[Página 1] AÑO CXLI- MES VIII Número 40.430 Caracas, martes 10 de junio de 2014 SUMARIO PRESIDENCIA DE LAREPÚBLICA Decreto N° 1.023, mediante el cual se nombra a la ciudadana Antonella Balbi, como Presidenta de la Comisión Antidumping y Sobre Subsidios (CASS), y a los ciudadanos y ciudadanas que en él se mencionan, como Vocales Principales y Suplentes, de este Organismo, adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio. Decreto Nº 1.024, mediante el cual se nombra al ciudadano Luciano Antonio Ortega Núñez, como Viceministro de Gestión Comercial del Ministerio del Poder Popular para el Comercio. Decreto N° 1.025, mediante el cual se nombra al ciudadano Johnny Jesús Saavedra Rodríguez, como Viceministro de Comercio Exterior del Ministerio del Poder Popular para el Comercio. Decreto N° 1.027, mediante el cual se nombra a la ciudadana Isis Tatiana Ochoa Cañizalez, como Jefa de la Gran Misión Saber y Trabajo. VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORPOLARA Providencia mediante la cual se delega en la ciudadana Carmen Yelitza Espósito Sánchez, en su condición de Gerente del Proyecto Estratégico de Construcción de Viviendas y Urbanismos en el estado Lara, la atribución de suscribir Convenios y Acuerdos. Providencia mediante la cual se delega en el ciudadano Nelson Rafael Torcate Méndez, en su condición de Coordinador General de la Unidad de Vivienda y Hábitat Barrio Nuevo Barrio Tricolor, de esta Corporación, la atribución de suscribir Convenios y Acuerdos. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS INSOPESCA Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Sócrates Ruben Tiniacos Mac Gregor, como Subgerente de la Subgerencia Anzoátegui, de este Instituto. Providencia mediante la cual se delega en el ciudadano Fidel Adnovio Volcanes Suárez, en su carácter de Coordinador de la Inspectoría Trujillo, adscrita a la Subgerencia Mérida de este Instituto, la firma de los actos y documentos que en ella se especifican. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALAEDUCACIÓN UNIVERSITARIA Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jesús Alfredo Zambrano Govea, como Representante de este Ministerio ante el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago «Jesús María Semprúm». MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Yuruan Ivanov Guédez Aponte, Director General (E) de la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales de este Ministerio. ,20 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARATRANSPORTE TERRESTRE IFE Providencias mediante las cuales se designa a los ciudadanos que en ellas se mencionan, en los cargos que en ellas se especifican, adscritos a la Presidencia de este Instituto. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO Resolución mediante la cual se establece y regula las tarifas a las cuales estarán sujetos los servicios portuarios, proporcionados a personas naturales o jurídicas, en el puerto público de uso público Puerto de La Ceiba, en el estado Trujillo. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN IDEA Providencia mediante la cual se delega en el ciudadano Gregorio Leopoldo Sánchez Salamé, en su condición de Presidente (E), de esta Fundación, las atribuciones, facultades y firma de los actos y documentos que en ella se señalan. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALOS PUEBLOS INDÍGENAS Resoluciones mediante las cuales se designa a la ciudadana y al ciudadano que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Corte Disciplinaria Judicial Decisión mediante la cual se declara inadmisible, por falta de legitimación, la solicitud de aclaratoria de la Sentencia N° 10 publicada el 26 de marzo de 2014, dictada por la Corte Disciplinaria Judicial formulada por la ciudadana Abogada Daniela Margarita Méndez Zambrano. Tribunal Disciplinario Judicial Sentencia mediante la cual se declara parcialmente con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la ciudadana Katherine Casellas Jimenes, Inspectora de Tribunales, actuando por delegación del Inspector General de Tribunales. Sentencia mediante la cual se declara competente para conocer la denuncia interpuesta por la ciudadana Migdalia del Carmen Jaspe, contra los funcionarios que en ella se señalan, quienes se desempeñan como jueces en los juzgados que en ella se especifican, en la Circunscripción Judicial que en ella se menciona. Sentencia mediante la cual se declara admisible la denuncia interpuesta por la ciudadana Ana Virginia Rojas Centeno, contra la ciudadana Ynés Guadalupe Maiz Salazar, en su condición de Jueza del Tribunal del Municipio Ribero del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre. Sentencia mediante la cual se absuelve a la ciudadana Helen del Carmen Nava de Urdaneta, por sus actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia. Sentencia mediante la cual se absuelve de Responsabilidad Disciplinaria a la Jueza Yajaira Margarita Mora Bravo. AVISOS página original (tal como se publicó) [Página 2] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 10 de junio de 2014 Decreto N° 1.023 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 46 del Decreto Nro. 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, concatenado con el artículo 28 de la Ley Sobre Prácticas Desleales del Comercio Internacional. DECRETO Artículo 1°. Nombro a la ciudadana ANTONELLA BALBI, titular de la cédula de identidad Nro. V-12.476.106, Presidenta de la Comisión Antidumping y Sobre Subsidios (CAss), Órgano desconcentrado adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 2º. Nombro a los ciudadanos y las ciudadanas LUZ EMILIA TOLEDO, LINA CASTILLA, ALEJANDRO NAVARRO y JOHHNY SAAVEDRA, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-9.453.085, V-23.198.276, V-17.848.592 y V-15.310.533, respectivamente, VOCALES como PRINCIPALES de la Comisión Antidumping y Sobre Subsidios (CASS); y a la ciudadana y los ciudadanos WLADIMIR RAMOS, RICHARD BARROETA, MARIANELA SEIJAS y LUCIANO ORTEGA, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-8.379.682, V-12.720.436, V-16.714.472 y V-6.881.674, respectivamente, como vOCALES sUPLENTES, con las competencias inherentes a los cargos, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 3º. Delego en el Ministro del Poder Popular para el Comercio, la juramentación de los referidos ciudadanos y ciudadanas. Artículo 4º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Dado en Caracas, a los diez días del mes de junio de dos mil catorce. Años 204º de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.) NICOLÁS MADURO MOROS ; Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Comercio (L.S.) DANTE RAFAEL RIVAS QUIADA 10 de junio de 2014 Decreto N° 1.024 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 46 y 65 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y en los artículos 4º, 18, 19 y el numeral 5 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. DECRETO Artículo 1°. Nombro al Ciudadano LUCIANO ANTONIO ORTEGA NÚÑEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-6.881.674, Viceministro de Gestión Comercial del Ministerio del Poder Popular para el Comercio, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 2º. Delego en el Ministro del Poder Popular para el Comercio, la juramentación del referido ciudadano. página original (tal como se publicó) [Página 3] Artículo 3º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Dado en Caracas, a los diez días del mes de junio de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.) NICOLÁS MADURO MOROS Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Comercio (L.S.) DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA 10 de junio de 2014 Decreto N° 1.025 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 46 y 65 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, concatenado con los artículos 4°, 18, 19 y el numeral 5 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, DECRETO Artículo 1°. Nombro al ciudadano JOHNNY JESÚs SAAVEDRA RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-15.310.533, Viceministro de Comercio Exterior del Ministerio del Poder Popular para el Comercio, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 2°. Delego en el Ministro del Poder Popular para el Comercio, la juramentación del referido ciudadano. Artículo 3°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Dado en Caracas a los diez días del mes de junio de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución. Ejecútese, (L.S.) NICOLÁS MADURO MOROS : Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Comercio (L.S.) DANTE RAFAEL RIVAS QUDADA página original (tal como se publicó) [Página 4] 10 de junio de 2014 Decreto Nº 1.027 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en los artículos 4°, 18, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. DECRETO Artículo 1°. Nombro a la Ciudadana ISIS TATIANA OCHOA CAÑIzALEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 13.842.775, COMO JEFA DE LA GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJO, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 2º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los diez días del mes de junio de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.) NICOLÁS MADURO MOROS ! Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA, CORPOLARA. DIRECTORIO PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 020/2014 Barquisimeto, 27 de Mayo de 2014 Años 204°, 155° y 15° El Presidente de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara, CORPOLARA, ciudadano LUÍS RAMÓN REYES REYES, designado mediante Resolución N° 047 de fecha 09 de septiembre de 2013, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.247 de fecha 10 de septiembre de 2013. En ejercicio de la atribución conferida en el artículo 2, los numerales 2 y 10 del artículo 11 y el artículo 11 del Decreto N° 8.800 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Creación de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara, CoRPOLARA, de fecha 14 de febrero de 2012, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.874, de fecha 1º de marzo de 2012, en concordancia con lo establecido en los artículos 34 y 35 de la Ley Orgánica de Administración Pública, y el Punto de Cuenta emanado del Directorio de fecha 26 de Mayo de 2014, identificado con el N° P-004- 2014. CONSIDERANDO podrán delegar las atribuciones y firma de documentos que le sean delegadas por ley a los funcionarios bajo su dependencia de conformidad con las formalidades que determine el ordenamiento jurídico vigente, a los fines de agilizar los trámites administrativos. CONSIDERANDO Que se hace necesario garantizar la agilidad en la continuidad administrativa, actividad corporativa, planificación, coordinación, ejecución, el seguimiento de las funciones y actividades que se han venido desarrollando en CORPoLARA, sin dilaciones indebidas, con fundamento en lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y en los Principios de Celeridad, Economía, Eficiencia y Eficacia que, como Órgano Descentralizado de la Administración Pública nos rige. CONSIDERANDO Que de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Creación de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara, coRPOLARA, el Directorio debe, entre otras responsabilidades, garantizar el normal desenvolvimiento de las actividades administrativas y funcionales de coRPoLARA. De ahí la necesidad, que el Directorio como máxima autoridad, pueda -Autorizar delegar en los niveles de dirección institucional, las atribuciones contenidas en los artículos 10 y 11 del referido Decreto Ley. CONSIDERANDO Que con la potestad de la suscripción de convenios mediante la firma, agilizaría los tramites en cuanto a la reducción de los tiempos a los que se encuentra inmerso cada proceso y permitiría dar una respuesta oportuna enmarcada dentro de los principios de organización y funcionamiento a los que refiere el artículo 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Creación de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara, CORPOLARA. RESUELVE Artículo 1. Sobre la base de Autorización que hiciere el Directorio de Corpolara según el Punto de Cuenta signado con el N° P-005-2014, de fecha 29 de Mayo de página original (tal como se publicó) [Página 5] 2014, se acuerda Delegar en la ciudadana CARMEN YELITZA ESPOSITO SANCHEz, titular de la Cédula de Identidad N° V-7.542.912, en su condición de GERENTE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y URBANISMOS EN ELESTADO LARA, designada, mediante Providencia Administrativa N° 006-2014, de fecha 26 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Ordinaria N° 40.370 de fecha 12 de marzo de 2014, la Atribución de suscribir Convenios y Acuerdos cuya suscripción corresponda a Corpolara solo por lo que respecta a la ejecución del Proyecto Estratégico de Construcción de Viviendas y Urbanismos en el estado Lara, en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela por parte de Corpolara, proyecto éste que fue creado por la máxima autoridad jerárquica de Corpolara, mediante Punto de Cuenta Punto de Cuenta N° P-001-2014, en fecha 29 de enero de 2014. Artículo 2. Los actos administrativos y demás documentos que la prenombrada funcionaria adopte por delegación de conformidad con esta Providencia Administrativa, deberá indicar expresamente esta circunstancia, así mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos deberá indicar bajo la firma, la fecha, número de la — Providencia y los datos de su Publicación en Gaceta Oficial. Artículo 3. La funcionaria a quien se le delega las funciones a que se contrae el Artículo 1, deberán rendir cuenta al Despacho de la Presidencia de CoRPoLARA, de todos los actos y documentos que hubiere firmado en razón de su gestión. Artículo 4. De conformidad con lo previsto en el Artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se encomienda en la Consultoría Jurídica, la gestión de practicar la Notificación de la presente Providencia Administrativa. De igual manera, se autoriza a remitir el presente Acto Administrativo a la Consultoría Jurídica de la Vicepresidencia de la República a los fines de dar cumplimiento con la publicidad del acto, consustanciado con lo establecido en la Circular N° 001/2014 de fecha 25 de abril de 2014, emanada del Órgano Rector. Artículo 5. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíg PRESIDENTE DE CORPOLARA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA, CORPOLARA. DIRECTORIO PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 021/2014 Barquisimeto, 27 de Mayo de 2014 Años 204°, 155° y 15° El Presidente de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara, CORPOLARA, ciudadano LUÍs RAMÓN REYES REYES, designado mediante Resolución N° 047 de fecha 09 de septiembre de 2013, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.247 de fecha 10 de septiembre de 2013. En ejercicio de la atribución conferida en el artículo 2, los numerales 2 y 10 del artículo 11 y el artículo 11 del Decreto N° 8.800 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Creación de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara, CoRPOLARA, de fecha 14 de febrero de 2012, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.874, de fecha 1º de marzo de 2012, en concordancia con lo establecido en los artículos 34 y 35 de la Ley Orgánica de Administración Pública, y el Punto de Cuenta emanado del Directorio de fecha 26 de Mayo de 2014, identificado con el N° P-005- 2014. CONSIDERANDO Que los Superiores Jerárquicos de los órganos y entes de la Administración Pública podrán delegar las atribuciones y firma de documentos que le sean delegadas por ley a los funcionarios bajo su dependencia de conformidad con las formalidades que determine el ordenamiento jurídico vigente, a los fines de agilizar los trámites administrativos. CONSIDERANDO Que se hace necesario garantizar la agilidad en la continuidad administrativa, actividad corporativa, planificación, coordinación, ejecución, el seguimiento de las funciones y actividades que se han venido desarrollando en cORPoLARA, sin dilaciones indebidas, con fundamento en lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y en los Principios de Celeridad, Economía, Eficiencia y Eficacia que, como Órgano Descentralizado de la Administración Pública nos rige. 100 CONSIDERANDO Que de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Creación de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara, coRPOLARA, el Directorio debe, entre otras responsabilidades, garantizar el normal desenvolvimiento de las actividades administrativas y funcionales de coRPoLARA. De ahí la necesidad, que el Directorio como máxima autoridad, pueda Autorizar delegar en los niveles de dirección institucional, las atribuciones contenidas en los artículos 10 y 11 del referido Decreto Ley. CONSIDERANDO Que con la potestad de la suscripción de convenios mediante la firma, agilizaría los tramites en cuanto a la reducción de los tiempos a los que se encuentra inmerso cada proceso y permitiría dar una respuesta oportuna enmarcada dentro de los principios de organización y funcionamiento a los que refiere el artículo 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Creación de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara, CORPOLARA. RESUELVE Artículo 1. Sobre la base de Autorización que hiciere el Directorio de Corpolara según el Punto de Cuenta signado con el N° P-005-2014, de fecha 29 de Mayo de 2014, se acuerda Delegar en el ciudadano NELSON RAFAEL TORCATE MENDEZ, titular de la Cédula de Identidad N° 9.541.751, en su condición de Coordinador General de la Unidad De Vivienda y Hábitat Barrio Nuevo Barrio Tricolor de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara, Corpolara, designado mediante Providencia Administrativa N° 022/2013, de fecha 22 de octubre de 2013, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 23 de enero de 2014, Ordinaria N° 40.340, la Atribución de suscribir Convenios y Unidad de Vivienda y Hábitat Barrio Nuevo Barrio Tricolor, proyecto éste que fue creado por la máxima autoridad jerárquica de Corpolara, mediante Punto de Cuenta Nº OPE-004-2013, de fecha 21 de octubre de 2013. Artículo 2. Los actos administrativos y demás documentos que el prenombrado funcionario adopte por delegación de conformidad con esta Providencia Administrativa, deberá indicar expresamente esta circunstancia, así mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos deberá indicar bajo la firma, la fecha, número de la Providencia y los datos de su Publicación en Gaceta Oficial. Artículo 3. El funcionario a quien se le delega las funciones a que se contrae el Artículo 1, deberán rendir cuenta al Despacho de la Presidencia de CoRPOLARA, de todos los actos y documentos que hubiere firmado en razón de su gestión. Artículo 4. De conformidad con lo previsto en el Artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se encomienda en la Consultoría Jurídica, la gestión de practicar la Notificación de la presente Providencia Administrativa. De igual manera, se autoriza a remitir el presente Acto Administrativo a la Consultoría Jurídica de la Vicepresidencia de la República a los fines de dar cumplimiento con la publicidad del acto, consustanciado con lo establecido en la Circular N° 001/2014 de fecha 25 de abril de 2014, emanada del Órgano Rector. Artículo 5. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y py Raue LUÍS RAMÓN REYES REYES SIDENTE DE CORPOLARA olucón lP 007 de leche 09 de página original (tal como se publicó) [Página 6] MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO SOCIALISTA DE LA PESCA Y ACUICULTURA (INSOPESCA). DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 060-2014. CARACAS, DOS (02) DE JUNIO DE 2014. AÑOS 204°, 155° Y 15° Quien suscribe, TIBISAY YANETTE LEÓN CASTRO actuando en mi carácter de PRESIDENTA ENCARGADA del INSTITUTO SOCIALISTA DE LA PESCA Y ACUICULTURA (INSOPESCA), designada mediante Resolución DM/N° 019/2014 de fecha 07 de Abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.388, de fecha 07 de Abril de 2014 y en ejercicio. de las facultades que me confiere el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el artículo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 54 numeral 3 del Decreto con Orgánica de la Administración Pública, este Despacho dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Se designa al ciudadano SOCRATES RUBEN TINIACOS MAC GREGOR, titular de la cédula de identidad N° V- 6.968.590, como SUBGERENTE DE LA SUBGERENCIA ANZOÁTEGUI de este Instituto a partir del 04 de Junio de 2014. Artículo 2. Se delega en el ciudadano antes identificado la firma de los actos y documentos que a continuación se especifican: 1. Expedición de autorizaciones de pesca artesanal. 2. Expedición de permisos a personas naturales que exploten la pesca comercial artesanal. 3. Expedición de permisos a personas naturales o jurídicas, propietarias de buques pesqueros comerciales, menores de diez unidades de arqueo bruto (<10 UAB). 4. Expedición de certificación sanitaria para la exportación de productos y subproductos pesqueros o acuícolas. 5. Expedición de la guía de transporte de productos pesqueros. 6. Expedición de certificación por inspecciones para la emisión de autorizaciones para acuicultura. 7. Expedición de certificación para la instalación o levantamiento de cuarentena para la introducción al país de especies exóticas. 8. Expedición de certificación por inspección y evaluación durante el período de cuarentena. 9. Expedición de certificación por la evaluación de empresas industriales procesadoras de productos y subproductos pesqueros por líneas de producción. 10. Expedición de certificación por la evaluación de empresas procesadoras de propiedad social o colectiva artesanal de productos y subproductos pesqueros. 11. Expedición de certificación por el registro de laboratorios de control de calidad e productos pesqueros y acuícolas. 12. Expedición de certificación de inspección sanitaria, en puertos o aeropuertos, de lotes a importar o.exportar y de los insumos necesarios para la acuicultura. 13. Expedición de certificación por la evaluación de establecimientos dedicados al acopio, mayoreo o comercio de productos pesqueros. 14. Expedición de certificación de sistemas de control de calidad. 15. Expedición de certificación por la inspección y muestras a exportar sin valor comercial. 16. Expedición de certificación por la inspección del desembarque en buques pesqueros, de atún o langosta. 17. Expedición de certificación por la inspección del desembarque en buques pesqueros de otros productos pesqueros. 18. Expedición de certificación por la inspección y constancia de artes, instalaciones, equipos y dispositivos y buques pesqueros, menores de diez unidades de arqueo bruto (<10 UAB). 19. Expedición de certificación por la inspección y constancia de artes, instalaciones, equipos y dispositivos y buques pesqueros de cargo-mero y otras embarcaciones artesanales entre diez unidades de arqueo bruto (10 UAB) y treinta unidades de arqueo bruto (30 UAB). 20. Expedición de certificación por inspección y constancia de artes, instalaciones, equipos y dispositivos de buques pesqueros cerqueros y cajeros. 21. Expedición de certificación por la inspección y constancia de artes, instalaciones, equipos y dispositivos de buques pesqueros palangreros. 22. Expedición de certificación por la inspección y constancia de artes, instalaciones, equipos y dispositivos de buques pesqueros extranjeros. 23. Expedición de certificación por la inspección y evaluación técnica del recurso hidrobiológico, con fines de pesca comercial en cuerpos de agua sometidos a desecamiento progresivo. 24. Expedición de certificación por la inspección de establecimientos dedicados a la acuicultura, acopio o comercialización de recursos hidrobiológicos vivos. 25. Expedición de certificación por la inspección de las actividades conexas. 26. Aperturar, sustanciar y realizar cualquier actuación a que hubiere lugar, relacionados con los procedimientos administrativos previstos en el Decreto Con Rango Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura. 27. Incorporar a la flota pesquera, los buques menores de diez unidades de arqueo bruto (<10 UAB), por ante el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA) . 28. Otorgar autorización de incorporación a la flota pesquera a los buques menores de diez unidades de arqueo bruto (<10 UAB), antes de solicitar el permiso de acuáticos. Artículo 3. Los actos y documentos firmados con motivo de ésta Providencia Administrativa, deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y número de la presente Providencia Administrativa y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en donde haya sido publicada. Artículo 4. La Presidenta (E) del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPEsCA), podrá discrecionalmente firmar los actos y documentos referidos en la presente Providencia Administrativa. Artículo 5. El funcionario delegado deberá rendir cuenta a la Presidenta (E) del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPEsCA) de los actos y documentos firmados en virtud de ésta delegación. Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 del Decreto Con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, respecto de los actos y documentos que no pueden ser delegados. Comuníquese y publíquese Por el Ejecutivo Nacional, TIBISAY YANETTE LEÓN CASTRO Presidenta Encargada del Instituto Socialista de la Pesca y Aculcultura (INSOPESCA) REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO SOCIALISTA DE LA PESCA Y ACUICULTURA (INSOPESCA). DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 062-2014. CARACAS, DOS (02) DE JUNIO DE 2014. AÑOS 204°, 155 y 15° Quien suscribe, TIBISAY YANETTE LEÓN CASTRO actuando en mi carácter de PRESIDENTA ENCARGADA del INSTITUTO SOCIALISTA DE LA PESCA Y ACUICULTURA (INSOPESCA), designada mediante Resolución DM/Nº 019/2014 de fecha 07 de Abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.388, de fecha 07 de Abril de 2014 y en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el artículo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 54 numeral 3 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura y el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, este Despacho dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1: Delegar al ciudadano FIDEL ADNOVIO VOLCANES SUAREZ, titular de la cédula de identidad Nº V-16.377.194, en su carácter de CooRDINADOR DE LA INSPECTORÍA TRUJILLO adscrita a la Subgerencia Mérida del Instituto 2014. Artículo 2. Se delega al ciudadano antes identificado la firma de los actos y documentos que a continuación se especifican: 1. Expedición de autorizaciones de pesca artesanal. 2 Expedición de permisos a personas naturales que exploten la pesca comercial artesanal. 3. Expedición de permisos a personas naturales o jurídicas, propietarias de buques pesqueros comerciales menores de diez unidades de arqueo bruto (10 AB). 4. Expedición de la guía de transporte de productos pesqueros. 5. Expedición de certificación para la instalación o levantamiento de cuarentena para la introducción al país de especies exóticas. 6. Expedición de inspección y evaluación durante el período de cuarentena. 7. Expedición de evaluación y certificación de empresas industriales procesadoras de productos y subproductos pesqueros, por línea de producción. 8. Expedición de evaluación y certificación de empresas procesadoras de propiedad social o colectiva artesanal de productos y subproductos pesqueros. 9.Expedición de certificación y evaluación de establecimientos dedicados al acopio, mayoreo o comercio de productos pesqueros. 10. Expedición para la inspección y certificación del desembarque en buques pesqueros de otros productos pesqueros. 11. Expedición para la inspección y constancia de artes, instalaciones, equipos y dispositivos y buques pesqueros, menores de diez unidades de arqueo bruto (10 AB). 12. Expedición para la inspección y certificación de establecimientos dedicados a la acuicultura, acopio o comercialización de recursos hidrobiológicos vivos. 13. Expedición para la inspección y certificación de las actividades conexas. 14. Incorporar a la flota pesquera, los buques menores de Diez Unidades de Arqueo Bruto (<10 UAB), por ante el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA). 15.Otorgar autorización de Incorporación a la Flota Pesquera, a los Buques Menores de Diez Unidades de Arqueo Bruto (<10 UAB), antes de solicitar el permiso de pesca y el registro por el organismo con competencia en materia de espacios acuáticos. 16. Aperturar, sustanciar y otras actuaciones a que hubiere lugar, relacionados con los procedimientos administrativos previstos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura. página original (tal como se publicó) [Página 7] 17. Las demás funciones inherentes al cargo y de acuerdo a los procedimientos y lineamientos establecidos en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura. Artículo 3. Los actos y documentos firmados con motivo de ésta Providencia Administrativa, deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y número de la presente Providencia Administrativa y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en donde haya sido publicada. Artículo 4. La Presidenta del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPEsCA), podrá discrecionalmente firmar los actos y documentos referidos en la presente Providencia Administrativa. Artículo 5. El funcionario delegado deberá rendir cuenta a la Presidenta del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INsOPEsCA) de los actos y documentos firmados en virtud de ésta delegación. Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 del Decreto Con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, respecto de los actos y documentos que no pueden ser delegados. Comuníquese y publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, TIBISAY YANETTE EÓN STRO Presidenta Encargada del Institutousbcialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA) MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAEDUCACIÓN UNIVERSITARIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN DM/N° 0152 CARACAS, 19/05/2014 204°, 155° y 15° En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 62, 77 numerales 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, 25 Parágrafo Primero de la Ley de Universidades y 15 del Reglamento General de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprún", este Despacho Ministerial, RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano JESús ALFREDo ZAMBRANo GOVEA, titular de la Cédula de Identidad N° V-7.898.961, como Representante del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, ante el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprún". Artículo 2. El presente acto administrativo entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. RICARDO MENENDEZAO Ministro del Poder Popular para la Edacacion Ugiersitaria Decreto N° 729 de fecha 09 enero de014 G.O.R.B.V. N° 40.330 de fecha 09 de de 2014 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN RepúblicaBolivarianade Veaezuela Mistezia del PodePoqpularcalaEdeación Despacio del Ministro DM/N°087 Caracas, 09 de Tunio de 2014 204°, 155° y 15º Con el supremo compromiso y voluntad de lograr una mayor eficacia política y calidad revolucionaria de la Administración Pública, en aras de la construcción del socialismo y un Estado ético, que exige funcionarias y funcionarios honestos y eficientes, que más que un altar de valores exhiban una conducta moral en sus condiciones de vida en su relación con el pueblo y en su vocación de servicio; en ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 5 numeral 2, y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, concatenados con los artículos 34, 62 y 77, numerales 19 y 26 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo establecido en el artículo 1 del Reglamento sobre Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional; el Ministro del Poder Popular para la Educación, dicta la presente; RESOLUCIÓN Artículo 1. Se designa al ciudadano YURUAN IVANOV GUÉDEZ APONTE, titular de la cédula de identidad N° V- 13.715.274, DIRECTOR GENERAL (E) DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUcIoNALES del Ministerio del Poder Popular para Educación, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, quién ejercerá las funciones previstas en el artículo 9º del Reglamento Orgánico, teniendo por norte los principios y valores humanistas del socialismo, cuyo objetivo fundamental descansa sobre la justicia social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanos y las instituciones e la República. Artículo 2. Se delega en el referido ciudadano las competencias y firmas de los actos que conciernan a las funciones de la Dirección a su cargo. Artículo 3. Los actos y documentos firmados de conformidad con esta Resolución, deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y el número de la presente Resolución, como la fecha y el número de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 4. Se deja sin efecto la Resolución Nº 072 de fecha 21 de julio de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.719 de fecha 22 de julio de 2011. Comuníquese y publíquese; Neodrilgor HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRÓ Ministro del Poder Popular para la Educaci MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO N° 059 CHARALLAVE, 15 DE ABRIL DE 2014 AÑOS 203° Y 154º PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA En ejercicio de la atribución conferida en el artículo 5, numeral 5, de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el artículo 19 ejusdem, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13, numeral 8, de la Ley de Transporte Ferroviario Nacional, se designa al ciudadano CONTRERAS RAMÍREZ DAVID LEONARDO, titular de la Cédula de Identidad N° 5.968.237, como JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, adscrito a la Presidencia del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE). En cumplimiento a lo dispuesto en la presente Providencia Administrativa, el referido ciudadano ejercerá las siguientes funciones: 1. Asesorar al Directorio, Presidencia y a las diferentes dependencias del IFE, a nivel nacional, en el cumplimiento de políticas, normas y procedimientos en materia de administración y página original (tal como se publicó) [Página 8] desarrollo de personal, así como el manejo de las relaciones laborales, asegurando la aplicación de la legislación existente. 2. Diseñar políticas de personal que modernicen el manejo de los recursos humanos en el IFE. 3. Diseñar y desarrollar programas de administración de personal, relacionados con el reclutamiento y selección, inducción, clasificación, capacitación, remuneración, ascenso, transferencia, suspensiones, evaluación de actuación en el cargo, reconocimiento de méritos y prestaciones sociales, así como, dirigir y aplicar dichos programas. 4. Coordinar y controlar la aplicación del régimen de concursos para el ingreso de personal que deberá ocupar las vacantes y diferentes posiciones dentro del Instituto a nivel nacional, de conformidad con las leyes, reglamentos, resoluciones y convenios vigentes. 5. Coordinar los programas de adiestramiento y capacitación del personal al servicio del Instituto, con la Escuela Nacional de Formación Ferroviaria, de acuerdo con sus requerimientos de formación y desarrollo y las exigencias del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional. 6. Asegurar que se cumplan los trámites administrativos para el ingreso y desarrollo del personal, pago de nóminas, otorgamiento de beneficios y ayudas económicas, egresos, liquidación de prestaciones sociales y fideicomisos. 7. Administrar la póliza de salud y prevención familiar de los trabajadores y su grupo familiar, así como la de los jubilados y pensionados, a fin de garantizar su cobertura. 8. Definir los criterios para la elaboración del Proyecto de Presupuesto Anual del Personal del IFE de acuerdo a las directrices emanadas por la Dirección Superior y a las normativas dictadas para tal fin por la Oficina Nacional de Presupuesto- ONAPRE. 9. Supervisar la conformación, registro, archivo físico y adscritos al IFE. 10. Actuar como órgano regulador entre el IFE y las organizaciones sindicales y gremiales, así como administrar y velar por el cumplimiento de los contratos colectivos suscritos por el Instituto. 11. Coordinar con la Consultoría Jurídica, las reclamaciones laborales e instruir cuando sea procedente los expedientes a los funcionarios del IFE, que hayan incurrido en faltas que dieran lugar reglamentos. 12. Propiciar la consolidación de la cultura organizacional del IFE, la motivación del personal y en general promover un clima favorable y armónico en la Institución. 13. Todas aquellas funciones atribuidas al cargo, establecidas en el Manual de Organización del Instituto de Ferrocarriles del Estado. _ La designación contenida en la Providencia presente de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuniquese y publigše, 26 Iassiuto de erocamtoss el Estado FRANGISEDIPRREALBA Trabajador-Presidente Designado mediante Decrelo Presidencial N° 58 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.160 de fecha 06 /05/2013 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO N° 060 CHARALLAVE, 15 DE ABRIL DE 2014 AÑOS 203° Y 154° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA En ejercicio de la atribución conferida en el artículo 5, numeral 5, de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el artículo 19 ejusdem, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13, numeral 8, de la Ley de Transporte Ferroviario Nacional, se designa al ciudadano RINCONES MENDOZA VÍCTOR MANUEL, titular de la Cédula de Identidad N° V.-5.692.217: como GERENTE GENERAL DE OPERACIONES, adscrito a la Presidencia del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE). En cumplimiento a lo dispuesto en la presente Providencia Administrativa, el referido ciudadano ejercerá las siguientes funciones: 1. Formular las políticas y directrices requeridas para el desarrollo de las operaciones ferroviarias, garantizando su cumplimiento mediante el establecimiento de los controles necesarios que permitan obtener información sobre la aplicación. Dirigir el diseño y actualización de las normas de operación y 2. mantenimiento, así como la formulación y aplicación de los indicadores que permitirán realizar la medición de su cumplimiento y evaluar la gestión de las operaciones ferroviarias. 3. Desarrollar y controlar las diferentes operaciones ferroviarias a nivel nacional, realizando la coordinación necesaria con las Gerencias Operativas establecidas en las regiones, a fin de garantizar el cumplimiento de los planes, programas y normativa general establecida en la materia, así como los objetivos del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional. Establecer los lineamientos y dirigir la formulación de planes y 4. programas orientados al manejo estratégico del mercado ferroviario nacional, realizando el seguimiento y control de los estudios destinados a medir las necesidades de servicios y productos del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional y la aplicación de los resultados. 5. Establecer los lineamientos y dirigir la elaboración de planes de comercialización y venta de los productos y servicios ofertados por el Sistema de Transporte Ferroviario Nacional, asi como la negociación de los espacios y áreas comerciales disponibles en los diferentes Sistemas Operativos y el correspondiente seguimiento a fin de controlar su cumplimiento. 6. Ejercer el control de la elaboración de programas de circulación ferroviaria diseñados con base en las condiciones particulares de los diferentes Sistemas Operativos y requerimientos de los usuarios de las vías y los trenes. 7. Dirigir y controlar el desarrollo de las operaciones ferroviarias, asegurando el cumplimiento de las normas técnicas especialmente definidas para la operación ferroviaria y de la programación establecida para los diferentes Sistemas Operativos, en términos de calidad y seguridad de los servicios, instalaciones e infraestructura ferroviaria. 8. Dirigir y controlar la elaboración y ejecución de los programas de mantenimiento a realizar a la infraestructura ferroviaria a nivel nacional, así como el apoyo logístico que se requiera, a los fines de garantizar niveles óptimos de calidad y eficiencia y máxima seguridad en el desarrollo de las operaciones. 9. Evaluar, coordinar y controlar la adquisición y mantenimiento de la plataforma tecnológica requerida por el Sistema de Transporte Ferroviario Nacional para el diseño, diagramación y programación del servicio de circulación ferroviaria y tráfico, asegurando su funcionamiento de acuerdo a las exigencias de las operaciones. 10. Dirigir, controlar y realizar seguimiento a los procesos de adquisición de equipos, maquinarias, materiales y repuestos, así como a la realización de las contrataciones necesarias, a los fines de asegurar la ejecución de las operaciones y el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario. 11. Coordinar la ejecución de los procesos de auditoría de las operaciones, programas de circulación, vías férreas, material rodante, mantenimiento, planes de contingencia, así como realizar seguimiento al cumplimiento de las exigencias, normas y estándares de calidad y seguridad establecidos, a los fines de asegurar el otorgamiento de la certificación requerida para el funcionamiento y operación del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional. 12. Coordinar con los organismos nacionales e internacionales el establecimiento de convenios y alianza de cooperación, orientados a' mejorar la capacidad de operación del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional y controlar el cumplimiento de los acuerdos obtenidos. 13. Promover la constitución y presidir los comités que se establezcan en el Instituto, relacionados con la seguridad y calidad de las operaciones y servicios ferroviarios, con la finalidad de garantizar la divulgación de los planes y medidas de prevención y contingencia y las responsabilidades asignadas a los diferentes niveles e instancias de la organización. 14. Participar activamente en el Comité de Selección de nuevos Sistemas Integrales y Unidades Operativas necesarias en los diferentes tramos ferroviarios, que formarán parte del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional, de acuerdo a los estudios y proyectos técnicos realizados. 15. Participar en la formación del Comité Evaluador de las nuevas políticas y normas ferroviarias requeridas para el funcionamiento y operación página original (tal como se publicó) [Página 9] del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional, a fin de garantizar la seguridad ferroviaria en los sistemas operativos. La designación contenida en la presente Providencia Administrativa será ejercida por el prenombrado ciudadano a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publiguese, eaiao e Ferocamios del Eslado FRANOISCO TORREALBA OJEDA TRABIADORPRESIDENTE Designado mediante Datreto Presidencial N° 58 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.160 de fecha 06 /052013 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO N° 062 CHARALLAVE, 2 DE MAYO DE 2014 AÑOS 203° Y 154° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA En ejercicio de la atribución conferida en el artículo 5, numeral 5, de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el artículo 19 ejusdem, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13, numeral 8, de la Ley de Transporte Ferroviario Nacional, se designa al ciudadano PALENCIA ESPAÑA JUAN ANTONIO, titular de la cédula de identidad N° V-7.207.376, como JEFE DE LA OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA, adscrito a la Presidencia del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE). En cumplimiento a lo dispuesto en la presente Providencia Administrativa, el referido ciudadano ejercerá las siguientes funciones: 1. Atender, orientar, apoyar y asesorar a los ciudadanos que acudan a solicitar información, requerir documentos o interponer denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones. 2. Articular con las demás unidades del Instituto las informaciones relacionadas con la estructura organizativa, funciones, procedimientos administrativos, planes, programas, proyectos, contratos y servicios que ejecuta y presta éste Ente, con el fin de informar a la ciudadanía sobre la utilización de los recursos que integran el patrimonio público, a través de diversos medios de publicación periódica. 3. Recibir, custodiar, tramitar, valorar, decidir o resolver, denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones y remitir las a la dependencia de la organización o al ente u organismo que tenga competencia para conocer las, según el caso y de conformidad con la normativa legal vigente. .4. Custodiar y preservar la documentación consignada por ls ciudadanos y llevar un registro automatizado de las denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones realizados por los ciudadanos; asi como, mantener actualizado en el sistema los resultados obtenidos en la tramitación de los mismos. 5. Comunicar a los ciudadanos la decisión o respuesta de las denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones formuladas por ellos, de conformidad con la normativa legal vigente. 6. Llevar un registro automatizado y actualizado con el status de los objetos extraviados recibidos de las Gerencias Operativas del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional; así como un archivo físico con la identificación de esos objetos. 7. Llevar el registro de las comunidades organizadas y de las organizaciones públicas no estatales, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública y demás Normativas Vigentes; así como coordinar con la Gerencia de Derecho de Vía, adscrita a la Gerencia General de Desarrollo Ferroviario la base de datos de las diferentes comunidades afectadas con la construcción del tren. 8. Llevar el listado y hacer seguimiento a los Proyectos Sociales que serán ejecutados por los contratistas para el cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social, establecido en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, articulando la información con el área con competencia en Contrataciones Públicas del Instituto de Ferrocarriles del Estado. 9. Planificar la promoción, formación y capacitación de las comunidades organizadas en los aspectos vinculados con el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en el control de la gestión pública de éste Instituto, mediante talleres, foros o seminarios, entre otros, en coordinación con la Oficina de Auditoría Interna del Instituto. 10. Articular con Auditoría Interna la asistencia, promoción, educación y demás estrategias que permitan el ejercicio del Derecho a la Participación Ciudadana de conformidad con la normativa legal vigente. 11. Recibir y canalizar las solicitudes de ayudas socio-económicas requeridas por las comunidades y trabajadores del Instituto de Ferrocarriles del Estado y realizar los estudios pertinentes requeridos para tramitar las ayudas solicitadas. 12. Las demás actividades administrativas y técnicas necesarias para el funcionamiento de su dependencias y las que le señalen la máxima autoridad del Instituto y las altas autoridades del Ministerio, leyes, reglamentos y resoluciones vigentes. La designación contenida en la presente Providencia Administrativa será ejercida por el prenombrado ciudadano a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuniquese y publisaese, 3 de Ferocamiesdair Estado FRANCISGENEOBREALBA TrabajaderPresidente Designado mediante Decreto Presidencial N° 58 publicado en Gacela Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.160 de fecha 06 /05/2013 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 134 CARACAS, 05 DE JUNIO DE 2014 AÑOS 204°, 155° Y 15° En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 77 numerales 13 y 19, y 119 numerales 1 y 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública Nacional; el Decreto N° 8.559, de fecha 1 de noviembre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.791 de fecha 2 de noviembre de 2011; en concordancia con las previsiones contenidas en los artículos 8, 16, 17, 72 numerales 1 y 16, y 76 de la Ley General de Puertos, y de conformidad con lo aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela mediante Punto de Cuenta N° 053 de fecha 28 de mayo de 2014. POR CUANTO El Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, es el órgano rector de la materia portuaria en la República Bolivariana de Venezuela, con competencia en todo lo relativo a la elaboración de las políticas portuarias, fijación de tarifas y fletes, supervisión, control y fiscalización del régimen de los puertos públicos y sus actividades conexas, conforme a la ley; página original (tal como se publicó) [Página 10] POR CUANTO La empresa del Estado, BOLIVARIANA DE PUERTOS (BOLIPUERToS), S.A., adscrita al Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, como administrador portuario de los puertos públicos de la República Bolivariana de Venezuela, desarrolla un Sistema Portuario Nacional seguro, moderno, eficiente, con servicios de calidad, en beneficio de la comunidad y la dinamización de la economía nacional y el comercio internacional; POR CUANTO Según Resolución Ministerial N° 079 de fecha 18 de octubre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.788 de fecha 28 de octubre de 2011, se encomendó a la empresa del Estado BOLIVARIANA DE PUERTOS (BOLIPUERTOS),S.A, la conservación, administración y aprovechamiento de los bienes que conforman la infraestructura portuaria integrada por el conjunto de obras que configuran el núcleo básico del Puerto de La Ceiba en el estado POR CUANTO Es necesario establecer un régimen tarifario para que el Puerto de La Ceiba se consolide y fortalezca económicamente, en aras de dar cumplimiento a las políticas públicas socialistas del Gobierno Revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela; RESUELVE DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. La presente Resolución tiene por objeto establecer y regular las tarifas a las cuales estarán sujetos los servicios portuarios proporcionados a personas naturales o jurídicas, en el puerto público de uso público Puerto de La Ceiba, en el estado Trujillo, administrado por el Poder Público Nacional, distintos a las facilidades y servicios portuarios previstos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Tasas Portuarias N° 8.236 de fecha 24 de mayo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.025 Extraordinario de fecha 25 de mayo de 2011. A tales fines, una vez entrada en vigencia la presente Resolución, la empresa administradora portuaria procederá a la emisión del Manual para el Usuario del Régimen Tarifario de los Servicios Portuarios del Puerto de La Ceiba, en el cual se establecerán los criterios, definiciones, nomenclaturas, manejo y procedimientos detallados que regirán y facilitarán al usuario la aplicación de las tarifas de los referidos servicios portuarios; sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en materia portuaria, aduanera y ambiental. Artículo 2. Las tarifas portuarias aquí establecidas, serán aplicadas en el puerto público de uso público Puerto de La Ceiba, sobre los siguientes servicios portuarios: 1. Servicios a la Carga. 2. Servicios al Buque. 3. Otros Servicios. Artículo 3. Las tarifas portuarias reguladas por la presente Resolución serán pagadas por las personas naturales o jurídicas usuarias de los servicios portuarios, antes que procedan a retirar definitivamente la carga ubicada dentro del recinto portuario, con excepción de aquellos créditos que sean concedidos por la autoridad facultada para ello. Artículo 4. Las tarifas portuarias reguladas por la presente Resolución, se establecen en dólares de los Estados Unidos *de América (UsD), de acuerdo a los estándares internacionales, pero su pago se efectuará en moneda nacional (Bolívares), al tipo de cambio fijado por el Banco Central de Venezuela (BCV) vigente para el momento de la causación de la misma; y previo al despacho y/o retiro definitivo de la carga ubicada dentro del recinto portuario. Artículo 5. A los fines de la aplicación de las tarifas previstas en esta Resolución, las siglas utilizadas tendrán el siguiente significado: 1. "IP": Hace referencia a los "Ingresos Portuarios". 2. “sc”: Hace referencia al servicio portuario de "Servicios a la Carga". 3. "sB": Hace referencia al servicio portuario de "Servicios al Buque". 4. "os”: Hace referencia a "Otros Servicios Portuarios”. 5. "TRB": Toneladas de Registro Bruto. Referidas al buque, ferry o embarcación. 6."t": Hace referencia a la unidad de peso denominada "tonelada". 7. “m³”: Se refiere a la unidad de volumen denominada “metro cúbico". Para las tarifas previstas bajos las unidades de medida "t” y "m³", la determinación de su cálculo se realizará en función de la unidad que resulte mayor de las dos. TÍTULO II DE LAS TARIFAS POR SERVICIOS PORTUARIOS Artículo 6. Las empresas administradoras portuarias, tendrán como ingresos por concepto de tarifas portuarias, en el puerto público de uso público Puerto de La Ceiba, referidos en el artículo 2, los establecidos en la presente Resolución, sin perjuicio de los ingresos correspondientes a los derechos aplicables de conformidad con el artículo 56 de la Ley General de Puertos y el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Tasas Portuarias. SECCIÓN I RÉGIMEN TARIFARIO DE LOS SERVICIOS A LA CARGA DEL PUERTO LA CEIBA INGRESOS PORTUARIOS: 1P Sc SERVICIOS A LA CARGA: 1P CARGA DE IMPORTACIÓN: IP 01 Sc CARGA GENERAL SUELTA: SC 01 01 1P FÓRMULA DE TARIFA IP sc 01 01 01 (USD) como en los almacenes de carga suelta). MANEJO DE LA CARGA SUELTA: (Comprende: Uso de elevador en muelle, acarreo desde Tarifa por t, o m² Sc IP 12 01 01 01 01 (el mayor de los muelle hasta almacén de carga suelta, uso de elevador para la recepción en almacén de carga suelta, emisión de cos). documentos y uso de elevador para despacho). Tarifa por 1, o m² 0.02 por dias o fracción IP sc 01 01 01 02 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CARGA SUELTA: (Mínimo 405) cos). Tarifa por t, o m3 POSICIONAMIENTO SUELTA, PARA DE sc IP 01 03 5 01 01 (El mayor de los RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL SENIAT: dos). (Comprende: uso de elevador; en caso de que ocurra el evento, y se utilice el elevador). POSICIONAMIENTO ADICIONAL DE CARGA SUELTA (PARA Tarifa por t, o m3 Sc EVENTOS DIFERENTES AL RECONOCIMIENTO DEL SENIAT): 5 IP 01 (El mayor de los 01 01 04 dos). (Comprende: uso de elevador; en caso de que ocurra el evento, y se utilice el elevador). PALETIZADO Y/O DESPALETIZADO DE LA CARGA SUELTA: Tarifa por 10 (Comprende: mano de obra; en caso de que sea utilizada la IP sc 01 01 01 os paletas. misma). COLOCACIÓN DE FLEJES, TIRROS O PLÁSTICOS Tarifa por sc IP 01 01 01 06 PROTECTORES, A LA CARGA SUELTA: 5 paletas (Comprende: mano de obra; en caso de que sea utilizada la o Eultos. misma). USO DE IMPLEMENTOS ESPECIALES, PARA MANIPULACIÓN Tarifa por t, o m² IP SC 01 01 01 07 8 DE LA CARGA SUELTA: (el mayor de los (Comprende: Eslingas, ganchos, cadenas, guayas, cinchas y dos). otros similares; en caso de que sean utilizados los mismos). CARGA SUELTA: sc (Comprende: LowBoy y otros similares, en caso de que sean IP 01 01 01 08 utilizados los mismos).La tarifa que regirá este servicio, se fijará de acuerdo a los precios del mercado para el momento de la prestación del mismo). FÓRIAULA DE IP sc 01 01 02 CARGA SUELTA (BOBINAS DE PAPEL): (UsD) CÁLCULO MANEJO DE LA CARGA SUELTA (BOBINAS DE PAPEL): (Comprende: Uso de elevador en muelle, acarreo desde 1P 02 muelle hasta almacén de carga suelta, Elevador para Sc 01 01 01 8 Tarifs port recepción en almacén de carga suelta, emisión de documentos, uso de implementos especiales para movilización de la carga, y uso de elevador para despacho). 0,02 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CARGA SUELTA (BOBINAS IP sc 02 02 01 01 (Minimo dias o fracción 405) CARGA SUELTA BAJO RÉGIMEN IN-BOND: (Carga que se recibe TARIFA FÓRMULA DE IP Sc 01 01 03 suelta, tanto en el muelle como en el almacén in bond). (asn) CÁLCULO IP SC RÉGIMEN IN BOND: 01 01 03 01 40 Tarifs por BL. (Comprende: Uso de elevador; en caso de que se realice el evento desde el muelle). Tarifa por IP 01 BOND, DESDE MUELLE O ALMACÉN, HASTA ALMACÉN IN Sc 01 03 02 20 unidades de BOND: transporte. (Comprende: Uso de transporte terrestre). RECEPCIÓN DE LA CARGA SUELTA BAIO RÉGIMEN IN BOND, IP 01 01 Sc 03 03 40 Tarifs por BL. (Comprende: Uso de elevador). página original (tal como se publicó) [Página 11] Tarifa por t, o 0,02 m² por dias o SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CARGA SUELTA, BAJO Sc IP 01 01 03 04 (Minimo fracción RÉGIMEN IN BOND. 20$) (el mavor de los dos). BOND, PARA RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL SENIAT: 30 Tarifa por BL. (Comprende: uso de elevador; en caso de que ocurra el IP SC 01 01 03 o5 evento y se utilice el elevador). POSICIONAMIENTO ADICIONAL DE CARGA SUELTA BAJO RÉGIMEN IN BOND (PARA EVENTOS DIFERENTES AL IP SC 01 01 03 RECONOCIMIENTO DEL SENIAT): 30 06 Tarifa por BL. (Comprende: uso de elevador; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). PALETIZADO Y/O DESPALETIŽADO DE LA CARGA SUELTA, Tart'a por IP SC 01 01 07 BAJO RÉGIMEN IN BOND: 03 10 paletas. (Comprende solo Mano de obra; en caso de que sea utilizada la misma). COLOCACIÓN DE FLEJES, TIRROS O PLÁSTICOS PROTECTORES Tart'a por IP SC 01 01 03 A LA CARGA SUELTA, BAJO RÉGIMEN IN BOND: 08 5 paletas (Comprende solo Mano de obra; en caso de que sea utilizada o bultos. la misma). ÚSO DE IMPLEMENTOS ESPECIALES PARA MANIPULACIÓN Tarifa cor t, o m² IP SC 01 01 03 09 DE LA CARGA SUELTA, BAJO RÉGIMEN IN BOND: (el ma;or de los 8 (Comprende: Eslingas, ganchos, cadenas, guayas, cinchas y dos). otros similares; en caso de que se utilicen los mismos). CARGA SUELTA, BAJO RÉGIMEN IN BOND: IP Sc 01 01 03 10 (Comprende: LowBoy y otros similares; en caso de que se utilicen los mismos).La tarifa que regirá este servicio, se fijará de acuerdo a los precios del mercado para el momento de la prestación del mismo. IP SC 01 01 03 11 DESPACHO DE LA CARGA SUELTA BAJO RÉGIMEN IN BOND: Tarifa por BL. 60 (Comprende: Uso de elevador). TARIFA FÓRIAULA DE sc IP 01 ZONA PORTUARIA, O EN TRANSFERENCIA DENTRO DE LA ZONA 01 04 (asn) PORTUARIA HACIA UN ALMACÉN DISTINTO A BOLIPUERTOS: Tarifa 20r t, o m² ALMACÉN FUERA DE LA ZONA PORTUARIA: (Comprende 1P 04 01 Sc 01 01 12 (el mayor de los seguridad y vigilancia y emisión de documentos). dos). Tarifa 3or t, o m² IP Sc 01 01 04 02 PORTUARIA, DESDE MUELLE HACIA OTRO ALMACÉN (el ma;or de los 12 DISTINTO A BOLIPUERTOS:(Comprende seguridad y vigilancia dos). y emisión de documentos). MANEIO DE CARGA SUELTA EN TRASLADO O EN Tarifa por t, o m² Sc IP TRANSFERENCIA: 01 01 04 03 8 (el mayor de los (Comprende: Uso de elevador en muelle, en caso de que dos). Bolipuertos ejecute el evento). USO DE IMPLEMENTOS ESPECIALES, PARA MANIPULACIÓN DE LA CARGA SUELTA EN TRASLADO O EN TRANSFERENCIA: IP SC 01 01 04 04 Tarifa por t, o m² (Comprende: Eslingas, ganchos, cadenas, guayas, cinchas y 8 (el mayor de los otros similares; en caso de que sean utilizados dichos dos). Implementos). CARGA SUELTA EN DESCARGA DIRECTA: (Carga que se recibe TARIFA FÓRMULA DE 01 IP Sc 01 o5 suelta en el muelle, y sale suelta de la zona portuaria). (USD) CÁLCULO Tarifa por t, o m² CARGA SUELTA EN DESCARGA DIRECTA:(Comprende (el mayor de los sc 01 IP 01 01 05 5 seguridad y vigllancia y emisión de documentos). dos). MANEJO DE LA CARGA SUELTA EN DESCARGA DIRECTA: Tarifa por t, o m² sc IP 01 01 05 02 (Comprende: Uso de elevador, en caso de que Bolipuertos 8 (el mayor de los ejecute el evento). dos). IP SC 01 01 o5 03 DE LA CARGA SUELTA EN DESCARGA DIRECTA: Tarifa por t, o m² 8 (Comprende: Eslingas, ganchos, cadenas, guayas, cinchas y (el mayor de los otros similares; en caso de que sean utilizados dichos dos). Implementos). CARGA SUELTA EN TRANSFERENCIA INTERNA, ENTRE FÓRMULA DE TARIFA IP SC 01 01 06 CÁLCULO (asn) bond, la cual sigue su propla codificación). ACARREO DE CARGA SUELTA EN TRANSFERENCIA ENTRE Tarifa por sc 1P 01 01 06 01 ALMACENES DE BOLIPUERTOS: 20 unidades de transporte, (Comprende: Uso de transporte). RECEPCIÓN DE CARGA SUELTA, EN NUEVO ALMACÉN DE Tarifa por t, o m3 sc IP 10 01 06 02 BOLIPUERTOS: 40 (el mayor de los (Comprende Uso de elevador). dos). sc CARGA A GRANEL:(Comprende la cargo granel mineral) IP 01 02 CARGA A GRANEL EN SILOS: (Carga que Ingresa a los slos, y FÓRMULA DE TARIFA sc 02 01 IP 01 luego es descargada en camión pera su despacho). CÁLCULO (USD) SC IP 01 |01 01 02 Tarifa por t MANEIO DE CARGA A GRANEL BUQUE- SILOS- CAMIÓN: 1 (Comprende: Uso de sisteMÁS de silos). IP SC 01 02 01 02 SERVICIO DE PESAJE DE CARGA A GRANEL: Tarifa por t (Comprende: Uso de balanza; en el caso de que ocurra el 0,38 evento). CARGA A GRANEL EN DESCARGA DIRECTA,TRANSFERENCIA O FÓRMULA DE TARIFA sc 02 02 IP 01 TRASLADO (USD) CÁLCULO Sc IP 01 02 02 01 CARGA A GRANEL BUQUE- CAMIÓN 0.25 Tarifa por t sc CARGA A GRANEL BUQUE - CAMIÓN - PATIO IP 01 02 02 02 0,25 Tarifa por t PESAJE DE CARGA A GRANEL: Tarifa por t sc 02 03 (Comprende: Uso de balanza; en el caso de que ocurra el IP 01 02 0,38 evento). TRASLADO DESDE MUELLE, HACIA ALMACÉN FUERA DE LA Tarifa por t 02 04 sc ZONA PORTuARIA: (Comprende seguridad y vigilancia y IP 01 02 0,25 emisión de documentos). SC IP 01 03 CARGA RODANTE: VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS RODANTES, TARIFA FÓRMULA DE Sc 01 IP 01 03 (Uso) LIVIANOS: MANEIO DE CARGA RODANTE LIVIANA (MOVILIZADA POR Tarifa por Sc IP 01 03 01 01 MEDIOS PROPIOS): 40 unidades. (Comprende: Conductor y emisión de documentos). MANEIO DE CARGA RODANTE LIVIANA (MOVILIZADA SOBRE 03 01 IP Sc OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE): 01 02 La tarifa que regirá este servicio, se fijara de acuerdo a los precios del mercado para el momento de la prestación del mismo. Tarifa por unidades cada sc 1P 03 01 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CARGA RODANTE LIVIANA. 01 03 40 (30) dias o fracción. VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS RODANTES, TARIFA FÓRMULA DE Sc C1 03 02 IP PESADOS: (USD) CÁLCULO MANEIO DE CARGA RODANTE PESADA (MOVILIZADA POR Tar'a por 60 IP Sc 01 03 02 01 MEDIOS PROPIOSJ: unidades. (Comprende: Conductor y emisión de documentos). MANEJO DE CARGA RODÁNTE PESADA (MOVILIZADA SOBRE IP OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE): sc 01 03 02 02 La tarifa que regirá este servicio, será fijada de acuerdo a los precios del mercado, para el momento de la prestación del mismo. 0,02 Tarifa por t, por IP SC 01 03 02 03 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CARGA RODANTE PESADA: (Mínimo dias o fracción 405) FÓRMULA DE IP SC 01 03 03 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS RODANTES, TARIFA (USD) LIVIANOS; BAJO RÉGIMEN IN-BOND: MANEJO DE CARGA RODANTE LIVIANA, BAJO RÉGIMEN IN- IP sc BOND, (MOVILIZADA POR MEDIOS PROPIOS): 01 03 03 01 (Comprende: Conductor desde muelle o almacén, tramitación 40 unidades. de ingreso In-Bond ante la aduana, y emisión de documentos). MANEJO DE CARGA RODANTE LIVIANA, BAJO RÉGIMEN INsc (MOVILIZADA SOBRE OTROS MEDIOS DE IP 01 03 03 02 BOND, TRANSPORTE): La tarifa que regirá este servicio, será fijada de acuerdo a los precios del mercado, para el momento de la prestación del mismo. Tari'a por SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CARGA RODANTE LIVIANA, unidades cada IP Sc 01 03 03 03 40 BAJO RÉGIMEN IN-BOND: (0E) dias o fracción. VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS RODANTES, FÓRNULA DE IP SC 01 03 04 TARIFA PESADOS; BAJO RÉGIMEN IN-BOND: (USD) CÁLCULO IP Sc 01 E0 04 01 BOND, (MOVILIZADA POR MEDIOS PROPIOS): Tarifa por 60 (Comprende: Conductor desde muelle o almacén, tramitación unidades de ingreso In-Bond ante la aduana, y emisión de documentos). IP Sc 01 03 04 02 BOND, TRANSPORTE): La tarifa que regirá este servicio, será fijada de acuerdo a los precios del mercado, para el momento de la prestación del mismo. 0,02 Tarifa por t, por SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CARGA RODANTE PESADA, IP 03 04 Sc 01 03 (Minimo días o 'racción. BAJO RÉGIMEN IN-BOND. 405) VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS RODANTES, EN sc IP 01 03 FÓRMULA DE 05 TRASLADO HACIA UN ALMACÉN FUERA DE LA ZONA PORTUARIA, EN TRANSFERENCIA DENTRO DE LA ZONA PORTUARIA HACIA UN (asn) CÁLCULO ALMACÉN DISTINTO A BOLIPUERTOS, O EN DESCARGA DIRECTA: Tarifa por TRASLADO DE CARGA RODANTE HACIA ALMACÉN FUERA DE 05 01 15 IP sc 01 03 unidades LA ZONA PORTUARIA. (Comprende emisión de documentos). Tarifa por TRANSFERENCIA DE CARGA RODANTE DENTRO DE LA ZONA IP PORTUARIA, HACIA ALMACÉN DISTINTO DE BOLIPUERTOS. 15 SC 01 03 o5 02 unidades (Comprende emisión de documentos). Tarifa por DESCARGA DIRECTA DE CARGA RODANTE. 0503 IP SC 01 03 5 unidades (Comprende emisión de documentos). 0,02 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CARGA RODANTE, EN IP sc (Minimo Tarifa por t, 01 03 o5 04 TRASLADO, TRANSFERENCIA O DESCARGA DIRECTA. 405) TRANSFERENCIA O DESCARGA DIRECTA (MOVILIZADA SOBRE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE): IP SC 01 03 05 05 La tarifa que regirá este servicio, será fijada de acuerdo a los precios del mercado, para el momento de la prestación del mismo. Solo si el servicio es prestado por Bolipuertos. IP Sc 01 04 FÓRNULA DE CARGA EN CONTENEDOR DE 20 PIES: (SOLO CARGA SECA). 1P Sc 01 04 01 (Uso) CÁLCULO MANEJO DE CARGA EN CONTENEDOR DE 20 PIES: Tari'a por 320 (Comprende: Uso de elevador en muelle, acarreo desde contenedores. 04 01 01 IP SC 01 muelle hasta patio de carga contenedorizada, uso de elevador para la recepción en patio de carga contenedorizada, emisión de documentos, y uso de elevador para despacho). Tarifa por SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CARGA EN CONTENEDOR DE contenedores 0102 IP SC 01 04 30 20 PIES. cada (30) dias o fracción. POSICIONAMIENTO DE CARGA EN CONTENEDOR DE 20 PIES, PARA RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL SENIAT: 50 (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el 1P 04 01 03 SC 01 contenedores. evento y se utilice el elevador). POSICIONAMIENTO ADICIONAL DE CARGA EN CONTENEDOR DIFERENTES DE 20 PIES (PARA EVENTOS AL sc IP 01 01 04 RECONOCIMIENTO DEL SENIAT): 04 50 contenedores. (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). VACIADO Y LLENADO DE LA CARGA EN CONTENEDOR DE 20 01 05 PIES, PARA RECONOCIMIENTO U OTRO TIPO DE EVENTO IP SC 01 04 Tarifa por 80 contenedores. (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurran los eventos y se utilice el elevador). VACIADO DE LA CARGA EN CONTENEDOR DE 2O PIES, PARA IP 01 06 Sc 01 04 DESPACHO: 50 (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el contenedores. evento y se utilice el elevador). DESPACHO DE CONTENEDOR DE 20 PIES, UNA VEZ VACIADA IP 01 01 07 Tarifa por SC 04 SU CARGA: 50 (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el contenedores. evento y se utilice el elevador). ACARREO DE CONTENEDOR DE 20 PIES, VACÍO: IP SC 01 04 01 (Comprende: Uso de transporte; en caso de que ocurra el 08 20 contenedores. evento y se utilice el transporte). RECEPCIÓN DE CONTENEDOR DE 20 PIES VACÍO, EN PATIO DE IP 04 01 VACÍos: sc 01 09 (Comprende: Uso de elevador y emisión de documentos; en 50 contenedores. caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). TARIFA sc 04 02 IP 01 SECA). (USD) MANEJO DE LA CARGA EN CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES: (Comprende: Uso de elevador en muelle, acarreo desde Tarifa por IP 02 01 Sc 01 04 muelle hasta patio de carga contenedorizada, uso de elevador 340 contenedores. para la recepción en patio de carga contenedorizada, emisión de documentos, y uso de elevador para despacho). Tarifa por SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CARGA EN CONTENEDOR DE contenedores sc 04 IP 01 02 02 30 40 O MÁS PIES. cada (30) dias o fracción. página original (tal como se publicó) [Página 12] POSICIONAMIENTO DE CARGA EN CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES, PARA RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL SENIAT: Tarifa por 50 IP SC 01 04 02 (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el 03 contenedores. evento y se utilice el elevador). POSICIONAMIENTO ADICIONAL DE CARGA EN CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES (PARA EVENTOS DIFERENTES AL Tarifa por sc RECONOCIMIENTO DEL SENIAT): IP 01 02 04 50 04 contenedores. (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). VACIADO Y LLENADO DE LA CARGA EN CONTENEDOR DE 40 O IP Sc 01 04 02 os MÁS PIES, PARA RECONOCIMIENTO U OTRO TIPO DE EVENTO Tarifa por 100 contenedores. (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurran los eventos y se utilice el ejevador). Sc Tarifa por IP 01 04 02 06 PARA DESPACHO: 50 (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el contenedores. evento y se utilice el elevador). DESPACHO DEL CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES, UNA VEZ sc IP Tarifa por 01 04 02 07 VACIADA SU CARGA: 50 (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el contenedores. evento y .se utilice gl elevador). ACARREO DE CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES, VACÍO: Tarifa por 20 IP SC 01 04 02 08 (Comprende: Uso de transporte; en caso de que ocurra el contenedores. evento y se utilice el transporte). RECEPCIÓN DE CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES VACÍO, EN Tarifa por Sc 02 09 50 IP 01 04 PATIO DE VACÍOS: contenedores. (Comprende: Uso de elevador y emisión de documentos; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). FÓRMAULA DE SC IP io 04 03 CARGA EN CONTENEDOR OPEN TOP; FLAT RACK; ISO TANQUE Y TARIFA SIMILARES: (USD) CÁLCULO MANEJO DE LA CARGA EN CONTENEDOR OPEN TOP; FLAT - RACK; ISO TANQUE Y SIMILARES: sc IP 01 04 03 (Comprende: Uso de elevador en muelle, acarreo desde 01 360 muelle hasta patio de carga contenedorizada, uso de elevador contenedores. para la recepción en patio de carga contenedorizada, emisión de documentos, y uso de elevador para despacho). Tarifa por SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CARGA EN CONTENEDOR contenedores SC 03 02 IP 30 01 04 OPEN TOP; FLAT RACK; ISO TANQUE Y SIMILARES: cada (30) dias o fracción. POSICIONAMIENTO DE CARGA EN CONTENEDOR OPEN TOP; FLAT RACK: ISO TANQUE Y SIMILARES, PARA Tarifa por IP SC 03 03 50 01 04 RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL SENIAT: contenedores. (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). POSICIONAMIENTO ADICIOÑAL DE CARGA EN CONTENEDOR OPEN TOP; FLAT RACK; ISO TANQUE Y SIMILARES (PARA EVENTOS DIFERENTES AL RECONOCIMIENTO DEL SENIAT): IP Sc 01 04 03 04 Tarifa por 50 (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el conte edores. evento y se utilice el elevador). VACIADO Y LLENADO DE CARGA EN CONTENEDOR OPEN 04 03 05 IP SC 01 TOP; FLAT RACK; ISO TANQUE Y SIMILARES DE 20 PIES, PARA RECONOCIMIENTO U OTRO TIPO DE EVENTO ASOCIADO: (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurran los 80 contenedores. eventos y se utilice el elevador). VACIADO Y LLENADO DE CARGA EN CONTENEDOR OPEN TOP; FLAT RACK; ISO TANQUE Y SIMILARES DE 40 O MÁS PIES, sc IP PARA RECONOCIMIENTO U OTRO TIPO DE EVENTO 01 04 03 06 100 conte edores. (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurran los eventos y se utilice el elevador). VACIADO DE LA CARGA EN CONTENEDOR OPEN TOP; FLAT sc IP 01 03 07 RACK; ISO TANQUE Y SIMILARES, PARA DESPACHO: 04 Tarifa por 50 (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el conte nedores. evento y se utilice el elevador). DESPACHO DE CONTENEDOR OPEN TOP; FLAT RACK; ISO IP 03 SC 01 04 TANQUE Y SIMILARES, UNA VEZ VACIADA SU CARGA: 08 Tarifa por (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el 50 conte nedores. evento y se utilice el elevador). ACARREO DE CONTENEDOR OPEN TOP; FLAT RACK: ISO IP SC 01 04 03 09 TANQUE Y SIMILARES, VACÍO: 20 (Comprende: Uso de transporte; en caso de que ocurra el conte nedores. evento y se utilice el transporte). RECEPCIÓN DE CONTENEDOR OPEN TOP; FLAT RACK; ISO Tarifa por TANQUE Y SIMILARES VACÍO, EN PATIO DE VACÍOS: 50 IP Sc 01 04 03 10 (Comprende: Uso de elevador y emisión de documentos; en conte nedores. caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). USÒ DE IMPLEMENTOS ESPECIALES PARA MANIPULACIÓN DE CARGA EN CONTENEDOR OPEN TOP; FLAT RACK; ISO TANQUE IP SC 01 04 03 11 Y SIMILARES: 200 (Comprende: Eslingas, ganchos, cadenas, guayas, cinchas y conte edores. otros similares; en caso de que ocurra el evento y se utilicen los mismos). CARGA CONTENEDORIZADA REFRIGERADA: (TODO TIPO DE FÓRMULA DE TARIFA sc 02 04 04 IP (usp) CONTENEDOR): CÁLCULO MANEJO DE LA CARGA CONTENEDORIZADA REFRIGERADA: (Comprende: Uso de elevador en muelle, acarreo desde Tarifla por IP SC 01 04 04 muelle hasta patio de carga contenedorizada, uso de elevador 380 01 contenedores. para la recepción en patio de carga contenedorizada, emisión de documentos, y uso de elevador para despacho). Tarifla por SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CARGA CONTENEDORIZADA contenedores 0402 IP Sc 01 04 30 REFRIGERADA: cada (30) dias o fracción. CONEXIÓN Y MONITOREO DE CONTENEDOR CON CARGA Taria por IP SC 01 04 03 04 REFRIGERADA: 50 contenedores (Comprende: Conexión eléctrica y monitoreo). pcr dias. POSICIONAMIENTO CONTENEDORIZADA DE CARGA REFRIGERADA, PARA RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL Tarifa por 1P SC 04 04 04 01 SENIAT: 50 contenedores. (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). POSICIONAMIENTO DE CARGA REFRIGERADA (PARA EVENTOS Tarifa por 04 05 DIFERENTES AL RECONOCIMIENTO DEL SENIAT): IP SC 01 04 50 contenedores. (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). 04 0406 VACIADO Y LLENADO DE CARGA REFRIGERADA, EN IP Sc 01 CONTENEDOR DE 20 PIES, PARA RECONOCIMIENTO U OTRO Tarifa por TIPO DE EVENTO ASOCIADO: 80 contenedores. (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurran los eventos y se utilice el elevador). 04 0407 01 IP SC CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES, PARA RECONOCIMIENTO U Tarifa por 100 OTRO TIPO DE EVENTO ASOCIADO: contenedores. (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurran los eventos y se utilice el elevador). VACIADO DE CARGA CONTENEDORIZADA REFRIGERADA, Tarifa por 0408 Sc 1P 01 04 PARA DESPACHO: 50 (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el contenedores. evento y se utilice el elevador). DESPACHO DE CONTENEDOR PARA CARGA REFRIGERADA, 50 Tarifa por 04109 IP SC 04 UNA VEZ VACIADA SU CARGA: 01 contenedores. (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). ACARREO DE CONTENEDOR PARA CARGA REFRIGERADA, 04 10 20 Tarifa por VACÍO: IP Sc 01 04 contenedores. (Comprende: Uso de transporte; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). RECEPCIÓN DE CONTENEDOR VACÍO, EN PATIO DE VACÍOS: Tarifa por 50 1P Sc 01 04 04 11 (Comprende: Uso de elevador y emisión de documentos; en contenedores. caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). MONTAJE / DESMONTAJE DE GEN SET EN CONTENEDOR CON CARGA REFRIGERADA: 33 contenedores. 1P 0412 (Comprende: Uso de equipo especial para mantener la SC 01 04 refrigeración del contenedor hasta su destino; en caso de que ocurra el evento y se utilice el eguigo). TARIFA FÓRMULA DE os sc 01 04 IP (USD) CÁLCULO DESAGRUPAR (INCLUYE OPEN TOP, FLAT RACK, Y SIMILARES): DESCONsOuDAR: (Aplica solo para el Consolidador de la carga). (Comprende: Uso de elevador en muelle, acarreo desde IP SC 01 04 05 01 Tarifa por muelle hasta patio de carga suelta, uso de elevador para la 260 recepción en patio de carga suelta, emisión de documentos, contenedores. vaciado de contenedor, uso de elevador para despacho de contenedor vacio, acarreo de contenedor vacio dentro de la zona portuaria, y uso de elevador para recepción de contenedor vacio en patio de vacios). DESAGRUPAR: (Aplica solo para los casos de un único consignatario de la carga). (Comprende: Uso de elevador en muelle, acarreo desde Sc IP 05 02 muelle hasta patio de carga suelta, uso de elevador para la 01 04 recepción en patio de carga suelta, emisión de documentos, Tarifa por vaciado de contenedor, uso de elevador para despacho de 260 contenedores. contenedor vacio, acarreo de contenedor vacio dentro de la zona portuaria, y uso de elevador para recepción de contenedor vacio en patio de vacios). Tarifa por contenedores 20 PIES, PARA DESCONSOLIDAR O DESAGRUPAR: (ApliCa para 20 05 03 1P SC 01 04 cada (30) dias o ambos casos, hasta tanto se desconsolide o desagrupe la fracción. carga). MANEIO DE LA CARGA SUELTA DESCONSOLIDADA O 05 04 DESAGRUPADA: (Aplica para cada consignatario final de la 1P SC 01 06 carga). 80 Tarifa por BL. (Comprende: Uso de elevador para recepción de la carga dentro del almacén, uso de elevador para despacho, y emisión de documentos). SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CARGA SUELTA Tarifa por BL DESCONSOLIDADA O DESAGRUPADA: (Aplica para cada 15 IP Sc 01 o5 05 04 cada(30) dias o consignatario final de la carga, una vez desconsolidada o fracción desagrupada). POSICIONAMIENTO DE CARGA SUELTA DESCONSOLIDADA O DESAGRUPADA, PARA RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL IP SC 01 30 04 o5 06 SENIAT: Tarifa por BL (Comprende: uso de elevador; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). CARGA SUELTA EVENTOS IP SC 01 04 05 07 DIFERENTES AL RECONOCIMIENTO DEL SENIAT): 30 Tarifa por BL. (Comprende: uso de elevador; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). sc IP 05 08 DESCONSOLIDADA O DESAGRUPADA: 01 04 Tart'a por 10 (Comprende: Mano de obra; en el caso de que sea utilizada la paletas. misma). Tart'a por 0509 IP SC 01 04 A LA CARGA SUELTA DESCONSOLIDADA O DESAGRUPADA: 5 paletas (Comprende: Mano de obra; en el caso de que sea utilizada la o bultos. misma). LLENADO DE CONTENEDOR DE 20 PIES, PARA DESPACHO: IP Sc 01 04 05 10 50 (Comprende: Uso de elevador; en el caso de que ocurra el Tart'a por evento y se utilice el elevador). con:anedor USO DE IMPLEMENTOS ESPECIALES PARA MANIPULACIÓN DE LA CARGA A SER CONTENEDORIZADA PARA DESPACHO: Tarifa por (Comprende: Eslingas, ganchos, cadenas, guayas, cinchas y IP Sc 01 04 05 11 150 contenedores. otros similares, en caso de que ocurra el evento y se utilicen dichos implementos). DE LA CARGA SUELTA DESCONSOLIDADA O DESAGRUPADA: Tarifa cor t, o m3 05 12 IP (Comprende: Eslingas, ganchos, cadenas, guayas, cinchas y SC 01 04 8 (el mayor de los otros similares, en caso de que ocurra el evento y se utilicen dos). dichos implementos). A A IP SC 01 04 06 FÓRMULA DE TARIFA DESCONSOLIDAR O DESAGRUPAR (INCLUYE OPEN TOP, FLAT (osn) CÁLCULO RACK, Y SIMILARES): MANEIO DE LA CARGA EN CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES, PARA DEsCONsOLDAR: (Aplica solo para el Consolidador de la carga). IP (Comprende: Uso de elevador en muelle, acarreo desde Sc 01 06 01 04 280 muelle hasta patio de carga suelta, uso de elevador para la conte nedores. recepción en patio de carga suelta, emisión de documentos, vaciado de contenedor, uso de elevador para despacho de contenedor vacio, acarreo de contenedor vacio dentro de la zona portuaria, y uso de elevador para recepción de contenedor vacio en patio de vacios). MANEJO DE LA CARGA EN CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES, PARA DESAGRUPAR: (Aplica solo para los casos de un único consignatario de la carga). (Comprende: Uso de elevador en muelle, acarreo desde 04 06 02 IP Sc 01 muelle hasta patio de carga suelta, uso de elevador para la Tarifa por 280 recepción en patio de carga suelta, emisión de documentos, contenedores. vaciado de contenedor, uso de elevador para despacho de contenedor vacio, acarreo de contenedor vacio dentro de la zona portuaria, y uso de elevador para recepción de contenedor vacio en patio de vacios). Tarfa por 1P sc 40 O MÁS PIES, PARA DESCONSOLIDAR O DESAGRUPAR: 01 04 06 03 Contenedores 20 (Aplica para ambos, hasta tanto se desconsolide o desagrupe cada 130) dias o la carga). fracción. MANEJO DE LA CARGA SUELTA DESCONSOLIDADA O IP DESAGRUPADA: (Aplica para cada consignatario final de la SC 01 06 04 04 carga). Tarifa por BL. 80 (Comprende: Uso de elevador para recepción de la carga dentro del almacén, uso de elevador para despacho, y emisión de documentos). SEGURIDAD Y CARGA SUELTA VIGILANCIA DE LA Tarifa por BL sc 01 06 05 DESCONSOLIDADA O DESAGRUPADA: (Aplica para cada IP 04 15 Cada(30) dias o consignatario final de la carga, una vez desconsolidada o fracción desagrupada). página original (tal como se publicó) [Página 13] POSICIONAMIENTO DE CARGA SUELTA DESCONSOLIDADA O DESAGRUPADA, PARA RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL 06 06 30 1P SC 01 Tari'a por BL 04 SENIAT: (Comprende: uso de elevador; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). POSICIONAMIENTO CARGA SUELTA DESCONSOLIDADA O DESAGRUPADA (PARA EVENTOS DIFERENTES AL RECONOCIMIENTO DEL SENIAT): 30 Sc E1 04 06 07 IP Tarifa por BL. (Comprende: uso de elevador; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). PALETIZADO Y/O DESPALETIZADO DE CARGA SUELTA sc 1P 04 06 E 08 DESCONSOLIDADA O DESAGRUPADA: Tarifa por 10 (Comprende: Mano de obra; en caso de que sea utilizada la paletas. misma). COLOCACIÓN DE FLEIES, TIRROS O PLÁSTICOS PROTECTORES 04 06 IP SC E A LA CARGA SUELTA DESCONSOLIDADA O DESAGRUPADA: 09 5 paletas (Comprende: Mano de obra; en caso de que sea utilizada la o bultos. misma). LLENADO DE CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES, PARA IP SC Ei 04 06 DESPACHO: 50 10 (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento contenedor y se utilice el elevador). USO DE IMPLEMENTOS ESPECIALES PARA MANIPULACIÓN DE LA CARGA A SER CONTENEDORIZADA PARA DESPACHO: Tarifa por |c1 |04 (Comprende: Eslingas, ganchos, cadenas, guayas, cinchas y IP SC 06 11 150 contenedores. otros similares, en caso de que ocurra el evento y se utilicen dichos implementos). USO DE IMPLEMENTOS ESPECIALES PARA MANIPULACIÓN DE LA CARGA SUELTA DESCONSOLIDADA O DESAGRUPADA: Tarifa por t, o m3 IP SC 06 (el mayor de los 01 04 12 (Comprende: Eslingas, ganchos, cadenas, guayas, cinchas y 8 otros similares, en caso de que ocurra el evento y se utilicen dos). dichos implementos). CARGA CONTENEDORIZADA, BAJO RÉGIMEN IN-BOND (INCLUYE TARIFA FÓRMULA DE sc IP 01 04 07 OPEN TOP, FLAT RACK, Y SIMILARES): (USD) CÁLCULO USO DE ELEVADOR EN MUELLE, PARA CARGA Tarifa por CONTENEDORIZADA BAJO RÉGIMEN IN BOND: (En CasO de IP SC 01 04 07 01 50 contenedores. que la carga proceda directamente del muelle). ACARREO INTERNO DE CARGA CONTENEDORIZADA BAJO IP SC 01 04 RÉGIMEN IN BOND, DESDE MUELLE O ALMACÉN, HASTA 07 02 20 PATIO IN BOND: contenedores. (Comprende: Uso de transporte). RECEPCIÓN DE CARGA CONTENEDORIZADA BAJO RÉGIMEN Tarifa por 50 IP SC 01 04 07 03 IN BOND, EN PATIO IN BOND: contenedores (Comprende: Uso de elevador). Tarifa por VIGILANCIA CARGA SEGURIDAD Y DE LA contenedores IP SC 01 04 04 30 07 CONTENEDORIZADA, BAJO RÉGIMEN IN BOND: cada (30) días o fracción. POSICIONAMIENTO DE CARGA CONTENEDORIZADA BAJO RÉGIMEN IN BOND, PARA RECONOCIMIENTO POR PARTE Tarifa por IP Sc 01 DEL SENIAT: 04 07 05 50 contenedores. (Comprende: Uso de elevador, en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). POSICIONAMIENTO ADICIONAL DE CARGA CONTENEDORIZADA BAJO RÉGIMEN IN BOND (PARA IP Sc 04 EVENTOS DIFERENTES AL RECONOCIMIENTO DEL SENIAT): 01 07 06 Tarifa por (Comprende: Uso de elevador, en caso de que ocurra el 50 contenedores. evento y se utilice el elevador). VACIADO - LLENADO DE CONTENEDOR DE 20 PIES CON CARGA BAJO RÉGIMEN IN BOND, PARA RECONOCIMIENTO U OTRO TIPO DE EVENTO ASOCIADO: La carga permanecerá IP SC 01 04 07 07 Tarifa por en el contenedor, bajo régimen in bond. 60 (Comprende: Uso de Elevador; en caso de que ocurra el contenedores. evento y se utilice el elevador). VACIADO - LLENADO DE CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES CON CARGA BAJO RÉGIMEN IN BOND, PARA IP RECONOCIMIENTO U OTRO TIPO DE EVENTO ASOCIADO: La SC 01 04 07 08 Tarifa por 80 carga permanecerá en el contenedor, bajo régimen in bond. contenedores. (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). 09 DESPACHO DE CARGA CONTENEDORIZADA BAJO RÉGIMEN IP SC 04 07 01 Tarifa por 50 IN BOND (Comprende: Uso de elevador). contenedores sc IP RÉGIMEN IN BOND, PARA DESAGRUPAR: OcUrre CUando la 01 04 07 10 Tarifa por 50 carga va a permanecer suelta o desagrupada, bajo régimen in contenedores. bond. (Comprende: Uso de elevador). VACIADO DE CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES CON CARGA sc IP 01 04 07 BAJO RÉGIMEN IN BOND, PARA DESAGRUPAR: Ocurre 11 Tart'a por 50 contenedores. régimen in bond. (Comprende: Uso de elevador). 1P SC 01 04 07 12 Tarifa por 50 CARGA: contenedores. (Comprende: Uso de elevador). IP ACARREO DE CONTENEDOR VACÍO, HASTA PATIO DE SC 01 04 07 13 Tarifa por 20 VACÍOS: contenedores. (Comprende: Uso de transporte). Sc 1P 01 04 07 RECEPCIÓN DE CONTENEDOR VACIO, EN PATIO DE VACÍOS: 14 Tari'a por 50 (Comprende: Uso de elevador y emisión de documentos). contenedores. RECEPCIÓN DE LA CARGA BAJO RÉGIMEN IN BOND DENTRO sc IP DEL ALMACÉN, UNA VEZ SUELTA O DESAGRUPADA: 01 04 07 15 40 contenedor. (Comprende: Uso de elevador). Tarifa por t, o m² pcr dias o 0,02 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CARGA BAJO RÉGIMEN IN IP fracción SC 01 04 07 16 (Minimo BOND, UNA VEZ SUELTA O DESAGRUPADA : 20$) (el mayor de los dos). POSICIONAMIENTO DE CARGA SUELTA O DESAGRUPADA, IP sc 01 04 07 17 BAJO RÉGIMEN IN BOND, PARA RECONOCIMIENTO POR 30 PARTE DEL SENIAT: Tarifa por BL (Comprende uso de elevador; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). POSICIONAMIENTO ADICIONAL DE CARGA SUELTA O DESAGRUPADA, BAJO RÉGIMEN IN BOND (PARA EVENTOS IP DIFERENTES AL RECONOCIMIENTO DEL SENIAT): 30 Tarifa por BL. SC 01 04 07 18 (Comprende uso de elevador; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). IP SC 01 04 07 DESAGRUPADA, BAJO RÉGIMEN IN BOND: 19 10 (Comprende: Mano de obra; en caso de que se utilice la paletas. misma). COLOCACIÓN DE FLEJES, TIRROS IP SC 01 04 07 20 PROTECTORES, A LA CARGA SUELTA O DESAGRUPADA, BAJO RÉGIMEN IN BOND: 5 pa etas (Comprende: Mano de obra; en caso de que se utilice la o bultos. misma). SC 0407 IP 01 60 Tarifs por BL 21 RÉGIMEN IN BOND: (Comprende: Uso de elevador). LLENADO DE CONTENEDOR CON CARGA BAJO RÉGIMEN IN SC 22 1P 04 01 07 BOND, PARA DESPACHO: 50 (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el contenedores. evento y se utilice el elevador). USO DE IMPLEMENTOS ESPECIALES PARA MANIPULACIÓN DE LA CARGA CONTENEDORIZADA, BAJO RÉGIMEN IN IP Sc 04 07 BOND: 01 23 150 (Comprende: Eslingas, ganchos, cadenas, guayas, cinchas y contenedores. otros similares, en caso de que ocurra el evento y se utilicen dichos implementos). USO DÉ IMPLEMENTOS ESPECIALES PARA MANIPULACIÓN DE LA CARGA SUELTA, BAJO RÉGIMEN IN BOND: Tarifa por t, o m3 (el mayor de los IP Sc 01 04 07 24 (Comprende: Eslingas, ganchos, cadenas, guayas, cinchas y 8 dos). otros similares, en caso de que ocurra el evento y se utilicen dichos implementos). CARGA CONTENÉDORIZADA EN TRASLADO HACIA ALMACÉN FÓRMULA DE 1P TARIFA SC 01 04 08 FUERA DE LA ZONA PORTUARIA, O EN TRANSFERENCIA DENTRO (asn) DE LA ZONA PORTUARIA, HACIA UN ALMACÉN DISTINTO A BOLIVARIANA DE PUERTOS: TRASLADO DE CARGA CONTENEDORIZADA. (Comprende Tarifa por sc 01 280 IP 01 04 08 seguridad y vigilancia y emisión de documentos). contenedores. CONTENEDORIZADA. Tarifa por TRANSFERENCIA sc IP 280 01 04 08 02 (Comprende seguridad y vigilancia y emisión de contenedores. documentos). MANEIO DE LA CARGA CONTENEDORIZADA, EN TRASLADO O TRANSFERENCIA: 250 1P SC 01 04 08 03 (Comprende: Uso de elevador en muelle, en caso de que contenedores. Bolipuertos ejecute el evento). USO DE IMPLEMENTOS ESPECIALES PARA MANIPULACIÓN DE CARGA CONTENEDORIZADA, EN TRASLADO O EN 120 contenedores. sc 01 IP 04 08 04 TRANSFERENCIA: (Comprende: Eslingas, ganchos, cadenas, guayas, cinchas y otros similares, en caso de que ocurra el evento y se utilicen dichos Implementos). FÓRMULA DE TARIFA 04 09 CARGA CONTENEDORIZADA EN DESCARGA DIRECTA: Sc IP 01 (USD) CÁLCULO Tarifa por sc 04 09 01 IP 01 100 (Comprende seguridad y vigilarcia y emisión de documentos), contenedores. MANEIO DE LA CARGA CONTENEDORIZADA EN DESCARGA DIRECTA: IP Sc 01 04 09 02 Tarifa por 180 (Comprende: Uso de elevador en muelle en caso de que contenedores. Bolipyertos ejecute el evento). CARGA CONTENEDORIZADA, EN DESCARGA DIRECTA: Tarifa por IP Sc 01 04 09 50 03 (Comprende: Eslingas, ganchos, cadenas, guayas, cinchas y contenedores. otros similares; en caso de que ocurra el evento y se utilicen dichos implementos). CARGA EN CONTENEDOR DE 20 PIES, EN TRANSFERENCIA TARIFA FÓRMULA DE Sc 04 1P 01 10 (USD) CÁLCULO INTERNA PARA VACIADO, ENTRE PATIOS DE BOLPUERTOS. ACARREO DE CARGA EN CONTENEDOR DE 2O PIES, DESDE 20 IP Sc 01 04 10 01 UN PATIO HASTA OTRO PATIO INTERNO DE BOLIPUERTOS: contenedores. (Comprende: Uso de transporte). RECEPCIÓN DE CARGA EN CONTENEDOR DE 20 PIES, EN Tarifa por 02 IP 04 50 SC 01 10 NUEVO PATIO INTERNO DE BOLIPUERTOS: contenedores. (Comprende Uso de elevador). VACIADO DE CONTENEDOR DE 20 PIES, EN NUEVO PATIO 1P Sc 01 04 10 03 INTERNO DE BOLIPUERTOS: Tarifa por 50 (Comprende: Uso de elevador). contenedores. Tarifa por 50 04 IP SC 01 10 04 NUEVO PATIO INTERNO DE BOLIPUERTOS: contenedores. (Comprende: Uso de elevador). Tarifa por ACARREO DE CONTENEDOR DE 2O PIES, VACÍO; DESDE sc IP 01 04 10 05 NUEVO PATIO INTERNO DE BOLIPUERTOS, HASTA PATIO DE contenedores. 20 VACIos: (Comprende: Uso de transporte). ENTREGA DE CONTENEDOR DE 20 PIES, VACÍO; EN PATIO DE Tarifa por sc 1P 01 04 10 06 VAclos: 50 contenedores. (Comprende: Uso de elevador y emisión de documentos). FÓRMULA DE CARGA EN CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES EN TRANSFERENCIA TARIFA sc 04 IP 01 (USD) CÁLCULO INTERNA PARA VACIADO, ENTRE PATIOS DE BOLIPUERTOS: ACARREO DE CARGA EN CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES, Sc IP DESDE UN PATIO HASTA OTRO PATIO INTERNO DE Tarifa por 01 04 11] 01 20 BOUPUERTOS: contenedores. (Comprende: Uso de transporte). RECEPCIÓN DE CARGA EN CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES, IP Sc 50 01 04 11 02 EN NUEVO PATIO INTERNO DE BOLIPUERTOS: contenedores. (Comprende Uso de elevador). VACIADO DE CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES, EN NUEVO sc 03 PATIO INTERNO DE BOLIPUERTOS: Tarifa por IP 01 04 11] 50 contenedores. (Comprende: Uso de elevador). O Tarifa por IP 50 Sc 01 04 11 04 DESDE NUEVO PATIO INTERNO DE BOLIPUERTOS: contenedores. (Comprende: Uso de elevador)._ ACARREO DE CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES, VACIO; sc IP 01 04 11 05 DESDE NUEVO PATIO INTERNO DE BOLIPUERTOS, HASTA Tarifa por 20 PATIO DE VACÍOS: contenedores. (Comprende: Uso de transporte). ENTREGA DE CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES VACÍO, EN Tarifa por Sc PATIO DE VACÍOS: 50 IP 01 04 11 06 contenedores. (Comprende: Uso de elevador y emisión de documentos). CARGA DE EXPORTACIÓN: 1P 02 SC Sc 02 1P 01 CARGA GENERAL SUELTA: CARGA SUELTA: (Ingresa suelta al almacén, y se embarca suelta TARIFA FÓRMULA DE IP Sc 02 01 01 (USD) en el buque). MANEJO DE LA CARGA SUELTA: IP Sc 02 01 01 01 (Comprende: Uso de elevador para la recepción en almacén, m 4 emisión de documentos, uso de elevador para despacho, (el mayor de los acarreo desde almacén hasta muelle, y uso de elevador en dos). muelle). 0.02 Tarifa por t, o 02 01 sc IP (Minimo 01 02 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CARGA SUELTA: 305) fracción (el mayor de los dos). POSICIONAMIENTO DE SUELTA, CARGA PARA Tarifa por t, o m3 IP Sc 02 RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL SENIAT: 01 01 03 3 (el ma,or de los (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el dos). evento y se utilice el elevador). POSICIONAMIENTO ADICIONAL DE CARGA SUELTA (PARA Tarifa por t, o m3 sc IP 02 01 01 04 3 (el ma,or de los (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el dos). evento y se utilice el elevador). PALETIZADO Y/O DESPALETIZADO DE CARGA SUELTA: (Comprende: mano de obra; en caso de que se utilice la Tart'a por sc IP 02 01 01 os 10 misma). paletas. COLOCACIÓN DE FLEJES, TIRROS O PLÁSTICOS PROTECTORES, IP 02 01 sc 01 06 A LA CARGA SUELTA: 5 paletas (Comprende: mano de obra; en caso de que se utilice la o bultos. misma). página original (tal como se publicó) [Página 14] USÓ DE IMPLEMENTOS ESPECIALES, PARA MANIPULACIÓN DE LA CARGA SUELTA: Tarifa sor t, o m² IP SC 01 01 (Comprende: Eslingas, ganchos, cadenas, guayas, cinchas y 02 07 8 (el mayor de los otros similares; en caso de que ocurra el evento y se utilicen dos). dichos implementos). CARGA SUELTA: IP (Comprende: LowBoy y otros similares; en caso de que ocurra Sc 02 01 01 08 el evento y se utilicen los equipos).La tarifa que regirá este servicio, se fijará de acuerdo a los precios del mercado para el momento de la prestación del mismo. FÓRMULA DE TARIFA Sc IP 01 02 CONTENEDOR: (ingresa suelta al almacén, y se contenedoriza 02 (asn) para su embarque en el buque). IP SC 01 02 02 01 AGRUPAR: Tart'a por (Comprende: Uso de elevador para la recepción de la carga contenedores 100 suelta en almacén/patio, uso de elevador para llenado de llenos. contenedor, y emisión de documentos). RECEPCIÓN DE CONTENEDOR VACÍO, EN PATIO IP SC 02 01 02 60 02 DE Tart'a por EXPORTACIÓN: contenedores. (Comprende: Uso de elevador y emisión de documentos). Tarifa por t, o SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CARGA SUELTA PARA 0,02 m² por dias o Sc CONSOLDAR O AGRUPAR: (Aplica mientras la carga IP 02 01 02 03 (Mínimo fracción 20$) (el mayor de los permanezca suelta). dos). POSICIONAMIENTO DE LA CARGA PARA CUALQUIER TIPO DE IP SC 02 01 02 EVENTO: 04 Tarifa por 50 (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el contenedores. evento y se utilice el elevador). SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CARGA CONSOLIDADA O Tarifa por IP 01 02 30 SC 02 05 AGRUPADA DENTRO DEL CONTENEDOR: (ApliCa desde el contenedores. momento en que la carga es contenedorizada). PALETIZADO Y/O DESPALETIZADO DE CARGA SUELTA PARA IP SC 02 01 02 06 Tarifa por 10 (Comprende: Mano de obra; en caso de que se utilice la pa etas. misma). Sc 01|02 IP 02 A CARGA SUELTA PARA CONSOLIDAR O AGRUPAR: 07 Tarifa por 5 (Comprende: Mano de obra, en caso de que se utilice la paletas o bultos. misma). ENTREGA DE CONTENEDOR LLENO EN MUELLE: IP Sc 02 01 02 08 (Comprende: Uso de elevador para despacho, acarreo desde 80 conte edores. almacén/patio hasta muelle, y uso de elevador en muelle). IP SC 02 02 CARGA A GRANEL: TARIFA FÓRMULA DE sc 02 01 02 IP CARGA A GRANEL: (USD) CÁLCULO CARGA A GRANEL CAMIÓN - BUQUE IP (Se entiende como el ingreso de la carga al puerto hasta el 0,25 Sc 01 02 01 J01 Tarfa por t muelle) CARGA A GRANEL PATIO - CAMIÓN - BUQUE Sc (Se entiende como el movimiento de carga desde un IP 01 02 01 02 0,25 Tarifa por t almacén/patio hacia el muelle) 02 01 03 IP SC 02 SERVICIO DE PESAJE PARA CARGA A GRANEL: Tarifa por t (Comprende: Uso de balanza; en caso de que se utilice la 0,38 misma). 3$ sc CARGA RODANTE: 1P 02 03 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS RODANTES, FÓRMULA DE TARIFA IP 03 SC 02 01 LIVIANOS: (USD) CÁLCULO MANEJO DE CARGA RODANTE LIVIANA (MOVILIZACIÓN POR 03|01 IP MEDIOS PROPIOS): SC 02 01 Tarifa por 40 (Comprende: Conductor desde almacén/patio hasta muelle, y unidades. emisión de documentos). MANEJO DE CARGA RODANTE LIVIANA (MOVILIZACIÓN SC 02 03 SOBRE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE): IP 01 02 (La tarifa que regirá este servicio, se fijara de acuerdo a los precios del mercado, para el momento de la prestación del mismo). Tarifa por unidades cada IP 03 01 SC 02 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CARGA RODANTE LIVIANA: 03 40 (30) dias o fracción. VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS RODANTES, TARIFA FÓRMULA DE Sc 03 02 IP 02 -PESADOS: (uso) MANEIO DE CARGA RODANTE PESADA (MOVILIZACIÓN POR 02 03 IP SC 02 01 MEDIOS PROPIOS): Tarifa por 60 (Comprende: Conductor desde almacén/patio hasta muelle y unidades. emisión de documentos). MANEIO DE CARGA RODANTE PESADA (MOVILIZACIÓN SOBRE SC IP 02 03 OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE): 02 02 (La tarifa que regirá este servicio, se fijara de acuerdo a los precios del mercado, para el momento de la prestación del mismo). Tarifa por t, om² 0.02 por días sc IP 02 03 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CARGA RODANTE PESADA: 02 03 Minimo (el mayor de los 405) dos). SC 02 04 IP CARGA CONTENEDORIZADA: CARGA EN CONTENEDOR DE 20 PIES: (Ingress y sale del almacén, FÓRMULA DE TARIFA sc 01 IP 02 04 en contenedores de 20 ples). CÁLCULO (USD) MANEJO DE CARGA EN CONTENEDOR DE 20 PIES: (Comprende: Uso de elevador para la recepción de la carga Tarifa por sc contenedorizada en patio/almacén, emisión de documentos, IP 02 04 01 J01 300 contenedores. uso de elevador para despacho, acarreo desde patio/almacén hasta muelle, y uso de elevador en muelle). Tarifa por SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CARGA EN CONTENEDOR DE IP SC 02 04 01 02 contenedores 30 20 PIES: cada (30) días o fracción. PIES, PARA RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL SENIAT: Tarifa por IP Sc 02 04 01 Eo 50 (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento contenedores. y se utilice el elevador). POSICIONAMIENTO ADICIONAL DE LA CARGA EN CONTENEDOR DE 20 PIES (PARA EVENTOS DIFERENTES AL RECONOCIMIENTO DEL SENIAT): sc Tarifa por IP 02 04 01 04 50 (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento contenedores. y se utilice el elevador]. VACIADO - LLENADO DE LA CARGA EN CONTENEDOR DE 20 PIES, PARA RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL SENIAT, O Tarifa por IP Sc 01 05 CUALQUIER OTRO TIPO DE EVENTO ASOCIADO: 02 04 80 contenedores. (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). VACIADO ADICIONAL DE LA CARGA EN CONTENEDOR DE 20 01 06 IP Sc 02 04 PIES: Tarifa por 40 (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento contenedores. y se utilice el elevador). CARGA EN CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES: (Ingresa y sale del FÓRMULA DE TARIFA Sc IP 02 04 02 almacén, en contenedores de 40 o más ples). (asn) MANEIO DE LA CARGA EN CONTENEDOR DE 40 PIES: (Comprende: Uso de elevador para la recepción de la carga Tarifa por sc 320 IP 02 04 02 01 contenedorizada en patio/almacén, emisión de documentos, contenedores. uso de elevador para despacho, acarreo desde patio/almacén hasta muelle, y uso de elevador en muelle). 3 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CARGA EN CONTENEDOR DE Tarifa por 02 04 02 sc 30 IP 02 40 O MÁS PIES: contenedores cada (30) dias o fracción. POSICIONAMIENTO DE LA CARGA EN CONTENEDOR DE 40 O 52 IP Sc 02 04 02 MÁS PIES, PARA RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL SENIAT: EO Tari'a por (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento 50 contenedores. y se utilice el elevador). CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES (PARA EVENTOS DIFERENTES Tart'a por IP SC 02 04 AL RECONOCIMIENTO DEL SENIAT: 02 04 50 contenedores. (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). VACIADO - LENADO DE LA CARGA EN CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES, PARA RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL SENIAT, O Tart'a por Sc IP 02 04 02 CUALQUIER OTRO TIPO DE EVENTO ASOCIADO: 8C os contenedores. (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). VACIADO ADICIONAL DE LA CARGA EN CONTENEDOR DE 40 O 02|04 sc IP Tart'a por 02 06 MÁS PIES: 40 (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento contenedores. y se utilice el elevador). CARGA ÉN CONTENEDOR OPEN TOP; FLAT RACK; ISO TANQUE Y FÓRMULA DE TARIFA IP SIMILARES: (ingresa y sale del almacén, en contenedores open Sc 02 04 03 (asn) top, flat rack, iso tanques y similares). MANEIO DE LA CARGA EN CONTENEDOR OPEN TOP; FLAT (Comprende: Uso de elevador para la recepción de la carga IP Sc 02 04 03 01 Tart'a por 320 contenedorizada en patio/almacén, emisión de documentos, contenedores. uso de elevador para despacho, acarreo desde patio/almacén hasta muelle, y uso de elevador en muelle). Tart'a por SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CARGA EN CONTENEDOR contenedores sc IP 02 04 03 02 30 OPEN TOP; FLAT RACK; ISO TANQUE Y SIMILARES:, cada (30) días o fracción. TOP; FLAT RACK; ISO TANQUE Y SIMILARES, PARA Tart'a por IP SC RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL SENIAT: 02 04 03 EO 50 contenedores. (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). POSICIONAMIENTO DE LA EN CONTENEDOR OPEN TOP; FLAT RACK; ISO TANQUE Y IP Sc 02 04 03 04 SIMILARES (PARA EVENTOS Tart'a por DIFERENTES AL 50 RECONOCIMIENTO DEL SENIAT): contenedores. (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). VACIADO - LLENADO DE LA CARGA EN CONTENEDOR OPEN TOP; FLAT RACK; ISO TANQUE Y SIMILARES, PARA IP Sc 02|04 RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL SENIAT, O CUALQUIER E0 05 Tart'a por 80 contenedores. (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). VACIADO ADICIONAL DE LA CARGA EN CONTENEDOR OPEN IP Sc 02 04 TOP; FLAT RACK; ISO TANQUE Y SIMILARES: EO 06 Tart'a por 40 (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento contenedores. y se utilice el elevador). ÚSÒ DE IMPLEMENTOS ESPECIALES PARA MANIPULACIÓN DE LA CARGA EN CONTENEDOR OPEN TOP; FLAT RACK; ISO Tart'a por IP 02|04 Sc TANQUE Y SIMILARES: 160 £0 07 contenedores. (Comprende: Eslingas, ganchos, cadenas, guayas, cinchas y otros similares; en caso de que ocurra el evento y se utilicen dichos implementos). FÓRMULA DE 02|04 (ingresa y sale del almacén, en contenedores de 20, 40 o más IP SC 04 (asn) CÁLCULO pies). MANEIO DE CARGA REFRIGERADA EN CONTENEDOR: (Comprende: Uso de elevador para la recepción de la carga Tart'a por IP Sc 02 04 04 contenedorizada en patio/almacén, emisión de documentos, 320 01 contenedores. uso de elevador para despacho, acarreo desde patio/almacén hasta muelle, y uso de elevador en muelle). Tarira por SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CARGA REFRIGERADA EN 02|04 contenedores IP Sc 04 02 30 CONTENEDOR: cada (30) dias o fracción. CONEXIÓN Y MONITOREO DE CONTENEDOR CON CARGA Tarifa por IP 03 Sc 02 04 04 REFRIGERADA: 50 contenedores por (Comprende: Conexión eléctrica y monitoreo). dias o fracción. POSICIONAMIENTO CARGAREFRIGERADA DE EN CONTENEDOR, PARA RECONOCIMIENTO POR PARTE 130 Tarifa por IP Sc 02 04 04 04 SENIAT: 50 (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento contenedores. y se utilice el elevador). POSICIONAMIENTO ADICIONAL DE CARGAREFRIGERADA EN CONTENEDOR (PARA EVENTOS DIFERENTES AL IP 02 04 04 05 RECONOCIMIENTO DEL SENIAT): SC Tarifa por (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento 50 contenedores. y se utilice el elevador). - LLENADO DE CARGAREFRIGERADA VACIADO EN CONTENEDOR, PARA RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL Tarifa por IP 02 04 SC SENIAT, O CUALQUIER OTRO TIPO DE EVENTO ASOCIADO: 04 06 80 contenedores. (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). VACIADO ADICIONAL DE LA CARGA REFRIGERADA EN IP SC 02 04 04 07 CONTENEDOR: Tarifa por 40 (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento contenedores. y se utilice el elevador). CARGA CONSOUDADA EN CONTENEDOR DE 20 PIES: (Ingresa y FÓRMULA DE TARIFA 0204 Sc 05 IP sale del almacén, en contenedor; como carga ya consolidada). (USD) CÁLCULO MANEJO DE CARGA CONSOLIDADA, EN CONTENEDOR DE 20 PIES: 0204 IP (Comprende: Uso de elevador para la recepción de la carga Sc 05 01 Tarifa por 320 contenedorizada en patio/almacén, emisión de documentos, contenedores. uso de elevador para despacho, acarreo desde patio/almacén hasta muelle, y uso de elevador en muelle). Tarifa por SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CARGA CONSOLIDADA,EN contenedores IP 0204 Sc 05 02 30 CONTENEDOR DE 20 PIES: cada (30) dias o fracción. POSICIONAMIENTO CARGA CONSOLIDADA, DE EN CONTENEDOR DE 20 PIES, PARA RECONOCIMIENTO POR Tarifa por IP SC 02 04 os 03 PARTE DEL SENIAT: s0 contenedores. (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). POSICIONAMIENTO ADICIONAL DE CARGA CONSOLIDADA, EN CONTENEDOR DE 20 PIES (PARA EVENTOS DIFERENTES AL IP 02 04 SC o5 04 RECONOCIMIENTO DEL SENIAT): 50 contenedores. (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador. página original (tal como se publicó) [Página 15] VACIADO - LLENADO DE CARGA CONSOLIDADA EN CONTENEDOR DE 20 PIES, PARA RECONOCIMIENTO POR IP Sc 02 04 os PARTE DEL SENIAT, O CUALQUIER OTRO TIPO DE EVENTO os 80 contenedores. (Comprende: Uso de elevador, en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). VACIADO ADICIONAL DE CARGA CONSOLIDADA EN 02|04 IP SC os 06 CONTENEDOR DE 20 PIES: Tarifa por 40 (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento contenedores. y se utilice el elevador). FÓRMULA DE TARIFA 02 04 1P Sc (Ingresa y sale del almacén, en contenedor; como carga ya 06 (asn) CÁLCULO consolidada). MANEJO DE CARGA CONSOLIDADA EN CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES: IP SC C2 04 (Comprende: Uso de elevador para la recepción de la carga 06 01 320 Tarifa por contenedorizada en patio/almacén, emisión de documentos, contenedores. uso de elevador para despacho, acarreo desde patio/almacén hasta muelle y uso de elevador en muelle). Tarifa por SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CARGA CONSOUDADA EN contenedores 06 02 IP SC 02 04 30 CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES: cada (30) dias o fracción. POSICIONAMIENTO CARGA CONSOLIDADA EN CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES, PARA RECONOCIMIENTO Tarifa por IP SC 02 04 POR PARTE DEL SENIAT: 06 03 50 contenedores. (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). POSICIONAMIENTO ADICIONAL DE CARGA CONSOLIDADA EN CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES (PARA EVENTOS DIFERENTES Tarifa por Sc 02 |04 IP 06 04 AL RECONOCIMIENTO DEL SENIAT): 50 contenedores. (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocura el evento y se utilice el elevador). CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES, PARA RECONOCIMIENTO 04|06 POR PARTE DEL SENIAT, O CUALQUIER OTRO TIPO DE EVENTO IP Sc 02 os Tarifa por 80 contenedores. (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento y se utilice el elevador). VACIADO ADICIONAL DE CARGA CONSOLIDADA EN 04 06 IP SC 02 06 CONTENEDOR DE 40 O MÁS PIES: 40 Tarifa por (Comprende: Uso de elevador; en caso de que ocurra el evento contenedores. y se utilice el elevador). sc IP 02 04 07 CONTENEDORES VACÍOS: RECEPCIÓN DE CONTENEDOR VACÍO; EN PATIO DE VACÍOS: sc IP (Aplica para todos aquellos casos donde el almacén de carga 02 04 07 01 contenedorizada, no haya generado el cobro por este 50 contenedores. concepto). (Comprende: Uso de elevador y emisión de documentos). ENTREGA DE CONTENEDOR VACÍO, POR PARTE DE PATIO DE Tarifa por 04 07 IP Sc 02 VACÍO: 50 02 contenedores. (Comprende: Uso de elevador y emisión de documentos). ACARREO INTERNO DE CONTENEDOR VACIO sc IP 02 04 07 03 20 (Comprende: Uso de transporte; en caso de que ocurra el contenedores. evento). SECCIÓN II RÉGIMEN TARIFARIO DE LOS SERVICIOS AL BUQUE DEL PUERTO LA CEIBA - FÓRMULA DE TARIFA 1P CÁLCULO (USD) S 01 IP RECEPCIÓN DE CONTENEDOR VACÍO: B RECEPCIÓN DE CONTENEDOR VACÍO, EN PATIO DE VACÍOS Tarifa por IP 01 01 Comprende: Uso de Elevador). 50 contenedores $ ENTREGA DE CONTENEDORES VACÍÓS PARA REPARACION O 02 IP B CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ASOCIADA; EN PUERTO: ENTREGA DE CONTENEDOR VACIO, POR PARTE DE PATIO DE Tarifa por IP 02 VACÍOS (PUERTO DE LA CEIBA): 01 50 contenedores Comprende: Uso de Elevador). B DEVOLUCIÓN DE CONTENEDORES VACÍOS, PARA SU EMBARQUE: IP 03 DEVOLUCIÓN DE CONTENEDORES VACÍOS A LAS LINEAS NAVIERAS (PUERTO LA CEIBA: (Entrega de contenedor en Tarifa por IP 03 S 01 muelle para su embarque). 40 contenedores B (Comprende: Uso de elevador en Patio de vacio, acarreo de contenedor patio de vacio - muelle, elevador en muelle). IP 04 RETORNO DE CONTENEDORES VACÍOS, DESDE MUELLE: B embarque por parte de la línea naviera). Tarifa por IP 04 (Comprende: Uso de elevador en muelle, acarreo de contenedor 01 50 contenedores vacio muelle - patio de vacios, y elevador en Patio de vacios. TRASEGADO: (Comprende: Uso de elevador para entrega de contenedor en patio de contenedores vacios, acarreo interno, uso de elevador para recepción IP 8 de contenedor vacio en patio, posicionamiento de contenedor vacio y 05 lleno, uso de elevador para vaciado y llenado, uso de elevador para 1.000 contenedores contenedor lleno, uso de elevador para el despacho del contenedor vacio, acarreo patio al lugar indicado dentro de la zona portuaria, uso de elevador para recepción de contenedor vacio, documentación y PTI en caso de carga refrigerada). IP Bu ACARREO DE CONTENEDOR VACIO, ENTRE ALMACENES, DENTRO DE 06 20 LA ZONA PORTUARIA: contenedores (Comprende: Uso de transporte). LIMPIEZA DE CONTENEDOR VACÍO: IP 07 50 Tarifa por B (Comprende: Barrido básico al contenedor). contenedores Tarifa por REPARACIÓN DE CONTENEDOR: IP 08 30 contenedores (Comprende: Mano de Obra). por horas por hombres PTI LARGO - PRE ENFRIADO DE CONTENEDORES PARA EXPORTACIÓN: Tarifa por 09 (Comprende: Mano de Obra, conexión, monitoreo y desconexión por 4 IP 100 contenedores B horas, emisión de documentos). PTI CORTO - PRE ENFRIADO DE CONTENEDORES PARA EXPORTACIÓN: Tarifa por 10 (Comprende: Mano de Obra, conexión, monitoreo y desconexión por IP S 75 contenedores B 1/2 horas, emisión de documentos). INTRODUCCION DE CONTENEDORES VACÍOS, POR VIA MARITIMA: Tarifa por 111 (Comprende: uso de elevadores, acarreo, emisión de documentos, IP S 280 contenedores. B seguridad y vigilancia). ESTIBA / DESESTIBA: IP 12 B CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES DE 20, 40 O MÁS 12 01 IP PIES, LLENOS O VACÍOS: 80 (Comprende: Mano de obra, uso de elevador y elaboración B contenedores de Reporte Operacional de buque) CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES (REFRIGERADOS 90 12 02 Tarifa por IP Y/O OPEN TOP; FLAT RACK; ISO TANQUE Y SIMILARES): S B contenedores (Comprende: Mano de obra, uso de elevador y elaboración de Reporte Operacional de buque) RESTOW CONTENEDORES (BUQUE/BUQUE): Tarifa por (Comprende: Mano de obra, uso de elevador y elaboración 85 S 12 IP 03 contenedores de Reporte Operacional de buque) B RESTOW CONTENEDORES (BUQUE/TIERRA/BUQUE): (Comprende: Mano de obra, uso de elevador y elaboración 90 1P 12 04 contenedores B de Reporte Operacional de buque) RECARGO POR CARGA PELIGROSA IMO 1 Y 5,2: 100% S IP 12 05 Tarifa por sobre B unidad tarifa 50 % 06 RECARGO POR CARGA PELIGROSA IMO 2 ,4 ,5.1, 8, 9: IP 12 Tarifa por sobre unidad tarifa 07 50 % IP S 12 Tarifa por B sobre LUNES A LAS 07:00 Y DIAS FERIADOS: unidad Tarifa 12 08 TIEMPOS PERDIDOS IMPUTABLES A LA LINEA (POR HORA IP B POR TIRO CON 02 HORAS LIBRES AL INICIO DE LAS OPERACIONES ): 12 08 Tarifa por hora AL INICIO DE LAS OPERACIONES, POR VISITA DE LAS IP $ 0 300 B 1 por Tiro AUTORIDADES NOMINADAS POR LINEA: 08 DURANTE LAS OPERACIONES DAÑOS EN GRÚA DE IP S 12 0 Tarifa por hora 300 BUQUE, RETARDO EN ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN B 2 YCARGA: 50 % 12 08 IP 0 DURANTE LAS OPERACIONES DAÑOS EN GRÚA DE Tarifa por hora B 3 sobre BUQUE, GN O LLUVIA : Tarifa 12 09 Tarifa por hora IP 1.200 SERVICIO DE GRÚA DE TIERRA: B (Min. 4 horas) Tarifa por hora SERVICIO DE GRÚA DE TIERRA PARA CARGA / DESCARGA DE IP $ 12 10 1.500 (Min. 4 horas) B CARGA PROYECTO: CARGA GENERAL SUELTA: 10 Tarifa por t, 12 11 1P (Comprende: Mano de obra, uso de elevador y elaboración B de Reporte Operacional de buque) CARGA Y DESCARGA DE VEHÍCULOS, CAMIONES Y BUSES 12 12 10 (HASTA S TONELADAS): IP unidad B (Comprende: Mano de obra, uso de elevador y elaboración de Reporte Operacional de buque) RESTOW CARGA Y DESCARGA DE VEHÍCULOS, CAMIONES Y 12 13 1P s BUSES (HASTA 5 TONELADAS): 5 (Comprende: Mano de obra, uso de elevador y elaboración unidad B de Reporte Operacional de buque) CARGA Y DESCARGA CAMIONES Y BUSES (DE S HASTA 10 TONELADAS): 12 14 Tarifa por IP 17 (Comprende: Mano de obra, uso de elevador y elaboración unidad B de Reporte Operacional de buque) RESTOW CARGA Y DESCARGA CAMIONES Y BUSES (DE S 8,5 12 IP 15 HASTA 10 TONELADAS): unidad (Comprende: Mano de obra, uso de elevador y elaboración de Reporte Operacional de buque) CARGA Y DESCARGA CAMIONES Y BUSES (DE 10 TONELADAS 12 16 1P 8 EN ADELANTE): (Comprende: Mano de obra, uso de elevador y elaboración de Reporte Operacional de buque) RESTOW CARGA Y DESCARGA CAMIONES Y BUSES (DE 10 s 12 17 IP TONELADAS EN ADELANTE): 4 B (Comprende: Mano de obra, uso de elevador y elaboración de Reporte Operacional de buque) CARGA Y DESCARGA MAQUINARIAS ( HASTA S 12 s IP 18 TONELADAS): 18 Tarifa por t B (Comprende: Mano de obra, uso de elevador y elaboración de Reporte Operacional de buque) RESTOW CARGA Y DESCARGA MAQUINARIAS ( HASTA S 12 IP TONELADAS): 19 6 B (Comprende: Mano de obra, uso de elevador y elaboración unidad de Reporte Operacional de buque) CARGA Y DESCARGA MAQUINARIAS (DE 5 HASTA 10 12 20 IP TONELADAS): Tarifa por 20 B (Comprende: Mano de obra, uso de elevador y elaboración unidad de Reporte Operacional de buque) RESTOW CARGA Y DESCARGA MAQUINARIAS (DE S HASTA IP 12 21 10 10 TONELADAS): Tarifa por B (Comprende: Mano de obra, uso de elevador y elaboración unidad de Reporte Operacional de buque) CARGA Y DESCARGA MAQUINARIAS (DE 10 TONELADAS EN IP s 12 22 10 ADELANTE): B (Comprende: Mano de obra, uso de elevador y elaboración de Reporte Operacional de buque) RESTOW CARGA Y DESCARGA MAQUINARIAS (DE 10 IP 12 23 TONELADAS EN ADELANTE): 5 B (Comprende: Mano de obra, uso de elevador y elaboración de Reporte Operacional de buque) RESTOW CARGA GENERAL (BUQUE/BUQUE) (RECARGO 75 % 12 1P 24 SOBRE LA TARIFA DE CARGA GENERAL SUELTA): Tarifa por t sobre (Comprende: Mano de obra, uso de elevador y elaboración tarifa de Reporte Operacional de buque) RESTOW CARGA GENERAL (BUQUE/TIERRA/BUQUE) 100 % (RECARGO SOBRE LA TARIFA DE CARGA GENERAL SUELTA): IP 25 12 Tarifa por t sobre B (Comprende: Mano de obra, uso de elevador y elaboración tarifa de Reporte Operacional de buque) IP S 12 26 Tarifa por B TARIFA MÍNIMA SERVICIO DE ESTIBA: 2.500 Línea por buque MOVILIZACIÓN DE GANS (TAPAS DE BUQUES): IP S 12 27 60 Tarifa por tapa B Tarifa por hora IP 13 SERVICIO DE GRÚA DE TIERRA 1.200 B (Min. 4 horas) $ MOVIMIENTO SOLIDO DE GRANEL (CARBON) CARGA 1 14 IP BUQUE/CAMIÓN/PATIO/CAMIÓN/BUQUE. B $ MOVIMIENTO DE CARGA GRANEL SOLIDO BUQUE/CAMIÓN O 15 IP 0.50 Tarifa por t CAMIÓN/BUQUE. B página original (tal como se publicó) [Página 16] SECCIÓN III RÉGIMEN TARIFARIO DE LOS OTROS SERVICIOS PORTUARIOS DEL PUERTO LA CEIBA FÓRMULA DE TARIFA ~o OTROS SERVICIOS: 1P (USD) CÁLCULO HABILITACIÓN POR TRABAIO EN HORAS INHÁBILES, EN LA ZONA 01 IP o PORTUARIA: (APLICA POR CADA USUARIO HABILITANTE). Tarifa por Horas o 100 Lunes a viernes, en horas inhábiles 1P 01 01 (Min. 2 Hrs.) Tarifa por 200 Horas Sábado y Domingo y/o Dias Feriados IP 01 02 (Min. 2 Hrs.) EMISIÓN DE DOCUMENTOS ADICIONALES: so (Comprende: Certificación de documentos en general - facturas 02 IP Tarifa por reemplazadas, reimpresión de pases de salidas por no ser documento. Interesado. 10 Tarifa por PRECINTOS: 03 IP o precintos S 0,38 SERVICIO DE PESAJE CARGA SUELTA: IP o 04 Tarifa por t (Comprende: Uso de balanza). s SERVICIO DE PESAUE A LA CARGA CONTENEDORIZADA: IP 05 0 (Comprende: Uso de balanza). 20 Tarifa por Carga en contenedores de 20" ples. 05 01 0 IP contenedores (Comprende: Uso de balanza). 30 Tarifa por Carga en contenedores de 40' o más ples. 05 02 1P o contenedores (Comprende: Uso de balanza). S TRASEGADO: (Comprende: Uso de elevador para entrega de contenedor en patio de contenedores vacios, acarreo Interno, uso de elevador para 1.000 Tarifa por recepción de contenedor vacio en patio, posicionamiento de IP 05 contenedor vacio y lleno, uso de elevador para vaciado y llenado, uso contenedores de elevador para contenedor lleno, uso de elevador para el despacho del contenedor vacio, acarreo patio al lugar Indicado dentro de la zona portuaria, uso de elevador para recepción de contenedor vacio, documentación y PTI en caso de carga refrigerada). LUBRICANTE/ MITIGACIÓN DE DERRAMES (ACEITE Tarifa por 06 IP COMBUSTIBLE): 50 evento (Comprende: Mano de obra. El material Oleofilico utilizado, quedará mitigado. sujeto al valor del mismo en el mercado nacional). Tarifa por 5 PASE DE ACCESO IP o 07 Persona s 1.0 Tarifa por t, INGRESO DE CARGA PELIGROSA 08 IP 0 S 8,67 Tarifa por Hora PLANTA ELECTRICA PORTATIL 09 1P o S Tarifa por Hora 0 0,50 USO DE PANTALLAS PROTECTORAS por Pantalla 10 1P Tarifa por ~o 11 IP 25 vehiculo de USO POR SERVICIOS DE LAS AREAS DE LAVADO transporte Artículo 7. Se delega en el Vicepresidente de la empresa del Estado BOLIVARIANA DE PUERTOS (BOLIPUERTOS), S.A., la faCultad de otorgar rebajas totales o parciales de las tarifas previstas en la presente Resolución, por concepto de servicios al buque y manejo de la carga, cuando concurran circunstancias que así lo justifique. De conformidad con lo expuesto, la sociedad mercantil Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS), S.A., deberá presentar informe mensual al Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, de todas las rebajas totales o parciales de las tarifas previstas en la presente Resolución otorgadas en el ejercicio de la presente delegación. Artículo 8. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta _Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Cotquníquese y publíquese, M/G HEBERT JOSUÉ GARCÍA PLAZA Ministro Designado mediante Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013 Publicado en la Gaceta Oficial N° 40.151 de la misma fecha MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN FUNDACIÓN INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS - IDEA N° 03/2014 FECHA: 22 de mayo de 2014 204°y155° El Consejo Qirectivo de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEA, organismo adscrito al N° 02/014, de fecha 22 de mayo de 2014; conforme lo disponen los articulos 34 y 37 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en los articulos 50 y 52 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Contrataciones Públicas: en uso de las atribuciones conferidas en el articulo 17 numerales 10, 11 y 12 de los Estatutos vigentes, como máxima autoridad de dirección y administración, dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA PRIMERO: Se delega al ciudadano GREGORIO LEOPOLDO SÁNCHEZ SALAMÉ, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad No. V-5.301.310, en su condición de Presidente (E) de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEA, carácter que consta según la designación efectuada mediante la Resolución N° 025, de fecha 14 de abril de 2014, emanada del Ministerio del procesos de contrataciones que se deriven de la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, cuando la Fundación actúe como ente contratante; asi como la celebración de convenios públicos o privados, con las siguientes facultades: GESTIÓN DIARIA DE LA FUNDACIÓN: Fundación, se desarrollan las siguientes facultades especiales que a continuación se discriminan: b) Autorización para la adquisición y movilización de divisas equivalente a once mil quinientas (11.500) Unidades Tributarias. funcionamiento de la Fundación como electricidad, aseo, internet, telefonia fija o móvil, entre otros. (16.000) Unidades Tributarias. de la Fundación, cuyo costo sea hasta dieciséis mil (16.000) Unidades Tributarias. Celebración de convenios, acuerdos, alianzas, compromisos y otros instrumentos de indole de f) cooperación mutua y reciproca con Instituciones Públicas y Privadas, necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Fundación, de conformidad con lo establecido en el articulo 17. numeral 10 de los Estatutos Vigentes. g) Autorización para la firma y expedición de copias certificadas de expedientes y documentos que reposen.en los archivos de la Presidencia que le fueren solicitadas, en atención a lo previsto en los articulos 170 y 171 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. GESTIÓN ACADÉMICA: organismo por un lapso máximo de noventa (90) dias. b) Aprobar la invitación y admisión de investigadores visitantes por periodos determinados para llevar a cabo actividades de docencia o investigación en el área de su especialidad. PROCEDIMIENTOS Y ACTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS: a) Aprobación del informe de recomendación emanada de la Comisión de Contrataciones en lo concerniente a los procesos de Consulta de Precios, previsto en el articulo 75 de la Ley de de contratistas mediante la modalidad de Concurso Abierto y Concurso Cerrado, estos deberán ser aprobados por el Consejo Directivo como Máxima Autoridad. de Concurso Abierto, Concurso Abierto Internacionalmente, Concurso Cerrado y Consulta de( Precios; en el entendido que deberá informar de tales procesos a la Máxima Autoridad. c) Aprobación del acto motivado relativo a la suspensión, terminación y reposición de un procedimiento de contratación, de acuerdo a lo previsto en el articulo 82 de la Ley de adjudicación, caso en el cual corresponderá la suspensión o terminación a la Máxima Autoridad de la Fundación. identificada Ley. SEGunDo: El Consejo Cirectivo, no obstante a la presente delegación, podrá en cualquier momento, firmar los inicios y culminaciones de los procesos de contratación respectivos, sin menoscabo de las atribuciones precedentemente conferidas. TERCERO: Los actos y documentos firmados de confo:midad con esta Providencia, deberán indicar inmediatamente bajo la firma del Presidente de la Fundación, la fecha y número de esta Providencia y la Gaceta Oficial donde haya sido publicada, en cumplimiento con lo previsto en el articulo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. página original (tal como se publicó) [Página 17] CUARTO: Se deja sin efecto la Providencia Administrativa N° 02/2013, de fecha 03 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.165, de fecha 13 de mayo de 2013. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuniquese y Publiquese. Por el Consejo Directivo de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA). Prasigante (E) de la Fundación Inatuto de Estudios Avanzados - IDEA. Seggesolución N" 025 de fecha 14-04-2014 Pedro Antonio Sánchez Hecmhández Vicepresidente Ejecutivo de la Fandación Instituto de Estudios Avanzados - IDEA.. Publicada en la Gaceta Oficial-N*-40.254, de fecha 19-09-2013 Nelly Diaz Iván Galindo Miembro Principal en representación de los Miembro Principal en representación de los Investigadores de la Fundación Directores de los Centros de la Fundación. Fahous Jorge Eduardo Stephany Ruiz Norberto Rebolledo Miembro Principal en representación del Miembro Suplerte en representación de los Organismos vinculados a la Fundación . Ministerio del Poder Popular Ciencia, Tecnologia fleef e Inpoyación Joseta griceno Miembro Principal erfepresentación de los Trabajadores 0 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 204°, 155° y 15° Caracas, 09 de Junio de 2014 Resolución Nro. 021 designada por el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Decreto N° 9.221 de fecha 13 de octubre de 2012, publicado en la gaceta Oficial N° 40.028 de fecha 15 de enero de 2012, conforme a las atribuciones que le confiere lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522 de fecha 06 de Septiembre de 2002. RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Se designa a la CiUdadana ISBELIA MARGARITA MONTIEL TROYA, titular de la cédula de identidad N° V.-12.853.470, Como Directora General Encargada de la Dirección del Territorio Comunal Indígena de Costas y Montañas, del Ministerio del Poder Popular Para los Pueblos Indígenas. ARTicuLo 2° La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese. PoEjecutivo Nacional Ministra del Poder PolaopPuebios Indigenas REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 204°, 155° y 15° Caracas, 09 de Junio de 2014 Resolución Nro. 022 Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Aloha Joselyn Núñez Gutiérrez., designada por el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Decreto Nº 9.221 de fecha 13 de octubre de 2012, publicado en la gaceta Oficial N° 40.028 de fecha 15 de enero de 2012, conforme a las atribuciones que le confiere lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522 de fecha 06 de Septiembre de 2002. RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Se designa al ciudadano ANGEL RAMON MEDINA, titular de la cédula de Identidad N° V.-12.003.133, Como Coordinador General de Bienes Nacionales. En consecuencia queda facultado, para ejercer las atribuciones inherentes a dicho cargo. ARTícuLo 2°: La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese. Ejecutivo Nacional osn Nunez Gutdierrez Rsular par/Pueblos Indigenas Ministra del Poder TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZ PONENTE: TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ Exp. N° AP61-R-2014-000003 Mediante oficio N° TDJ-128-2014 de fecha 22 de enero de 2014, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo TDJ) remitió a esta Corte Disciplinaria Judicial el expediente signado con el N° AP61-A-2011-000027. contentivo del procedimiento disciplinario seguido a la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI, titular de la cédula de identidad N° V-9.291.525. por las actuaciones realizadas durante su desempeño como Jueza Titular de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. Tal remisión se efectuó en virtud del auto dictado por el TDJ en fecha 21 de enero de 2014, mediante el cual oyó en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana KATHERINE CASELLAS JIMÉNEZ, Inspectora de Tribunales quien MENDOZA JOVER, según consta en la Resolución N° 5 de fecha 30 de julio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo. el N° 39.978 en fecha 3 de agosto de 2012, contra la decisión N° TDJ-SD-2013-137, publicada el dia 14 de agosto de 2013, a través de la cual se ABSOLVIÓ DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la ciUdadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO de todos los ilicitos disciplinarios que le fueron increpados por la Inspectoria General de-Tribunales (en lo adelante IGT), conforme a la motivación contenida en el precitada fallo:. El 28 de enero de 2014. la Secretaria de esta Corte recibió de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo URDD) el presente expediente constante de nueve (9) piezas, el cual quedó signado bajo el N° AP61-R- 2014-0000o3, asimismo dejó constancia de su distribución correspondiéndole la ponencia al Juez TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, quien con tal carácter suscribe este fallo. Recibido el expediente en esta Corte, el 6 de febrero de 2014 se fijó la oportunidad para la celebración de la audiencia oral y pública para el décimo (10°) dia de despacho siguiente, más cinco (5) dias del término de la distancia, contados' a partir" de la fecha en que constara la última notificación. Mediante escrito consignado en fecha 13 de febrero de 2014, la abogada KATHERINE CASELLAS JIMÉNEZ, actuando por delegación del Inspector General de Tribunales consignó la fundamentación del recurso de apelación. En fecha 25 de febrero de 2014, el profesional del derecho JOSÉ FRANCisCO ÁVILA MARCANO, apoderado judicial de la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, consignó escrito de contestación a la formalización de la apelación, suscrito por su patrocinada. En fecha 19 de marzo de 2014 se realizó la audiencia oral y pública, de conformidad con lo previsto en los articulos 87 y siguientes del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (en lo adelante Código de Ética), oportunidad en la cual se emitió el respectivo pronunciamiento. El 20 de marzo de 2014, la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, consignó diligencia ante la secretaria de esta Corte, a través de la cual solicitó le fuera concedido el beneficio de jubilación, invocando la sentencia N° 1518 de fecha 20 de julio de 2007, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de / Justicia. página original (tal como se publicó) [Página 18] En vista de la solicitud presentada por la jueza investigada, esta Corte Discipliñaria Judicial dictó auto en fecha 26 de marzo de 2014, en el cual se acordó difenr la.. publicación del texto Íntegro de la sentencia e igualmente se acordó oficiar a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura a fin de que informara a esta instancia, en un lapso que no excederá de cinco (5) dias a partir de la recepción del correspondiente oficio, si de la revisión del expediente administrativo correspondiente a la jueza CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO. se constataba que la misma cumplirse En fecha 9 de abril de 2014, la secretaría de esta Corte dejó constancia de la recepción del oficio N° 085-0414. suscrito por el Director Ejecutivo de la Magistratura Ing. ARGENIS CHÁVEZ, en atención a la comunicación N° CDJ-AC-00061-2014 de fecha 27 de marzo de 20.14, librada por esta alzada. Realizado el estudio de las actuaciones que conforman el presente expediente, corresponde a ésta Corte Disciplinaria Judicial emitir pronunciamiento fundado, previo el análisis de las siguientes consideraciones: | ANTECEDENTES En fecha 30 de junio de 2009, la IGT acordó de oficio abrir expediente administrativo signado con el N° 090271 a la jueza CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, Supremo de Justicia según Oficio N° CJ-08-0309. En fecha 27 de octubre de 2010 la IGT dictó el correspondiente acto conclusivo CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, en su condición de Jueza integrante de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta y la aplicación de la sanción de DESTITUCIÓN. basado en las siguientes argumentaciones: ● Denunció la infracción del deber legal por los siguientes hechos: 1. Al no motivar las sentencias dictadas en las causas números OP01-R-2006-00134, prevista en el numeral 1 del articulo 74 del Código Penal en la causa judicial N° OP01-R-2006-000194: 3. Al no ordenar la reposición de la causa judicial N° OP01-R-2006-000016 y: 4. Por omitir la citación de la víctima para la realización de la audiencia especial a que se refería el articulo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, ilicitos disciplinarios subsumibles en e. numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, instrumento legal vigente para el momento de ocurrencia de los hechos. . Asimismo, denunció el abuso de autoridad en que incurrió la jueza integrante de la Corte de Apelaciones del Estado Nueva Esparta por los siguientes hechos: 1. Haber modificado de oficio los procedimiento penales ordinarios- 2006-82, OP01-R-2006-154. OP01-R-2006-148, OP01-R-2005-70. OP01-R- 2007-25, OP01-R-2006-145, OP01-R-2006-65, OP01-R-2006-115. OP01-R- 2006-120. OP01-R-2006-135, OP01-R-2006-160, OP01-R-2006-78, OP01-R- 2006-125, OP01-R-2006-142 y OP01-R-2005-28. por el procedimiento especial abreviado correspondiente a los delitos flagrantes: 2. Al haber judicial N° OP01-R-2006-000186. pese a que su presentación fue anterior al lapso previsto en la ley y: 3. Por no aplicar la atenuante prevista en el articulo 75 del Código Penal en la causa N° OP01-R-2006-000124, conductas que se tipifican en el numeral 16 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, normativa vigente para el momento de ocurrencia de los hechos. Por auto de fecha 4 de noviembre de 2010, la extinta Comisión de Funcioíamiento y Reestructuración del Sistema Judicial admitió el escrito contentivo deiacto conclusivo de la investigación seguida a la ciudadana CRISTINA HEEENA. AGOSTINI CANCINO, en el cual le imputó las faltas disciplinarias previstas en los numerales 11 y 16 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial y en virtud de esa admisión fijó la celebración de la audiencia oral y pública para el 10 de diciembre de 2010, siendo reprogramado la misma por auto separado para el día 21 de marzo de 2011. En fecha 16 de septiembre de 2011 se recibió en la URDD de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial-el expediente disciplinario N° 1988-2010, constante de ocho (8) piezas, asignándole la nomenclatura AP61-A-2011-000027 y en fecha 27 de septiembre de 20.11 el TDJ se abocó al conocimiento de la causa y se designó como ponente el Dr. HERNÁN PACHECHO ALVIÁREZ, fijándose a su vez un lapso para la reanudación del proceso.. En fecha 11 de eñero de 2012 el TDJ ordenó citar a la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, a los fines de que presentara en un lapso de cinco (5) dias de despacho, más el término de la distancia fijado en cinco (5) dias continuos, su escrito de descargo. Cumplidos los trámites procesales correspondientes el TDJ fijó, a través de auto de fecha 18 de abril de 2012, la audiencia oral y pública para el 13 de junio de 2012. Por auto de fecha 13 de junio de 2012 se reprogramó la audiencia para el dia 31 de octubre de 2012. En fecha 31 de octubre de 2012, se llevó a cabo la audiencia cral y pública correspondiente, acordando la reanudación de la audiencia para el dia 7 de noviembre de 2012. En fecha 7 de noviembre de 2012, el TDJ dictó decisión en la presente causa cuyo texto integro fue publicado en fecha 14 de agosto de 2013, resolviendo ABSOLVER DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a Ia ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO de los siguientes ilicitos disciplinarios: 1. Infracción del deber de motivar las sentencias en las causas judiciales números AOP01-R-2006-000134, OP01-R-2006-000123 y OP01-R-2006-000193: 2. Abuso de autoridad al presuntamente modificar los autos dictados por los Tribunales de Control derivados de audiencias de presentación de imputados en las causas números: CP01-R-2006- 000091. OP01-R-2006-000082. OP01-R-2006-000154. OP01-R-2006-000148, OP01- R-2005-000070. OP01-R-2007-000025. OP01-R-2006-000145, OP01-R-2006- 000065, OP01-R-2006-000115, OP01-R-2006-000120. OP01-R-2006-0C0135, OP01- R-2006-000160. OP01-R-2006-000078. OP01-R-2006-000125, OP01-R-2006-- 000142 y OP01-R-2005-000028: 3. Abuso de autoridad al declarar inadmisible el recurso de apelación ejercido por el Ministerio Público en la causa judicial N° OP01- R-2006-000186; 4. Abuso de autoridad en la supuesta aplicación de la atenuante prevista en el articulo 75 del Código Penal en el expediente N° OP01-R-2006- 000124; 5. Abuso de autoridad al no aplicar la atenuante prevista en el numeral 1 del articulo 70 del Código Penal en la causa N° OP01-R-2006-000194: 6. Infracción del deber de ordenar la reposición de la causa a fin de la correspondiente citación a la victima en el expediente judicial N° OP01-R-2007-000016 y aunado a ello LEVANTÓ la medida de suspensión sin goce de sueldo que fuera dictada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia mediante oficio N° CJ-09-994 de fecha 10 de junio de 2009, ordenando la reincorporación de la jueza y el pago de los sueldos dejados de percibir y demás remuneraciones. Mediante comparecencia realizada ante el TDJ en fecha 3 de octubre de 2013, la profesional del derecho KATHERINE CASELLAS JIMÉNEZ, act Jando por delegación del Inspector General de Tribunales, apeló de la decisión pub-licada el 14 de agosto de 2013, lo cual ratificó en comparecencia de fecha 8 de enero de 2014 y por auto del 21 de enero de 2014, el a quo admitió y oyó en ambos efectos fxecurso de apelación interpuesto. II DEL FALLO APELADO Mediante sentencia publicada el 14 de agosto de 2013. el TDJ absolvió de responsabilidad disciplinaria a la jueza CRISTINA HELENA AGOSTINI, de varios ilicitos disciplinarios que le fueron atribuidos por la IGT, conforme a la motivación que seguidamente se expone: El a quo resaltó que la jueza denunciada CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, suscribió en su carácter de jueza integrante de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, las decisiones denunciadas por la IGT con ocasión a la inspección integral practicada durante los dias 8, 9. 10, 11. 12 y 15 del mes de junio de 2009 en la referida Corte de Apelaciones. En relación a la conducta desplegada por la jueza denunciada en la tramitación de las causas judiciales números OP01-R-2006-000134, OP01-R-2006-000123 y OP01- R-2006-193, el TDJ estimó que sus decisiones fueron producto de la actividad jurisdiccional, relacionados intimamente con la facultad y soberanía que detentan los jueces de la República respecto a cualquier proceso criminal que se someta a su conocimiento, citando el contenido del articulo 4 del Código de Ética, para finalmente concluir que los hechos denunciados no se subsumian en los ilicitos disciplinarios previstos en los articulos 31, 32 y 33 eiusdem. Por otro lado, en relación al señalamiento de abuso de autoridad cometido en las causas judiciales números: OP01-R-2006-000091. OP01-R-2006-000082, OP01-R- 2006-000154. OP01-R-2006-000148. OP01-R-2005-000070. OP01-R-2007-000025, OP01-R-2006-000145. OP01-R-2006-000065, OP01-R-2006-000115, OP01-R-2006- 000120, OP01-R-2006-000135, OP01-R-2006-000160, OP01-R-2006-000078, OP01- R-2006-000125. OP01-R-2006-000142 y OP01-R-2005-000028, en virtud que el procedimiento disciplinario acordó modificar de oficio los autos dictados por los Tribunales de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, cambiando la prosecución de dichas causas que habrian de seguirse por los trámites del procedimiento ordinario penal por el procedimiento abreviado, la primera instancia disciplinaria judicial señaló: "(...) en lo que respecta al carácter abusivo del juez éste debe entenderse llevado por el juez sometido a procedimiento disciplinario, a alguna de las partes intervinientes en dicho proceso o a algún tercero. ...(Omissis)... visto que las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta... fueron producto del denunciada en cada uno de los casos en especifico, lo cua' conllevó a la declaratoria de oficio del cambio de procedimiento para la prosecución del proceso, es decir, del cambio de procedimiento ordinario, por el procedimiento especial, cuya decisión fue tomada en virtud de la independencia y autonomia de los jueces y juezas de la República. En tal sentido, estima este Tribunal que la conducta asumida por la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, en su condiCIÓn de jueza integrante de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, en las sentencias objeto de denuncia, no fueron tomadas al margen de la ley, por lo cual no constituyeron una actividad realizada fuera del ámbito de su competencia y no ocasionaron daños dentro del proceso jurisdiccional o a las partes intervinientes.. las partes que sintieron vulnerados sus derechos con las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones ejercieron el correspondiente recurso de casación, con lo cual se garantiza el derecho a la defensa y el debido proceso..." (Negrilla del TDJ). En este aspecto el a quo concluyó que no se configuró la falta disciplinaria de abuso -/ de autoridad imputada por la IGT, tal como lo establece el articulo 16 numeral 40 de la Ley de Carrera Judicial, normativa legal vigente para el momento de ocurrencia de los hechos. En otro sentido, la recurrida sentenció respecto al abuso de autoridad en que incurrió la jueza al haber declarado la inadmisibilidad por extemporaneidad en el asunto judicial número OP01-R-2006-000186, de la siguiente manera: "(...) A juicio de esta Instancia Disciplinaria, la decisión dictada por la alzada del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, fue producto de la interpretación juridica realizada al ordenamiento juridico, motivo por el cual este Tribunal no puede entrar a juzgar dicha conducta que se encuentra enmarcada en el, articuio 4 del Código de Ética del Juez. Venezolano y la Jueza Venezolana, que establece la independencia y autónom!a de los jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones, pues le corresponde a los tribunales ejercer las razones de hecho y de derecho que conllevaron a la decisión tomada." Y luego de citar el articulo 437 del Código Orgánico Procesal Penal (vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos) resaltando el contenido del literal "b" de dicha norma, el a quo estableció que la conducta de la jueza no se subsume en el ilícito disciplinario previsto en el numeral 16 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial. En otro sentido la IGT incretò a la jueza CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO haber incurrido en abuso de autoridad al aplicar la atenuante prevista en el artículo 75 del Código Penal en la causa signada con el N° OP01-R-2006-00124, relativa a la imposición de una pena que no excedía de cuatro (4) años de prisión al acusado mayor de setenta (70) años, sin que tal circunstancia se encontrara probada en autos. Respecto a lo anterior el TDJ revisó el contenido del escrito de descargos de la jueza sometida a procedimiento disciplinario en este aspecto, asi como los pronunciamientos emitidos en votos salvados relativos a la sentencia de fecha 26 de abril de 2007 (Exp. 07-000003) por los Magistrados BLANCA ROSA MÁRMOL DE. LEÓN y HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES, integrantes de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, destacando criterios según los discutir la debe probarlo y la duda beneficia al reo, atendiendo al principio del indubio pro reo. En este sentido, la primera instancia disciplinaria judicial determinó que no podía considerar que la conducta desarrollada por la jueza investigada en la decisión dictada en la causa judicial N° OP01-R-2006-000124. configurar a el ilicito disciplinario previsto en el numeral 16 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial. página original (tal como se publicó) [Página 19] En quinto lugar, la sentencia recurrida estimó que la conducta desplegada por la encuadró en la falta disciplinaria establecida en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial que la IGT denominó infracción del deber de aplicar la atenuante prevista en el numeral 1 del articulo 74 del Código Penal. Para ello, la recurrida analizó que la decisión de la jueza sometida a procedimiento disciplinario,- Tribunal Supremo de Justicia (Vid. Sentencias Nros. 0106 del 23/02/2001 y 52 del 13/03/2005, ambas de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremc de Justicia) de cuyo contenido se desprende el criterio según el cual el numeral 4 del articulo 74 del Código Penal resulta de aplicación facultativa para los jueces penales y señaló que en el asunto estudiado se garantizó el derecho a la defensa y el debido proceso. En lo que concierne a la denuncia de IGT relativa a la infracción del deber dê ordenar la reposición de la causa N° OP01-R-2006-000016, a fin de citar a la víctima para que pudiera debatir en audiencia los fundamentos de la solicitud de sobreseimiento y garantizar con ello sus derechos, el TDJ observó que la Alzada integrada por la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, basó la inadmisibilidad de la acción de amparo ejercida por la victima en el articulo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantias Constitucionales, asi como en las sentencias emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo c'e Justicia que se enumeran: N° 1688 del 18 de julio de 2002, N° 3137 del 6 de diciembre de 2002, N° 128 del 13 de febrero de 2004 y N° 3914 del 7 de diciembre de 2005 e indicó que el vicio no subsanable fue ocasionado por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta y el" mismo no podía ser imputable a la jueza investigada, quien producto de la potestad jurisdiccional que ostentaba estimó que el presunto agraviado tuvo la oportunidad procesal de haber agotado la via ordinaria con el ejercicio de los medios legales de impugnación contra la decisión que le resultó desfavorable, todo lo cual conllevó a estimar que la conducta desplegada por la jueza denunciada no se subsumía en la falta prevista en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial. Finalmente, al declarar la absolución de la jueza CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCiNO se levantó la medida de suspensión sin goce de sueldo dictada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, ordenándose la reincorporación de la misma al cargo que poseía y el pago de los sueldos dejados de percibir y demás remuneraciones. III FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN En fecha 13 de febrero de 2014 la Secretaria de la Corte Disciplinaria Judicial recibió escrito de formalización de la apelación presentado por la profesiona del derecho KATHERINE CASELLAS JIMÉNEZ, actuando por delegación del Inspector General de Tribunales JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER, en contra de la sentencia publicada por el TDJ en fecha 14 de agosto de 2013, en el expediente seguido a la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO y en él se aprecia lo siguiente: En primer lugar, la recurrente alega el vicio de contradicción en la motivación relacionado al abuso de autoridad que fue increpado a la jueza por la decisión de declarar la inadmisibilidad por extemporaneidad del recurso de apelacićn de la causa judicial N° OP01-R-2006-186. ya que por una parte, la decisión apelada señala que el pronunciamiento de la jueza fue producto de la interpretación juridica que efectuó conforme al articulo 437 del Código Orgánico Procesal Penal y en virtud de ello estableció que no podía entrar a juzgar dicha conducta conforme al articulo 4 del Código de Ética y, contrariamente, entró a analizar la conducta de la misma cuando se pronunció sobre los elementos configuradores del abuso de autoridad, en razón de lo cual solicita la nulidad de la recurrida y que esta alzada se pronuncie sobre la mencionada imputación realizada por la IGT. Como segundo punto de apelación, la IGT denunció que la recurrida no resolvió el HELENA AGOSTINI CANCINO, en la tramitación de la causa N° OP01-R-2006- 00124, incurrió en abuso de autoridad al acordar la atenuante prevista en el articulo 75 del Código Penal sin que estuviese debidamente demostrado en el expediente la edad del condenado, ello supone, a juicio de la apelante, una actuación carente de base legal, arbitraria y desproporcionada y que además acarreó la nulidad declarada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia a través de sentencia N° 179 de fecha 26 de abril de 2007. En un tercer aspecto la IGT delata error de juzgamiento por la errónea interpretación de la norma en tres vertientes: 1. Respecto a los expedientes judiciales números AP01-R-2006-00134, AP01-R-.: 2006-00123 y AP01-R-2006-00193 indicó: "(..) al absolver a la jueza de la imputación de haber infringido el deber legal de motivar las sentencias dictadas, por considerar que las decisiones por ella suscritas como integrante de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, fueron producto de su actividad netamente jurisdiccional, no aplicando en todo su contenido y alcance el articulo 4 del Código de Ética del juez Venezolano y la Jueza Venezolana, que en parte in fine establece la potestad del Órgano Disciplinario para examinar la idoneidad y excelencia del juez, sin que ello se entienda como una intervención indebida en la actividad jurisdiccional, de ali el error que incurrió en su interpretación... No se trata en cada caso que se pretenda que un juez decida de una forma u. otra, pues esa si seria una intromisión en su esfera jurisdiccional, sino que cumpla en.cada decisión que dicte, sea cual fuere su dispositivo, con el deber insoslayable de todo administrador de justicia, de garantizar decisiones debidamente razonadas y motivadas que expliquen clara y certeramente dispositivo del fallo..." (Negrillas y subrayado de la apelante). 2. Con relación al abuso de autoridad que la IGT le atribuyó a la jueza denunciada aplicado la atenuante prevista en el articulo 75 del Código Penal, sin que estuviera demostrado la edad del imputado en un delito de Transporte de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, como en los asuntos penales números: OP01-R-2006-91, OP01-R-2006-82, OP01-R-2006-154, OP01-R-2006- 148, OP01-R-2005-70, OP01-R-2007-25, OP01-R-2006-145, OP01-R-2006-65, OP01-R-2006-115, OP01-R-2006-120, OP01-R-2006-135, OP01-R-2006-160, OP01-R-2006-78, OP01-R-2006-125, OP01-R-2006-142 y OP01-R-2005-28, enlos cuales oficiosamente se modificó el procedimiento de ordinario a abreviado, el escrito de formalización señaló: "(...) la recurrida absolvió a la jueza de la falta imputada al considerar que no se daban los supuestos de abuso de autoridad, incurriendo en errónea interpretación de la norma, respecto al contenido y alcance del articulo 40 numeral 16 de la Ley de Carrera. Judicial (hoy previsto 33,14 CEJVJV). y (sic) de la jurisprudencia pacifica y reiterada de la Sala Politico Administrativa de nuestro máximo Tribunal.. En el caso del expediente OP01-R-2006-124, de haber interpretado correctamente el articulo 40.16 de la Ley de Carrera Judicial... hubiese determinado la concurrencia de los extremos del abuso de autoridad... pues no existe norma legal que autorice a los jueces a conceder rebajas de pena sin que exista prueba fehaciente de la edad del condenado... Asimismo en el caso de los expedientes OP01-R-2006-91, OP01-R-2006-82, OP01-R-2005-145 (sic), OP01-R-2006-65, OP01-R-2006-115, OP01-R-2006- 120, OP01-R-2008-135 (sic), OP01-R2006-160, OP01-R-2006-78, OP01-R- señalados, la recurrida hubiese determinado la carencia de base legal en la actuación desplegada por la jueza, pues independientemente de tratarse de recursos de apelación conocidos por la Corte de Apelaciones a su cargo, no le estaba dado pronunciarse sobre aspectos no solicitados ni impugnados por las partes, desplegando asi una conducta abusiva y arbitraria al ordenar 'de oficio', el cambio de procedimiento ordenado por el FMP y acordado por el Procesal Penal, además del art. 441 eiusdem..." Respecto al análisis del expediente judicial OP01-R-2006-000194, en l,que 3. IGT le imputó a la Jueza el haber infringido el deber legal de aplicar la atenuanteè prevista en el numeral 1 del articulo 74 del Código Penal, la recurrente expresó: "(...) en razón de la edad del condenado... incurre la recurrida en error de interpretación de la norma precedentemente señalada, al absolver a la jueza de la falta imputada por considerar que la Corte de Apelaciones habia decidido conforme a criterios jurisprudenciales emanados de la Sala de casación Penal del TSJ, los que transcribió parcialmente (Cfr. Sent. 0106 del 23/2/2001 y N° 52 del 13/3/2005), siendo que las sentencias indicadas tratan de la atenuante del ordinal 4° del Art. (Sic) 74. y (sic) no de la atenuante del ordinal 1° (sic)." Un cuarto motivo de apelación, lo constituye un supuesto error de derecho en que incurrió la sentencia que se impugna y nuevamente trae a colación la parte apelante el análisis efectuado por el TDJ relacionado con las causas OP01-R-2006-91, OP01- R-2006-82, OP01-R-2006-154, OP01-R-2006-148, OP01-R-2005-70, OP01-R-2007- 25. OP01-R-2006-145. OP01-R-2006-65. OP01-R-2006-115. OP0*-R-2006-120, OP01-R-2006-135, OP01-R2006-160, OP01-R-2006-78, OP01-R-2006-125, OP01-R- las Cortes para conocer los recursos de apelaciones en materia penal) para establecer que la referida Corte tenía el deber de conocer las causas e incidencias decididas por los tribunales de primera instancia, concluyendo que no se daban los extremos del abuso de autoridad, pues tales decisiones no se tomaron al margen de la ley, no fueron actividades realizadas fuera del margen de su competencia y que no ocasionaron daños en el proceso jurisdiccional y para quien recurre tal normativa no es aplicable al caso, pues no se cuestiona la competencia material que corresponde a la Corte de Apelaciones del Estado Nueva Esparta, lo que se planteaba era que con tales decisiones se infringió el marco legal que limitaba su actuación, de acuerdo al contenido de los articulos 373 y 374 del Código Orgánico Procesal Penal. 2 En vista de los planteamientos antes señalados la delegación de la IGT solicita que la recurrida sea anulada y se dicte una decisión con base a los elementos probatorios contenidos en el expediente y de acuerdo a los hechos imputados. Asimismo requiere la revisión de oficio de la decisión apelada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 in fine del Código de Ética. IV DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN En fecha 25 de febrero de 2014 la Secretaría de la Corte Disciplinaria Judicial recibe escrito de contestación formal al recurso de apelación presentado por la profesional del derecho KATHERINE CASELLAS JIMÉNEZ, suscrito por la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, el cual se fundamentó en las siguientes razones de hecho y de derecho: Respecto al vicio de contradicción en la motivación de la recurrida relacionada al expediente judicial N° OP01-R-2006-186 solicitó la declaratoria sin lugar del recurso interpuesto bajo los siguientes argumentos: "(..) el Tribunal Disciplinario judicial consideró, que no estaban acreditados invocada por el órgano inquisidor, sencillamente porque los supuestos de impretermitible cumplimiento para consular el abuso de autoridad (carencia de sustento legal y actividad abusiva, desproporcionada e injustificada) no fueron demostrados por la parte acusadora durante el juicio. En contraposición, lo que si quedó fehacientemente comprobado es que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, garantizó siempre el derecho a la defensa de las partes, el uso de los recursos de impugnación contra sus decisiones, y (sic) dio cumplimiento efectivò âlas* sentencias provenientes del Alto Tribunal de la República." ) Más adelante, la parte contrarrecurrente en su escrito de contestación expresa en relación con la causa judicial N° OP01-R-200600124 que se trató de la emisión de un criterio sobre la situación fáctica planteada, traducida en la pena que habría de imponerse a un ciudadano mayor de 72 años de edad, tomando como base el entonces también podria plantearse abuso de autoridad el criterio de dos, votos. salvados que coinciden con la misma interpretación legal emitida por los jueces de la Corte de Apelaciones. Por otro lado, respecto a la errónea interpretación de la norma contenida en el articulo 4 del Código de Ética en que presuntamente incurrió el TDJ por considerar que la omisión de motivar las sentencias de las causas números 00134, 00123 y 00193, es un aspecto jurisdiccional, la, ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO expresó: "(...) Vale destacar que, las decisiones de los expedientes 134, 123 y 193, por falta de idoneidad. Asi, explique profusamente en el juicio, el método de sentencias convertidas por necesidad en faltas disciplinarias' actué como ponente... sin embargo, la representación de la Inspectorla, insiste en que debo ser destituida, utilizando un razonamiento juridico propio de la abominable heredia juridica, utilizado en el antiguo Tribunal de la Inquisición, para lograr por cualquier medio y bajo cualquier argumento, la condena del acusado." página original (tal como se publicó) [Página 20] Con relación al abuso de autoridad cometido al decidir las causas Nros. OP01-R- 2006-91, OP01-R-2006-82, OP01-R-2006-154. OP01-R-2006-148, OP01-R-2005-70, OP01-R-2007-25, OP01-R-2006-145, OP01-R-2006-65, OP01-R-2006-115, OP01-R- 2006-120, OP01-R-2006-135, OP01-R-2006-160, OP01-R-2006-78, OP01-R-2006- 125, OP01-R-2006-142 y OP01-R-2005-28, la jueza sometida a procedimiento supuestos exigidos por la ley para determinar la falta disciplinaria demandada por el órgano inquisidor, por lo que pidió se declarara sin lugar el recurso interpuesto por tal motivo. En lo que concierne al alegato esbozado en torno a la causa judicial N° OP01-R- 2006-000194, la jueza denunciada otorgó plena validez a los principios dé autonomía e independencia de los jueces, asi como la afirmación que la sentencia cuestionada era producto de la libre y autónoma actividad jurisdiccional, en los cuales se basó la sentencia recurrida para absolver la y en virtud de ello, solicitó la declaratoria sin lugar del recurso de apelación ejercido. Por otra parte, señaló el escrito de contestación que la recurrente no indicó cuáles atención a los razonamientos de la sentencia apelada acerca de la modificación de oficio en causas que no llenaban los extremos para ser ventilados por la vía del juicio ordinario dicha y manifestó: "(...) obvia la recurrente, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela obliga al juez a aplicar el control judicial, en caso de violación de derechos humanos, como ocurra con los imputados a quienes el Ministerio Público, sin darse las circunstancias exigidas en la ley, imputada un hecho flagrante pero solicitaba la via ordinaria para tener tiempo de 'investigar. Ante Ministeno Público, el juez debe pronunciarse, procurando salvagadar derechos constitucionales..." Por lo antes transcrito la contrarrecurrente solicitó desechar el supuesto error de derecho denunciado. Por último, expresa que la solicitud de nulidad absoluta pretendida por la recurrente es infundada, hace énfasis en su permanencia por más de 25 años en la Administración Pública, sin antecedentes disciplinarios, además del ejercicio durante 6 años ininterrumpidos como integrante de la Corte de Apelaciones y de la Sala Especial con competencia en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente, de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia y solicita se declare SIN LUGAR la apelación incoada por la IGT. V DE LA COMPETENCIA Debe esta Corte Disciplinaria Judicial establecer su competencia para conocer el asunto sometido a su consideración y al respecto observa: El articulo 42 del Código de Ética, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 del 23 de agosto de 2010, establece la competencia de la Corte Disciplinaria Judicial para conocer las apelaciones interpuestas contra las decisiones dictadas por el TDJ. ya sean interlocutorias o definitivas, en los términos que a continuación se transcriben: Alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra decisiones ya sean interlocutorias o definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación" idoneidad judicial y el desempeño del Juez venezolano y la Jueza venezolana. Del análisis de las actuaciones que integran el presente expediente, se puede constatar que la profesional del derecho KATHERINE CASELLAS JIMÈNEZ, actuando por delegación del Inspector General de Tribunales, apeló del fallo definitivo publicado por el TDJ en fecha 14 de agosto de 2013, mediante el cual se absolvió de responsabilidad disciplinaria a la jueza denunciada. En tal sentido, esta Alzada verifica que, efectivamente, se trata de un recurso de apelación ejercido contra sentencia definitiva, razón por la cual declara su competencia para conocer el presente asunto. Asi se declara. VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR La recurrente fundamentó su escrito de apelación distinguiendo cuatro denuncias, las . cuales serán resueltas tal como sigue: De entrada alegó el vicio de contradicción en la motivación relacionada al abuso de autoridad que fue increpado a la jueza denunciada por la decisión de declarar la inadmisibilidad por extemporaneidad del recurso de apelación en la causa judicial N° OP01-R-2006-186, ya que por una parte, la decisión apelada señala que su pronunciamiento fue producto de la interpretación juridica que efectuó conforme al articulo 437 del Código Orgánico Procesal Penal y producto de ello estableció que no podia entrar a juzgar dicha conducta conforme al articulo 4 del Código de Ética y. contrariamente, entró a analizar la conducta de la jueza cuando se pronunció sobre los elementos configuradores del abuso de autoridad, en razón de lo cual solicita la nulidad de la recurrida y que esta alzada se pronuncie sobre la mencionada imputación realizada por la IGT. determinación precisa del concepto de contradicción de la sentencia, el cual según.: la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, consiste en: "(...) En relación al vicio de contradicción, esta Sala de Casación Civil se Magdalena de González y otra contra Nicolai Machuca), expediente N° 08- 265, estableciendo lo siguiente: :..Sobre estos particulares, resulta necesario en primer término, reiterar en esta oportunidad, doctrina inveterada de esta Sala, que respecto al vicio de contradicción previsto en el articulo 244 del Código de Procedimiento Civil, ha señalado que la misma debe estar contenida en el dispositivo del fallo, de lo cual resultaría que la sentencia no pueda ejecutarse o no se sepa que es lo decidido. No ocurre este vicio sólo por existir una incómpatibilidad entre los motivos y lo dispositivo; mucho menos si la contradicción tiene lugar solo en la parte motiva del fallo. En conclusión, el vicio de contradicción (articulo 244 del Código de ejecución, o lo decidido sea ininteligible, pues la incompatibilidad entre los motivos y lo decidido, no constituye el vicio de contradicción previsto en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, alegado por los recurrentes en infracción del ordinal 4° del articulo 243 del Código de Procedimiento Civil... De acuerdo con 'el criterio antes citado, el cual se ratifica en esta oportunidad, pard aue se confidure la contradicción en el dispositivo, y de motivo a la nulidad de la sentencia recurrida, la contradicción debe ser de tal entidad que haga imposible su'ejecución: o que conlleve una absoluta incertidumbre sobre su objeto, de manera que no se pueda determinar el alcance de la cosa juzgada." (Negrillas de la Sala) (Sala de Casación Civil, 17 de febrero de 2012. Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELASQUEZ. Expediente N° 2011-000582). (Subrayado de esta Corte Disciplinaria Judicial) Para reforzar el criterio anteriormente esbozado, tramos a colación la doctrina del o Procesales Penales y Civiles". quien afirma que la motivación contradictoria tienelugar cuando: "(...) los argumentos se destruyen entre si, cuando se afirma un juicio pero se entre sí, asi por ejemplo, comprende aquellos casos en los que la motivación se realiza a favor de una de las partes, y sin embargo se acaba fallando en su contra, o bien si la argumentación es contradictoria de manera que se eliminan los argumentos de la motivación entre si, con el resultado de que la sentencia carezca de ratio decidendi." (p. 611). De lo anterior se deduce que la motivación contradictoria supone que los dispositivos del fallo sean inconciliables, la falta de coherencia entre los argumentos de una sentencia o bien, cuando se afirma un juicio pero se concluye en contrario o cuando por la jueza al declarar la inadmisibilidad por extemporaneidad en la causa judicial N° OP01-R-2006-186 que: "(...) A juicio de esta Instancia Disciplinaria, la decisión dictada por la alzada del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta fue producto de la interpretación juridica realizada al ordenamiento juridico, motivo por el cual no puede entrar a juzgar dicha conducta que se encuentra enmarcada en el articuio 4 del Código de Etica... Adicionalmente, considera este Tribunal que en la decisión dictada ètja causa judicial Nro. OP01-R-2006-000186, dictada por el Tribunal de Alzada, no se configuró la concurrencia de los dos supuestos generadores del ilicito disciplinario de abuso de autoridad denunciado por la Inspectoría General de Tribunales, vale decir, la total carencia de base legal y la actividad abusiva por parte del juez que conoce la causa..." De lo antes citado se colige que el a quo estableció que la decisión dictada por el Tribunal Colegiado, del que formaba parte la jueza denunciada, fue producto de la interpretación jurídica realizada a la norma y en vista de ello, determinó que no podía entrar a juzgar una conducta enmarcada en el articulo 4 del Código de Ética, no obstante, entró a revisar los elementos configuradores del ilicito atribuido por la IGT como abuso de autoridad y concluyó que el mismo no se configuraba en este caso. VENEZIELA absolutorio de responsabilidad disciplinaria que le fue declarado en primera instancia a la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO. En razón de lo anterior, esta alzada estima que no le asiste la razón a la parte recurrente al denunciar la supuesta existencia del vicio de contradicción de la sentencia respecto al pronunciamiento relacionado a la causa judicial N° QP01-R-. pronunciamiento congruente, en consecuencia, se declara improcedente la denuncia relativa a este punto. Y asi se establece. Como segundo punto de apelación, la IGT denunció que la recurrida no resolvió el hecho de que la Corte de Apelaciones integrada por la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, al decidir la causa N° OP01-R-2006-00124, incurrió en abuso de autoridad por acordar la atenuante prevista en el artículo 75 del Código Penal sin que la edad del condenado estuviese debidamente demostrada en el expediente, ello supone, a juicio de la apelante, una actuación carente de base legal, arbitraria y desproporcionada y que además acarreó la nulidad declarada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia a través de sentencia N° 179 de fecha 26 de abril de 2007. Esta Corte Disciplinaria Judicial acogiéndose al principio iura novit curia debe entender que, el segundo punto impugnado pretende denunciar la incongruencia omisiva o también denominada incongruencia negativa del a quo, entendida por la doctrina como la omisión o no resolución del fallo apelado acerca de algunas de las pretensiones o defensas expresadas por las partes, en concretó, la IGT denuncia la falta de resolución del presunto abuso de autoridad en que incurrió la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINO CANCINI al acordar la atenuante prevista en el demostrada en el expediente N° OP01-R-2006-00124 (nomenclatura de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta). En este sentido, aprecia este órgano jurisdiccional de alzada que el TDJ, luego de citar parte del escrito de descargos de la jueza investigada, cursante a los folios 64 al 116 de la pieza N° 8 de la causa disciplinaria y algunos extractos de votos salvados que constan en la sentencia N° 179 de fecha 26 de abril de 2007, proferida por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, estableció que: "(..) la jueza en su condición de integrante de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, actuó conforme al mandato constitucional desvirtuar la presunción de buena fe en relación a la edad del ciudadano Julio Larrea Lizcano" por lo que finalizó considerando que con la conducta asumida por la jueza no hubo arbitrariedad, desproporcionalidad o carencia de base legal, pues se dejó ver su conducta enmarcada en la norma penal y en criterios jurisprudenciales, con lo cual se dictaminó que no concurrieron los supuestos de hecho para establecer la falta disciplinaria de abuso de autoridad. / - Corolario de lo antes expuesto esta Corte Disciplinaria Judicial deja sentado que el las razones que le llevaron a absolver de responsabilidad disciplinaria a la jueza CRISTINA HELENA AGOSTINO CANCINO del ilícito disciplinario de abuso de autoridad, por ende, esta alzada debe desechar la denuncia relativa a la incongruencia negativa del fallo. Y asi se decide. En un tercer aspecto, la recurrente delata error de juzgamiento por la errónea interpretación de la norma respecto a los expedientes judiciales números AP01-R- 2006-00134, AP01-R-2006-00123 y AP01-R-2006-00193 indicó gue el a quo no aplicó el contenido.y alcance total del articulo 4 del Código de Ética, pues debió observar que en la parte in fine se señala la potestad del Organo Disciplinario para examinar la idoneidad y excelencia del juez, sin que ello se entienda como una_ intervención indebida en la actividad jurisdiccional, indicando además que no se trata en cada caso que se-pretenda que un juez decida de una forma u ctra, sino que cumpla en cada decisión que dicte, con el deber de todo administrador de justicia de página original (tal como se publicó) [Página 21] garantizar decisiones debidamente razonadas y motivadas que expliquen clara y certeramente las razones en virtud de las cuales se resolvieron las peticiones argumentadas. Esta Corte Disciplinaria Judicial observa que la IGT reprochó la conducta de la jueza CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO relativa al hecho de "(...) [haber incumplido] el deber de motivar las sentencias dictadas en las causas judiciales Nros. ilícito OP01-R-2006-000134, . OP01-R-2006-000123, OP01-R-2006-000193" disciplinario mejor conocido como "infracción de ley" que se encontraba previsto en el articulo 40 numeral 11 de la derogada Ley de Carrera Judicial. En primer término esta instancia disciplinaria judicial debe dejar claramente establecido que las actividades judiciales desempeñadas por los operadores de justicia siempre se encuentran estrechamente vinculadas a las causales quedeterminan su responsabilidad disciplinaria y si bien los jueces se encuentran revestidos de autonomía e independencia, ello no implica que puedan actuar en lectura que debe dársele al contenido del articulo 4 del Código de Ética, por lo que el TDJ incurrió en un error de interpretación de la referida norma. Determinado como ha sido el error de interpretación del artículo 4 del Código de Etica en que incurrió el TDJ, corresponde ahora precisar si la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, integrada por la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, incurrió en una conducta disciplinariamente reprochable al emitir pronunciamiento en las causas Nros. OP01- R-2006-000134, OP01-R-2006-000123 y OP01-R-2006-000193. De la revisión efectuada a todas las actas que conforman el presente expediente 216 al 243 de la pieza N° 1, 37 al 53 de la pieza N° 5 y 74 al 111 de la pieza N° 5, respectivamente, constatando, que la jueza sometida a procedimiento 'realizó una motivación sucinta en cada uno de tales asuntos. En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha motivación errada no configura el vicio de inmotivación (..) y no se puede errados. Se necesitaría que se tratara de una carencia absoluta de fundamentos, o que todos fuesen falsos, ya que según doctrina y jurisprudencia dispositiva ..." (Sentencia N° 1397 del 17-07-2006, ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz). (Negrillas de esta Corte). En consonancia con lo anterior la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 568 de fecha 23 de abril de 2009, bajo la ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero dictaminó: "(...) Ahora bien, en cuanto al vicio doctrina de la Sala en cuanto a que la motivación exigua o errónea no constituye absoluto de fundamentos, por lo cual, no debe confundirse la exigüidad de la motivación con la falta de motivos." "infracción del deber legal" no se encuentra configurado en el presente caso, en vista que la jueza denunciada si cumplió con el deber legal de motivar sus decisiones, aunque de forma sucinta y una motivación exigua, tal como ha sido un criterio constituye inmotivación. disciplinaria vigente en el ilicito referido a descuido injustificado que, en su criterio, menoscabó la tutela judicial efectiva de las partes, previsto en el articulo 33 numeral 23 del Código de Ética que reza así: "Articulo 33. Son causales de destitución: (...Omissis...) 23. Incurrir en retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propla de éstos, siempre-que-con ellos menoscaben derechos o garantias fundamentales en el marco de la tutela El contenido normativo antes citado ha permitido a esta alzada establecer que la condición para que el juzgador imponga la sanción supone, determinar que se trata de una actuación u omisión injustificada, bien sea en la tramitación de los procesos o en la tramitación de cualquier diligencia, es decir, el ilicito disciplinario escrito se encuentra asociado al trámite procedimental de la causa. (Vid. Sentencia N° 2 de esta Corte Disciplinaria Judicial de fecha 17/01/2013). Al respecto, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define trámite (con respecto a la tramitación de los procesos o diligencias) como: "Cada uno de los estados y diligencias que hay que recorrer en un negocio hasta su conclusión" y proceso como: "Der. Agregado de los autos y demás escritos en cualquier causa civil legislador sancionó disciplinariamente en la mencionada causal fue la conducta de los jueces o juezas que injustificadamente retarden los procesos judiciales odescuiden el trámite procedimental de un asunto judicial, como por ejemplo aquellos relacionados con: la remisión de actuaciones, la elaboración de cómputos de lapsos procesales, las resoluciones de mero trámite, las órdenes de librar oficios o boletas de citación y/o notificaciones, entre otros, siempre que con tales descuidos se correspondiente proceso, entendida ésta como el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la defensa. En el caso que nos ocupa, la IGT pretende subsumir el supuesto incumplimiento del deber de motivar las sentencias en el precepto descrito por el articulo 33 numeral 23 del Código de Ética y ello, en opinión de esta Corte Disciplinaria Judicial, no encuentra una perfecta adecuación típica con la conducta que el legislador sanciona, por lo que tal argumento debe ser desechado y al haberse determinado la existencia números OP01-R-2006-000134, OP01-R-2006-000123 y OP01-R-2006-000193, es* posible concluir que tales pronunciamientos no comportan una conducta disciplinariamente reprochable. En consecuencia, esta Corte Disciplinaria Judicial declara SIN LUGAR la tercera denuncia presentada por la IGT en su escrito de formalización de la apelación. Y así se decide. Por otra parte, adujo la recurrente errónea interpretación de la norma contenida en el artículo 40 numeral 16 de la Ley de Carrera Judicial, pues de haber interpretado correctamente la recurrida dicha norma se habría determinado la concurrencia de los extremos del abuso de autoridad en la decisión proferida en el expediente judicial N° a los jueces a conceder rebajas de pena sin que exista prueba fehaciente de la edad del condenado. El artículo referido por la parte recurrente tipifica el abuso o exceso de autoridad como causal de destitución, hoy previsto y sancionado en el artículo 33 numeral 14 del Código de Ética. En este orden de ideas, tal y como ha sido establecido en el desarrollo de la presente sentencia, para que se configure el abuso de autoridad deben concurrir: 1. Carencia de base legal y 2. Actividad abusiva, esto significa que deberes legales que debe poner en evidencia su inidoneidad para ocupar el cargo de juez. En la decisión asociada a la causa judicial N° OP01-R-2006-00124, la jueza CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, como integrante de la Corte de Apelaciones del estado Nueva Esparta, acordó imponer una pena que no excedía de cuatro (4) años al tratarse de un acusado mayor de setenta (70) años de edad, ello obedeció a la aplicación de la disposición contenida en el articulo 75 del Código Penal, cuyo tenor es el siguiente: "Al que ejecuta un hecho punible, siendo mayor de setenta años, no se le impondrá pena de presidio, sino que en lugar de ésta y la de prisión se aplicará la de arresto que no excederá de cuatro años" (subrayado añadido), norma que, al decir del referido Cuerpo Colegiado, fue adminiculada con las actuaciones cursantes en el expediente original, de las cuales se desprendía lo Santa Marta, nacido en fecha 17 de Septiembre de 1933, de 72 años de edad, de oficio chofer, titular de la Cédula de Identidad N° E-82.249.379, de tránsito en este Estado, residenciado en sector La Lagunita, via El Espinal Posada de Daysi Montilla, Municipio Diaz de este Estado", lo que le permitió apreciar a la Corte de Apelaciones que el acusado contaba con setenta y dos (72) años de edad para el momento de ocurrencia de los hechos, tal como lo afirmó la jueza contrarrecurrente en su escrito de contestación a la apelación, en donde además aseveró que en la oportunidad de demostrativos de la edad del acusado aparecían incompletos, todo lo cual permite procedimiento. Al revisar las actas procesales, esta instancia disciplinaria observa que le asiste la razón a la jueza sometida a procedimiento, en cuanto a que el imputado de la causa edad y nació en fecha 17 de septiembre de 1933. (Véase acta de presentación del imputado levantada por el Tribunal de Control). Sumado a lo anteriormente apreciado por esta Corte Disciplinaria Judicial, se constata que los Magistrados integrantes de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, al conocer sóbre el recurso de casación interpuesto contra lamantuvieron un criterio unánime en la apreciación de los hechos y el derecho aplicado al caso en concreto, de hecho, tres (3) de los cinco (5) magistrados de la referida Sala refirieron que la Corte habia errado en la aplicación de la circunstancia" atenuante por cuanto la edad del imputado no se encontraba demostrada en 'autos, mientras que el resto del pleno explicó que los dichos del imputado debían tenerse del derecho constitucional a la presunción de inocencia. (Vid. sentencia N° 179 de fecha 26 de abril de 2007, caso: Julio Larrea Lizcano). Conforme a ello, si bien resulta incuestionable que la Corte de Apelaciones resolvió la aplicación de una circunstancia atenuante de la pena sin que de los autos se desprendiera la existencia de un documento que certificará la edad que mencionó tener el imputado, a criterio de esta Alzada la actuación de la hoy sometida a procedimiento no resulta disciplinariamente reprochable por cuanto el hecho afirmado (la edad del imputado) no devino de una consideración arbitraria o ficticia por parte del Cuerpo Colegiado, máxime cuando los dichos del imputados debían tenerse como ciertos en virtud de la preeminencia del principio in rubio pro reo, asi como de otros principios que rigen el proceso acusatorio venezolano. De tal manera que esta Corte comparte el criterio empleado por el a quo para. determinar que la conducta desarrollada por la jueza denunciada no constituía un abuso de autoridad, especialmente cuando esta alzada estima que la interpretación concluir que de ninguna manera la jueza investigada actuó de forma desproporcionada e injustificada. En consecuencia, se declara improcedente la presente denuncia. Y asi se establece. De la misma manera, la abogada KATHERINE CASELLLAS JIMÉNEZ, actuando por delegación del Inspector General de Tribunales, indicó errónea interpretación de la norma prevista en el articulo 40 numeral 16 de la Ley de Carrera Judicial, respecto a la revisión de la conducta de la jueza denunciada en la tramitación de los expedientes Nros. OP01-R-2006-91, OP01-R-2006-82, OP01-R-2006-154, OP01-R- 2006-148, OP01-R-2005-70, OP01-R-2007-25, OP01-R-2006-145, OP01-R-2006-65, OP01-R-2006-115, OP01-R-2006-120, OP01-R-2006-135, OP01-R2006-160, OP01- R-2006-78, OP01-R-2006-125, OP01-R-2006-142 y OP01-R-2005-28, señalando que de haber interpretado correctamente tanto la norma como los criterios, pacíficos y. reiterados proferidos por el Tribunal Supremo de Justicia, la recurrida hubiese determinado la carencia de base legal en la actuación desplegada por la jueza, pues independientemente de tratarse de recursos de apelación conocidos pcr la Corte de solicitados ni impugnados por las partes, desplegando asi una conducta abusiva y arbitraria al ordenar "de oficio", el cambio de procedimiento solicitado por el Ministerio Público y acordado por el Juez de Control, infringiendo los articulos 373, 374 y 441, todos del Código Orgánico Procesal Penal, además indicó que no se cuestionó la competencia material que corresponde a la Corte de Apelaciones del Estado Nueva que limitaba su actuación. A efectos de resolver la presente denuncia, se hace necesario para esta Corte Disciplinaria Judicial acudir al criterio pacífico y reiterado que, en relación al vicio de errónea interpretación de una norma juridica, ha sostenido el máximo Tribunal de Justicia y asi se aprecia: "(...) Este Alto Tribunal ha sostenido de manera pacifica y reiterada, que el error de interpretación de una norma juridica se produce cuando el juez, en su labor sentenciadora, pese a haber elegido la disposición apropiada para solucionar el conflicto surgidó entre las partes, yerra al determinar su verdadero sentido y alcance "haciendo derivar de ella consecuencias que no concuerdan con su contenido". (Vid. Sentencia N° 079, de fecha de fecha 31 de marzo de 2005, reiterada entre otras, en sentencia N° 351, de fecha 25 de junio de 2013, casos Execom Comunicaciones, C.A. contra Rinsal C.A. y otra.). De lo antes expuesto, se deduce que la interpretación errónea comprende, tanto-los errores de interpretación en los que puede incurrir el juez, en lo que se refiere a la página original (tal como se publicó) [Página 22] hipótesis abstractamente prevista en la norma, como la determinación de sus consecuencias legales, es decir, el juez habiendo elegido acertadamente una norma yerra al interpretar la en su alcance general y abstracto. Asi, existe error en la interpretación de la ley en todos los casos en que, no obstante haberse aplicado la norma adecuada, no se le da su verdadero sentido, haciéndose derivar de ella consecuencias que no concuerdan en su contenido." (Sala de Casación Civil del TSJ. 3/10/2013. Exp. N° AA20-C-2013-000273). (Negrillas de esta Corte). Por tanto, un juzgador-incurre en errónea interpretación de una norma jurídica al determinar equivocadamente el sentido y alcance de una norma, pese a haber elegido la disposición apropiada para la solución del asunto. En este mismo orden de ideas, se extrae del contenido del fallo apelado (folios vto. 71 y 72 de la pieza N° 9) las siguientes consideraciones: "(...) visto que las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta... fueron producto del estudio de las circunstancias de especifico, lo cual conllevó a la declaratoria de oficio del cambio de procedimiento para la prosecución del proceso, es decir, del cambio de procedimiento ordinario, por el procedimiento especial, cuya decisión fue tomada en virtud de la independencia y autonomia de los jueces y juezas de la República. En tal sentido, estima este Tribunal que la conducta asumida por la ciudadana CRISTINA HELENA-AGOSTINI CANCINO, en su.condición de jueza integrante de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, en las ocasionaron daños dentro del proceso jurisdiccional o a las partes intervinientes, ya que las decisiones fueron tomadas en base a lo alegado y probado en autos, tomando en cuenta las reglas de la sana crítica... autoridad..." (Negrillas del TDJ). Es posible apreciar con meridiana claridad que el TDJ afirmó la inexistencia de la una actividad realizada fuera del ámbito de competencia de la jueza sometida a procedimiento y no ocasionaron daños dentro del proceso jurisdiccional. Para lograr determinar si hubo o np una errónea interpretación del ilicito disciplinario de abuso de autoridad tipificado en el articulo 16 numeral 40 de la derogada Ley de Carrera Judicial, hoy previsto y sancionado en el articulo 33 numeral 14 del Código de Ética, con respecto a la conducta desplegada por la jueza CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, como integrante de la Corte de Apelaciones del Estado Nueva Esparta, al suscribir las decisiones tomadas en las causas jurisdiccionales Nros. OP01-R-2006-91, OP01-R-2006-82, OP01-R-2006-154, OP01-R-2006-148, OP01-R- 2005-70, OP01-R-2007-25, OP01-R-2006-145, OP01-R-2006-65, OP01-R-2006-115, OP01-R-2006-120, OP01-R-2006-135, OP01-R2006-160, OP01-R-2006-78, OP01-R- 2006-125, OP01-R-2006-142 y OP01-R-2005-28, este Alzada debe verificar si dentro del ordenamiento juridico penal venezolano, existe normativa alguna que le permitiera a la jueza modificar de oficio el trámite del procedimiento ordinario penal por el del procedimiento especial abreviado, al apreciar que había sido calificada la flagrancia en cada uno de tales casos. En tal sentido cabe citar el contenido de los articulos 372 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal, cuyos menores son los siguientes: Articulo 372. Procedencia. El Ministerio Público podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado previsto en este Titulo, en los casos siguientes: 1. Cuando se trate de delitos flagrantes, cualquiera que sea la pena asignada al delito; 2. Cuando se trate de delitos con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años en su limite máximo; 3. Cuando se trate de delitos que no ameriten pena privativa de libertad. (Negrilla y subrayado de esta Corte). Artículo 373. Flagrancia y Procedimiento para la presentación del aprehendido. El aprehensor dentro de las doce horas siguientes a la detención, pondrá al aprehendido a la disposición del Ministerio Público, quien dentro de las treinta y seis horas siguientes, lo presentará ante el juez de control a quien aplicación del procedimiento ordinario o abreviado, y la imposición de una medida de coerción personal, o solicitará la libertad del aprehendido. En este último caso, sin perjuicio del ejercicio de las acciones a que hubiere lugar... Si el juez de control verifica que están dados los requisitos a que se refiere el articulo anterior, siempre que el fiscal del Ministerio Público lo haya solicitado, decretará la aplicación del procedimiento abreviado, y remitirá las actuaciones al tribunal unipersonal, el cual convocará directamente al juicio oral y público para que se celebre dentro de los diez a quince dias siguientes. En este caso, el fiscal y la victima presentarán la acusación directamente en la_ audiencia del juicio oral y se seguirán, en lo demás, las reglas del procedimiento ordinario. En caso contrario, el juez ordenará la aplicación del procedimiento ordinario y asi lo hará constar en el acta que levantará al efecto. (Negrilla y subrayado añadido). Así tenemos que dentro del proceso penal venezolano al Ministerio Público se le otorga la facultad de poder solicitar la aplicación del procedimiento abreviado cuando se trate de delitos flagrantes y el juez de control acordará la prosecución de la causa por tal procedimiento, siempre que el Fiscal lo haya solicitado, lo cual implica que el Tribunal se encuentra limitado a decidir conforme a los parámetros fijados por las partes, en este caso, la decisión acerca de cuál procedimiento aplicar pende de lo que solicite el titular dé la acción penal, esto es, el Fiscal del Ministerio Público. Por otra parte, el Código Orgánico Procesal Penal en las disposiciones generales de los recursos dispone en el articulo 441 que: "Al tribunal que resuelva el recurso se le atribuirá el conocimiento del proceso, exclusivamente, en cuanto a los puntos de la decisión que han sido impugnados." jurídico, incluso en los procedimientos de índole penal en los que se ventilan delitos de orden público, el juez debe atenerse al contradictorio y basar su decisión con fundamento en los argumentos de las partes y a las pruebas que ellas aporten y las Cortes de Apelaciones deben resolver exclusivamente los puntos de la decisión que han sido impugnados, con lo cual se establecen limites a la arbitrariedad en la que pueda desembocar el poder discrecional de los juzgadores. Resulta entonces evidente que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de apelaciones presentadas en las causas Nros: OP01-R-2006-91, OP01-R-2006-82, OP01-R-2006-154, OP01-R-2006-148, OP01-R-2005-70, OP01-R-2007-25, OP01-R- 2006-145. OP01-R-2006-65. OP01-R-2006-115. OP01-R-2006-120. OP01-R-2006- OP01-R-2005-28, debía limitarse al objeto de las correspondientes impugnaciones, las cuales pretendían enervar las medidas de coerción personal impuestas en cada. ..~ Corte de Apelaciones realizó funciones que no le estaban atribuidas legalmente al modificar de oficio el procedimiento ordinario por el procedimiento abreviado en las prenombradas causas. En consonancia a lo anteriormente establecido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar las acciones de amparo incoada por el Ministerio Público respecto a las causas Nros. OP01-R-2005-000070 y OP01-R- 2005-00q028. estableciendo especificamente en la sentencia signada con el N° 1981, de fecha 23 de octubre de 2007, lo siguiente: aprehendidos ini fraganti y siendo que éste solicitó expresamente la aplicación del anular el fallo del -Tribunal de Control, decretar de oficio la flagrancia y, en consecuencia, aplicar el procedimiento abreviado; máxime, cuando esta Sala ha potestad de cambiar tal calificación juridica. En atención a los criterios anteriores, tal actuación por parte de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta lesionó el derecho al debido proceso del Ministerio Público, por lo que la presente acción de Alzada). De ahí es posible determinar que la jueza sometida a procedimiento realizó actuaciones al margen de la ley y además menoscabó derechos fundamentales del Ministerio Público, entre ellos la facultad de realizar una investigación exhaustiva en cada una de las causas en las que fue modificado de oficio el procedimiento, lo cual habría posibilitado obtener la verdad sobre los hechos por las vías jurídicas, tomando en consideración, tal como se estableció con anterioridad, que la Vindicta Pública es la única facultada por ley como directora de la investigación y titular de la acción penal del Estado, de elegir de acuerdo a las circunstancias y complejidad de cada caso en concreto, entre solicitar la flagrancia y por ende el procedimiento abreviado o pedir que la causa se siga por el procedimiento ordinario. Corolario de lo anterior y visto que el TDJ no determinó a la luz del ordenamiento investigada, lo cual además traspaso el limite del ejercicio de sus facultades, puede esta segunda instancia disciplinaria judicial acreditar el vicio referido a la errónea interpretación de la norma que se encuentra prevista en el artículo 40 numeral 16 de la Ley de Carrera Judicial que tipifica el abuso o exceso de autoridad, hoy subsumible en el articulo 33 numeral 14 del Código de Ética, por lo que debe anularse el particular segundo del dispositivo del fallo N° TDJ-SD-2013-137, publicado por el TDJ en fecha 14 de agosto de 2013. En consecuencia, se declara la responsabilidad disciplinaria de la jueza CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO y se le DESTITUYE del cargo de Jueza Titular de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, por haber incurrido en el ilícito de abuso de previsto en el articulo 33, numeral 14 del Código de Ética, por el hecho comprobado ordenar la prosecución del procedimiento especial abreviado en las causas números: OP01-R-2006-000091, OP01-R-2006-000082, OP01-R-2006-000154, OP01-R-2006- 000148, OP01-R-2005-000070. OP01-R-2007-000025, OP01-R-2006-000145, 0P01- R-2006-000065, OP01-R-2006-000115, OP01-R-2006-000120, OP01-R-2006- 000135, OP01-R-2006-000160, OP01-R-2006-000078, OP01-R-2006-000125, QP01- R-2006-000142 y OP01-R-2005-000028. Y asi se decide. En vista de la declaratoria anterior resulta inoficioso para esta Alzada emitir apelación. Y asi se decide. Finalmente, se aprecia que en fecha 20 de marzo de 2014 la jueza denunciada presentó solicitud relativa al trámite de su jubilación, lo cual sirvió de fundamento para que el 27 de marzo de 2014 esta alzada librar a comunicación N° CDJ-AC- 00061-2014 a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a fin de que informara si de. la revisión del expediente administrativo correspondiente a la jueza CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, titular de la cédula de identidad N° V-9.291.525, se beneficio de la jubilación. En fecha 9 de abril de 2014 la secretaria de esta Corte Disciplinaria Judicial dejó constancia de là recepción del oficio N° 085-0414, suscrito por el Director Ejecutivo de la Magistratura Ing. ARGENIS CHÁVEZ FRÍAS, mediante el cual expresa: "(...) se constató que al treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014), cuenta con la edad de cuarenta y seis (46) años y tiene un tiempo de servicio en la Administración Pública de veinticuatro (24) años, tres (03) meses y cuatro (04) dias, de los cuales catorce (14) años, un (01) mes y ocho (08) dias, en la Carrera Judicial, por lo cual, no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley de Carrera Judicial, para otorgar el beneficio de jubilación. (Negrilla y subrayado de esta alzada). En consecuência, al verificarse que el órgano competente para la tramitación y el otorgamiento del beneficio de jubilación informó a esta instancia que la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley de Carrera Judicial para concederle el mismo, presente fallo en idénticos términos a los expuestos en la oportunidad de la audiencia Con fuerza en la motivación que antecede esta Corte Disciplinaria Judicial declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la profesional del derecho KATHERINE CASELLAS JIMÉNEZ, Inspectora de Tribunales actuando por delegación del Inspector General de Tribunales Magistrado JUAN JOSÉ MENDoZA JOVER, según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.978 de fecha 3 de agosto de 2012, REVOCÁNDOSE los ordinales 2° y 7° de. la decisión N° TDJ-SD-2013-137 publicada en fecha 14 de agosto de 2013 y se CONFIRMA la decisión N° TDJ-SD-2013-137 en los particulares 1°. 3°. 4° 5° y 6°, bajo la asunción de la motivación expuesta en el presente fallo. Yasi se decide. página original (tal como se publicó) [Página 23] VII DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso apelación interpuesto por la profesional del derecho KATHERINE CASELLAS JIMÉNEZ, Inspectora de Tribunales actuando por delegación del Inspector General de Tribunales Magistrado JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER, según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.978, de fecha 3 de agosto de 2012. SEGUNDO: Se REVOCA PARCIALMENTE la decisión N° TDJ-SD-2013-137 publicada por el TDJ en fecha 14 de agosto de 2013, mediante la cual se ABSOLVIÓ DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la ciudadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, Jueza Titular de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva" Esparta, titular de la cédula de identidad N° V-9.291.525, sólo en lo que respecta a los ordinales 2° y 7° de la referida decisión. TERCERO: Se DECLARA LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de la ciUdadana CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO, titular de la cédula de identidad N° V-9.291.525 y se DESTITUYE del cargo de Jueza Titular de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, por haber incurrido en el ilícito de abuso de normativa legal vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, actualmente previsto en el articulo 33, numeral 14 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, por el hecho comprobado de haber modificado de oficio los procedimientos penales ordinarios por el procedimiento especia! abreviado que 000082, OP01-R-2006-000154, OP01-R-2006-000148, OP01-R-2005-000070, OP01- R-2007-000025, OP01-R-2006-000145. 0P01-R-2006-000065. OP01-R-2006- 000115, OP01-R-2006-000120, OP01-R-2006-000135, OP01-R-2006-000160, OP01- R-2006-000078, OP01-R-2006-000125, OP01-R-2006-000142 y OP01-R-2005- 000028. CUARTO: Se CONFIRMA parcialmente la decisión N° TDJ-SD-2013-137 publicada por el TDJ en fecha 14 de agosto de 2013, sólo en cuanto a los ordinales 1°.3°.4°.5° y 6°. > decisión al Tribunal Supremo de Justicia, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, al Sistema de Registro de Información Disciplinaria, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y a la Inspectoria General de Tribunales. Devuélvase el expediente a su Tribunal de origen. Se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el articulo 82 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Independencia y 155° de la ederacfáp El Presidente-Ponente, La Vicepresidenta, ANA CECILIA ZULUETA RODRIGUEZ La Jueza, MERLY MORALES HERNÁNDEZ La Spcretaria, tunfoty MARIANELAGIL MARTINEZ UVARIANA 22 de abril de 2014, siendo las 11:15 am, se publicó la antepor decisión bajo el N° 13, nose constancia que la jueza Merly Morales Hernándex.por motivos justificados no vo presente en el momento de suscribir la decisión. Secretana VIsiant REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZA PONENTE: AÑA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Expediente N° AP61-R-2014-000006 Mediante escrito consignado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos Zambrano, titular de la cédula de identidad N° 14.775.457, inscrita en el INPREABOGADO Venezuela por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (en lo sucesivo, DEM) y el carácter de sustituta del ciudadano Procurador General de la República, consignando al efecto instrumento poder autenticado en fecha 31 de marzo de 2014 ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Chacao del Estado Miranda, bajo el N° 29, tomo 76 de los libros de autenticaciones llevados por la referida Notaria, solicitó aclaratoria y ampliación de la sentencia N° 10 de fecha 26 de marzo de 2014, mediante la cual esta Corte declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por la ciudadana MARÍA EUGENIA OPORTO SERRES contra la sentencia N° TDJ-SD-2012-230 de fecha 11 de octubre de 2012 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial y:su aclaratoria de fecha 15 de enero de 2013; anuló parcialmente dicho fallo y ordenó a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia instruir a la DEM a los fines de pagar la diferencia de los sueldos, bonos y demás beneficios dejados de percibir por la referida ciudadana y que fueron pagados al personal activo durante el periodo comprendido entre el 02 de abril de 2002 y la fecha de consideración, para efectos del cómputo de su antigüedad, el periodo descrito. Por auto del 15 de marzo de 2014 la Secretaria de esta Corte certificó los días de despacho transcurridos desde el 27 de marzo hasta el 15 de mayo de 2014. 4.7 Revisado el asunto esta Corte pasa a pronunciarse en los términos siguientes: 1 DE LA SOLICITUD DE ACLARATORIA La mencionada ciudadana señaló en su solicitud de aclaratoria lo siguiente: Supremo de Justicia instruir a la DEM a los fines de "tramitar y otorgar la jubilación ordinaria" tomando en cuenta para el cómputo de la antigüedad, la fecha de "publicación del presente fallo", sin embargo, los requisitos de jubilación: ordinaria establecidos en el artículo 41 de la Ley de Carrera Judicial son tevisables por la DEM de manera que -a su decir- no corresponde a la Comisión Judicial instruir a la DEM para tales efectos. Que el fallo de esta Corte citó la sentencia N° 437 del 28 de abril de 2008 de la Sala Constitucional que indica que "(.) de no cumplirse con los requisitos para la jubilación, en respeto a la integralidad de la indemnización, el funcionario demandante deberá ser restituido a/ cargo...", lo cual, según aduce, no, resulta aplicable al presente caso. Manifestó que en virtud de lo anterior, resultaba necesario disipar la duda acerca del órgano al que correspondía el trámite de la jubilación y a cual correspondia notificar el Adicionalmente, agregó que el articulo 41 de la Ley de Carrera Judicial establecia dos salario a las juezas que han alcanzado la edad de cincuenta y cinco (55) años, siempre que hubieren cumplido por lo menos veinticinco (25) años de servicio público, de los cuales quince (15) los hubiese desempeñado en la carrera judicial y, la segunda, con un años de servicio público y quince (15) de los cuales lo fueron en la carrera judicial. > Que el fallo de esta Corte estableció sobre el cálculo de la antigüedad, que "(..) debfla] tomarse en cuenta el perlodo entre el "2 de abril de 2002 y [la] fecha de publicación del presente fallo...", no obstante, a su decir, del texto de la sentencia N° 437 del 28 de abril cumple con los requisitos de años de edad y servicio para su jubilación, le nace el derecho y se hace acreedor del mismo. Que conforme a lo anterior "(..) no podría tomarse como referencia la fecha de publicación del fallo, sino, en todo caso, la primera oportunidad en la cual al funcionario le nace el derecho o se hace acreedor de dicho beneficio, que en el caso de la ciudadana MARlA EUGENIA OPORTO SERRES se adquirir la de haber prestado sus servicios para el Poder Judicial por lo menos hasta el 30 de abril de 2008, para obtener la jubilación ordinaria, la cual -según el criterio asumido en el fallo cuya aclaratoria se pretende- no se motivó en la solicitud que presentara la mencionada jueza, sino de oficio...". competencia para la tramitación de la jubilación debe acordarla una vez que se cumplan los requisitos minimos de ley para su otorgamiento, esto es: conforme al primer supuesto contemplado en el articulo 41 de la Ley de Carrera Judicial". Il CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Previo al análisis de la solicitud de aclaratoria, corresponde a esta Corte verificar si la ciudadana Daniela Margarita Méndez Zambrano ostenta la legitimación para actuar como sustituta del Procurador General de la República en la presenta causa. El Decreto N° 6.286 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.892 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, en sus articulos 44 numeral 12 y 47, faculta al Procurador General de públicas, en los siguientes términos: Articulo 44. Además de las atribuciones generales que le confiere la Constitución y las leyes, es de la competencia especifica del Procurador o Procuradora General de la República: (...omissis...) otros organismos del Estado la representación y defensa judicial y extrajudicial de la República; "Articulo 47. Los sustitutos y quienes actúen por delegación del Procuredor o Procuradora General de la República no pueden sustituir la representación conferida, sin la previa y expresa autorización del mismo o la misma." La lectura de las normas transcritas permite advertir que el legislador autorizó al Procurador o Procuradora General de la República a delegar en los abogados del organismo y sustituir en funcionarios adscritos a los diferentes organismos del Estado, la página original (tal como se publicó) [Página 24] salvo que mediara autorización expresa. conjuntamente con la solicitud de aclaratoria y ampliación, presentó instrumento poder otorgado por el ciudadano Germán Alfredo Ramirez Materán, en su carácter de Director General de la Oficina de Asesoria Juridica de la DEM, cuyo texto se transcribe parcialmente a continuación: "Yo, GERMÁN ALFREDO RAMIREZ MATERÁN, venezolano, mayor de edad, de en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N°6.642, actuando en mi carácter de Director General de la Oficina de Asesor la Juridica de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, según consta en la Resolución N° ooo2, dictada por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en fecha 14 de junio de 2013, publicada en de junio de 2013, y conforme al Oficio-Poder No. D.P. No. 0580 de fecha 22 de agosto de 2013, mediante el cual el ciudadano MANUEL ENRIQUE GALINDO BALLESTEROS en su condición de Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a la resolución N° 013/2013 del 8 de marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.126 del 11 del mismo mes y año, sustituye en quien suscribe la representación de la contenidas en los articulos 35, numeral 3 y 44, numeral 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República, el cual exhibo en este acto para que se Con reserva de ejercer el derecho de intervenir en los casos en la oportunidad que estime conveniente, sustituye la referida representación de la República Bolivariana de Venezuela que me fuera otorgada en los abogados que se identifican a continuación: DANIELA MARGARITA MÉNDEZ ZAMBRANO, titular de la cédula de identidad N° V-14.775.457 e inscrita en el Inpreabogado N° 111.599.. (vid. folios 76 y 77, pieza 5). Igualmente, se aprecia que en la nota levantada por la ciudadana Karell Angarita Bastidas, actuando en su carácter de Notaria Pública Cuarta del Municipio Chacao del Estado Miranda, en fecha 31 de marzo de 2014, dejó constancia de lo siguiente: _(...) Igualmente certifica que tuvo a su vista Resolución No: 0oo2 dictada por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, el 14-06-2013, publicada en Gacata Oficial No: 40.191 el 18-06-2013, representada en este acto por GERMÁN ALFREDO RAMIREZ MATERAN en condición de Director General de la Oficina de Asesoria Juridica de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y que le otorga el literal 'd' publicada en Gaceta Oficial No: 37.014 el 15-08-2000. Visto todo lo anterior el Notario Público declara este documento legalmente Autenticado". (vid. folio 78. pieza 5). La lectura de las documentales parcialmente transcritas, evidencian que en la oportunidad : de otorgamiento del instrumento Poder, la referida Notaria dejó constancia de haber tenido a la vista la designación del ciudadano Germán Alfredo Ramirez Materán, como Director de Asesoría Juridica de la DEM, sin certificar que le hubiere sido presentado el Oficio- Poder No. D.P. No. 0580 de fecha 22 de agoşto de 2013, mediante el cual el Procurador General de la República hubiere sustituido la representación de la República Bolivariana de Venezuela en el mencionado ciudadano e, igualmente, lo hubiere facultado para, la DEM. copia del referido Oficio Poder, fuente primigenia de la facultad de representación que se atribuyó el Director General de la Oficina de Asesoria Juridica de la DEM y documento indispensable para que este órgano jurisdiccional pudiese reconocer la legitimación que se atribuyó la solicitante y para que pudiese realizar actuaciones en nombre y representación de la República Bolivariana de Venezuela, por órgano de la DEM. En atención a lo expuesto, al evidenciarse que el poder otorgado a la ciudadana Daniela Margarita Méndez Zambrano para representar a la República Bolivariana de Venezuela resulta insuficiente, al no haber sido presentado con la sustitución del Procurador General Corte que se configuró la falta de legitimación de la referida ciudadana para formular la aclaratoria y actuar como sustituta del Procurador General de la República en nombre y representación de la DEM, circunstancia que determina la inadmisibilidad de la solicitud planteada. Así se decide. Finalmente, observa esta Corte que en la sentencia de fecha N° 10 del 26 de marzo de 2014 cursante en autos y que declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por la ciudadana Marla Eugenia Oporto Serres, se omitió ordenar la notificación de la Procuradurla General de la República, razón por la cual, de conformidad con lo previsto en el articulo 97 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del ordena la notificación del titular de dicho órgano. Así se declara. e ⅢII DECISIÓN Por los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, deciara INADMISIBLE por falta de legitimación la solicitud de aclaratoria de la sentencia N° 10 publicada el 26 de marzo de 2014 dictada por esta Corte formulada por la abogada Daniela Margarita Méndez Zambrano. Se ordena la notificación y remisión de copia certificada de la sentencia N° 10 del 26 de marzo de 2014 al Procurador General de la República. 4 Publiquese, Registrese y Comuniquese. Se ordena su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Cúmplase lo ordenado. ciudad de caracas, a los 28 dias del mes de mayo de (2014. Años 204* de la Independencia y 155* de la Federación. El Presidente TULIO JMÉNEZ ROBRIC! Jugrepresidenta-Ponente, ANA CECILIAULUETA RODRÍGUEZ MERLY JACQUELINE MORALES HERNÁNDEZ El Secretario (E), ENDERSON JESUS SANZ DA SILVA Expediente N° AP61-R-2014-000006. Hoy veintiocho (28) de mayo del año dos mil catorce (2014), siendo las-41:;50 a.m, se publicó. la anterior decisión bajo el N° 18. mienen Secretaro E) REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Expediente N° AP61-D-2011-000323 En fecha veintiocho (28) de octubre de 2011, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) recibió denuncia suscritapor la ciudadana MIGDALIA DEL CARMEN JASPE, titular de la cédula de identidad número V-5.047.040, contra los funcionarios judiciales, CARMEN GONCALVEZ y ARTURO MARTÍNEZ JIMÉNEZ quienes se desempeñan como Jueces del Juzgado Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de respectivamente designándosele la nomenclatura AP61-D-2011- Caracas 0000323. En fecha primero (1) de noviembre de 2011, la Oficina de Sustanciación recibió la referida denuncia, acordó darle entrada, a los fines de verificar el cumplimiento de los requisitos de ley y recabó los elementos indiciarios de los hechos denunciados, con el objeto de garantizar lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En fecha ocho (8) de diciembre de 2011, la Oficina de Sustanciación del Tribunal Disciplinario Judicial, comisionó a la abogada sustanciadora RITA RODRíGuEz, para realizar la investigación correspondiente con el objeto de recabar todos los elementos indiciarios, relacionados con los hechos denunciados y elaborar el correspondiente informe sobre la procedencia o no de la presente denuncia. En fecha catorce (14) de Febrero de 2012, la Oficina de Sustanciación del Tribunal Disciplinario Judicial, consignó al expediente el correspondiente informe AP61-D-2011-000323. En fecha dieciséis (16) de febrero de 2012, la Oficina de Sustanciación distribución aleatoria, correspondió su ponencia al Juez HERNÁN PACHECo ALVÍAREZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión. DE LA DENUNCIA La ciudadana MIGDALIA DEL CARMEN JASPE denunció a los funcionarios judiciales, CARMEN GONCALVEZ y ARTURO MARTÍNEZ JIMÉNEZ, alegando entre otras circunstancias las siguientes: Que en fecha 27 de octubre de 2009 la "COOPERATIVA MADRICES 154. SRL' la cual ella representa, cooperativa esta que mediante una proceso de página original (tal como se publicó) [Página 25] CORPORACIÓN PEFKI, C.A. sobre dos logales comerciales distinguidos con los números 3 y 4 ubicado en el piso 3, del edificio denominado "CENTRO COMERCIAL EL INDIO", dicha demanda cursa por ante el Juzgado Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y cuya apelación fue declarada sin lugar por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Alega la denunciante que durante los procesos de las demandas incoada por CORPORACIÓN PEFKI, C.A. en contra de varias empresas que funcionan en el Centro Comercial EL INDIO, se fueron incorporando documentos que desconocían su existencia y que fueron aclarando la situación del edificio en cuestión, documentos que le permitieron percatarse que el contrato de arrendamiento que posean había sido presuntamente suscrito con alguien que no tenía facultad para hacerlo. También alega la denunciante que la sociedad mercantil COORPORACIÓN PEFKI, C.A. alquiló dichos inmuebles basándose en un contrato privado de administración otorgado por una persona que nada tiene que ver con el referido cuestiones previas 2°. 3° y 8°. aunque de la revisión de la causa N° AP31-V- 2009-004075 se pudo observar que también alego la causal 4° citando a la denunciante textualmente, (...) "pues a mi entender esta CooRPoRACIÓN PEFKI. C.A. no sólo nos engañó al momento de suscribir el contrato de Arrendamiento, sino que valiéndose de falsos supuestos se está LUCRANDO con las demandas fundamentadas en una regulación que JAMAS (sic) debió con sus sentencias sin dejar de mencionar que en sentencias reiteradas de nuestro Máximo Tribunal se ha establecido, el CONSENTIMIENTO TÁCITO (sic) algunos de los cánones (sic) de arredramiento establecidos en el Contrato, citado, y haber hecho uso de ellos la CooRPORACIÓN PEFKI C.A., no sólo quedo demostrado que los aceptó sino que dispuso de ellos, enmarcándose esta conducta dentro de lo establecido para que sin duda alguna quedara determinado dicho consentimiento TÁCITO (sic) aceptando de esta manera que el canon que se encontraba vigente era el del contrato y no el de la REGULACIÓN que pretendia hacer vales (sic) después de dos años". (Cursivas de éste Tribunal Disciplinario Judicial)(Mayúsculas propias del escrito de denuncia). La denunciante también alega que los hoy denunciados rechazaron por considerar impertinentes la Jurisprudencia de nuestro Máximo tribunal, en cuanto a las pruebas, indicios, aportados a los diferentes procesos y que además fueron incluidos por la parte actora, en sus escritos libelares además de denunciar un presunto desconocimiento de la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. La denunciante hace mención en su escrito enunciativo, que no se le otorga valor probatorio a las copias simples consignadas del contrato privado de administración otorgado por el ciudadano JEAN COLATAS en representación de INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES EL INDIO, C.A. a CORPORACIÓN PEFKI , C.A., en fecha 15 de enero de 1999 y a las copias simples de impresiones de la página WEB del Consejo Nacional Electoral (CNE). de acuerdo con el denunciante esto representaría una violación del debido proceso citados textualmente al denunciante, (..) "De ser asi ciudadano JUEZ se ha violentado el DEBIDO PROCESO pues en mismo (sic) articulo del Código de procedimiento Civil establece en referencia al CONTRATO PRIVADO DE ADMINSITRACION CAPITULO V DE LA PRUEBA SECCIÓN 1°De los instrumentos respecto de los instrumentos privados, cartas o telegramas provenientes de la parte contraria, se observarán las disposiciones sobre TACHA y RECONOCIMIENTO de instrumentos privados, y la tacha JAMAS (sic) fue invocada, al contrario estos instrumentos fueron aportados por la parte actora, sin dejas de mencionar las impresiones de UNA página OFICIAL del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL." (...) "de igual manera nunca se pronunciaron sobre los depósitos bancarios realizados en cuenta de COORPORACION PEFKI, C.A (sic) y aceptados y aprovechados por ellos." Al finalizar la denuncia el denunciante solicita lo siguiente: "(...) ciudadano JUEZ disciplinario vista la cantidad de IRREGULARIDADES, que he presentado COOPERATIVA MADRICES 154 S.R.L, plenamente determinada (..) rogamos a ud (sic) sirva revisar esta denuncia por cuanto se lesiono (sic) nuestro derecho al DEBIDO PROCESO y DERECHO A LA DEFENSA, al no ser valoradas las pruebas ofrecida para nuestra defensa". (Mayúsculas propias del escrito de denuncia). I1 CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Punto previo DE LA COMPETENCIA. En primer lugar, debe este Tribunal Disciplinario Judicial pasar a analizar su siguiente: En fecha seis (6) de agosto de 2009 fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.236 el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, reformada parcialmente según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 de fecha 23 de agosto de 2010, la cual en su Capitulo V establece la competencia en materia disciplinaria sobre los jueces o juezas de la República, siendo que en sus artículos 39 y 40 prevé: "Articulo 39. Los órganos que en el ejercicio de la jurisdicción tienen la competencia disciplinaria sobre los jueces o juezas de la República, son el Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinario Judicial, los respectivamente, los procedimientos disciplinarios por infracción a los principios y deberes contenidos en este Código (...)" "Articulo 40. Corresponde al Tribunal Disciplinario Judicial, como órgano deberes en materia ética contenidos en el presente Código (..." Ahora bien, vista la denuncia interpuesta por la ciudadana MIGDALIA DEL CARMEN JASPE, titular de la cédula de identidad N° V-5.047.040, contra de los ciudadanos CARMEN GONCALVEZ y ARTURO MARTÍNEZ JIMÉNEZ quienes Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas respectivamente; en atención a la presunta infracción a los principios y deberes contenidos en el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, siendo que, se ventila una denuncia realizada contra de jueces de la República; este órgano jurisdiccional se declara competente para conocer de la presente causa, de conformidad con el artículo 39 del referido Código de Ética, en concordancia con el articulo 40 eiusdem. PRIMERO DE LA ADMISIBILIDAD Corresponde a este Tribunal Disciplinario Judicial pronunciarse sobre la CARMEN JASPE, contra Ios funcionarios judiciales, CARMEN GONCALVEZ y ARTURO MARTÍNEZ JIMÉNEZ. El Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, establece los supuestos para que una denuncia formulada ante esta jurisdicción disciplinaria se declare inadmisible, en articulo 55 el cual versa lo siguiente: "Recibida la denuncia, la Oficina de Sustanciación la administra el primer Judicial. El Tribunal Disciplinario Judicial no admitirá la denuncia cuando: 1. De los recaudos presentados no se pueda determinar la existencia del hecho objeto de la denuncia. 2. La acción disciplinaria ha prescrito o resulta acreditada la cosa juzgada. 3. La muerte del juez o jueza. Del auto que no admita la denuncia, se le notificará al denunciante o a la denunciante, quien dispondrá de cinco dias hábiles contados a partir de su notificación, para apelar de la misma ante la Corte Disciplinaria Judicial. (Resaltado de este Tribunal Disciplinario Judicial). Siendo así, es menester determinar la inexistencia de los supuestos propuesta, o caso contrario, tanto de los argumentos esgrimidos en la misma, como de los recaudos traídos a proceso, se pueda establecer su inadmisión. De lo anteriormente transcrito, se desprende que para entablar el inicio menester: 1. Que el hecho o hechos denunciados puedan desprenderse de la documentación presentada adjunto a la denuncia escrita; 2. Que la acción disciplinaria no haya prescrito, lo cual ocurre, de conformidad con el articulo 35 del Código de Ética del Juez y la Jueza Venezolana, al transcurrir cinco (5) años contados a partir del día en que ocurrió el hecho constitutivo de la falta disciplinaria: 3. Que el hecho o hechos que constituyen el objeto de la denuncia no hayan sido juzgados anteriormente; 4. Que el denunciado o denunciada se encuentre aún con vida, lo cual se traduce en la ausencia de presentación del acta de defunción. Examinadas las actas que conforman el presente expediente, este Tribunal observa que los cuatro supuestos antes indicados no se verifican en página original (tal como se publicó) [Página 26] esta causa, razón por la cual se ADMITE in prima facie en cuanto ha lugar en derecho la presente denuncia. Así se decide. SEGUNDO DE LA IMPROCEDENCIA IN LIMINE LITIS Ahora bien, del análisis realizado al escrito de denuncia, se permite establecer que se trata de un proceso civil concluido incluso en alzada donde resulto perdidosa la hoy demandante, ahora bien, no obstante la anterior declaratoria de admisibilidad, este órgano jurisdiccional disciplinario considera necesario realizar algunas consideraciones sobre la definición de ilicito disciplinario y la improponibilidad. La doctrina extranjera ha definido al "ilicito" disciplinario como aquella acción u omisión que quebranta el orden jurídico, desconociendo los deberes impuestos por la positividad. Al respecto, el autor colombiano Carlos Gómez Pavajeau, citando a Trayter, planteó que "..gran parte de la doctrina mantiene la concepción de la infracción disciplinaria como una acción que no atenta contra los bienes juridicos sino, cosa muy distinta, contra los deberes del servicio funcionarial. (...) el propósito último del régimen disciplinario es la protección de la correcta marcha de la Administración Pública, es necesario garantizar de manera efectiva la observancia juicios a de los deberes de servicio asignados a los funcionarios del Estado mediante la sanción de cualquier omisión o extralimitación en su cumplimiento, por lo que la negligencia, la imprudencia, la falta de cuidado y la impericia pueden ser sancionados en este campo en cuanto impliquen la vulneración de los deberes funcionales de quienes cumplen funciones públicas(...)". (Gómez Pavajeau, Carlos Arturo: "Dogmática del Derecho Disciplinario", 5ta edición actualizada. Universidad Externado de Colombia. Pág. 290 (Subrayado de este Tribunal Disciplinario Judicial). jurisdiccional hacer mención a lo establecido por este Tribunal de primer grado 16 de noviembre de 2011 (caso: Maria Lourdes Afiuni), donde se señala lo siguiente: (omisis) "(...) La improponibilidad se refiere a la facultad que tiene el juez de rechazar in limine litis la demanda, si considera que la sentencia de fondo no será susceptible de satisfacer las pretensiones del recurrente, bien sea porque se pretendió algo no tutelado por el ordenamiento juridico, o porque utilizó una via no idónea para satisfacer su pretensión. Asi, la improponibilidad debe ser entendida desde un punto de vista objetivo, es decir, cuando resulta manifiesto que los hechos en que se funda la pretensión constitutiva de la causa petendi, considerados en (Aldo Cader Camilot, Tesis de la Improponibilidad de la Demanda. Universidad José Simeón Cañas, San Salvador, 1996, p. 95). De manera que el estudio de la proponibilidad está orientado a realizar un análisis sobre la pretensión procesal, diferente al análisis de la admisibilidad, frente al Ordenamiento Juridico. Ahora bien, la improponibilidad se refiere a la facultad que tiene el juez de rechazar la demanda in limine litis, si considera que la sentencia de fondo no será susceptible de satisfacer las pretensiones del recurrente, bien sea porque via no idónea para satisfacer su pretensión. La improponibilidad debe ser entendida desde un punto de vista objetivo, es decir, cuando resulta manifiesto que los hechos en que se funda la pretensión constitutiva de la causa petendi, considerados en abstracto, no son idóneos para obtener una favorable decisión de mérito. (Aldo Cader Camilot, Tesis de la Improponibilidad de la Demanda. Universidad José Simeón Cañas, San Salvador, 1996, p. 95). De manera que el estudio de la proponibilidad está orientado a realizar un análisis sobre la pretensión procesal, diferente al análisis de la admisibilidad frente al ordenamiento jurídico. En nuestra doctrina patria, el autor Rafael Ortiz Ortiz ha precisado lo siguiente sobre la figura de la improponibilidad de la demanda: "(...) desde hace algún tiempo, la doctrina y, hace poco, la jurisprudencia venezolana, viene inquiriendo si toda pretensión, por el sólo hecho de ser admisible, tiene que ser tramitada a lo largo del proceso si, desde el inicio, ordenamiento e, irremediablemente, será declarada improcedente. Estamos en presencia de la llamada improponibilidad manifiesta de la subjetivamente sea improponible. La procedencia de la pretensión (va no se trata de admisibilidad) tiene que ver con la aptitud de la pretensión jurídica y su respectiva tutela juridica por el procedimiento; es decir, revisar la procedencia de la pretensión es decidir sobre el fondo de lo pedido, el mérito de la petición y el juicio de adecuación del ordenamiento juridico conforme lo solicitado...Para JORGE PEYRANO Ia improponibilidad objetiva que padece una pretensión siempre nace de alguna patología sufrida por el objeto de ésta y a resultas de la cual concurre un "defecto absoluto en la facultad de juzgar" ("Teoria General de la Acción Procesal en la Tutela de los Intereses Juridicos". Primera Edición. Editorial Frónesis S.A.. Caracas, 2.004. pp. 336 y 338). (Resaltado y subrayado propio de éste Tribunal Disciplinario Judicial). Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció mediante sentencia de fecha 4 de noviembre de 2003, en virtud de una acción de amparo interpuesta, los siguientes planteamientos con respecto a la improponibilidad manifiesta de la pretensión: (omisis) "(..) Ante tales circunstancias, debe esta Sala reiterar el criterio sostenido con relación a las declaraciones in limine litis, en el celeridad procesal, sustanciar un procedimiento cuyo único resultado final es la declaratoria sin lugar, para lo cual de verificarse durante el estudio de la admisión de la acción, que resulta inoficioso improcedencia de la acción; lo cual es distinto a la inadmisibilidad de la acción...Por lo que, la declaración in limine litis va dirigida mientras la inadmisibilidad puede ser revisada en cualquier estado y grado de la causa por obedecer a causales de orden público, o a vicios De los marcos doctrinarios y jurisprudenciales precedentemente expuestos, asume este Tribunal que el estudio de la procedencia de la pretensión se refiere a un análisis distinto al de la admisibilidad, pero que sin embargo se realiza al inicio del proceso por el juez, pues resultaría a todas luces inoficioso su continuación si desde el primer momento, el juez como director del proceso se percata que el resultado final será una declaratoria sin lugar, o en todo caso una desestimación de la pretensión del recurrente, sea porque la no optó por la via idónea para la satisfacción de su pretensión. Asi, observa este Tribunal Disciplinario Judicial que el criterio jurisprudencial y doctrinario expuesto, responde los principios de celeridad y economia procesal establecido y materializado en el articulo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por ende debe hacerlo valer para el presente caso, ya que sería inoficioso que se deba agotar todo un procedimiento para que la pretensión del denunciante vaya a ser declarada sin lugar en la definitiva. Del escrito de denuncia se deduce que en efecto, si se corresponden los fundamento de la denuncia, y se refieren a la declaratoria con lugar de la demanda por desalojo y sin lugar las cuestiones previas alegadas por la hoy denunciante por parte de la Juez denunciada CARMEN GONCALVEZ y la posterior declaración sin lugar del recurso de apelación ratificando la decisión ARTURO MARTÍNEZ JIMÉNEZ. Dicho lo previo analizaremos los hechos denunciados en relación a lo explanado por los denunciantes: . Alega la denunciante que la sociedad mercantil COORPORACIÓN PEFKI, C.A. alquiló dichos inmuebles basándose en un contrato privado de administración otorgado por una persona que nada tiene que ver con el referido cuestiones previas 2°. 3° y 8° siendo las mismas declara sin lugar por los El objeto de las cuestiones previas, es depurar el proceso de vicios, defectos y omisiones, y además garantizar el verdadero ejercicio de derecho a la defensa. En este sentido, los articulos 346, 350, 351, 352, 354 y 356 del Código de Procedimiento Civil, establecen lo siguiente: "Articulo 346 Dentro del lapso fijado para la contestación de la demanda, podrá el demandado en vez de contestar a promover las siguientes cuestiones previas: (...) 2° La ilegitimidad de la persona del actor por carecer de ia capacidad necesaria para comparecer en juicio. 3° La ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del actor, por no tener capacidad necesaria para ejercer poderes en juicio, o por no tener la representación que se atribuya, o porque el poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente. ^ 4° La ilegitimidad de la persona citada como representante del demandado, por no tener el carácter que se le atribuye. La ilegitimidad podrá proponer la tanto la persona citada como el demandado mismo, o su apoderado. (...) 8° La existencia de una cuestión prejudicial que deba resolverse en un proceso distinto. (...) (Subrayado propio de éste Tribunal Disciplinario . Judicial) Vistos los articulos ut supra citados este tribunal disciplinario judicial realizara algunas consideraciones en relación a ello: Respecto al numeral 2° falta de capacidad procesal, referida a la ilegitimidad en juicio. Esta cuestión previa hace referencia a la capacidad de obrar de ejercicio del derecho civil. El articulo 136 ejusdem "Son capaces para obrar en juicio, las página original (tal como se publicó) [Página 27] gestionar por sí mismas o por medio de apoderados, salvo las limitaciones establece, quienes son capaces de obrar en juicio, estableciendo que las personas que tienen el libre ejercicio de sus derechos o capacidad de ejercicio mod ficar o extinguir por sí misma relaciones juridicas. Según se desprende de lo antes expuesto, y criterio de la doctrina, la capacidad procesal constituye un presupuesto necesario para que el proceso tenga existencia juridica y validez formal, y su falta se hace valer mediante la carecer de las cualidades necesarias para comparecer en juicio. Sin embargo, la ilegitimidad, relativa a la falta de capacidad no debe confundirse con la cualidad o legitimación viniente de la titularidad, la primera es un presupuesto procesal y la segunda es un presupuesto material de la sentencia de mérito. De acuerdo a los antes expresado, solo puede concluirse que el hecho esgrimido por la denunciante no resulta subsumible dentro del supuesto de falta de capacidad procesal previsto en el ordinal 2 del articulo 346 eiusdem, que contempla la cuestión previa de ilegitimidad de la parte actora asi como no alude a otro tipo de defensa que en nada guarda relación con lo que debe entenderse como capacidad de la actora. En referencia al numeral 3° del articulo en estudio denominado falta de capacidad de postulación o representación, la ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del actor, por no tener la capacidad atribuya, o porque el poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente. Al respecto, se hacen las siguientes consideraciones: El ordinal 3° del articulo 346 del Código de Procedimiento Civil permite oponer como cuestión previa la ilegitimidad de la persona que actúa en el proceso, como apoderado o representante de la parte actora, por cuatro motivos a saber: por carecer de la teniéndola esta defectuosamente otorgada o ejercida. Por otro lado el autor Rafael Ortiz Ortiz en su obra Teoria General del comenta: "La capacidad procesal no se agota con la posibilidad de realizar actos juridicos procesales validos si no que se requiere, en nuestro pais, de la capacidad de postulación en juicio. En principio, todas las personas que tengan la libre disposición de sus bienes son capaces de gestionar "por si mismas o por medio de apoderados" tales derechos en juicio; las personas que no tengan esa capacidad civil para obrar deben ser asistidas o por abogado (Pág. 495)." "La capacidad de asistencia o representación, conferida en exclusiva a los abogados en ejercicio, se denomina capacidad de postulación en juicio... sic...Por otra parte, el monopolio de la postulación en el Derecho Esta doctrina y tal como lo señala el mismo autor tiene su fundamento legal en los articulos 4 de la Ley de Abogados y el articulo 166 del Código de Procedimiento Civil. Así mismo, en sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia N° 448 del veintiuno (21) de octubre de 2003, ratifica el criterio reiterado al respecto, sentado en la decisión N° 323 del veintisiete (27) de julio de 1994, y la sentencia N° 88 del trece (13) de marzo de 2003, donde la asienta: "...la Sala ha señalado que son ineficaces las actuaciones realizadas en juicio por quien no es abogado, aun cuando hubiere actuado asistido de abogado". En función de la doctrina científica, literaria y Jurisprudencial, expuesta con anterioridad inmediata, es evidente que una persona para poder actuar mediante poder en nombre de otro, debe tener la capacidad de postulación en juicio, la capacidad procesal; en definitiva, por las leyes que regulan la materia les está vedada a cualquier otra persona que no sea abogado en ejercicio libre de la profesión presentarse ante un Tribunal para ejercer poderes en juicio, tal como en definitiva se desprende de lo contemplado en los Articulos: 4 de la Ley de Abogados y el 166 del Código de Procedimiento Civil; que disponen: Articulo 4. Toda persona puede utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor, como disposición de la ley o en virtud de contrato, deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el proceso... Articulo 166. Solo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en ejercicio, conforme a las disposiciones de la Ley de Abogados. De acuerdo a lo ut supra citado, existen tres distintas maneras en que puede resultar ilegitima la persona que se presente obrando en nombre de otro, como representante o apoderado suyo, a saber 1) porque se encuentra incapacitado para ejercer poderes en juicio; 2) aun pudiendo ejercer poderes en juicio, éste no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente; y 3) porque no ostente la representación que se atribuye. Debe señalarse, que la denunciante en modo alguno, señaló a cuál de los supuestos fácticos consagrados en dicha disposición se referia, pues el mismo numeral 2° del citado articulo 346 del Código de Procedimiento Civil, fue utilizado para alegar la ilegitimidad analizada. misma también alego la cuestión previa desarrollada en el numeral 4 del articulo 346 del Código de Procedimiento Civil la falta de representación en el citado, la demandado, por no tener el carácter que se le atribuye. La ilegitimidad podrá proponer la tanto la persona citada como el demandado mismo, o su apoderado. Al respecto éste tribunal disciplinario judicial observa que el ordinal 4° del articulo 346 eiusdem, se refiere es al problema de la representación procesal de la parte demandada, especificamente, a la falta de representación de la persona citada como representante del demandado, que es la llamada legitimatio ad processum, y no de la falta de cualidad o de la legitimatio ad causa. Es decir, en el caso de la legitimatio ad processum, se refiere a un presupuesto procesal para comparecer en juicio; esto es, un requisito indispensable para la constitución válida de toda relación procesal y para garantizar al demandado su adecuada representación en juicio. En tanto, que la cualidad o legitimatio ad causa debe entenderse como la idoneidad de la persona para actuar en juicio; como titular de la acción, en su aspecto activo o pasivo: idoneidad que debe ser suficiente para que el órgano jurisdiccional pueda emitir un pronunciamiento de mérito; la cual, de acuerdo a lo antes expresado, no puede ser opuesta conforme al Código de Procedimiento Civil vigente, como cuestión previa. Para el autor patrio Dr. Ricardo Henriquez La Roche en su obra Código de Procedimiento Civil, al referirse a las Cuestiones Previas contenidas en los ordinales 2°. 3º 4°. 5° y 6º del articulo 346 del Código de Procedimiento Civil, las define como Cuestiones Subsanables (Tomo III, pp.57. 59-60; 2004). y al referirse específicamente al ordinal 4º del artículo 346 eiusdem, precisa que este que el fundamento de la pretensión, es este caso: "c) Falta de representación en el citado. Procede esta cuestión previa cuando la persona señalada como representante de otro o personero de un ente moral, no tiene el carácter que se le atribuye. La depuración de este vicio es esencial a la debida integración del contradictorio, pues si no existe tal cualidad, no se estará llamando a juicio al verdadero demandado con la legitimación a la causa". Omissis... "La prueba sobre el carácter de personero o representante de otro corresponde al actor y no al excepcionante. En este caso no se aplica el principio reus in excipiendo fit actor, pues el actor debe probar el hecho que invoca como presupuesto de la citación; esto es, que la representación o personería reside en el sujeto que él ha indicado; cuestión que parece más acorde con el articulo 506, porque quien debe probar el supuesto de hecho de la norma, en este caso el del articulo 138, es quien pretende traer a juicio a la persona juridica. La situación es similar al traslado de la carga de la prueba que ocurre en el desconocimiento de firma de virtud del solo rechazo que ha hecho su contraparte (cfr CSJ, Sent. 22-11- 72, ob. cit. N° 0998)". Por su parte, el Dr. Nerio Perera Planas en su obra Código de Procedimiento Civil Venezolano (p.307: 2005) precisa respecto a la legitimidad de la persona citada que: "Carece de legitimidad el apoderado o representante legal del actor suspendido del ejercicio profesional disciplinariamente. También por insuficiente. La ilegalidad consiste en la omisión de los requisitos con que el legislador reviste el mandato judicial, comprendidos en los articulos del 150 al 158 -de este Código Procesal Civil-. Es insuficiente cuando las facultades que se subroga el apoderado no le han sido conferidas, por lo que se excede en el ejercicio del poder. El representante del demandado, como lo sería el tutor, curador, carece de legitimidad cuando no tiene el Disciplinario Judicial). En el orden jurisprudencial, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 1919 de fecha 14 de julio de 2003, con ponencia del magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera, expediente N° 2003-00019 (Caso: Antonio Yamin Calil), estableció respecto a la legitimidad de la persona citada que: Omissis... "Por su parte, el ordinal 4° del articu!o 346 eiusdem, contiene la cuestión previa de ilegitimidad de la persona citada como representante del página original (tal como se publicó) [Página 28] problema de la representación procesal de la parte demandada, especificamente, a la falta de representación de la persona citada como representante del demandado, que es la llamada legitimatio ad processum, y no de la falta de cualidad o de la legitimatio ad causa. Es decir, en el caso de la legitimatio ad processum, se refiere a un presupuesto procesal demandado su adecuada representación en juicio". Dicho lo previo podemos concluir que en el caso de la Cuestión Previa contenida en el ordinal 4° del articulo 346 del Código de Procedimiento Civil, no se hace referencia de la falta de cualidad del demandado para ser llamado al juicio o legitimatio ad causa, sino que se refiere a la legitimación de la persona citada para estar en el proceso en nombre del demandado o legitimatio ad processum, ya que en el caso de la primera, estaríamos en presencia de una defensa de fondo y no de una cuestión previa, la cual en caso de ser declarada sin lugar de la demanda, ya que la persona demandada no es la deudora de la obligación de dar, hacer o no hacer. En cambio, al referirnos a la Cuestión Previa contenida en la norma supra indicada, no nos referimos a la cualidad de la parte demandada para estar en juicio, sino a que la persona que fue enunciada por el demandado en su libelo como demandado, bien sea su representante legal personas naturales, no detenta tal representación o carece de la cualidad de profesional del derecho para ejercer la representación por poder de la persona natural, por las razones expuestas considera que los hoy denunciados actuaron dentro de su ámbito de competencias. Respecto a la prejudicialidad alegada por la denunciante dec armada sin lugar los mismos actuaron dentro del ámbito de sus competencias amparando su decisión dentro de un manto de legalidad y asi se decide. Respecto a la última cuestión previa que alego la ciudadana MIGDALIA DEL CARMEN JASPE contenida en el numeral 8 del articulo 346 del Código de Procedimiento Civil respecto a la existencia de una cuestión perjudicial que deba realizar las siguientes consideraciones: El autor Dr. Fernando Villasmil, en su obra Los Principios Fundamentales y las Cuestiones Previas en el nuevo Código de Procedimiento Civil sostiene lo siguiente: "La octava cuestión previa, es la existencia de una Cuestión Prejudicial que deba resolverse en un proceso distinto. A propósito de esa cuestión previa, es útil y oportuno citar un fragmento del Maestro Borjas que admirablemente nos explica qué es la prejudicialidad: "En la legislación patria, aunque toda cuestión prejudicial es previa, no todas las cuestiones previas son perjudiciales. Lo que caracteriza a estas (a las cuestiones perjudiciales) es que no son como aquellas (las cuestiones previas), meros incidentes en una litis, sino que siendo por lo común la materia principal de un juicio y tener carácter y existencia propia hasta el punto de poder ser promovidas independientemente en un proceso separado, se encuentra tan intimamente ligadas a la cuestión de fondo de otro juicio pendiente_y son de tal modo inseparables de dicha cuestión, que exigen una decisión previa, porque de ella depende o a ella debe estar subordinada la decisión del proceso en curso. (..) (Subrayado propio de este Tribunal Disciplinario Judicial). Al respecto el Tribunal Supremo de Justicia, en fallo de la Sala Politico Administrativo del 16 de Mayo de 2000 señaló los elementos que deben darse para la procedencia de la prejudicialidad, al asentar: "La existencia de una cuestión prejudicial pendiente, contenida en el ordinal 8° del articulo 346 del Código de Procedimiento Civil, exige lo siguiente: a.- La existencia efectiva de una cuestión vinculada con la materia de la pretensión debatida ante la jurisdicción civil. b.- Que esa cuestión cursa en un procedimiento distinto de aquel en el cual se ventilará dicha pretensión. c.- Que la vinculación entre la cuestión planteada en el otro proceso y la pretensión reclamada en el presente proceso, influya de tal modo en la decisión de ésta, que sea necesario resolver la con carácter previo, a la sentencia del Juez Civil, sin posibilidad de Disciplinario Judicial). efectivamente exista un proceso judicial y que éste sea indisolublemente durante las causas llevadas por los hoy denunciados no se pudo observar que la efectiva cuestión vinculada con la materia de la pretensión debatida ante la jurisdicción distinta, que esa cuestión cursará en un procedimiento distinto de aquel en el cual se ventilará dicha pretensión y que la vinculación entre la cuestión planteada en el otro proceso y la pretensión reclamada en el presente proceso, influya de tal modo en la decisión de ésta, que sea necesario resolver la con carácter previo, a la sentencia del Juez Civil, sin posibilidad de desprenderse de aquella. Vistas las consideraciones previas este Tribunal Disciplinario Judicial observa que los jueces CARMEN GONCALVEZ y ARTURO MARTÍNEZ JIMÉNEZ quienes se desempeñan como Jueces del Juzgado Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas respectivamente, obraron conforme a las competencias legalmente atribuidas por tal razón su conducta no es subsumible dentro de los supuestos de responsabilidad establecidos en el Código de Ética del Juez y la Jueza Venezolano y asi se decide. . La denunciante igualmente alega que los hoy denunciados rechazaron por considerar impertinentes la Jurisprudencia de nuestro Máximo tribunal, en cuanto a las pruebas, indicios, aportados a los diferentes procesos y que además fueron incluidos por la parte actora, en sus escritos libelares además de denunciar un presunto desconocimiento de la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. Al respecto éste Tribunal Disciplinario Judicial considera pertinente realizar algunas consideraciones respecto a los hechos notorios en general, hecho notorio judicial, y prueba impertinente. 1. El hecho notorio no requiere pruebas; de ahi las máximas latinas "si factum probatione". El articulo 506 del Código de Procedimiento Civil consagra el viejo principio romano, al señalar: "Los hechos notorios no son objeto de pruebas". Asi, el hecho notorio es aquel cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal y propia de un determinado grupo social, y por tanto, el juez que tiene conocimiento de él debe utilizarlo como parte del material de los hechos del juicio, sin que exista necesidad de que las partes lo aleguen y menos que lo demuestren. Ahora bien, el hecho notorio no es una prueba, sino un hecho que debe ser incorporado por el juez al cuadro fáctico, sin exigir su demostración en juicio. Por ello, si se califica erróneamente o se desconoce su notoriedad, a pesar de haber sido alegado, no se viola el principio de exhaustividad probatoria, ni se comete el vicio de silencio de pruebas, sino que se infringe una norma de establecimiento de los hechos, distinta del articulo 509 del Código de Procedimiento Civil: la prevista en el 506 eiusdem, que establece que los hechos notorios están exentos de prueba, del cual, en modo alguno puede derivarse una obligación para los jueces de valorar, como ocurre con las pruebas. pues tal y como se indicó anteriormente, el hecho notorio no constituye una prueba, sino precisamente un hecho que en razón de su notoriedad, la parte que lo alega está exenta de cumplir con la carga de su demostración. Asimismo la Sala Politico Administrativa Del Tribunal Supremo De Justicia en sentencia N° 1100 del 16 de mayo de 2000, ha definido el hecho notorio en los siguientes términos: "(..) El denominado hecho notorio judicial (por oposición al hecho notorio general) deriva del conocimiento que el juez tiene sobre hechos, la justicia. En este sentido, se requiere que los hechos, pruebas, decisiones o autos consten en un mismo tribunal, que las causas tengan conexidad, que el Juez intervenga en ambos procesos y que por tanto, en atención a la certeza procesal, a la verdad real, a la utilidad del proceso y a existentes de un proceso previo. para otro posterior..."..omissis...Entonces, actuado en un proceso, que le produce un nivel de conciencia y certeza saberlo y producir su decisión tomando en cuenta esos hechos (..". El criterio de los doctrinarios patrios radica en que el artículo 506 del Código De Procedimiento Civil, cuando se establece los hechos notorios no son objetos de prueba, se está incluyendo a la notoriedad judicial. Asimismo, en sentencia de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, de fecha veintidós (22) de septiembre de 1893, con Ponencia de la Magistrada Hildegard Rondón de Sansó, se dispuso: ...Según el principio iura novit curia se ha reconocido al Juez un amplio poder instructivo por lo que se refiere a la norma jurídica aplicable al caso concreto, definiéndose, según dicho principio, a la eventual actividad de las partes, en lo relativo, a la alegación del Derecho aplicable, como útil, más no necesaria ni determinante...No obstante, en Venezuela, en materia de procedimiento civil, tal principio se encuentra aparentemente matizado con la norma contenida en el articulo ejusdem, en virtud de los cuales las partes, al presentar o contestar la demanda, deben indicar al Tribunal el fundamento de derecho de su pretensión. No obstante, en criterio de la Sala, tales normas no pueden llegar al extremo de atar de manos al Tribunal que conozca de la invocadas por las partes. De manera que, en Venezuela, en materia de procedimiento civil ordinario, a juicio de la Sala, la carga de las partes de alegar el derecho aplicable al caso concreto, tiene el carácter de requerir de aquéllas una colaboración necesaria, pero no vinculante ni limitante para el Tribunal de la causa, quien puede, en aplicación del principio iura novit curia, aplicar al caso concreto normas de página original (tal como se publicó) [Página 29] de éste Tribunal Disciplinario Judicial). En este orden de ideas, la Sala Constitucional en sentencia N° 150 del veinticuatro (24) de marzo del año dos mil (2000), con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera y. acogido por la Sala de Casación Social, el cual consagra: (Omissis...) el juez en ejercicio de sus funciones, hechos que no pertenecen a su saber privado, ya que él no los adquiere como particular, sino como juez dentro de la esfera de sus funciones. Es por ello que, los jueces normalmente; hacen citas de la doctrina contenida en la jurisprudencia, sin necesidad de traer a los autos copias (aún simples) de las sentencias, bastando para ello citar sus datos. Suele decirse que como esos aportes jurisprudenciales no responden a cuestiones fácticas, ellos no forman parte del mundo de la prueba, lo que es cierto, y por lo tanto, no se hace necesario consignar en el mundo del expediente, copia del fallo invocado... (Subrayado y resaltado propio de este Tribunal Disciplinario Judicial). En este sentido Fridedrich Stein, en su trabajo El Conocimiento Privado del Juez, (editorial Temis, Págs. 191 a 198), señala lo siguiente: "Al lado de los hechos del dominio público que son conocidos por el juez en razón de esa propiedad, hay una segunda e independiente que es la de los hechos cuyo conocimiento es especificamente judicial, es decir, aquellos que consisten en la propia actuación judicial del juez o que han constituido el objeto de su percepción oficial. No se trata de un subtipo de los hechos del dominio público; por una parte porque su conocimiento es puramente individual e infungible y porque tanto da que sean o no conocido de la generalidad al mismo tiempo; por otra parte, porque la fuente de conocimiento de el (sic) juez no es, en este caso irrelevante, ya susceptibles de constituir o engendrar un conocimiento especificamente... Omissis).. Los hechos de conocimiento especificamente judicial tampoco necesitan ser probados. Omissis.. de cada práctica de la percepciones del juez en ella se considera un conocimiento especificamente judicial. Más aún cuando dichas pruebas emanan del mismo órgano, quien tuvo su oportunidad de controlar las en el juicio anterior." (Resaltado propio de éste Tribunal Disciplinario Judicial). Dicho lo ut supra citado, podemos establecer que el hecho notorio judicial deriva del lura Novit Curia y que aun cuando las partes consignen como prueba la jurisprudencia del Máximo Tribunal de este país, se debe reconocer que al Juez se le ha otorgado un amplio poder instructivo por lo que se refiere a la norma juridica aplicable al caso concreto, definiéndose, según dicho principio, a la eventual actividad de las partes, en lo relativo, a la alegación del Derecho aplicable, como útil, más no necesaria ni determinante, sin embargo, tales normas no pueden llegar al extremo de atar de manos al Tribunal que conozca de la causa, limitándolo a sólo poder aplicar las normas de derecho invocadas por las partes ya que el juez sólo está atado por los hechos alegados, mas no jurídicas previstas en la ley, por cuanto su deber es conocer el derecho, el cual debe aplicar con independencia de lo que al respecto hubiesen indicado las partes. Por tanto, se puede concluir que no existe incongruencia cuando el juez presenta la cuestión de derecho en forma distinta a como le fue presentada por apreciaciones o argumentos legales, que son producto de su interpretación del problema sometido a su consideración es por ello que, los jueces solo realizan citas de la doctrina contenida en la jurisprudencia, sin necesidad de traer a los autos copias (aún simples) de las sentencias, bastando para ello citar sus datos. Por lo tanto esos aportes jurisprudenciales no responden a cuestiones fácticas, ellos no forman parte del mundo de la prueba, lo que es cierto, y por lo tanto, no se hace necesario consignar en el mundo del expediente, dicho lo previo nada observa éste Tribunal Disciplinario Judicial, respecto a la decisión tomada por los hoy denunciados y que la misma forma parte de las competencias que legalmente les han sido atribuidas. Respecto a la prueba impertinente es aquella ajena a los hechos controvertidos en la causa. La pertinencia contempla la relación que el hecho por probar nada pueda tener con el litigio, por lo tanto será prueba impertinente, aquella que se deduce con el fin de llevar al Juez al convencimiento sobre hechos que por ningún respecto se relacionan con el litigio y que por lo tanto no puedan influir en su decisión. prueba es que "... el medio propuesto verse sobre un hecho sin congruencia alguna (ni aun indirecta) con los hechos litigiosos" (CABRERA ROMERO, Jesús Eduardo. Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre. Editorial Juridica Alva, S.R.L. Caracas, 1997). Las pruebas presentadas en un proceso tienen como finalidad de las partes; lo que conlleva a que las mismas sean necesariamente pertinentes, esto es, que entre ellas y lo controvertido haya concordancia lógica, de manera tal que exista afinidad entre el objeto fáctico de la prueba y el objeto de la acción o recurso. El autor Arístides Rengel Romberg en su libro "Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano" Volumen II, Editorial Arte, Caracas 1994. página 375 y siguiente cita: "prueba impertinente -dice Couture- es aquella que no versa sobre las proposiciones y hechos que son objeto de demostración". El examen de la pertinencia o impertinencia de la prueba, supone un juicio de hecho que realiza el juez acerca de la relación entre el hecho que se pretende probar con el medio promovido, y el hecho articulado en la demanda o en la contestación, que es objeto de prueba en el caso concreto. Realizado este juicio, y encontrando el juez que el hecho que se trata de probar con el medio se corresponde con aquel articulado en la demanda o en la contestación, declarará pertinente la prueba y admisible, y en consecuencia, proveerá para su diligenciamiento; pero si el juicio del juez resultare negativo, no admitirá la prueba por ser impertinente. La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 1239 de fecha 20 de octubre de 2004 dictada en el Expediente N° AA20-C- 2002-000564, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, respecto de la impertinencia y conducencia de la prueba dejó sentado: "(...) el examen de la pertinencia o impertinencia de la prueba supone un juicio del juez acerca de la relación entre el hecho que se pretende probar con el medio promovido, y el hecho articulado en la demanda o en la contestación, que es objeto de prueba en el caso venezolano. Caracas, Editorial Arte, Volumen III, 1994, p.375). En otras palabras, la pertinencia contempla la relación que el hecho por probar puede tener con el litigio (Echandia, Hernando Devis. Teoria General de la Prueba Judicial. Argentina, Victor P. De Zavalia Editor, Tomo I, Quinta Edición, 1981, p.342). Por tanto la prueba impertinente se caracteriza porque los hechos que se llevan al juicio por el medio promovido, no tienen relación con los suficientemente aon un examen comparativo entre los hechos a probar con considera asi(..)." (Resaltado propio de este Tribunal Disciplinario Judicial). Ahora bien, la valoración de los mensajes de datos, entendidos estos como pueda ser almacenada o intercambiada por cualquier medio, se rige por la normativa prevista en el Decreto con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (publicado en Gaceta Oficial No. 37.148 del 28 de febrero de 2001) y por el Código de Procedimiento Civil, texto legal aplicable por remisión expresa del articulo 4. Dicho dispositivo establece: "Articulo 4. Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia establecido en la primera parte del articulo 6 de este Decreto-Ley. Su promoción, control, contradicción y evacuación como medio d9 prueba se realizará conforme a lo previsto para las pruebas libres en el Código de Procedimiento Civil. La información contenida en un Mensaje de Datos, reproducida en formato impreso, tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o reproducciones fotostáticas." En concordancia con la previsión anterior, debe atenderse a lo dispuesto en el articulo 395 del Código de Procedimiento Civil, que enuncia el principio de libertad probatoria: "Son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determina el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República. Pueden también las partes valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley, y que consideren conducente a la de pruebas semejantes contemplados en el Código Civil, y en su defecto, en la forma que señale el Juez". De acuerdo a la normativa transcrita se colige que tratándose de mensajes que han sido formados y transmitidos por medios electrónicos, éstos tendrán la misma eficacia probatoria de los documentos. Sin embargo, su promoción, control, contradicción y evacuación deberá regirse por lo que el legislador ha establecido para las pruebas libres en el Código de Procedimiento Civil. Asi, para tramitar la impugnación de la prueba libre promovida, corresponderá al juez emplear analógicamente las reglas previstas en el referido texto adjetivo sobre medios de prueba semejantes, o implementar los mecanismos que considere idóneos en orden a establecer la credibilidad del documento electrónico. (Jurisprudencia Venezolana Ramirez & Garay, T. CCLII (252).Caso: PDV-IFT, PDV-Informatica y Telecomunicaciones, S.A. contra INTESA Informática, Negocios y Tecnologia, S.A. y otro, pp. 459 al 470). Se hace necesario recordar a la denunciante que los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto a los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. página original (tal como se publicó) [Página 30] Con relación a la interpretación de la norma antes transcrita, es oportuno traer a colación lo explanado por el autor Henriquez La Roche: ... Esta regla pone de manifiesto que hay una tríada de objetivos en la sobre la existencia de esos hechos y a partir de esa convicción, servir de fundamento al sentenciador para aplicar la norma cuyo supuesto normativo se subsume a tales hechos comprobados." La prueba, es el eje entorno al cual se desarrolla todo proceso y su producción, evacuación y valoración debe ser la razón de ser del mismo, así el Juzgador debe analizar en forma integra y darle pleno valor probatorio a todas y cada una de las pruebas promovidas por las partes, siempre teniendo como norte el principio de la comunidad de la prueba a los fines de obtener un sentido claro y categórico del efecto jurídico que emana de cada una de las pruebas aportadas al proceso, y de esta manera el sentenciador concluya de su apreciación, la procedencia no de la acción en función del análisis del tejido probatorio que surge de la investigación, visto de esta forma las pruebas son los juzgador, y la promoción es un estado juridico en el cual las partes, presentan al Juez los medios de prueba que pretenden sean evacuados y luego apreciados, por lo que las pruebas deben tener pertinencia y ser conducentes para demostrar lo que se quiere. Desprendiéndose de la estipulación normativa antes citada, la regla general relativa a la aceptación en el proceso de cualquier medio probatorio válido y conducente para la resolución de la controversia, salvo, como expresa la norma, que la misma esté expresamente prohibido por la ley o luzcan como ilegales o impertinentes. Asi pues, las pruebas traídas al proceso deben tener por objeto la demostración de los hechos debatidos o discutidos en autos para que puedan ser establecidos por el juzgador como premisa de su silogismo judicial. Al respecto, el procesalista Couture ha manifestado que las pruebas deben tender a calificar, más aún, a demostrar la pretensión del actor y la excepción del demandado estando revestidas de pertinencia para demostrar los hechos que sirven de fundamento de las normas juridicas invocadas por las partes y que manifiestamente prohibida por la ley, como por ejemplo, el caso de la exclusión de las posiciones juradas y el juramento decisorio contemplado en el artículo 70 de la ley adjetiva laboral y las impertinentes aquellas que no tienen relación lógica con el hecho a probar y la cuestión discutida en el juicio. En efecto cada parte debe expresar si conviene en alguno de los hechos que trata de probar la contraparte, a fin que el juez pueda determinar los hechos en cualquier prueba tendiente a probar los deberá ser declarada impertinente. Entretanto, se declarará manifiestamente ilegal cuando el medio probatorio empleado esté prohibido por la ley o porque se violaron las formalidades esenciales para su promoción o evacuación. ilegalidad como un motivo general para su inadmisión, lo cual ocurre cuando los hechos objeto de tales pruebas son posteriores o sobrevenidos, o cuando se estima que no tienen conexión ni relación con los controvertidos, en palabras de Roman J. Duque Corredor, éste motivo de inadmisibilidad no está referido a la ilegalidad ni a la inconducencia de la prueba, sino a la vinculación o conexión de desde esta misma perspectiva, ha señalado el referido autor: "En otras palabras, para que se dé este motivo de inadmisión, que no está referido al medio de prueba sino al hecho que se pretende probar, es necesario que su inconexión con lo debatido, sea patente, ostensible clara o evidente, que es lo que caracteriza a lo manifiesto. Y ello para facilitar las se puede apreciar al valorar las en la sentencia definitiva." En tal sentido, el autor Jesús Eduardo Cabrera Romero, sobre la impertinencia de la prueba, en su obra "Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre", Tomo I, Pág. 72, enseña: "Si no existe coincidencia entre los hechos litigiosos objeto de la impertinencia y la oposición es procedente. Sin embargo la impertinencia que funda la oposición debe ser MANIFIESTA, o sea, que debe tratarse de una grosera falta de coincidencia, lo que aconteceria -por ejemplo- si en un juicio por cobro de una deuda, las pruebas promovidas giran alrededor de hechos que configuran una causal de divorcio. La exigencia de que la IMPERTINENCIA sea manifiesta, sin duda, pueden mostrar la conexión. Por ello, las pruebas manifiestamente impertinentes se desechan, mientras que las otras se admiten provisoriamente, ya que el Juez al valorar las pruebas en la sentencia definitiva, podrá rechazar las, si en ese momento le resultan impertinentes". En conforme a lo ut supra citado, el juez de juicio al momento de efectuar el debe verificar si las probanzas sometidas a su consideración cumplen o no con los requisitos de legalidad y pertinencia, asi como también con los propios correspondientes escritos de promoción de pruebas y, con fundamento a ello, proceder a la admisión o no de las mismas. Al respecto, considera éste Tribunal necesario remitirse a Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Civil, de fecha quince (15) de agosto 1997, con ponencia del Magistrado Cesar Bustamante Pulido, en la cual se dejó establecido lo siguiente: ...Omissis "(..) El acto de Admisión de las pruebas constituye, hasta cierto grado, un juicio aprioristico sobre la eficacia e idoneidad de las mismas construir la Sentencia definitiva, porque no vincula al juez para su sentenciador hará juicio esta vez final y vinculante para establecer cuáles hechos quedaron demostrados y mediante qué pruebas (...)" En este mismo orden de ideas, es de suprema importancia advertir que el principio favorabilia sunt amplianda, odiosa sunt restringenda, (lo que es favorable se debe ampliar, lo que es desfavorable se debe restringir), manda al Juez a evacuar las pruebas promovidas, a reserva de descartarla luego, pues este principio es el que le permite una interpretación extenuada de las normas restrictiva, a fin de no correr el riesgo de menoscabarlo o vulnerarlo, para acatar asi, el mandato constitucional que ordena mantener la inviolabilidad de la defensa en todo estado y grado del proceso. Asi las cosas, adminiculando lo estatuido por el legislador procesal civil prohibido expresamente por la ley y que consideren conducente para probar sus pretensiones y entendiendo con amplitud las garantías constitucionales de la ambos establecidos en los articulos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considera esta superioridad, que un contingente señal categórica de esclarecimiento del hecho controvertido en aras de una justicia expedita. rápida y oportuna, sin embargo las pruebas promovidas deberán contener una estrecha vinculación con los hecho litigiosos. prueba documental, según el autor Pablo Sánchez Velar de en su obra Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial IDEMSA. Lima-Perú, ha definido la prueba documental: "uno de los medios disponibles para demostrar la veracidad de un hecho alegado. Esto por cuanto la información que consta en documentos o escritos puede ser valorada por un juez como muestra veraz de la autenticidad de un hecho. La prueba documental se divide en dos tipos en: Los documentos públicos son el medio más idóneo para demostrar un hecho. Éstos se dividen en dos tipos: · Los documentos públicos: Son documentos emitidos por funcionarios de las agencias públicas (órganos del Estado). Por ejemplo, certificaciones del registro de la propiedad, o documentos emitidos por las oficinas judiciales. Los documentos públicos gozan de fe, es decir, se cree que son información. · Los instrumentos públicos: son las escrituras emitidas por notarios. Tanto los documentos como los instrumentos públicos hacen plena prueba de los hechos. incluyan, sin intervención de un notario, declaraciones capaces de producir del documento, no valen como prueba judicial. Una vez comprobadas las firmas, tienen tanta validez como un documento público." Analizadas las consideraciones respecto a los hechos notorios, hechos notorios judiciales, pruebas documentales y la pertinencia de la prueba, puede observar este Tribunal Judicial Disciplinario que la actuación de los hoy denunciados se encuentra enmarcados dentro del ordenamiento jurídico Venezolana vigente, mal podría considerarse como un hecho disciplinario y asi se decide. •La denunciante hace mención en su escrito enunciativo, que no se le otorga administración otorgado por el ciudadano JEAN COLATAS en representación de INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES EL INDIO, C.A.. a CORPORACIÓN PEFKI, C.A., en fecha 15 de enero de 1999 La jurisprudencia del Máximo Tribunal de este pais desde años atrás ha resuelto esta controversia negando cualquier valor probatorio que se desprenda de las mismas, ya que constituyen meras_ copias simples de documentos privados, suscritos por terceros. Cabe destacar, que siendo promovidos junto al libelo, como documentos probatorios fundamentales de su pretensión, los mismos deben ser acompañados en original, a fin de que la parte demandada, página original (tal como se publicó) [Página 31] pueda reconocerlo o no. Asimismo, tratándose de documentos privados emanados de terceros, aún consignados en original deben ser promovidos en la forma legal que prevén los articulos 429 del Código de Procedimiento Civil los cuales a tenor y letra versan lo siguiente: Articulo 429. Los instrumentos públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos. podrán producirse en juicio originales o en copia certificada expedida por funcionarios competentes con arreglo a las leyes. Las copias o reproducciones fotográficas, fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico claramente inteligible, de estos instrumentos, se tendrán como fidedigna si no fueren impugnadas por el adversario, ya en la contestación de la demanda, si han sido producidas con el libelo, ya contestación o en el lapso de promoción de pruebas. Las copias de esta probatorio si no son aceptadas expresamente por la otra parte. La parte que quiera servirse de la copia impugnada, podrá solicitar su con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante inspección ocular o mediante uno o más peritos que designe el Juez, a costa de la parte solicitante. Nada de esto obstará para que la parte produzca y haga valer el original del instrumento o copia certificada del mismo si lo prefiere. En concordancia con los articulos 1366 y 927 ut supra citado los cuales transcribimos a continuación: "Articulo 1366 Se tienen por reconocidos los instrumentos autenticados ante un Juez con las formalidades establecidas en el Código de Procedimiento Civil." "Articulo 927 Todo instrumento que se presente ante un Juez o Notario para ser autenticado se leerá en su presencia por e! otorgante o cualquiera de los asistentes al acto y el Juez o Notario lo declarará autenticado extendiéndose al efecto, al pie del mismo instrumento la nota correspondiente, la cual firmarán el Juez o el Notario, el otorgante u otro que lo haga a su luego si no supere o no pudiere firmar, dos testigos mayores de edad y el Secretario del Tribunal." El Juez o Notario deberá identificar al otorgante por medio de su cédula de identidad. Dicho lo previo. podemos observar que nuestro legisladc: reconoce los documentos privados como prueba, sin embargo estableció la forma mediante la cual podrán ser llevados a juicio y ser admitidos como tal, al no ser promovidos de esta manera nos encontramos en un caso de inconducencia de la prueba siendo una prueba legal pero no libre el motivo de la inadmisión viene dado por cuanto se exige una exhibición de una documental, la cual no es emanada a quien se opone la prueba exhibición y tampoco se encuentra en la obligación legal de tener el documento haciendo que los mismos resulten eficaces y en consecuencia, sin valor probatorio alguno, al respecto se hace necesario citar la sentencia de la Sala de Casación Civil del 9 de febrero de 1994 con ponencia del Magistrado Rafael Alfonso Guzmán, en el juicio del abogado Daniel Galvis Ruiz y otra contra Ernesto Alejandro Zapata, en el expediente N° 93-279, sobre el particular sostuvo: ..Para la Sala, las copias fotostáticas que se tendráân como fidedigna, son las fotográficas, fotostáticas y contenidas por cualquier otro medio mecánico, de documentos públicos y de los privados reconocidos y autenticados como textualmente expresa el transcrito articulo 429.- Si se exhibe una copia fotostática de un documento privado simple como es el caso de autos - ésta carece de valor según lo expresado semejantes de documentos privados reconocidos o autenticados, y por lo tanto, a la contraparte del prorhovente le basta alegar que tal documento (la copia fotostática) es inadmisible, ya que ella no representa documento privado alguno, porque estamos ante un caso de inconducencia, ya que la prueba es legal y no libre, y la ley determina cuando procede la copia simple de un documento privado reconocido o autenticado"... (..)Si promueve una copia fotostática_de un documento privado simple, como es el caso de autos, esta carece de valor según lo expresado por el articulo 429 eiusdem, que solo prevé las copias fotostáticas o semejantes de documentos privados reconocidos o autenticados, por ello. en el caso sub índice, la copia fotostática era inadmisible, ya que no representa documento privado alguno, por estar ante un caso de inconducencia. Es por virtud del conjunto de razones antes expuestas que esta Sala Civil Accidental desestima la denuncia aqui examinada. Asi se decide...". (Subrayado y negrillas propias de éste Tribunal Disciplinario Judicial). Asi se reitera este criterio de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N°. RC.00139 del cuatro (4) de abril de 2003, caso CHICHI TOURS C.A. Vs. SEGUROS LA SEGURIDAD C.A. expediente Exp. N° 2001-000302 con ponencia del Magistrado FRANKLIN ARRIECHE G. (...) "de conformidad con lo previsto en el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil, sólo puede presentarse copia certificada o simple de documentos públicos o privados reconocidos, pero no fotocopias de documentos privados simples, los cuales no tienen valor alguno. En relación con esta denuncia, la Sala observa: El articulo 429 del Código de Procedimiento Civil, dispone: ...Los instrumentos públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, podrán producirse en juicio originales o en copia certificada expedida por funcionarios competentes con arreglo a las leyes. Las copias o reproducciones fotográficas, fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico claramente inteligible, de estos instrumentos, se tendrán como fidedigna si no fueren impugnadas por el adversario, ya en la contestación de la demanda, si han sido producidas con el libelo, ya contestación o en el lapso de promoción de pruebas. Las copias de esta especie producidas en cualquier otra oportunidad, no tendrán ningún valor probatorio si no son aceptadas expresamente por la otra parte. La parte que quiera servirse de la copia impugnada, podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de éste con una copia certificada expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante inspección ocular o mediante uno o más peritos que designe el Juez, a costa de la parte solicitante. Nada de esto obstará para que la parte produzca y haga valer el original del instrumento o copia certificada del mismo si lo prefiere. En interpretación de esta norma, la Sala ha precisado que sólo puede producirse copia certificada o simple de documentos públicos o privados reconocidos o autenticados. En este sentido, se pronunció la Sala, en sentencia No. 228 de fecha 9 de agosto de 1991, caso: Julio Cesar Antunez contra Pietro Maccaquan Zanin y Otras, en la cual estableció: .Para la Sala, las copias fotostáticas que se tendrán como fidedigna, son las fotostáticas y obtenidas por cualquier otro medio mecánico, de documentos públicos y de los privados reconocidos o autenticados, como textualmente expresa el transcrito articulo 429. Si se exhibe una copia fotostática de un documento privado simple -como es el caso de autos- ésta carecerá de valor según lo expresado por el artículo 429, que sólo prevé las copias fotostáticas o semejantes de documentos privados reconocidos o autenticados, y por lo tanto, a la contraparte del promovente le basta alegar que tal documento (la copia fo!estática) es inadmisible, ya que ella no representa documento privado alguno, porque estamos ante un caso de inconducencia, ya que la prueba es legal y no libre, y la ley determina cuando procede la copia simple de un documento privado reconocido o autenticado. El citado articulo 429 reproduce, en su parte, el mismo criterio seguido por el articulo 1.368 del Código Civil, y el cual fue interpretado por la sala en fallo de fecha 17 de febrero de 1977, en el cual se estableció que el documento privado que puede oponerse en juicio es el original y suscrito con su firma autógrafa por el obligado, de manera que la pos:bilidad legal de desconocer o tachar el instrumento sólo tiene sentido cuando concurren estas circunstancias. Estas opiniones, con respaldo, por lo demás, en la doctrina universal, siguen vigentes con respecto a las copias, porque si ellas fueren desconocidas, el cotejo será complejo, ya que a los peritos caligrafos deberán trabajar con fotografías de la firma, de dificil reconocimiento debido a las distorsiones que las mismas contienen. Este rigor doctrinario, exigido para el original y firma autógrafa dei documento privado, es el que reproduce, de manera indirecta, el citado articulo 429 del Código de Procedimiento Civil, al exigir que la copia fotostática lo sea del instrumento privado reconocido o autenticado.... Asimismo, en decisión No. 469 de fecha 16 de diciembre de 1992, Caso Asociación La Maralla contra Proyectos Dinámicos El Morro, C.A., la Sala dejó sentado: ...Al tenor del articulo 429 del Código de Procedimiento Civil, dentro de la prueba por escrito, el legislador decidió otorgar valor probatorio a determinadas copias fotostáticas o reproducciones fotográficas de algunos instrumentos. Según dicho texto legal, es menester que se cumplan con determinados requisitos objetivos y subjetivos, para que estas fotocopias, o reproducciones fotográficas tengan efecto en el proceso mediante la debida valoración que, sobre ello, le otorgue el sentenciador. Estas condiciones son las siguientes: En primer lugar, las copias fotostáticas deben tratarse de instrumentos públicos o de reconocidos, en segundo lugar, que dichas copias no fueren impugnadas por el adversario; y en tercer lugar, que dichos instrumentos hayan sido producidos con la contestación (sic) o en el lapso de promoción de pruebas (y si son consignados en otra oportunidad, tendrían valor probatorio si fueren aceptadas expresamente por la contraparte). A juicio de este Supremo Tribunal, la fotocopia bajo examen no se refiere a un instrumento público ni a un instrumento privado o tenido documento al cual el legislador ha querido dar valor probatorio cuando hubiere sido consignado en fotocopia...". (Resaltado y Subrayado propio de éste Tribunal Disciplinario Judicial). Ahora bien, vistos los argumentos de los denunciantes se observa que los hechos explanados en el escrito denunciatorio fortalecidos con los recaudos traídos por la oficina de sustanciación a este tribunal, permiten establecer que están relacionados intimamente con la facultad y soberania que detentan los jueces en cuanto a poder dirimir hasta su culminación un proceso sometido a su conocimiento, previo el análisis de los elementos probatorios que puedan aportar las partes para el descubrimiento de la verdad, fin último del proceso para poder aplicar el derecho. En relación a la facultad jurisdiccional atribuida a los administradores de justicia, el articulo 4 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana establece lo siguiente: Constitución de la República y al ordenamiento juridico. Sus decisiones, en la interpretación y aplicación de la ley y el derecho, sólo podrán ser revisadas por los órganos jurisdiccionales que tengan competencia, por via de los recursos procesales, dentro de los límites del asunto sometido a su conocimiento y decisión. Los órganos con competencia excelencia sin que ello constituya una intervención indebida en la actividad jurisdiccional" (Resaltado propio de este Tribunal Disciplinario Judicial). El artículo anteriormente transcrito establece de manera expresa la potestad según la cual, el juez es independiente y autónomo en sus decisiones, las cuales página original (tal como se publicó) [Página 32] deben obedecer directamente a las previsiones establecidas tanto en la leyes como a la Constitución, además que esta facultad jurisdiccional, a la hora de juzgar y ejercida dentro de los limites de la Constitución y de la ley, solo podrán corresponda su conocimiento. Acorde con lo señalado, le es dable la facultad al juez para examinar cada caso en particular sometido a su conocimiento y tomar decisiones cuando según su criterio, es procedente o no decidir conforme a derecho. Estas decisiones son fundamentadas con los medios probatorios y recursos de ley atribuibles a cada caso, los cuales una vez valorados servirán para fundamentar la decisión del juez en cuanto a la procedencia o no de la pretensión, con ta! que sea de la naturaleza que corresponda a su jurisdicción. Es necesario distinguir entre el cumplimiento de los supuestos de admisión de las denuncias que conozca este Tribunal Disciplinario Judicial con lo peticionado por el denunciante, que en definitiva es lo que por vía disciplinaria judicial pretende que se le otorgue, al momento de la dispositiva cel fallo. En el presente caso, si bien es cierto que se dan los supuestos para la admisión de la denuncia interpuesta no es posible su procedencia, ya que de los cuestionados asumieran su rol de juzgar, al tomar una decis ón que estuvo establecidos en la ley, conforme a lo demostrado durante la investigación así como lo peticionado por las partes. En efecto, es oportuno indicar que el articulo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reclama a todos los jueces y juezas de la República el deber de preservar la integridad del texto constitucional. Esta obligación tiene consecuencias en las interpretaciones que hacemos de las leyes, pues indiscutiblemente excluye toda posibilidad de que nuestras decisiones, afecten la integridad de cualquier derecho o principio reconocido en la Constitución; esto determina el reconocimiento de que el derecho al juez natural tiene también criterios de especialidad e idoneidad en una determinada materia, como lo garantiza el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el juez sea apto para juzgar; en otras palabras, sea un especialista en el área jurisdiccional donde vaya a obrar. Dicho lo previo es necesario destacar que el Tribunal Disciplinario Judicial no es un instancia más, donde las partes al ser desfavorecidas con alguna decisión sea de la naturaleza que sea, deban acudir a fin de que se les declare pertinente lo que no fue acordado en las instancias donde ejercieron sus reclamos; significa esto que el Tribunal Disciplinario Judicial como órgano integrante de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial solo le corresponde en primera instancia, la aplicación de los principios orientadores y deberes éticos contenidos en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. En relación con lo expuesto, este Tribuhal Disciplinario Judicial considera que los hechos denunciados, no se pueden subsumir en los supuestos de ilicitos disciplinarios previstos en los articulos 31, 32 y 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, ya que según lo expresado la actividad desarrollada por el juez denunciado durante el desarrollo y culminación de las causas judiciales citadas, son el resultado de su potestad jurisdiccional que como operador de justicia le corresponde, tal como lo indica el articulo 4 eiusdem. De los hechos de marras, se desprende que la actuación denunciada por la ciudadana MIGDALIA DEL CARMEN JASPE, no constituyen una falta que ameriten una sanción por el ejercicio de sus funciones, en virtud de que no se enmarca en las causales taxativas descritas por nuestro legislador en los artículos 31; 32; y 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. De este modo este Juzgador observa que de lo anteriormente descrito se hace necesario establecer lo referente al principio de economia procesal establecido en los articulos 3 y 37 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, lo cual trae como consecuencia el impedimento de continuación del presente procedimiento disciplinario contra el juez denunciado, es por lo que este Tribunal Disciplinario Judicial, se declara IMPROCEDENTE in limine litis, y asi se decide. III DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: COMPETENTE, para conocer la denuncia interpuesta por la ciudadana MIGDALIA DEL CARMEN JASPE, con cédula de identidad número V- 5.047.040. contra los funcionarios judiciales CARMEN GONCALVEZ y ARTURO MARTÍNEZ JIMÉNEZ, quienes se desempeñan como Jueces del Juzgado Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. y Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: ADMISIBLE in prima facie la denuncia interpuesta. TERCERO: IMPROCEDENTE in limine litis la denuncia interpuesta por la ciudadana MIGDALIA DEL CARMEN JASPE en virtud de que los hechos reseñados por la parte denunciante no constituyen hechos disciplinarios que de garantizar la celeridad y economia procesal de los mencionados procesos, de conformidad con los principios rectores de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, consagrados en el articulo 3 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en concordancia con el artículo 37 eiusdem. Registrese, publiquese y notifiquese de la presente decisión a la parte denunciante, de acuerdo al numeral 2 del artículo 63 del Código de Ética que rige a esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial. Dada, firmada en la sede del Tribunal Disciplinario Judicial en la ciudad capital (23) dias del mes de de la República, alos _leutit A5u! de dos mil trece (2013). Años 202° de la Independencia y 154° de la Federación. HERNÁNPACHECO ALVIÁREZ JACQUELINE SOSAMARIÑO CARLOS MEDINA ROJAS Jueza Juez 1ud DUBRAVKAVIVAS La Secretaria Temporal DUERAVKA VIVAS Secretaria Exp.: AP81-D-2011-000323 HPA/JSM/CMR/DV REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Expediente N° AP61-D-2012-000025 En fecha 20 de enero de 2012, la Unidad de Recepción y Distribución de VIRGINIA ROJAS CENTENO, titular de la cédula de identidad N° V-11.969.533, contra la ciudadana YNES GUADALUPE MAÍZ SALAZAR, en su condición de Jueza del Tribunal de Municipio Rivero del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre; designándosele la nomenclatura AP61-D-2012-000025. En fecha 26 de enero de 2012, fue recibida por la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, acordando darle entrada al presente asunto, e iniciar la investigación de los hechos denunciados; y recabar los elementos indiciarios de los hechos denunciados dentro de un lapso no mayor a treinta (30) días hábiles, así como elaborar el informe sobre la procedencia o no para iniciar el procedimiento disciplinario judicial. En fecha 27 de enero de 2012, la prenombrada oficina libró oficio N° CDJ/OS/00133-2012, dirigido a la ciudadana Ana Dubraska García, en su cualidad de Jueza Rectora de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, nomenclatura del Tribunal de Municipio Rivero del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial dal Estado Sucre. página original (tal como se publicó) [Página 33] En fecha 27 de febrero de 2012, fue agregado al presente expediente oficio N° 2012-173 de fecha 15 de febrero del mismo año, proveniente de la Jueza Rectora de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, por medio del cual remitió las copias certificadas solicitadas. Seguidamente, el 16 de marzo de 2012, el mencionado órgano instructor, dictó informe, remitiendo el mismo y las actas que conforman el presente expediente judicial a los fines que este Tribunal Disciplinario Judicial emita pronunciamiento al respecto; al cual se le dio entrada en fecha 21 de marzo de 2012. Por distribución aleatoria correspondió su ponencia a la Jueza JACQUELINE SOSA MARINO, quien con tal carácter suscribe la presente decisión. i DE LA DENUNCIA En fecha 20 de enero de 2012, la ciudadana ANA VIRGINIA ROJAS CENTENO, ante esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, interpuso denuncia contra la ciudadana YNES GUADALUPE MAÍZ SALAZAR, Jueza del Tribunal de Municipio Rivero del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, por los siguientes hechos: "(...) Es el caso ciudadano juez que en fecha 8 de mayo del año 2009 practicada sobre un inmueble (vehiculo) que fuere propiedad de mi concubino, REINALDO JOSE (sic) BARRIOS CABELLO, hoy occiss. Todo nomenclatura llevada por el Tribunal del Municipio Ribero, Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre a cargo e la Jueza Ciudadana YNES GUADALUPE MAIZ. En esta demanda nos encontramos ante una de esas situaciones en las consideración al momento de tomar su decisión. Es el caso que el vehiculo, sobre el que recayera la medida cautelar de embargo, no pertenece al demandado, si no que pertenece a GILsERTO MOYA RIGUAL según constancia de certificación de datos de fecha 25-05-2011... "l DEL INFORME DE LA OFICINA DE SUSTANCIACIÓN Por otra parte, la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial estableció como conclusiones en su informe de fecha 16 ... (omisis) este Órgano Instructor es del criterio que en el caso que nos ocupa, no existen Municipio Ribero del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre —Cariaco—. en la tramitación de la causa 2009-984 se subsuma en los Venezolano y la Jueza Venezolana, en virtud a que sus actuaciones ss III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR I.- En primer lugar, debe este Tribunal Disciplinario Judicial pasar a analizar su competencia para conocer de la presente causa; y, en tal sentido señala: En fecha 6 de agosto de 2009 fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.236 el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, reformada parcialmente según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 de fecha 23 de agosto de 2010, la cual en su Capitulo V establece la competencia en materia disciplinaria sobre los jueces o las juezas de la República, siendo que en sus artículos 39 y 40 prevé: "Articulo 39. Los órganos que en el ejercicio de la jurisdicción tienen la Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinario Judicial, los cua'9s conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia, respectivamente, 'os contenidos en este Código (...)" "Artículo 40. Corresponde al Tribunal Disciplinario Judicial, como órgano en materia ética contenidos en el presente Codigo (...)" Ahora bien, vista la denuncia interpuesta por la ciudadana Ana Virginia Rojas Centeno, contra la ciudadana Ynes Guadalupe Maíz Salazar, en su condición de Jueza del Tribunal de Municipio Rivero del Primer Circuito de la los principios y deberes contenidos en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, siendo que, se ventila una denuncia realizada contra una jueza de la República; este órgano jurisdiccional se declara competente para conocer de la presente causa, de conformidad con el artículo 39 del referido Código de Ética, en concordancia con el artículo 40 eiusdem. Il.- En segundo lugar, siendo la oportunidad procesal para que este órgano jurisdiccional disciplinario emita pronunciamiento en torno a la admisibilidad de la denuncia interpuesta, a tenor de lo previsto en los artículos 54 y 55 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, observa este órgano jurisdiccional que, realizado el análisis preliminar respectivo, la denuncia in comento cumple con los requisitos exigidos en el articulo 54 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana; y por cuanto en la misma no se verifican los supuestos de inadmisibilidad previstos en el articulo 55 eiusdem, este Tribunal Disciplinario Judicial ADMITE cuanto ha lugar en derecho la denuncia interpuesta. III.- No obstante la admisión ut supra realizada, resulta imperioso para este Tribunal, pronunciarse en relación a lo señalado por la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial en el informe realizado el 16 de marzo de 2012, en donde concluye que "(..)no existen elementos indiciarios para considerar que la conducta desplegada por la ciudadana Ynés Guadalupe Maiz en su condición de Jueza del Tribunal del Municipio Ribero del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre —Cariaco—, en ¿la tramitación de la causa 2009-984 se subsuma en los supuestos de hecho sancionatorio previsto en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (...)". Ahora bien, del Informe parcialmente transcrito, se observa con meridiana claridad que la Oficina de Sustanciación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial considera desvirtuados Igs hechos denunciados, así como la insuficiencia de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, toda vez que la conducta jurisdiccional. pretensión se diferencia esencialmente del pronunciamiento de admisibilidad de una causa determinada, en virtud que en el primero, el órgano jurisdiccional decisorio debe percatarse en prima facie si la pretensión del actor tiene viabilidad dentro del proceso o resultaría inoficioso llevar a cabo todo el proceso judicial debido a que su resultado final seria la declaratoria sin lugar, debido a porque el accionante no optó por la vía idónea para la satisfacción de la misma; por el contrario, el segundo, se basa en un pronunciamiento sobre si la acción interpuesta cumple de los extremos legales formales exigidos por la norma adjetiva, los cuales al ser de orden público, pueden ser revisadas en cualquier estado y grado de la causa por el órgano decisorio. Realizado el análisis anterior, es pertinente para este órgano jurisdiccional delimitar los hechos denunciados que surgen en virtud de la demanda de tercería incoada por la ciudadana Ana Virginia Rojas Centeno en el juicio de intimación por cobro de bolívares en el expediente N° 2009-984, que fuera interpuesto por los ciudadanos Arturo Gutiérrez y Rubén García, en sus condiciones de endosatarios en procuración de una letra de cambio del ciudadano Manuel Salazar contra el ciudadano Antonio Cabello, toda vez que en fecha 6 de abril de 2009 el Juzgado del Municipio Ribero del primer Circuito sobre un bien mueble (vehículo) del demandado Antonio Cabello. Es por ello, que la ciudadana denunciante manifiesta que la medida preventiva recayó sobre un bien que no le pertenece al demandado, si no al ciudadano Gilberto Moya Rigual, según consta en la certificación de datos emitida por la Oficina Regional del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, sede Carúpano, de fecha 25 de mayo de 2011. (Folios 33-36) En tal sentido, en fecha 2 de abril de 2009, el Tribunal del Municipio Ribero del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, acordó darle entrada y registro en los libros respectivos a las actuaciones provenientes del Tribunal, asimismo admitió la causa N° 2009-984 página original (tal como se publicó) [Página 34] Posteriormente, en fecha 6 de abril de 2009, el Tribunal antes mencionado, ordenó abrir cuaderno de medida y dictó auto en el cual decretó el Antonio Cabello; comisionándose al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Ribero, Andrés Eloy Blanco, Bolivar y Mejas del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, ejecutándose el embargo en fecha 28 de abril de 2009. En fecha 5 de mayo de 2009, la denunciante interpuso demanda de tercería en el juicio de intimación, siendo admitida en fecha 8 de mayo de 2009 por el Tribunal del Municipio Ribero del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre; ante la admisión, en fecha 5 de febrero de 2010 el del artículo 370, todos del Código de Procedimiento Civil. En fecha 1 de marzo de 2010 la hoy denunciante disciplinaria solicitó ante secretaria las resultas de la comisión dada al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Ribero, Andrés Eloy Blanco, Bolívar y Mejías del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre; en razón de ello, la Jueza mediante auto declaró sin lugar la solicitud realizada por la ciudadana Ana Virginia Rojas Centeno, decisión que fue recurrida por la denunciante en fecha 11 de marzo de 2010 y posteriormente declarada sin lugar en fecha 28 de junio de 2010 por el Juzgado del primer Circuito Judicial del Estado Sucre. En fecha 23 de septiembre de 2010 el Juzgado de Municipio Ribero del de febrero de 2010, asimismo la jueza denunciada ordenó a la parte demandante ciudadana Ana Virginia Rojas Centeno, corregir los defectos y omisiones cometidos en el libelo. Posteriormente en fecha 4 de noviembre de 2010, los ciudadanos Rubén García y Antonio Cabello presentaron escrito de convenimiento ante el Tribunal del Municipio Ribero del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, el cual fue homologado en fecha 2 de diciembre de 2010. Luego, en fecha 5 de noviembre de 2010 el tribunal antes identificado, interpuesta por la ciudadana Ana Virginia Rojas Centeno y en consecuencia declaró la extinción del juicio de conformidad con el articulo 354 del Código de Procedimiento Civil . (Folio 143-147) En tal sentido, se hace necesario establecer como punto inicial, que el principio de independencia judicial consagrado en el articulo 4 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, radica en la única y excluyente Constitución y a las leyes en general del ordenamiento juridico venezolano, en la libre interpretación de dichas normas jurídicas; asi como en los dos aspectos fundamentales que componen dicho principio como lo es el respeto a la autonomía de los jueces frente a otros órganos del Poder Público, y el deber de los funcionarios judiciales de mantener su independencia. Es por ello, que como consecuencia inmediata a ese principio, las idoneidad y excelencia, sin que ello constituya una intervención indebida en la así se ha establecido en sentencia N° 00401 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 18 de marzo de 2003 (caso: Inspectora General de Tribunales vs. Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial) donde se expresa que "(..) en ocasiones el examen de la disciplina de los jueces incluye la revisión de aspectos funcionario para continuar en el ejercicio del cargo, dada la responsabilidad que supone la función del juzgar. De manera que por existir una línea divisoria muy e e n nn een n n nen e nn u otros relativos al ámbito jurisdiccional, es preciso siempre atender al caso concreto, a fin de limitar el alcance del poder disciplinario (...) de manera que no se invada en forma indebida el campo de actuación jurisdiccional (..)". Asimismo, este órgano jurisdiccional de la revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el presente expediente judicial, observa que en fecha 27 de febrero de 2012, fue recibido por parte de la Oficina de Sustanciación oficio N° 2012-173, de fecha 15 de febrero del mismo año, emanado de la Rectoría del estado Sucre, por el cual remitió copias certificadas de 2010, el Tribunal del Municipio Ribero del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, mediante auto que declaró con lugar las cuestiones previas promovidas por el demandado en virtud de la Tercería incoada por la ciudadana Ana Virginia Rojas Centeno, señalo lo siguiente: ... (Omisis) previas, relacionadas con el defecto de forma contenido en el N° (sic) escrito liberar (sic) omitió especificar en forma precisa el objeto de su pretensión, no señalando claramente el objeto que persigue, lo que pago pero no señala con claridad su interés en el mismo. ...) En relación (.) con el ordinal 5*° del articulo 340, (..) a criterios de esta juzgadora no existe una relación de causa a efecto entre lo bien mueble (..) es decir, no especifico (...) los documentos er los cuales se fundamenta su derecho o de los cuales se deriva su condición de heredera, concubina o propietaria del bien embargado; la causalidad.- En relación a lo contemplado, en el ordinal 6° del articulo 340 Código de Procedimiento Civil (...) esta juzgadora (...) observa que la parte actora, fundamenta su acción alegando que es concubina del ciudadano: Reinaldo José Barrios Cabello, heredera del mismo ya que el mencionado ciudadano falleció según lo expuesto en el libelo el 19 de noviembre de 2.008. y por tanto propietaria del vehiculo embargado previamente; pero no acompaña ningún documento que acredite o fundamente su pretensión o del cual se derive el derecho deducido en este caso.- Son estas pues, las deficiencias, omisiones o defectos del libelo de En tal sentido, concluye este Tribunal Disciplinario Judicial, que las actuaciones realizada por la jueza ut supra identificado, fueron ajustadas a las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil. En este orden de ideas, tal como lo establece la Carta Magna, en sus artículos 254; 255; y 256 en concordancia con el artículo 4 del Código de Ética del Juez Venezclano y Jueza Venezolana; la jueza ejerció sus funciones dentro del ámbito que le compete; disconformidad— los afectados podrán ejercer los recursos ordinarios y revise y emita pronunciamiento sobre las decisiones tomadas. Es por ello, que de acuerdo con los análisis mencionados a lo largo de e e e n ne e e n nn e enn 32; y 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana que se constituyen como hechos disciplinables; lo cual implica que la prosecución una declaratoria sin lugar de la pretensión disciplinaria, haciéndose, en página original (tal como se publicó) [Página 35] consecuencia, inútil la continuación de la causa, de conformidad con los principios rectores de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, consagrados en el articulo 3 del Código de Ética in comento, en concordancia con el artículo 37 eiusdem, le resulta forzoso a este órgano jurisdiccional declarar improcedente in limine litis la presente denuncia. Asi se decide. IV DECISIÓN En virtud de los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Disciplinario Judicial, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- ADMISIBLE la denuncia interpuesta por la ciudadana ANA VIRGINIA ROJAS CENTENO, titular de la cédula de identidad N° V-11.969.533, contra la ciudadana YNÉS GUADALUPE MAÍZ SALAZAR, en su condición de Jueza del Tribunal del Municipio Ribero del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre. 2.- IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS en virtud de que los hechos reseñados por la parte denunciante, no se constituyen como hechos disciplinables que permitan la continuación del novísimo procesc disciplinario judicial, ello en aras de garantizar la celeridad y economia procesal, de conformidad con los principios rectores de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, consagrados en el artículo 3 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en concordancia con el articulo 37 eiusdem. Regístrese, publiquese y notifiquese de la presente decisión a la parte denunciante. e n dn e n e n e n n _(22_) días del mes ciudad capital de la República valos fayo de ds mil doce 2812). Años 201 de ta Independencia y de 153° de la Federación. HERNAN PACHECO ALVIÁREZ Juez Prêsidente JACQUECINE SOSA MARINO CARLOS MEDINAROAS /an Jueza Ponente RAQUEL SUE GONZÁLEZ La Secretaria En esta misma fecha,22-0-2,asepublicó y registro la LaSecretaria REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL AP61-A-2012-000063 En fecha veintiséis (26) de junio de 2012, este Tribunal Disciplinario Judicial recibió la -. presente causa, procedente de la Oficina de Sustanciación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial a través de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.). constante de once (11) piezas; la primera contentiva de trescientos veintiocho (328) folios útiles, la segunda constante de doscientos ochenta y nueve (289) folios útiles, la tercera contentiva de doscientos sesenta y cuatro (264) folios útiles, la cuarta constante de trescientos cuarenta (340) folios útiles, la quinta contentiva de trescientos quince (315) folios útiles, la sexta constante de doscientos folios útiles, la octava constante de cuatrocientos sesenta y tres (463) folios útiles, la novena contentiva de trescientos cuarenta y siete (347) folios útiles, la décima constante de trescientos treinta y ocho (338) folios útiles y la décima primera pieza, contentiva de noventa y ocho (98) folios útiles; dicha causa fue signada bajo Nava de Urdaneta, titular de la cédula de identidad No. V-7.793.574, en su desempeño como Jueza del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con fundamento en los hechos descritos en la denuncia realizada por la ciudadana Ismelda Rincón Ocando, Jueza Rectora de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante oficio N° 514-12 de fecha 17 de abril del 2012, y remitido a este Tribunal Disciplinario Judicial, por la Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, ciudadana Luisa Estela Morales Lamuño, por oficio N° 125, de fecha 30 de mayo de 2012. En fecha quince (15) de enero de 2013, este Tribunal Disciplinario Judicial admitió la causa signada con el N° AP61-A-2012-000063, seguida a la ciudadana Helen del Carmen Nava de Urdaneta, ya identificada. En fecha veinte (20) de junio 2013, este Tribunal Disciplinario Judicial, dictó auto mediante el cual fijó audiencia oral y pública para el día jueves diez (10) de octubre de 2013, a las dos y media de la tarde (02:30 pm). En la oportunidad fijada se celebró la audiencia, durante la cual se dejó constancia de conformidad con lo establecido en el articulo 216 del Código de Procedimiento Civil Venezolano. Asimismo, este Tribunal deliberó y adoptó la respectiva decisión, tal como consta de acta cursante en el presente expediente disciplinario, correspondiendo en esta oportunidad dictar el texto íntegro de la decisión, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 82 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Al respecto se expone lo siguiente: DE LA DENUNCIA REMITIDA A ESTE TRIBUNAL surgen con motivo de la denuncia incoada por la ciudadana Ismelda Rincón Ocando, Jueza Rectora de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en oficio N° 514-12, de Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, ciudadana Luisa Estela Morales Lamuño, mediante oficio N° 125, de fecha 30 de mayo de 2012, señalando a la ciudadana Helen del Carmen Nava de Urdaneta, titular de la cédula de identidad N°. V-7.793.574, por presuntas irregularidades cometidas en la tramitación de la causa N° 40.270 (nomenclatura llevada por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia). A continuación se transcribe un extracto de la mencionada denuncia: ...informarle la situación tan grave encontrada en el expediente signado con el No.40.270, contentivo del juicio de Quiebra de las Sociedades Mercantiles SEGUROS MARACAIBO, C.A e INVERSIONES SEGUMAR, C.A., donde se URDANETA, quien para la fecha ejercía el cargo de Jueza de ese Tribunal, autorizo (sic) el pago del 100% del monto calificado a favor de la Sociedad Mercantil CENTRO CLINICO LA SAGRADA FAMILIA, C.A., por la cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE BOLIVARES CON OCHENTA CENTIMOS (Bs. 95.977,80), haciendo caso omiso a la resolución dictada por este juzgado en fecha 20 de junio de 2008, la cual corre inserta en los correspondientes a las clinicas, talleres, proveedores, terceros y reaseguros que a razÓn de un CUARENTA Y TRES POR CIENTO (43%)del monto calificado". realizarse por la Captidad de NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE BOLIVARES CON OCHENTA CENTIMOS (Bs. 95.977,80). sino por CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA BOLIVARES CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 41.270,45) que corresponde al 43% del monto calificado tal como ordena la resolución antes transcrita, por lo cual se evidencia que la actuación de la jueza HELEN NAVA DE URDANETA, causa un daño patrimonial a la masa de acreedores de las fallidas, que asciende a la cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE BOLIVARES CON TREINTA Y CINCO CENTiMOS (54.707,35) Es menester de esta operadora de justicia, hacer de su conocimiento la situación irregular antes planteada, ya que constituye un error grave e inexcusable por parte de la ciudadana HELEN NAVA DE URDANETA que afecta directamente no sólo s la masa de acreedores, sino la reputación del tribunal quien debe actuar con transparencia y decoro en aras de impartir una justicia equitativa... II ALEGATOS DE LA JUEZA INVESTIGADA En fecha diecinueve (19) de marzo de 2013, la jueza objeto del presente proceso disciplinario presentó escrito de descargo de conformidad con lo establecido en el artículo 62 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, el cual cursa inserto del folio doscientos cincuenta y tres (253) al folio trescientos treinta dos (332) de la pieza N° 10 del expediente disciplinario, a través del cual la denunciada expuso que ya fue objeto de investigación por parte de la Inspectoría General de Tribunales en relación al presente hecho y por eso alega la cosa juzgada material. También argumentó que la decisión tomada en fecha 16 de junio de 2009, fue fundamentada en lo establecido por el ordenamiento jurídico aplicable al caso y que la acción, según prevé el articulo 972 del Código de Comercio, norma que establece lo siguiente: "Los síndicos representan la masa de acreedores, activa y pasivamente, en juicio y fuera de él; administran los bienes concursados, practicando todas las diligencias conducentes a la seguridad de los derechos y recaudación de los haberes de la quiebra y liquidan éste, según las disposiciones del presente Código". página original (tal como se publicó) [Página 36] III DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, incorpora la disciplina del tal como lo establece su artículo 267: tribunales de la República y de las Defensorías Públicas. Igualmente, le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto. La jurisdicción disciplinaria judicial estará a cargo de los tribunales disciplinarios que determine la ley. El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estará fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la Asamblea Nacional. El procedimiento disciplinario será público, oral y breve, conforme al debido proceso, en los términos y condiciones que establezca la ley. Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales." De conformidad con la citada norma, se escinden dos potestades: una que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, por órgano de la Dirección Ejecutiva de autonomia presupuestaria del Poder Judicial; otra, de Indole disciplinaria, referida Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana; al prever: competencia disciplinaria sobre los jueces y juezas de la República, son el Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, los cuales conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia, respectivamente, los procedimientos disciplinarios por infracción a los principios y deberes contenidos en este Código. El Tribunal Disciplinario Judicial contará con la Secretaria correspondiente y los servicios de Alguacilazgo." Articulo 40. Corresponde al Tribunal Disciplinario Judicial, como órgano de primera instancia, la aplicación de los principios orientadores y deberes en materia de ética contenidos en el presente Código. En este orden el Tribunal ejercerá las funciones de control durante la fase de investigación; decretará las medidas cautelares procedentes; celebrará el juicio; resolverá las incidencias que puedan presentarse; la ejecución y cumplimiento de las mismas. Como se desprende de los artículos transcritos anteriormente, el Tribunal Disciplinario traduce en la salvaguarda de los principios orientadores y los deberes en materia de ética previstos en el Cádigo mencionado, imponiendo ante su incumplimiento, las sanciones disciplinarias previstas en los artículos 31, 32 y 33 ejusdem. cuyo régimen sancionatorio está atribuido a esta jurisdicción especia!, de conformidad que acordó la sentencia N° 516 de fecha siete (7) de mayo de 2013, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y su aclaratoria, N° 1.388 de fecha 17 de octubre de 2013, este Tribunal Disciplinario Judicial declara su competencia para pronunciarse en primera instancia sobre la presente causa. Así se declara. II1 DE LA AUDIENCIA judicial en la audiencia fijada para el día diez (10) de octubre de 2013 y para su continuación fijada para el dia seis (6) de febrero de 2014; este Tribunal acordó conformidad con lo previsto en el artículo 81 del Código de Ética del Juez y la Jueza pronunciándose en los siguiente términos: "En atención a lo antes expuesto, este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, bajo la ponencia de la ciudadana Jueza Jacqueline Sosa Mariño, aprobada de manera unánime, decide:- Único: Se ABSUELVE de responsabilidad disciplinaria a la ciudadana Helen del Carmen Navas de Urdaneta, titular de la cédula de identidad No. V-7.793.574, en su desempeño como Jueza del Tribunal Tercero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, de las imputaciones realizadas por la denunciante en relación al daño patrimonial causado a la masa de acreedores de las Sociedades Mercantiles SEGUROS MARACAIBO, C.A. e INVERSIONES SEGUMAR, C.A.—- IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Vistas las actuaciones que conforman el presente expediente, los recaudos averiguación disciplinaria, asi como los elementos de convicción y los alegatos expuestos en el escrito de descargo por parte de la ciudadana investigada, Helen del Carmen Nava de Urdaneta, en relación a la denuncia planteada en su contra por presuntas irregularidades cometidas en la tramitación de la causa N° 40.270 (nomenclatura llevada por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia), este Tribunal Disciplinario monto calificado a favor de la Sociedad Mercantil CENTRO CLINICO LA SAGRADA FAMILIA, C.A.; es preciso señalar, que se evidencia en autos que la jueza Helen del del Código de Comercio, el cual le otorga la facultada a la jueza investigada de jurisdiccional, está vinculada con lo establecido en el artículo 4 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, los cuales establecen lo siguiente: El juez y la jueza en ejercicio de sus funciones son independientes y autónomos, por lo que su actuación sólo debe estar sujeta a la Constitución de la República y al ordenamiento juridico. Sus decisiones, en la interpretación y aplicación de la que tengan competencia, por vía de los recursos procesales, dentro de los y excelencia, sin que ello constituya una intervención indebida en la actividad jurisdiccional..." (Resaltado nuestro) vender, constituir hipotecas y prendas, tomar dinero a préstamo, transigir cuestiones, cobrar y hacer pagos y otros actos estrictamente necesarios al efecto de la liquidación, deberán ser dadas por el tribunal en decretos ulteriores..." Sobre la base del planteamiento anteriormente explanado, este Tribunal Disciplinario Judicial observó que en la oportunidad procesal en que la jueza acusada dictó su ciento (100%) del monto calificado a favor de la Sociedad Mercantil Centro Clínico La Sagrada Familia, C.A.. actuó en el ejercicio de las atribuciones y potestad jurisdiccional no puede entenderse en si misma como un pronunciamiento contrario a la ley o a la normativa de orden disciplinaria, en razón de que su dictamen se encuentra ajustado dentro del ámbito de su competencia e independencia como administradora de justicia, constituyendo asi una decisión dictada de conformidad con su facultad de juzgamiento, la cual para ser contradicha requiere del empleo de los recursos procesales correspondientes. Considerando lo anteriormente planteado, se estima oportuno señalar que las partes del proceso de quiebra de autos, en caso de disconformidad con la decisión dictada por la jueza Helen del @armen Nava de Urdaneta, en fecha 16 de junio de 2009, subsanar el daño presuntamente causado con la decisión ut supra indicada. Al respecto, vale resaltar lo establecido en el articulo 972 del Código de Comercio, el cual textualmente señala que *.. Los síndicos representan la masa de acreedores, practicando todas las diligencias conducentes a la seguridad de los derechos y presente Código...". Por tanto, se determina de la transcrita disposición, que el síndico de la quiebra posee la facultad para interponer cualquier acción conducente a la seguridad de los derechos y recaudación de los haberes de la quiebra, es el síndise-de dicha quiebra. Sin embargo, este Tribunal observa que de las actas cursantes al presente expediente, de la referida quiebra haya realizado alguna actuación dirigida a reclamar el supuesto del Carmen Nava de Urdaneta, no reviste carácter disciplinario, en virtud de que su actuación procesal se encuentra enmarcada dentro del ámbito de independencia y función judicial correspondiente, llevan a este Tribunal a la conclusión de acordar su absolución en el presente caso. Así se declara. V DECISIÓN En atención a lo antes expuesto, este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, página original (tal como se publicó) [Página 37] bajo la ponencia de la ciudadana Jueza Jacqueline Sosa Mariño, aprobada de manera unánime, decide: Único: se ABSUELVE a la ciudadana Helen del Carmen Nava de Urdaneta, titular de la cédula de identidad No. V-7.793.574. en su desempeño como Jueza del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, del ilicito disciplinario previsto en el numeral 21 del artículo 33 del Código de Ética del Juez y la Jueza Venezolana, con relación a los hechos denunciados por la ciudadana Ismelda Rinoón Ocando, Jueza Rectora de la Circunscripción Judicial del, estado Zulia, en oficio N° 514-12 de fecha diecisiete (17) de abril del 2012, y remitido a este Tribunal Disciplinario Judicial, por la Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, ciudadana Luisa Estela Morales Lamuño mediante oficio N° 125, de fecha 30 de mayo de 2012. Regístrese, publiquese y notifiquese la presente decisión. remítase copia certificada al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, al Sistema de Registro de Información Disciplinaria, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y a la Inspectoria General de Tribunales, esto de conformidad con lo previsto en el articulo 89 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, en concordancia con la sentencia N° 516 de fecha siete (7) de mayo del 2013, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Tribunal Disciplinario Judicial de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, a los_em. _( 26 ) dias del mes de_FebRepo de dos mil catorce (2014). Años 203° de la Independencia y 155° de PAGEOO ALVIAREZ Jueresidente JACQUELINE SOSA MARIÑO Jueza Ponente CARLOS MEDINA ROJAS RAQUEL SUE GONZÁLEZ Secretaria Ueentiseis (26) de_FebReRo En fecha de dos mil catorce (a014), se publicó y registró la anterarAgcisión bajo el N°DJ-SD-2014-O/7iendo las_TRes y Du0p RAQUEL SUE GONZÁLEZ Secretari REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Exp. N° AP61-A-2012-000009. En fecha trece (13) de febrero de 2012, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) recibió oficio N° 1445 de fecha veintidós (22) de noviembre de 2011, suscrito por el abogado ÁLVARO cozzo ToCiNO, en su condición de Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, en el cual anexa copia certificada de la incidencia de recusación intentada por los ciudadanos NELSON RAMÓN LINARES ESPINOZA, MARVIN LEONARDO REYES HERNÁNDEZ y JESÚS ORLANDO GUEVARA TIAPA, signada bajo el N° JG01-X-2011-5 e intentada contra la ciudadana YAJAIRA MORA BRAVO, en su condición de Jueza de la Corte de Apelaciones del Estado Guárico, por su actuación en la causa penal N° JP01-R-2010-236,—expediente principal—. En esa misma fecha se acordó asignarle la nomenclatura AP61-A-2012-000009 a la presente causa. Posteriormente el dia quince (15) de febrero de 2012, fue tramitada por la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial las anteriores actuaciones, acordando en esa oportunidad darle entrada al presente asunto asi como iniciar la investigación de los hechos denunciados y recabar los elementos indiciarios dentro de un lapso no mayor a treinta (30) dias hábiles. En fecha dos (2) de marzo de 2012, la Oficina de Sustanciación recibió oficio N°1418 de data veintidós (22) de noviembre de 2011, suscrito por el abogado ÁLVARO COzzO TOCINO, en su condición de Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, en el cual remitió copia certificada de la decisión dictada en esa misma fecha por la Sala de la Corte de Apelaciones de San Juan de los Morros del Estado Guárico, la cual cursa a los folios sesenta y nueve (69) al setenta y siete (77) de la pieza N° 1 del presente expediente. Culminada la actividad de investigación, la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción, emitió su informe y ordenó la remisión de las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial, en fecha cinco (5) de marzo de 2012. En razón de ello, el dia siete (7) de marzo de 2012, por distribución aleatoria llevada por el Sistema de Gestión Judicial, correspondió la ponencia de la presente causa al Juez HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión. Posteriormente el dia catorce (14) de marzo de 2012, se admitió la denuncia de conformidad con la causal contenida en el numeral 11 del articulo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, ordenándose citar a la jueza denunciada. Asimismo, se ordenó informar a la página original (tal como se publicó) [Página 38] Fiscal General de la República de la apertura del procedimiento de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En fecha diecisiete (17) de abril de 2012, se recibió oficio N° 107/2012, suscrito por el Juez Rector de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, en el cual informa la imposibilidad de practicar la citación de la jueza denunciada, en virtud de que ésta se desempeña actualmente como Jueza de la Corte de Apelaciones de Responsabilidad Penal del Área Metropolitana de Caracas, así consta en el folio noventa y seis (96) de la pieza N° 1 del presente expediente. En razón de lo anterior, este Tribunal acordó en fecha ocho (8) de mayo de 2012, librar nueva boleta de citación a la jueza denunciada; quedando debidamente citada en fecha veinte (20) de septiembre de 2012, como consta en los folios ciento setenta (170) y ciento setenta y uno (171) de la pieza N° 1 del presente expediente. Ahora bien, consta al folio ciento setenta y tres (173) poder apud acta otorgado por la jueza denunciada al ciudadano cÉsAR AUGUsTO MIRABAL MATA, abogado en ejercicio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 42.975, y en esa misma oportunidad veinticinco (25) de septiembre de 2012, consignó escrito de descargos, inserto en los folios ciento setenta y seis (176) al doscientos dos (202) de la pieza N° 1 del presente expediente. En este sentido, en fecha veintiséis (26) de septiembre de 2012, la jueza denunciada y su apoderado judicial abogado CÉSAR AUGUSTO MIRABAL MATA. consignaron copias certificadas referidas a las documentales promovidas en el escrito de descargos consignado el dia veinticinco (25) de septiembre de 2012. Ahora bien, en fecha dos (2) de octubre de 2012, compareció nuevamente la jueza denunciada junto a su apoderado judicial, y consignaron diligencia en la cual ratificaron las documentales promovidas en el escrito de descargos. y de la misma forma presentaron en dos (2) folios útiles reposos médicos concedidos a la jueza denunciada y avalados por la Dirección de Servicios Médicos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, que cursan en los folios doscientos setenta y cinco (275) al doscientos setenta y siete (277) de la pieza N° 1 del presente expediente. Seguidamente, este Tribunal Disciplinario Judicial admitió las pruebas presentadas por la jueza sometida a procedimiento disciplinario judicial, en fecha seis (6) de noviembre de 2012; ordenándose la notificación del referido auto, razón por la que se libraron las boletas correspondientes De esta forma, cumplido los trámites procesales correspondientes, se procedió en fecha veintiocho (28) de mayo de 2013, a fijar el día para la celebración de la audiencia oral y pública en el presente procedimiento, la cual fue reprogramada para el día dieciocho (18) de junio de 2013, en virtud de que hasta esa fecha no habían sido agotadas las notificaciones. Ahora bien, en fecha veintiséis (26) de junio de 2013, este Tribunal emitió auto en el cual subsanó el error cometido al haber omitido en la admisión de las pruebas, las contenidas en el punto tercero del escrito de descargos, y en ese sentido pasó a admitir las en esa oportunidad, y fijó al efecto nueva oportunidad para la realización de la audiencia oral y pública, reprogramada para realizarse en fecha doce (12) de marzo de 2013, la cual fue suspendida en virtud de la consignación de reposo médico por parte de la jueza denunciada en fecha once (11) de marzo de 2014, asi consta de los folios tres (3) y cuatro (4) de la pieza N° 2 del presente expediente. En consideración a lo anterior, esta instancia judicial el dia trece (13) de marzo de 2014, estableció nueva oportunidad para la realización de la audiencia oral y pública, y en consecuencia fijó el día siete (7) de mayo de 2014, a las diez antes meridiem (10:00 am). Llegado el día, tuvo lugar la realización de la audiencia en la presente causa, dictándose el dispositivo en esa misma fecha, de conformidad con lo establecido en el articulo 81 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. DE LOS HECHOS QUE DAN ORIGEN AL PRESENTE PROCESO DISCIPLINARIO JUDICIAL. En fecha veintidós (22) de noviembre de 2011, el abogado ÁLVARO cozzo TociNO, en su condición de Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, remitió oficio N° 1445, en el cual anexó copia certificada de la incidencia de recusación signada bajo el N° JG01-X-2011-5 interpuesta en contra de la ciudadana YAJAIRA MORA BRAVO, en su condición de Jueza de la Corte de Apelaciones del Estado Guárico, por su actuación en la causa penal N° JP01-R-2010-236 —expediente principal— e intentada por Ios ciudadanos NELSON RAMÓN LINARES ESPINOZA, MARVIN LEONARDO REYES HERNÁNDEZ y JESÚS ORLANDO GUEVARA TIAPA, por haberse reunido a solas con una de las partes intervinientes. Il DEL INFORME DE LA OFICINA DE SUSTANCIACIÓN. Por su parte, la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción, emitió en fecha cinco (5) de marzo de 2012, su informe conclusivo señalando en el Capitulo VI referido a las conclusiones lo siguiente: página original (tal como se publicó) [Página 39] "(...) Se desprende de las actas que conforman el expediente, signado con el N° AP61-A-2012- 000009, que el presente caso se inició con ocasión de actuación de oficio relacionado con la comunicación N° 1445 de fecha 22 de noviembre de 2011, enviada a esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial por el ciudadano ALVARO COZZO TOCINO, en su condición de Juez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado (sic) Guarico (sic) mediante la cual remite copias certificadas de la decisión dictada por esa Corte en esa misma fecha, constante de nueve (09) folios útiles, mediante la cual declaró con lugar la Recusación interpuesta por parte de los ciudadanos Marvin Leonardo Reyes Hernández, Nelson Ramón Linares Espinoza y Jesús Orlando Guevara Tiapa, en su carácter de imputados en la causa JP01-R- 2010-000236, contra la ciudadana YAJAIRA MARGARITA MORA BRAVO. en su desempeño como Jueza de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado (sic) Guarico (sic) (..) (...) Omissis (...) Con base a lo antes expuesto, este Órgano Instructor considera que en el presente asunto están dados los requisitos exigidos en el articulo 54 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, y que existen elementos indiciarios para considerar que la conducta desplegada por la ciudadana YAJAIRA MARGARITA MORA BRAVO, en su desempeño como Jueza de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado (sic) Guarico (sic). pudiera subsumirse como presuntas faltas disciplinarias previstas y sancionadas en el Código Venezolana, para proseguir en el Procedimiento Disciplinario correspondiente(...)" (Mayúsculas propias del Informe) III DE LOS ALEGATOS DE LA JUEZA SOMETIDA A PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. En fecha veinticinco (25) de septiembre de 2012, la jueza denunciada consignó escrito de descargos en el cual manifestó que el acto lesivo que dio origen al presente proceso, se trata de una sentencia dictada y suscrita por uno solo de los integrantes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, mediante la cual declaró con lugar la recusación propuesta por los ciudadanos Nelson Ramón Linares, Marvin Leonardo Reyes y Jesús Orlando Guevara, lo cual hizo omitiendo el pronunciamiento con respecto al informe presentado con ocasión de la sometida a procedimiento disciplinario—, y apoyándose, además en elementos procesales que no aparecen en el proceso. Alegó, la imposibilidad de admisión de la incidencia de recusación, en virtud de que en fecha trece (13) de junio de 2011, le fue concedido reposo médico que la separó del conocimiento de todas las causas de la Corte de Apelaciones, y que aunado a ello, en fecha tres (3) de agosto de 2011, fue juramentada como Jueza integrante de la Corte de Apelaciones de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, del cual tomó posesión el día diez (10) de agosto de 2011, lo que significa según la jueza que desde el trece (13) de junio de 2011, se separó del conocimiento de la causa de los recusantes, razón por la cual la admisión de la recusación que se hizo en fecha trece (13) de octubre de 2011, a su consideración se hizo en desconocimiento al contenido de la norma contenida en el artículo 91 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual fue alegado por ella en el informe que presentó. En ese sentido, alegó la jueza denunciada que no obstante haber transcurrido más de cinco (5) meses separada del cargo, le fue declarada con lugar la recusación, en contradicción a los dispositivos constitucionales y legales que rigen el debido proceso y la tutela judicial para el acceso a los órganos jurisdiccionales. Continuó, la jueza denunciada refiriéndose a la incongruencia e ilogicidad en la motivación de la sentencia, en virtud de que el acceso a las pruebas brinda la posibilidad de que el juez llegue a los elementos de convicción, con una conclusión específica con respecto a lo reclamado, y éste debe necesariamente señalar en su sentencia los elementos probatorios usados. En ese aspecto, indicó que constituye un principio conocido en derecho, que todo lo que se alegue en un proceso judicial debe necesariamente ser demostrado, para proporcionar al árbitro los elementos que le permitan una conclusión objetiva y sustentable, lo cual obvió el juez que decidió cercenando sus derechos en esa decisión. Manifestó, que en razón de la falta de incorporación de los elementos probatorios, quedó contundentemente demostrado que ella no vulneró ninguna norma y tampoco desarrolló conductas irregulares que la hicieran susceptible de recusación. En este aspecto, alegó como primera irregularidad la declaración de la testigo, la cual no fue debidamente juramentada y sobre lo cual erró el sentenciador al escuchar la. Que el informe presentado por la jueza denunciada con ocasión de la recusación interpuesta en su contra no fue tomado en cuenta, considerando que este tipo de conductas violan flagrantemente el principio de legalidad. Insistió, en la violación al principio de presunción de inocencia y de derechos constitucionales vulnerados por el juez dirimente. En tal sentido, indicó que existe contradicción entre lo probado y la insólita dispositiva de la sentencia, fundamentando el juzgador su motiva en sospechas, lo cual convierte la decisión en incierta. Concluyó, agregando que evidentemente el juez que decidió la proceso, decidiendo con omisión del informe que al efecto presentó la recusada. página original (tal como se publicó) [Página 40] Finalizó, promoviendo documentales en el Capitulo Ill de su escrito de descargos. V DE LA AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA. En la oportunidad para la realización de la audiencia y previo el cumplimiento de las formalidades de Ley. se llevó a cabo la misma, en fecha siete (7) de mayo de 2014, y ese mismo dia este Tribunal pronunció el dispositivo en los siguientes términos: "(...) Observa este Tribunal que el numeral 11 del articulo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, establece como un ilicito disciplinario el hecho de que un juez o jueza se reúna con una de las partes, es decir, constituye una conducta reprochable disciplinariamente que el operador de justicia sostenga reunión sin la presencia o la anuencia de la parte contraria del proceso. De esta forma y en relación al ilicito disciplinario que se le imputa a la jueza denunciada, se evidencia que el hecho que dio origen al presente proceso, se refiere a la reunión sostenida entre la jueza denunciada y la representación fiscal de la causa N° JP01-R-2010-000236. en fecha trece (13) de abril de 2011: constatándose de autos, especificamente del folio 243 de la pieza N° 1, que en el desarrollo de la incidencia de recusación la jueza denunciada admitió haberse reunido con la representación del Ministerio Público, y continuó agregando en su escrito de defensa —de la recusación-. que tal reunión obedeció a asuntos administrativos en virtud de que para esa fecha — 13 de abril de 2011- ejercia funciones como Presidenta Encargada del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico. admitiendo en este aspecto que si se reunió con las fiscales Jessica Marwill Mora Romero y Ana Salht, presentes para el dia en el que se llevaría a cabo la audiencia con motivo de la apelación ejercida por esa representación en la causa penal N° JP01-R-2010-000236; hecho este admitido por la jueza. No obstante, observa este Tribunal del oficio N° 0915-2011. emanado de la Fiscalia Superior del Ministerio Público, cursante en el folio 245 y los anexos cursantes en los folios del 246 al 248 de la pieza N° 1 del presente expediente, asi como el oficio N° CJ-11-1729, de fecha 15 de julio de 2011, dirigido al Director Ejecutivo de la Magistratura, donde se le informa sobre el traslado de la jueza denunciada al Área Metropolitana de Caracas, y el acta de posesión de la jueza denunciada de fecha 10 de agosto de 2011. inserta en los folios 270 al 272, aunado con las preguntas formuladas por los jueces de este Tribunal, se determina con claridad que tal reunión obedeció a asuntos netamente administrativos, toda vez que por el hecho de haberse llevado a cabo tal reunión en la secretaría de presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, y considerando el posterior nombramiento en fecha 15 de julio de 2011 como Jueza integrante de la Corte de Apelaciones de la Sección de Responsabilidad Penal, permiten concluir a este Tribunal que el animus de esa reunión no tenía fines referidos a alguna causa penal, y no existió posterior a ello el poderío de la jueza sobre la referida causa, en virtud de su traslado al Área Metropolitana de Caracas. En este aspecto y con miras al ilicito en el cual se encuadró la conducta de la jueza, se observa que el numeral 11 del articulo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, no hace distinción en relación a qué tipo de "reunión" debe entenderse cuando se tipifica una conducta en tal ilicito. En ese aspecto, y a los fines de ilustrar la presente decisión concluye este Tribunal que el significado que debe atribuirsele al término "reunirse" engloba cualquier tipo de agrupación, reunión o tertulia que se realice dentro o fuera de la sede judicial entre una de las partes y el juez o jueza que tenga asignado el conocimiento de la causa, salvo que el funcionario judicial compruebe o demuestre fehacientemente que tal reunión se realizó con ánimos diferentes a los asuntos judiciales que conoce con motivo del cargo gue ejerce, sin vulnerar el bien jurídico tutelado de la imparcialidad, protegido por el legislador en la norma in comento._En razón de ello, y por cuanto de autos se evidenció que aun cuando la jueza denunciada afirmó que mantuvo reunión con la representación de la fiscalia en fecha trece (13) de abril de 2011, fiscales Jessica Marwill Mora Romero y Ana Salht, tal reunión obedeció a asuntos administrativos, en virtud de lo expresado en el oficio N° 0915-2011, emanado de la Fiscalia Superior del Ministerio Público, razón por la cual es forzoso para esta instancia disciplinaria judicial declarar la ausencia de responsabilidad disciplinaria de la jueza denunciada en la presente causa, por cuanto no quedó demostrado en autos estar incursa en el ilicito disciplinario, referido a reunirse con una de las partes. Asi se declara (...)" (Destacado del acta de audiencia) V DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL. Este Tribunal Disciplinario Judicial antes de pronunciarse sobre el fondo de la controversia, pasa a analizar su competencia para conocer de la presente causa; y, en tal sentido debe señalar: Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se consagró la creación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, la cual estaría a cargo de los tribunales disciplinarios que la ley destinar para ello y asi lo consagró expresamente el articulo 267 constitucional: "Articulo 267. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República de las Igualmente, le Públicas. Defensorias corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto. La jurisdicción disciplinaria judicial estará a cargo de los tribunales disciplinarios que determine la ley. El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estará fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la Asamblea Nacional. procedimiento disciplinario será público, oral y breve, conforme al debido proceso, en los términos y condiciones que establezca la ley. Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno creará una Direcciór Ejecutiva de la Magistratura,_ con sus oficinas regionales" (Negrillas del Tribunal) página original (tal como se publicó) [Página 41] De conformidad con el articulo anterior, se desprende entre otras cosas la potestad disciplinaria, atribuida en forma exclusiva a los tribunales disciplinarios, creados por la Constitución Nacional. De esta forma, en fecha seis (6) de agosto de 2009 fue publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.236 el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, reformado parcialmente según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 de fecha veintitrés (23) de agosto de 2010, el cual establece en el Capitulo V, lo relativo a la competencia en materia disciplinaria sobre los jueces o juezas de la República que se encuentren sujetos al ámbito de aplicación del referido Código, y al efecto establece en sus artículos 39 y 40 lo siguiente: "Artículo 39. Los órganos que en el ejercicio de la jurisdicción tienen la competencia disciplinaria sobre los jueces o juezas de la República, son el Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, los cuales conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia, respectivamente. los procedimientos disciplinarios por infracción a los principios y deberes contenidos en este Código (...)" "Articulo 40. Corresponde al Tribunal Disciplinario Judicial, como órgano de primera instancia, la aplicación de los principios orientadores y deberes en materia ética contenidos en el presente Código (...)" Ahora bien, no obstante lo anterior, se hace necesario señalar que dada la publicación de la sentencia N° 516 de fecha siete (7) de mayo de 2013 y su aclaratoria de fecha diecisiete (17) de octubre de 2013, distinguida con el N° 1.388, ambas dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la competencia de este órgano jurisdiccional se encuentra modificada cautelarmente hasta tanto se decida el fondo del asunto, es decir, se pronuncie la Máxima Interprete Constitucional sobre el recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido en contra del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. En tal sentido. la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante ia sentencia N° 516, ya mencionada, suspendió de de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, modificando entre ellos el artículo 2, referente a la competencia de este Tribunal para juzgar a los jueces que no ostenten la condición de titular, por ello limitó el ámbito de aplicación a aquellas causas en las cuales el denunciado o denunciada, haya ingresado a la carrera judicial mediante la realización de un concurso público de oposición. En el caso de autos, se observa del expediente administrativo, que la jueza sometida a procedimiento disciplinario fue designada como jueza titular en fecha veintidós (22) de julio de 1992, asimismo se observa que en fecha nueve (9) de agosto de 2006, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, le otorgó la titularidad como Jueza de Primera Instancia Penal Ordinario, y asi se verificó de la certificación de cargos emitida por la Dirección General de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en fecha seis (6) de febrero de 2012, razón por la cual corresponde a este Tribunal el conocimiento del presente asunto, dado que la jueza ostenta el cargo de titular. Asi se declara. Asimismo, dicha sentencia modificó la actuación de la Oficina de Sustanciación, delegando parte de sus atribuciones a la Inspectoria General de Tribunales, razón por la que corresponde de manera cautelar a esta de la acción disciplinaria, en virtud de lo cual corresponde a este Tribunal remitir las causas que se encuentren sin la debida citación del juez o jueza a los fines de que ese Órgano Auxiliar del Tribunal Supremo de Justicia practique las diligencias a que hubiere lugar, para que, en el caso que dicte acto conclusivo remita las actuaciones a la Jurisdicción Disciplinaria Judicial. Ordena, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en relación a las causas ya iniciadas y en las cuales el juez o jueza se encontrare citado o citada, que las mismas continuarán su curso legal ante la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria, ahora con funciones de Juzgado de Sustanciación del Tribunal Disciplinario Judicial; correspondiendo a dicha Oficina la tramitación de la causa hasta la fase de fijación de la audiencia oral y pública, tal como lo señala la aclaratoria publicada bajo el N° 1.388 de fecha diecisiete (17) de octubre de 2013, dictada por la mencionada Sala. decisión emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y su aclaratoria, este Tribunal Disciplinario Judicial, observa que la presente causa se encontraba en fase de fijación de audiencia para el momento de la publicación y notificación de los fallos arriba indicados, en consecuencia correspondia a este órgano jurisdiccional continuar la tramitación de la presente causa, como en efecto lo hizo. por el articulo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los articulos 39 y 40 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana; en acatamiento a la medida cautelar dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y visto que la jueza procesada ostenta la condición de Jueza Titular; este órgano jurisdiccional se declara COMPETENTE para conocer de la presente causa. -Así se declara. VI DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA. Conforme se observa de las actas procesales, este Tribunal deja asentado que el hecho controvertido en la presente causa está referido a verificar si la jueza denunciada se reunió con una sola de las partes que intervinieron en la causa penal N° JP01-R-2010-236, nomenclatura interna de la Corte de Apelaciones de San Juan de los Morros Estado Guárico. En consecuencia, los límites de la controversia se circunscriben a este aspecto sobre el cual esta instancia fundamentará su decisión. página original (tal como se publicó) [Página 42] VII DE LAS PRUEBAS. Ahora bien, con relación a las pruebas promovidas, este Tribunal observa que por tratarse de una causa iniciada de oficio solo fue aportado al debate probatorio los medios de prueba promovidos por la jueza denunciada, los cuales serán valorados conforme a las siguientes consideraciones: De las pruebas presentadas con el escrito de descargos: 1) Copia certificada del asunto N° JG01-X-2001-5, contentiva de la incidencia de recusación cursante en los folios doscientos ocho (208) al doscientos sesenta y ocho (268) de la pieza N° 1 del presente expediente y de la cual se desprende: a) Escrito de recusación suscrito por los ciudadanos MARVIN LEONARDO REYES HERNÁNDEZ, NELSON RAMÓN LINARES ESPINOZA y JESÚS ORLANDO GUEVARA TIAPA, cursante en los folios doscientos diez (210) al doscientos catorce (214), presentado en fecha veintisiete (27) de abril de 2011, en cual se observa que la recusan por estar incursa en el numeral 6 del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, por haberse reunido a solas con la representación del Ministerio Público, en fecha trece (13) de abril de 2011. b) Auto de fecha trece (13) de octubre de 2011, dictado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, inserto en los folios doscientos diecisiete (217) y doscientos dieciocho (218), mediante el cual la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Guárico admitió la recusación propuesta por los ciudadanos supra señalados en contra de la jueza denunciada. c) Auto de fecha veinticinco (25) de octubre de 2011, dictado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, inserto en los folios doscientos veintiséis (226) y doscientos veintisiete (227), bajo la ponencia del juez Álvaro Cozzo Tocino, y en cual rectificó el contenido del auto dictado en fecha trece (13) de octubre de 2011, y pasó a suscribirlo sólo de conformidad con lo establecido en el articulo 192 del Código Orgánico Procesal Penal. d) Acta de fecha veinticinco (25) de octubre de 2011, suscrita por la Secretaria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, abogada Milarys Aponte, cursante en el folio doscientos treinta y tres (233) de la pieza N° 1 del presente expediente, mediante la cual se notifica vía telefónica a la jueza Yajaira Mora de la admisión de la recusación intentada en su contra. e) Escrito suscrito por la jueza denunciada, presentado en fecha treinta y uno (31) de octubre de 2011, cursante en los folios doscientos treinta y cuatro (234) al doscientos cuarenta y cuatro (244), en el cual la jueza expuso que fue juramentada como Jueza Superior de la Sección de Responsabilidad Penal del Área Metropolitana de Caracas en fecha tres (3) de agosto de 2011 y extiende sus defensas en relación a la recusación planteada en su contra. f) Acta de audiencia oral de fecha primero (1°) de noviembre de 2011, cursante en los folios doscientos cincuenta y dos (252) y doscientos cincuenta y tres (253), en la cual fue evacuada la testigo MARY TIAPA, y donde la nombrada Corte se reservó la oportunidad legal para decidir la recusación. g) Decisión de fecha veintidós (22) de noviembre de 2011, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, bajo la ponencia del juez Álvaro Cozzo Tocino, en la que se declaró con lugar la recusación propuesta contra la jueza denunciada, por considerarla incursa en el numeral 6 del articulo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, cursante en los folios doscientos cincuenta y seis (256) al doscientos sesenta y cuatro (264) de la pieza N° 1 del presente expediente. En relación a estas documentales, este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con el primer aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que de ella se desprende el trámite LEONARDO REYES HERNÁNDEZ, NELSON RAMÓN LINARES ESPINOZA y JESÚS ORLANDO GUEVARA TIAPA, contra la jueza denunciada, especialmente la fecha de cada una de las actuaciones así como la declaratoria con lugar de la misma por parte de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, bajo la ponencia del juez Álvaro Cozzo Tocino, actuaciones que dan origen al presente proceso disciplinario judicial. Asi se declara. 2) Copia simple del oficio N° CJ-11-1729, de fecha quince (15) de julio de 2011, emanado de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, dirigido al Director. Ejecutivo de la página original (tal como se publicó) [Página 43] Magistratura, y en el cual se le informa del traslado de la jueza denunciada al Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, cursante en el folio doscientos sesenta y nueve (269). Este Tribunal de conformidad con el primer aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, le otorga valor probatorio a la presente copia, pues de ella se desprende que en fecha quince (15) de julio de 2011, fue acordado el traslado de la jueza denunciada al Área Metropolitana de Caracas, según lo acordado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en sesión de fecha trece (13) de julio de 2011, situación que demuestra el desprendimiento de la jueza de la causa penal en la cual fue recusada, con anterioridad a la admisión de la recusación y que dio origen al presente procedimiento. 3) Copia certificada del acta de juramentación ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha tres (3) de agosto de 2011, cursante en el folio ciento cuarenta y cuatro (144) de la pieza N° 1. Al igual que la anterior probanza, este Tribunal Disciplinario Judicial le otorga valor probatorio de conformidad con el primer aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que refleja la juramentación por parte de la Sala Plena del Máximo Tribunal de la República, para que la jueza denunciada ejerciera el cargo de Jueza integrante de la Corte de Apelaciones Sección de Responsabilidad Penal del Área Metropolitana de Caracas, a partir de esa fecha, evidenciando la presente prueba el desprendimiento de las causas que conocía en el Circuito Judicial del Estado Guárico. 4) Copia certificada del acta N° 334 de fecha diez (10) de agosto de 2011, levantada por la Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, cursante en los folios doscientos setenta (270) y doscientos setenta y dos (272). mediante la cual la jueza denunciada tomó posesión del cargo objeto de designación por parte de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. En atención, al presente medio probatorio esta instancia judicial, lo aprecia y confiere valor probatorio de conformidad con el primer aparte del articulo 429 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que de ella se desprende el acto de toma de posesión de la jueza denunciada para el cargo que fue designada en el Área Metropolitana de Caracas. VIII CONSIDERACIONES PARA DECIDIR. Esta instancia judicial a los fines de resolver el presente asunto, observa en primer lugar el contenido de la norma establecida en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, referido al ilicito disciplinario por el cuai se procesó a la jueza YAJAIRA MORA BRAvO, en la presente causa. Al respecto, el numeral 11 del articulo 32 eiusdem, establece: "Articulo 32. Son causales de suspensión del juez o jueza: (...) Omissis (...) 11. Reunirse con una sola de las partes (..)" De la disposición legal, se observa que constituye un ilicito disciplinario el hecho de que un juez o jueza se reúna a solas con una de intervenir en una causa judicial —demandante, demandado, victima, acusado, tercero, defensorias públicas, representaciones fiscales, entre otros— que se encuentre bajo su conocimiento; es decir, constituye una conducta reprochable disciplinariamente que el operador de justicia sostenga reunión sin la presencia o la anuencia de la parte contraria del proceso judicial. De esta forma y en relación al ilicito disciplinario que se le imputa a la jueza denunciada, se evidencia que en el desarrollo de la presente causa la jueza sometida a procedimiento disciplinario judicial, presentó escrito de descargos, en el cual se circunscribió a atacar jurisdiccionalmente la decisión dictada en fecha veintidós (22) de noviembre de 2011, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Guárico, que declaró con lugar la recusación propuesta por los ciudadanos MARVIN LEONARDO REYES HERNÁNDEZ, NELSON RAMÓN LINARES ESPINOZA y JESÚS ORLANDO GUEVARA TIAPA, situación sobre la cual esta instancia judicial no puede pronunciarse en razón del principio de independencia judicial establecido en el artículo 4 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Así se declara. En este sentido y en relación a la figura de la recusación e inhibición en las causas penales la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N°1802 de fecha veinte (20) de octubre de 2006, ha establecido lo siguiente: "(...) el articulo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala que: la recusación o inhibición de los jueces de los Tribunales unipersonales serán decididas por el Tribunal de alzada, cuando ambos fueren de la misma localidad: (...) las causas criminales no se paralizarán, sino que las actas serán enviadas a otro tribunal de la misma categoria, si lo hubiere, para continuar el procedimiento. De la anterior disposición normativa, se desprende que cuando un tribunal unipersonal esté en la misma localidad que el de la alzada, éste conocerá de la recusación o de la inhibición planteada. De manera que la recusación o inhibición de los jueces unipersonales, serán decididas por el tribunal de alzada, es decir la Corte de apelaciones, advirtiendo además el referido articulo, que en caso de ser declaradas con lugar, la causa deberá ser conocida por otro tribunal de igual competencia o categoria (...) y ello resulta lógico a los fines de salvaguardar el derecho a la imparcialidad, e igualdad de las partes en el proceso (...)" página original (tal como se publicó) [Página 44] Por otra parte, en fallo de la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia signado con el N° 3709 de fecha seis (6) de diciembre de 2005, con ponencia del Magistrado JESÚs EDUARDO CABRERA ROMERO, se estableció: "(..) que su finalidad es la de resolver la crisis subjetiva del proceso en aras de asegurar la transparencia en las actuaciones de aquellas personas investidos de autoridad para administrar justicia. Las recusaciones y las inhibiciones persiguen un mismo efecto, de manera que, la garantia de ser enjuiciado por un juez imparcial, se mantiene intacta, indistintamente que un expediente sea sustraído del conocimiento de un juez del cual se duda, por inhibición o Tribunal (Destacado del recusación( Disciplinario Judicial) Dicho lo anterior, esta instancia judicial advierte que el supuesto previsto en el ordinal 6 del articulo 86 del Código Orgánico Procesal Penal publicado en Gaceta Oficial N°5.930 de fecha cuatro (4) de septiembre de hechos-, establece un supuesto de hecho que condena no sólo a los jueces y juezas, sino también a la representación del Ministerio Público, así como a todo aquel funcionario judicial que intervenga en tramitación de una causa penal. Al respecto, señala la mencionada disposición legal: "(..) Articulo 86. Los jueces y juezas profesionales, escabinos o escabinas, los o las fiscales del Ministerio Público, secretarios o secretarias, expertos o expertas e intérpretes, y cualesquiera otros funcionarios o funcionarias del Poder Judicial, pueden ser recusados o recusadas por las causales siguientes: (...) Omissis (...) 6. Por haber mantenido directa o indirectamente, sin la presencia de todas las partes, alguna clase de comunicación con cualquiera de ellas o de sus abogados. sobre el asunto sometido a su conocimiento (...)" En relación a la norma parcialmente transcrita, el autor Rodrigo Rivera Moraies, en su obra titulada Manual de Derecho Procesal Penal, páginas 158 y 159, señala: "(...) En el sistema acusatorio se considera parte al Ministerio Público, no obstante, en nuestro sistema conforme a la Constitución articulo 285 numeral 1, es garante en los procesos de los derechos y garantia constitucionales. Como en nuestro sistema, al igual que el alemán, el Ministerio Público es instructor y ejerce la acción penal, debe mantener la objetividad por ello puede ser recusado (...)" Según lo expresado por el autor, el Ministerio Público en nuestro sistema a tenor de lo establecido en el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se constituye como parte imparcial que persigue garantizar en los procesos judiciales, los derechos y garantías constitucionales, por ello sus acciones dentro del proceso judicial deben ser objetivas y alejadas de cualquier agente de subjetividad que impida ejercer loablemente su labor. En ese sentido, el Legislador patrio estableció la posibilidad de impedir que estos funcionarios públicos continúen conociendo de una causa cuando estén viciados de subjetividad. De esta forma, queda asentado que las representaciones del Ministerio Publico, se constituyen como parte de los procesos en los cuales intervengan. Ahora bien, en el caso que nos ocupa observa esta instancia judicial de la tramitación de la incidencia de recusación signada con el N° JG01-X- 2011-5, que los recusantes manifestaron en su escrito de recusación, lo siguiente: "(...) En fecha 13 de Abril del presente año, siendo las 10:00 am comparecimos a la celebración de la audiencia oral en la Corte de Apelaciones (...) con motivo al Recurso de Apelación contra la Decisión de la Juez (sic) Segunda (2°) de Primera Instancia en funciones de contra!, recurso éste que interpuso la Fiscalia Primera de! Ministerio Público contra la decisión publicada el 24-11-2010 (...) Es el caso, que encontrándonos dentro de la sala donde se realizaría la audiencia se presentó una dama a la sala y se ubicó al lado de la secretaria y de frente al alguacil preguntando si estaban todas las partes presentes para la audiencia, alli entre todos informaron que faltaba uno de nosotros (...) por lo que manifestó, que la audiencia iba a ser diferida (...) esta misma ciudadana preguntó quiénes era (sic) las Fiscal o Fiscales del caso y una de ellas levantó la mano en señal que era ella y las llamó a las representantes del Ministerio Público ya que entraron dos y le dijo que iba a hablar con ellas, llevándolas al parte que se encuentra posterior a la sala de Audiencias, donde funcionan los despachos de los jueces (...) A toda esta nosotros al ver esa situación y ya enterados que la persona que se presentó a la sala es la Dra. YAJA/RA MORA, y que es la Juez (sic) de nuestra causa y llamó a las fiscales para hablar con ellas y no fue llamada la defensa, nos preocupó mucho la situación al ver que se fueron conjuntamente con la Dra. Yajaira las dos fiscales y nuestras defensas no se tomaron en cuenta, y que dicho acto se realizó en público y delante de todos los que estábamos presente (sic). luego permanecimos por más de veinticinco (25) minutos en la sala de espera del acta para la firma y la situación continuaba igual, nos quedamos en la parte de afuera de la sala en espera de ver la salida de dichas fiscales del pasillo de los jueces y pasados cuarenta y cinco (45) minutos fue cuando salieron (..)" (Mayúsculas propias del escrito de recusación) Asimismo, se desprende del escrito de defensa presentado por la jueza sometida a procedimiento disciplinario en el asunto N° JG01-X-2011- 5, que ésta señaló: "(...) Por otra parte, si la Honorable Corte de Apelaciones decide abrir una incidencia para proceder conforme a lo establecido en el articulo 103 del Código Orgánico Procesal Penal, al considerar la recusación maliciosa y temeraria, manifiesto que en el ejercicio de mis funciones administrativas como Juez (sic) Presidenta del página original (tal como se publicó) [Página 45] Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, recibi oficio N° 12FS-0915-2011. de fecha 09-04-2011, procedente (sic) la Fiscalia Superior del Ministerio Público del Estado Guárico. anexando copia de Acta, suscrita por las Fiscales Auxiliares de la Fiscalia Primera del Ministerio Público del Estado Guárico, Abgs. Jessica Marwil Mora Romero y Ana Saleht. donde exponen una problemática planteada con el Tribunal Primero de Control de este Circuito Judicial Penal, con sede en San Juan de los Morros. por lo tanto es falso, que fueron tratados asuntos penales sometidos a mi consideración. El articulo 86.6 del mismo Código prohibe la comunicación directa e indirecta sin la presencia de las partes sobre el asunto sometido a su conocimiento, el cual no es el caso. pues, en ningún momento mantuve comunicación con las Fiscales Jessica Marwil Mora Romero y Ana Saleht, sobre ningún asunto penal en cuestión, incluyendo el asunto por el cual se me recusa, lo tratado con las supra mencionadas Fiscales se circunscribió a un asunto netamente administrativo (...)"(Mayúsculas propias del escrito de defensa de la juez en la incidencia de recusación) de recusación que da origen al presente proceso disciplinario y con miras al ilicito'en el cual se encuadró la conducta de la jueza, se observa que el Diccionario de la Real Academia Española, —fuente en línea— define el término "reunión" como la "acción y efecto de reunir". En este aspecto, el numeral 11 del articulo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, no hace distinción en relación a qué tipo de "reunión" debe entenderse cuando se tipifica una conducta en tal ilicito. En ese aspecto, es necesario a los fines de ilustrar la presente decisión, que este Tribunal señale el significado que debe atribuírsele al término "reunirse", cuando se tipifique una conducta en el numeral 11 del articulo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, debiendo entenderse por tal cualquier tipo de agrupación, reunión o tertulia que se realice dentro o fuera de la sede judicial entre una de las partes y el juez o jueza que tenga asignado el conocimiento de la causa, salvo que el funcionario judicial compruebe o demuestre fehacientemente que tal reunión se realizó con ánimos diferentes a los asuntos judiciales que conoce con motivo del cargo que ejerce, sin vulnerar el bien juridico tutelado de la imparcialidad, protegido por el legislador en la norma in comento. Siguiendo este orden de ideas, esta instancia disciplinaria judicial debe destacar que en el desarrollo de la audiencia en la presente causa, la jueza denunciada respondió lo siguiente a las interrogantes planteadas por los jueces de este Tribunal, la Jueza JACQUELINE sOSA MARIÑo, formuló la siguiente interrogante a la jueza sometida a procedimiento disciplinario judicial ¿Diga usted cómo demostró que la comunicación que tuvo con las fiscales no tenía que ver con el asunto penal, cómo prueba ello?, la jueza contestó: "con la copia del oficio N° 0915-2011, suscrito por el abogado Alexis Antonio Ramos, Fiscal Superior del Ministerio Público del Estado Guárico dirigido a Yajaira Margarita Mora, a los fines de remitir copia del acta suscrita por las dos fiscales del Ministerio Público, por una situación que se estaba presentando con la jueza primera de control, que no queria trabajar con las fiscales. Por eso fue que me reunir con ellas dos, en mi condición de Presidenta del Circuito". Asimismo, el Juez Presidente HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ, le formuló a la jueza la siguiente pregunta ¿Diga usted si en el momento en que usted fue". recusada estaba en el Estado Guárico o ya había sido trasladada?, a lo que la jueza contestó. "para el momento en que fui notificada de la recusación, en fecha 25 de octubre de 2011, ya me encontraba en el Área Metropolitana de Caracas": igualmente el Juez Presidente del Tribunal le solicitó a la jueza denunciada: Indique las circunstancias de modo y tiempo como sucedió la reunión, respondiendo la jueza: "la secretaria me llamó diciéndome que tenia una audiencia, pero en ese momento me encontraba en la PGV, para quienes conocen el estado Guárico, el mismo se encuentra en la parte de atrás del Circuito Penal, por ello me puse mi toga y sali a la sala de audiencias. La secretaria me informa que uno de los imputados o acusados, ya no recuerdo de que trataba la causa, no tenía defensor, por ello debía fijarse otra oportunidad ya que no podía asistir a la audiencia sin defensor. En eso la secretaria de presidencia me entrega el oficio y veo a las fiscales, razón por la cual les pedi que se acercaran para hablar. y en mi condición de presidenta del circuito las atender". Finalmente el Juez Presidente requirió: Indique las circunstancias del lugar donde se reunieron, la jueza señaló "en la secretaria de presidencia del Circuito". De esta forma y en relación al ilicito disciplinario que se le imputa a la jueza denunciada, se evidencia que el hecho que dio origen al presente proceso, se refiere a la reunión sostenida entre la jueza denunciada y la representación fiscal de la causa N° JP01-R-2010-236, en fecha trece (13) de abril de 2011: constatándose de autos, especificamente del folio doscientos cuarenta y tres (243) de la pieza N° 1, que en el desarrollo de la incidencia de recusación la jueza denunciada admitió haberse reunido con la representación del Ministerio Público, y continuó agregando en su escrito de defensa —de la recusación—, que tal reunión obedeció a asuntos administrativos en virtud de que para esa fecha —13 de abril de 2011— ejercia funciones como Presidenta Encargada del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, admitiendo en este aspecto que si se reunió con las fiscales Jessica Marwill Mora Romero y Ana Salht, presentes para el dia en el que se llevaría a cabo la audiencia con motivo de la apelación ejercida por esa representación en la causa penal N° JP01-R-2010-236; hecho este admitido por la jueza sometida a procedimiento disciplinario. No obstante lo anterior, observa este Tribunal del oficio N° 915-2011, emanado de la Fiscalia Superior del Ministerio Público del Estado Guárico, cursante en el folio doscientos cuarenta y cinco (245) y los anexos cursantes en los folios doscientos cuarenta y seis (246) al doscientos cuarenta y ocho (248) de la pieza N° 1 del presente expediente, según el encargada del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico que la jueza primera de control no deseada trabajar con las fiscales asistentes a la reunión —Jessica Marwill Mora Romero y Ana Salht—, aunado con las preguntas formuladas por los jueces de este Tribunal Disciplinario Judicial señaladas ut supra, se determina con claridad que tal reunión obedeció a asuntos netamente administrativos, en virtud del contenido de la animus de esa reunión no tenía fines referidos a alguna causa penal. página original (tal como se publicó) [Página 46] En este orden de ideas, es necesario señalar el aspecto administrativo que establece el modelo de organización de los Circuitos Judiciales Penales, que se encuentra representado por la Presidencia del Circuito Judicial Penal y los servicios administrativos, tal como lo establecen los artículos 532 y 533 del Código Orgánico Procesal Penal, publicado en Gaceta Oficial N° 5.930 de fecha cuatro (4) de septiembre de 2009 — normativa vigente para la fecha en que se verificaron los hechos—. En ese sentido, la Presidencia del Circuito Judicial Penal y los servicios administrativos del mismo (Servicios Judiciales y Servicios Generales) tienen atribuida la función administrativa descargado a los jueces y juezas de la misma, razón por la cual son los llamados a resolver y solventar cualquier tipo de situación administrativa que se presente con los funcionarios y funcionarias adscritos al Circuito Judicial Penal. En razón de ello, y por cuanto de autos se evidenció que aun cuando la jueza denunciada afirmó que mantuvo reunión con la representación de la fiscalia en fecha trece (13) de abril de 2011, especificamente con las fiscales Jessica Marwili Mora Romero y Ana Salht, tal reunión obedeció a asuntos administrativos, en atención a lo requerido en el oficio N° 915-2011, emanado de la Fiscalia Superior del Ministerio Público del Estado Guárico, en virtud de la situación que se venía presentando entre las mencionadas fiscales y la jueza de control N° 1, en razón de ello la jueza hoy procesada, era la persona legítimamente llamada para solventar tal situación, en virtud de que ostentaba el cargo de Presidenta Encargada del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico y, como se indicó supra son atribuciones de quien ejerza tal función administrativa, razón por la cual es forzoso para esta AUSENCIA declarar la DE disciplinaria judicial instancia RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de la jueza denunciada en la presente causa, por cuanto no quedó demostrado en autos estar incursa en el ilícito disciplinario. previsto en el numeral 11 del artículo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana referido a reunirse con una de las partes en virtud de que la reunión sostenida con las fiscales se debió a asuntos meramente administrativos y no jurisdiccionales, como quedó evidenciado de autos. Asi se declara. IX DECISIÓN. En virtud de los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Disciplinario Judicial, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, bajo la ponencia del Juez Presidente Hernán Pacheco Alviárez, aprobada de manera unánime declara: ÚNICO: se ABSUELVE DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la jueza YAJAIRA MARGARITA MORA BRAVO, titular de la cédula de identidad N° V-3.632.675. por su actuación como Jueza de la Corte de Apelaciones del Estado Guárico; por cuanto no quedó demostrado en autos estar incursa en el ilícito disciplinario contenido en el numeral 11 del artículo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Registrese y publiquese. Remitase copia certificada de la presente decisión, una vez que la misma adquiera el carácter de definitivamente firme, al Tribunal Supremo de Justicia; al Poder Ciudadano; a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura; al Registro de Información Disciplinaria; a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y a la Inspectoría General de Tribunales, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, en concordancia con la sentencia N° 516 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha siete (7) de mayo de 2013. . Dada, firmada y sellada en la sede del Tribunal Disciplinario Judicial en la ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela, a los Mayo veintión (21) dias del mes de del año dos mil catorce (2014). A-204e la Independencia y_155° de la Federación. ACHECO ALVIÁREZ ÁN esidente (Ponene EzP TRIBUN CARLOS MEDINARQJA8 JACQUELINE SOSA MARINO Juez Jueza RAQUEL SUE GONZÁLEZ Secretaria En esta misma fecha, siendo las _33:4Q am se publeNegsro SAPUBEA BOL la anterior sentencia bajo el N°TD- SD-J0IY-O42 RAQUELSYEGONZALEZ Secretarig Exp. AP61-A-2012-000009 HPAJSMCMR/RSG/ página original (tal como se publicó) [Página 47] AVISOS REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO FALCON SANTA ANA DE CORO; 21 DE ABRIL DE 2014 AÑOS: 203° 152° CARTEL DE EMPLAZAMIENTO SE EMPLAZA: Al Ciudadano JOEL GUSTAVO PEREZ GARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V- 7.594.885, con domicilio en el Centro Comercial Rió Lama, Quinta Etapa, Primer Piso, Oficina 1-8, Ubicada en la avenida Lara con Avenida Terepaima, diagonal a Valdivia Motors, Barquisimeto Estado Lara, para qUe en la ACCiÓn COBRO DE BOLIVARES POR EL PROCEDIMIENTO DE INTIMACIÓN, seguido por el Ciudadano DANIEL JOSE MANTINI CESARoNI, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-3.895.987, con domicilio en la Ciudad de Valencia Estado Carabobo, en contra de usted, haciéndosele saber que deberá comparecer por ante este Tribunal a darse por CITADo en la preindicada causa, en el término de Tres (03) días de despacho en horas destinadas para despachar dc 8:30 a.m. a 3:30p.m, una vez que conste en autos la fijación que del presente cartel se haga en la' Cartelera el Juzgado Primero del Municipio Ibarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara y en la morada y/o oficina del demandado JOEL GUSTAVO PEREz GARCIA identificado ut- supra; así como desde que el mencionado cartel sea publicado en la GACETA OFICIAL AGRARIA y en el Diario de mayor circulación de la localidad reside el demandado en autos "EL IMPULsO". TIERRA Y DESARROLLO AGRARIO. Igualmente se hace la salvedad a la parte interesada que el predicado lapso, comenzará a transcurrir una vez conste en el expediente la fijación, publicación, consignación y agregación de dicho cartel_Para la práctica de la fijación del referido Cartel se ha comisionado Segundo del Municipio Iribn de Lara.N LA JUZUPLNTE ESHA ABG. NELLY CASTRO GOMEZ ABG.NJCG/Rina/Exp. Nro. 15.272-13 cunscripción Judicial del Estado CRETARIAJA ABG. YOLIMAR MEHA página original (tal como se publicó) [Página 48] DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 Número 40.430 MES VIII AÑO CXLI- Caracas, martes 10 de junio de 2014 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 48 Págs. costo equivalente a 19,65 % valor Unidad Tributaria LOS GESTORES DILE NO GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SMARIO Conoce Nuestros Servicios (+58212) 576-80-86 / 576-43-92. Gobierno Bolivariano Ministerio del Poder Popular de Venezuela para la Comunicación y la Información DE VENEZUELA. Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional. Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos. Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial G-20001768-8 Estimados usuarios El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial facilita a todas las personas naturales, jurídicas y nacionalizadas la realización de los trámites legales para la solicitud de la Gaceta Oficial sin intermediarios. Recuerde que a través de nuestra página usted puede consultar o descargar de forma rápida y gratuita la Gaceta Oficial visite: http: imprentanacional.gob.ve Síguenos en Twitter @oficialgaceta @moficialimprenta juventud Servicio Aulónono BICENTENARIA Imprenta Nacional y Gaceta Oficial página original (tal como se publicó)