argumento al encontrarlo manifiestamente infundado. Y asi se decide. Con relación al segundo argumento, relativo al desconocimiento de un recurso de notificado de la incorporación de un nuevo juez a la Corte, quienes hoy deciden observan que el juez sometido a procedimiento fue notificado sobre el contenido de la sentencia dictada por el a quo en fecha 3 de diciembre del año 2013 (Vid. folio 280 de la primera pieza judicial), mientras que el recurso de apelación fue interpuesto por la IGT según diligencia de fecha 14 de enero de 2014 (Vid. folio 282 de la pieza judicial N° 1). De tal manera que a criterio de esta Alzada, el juez sometido a procedimiento se conocimiento recurso de apelación que habia sido interpuesto por la IGT, sin que su omisión se constituya en un elemento eximente para la aplicación de la sanción procesal argumento al encontrarlo manifiestamente infundado. Y asi se decide. En mérito de todo lo anterior, esta Alzada aplicará la consecuencia procesal prevista en el primer aparte del articulo 84 del Código de Ética, razón por la cual no considerará los dichos expuestos por el juez MANUEL JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEZ en el curso de la audiencia oral y pública. Y asi se decide. V DE LA COMPETENCIA Previo al análisis del asunto sometido a su conocimiento, debe esta Corte Disciplinaria Judicial establecer su competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto y al respecto, observa lo siguiente: El articulo 42 del Código de Ética, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 del 23 de agosto de 2010, establece la competencia de la Corte Disciplinaria Judicial para conocer de las apelaciones interpuestas contra las decisiones dictadas por el TDJ. ya sean interlocutorias o definitivas, en los siguientes términos: "Articulo 42. Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de Alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra decisiones ya sean interlocutorias o definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y el resto de la normativa que guarde relación cor. la idoneidad judicial y el desempeño del Juez venezolano y la Jueza venezolana". Del análisis de los autos que integran el expediente, se puede constatar que en fecha 20 de septiembre de 2012 la IGT apeló de la sentencia definitiva N° TDJ-SD-2013-160. dictada el 19 de noviembre de 2013 por el a quo y a través de la cual fue declarada la absolución de responsabilidad disciplinaria del juez MANUEL JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEz, conforme a los términos contenidos en el precitado fallo. En tal sentido, esta Alzada verifica que, efectivamente, se trata de un recurso de apelación interpuesto contra sentencia definitiva, razón por la cual declara su competencia para conocer el presenter recurso. Y asi se declara. VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Declarada como ha sido la competencia de esta Corte y analizadas las actas que cursan en el expediente disciplinario, asi como los alegatos expuestos durante la audiencia oral y pública, esta Alzada, por razones de celeridad y los efectos de contribuir a la mayor comprensión del presente fallo, procede a resolver en un orden distinto los fundamentos que sustentan al recurso de apelación interpuesto por la IGT. Del error de juzgamiento por errónea interpretación del derecho La representación de la IGT denunció que la recurrida incurrió en un error de juzgamiento exigió, como requisito adicional para la configuración del ilicito de abuso de autoridad, un reiterada de la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y de esta Corte Disciplinaria Judicial. como los configurativos del ilicito de abuso de autoridad: ponga en duda su idoneidad para ocupar el cargo. Como sustento de su denuncia explicó que el a quo indebidamente exigió como elemento configurativo del abuso de autoridad, la comprobación del daño ocasionado por parte del accionar abusivo del juez y de esta forma, fusión y mezcla en su interpretación el ilicito jurisdiccionales. Ahora bien, a los fines de resolver el vicio delatado, esta Corte estima pertinente acotar que el vicio de error de juzgamiento es considerado por la jurisprudencia venezolana como una modalidad del vicio de falso supuesto y que el mismo se configura: "(...) por una parte, cuando el Juez, al dictar un determinado fallo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o que no guardan la debida vinculación con el o los asuntos objeto de decisión, verificándose de esta forma el denominado falso supuesto de hecho. Por corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero el órgano jurisdiccional al emitir su incurre en una errada interpretación de las disposiciones aplicadas, se materializa el falso supuesto de derecho...". (Sentencia N° 00183 de fecha 14 de febrero de 2008, ratificada en decisiones todas de la Sala Polltico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia). De tal manera que a los fines de estudiar la procedencia o improcedencia del vicio en cuestión, será necesario que el juez de alzada circunscriba el examen del fallo recurrido en cuanto a los hechos ventilados y las normas que fueron aplicadas a los mismos, todo ello con la finalidad de concluir si los hechos son inexistentes, falsos o no guardan relación con el objeto de la decisión (error de juzgamiento por errónea apreciación de los hechos) o si las normas aplicadas y su interpretación, resultaron erráticas o inexistentes en el ordenamiento juridico (error de juzgamiento por errónea aplicación o interpretación del derecho). Ahora bien, en el presente caso, la IGT denunció el vicio de error de juzgamiento por recurrida para analizar la procedencia de la causal de destitución prevista en el numeral sancionados con destitución al "(...) incurrir en abuso de autoridad...". Con la finalidad de resolver el vicio en cuestión, esta Corte estima pertinente citar el pronunciamiento de la recurrida, al momento de pronunciarse sobre la subsunción de los hechos denunciados en el ilicito de abuso de autoridad: "(...) es conveniente señalar, que este Tribunal Disciplinario Judicial en decisiones anteriores, especificamente en sentencia N° TDJSD- 2012-138, de fecha veinticuatro (24) de mayo de 2012, ha establecido lo que debe entenderse por abuso de autoridad, indicando: "(..) la conducta del juez (...) debe encontrarse subsumida no solamente en un ejercicio de funciones. que no se le encuentren atribuidos por ley al juaz, sino,que dicho ejercicio sea .desproporcionado, abusivo y desmedido; entendiendo dicho ejercicio abusivo, como aquella jurisdiccionales llevados por ese juez o jueza (...)". En consideración al criterio señalado, para se configure el abuso de autoridad por parte del funcionario, su conducta debe realizarse en forma desproporcionada a las atribuciones que tiene asignadas por Ley. y que como consecuencia de ello tal actuación lesione los derechos de los particulares que intervienen en el proceso judicial. Por tanto consideran quienes suscriben, que la actuación del juez no se encuentra enmarcada dentro del supuesto legal, referido al abuso de autoridad, en virtud de que no ha Asl se declara". Del citado extracto se desprende que a criterio del iudex a quo el ilicito disciplinario relativo al abuso de autoridad se configura cuando el juez o jueza, en el ejercicio de su le han sido conferidas y que a su vez resulta necesario, a los fines de concluir el carácter abusivo de la misma, la comprobación del daño que sufran las partes intervinientes del proceso judicial producto de la conducta desplegada por el juzgador o juzgadora. Sin embargo. a criterio de esta Alzada, el razonamiento empleado por el TDJ resulta impreciso y se aleja de los elementos configurativos que, como bien lo razón la IGT, ha ( delimitado la jurisprudencia de esta Instancia Disciplinaria Judicial; en efecto, cuando el a quo razón que el abuso de autoridad requiere de la indispensable comprobación del daño ocasionado con la conducta abusiva del juez y que el ilicito en cuestión únicamente se configura en un proceso judicial, sostiene una serie de conclusiones que, además de imprecisas, no aparecen descritas en la norma del numeral 13 del articulo 33 del Código de Ética. Resultan imprecisas porque el Legislador Patrio estableció ilicitos disciplinarios distintos para el ejercicio abusivo de la autoridad y la ocasión de un daño a la salud de las porque la conducta abusiva del juez o jueza pudiera darse contra sujetos intervienen de un proceso judicial o contra otros sujetos que, sin estar relacionados procesalmente con el juzgador, sufran el ejercicio abusivo del poder que a éste último le fue conferido por ley. No obstante a lo anterior, esta Corte considera hacer suyo el criterio sentado por la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, cuando explicó que para la configuración del ilicito de abuso de autoridad, no se requiere de la comprobación de daño producto de la conducta abusiva: "(..) La norma precedentemente indicada se refiere al ejercicio abusivo, esto es, extremo, desproporcionado, injustificado do los deberes legales que corresponden a todo juez. Asl, la aplicación de esta causal, requiere de la verificación de dos supuestos: la total carencia de través de la conducta del sometido al régimen disciplinario. Debe indicarse que el supuesto de abuso de autoridad previsto en la ley que reguia la carrera judicial, óxido que se configuró objetivamente ol supuesto de haber actuado el juez sin haber estado legalmente autorizado para dictar dicho acto, abusando asi de los poderes que ostenta en virtud del cargo que desempeña. Se trata, tal como lo indica la Sala en sentencia 25 de enero de 1996 (caso: Rosaura Pérez) de un supuesto propio del régimen disciplinario dol Podor Judicial, que no tiene por qué coincidir con su figura homóloga del derecho penal, donde se requiere el fin de causar daño. Es por ello, que no cabe el señalamiento del recurrente, cuando dice que el abuso de autoridad requiere para su configuración, una lesión o perjuicio a un particular como consecuencia de la actuación abusiva, ya que ello se corresponde a la acepción de esta figura en materia penal, y no al ilicito previsto en materia disciplinaria judicial". (Sentencia N° 00959 de fecha 3 de agosto de 2004, ratificada en el fallo 00292 de fecha 26 de febrero de 2014). Conforme a lo anterior y ratificando los pronunciamientos que esta alzada ha emitido en cuanto a los elementos configurativos del ilicito de abuso de autoridad (Sentencias N° .18 de fecha 19 de agosto de 2012 y N° 3 de fecha 22 de enero de 2013, entre otras), esta Corte afirma que para la configuración del ilicito disciplinario del abuso de autoridad, será necesaria la comprobación de una conducta sin base o fundamento legal y que la misma resulte de tal modo abusiva, desproporcionada y excesiva, que revele la inidoneidad del juez o jueza para el desempeño de las funciones que le han sido conferidas por ley, sin desplegada por el juzgador o juzgadora. página original (tal como se publicó) [Página 21] De tal manera que, a criterio de esta Instancia Disciplinaria Judicial, la sentencia recurrida incurrió en el vicio de error de juzgamiento por errónea interpretación del derecho cuando: 1) Añadió un supuesto de hecho que ni la ley ni la jurisprudencia han estimado necesarios para la configuración del ilicito disciplinario de abuso de autoridad; y 2) Desestimó el análisis disciplinario de un hecho denunciado por la IGT en base a que el sometido a procedimiento. Por tales razones, esta alzada estima que el fallo recurrido debe reputarse como'nulo, de Procedimiento Civil, aplicables supletoriamente por disposición del articulo 51 de) Código de Ética. Como consecuencia del anterior pronunciamiento, esta Corte Disciplinaria Judicial estima inoficioso entrar a resolver el resto de los argumentos esbozados en el recurso de apelación interpuesto y, de conformidad con lo previsto en el articulo 209 del Código de Procedimiento Civil, pasar a emitir el pronunciamiento correspondiente sobre el mérito de la causa en los términos siguientes: Del mérito de la causa Del acto conclusivo presentado por la IGT (Vid. folios 111 y siguientes de la pieza judicia! N° 1) se evidencia que el precitado órgano solicitó la destitución del juez MANUEL JOSÈ GUTIÉRREZ GÓMEZ. titular dela cédula de identidad N° V-6.427.996, por presuntamente incurrir en el ilicito de abuso de autoridad, extralimitarse en el ejercicio de / sus funciones y subrogarse en las atribuciones propias del Ministerio Público, al haber ordenado la práctica de una experticia para la determinación de la identidad de un vehiculo sobre el cual se discutir la propiedad, a pesar de haber perdido su jurisdieción para continuar tramitando la referida solicitud. partes, decisión con la cual, a su criterio, perdió su jurisdicción para continuar tramitando arguyó que de conformidad con lo previsto en el numeral 3 del articulo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el ordenar tal diligencia es competencia exclusiva del Ministerio Público en fase de investigación, razón por la cual señaló que el accionar del juez constituyó una extralimitación de sus funciones. Por otra parte, la IGT señaló que la conducta abusiva del juez se hizo patente cuando Público. Finalmente, el órgano investigador destacó que el ilicito endilgado también se configuró cuando el juez negó la remisión de la causa con destino al Ministerio Público a pesar de haberlo acordado previamente en una decisión que profirió, lo cual significó, a criterio de la referida Inspectoria, que el precitado juzgador dejó dejar ejecutar su propia decisión en forma abusiva y apartada de la ley. Por su parte, el ciudadano juez MANUEL JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEZ (Vid. folios 189 y siguientes de la pieza judicial N° 1) negó las imputaciones formuladas por la IGT y expresó en su defensa: Que nunca decidió dos veces una causa, sino dos peticiones distintas, presentadas en fechas diferentes y en circunstancias totalmente disimiles. Que la primera reclamación fue negada en virtud de la falta de pruebas gue la soportaran, siéndo que posteriormente el ciudadano ABAD JOSÉ BRICEÑO SUÁREZ realizó una nueva solicitud y por tanto, planteó un asunto diferente para solicitar la devolución del mismo vehiculo, previa la realización de una experticia que demostraria la identidad del mísmo. le fuera hurtado al ciudadano ABAD JÓSÉ BRICEÑO SUÁREZ. Que en materia de devolución de vehiculos, las solicitudes de devolución pueden presentarse varias veces, tantas como el Tribunal niegue, allanando cada vez las deficiencias de la petición que motiven la negativa del Tribunal a devolver y como sustento de ello, invocó el precedente contenido en un fallo dictado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (de fecha 30 de junio de 2005 y recaida en la causa número 04-2397). Que se limitó a obedecer el mandamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (de fecha 30 de junio de 2005 y recaida en la causa número 04-2397) en práctica de todos los dictámenes periciales que sean necesarios, según las características de cada caso en concreto, a los fires de establecer la identificación... de vehiculo objeto del delito", razón por la cual consideró que no incurrió en abuso de poder Público. Inspectoria General de Tribunales pretender convertirse en censo de esas decisiones, una especie de súper árbitro, y pedir se me condene por decidir." Ahora bien, previo a la resolución de los ilícitos endilgados, esta Corte estima pertinente jueces, previsto en el articulo 4 del Código de Ética, cuyo texto dispone lo siguiente: "Articulo 4. El juez y la jueza en ejercicio de sus funciones son independientes y autónomos. por lo que su actuación sólo debe estar sujeta a la Constitución de la República y al ordenamiento juridico. Sus decisiones, en la interpretación y aplicación tengan competencia, por via de los recursos procesales, dentro de los limites del asunto sometido a su conocimiento y decisión. Los órganos con competencia disciplinaria sobre los jueces y juezas podrán examinar su idoneidad y excelencia, sin que ello constituya una intervención indebida en la actividad jurisdiccional." Sobre la interpretación y alcance de la precitada norma, esta Alzada ha explicado lo siguiente: > jueces, que descansa en la capacidad del operador de justicia en adoptar sus resoluciones sin intervenciones ajenas. Sus decisiones deben estar sometidas à la ley. Ahora bien, las actuaciones del Juez pueden ser revisadas por los órganos disciplinarios, limitando dicho examen a determinar su idoneidad y excelencia, y verificar si su conducta encuadra dentro de un ilicito disciplinario. Esta labor no implica en modo alguno una indebida intromisión en su función jurisdiccional, ni configura un atentado a su autonomia. pues la responsabilidad del juzgador viene a constituir un limite a las arbitrariedades que podrian surgir cuando un juez independiente utiliza ordenamiento juridico". (Sentencia N° 12 de fecha 3 de abril de 2014. caso: Juan Arcides Chirino Colina). Conforme se desprende de la cita anterior, la revisión que pueda realizar esta Jurisdicción no resulta una invasión de las funciones jurisdiccionales atribuidas a éstos, máxime.si tomados en consideración que el despliegue «> errático, desmedido; ilicito o retardado del poder jurisdiccional se traduce en un elemento que activa la lo previsto en el numeral 8 del articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En razón de lo anterior, esta Corte Disciplinaria Judicial ostenta la habilitación necesaria disciplinaria, lo cual proceder a realizar a los fines de precisar la reprochabilidad -o no- de los ilicitos formulados contra el juez MANUEL JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEZ. IGT le increpó al juez investigado el haber desplegado un trámite erróneo y abusivo en la tramitación de una solicitud de devolución de vehiculos, porque a su juicio: a) debió abstenerse de acordar una experticia sobre el vehiculo involucrado debido a que había dicho acto de investigación correspondia exclusivamente al Ministerio Público: b) debió acordar debidamente la devolución del vehiculo solicitado, previo a la realización de una audiencia entre las partes y la notificación del Ministerio Público: y c) debió ejecutar la primera sentencia que dictó, con la inmediata remisión de la causa al Ministerio Público. Precisado lo anterior, esta Corte observa que la actuación del Juez en el proceso se concretó en lo siguiente: 1) 04/08/2009: El juez investigado da entrada a la solicitud de entrega de vehículo y en vista a la existencia de dos solicitantes que reclaman la titularidad del mismo, ordenó el trámite de la incidencia de conformidad con lo previsto en el articulo 607 del Código de Procedimiento Civil. vehículo. 3) 07/10/2009: Fue celebrada la audiencia de solicitud de entrega de vehículo con presencia de ambas partes solicitantes. 4) 18/11/2009: El juez investigado dictó sentencia donde negó la solicitud presentada por ambos solicitantes y ordenó la remisión de las actas procesales al Ministerio Público a-fin de continuar con las prácticas investigativas. Los fundamentos de la negativa, fueron los siguientes: · Con respecto al solicitante NAHUM SALiNAS declaró su falta de cualidad en virtud del documento localizado por el Ministerio Público donde se dejó constancia de la compra venta realizada por éste a favor del ciudadano Padr o José Méndez, de un vehiculo automotor con las siguientes caracteristicas (Placas AH237X, serial del motor 602010, color blanco y multicolor, marca Encava, modelo ISUzU E-610). Con respecto al solicitante ABAD JOSÉ BRICEÑO afirmó que no demostró la identidad entre el bien retenido y el bien que le fuera despojado. (Placas AB6160, serial del motor 613087, color blanco y multicolor, marca Encava, modelo ISUZU 610-32). 5) 22/03/2010: La Corte de Apelaciones dio por recibido el recurso de apelación de autos, presentado por el ciudadano NAHUM SALINAS. 6) 20/01/2010: El ciudadano Abad José Briceño solicitó la devolución de la causa al Ministerio Público, para dar cumplimiento a lo establecido en decisión de fecha 18/11/2009. Público, debido a que uno de los solicitantes habia interpuesto recurso de apelación. / 8) 23/04/2010: La Corte de Apelaciones declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto: Afirmó la falta de cualidad del ciudadano NAHUM SALINAS, por cuanto a su criterio este omitió realizar las actividades tendientes al desconocimiento del documento privado de compra venta suscrito entre su persona y el ciudadano Pedro José Méndez. Con relación al ciudadano ABAD JOSÉ BRICEÑO explicó que en virtud de encontrarse la causa en estado de investigación, lo correcto es qúe los actos de investigación sean solicitados ante el Ministerio Público para que éste se pronuncie sobre su procedencia o no. 9) 04/05/2010: El ciudadano ABAD JOSÉ BRICEÑO. presentó escrito con fundamento en lo previsto en el articulo 312 del Código Orgánico Procesal Penal y solicitó la práctica de una nueva experticia que permitiera determinar la identidad del vehiculo retenido. 10) 13/05/2010: El juez investigado dictó auto mediante el cual acordó la práctica de la experticia solicitada por el ciudadano Abad José Briceño. 11) 31/05/2010: Fueron consignadas las resultas de la experticia practicada por el experto Rafael José Cáceres, adscrito al Cuerpo Técnico de Vigilancia de Tránsito Terrestre. En la referida experticia se desprende que los seriales y placas del vehiculo eran falsos; aunado a ello, se dejó constancia que tras la práctica del proceso de activación y restauración en los caracteres impresos del motor, el mismo generó los siguientes digitos: 613087, y que el serial del motor pertenece al vehiculo con placas AB6160, SERIAL DE CARROCERÍA I-6586, MARCA ENCAVA, MODELO 610-32, COLOR BLANCO y que el miSmo se encontraba solicitado por el delito de hurto. En esta misma fecha se consigna en autos las resultas del recurso de apelación interpuesto. 12) 03/06/2010: El juez investigado dictó sentencia mediante la cual ordena la entrega del vehiculo al ciudadano Abad José Briceño, con la obligación de que el mismo regularice la situación de los seriales y placas del vehiculo, placas AB6160. SERIAL DE CARROCERÍA I-6586, MARCA ENCAVA, MODELO 610-32, COLOR BLANCO, serial del página original (tal como se publicó) [Página 22] motor 613087. cuyas caracteristicas actuales (falsificadas) son placas AH237X, serial del motor 602010, color blanco y multicolor, marca Encava, modelo ISUZU E-610. NAHUM SALINAS contra la decisión dictada en fecha 03/06/2010. realizado los trámites para el desconocimiento del documento privado de compra venta. autos quedó comprobado que el juez entregó el vehiculo solicitado previa realización de unas nuevas experticias que produjeron en su mente la convicción de que el ciudadano ABAD JOSÉ QUINTERO es el propietario del vehículo solicitado. resolución de las distintas solicitudes de entrega de vehiculos que fueron elevadas a su conocimiento, razón por la cual resulta necesario que esta Corte Disciplinaria Judicial realice algunas consideraciones sobre el procedimiento legal previsto en el Código Orgánico Procesal Penal vigente para el momento de los hechos (Publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.930, de fecha 4 de septiembre de 2009). para el trámite de las referidas solicitudes. El artículo 311 establecia el deber del Ministerio Público de devolver a la brevedad posible los objetos recogidos o incautados, siempre que no fueran imprescindibles para la investigación, habilitando a las partes o terceros interesados a acudir al Juez de Control para exigir su devolución, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público. Mientras que el artículo 312 preveía el procedimiento a seguir en caso de reclamaciones o terceras que las partes o terceros entablen durante el proceso con la finalidad de obtener la restitución de los objetos recogidos o incautadas, siendo deber del Tribunal hurtadas, probadas o estafadas, las cuales se entregarán al propietario en cualquier estado del proceso, una vez comprobada su condición por cualquier medio y previo avalúo. Ahora bien, con relación a Ios hechos imputados por la IGT al juez MANUEL JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEZ. particularmente con relación a lo abusivo que resultó el acuerdo de la experticia tras perder su jurisdicción y el inobservar que la realización de dicho acto de investigación constituía una atribución exclusiva del Ministerio Público, esta Corte Disciplinaria Judicial considera que, luego de confirmada la primera decisión dictada por de la pieza judicial N° 1). razón por la cual no sucedió la pérdida de jurisdicción argüida por la IGT. Además de ello, observa esta Corte que la interpretación dada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre las normas previstas en la ley adjetiva penal con relación a la devolución de los vehiculos y que fuera invocada como argumento de este caso, del vehículo objeto del delito". (Vid. sentencia de fecha 30 de junio de 2005 y recaida en la causa número 04-2397, ratificada incluso en sentencia N° 1184 de fecha 7 de agosto de 2012): criterio este que no podia ser desconocido por el Juez a pesar que únicamente en el Ministerio Público, principalmente porque el referido razonamiento colisionaba con lo dictaminado en los fallos vincula.tes dictados por la referida Sala del Máximo Tribunal de la República. Con fuerza en los razonamientos anteriormente expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial desestima la presente solicitud de declaratoria de la responsabilidad disciplinaria, al encontrar la manifiestamente infundada. Y asi se decide. Con relación a lo presuntamente abusivo que resultó el acordar.la devolución del vehiculo solicitado sin la realización de una audiencia entre las partes y sin la notificación del Ministerio Público, aprecia esta Corte que el articulo 312 de la ley adjetiva penal, referido a la entrega de objetos recogidos o incautados, es claro al explicar que las cosas hurtadas, probadas y estafadas se entregarán a su dueño en cualquier fase del proceso, una vez comprobada la titularidad del mismo. Es decir, sin la tramitación de un proceso contencioso o incidental. ( Al ser esto asi, considera esta Alzada que la segunda solicitud autónoma interpuesta por el ciudadano ABAD JOSÈ QUINTERO, no generaba en carga del Tribunal la realización del trámite incidental del articulo 311 del Código Orgánico Procesal Penal y la celebración de una audiencia oral y pública bajo previa notificación del Ministerio Público, razón por la cual estima esta Corte que la conducta del juez sometido a procedimiento se encuentra ajustada a derecho y por ende, no resultó abusiva o excesiva. En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial desestima la presente solicitud de declaratoria de la responsabilidad disciplinaria, al encontraría manifiestamente infundada. Y asi so decide. Finalmente, en cuanto a la solicitud de declaratoria de la responsabilidad disciplinaria relativa a la omisión cometida por el juez sometido a procedimiento, cuando resolvió abusivamente no ejecutar su propia decisión y negó la remisión de la causa al Ministerio Público en forma indebida, esta Corte Disciplinaria Judicial debe aclarar que no resulta un hecho controvertido que el juez de la causa -en fecha 10 de febrero de 2010- dictó un auto mediante el cual expresó: "(...) Por recibido en un folio útil, escrito presentado por el ciudadano... quien solicita investigación. Ahora bien, el tribunal revisada la presente causa, evidencia que uno de remisión de la presente causa a la Fiscalia actuante". (Vid. folio 52 de la pieza judicial N° 1). Del citado extracto se desprende que si bien el juez sometido a procedimiento negó la remisión de la causa al Ministerio Público, ello se debió a la existencia de un recurso de apelación, cuyas resultas constaron en autos con posterioridad al auto dictado por el referido juzgador, tal y como consta según auto de fecha 31 de mayo de 2010 inserto al folio 69 de la pieza judicial N° 1. fecha 10 de febrero de 2010). el juez sometido a procedimiento dejó de cumplir con su propia decisión y le otorgó un carácter suspensivo a la apelación. Con relación a lo anterior, razón esta Alzada que el juez investigado salvaguarda la unidad del proceso y otorgó debidamente un efecto suspensivo a la apelación presentada, máxime cuando el articulo 439 del Código Orgánico Procesal Penal vigente para el momento de los hechos establecía como regla general que la interposición de una apelación "suspen[dia] la ejecución de la decisión". En consecuencia, esta Corte Disciplinaria Judicial desestima la presente solicitud de declaratoria de la responsabilidad disciplinaria al encontrar la manifiestamente infundada. Y asi so decide. En virtud de la improcedencia de las denuncias formuladas por la IGT contra el ciudadano juez MANUEL JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEZ, plenamente identificado en autos, esta Corte responsabilidad disciplinaria del referido juzgador con relación alas denuncias formuladas en su contra por la IGT. Y asi se decide. VII DECISIÓN Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: PRIMERQ: Declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la IGT contra la decisión N° TDJ-SD-2013-160 dictada en fecha 19 de noviembre de 2013 por el TDJ. mediante la cual fue declarada la absolución de responsabilidad disciplinaria del Ciudadano Juez MANUEL JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEZ V-6.427.996. por las actuaciones realizadas durante su desempeño como Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de "Control del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo. SEGUNDO: REVOCA la decisión recurrida. TERCERQ: Conociendo sobre el fondo del asunto. ABSUELVE DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA al ciudadano juez MANUEL JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEZ, con relación a las denuncias formuladas en su contra por la IGT. Publiquese, registrese y notifiquese de la presente decisión al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano. a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, al Sistema de Registro de Información Disciplinaria Judicial, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo Código de Ética. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el articulo 82 del Código de Ética. Dada, firmada y sellada en el Salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas, a los veintiséis (26) del mes de junio del año dos mil catorce (2014). Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación. El Presidente-Ponegte. TULIO JIMÉNEZ RODRIGUEZ ANA CECILIA ZULETA RODRÍGUEZ La Jueza. MERLY MORALES HERNÁNDEZ MARIANELA GH MARTINEZ Hoy veunseis (26) de paio del año desmilearonec (zgh4), gygo 'les 3: 2s gm 5F RbICO IA AnIETUOn DECSLON BAO El NI23 Exp. No. AP61-R-2014-000015 Eseienani 3 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZ PONENTE: TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ Exp. AP61-R-2014-000024 Mediante oficio N° TDJ-1043-2014 del 30 de abril de 2014. el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ). remitió a esta Corte Disciplinaria Judicial el expediente signado con el N° AP61-A-2011-000029. contentivo del procedimiento disciplinario realizado por la Inspectoria General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT) contra el ciudadano JUAN CARLOS GOITÍA GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 6.135.868, por actuaciones realizadas durante su desempeño como Juez de la Sala N° Caracas. Tal remisión se efectuó en virtud del recurso de apelación interpuesto el 15 de octubre de 2013 por la IGT contra la decisión definitiva N° TDJ-SD-2013-148 del 24 de septiembre de 2013, emanada del TDJ, mediante la cual fue declarada la absolución de responsabilidad disciplinaria del ciudadano juez JUAN CARLOS GOITÍA GÓMEZ. El 6 de mayo de 2014, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, URDD) de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial dio entrada al recurso de apelación interpuesto y le asignó el N° AP61-R-2014-000024: posterior a ello, la referida Unidad remitió el asunto a la Secretaria de la Corte Disciplinaria Judicial a los fines de su tramitación. Por acta de fecha 6 de mayo de 2014, la Secretaria de esta Corte recibió la causa y dejó constancia de su distribución, correspondiéndole la ponencia al Juez Tulio Jiménez Rodriguez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. En fecha 15 de mayo de 2014, se procedió a la reconstitución de la Corte en virtud de oportunidad para la celebración de la audiencia oral y pública. Fueron libradas las notificaciones pertinentes. En fecha 10 de junio de 2014, la IGT consignó escrito de fundamentación de la apelación. página original (tal como se publicó) [Página 23] En fecha 19 de junio de 2014, tuvo lugar la celebración de la audiencia oral y pública. Siendo la oportunidad procesal correspondiente, esta Corte Disciplinaria Judicial procede a emitir su pronunciamiento sobre el rec.'rso interpuesto, previo el análisis de las siguientes consideraciones: 1 y ANTECEDENTES En fecha 7 de mayo de 2008, la ciudadana Presidenta de la Sala Constitucional del\ Tribunal Supremo de Justicia remitió a la IGT copia certificada de la decisión dictada por la precitada Sala en fecha 24 de abril de 2008, mediante la cual no aceptó la remisión del expediente enviado por la Sala N° 8 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a los fines legales consiguientes. En fecha 5 de junio de 2008, la IGT ordenó la apertura de una investigación de fecha 18 de marzo de 2011, la IGT solicitó la imposición de la sanción de amonestación contra el ciudadano Juan Carlos Goitia Gómez, por presuntamente tramitación de la causa, previsto en el numeral 7 del articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial y actualmente en el numeral 1 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (En lo sucesivo, Código de Ética). En fecha 16 de septiembre de 2011, se recibió en la URDD de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial la referida investigación y le fue asignado el N° AP61-A-2011- 000029. En fecha 22 de septiembre de 2011, la Oficina de Sustanciación dio entrada al asunto. En fecha 7 de octubre de 2011, la Oficina de Sustanciación elaboró el respectivo informe, señalando que a su criterio existen elementos indiciarios para considerar que la conducta desplegada por el juez investigado es disciplinariamente reprochable. En fecha 13 de octubre de 2011, ei TDJ recibió el asunto proveniente de la referida Oficina y designó como ponente al Juez Hernán Pacheco Alviárez. En fecha 20 de octubre de 2011, el TDJ admitió la denuncia y ordenó a la Oficina de Sustanciación iniciar las investigaciones para la constatación de los hechos denunciados, asi como el librar las boletas correspondientes. En fecha 14 de diciembre de 2011, el TDJ ordenó remitir las actuaciones a la Oficina de Sustanciación a los fines de iniciar las investigaciones correspondientes a los hechos denunciados. En fecha 15 de diciembre de 2011, la Oficina de Sustanciación ratificó el informe presentado y acordó la remisión del expediente al TDJ, la cual fue materializada por oficio de fecha 11/01/2012. En fecha 24 de enero de 2012. el TDJ ordenó la citación del juez sometido a procedimiento para que consignara su escrito de descargo. En fecha 8 de marzo de 2012, la IGT presentó escrito de promoción de pruebas. En fecha 26 de abril de 2012, el TDJ admitió las pruebas promovidas por la IGT. En fecha 9 de mayo de 2012, el TDJ dictó auto ordenador a los fines que el Código de Ética. -é En fecha 11 de julio de 2012, tuvo lugar la celebración de la audiencia oral y pública donde ambas partes expusieron sus alegatos y presentaron sus medios probatorios. Acto seguido, el TDJ emitió su pronunciamiento sobre las probanzas promovidas por ambas partes y emitió su veredicto declarando improcedente la denuncia realizada por la IGT y absolviendo de responsabilidad disciplinaria al Juez Juan Carlos Goitia Gómez. En fecha 3 de abril de 2013. la IGT solicitó la publicación dei extenso de la decisión, diligencia que ratificó en fecha 6 de junio de 2013. En fecha 24 de septiembre de 2013. el TDJ publicó el extenso de la decisión. Il DE LA DECISIÓN APELADA Mediante sentencia N° TDJ-SD-2013-148 del 24 de septiembre de 2013. el TDJ absolvió de responsabilidad disciplinaria al Juez JUAN CARLOS GOITÍA GÓMEZ, con fundamento en las siguientes consideraciones: Tras analizar la sentencia y el voto salvado de la sentencia proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que dio origen al presente proceso N° 742 de fecha 19 de julio del año 2000, concluyó que el juez denunciado actuó en apego a lo establecido en el articulo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que a su decir "hizo todo lo necesario para que el accionante OSCAR GERARDO CANINO ANDRADE estuviese asistido por un profesional del derecho como en efecto asi ocurrió, no violentándose derechos o garantias constitucionales de ningún tipo". Arguyó que las sentencias N° 278 de fecha 22 de febrero de 2007 y N°1260 de fecha 25 de junio de 2007, ambas dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, no son uniformes en cuanto a la interpretación dada por la referida Sala sobre el articulo 4 de la Ley de Abogados. Manifestó que el juez denunciado interpretó de manera autónoma y en atención al investigado. absolvió de responsabilidad disciplinaria al juez investigado. III DEL ESCRITO DE FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN PRESENTADO POR LA IGT Mediante escrito presentado el 10 de junio de 2014, la profesional del derecho MARÍA SOLEDAD TORRES, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo la matricula N° 34.875, actuando en representación de la IGT. fundamentó el recurso de apelación interpuesto contra la recurrida, en los términos siguientes: Denunció el vicio de incongruencia omisiva previsto el ordinal 5° del articulo 243 del Código de Procedimiento Civil, configurado cuando el a quo soslayó pronunciarse sobre el hecho concreto imputado, con infracción de lo previsto en los articulos 12 y 15 eiusdem. e Para el sustento de su delación explicó: Que si bien la recurrida concluyó que el juez sometido a procedimiento obró en apego al Texto Constitucional, cuando procuró garantizar el derecho a la defensa del accionante en amparo, no resulta menos cierto que el precitado accionar era inoperante al procedimiento ejercido. Que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia fue expresamente clara al no aceptar la remisión del expediente y en tener como no interpuesto el recurso de apelación interpuesto, circunstancia que, en su decir, ocasionó la firmeza de la decisiónrecurrida y la imposibilidad manifiesta de que la misma pudiera ser recurrida por algún mecanismo legal. Que lo anterior incluso fue remarcado por la precitada Sala en su decisión N° 653 de referido fallo [Sentencia 2133/2006) ovidencia alguna que permita interpretar que debia notificarse al accionante parà la asistencia de abogado, mucho menos abrir una articulación probatoria para demostrar la carencia de recursos económicos y en definitiva acudir a la Defensoria del Pueblo para la asistencia técnica del accionante, para luego tramitar el recurso de apelación interpuesto". Denunció el vicio de falso supuesto de derecho previsto en el ordinal 2° del articulo 313 del Código de Procedimiento Civil, configurado tras la errónea interpretación de la recurrida sobre el contenido del articulo 4 de la Ley de Abogados, asi como de las sentencias N° 278 de fecha 22 de febrero de 2007 y N° 1.260 de fecha 25 de junio de 2007, ambas emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Para el fundamento de la denuncia en cuestión manifestó: Que el contenido de las sentencias precitadas guardan identidad con los hechos que originaron al presente procedimiento y que ambas. en su decir, son coincidentes en establecer de forma expresa que cuando un recurso de apelación sea interpuesto sin asistencia de abogado, ello origina que la Corte de Apelaciones correspondiente deba declarar la inadmisibilidad del recurso y ordenar el archivo del expediente. Que no existe la contradicción establecida en la recurrida, por cuanto ambas sentencias establecen en forma clara y precisa la conducta que cuestiona la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, especificamente, "(...) realizar diversas actuaciones tendentes a notificar al accionante de un supuesto deber de designar abogado que lo asistiera, luego que la Sala lo (sic) devolviera el expediente, cuando la decisión dictada habia quedado definitivamente firme". Que en ambas sentencias la referida Sala realizó un exhorto a las Cortes de Apelaciones intervinientes, en el sentido de "(...) ser más diligentes en el examen de los recursos interpuestos, pues errores como los cometidos, ocupan a la Sala en asuntos que no lo ameritan y la distraen de conocer otros que si deben examinar". Que según la recurrida el juez investigado interpretó a su sano criterio el articulo 4 de la Ley de Abogados, pero que con dicho análisis obvió tomar en consideración las fallas detectadas en su accionar, consistente en la errada interpretación que éste dio a la no aceptación de la remisión del expediente que fuera dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y que la referida declaratoria conllevaba a que se reabria el lapso de impugnación en favor del accionante. Finalmente, solicitó la declaratoria con lugar de la apelación interpuesta, la anulación de la sentencia recurrida y que de conformidad con lo previsto en el articulo 209 del Código de Procedimiento Civil, se dicte una decisión con base a los alegatos y Rruebas aportadas en el expediente, se declare la responsabilidad disciplinaria del Juez Titular JUAN CARLOS GOITÍA GÓMEZ y se le imponga la sanción de amonestación. V DE LA COMPETENCIA Previo al análisis del asunto sometido a su conocimiento, debe esta Corte Disciplinaria Judicial establecer su competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto y al respecto, observa lo siguiente: El articulo 42 del Código de Ética, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 del 23 de agosto de 2010, establece la competencia de la Corte Disciplinaria Judicial para conocer de las apelaciones interpuestas contra las decisiones dictadas por el TDJ. ya sean interlocutorias o definitivas, en los siguientes términos: "Articulo 42. Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de Alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra decisiones ya sean interlocutorias o desempeño del Juez venezolano y la Jueza venezolana". Del análisis de los autos que integran el expediente, se puede constatar que en fecha 15 de octubre de 2013 la IGT apeló de la sentencia definitiva N°TDJ-SD-2013-148. dictada el 24 de septiembre de 2013 por el a quo y a través de la cual fue declarada la absolución de responsabilidad disciplinaria del juez JUAN CARLOS GOITÍA GÓMEZ, conforme a los términos contenidos en el precitado fallo. En tal sentido, esta Alzada recurso. Y así se declara. página original (tal como se publicó) [Página 24] VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR audiencia oral y pública, esta Alzada, tomando en consideración que los argumentos procederá a su análisis conjunto en los términos siguientes: La representación de la IGT denunció que la recurrida incurrió en el vicio de Procedimiento Civil, configurado cuando el a quo soslayó pronunciarse sobre el hecho concreto imputado. En tal sentido, la referida representación arguyó que la recurrida nada resolvió sobre lo inoperante que resultó el accionar del juez cuando procuró la asistencia juridica del accionante amparo para que éste pudiera interponer un recurso de apelación, a pesar. consideraciones juridicas explanadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Por otra parte, sostuvo la representante de la IGT que la recurrida incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho, generado cuando interpretó erróneamente el artículo 4 de la Ley de Abogados y estableció una supuesta contradicción entre dos sentencias emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (N° 278 de fecha 22 de febrero de 2007 y N° 1.260 de fecha 25 de junio de 2007). cuando lo cierto es que la contradicción precitada, resultó inexistente. Para el sustento de su delación señaló que ambas sentencias son coincidentes en cuestionar conductas similares a la endilgada al juez sometido a procedimiento y _realizaron un exhorto a todos los Jueces penales para abstenerse de dar trámite a los recursos de apelación presentados por quienes no se encontraren asistido de" abogado. Aunado a ello, la referida representación sostuvo que si Bien la recurrida estableció que el juez sometido a procedimiento interpretó a su sano juicio el articulo 4 de la Ley de Abogados, no resulta menos cierto que con tal conclusión omitió considerar las fallas detectadas en el accionar del mismo. consistentes, a su decir, cuando malinterpretó los efectos de la sentencia proferida por la Sala Conatitucional (2133/2006) y erradamente entendió que la declaratoria contenida en la referida decisión, conllevaba a la reapertura del lapso de impugnación a favor del accionante en amparo. Con la finalidad de resolver el recurso elevado a su conocimiento, esta Corte estima" pertinente explicar que con relación al vicio de incongruencia omisiva, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Vid. Sentencia N° 2.465, dictada el 15 de octubre de 2002. Caso: José Pascual Medina Chacón; ratificada en sentencia N° 588 de fecha 22 de mayo de 2013. Caso: Maria Inmaculada Carabaño) ha explicado que el mismo se configura de la siguiente manera: "(..) La jurisprudencia ha entendido por 'incongruencia omisiva" como el pretensiones, concediendo más o menos o cosas distintas de lo pedido, (que) puede entrañar una vulneración del principio de contradicción, lesivo al derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia" (sentencia del Tribunal Constitucional Español 187/2000 del 10 de julio). (...) Pero no toda omisión debe entenderse como violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva, sino aquella que se refiere a la pretensión de la parte en el juicio y no sobre meros alegatos en defensa de esas mismas pretensiones, puesto que estas últimas no requieren un pronunciamiento tan minucioso como las primeras y no imponen los limites de la controversia, ello en consonancia con lo preceptuado en el numeral 8 del articulo 49 de la vigente Constitución que exige una 'incongruencia omisiva" Finalmente, debe analizarse si la omisión fue desestimada tácitamente o pueda deducirse del conjunto de razonamientos de la decisión, pues ello equivaldria a la no vulneración del derecho reclamado" (Subrayado de ese fallo). Del citado extracto se desprende que para el análisis de la procedencia del referido vicio, será necesario analizar la debida correspondencia entre las pretensiones de las partes y lo contenido en el fallo. Sin embargo, tal y como lo advierte la referida Sala, no toda omisión da lugar a la procedencia del vicio. sino aquella que silencio de forma absoluta el argumento_ delatado cuando de la motivación del fallo apelado se observe la desestimatoria tácita o deductiva del argumento presuntamente omitido. Mientras que el vicio de falso supuesto se materializa, entre otros, cuando el ente decisor "(...) fundamenta su actuación en hechos que no ocurrieron, u ocurrieron de forma distinta a la apreciada... [o] subsume los hechos acaecidos, en una norma inapropiada o inexistente en el universo normativo". (Vid. Sentencia N° 00615 dictada por la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia e invocada por esta Corte Disciplinaria Judicial en sentencia N °2 de fecha 5 de febrero de 2014). Con relación al caso de marras, observa este Tribunal que la IGT alegó en su acto conclusivo (Vid. folio 157 de la pieza judicial N°16). lo siguiente: (...) En tal sentido, la decisión dictada en fecha 9 de agosto de 2006, por la Sala N° 8 de la Corte de Apelaciones del mencionado Circuito Judicial Penal. quedó definitivamente firme, por lo que solo se debió notificar al accionante la no que debía designar un abogado a los fines que lo asistiera. (...) Por otro lado, es preciso resaltar, que aún cuando en la decisión dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 30 de noviembre de 2006, no quedó expresamente señalado que la decisión quedaba definitivamente firme, al manifestar ésta que no aceptaba la remisión de la causa, la misma si quedó claramente resaltado en los dos votos salvados emitidos por el Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz. quien expuso que o procedente en derecho hubiera sido la revocación del acto decisorio del a quo constitucional y la reposición de la causa al estado de que después que fuera admitido el recurso, evidenciándose que efectivamente dicha causa no fue repuesta, quedando empero a ello definitivamente firme. Por todos los razonamientos antes expuesto (sic). esta Inspectoria General de Tribunales estima, que el juez JUAN CARLOS GOITÍA GÓMEZ, presuntamente incurrió en descuido injustificado, al interpretar erróneamente la decisión dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto acordó la. notificación al accionante en amparo, a los fines de que designara un abogado que lo asistiera, estando en conocimiento que la decisión dictada en fecha 9 de agosto de 2006. por la Sala N° 8 de la Corte de Apelaciones, habia quedado definitivamente firme...". (Resaltado de esta Corte Disciplinaria Judicial). Considera esta Corte que el argumento explanado por la IGT, referente a que la decisión dictada por la Sala N° 8 de la Corte de Apelaciones había quedado definitivamente firme producto de la primera no aceptación de la remisión de la apelación proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. constituye un alegato que forma parte del thema decidendum y como tal, debía ser sentencia. Sin embargo, observa esta Alzada que el TDJ concluyó la idoneidad del trámite e asistencia del accionante en amparo, sin que de su pronunciamiento se desprendaalgún análisis sobre el argumento señalado en el párrafo precedente. No obstante lo anterior, esta Alzada considera necesario realizar el análisis de reprochabilidad de la conducta, a fin de establecer si el vicio constatado modifica el dispositivo dictado por el a quo. De las actas procesales cursantes en autos se observa que la IGT le imputó al juez JUAN CARLOS GOITÍA GÓMEZ la comisión de un descuido injustificado, configurado cuando acordó notificar al accionante en amparo «> a los fines que designara un abogado que lo asistiera en la causa objeto de la investigación. Como sustento de su imputación, la IGT sostuvo que el juez malinterpretó los efectos de la decisión N° 2133/2006 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, interpretación que le conllevó a tramitar una incidencia para el. nombramiento de un asistente o representante judicial del referido accionante, cuando lo cierto es que la declaratoria de inadmisibilidad de la acción de amparo contra la cual había recurso alguno: y que si bien tal expresión no se encontraba contenida en el texto de la referida decisión, no resulta menos cierto que el voto salvado de la misma resolvió lo atinente, cuando manifestó el salvante que la decisión que se pretendia recurrir habia quedado firme. Finalmente, el órgano de investigación expresó que la conducta del juez sometido a recurso que no iba a ser admitido a derecho, cuando ha debido advertirle que la decisión de inadmisibilidad habia quedado firme, en razón de la decisión proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, a los fines de resolver la denuncia en cuestión, esta Corte estima pertinente explicar el sentido y alcance del ilicito imputado al juez JUAN CARLOS "...omisión o negligencia del GOITiA GÓMEZ. el cual se configura con aquella operador de justicia en el cumplimiento de una obligación que le es propia en el trámite del proceso, sin que medie justa causa que excuse tal omisión y supone ausencia de actividad intelectiva y volitiva del juzgador. La locución descuido ha sido interpretada jurisprudencial y pacificamente como un abandono total de la obligación establecida en ratificada en sentencia N° 9 de fecha 21 de marzo de 2013). Fijado lo anterior, esta Corte pasa a revisar el conjunto de actos procesales que dieron origen al presente proceso disciplinario: a) En fecha 3 de agosto de 2006. el ciudadano Oscar Gerardo Canino Andrade interpuso acción de amparo constitucional contra una sentencia judicial. b) En fecha 9 de agosto de 2006, la Sala N°8 de Apelaciones de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Ccracas declaró inadmisible "in limine litis" la acción de amparo, de conformidad con lo previsto en el articulo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales. c) En fecha 14 de agosto de 2006, el ciudadano Oscar Gerardo Canino Andrade apeló de la referida decisión sin estar asistido de abogado. -. d) En fecha 19 de septiembre de 2009. la Sala N°8 de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas acordó la remisión del expediente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. e) En fecha 30 de noviembre de 2006. la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no aceptó la remisión del referido expediente, al considerar que el recurso de apelación incoado por el ciudadano Oscar Gerardo Canino Andrade debía tenerse como no interpuesto debido a que interpuso el mismo sin asistencia de abogado. f) En fecha 16 de octubre de 2007. la Sala N°8 de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. acordó notificar al ciudadano Oscar Gerardo Canino Andrade, indicándole el "deber de designar abogado que lo asistiera en la citada causa". g) En fecha 25 de enero de 2007, la referida Sala ordenó abrir una articulación probatoria a los fines de acreditar la imposibilidad manifestada por el ciudadano Oscar Gerardo Canino Andrade de hacerse proveer de abogado-privado por carecer de medios económicos. h) En fecha 9 de marzo de 2007, la precitada Sala acordó oficiar a la Defensoría del Pueblo a los fines de procurar la defensa técnica del ciudadano Oscar Gerardo Canino Andrade. i) En fecha 9 de abril de 2007, la defensora Alejandra Maria Hernández, consignó ante la Sala N°8 de Apelaciones recurso de apelación contra la decisión dictada en fecha 09/08/2006 por la referida Sala. j) En fecha 11 de abril de 2007, la Sala N° 8 de Apelaciones realizó un cómputo y acordó la remisión de la causa a la Sala Constitucional, a los fines que emitiera pronunciara sobre el recurso de apelación interpuesto. página original (tal como se publicó) [Página 25] k) En fecha 24 de abril de 2008. la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no aceptó la remisión del expediente enviado por la Sala N° 8 de Apelaciones y ordenó remitir copia certificada de la precitada decisión a la IGT a los fines de determinar si existia o no responsabilidad disciplinaria en las actuaciones de los ciudadanos jueces Juan Carlos Goitia Gómez y Leonardo Parra Useche. El desarrollo del iter procesal expuesto revela que una vez recibida la causa proveniente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. el juez sometido a procedimiento dictó un auto mediante el cual ordenó la notificación del denunciante para hacerse asistir de abogado. Sin embargo, advierte esta Corte que la conclusión anterior no conlleva a la inmediata imposición de la sanción peticionada, ello por cuanto el juez disciplinario debe atender al conjunto de principios previstos en el articulo 3 del Código de Etica y en tal sentido, endilgada resulta reprochable o injustificada. En el caso de marras, debe realizarse un análisis sobre el alcance del término "no acepta la remisión" empleado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y los criterios referidos a la asistencia juridica en materia de amparo constitucional. para luego de ello, concluir lo pertinente sobre la reprochabilidad -o node la conducta endilgada. Con relación al primer particular observa esta Corte que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha empleado el término "no acepta la reis:cn" para la resolución de varios supuestos de hecho: a) Cuando se pretende el control difuso de constitucionalidad sobre decisiones que no han alcanzado la debida firmeza (Sentencia N° 826 de fecha 18 de junio de 2009): b) Cuando se pretende la revisión de oficio de sentencias de amparo definitivamente firmes (Sentencia N° 158 de fecha 17 de febrero de 2004): c) Cuando se pretende la resolución de peticiones de revisión constitucional que han sido interpuestas ante órganos jurisdiccionales diferentes a la Sala Constitueional del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia N° 73 de fecha 29 de enero de 2007): d) Cuando se eleva a su conocimiento la resolución de recursos de apelación interpuestos intempestivamente (Sentencia N° 196 de fecha 9 de abril de 2010) y: e) Cuando se somete a su consideración la resolución de recursos de apelación interpuestos sin la debida asistencia judicial (Sentencia N° 929 de fecha 8 de julo de 2009): Conforme se desprende, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha empleado la expresión "no acepta la remisión" como declaración sobre la existencia de conocimiento; además de ello. aprecia esta Corte que el referido término ha sido empleado para la resolución de una diversidad de supuestos y que no en todos los de aquellas decisiones que, se pretende, sean revisadas por ésta. Sobre el caso de autos, observa esta Corte que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia N° 2133 de fecha 30 de noviembre de 2006) no aceptó mismo fue interpuesto sin asistencia de abogado, sin que en dicha sentencia conste declaratoria expresa con relación a la firmeza del fallo que se pretendía recurrir. La omisión anterior, a criterio de quienes hoy deciden, podía conllevar a una interpretación diversa sobre el contenido de la sentencia y los efectos de la misma en en amparo, asi como de la futura aceptación del recurso tras la subsanación del vicio relacionado con la falta de asistencia juridica; máxime cuando la referida Sala nada expresó en cuanto a la firmeza alcanzada por el fallo que se pretendía recurrir, a dudas en cuanto a la referida firmeza. En otro sentido, resulta pertinente resaltar que si bien el voto salvado anexo a la misma señaló que la sentencia recurrida había quedado firme, no resulta menos cierto que los del Tribunal Supremo de Justicia y otras normas similares, se circunscriben a explicar el desacuerdo del salvante con relación a lo decidido por el resto del cuerpo colegiado, sin que sea posible que los mismos otorguen, modifiquen o amplien los efectos juridicos de la decisión tomada por el resto del pleno. Con relación al segundo particular, referido a los criterios sobre la asistencia jurídica en materia de amparo constitucional, esta Alzada estima pertinente invocar el contenido de la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 19 de julio del año 2000 (Caso: Rubén Dario Guerra, ratificado entre otras, en ! sentencia N° 1355 de fecha 13 de agosto de 2008). cuando expresó: por via telegráfica y ratificada personalmente por el accionante, sin exigencia. alguna de asistencia o representación de abogado... ; Ahora bien, si el amparo va a interponerse mediante apoderado, éste si deberá ser un abogado en ejercicio, ya que se trata de comparecer por otro en juicio, lo que es función exclusiva de los abogados, de acuerdo al articuio 3 de la Ley de Abogados. El acceso a la acción de amparo debe ser tal, debido a la necesidad de mantener y hacer efectiva la cobertura constitucional. que la interposición de la acción, a juicio recibido y puesto en funcionamiento el trámite procesal, se llame a quien represente o complemente la capacidad del accionante para que la ratifique. Consecuencia de lo expuesto, es que el accionante de amparo no requiere la asistencia o representación de abogados para intentar la acción, motivo por el cual esta Sala disiente de la doctrina del fallo consultado. Advierte esta Sala, que si bien es cierto que para incoar la acción de amparo no se necesita de la asistencia o representación de abogados, no es menos cierto que para los actos del proceso, quien no es abogado debe al menos estar asistido por un profesional del derecho, y ante la constatación de que el accionante que no es abogado, presentó su escrito sin asistencia o representación de abogados, de sor admitido el amparo y precaviendo que el supuesto agravíado no concurrere a la audiencia constitucional o a otros actos del proceso asistido por profesionales del derecho, al admitir el amparo el Tribunal que lo conoce debe ordenar la notificación de la Defensor la del Pueblo, para que en razón de los numerales 1 y 3 del articulQ 281 de la vigente Constitución, si el accionante se negare a nombrar abogado. lo asista en los aspectos técnicos de la defensa de sus intereses. f..Omissis... Cuando el supuesto agraviante comparezca a la audiencia constitucional sin la asistencia o representación de abogado, en aras a la celeridad procesal que informe el proceso de amparo, el Tribunal nombrarà en el mismo auto un abogado asistente, y solo a falta de éste, se le permitirá la defensa personal, sin profesional del derecho que lo asesores". (Resaltado de dicha Sala, negritas de esta Corte). Del citado extracto se desprende la posibilidad del supuesto agraviante para interponer la acción de amparo sin la asistencia de abogado: no obstante, la referida asistencia será ineludible para aquel accionante que, sin ser abogado, pretenda participar en la realización de los actos del proceso ulteriores a la fase de interposición de la acción. En el caso de marras, queda meridianamente claro que el hoy accionante interpuso la acción de amparo sin ser abogado, circunstancia perfectamente posible conforme al criterio jurisprudencial citado precedentemente: no obstante, ello originaba que el referido accionante debía contar con la asistencia juridica pertinente para la realización lo fue, la presentación del recurso de apelación contra la sentencia que declaró la inadmisibilidad de la acción de amparo interpuesta por su persona. Un análisis concordado entre la falta de declaratoria expresa con relación a la firmeza del fallo que se pretendia recurrir y lo previsto en el numeral 1 del articulo 49 de la asistencia juridica constituye un derecho de ineludible cumplimiento ante toda actuación judicial o administrativa, sin que su vigencia pueda condicionarse a la admisión o no de una determinada acción procesal, conlleva a esta Aizada a concluir que cuando el juez sometido a procedimiento procuró la asistencia de abogado para quien pretendia recurrir el decreto de inadmisibilidad de una acción de amparo constitucional, sin contar con los medios para proveerse de la referida asistencia, observó una conducta cónsona para con el ordenamiento juridico venezolano y no sujeta a reproche ético, o disciplinario. Adicional a lo anterior, considera esta Corte Disciplinaria Judicial que la conducta del juez sometido a procedimiento no significó un daño a los derechos del accionante en amparo, ya que con su conducta procuró la defensa de quien no disponía de medios para hacerse de la asistencia de un profesional del derecho. Siendo esto asi, observa esta Corte que la conducta del juez denunciado se enmarcó. en el ámbito de competencias propias de un juez penal, no resultó reprochable y no dio lugar al ilicito atribuido por la IGT. razón por la cual esta Alzada comparte, por las. razones que anteceden, la decisión del a quo que absolvió de responsabilidad disciplinaria al juez denunciado del ilicito referido al descuido injustificado en la tramitación de un proceso. Por otra parte, si bien la IGT sostuvo que la recurrida se encuentra viciada por haber incurrido en error de interpretación del derecho, configurado en su decir cuando el fallo apelado interpretó inadecuadamente las decisiones N° 278 de fecha 22 de febrero de 2007 y N° 1.260 de fecha 25 de junio de 2007. ambas dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, no resulta menos cierto que el tal y como lo ha sostenido esta Corte en anteriores decisiones (sentencia N° 12 del 3 abril de 2014), razón por la cual esta Alzada desestima el vicio delatado al encontrarlo manifiestamente infundado. Y asi se decide. Producto del anterior pronunciamiento, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la IGT y se confirma la sentencia recurrida, por los motivos expuestos en el presente fallo. Y asi se decide. Finalmente, no puede soslayar esta Corte que la audiencia oral y pública celebrada ante el a quo se realizó el 11 de julio de 2012 y el extenso de la decisión fue publicado el 24 de septiembre de 2013, es decir, 1 año y dos meses después de haberse dictado el dispositivo'en la audiencia, circunstancia que revela un incumplimiento con creces del lapso previsto en los articulos 29 y 82 del Código de Ética. Por tal razón, esta Alzada, nuevamente, exhorta al Tribunal Disciplinario Judicial a cumplir cabalmente con los lapsos establecidos para la instrucción del procedimiento de primera instancia, pues su transgresión conlleva a dilaciones indebidas y vulnera los principios constitucionales de celeridad y economia procesal, además de afectar el derecho a la tutela judicial efectiva del justiciable. VII DECISIÓN Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: PRIMERO: Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Inspectoria General de Tribunales contra la decisión N° TDJ-SD- 2013-148. dictada en fecha 24 de septiembre de 2013 por el Tribunal Disciplinario Judicial mediante la cual fue declarada la absolución de responsabilidad disciplinaria ( del ciudadano juez JUAN CARLOS GOITÍA GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N° V-6.427.996. por actuaciones en su desempeño como Juez Titular de la Sala N° 8 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia recurrida, por los motivos expuestos en el presente fallo. Publiquese, registrese y notifiquese de la presente decisión al Tribunal Supremo de \ Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, al Sistema de Registro de Información Disciplinaria Judicial, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y a la Inspectoria General de Tribunales, conforme lo prevé el articulo 89 del Código de Ética. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. página original (tal como se publicó) [Página 26] Se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República: Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el articulo 82 del Código ciudad de Caracas, a los veintiséis (26) dias del mes de junio del año dos mil catorce (2014). Anos 204* de la Independencia y 155° de la Federación. El Presidente-Ponente, TULIO PIMÉNEZ RODRIGUEZ Jueza Vicepfesidenta, ANA CECILIA ZULDETA RODRÍGUEZ La Jueza, MERLY MORALES HERNÁNDEZ La Secretaria, MARIANELA GIL MARTÍNEZ VENSZUELA anterior decisión bajo el N° 24. La Secretaria, MARIANELA GIL MARTINEZ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Jurisdicción Disciplinaria Judicial Corte Disciplinaria Judicial JUEZ PONENTE: DRA. MERLY MORALES. Corresponde a ésta Corte Disciplinaria Judicial, conocer de los recursos de apelación interpuestos por las ciudadanas Judith Maribel Aparicio Arráez, titular de la cédula de identidad N° V- 6.433.871, en su carácter de parte denunciante y Katherine Casellas Jiménez, titular de la cédula de identidad N° V- 10.336.859, en su carácter de delegada de la Inspectoría General de Tribunales, según consta de Resolución número 5, de fecha treinta (30) de julio de dos mil doce (2012). publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.978, de fecha tres (03) de agosto de dos mil doce (2012), en contra de 1a Sentencia N° TDJ-SD-2013-122, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en fecha 30 de julio de 2013. mediante la cual ABSOLVIÓ de responsabilidad disciplinaria al ciudadano César Luis González Prato, titular de la cédula de identidad N° V. 12.659.185, en su carácter de Juez Titular del Tribunal Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por considerar la misma incongruente. Recibidas las actuaciones, se procedió a su distribución a los fines de designar al ponente de la presente causa, recayendo tal designación en quien con tal caracter suscribe el presente fallo. Para decidir esta Corte Observa: 1 DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN En fechas 23 de julio de 2013 y 08 de Agosto de 2013, la ciudadana Judith Maribe. Aparicio Arráez, y la Inspectoria General de Tribunales, respectivamente, interpusieron recursos de apelación en los siguientes términos: Del escrito de apelación de la ciudadana Judith Maribel Aparicio Arrász, parte denunciante. En fecha 23 de julio de 2013. la ciudadana Judith Maribel Aparicio Arráez, en su escrito de apelación señaló que: "(.) Vista la decisión proferida por este Tribunal Disciplinario, cuyo dispositivo fue leído el 25 de Junio de 2013, y (sic) la misma absuelve al ciudadano Juez 19 (sic) de Municipio César González Prato de responsabilidad en la denuncia interpuesta; anunciamos en contra de dicha sentencia formal recurso de apelación por ser la misma incongruente. para todo lo cual nos reservados el lapso legal para formalizar el presente recurso. Es todo". (Destacado de esta alzada). Del escrito de apelación de la Inspectoría General de Tribunales De igual manera, en fecha 08 de agosto de 2013, la ciudadana Katherine Casellas ansa titular de la cédula de identidad N° V. 10.336.859, en su carácter de Inspectora de Tribunales, actuando por delegación del Inspector General de Tribunales, Magistrado Juan José Mendoza Jover, interpuso recurso de apelación en el cual señaló: "(...) Estando dentro de la oportunidad legal. "APELÓ" de la sentencia en extenso publicada en fecha 30-07-2013 por este digno Tribunal Disciplinario Judicial, en el procedimiento seguido contra el ciudadano César Luis González Prato, toda vez que se exonera de responsabilidad disciplinaria al Juez. bajo el argumento que los conformidad con lo dispuesto en los articulos 31, numeral 6 y 33, numeral 23 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana y "..la responsabilidad disciplinaria establecida en las referidas normas, es personalísima, por descuidos en los que haya incurrido el juez o jueza de manera directa, y no por culpa en la vigilancia de éstos sobre los funcionarios judiciales que se encuentran bajo su responsabilidad que se imputada al Juez iba referida no a sus funciones jurisdiccionales, sino administrativa. y éstos deben velar porque las actuaciones judiciales contenidas en las causas que cursan ante su despacho sean llevadas en forma cronológicamente ordenadas. garantizando con ello la seguridad y certeza amén que los jueces si tienen la responsabilidad de la vigilancia de los funcionarios judiciales que se encuentran bajo su cargo. y el deber de imponer los correctivos a éstos por su mala actuación en el ejercicio de sus funciones, lo cual no ocurrió en el presente caso, a pesar que quedó demostrado en la audiencia de juicio, que (sic) estuvo en conocimiento de los hechos irregulares ocurridos en la causa judicial AP31-V-2008-002905 (sic) y aunque finalmente otorgó un remedio procesal en la causa judicial, la actuación negligente del Juez sometido a procedimiento. Es todo.". Il DE LA DECISIÓN RECURRIDA En fecha 18 de junio de 2013. en el curso de la audiencia oral que con ocasión al presente proceso disciplinario, el juez denunciado, luego de escuchar los alegatos de las partes referidos a sus denuncias, procedió a realizar su descargo convalidando los hechos irregulares alegados por h denunciante y por la Inspectoria, manifestando que los mismos fueron motivados al cúmulo de trabajo que se originó por su inasistencia al Tribunal a los fines del 208, como consecuencia de reposos médicos que le fueron otorgados por padecer problemas de salud, los cuales consignó en el desarrollo de la audiencia como medios probatorios. Arguyó de la misma forma el juez sometido a procedimiento disciplinario, que el 10 de febrero de 2009 al percatarse de la pérdida del expediente, ordenó su remisión al archivo: alegó en su defensa que su conducta no fue dolosa y que las irregularidades narradas no le son imputables al juez sino al secretario del Tribunal. que es el encargado de garantizar y cuidar que se mantenga el orden cronológico de las actuaciones en 18s expedientes. En fecha 30 de julio de 2013, mediante Sentencia N° TDJ-SD-2013-122, el Tribunal Disciplinario Judicial, declaró absolver de responsabilidad disciplinaria al ciudadano César Luis González Prato, titular de la cédula de identidad N° V. 12.659.185, en su carácter de Juez Titular del Tribunal Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con fundamento en las siguientes consideraciones: Estableció que "(.) de la revisión de las actas que conforman el expediente de la presente causa judicial y de la confesión voluntaria proveniente del juez denunciado se desprende que en el expediente N° AP31-V-2008-002905 se suscitaron irregularidades en la consignación al expediente de la diligencia del 29 de Enero de 2009 y del escrito del 3 de Febrero de 2009". Que el juez denunciado en la audiencia "(...) convalidó por un aspecto los hechos irregulares que se cometieron durante la tramitación inicial del expediente' siendo dicha aseveración calificada por el a quo como una irregularidad. Seguidamente, el órgano disciplinario de primera instancia explanó los articulos referidos a las competencias y atribuciones de los secretarios jurisdiccionales concluyendo que "(...) corresponden al secretario que integre un órgano jurisdiccional las atribuciones de recibir los escritos y diligencias que presenten las partes, asi como de (sic) dejar constancia de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su presentación para el mantenimiento del orden cronológico de las actuaciones" Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (en adelante Código de Ética) relativas las causales de retrasos o descuidos injustificados, arribando a la conclusión que: "(..) las normas transcritas sancionan los retardos o descuidos injustificados cometidos directamente por el juez o jueza, es decir, consideran responsables disciplinariamente a los jueces o juezas que incurran en y retardo o descuidos injustificados en el ejercicio de las atríbuciones que les son propios". funcionarios judiciales que tienen a sus cargos". Que "(..) el numeral 5 del articulo 31 dei Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, el cual prevé de manera clara, expresa e inequívoca, la responsabilidad disciplinaria de FELA los jueces o juezas. por no advertir las irregularidades cometidas por los servicios de secretaria (sic), en aquellos órganos jurisdiccionales que se encuentren en circuitos judiciales" concluyendo el a quo que la norma disciplinaria estableció que la responsabilidad de los jueces en cumplimiento del principio de legalidad sancionatoria previsto en el numeral o del articulo 49 de la Carta Magna. página original (tal como se publicó) [Página 27] personalísima, por descuidos en los que haya incurrido el juez o jueza de manera directa, go por Que "(... las irregularidades detectadas en el presente proceso. fueron ocasionadas por el ejercicio anormal de las funciones que le correspondia ejercer a la secretaria (sic) del Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Ctrcunscripción Judicial del Area Metropoliuana de Caracas". Concluyendo que "(..) el juez denunciado no tenia el deber de garantizar el orden cronológico de las actuaciones contenidas en el expediente N° AP3 i-v-2008-o02905s. por lo cual las irregularidades detectadas en la consignación al expediente de la diligencia del 29 de enero de 2009. p p cometido el juez denunciado, sino, más bien, a la secretaria (sic) del Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas". Explano finalmente, que el juez denunciado no soio se percató de las irregularidades en las que había incurrido la secretaria, sino que incluso pretendió corregirlas, garantizando el derecho a la defensa, razón por la cual declaró la absolución de responsabilidad disciplinaria del juez denunciado. III DE LA COMPETENCIA Debe esta Corte Disciplinaria Judicial establecer su competencia para conocer el asunto sometido a su consideración y, al respecto, observa: El articulo 29 del Código de Ética, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 del 23 de agosto de 2010, estabiece ia competencia de la Corte Disciplinaria para conocer los recursos sobre las decisiones definitivas dictadas por el Tribunal Disciplinario Judicial, que imponga o absuelva de la sanción de amonestación. afectada podrá apelar en el término de cinco días ante la Corte Disciplinaria Judicial. Dicha apelación se oirá al solo efecto devolutivo. La Corte Disciplinaria Judicial decidirá en el término de cinco dias hábiles contados a partir de la recepción la apelación, sin menoscabo de los recursos jurisdiccionales que pudiera ejercer. y En aplicación de la norma parcialmente transcrita y por tratarse el presente caso de las apelaciones ejercidas por la ciudadana Judith Maribel Aparicio Artáez, titular de la cédula de identidad N° V. 6.433.871, en su condición de denunciante y de la ciudadana Katherine Casellas Jiménez, titular de la cédula de identidad N° V. 10.336.859. en su carácter de Inspectora de Tribunales, ambas en contra de la sentencia de fecha 30 de julio de 2013, mediante la cual se absuelve de responsabilidad disciplinaria al ciudadano César Luis González Prato, en su carácter de Juez Titular del Tribuna! Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, referida a la presunta comisión del ilicito disciplinario tipifio ener numeral 11 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura o en el numeral omiculo .31 del Código de Ética, merecedor de la sanción de amonestación. esta Corte Disciplinaria declara su". competencia para conocer el presente asunto. Asi se declara IV MOTIVACIONES PARA DECIDIR : Declarada como ha sido la competencia para conocer el presente asunto, corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial pronunciarse respecto de las apelaciones ejercidas, previa las siguientes consideraciones: En fecha 13 de febrero de 2009, la ciudadana Judith Maribel Aparicio Arráez, titular de la cédula de identidad N° V. 6.433.871. en su caracter de apoderada del ciudadano Henry Macho Montilla, denunció ante la Inspectoria General de Tribunales (en lo adelante IGT), ai ciudadano César Luis González Prato, titular de la cédula de identidad N° V- 12.659.185, en su carácter de Juez Titular del Tribunal Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, por presuntas irregularidades en la tramitación de la causa AP31-V-2008-002905. En fecha 04 de agosto de 2009. la 1GT acuerda abrir investigación al Juez César Luis González Prato, practicando las inspecciones en la sede del Juzgado a cargo del Juez denunciado en fechas 17 y 18 de noviembre de 2009, a objeto de constatar las irregularidades denunciadas. Mediante acto conclusivo de fecha 10 de marzo de 2011, la IGT acordó remitir el expediente signado con el N° 090191, a la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, para su tramitación. Por auto de fecha 20 de octubre de 2011, el Tribunal Disciplinario Judicial admitió la denuncia interpuesta por la ciudadana Judith Maribel Aparicio Arráez y la IGT, ordenando la notificación de las partes en la misma fecha. En fecha 18 de junio de 2013, se dio inicio a la audiencia oral y pública prevista en el articulo 29 del Código de Ética, difiriéndose el pronunciamiento judicial para el día 25 de junio de 2013. Reconstituida la audiencia el dia 25 de junio de 2013, el Tribunal Disciplinario Judicial dictó el dispositivo del fallo en la presente causa. quo declaró la absolución de responsabilidad disciplinaria judicial del prenombrado Juez. En fecha 23 de julio de 2013 y 08 de Agosto de 2013. la ciudadana Judith Maribe Apañer Arráez y la IGT, respectivamente; ejercieron recursos de apelación contra la decisión del 3ue julio el cual se ordenó la remisión del expediente a esta alzada. Ahora bien, analizados los fundamentos de los recursos de apelación presentados, tanto por la denunciante, ciudadana Judith Maribel Aparicio Arráez, asi como la representación de la IGT. ciudadana Katherine Case las Jiménez, antes plenamente identificadas, pudo esta alzada constatar que los mismos son afines, siendo que la denunciante señalo, de manera genérica, como incongruente la sentencia proferida por el órgano disciplinario de primera instancia y de la misma forma, la representante de la IGT expuso que no fue satisfecha su petición de sanción disciplinaria, en virtud de estar la misma referida a ia responsabilidad derivada de las funciones administrativas más no jurisdiccionales del juez Cesar Luis González Prato, entendiendo esta alzada, tales argumentos como una delación del vicio de incongruencia. razón por la cual, resolverá ambos recursos de manera t s sen n nn En el caso de marras, se desprende que la parte denunciante, ciudadana Judith Maribel circunstancias investigadas por la IGT, quien en su acto conclusivo señaló de manera expresa lo GONZALEZ PRATO, incurrió en negligencia en el ejercicio de ejercicio (sic) de su función judicial, cuando tramitó la causa judicial N° AP31-V-2008-002905. contentiva del juicio que por resolución de contrato de arrendamiento fuera incoada por el ciudadano Henry José Macho Montilla en contra de Bilel Mallouk Baptista. falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura" Por su parte, el Tribunal Disciplinario Judicial en su sentencia de fecha 30 de julio de 2013, absolvió de responsabilidad Disciplinaria al juez César Luis González Prato, antes identificado, por la\ presunta comisión del ilicito disciplinario previsto en el numeral 11 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, actualmente previsto en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética, es decir, por descuido injustificado en la consignación tardía al expediente N° AP31- V-2008-002905, de la diligencia del 29 de enero de 2009 y del escrito de fecha 03 de febrero de 2009, expresando que las irregularidades suscitadas en la tramitación del expediente jurisdiccional no son responsabilidad directa del juez denunciado, sino del secretario del órgano jurisdiccional, ya que es función expresa del mismo, tal y como lo señalan los articulos 106, 107 y 108 del Código de Procedimiento Civil. – Planteados así los términos de la controversia, esta alzada ha podido determinar que recurrentes en su reclamación aluden el vicio de incongruencia no pocas veces abordadopor la libro titulado "La Casación Civil" expresa que: "...) La congruencia o asonancia es uno de los requisitos que debe cumplir la sentencia y que consiste en la identidad o correspondencia formal que debe existir entre la decisión y las contrarias pretensiones de las partes. por lo que cuando exista diferencia entre lo decidido y lo controvertido, se produce el vicio de incongruencia que decreta la nulidad del fallo en la medida que sea trascendente o determinante en las resultas del proceso. El juez debe resolver sóio lo pedido y todo lo pedido" "(...) El vicio de incongruencia de la sentencia, también llamado disonancia, inconsonancia o falta de asonancia, puede adoptar dos modalidades a saber: a) Incongruencia o disonancia positiva: Es aquella que se produce cuando el debatidos en el proceso, como puede ser en los casos de prescripción, pago, compensación, falta de cualidad e interés no traídos a los autos por argumentos de las partes. b) Incongruencia o disonancia negativa: Es aquella que se produce cuando el operador de justicia en la parte motiva del fallo, deja de pronunciarse sobre hechos debatidos en el proceso, como puede ser en los casos de prescripción. pago, compensación, falta de cualidad e interés traídos a los autos por argumentos de las partes". Negrillas de esta alzada. "(..) Debe precisarse que para cumplir con el requisito de exhaustividad de la Sentencia, el operador de justicia debe dictar una sentencia congruente, es decir, que contenga pronunciamiento sobre los elementos de hechos planteados en la contienda judicial, no asi en cuanto a los elementos de derecho, pues en función del brocardo Jura Novit Curia, el juzgador puede apartarse de los fundamentos de derecho hechos por las partes, sin que ello constituya vicio de incongruencia o de De esta manera, la doctrina procesal ha dejado asentado que, la norma del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, contentiva del principio de la congruencia, lleva implícito el principio de exhaustividad, referido al deber que tienen los jueces de resolver todas y cada una de las alegaciones que constan en las actas del expediente, siempre y cuando estén ligadas al problema judicial discutido o a la materia propia de la controversia, de alí que la sentencia no sólo deberá contener decisión expresa, positiva y precisa, sino que éstos elementos deben estar vinculados directamente a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, esto se debe, a que la inferencias, interpretaciones o raciocinios para saber qué fue lo decidido. Conteste con lo anteriormente afirmado, se puede concluir que la representación de la IGT afirmaciones en el escrito de apelación, cuestiona que el organo disciplinario de primera instancia no evaluó la responsabilidad administrativa sino la jurisdiccional del juez denunciado; por su parte en su escrito de apelación la parte denunciante simplemente se limitó a señalar de manera genérica, de 1 incongruente la recurrida. página original (tal como se publicó) [Página 28] Ahora bien, con relación al vicio de incongruencia negativa denunciado, es preciso d colación el criterio pacífico y reiterado sostenido por la Sala de Casación Civil del Tribunafupremo de Justicia, en fecha 24 de abril de 2008. exp. Nro. AA20-C-2007-00727, en la cual seconcretamente lo siguiente: "(...) En ese sentido, queda claro. que esos límites a los cuales está atado el juez, se refieren a los hechos aiegados por las partes oportunamente, más no asi respecto a las cuestiones de derecho, toda vez que el juez puede y debe, de oportunamente. En efecto, ha sido criterio de esta Sala que la calificación jurídica realizada por el juez respecto de las afirmaciones de los hechos en que fue sustentada la pretensión. es un asunto de derecho que no es susceptible de ser atacado por el vicio de incongruencia, toda vez, que en virtud de la aplicación del principio iura novit curia, el juez debe aplicar el derecho a los hechos alegados y probados por las partes." Destacado de esta alzada. Con fundamento a la jurisprudencia antes transcrita, observa esta Corte que de la misma se desprende la efectiva posibilidad que tienen los administradores de justicia, de emplear las normas jurídicas que consideren pertinentes a las circunstancias fácticas sometidas a su consideración por las partes, sin que dicha elección pueda ser atacada alegando el vicio de incongruencia. En efecto, los hechos sometidos al conocimiento del órgano jurisdiccional, requieren por parte del juzgador un proceso de valoración, adecuación y subsunción en las normas que le son aplicables. En el presente caso, considera esta alzada, que de acuerdo a la aplicación del principio iura novit curia, el Tribunal Disciplinario Judicial aplicó ei derecho a los hechos alegados por la parte denunciante, quien no esgrimió de forma alguna calificación juridica a sus argumentos fácticos, el a quo a los fines del desarrollo del proceso y consecuente decisión, consideró la solicitud de sanción realizada por la IGT en su acto conclusivo. de la cual se desprende que su pedimento fue "(..) se abra el correspondiente procedimiento disciplinario al ciudadano CÉSAR LUIS GONZALEZ PRATO, en su actuación como Juez del Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. por haber incurrido en negligencia en el ejercicio de sus funciones en la tramitación de la causa judicial N° AP31-v-208-02905 (sic). falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura. instrumento legal que se encontraba vigente para el momento en que acaecieron los hechos. En consecuencia, solicito se aplique la sanción de AMONESTACIÓN"; por su parte el Tribunal Disciplinario Judicial en su sentencia de fecha 30 de julio de 2013 declaró en el dispositivo de su fallo de manera expresa "(.) ÚNICO. Se ABSUELVE de RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA al ciudadano César Luis Gonzále: Prato. por la presunta comisión del ilicito disciplinario previsto en el numeral 11 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, actualmente previsto en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano, y la Jueza Venezalana". razón por la cual a criterio de quienes suscriben, el fallo apelado es congruente respecto a los , argumentos de hecho y de derecho esbozados por las partes y lo decidido por el órgano juisdiecional de primera instancia disciplinaria judicial. debiendo declararse improcedente e incongruencia negativa argüido. Y asi se estabiece. Sin embargo, analizadas las razones que originaron el presente procedimiento disciplinario y irregularidades presentadas en la tramitación de la causa AP31-V-2008-002905, tuvieron su origen en el cúmulo de trabajo que se originó en razón de los reposos médicos que le fueron otorgados por el Servicio Médico de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura al juez denunciado, por los quebrantos de salud que presentó a finales del año 200s, siendo dichas irregularidades subsanadas, sin que las de la República por las irregularidades cometidas por los funcionarios judiciales que tienen a su cargo. En este sentido, debe este órgano superior hacer énfasis en la delimitación de las responsabilidades de los distintos funcionarios que participan en los procesos jurisdiccionales como parte de la Administración de Justicia; as: las cosas, si bien es cierto, las funciones de los secretarios jurisdiccionales se encuentran claramente delimitadas por la norma procesal civil, en sus artículos 106, 107 y 108, no es menos cierto que, el juez como director del proceso detenta la responsabilidad de impulsarlo de oficio hasta su conclusión, siendo igualmente responsable cuando no advierta las irregularidades en las que incurran los funcionarios adscritos a su despacho judicial, o no solicite o aplique las medidas disciplinarias a que hubiere lugar cuando tales irregularidades sean de tan alta entidad que entrañen un perjuicio para las partes en el proceso o delaten en su comisión la existencia de dolo por parte de su autor, toda vez que no toda alteración en el normal desenvolvimiento en la tramitación de la causa implica la apertura de procedimientos disciplinarios, de tal suerte que todo innecesarios que recarguen al órgano jurisdiccional de trabajo: por ello, debe hacerse una interpretación amplia y no literal respecto al contenido del numeral 5 del articulo 31 del Código de Ética, en atención a la realidad judicial de nuestros tribunales que, impone la necesaria aplicación de la mencionada norma a todos los órganos jurisdiccionales, sin distinción de su condición de circuitos judiciales u órganos jurisdiccionales unipersonales: en el presente caso, estiman quienes aqui deciden que resulta desacertado lo explanado en el fallo apelado cuando se señaló que: por hechos ajenos, es decir, por las irregularidades cometidas por los funcionarios Pues tal y como se indicó precedentemente, los funcionarios que coadyuvan gel desarrollo de la función jurisdiccional, deben ser objeto de constante supervisión y vigencia por parte de quien regenta el órgano jurisdiccional, con prescindencia de que se trate de una ofeinque agrupe a determinados funcionarios (pool de secretarios) o de funcionarios que presten servicios directamente en cada despacho, debiendo siempre el juez ponderar la entidad de la falta a los fines de determinar las acciones administrativas ulteriores. En tal sentido, una correcta interpretación del numeral 5 del articulo 31 del Código de Ética que establece que será causal de amonestación "(..) 5. En los casos de los Circuitos Judiciales que cuenten con los servicios de Secretaria, no advertir las irregularidades o no solicitar la aplicación de las medidas disciplinarias a que hubiere lugar ", debe ser realizada en forma amplia y no restrictiva, 'siendo dirigida a sancionar en los casos de órganos jurisdiccionales que cuenten con servicio de secretaría, la omisión de advertir las irregularidades en las que incurran sus funcionarios o la omisión de solicitar la aplicación de las medidas disciplinarias a que hubiere lugar. Y asi se establece. En aplicación del criterio antes esbozado, a la luz de lo examinado en las actas procesales, ha constatado esta Corte Disciplinaria Judiciai que hubo una actuación presuntamente cuestionable por parte del secretario del tribunal, no observando estos juzgadores elementos que permitan determinar o graduar su gravedad, a los fines de establecer si dicha acción u omisión era merecedora de la juzgador a través de actos jurisdiccionales. vale decir, reposición de la causa, corección de foliatura, subsanó cualquier perjuicio procesal que eventualmente pudiera habérsele causado a la parte con las actuaciones denunciadas, garantizando en el proceso, su derecho a la defensa, otorgándole la oportunidad de recurr de la decisión mn comento, razón por la cual, resulta ajustada a derecho la recurrida cuando absuelve de responsabilidad disciplinaria al juez sometido a procedimiento disciplinario por los hechos imputados. Y asi se decide. No obstante a ello, debe esta alzada hacer un llamado de atención al juez CÉSAR LUIS GONZÁLEZ PRATO, quien en lo adelante, ante irregularidades cometidas por los funcionarios a su cargo, deberá dejar constancia del tipo de faita que se trate, la entidad de la misma y la medida por el adoptada, (llamado de atención verbal o escrito, apercibimiento, apertura o solicitud de apertura del procedimiento disciplinario ete ) en aras de sancionar cualquier conducta que por su incidencia en el curso del proceso pudiese afectar su normal desarrollo o la transparencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, so pena de incurrir en responsabilidad disciplinaria por no advertir las irregularidades de los funcionarios adscritos a su despacho o no aplicar o solicitar la aplicación de las medidas la República, la necesidad procesal de dejar sentado mediante auto expreso, los motivos de las correcciones que en las causas judiciales se realicen (corrección de orden cronológico, corrección de foliatura, inserción de diligencias, etc ). eilo con el fin de garantizar la transparencia de los procesos Coroiario de lo anterior. deben declararse sin lugar los recursos de apelación presen a DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR los recursos de apelación presentados por las ciudadanas Judith Maribel Aparicio Arráez, titular de la cédula de identidad N° V- 6.433.871, en su carácter de parte denunciante y Katherine Casellas Jiménez, titular de la cédula de identidad N° V. 10.336.859, en su carácter de delegada de la Inspectoria General de Tribunales, en contra de la Sentencia N° TDJ-SD-2013-122, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, el 30 de julio de 2013. SEGUNDO: SE CONFIRMA por las motivaciones de la presente decisión, el fallo apelado en la causa AP61-D-2011-00085, mediante el cual se ABSOLVIÓ de responsabilidad disciplinaria judicial al ciudadano César Luis González Prato, titular de la cédula de identidad N° V. 12.659.185. en su carácter de Juez Titular del Tribunal Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Se ordena remitir el presente asunto al Tribunal Disciplinario Judicial. Librese oficio. Publiquese, registrese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la secretaria de ila Corte Disciplinaria Judicial. Caracas, a los nueve (9) días del mes de octubre de dos mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación. JUEZ PRESIDENTE, TULIO MADO JIMÉN GUEZ. JUEZ VICKPREKIDENTE, ANA CECILIA ZULUETA BODRIGUEZ. JUEZA PONENTE. MERLY MORALES. CECRETARIA, MARIANELA GIL MARTINEZ. A publicó la anterior decisión bajo el N° 33. auupad aSecretaria página original (tal como se publicó) [Página 29] PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DESPACHO DEL PROCURADOR RESOLUCIÓN N°31/2014. Caracas,4 de de 2014. Años 204º de la Independencia, 155º de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana El Procurador General de la República (E), en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 44, numeral 1 del Decreto No. 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de fecha treinta (30) de julio de dos mil ocho (2008), publicado en Gaceta Oficial Extraordinario No. 5.892 de fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil ocho (2008). RESUELVE Artículo 1: Se designaal ciudadano JOSE LEONARDo SANZONE MIRABAL, titular de la Cédula de Identidad N° V-11.739.893, GERENTE GENERAL DE ASESORIA JURIDICA de la Procuraduría General de la República, cargo de Alto Nivel y por ende de libre nombramiento y remoción, a partir de la fecha de su notificación. En consecuencia queda autorizado para ejercer las atribuciones inherentes a dicho cargo. Artículo 2: Se revoca a partir de la presente fecha la Resolución N° 039/2013 de fecha 05 de agosto de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.222 de fecha 06 de agosto de 2013. Comuníquese y Publíquese. MANUEL ENRIQUE GALINDO BALLESTEROS PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA (E) página original (tal como se publicó) [Página 30] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DESPACHO DEL PROCURADOR RESOLUCIÓN N° 032 12014. Caracas,04 de Ju1,o de2014. Años 204º de la Independencia, 155º de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana Todo ello, de conformidad con el artículo 44, numeral 1 del Decreto No. 6.286, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de fecha treinta (30) de julio de dos mil ocho (2008), publicado en Gaceta Oficial Extraordinario No. 5.892 de fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil ocho (2008). RESUELVE Artículo 1: Se delega en el ciudadano JOSE LEONARDO SANZONE MIRABAL, titular de la Cédula de Identidad N° V-11.739.893, GERENTE GENERAL D ASESORIA JURIDICA de la Procuraduría General de la República, cargo de Alto Nivel y por ende de libre nombramiento y remoción, a partir de la fecha de su notificación, las atribuciones y firmas de los documentos y actos que se indican a continuación: Oficios dirigidos a los Ministerios contentivos de pronunciamientos 1. relacionados con las acreencias sometidas a la consideración de la Procuraduría, cuando el monto reclamado no exceda de un mil unidades tributarias (1.C00 U.T) Oficios dirigidos a los Ministerios, Institutos Autónomos, Fundaciones, 2. Asociaciones y Sociedades Civiles del Estado, Empresas del Estado y demás establecimientos públicos nacionales y a las máximas autoridades ejecutivas de los Estados y Municipios, según sea el caso, que guarden relación con las solicitudes de la documentación necesaria para la tramitación de los asuntos que le competen a la Gerencia General de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Reglamento Interno de la mi$ma, según Resolución N° 051, de fecha 03 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 37.468, de fecha 19 de junio de 2002, así como los asuntos relacicnados con la devolución de expedientes administrativos que no hayan sido debidamente sustanciados. 1 La correspondencia dirigida a los particulares, relacionada con los asuntos que le competen a la Gerencia General de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General de la República. Artículo 2: Se revoca a partir de la presente fecha la Resolución N° 040/2013 de fecha 05 de agosto de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 40.222 de fecha 06 de agosto de 2013. Comuniquese y Publiquese, MANÚEL ENRIQUE OALINDO BALLESTEROS PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA (E) página original (tal como se publicó) [Página 31] GACETA OFICIAL 11:55 AM DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO CXLI — MES IV Carscen, jueves 23 de aero de 2014 SUMARIO. N°6.123 Estrer Rapúbce Dolveriana de Venecuela Proidenca por ia cual se insiuye a ia Comisin e Amsraon de Divas (CADVT). parte Que procede s la reforma de las Provdencas Adnirisratires qe en ala se nercenet. de Beononis, Finanas y Banca Pabica BCV Providencis medante la cual se estabincan los regusibe y Vramite para la Audotuación de Adouision de Duis dofnaon e licecupa: saeyun) e tesoua, ao tovocesado e extranierc. Provdencia medianie le cual se establecen lons regus-me y al um cuge auatut d0 sesadue se o cepeugião Providencia mediante la cual se establecen los retusios. ded sp prpy REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUTIA CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR AEPÚBLICA BOLANARUNA DE VENZUELA C 22004 Preridaneu xr e1 2014 POMDENOIA POR LA CUIAL DE METIUHE A LA COMION DE Servicio Autónomo Imprenta Nacional Gaceta Oficial y G-20001768-6 Visita nuestra página web y descarga la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela totalmente gratuita www.imprentanacional.gob.ve página original (tal como se publicó) [Página 32] DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 Número 40.447 AÑO CXLI MES IX Caracas, viernes 4 de julio de 2014 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial Nº 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 32 Págs. costo equivalente a 13,25 % valor Unidad Tributaria DE VENEZUELA. Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán Ios actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional. Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos. 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