[Página 1] AÑO CXLI- Número 40.401 Caracas, martes 29 de abril de 2014 MES VII SUMARIO Presidencia de la República Decreto N° 818, mediante el cual se modifica la denominación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social por la del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. Decreto N° 932, mediante el cual se nombra Presidenta de la Fundación Madres del Barrio «Josefa Joaquina Sánchez», a la ciudadana Magaly Vidia Newton Carrera. Decreto Nº 933, mediante el cual se nombra Presidenta del Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), en calidad de Encargada, a la ciudadana Isabel Yekuana Martínez López. Decreto N° 934, mediante el cual se confiere la «Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela» Post-Mortem, Primera Clase «Espada», al ciudadano Eliézer Otaiza. Decreto N° 935, mediante el cual se fija un aumento del treinta por ciento (30%) del salario mínimo mensual obligatorio en todo el Territorio Nacional, para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores público y privado. Vicepresidencia de la República Aviso Oficial mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en él se indica, al Presupuesto de Gastos 2014 del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.- (Se reimprime por fallas en los originales). Consejo Federal de Gobierno Resolución mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones de este Organismo, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se indican. SEBIN Providencia mediante el cual se crea el Comité de Licitaciones de este Organismo, integrado por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se señalan.- (Se reimprime por error de Imprenta). Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública SENIAT Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Rafael Eduardo Blanco Rodríguez, como Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Zuliana, en calidad de Titular. Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Ricardo Alí Rodríguez, como Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Guayana, en calidad de Titular. Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Rafael Eduardo Fernández Adrián, como Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Insular, en calidad de Titular. Ministerio del Poder Popular para la Defensa CAVIM Providencia mediante la cual se crea la Comisión de Contrataciones perteneciente a la Empresa del Estado «Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares» (CAVIM), integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se indican. Providencia mediante la cual se crea el Comité de Licitaciones para la Enajenación de Bienes Muebles Públicos pertenecientes a la Empresa del Estado «Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares» (CAVIM), integrado por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se señalan. Ministerio del Poder Popular para Industrias Acta. Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Resolución mediante la cual se constituye, con carácter permanente, la Comisión de Contrataciones de este Ministerio, integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan. Resolución mediante la cual se constituye, con carácter permanente, la Comisión de Contrataciones de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) del Consejo Nacional de Universidades (CNU), integrada por Ías ciudadanas y ciudadanos que en ella se señalan. Ministerio del Poder Popular para la Educación Resoluciones mediante las cuales se designa al ciudadano y a las ciudadanas que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se especifican. Ministerio del Poder Popular para la Salud Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Alejandro José Valero Ovalles, como Coordinador de Administración de la Maternidad Concepción Palacios, adscrito a la Dirección Estadal de Salud Distrito Capital, dependiente de este Ministerio. Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Pasqualina Curcio Curcio, como Directora General de Programas de Salud, adscrita al Despacho de la Viceministra o Viceministro de Redes de Salud Colectiva de este Ministerio. Ministerio del Poder Popular para el Ambiente Resolución mediante la cual se ordena la publicación del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha veintiocho (28) de enero de 2014, de la Empresa Estatal denominada «Ć.A. Hidrológica Venezolana (HID'ROVEN)». Ministerio del Poder Popular para la Cultura Resolución mediante la cual se delega en la ciudadana Tatiana Villegas, en su condición de Directora General del Despacho de este Ministerio, la facultad de firmar los actos y documentos que en ella se especifican. Procuraduría General de la República Resolución mediante la cual se confiere las «Medallas Honor al Mérito» y «Botón al Mérito», a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan. Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de la Jubilación a la ciudadana Carmen Isabel Hernández de García. Tribunal Supremo de Justicia Sala Constitucional Decisión mediante la cual se declara Ha Lugar la solicitud de revisión interpuesta por el Abogado Amílcar Antequera, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Rómulo Navas, de la sentencia dictada el 16 de marzo de 2005, anula el fallo dictado por el Juzgado Superior y ordena dictar una nueva Decisión, así como la publicación del presente fallo en la página web del TSJ. Decisión mediante la cual se declara competente para conocer de la acción de interpretación constitucional del Ártículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para conocer del recurso de interpretación de los Artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, admite el recurso de interpretación constitucional incoado por el ciudadano Gerardo Sánchez, se declara de mero derecho la causa. página original (tal como se publicó) [Página 2] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 29 de abril de 2014 Decreto N° 818 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, en ejercicio de las atribuciones que me confieren el numeral 20 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 58 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en Consejo de Ministros, CONSIDERANDO Que conforme a los artículos 1° y 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras el trabajo "goza de protección como proceso fundamental para alcanzar los fines del Estado, la satisfacción de las necesidades materiales, morales e intelectuales del pueblo, y la justa distribución de la riqueza", CONSIDERANDO Que conforme a lo establecido en el artículo 25 del citado Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, "El proceso social de trabajo tiene como objetivo esencial, superar las formas de explotación capitalista, la producción de bienes y servicios que aseguren nuestra independencia económica, satisfagan las necesidades humanas mediante la justa distribución de la espirituales que permitan a la familia ser el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas y lograr una sociedad justa y amante de la paz, basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria de los trabajadores y las trabajadoras en los procesos de transformación social, consustanciados con el ideario bolivariano. En consecuencia, el proceso social de trabajo debe contribuir a garantizar: 1. La independencia y la soberanía nacional, asegurando la integridad del espacio geográfico de la nación. 2. La soberanía económica del país asimilando, creando e innovando técnicas, tecnologías y generando conocimiento científico y humanístico, en función del desarrollo del país y al servicio de la sociedad. 3. El desarrollo humano integral para una existencia digna y provechosa de la colectividad generando fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional y crecimiento económico que permita la elevación del nivel de vida de la población. 4. La seguridad y soberanía alimentaria sustentable. 5. La protección del ambiente y el uso racional de los recursos naturales. CONSIDERANDO Que conforme a lo establecido en el artículo 295 del citado Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del colectiva, integral, continua y permanente de los trabajadores y trabajadoras constituye la esencia del proceso social de trabajo, en tanto que desarrolla el potencial creativo de cada trabajador y trabajadora formándolos en, por y para el trabajo social liberador, con base en valores éticos de tolerancia, justicia, solidaridad, paz y respeto a los derechos humanos", CONSIDERANDO Que conforme a lo establecido en el artículo 320 del citado Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras "El proceso social de trabajo constituye la fuente fundamental del conocimiento científico, humanístico y tecnológico, requerido para la producción de bienes y la prestación de servicio a la sociedad. Las invenciones, innovaciones y mejoras son producto del proceso social de trabajo, para satisfacer las necesidades del pueblo, mediante la justa distribución de la riqueza", CONSIDERANDO Que conforme a lo establecido en el artículo 1° del citado Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras se protegen los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras como protagónicos de los procesos de educación y trabajo para alcanzar los fines del Estado democrático y social de derecho y de justicia, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el pensamiento del padre de la patria Simón Bolívar", CONSIDERANDO Que conforme a lo establecido en el artículo 497 del citado Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a participar en la gestión del proceso social de trabajo, CONSIDERANDO Que la oligarquía financiera especulativa ha desarrollado la guerra económica con el firme propósito de impedir que el proceso social de trabajo cumpla su objetivo de consolidar la libertad, la independencia y la soberanía nacional como esencia de la patria; y la satisfacción de las necesidades del pueblo y la creación de las condiciones materiales, sociales y espirituales que permitan a la familia ser el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas y lograr una sociedad justa y amante de la paz. Esencia de la patria socialista, CONSIDERANDO Que conforme a lo establecido en el artículo 499 del citado Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, corresponde al página original (tal como se publicó) [Página 3] Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, cumplir y hacer cumplir esta Ley para garantizar la estabilidad y el desarrollo del proceso social de trabajo y la participación de los trabajadores y trabajadoras como sujeto social protagónico en la gestión directa y democrática de dicho proceso en función de la producción de bienes y la prestación de servicios que satisfagan las necesidades del pueblo, crear fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población, generar la ciencia, la técnica y la tecnología soberanía económica del país, con la finalidad de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. DECRETO Artículo 1°. Se modifica la denominación del Ministerio del Ministerio del Poder Popular para-el Proceso Social de Trabajo. . El Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, continuará ejerciendo las competencias asignadas por el ordenamiento jurídico vigente al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social. Artículo 2°. En virtud de la modificación de la denominación a Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, el titular de ese Despacho pasará a denominarse Ministro o Ministra del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.. Artículo 3°. El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo resolverá todo lo que resulte necesario para materializar el cambio de denominación regulado en los artículos precedentes, de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable, y atendiendo a los principios de eficiencia y continuidad administrativa. Artículo 4°. Se ordena que en una futura reforma del Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional sea incorporado lo establecido en el presente Decreto. Artículo 5°. Queda encargado de la Ejecución del presente Decreto el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. Artículo 6°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.) mnw NICOLÁMADURO MOROS Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.) CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.) MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) ELÍAS JAUA MILANO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación (L.S.) JORGE GIORDANI Refrendado El Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Defensa (L.S.) CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS 1 Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Comercio (L.S.) DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para Industrias (L.S.) JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) YVÁN EDUARDO GIL PINTO Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación (L.S.) HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (L.S.) FRANCISCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ página original (tal como se publicó) [Página 4] Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (L.S.) JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre (L.S.) HAIMAN EL TROUDI DOUWARA Refrendado EL Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.) HEBERT JOSUE GARCÍA PLAZA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (L.S.) RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) MIGUEL LEONARDO RODRIGUEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (L.S.) MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.) REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) FÉLIX RAMÓN OSORIO GUZMÁN Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) FIDEL ERNESTO BARBARITO HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.) ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR Refrendado El Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica (L.S.) JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Juventud (L.S.) VÍCTOR JOSÉ CLARK BOSCÁN 1 Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARÍA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.) ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK Refrendado El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Central (L.S.) DIEGO ANTONIO GUERRA BARRETO Refrendado El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Occidental (L.S.) LUIS RAMÓN REYES REYES Refrendado La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Llanos (L.S.) NANCY EVARISTA PEREZ SIERRA Refrendado La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Oriental (L.S.) MARIA PILAR HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ Refrendado El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Guayana (L.S.) CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO Refrendado La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral de la Zona Marítima y Espacios Insulares (L.S.) MARLENE YADIRA CÓRDOVA DE PIERUZZI Refrendado El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Andes (L.S.) CELSO ENRIQUE CANELONES GUEVARA Decreto N° 932 29 de abril de 2014 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas página original (tal como se publicó) [Página 5] que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el numeral 16 del artículo 236 ejusdem, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública, concatenado con la Cláusula Décima del Acta Constitutiva y Estatutaria de la Fundación Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez, y en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4°, 18, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Vicepresidente Ejecutivo de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 9.402 de fecha 11 de Marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.126 de fecha 11 de Marzo de 2013. DECRETO ArtíCulo 1°. NombrO PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN MADRES DEL BARRIO "JOSEFA JOAQUINA SÁNCHEZ", a la ciudadana MAGALY VIDIA NEWTON CARRERA, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.029.634, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 2º. Delego en la Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, la juramentación de la referida ciudadana. Artículo 3º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15º de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.) AEBERTO ARREAZA MONTSERRAT : Refrendado Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR Decreto N° 933 29 de abril de 2014 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el numeral 16 del artículo 236 ejusdem, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en el artículo 49 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, concatenado con lo dispuesto en los artículos 4°, 18, 19 y 20 numeral 7 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Vicepresidente Ejecutivo de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Mcros, según Decreto N° 9.402 de fecha 11 de Marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.126 de fecha 11 de Marzo de 2013. DECRETO ArtíCulo 1°. NombrO PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAMUJER), en calidad de ENCARGADA, a la CiUdadana ISABEL YEKUANA MARTÍNEZ LÓPEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-18.505.460, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 2º. Delego en la Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, la juramentación de la referida ciudadana. Artículo 3º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15º de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.) BERTO ARREAZ MONTSERRAT *' -: Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR Decreto N° 934 29 de abril de 2014 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y página original (tal como se publicó) [Página 6] éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y numerales 1 y 2; del artículo 236, ejusdem, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2°, 7° y 8° de la Ley sobre la Condecoración "Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela" en cumplimiento del deber histórico de honrar a quienes con su esfuerzo, sacrificio y entrega han contribuido a la consolidación del supremo ideal de la felicidad y de la libertad del pueblo venezolano, CONSIDERANDO Que el Ejecutivo Nacional, a través de la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela, busca reconocer a todos los Hombres y Mujeres que en ejercicio de sus actividades, han contribuido a la formación de la Patria, CONSIDERANDO Que el siempre consecuente Eliézer Otaiza, con su incondicional compromiso revolucionario, espíritu luchador y lealtad a la Patria Grande se dedicó a la defensa de los más excelsos valores para salvaguardar la seguridad de nuestro pueblo, hoy y siempre permanecerá vivo en el corazón de la Nación que lo vio nacer, CONSIDERANDO Que siendo un oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rindió su vida en el cumplimiento de su deber, forjado su espíritu en la protección y resguardo del pueblo más humilde, logrando con su heroicidad encender la llama del combatiente y glorioso pueblo de Venezuela, en una demostración sin precedentes de arrojo y valentía, CONSIDERANDO Que su inexpugnable lealtad al Comándate Supremo Hugo Chávez lo convirtió en digna referencia y ejemplo del hombre luchador y fiel a los principios revolucionarios, ocupó destacados cargos en la República Bolivariana de Venezuela cumpliendo a cabalidad y decoro todas las misiones encomendadas en pro de la construcción de la Patria Socialista. DECRETO Artículo 1°. Se confiere la "Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela" Post-Mortem en virtud de la respetable pasión y dedicación manifestada con su conducta ejemplar; hoy la Patria llora de tristeza por su partida y lo premia con dignidad en nombre del pueblo venezolano, al convertirse en referencia de la Revolución Bolivariana. iHonor y Gloria! "ORDEN LIBERTADORES LIBERTADORAS Y DE VENEZUELA" PRIMERA CLASE "ESPADA” ELIÉZER OTAIZA C.I. V- 7.083.863 "Formémonos una patria a toda costa y todo lo demás será tolerable". Simón Bolívar Dado en Caracas, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.) NICOLÁS MADURO MOROS Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro de Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.) MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ TORRES Decreto Nº 935 29 de abril de 2014 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación del Estado venezolano, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 11 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 80 y 91 ejusdem, y de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 129 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en Consejo de Ministros, CONSIDERANDO Que el Estado debe garantizar el derecho del trabajador y de la trabajadora a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, siendo una parte del logro de la mayor suma de felicidad posible que El Libertador legó como objetivo de la Nación, CONSIDERANDO Que es obligación del gobierno revolucionario tomar medidas para proteger el sueldo de los trabajadores y las trabajadoras contra la guerra económica que generó una inflación inducida por la oligarquía apátrida, CONSIDERANDO Que la República Bolivariana de Venezuela ha suscrito y ratificado los convenios números 26, 95 y 100 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), relativos al establecimiento de métodos para la fijación de salarios mínimos, a la protección del salario y a la igualdad de la remuneración de los trabajadores y las trabajadoras, página original (tal como se publicó) [Página 7] CONSIDERANDO Que debe mantenerse, para cumplir con el compromiso democrático, la igualdad, la política de recuperación sostenida del poder adquisitivo de la población venezolana, así como la dignificación de la remuneración del trabajo, y, de igual manera, el desarrollo de un modelo productivo soberano, basado en la justa distribución de la riqueza, capaz de generar trabajo estable y de calidad, CONSIDERANDO Que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, promulgado por el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, en mayo de 2012, establece que el Estado debe fijar cada año el salario mínimo el cual deberá ser igual para todos los trabajadores y trabajadoras en el territorio Nacional y que debe pagarse en moneda de curso legal. DECRETO Artículo 1°. Se fija un aumento del treinta por ciento (30%) del salario mínimo mensual obligatorio en todo el Territorio Nacional, para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores público y privado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º de este Decreto, quedando, a partir del 1º de mayo de 2014, en la cantidad de CUATRo MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN BOLÍVARES CON CUARENTA CÉNTIMOS (Bs. 4.251,40) mensuales, esto es, CIENTO CUARENTA Y ÙN BOLÍVARES CON SETENTA Y UN CÉNTIMos (Bs. 141,71) diarios, por jornada diurna. Artículo 2°. Se fija un aumento del treinta por ciento (30%) del salario mínimo mensual obligatorio en todo el Territorio Nacional, para los adolescentes y las adolescentes aprendices, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del Título V del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, quedando, a partir del 1º de mayo de 2014, en la cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN BOLÍVARES CON SETENTA CÉNTIMOs (Bs. 3.161,70) mensuales, esto es, CIENTO CINCO BOLÍVARES CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 105,39) diarios, por jornada diurna. Cuando la labor realizada por los adolescentes y las adolescentes aprendices sea efectuada en condiciones iguales a la de los demás trabajadores y trabajadoras, su salario mínimo será el establecido en el artículo 1º del presente Decreto, de conformidad con el artículo 303 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Artículo 3°. Los salarios mínimos fijados en los artículos anteriores deberán ser pagados en dinero en efectivo y no comprenderán, como parte de los mismos, ningún tipo de salario en especie. Artículo 4°. Se fija como monto mínimo de las pensiones de los jubilados y las jubiladas, pensionados y pensionadas de la Administración Pública, el salario mínimo obligatorio establecido en el artículo 1º del presente Decreto. Artículo 5°. Se fija como monto mínimo de las pensiones otorgadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.v.S.s.), el salario mínimo obligatorio establecido en el artículo 1º del presente Decreto. Artículo 6°. Cuando la relación de trabajo se hubiere convenido a tiempo parcial, el salario estipulado como mínimo podrá someterse a lo dispuesto en el artículo 172 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en cuanto fuere pertinente. Artículo 7°. El pago de un salario inferior a los estipulados como mínimos en este Decreto, obligará al patrono o patrona a su pago de acuerdo a lo establecido en el artículo 130 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y dará lugar a las sanciones indicadas en el artículo 533, ejusdem. Artículo 8°. Se mantendrán inalterables las condiciones de trabajo no modificadas en este Decreto, salvo las que se adopten o acuerden en beneficio del trabajador y la trabajadora. Artículo 9°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir del 1º de mayo de 2014. Artículo 10. El Ministro o la Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social queda encargado o encargada de la ejecución del presente Decreto. Dado en Caracas, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, UE (L.S.) NICOLÁSMADURO MOROS Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.) CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.) MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) ELÍAS JAUA MILANO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación (L.S.) JORGE GIORDANI Refrendado El Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Defensa (L.S.) CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Comercio (L.S.) DANTE RAFAEL RIVAS QUIIADA Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para Industrias (L.S.) JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA página original (tal como se publicó) [Página 8] Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) YVÁN EDUARDO GIL PINTO Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación (L.S.) HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (L.S.) FRANCISCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social 4 s.) JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre (L.S.) HAIMAN EL TROUDI DOUWARA Refrendado EL Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.) HEBERT JOSUE GARCÍA PLAZA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (L.S.) RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO · Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) MIGUEL LEONARDO RODRIGUEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (L.S.) MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.) REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) FÉLIX RAMÓN OSORIO GUZMÁN Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) FIDEL ERNESTO BARBARITO HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.) ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR Refrendado El Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica (L.S.) JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Juventud (L.S.) VÍCTOR JOSÉ CLARK BOSCÁN Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARÍA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.) ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLIAK Refrendado El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Central (L.S.) DIEGO ANTONIO GUERRA BARRETO Refrendado El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Occidental (L.S.) LUIS RAMÓN REYES REYES Refrendado La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Llanos (L.S.) NANCY EVARISTA PEREZ SIERRA Refrendado La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Oriental (L.S.) MARIA PILAR HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ Refrendado El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Guayana (L.S.) CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO Refrendado La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral de la Zona Marítima y Espacios Insulares (L.S.) MARLENE YADIRA CÓRDOVA DE PIERUZZI Refrendado El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Andes (L.S.) CELSO ENRIQUE CANELONES GUEVARA página original (tal como se publicó) [Página 9] VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA AVISO OFICIAL Por cuanto en el Decreto Nº 882, de fecha 08 de abril de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.389, de la misma fecha, mediante el cual se acordó un crédito adicional por la cantidad de Dos MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA BOLÍVARES CÉNTIMOS CON DIECINUEVE (Bs. 2.462.241.080,19), al Presupuesto de Gastos 2014 del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ, de aCUerdo con la imputación presupuestaria que allí se indica, existen discrepancias en los originales, se procede en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84° de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley de Publicaciones Oficiales, a una nueva impresión, con la corrección de las discrepancias presentadas con los originales, manteniéndose el número, fecha del Decreto y demás datos a que hubiere lugar. Dado en Caracas, a los veintinueve días (29) del mes de abril de dos mil catorce. Años,204° de la Independencia, 155º de la Federación y 15º de la Revolución Bolivariana. Comuníquese y Publíquese Por el Ejecutivo Nacional GE AEBERTO ARREAZA MONTSERRAT Vicepresidente Ejecutivo Decreto N° 882 08 de abril de 2014 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los principios humanistas y en las condiciones morales y éticas Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 13 del artículo 236 y 314 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y 3° de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto vigente, y previa autorización concedida por la Asamblea Nacional, en Consejo de Ministros. JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Vicepresidente Ejecutivo de la República Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 9.402 de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.126 de la misma fecha. DECRETA Artículo 1°. Se acuerda un crédito adicional por la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA OCHENTA Y UN MIL BOLÍVARES CÉNTIMOS CON DIECINUEVE (Bs. 2.462.241.080,19), al Presupuesto de Gastos 2014 del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ, de aCUerdo con la siguiente imputación presupuestaria: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES 2.462.241.080,19 Bs. INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Proyecto: 260035000 "Transferencias para financiar los programas y proyectos de Entidades Federales y Municipios" 2.462.241.080,19 Acción 260035001 "Transferencias para financiar los programas y proyectos de Entidades Federales" 1.885.986.272,19 "Transferencias y 4.07 donaciones" 1.885.986.272.19 - Otras Fuentes Sub-Partida Genérica, Especifica y Sub- "Transferencias corrientes al Específica: 01.03.10 1.885.986.272,19 Poder Estadal" Estado E5100 11.160.829,00 Amazonas E5200 116.939.638,00 Estado Anzoátegui E5300 Estado Apure 49.794.419,00 E5400 Estado Aragua 160.921.198,00 E5500 Estado Barinas 80.067.984,00 E5600 Estado Bolivar 63.984.465,00 E5700 Estado Carabobo 107.705.038,00 E5800 Estado Cojedes 48.369.303,00 E5900 Estado Delta 19.294.775,00 Amacuro E6000 Estado Falcón 89.360.315,00 E6100 Estado Guárico 64.780.334,00 E6200 Estado Lara 178.321.927,00 E6300 Estado Mérida 91.001.033,00 E6400 Estado Miranda 54.321.904,00 E6500 Estado Monagas 80.730.116,00 E6600 Estado Nueva Esparta 30.025.148,00 E6700 Estado 123.044.249,00 Portuguesa E6800 Estado Sucre 81.994.161,00 E6900 Estado Táchira 98.191.899,00 E7000 Estado Trujillo 91.251.112,00 E7100 Estado Yaracuy 51.129.417,00 E7200 159.226.991,19 Estado Zulia E7300 34.370.017,00 Estado Vargas Acción "Transferencias para Especifica: 260035002 Financiar los Programas y los Proyectos de Municipios" 576.254.808,00 "Transferencias y 4.07 donaciones" 576.254.808.00 - Otras Fuentes Sub-Partidas Genéricas, Especificas y Sub- Especificas: "Transferencias corrientes al 01.03.11 Poder Municipal" 576.254.808,00 37.261.127,00 E5000 Distrito Capital E5001 Municipio Libertador 37.261.127,00 E5100 Estado Amazonas 1.365.603,00 E5101 Municipio Atures 1.365.603,00 E5200 Estado Anzoátegui 68.655.858,00 9.518.504,00 E5201 Municipio Anaco E5203 Municipio Simón 8.715.780,00 Bolivar E5207 Municipio Diego Bautista Urbaneja 8.398.203,00 E5208 Municipio Pedro María Freites 3.015.933,00 E5209 Municipio San José de Guanipa 3.501.020,00 E5210 7.243.303,00 Municipio Guanta E5212 Municipio Libertad 1.081.156,00 E5213 Municipio Francisco 3.443.802,00 de Miranda E5214 Municipio José Gregorio Monagas 1.311.792,00 E5215 Municipio Fernando 4.170.315,00 de Peñaiver ES217 Municipio Simón Rodriguez 5.720.303,00 Municipio Juan E5218 página original (tal como se publicó) [Página 10] Antonio Sotillo 12.535.747,00 E5300 Estado Apure 4.121.673,00 E5304 Municipio Páez 895.194,00 E5307 Municipio San 3.226.479,00 Fernando E5400 Estado Aragua 24.979.689,00 E5401 2.429.425,00 Municipio Sucre Municipio Girardot E5404 10.071.073,00 E5406 Municipio José Félix Ribas 2.979.911,00 Municipio Santiago E5408 Mariño 2.207.404,00 E5413 Municipio Tovar 477.850,00 Municipio Zamora E5415 4.398.436,00 E5417 Municipio Francisco 1.805.599,00 Linares Alcántara E5418 Municipio Ocumare 609.991,00 de la Costa de Oro E5500 Estado Barinas 8.773.574,00 E5502 Municipio Antonio José de Sucre 733.240,00 E5504 8.040.334,00 Municipio Barinas Estado Bolivar E5600 9.246.251,00 E5601 Municipio Caroni 6.839.426,00 Municipio Heres E5605 1.696.034,00 E5606 Municipio Piar 710.791,00 E5700 Estado Carabobo 64.012.743,00 E5701 Municipio Bejuma 1.899.125,00 Municipio Carlos E5702 913.410,00 Arvelo E5703 Municipio Diego Ibarra 2.418.911,00 8.199.960,00 E5704 Municipio Guacara E5705 Mora 2.656.590,00 Municipio Miranda 1.882.669,00 E5706 E5708 Municipio Puerto 10.854.218,00 Cabello E5709 Municipio San 2.652.878,00 Joaquín E5710 Municipio Valencia 16.626.173,00 E5712 Municipio Los Guayos 4.102.084,00 E5713 Municipio Naguanagua 5.124.777,00 E5714 Municipio San Diego 6.681.948,00 E5800 Estado Cojedes 6.125.396,00 E5802 2.053.924,00 Municipio Falcón 622.391,00 E5805 Municipio Ricaurte E5806 Municipio San Carlos 2.228.564.00 E5807 315.791,00 E5809 Municipio Rómulo Gallegos 904.726,00 E5900 Estado Delta Amacuro 4.455.104,00 E5901 2.826.743,00 Municipio Tucupita E5903 Municipio Casacoima 1.628.361,00 Estado Falcón E6000 8.392.875,00 E6005 Municipio Carirubana 3.185.495,00 E6015 Municipio Miranda 5.207.380,00 E6100 11.026.326,00 Estado Guárico E6104 Municipio Leonardo 2.196.525,00 Infante E6107 Municipio Francisco de Miranda 2.910.357,00 E6108 Municipio José 1.617.871,00 Tadeo Monagas E6110 Municipio José Félix 849.487,00 Ribas E6111 Municipio Juan 2.972.826,00 Germán Roscio E6114 Municipio Pedro 479.260,00 Zaraza E6200 Estado Lara 13.398.264,00 E6201 Municipio Andrés Eloy Blanco 1.470.572,00 E6203 Municipio Iribarren 11.927.692,00 Estado Mérida E6300 4.027.852,00 Municipio Campo E6306 Elias 1.169.194,00 E6312 Municipio Libertador 2.858.658,00 E6400 Estado Miranda 148.036.552,00 E6401 Municipio Acevedo 2.879.547,00 Municipio Andrés E6402 Bello 1.810.012,00 E6403 Municipio Baruta 15.486.211,00 Municipio Brión E6404 3.865.646,00 Municipio Carrizal E6405 2.915.455,00 Municipio Cristóbal E6406 8.913.339,00 Rojas E6407 Municipio Buroz 1.924.729,00 E6408 Municipio Chacao 24.031.128,00 E6409 Municipio Guaicaipuro 5.348.438,00 E6410 5.191.591,00 E6411 Municipio Independencia 6.853.384,00 E6412 Municipio Lander 3.418.594,00 Municipio Los Salias E6413 2.776.736,00 Municipio Páez E6414 2.632.147,00 E6415 Municipio Paz 3.510.182,00 Castillo Municipio Pedro E6416 2.383.283,00 Gual E6417 Municipio Plaza 11.706.285,00 Municipio Simón E6418 1.610.272,00 Bolivar Municipio Sucre E6419 26.832.920,00 E6420 3.330.470,00 Municipio Urdaneta E6421 10.616.183,00 Municipio Zamora Estado Monagas E6500 27.689.457,00 E6507 Municipio Maturin 25.264.862,00 E6508 Municipio Piar 2.424.595,00 E6600 Estado Nueva 10.667.816,00 Esparta E6602 Municipio Arismendi 1.007.289,00 Municipio Maneiro E6606 2.833.226,00 E6608 Municipio Mariño 6.081.443,00 E6609 Municipio Península de Macanao 745.858,00 E6800 Estado Sucre 12.854.985,00 Municipio Andrés E6801 Eloy Blanco 461.046,00 E6804 Municipio Benitez 1.326.129,00 E6805 Municipio Bermúdez 1.418.547,00 E6806 Municipio Bolivar 935.473,00 Municipio Mariño E6810 708.490,00 E6814 Municipio Sucre 6.079.165,00 E6815 Municipio Valdez 1.926.135,00 Estado Táchira E6900 7.661.575,00 Municipio Cárdenas 1.371.803,00 E6904 E6919 Municipio San 5.068.656,00 Cristóbal E6928 Municipio Torbes 1.221.116,00 E7000 Estado Trujillo 6.308.985,00 Municipio Boconó E7001 1.371.116,00 E7011 Municipio Sucre 2.557.452,00 E7019 Municipio La Ceiba 2.380.417,00 582.450,00 E7100 Estado Yaracuy E7103 Municipio José 582.450,00 Antonio Páez E7200 Estado Zulia 85.592.347,00 1.576.283,00 Municipio Baralt E7202 E7203 4.958.825,00 Municipio Cabimas E7204 Municipio 1.050.272,00 Municipio Colón E7205 2.646.362,00 E7207 Municipio La Cañada 2.415.889,00 de Urdaneta E7208 Municipio Lagunillas 5.344.761,00 E7209 Municipio Mara 2.485.610,00 Municipio Maracaibo E7210 23.834.590,00 Municipio Miranda E7211 5.678.553,00 E7212 Bolivariano Guajira 1.363.256,00 E7213 Municipio Machiques 5.511.954,00 de Perijá E7214 Municipio Rosario de Perijá 2.209.520,00 E7218 Municipio Francisco Javier Pulgar 1.477.138,00 E7219 Municipio Jesús María Semprún 2.082.064,00 E7220 Municipio San Francisco 22.957.270,00 E7300 Estado Vargas - 11.018.306,00 E7301 Municipio Vargas 11.018.306,00 página original (tal como se publicó) [Página 11] Artículo 2°. Los Ministros del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Economía, Finanzas y Banca Pública, quedan encargados de la ejecución del presente Decreto. Dado en Caracas, a los ocho días del mes de abril de dos mil catorce. Años 203° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.) CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.) MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) ELÍAS JAUA MILANO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación (L.S.) JORGE GIORDANI Refrendado El Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Defensa (L.S.) CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS Refrendado El Ministro del Poder Popuiar para el Comercio (L.S.) DANTE RAFAEL RIVAS QUIDADA Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para Industrias (L.S.) JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) YVÁN EDUARDO GIL PINTO Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación (L.S.) HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (L.S.) FRANCISCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (L.S.) JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre (L.S.) HAIMAN EL TROUDI DOUWARA Refrendado EL Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.) HEBERT JOSUE GARCÍA PLAZA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (L.S.) RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) MIGUEL LEONARDO RODRIGUEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnologia e Innovación (L.S.) MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.) REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) FÉLIX RAMÓN OSORIO GUZMÁN Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) FIDEL ERNESTO BARBARITO HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.) ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indigenas (L.S.) ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR Refrendado El Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica (L.S.) JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Juventud (L.S.) VÍCTOR JOSÉ CLARK BOSCÁN Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARÍA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.) ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLIAK Refrendado El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Central (L.S.) DIEGO ANTONIO GUERRA BARRETO página original (tal como se publicó) [Página 12] Refrendado El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Occidental (L.S.) LUIS RAMÓN REYES REYES Refrendado La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Llanos (L.S.) NANCY EVARISTA PEREZ SIERRA Refrendado La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Oriental (L.S.) MARIA PILAR HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ Refrendado El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Guayana (L.S.) CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO Refrendado La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral de la Zona Marítima y Espacios Insulares (L.S.) MARLENE YADIRA CÓRDOVA DE PIERUZZI Refrendado El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Andes (L.S.) CELSO ENRIQUE CANELONES GUEVARA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO DESPACHO DEL PRESIDENTE RESOLUCION N° 001. CARACAS, 06 DE MARZO DE 2014 AÑOS 203° y 154° El Presidente del Consejo Federal de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 9.401 de fecha 08 de marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.126 de fecha 11 de marzo de 2013, en relación con lo preceptuado en el artículo 185 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a tenor de lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.503 de fecha 06 de septiembre de 2010, en concordancia con lo previsto en el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.181 de fecha 19 de mayo de 2009, RESUELVE Artículo 1: Constituir la Comisión de Contrataciones del Fondo de Compensación Interterritorial, que tendrá la atribución de intervenir en todos los procesos relacionados con la selección de contratistas para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento. Artículo 2: Designar como miembros principales y suplentes de la Comisión de Contrataciones del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) a los siguientes ciudadanos y ciudadanas: ÁREA MIEMBRO SUPLENTE MIEMBRO PRINCIPAL Enrique Moreno Magleny Infante Cédula de identidad Cédula de identidad N° V-15.152.602 N° V- 10.516.252 Económico Financiera Claudia Tarquini Xiaoni Sánchez Cédula de identidad Cédula de identidad N° V-13.136.448 N° V- 18.813.424 Jesús Rojas Rubén Tiapa Jurídica Cédula de identidad Cédula de Identidad N° V-15.713.956 N° V- 6.023.398 Miguel Brito Jean Márquez Técnica Cédula de identidad Cédula de identidad N° V-13.892.048 N° V- 15.910.045 Artículo 3: Designar a la ciudadana Yenissi Romero, titular de la Cédula de Identidad N° V- 18.814.609, como Secretaria de la Comisión de Contrataciones del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), con derecho a voz más no a voto, con las siguientes atribuciones: 1. Convocar y coordinar las reuniones de la Comisión de Contrataciones del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) para la Contratación y ejecución de obras, adquisición de bienes y contratación de servicios. 2. Levantar el acta que a cada acto corresponda, llevar el control de su archivo y formar los expedientes de los procesos de Contrataciones. 3. Suscribir invitaciones a participar en las diferentes modalidades de contrataciones. 4. Suscribir los oficios y correspondencia interna y externa, cuya atención sea competencia de la Comisión de Contrataciones, a excepción del otorgamiento y notificación de la Adjudicación. 5. Certificar copias de los documentos cuyos originales reposen en el archivo de la Comisión de Contrataciones. 6. Las demás atribuciones previstas en la Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento. Artículo 4: El Secretario o Secretaria deberá presentar mensualmente a la Comisión de Contrataciones, un informe general de todos los actos que firme con fundamento en esta Resolución. Artículo 5: El Auditor Interno o Auditora Interna del Fondo de Compensación Interterritorial, podrá actuar como observador en los actos públicos que se celebren durante los procedimientos de contratación o designar representantes de su unidad para que actúen como observadores. Artículo 6: La Comisión de Contrataciones deberá velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en Ley Contrataciones Públicas, su Reglamento y demás normativas que regulen la materia. Artículo 7: La Comisión de Contrataciones podrá designar equipos técnicos de trabajo para analizar las ofertas recibidas en los procedimientos de selección de contratistas, en atención a la complejidad de las obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios de que se trate. Artículo 8: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. UVARIANSamuníquese y publíquese el Ejecutivo Nacional, (** * * JORGE ALBERTO ARREAZA MONSERRAT icepresidente Ejecutivo Presidente del Consejo Federal de Gobierno página original (tal como se publicó) [Página 13] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL Caracas, 1 6ABR 2014 AÑOS 203* Y 155* PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 001/2014, El Director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), ciudadano GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ, titular de la cédula de Identidad N° V-5.726.284, designado mediante Decreto N° 793 de fecha 17 de febrero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.357 de 17 de febrero de 2014, en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 8 numerales 1 y 15 del Reglamento Orgánico del Servicio Bolivarlano de Inteligencia Nacional, contenido en el Decreto N° 9.446 de fecha 01 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.153 de fecha 24 Procedimientos Administrativos, y en atención a lo establecido en ;los artículos 4 y 5 de la Providencia Administrativa N° 004-2012 dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos, en fecha 23 de octubre de 2012 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.054 de fecha 20 de noviembre de 2012, relativa a las Normas Generales sobre Licitación para la Venta y Permuta de Bienes. Públicos, dicta lo siguiente: Artículo 1. Se Crea el Comité de Licitaciones, del Servicio Bolivarlano de Inteligencia- Nacional (SEBiN). para la Venta y Permuta de Bienes Públicos, el cual estará cumplimiento de las finalidades del Servicio y los que hubiesen sido desincorporados Rango, Valor y Fuerza de Lay Orgánica de Bienes Públicos y la Providencia Administrativa anteriormente mencionada. Articulo 2. El comité de Licitaciones de Bienes Públicos estará Integrando por cinco (5) miembros, cada miembro principal contara con un (1) suplente. Los miembros actuaran en representación de las Áreas Jurídica, económica, financiera y técnica, Miembros Principales: Cédula de Funcionario Identidad V.- 13.308.721 Jurídica Dennys José Hemández Santos V.- 4.525.292 Económica Rafael Gerardo Arrieta Virla V.- 12.388.226 Miguel Alexander López Mujica Financiera V.- 16.414.223 Eudia Antonio Silva Yarl Técnica V.- 10.520.377 Diego Federman Ferrer Bravo Técnica Miembros Suplentes: Cédula de Funcionario Identidad V.- 7.261.059 Milagros de la Soledad Vásquez Alcalá Jurídica Económica Wilmer Humberto Martinez Ortega V.- 13.886.538 V.- 6.869.403 José Manuel Salas Patiño Financiera V.-.10.380.946 Técnica Karl Lenin Vásquez Terán V.- 10.382.075 Técnica Samira Claret Montoya González Articulo 3. Se designa a la ciudadana YUGES ALOHA ESTANGA, titular de la cédula de Identidad N° V-17.139.936, Secretaria del Comité de Licitaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBiN), para la Venta y Permuta de Bienes Públicos, con derecho a voz más no a voto. sus funciones a,tiempo parcial y deberán velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Providencia Administrativa N° 004-2012 dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.054 de fecha 20 de noviembre de 2012, contentiva de las Normas Generales sobre Licitación para la Venta y Permuta de Bienes Públicos y demás normativas que regulan la materia. Artigulo 5. La Contraloría General de la República y la Unidad de Auditoría Interna de la Vloepresidencia de la República, podrán designar representantes para que actúen · Coma observadores, sin derecho a voto, en los procesos licitatorios convocados por el Servicio Bolivarlano de Inteligencia Nacional. Articulo 6. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuniquese y Publiquese, Souceee GUSTAVO ENRIQUE GÓNZALEZ LÓPEZ DE EGTOR DEL SERVICIO. BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL Decrelo N° 793 de feche 17/022014 publiodo en le Gecela Ofcial de ia Repblica Boliviriana de Venszuela N° 40.367 de feche 17/02/2014. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA SENIAT 2 9 ABR 2014 Carasas 204° y 188° Quien suscribe, JOSE DAVID CABELLO ROnDON, titular de la cédula de Identidad N9 10.300.226, Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria - SENIAT, en mi condición de máxima autoridad conforme lo establece el articulo 7 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.320 de fecha 08 de noviembre de 2001, y en uso de las atribuciones Providencia Administrativa que dicta la Reforma Parcial del Estatuto del Sistema de Recursos Humanos del SENIAT, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.292 de fecha 13 de octubre de 2005, articulo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.661 de fecha 11 de abril de 2007, la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 Extraordinario, de fecha 12 de agosto de 2005, dicto la siguiente: 0016 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° SNAT-2014- Artículo 1. Designo al funcionario RAFAEL EDUARDO BLANCO RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad N° 9.295.471, como Gerente Regional de Tributos Internos de cargo , señaladas en el Artículo 94 de la Resolución 32 de fecha 24 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela el 29 de marzo de 1995, bajo el N° 4.881, EXTRAORDINARIO, sobre la Organización, Atribuciones y Funciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria Artículo 2. Designo al mencionado funcionario, responsable de la Unidad Administradora Desconcentrada de la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) para el ejercicio fiscal 2014. Articulo 3. Delego en el mencionado funclonaro la facultad pars ordenar compromisos y pagos hasta por un monto de 1000 U.T. Articulo 4. En los actos y documentos suscritos en ejercicio de esta delegación, se deberá indicar el número y fecha de la presente Providencia, asl como el número de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y la fecha de publicación. Artículo 5. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuniquese y Publiquese. JOSE BAMID CABELLO RONDON SUPERINTNDEN NACIONAL ADUANERO Y TRIBUTARIO Decreto N° 5.851 de fecha 01-02-2008 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.883 del 01-02-2008 . REFUSLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Caracas, 2 9 ABR 2014 204° y 155° Quien suscribe, JOSE DAVID CABELLO RONDON, titular de la cédula de identidad N° 10.300.226, Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria - SENiAT, en mi condición de máxima autoridad conforme lo establece el articulo 7 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de que me confieren los numerales 3 y 9 del artículo 10 de la citada Ley, articulo 21 de la Providencia Administrativa que dicta la Reforma Parcial del Estatuto del Sistema de Recursos Humanos del SENIAT, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.292 de fecha 13 de octubre de 2005, artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.661 de fecha 11 de abril de 2007, artículos 48, 49 y 51 del Reglamento N° 1 sobre el sistema presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 Extraordinario, de fecha 12 de agosto de 2005, dicto la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° SNAT-2014-00 17 Artículo 1. Designo al ciudadano RICARDO ALI RODRIGUEZ , titular de la cédula de identidad N° 9.907.286, como Gerente Regional de Tributos Internos de la Región página original (tal como se publicó) [Página 14] publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela el 29 de marzo de 1995, bajo el N° 4.881, EXTRAORDINARIO, sobre la Organización, Atribuciones y Funciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria Artículo 2. Designo al mencionado ciudadano, funcionario responsable de la Unidad Administradora Desconcentrada de la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) para el ejercicio fiscal 2014. pagos hasta por un monto de 1000 U.T. Articulo 4. En los actos y documentos suscritos en ejercicio de esta delegación, se deberá indicar el número y fecha de la presente Providencia, asl como el número de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y la fecha de publicación. Artículo 5. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuniquese y Publíquese. POOER DE OSE DAYID CABELLO RONDON SUPERINTENDENTECIONAL ADBANERO Y TRIBUTARIO DecrataE.851 de fecna 01-02-2008 iv Otode la República Bolivariana de Venezueia N° 38.863 del 01-02-2008 SLNIAT Caracas, 2 9 ABR 2014 204° y 165º Quien suscribe, JOSE DAVID BABELLA RONDeN, titular de la cédula de identidad N° 10.300.226, Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria - SENIAT, en mi condición de máxima autoridad conforme lo establece el articulo 7 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.320 de fecha 08 de noviembre de 2001, y en uso de las atribuciones que me confieren los numerales 3 y 9 del artículo 10 de la citada Ley, articulo 21 de la Providencia Administrativa que dicta la Reforma Parcial del Estatuto del Sistema de Recursos Humanos del SENIAT, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.292 de fecha 13 de octubre de 2005, articulo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.661 de fecha 11 de abril de 2007, artículos 48, 49 y 51 del Reglamento N° 1 sobre el sistema presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 Extraordinario, de fecha 12 de agosto de 2005, dicto la siguiente: 0018 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° SNAT-2014-_ Artículo 1. Designo al funcionario RAFAEL EDUARDO FERNANDEZ ADRIAN, titular de la cédula de identidad N° 12.781.871, como Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Insular en calidad de Titular, para que ejerza las competencias asignadas al cargo, señaladas en el Artículo 94 de la Resolución 32 de fecha 24 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela el 29 de marzo de 1995, bajo el N° 4.881, EXTRAORDINARIO, sobre la Organización, Atribuciones y Funciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria. Artículo 2. Designo al mencionado funcionario, responsable de la Unidad Administradora Desconcentrada de la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto ejercicio fiscal 2014. Artículo 3. Delego en el mencionado funcionario la facultad para ordenar compromisos y pagos hasta por un monto de 1000 U.T. Artículo 4. En los actos y documentos suscritos en ejercicio de esta delegación, se deberá indicar el número y fecha de la presente Providencia, así como el número de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y la fecha de publicación. Artículo 5. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuniquese y Publíquese. JOSE DAVIR CABBLLO RONDONL SUPERINTENDENTE NAGIONAL ADUANIERS-Y TRIBUTARIO âerete N hst 0e fecha 01-02-2008 Gaceta Dficlifae la República Bolivariana de Venezuela N° 38.863 del 01-02-2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA Repúblics Bollvariana de Venezueia Ministerio del Poder Popular para la Defensa Compañia Anónima Venezolana de Industrias Militares Presidencia CAVIM N·000572 Caracas, 22 de Abril de 2014. 203° de la Independencia y 155° de la Federación. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Actuando en mi carácter de Presidente de la COMPAÑIA ANONIMA VENEZOLANA DE INDÚSTRIAs MILITAREs (CAVIM) carácter que se evidencia en la Resolución Nro. 003029, de fecha 20 de noviembre de 2013, publicada en Gaceta Oficial Nro. 40.299, de fecha 21 de noviembre de Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 10 de diciembre del 2013, bajo el N° 19, Tomo 144-A y facultado por los Estatutos Sociales en su articulo 18, en concordancia con los articulos 3 y 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Pública. ACUERDA Articulo 1: "CREACIÓN" Se cree la Comisión de Contrataciones perteneciente a la empresa del Estado "Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares" (CAViM) la cual tendrá como función, ejecutar los procedimientos regulados en la Ley de Contrataciones Públicas, para la Adquisición de Bienes, la Contratación de servicios y Ejecución de Obras, la cual tendrá carácter permanente y dependerá jerárquicamente del Presidente. Artículo 2: "ORGANIZACIÓN" La Comisión de Contrataciones perteneciente a la empresa del Estado "Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares® (CAVIM), estará integrado por tres (03) Miembros Principales y sus respectivos suplentes, de calificada competencia profesional y reconocida honestidad, los mismos serán de libre nombramiento y remoción y estarán representadas las áreas Juridica, Técnica y Económica - Financiera; igualmente se designará un secretario y su respectivo suplente quien tendrá derecho a voz, mas no a voto, los integrantes de la Comisión de Contrataciones procesos requeridos. Articulo 3: "ATRIBUCIONES" Venezolana de Industrias Militares" (CAVIM), tendrá las siguientes atribuciones: . Recibir, abrir, analizar directa o indirectamente a través del grupo evaluador interdisciplinario, los documentos relativos a la calificación de los oferentes. Examinar, evaluar y comparar las ofertas recibidas por parte de los oferentes. Verificar o hacer que se verifique la inscripción de los oferentes en el Registro Nacional de Contratistas, en contrataciones cuyo monto estimado sea superior a cuatro mil unidades para ejecución de obras. Industrias Militares" (CAVIM). la designación del sustituto, cuando se produzca la falta absoluta de algún miembro principal o suplente de la Comisión de Contrataciones. . Emitir recomendaciones sobre los asuntos sometidos a su consideración e incluidos en las agendas de reuniones. Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones Pública y con las normativas internas de la empresa. . Considerar y emitir recomendación sobre el régimen legal aplicable, la estrategia de contratación adoptada, la modalidad de selección de contratistas, parámetros, ponderaciones y criterios de selección de oferentes y evaluación de ofertas, el compromiso de responsabilidad social, y sobre cuaiquier otra propuesta que le presente la Unidad Usuaria o la Unidad Contratante. Descalificar oferentes o rechazar ofertas, según sea el caso, que no cumplan con los requisitos o condiciones establecidas en el pliego o que sean inadecuadas a los fines de la empresa. . Determinar, visto el informe del grupo evaluador, las ofertas que en forma integral, resulten más favorables a los intereses de la empresa; todo ello, de conformidad con los requisitos exceda las dos mil quinientas unidades tributarias (2.500 U.T.). para adquisición de bienes y previamente a su presentación al Presidente de la empresa. Considerar y opinar acerca del acto motivado que se someta al Presidente de la empresa, Contratistas, en especial las razones que justifican el uso de dicha modalidad, el fundamento legal, la contratista seleccionada y las ventajas estratégicas, operacionales o administrativas para dicha selección. Decidir los recursos de reconsideración interpuestos por los oferentes en contra de las decisiones de descalificación para participar dentro de los procesos de contratación. · Conocer y recomendar las propuestas de modificaciones en los contratos conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas. Conocer y recomendar las variaciones en los precios establecidos en el contrato, en los casos que le corresponda conocer o que sea solicitado por la Unidad Usuaria o Unidad Contratante. · Aprobar el cierre del contrato y la evaluación sobre la actuación o desempeño del contratista, en el suministro de bienes, prestación de servicios y la ejecución de obras de contrataciones que hayan sido recomendadas por la Comisión, antes de su envio al Servicio Nacional de Contrataciones. .Remitir a la unidad de auditoría interna de la empresa los casos que, producto de la evaluación de actuación o desempeño del contratista, presente supuestos que puedan generar averiguación administrativa para determinación de responsabilidades y establecimiento de las sanciones correspondientes. de servicios y la ejecución de obras, que impliquen desfase significativo del desarrollo de proyectos, o que afecten el periodo contractual, en un lapso mayor de veinte días continuos a partir de la paralización. _Conocer y emitir recomendación acerca de la adquisición de bienes, prestación de servicios y habjat. salud, saneamiento ambiental, entre otros, y desarrollo de proyectos productivos sustégables, aplicando los recursos financieros provenientes de los aportes en dinero u ofertas sociales, en marcados dentro de los Compromisos de Responsabilidad Social que asumen los Contratistas. Comisión de contrataciones, dentro de los veinte (20) dias hábiles siguientes a la designación de la nueva Comisión. Este informe debe ser presentado igualmente cuando se trate del cese de las funciones de alguno de sus miembros. - Ejercer cualquier otra que le señale la legislación aplicable y las normas intemas de La empresa. Establecer con el Presidente de la empresa del Estado "Compañia Anónima Venezolana de prestación de servicios y ejecución de obras, de conformidad con los parámetros establecidos en la normativa legal vigente. Considerar y emitir recomendaciones sobre el régimen legal aplicable, parámetros, página original (tal como se publicó) [Página 15] ciudadanas: MIEMBROS ÁREA MIEMBRO PRINCIPAL MIEMBRO SUPLENTE Tte. Carlos Alberto Perez Leal. My. Naybeth Garcia Campos. JURÍDICA Titular de la C.I. V-17.637.666. Titular de la C.I. V-8.634.683. Cargo: Consultora Juridica Cargo: Asesor Legal MIEMBRO SUPLENTE MIEMBRO PRINCIPAL ECONÓMICA Lic. Jose Damian Prospert. Tcnel. Wilmer R. Peraza Jiménez. Titular de la C.I. V-13.732.901. FINACIERA Titular de la C.I. V-6.203.772. Cargo: Gerente de Administración Cargo: Gerente de Aprovisionamiento MIEMBRO SUPLENTE MIEMBRO PRINCIPAL Ing. Estella Yayani Rengel Fernadez. TÉCNICA Cnel. Jose Martin Raga Garavito. Titular de la C.I. V-15.379.010. Titular de la C.I. V-5.789.441. Cargo: Analista III Cargo: Gerente General de Proyectos Especiales. SUPLENTE PRINCIPAL My. Alfredo Alberto Jaramillo Bastardo My. Yassert Arafat Montiel González. SECRETARIO Titular de la C.I. N° V-11.518.777 Titular de la C.I. N° V-13.242.846, Cargo: Coordinador de Aduanas. Cargo: Coordiñador de Alianza Estratégica... Articulo 4: "UNIDAD DE CONTROL" La unidad de Control Interno de la empresa del Estado "Compañia Anónima Venezolana de articulo 11 de la Ley de Contrataciones Públicas. Artículo 5: "FUNCIONES DEL SECRETARIO" Anónima El Secretario La Comisión de Contrataciones de la empresa del Estado "Compañía Venezolana de Industrias Militares" (CAViM) contarán con las siguientes atribuciones: E 1. Convocar a los miembros de la Comisión de Contrataciones, a las reuniones que se celebren en virtud de los procedimientos de selección de contratistas, asi como, coordinar y dirigir las actuaciones de los procesos de selección. 2. Levantar las actas de cada una de las reuniones de la Comisión de Contrataciones, asi como Voluntad y Ofertas de cada uno de los procedimientos de selección de contratistas. .a. Llevar el Registro, Control y Custodia de los Expedientes de los procedimientos de selección de contratistas desarrollados por la Comisión de Contrataciones, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, asi como el control de su archivo. Asistir a la Comisión de Contrataciones en la elaboración de los pliegos de Condiciones, informes, acta y otros documentos. Suscribir la correspondencia externa e interna sobre las actuaciones de la Comisión de 5. Contrataciones. 6. Tramitar y certificar las copias de los documentos que conforman los expedientes y cualesquiera otras actuaciones de la comisión de Contrataciones. 7. Certificar las copias de las actas y documentos contentivos de las decisiones de la Comisión de Contrataciones. 8. Comisión de Contrataciones. Articulo 6: "JURAMENTACIÓN" Los miembros de la Comisión de Contrataciones y el secretario, antes de asumir sus funciones, deberán prestar juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Leyes de la República, los deberes inherentes a sus funciones y rendir cuentas de sus actuaciones, en los términos y condiciones que determine la Ley. Articulo 7: "VIGENCIA" La presente Providencia entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con lo establecido en el articulo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y gLarticulo 10 de la Ley de Contrataciones Públicas. Comuniquese y Publiquese. Dios Faderación RCorgte AVIM G/B. OSCAR HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ PRESIDEN DE LA COMBNIA ANÓNIMA VENEZOLANA DE INDUSTRIAS MILITARES SIDENgún resolución N° 003029 del 20NOv13 Gaceta Oficial N° 40299 del 21NOV13 República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Defensa Compañia Anónima Venezolana de industrias Militares Presidencia N°000573 CAVIM Caracas, 22 de Abril de 2014. 203° de la Independencia y 155º de la Federación. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Actuando en mi carácter de Presidente de la COMPAÑIA ANONIMA VENEZOLANA DE INDÚsTRIAs MILITAREs (CAVIM) carácter que se evidencia en la Resolución Nro. 003029, de fecha 20 de noviembre de 2013, publicada en Gaceta Oficial Nro. 40.299, de fecha 21 de noviembre de 2013 y Acta de Asambiea de Accionista inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 10 de diciembre del 2013, bajo el N° 19, Tomo 144-A. y facultado por los Estatutos Sociales en su artículo 18, en concordancia con los articulos 73, 75, 76, 77. 79 y 83 del Decreto N° 9.041 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos y con la Providencia N° 004-2012 de fecha 23 de octubre de 2012, suscrita por la Superintendencia de Bienes Públicos, publicada en Gaceta Oficial N° 40.053, de fecha 16 de noviembre de 2012, mediante la cual se dictan las "Normas Generales sobre la Licitación para la Vena y Permuta de Bienes Públicos". ACUERDA Artículo 1: "CREACIÓN" Se crea el comité de Licitaciones para la Enajenación de Bienes Muebles Públicos pertenecientes a la empresa del Estado "Compañia Anónima Venezolana de Industrias Militares" (CAVIM) bajo las modalidades de venta, permuta, dación en pago, aporte del bien al capital social de sociedades pertenecientes a la empresa, la cual tendrá carácter permanente y dependerá jerárquicamente del Presidente. Artículo 2: "OBJETO" empresa del Estado "Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares" (CAVIM), tendrá como objeto la ejecución de los procedimientos necesarios para la venta, permuta, dación en pago, aporte del bien al capital social de sociedades mercantiles del Estado, donación y mediante otros tipos de operaciones legalmente permitidas, siempre que dichos bienes muebies no sean necesarios para el Artículo 3. "ORGANIZACIÓN" El Comité de Licitaciones para la Enajenación de Bienes Muebles Públicos pertenecientes a la profesional y reconocida honestidad, los mismos serán de libre nombramiento y remoción y estarán representadas las áreas Juridicas, Técnica y Económica - Financiera; igualmente se designarávui. secretario o una secretaria con su respectivo suplente quien tendrá derecho a voz, mas no a voto, según el volumen o complejidad de los procesos requeridos. REVISA Articulo 4. "ATRIBUCIONES" El Comité de Licitaciones para la Enajenación de Bienes Muebles Públicos pertenecientes ª la siguientes atribuciones: . Recibir, abrir, analizar directa o indirectamente a través del grupo evaluador interdisciplinario, los documentos relativos a la calificación de los oferentes. Examinar, evaluar y comparar las ofertas recibidas por parte de los oferentes. Solicitar al Presidente de la empresa del Estado "Compañia Anónima Venezolana de Industrias Militares" (CAVIM). la designación del sustituto, cuando se produzca la falta absoluta de algún miembro principal o suplente del Comité de Licitaciones. Emitir recomendaciones sobre los asuntos sometidos a su consideración o incluidos en las agendas de reuniones. .Velar porque los procedimientos de enajenación se realicen de conformidad con lo establecido en Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, lo previsto en las Normas Generales sobre la Licitación para la Vena y Permuta de Bienes Públicos, y con las normativas internas de la empresa. Descalificar oferentes o rechazar ofertas, según sea el caso, que no cumplan con los requisitos o condiciones establecidas en el pliego o que sean inadecuadas a los fines de la empresa. decisiones de descalificación para participar dentro de los procesos licitatorios. Establecer con el Presidente de la empresa del Estado "Compañia Anónima Venezolana de Industrias Militares" (CAViM). el pliego de condiciones para la enajenación de los bienes muebles de la empresa, de conformidad con los parámetros establecidos en la normativa legal vigente. ●Realizar el proceso de Oferta Pública para la enajenación de los bienes, lo cual se realizará preferentemente por lotes o unidades, en razón de las características de los bienes. . Considerar y emitir recomendaciones sobre el régimen legal aplicable, parámetros, ponderaciones y criterios de selección de oferentes y evaluación de ofertas. · El Comité de Licitaciones para la Enajenación de Bienes Muebles Nacionales estará conformado por los siguientes ciudadanos y ciudadanas: ÁREA MIEMBROS MIEMBRO PRINCIPAL MIEMBRO SUPLENTE JURÍDICA Cap. Efren Rivero Larocca. Abg. Zaid D. Martinez Sira. Titular de la C.I. V-11.924.145. Titular de la C.I. V-14.362.726. Cargo: Asesor Legal Cargo: Asesor Legal de Vicepresidencia MIEMBRO PRINCIPAL MIEMBRO SUPLENTE ECONÓMICA Lic. Gabriela Ramirez Arellano. Lic. Arelis G. Hurtado de Avila. FINACIERA Titular de la C.I. V-4.272.506. Titular de la C.I. V-15.621.687. Cargo: Tesorera Cargo: Contador General MIEMBRO PRINCIPAL MIEMBRO SUPLENTE TÉCNICA Tcnel. Argenis Araguache Guatache. My. Pedro Muñoz Zambrano. Titular de la C.I. V-8.236.543. Titular de la C.I. V-11.092.209. Cargo: Coordinador de Servicios Cargo: Coordinador de Proyectos Generales. Especiales de la GPS Morón SUPLENTE PRINCIPAL ECRETARIO Ptte. Erland A. Viloria Larez Cap. Douglas E. Barreto Padron. Titular de la C.I. N° V-13.869.337. Titular de la C.I. N° V-13.869.337 Cargo: Coordinador de Telemática de Cargo: Adjunto de mi Casa Bien Sede Central Equipada EVISADO Articulo 5: "VIGENCIA" La presente Providencia entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuniquese y Publiquese. Dios y Føderación Canples AVIM G/B. OSCAR HOMBERTO GONZÁLEZ ORTIZ PRESIDENTE ESIBEMER ANÓNIMA VENEZOLANA-DE INDUSTRIAS MILITARES gun resolución N° 003029 del 20NOV13 Gaceta Oficial N° 40299 del 21NOV13 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULÁR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y RM No. 223 NOTARÍAS. 203° y 154° REGISTRO MERCANTIL CUARTO DEL. DISTRITO CAPITAL Municipio Libertador, 12 de Febrero del Año 2014 Por presentado el anterior documento por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación. Hágase de conformidad, y ARCHIVESE original. El anterior documento redactado por el Abogado FRANCISCO JOSE LOPEZ GONZALEZ IPSA N.: 40315, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 3, TOMO -34-A REGISTRO MERCANTIL CUARTO. Derechos pagados BS: 0,00 Según Planilla RM No. . Banco No. Por BS: 0,00. La identificación se efectuó asI: NAILET YARIUSKA GIL GUERRA, C.I: V-13.422.303. Abogado Revisor: ELI SAUL CALDERON ABREU BW Regiogador Mercantil FDO. Abogado YANOSELLI COLMENARS DE ANGRADE STA PÁGINA PERTENECE A: HORPORACION SOCIALISTA DEL CEMENTO, S.A Número de expediente: 110325 DIV página original (tal como se publicó) [Página 16] ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CORPORACIÓN SOCIALISTA DEL CEMENTO, S.A. En la ciudad de Caracas, el dia treinta (30) de enero de 2014, en la sede principal de la CORPORACIÓN SOCIALISTA DEL CEMENTO, S.A., ubicada en la avenida Urdaneta, edificio Central, piso 11, Caracas, Municipio Libertador del Distrito Capital, reunido a fin de celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, constituida por su única accionista, la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para Industrias, representado en este acto por el ciudadano M/G WILMER OMAR BARRIENTOS FERNANDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-7.189.059, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Industrias, de conformidad con el Decreto Presidencial N° 729 de fecha 09 de Enero de 2014. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.330 del 09 de Enero de 2014. Tal como se establece en la cláusula Décima Novena de los Estatutos Sociales, modificada por Asamblea Extraordinaria de Accionista realizada el 25 de enero de 2012, la cual quedo debidamente registrada el 16 de agosto del 2012 ante el respectivo Registro Mercantil IV bajo el N° 33; Tomo: 120-A. Se omitió la „fogghalidad de la Convocatoria, por estar presente el cien por ciento (100%) del capital social, preside la Asamblea el ciudadano Ministro, quien nombra al Consultor Jurídico de la empresa al abogado Francisco José López González, Secretario Ejecutivo y de seguida el Ministro declara válidamente constituida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, motivo por el cual se procedió a establecer el Orden del día, a través del PUNTO UNICO: PUNTo UnicO: Conocer y resolver acerca de la designación de la Junta Directiva de la Corporación Socialista del Cemento S.A. para el periodo 2014-2016. Seguidamente, la Asamblea aprobó la agenda propuesta y pasó a considerar el PUNTO UNICO: Toma la palabra el ciudadano Ministro MG WILMER OMAR BARRIENTOS FERNÁNDEZ, quien expone a la Asambiea: De conformidad con la cláusula Vigésima Séptima propongo la conformación de la Junta directiva de la Corporación Socialista del Cemento S.A. PRESIDENTE (E) DE LA JUNTA DIRECTIVA RAÚL ERNESTO PACHECO SALAZAR C.I. V-5.539.246 DIRECTORES C.I. DIRECTORES PRINCIPALES C.I. SUPLENTES JOSÉ BLANCO LAMEIRO V-6.014.028 BASILIO LABRADOR AMAYA V-9.463.236 JESÚS SALVADOR LUGO V-4.198.644 JOSE GERARDO V-15.923.073 AVENDAÑO RUMBOS RODRÍGUEZ V-5.660.414 ROLANDO GREGORIO V-6.398.631 HECTOR RAUL ZAMBRANO AVENDAÑO GUASTAFERRO SOSA V-11.466.102 V-9.811.280 OSWALDO ANTONIO CRISANTO SILVA AGUILERA 7. ZERPA RESOLUCiON: Sometido el Punto a la consideración a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, el mismo se aprueba por unanimidad designándose la Junta Directiva. Analizado, discutido y aprobado el Punto Único de la Agenda el ciudadano M/G WILMER OMAR BARRIENTOS FERNANDEZ, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Industrias, da por concluida la misma; y, autoriza suficientemente al Secretario Ejecutivo (E) ciudadano: FRANCISCO JOSE LOPEZ GONZALEZ, titular de la cédula de identidad N° V-6.960.526, para cumplir con las formalidades relativas a la certificación en el Registro Mercantil de la presente Acta. Por último se autoriza a la ciudadana: NAILET YARIUSKA GIL GUERRA, venezolana, soltera, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 13.422.303. para que proceda con el registro de la presente Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas ante la correspondiente Oficina de Registro Mercantil y tramite todo lo relacionado con la presentación, inscripción, registro del presente documento, asi como, solicitar cuatro (4) copias certificadas del presente documento a los efectos de su publicación. o. FRANCISCO JOSE LOPEZ GONZALEZ, CERTIFICO: Que la Asamblea Ktraordinaria de Accionistas que antecede la cual fue celebrada el día 30-01- 2014 es traslado fiel y exacto de su original de la a la CORPORACIÓN sOCIALISTA DEL CEMENTO, S.A., inscrita su Acta Constitutiva Estatutaria ante el Registro Mercantil IV de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del Estado Bolivariano de Miranda, bajo el N° 17; Tomo 138-A Cto., en fecha 14 de de2089 con Registro de Información Fiscal (R.I.F) N° G-20009048-0. septiembre bouhuuof M/G WILMER OMAR BARRIENTOS FERNANDEZ Mimistre-del Poder Popular para Industrias Decreto N° 729 βel 09 de anero de 2014 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAEDUCACIÓN UNIVERSITARIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN DM/Nº 0114 CARACAS, 22/04/2014 204º, 155º y 15º En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 62 y 77, numerales 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en los artículos 10 de la Ley de Contrataciones Públicas y 15 de su Reglamento, este Despacho Ministerial, RESUELVE Artículo 1. Se constituye con carácter permanente la Comisión de Contrataciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la cual tendrá como funciones, ejecutar los procedimientos regulados en la Ley de Contrataciones Públicas, para la adquisición de bienes, la contratación de servicios y la ejecución de obras. Artículo 2. La Comisión de Contrataciones estará integrada por tres (3) miembros principales y sus respectivos suplentes, en la cual estarán representadas, las áreas jurídica;_ económico-financiera y técnica, conforme se especifica a continuación: MIEMBROS MIEMBROS ARB SUPLENTES PRINGIPALES EUNICE NUÑEZ LILIANA MOJICA Jurídica C.l. N° V-6.270.171 C.I. N° V-12.561.712 JOHANA DEL CARMEN RAFAEL JOSÉ Económico PERICO VILLAMIZAR CANTILLO MORALES Financiera C.I N° V-15.759.724 C.I N° V-11.220.509 JUAN EDUARDO DULCIMA BELEN MALAVE RATHJE Técnica HERRERA SUAREZ C.I N° V-6.523.782 C.I N° V-13.126.806 Artículo 3. Se designa a la ciudadana MARYNER CATERINA TREMATERRA TINEO, titular de la cédula de identidad N° V-16.065.955, como Secretaria de la Comisión de Contrataciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, y a la ciudadana CONSTANZA XIMENA MENDEZ DE ACUÑA, titular de la cédula de identidad N° V-26.303.084, como Secretaria Suplente, las cuales tendrán derecho a voz, pero no a voto; y tendrán las siguientes funciones: página original (tal como se publicó) [Página 17] Convocar a los miembros de la Comisión de 1. Contrataciones, a las reuniones que se celebren en virtud de los procedimientos de selección de contratistas, así como, coordinar y dirigir las actuaciones de los procesos de selección. 2. Levantar las actas de cada una de las reuniones de la Comisión de Contrataciones, así como, también de los Actos Públicos de Recepción y Apertura de Sobres de Manifestación de Voluntad y Ofertas de cada uno de los procedimientos de selección de contratistas. 3. Llevar el registro, control y custodia de los expedientes de los procedimientos de selección de contratistas, desarrollados por la Comisión de Contrataciones, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, así como el control de su archivo. 4. Tramitar las solicitudes de copias simples o certificadas de los documentos que integran los expedientes de los procedimientos de selección de contratistas, ejecutados por la Comisión de Contrataciones, conforme a lo establecido en la ley especial de la materia. 5.' Certificar las copias de los documentos que conforman los expedientes, y cualesquiera otras actuaciones de la Comisión de Contrataciones. 6. Suministrar oportunamente toda la información que le sea requerida por la Máxima Autoridad, así como la solicitada por las autoridades competentes en materia de procedimientos de selección de contratistas. 7. Recibir la correspondencia externa e interna, por cualquier medio escrito o electrónico, dirigida a la Comisión de Contrataciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, y cuya tramitación corresponda a la Comisión. 8. Suscribir la correspondencia interna y externa emanada del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria vinculada a las actuaciones de la Comisión de Contrataciones. 9. Asistir a la Comisión de Contrataciones, en la elaboración de los Proyectos de Pliegos de Condiciones; informes; actas, y otros documentos, a los efectos del análisis y firma por los miembros de la Comisión de Contrataciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Artículo 4. La Contraloría General de la República y la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, podrán designar observadores u observadoras, en los procedimientos de selección de contratistas que se desarrollen, los cuales tendrán derecho a voz, pero no a voto. Artículo 5. Las y los miembros de la Comisión de Contrataciones y la Secretaria, antes de asumir sus funciones, deberán prestar juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Leyes de la República, los deberes inherentes a sus funciones y rendir cuenta de sus actuaciones, en los términos y condiciones que determine la Ley. Artículo 6. Esta resolución entrará en vigencia a partir de la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacignal, RICARDO MENENDEZ PRIETO MINISTRO DEL PODER PORULARDABA LA EDUCACIÓN UNIVERITARIA Según Decreto Nº 729 del 9 de enero de 20A puoícado en G.O.R.B.V. Nº 40.330 del 9 de enero de-2014 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN DM/Nº 0115 CARACAS, 22/04/2014 204º, 155º y 15º En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 62 y 77, numerales 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 'Pública, en concordancia con lo establecido en los artículos 10 de la Ley de Contrataciones Públicas y 15 de su Reglamento, este Despacho Ministerial, RESUELVE Artículo 1. Se constituye con carácter permanente la Comisión de Contrataciones de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPsu) del Consejo Nacional de Universidades (CNU), la cual tendrá como funciones, ejecutar los procedimientos regulados en la Ley de Contrataciones Públicas, para la adquisición de bienes, la contratación de servicios y la ejecución de obras. Artículo 2. La Comisión de Contrataciones estará integrada por tres (3) miembros principales y sus respectivos suplentes, en la cual estarán representadas, las áreas jurídica; económico-financiera y técnica, conforme se especifica a continuación: MIEMBROS MIEMBROS ISUPLENTES PRINCIPALES EUNICE NUÑEZ Jurídica LILIANA MOJICA C.. N° V-6.270.171 C.I. N° V-12.561.712 JOHANA DEL CARMEN RAFAEL JOSÉ Económico CANTILLO MORALES PERICO VILLAMIZAR Financiera C.I N° V-15.759.724 C.I N° V-11.220.509 JUAN EDUARDO DULCIMA BELEN MALAVE RATHJE Técnica HERRERA SUAREZ C.I N° V-6.523.782 C.I N° V-13.126.806 Artículo 3. Se designa a la ciudadana MARYNER CATERINA TREMATERRA TINEO, titular de la cédula de identidad N° V-16.065.955, como Secretaria de la Comisión de Contrataciones de la Comisión de Contrataciones de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPsU) del Consejo Nacional de Universidades (CNU), y a_ la ciudadana CONSTANZA XIMENA MENDEZ DE ACUÑA, titular de la cédula de identidad N° V-26.303.084, como Secretaria Suplente, las cuales tendrán derecho a voz, pero no a voto; y tendrán las siguientes funciones: 1. Convocar a los miembros de la Comisión de Contrataciones, a las reuniones que se celebren en virtud de los procedimientos de selección de contratistas, así como, coordinar y dirigir las actuaciones de los procesos de selección. 2. Levantar las actas de cada una de las reuniones de la Comisión de Contrataciones, así como, también de los Actos Públicos de Recepción y Apertura de Sobres de Manifestación de Voluntad y Ofertas de cada uno de los procedimientos de selección de contratistas. 3. Llevar el registro, control y custodia de los expedientes de los procedimientos de selección de contratistas, desarrollados por la Comisión de Contrataciones, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, así como el control de su archivo. 4. Tramitar las solicitudes de copias simples o certificadas de los documentos que integran los expedientes de los procedimientos de selección de contratistas, ejecutados por la Comisión de Contrataciones, conforme a lo establecido en la ley especial de la materia. página original (tal como se publicó) [Página 18] 5. Certificar las copias de los documentos que conforman los expedientes, y cualesquiera otras actuaciones de la Comisión de Contrataciones. 6. Suministrar oportunamente toda la información que le sea requerida por la Máxima Autoridad, así como la solicitada por las autoridades competentes en materia de procedimientos de selección de contratistas. 7. Recibir la correspondencia externa e interna, por cualquier medio escrito o electrónico, dirigida a la Comisión de Contrataciones de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) del Consejo Nacional de Universidades (CNU), y cuya tramitación corresponda a la misma. 8. Suscribir la correspondencia interna y externa emanada de la Comisión de Contrataciones de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPsU) del Consejo Nacional de Universidades (CNU) vinculada a sus actuaciones. 9. Asistir a la Comisión de Contrataciones, en la elaboración de los Proyectos de Pliegos de Condiciones; informes; actas, y otros documentos, a los efectos del análisis y firma por los miembros de la Comisión de Contrataciones del Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPsU) del Consejo Nacional de Universidades (CNU). Artículo 4. La Contraloría General de la República y la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, podrán designar observadores u observadoras, en los procedimientos de selección de contratistas que se desarrollen, los cuales tendrán derecho a voz, pero no a voto. Artículo 5. Las y los miembros de la Comisión de Contrataciones y la Secretaria, antes de asumir sus funciones, deberán prestar juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Leyes de la República, los deberes inherentes a sus funciones y rendir cuenta de sus actuaciones, en los términos y condiciones que determine la Ley. Artículo 6. Esta resolución surtirá efectos a partir del 19 de febrero de 2014. Comuníquese y Publíquése, Por el Ejecutivo Nacional RICARDO MENÉNDEZ PRIETO MINISTRO DEL PODER PORULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE UÑIVERSIDADES Según Decreto Nº 729 del 9 de enero de 2014 publicado en G.O.R.B.V. Nº 40.330 del 9 de enero de 2014 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder.Popular para la ducación Despacho del Ministro Caracas, 29de Abil DM/N° 043 de 2014 203° y 155° Con el supremo compromiso que la Administración Pública esté al servicio de las personas y su actuación dirigida a la atención de sus requerimientos y a la satisfacción de sus necesidades, en ejercicio de las atribuciones que confiere el numeral 19, del artículo 77, del Decreto Nº 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 15 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinario N° 5.890 del 31 de julio 2008, concatenado con el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y lo establecido en los artículos 5 numeral 2; 19 último aparte y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en la Disposición Transitoria Décima Primera del Decreto N° 6.732 de fecha 02 de junio de 2009, sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202, de fecha 17 de junio de 2009, y con lo establecido en el artículo 11 del Estatuto Orgánico del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPAS-ME), el Ministro del Poder Popular para la Educación dicta la siguiente; RESOLUCIÓN Artículo Único. Se designa al ciudadano EMILIO RAMÓN FIGUEROA LANZA, titular de la cédula de identidad N° v- 2.518.860, Secretario de la Junta Administradora del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPAS-ME), a partir de la publicación del presente acto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, queda sin efecto la Resolución Nº 028, de fecha 31 de marzo de 2014, publicada en la Gaceta Oficial Nº 40.383 de fecha 31 de marzo de 2014. Comuníquese y publíquese, Nebágee HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO Ministro del Poder Popular para la Educación RoepúblicaBolivariansde:Venczueia. Ministerio del PodePogulaspJaBdocación Despacho del Ministro Caracas, 29 deabri2 045 DM/N° de 2014. 203° y 155° Con el supremo compromiso y voluntad de lograr una mayor eficacia política y calidad revolucionaria de la Administración Pública, en aras de la construcción del socialismo y un Estado ético, que exige funcionarias y funcionarios honestos y eficientes, que más que un altar de valores exhiban una conducta moral en sus ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 77 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, los artículos 5 numeral 2, y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y en concordancia con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el Ministro del Poder Popular para la Educación dicta la presente; RESOLUCIÓN Artículo Único. Se designa a la ciudadana ZORAIDA JOSEFINA COELLO TALAVERA, titular de la cédula de identidad N° V-6.899.294, DIRECTORA DE LÍNEA (E), adscrita a la Dirección General de Educación Primaria Bolivariana del Despacho de la Viceministra de Educación Inicial y Primaria, del Ministerio del Poder Popular para la Educación, Código Dependencia 1100462, Código Nómina Venezuela, teniendo por norte los principios y valores humanistas del socialismo, cuyo objetivo fundamental, descansa sobre los caminos de la justicia social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanos y las Instituciones de la República. Comuníquese y publíquese; Pedoige HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO Ministro del Poder Popular para la Educación 8 ReqúblicaBolvianadeVenuela: Ministerio del Podes-Popular:par JaEdecación: Despachio del Ministro a6ri2 Caracas,29 de 046 de 2014 DM/N° 204° y 155° Con el supremo compromiso y voluntad de lograr una mayor eficacia política y calidad revolucionaria de la Administración Pública, en aras de la construcción del socialismo y un Estado ético, que exige funcionarias y funcionarios honestos y eficientes, que más que un altar de valores exhiban una conducta moral en sus condiciones de vida en su relación con el pueblo y en su vocación de servicio; en ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 5 numeral 2, 19 último aparte y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, concatenados con los artículos 34, 62 y 77, numeral 19 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y el artículo 1 del Reglamento Sobre Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el Ministro del Poder Popular para la Educación dicta la siguiente; RESOLUCIÓN Artículo 1. Se designa a la ciudadana MORAIMA IZAMAR CAZOLA, titular de la cédula de Identidad N° V-6.104.392, DIRECTORA GENERAL (E) DE EDUCACIóN ESPECIAL, adscrita al Despacho de la Viceministra de Educación página original (tal como se publicó) [Página 19] Inicial y Primaria del Ministerio del Poder Popular para la Educación, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, quién ejercerá las funciones previstas en los artículos 31 y 32 del Reglamento Orgánico, el artículo 166 del Reglamento Interno de este Ministerio, teniendo por norte los principios y valores humanistas del socialismo, cuyo objetivo fundamental descansa sobre la justicia social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanos y las instituciones de la República. Artículo 2. Delegar en la referida ciudadana las competencias y firma de los actos y documentos que conciernan a las funciones de la Dirección a su cargo. ÁArtículo 3. Los actos y documentos firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma de la funcionaria delegada la fecha y el número de la presente Resolución, así como la fecha y el número de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, donde haya sido publicada. Artículo 4. Se deja sin efecto la Resolución N° 009 de fecha 02 de febrero de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.627, de fecha 02 de marzo de 2011. Comuníquese y publíquese; Dedrouaz HÉCTOR VICENTE RODRIGUEZ CASTRO Ministro del Poder Popular para la Educación MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD 29 ABR DE 2014 NÚMERO200 204° y 155° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto número 558 de fecha 05 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.287 de la misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 y artículos 17, 18 y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública; articulos 6, 7 y 23 de la Ley Contra la Corrupción y artículo 49 del Reglamento Orgánico de este Ministerio, este Despacho Ministerial, RESUELVE ARTÍCULO 1. Designar al ciudadano ALEJANDRO JOSÉ VALERO OVALLES, titular de la cédula de identidad número V- 11.312.893, para ocupar el cargo de libre nombramiento y remoción COmO COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DE LÁ MATERNIDAD CONCEPCIÓN PALACIOS, adscrito a la Dirección Estadal de Salud Distrito Capital, dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Salud. ARTÍCULO 2. Se autoriza al ciudadano ALEJANDRO JOSÉ VALERO OVALLES, antes identificado, en su carácter de COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA MATERNIDAD CONCEPCIÓN PALACIOS, para que actúe como Cuentadante. ARTÍCULO 3. El ciudadano ALEJANDRO JOSÉ VALERO OVALLES, antes identificado, deberá prestar caución suficiente para el ejercicio de sus funciones ante la Auditoria Interna de la respectiva unidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con el articulo 52 de su Reglamento número 1, sobre el Sistema Presupuestario. ARTÍCULO 4. El ciudadano ALEJANDRO JOSÉ VALERO OVALLES, antes identificado, deberá presentar declaración jurada de patrimonio y anexar copia simple del comprobante emitido por la Contraloria General de la República y posteriormente consignarlo por ante la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Salud. ARTícULO 5. Se deroga cualquier Resolución que colide con la presente. ARTícULO 6. La presente Resolución tiene vigencia a partir del 08 de abril de 2014. N... FRAÑCISCQLEJANDRO ARMADA PÉREZ Ministro del Poder Popular para la Salud Decreto N° 558 de fecha 05 de Noviembre de 2013 Gaceta Oficial N° 40.287 de fecha 05 de Noviembre de 2013 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD 29 4F8 NÚMERO202 DE 2014 204° y 155° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto número 558 del 05 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.287 de la misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con los articulos 5 numeral 2, 17, 18 y 19 último-aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el artículo 48 del Regfámento Orgánico del Ministerio de Salud, este Despacho Ministerial, RESUELVE ARTÍCULO 1. Designar a la ciudadana PASQUALINA CURCIO CURCIO, titular de la cédula de identidad número V- 6.340.266, para ocupar el cargo de libre nombramiento y remoción como DIRECTORA GENERAL DE PROGRAMAS DE SALUD, adscrita al Despacho de la Viceministra o Viceministro de Redes de Salud Colectiva del Ministerio del Poder Popular para la Salud. ARTícULO 2. Esta designación se realiza en calidad de Encargada, por cuanto la ciudadana PASCUALINA CURCIO CURCIO, antes identificada, es la Viceministra de Redes de Salud Colectiva del Ministerio del Poder Popular para la Salud. ARTícULO 3. Se deroga cualquier Resolución que colide con la presente. ARTíCULO 4. La presente Resolución tiene vigencia a partir del 24 de abril de 2014. Notifíquese y publíquese, FRANCISCO A. ARMADA PÉREZ Mäistro del Poder Popular para la Salud Decreto N° 558 del 05 de noviembre de 2013 Gaceta Oficial N° 40.287 del 05 de noviembre de 2013 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE RESOLUCIÓN No. 000030 Caracas, . de de 2014 2 2 ABR 2014 Años 204º, 155, y 15° En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 62, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 77, numeral 9 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y de conformidad con lo establecido en el documento constitutivo estatutario de la Empresa Hidrológica de Venezuela C.A, debidamente inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda quedando anotado bajo el N° 3o, Tomo 63-A- PRO, en fecha 24 de mayo de 1990, con reforma posteriores de sus estatutos sociales inscritas en la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda contenidas en el Expediente Mercantil N° 29822, este Despacho, página original (tal como se publicó) [Página 20] RESUELVE ARTfCULO 1.- Ordenar la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela del documento contentivo del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha veintiocho (28) de enero de 2014, de la Empresa Estatal denominada "C.A Hidrológica de Venezolana (HIDROVEN)", con indicación de los datos de su inserción en el Registro Mercantil correspondiente. Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional Yiouel1. Roolus MIGUEL LEONARDO RODRIGUEZ MINISTRO Decreto Nº 338 del 15 de agosto de 2013 Gaceta Oficial N° 40.231 de fecha 19 de agosto de 2013 Reimpreso por error material en Gaceta Oficial N° 40.252 de fecha 17 de septiembre de 2013 ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA (HIDROVEN) En el día de hoy, veintiocho (28) de enero de dos mil catorce (2014), siendo las 10:00 a.m., se reunieron en sesión extraordinaria en la empresa C.A. HIDROLOGICA VENEZOLANA (HIDROVEN), ubiCada en la Avenida Augusto Cesar Sandino, con Novena Transversal de Maripérez, edificio HIDROCAPITAL, Caracas, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de ia Circunscripción Judiciai del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el número 30, Tomo 63-A-PRO, en fecha 24 de Mayo de 1990, con reformas posteriores a sus Estatutos e inscritas en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial ael Distrito Federal y Estado Miranda, contenidas en el Expediente Mercantil Número 29822, el ciudadano MIGUEL RoDRiGUEz, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° v-7.454.894, en su carácter de Ministro dei Poder Popular para el Ambiente, organismo representante de la República Bolivariana de Venezuela, Rropietario del noventa y cinco por ciento (95%) de las acciones de la empresa; el dadano NELsoN RoDRiGUEz, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y utular de la cédula de identidad N° V-6.499.755, en su carácter de Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), OrganiSmO prOpietarIO del cinco por ciento (5%) restante de las acciones de la empresa, y el ciudadano ERNESTO JOsÉ PAIVA SALAS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-5.218.382, en Su carácter de Presidente de la C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA (HIDROVEN), para celebrar una Asamblea Extraordinaria de AcCionistas de la C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA (HIDRoVEN). Presente la totalidad del Capital Social se prescinde de la convocatoria por prensa. Verificado el Quórum reglamentario se declara válidamente constituida. Toma la palabra el Ministro del Poder Popular para el Ambiente el Ciudadano MIGUEL RoDRIGUEz, quien preside la reunión. Se somete a consideración de la Asamblea para su discusión y posterior aprobación el siguiente Orden del Dia: PRIMER PUNTQ: Designación del nuevo Presidente de la C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA (HIDROVEN); SEGUNDO PUNTQ: DeSIgnaCIÓn de los Mienbrus de la Junta DireCtiva de le C.A. HIDROLÓGICAVENEZOLANA (HIDROVEN); IERCER PUNTQ: Nombramiento del Secretario de la Ju Directiva de HIDRovEN. Aprobado como fuera el Orden del Dia, seguidamente Dasa a tratar el PRIMER PUNTQ: Toma la palabra el ciudadano MIGUE RODRiGuEz quien expresó, que en virtud del Punto de Cuenta No 37 de fecha 3 de diciembre 2013, el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Io designa Presidente de la C.A HIDROLÓGICA VENEZOLANA O Popular para el Ambiente y Presidente de HIDRovEN, la coordinación y ejecución directa del Plan Nacional del Agua. En tal sentido, la Asamblea de Accionistas aprueba por unanimidad la designación del ciudadano MIGUEL RODRfGUEZ, titular de la céduia de identidad N° V-7.454.894, como Presidente de la C.A. agenda se pasa a deliberar el siguiente punto, tomando la palabra nuevamente el CIudadano MIGUEL RODRÍGUEZ, quien expone, SEGUNDO PUNTQ: Se proponen como Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva la C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA (HIDROVEN). por el periodo de dos (02) años, a partir de la celebración de la presente reunión de Asamblea Extraordinaria de ACCioniStas, a los CUdadanOS,: DIRECTORES PRINCIPALES: PRESIDENTE MIGUEL RODRiGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-7.454,B94 ERNESTO J0SÉ PAIVA SALAS, titular de la céduta de identidad N° V-5.216.382; MANUEL REGINO DEZA GAVIDIA, titular de la Cédula de IdentiIdad No V 4.974.569; RODOLFO ROA DELGADO, titular de la cédula de IdentidadNo. v- DIRECTORES_SUPLENTES: MARTIN ERASMO SERRANO NAAR, tItUlar de la cédula de identidad N° V-6.122.983 y NELY MATAMoROS, titular de la cédula de identidad N° V-4.845.971. Sometida a consideración de la Asamblea de Accionistas la propuesta de designación de los miembros de la Junta Directiva de la C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA (HIDROVEN), se aprUeba por UnanImidad. Seguidamente toma la palabra MIGuEL RoDRfGuEz para tratar el último y TERcER PUNTo de la Agenda del día, proponiendo como Secretario de la Junta DireCtiva de la C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA (HIDROVEN), al Cludadano EULE VALDERRAMA FERMÍN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad No V-3.825.988, conviniendo la Asamblea de Acclonistas con la e HIDRovEN por unanimidad. Habiéndose agotado el objeto de la Asamblea, se anta la sesión. La Asamblea autoriza suficientemente al cludadano MIGuEL ppríGuEz, antes identificado para que certifique la presente Acta. Asimismo, se utoriza al abogado EULE VALDERRAMA FERMÍN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.825.988, para que en su carácter de Consultor Jurídico de la empresa, gestione ante las Oficinas de Registro Mercantil que corresponda, la inscripción y posterior publicación de la presente Acta. No habiendo nada más que tratar por esta Asamblea, se declara concluida la reunión. La presente Acta se leyó a los presentes y estando conformes, con su contenido la suscriben, Miguel1. Roolui MIGUEL RODRIGUEZ NELSONRODRIGUEZ Ministro del Poder Popular para el /Presidente de INAVI Ambiente ERNESTO JOSÉ PAIVA SALAS Yo, MIGUEL RODRiGUEz, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de dentidad número V-7.454.894, actuando en mi condición de Presidente de la C.A. amblea Extraordinaria de Accionistas que antecede es copia fiel y exacta de su Mignel! Reoei MIGUEL RODRÍGUEZ Presidente de HIDROVEN MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCION N° CARACAS, 22 DE ABRIL DE 2014 204°, 155° y 15° RBV FIDEL BARBARITO, Ministro de la Cultura, según Decreto N° 02, de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de concordancia con lo establecido en los artículos 34 y 77 numeral 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinaria, de fecha 31 de julio de Procedimientos Administrativos y según lo establecido en el artículo 1° del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional. RESUELVE ARTÍCULO 1°. Delegar en la ciudadana TATIANA VILLEGAS, titular de la cédula de identidad N°V- 10.868.966, en su condición de Directora General del Despacho de de abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.393, de fecha 14 de abril de 2014, la facultad de firmar los actos y documentos que a continuación se especifican: 1. Los trámites relacionados con las modificaciones y reprogramaciones presupuestarias propuestas por las diferentes dependencias y entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. desembolsos del Ministerio y sus entes adscritos, acorde con los lineamientos de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y la Oficina Nacional del Tesoro (ONT). 3. La remisión del cierre del ejercicio fiscal del Ministerio y sus entes adscritos. 4. La remisión del Anteproyecto del Plan Operativo Nacional (POAN), Plan Operativo Anual de los Órganos y Entes del Poder Público (POAOEPP). Ante proyecto de Presupuesto y Proyecto de Ley de Presupuesto Anual. ARTícuLo 2°. El Ministro podrá discrecionalmente firmar los actos y documentos señalados en la presente Resolución. ARTicuLo 3°. Los actos y documentos firmados de conformidad con esta Resolución, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y número de Gaceta Oficial donde haya sido publicada. ARTícuLo 4°. De conformidad con lo establecido en el artículo 6° del documentos que hubiera firmado en virtud de esta delegación. ARTícuLo 5°. Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, respecto de los actos y documentos cuya firma no pueda ser delegada. ARTícuLo 6°. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, FIDEL BARBARITO MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA página original (tal como se publicó) [Página 21] PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA RESOLUCIÓN N°O12 /2014. Caracas, 28 de abril de 2014. Año 204° de la Independencia y 155° de la Federación. El Procurador General de la República (E), MANUEL GALINDO BALLESTEROS, designado conforme Resolución N° 013/2013 de fecha 08 de marzo de 2013, publicada en Gaceta Oficial N° 40.126 de fecha 11 de marzo del mismo mes y año; en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 248 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 39 del Decreto No. 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de fecha treinta (30) de julio de dos mil ocho (2008), publicado en Gaceta Oficial Extraordinario No. 5.892 de fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil ocho (2008), en concordancia con lo dispuesto en los 44 numera 1 eiusdem. CONSIDERANDO Que el Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 en su objetivo 2.5.3.1 especifica establecer políticas de estímulo y reconocimiento a los servidores públicos, así como de líderes populares y sociales que desarrollen el ejercicio de sus funciones en el marco de los valores que compartan la ética socialista. CONSIDERANDO Que es política de la Procuraduría General de la República, en el marco de los incentivos a su personal, honrar y reconocer los años de servicio prestados en esta Institución por las trabajadoras y trabajadores activos y pasivos como servidores de la patria, en defensa de los bienes, derechos e intereses patrimoniales de la República. CONSIDERANDO Que la Resolución N° 088/2012, de fecha catorce (14) de mayo de dos mil doce (2012), publicada en la Gaceta Oficial N° 39.921 de fecha 14 de mayo de dos mil doce (2012); instituto el conferimiento de "Botones al Merito". valorando los años de servicio efectivamente prestados a esta Procuraduría General de la República. CONSIDERANDO Que el conferimiento de tales distinciones se ha de materializar de conformidad al acto administrativo resolutorio. RESUELVE PRIMERO: Conferir "Medalla Honor al Mérito" en reconocimiento a los treinta y siete (37) años de servicio prestados a la Procuraduría General de la República a la ciudadana MARY LUZ ZABALA, titular de la cédula de identidad N° V- 6.151.181, por ser la trabajadora máss antigua de este Órgano Asesor del Estado. SEGUNDO: Conferir "Medalla Honor al Mérito" en reconocimiento a los veinticinco (25) años de servicio prestados a la Procuraduría General de la República a las ciudadanas MORELLA VELIZ, MARÍA ELIZABETH ALCANTARA, SANDRA JOSEFINA MORILLO, NEIDA GARAVITO, titulares de las cédulas de identidad números V- 4.974.698, V- 6.892.979, V- 6.897.059, V- 10.176.773, respectivamente. TERCERO: Conferir "Botón al Mérito" en reconocimiento a los veinte (20) años de servicio prestados a la Procuraduría General de la República a las ciudadanas y Ios ciudadanos ANA VEGAS, JESÚS NAPOLEÓN LOZADA, ANA JAIMES, CELSA ZORAINI SCOTTI, titulares de las cédulas de identidad números V- 4.446.784, V- 5.215.098, V- 5.648.524, V- 10.353.363, respectivamente. CUARTO: Conferir "Botón al Mérito" en reconocimiento a los quince (15) años de servicio prestados a la Procuraduria General de la República a las ciudadanas y Ios ciudadanos FRANCISCO GIL, MARÍA LEÓN, JASMIN GABRY, ROMER PACHECO, EDWIN CRUZ, MARÍA DEL VALLE RAMÍREZ titulares de las cédulas de identidad números V- 4.024.148, V- 4.909.495, V- 6.076.056, V- 9.404.432, V- 11.408.621, V- 12.292.768, respectivamente. QUINTO: Conferir "Botón al Mérito" en reconocimiento a los diez (10) años de servicio prestados a la Procuraduría General de la República a las ciudadanas y los ciUdadanos JUAN ENRIQUE BERBESI, MARÍA EUGENIA CASARES, CARMEN LETICIA GONZÁLEZ, JOSÉ RAÚL LUGO FIGUEIRA, NESTOR LUIS MOLINA, RIGGIE NIÑO, SILVIA RAMÍREZ LOBO, DOUGLAS UZCATEGUI RAVELO, MARÍA MILAGROS VARGUILLA, LEWIS VELASCO, GENE VILLANUEVA, MARIO ENRIQUE, WATTS LOPEZ titulares de las cédulas de identidad números V- 16.953.274, V- 10.350.581, V- 15.149.850, V- 2.089.635, V- 6.932.918, V- 12.210.516, V- 5.201.943, V- 8.077.595, V- 13.699.598, V- 13.066.888, V- 12.500.509, V- 17.561.486, respectivamente. SEXTO: Conferir "Botón Defensor de la Patria" en reconocimiento a los años de servicios prestados a la Procuraduría General de la República y su valioso desempeño laboral durante una larga trayectoria como Servidores de la Patria, a todo el personal jubilado y pensionado de la Institución. Comuníquese y publíquese, —MANUEL GALINDO BALLESTEROS Procurador General de la República (E) REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DESPACHO DEL PROCURADOR. RESOLUCIÓN N° 014/2014. Caracas, 29 de Abril de 2014. Año 204° de la Independencia y 155° de la Federación. El Procurador General de la República (E), MANUEL E. GALINDO BALLESTEROS, designado conforme Resolución N° 013/2013 de fecha 08 de marzo de 2013, publicada en Gaceta Oficial N° 40.126 de fecha 11 de marzo del mismo mes y año; en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 248 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 39 y 44, numeral 1 y 16, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en concordancia con lo establecido en los artículos 3, 8, 9 y 10 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios; y los artículos 1 y 9 de su Reglamento. RESUELVE Artículo 1: Se otorga el beneficio de la jubilación a la ciudadana CARMEN ISABEL HERNÁNDEZ DE GARCÍA, titular de la cédula de identidad N° V-3.567.207, de sesenta y cuatro (64) años de edad, quien prestó servicio al Estado por un lapso de veinticinco (25) años, cinco (05) meses y veintiocho (28) días. Dicha jubilación se hará efectiva a partir del 01 de mayo de 2014. Artículo 2: El monto, de la jubilación es de Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve Bolivares con Diecinueve Céntimos (Bs. 4.849,19) mensuales, equivalente al sesenta y dos con cincuenta por ciento (62,50 %) del sueldo promedio mensual devengado por la mencionada ciudadana en los últimos veinticuatro (24) meses. Comuníquese y publíquese, MANUEL ENRIQUE GALINDO BALLESTEROS /Procurador General de la República (E) TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA N LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA CONSTITUCIONAL Magistado Ponente: Arcadio Delgado Rosales Expediente N° 12-1292 Mediante oficio número 2561 del 27 de noviembre de 2012, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia remitió a esta Sala la solicitud de revisión, presentada el 31. de octubre de 2012 ante la Unidad de página original (tal como se publicó) [Página 22] Recepción y Distribución de Documentos No Penal del Estado Falcón por el abogado Amílcar Antequera, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 103.204, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano RMULO NAVAS, titular de la cédula de identidad número 7.485.204, de la sentencia dictada el 16 de marzo de 2005 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede én Santa Ana de Coro, que declaró parcialmente con lugar la demanda y parcialmente con lugar la apelación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia dictada el 24 de enero de 2003 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Coro, que declaró con lugar la demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales interpuesta por el hoy accionante y otros 'contra la sociedad mercantil Electricidad de Occidente C.A. El 3 de diciembre de 2012, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. El 8 de mayo de 2013, en'virtud de la elección de la neva Junta, Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, esta Constitucional quedó conformada de la siguiente forma: Magistrada Gladys 3 Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente, y los Magistrados y Magistradas Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover. El 15 de mayo de 2013 el abogado Amflcar Antequera Lugo, apoderado judicial del ciudadano Rómulo Navas, mediante escrito presentado ante la Secretaría de la Sala, solicitó pronunciamiento. El 17 de octubre de 2013, en reunión de Sala Plena, en virtud de la ausencia temporal del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, se acordó que el ejercicio temporal de la Vicepresidencia de esta Sala Constitucional recayera en el Magistrado Juan José Mendoza Jover así como la incorporación del Magistrado suplente Luis Fernando Damiani Bustillos, quedando constituida en consecuencia la Sala por la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, en su carácter de Presidenta; el Magistrado Juan José Mendoza Jover, en su carácter de Vicepresidente; y los Magistrados Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Luis Fernando Damiani Bustillos. En reunión del 5 de febrero de 2014, convocada a los fines de la . reincorporación a la Sala del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, en virtud de haber finalizado la licencia que le fue concedida por la cargo, por motivos de salud, esta Sala quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Antonio Francisco Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padróß, Came zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Juan José Mendoza Javer. 1 ANTECEDENTES El ciudadano Rómulo Navas y otros interpusieron demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales contra la sociedad mercantil Electricidad .de Occidente C.A. El 24 de enero de 2003, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Coro, declaró con lugar la demanda intentada por los ciudadanos Jesús Camacho, Douglas Leal, Obaldo Dorantes y otros contra la sociedad mercantil Electricidad de Occidente C.A. La parte demandada ejerció recurso de apelación contra la anterior decisión. El 16 de marzo de 2005 el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, demandada contra el referido fallo y declaró parcialmente con lugar la demanda. El 1 de abril de 2005, la representación judicial de los demandantes anunció recurso extraordinario de casación contra la decisión de alzada. El 7 de julio de 2005, la Sala de Casación Social declaró inaông recurso de casación. NAD El 31 de octubre de 2012, el abogado Amílcar Antequera en su carácter CIONA apoderado judicial del ciudadano Rómulo Navas, solicitó la revisión de la sentencia dictada el 16 de marzo de 2012 por el mencionado Juzgado Superior. Ⅱ1 SOLICITUD DE REVISIÓN El solicitante en su escrito señaló lo siguiente: Que la sentencia definitiva dictada el 16 de marzo de 2005 por el Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, cuando modificó la sentencia del tribunal de primera instancia, no hizo referencia a la demanda que también había sido interpuesta por el ciudadano Rómulo Navas, como lo había señalado este último órgano judicial al declarar la con lugar. Que la sentencia objeto de revisión vulneró los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso, así como la doctrina sentada por la Sala Constitucional en las sentencias números 1.340 del 25 de junio de 2002, 2.465 del 15 de octubre de 2002,·: 2.655 del 2 de octubre de 2002 y 885 del 13 de mayo de 2004, al no emitir pronunciamiento acerca de la demanda interpuesta por el ciudadano Rómulo Navas, incurriendo además en el vicio de incongruencia omfsivan se contestaron las pretensiones de las partes sometidas a su conodiôciento. Que el juez de alzada incumplió su deber de pronunciarse expresamente sobre todos y cada uno de los alegatos y las defensas esgrimidos por el codemandante Rómulo Navas. página original (tal como se publicó) [Página 23] Con base en lo expuesto requirió el solicitante que se declare que ha lugar la revisión constitucional de la sentencia dictada el 16 de marzo de 2005 por el Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, se anule parcialmente la . referida decisión y se ordene la reposición de la causa al estado de que el referido Tribunal Superior se pronuncie, en apelación, acerca de la demanda interpuesta por el codemandante, ciudadano Rómulo Navas. SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN El 16 de marzo de 2005, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro; declaró parcialmente con lugar la demanda y parcialmente con lugar la apelación interpuesta por la parte demandada, bajo las siguientes consideraciones: "El régimen de distribución de la carga probatoria en materia laboral se fijara (sic) de acuerdo con la forma en la que el accionado de (sic) contestación de la demanda. En tal sentido, observa el tribunal que en la Sala de -Casación social (sić) del Tribunal Supremo de Justicia en criterio establecido desde el 15 de Marzo de 2000, ratificado en múltiples oportunidades ha estableció que gl demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar egos aqualfos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pareßstones del actor, señalando que habrá inversión de la carga de la prueba en el roceso laboral, es decir estará el actor eximido de probar sus alegatos, uando en la contestación a la demanda el accionado no la califique como relación laboral (presunción Iuris Tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo) y cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar, y es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que perciba para el trabajador, el tiempo de servicio, si le fueren pagadas las vacaciones, utilidades etc. La parte demandada, en el acto de contestación a la demanda, alega como punto previo lo siguiente: La prescripción de la acción. También alego (sic) que (sic) la acumulación de las acciones indebidas. Procede a Reconocer la relación laboral que existió con todos y cada uno de los demandantes, e igualmente la terminación de esa relación laboral. Desconoce, rechaza los conceptos reclamados, por cuanto alega que ya les fueron cancelados los Prestaciones Sociales y otros beneficios, conforme a la normativa más favorable al trabajador. Así las cosas ante el reconocimiento de la relación de trabajo y su terminación, le corresponde entonces a la parte demandada probar que efectuó el cálculo de las Prestaciones Sociales con base en la normativa mas (sic) favorable al Trabajador, conforme al articulo 59 de la Ley Orgánica del Trabajo e igualmente demostrar que no adeuda los demás conceptos reclamados por la parte actora. Y así se establece. demandada, tales como: La prescripción de la acción; La acumulación de las acciones. En cuanto a la Prescripción: Alego (sic) la parte demandada que el tipo de reclamación que contiene el Libelo presentado, prescribe al año de haber concluido la relación laboral, que no se produjo por parte de los demandantes ningún acto capaz de interrumpir la prescripción y que desde la fecha en que se admitió la demanda, trancurrió mas de un año. El artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, establece cuatro (04) excepciones al lapso de prescripción de las acciones provenientes de la relación de trabajo dispuesto por el articulo 61 ejusdem a saber: 1) Por la introducción de la demanda; 2) Por la reclamación intentada por ante el organismo ejecutivo competente; 3) Por la reclamación intentada por ante una autoridad administrativa del trabajo; y 4) Por las otras causas señaladas en el Código Civil. Tal como lo ha expresado la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo de Justicia que la demanda debe intentar esãe asumplirse el año, contando desde la fecha de terminación de a person del servicio y debe producirse la notificación del reclamado o demandado dentro ntes del vencimiento del lapso de la prescripción o bien dengasthto dos meses siguientes al año referido. Esta Juzgadora, comparte la opinión expresada por la Juez que dictó la xpediente rielan en copias certificadas ocho actas levantadas por ante la Inspectoría del Trabajo, sede Coro, que evidencia (sic) la previa reclamación interpuesta por los apoderados judiciales de los demandantes, en la que consta la comparecencia de la parte demandada a través de sus apoderados judiciales, lo que se (sic) evidencia que la reclamación intentada por ante el órgano administrativo del trabajo, se hizo antes de que se produjera el lapso legal para ello (un año) al igual que se demostró que hubo actuaciones de necesariamente se debe declarar sin lugar la prescripción de la acción. Y así se establece. En cuanto a la Acumulación Indebida de demandas: Alego (sic) la parte.. demandada que los demandantes son personas distintas unos de otros que persiguen el pago de suma[s] de dinero distinto (sic); que las relaciones de trabajo son diferentes unas de otras y que los trabajadores demandan montos independientes y todos están vinculados a través del contrato colectivo de trabajo. Ha sido reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Social, que aun cuando sea (sic) varios los demandantes y cada uno reclama sumas de dinero diferentes en sus montos, se encuentran en un mismo origen y causa y los derechos o conceptos reclamados, se encuentran sujetas a obligación que deriva de un mismo titulo, todo ello para que sea procedente el Litis consorcio. Verificado que es procedente el Litis Consorcio Activo en la presente causa, por reunir los requisitos de ley, esta Juzgadora declara improcedente la defensa de acumulación indebida de la demanda. Y así se decide. Para demostrar esos hechos controvertidos, se evacuaron las siguientes Pruebas: PARTE DEMANDANTE 1) Invocó el mérito de las actas procesales, en especial, los documentos acompañados junto con el escrito de la demanda y el principio de la comunidad de la prueba (...). 2) Actas administrativas levantada (sic) por ante la Inspectoría del Trabajo : de Coro, Estado Falcón (...) De las actas procesales se evidencia que rielan en copias certificadas (...). 3)Promueve la prueba de Informes (...) a fin de que se requiere info ón 5) Promueve la Prueba de exhibición (..). 6) Prueba de Inspección Judicial (...). PARTE DEMANDADA (...) (omissis) La (sic) referida (sic) transacciones fueron celebradas en forma escrita y motivada, relación circunstanciada de los hechos y de los derechos en ella comprendido (sic), presentada por ante el funcionario competente del Trabajo (Inspector del Trabajo). No consta en autos que la transacción se hubiere celebrado en contravención a la libre voluntad del trabajador, por lo que en (sic) criterio de esta Juzgadora, que la transacción objeto de estudio, llena los extremos exigidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con lo establecido en los artículos 9 y 10 del Reglamento de la mencionada ley (sic). Aunado ello a que estos documentos no fueron impugnados o desconocidos por sus firmantes, esta Juzgadora le (sic) otorga pleno valor probatorio e igualmente aplica el contenido de la Sentencia de fecha 28 de Octubre de 2003 de la Sala de Casación Sogial del Tribunal Supremo de Justicia, (Francisco Antonio Santaella y otros contra Pdvsa Petróleo y Gas S.A. y otros, ponencia del Dr. Juan Rafael Perdomo), que flexibilizó la aplicación del artículo 3° de la Ley Orgánica del Trabajo, adaptó su interpretación a las circunstancias singulares y le reconoció validez q una transacción judicial laboral, a pesar que no contenía la especificación detallada de los derechos laborales comprendidos, no obstante, debe. señalarse que, tal y como se ha establecido en reiterada jurisprudencia, el requisito de que se exprese (sic) en el texto del documento en el cual se refleja el acuerdo entre patrono y trabajador, los derechos que corresponden a este último comprendidos en la transacción, tiene como finalidad què éste pueda apreciar las ventajas o desventajas que la transacción produce y estimar si los beneficios obtenidos justifican el sacrificio de alguna de las prestaciones ha permitido una flexibilidad en cuanto al cumplimiento del requisito de señalar detalladamente los derechos comprendidos en el acuerdo, y ello no significa una merma en la protección del trabajador. . En consecuencia, siendo que las Transacciones (sic) antes indicadas, se realizaron cumpliendo con los requisitos establecidos por la Ley Orgánica del Trabajo para su validez y en atención a la doctrina de la flexibilización de la Transacciones, necesariamente se le debe otorgar el efecto legal correspondiente, cual es la Cosa Juzgada. No siendo procedente el pago de encabezamiento de este punto 3. Y así se decide. HA DE CTONAL página original (tal como se publicó) [Página 24] En cuanto a los otros documentos presentados por la parte demandada enel acto de promoción de pruebas y que rielan a los folios 447 al 555, al no. ser impugnados o reconocidos por sus firmantes, se le (sic) tiene por reconocido, conforme a lo establecido en el articulo 444 del Código de .. En lo referente al Desistimiento del trabajador CESAREO (sic) ALANN ETTINE FLORES, realizado a través de su apoderada judicial YAJAIRA. JOSEFINA LATOZEFSKY NUÑEZ, (sic) teniendo facultad expresa para desistir y como consecuencia de ello, la abogada desistió la acción aun estando vigente dicho mandato y siguiendo las instrucciones.de-su mandante. Esta Juzgadora comparte plenamente la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia 442, de fecha 23 de mayo de 2000, ponencia del Dr. JOSE DELGADO OCANDO, la cual además de ser vinculante de conformidad con el articulo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que dicha Şala es el máximo y ultimo (sic) interprete (sic) de la Constitución, en el sentido de que el DESESTIMIENTÓ (sic) de la Acción no viola el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, sino implica la disponibilidad en juicio de los referidos derechos, lo cual está permitido según nuestra Carta Magna. Por lo tanto, esta Juzgadora considera que al existir el desistimiento de la acción, manifestado voluntariamente, se le debe dar el efecto legal correspondiente, por cuanto ello no viola normas de orden público concernientes a la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Y así se decide.. En cuanto a los interés (sic) de Mora, reclamados por la parte actora, esta Juzgadora ordena el pago de ello en la forma que se indicara (sic) en la parte dispositiva de la sentencia, en consecuencia, se procederá a descontar la cantidad indicada por la parte actora en el Libelo de demanda por este e e e conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo y la Doctrina patria. Y asi se decide. Como consecuencia de lo antes expuestos (sic) es procedente declarar Parcialmente con lugar la apelación interpuesta por el abogado JUAN demandada ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE C.A., contra_ la sentencia dictada el 24 de enero de 2003, por el Juzgado Tercero de Primaga Instancia Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabago de esta Circuascripción Judicial, con sede en Coro, mediante el cual dectars con gara demanda que por cobro de Diferencia de prestaciones sociales entaga(sic) [por] los ciudadanos CAMACHO JESUS(sic), LEAL DOUGLAS, DORANTE OBALDO Y OTROS, cOntra ELECTRICIDAD DE OCDENTE C.A. y se condena a pagar conceptos indicados en la parte esidispositiva del fallo. I DISPOSITIVA En razón de los motivos de hecho y de derecho expuestos, este Tribuna! Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA: PRIMERO: Parcialmente con lugar la apelación interpuesta por el. abogado JUAN FRANCISCO ALVARADO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 23.565, en su carácter de apoderado de la parte demandada ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE C.A. contra la sentencia dictada el 24 de enero de 2003, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, con sede en Coro, mediante el cual declaró con lugar la demanda que por cobro de Diferencias de prestaciones sociales intentara (sic) los ciudadanos CAMACHO JESUS (sic), LEAL DOUGLAS, DORANTÈ OBALDO Y OTROS, (demandantes identificados en el encabezamiento de esta sentencia) contra la apelante. La Sentencia recurrida se modifica en partes (sic), en los términos expuestos en la parte motiva. SEGUNDO: Se declara Parcialmente con lugar la demanda intentada por los ciudadanos CAMACHO JESUS (sic), LEAL DOUGLAS, DORANTE : OBALDO Y OTROS, contra ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE C.A. en consecencia, se condena a pagar las cantidades indicadas a continuación, excluyéndose los trabajadores identificados en là parte motiva:" Seguidamente, se condena a pagar las prestaciones sociales de los trabajadores: Douglas Leal, Ubaldo Dorante, José Luis Lugo, Jesús Naranjo, Osmar Gutiérrez, Nelson Antonio Pernalete Veliz (sic), Rómulo Lugo García, Ellery Chirinos, Andrés Enrique Reyes Sánchez, Juan Segundo Salima Maduro, Pedro Alexander Rodríguez Barroso, Victor Antonio Barrera, Daniel Salomón Díaz Oviedo, Félix Antonio García Morales, Jesús Napoleón Ortiz 51 Medina, Julio José Oropeza Vinafañe (sic), Omar José Romero, Rubio Ugarte Gutiérrez, Carlos Luis Medina Humbria (sic) y Luis Albetg Jiméne DELópez.. .. “Asimismo se CONDENA a pagar: CIONAL Intereses de Mora: procedente este pago debido al incumplimiento de la empresa en cancelar la diferencia de prestaciones sociales en el tiempo legalmente establecido en la Convención Colectiva de Trabajo, y que se indica en el contenido del Libelo de demanda (Folios 01 al 62). Se debe (sic) calcular los intereses moratorios, consagrado (sic) tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo. De igual manera el experto que resulte designado deberá determinar y cuantificar el monto de los intereses de mora desde la fecha que le correspondía pagar a cada trabajador conforme a la referida Convención Colectiva hasta la definitiva cancelación de las diferencias de prestaciones sociales. De allí, y de manera conclusiva, que la experticia complementaria del follo in comento (sic) deba regirse por los parámetros que a continuación se IV COMPETENCIA Corresponde a esta Sala previamente determinar su competencia para conocer de la presente solicitud de revisión y, al respecto observa que, de conformidad con lo previsto en el cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución, se le atribuye a este órgano jurisdiccional la potestad de "revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Fribunte la República, en los términos establecidos por la Ley Orgánica respectiva". Tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, abarca tanto fallos que hayan sido dictados por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia) como los que emitan los demás Tribunales de la República (artículo 25, cardinal 10 eiusdem), pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que establece el artículo 335 del Texto Fundamental. .. Ahora bien, por cuanto fue propuesta ante esta Sala la solicitud de revisión de la sentencia dictada el 16 de marzo de 2005 por el Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, con fundamento en las referidas normas, esta Sala se declara competente para conocerla. Así se decide. V MOTIVACIQNES PARA DECIDIR Esta Sala, una vez analizado el escrito contentivo de la solicitud de revisión y las actas que constan en el expediente, observa lo siguiente: Es criterio reiterado de esta máxima instancia que la revisión a que hace refierencia el artículo 336, cardinal 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los cardinales 10 y 11 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y con su doctrina vinculante, la ejerce de manera facultativa esta Sala Constitucional, siendo discrecional revisar los fallos sometidos a ésta con ese fin. página original (tal como se publicó) [Página 25] o es así, por cuanto la potestad de revisión no puede seentendida tencias que han agotado todos los grados jurisdiccionales establecidos por da y, en tal razón, sean definitivamente firmes y, por tanto, gocen del carácter de cosa juzgada. Asimismo, la sentencia N° 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: "Corpoturismo") señaló que la facultad de revisión es "una potestad que respecta a la admisibilidad de tales solicitudes de revisión extraordinaria esta Sala posee una potestad discrecional de admitir o no admitir el recurso cuando así lo considere"; así, “la Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión 'sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales'". En este sentido, la discrecionalidad que se le atribuye a la facultad de | revisión constitucional, no debe entenderse como una nueva instancia y, por lo tanto, la solicitud en cuestión se admitirá sólo con el fin de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, así como cuando se contraríen los criterios vinculantes de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, lo que será determinado por la Sala en cada caso, siendo siempre facultativo de ésta su procedencia. Ahora bien, se observa que la presente solicitud de revisión recae sobre la decisión dictada el 16 de marzo de 2005 por el Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, que declaró parcialmente con lugar la demanda interpuesta por los ciudadanos Jesús Camacho, Douglas Leal, Obaldo Dorantes y otros contra lJaspelación interpuesta por la parte demandada. UCIONAL En este orden de ideas, la Sala observa que la solicitud de revisión de la sentencia fue interpuesta ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos No Penales del Estado Falcón, siendo asignada al Tribunal Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la. Circunscripción Judicial del Estado Falcón, el cual, mediante oficio número 749-2012 del 6 de noviembre de 2012, lo remitió a la Sala de Casación Social, que, a su vez, mediante oficio 2561 del 27 de noviembre de 2012, lo remitió finalmente a esta Sala Constitucional. En este sentido, esta Sala en sentencia número 73 del 29 de enero de 2007, estableció lo siguiente: Ahora bien, visto que en el caso de autos la Sala de Casación Social declinó el conocimiento de la solicitud de revisión de una sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo del-Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en principio, esta Sala sería competente para resolver la. No obstante, siendo que la solicitud fue interpuesta ante una Sala de este Tribunal Supremo de Justicia distinta a la Sala Constitucional, ésta no puede aceptar la remisión que de la misma hizo la Sala de Casación Social, de conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Sala. En efecto, mediante decisión N° 2793 del 6 de diciembre de 2004, ratificada en las sentencias Nros. 3397/2005 y 2607/2005 entre otras, la Sala estableció el siguiente criterio: 'Por tanto, esta Sala estima que lo ocurrido en el presente caso es inadmisible, toda vez que el accionante, (.), no podía interponer la solicitud de revisión constitucional ante el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y con Competencia Transitoria en Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, y además solicitar la remisión do icha solicitud. (omissis) En consecuencia, esta Sala no acepta a remisión del expediente que le fuera hecha para la revisionsde la entencia dictada, de conformidad con el criterio antes expuesto. JUSTIDA Ast se decide'. En igual sentido, en el fallo N° 1591/2006, determinó que: • . CIONAL 'En el presente caso, observa la Sala que la solicitud de revisión, fue presentada ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, mediante escrito suscrito por la parte interesada el 10 de abril de 2006, y posteriormente remitido a esta Sala Constitucional por el mencionado Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, cuando esta Sala ha sostenido de manera reiterada que la solicitud de revisión tiene que ser presentada y fundamentada directamente ante la Sala Constitucional, no siendo posible remitir a ésta dicha solicitud, como si se tratara de un recurso de casación o una tercera instancia, criterio que en esta oportunidad se reitera'. Con base en los criterios anteriores, esta Sala Constitucional no acepta la remisión del expediente contentivo de la solicitud de revisión propuesta y así se declara. Asimismo, este criterio fue reiterado por esta Sala en sentencia número 400 del 17 de mayo de 2010, en la cual se expresó lo siguiente: "En el presente caso, observa la Sala, que la solicitud de revisión planteada fue interpuesta por la abogada América Delgado Blanco ante el Tribunal Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, y no ante esta Sala Constitucional. Sobre la interposición de la solicitud de revisión ante un órgano jurisdiccional diferente a la Sala Constitucional, en sentencia N° 2793 del 6 de diciembre de 2004 (caso: Akram El Nimer Abou Assi) se consideró que: (...) Por tanto, esta Sala estima que lo ocurrido en el presente caso es inadmisible, toda vez que el accionante, en el juicio de amparo de autos, en atención a los criterios sostenidos ut supra, no podía interponer la solicitud de revisión constitucional ante el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y con Competencia Transitoria en Protección del Niño y del Aable del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Portuguesa, y además solicitar la remisión de dicha solicitud. Asimismo, la Sala verifica el 'error del Juzgado Buperior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y con Compeletela Transitoria en Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa cuando remitió a esta Sala el expediente, como si se tratara de un ONAL anuncio del recurso extraordinario de casación, en lugar de haber declarado su incompetencia para pronunciarse respecto a la solicitud, dado que, agotadas las dos instancias judiciales y al no versar la solicitud sobre una petición de aclaratoria, establecida en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, al Tribunal sólo le faltaba bajar el expediente al tribunal de la causa. Por tanto se le insta al referido Tribunal Superior y demás tribunales de la República a no incurrir en el futuro, en errores como el presente, y para tales fines ordena remitir copia certificada de la presente decisión al Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y con Competencia Transitoria en Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa. En consecuencia, esta Sala no acepta la remisión del expediente que le fuera hecha para la revisión de la sentencia dictada, de conformidad con el criterio antes expuesto. Así se decide. Adicionalmente, señala el articulo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia lo siguiente: El demandante podrá presentar su demanda, solicitud o recurso, con la documentación anexa a la misma, ante el Tribunal Supremo de Justicia o ante cualquiera de los tribunales competentes por la materia, que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia, cuando su domicilio se encuentre fuera del Distrito Capital. En este último caso, el tribunal que lo reciba dejará constancia de la presentación al pie de la demanda y en el Libro Diario, y remitirá al Tribunal Supremo de Justicia el página original (tal como se publicó) [Página 26] expediente debidamente foliado y sellado, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. (Subrayado de la Sala). La citada norma establece expresamente la obligación de consignar la demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia o ante cualquier tribunal competente. En este sentido, debe señalar la Sala que en el caso de la solicitud de revisión el único órgano jurisdiccional competente para el conocimiento de este tipo de solicitudes de conformidad con la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la jurisprudencia dè esta Sala del 6 de febrero de 2001 (caso: Corpoturismo), es la Sala Constitucional. En consecuencia, la interposición de la solicitud d revisión planteada por la abogada América Delgado Blanco, ande case autos lo previsto en el articulo 19 supra citado, toda vez e mencionado Tribunal SegundodeEjecución carece omplgtamente de competencia en razón de la materia para conocer de esta solicitud, por lo que incurrió en error la solicitante aletender utilizar a ese Juzgado como órgano receptor para que Sa Sala conociera de dicha solicitud. En efecto, debe ratificar esta Sala a la solicitante de la revisión, que la competencia por la materia tiene carácter de orden público y no puede ser derogada por convenio entre las partes. De lo expuesto, se deriva que la solicitud de revisión debe ser presentada ante esta Sala con todos los fundamentos de hecho y de derecho pertinentes, dirigidos a demostrar que la decisión objeto de la revisión requerida, presuntamente atenta contra la uniformidad de la interpretación de las normas constitucionales. . Así pues, la Sala en casos similares no ha aceptado la remisión por parte de Tribunales que, cqmo en el presente caso, se adjudicaron la competencia para el envío, bien de oficio o a petición de parte, de un expediente continente de una decisión definitivamente firme para su revisión, por cuanto la solicitud al respecto debe hacerse, como se indicó supra, directamente ante esta Sala Constitucional (vid., entre qtras, sentencias números N° 2793, del 6 de diciembre de 2004, caso: Akram El Nimer Abou Assi; N° 2607, del 12 de agosto de 2005, caso: Unidad Educativa Colegio Los Próceres; N° 419, del 13 de marzo de 2007, caso: Luis Rafael Aponte Aponte; y N° 655, del 27 de mayo de 2009, caso: Elayne Gabriela Aranguren Fernández). Con base en las anteriores razones, esta Sala no acepta la presentado directamente ante esta Sala Constitucional, por ser ésta la única competente para conocerlo. Así se decide." Al respecto, este Alto Tribunal de la República había sostenido de manera reiterada que la solicitud de revisión tenía que ser presentada y fundamentada directamente ante la Şala Constitucional, no siendo posible. remitir dicha solicitud a través de otros órganos como si se tratara de un recurso de casación o una tercera instancia, criterio que sfabferãdo en las sentencias números 2.097 del 30 de octubre de 20011.42 26 de junio de 2002, 1.223 del 19 de mayo de 2003, 730 del 30 deàbril de2004, 2793 del 6 de junio de 2004, 3.397 del 7 de nqviembre de 2005, 1591 del oa agosto de 2006, 419 del 13 de marzo de 2007, 466 del 28 de marzo de 2o 655 del 27 de mayo de 2009, 747 del 8 de junio de 2009, 663 del 29 de julio de 2010. Ahora bien, la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia publicada en la Gaceta Oficial N° 5.991 Extraordinario del 29 de julio de 2010, reimpresa en la Gaceta Oficial número 39.483 del 9 de agosto de 2010 prevé en su artículo 129, contenido en el capítulo II “De los procesos ante la Sala Constitucional", lo siguiente: "Artículo 129: El demandante presentará su escrito. con la documentación indispensable para que se valore su admisibilidad, ante la Sala Constitucional o ante cualquiera de los tribunales que ejerzan competencia territorial en el lugar donde tenga su residencia, cuando su domicilio se encuentre fuera del Area "Metropolitana de Caracas. En este último caso, el tribunal que lo reciba dejará constancia de la presentación al pie de la demanda y en el Libro Diario, y remitirá a la Sala Constitucional el expediente debidamente foliado y sellado, dentro de los tres días hábiles siguientes. En el caso de que la demanda sea presentada sin la documentación respectiva se pronunciará su inadmisión." (Subrayado propio) En este sentido, esta Sala en sentencia número 952 del 20 de agosto de. 2010, caso Festejos Mar, señaló respecto de la aplicación de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia lo que sigue: "Antes de emitir cualquier pronunciamiento en torno al asunto sometido al conocimiento de la Sala, es menester efectuar algunas consideraciones procesales con ocasión de la entrada en vigencia de la novísima Ley Orgánica del Tribunal Sugrêm Justicia, publicada en la Gaceta Qficial N° 5.991 Extragrdina resolver el caso de autos. Señala la Constitución de la República Bolivariand n Venezuela, en su artículo 24, que 'Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso...' A la letra de lo señalado en dicho precepto, los procesos que cursan actualmente ante' esta Sala es menester tramitar los con base en las nuevas reglas procesales; y, de ser necesario, las actuaciones procesales realizadas encauzarlas dentro del neo diseño procedimental. Teniendo tal mandato constitucional como referente, se observa que en el nuevo esquema procesal dispuesto en la reciente Ley se distingue entre las causas que requieren sustanciación (artículo 128) y las que no (artículo 145), a los efectos de someter a cada una'de ellas a reglas procesales distintas. Asi, siguiendo la distinción legislativa, las causas que requieren sustanciación son: la nulidad de actos normativos, bien sean nacionales (numeral 1) estadales o municipales (numeral 2), o los dictados por el Ejecutivos (sic) Nacional (numeral 3); los actos dictados en ejecución directa de la constitucional (sic) (numeral 4); las omisiones legislativas en cualquiera de sus divisiones verticales (numeral 7); los recursos de colisión de leyes (numeral 8); las controversias constitucionales entre cualesquiera de los órganos del Poder Público (numeral 9); y la demanda de interpretación de leyes (numeral 17). Por su parte, de conformidad con el artículo 145 de ęsa misma Ley, 'En las causas en las que no se requiera sustanciación, la Sala decidirá en un lapso de treinta días de despacho contados a partir del día en que se dé cuenta del recibo de las actuaciones, salvo lo que preceptúan la Constitución de la República y leyes especiales', agregando luego que 'No requerirán sustanciación las causas a que se refieren los numerales 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del articulo 25. Queda a salvo la facultad de la Sala Constitucional de dictar autos para mejor proveer y fijar audiencia si lo estima pertinente'. Las causas a que se refiere el articulo aludido son: las de verificación de la constitucionalidad de los Tratados internacionales suscritos por la República (numeral 5); la constitucionalidad de los decretos que declaren los Estados de excepción (numeral 6); las revisiones de sentencia en cualesquiera de sus sub tipos: las dictadas por cualquier tribunal de la República (numeral 10), las dictadas por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (numeral 11) y las que realizan control difuso de la constitucionalidad de leyes (numeral 12): los conflictos de cualquier naturaleza que se presenten entre Salas (numeral 13); la constitucionalidad del carácter orgánico de Leyes y decretos leyes (numeral 14); y la constitucionalidad &e una UCIONAL Ley antes de la promulgación (numeral 15). Constitucional'; de tal modo que el término procesal 'sustanciación' es el concepto clave para distinguir cuáles son las reglas procesales exclusivas de las causas a que se refieren (sic) el articulo 128. Así, la ciencia procesal nos indica que la sustanciación de la causa comienza con la admisión de la demanda, que es el acto con el cual nace el proceso. De ese modo, se colige que las reglas procesales del Capítulo II de las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica del. Tribunal Supremo de Justicia que son de aplicación exclusiva para las causas a que se refieren (sic) el artículo 128 son las contenidas en los artículos 135 y siguientes, al producida la admisión de la demanda. De ese modo, por interpretación en contrario, las normas.a que se refieren los artículos 129 (requisitos de la demanda). artículo 130 (solicitud de medidas cautelares); artículo 131 (oposición a la medida cautelar): artículo 132 (designación de ponente): artículo 133 (causales de inadmisión) y el articulo 134 (despacho saneador) son reglas comunes no sólo a ambos tipos de página original (tal como se publicó) [Página 27] procedimiento (los que requieren sustanciación y los que no), sino además a cualquiera que se siga ante esta Sala Constitucional. Tribunal Supremo de Justicia, como sería el caso. por ejemplo, de los amparos constitucionales, como bien lo precisa el título del Capítulo en referencia al disponer 'De los procesos ante la Sala Constitucional'. Asi se declara. " (Subrayado propio). De allí pues que, a pesar de que esta Sala durante un largo periodo sostuvo que no era posible interponer la solicitud de revisión ante otros tribunales, se abandona tal criterio, pues como lo señaló la sentencia arriba citada, Io dispuesto en el artículo 129 es aplicable a los procedimientos que no requieren sustanciación, entre los cuales se encuentra la solicitud de revisión; por lo tanto, resultaría admisible la posibilidad de interposición de solicitud de revisión presentada ante cualquiera de los tribunales que ejerzan competencia territorial en el lugar donde tenga su residencia el solicitante, cuando su.. domicilio se encuentre fuera del Área Metropolitana de Caracas. Ahora bien, la denuncia fundamental expresada en fa sold de revisión es que el juez de alzada, cuando resolvió el recurso dapelagión vulneró sus derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso así como la doctrina sentada por la Sala Constitucional en las sentencias números 1.340 del 25 de junio de 2002, 2.465 del 15 de octubre de 2002, 2.655 del 2 de octubre de 2002, 885 del 13 de mayo de 2004, por cuanto no emitió pronunciamiento alguno acerca de la demanda interpuesta por el ciudadano Rómulo Navas, la cual había sido declarada, con lugar por el Tribunal a quo. La sentencia objeto de la presente solicitud, señaló en su parte dispositiva que "Se declara Parcialmente con lugar la demanda intentada por los ciudadanos CAMACHO JESUS (sic), LEAL DQUGLAS, DORANTE OBALDO Y OTROS, contra ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE C.A. en consecuencia, se condena a pagar las cantidades indicadas a continuación, excluyéndose los trabajadores identificados en la parte motiva:" Ahora bien, advierte la Sala que el fallo objeto de la solicitud de revisión al entrar en las consideraciones relativas a la promoción de pruebas de la parte demandada, señaló lo siguiente: "3) Promueve y consigna Documentos de Transacción siguientes: . 3.1 Acta de Transacción de fecha 03 de marzo de 1997, suscrita entre la empresa y el extrabajador LUIS JESUS (sic) CAMACHO. 3.2 Acta de Transacción de fecha 14 de Agosto de 1997, suscrita entre la empresa y el extrabajador RUBEN (sic) MUSSET SALAS. 3.3 Acta de Transacción de fecha 19 DE DICIEMBRE DE 1996, suscrita entre la empresa y el extrabajador VICTOR (sic) ACACIO 3.4 Acta de Transacción de fecha 12 de Agosto de 1997, . suscrita entre la empresa y el extrabajador ALEXIS PADILLA. 3.5 Acta de Transacción de fecha 3 de Marzo de 1997, susa entre la empresa y el extrabajador JUVENAL UGARTE. 3.6 Acta de Transacción de fecha 19 de Agosto de 1887, suscrita entre la empresa y el extrabajador REGINO ANTONo LUGO GARCIA (sic). · 3.7 Acta de Transacción de fecha 15 de Agosto de 1997, suscrita entre la empresa y el extrabajador JOsE (sic) FRANCISCO LUGO GARCIA ($ic). 3.8 Acta de Transacción de fecha 14 de Agosto de 1997, suscrita entre la empresa y el extrabajador LÚIS ANTONIO LEAL. 3.9 Acta de Transacción de fecha 14 de Agosto de 1997, suscrita entre la empresa y el extrabajador BERNARDO J CALDERA P. 3.10 Acta de Transacción de fecha 03 de Marzo de 1997, . suscrita entre la empresa y el extrabajador DERUIS VICIERRA. . 3.1I Acta de Transacción de fecha 03 de Marzo de 1997, suscrita entre la empresa y el extrabajador FREDDY RAMON (sic) GARCIA (sic). " 3.12 Acta de Transacción de fecha 03 de Marzo de 1997, suscrita entre la empresa y el extrabajador ANDREs (sic) ENRIQUE REYES ZAMBRANO. 3.13 Acta de Transacción de fecha 31 de Marzo de 1997, suscrita entre la empresa y el extrabajador JORGE DANIEL LUGO GARCIA (sic). 3.14 Acta de Transacción de fecha 18 DE (sic) Diciembre de -1997, suscrita entre la empresa y el extrabajador RUMUALDO MEDINA HERNANDEZ (sic). 3.15 Acta de Transacción de fecha 12 de Agosto de 1997, suscrita entre la empresa y el extrabajador FREDDY M. SANGRONIS. 3.16 Acta de Transacción de fecha 14 de Julio de 1997, suscrita entre la empresa y el extrabajador JHONY SANGRONIS. Así, la Sala aprecia que en el segundo punto del dispositivo, cuando se declara parcialmente con lugar la demanda y se condena a la demandada al pago de las prestaciones sociales, se indica que se excluye a “los trabajadores identificados en la motiva", dentro de los cuales no se encuentra nombrado el ciudadano Rómulo Navas, pues como se observa en la cita arriba realizada, no fue mencionado dentro de este capítulo, por lo que el hoy solicitante no se encuentra dentro de los ciudadanos excluidos de pago ni dentroag SUSTICh, quienes se acordó el mismo. Ahora bien, con relación a la denuncia de omisión de pronunciamiento formulada por el solicitante, cabe destacar que el cardinal 5 del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, señala lo siguiente: "Toda sentencia debe contener: (.) 5: decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda . absolverse de la instancia". Esta norma impone al juzgador la inexcusable obligación de . pronunciarse sobre todos y cada uno de los alegatos y defensas opuestas por constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de las partes. En este mismo sentido, esta Sala ratifica su doctrina sobre la incongruencia negativa, partiendo de la concurrencia de ciertos elementos para determinar su existencia, como son: a) Que haya sido formulado el alegato respecto del cual se denuncia falta de pronunciamiento; b) Que el juzgador se encontraba en la oportunidad en que debía pronunciarse; c) Que el alegato contenía la pretensión de la parte en el proceso o en la instancia; y d) que el pronunciamiento no podía deducirse de la motivación del fallo; así cuando concurren todos estos elementos se estaría colocando a la parte en una situación de indefensión que conllevaría a la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y específicamente a la defensa. Sala indicó lo siguiente: .ONNL "Conviene entonces señalar que la tendencia jurisprudengiahk doctrinaria contemporánea. en materia constitucional, es considerar la violación del derecho a la tutela judicial efectiva por lo que se denomina como 'incongruencia omisiva' del fallo sujeto a impugnación. La jurisprudencia ha entendido por 'incongruencia omisiva' como el 'desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o página original (tal como se publicó) [Página 28] cosas distinta (sic) de lo pedido, (que) puede entrañar una vulneración del principio de contradicción, lesivo al derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia' (sent encia del Tribunal Constitucional Español 187/2000 del 10 de julio). · Para este Supremo Tribunal, la incongruencia omisiva de un fallo impugnado a través de la acción de amparo constitucional, debe ser precedida de un análisis pormenorizado y caso por caso de los términos' en que ha sido planteada la controversia, a los fines de constatar que la cuestión que se dice imprejuzgada fue efectivamente planteada. Constada la omisión de juzgamiento, debe precisarse si era el alegato. Pero no toda omisión debe entenderse como violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva, sino aquella que se refiere a la pretensión de la parte en el juicio y no sobre meros alegatos en defensa de esas mismas pretensiones, puesto que estas últimas no no imponen los límites de la controversia, ello en consonancia con lo preceptuado en el numeral 8 del articulo 49 de la vigente Constitución que exige una 'omisión injustificada'. Finalmente, debe analizarse si la omisión fue desestimada tácitamente o pueda deducirse del conjunto de razonamientos de la decisión, pues ello equivaldria a la no vulneración del derecho reclamado." Bajo la perspectiva del criterio jurisprudencial citado, esta Sala pasa a examinar la sentencia dictada el 16 de marzo de 2005 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estada,Falcon, con sede en Santa Ana de Coro, objeto de la solicitud de revisión y, en 'esta sentido deducirse de la motivación del fallo respecto de la pretensión laboral del ciudadano Rómulo Navas; asimismo, se verificó que la respuesta a tal pretensión no se desprende del contenido de la sentencia; igualmente se estima que ese era el momento en el cual el Juzgado Superior debía analizar, valcrar y decidir dicha pretensión, en atención al principio de exhaustividad del fallo y a la tutela judicial efectiva, de modo que éste debió abarcar la totalidad de los alegatos y pretensiones de la parte en la causa con ocasión de la apelación interpuesta; en virtud de lo cual esta Sala Constitucional aprecia que la sentencia aludida, incurrió en ciara petita o falta de pronunciamiento y en la consecuente vulneración de la doctrina de esta Sala sobre el vicio de incongruencia negativa del fallo; y así se decide. . Por tal motivo, resulta evidente para esta Sala que la omisión de pronunciamiento por parte del mincicnado Juzgado Superior respecto de la apelación planteada por el ciudadano Rómulo Navas, lesionó su derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva; y así se decide. .. En consecuencia, la Sala considera que la decisión objeto de revisión contrario los criterios de esta Sala Constitucional en materia de incongruencia negativa, por lo que en atención a los fundamentos y doctrina jurisprudencial expuestos, resulta forzoso declarar que ha lugar la solicitud de revisión del referido fallo, dictado el 16 de marzo de 2005 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, coni sede en Santa Ana de Coro; en consecuencia, anula el referido fallo y ordena al Juzgado Superior que corresponda por distribución que dicte nueva sentencia a partir de lo expuesto en la presente decisión. Así se declara. Finalmente, como quiera que el presente fallo introduce un criterio en cuanto al conocimiento de las solicitudes de revisión interpd ante órganos jurisdiccionales distintos a esta Sala Constitucional a Sala ordena la publicación del presente fallo en su página web y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. DECISIÓN Por las razones que antes fueron expuestas, esta Şala Constitucional del.. Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1. Que HA LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por el abogado Amílcar Antequera, en su carácter de apoderado judicial dèl ciudadano RÓMULO NAVAS, de la sentencia dictada el 16 de marzo de 2005 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro. ANULA el fallo dictado por el Juzgado Superior. 2. ORDENA al Juzgado Superior Laboral que corresponda por 3. distribución dictar una nueva decisión acatando la doctrina de la Sala. ORDENA la publicación del presente fallo en la página web del 4. Tribunal Supremo de Justicia, así como en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Publíquese, regístrese,cúmplaselo ordenando y aro el expediente. Remítase copia certificada del presente fallo al Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Faieón, con sede en Santa Ana de Coro y al Juzgado Superior Distribuidor del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Falcón para la distribución correspondiente. Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los aizde dos mil catorce (2014). Años: 203° días del mes de de la Independencia y 155° de la Federación. La Presidenta, Gladys Mayta Gutiéryez Alvarado página original (tal como se publicó) [Página 29] El Vicepresidente, Francisco Carrasquert ópez Luisa EsteHa Morales Lemuño Magistrada Marcos Tulio Dugarte Padrón Magistrado Carmen Zuleta de Merchán Magistrada Arcadio Delgado Rosales Magistrado Ponente Juan José Mendoza Jover Magistrado El Secretario sénbeonardo Requena Exp. 12-1292 N°976 LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA NE SALA CONSTITUCIONAL Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales Expediente N° 14-0277 El 25 de marzo de 2014, el ciudadano GERARDO SÁNCHEZ CHACÓN, titular de la cédula de identidad número V- 15.362.895, actuando en su condición de Alcalde del Municipio Guacara del Estado Carabobo, asistido por el abogado Hermann Escarrá Malavé, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 14.896, presentó ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, "...Recurso de Interpretación de Naturaleza Constitucional y Legal sobre el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (...) y de los artículos 41, 43, 44, 46 [y] 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada en la G.O N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010..." (destacado del escrito). El 27 de marzo de 2014, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. 1 FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE INTERPRETACIÓN El recurrente solicitó la interpretación del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, con base en las siguientes consideraciones: ostentando el carácter de Alcalde del Municipio Guacara del estado Carabobo en virtud de la necesidad que [tiene], como primera autoridad civil del municipio, en tener una absoluta claridad en cuanto a (su) actuar página original (tal como se publicó) [Página 30] frente al requerimiento de manifestaciones públicas dentro del municipio Guacara. Por ello conjuntamente con razón de derecho, existen hechos públicos notorios y comunicacionales que motivan la presente solicitud interpretativa y que están representados por la necesidad de tener claridad en la acción administrativa entorno (sic) a las manifestaciones políticas que actualmente se desarrollan en la entidad federal carabobense y que no en pocos casos resultan ser violentas y trasgresoras del ordenamiento jurídico nacional...". Señaló que, en el presente caso, se encuentra “...con la inminente necesidad de obtener Seguridad Jurídica mediante una declaración de certeza que permita esclarecer el alcance de las normativas objeto de este recurso (...); para así tener claridad en relación a la debida actuación que deben desplegar los organismos públicos (específicamente [él] en [su] condición de Alcalde), que deben emitir algún pronunciamiento o actuar en el marco de las manifestaciones, en cuanto a: • ¿para ejercer el derecho a manifestar, en los términos previstos en el artículo 68 constitucional, debe el o los manifestantes solicitar autorización? • ¿constituye la autorización -de ser necesaria- un requisito legal o limitación legal al derecho [a] manifestar al que hace referencia tanto el artículo 68 de la CRBV (sic) como el artículo 41 de la LPPRPM (sic), respectivamente? • ¿el órgano administrativo que actúe en el marco de la LPPRPM (sic), específicamente con base en los articulos 43, 44, 46 y 50 de esa ley, puede denegar, modificar o aprobar esa autorización mediante acto administrativo expreso?. • ¿esta autorización tiene como finalidad autorizar o no la manifestación pública o versa solamente acerca de la posibilidad que tiene la autoridad de señalar el sitio donde deba realizarse la reunión o manifestación pública?. • ¿qué facultades en materia de orden público posee el órgano competente si fuesen desobedecidas las limitaciones o condiciones al derecho de manifestar?. • ¿qué facultades sancionatorias posee el órgano competente si fuesen desobedecidas las limitaciones o condiciones al derecho a manifestar?...". Que el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que "...Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohibe el uso de las armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público...". Por su parte, los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, establecen lo siguiente: "Artículo 41. Todos los habitantes de la República tienen el derecho de reunirse en lugares públicos o de manifestar, sin más limitaciones que las que establezcan las leyes." "Artículo 43. Los organizadores de reuniones públicas o manifestaciones, deberán participarlo con veinticuatro horas de anticipación cuando menos, por escritos duplicado[s], en horas hábiles, a la primera autoridad civil de la jurisdicción con indicación del lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persiga. Las autoridades en el mismo acto del recibo de la participación deberán estampar en el ejemplar que entregan a los organizadores, la aceptación del sitio o itinerario y hora." "Artículo 44. Cuando hubieren razones fundadas para temer que la celebración simultánea de reuniones públicas o manifestaciones en la misma localidad pueda provocar trastornos del orden público, la autoridad ante quien deba hacerse la participación que establece el artículo anterior podrá disponer, de acuerdo con los organizadores, que aquellos actos se ccelebren en sitios suficientemente distantes o en horas distantes. En este caso tendrán preferencia para la elección del sitio y la hora quienes hayan hecho la participación con anterioridad." página original (tal como se publicó) [Página 31] "Artículo 46. Los gobernadores o gobernadoras de estado, alcaldes o alcaldesas de municipios, o de distritos metropolitanos y jefe o jefa de gobierno de distrito, fijarán periódicamente mediante resoluciones publicadas en las respectivas Gacetas, los sitios donde no podrán opinión de los partidos. A solicitud de las asociaciones políticas, la autoridad civil podrá autorizar reuniones públicas o manifestaciones en aquellos sitios prohibidos, cuando no afecten el orden público, el libre tránsito u otros derechos ciudadanos. Parágrafo Único: Durante los procesos electorales se aplicarán con preferencia las disposiciones de la Ley Orgánica de Procesos Electorales." "Artículo 50. De cualquier determinación tomada por la primera autoridad civil de la jurisdicción que fuere considerada como injustificada por los organizadores de reuniones públicas o manifestaciones, podrá recurrirse por ante el Gobernador o Gobernadora del estado, Alcalde o Alcaldesa de Municipio o Distrito Metropolitano, así como ante el Jefe o Jefa de Gobierno de Distrito, el cual estará obligado a decidir durante las cuarenta y ocho horas siguientes. De esta decisión se podrá apelar por ante el Tribunal Supremo de Justicia, quien decidirá con preferencia." Arguyo qué "..la simple lectura literal de las normas constitucionales y legales transcritas permite afirmar que existe una duda clara y evidente, por cuanto al estar sometidas a requisitos la manifestación en los términos del artículo 68 constitucional, la LPPRPM (sic) no resulta clara en cuanto a la totalidad de las limitaciones que ella misma anuncia en el artículo 41 ejusdem (sic)..." Que "..luce claro que el o los manifestantes deberán notificar a la autoridad con veinticuatro horas de anticipación cuando menos, por escritos duplicado[s], en horas hábiles, a la primera autoridad civil de la jurisdicción con indicación del lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persigue (ex artículo 43 ejusdem [sic])...". Que "...de conformidad con ese último artículo la autoridad en el mismo acto del recibo de la participación deberán estampar en el ejemplar que entregan a los organizadores, la aceptación del sitio o itinerario y hora. Surgiendo la duda [de] que si la solicitud puede [ser] aceptada ¿debería entenderse que también podría ser denegada? (destacado del escrito). Que "...más adelante, en el artículo 44, la ley en referencias señala que en el supuesto de celebración simultánea de reuniones públicas o manifestaciones en la misma localidad que puedan provocar trastornos del orden público, la autoridad puede disponer, de acuerdo con los organizadores, que aquellos actos se celebren en sitios suficientemente distantes o en horas distantes. Surge de nuevo la posibilidad autorizatoria, en este caso modificatoria de la solicitud del sitio donde pueda ejercerse el derecho a manifestar...". Que "...esa misma posibilidad autorizatoria surge del artículo 46 cuando señala no solo que los gobernadores o gobernadoras de estado, alcaldes o alcaldesas de municipios, o de distritos metropolitanos y jefe o jefa de gobierno de distrito, fijan periódicamente mediante resoluciones publicadas en las respectivas Gacetas, los sitios donde no podrán realizarse reuniones públicas o manifestaciones, oyendo previamente la opinión de los partidos, sino que también prevé que a solicitud de las asociaciones políticas, la autoridad civil podrá_ autorizar reuniones públicas o manifestaciones en aquellos sitios prohibidos, cuando no afecten el orden público, el libre tránsito u otros derechos ciudadanos..." (destacado del escrito). Señaló que "...el artículo 50 de la ley de marras prevé la facultad recursiva frente a cualquier determinación tomada por la primera autoridad civil de la jurisdicción que fuere considerada como injustificada por los organizadores de reuniones públicas o manifestaciones..." (destacado del escrito). consiste[n] las dudas y ambigúedad que en (su) criterio surgen de las disposiciones constitucional y legales...", transcritas. Por último solicitó, "... que el presente Recurso de Interpretación Legal, sea procesado conforme a la ley y por tanto se declare con certeza -otorgando la debida Seguridad Jurídica- el contenido y alcance del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los artículos 41, 43, 44, 46, 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones con un claro y un único objetivo: el resguardo de la espontaneidad de la vida social y política..." (destacado del escrito). página original (tal como se publicó) [Página 32] II DE LA COMPETENCIA Previo a cualquier pronunciamiento, pasa esta Sala a determinar su competencia para conocer el presente recurso de interpretación y, al respecto, observa: En sentencia N° 1077 del 22 de septiembre de 2000 (caso: Servio Tulio León), esta Sala determinó su competencia para interpretar el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 336 eiusdem. Al respecto, esta Sala ha precisado que la facultad interpretativa está dirigida a que la norma a interpretar esté contenida en la Constitución (sentencia N° 1415/2000 del 22 de noviembre caso: Freddy Rangel Rojas, entre otras) o integre el sistema constitucional (sentencia N° 1860/2001 del 5 de octubre, caso: Consejo Legislativo del Estado Barinas), del cual formarán parte los tratados o convenios internacionales que autorizan la producción de normas por parte de organismos multiestatales (sentencia N° 1077/2000 del 22 de septiembre caso: Servio Tulio León) o las normas de carácter general dictadas por la Asamblea Nacional Constituyente (sentencia N° 1563/2000, caso: Alfredo Peña). En el presente caso, se ha solicitado la interpretación del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con el objeto de determinar su contenido y alcance, así como de los artículos 41, 43, 44, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010. En este sentido, estima esta Sala que con relación a la norma constitucional citada no existe duda alguna acerca de su competencia para conocer de su interpretación; y así se declara. Ahora bien, por lo que concierne a la interpretación de los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, esta Sala aprecia que, a pesar de tener tales disposiciones rango legal, ellas guardan una estrecha vinculación con la norma constitucional -sólo como desarrollo de esta última- razón por la cual, este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en los artículos 25 cardinal 17 y 31 cardinal 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se declara competente para conocer de la interpretación de las referidas normas; y así se declara. III DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE INTERPRETACIÓN Establecido lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso interpuesto y, al respecto, observa que en la sentencia N° 1029 del 13 de junio de 2001 (caso: Asamblea Nacional), este órgano jurisdiccional precisó los requisitos de admisibilidad del recurso de interpretación constitucional, en atención a su objeto y alcance. En este sentido, estableció lo siguiente: "...1.- Legitimación para recurrir. Debe subyacer a la consulta una duda que afecte de forma actual o futura al accionante. 2.- Precisión en cuanto a la oscuridad, ambigúedad o contradicción de las disposiciones enlazadas a la acción. 3.- Novedad del objeto de la acción. Este motivo de inadmisibilidad no opera en razón de la precedencia de una decisión respecto al mismo asunto planteado, sino a la persistencia en el ánimo de la Sala del criterio a que estuvo sujeta la decisión previa. 4.- Inexistencia de otros medios judiciales o impugnatorios a través de los cuales deba ventilarse la controversia, ni que los procedimientos a que ellos den lugar estén en trámite. 5.- Cuando no se acumulen acciones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles; 6.- Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción es admisible; 7.- Ausencia de conceptos ofensivos o irrespetuosos; 8.- Inteligibilidad del escrito; 9.- Representación del actor. 10.- En caso de que no sean corregidos los defectos de la solicitud, conforme a lo que se establece seguidamente...". La solicitud deberá expresar: 1.- Los datos concernientes a la identificación del accionante y de su representante judicial; 2.- Dirección, teléfono y demás elementos de ubicación de los órganos involucrados; 3.- Descripción narrativa del acto material y demás circunstancias que motiven la acción. En.caso de instancia verbal, se exigirán, en lo posible, los mismos requisitos. página original (tal como se publicó) [Página 33] La Sala advierte que, en el caso de autos, el recurrente demostró el cumplimiento efectivo de cada uno de los requisitos señalados supra; en efecto, este órgano jurisdiccional reconoce la legitimidad de la parte actora, debido a la titularidad que ostenta como Alcalde del Municipio Guacara del Estado Carabobo así como "...la necesidad que [tiene]. como primera autoridad civil del municipio, en tener una absoluta claridad en cuanto a (su) actuar frente al requerimiento de manifestaciones públicas dentro del municipio Guacara...". En segundo lugar, la acción fue planteada por el referido Alcalde bajo la premisa de una ambigúedad sobre el contenido y alcance del artículo-68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desarrollado en los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010, específicamente, en lo atinente a su actuar como primera autoridad civil del Municipio Guacara del Estado Carabobo frente al requerimiento de manifestaciones públicas dentro de la referida entidad político territorial. Asimismo, la presente solicitud de interpretación representa una novedad ya que este órgano jurisdiccional no ha establecido criterio sobre las normas objeto de las interrogantes planteadas en ella. No existen vías ordinarias a las cuales pudiese acudir para dilucidar su pretensión, ni acumulación con otra acción con la que pudiese excluirse mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles. La acción fue presentada en términos claros, en ausencia de conceptos ofensivos y con los documentos indispensables para verificar su admisibilidad. En atención a las anteriores consideraciones, esta Sala admite la interpretación solicitada; y así se decide. IV DE LA DECLARATORIA DEL ASUNTO COMO URGENTE En cuanto al procedimiento a seguir para sustanciar la acción de interpretación constitucional, la Sala, en sentencia del 22 de septiembre de 2000 (caso: Servio Tulio León), dejó abierta la posibilidad de que, una vez admitida la acción, si lo creyere necesario, en aras de la participación de la quisiera coadyuvar en el sentido que ha de darse a la interpretación, para lo cual se señalaría un lapso de preclusión a fin de que aquéllos concurrieran y expusieran por escrito (dada la condición de mero derecho de este tipo de causas), lo que creyeren conveniente. Además, a los mismos fines, se haría saber de la admisión del recurso, mediante notificación, a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo, quedando a criterio del Juzgado de Sustanciación de la Sala el término señalado para observar, así como la necesidad de llamar a los interesados, ya que la urgencia de la interpretación puede conducir a que sólo sean los señalados miembros del Poder Ciudadano los convocados (Vid. Sentencia N° 226 del 20 de febrero del 2001, caso: Germán Mundaraín Hernández y otros). En la presente causa, la Sala, en atención a la facultad discrecional que posee, considera pertinente entrar a emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado, sin necesidad de abrir procedimiento alguno, por estimar que la presente causa constituye un asunto de mero derecho, que además debe resolverse con la menor dilación posible, por lo que pasará inmediatamente a pronunciarse sobre su procedencia; y así se decide. V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR El presente recurso de interpretación tiene por finalidad que esta Sala Constitucional, como máxima y última intérprete del Texto Fundamental, determine el alcance y el contenido del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con relación a los planteamientos formulados en la presente solicitud. Al respecto, este órgano jurisdiccional, en sentencia N° 1309 del 19 de julio de 2001 (caso: Hermann Escarrá), manifestó su intención de explicar el sentido de la interpretación constitucional, en atención al postulado del artículo 335 de la Carta Magna, para lo cual interpretó la noción y alcance de su propia potestad interpretativa, señalando al respecto lo siguiente: "...La interpretación constitucional hace girar el proceso hermenéutico alrededor de las normas y principios básicos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha previsto. Ello significa que la protección de la Constitución y la jurisdicción constitucional que la garantiza exigen que la interpretación de todo el ordenamiento juridico ha de hacerse conforme a la Constitución (verfassungskonfome Auslegung von Gesetze). Pero esta conformidad requiere el cumplimiento de varias condiciones, unas formales, como ia técnica fundamental (división del poder, reserva legal, no retroactividad de las leyes, generalidad y permanencia de las normas, soberanía del orden jurídico, etc.) [Ripert. Les Forces créatices du droit, París, LGDJ, 1955, pp. 307 y ss]; y otras axiológicas (Estado social de derecho y de justicia, pluralismo político y preeminencia de los derechos fundamentales, soberania y autodeterminación nacional), pues el carácter dominante de la Constitución en el proceso interpretativo no puede servir de pretexto para vulnerar los página original (tal como se publicó) [Página 34] principios axiológicos en que descansa el Estado constitucional venezolano. Interpretar el ordenamiento jurídico conforme a la Constitución significa, por tanto, salvaguardar a la Constitución misma de toda desviación de principios y de todo apartamiento del proyecto político que ella encarna por voluntad del pueblo. (...) La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé dos clases de interpretación constitucional. La primera está vinculada con el control difuso de la constitucionalidad de las leyes y de todos los actos realizados en ejecución directa de la Constitución; y la segunda, con el control concentrado de dicha constitucionalidad. Como se sabe, el articulo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela impone a todos los jueces la obligación de asegurar la integridad de la Constitución; y el articulo 335 eiusdem prescribe la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para garantizar la supremacia y efectividad de las normas y principios constitucionales, por lo que declara a esta Sala Constitucional su máximo y último intérprete, para velar por su uniforme interpretación y aplicación, y para proferir sus interpretaciones sobre el contenido o alcance de dichos principios y normas, con carácter vinculante, respecto de las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República (jurisprudencia obligatoria). Como puede verse, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no duplica en estos articulos la competencia interpretativa de la Constitución, sino que consagra dos clases de interpretación constitucional, a saber, la interpretación individualizada que se da en la sentencia como norma individualizada, y la interpretación general o abstracta prescrita por el artículos 335, que es una verdadera jurisdatio, en la medida que se declara erga omnes y pro futuro (ex nunc), el contenido y alcance de los principios y normas constitucionales cuya interpretación constitucional se insta a través de la acción extraordinaria correspondiente. Esta jurisdatio es distinta de la función que controla concentradamente la constitucionalidad de las leyes, pues tal función monofiláctica es, como lo ha dicho Kelsen, una verdadera legislación negativa que decreta la invalidez de las normas que colidan con la Constitución, aparte de la interpretación general o abstracta mencionada no versa sobre normas subconstitcionales sino sobre el sistema constitucional mismo. El recto sentido del articulo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hace posible la acción extraordinaria de interpretación, ya que, de otro modo, dicho artículo seria redundante en lo dispuesto por el articulo 334 eiusdem, que sólo puede dar lugar a normas individualizadas, como son, incluso, las sentencias de la Sala Constitucional en materia de amparo. La diferencia entre ambos tipos de interpretación es patente y produce consecuencias jurídicas decisivas en el ejercicio de la jurisdicción constitucional por parte de esta Sala. Esas consecuencias se refieren al diverso efecto de la jurisdictio y la jurisdatio y ello porque la eficacia de la norma individualizada se limita al caso resuelto, mientras que la norma general producida por la interpretación abstracta vale erga omnes y constituye, como verdadera jurisdatio, una interpretación cuasiauténtica y paraconstituyente, que profiere el contenido constitucionalmente declarado por el texto fundamental...". Precisado lo anterior, esta Sala pasa a dilucidar, tal como le fue solicitado por el recurrente, el contenido del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente lo relacionado con la actuación de los Alcaldes como primeras autoridades político territoriales frente al requerimiento de manifestaciones públicas dentro de sus referidos Municipios. En tal sentido, la norma constitucional in commento establece que: "Artículo 68.- Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de las armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público... ". (Subrayado de esta Sala) La disposición constitucional transcrita supra en su primera parte hace referencia al derecho a la manifestación pacífica, como uno de los derechos políticos que detentan los ciudadanos, el cual, junto con el derecho a la reunión pública previsto en el artículo 53 de la Carta Magna constituyen una manifestación del derecho a la libertad de conciencia de los ciudadanos (artículo 61). Ahora bien, el derecho a la manifestación en el ordenamiento jurídico venezolano no es un derecho absoluto, entendiendo por tal, aquella clase o tipo de derecho que no admite restricción de ningún tipo, como es el caso del derecho a la vida, a la salud, entre otros, cuyos ejercicios se encuentran garantizados de forma amplia sin limitación de ningún tipo. En tal sentido, el derecho a la manifestación admite válidamente restricciones para su ejercicio, y así expresamente lo reconoció el Constituyente de 1999 en el artículo 68, -tal como lo estableció la Constitución de 1961 en su artículo 115- al limitar su ejercicio a las previsiones que establezca la Ley. En tal sentido, la Asamblea Nacional en atención al contenido del artículo 68 de la Carta Magna, dictó el 21 de diciembre de 2010 la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010, en la cual en el Título II norma el aspecto relacionado con el derecho constitucional a la manifestación, bajo el Capítulo I denominado "De las reuniones públicas y manifestaciones", estableciendo así una serie de disposiciones de cumplimiento obligatorio no solo para los partidos políticos, sino también para todos los ciudadanos, cuando estos decidan efectuar reuniones públicas o manifestaciones. En este mismo orden de ideas, se aprecia que en la segunda parte del artículo 68 de la Constitución, también se prevé un acatamiento irrestricto a la ley por parte de los cuerpos policiales y de seguridad encargados del control del orden público, quienes en su actuación no solo estarán en la obligación garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a manifestar pacíficamente, sino también a impedir que éstos, en el curso de la protesta, incurran en excesos que se puedan traducir en lesiones o amenazas de violación de derechos fundamentales del resto de la ciudadanía, como sería el caso del derecho al libre tránsito o al trabajo; sino también a los que estando en ellas no se excedan en dichas concentraciones, velando siempre y en todo momento para que en el control de ese tipo de situaciones exista un respeto absoluto de los derechos humanos, evitando el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas. Determinado como se encuentra el alcance del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala advierte que la interpretación de autos se planteó en virtud de la necesidad que tiene página original (tal como se publicó) [Página 35] el accionante (ciudadano Gerardo Sánchez Chacón), como primera autoridad civil del Municipio Guacara del Estado Carabobo, de tener una absoluta claridad en cuanto a su actuar frente al requerimiento de manifestaciones públicas dentro del referido Municipio. Ahora bien, el planteamiento de fondo que subyace a la acción de interpretación incoada, solo puede ser abordado por esta Sala, como en efecto se ha hecho, para exigir la conexión de la solicitud de interpretación con un caso concreto y de esta manera determinar, por un lado, la legitimidad del recurrente y, por el otro, verificar la existencia de una duda razonable que justifique el movimiento del aparato jurisdiccional en la resolución del mismo (ver fallos de esta Sala números N° 1077/2000 y 1029/2001, entre otros). Pero la Sala Constitucional ha sido siempre muy cuidadosa de no usurpar con su interpretación competencias de otras Salas (por ejemplo, el recurso de interpretación de textos legales); y de evitar que se pretenda con esta acción sustituir recursos procesales preexistentes; o se intente subrepticiamente obtener resultados cuasi jurisdiccionales que desbordan el fin esclarecedor de este tipo de acciones, es decir, que lo planteado persiga más bien la solución de un conflicto concreto entre particulares o entre estos y órganos públicos, o entre estos últimos entre sí; o que exista una velará intención de lograr una opinión previa sobre la inconstitucionalidad de una ley. Por ello, sobre el caso concreto que subyace a la presente acción de interpretación, la Sala solo se limitará a efectuar dos precisiones: 1.- La verificación del contenido de los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010 a la luz de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de los planteamientos del solicitante de autos. En tal sentido los artículos en referencia establecen lo siguiente: "Artículo 41. Todos los habitantes de la República tienen el derecho de reunirse en lugares públicos o de manifestar, sin más limitaciones que las que establezcan las leyes." "Artículo 43. Los organizadores de reuniones públicas o manifestaciones, deberán participarlo con veinticuatro horas de anticipación cuando menos, por escritos duplicado, en horas hábiles, a la primera autoridad civil de la jurisdicción con indicación del lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persiga. Las autoridades en el mismo acto del recibo de la participación deberán estampar en el ejemplar que entregan a los organizadores, la aceptación del sitio o itinerario y hora." "Artículo 44. Cuando hubieren razones fundadas para temer que la celebración simultánea de reuniones públicas o manifestaciones en la misma localidad pueda provocar trastornos del orden público, la autoridad ante quien deba hacerse la participación que establece el artículo anterior podrá disponer, de acuerdo con los organizadores, que aquellos actos se celebren en sitios suficientemente distantes o en horas distantes. En este caso tendrán preferencia para la elección del sitio y la hora quienes hayan hecho la participación con anterioridad." "Artículo 46. Los gobernadores o gobernadoras de estado, alcaldes o alcaldesas de municipios, o de distritos metropolitanos y jefe o jefa de gobierno de distrito, fijarán periódicamente mediante resoluciones publicadas en las respectivas Gacetas, los sitios donde no podrán realizarse reuniones públicas o manifestaciones, oyendo previamente la opinión de los partidos. A solicitud de las asociaciones politicas, la autoridad civil podrá autorizar reuniones públicas o manifestaciones en aquellos sitios prohibidos, cuando no afecten el orden público, el libre tránsito u otros derechos ciudadanos. Parágrafo Único: Durante los procesos electorales se aplicarán con preferencia las disposiciones de la Ley Orgánica de Procesos Electorales." "Artículo 50. De cualquier determinación tomada por la primera autoridad civil de la jurisdicción que fuere considerada como injustificada por los organizadores de reuniones públicas o manifestaciones, podrá recurrirse por ante el Gobernador o Gobernadora del estado, Alcalde o Alcaldesa de Municipio o Distrito Metropolitano, así como ante el Jefe o Jefa de Gobierno de Distrito, el cual estará obligado a decidir durante las cuarenta y ocho horas siguientes. De esta decisión se podrá apelar por ante el Tribunal Supremo de Justicia, quien decidirá con preferencia." El contenido de las disposiciones legales transcritas supra denota el cumplimiento efectivo por parte del legislador del postulado constitucional previsto en el artículo 68 de la Carta Magna, regulando el ejercicio del derecho a la protesta pacífica de una manera pormenorizada, precisando en tal sentido: (i) el lapso del cual disponen los organizadores para solicitar autorización para realizar la reunión pública o manifestación (veinticuatro horas de anticipación a la actividad); (ii) la forma en que debe ser presentada la solicitud (por escrito duplicado); (ii) el contenido del escrito (indicación del lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persiga); (iv) la autoridad encargada de recibir dicha solicitud (primera autoridad civil de la jurisdicción, Gobernadores de Estados, Alcaldes de Municipios o de Distritos Metropolitanos y el Jefe del Gobierno de Distrito) y (v) la obligación de las autoridades de estampar en el ejemplar que entregan a los organizadores, la aceptación del sitio o itinerario y hora. En este orden de ideas, también se advierte el derecho a recurrir de los solicitantes ante cualquier decisión tomada por la primera autoridad civil de la respectiva jurisdicción cuando la misma sea catalogada como página original (tal como se publicó) [Página 36] injustificada, bien porque niegue el permiso o porque introduzca algún cambio en cuanto a la indicación del lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persiga, teniendo la posibilidad de apelar por ante el Gobernador del Estado, Alcalde de Municipio o Distrito Metropolitano, así como ante el Jefe de Gobierno de Distrito, quien estará obligado a decidir durante las cuarenta y ocho horas siguientes. De esta decisión el o los solicitantes podrán interponer recurso de nulidad ante la Sala Político Administrativa de este alto Tribunal de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 cardinal 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quien decidirá con preferencia. Por último, se aprecia la facultad de la primera autoridad civil de fijar periódicamente mediante resoluciones publicadas en las respectivas Gacetas, los sitios donde no podrán realizarse reuniones públicas o manifestaciones, oyendo previamente la opinión de los partidos, aplicando con preferencia las disposiciones de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, durante los procesos comiciales. De acuerdo a las consideraciones expuestas, esta Sala Constitucional concluye que la normativa prevista en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010, prevé las pautadas adecuadas para el ejercicio cabal y efectivo del derecho a la manifestación pacífica sin que ello implique en modo alguna una limitación total y absoluta de su ejercicio; y así se declara. 2.- Aclarar las dudas que tiene el accionante sobre el procedimiento pautado en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010. En lo que atañe a la primera duda, referida al hecho de si ¿para ejercer el derecho a manifestar, en los términos previstos en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe el o los manifestantes solicitar autorización?. Esta Sala Constitucional estima que, en acatamiento al contenido regulatorio previsto en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010, resulta obligatorio para los partidos y/o organizaciones políticas así como para todos los ciudadanos, -cuando estos decidan efectuar reuniones públicas o manifestaciones- agotar el procedimiento administrativo de autorización ante la primera autoridad civil de la jurisdicción correspondiente, para de esta manera poder ejercer cabalmente su derecho constitucional a la manifestación pacífica. En lo que respecta a la segunda pregunta formulada referida a si ¿constituye la autorización -de ser necesaria- un requisito legal o limitación legal al derecho a manifestar al que hace referencia tanto el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como el artículo 41 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, respectivamente? La autorización emanada de la primera autoridad civil de la jurisdicción de acuerdo a los términos de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, constituye un requisito de carácter legal, cuyo incumplimiento limita de forma absoluta el derecho a la manifestación pacífica, impidiendo así la realización de cualquier tipo de reunión o manifestación. Por lo tanto, cualquier concentración, manifestación o reunión pública que no cuente con el aval previo de la autorización por parte de la respectiva autoridad competente para ello, podrá dar lugar a que los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público a los fines de asegurar el derecho al libre tránsito y otros derechos constitucionales (como por ejemplo, el derecho al acceso a un instituto de salud, derecho a la vida e integridad fisica), actúen dispersando dichas concentraciones con el uso de los mecanismos más adecuados para ello, en el marco de los dispuesto en la Constitución y el orden jurídico. En lo concerniente a la tercera duda, referida al hecho de que ¿el órgano administrativo que actúe en el marco de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, específicamente con base en los artículos 43, 44, 46 y 50 de esa ley, puede denegar, modificar o aprobar esa autorización mediante acto administrativo expreso?. De acuerdo a las previsiones de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, la primera autoridad civil de la jurisdicción -donde se desee realizar la concentración, manifestación o reunión pública- no se encuentra limitada a los términos en que se efectúe la solicitud, pudiendo no solo negar la autorización, sino también modificarla en caso de acordarla o autorizar la en cuanto a la indicación del lugar y el itinerario escogido (el día y hora). Dicho pronunciamiento, deberá ser emitido mediante acto administrativo expreso, en el cual se haga alusión a las razones o fundamentos de su decisión, aspectos estos que página original (tal como se publicó) [Página 37] deberán ser tomados en consideración por el o los solicitantes al momento de recurrir de la decisión in commento. En cuarto lugar, adujo la siguiente incertidumbre, ¿esta autorización solamente acerca de la posibilidad que tiene la autoridad de señalar el sitio donde deba realizarse la reunión o manifestación pública?. La autorización prevista en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, comprende dos aspectos importantes, el primero, relacionado con la habilitación propiamente dicha para permitir la concentración, reunión pública o manifestación y el segundo, vinculado con las condiciones de modo, tiempo y lugar en que se podrá llevar a cabo dicha actividad. En quinto lugar, expresó la siguiente duda, ¿qué facultades en materia de orden público posee el órgano competente si fuesen desobedecidas las limitaciones o condiciones al derecho de manifestar?. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en su artículo 178, cardinal 7 como una de las atribuciones del Municipio, policía municipal, conforme a la legislación nacional aplicable...". En este orden de ideas, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, publicada el 7 de diciembre de 2009 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.940 Extraordinario, estableció en sus artículos 34, cardinal 4, 44 y 46, lo siguiente: "Artículo 34. Son atribuciones comunes de los cuerpos de policía: (..) 4. Ejecutar las políticas emanadas del Órgano Rector en materia de seguridad ciudadana, incluyendo tránsito, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, anticorrupción, antisecuestros, acaparamiento y especulación alimentaria, adulteración de medicinas y otros bienes de consumo esenciales para la vida, delincuencia organizada, turismo, ambiente y orden público... " (destacado de la Sala). "Artículo 44. Los cuerpos de policía municipal son órganos o entes de seguridad ciudadana encargados de ejercer el Servicio de Policía en su espacio territorial y ámbito de competencia, primordialmente orientados hacia actividades preventivas y control del delito, con estricta sujeción a los principios y lineamientos establecidos en esta Ley, sus reglamentos y los lineamientos y directrices dictados por el Órgano Rector." "Artículo 46. Los cuerpos de policía municipal tendrán, además de las atribuciones comunes de los cuerpos de policía previstas en esta Ley, competencia exclusiva en materia administrativa propia del municipio y protección vecinal." Del contenido de las disposiciones transcritas supra, se aprecia que los cuerpos de las policías municipales como entes de seguridad ciudadana además de tener sus competencias naturales como policías administrativas, tendrán además atribuciones comunes con el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, dentro de las cuales destaca. el mantenimiento del orden público de acuerdo a las políticas emanadas del Órgano Rector en materia de seguridad ciudadana. Por lo tanto siendo ello así y visto que las policías municipales detentan una competencia compartida en materia del control del orden público, estos organismos de seguridad tiene la obligación de coadyuvar con el resto de los cuerpos de seguridad (policías estadales, Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana) en el control del orden público que resulte alterado con ocasión del ejercicio ilegal del derecho a la manifestación. Finalmente, expresó como última inquietud, ¿qué facultades sancionatorias posee el órgano competente si fuesen desobedecidas las limitaciones o condiciones al derecho a manifestar?. Ante la desobediencia de la decisión tomada por la primera autoridad civil de la jurisdicción, bien por el hecho de haberse efectuado la manifestación o reunión pública a pesar de haber sido negada expresamente o por haber modificado las condiciones de tiempo, modo y lugar que fueron autorizadas previamente, la referida autoridad deberá remitir al Ministerio Público, a la mayor brevedad posible toda la información atinente a las personas que presentaron la solicitud de manifestación pacífica, ello a los fines de que determine su responsabilidad penal por la comisión del delito de desobediencia a la autoridad previsto en el artículo 483 del Código página original (tal como se publicó) [Página 38] Penal, además de la responsabilidad penal y jurídica que pudiera tener por las conductas al margen del Derecho, desplegadas durante o con relación a esas manifestaciones o reuniones públicas. Precisado el contenido y alcance del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como las dudas generadas con ocasión de la aplicación de los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010, esta Sala declara resuelto el presente recurso de interpretación, en los términos expuestos en el presente fallo. Así se decide. DECISIÓN Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley: 1.- Se declara COMPETENTE para conocer de la acción de interpretación constitucional del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 2.- Se declara COMPETENTE para conocer del recurso de interpretación de los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010. 3.-ADMITE el recurso de interpretación constitucional incoado por el ciudadano Gerardo Sánchez Chacón, actuando en su condición de Alcalde del Municipio Guacara del Estado Carabobo, asistido por el abogado Hermann Escarrá Malavé, ya identificados. 4.- Declara de MERO DERECHO la causa. 5.- RESUELTA la interpretación del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010. 6.- Se ORDENA publicar este fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, se ORDENA que en la página principal del sitio web de este Tribunal se haga mención de la existencia del fallo y se remita a su texto íntegro. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenando. Archívese el expediente. Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal_Supremo de Justicia, en Caracas, a los Z4/ días del mes de Abrif de dos mil catorce (2014). Años: 203° de la Independencia y 155° de la Federación. La Presidenta, Gladys Guterrez Alvarado El Vicepresidente, Francisco Antonio Earrasquero López Luisa Estela Morales Lamuño Magistrada Marcos Tulio Dugarte Padrón Magistrado Carmen Zuleta de Merchán Magistrada Arcadio Delgado Rosales Magistrado-Ponente Juan José Mendoza Jover Magistrado José Leonargo Regtena Cabello ONSTTY Exp. N° 14-0277 ADR/ página original (tal como se publicó) [Página 39] GACETA OFICIAL 11:55 AM DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO CXLI — MESIV Caracn, jures 2) de enero de 214 N°6.123 Esuurdinarie SUMARIO Providenca po i cual se nairuye a la Comin n Adnosacoón de Dhrisas (CADVT) pars Que procede s l reforma de lu Previdencas Adminisratives que en ela se mercionur. PROVOENCA BCV CAOM Providenoia mediarte la cual ae estabiacan in reousitoe y e Vranile Da lo Auocain de Adouision de Dis dnae us sececuapns. sa.eywr) e seseue) ap seuocejedo e edranjere. Prerdencia medante le cual se estabicen lon ri y i PROVDENCIA Irâmlle pes la Autoritación de Adqusicin de Duisas (AAD) oum cuge Ruodu e9 sesanue se * sepeugsop Providencia mediante la cual se esiabieces los requsires. controias y bémiles para la soliciud de Autorizacion de ed y eirangero. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CENTRO NACIONAL DE COMEROO EXTERIOR REPÓRLICA BOLNARILNA DE VENIUELA CENTRO NACONAL DE COMEROO EATOUOR TERCORO: 2 207.1471° PROVDEICA POR LA CUAL DE NETELHE A LA COUROH DE Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial G-20001768-6 Visita nuestra página web descarga la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela totalmente gratuita. www.imprentanacional.gob.ve Conoce Nuestros Servicios Síguenos en Twitter @oficialgaceta (+58212) 576-80-86 / 576-43-92. Gobierno Bolivariano Ministerio del Poder Popular @moficialimprenta Juventued Servicio Autónomo para la Comunicación y la Información de Venezuela Imprenta Nacional y Gaceta Oficial BICENTERARIA página original (tal como se publicó) [Página 40] DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXLI— MES VII Número 40.401 Caracas, martes 29 de abril de 2014 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 40 Págs. costo equivalente a 16,45 % valor Unidad Tributaria DE VENEZUELA. Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETAOFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional. Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos. EL SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados. página original (tal como se publicó)