[Página 1] AÑO CXLI MES VI Número 40.391 Caracas, jueves 10 de abril de 2014 SUMARIO Asamblea Nacional Acuerdo mediante el cual se corrige por error material el Acuerdo de fecha 08 de abril de 2014, en el cual se autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar un Crédito Adicional del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública Superintendencia de la Actividad Aseguradora Providencia mediante la cual se reforma la Junta Liquidadora de la empresa Transeguro, C.A. de Seguros, integrada por la ciudadana y el ciudadano que en ella se indican. Providencia mediante la cual se deja sin efecto la Providencia N° FSAA-2-1-000677, de fecha 04 de marzo de 2011. Superintendencia Nacional de Valores Resolución mediante la cual se constituye, con carácter permanente, la Comisión de Contrataciones de esta Superintendencia, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se señalan. BCV Convenio Cambiario mediante el cual se dictan las Normas que Establecen el Régimen para la Adquisición de Divisas por parte del sector público. Convenio Cambiario mediante el cual se establece que las subastas especiales de divisas llevadas a cabo a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD) serán gestionadas y dirigidas directamente por el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX). CADIVI Providencia mediante la cual se designan a los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes de la Comisión de Contrataciones, de este Organismo. FOGADE Providencia mediante la cual se participa de la finalización del proceso de liquidación administrativa y extinción de la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles que en ella se mencionan, vinculadas al Grupo Financiero que en ella se indica. Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras Actas. Ministerio del Poder Popular para la Salud Fundación Misión Barrio Adentro Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Fares Asfour Rodríguez, como Coordinador Estadal, Encargado, de esta Fundación en el Distrito Capital. Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social INPSASEL Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Deiber Ramón Balza Jerez, Coordinador de Control Posterior, adscrito a la Oficina de Auditoría Interna de este Instituto. Providencia mediante la cual se da por concluida la Encargaduría de la ciudadana Militza Hurtado Alvarado, como Directora Regional (E), adscrita a la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores (DIRESAT) Portuguesa y Cojedes, de este Instituto. Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Erwin Marcial Dobobuto López, Gerente Regional, adscrito a la Gerencia Estadal de Salud de los Trabajadores (GERESAT) Portuguesa y Cojedes, de este Instituto. Providencia mediante la cual se dicta la Estructura Organizativa de las Gerencias Estadales de Salud de los Trabajadores (GERESAT). Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo Resoluciones mediante las cuales se ajusta el monto del beneficio de Jubilación, a los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se mencionan. Resoluciones mediante las cuales se Encomienda a la Sociedad Anónima Vialidad y Construcciones Sucre (VYCSUCRE), la contratación y ejecución de las obras que en ellas se señalan, por los montos que en ellas se indican. Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales Resolución mediante la cual se modifica la Resolución N° 021-2014, de fecha 24 de febrero de 2014, en los términos que en ella se señalan. Ministerio del Poder Popular para la Alimentación Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas LA CASA, S.A. Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones Permanente de esta Corporación, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se señalan. Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género INAMUJER Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Eudis Josefina Pérez Pérez, como Directora de la Gerencia de Desarrollo Alternativo y Política Regional, de este Instituto. Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Heber Alberto Gómez López, como Director de la Oficina de Recursos Humanos, de este Instituto. Tribunal Supremo de Justicia Decisión mediante la cual se establece el desacato al mandamiento de amparo constitucional cautelar en el que incurrieron los ciudadanos Vicencio Scarano y Salvatore Lucchese. Avisos página original (tal como se publicó) [Página 2] ASAMBLEA NACIONAL LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En uso de sus atribuciones, en concordancia con lo establecido en los artículos 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 4 de la Ley de Publicaciones Oficiales, ordena la reimpresión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela del Acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional en Sesión Ordinaria del día 08 de abril del presente año, mediante el cual se autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar un Crédito Adicional al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHENTA BOLÍVARES CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (Bs. 2.462.241.080,19),publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 40.389 de fecha 08 de abril de 2014, por incurrirse en el siguiente error: DONDE DICE: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Bs. 2.462.241.080,19 260035000 Proyecto: "Transferencias para Financiar los Programas y Proyectos de Entidades Federales y Municipios" ". 2.462.241.080,19 "Transferencias Acción Específica: 260035001 para financiar los programas y proyectos de entidades 1.923.247.399,19 federales" " 4.07 Partida "Transferencias y Donaciones" " 1.923.247.399,19 (Otras Fuentes) DEBE DECIR: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Bs. 2.462.241.080,19 “Transferencias Proyecto: 260035000 para Financiar los Programas y Proyectos de Entidades Federales y Municipios" " 2.462.241.080,19 "Transferencias Acción Específica: 260035001 para financiar los programas y proyectos de entidades federales" " 1.923.247.399,19 "Transferencias 4.07 y Partida 1.923.247.399,19 " Donaciones" (Otras Fuentes) Sub-Partidas Genéricas, Especificas y Sub- 01.03.10 "Transferencias Corrientes Especificas 1.923.247.399,19 al Poder Estadal" Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asambiea Nacional, en Caracas a los de la Revolución Bolivariana. SUEs RABSTO VASQUEZ1. de le Asamblea Nacional LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA VISTA, la solicitud del ciudadano Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, contenida en el oficio N° F- 310 de fecha 04 de abril de 2014; CUMPLIDOS, como han sido los requisitos establecidos en los artículos 187, numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 52 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con el artículo 3 de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal vigente; y OÍDO, el informe favorable de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrol.o Económico de la Asamblea Nacional: ACUERDA ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Ejecutivo Nacional para decretar un Crédito Adicional al Presupuesto de Gastos vigente del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ, por la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHENTA BOLÍVARES CON CÉNTIMOS DIECINUEVE (Bs. 2.462.241.080,19), al Proyecto, Acciones Específicas, Partidas, Sub-partidas y Entes, de acuerdo con la siguiente imputación presupuestaria: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Bs. 2.462.241.080,19 "Transferencias para financiar los Proyecto: 260035000 programas y proyectos de Entidades Federales y Municipios" 2.462.241.080,19 Acción 260035001 "Transferencias para financiar los programas y proyectos de Entidades Federales" 1.923.247.399,19 Partida: "Transferencias y Donaciones" 4.07 1.923.247.399,19 -Otras Fuentes Sub- Partidas Genéricas, Especificas y Sub- Especificas: 01.03.10 "Transferencins Corrientes al Poder Estadal" 1.923.247.399,19 E5000 Distrito Capital 37.261.127,00 E5100 Estado Amazonas 11.160.829,00 E5200 Estado Anzoátegui 116.939.638,00 E5300 Estado Apure 49.794.419,00 E5400 Estado Aragua 160.921.198,00 E5500 Estado Barinas 80.067.984,00 E5600 Estado Bolivar 63.984.465,00 E5700 Estade Carabobo 107.705.038,00 E5800 Estado Cojedes 48.369.303,00 Estado Delta Amacuro E5900 19.294.775,00 E6000 Estado Falcón 89.360.315,00 E6100 Estado Guárico 64.780.334,00 E6200 Estado Lara 178.321.927,00 E6300 Estado Mérida 91.001.033,00 Estado Miranda E6400 54.321.904,00 Estado Monagas E6500 80.730.116,00 Estado Nueva Esparta E6600 30.025.148,00 E6700 Estado Portuguesa 123.044.249,00 E6800 Estado Sucre 81.994.161,00 Estado Táchira E6900 98.191.899,00 Estado Trujillo E7000 91.251.112,00 Estado Yaracuy E7100 51.129.417,00 E7200 Estado Zulia 159.226.991,19 E7300 Estado Vargas 34.370.017,00 Acclón Específica: "Transferencias para Financiar 260035002 los Programas y los Proyectos de Municipios" 538.993.681,00 "Transferencias y Partida: 4.07 donaciones" 538.993.681.00 Otras Fuentes Sub-Partidas Genéricas, Específicas y Sub- Especificas: 01.03.11 "Transferencias corrientes al Poder Municipal" 538.993.681,00 E5100 Estado Amazonas 1.365.603,00 E5101 Municipio Atures 1.365.603,00 E5200 Estado Anzoátegui 68.655.858,00 E5201 9.518.504,00 E5203 Municipio Simón Bolivar 8.715.780,00 E5207 Municipio Diego Bautista Urbaneja 8.398.203,00 Municipio Pedro María E5208 Freites 3.015.933,00 Municipio San José de E5209 Guanipa 3.501.020,00 E5210 Municipio Guanta 7.243.303,00 E5212 Municipio Libertad 1.081.156,00 Municipio Francisco de E5213 Miranda 3.443.802,00 E5214 Municipio José Gregorio Monagas 1.311.792,00 E5215 Peñalver 4.170.315,00 E5217 Municipio Simón Rodriguez 5.720.303,00 E5218 Sotillo 12.535.747,00 E5300 Estado Apure 4.121.673,00 E5304 Municipio Páez 895.194,00 E5307 3.226.479,00 E5400 Estado Aragua 24.979.689,00 E5401 Municipio Sucre 2.429.425,00 E5404 Municipio Girardot 10.071.073,00 Municipio José Félix Ribas E5406 2.979.911,00 E5408 Municipio Santiago Mariño 2.207.404,00 E5413 477.850,00 E5415 Municipio Zamora 4.398.436,00 Municipio Francisco Linares E5417 Alcántara 1.805.599,00 Municipio Ocumare de la E5418 609.991,00 E5500 Estado Barinas 8.773.574,00 Municipio Antonio José de E5502 733.240,00 Sucre E5504 Municipio Barinas 8.040.334,00 E5600 Estado Bolivar 9.246.251,00 E5601 Municipio Caroní 6.839.426,00 E5605 Municipio Heres 1.696.034,00 E5606 710.791,00 Municipio Piar página original (tal como se publicó) [Página 3] E5700 Estado Carabobo 64.012.743,00 1.899.125,00 E5701 Municipio Bejuma E5702 Municipio Carlos Arvelo 913.410,00 E5703 Municipio Diego Ibarra 2.418.911,00 E5704 Municipio Guacara 8.199.960,00 E5705 Municinio Juan José Mora 2.656.590,00 E5706 Municipio Miranda 1.882.669,00 E5708 Municipio Puerto Cabello 10.854.218,00 Municipio San Joaquín E5709 2.652.878,00 E5710 16.626.173,00 Municipio Valencia E5712 4.102.084,00 E5713 5.124.777,00 Municipio San Diego E5714 6.681.948,00 E5800 Estado Cojedes 6.125.396,00 Municipio Falcón E5802 2.053.924,00 E5805 622.391,00 Municipio Ricaurte Municipio San Carlos E5806 2.228.564.00 E5807 315.791,00 E5809 Municipio Rómulo Gallegos 904.726,00 Estado Delta Amacuro E5900 4.455.104,00 E5901 2.826.743,00 E5903 Municipio Casacoima 1.628.361,00 E6000 Estado Falcón 8.392.875,00 3.185.495,00 E6005 5.207.380,00 E6015 Municipio Miranda E6100 Estado Guárico 11.026.326,00 Municipio Leonardo Infante E6104 2.196.525,00 E6107 Municipio Francisco de Miranda 2.910.357,00 Municipio José Tadeo E6108 1.517.871,00 Monagas E6110 Municipio José Félix Ribas 849.487,00 E6111 Municipio Juan Germán Roscio 2.972.826,00 E6114 Municipio Pedro Zaraza 479.260,00 E6200 Estado Lara 13.398.264,00 E6201 Municipio Andrés Eloy 1.470.572,00 Blanco Municipio Iribarren 11.927.692,00 E6203 E6300 Estado Mérida 4.027.852,00 E6306 1.169.194,00 E6312 Municipio Libertador 2.858.658,00 E6400 Estado Miranda 148.036.552,00 Municipio Acevedo E6401 2.879.547,00 E6402 Municipio Andrés Bello 1.810.012,00 Municipio Baruta E6403 15.486.211,00 Municipio Brión E6404 3.865.646,00 Municipio Carrizal E6405 2.915.455,00 E6406 Municipio Cristóbal Rojas 8.913.339,00 E6407 1.924.729,00 E6408 Municipio Chacao 24.031.128,00 E6409 5.348.438,00 E6410 5.191.591,00 E6411 Municipio Independencia 6.853.384,00 E6412 Municipio Lander 3.418.594,00 E6413 Municipio Los Salias 2.776.736,00 E6414 Municipio Páez 2.632.147,00 E6415 Municipio Paz Castillo 3.510.182,00 Municipio Pedro Gual E6416 2.383.283,00 Municipio Plaza E6417 11.706.285,00 E6418 Municipio Simón Bolivar 1.610.272,00 E6419 Municipio Sucre 26.832.920,00 Municipio Urdaneta E6420 3.330.470,00 10.616.183,00 E6421 Municipio Zamora E6500 Estado Monagas 27.689.457,00 Municipio Maturin E6507 25.264.862,00 E6508 Municipio Piar 2.424.595,00 10.667.816,00 E6600 Estado Nueva Esparta E6602 Municipio Arismendi 1.007.289,00 Municipio Maneiro E6606 2.833.226,00 Municipio Mariño E6608 6.081.443,00 E6609 Municipio Península de 745.858,00 Macanao 12.854.985,00 E6800 Estado Sucre E6801 461.046,00 Blanco E6804 Municipio Benitez 1.326.129,00 Municipio Bermúdez E6805 1.418.547,00 935.473,00 Municipio Bolivar E6806 E6810 Municipio Mariño 708.490,00 E6814 Municipio Sucre 6.079.165,00 Municipio Valdez E6815 1.926.135,00 E6900 Estado Táchira 7.661.575,00 E6904 Municipio Cárdenas 1.371.803,00 E6919 Municipio San Cristóbal 5.068.656,00 E6928 Municipio Torbes 1.221.116,00 Estado Trujillo E7000 6.308.985,00 E7001 Municipio Boconó 1.371.116,00 Municipio Sucre E7011 2.557.452,00 E7019 Municipio La Ceiba 2.380.417,00 Estado Yaracuy E7100 582.450,00 E7103 Municipio José Antonio Páez 582.450,00 E7200 Estado Zulia 85.592.347,00 E7202 Municipio Baralt 1.576.283,00 E7203 4.958.825,00 Municipio Cabimas Municipio Catatumbo E7204 1.050.272,00 Municipio Colón E7205 2.646.362,00 Municipio La Cañada de E7207 Urdaneta 2.415.889,00 E7208 Municipio Lagunillas 5.344.761,00 Municipio Mara E7209 2.485.610,00 E7210 23.834.590,00 E7211 Municipio Miranda 5.678.553,00 E7212 Bolivariano Guajira 1.363.256,00 E7213 5.511.954,00 Municipio Rosario de Perijá E7214 2.209.520,00 Municipio Francisco Javier E7218 Pulgar 1.477.138,00 E7219 Municipio Jesús María 2.082.064,00 Semprún E7220 Municipio San Francisco 22.957.270,00 E7300 Estado Vargas 11.018.306,00 E7301 Municipio Vargas 11.018.306,00 ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente Acuerdo al Ejecutivo Nacional y a la Contraloría General de la República. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas a los ocho días del mes de abril de dos mil Catorce. Años 203° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana. DIOSDADO CABELLOROPDÓN Presidenae da Ia-Apumbien Nacional DARIO VIUAS VELISEO BEANCAENLHOUT Primer Yicepresidéri linda Vioepresidenta FIDEL ERNESTO VÁSQUEZ L. ELVIS UMIOR AIDROBO /Secretario Subsecretario MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA N° FSAA-2-0 0 1 0 1 1 2 4 MAR 2014 Caracas, 203º y 155° I. ANTECEDENTES. Visto que mediante Providencia N° SAA-2-000567 de fecha 14 de febrero de 2013, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.119 de fecha 27 del mismo mes y año, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora decidió, de conformidad con lo previsto en el artículo 102 de la Ley de la Actividad Aseguradora, dejar sin efecto la autorización administrativa concedida a la sociedad mercantil TRANSEGURO, página original (tal como se publicó) [Página 4] C.A. DE SEGURos (en liquidación), inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 19 de diciembre de 1989, liquidación administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 104 y 107 de la Ley de la Actividad Aseguradora y las Normas para la Liquidación Administrativa de los Sujetos Regulados por la Ley de la Actividad Aseguradora. Visto que según Providencia N° SAA-2-000567 de fecha 14 de febrero de 2013, fueron designados como integrantes de la Junta Liquidadora, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la Ley de la Actividad Aseguradora, los ciudadanos NELLY JURBLANYER FERNÁNDEZ USECHE Y HENRY JOSÉ HERNÁNDEz ÁVILA, titulares de las cédulas de identidad números V-16.472.477 y V-5.615.284, respectivamente, con la finalidad que realizaran la liquidación administrativa de la empresa TRANSEGURO, C.A. DE SEGUROS (en liquidación). Quien SUSCribe, YOSMER DANIEL ARELLÁN ZURITA, Superintendente de la Actividad Aseguradora, en uso de las facultades conferidas en los artículos 5 (numeral 4), 7 (numerales 1, 2 y 39) y 106 de la Ley de la Actividad Aseguradora. II. DECIDE: PRIMERO: Sustituir en la Junta Liquidadora de la empresa TRANSEGURO, C.A. DE SEGUROS (en liquidación), a los CiUdadanOS NELLY JURBLANYER FERNÁNDEZ USECHE y HENRY JOSÉ HERNÁNDEZ ÁVILA, titulares de las cédulas de identidad números V-16.472.477 y V-5.615.284, por los ciudadanOs DIANA APONTE RODRÍGUEZ y CARLOS ALBERTO NIETO BETANCOURT, titulares de las cédulas de identidad números V- 6.826.888 y V-15.582.261, respectivamente. SEGUNDO: Designar como integrante de la Junta Liquidadora al Ciudadano FÉLIX EDUARDO SILVA CÓRDOBA, titular de la cédula de identidad N° V-12.834.690. TERCERQ: Establecer que respecto a cualquier decisión tomada en el ejercicio de las facultades de disposición y administración por parte de los integrantes de la Junta Liquidadora aquí designada, así como lo atinente a la contratación de personal en el procedimiento de liquidación administrativa, se deberá contar con la aprobación del Superintendente de la Actividad Aseguradora, esto sin perjuicio de lo dispuesto en las Normas para la Liquidación Administrativa de los Sujetos Regulados por la Ley de la Actividad Aseguradora, reformada según providencia N° FSAA-000947 de fecha 09 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.160 del 06 de mayo del mismo año. CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo, a los fines legales consiguientes, y remitirlo para su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Publicaciones Oficiales. QUINTQ: La presente providencia administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Publíquęg YOSMER DANIEL ARELLÁN ZURITA Superintendente de la Actividad Aseguradora Decreto N° 701 de fecha 19 de diciembre de 2013 G.O.R.B.V. N° 40.319 de fecha 19 de diciembre de 2013 Resolución N° 104 de fecha 27 de diciembre de 2013 G.O.R.B.V. N° 40.323 de fecha 27 de diciembre de 2013 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA PROVIDENCIA N° FSAA-2-1-0 0 0 9 8 0CaraCas,2 1 HAR2014 203° y 155° Visto que en fecha 09 de septiembre de 2013, fue recibida en esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora, comunicación signada bajo el N° 2013-19853 del control interno de correspondencia, mediante la cual la ciudadana FRANCIFE ADRIANA CHIVICO LA GRAVE, titular de la cédula de identidad N° v-10.096.262, remitió copia fotostática del Acta de Defunción N° 68, registrada en el Tomo I, emitida en fecha 31 de enero de 2013, a través de la cual el CiUdadanO MIGUEL ANTONIO CAHUAO CARRASQUERO, en su carácter de Registrador Civil del Municipio Autónomo Zamora del Estado Bolivariano de Miranda, efectuó el registro de la defunción del ciudadano ELVIS LEWIS LÓPEZ GALÁN, quien en vida fue titular de la cédula de identidad N° v- 8.759.816 y autorizado para realizar gestiones de intermediación en operaciones de la actividad aseguradora Como CORREDOR DE SEGUROS, bajo el N° CS-6206. Visto que el Acta mencionada, constituye un documento público que acredita suficientemente la referida defunción, así como la fecha en que se produjo la misma. Visto que una imposibilidad física de cumplir con el efecto práctico dispuesto en el acto administrativo, producto de la ocurrencia de un acontecimiento posterior a su emisión, dan lugar al decaimiento del acto administrativo, en virtud de que se ha producido la desaparición de los presupuestos fácticos o jurídicos que lo justificaron. Visto que el fallecimiento del ciudadano ELVIS LEWIS LÓPEZ GALÁN, involucra la desaparición del presupuesto de hecho indispensable para la validez del acto administrativo contenido en la Providencia N° FSAA-2-1-000677 de fecha 04 de marzo de 2011. Visto que la autorización contenida en la Providencia mencionada, constituye una autorización personal, habida cuenta que su titularidad no puede ser transmitida, en virtud de lo cual es menester extinguir los efectos de la autorización otorgada al mencionado ciudadano para realizar gestiones de intermediación en operaciones de la actividad aseguradora. En consecuencia, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora, por Órgano de quien suscribe, de conformidad con las atribuciones contempladas en los numerales 2 y 13 del artículo 7 de la Ley de la Actividad Aseguradora, DECIDE: PRIMERO: Dejar sin efecto la Providencia N°FSAA-2-1- 000677 de fecha 04 de marzo de 2011. SEGUNDo: Ordenar que la Garantía a la Nación constituida por el fallecido ELVIS LEWIS LÓPEZ GALÁN, sea liberada después de transcurridos seis (6) meses de la publicación del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Contra la presente decisión podrá ser intentado por ante el Superintendente de la Actividad Aseguradora, el Recurso de Reconsideración previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica página original (tal como se publicó) [Página 5] de Procedimientos Administrativos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, contados a partir de la notificación del presente acto. Notifíquese y publiquese, YOSMER DANIEL ARELLÁN ZURITA Superintendente de la Actividad Aseguradora Decreto N° 701 de fecha 19 de diclembre de 2013 G.O.R.B.V. N° 40.319 de fecha 19 de diclembre de 2013 Resolución N° 104 de fecha 27 de diciembre de 2013 G.O.R.B.V. N° 40.323 de fecha 27 de diciembre de 2013 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES / Resolución N° 028 Caracas, 12 de marzo de 2014 203 y 155° En cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas, cuya reforma parcial fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.503, de fecha 06 de septiembre de 2010. Visto que la Superintendencia Nacional de Valores, es un Organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, se encuentra sujeta a la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas conforme al numeral.1 de su artículo 3. La Superintendencia Nacional de Valores en cumplimiento a lo establecido en ei Capítulo III Comisión de Contrataciones, artículo 10 de la Ley de Contrataciones.. Públicas, RESUELVE 1.- Se constituye con carácter permanente, la Comisión de Contrataciones de la. Superintendencia Nacional de Valores, la cual tendrá como funciones, la ejecución: de los procedimientos necesarios para adquisición de bienes muebles y. contratación de obras, que le sean inherentes en la Ley de Contrataciones Públicas. 2.- La Comisión de Contrataciones estará integrada por tres miembros principales y. sus respectivos suplentes, en la cual estarán representadas las áreas económica-financiera, técnica y legal, conforme se especifican a continuación: Miembros Principales Área Miembros Suplentes Económico-Financiera Ramphy Hernández Williams Montilla C.I. V-10.223.075 C.I. V-11.129.754 Zaida Jiménez Técnica Carlemy González C.I. V-13.847.014 C.I. V-16.837.132 Carlos Hernández Legal Nielsy Cabrera C.I. V-15.043.394 C.I. V-11.917.286 3.- La Comisión de Contrataciones será presidida por la ciudadana Zaida Jiménez, antes identificada. 4.- Se designa al ciudadano Daniel Chacón, titular de la cédula de identidad N° V. 17.348.957 como Secretario de la Comisión de Contrataciones, quien tendrá 2 derecho a voz, más no a voto. 5.- Los miembros de la Comisión de Contrataciones y el Secretario de la Comisión, antes de asumir sus funciones, deberán prestar juramento de cumplir con .la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las demás leyes de la República y los deberes inherentes a sus funciones así como rendir cuentas en los términos que determine la ley. 6.- La Oficina de Auditoría Interna, podrá designar representantes para-que actúen.. como observadores, sin derecho a voto en los procedimientos de contratación. 7.- Quedan sin efecto las Resoluciones Nros. 013 y 040, de fechas 20 de febrero de 2013 y 18 de abril de 2013, respectivamente publicadas en las Gacetas Oficiales . de la República Bolivariana de Venezuela Nros. 40.127 y 40.168 de fechas 12 de marzo de 2013 y 16 de mayo de 2013, respectivamente. estauof Comqueseublíquese, GARACAS Gustavo J. Hernández J. Superintendente Nacional de Valores CONVENIO CAMBIARIO N° 11 El Ejecutivo Nacional, representado por el ciudadano Rodolfo Clemente Marco Torres, en su carácter de Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, autorizado por el Decreto N° 2.278 de fecha 21 de enero de 2003, por una parte; y por la otra, el Banco Central de Venezuela, representado por su Presidente, ciudadano Nelson J. Merentes D., autorizado por el Directorio de ese Instituto en sesión N° 4.685 celebrada el 3 de abril de 2014, de conformidad con lo previsto en el artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 5 y 7, numerales 2, 5 y 7; 21, numerales 16 y 17; 33; 110 y 112 de la Ley del Banco Central de Venezuela, y lo pautado en el artículo 6 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, han convenido en dictar las siguientes: NORMAS QUE ESTABLECEN EL RÉGIMEN PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVISAS POR PARTE DEL SECTOR PÚBLICO Artículo 1.- El presente Convenio regula el régimen para la adquisición de divisas por parte del sector público. Artículo 2.- La adquisición de divisas que requieran los órganos y entes del sector público, destinadas a cubrir las obligaciones y pagos en moneda extranjera a que se refiere el articulo 3 del presente Convenio Cambiario, serán liquidadas por el Banco Central de Venezuela, atendiendo a las autorizaciones que imparta el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), con sujeción a los lineamientos aprobados por la Vicepresidencia del Consejo de Ministros Revolucionarios para el Área Económica, y de conformidad con la normativa que regula la materia, en los supuestos previstos en ella y previo cumplimiento de los requisitos y trámites dispuestos en el presente Convenio Cambiario, al tipo de cambio oficial para la venta previsto en el Convenio Cambiario N° 14 del 8 de febrero de 2013. Artículo 3.- La adquisición de divisas a que se refiere el artículo 2 del presente Convenio Cambiario, podrá ser efectuada únicamente para los siguientes fines: a) Pagos referidos al abastecimiento urgente en materia agroalimentaria y de salud. b) Erogaciones en moneda extranjera vinculadas con la actividad productiva del ente u órgano del sector público, y/o que sean consideradas de interés ppr el Ejecutivo Nacional, incluidas las destinadas al pago del componente externo de las contrataciones efectuadas en el marco de la ejecución de proyectos financiados por fondos soberanos o mecanismos de cooperación internacional, cuyas divisas obtenidas hayan sido vendidas al Banco Central de Venezuela en la oportunidad de su acreditación. Artículo 4.- La adquisición de divisas que requieran los órganos y entes del sector público, destinadas a cubrir obligaciones y pagos en moneda extranjera conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del presente Convenio Cambiario, serán tramitadas directamente ante el Banco Central de Venezuela, de conformidad con la normativa que regula la materia, en los supuestos previstos en ella y previo cumplimiento de los requisitos y trámites dispuestos en el presente Convenio Cambiario, al tipo de cambio oficial para la venta. Artículo 5.- La adquisición de divisas a que se refiere el artículo 4 del presente Convenio Cambiario, podrá ser efectuada únicamente para los siguientes fines: a) Pagos y remesas indispensables e inherentes al servicio exterior de la República y a la representación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral en misiones especiales. b)- Pagos referidos a la seguridad pública y defensa nacional, según lo determine el Presidente de la República. c) Pago de la deuda pública externa de la República y demás entes indicados en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. d) Erogaciones a las cuales está obligada la República en virtud de tratados y acuerdos internacionales. e) Gastos de viáticos de funcionarios públicos, que viajen en misiones oficiales al exterior. f) Las divisas que requiera la República para el manejo de las existencias del Tesoro Nacional a través de las cuentas mantenidas en el Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo previsto en los articulos 113 y 184 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, y en el Convenio celebrado a tal efecto entre ese Instituto y el Ejecutivo Nacional por órgano del otrora Ministerio de Finanzas, hoy Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, en fecha 30 de diciembre de 2002. Artículo 6.- La solicitud de adquisición de las divisas requeridas por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) y el Banco de Comercio Exterior página original (tal como se publicó) [Página 6] (BANCOEX) para atender operaciones inherentes al cumplimiento de sus funciones de conformidad con las leyes que los rigen, será tramitada por éstos directamente ante el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública y ante el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), respectivamente. Artículo 7.- Las solicitudes reguladas en los artículos 2, 4 y 6 del presente Convenio Cambiario, se atenderán de acuerdo con la disponibilidad de divisas que determine el Banco Central de Venezuela de conformidad con lo previsto en el artículo 7 del Convenio Cambiario N° 1 del 5 de febrero de 2003, reimpreso en la Gaceta Oficial.de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.653 del 19 de marzo del mismo año, y serán tramitadas conforme a los procedimientos establecidos por el Banco Central de Venezuela en la normativa dictada al efecto. Parágrafo Único: Las solicitudes de adquisición de divisas que hayan sido autorizadas por el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) de acuerdo con lo estipulado en los artículos 2 y 6 de este Convenio, serán liquidadas igualmente en atención al cronograma que deberá acompañarse a dichas autorizaciones. Artículo 8.- Las solicitudes reguladas en los artículos 2, 4 y 6 del presente Convenio Cambiario deberán acompañarse de: 1. La autorización del Presidente de la República o del Vicepresidente de la República actuando por delegación de aquél, en los supuestos señalados en el artículo 3 y en el literal b) del artículo 5 del presente Convenio Cambiario, previa solicitud motivada por la máxima autoridad del órgano o ente respectivo; 2. La autorización del Vicepresidente de la República en los supuestos previstos en los literales a) y e) del artículo 5 del presente Convenio Cambiario. En el caso de pagos y remesas indispensables e inherentes a la representación de los Poderes Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral en misiones especiales en el exterior, así como de gastos de viáticos de sus funcionarios, sólo se requerirá la autorización de la máxima autoridad del órgano respectivo. 3. La autorización del Ministro del Poder Popular con competencia en materia de finanzas en los supuestos previstos en los literales c), d) y f) del articulo 5 del presente Conyenio Cambiario, así como en el caso de la adquisición de las divisas requeridas por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES). En el supuesto previsto en el articulo 6 de este Convenio, las solicitudes deberán acompañarse de las autorizaciones a que se contrae el presente articulo, según el caso, cuando las operaciones a ser ejecutadas estén referidas al suministro de divisas a órganos y entes públicos para la atención de los fines establecidos en los artículos 3 y 5; debiendo contener las solicitudes de adquisición de divisas, mención expresa del órgano o ente al que se le estarían suministrando divisas, asi como el fin correspondiente. Artículo 9.- Los órganos y entes del sector público que efectúen solicitudes de adquisición de divisas a que se refieren los articulos 2, 4 y 6 de este Convenio, quedan sujetos a cumplir, además de las disposiciones previstas en el presente Convenio Cambiario, las instrucciones impartidas por la autoridad competente contenidas en normativa especial dictada por el Presidente de la República, por las que se establezcan autorizaciones adicionales a las aquí previstas. Se excluye de lo contemplado en el presente artículo las solicitudes para el suministro de divisas destinadas a pagos y remesas indispensables e inherentes a la representación de los Poderes Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral en misiones especiales en el exterior, así como de gastos de viáticos de sus funcionarios. Artículo 10.- En los supuestos de adquisiciones de divisas a través de los mecanismos administrados del régimen de administración de divisas, los entes y órganos de la Administración Pública quedan sujetos a cumplir adicionalmente las instrucciones impartidas por la autoridad competente contenidas en normativa especial dictada por el Presidente de la República. Artículo 11.- Los entes y órganos públicos que efectúen solicitudes de adquisición de divisas para los fines contemplados en el articulo 2 y 4 del presente Convenio Cambiario, a objeto de mantener las divisas que obtengan en cuentas en moneda extranjera, deberán contar previamente con la autorización del Directorio del Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 del Convenio Cambiario N° 1 del 05 de febrero de 2003. DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS Artículo 12.- Se deroga el Convenio Cambiario N° 11 del 26 de mayo de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.197 del 10 de junio de 2009. solicitada al Banco Central de Venezuela por los órganos o entes del sector público antes de la entrada en vigencia del presente Convenio, se liquidarán con arreglo a lo establecido en el Convenio Cambiario N° 11 del 26 de mayo de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.197 del 10 de junio de 2009. en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los tres (3) días del mes de abril de dos mil catorce (2014). Año 203° la Independonciay 155° de la Federación. PAEL Rodolfg Clementa Marco Torres Nelson J. Mengntes D. finistrg del Poder Popular de Presidente del Banco Central de Economía, Finanzas y Banca Pública Venezuela CONVENIO CAMBIARIO N° 26 El Ejecutivo Nacional, representado por el ciudadano Rodolfo Clemente Marco Torres, en su carácter de Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, autorizado por el Decreto N° 2.278 de fecha 21 de enero de 2003, por una parte; y por la otra, el Banco Central de Venezuela, representado por su Presidente, Nelson J. Merentes D.. autorizado por el Directorio de ese Instituto en sesión N° 4.685, celebrada el 3 de abril de 2014, de conformidad con lo previsto en el artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 5, 7. numerales 2), 5) y 7), 21, numerales 16) y 17), 34, 122 y 124 de la Ley del Banco Central de Venezuela; 8 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilicitos; 3 del Convenio Cambiario N° 1 del 5 de febrero de 2003; y, 5 y 6 del Convenio Cambiario N° 25 del 22 de enero de 2014, han convenido lo siguiente: Artículo 1. Las subastas especiales de divisas llevadas a cabo a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD) serán gestionadas y dirigidas directamente por el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), creado mediante Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley N° 601 del 21 de noviembre de 2013, y podrán ser realizadas con posiciones mantenidas por la República y gor el Banco Central de Venezuela, asi como por cualquier otro ente expresamente autorizado por el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, empleando para ello la plataforma (CENCOEX). Artículo 2.- Los sujetos interesados en participar en las subastas especiales a que se contrae el presente Convenio, deberán hacerlo mediante las instituciones autorizadas por el Banco Central de Venezuela en la normativa especial que haya dictado al efecto, la cual mantiene su vigencia y eficacia. Artículo 3.- A través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), podrán realizarse subastas especiales para las operaciones de compra y venta, en moneda nacional, de divisas en efectivo y de títulos valores denominados en moneda extranjera, emitidos por la República, sus entes descentralizados o por cualquier otro ente, público o privado, nacional o extranjero. denominados en moneda extranjera a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), en las subastas especiales a que se contrae el presente articulo, las personas naturales y jurídicas que se determinen en cada convocatoria; en todo caso, el tipo de cambio cotizado o el que resulte implícito por el precio de la postura para la compraventa en bolívares de los títulos denominados en moneda extranjera no podrá ser inferior al tipo de cambio oficial para la venta fijado de conformidad con lo previsto en el Convenio Cambiario N° 14 del 8 de febrero de 2013. Parágrafo Único: El Banco Central de Venezuela informará al Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) los títulos valores denominados en moneda extranjera emitidos por la República, sus entes descentralizados o por cualquier otro ente, público o privado, nacional o extranjero, que podrán ser objeto de operaciones de compra y de venta, en bolivares, a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD). Las operaciones de compra de titulos denominados en moneda extranjera a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), sólo podrán efectuarse con el objeto final de obtener saldos en moneda extranjera por la enajenación de los mismos en los mercados internacionales, a los fines de atender los gastos en divisas para los cuales fueron adquiridos. Artículo 4.- El Directorio del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) será el único encargado de regular los términos y condiciones de las subastas especiales de divisas a que se contrae el presente Convenio, mediante la normativa que dicte a dichos fines y anunciará las convocatorias de los actos que serán celebrados a tales efectos. Las convocatorias para los actos de subastas especiales de divisas provenientes de ingresos de la República serán acordadas entre el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, y el Banco Central de Venezuela. En la normativa que el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) dicte de conformidad con lo previsto en el presente Convenio, asi como en las convocatorias correspondientes a cada acto, se establecerán los sujetos autorizados a participar como oferentes y demandantes en el Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), los requisitos a ser cumplidos por éstos a los fines de su participación, los mecanismos para el seguimiento y control de las operaciones que se realicen, el monto mínimo y/o máximo por postura de compra a ser analizada a través de este Sistema y los demás aspectos a que haya lugar. En todo caso, las personas oferentes o demandantes de divisas deberán tramitar sus posturas únicamente a través de las instituciones autorizadas por el Banco Central de Venezuela a tales fines. Artículo 5.- En atención a la dinámica del mercado y considerandc los objetivos del Estado y la Nación, asi como las necesidades de la economía, el Directorio del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) podrá decidir que determinado(s) acto(s) convocado(s) para la realización de subastas especiales a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD) estén dirigidos únicamente a atender las solicitudes formuladas por sujetos o sectores productivos específicos, asi como solicitudes de alto valor. Artículo 6.- A los efectos de las convocatorias correspondientes a cada acto, el Centro Nacional de Comercio Exterior deberá sujetarse al monto máximo que para la subasta haya autorizado el Banco Central de Venezuela, asi como a la oferta de venta de divisas o títulos valores que haya sido formalizada por los sujetos interesados ante el Instituto Emisor, y tenga carácter de firme e irrevocable. Artículo 7.- El Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), al cierre de cada acto, efectuará el proceso de adjudicación, con base en la metodología aprobada al efecto por el Directorio de dicho Centro, e informará de ello al Banco Central de Venezuela, a los fines de que el Instituto Emisor determine el tipo de cambio aplicable a la subasta correspondiente, o el tipo de cambio implicito que se genere por el precio de la postura para la compraventa en bolivares de los títulos denominados en moneda extranjera, según el caso; tras lo cual, el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) procederá a notificar los resultados al mercado financiero por los sistemas de información pública y/o especializados de que disponga, según los términos de la convocatoria. Las posturas que sean adjudicadas en las subastas a que se refiere este Convenio, serán liquidadas por el Banco Central de Venezuela en la fecha valor señalada en la convocatoria, a través de las instituciones autorizadas que hayan presentado dichas posturas. Artículo 8.- En el caso de subastas especiales de divisas provenientes de ingresos de la República, el diferencial en bolívares entre la tasa de la postura adjudicada y el tipo de página original (tal como se publicó) [Página 7] cambio oficial para la venta fijado de conformidad con lo previsto en el Convenio Cambiario N° 14 del 8 de febrero de 2013, será dirigido a un fondo del Ejecutivo Nacional, destinado a gastos en moneda nacional, cuya distribución acordará el Presidente de la República. Artículo 9.- Hasta tanto el Centro Nacional de Comercio Exterior dicte la normativa a que se refiere-el presente Convenio Cambiario, mantendrán su vigencia en cuanto resulten aplicables, las Resoluciones, Circulares y demás instrumentos dictados por el Banco Central de Venezuela en desarrollo del Convenio Cambiario N° 22 del 02 de julio de 2013, y continuarán en curso conforme a las mismas los procedimientos iniciados con ocasión de las subastas convocadas a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD) por el Banco Central de Venezuela. Artículo 10.- Se derogan los Convenios Cambiarios Nos. 22 y 26 de fechas 2 de julio de 2013 y 6 de febrero de 2014, respectivamente; así como todas aquellas disposiciones que colidan con lo establecido en este Convenio Cambiario. Artículo 11.- El presente Convenio Cambiario entrará en vigencia el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. m po ns Federaggan. l PAESIDE). Despachn Rodalfo Clemed Marco Torres Nelson'J. Marenfes D. Mimitra der Poder Popular de Presidente del Banco cftral de Economia, Finanzas y Banca Pública Venezuela REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) Caracas, 19 de Marzo de 2014 Año 203° y 154° La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Convenio Cambiario N° 1, Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.625 de fecha 5 de febrero de 2003, y reimpreso por error material en las Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela números 37.641 de fecha 27 de febrero, 37.649 de fecha 13 de marzo de 2003 y 37.653 de fecha 19 de marzo de 2003, en concordancia con lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto N° 2.330 del 6 de marzo de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.644 de fecha 06 de marzo de 2003 y el numeral 19 del artículo 10 del Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.200 del 03 de julio de 2013, dando Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.503 de fecha 06 de septiembre de 2010, dicta la siguiente: PROVIDENCIA MEDIANTE LA CUAL SE DESIGNAN A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CONTRATACIONES Artículo 1. Se designan como miembros principales y suplentes de la Comisión de Contrataciones para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), a los siguientes ciudadanos: Por el Área Jurídica: C.I.: 12.069.094 Principal: Juan Carlos Trevijano Suplente: C.I.: 18.604.855 Germán Pérez Por el Área Económica – Financiera: C..:12.410.328 Principal: Duberlys Salcedo Eunice Borges C.I.: 8.851.725 Suplente Por el Área Técnica: Principal Manuel Rivera C..:10.496.536 C.I.: 12.544.350 Pedro Vázquez Suplente Secretaria: Nelena Rodríguez Principal C.I.: 12.782.915 Artículo 2. Las faltas absolutas, temporales o accidentales de los miembros principales serán cubiertas por sus respectivos suplentes. En caso de que concurran las ausencias de ambos serán sustituidas por los funcionarios o empleados que a tal efecto designe el Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Artículo 3. La Comisión de Contrataciones se constituirá válidamente con la presencia de la mayoría de sus miembros principales, o de sus respectivos suplentes, cuando sean convocados y sus decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría. Artículo 4. El Secretario de la Comisión de Contrataciones tendrá derecho a voz, más no a voto; y será el encargado de compilar, organizar y suministrar toda la información y documentación que fuere necesaria para la correcta actividad de la Comisión de Contrataciones. En el ejercicio de sus funciones, deberá levantar las actas de las reuniones que se lleven a cabo y de los actos públicos de recepción y apertura de sobres contentivos de manifestaciones de voluntad y de ofertas, así Comisión de Contrataciones. Artículo 5. A los actos públicos que se celebren durante los procedimientos de Selección de Contratista, así como las reuniones de la Comisión de Contrataciones, podrán asistir como observadores sin derecho a voto la Oficina de Control Interno de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), así como la Contraloría General de la República y/o la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Finanzas. Artículo 6. La Comisión de Contrataciones podrá convocar a la Gerencia, Coordinación o Área solicitante de la ejecución de la obra, bien o servicio a conocer los detalles de los requerimientos y necesidades, con derecho a voz pero sin voto. Artículo 7. La Comisión de Contrataciones velará por el estricto cumplimiento de los principios y normas contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas Vigente. Artículo 8. Se deroga la Providencia N° 120 de fecha 26 de Septiembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.296 , de fecha 18 de noviembre de 2013. Artículo 9. La presente Providencia entrará en Vigencia, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, hof Alejandro A. Fleming Cabrera PRESIDENTE PRESIDENTE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS FECHA: 20 DE MARZO DE 2014 203° Y 155° PROVIDENCIA N° 331 De conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 106; numerales 1 y 18 del artículo 113; así como el artículo 264 y numeral 9 del artículo 265 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de mercantiles que a continuación se mencionan, vinculadas al sigulente Grupo Financiero, a saber: página original (tal como se publicó) [Página 8] Grupo Financiero Confinanzas - Metropolitano - Crédito Urbano: Oficina de Registro Fecha Número Tomo Persona Juridica Registro Mercantil CONFINANZAS FINANCIAMIENTO 13 de febrero de 2014 149 €005-4-8 Segundo V'OHNSNCO TY Capital Registro Mercantil Primero 07 de enero de 2014 8E CAPITAL CONSTRUCCIONES ANDY, C.A. ESTADO Capital BOLIVARIANO DE MIRANOA Registro Mercantil 163 CONSTRUCCIONES KILUKER, C.A. 25 de febrero de 2014 10-A SDO. Segundo del Distrito Capital Comuníquese y Publíquese, PRESIDENCIA MARIA GRACIA RANDO SOCORRO Psesidentaf Decreto No 771 der Us 2-2014 Gaceta Ofical Nº 40.349 dei 05-02-2014 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA eas SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y RM No. 364 NOTARÍAS. 203° y 155° REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO LARA . Municipio Iribarren, 26 de Marzo del Año 2014 Por presentada la anterior participación por su FIRMANTE, para su inscripción en el expediente de la Empresa Meroantil junto con los recaudos acompañados. Expidase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el Abogado DARITZA SILENE MARIN PARRA IPSA N.: 126175, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 48, TOMO -16-A RMI. Derechos pagados BS: 0,00 Según Planilla RM No. . Banco No. Por BS: 0,00. La identificación se efectuó asI: YENNIFER NARKELLYS CABRERA CABEZAS, C.l: V-16.530.388. Abogado ReviSor: LISBETH ALEJANDRA RUIZ CAMACHO EXONERADO DE PAGO SEGUN: LEY ORGANICA DE HACIENDA PUBLICA Y LEY ORGANICA DE LA HACIENDA PUBLICA NACIONAL. adistrador FDO. AbOgado KATIUSKA VERONICA TEAN ROJAS ESTA PÁGINA PERTENECE A: CORPORACION VENEZOLANA DE ALIMENTOS, CVAL , S.A Número de expediente: 364-4535 MOD N° 16 DE LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A. En di día de hoy, ocho (08) del mes de agosto del año 2013, siendo las 8:30 a.m., reunidos en la ede SOCial de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A. (CVAL, .A.), en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, a los efectos de celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas N° 16; encontrándose presente la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA pOr ÓrganO del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, COmO aCcionista ĆnICo de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A. (CVAL, S.A.), empresa del Estado creada por autorización otorgada por el ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto N° 7.236, de fecha 09/02/2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39(376, de fecha 01/03/2010, cuyos Estatutos Sociales se encuentran debidamente protocolizados por ante el Registro Mercantil Primero del estado Lara, quedando anotados bajo el N° 5, Tomo 22-A, de fecha 20/04/2010, debidamente publicados. en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.408, de fecha PInTo, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° v- 1.980.366, en su carácter de Ministro del Poder Popular para la Agricultura y ierras, cuya designación consta en Decreto N° 2, de fecha 22/04/2013, publicado en a Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.151 de la misma fecha; quien es tenedora y representante del cien por ciento (100%) de las acciones de dicha sOciedad; y por la otra, el ciudadano ELIO CÉSAR MEJÍAs FLENTES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.182.30s, en su carácter de Presidente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A. (CVAL, S.A.), según designación efectuada mediante Resolución DM/N° 046/2013 de fecha 23 de mayo de 2013, emanada del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, debidamente publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.173, de esa misma fecha y Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas N° 13 de la CVAL, S.A., celebrada en fecha 23 de mayo de 2013, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero del estado Lara, en fecha 03/07/2013, bajo el N° 27, Tomo 51-A RMI y publicada en Gaceta| Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.216 de fecha 29/07/z013. Una vez verificado el quórum, se declaró válidamente constituida la Asamblea para deliberar, proceden a fijar dentro del orden del día como PuNTO PRIMERO: Aprobación de la supresión de la Vicepresidencia de Empresas Mixtas la Estructura Organizativa de la Corporación. PUNTO SEGUNDQ: Aprobación y posterior publicación del contenido del Código de Ética de la Corporación Venezolana. de Alimentos, S.A., en el marco de lo establecido en la parte in fine de la Cláusula 43 del Documento Constitutivo-Estatutario de la Corporación. PUNTo TERCERO: Modificación del Acta Constitutiva-Estatutaria de la Corporación Venezolana de Alimentos, S.A., así: Se modifica el contenido de las Cláusulas 49 y 56, en virtud de los cambios de la Estructura Organizativa aprobada en el punto anterior. Asimism se® suprime la Cláusula 63 de los Estatutos. Finalmente, en virtud de los referid cambios, se modifica sólo la numeración correlativa, en cuanto a las Cláusulas desde la 63 a ja 70, sustituyéndolas por las Cláusulas 63 hasta la 69, ambas inclusive. En tal sentido y vistas las modificaciones efectuadas a los Estatutos Sociales, se hace necesario ordenar refundir en un solo texto todas las modificaciones y transcribir las en la presente Acta. PUNTo CUARTO: En virtud de la aprobación de la supresión de la Vicepresidencia de Empresas Mixtas de la Estructura Organizativa de la Corporación, se ratifican en sus cargos a los Miembros Principales y Suplentes, integrantes dela Junta Drectiva de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A. (CVAL) S.A.). Seguidamente, se procedió a dar lectura del orden del día y una vez deliberado los planteamientos expuestos, con el voto favorable del Accionista mayoritario de la empresa CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A. (CVAL, S.A.), se acordó: PRIMERQ: En cuanto al Punto Primero de la agenda del día, el ciudadano Ministro aprueba suprimir la Vicepresidencia de Empresas Mixtas de la Estructura Organizativa de la Corporación, conforme a la propuesta por la Junta Directiva de la Corporación, en virtud que ella no sólo goza de empresas mixtas como adscritas a ella, sino de otras empresas, que abarcan los rubros alimenticios, por lo que la CVAL ejercerá su potestad de tutela a través de su Presidencia y demás Vicepresidencias, según el ámbito de competencia y objeto de cada empresa adscrita. SEGUNpQ: Con relación al punto segundo de la agenda, el ciudadano Ministro aprueba el Código de Ética de la Corporación Venezolana de Alimentos, S.A., en el marco de lo establecido en la parte in fine de la Cláusula 43 Constitutivo-Estatutario de la Corporación, ordenando la publicació que se anexa a la presente Acta. TERCERQ: Aprobada la Vicepresidencia de Empresas Mixtas de la Estructura Organizativa de Cafración, se modifica el contenido de las Cláusulas 49 y 56; se suprime la Cláusula 68 de los Estatutos y se modifican sólo en lo que respecta a la numeración corre laciva, las cláusulas desde la 63 a la 70, sustituyéndolas por las Cláusulas 63 hasta la 69, ambas inclusive, ordenándose refundir en un solo texto todas las modificaciones al Acta Cconstitutiva-Estatutaria de la Corporación Venezolana de Alimentos, S.A., y transcribir las en la presente Acta, de la siguiente forma: CAPÍTULO I / DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, DURACIÓN Y DEL CARÁCTER SOCIAL DE LA CORPORACIÓN. Cláusula 1. Denominación. La Empresa del Estado actuará bajo la forma de Sociedad Anónima que se denominará "CORPORACIÓNVENEZOLANA DE CVAL, S.A. 9 CLÁUSULA_2. Carácter especial de la Corporación. La CORPORACIóN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., se constituye en Empresa del Estado, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT), ded cada al desarrollo de la cadena alimenticia y la construcción del modelo de gestión socialista desde la producción primaria, el procesamiento industrial, la distribución y el consumo, directamente o a través de las empresas respecto de las cuales ejerza el control accionario o estatutario, siendo el fin esencial de la coRPorAcIóN VENEzOLANA DE ALIMENTOS, S.A., la producción de bienes y servicios para la justa satisfacción de las necesidades alimentarias de todo el pueblo venezolano. CLÁUSULA_3. DomiCIio. La CORPORACÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., tendrá su domicilio en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, podrá establecer oficinas, sucursales y agencias dentro y fuera de la República Boivariana Agricultura y Tierras. página original (tal como se publicó) [Página 9] CLÁUSULA 4. Duración de la Sociedad. La CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTos, S.A., tendrá una duración de Cincuenta (50) Años, Rudiendo Asamblea de Accionistas. CLÁUSMLA 5. Objeto de la Corporación. La CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTos, S.A., tendrá por objeto la producción, industrialización, distribución e intercambio de todo tipo de productos alimenticios; la fabricación, compra,ta comercialización y almacenamiento de todo tipo de productos agrícolas; gegtig fomentar, producir, administrar, transformar, industrializar, exportar, impoita comercializar, distribuir cualquier producto proveniente del sector agrícola e industñal y sus privados; fomentar la producción primaria agrícola vegetal y animal, agroecciógica y el impulso a la investigación y el desarrollo genético de las mismas; impulsar la creación, arrendamiento, distribución, importación, exportación, construcción, reparación y reconstrucción y demás obras civiles de sistemas de riego; crear y consolidar vialidad de infraestructura de apoyo a la actividad agrícola, prestación del servicio de mecanización y transporte, agrícola; la producción y, comercialización, sin menoscabo del uso de los agroquímicos tradicionales, de controladores biológicos para la producción agropecuaria; pozos profundos, desarrollo de tecnologías para la optimización del recurso agua en los sistema de riego, maquinarias, repuestos, equipos y vehículos agrícolas, diques, sus partes, piezas y accesorios ejecución y explotación comercial de excavaciones, movimientos de tierra; recuperación y mejora de suelos y la utilización de subproductos para la alimentación animal; construcción, acondicionamiento, administración, gestión y operación de: centros de acopio y distribución de materia prima, insumos, productos terminados y otros requeridos; instalación y operación de plantas agroindustriales, de plantas procesadoras de productos y sub-productos pesqueros y cárnicos, procesamiento, transformación, y distribución de la variedad de derivados de las materias primas igual que las especies y subespecies de origen vegetal, animal y mineral para consumo humano y animal, instalación y operación de fábricas de bienes, de servicios y de producción, dirigidos a satisfacer las necesidades del pueblo y la industrialización de productos agrícolas, pecuarios, acuícolas, piscícolas, forestales y pesqueros; la distribución, intercambio y comercialización de productos e implementos agropecvarios de consumo directo o procesado de origen nacional o internacional; la programación y ejecución de planes de distribución de los mismos impulsar el desarrolo de nuevas industrias destinadas a la producción y distribución de bienes manufacturados; Importación y exportación de materia prima, producto terminado, insumos, maquinarias y repuestos, equipos y accesorios, relacionados con la industria y producción del sector agrícola, pesquero, acuícola y pecuario; el desarrollo de actividades portuarias, de almacenamiento y nacionalización; la realización de comercial de buques propios o en arrendamiento, bien sea para el transporte nacional o internacional de cualquiera de los productos inherentes al obféte ésta,: Corporación; impulso y desarollo de actividades y programas de icapagtadon formación y transferencia de tecnología, formación socio técnica, socio política miliciana y de defensa integral del territorio nacional y cualquier actividad lícitaque contribuya a alcanzar la seguridad y soberanía agroalimentaria de la Nación. La CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., cumplirá su objeco social en estricta subordinación y correspondencia con los lineamientos, políticas y planes del Ejecutivo Nacional. en correspondencia con las políticas públicas dirigidas a la construcción del modelo sOcioeConómiCO SOcialista, la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., podrá: a Crear empresas como único accionista o en sociedad con personas jurídicas nacionales o extranjeras, de carácter público, social, privado o mixto, dentro y fuera del territorio nacional. b) Participar en la creación de empresas Grannacionales, dentro y fuera del territorio nacional, en sociedad con personas jurídicas extranjeras, de carácter público, social, privado o mixto; c) Constituir trenes productivos y organizar redes productivas nacionales, (para la capacidades industriales presentes, así como a la generación de nuevas capacidades; Realizar la investigación, desarrolio tecnológico, capacitación en el ramo de maquinaria pesada y agrícola, para uso, soporte y mecánica, mantenimiento y soporte técnico de maquinaria, financiamiento y asesorías relacionadas con la materia agrícola; e) Fomentar la producción, comercialización, compra y venta de productos agropecuarios, así como, semillas, fertilizantes y todo el soporte necesario destinado a la producción agropecuaria, de consumo directo o procesado de origen nacional o internacional y la programación de distribución de los mismos; f) Fomentar controles biológicos para la producción agropecuaria; g) Realizar deforestaciones en el área agrícola; h) Promover la participación popular dentro de los planes de producción agroalimentarios tanto regional, como nacional, a fin de garantizar el abastecimiento estable, creciente y permanente de productos pecuarios, pesqueros, acuícolas, cárnicos y lácteos, así como sus derivados, bajo el modelo de producción socialista, privilegiando la ganadería ecológica adaptada a las condiciones tropicales de los ecosistemas, como base estratégica del desarrollo rural integral, a fin de acercar la tecnología a los campesinos, pequeños medianos productores. i) Estaplecer convenios estratégicos principalmente con las empresas de propiedàd social, institutos públicos, empresas de propiedad social y laboratorios generadores de insumos orgánicos y consoladores biológicos, asegurando la compra del producto para su colocación; j) Financiamiento de la producción de rubros de interés nacional a comercializar y en gereral, ejercer cualquier otra actividad relacionada"con la comercialización de. insumos, productos, implementos agropecuarios y maquinarias; k) Comercializar, suministrar, comprar y vender productos alimenticios, tales cono frutas, verduras, hortalizas, cereales, leguminosas, oleaginosas, tubérculos insumos, bienes de producción y servicios de la cadena agro productiva y agroalimentaria; I) Impulsar la constitución de redes de productores libres asociados; m) Crear canales, circuitos y redes socialistas para el intercambio y la distribución" social de productos, sobre la base de la complementariedad y la solid idad, dentro y fuera del país; n) Adquirir, vender, intercambiar, donar, arrendar, otorgar en concesión, o enajènar bienes muebles o inmuebles; o) Desarrollar actividades que contribuyan en la defensa integral del territorio; p) Otorgar fianzas, avales u otras garantías; q) Suscribir acuerdos, convenios y contratos, dentro y fuera del país; r) Prestar el servicio de operaciones aduaneras de importación o exportación; s) Formación técnica, política y miliciana; objeto de una medida de intervención, igualmente podrá ejecutar precadimiento de expropiación por causa de utilidad pública o social. u) En lo económico, la Corporación podrá establecer intercambios de benes o servicios por otros bienes o servicios con instituciones públicas o privadas. Prestación de servicios nacionales e internacionales de transporte marítimo, aéreo y terrestre; cumplimiento de su objeto social, dentro y fuera del país. CAPÍTULO II EMPRESA MATRIZ, RELACIÓN CON EMPRESAS FILIALES Y GRANNACIONALES CLÁUSULA_ Z. EmpresaMatriz. La CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALmEnTos,-S.A., será la empresa matriz tenedora de las acciones de Ecipresas del Estado del sector agrícola, cuando sea para el funcionamiento de estas se requiera una vinculación entre ellas, o sean creadas con la finalidad del desarrolio de actividades especificas relacionadas con el objeto de dicha empresa. CLÁusULA 8. Empresas Filiales. Las empresas constituidas por la CORPORACIÓN VENEŽÔLANA DE ALIMENTOS, S.A., aquellas que les sean adscritas, y aquellas en las cuales dicha Corporación ejerza el control accionario o estatutario, tendrán el carácter de EMPRESAS FILIALES de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A. CLAUsULA_9. Prevalencia del carácter social de la propiedad en las empresas filiales de la Corporación. Las empresas en las cuales la - CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., tenga el control accionario y estatutario, o le sean adscritas, deberán ajustar sus estatutos sociales para que existan bajo el régimen de propiedad social, de conformidad con lo dispuesco en la presente cláusula. La propiedad social de dichas empresas puede ser ejercida de manera directa, indirecta o mixta: socialistas comunales, cuyos activos, pertenecientes originariamente a la República Bolivariana de Venezuela o a la Corporación, son cedidos a una o varias página original (tal como se publicó) [Página 10] conjunidades, comunas u otras organizaciones del Poder Popular, con fines productivos, pasando a constituir el patrimonio de la empresa de propiedad social directa. b) Las empresas filiales de propiedad social indirecta: son empresas estatal adscritas o creadas por la Corporación, cuyos activos pertenecen a la República, cua garantiza la propiedad social; c) Las empresas filiales de propiedad social mixta: son aquellas en las cuales coekisten los regímenes de propiedad indicados en los literales precedentes, mediante un Convenio en el cual se establece una asociación, con propiedad mayoritaria de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., COn: 3 1. Una o varias comunidades organizadas; à. Un ente privado nacional; 3. Una representación de otro Estado; 4. Una empresa de capital extranjero; s. Una organización social extranjera; 6. Una combinación de las anteriores. CLÁUsULA 10. Carácter marco de este Estatuto. El presente Estatuto constituye el manco normativo específico que rige la actuación de, la coRPoRAcIóN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., (CVAL, S.A.), y será marco obligatorio de estatutario, o le sean adscritas. Cuandd la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., COnstituya empresas, cuando éstas le sean adscritas o, ejerza el control accionario y estatutario de ellas, su funcionamiento y reglamentaciones deberán expresar el espíritu, principios y valores de la Revolución Bolivariana Socialista, y constituirse en 'impulsar la transformación del modelo socioeconómico en manos del Pueblo y a su único servicio. A tal efecto, adecuarán sus estatutos y ordenamiento interno al presente estatuto. CLÁUsULA 11. Subordinaciónaloslineamientos,Políticas emanados de la Comisión Central de Planificación. En su condición de empresa estatal SOCialista, la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, estratégico, emanados de la Comisión Central de Planificación, aprobados por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y asegurará la extensión de dicha subordinación a todas sus empresas filiales. Los planes y proyectos especificos diseñados por la Corporación y sus filiales, expresarán y desarrollarán, en el nivel táctico, las grandes estrategias definidas por la referida Comisión, lo cual será garantizado por el Órgano de Adscripción, mediante un sistema de seguimiento, evaluación y control permanente. CLÁusULA_12. Relación con las Empresas Grannacionales. Las empresas Grannacionales en las que participe en calidad de socia la coRPorAcIóN VENEzOLANA DE ALIMENToS, S.A., tendrán el carácter de Asociadas, no pudiendo considerarse bajo ningún concepto filiales de ésta. Grannacionales, se regirá por el ordenamiento jurídico relativo a su creación y funcionamiento, así como a la normativa general desarrollada en el marco de la politica exterior, de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, (ALBA), y alianzas estratégicas de integración con los pueblos y naciones del Sr. CAPÍTULO III DEL CAPITAL SOCIAL, EJERCICIO ECONÓMICO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN LÁUSULA 13. Capital Social. El capital sOcial de la CORPORACIÓN ENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., es de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 50.000,00), representados y dividido en VEINTE (20) ACCIONES nominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal de Dos MIL QUINgEnTos BOLÍVARES (Bs. 2.500,00) cada una, las cuales han sido suscritas y pagadas en su totalidad por la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, en dinero efectivo, enterado en cuenta bancaria a nombre de la Sociedad Anónima. Dicho pago se evidencia del comprobante de depósito bancario que se acompaña, signado con la letra "A", para su inserción en el expediente que de ésta Sociedad Anónima se abra en el Registro Mercantil correspondiente. CLÁusuLA 14. Acciones. Todas las acciones de la Sociedad Anónima son nominativas y de igual valor nominal, no convertibles al portador y confieren a sus titular$ iguales derechos; cada una de ellas otorga a su propietario un voto en las reuniones de accionistas. Los títulos de las acciones podrán comprender un numero cualquiera de ellas, y deberán contener las menciones exigidas por el Código de Comercio, y serán firmados por el Presidente o Presidenta de la Sociedad Anónima. Las aciones son indivisibles con respecto a la Sociedad Anónima, por lo tanto, las que pasaren a poder de dos o más personas conjuntamente, deberán estar representadas por una sola de ellas, que será la que podrá concurrir a las reuniones y ejercer todos los derechos inherentes a la cualidad de accionista. CLÁusuLA 15. Libro de Accionistas. La propiedad de las acciones se compracbà únicamente con la respectiva inscripción o declaración en el Libro de Accionistas de ia. Sociedad Anónima y su cesión o traspaso, aún en garantía, se hará constar con correspondiente inscripción en el referido libro y el propio título de la acción cedida o traspasada, en la cual firmarán el cedente, el cesionario el Presidente o Presidenta de la Spciedad Anónima. CLÁusULA 16. Derecho Preferente de Adquisición. Los accionistas tiene derecho preferente para suscribir nuevas acciones en caso de aumento de capital. El derecho preferente deberá ejercerse dentro del plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la reunión que ha acordado el aumento de capital, y proporcionalmente al número de acciones que posea cada accionista. Ningún accionista podrá ceder sus acciones sin antes haberlas ofrecido por escrito a los otros accionistas de acuerdo a lo señalado anteriormente. CLÁusuLA_ 1Z. CertificadosProvisionales. Podrán emitirse certificacigneg provisionales de acciones mientras no sean emitidos los titulos definitivos de elas Dichos certificados, al igual que los títulos contendrán las menciones que exige Código de Comercio y serán firmados por el Presidente o Presidenta de la Sociedad Anónima. CLÁUsULA 18. La adquisición de acciones en la sociedad, implica la plena adhesión a su Acta Constitutiva Estatutaria y a las decisiones de la Junta Directiva, tomadas dentro del rango de sus atribuciones. CLÁUSULA 19. Ejercicio Económico. La contabilidad de la CORPORACIÓN VENEzOLANA DE ALIMENTOS, S.A., y de sus empresas filiales, será llevada de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones legales aplicables. En todos los casos, el ejercicio económico se inicia el día primero (01) de enero y concluye el treinta y uno (31) de diciembre de cada aãobibeptoejercicio inicial el cual se inicia a partir de la empresa en el Registro Mercantil nasta et treinta y uno (31) de diciembre del respectivo año de inscripción. 34 CLÁUsULA 20. Destino de los excedentes. Al término de cada ejerciãio económico, todo excedente, utilidad o beneficio generado por la CoRPorAcIóN VENEzOLANA DE ALIMENTOS, S.A., y sus filiales, deberá notificarse a la Comisión Central de Planificación, a través de su organismo de adscripción, procediendo a la brevedad posible a depositar dichos excedentes, utilidades o beneficios en el fondo de eficiencia socialista u otros que determine el Ejecutivo Nacional Venezolano. La administración de estos recursos se hará según lo establezca la ley respectiva. Eas empresas mixtas filiales de la Corporación en las que se haya establecido sociedad con una comunidad organizada, un ente privado nacionai, con la representación de otro Estado, con empresas de capital extranjero, o con organizaciones sociales extranjeras, sólo depositarán en el fondo asignado por la Comisión Central de Rlanificación, la porción correspondiente a la remuneración de la participación del Estado, respecto del excedente o utilidad generada en cada ejercicio fiscal. Las empresas filiales de propiedad social directa sólo deberán notificar, npediante 'informe a la Corporación el monto del excedente o utilidad generada al término de cada ejercicio económico. La distribución o aplicación de excedentes o utilidades por parte de las empresas filiales de propiedad social directa, se realizará conforme a la ley. Este sistema de distribución-de excedentes a través de fondo será calculado, (uego de hacer las deducciones correspondientes para Costos de Producción, Amortizaciones y Gastos Financieros, Depreciaciones, Gastos Generales y Administrativos, y otros. CLÁUSULA 21. Reportes trimestrales y anuales de cuentas. Al término de cada trimestre la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., re Qbirá de cada una de sus filiales un estado de cuenta con el detalle de los ingresos y egresos, : así como un informe comparativo sobre los planes en curso y los resultados en proceso. Dicha información se hará del conocimiento de la Comisión Central de Planificación por vía del Órgano de Adscripción. La CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., y Sus empreSas filiales deberán, presentar el balance y los estados financieros, al término de cada ejercicio anual. CLÁu$ULA_ 22. Recursos Presupuestarios. La asignación de recursos presupuestarios para cada ejercicio fiscal, a la CORPORACIóN VENEZOLANA DE ALIMenTos, S.A., y sus empresas filiales, se hará atendiendo a las siguientes reglas: a) 4os recursos presupuestarios necesarios para el funcionamiento y desarrollo de proyectos de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE Alimentos, S.A., así como de sus empresas filiales de propiedad social indirecta, que sean asignados y transferidos desde el órgano de página original (tal como se publicó) [Página 11] descripción yotrosentes, a la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTos, S.A., serán distribuidos a cada filial, por vía del sistema financiero público, según los cronogramas de desembolso que al efecto se establezcan. b) Los recursos presupuestarios necesarios para el funcionamiento y desarrollo de proyectos de las empresas filiales de propiedad social directa, y las empresas mixtas filiales de la Corporación en sociedad don una comunidad organizada, un ente privado nacional, con la representación de otro Estado, con empresas de capital extranjero, don organizaciones sociales extranjeras, se obtendrán a partir de šus propios ingresos, sin perjuicio del carácter y la función social de la propiedad, de la producción, y sin perjuicio de la planificación centralizada de actividades . tavés de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A. CLÁUsULA 23. Utilización Preferente del Sistema Financiero Público. La CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., y sus empreSa filiales operaciones y transacciones financieras o comerciales. En todo caso, para la apertura y manejo de cuentas u otras operaciones comerciales financieras en la banca privada, dentro y fuera del país, la CoRPoRACIón VENEzoLANA DE ALIMENTOS, S.A., deberá presentar al órgano de adscripción, solicitud de autorización, mediante exposición de motivos justificando la utilización de servicios de la banca privada, a los fines de que éste proceda a evaluar y resolver la solicitud. CAPÍTULO IV APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS SOCIALISTAS A LA CORPORACIÓN Y SUS RELACIONES CLÁUSULA_ 24. Carácter Social del Trabajo y de la Producción de la Corporación. La Corporación reconoce al trabajo como hecho social. Todos los productos e insumos obtenidos por la CORPORACIÓN VENEZOLAmA DE ALIMEnTos, S.A., o por sus empresas filiales, son de propiedad social. El trabajo necesario para. la producción de dichos productos y subproductos, expresa el compromiso y responsabilidad suprema de los trabajadores y trabajadoras para con la "sociedad. La Corporación y sus filiales no tienen ningún derecho de apropiación sobre los productos e insumos obtenidos por sus trabajadores, mediante el hecho social del trabajo, cuyo fin es eminentemente social. /CLÁusULA 25. Carácter Social de la Distribución y Política de Precios de la Corporación. La distribución, el intercambio y la comercialización naciona! de los productos y subproductos obtenidos por la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMEnTos, s.A., o sus empresas filiales, tendrá carácter social y preferentemente se realizarán mediante canales, circuitos y redes socialistas para la distribución social, tanto estatales como comunales. La distribución o comercialización internacional de dichos bienes y servicios se realizará una vez satisfechas las necesidades nacionales, y según los lineamientos emanados de la Comisión Central de Planificación. La política de precios para el intercambio de productos e insumos de la Corporación y sus empresas filiales, deberá atender lo establecido por los entes nacionales que garantizar la continuidad y sustentabilidad de la producción. CLÁusULA 26. Fin Esencial de la Producción. El fin esencial de los Cienes y ServiCios prOduCidos pOr la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., y sus empresas filiales, es la justa satisfacción de las necesidades de todo el pueblo venezolano, como fin igualmente esencial a la existencia del Estado. CLÁUSULA 27. Redes de Productores Libres Asociados. La CORPoRACIóN VENEzOLANA DE ALIMENTOS, S.A., Como empresa estatal socialista, a partir de sus filiales y otras empresas relacionadas, organizará Redes de Productores Libres Asociados entre empresas, con la finalidad de contribuir a la expansión def modelo económico socialista, impulsando la: a) Socialización de las relaciones de propiedad; b) Socialización de las relaciones de producción; c) Socialización de las relaciones de intercambio y justa distribución de los productos y subproductos; d) Socialización transformadora y liberadora de los hábitos de consumo. CLÁusULA 28. Atribuciones de las Redes de Productores Libres Asociados. Las Redes de Productores Libres Asociados promovidos por la coRPorAcIóN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., como forma organizativa de las empresas socialistas y otras empresas relacionadas, tendrán la finalidad de: a) Sunpinistro de materia prima a las unidades de propiedad social procesamiento; b) Contribuir a transformar la vieja cultura empresarial, las relaciones de producción y las relaciones entre la empresa y la comunidad, bajo una orientación socialista bolivariana; c) Desarrollar programas de capacitación tecnoproductiva y formación ético-política, en él marco de desarrollo del socialismo bolivariano; d) Logfar, complementariedad y transferencia tecnológica, de conocimi saberes entre empresas, para obtener mayor eficacia y eficiencia en la prod ación y distribución de productos e insumos; e) Contribuir a construir, junto a otras empresas del Estado y las comunidades f) Optimizar, en términos de calidad, cantidad y precio, la oferta de productos e insumos para cubrir con dignidad y solidaridad las necesidades del pueblo; g) Realizar compras conjuntas de materias primas, insumos y bienes intermedios para reducir costos e incrementar los niveles de producción; h) Adquirir, de manera conjunta, maquinarias, equipos, partes, repuestos y tecnologías; i) Compartir el uso de maquinarias, equipos y tecnologías, en farmã complementaria; j) Hacer transparentes las estructuras de costos y de precios, y pardepaarla, creación de nuevas formas de suministro, mediante el intercambio directo de productos y subproductos, entre empresas y con las comunidades organizadas; Generar acciones orientadoras sobre hábitos de consumo, que contribuyan a subordinar el valor de cambio al valor de uso, eviten el consumo superfluo, y permitan identificar y cubrir las necesidades verdaderas. CLÁUsULA 29. Promoción del Desarrbllo Socialista Comunal. Dado el carácter estatal sOcialista de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., ésta empresa deberá, de fnanera directa, y mediante sus filiales, servir de planca para facilitar e impulsar el desarrollo integral e integrador, económico y social del pueblo. En cumplimiento de los lineamientos estratégicos emanados de la Comisión Central de Planificación, y bajo el control del Ministerio de adscripción, la Corporación y sus empresas filiales asumirán compromisos específicos asociados al desarrollo endógeno comunal, en corresponsabilidad con determinadas comunidades organizadas, a fin de contribuir a convertir el potencial del pueblo en poder popular, y acelerar el desarrollo de la nueva sociedad socialista. CLÁUSULA 3Q. Contraloría Social. La CORPORACIÓN VENEZOLANA DE LIMENTos, S.A., y sus filiales, están sujetas al control social, según los neamientos que emanen de la Comisión Central de Planificación, y conforme a los mecanismos y modalidades que se instruyan, la Corporación y sus filiales, on tanto transparente y oportuna, sobre el resultado de su gestión. La rendición pública de cuentas se llevará a cabo en los ámbitos comunal y racional, previo conocimiento y autorización por parte del órgano de adscripción, al menos una vez al año. CAPÍTULO V DEL HECHO SOCIAL DEL TRABAJO EN LA CORPORACIÓN CLÁUsULA_31. Relaciones Socialistas de Producción y Compromiso Revolucionario. La CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., y SUS filiales desarrollarán relaciones socialistas de producción basadas en la solidaridad, la complementariedad, el compromiso social, el respeto por la naturaleza, la justicia y el bienescar colectivo, como sistema de valores característico de la ética revolucionaria. Dicho sistema de valores ha de expresarse en la conciencia y voluntad revolucionarias de cada trabajador o trabajadora, por cumplir con el supremo deber de producir para_ cubrir con dignidad las necesidades del pueblo, contribuir a elevar su calidad de viga su nivel de conciencia. En ningún caso el interés individual de un trabajador, trabajadora, o grupo trabajadores y trabajadoras, estará por encima del interés general del pueblo al que pertenecen, ni de la República. Todos los trabajadores y trabajadoras de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., y sus filiales, al ingresar a formar parte del cole trabajadores y trabajadoras de las empresas socialistas, previo proceso de fon politica, deben prestar juramento y asumir el compromisorevolucionario de ser honor y humildad al pueblo y a la Patria, desde cada equipo y puesto de trabajo. CLÁU$ULA 32. Relaciones Socialistas de Producción, Modelo de Gestión y Desarfollo Humano Integral e Integrador. La CORPORACIÓN VENEZOLANA página original (tal como se publicó) [Página 12] DE ALtmEnTos, S.A., y sus empresas filiales, son empresas gestionadas por los revolucionaria, que en conjunto logran un desarrollo humano integral e' integrador mediarte el trabajo digno y creativo, con significado propio y sentido social, no independientemente del papel que eventualmente les corresponda cumpl empresa. La CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., garantizará en todas S5 filiales, un modelo de gestión socialista basado en el aprendizaje permanente, regido por los principios propios de la democracia revolucionaria socialista: honestidad, participación, respeto mutuo, trabajo en equipo, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función productiva. CLÁUsULA 33. Normas sobre Selección e Ingreso de los Trabajadores y Trabajadoras. La CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., y Sus filiales, dispondrán de normativa interna para la selección e ingreso del talento humana, en la cual, entre otros aspectos, deberán definirse los requisitos mínimos que deberá tener las candidatas y los candidatos, así como las pruebas de suficiencia técnica y conocimientos que deberán superar los interesados para ingresar como trabajador o trabajadora a la Corporación. Las instancias del poder ipopaar participarán en la postulación y evaluación de los candidatos y candidatas CLÁUsULA 34. Organización del Trabajo y Formación Permanente,"Retación de Funciones y Rol de Supervisión. En la CORPORACIÓN VENEZOLANA DÉ ALIMENTos, S.A., así como en sus filiales, la organización der trepajo se estructurará sobre la base de los conocimientos y destrezas desarrolladas por los Todos los trabajadores y trabajadoras deben aprender, enseñar, complementarse y compartir saberes. De manera tal que la formación y capacitación continua facilite su rotación en los diferentes puestos de trábajo, a fin de poder desempeñar diversas funciones dentro de la empresa, con pleno desarrollo de sus capacidades, tajentos y creatividad. rol de supervisión también es de carácter rotatorio en cada área de trabajo. Todos los trabajadores y trabajadoras deben prepararse técnica y políticamente para ejercerlo con sabiduría, rectitud y humildad. CLÁUsULA 35. Retribución Social por el Trabajo Realizado. La CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., y SuS empreSaS filiales crearán condiciones, métodos y mecanismos para que cada trabajador y cada trabajadora aporten a la sociedad, en el desempeño de su labor, sus máximas capacidades y reciban una justa retribución según sus necesidades, responsablidades, a calidad y cantidad del trabajo realizado, según los lineamientos emanados de la omisión Central de Planificación. En la Corporación y sus filiales el salario constituye el reconocimiento de que un trabajador o trabajadora, cualquiera sea la posición que eventualmente ocupe dentro de la empresa, ha cumplido con su deber social. CLÁusULA 36. Jornada laboral. La jornada laboral para los trabajadores y trabajadoras de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A, y sus empresas filiales, será la establecida en la legislación aplicable, dentro de las cuales se desarrollarán actividades vinculadas a: a) Su formación socio-política y tecnoproductiva; b) la actividad creativa vinculada al desarrollo de capacidades científicas, y tecnológicas, aplicables a la producción o a la solución de problemas identificados en su entorno social; c) Su participación en actividades de seguridad y defensa integral, vinculadas a la Reserva Nacional; d) $i trabajo voluntario en el ámbito socioproductivo comunal; f) si trabajo voluntario en jornadas especiales de apoyo a activi programadas por el gobierno nacional; 9) Su participación en las instancias de gobierno comunal; h) Su participación en organizaciones sociales de base; i) Las actividades culturales, recreativas o deportivas empresariales o de los trabajadores, trabajadoras y sus familias; j) Las actividades de intercambio educativo, científico y tecnológico, cultura deportivo, nacionales e internacionales, de los trabajadores y trabajadoras. CLÁusuLA 37. Trabajo voluntario, Todos los trabajadores y trabajadoras de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., y Sus filiales, de manera planificada, coordinada y colectiva, desarrollarán acciones de trabajo voluntario como expresión de conciencia y compromiso al servicio del pueblo, contribuyendoal desarrollo socialista comunal. La fornpa que adopte el trabajo voluntario, así como el tiempo que se dedique mismo, se decidirá en el colectivo de trabajadores y trabajadoras de cada empresa, en coordinación con la Corporación, atendiendo a los lineamientos emanados del órgano de adscripción, y conforme a la ley. El trabajo voluntario al que se refiere la presente cláusula no tiene carácter laboral, y es ejecutada consciente y voluntariamente por el trabajador o la trabajadora, sin expectativa alguna de remuneración económica, como gesto de retribución solidaria con la sociedad en general. CLÁUsULA 38. Disciplina Iaboral. Reconocimiento de MéritoSâncionês La disciplina laboral se fundamenta en el compromiso asumido por trabajadora frente al colectivo de trabajadores y trabajadoras, piecto al cumplimiento de sus deberes. La evaluación de cada trabajador o trabajadora, y de cada equipo de trabajadores y trabajadoras, es de carácter permanente y forma parte del proceso de formación. Semestralmente se hace pública. Los méritos se reconocen mediante un sistema público de emulación individual y colectiva a partir de cada área de trabajo, y se premian una vez al año, medjante un istema de estímulos que prioriza los reconocimientos de carácter moral individuales y colectivos, y las recompensas de carácter cultural, educativo y recreativo de los trabajadores, trabajadoras y sus familias. Las sanciones se aplican de manera justa, justificada, oportuna y conforme a ia ley. CLÁUsULA 39. Organización de IosTrabajadores y Trabajadoras En la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., y SUS filiales, los trabajadores y trabajadoras se organizan en Consejos de Trabajadores y „Trabajadoras, Batallones Agrícolas y Comités. CLÁUsULA 40. Consejo de Trabajadores y Trabajadoras. El Consejo de Trabajadores y Trabajadoras es la unión de todos los trabajadores y trabajadoras de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., o de Sus filiales, en torno al objetivo nacional de transformación socialista, a partir del pensamiento y ta acción generadora de conciencia revolucionaria bolivariana. LDÉALIMENTos, S.A., y sus filiales son responsables de: a) Desarrollar y fortalecer el proceso productivo; b) Garantizar la formación sociopolítica de los trabajadores y las trabajadoras; c) Garantizar prácticas de trabajo que impidan el burocratismo y la corrupción; d) Garantizar el cumplimiento de los compromisos de la empresa con las comunidades organizadas; e) $arantizar la articulación de ta empresa con el Tercer Motor, Moral y Luces; y con el Cuarto Motor, Explosión del Poder Comunal; f) Vigilar el buen funcionamiento de los servicios públicos que atienden las necesidades de los trabajadores, trabajadoras, sus familias y comunidades, y que forman parte del salario social integral. Así como, todo lo atinente a las ondiciones y calidad de vida de los trabajadores, trabajadoras y sus familias. g) Facilitar la participación de todos los trabajadores y trabajadoras en planificación de la producción, el desarrollo científico y tecnológico, administración, la distribución de bienes o servicios, los procesos de formación œpacitación para el trabajo, los procesos de evaluación, y son responsables por e cumplimiento de las metas establecidas para cada área de trabajo en la empresa. Para e cumplimiento de sus responsabilidades, los Cónisejos de Trabajadores y Trabajadoras de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., y Sus filiales, podrán organizarse en tantos equipos de trabajo como sea necesario. Cada Consejo de Trabajadores y Trabajadoras tendrá entre cinco (5) y once (11) vo voceras que, además de su trabajo en la empresa, se ocuparán de coordin actividades del Consejo y la convocatoria a las Asambleas de Trabajadon Trabajadoras, las cuales deberán realizarse, al menos, una (1) vez al mes, con ager previamente conocida. Los voceros y voceras del Consejo de Trabajadores y Trabajadoras serán electos anualmente entre todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa. La elección se llevará cabo por consenso, de no ser posible llegar a consenso se hará por votación directa y secreta. Resultarán electos individualmente los trabajadores y trabajadoras que obtengan la mayoría de votos en conteo público. Para que una elección resulte página original (tal como se publicó) [Página 13] válida, deberán participar no menos del noventa por ciento (90%) del tota trabajadores y trabajadoras de la empresa. CLÁUsULA_ 41. Batallones Agrícolas y/o Cuerpos Milicianos. Todos trabajadores y trabajadoras de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENToS s.A., y sus empresas filiales podrán sumarse a la Milicia Nacional Bolivaríana, e integrar los Batallones Agrícolas, Cuerpos Milicianos de conformidad con la Ley de Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a fin de contribuir a garantizar la seguridad y defensajintegral de la Patria, particularmente en el ámbito socioproductivo, con la articulación sistémica de empresas en trenes y redes productivas, en todo el territorio nacional, según la Nueva Geometría del Poder. Los Batallones Agrícolas y/o Cuerpos Milicianos estarán adscritos a la circunscripción correspondiente de la Milicia Nacional Bolivariana, según cada localidad, y se regirán por la normativa que les sea aplicable la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE MEnTos, S.A., y sus empresas filiales contribuirán con el equipamiento y antenimiento de los Batallones Agrícolas. ÁusULA 42. Comités. L.os Comités, son las instancias organizativas en cada área é trabajo (Facilitan la participación de todos los trabajadores y trabajadoras en la planificación de la producción, el desarrollo científico y tecnológico, la administración, trabajo, los procesos de evaluación, y son responsables por el cumplimiento de las Todos los Comités tienen un coordinador o coordinadora, que ejerce funciones de supervisión y coordinación, designado o designada por la Junta Directiva de la mpresa en forma rotatoria, según los requerimientos y necesidades de cada área de Los Comités presentarán informes semanales ante la Junta Directiva, y mensuales ante la Asambiea de Trabajadores y Trabajadoras convocada por el Corsejo de Trabajadores y Trabajadoras. Dichos informes serán elaborados por el Coordnador o Coordinadora, previa reunión semanal o mensual de evaluación y control, con participación de los trabajadores y trabajadoras del área de trabajo corresponciente. CLÁusULA_ 43. Desarrollo reglamentario.La aplicacióndelosprincipios socialistas a la Corporación y sus relaciones, así como el hecho social del trabajo en la Corporación, serán objeto de desarrollo mediante normativa interna dictada al efecto por la Asamblea General de Accionistas, la cual será de obligatorio cumplimiento para todos los trabajadores de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., y sus empresas filiales. En todo caso, la Junta Directiva elaborará el Código de Ética Socialista de la Corporación, el cual será de obligatorio cumplimiento para todas las trabajadoras y todos los trabajadores de la Corporación y sus empresas filiales. Dicho Código será aprobado y puesto en vigencia por el Órgano de Adscripción de la Corporación. CAPÍTULO VI DE LA ASAMBLEA DE GENERAL DE ACCIONISTA CLÁusULA 44. Asamblea General de Accionistas. La representación de la República Bolivariana de Venezuela en la Asamblea General de Accionistas será la forma de ejercicio de la suprema autoridad de la CORPORACIÓN VENEZOLANA D ALIMEúTos, S.A., por parte del Órgano de Adscripción, teniendo las amplias facultades necesarias para realizar el objeto de la misma, de conformidad la presente Acta Constitutiva Estatutaria de la Ley. CLÁUsULA_ 45. Las Asambleas de Accionista son Ordinarias y Extraofdinarias. Las reuniones de la Asamblea Ordinaria de Accionistas serán convocadas por el Órgano de Adscripción de la Corporación, mientras que las reuniones de las Asambleas Extraordinarias de Accionistas serán convocadas por Órgano de Adscripción de la Corporación a solicitud de la Jnta Directiva, siem así lo requiera el interés de la Sociedad Anónima. A solicitud por escrito de los accionistas de la Sociedad Anónima, representados en menos el veinte por ciento (20%) del capital social, su Presidente o Presidenta podrá convocar a una Asamblea General Extraordinaria, dentro de los treinta (30) días siguientes contados a partir del recibo de la solicitud. : CLÁUsuLA 46. La convocatoria a las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas se realizará mediante aviso de prensa que se publicará en un diario de circulación nacional con no menos de cinco (05) días de la fecha de reunión de la Asamblea. Igualmente podrá por carta, fax, telegrama o cualqui medio legalmente establecido, pudiendo celebrarse la Asamblea con prescindene toda convocatoria cuando a la misma concurriere la totalidad de los accionistas, convocatoria contendrá la hora, el día y ei lugar en que se celebrará la reunión. deberá expresar claramente todos los asuntos que serán considerados por la Asamblea. Cualquier decisión que verse sobre un asunto no previsto en la convocatoria será nula, salvo en el caso de que se encontraren reunidos los accionistas que representan al cien por ciento (100%) del capital social y dicha decisión sea acordada por unanimidad. CLÁusULA 4Z. Las Asambleas Generales Ordinarias se celebrarán por lo menos 2 veces a año. La primera Asamblea General Ordinaria se realizará al culminar el primer trimestre de cada año y la segunda se celebrará al inicio del cuarto trimestre de cada año, siendo obligatoria la consideración y discusión del informe anual de la directiva, de los estados financieros auditados y de los planes, programas y presupaestolpara ef siguiente ejercicio económico. CLÁusULA 48. La Asamblea General de Accionistas estará representada Órgano de AdsCripción de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., * decidir, según Decreto de creación, el documento constitutivo estatutario, el denamiento jurídico vigente, y en correspondencia con los lineamientos en anados la Comisión Central de Planificación, aprobados por el Presidente de la República olivariana de Venezuela. Las Atribuciones de la Asamblea General de Accionistas de la CoRPorAcIóN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., SOn las Siguientes: a) Presentar ante el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en Consejo de Ministros, para su conocimiento y aprobación: 1. Los planes, programas y proyectos de la Corporación. 2. El presupuesto anual de ingresos y gastos de la Corporación y sus empresas filiales; b) Presentar ante el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y ante la Comisión Central de Planificación, para su conocimiento y demás fines: 1. Los feportes trimestrales y anuales de cuentas de la Corporación y sus filiales. 2. Los Ihformes trimestrales y anuales comparativos sobre planes en curso y resultados en proceso, de la Corporación y sus empresas filiales. 3. Los informes anuales sobre excedentes o utilidades generadas por'ta_Corporación y sus empresas filiales; c) Presentar anualmente, ante el Presidente de la República Bolivariana de Vefezuela, os resultados de la evaluación realizada a los miembros de la Junta Directiya de la Corporación y de sus empresas filiales; d) Establecer el cronograma de las jornadas de rendición pública de cuentas de la Corporación y sus empresas filiales; e) Aprobar el balance de la Corporación presentado por el Comisario o Comisaria; f) Designar al Comisario o Comisaria de la Corporación y sus empresas filiales 9) Establecer y clausurar sucursales, agencias u oficinas y nombrar representantes en el país o en el exterior, previa solicitud de la Junta Directiva; Corporación y sus empresas filiales de propiedad social y mixta; i) Autprizar, previa aprobación del Presidente de la República, los lineamientos generales de la política de distribución y precios de los productos e insumos producidos por la Corporación y sus empresas filiales; j) Examinar la estructura de costos de los bienes y servicios producidos Corporación y sus empresas filiales; k) Aplicar un sistema permanente de evaluación, seguimiento y control en funcio cumplimiento del objeto social de la Corporación y sus empresas filiales, correspondencia con los lineamientos emanados de la Comisión Central de Planificación; I) Congcer, aprobar, hacer seguimiento, evaluación y contol a los planes y proyectos de promoción del desarrollo comunal de la Corporación y sus empresas filiales, correspondencia con los lineamientos emanados de la Comisión Cen Planificación; m) Apfobar el sistema de evaluación de los trabajadores y trabajadoras de CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., y SUS empreSas filiales, en correspondencia con los lineamientos emanados de la Comisión Central de Planificación; n) Aprqbar el régimen general de retribución social del trabajo para los trabajadores y trabajadoras de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., y sus empresas filiales, en correspondencia con los lineamientos emanados de la Comisió Central de Planificación; o) Autorizar la creación de los fondos que estime pertinentes para garantiza adecuado funcionamiento de la Corporación; p) Aprbar la participación de la Corporación y sus empresas filiales en programas especiales del Ejecutivo Nacional, en los ámbitos económico, social, educativo, cultural y militar; q) Conpcer y resolver sobre cualquier asunto que le sea sometido por la Junta Directivp de la Corporación, y su Presidente o Presidenta; r) Reformar el Estatuto de la Corporación; página original (tal como se publicó) [Página 14] s) Designar a los Auditores Externos de la sociedad anónima y su remuneración. t) Aumentar o disminuir el capital social de la sociedad anónima. u) Aprobar la fusión, disolución y liquidación de la sociedad anónima, constitución de otras sociedades mercantiles, fundaciones y otras asociaciones con participación del sector privado o sin ella, la suscripción de acciones en otras empresas o-la acuerdo con la Ley previa autorización del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en Consejo de Ministros. v) Decidir las propuestas referidas a la- estructura organizativa, la clasificación de cargos, remuneración, bonificaciones y demás beneficios socio-económicos del personal de la Corporación y será la única instancia con la autoridad para determinar modificaciones a los mismos. . w) Ejercer las demás atribuciones y deberes que le correspondan conforme a la ley y à este Documento. CAPITULO VII DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN CLÁusuLA_49. Junta Directiva. La dirección y administración de la Corporación estará a cargo de una Junta Directiva, integrada por un Presidente de la Corporación y seis (06) Vicepresidentes todos con sus respectivos suplentes, quienes llenprán las faltas de sus principales en la Junta Directiva, con iguales atribuciones y facultades. Los miembros de la Junta Directiva, serán personal y solidariamente responsables en os términos establecidos en la Ley, y asumirán funciones a tiempo compleco en la lirección inmediata de la Corporación, las cuales les serán asignadas por el Presidente, previa consulta al Órgano de Adscripción. La accionista hará depositar diez (10) acciones en la caja social, para garantizar la gestión de la Junta Directiva. CLÁusULA 50. Designación de la Junta Directiva. El Ministro o Ministra titular del Despacho de adsCripción de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., designará al Presidente o Presidenta y a los Vicepresidentes o Vicepresidencas de la Junta Directiva, con sus respectivos suplentes, quienes serán de su libre nombramiento y remoción. CLÁusULA 51. Duración de la Junta Directiva. Los Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Junta Directiva, durarán en sus funciones dos (02) años, pudiendo ser ratificados o removidos de dichas funciones en cualquier momento, debiendo permanecer en el ejercicio de sus funciones hasta que sus sucesores tomen posesión de sus cargos. CLÁusULA 52. Reuniones de Junta Directiva. La Junta Directiva de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., se reunirá de manera ordinaria y con agenda previamente definida, una (1) vez a la semana en la sede de la Corporación, o en la sede de cualquiera de las empresas filiales, dentro del territorio nacional; y se reunirá de manera extraordinaria siempre que el Órgano de Adscripción así lo decida, o previa convocatoria de su Presidente o Presidenta. Se levantará de todas las reuniones y será firmada por el Presidente o Presidenta y def miembros. Las decisiones se tomarán por consenso y, de no ser ésto posible, por votación de menos, el Presidente o Presidenta y cuatro (04) de sus Vicepresidentes o los suplentes de éstos, el quórum de las reuniones se verificará en la misma proporción. Toda ausencia de un Vicepresidente o Vicepresidenta Principal, deberá ser justificada y constará en el Acta de la reunión respectiva de la Junta Directiva. El Órgano de Adscripción recibirá, semanalmente, copia de la agenda tratada resumen de las decisiones tomadas. CLÁusULA 53. Atribuciones de la Junta Directiva. Las atribuciones de la Junta Directiva de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., sOn las siguientes: a) Pregentar ante el Órgano de Adscripción para su aprobación: 1. Los planes, programas y proyectos de la Corporación. 2. El presupuesto' anual de ingresos y sistema de evaluación de los trabajadores y trabajadoras. 4. El régimen general g retribución social del trabajo y, en términos generales, el régimen laboral. 5. politica de formación y capacitación permanente de los trabajadores y trabajadoras los ámbitos socioproductivo y tecnopolítico. 6. La política de distribución y precios de bienes y servicios producidos; b) Presentar ante el Órgano de Adscripción para su conocimiento, los siguientes informes trimestrales, semestrales o anuales, tanto de la Corporación como de sus filiales: 1. Reportes de cuentas sobre el ejercicio económico y financiero; 2. Análisis comparativos planes en curso y resultados en proceso; 3. Reporte sobre excedentes o utilidades; 4. Resultados de las evaluaciones realizadas sobre el desarrollo de los planes, programas y proyectos vinculados a la producción y la distribución de bienes y servicios; 5. Presentar las estructuras de costos de los bienes y serviciarobucidos. 6. Reportes evaluativos del desarrollo de los planes y proyectos cuyos desarrollo comunal; 7. Resumen evaluativo de la situación labora desarrollo integral e integrador de los trabajadores y trabajado 8. Repogte evaluativo sobre las jornadas de trabajo voluntario y la organización de los trabajadores y trabajadoras en consejos de trabajadores y trabajadoras, batañanes de agrícolas y comités; c) Someter a la aprobación del Órgano de Adscripción, los estados financieros de la Cerporación y de sus filiales de propiedad social indirecta y mixta (Balance General, stado General de Ganancias y Pérdidas e Inventarios), dentro de los sesenta (60) s siguientes al cierre del correspondiente ejercicio económico, así como un'informe ore la gestión llevada a cabo durante el período culminado; Conocer y hacer del conocimiento del Órgano de Adscripción, los estados financieros de las filiales de propiedad social directa, así como de las empresas Grannacionales asociadas a la Corporación; e) Presentar ante el Órgano de Adscripción el informe general de rendición pública de cuentas correspondiente a la Corporación y sus filiales, y proponer el método y ograma para llevar a cabo dicha obligación; antener debida y oportunamente informado al Órgano de Adscripción sobre todas actividades a realizar por la Corporación en su ámbito de competencia, dentro y fuera del país, en cumplimiento de su objeto social, así como de los resultados g) Autorizar al Presidente o Presidenta de la sociedad para celebrar, modificar o rescindir contratos, acuerdos o convenios con cualquier órgano o ente público o empresa privada, cuyos montos excedan de 25.000 unidades tributarias cuando tengan por objeto la realización de obras, de 11.000 unidades tributarias cuando tengan por objeto la adquisición de bienes o prestación de servicios y de 5.000 njdades tributarias cuando tengan por objeto la contratación de $ervicios h) Dictar los Reglamentos, Manuales y las Normas Internas que regulen el funcionamiento de la Corporación y su organización administrativa; i) Presentar a decisión del Órgano de Adscripción las propuestas referidas a la estructura organizativa de la Corporación; j) Asegurar la implantación de relaciones socialistas de producción en los términos definidos en este Documento, mediante un modelo de gestión que facilite la mayor calidad y eficacia en la producción, y un desarrollo humano integral e integrador de los trabajadores, trabajadoras y las comunidades; k) Aprøbar la estructura de retribución social del trabajo y el sistema de rotación de funciones, con apego a los lineamientos emanados de la Comisión Central de Planificación; I) Aprqbar operaciones de crédito incluyendo letras de cambio, pagares, cartas crédito y otros instrumentos de crédito; m) Supervisar, evaluar y controlar las actividades de las empresas filiales y, especia mente, vigilar y garantizar que cumplan sus lineamientos y decisiones, en correspondencia con los lineamientos, políticas y planes del Ejecutivo Nacional; : n) Delegar en el Presidente o Presidenta, o en uno o varios de los Vicepresidentes o Vicepresidentas principales o suplentes, determinadas facultades de las que tie conforme a este Documento, por el tiempo que considere conveniente y segúr señale en respectiva delegación; o) Autdrizar la apertura y cierre de cuentas bancarias; + p) Delegar firmas en los trabajadores y trabajadoras que tengan atribuida la responsabilidad de movilizar cuentas bancarias, mediante cheques u órdenes de pago; q) Designar al trabajador o trabajadora que ejerza las funciones de Secretario o Secretaria de la Junta Directiva de la Corporación; r) Mantener un registro actualizado de los Consejos de y Trabajadores y Trabajados de la Corporación y sus empresas filiales; Corporación y sus empresas filiales, así como sus estructuras de costos; t) Manfener registro actualizado de los Batallones Agrícolas de la Corporación y sus empresas filiales; así como un directorio de los integrantes de dichos Batallones; u) Mantener registro actualizado las Redes de Productores Libres Asociados vinculados a la Corporación, así como de sus actividades y ámbito territorial, además de un directorio que incluya a todos los integrantes de los Consejos dacamp :sino Campesinas, Consejos Comunales; página original (tal como se publicó) [Página 15] v) Mantener actualizado el mapa industrial de la Corporación y sus empresas filiales, así como el mapa de los canales y redes socialistas de distribución de los hienes y servicios producidos, y un directorio de los responsables de dichos canales y redes; *w) Mantener actualizado el mapa social de comunidades organizadas vinculaßas a la Corporación y sus filiales, así como el mapa de Consejos de Trabajacdores y rabajadoras y batallones agrícolas, con sus respectivos ámbitos de influencia y actuaciones más importantes; x) Lievar propuestas a la consideración del Órgano de Adscripción; y) Cumplir y vigilar el cumplimiento de las decisiones y acuerdos del Órgano de Adscripción, y las disposiciones legales; de documentos relacionados con los asuntos propios de la sociedad anónima; CLÁusULA 54. La Junta Directiva es la máxima instancia de gestión y administración de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A. Dicho equipo estará conformado de acuerdo a lo establecido en estos estatutos. El Presidente o Presidenta y demás miembros de la Junta Directiva de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., nO gozarán de pi Vilegios especiales, ni recibirán pagos o dietas distintos al salario que les corresponda, según Jos lineamientos emanados de la Comisión Central de Planificación. Su dedicación será tiempo completo, con funciones y responsabilidades especificas en las diferentes eas de trabajo. LÁusULA 55. Facultades del Presidente o Presidenta. El Presidente o Presidenta de la Junta Directiva, lo será también de la Corporación, y ejercerá la dirección' inmediata y la gestión diaria de la misma, de conformidad con las directrices emanadas por el Órgano de Adscripción, teniendo las facultades siguientes: a) Ejercer la representación legal de la Corporación, pudiendo otorgar poder especiai en abogados o personas de su confianza para la representación de la Corporación dentro o fuera del país; b) Convocar y presidir la Junta Directiva; c) Nombrar mandatarios o apoderados judiciales o extrajudiciales, confiriéndoles las facultades que considere convenientes para la mejor defensa de los derechos o intereses de la Corporación, así como revocar los poderes otorgados; d) Sustribir todos los documentos relativos a las operaciones de la Corporación, pudiendo delegar esta facultad conforme a los reglamentos de organización interna; e) Suscibir los contratos de trabajo conforme a la ley; f) Representar a la Corporación ante toda persona natural o jurídica; g) Nombrar y remover el personal de la Corporación incluyendo los trabajadores y trabajacoras que ocupar en cargos de dirección o de confianza, cuando dicha denominación sea efectuada de manera expresa; h) Crear los comités y equipos de trabajo que considere-necesarios, fijándole atribuciones y obligaciones; i) Hacer llevar la contabilidad de la Corporación en la forma prescrita. po ordenamiento jurídico aplicable; i) Resoiver todo asunto que no esté expresamente reservado al Órgano de Adscripción o a la Junta Directiva de la Corporación, debiendo informar a dicha Junta en su próxima reunión; k) Vigilar y garantizar el cumplimiento del objeto socíal de la Corporación, en su ámbito Se competencia, con calidad y eficacia revolucionaria; I) Celelprar, modificar o rescindir contratos cuyos montos no excedan de 25.geg unidades tributarias cuando tengan por objeto la realización de obra, de 11. unidades tributarias cuando tengan por objeto la adquisición de bienes o prestación servicios y de 5.000 unidades tributarias cuando tengan por objeto la contratación servicios profesionales; m) Las demás que le sean encomendadas por el Órgano de Adscripción, o delegadas por la Junta Directiva de la Corporación. CLÁusuLA 56. Vicepresidencias. Cada Vicepresidencia estará a cargo de un Vicepregidente o Vicepresidenta, designando de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto, cada uno de ellos ejercerá funciones de acuerdo a la competencia que le sea designada. Las Vicepresidencias de la Corporación serán las siguientes: 1. Vicepresidencia General; 2. Vicepresidencia de Formación Técnica, Política y Miliciana; 3. Vicepresidencia de Fomento Ganadero; 4. Vicepresidencia de Producción y Servicios Agrícolas; 5. Vicepresidencia de Distribución Nacional; 6. Vicepresidencia Industrial. CLÁUSULA 5Z. Atribuciones de la Vicepresidencia General. a) Asistir y apoyar al Presidente de la Corporación Venezolana de Alimentos en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo a lineamientos, leyes y reglamentos. b) Asistir a reuniones con autoridades institucionales, asociaciones, comunidades del Junta Directiva como máxima instancia de gestión y administración de la Corppración, y de conformidad con los Planes Estratégicos de la Nación. y seguimiento. e) Participar en la elaboración de los proyectos y programas anuales establecidos en los planes operativos de acuerdo a las políticas del sector agrícola. f) Ejercer el control, seguimiento estratégico y evaluación de la gestión de las Vicepresidencias, las oficinas de apoyo, las empresas filiales a la CVAL, S.A, y las Inidades de Propiedad Social, generando un acompañamiento oportuno en ei marco e las soluciones. 9) Establecer lineamientos para garantizar la consolidación del funcionamiento de todas las Vicepresidencias, oficinas de apoyo y las empresas adscritas a la CvAj., S.A. h) Cumplir con el control interno de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal. I) Las demás atribuciones que señale el Regiamento Interno de CVAL, S.A. CLÁUsULA 58. Atribuciones de la Vicepresidencia de Formación Técnica, Política y Miliciana. a) Diseñar y ejecutar planes y programas de formación técnica, política y miliciana que contribuyan a elevar conciencia revolucionaria en las trabajadoras y trabajadores de la Corporación Venezolana de Alimentos, S.A. b) Crepr escenarios formativos que permitan desarrollar las potencialidades técnicas y operativas en pro de la consolidación de la soberanía agroalimentaria de la nación. c) Apqyar en materia técnica y política a las Unidades de Propiedad Social Agríco Agropecuaria, Agroindustrial y Centros de Acopio, así como a las Empresas Adscrit la Corporación. d) Promover desde el seno de la clase obrera el fortalecimiento del Poder Popula. como instancia donde reside el poder politico originario. e) Bripdar asesoría técnica-productiva en la ejecución operativa de los planes programas desarrollados por la Corporación Venezolana dè -Alimentos, S.A. f) Impuisar la concepción del trabajo como instrumento liberador que permite el pleno desarrollo de las capacidades humanas. g) Coadyuvar en la formación de la nueva ética del trabajo enmarcada en el modelo de gestión socialista y las relaciones sociales de producción. h) Dissñar a través del Convenio Cuba-Venezuela proyectos estratégicos de desarrollo agrícola para ser ejecutados en el marco de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. i) Pronjover jornadas de Trabajo Voluntario como fundamento"para la creación de la Conciencia del Deber Social. j) Contribuir en la conformación voluntaria de los Cuerpos de Combatientes en las Unidades de Propiedad Social Agrícola, Agropecuaria, Agroindustrial y Centros de Acopio, así como a las Empresas Adscritas a la Corporación. Esto con el fin de coadyuvar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la defensa integral de la nación, asegurando la integridad y operatividad de las instituciones a la que pertenecen. k) Cumplir con cualquier otra actividad inherente a la Vicepresidencia. CLÁUsULA 59. Atribuciones de la Vicepresidencia de Fomento Ganadero. a) Detectar las necesidades de construcción, rehabilitación y gonseñyación de Infraestructura Pecuaria del país, en coordinación con las dependencias estatales-del órgano de adscripción. b) Dirigir, coordinar y participar en la formulación, ejecución, control y evaluación de actividades pecuarias en el país. página original (tal como se publicó) [Página 16] Promover y apoyar la concertación de acciones coordinadas con los productores ecuarios y las instituciones o dependencias públicas del subsector ganadero. Promover el mejoramiento genético del ganado mayor y menor mediante la distribución de sementales, inseminación artificial y trasplante de embriones. e) Promover la aplicación de los resultados de la investigación científica con respecto a la tecnología orientada al mejoramiento genético y de la alimentación de las especies de ganado mayor y'menor. Organizar y promover la industrialización y comercialización del ganado mayor y menor, de sus productos y subproductos. 9) Elaborar el plan operativo anual, efectuar la ejecución y seguimiento. h) Elaborar la memoria y cuenta de la Unidad. Participar en la elaboración del mensaje presidencial. Cumplir con el control interno de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría Seneral de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal. k) Las demás funciones inherentes a la Vicepresidencia. CLÁusULA 60. Atribuciones de la Vicepresidencia de Producción y Sprvicios Agrícolas. a) Diseñar y ejecutar los planes de siembra anuales de las Unidades de Propiedad Social Agrícolas y Pecuarias de la Corporación y sus empresas adscritas, en el marco del Plan Nacional de Siembra de rubros estratégicos del Ministerio del Poder Popular de Agricultura y Tierras. b) Diseñar y ejecutar los planes de producción de carne y leche enmarcado en el Plan Nacional de Ganadería (sanitario, genético, nutricional, pastos y forrajes) en las Unidade$ de Propiedad Agropecuarias, así como, el seguimiento e intercambio de información con la Vicepresidencia de Fomento Ganadero de la Corporación. c) Diseñar y ejecutar políticas agrícolas con enfoque agroecológico que orienten la conversión de los sistemas convencionales de producción (monocultivos dependientes de insumos externos) a sistemas diversificados, autosuficientes y sustentables en las Unidades de Propiedad Social Agrícolas y Pecuarias de la Corporación y sus empresa adscrita$ y comunidades aledañas. d) Planificar y controlar la adquisición y distribución de productos, insumos, medicinas veterinafias, alimento concentrado, maquinarias e implementos agrícolas para el desarrollo Agroproductivo Integral de las Unidades de Propiedad Social Agrícolas y Pecuarias a nivel Nacional. e) Planificar, coordinar y ejecutar, conjuntamente con otras instancias del Estado, el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, maquinarias, implementos y transporte agrícolas presentes en las Unidades de Propiedad Social Agrícolas Pecuarias a nivel Nacional. garantizar el desarrollo Agroproductivo de las Unidades de Propiedad Social Agrícolas y Pecuarias. g) Estaplecer programas de formación y capacitación permanente a través del intercambio de saberes a todas las trabajadoras y trabajadores de las Unidades de Propiedad Social Agrícolas y Pecuarias en el manejo integrado de cultivos y producció agropecuaria. impulso de la organización socioproductiva, política y miliciana a los productores productoras, red de productores libres y asociados (RPLA) de las adyacencias de las UPSA, efmarcadas dentro del punto y círculo. I) Gestionar trámites requeridos para la regularización de tierras ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI) al momento de la adjudicación de nuevas superficies. 3) Planificar y ejecutar, conjuntamente con las instancias del Estado, la infraestructura de agrooporte físico o apoyo a la producción para el desarrollo de las Unidades de Propiedad Social. Biernd Nacioraliun k) Impulsar en el marco de las leyes y los Planes Agrícolas del G la nuevo modelo de producción Agropecuario basado en el respetota naturaleza, vida y a la conservación de la Biodiversidad. I) Participar en la planificación, formulación y control presupuestario dela Corporación. - 'm) Las demás funciones inherentes a la Vicepresidencia. /CLÁUsULA 61. Atribuciones de la Vicepresidencia de Distribución Nacional. a) Planificar y coordinar las redes de acopio, distribución y abastecimiento de organizaciones sociales de base, a fin de garantizar la colocación de la producción de los pequeños y medianos productores agrícolas del estado venezolano. ) @optimizar las rutas de distribución a fin de garantizar el abastecimiento de productos y rubros hortícolas a todo el pueblo venezolano. Coordinar, conjuntamente con las organizaciones de base, la instalación, (5 equipamiento y abastecimiento de productos alimenticios a las Unidades de Suministro Socialista, biceabastos y redes comerciales. d) Fomentar la contraloría social que permita evaluar y verificar constantemente el correcto funcionamiento en la cadena de distribución a los fines de garántizar y variedad y calidad. e) Participar en la elaboración de ias políticas de transformación, almacenamiento, distribución, comercialización, consumo e importación de productos alimenticios siguiendo Ios lineamientos del Ejecutivo Naciona! (II PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN 2013-2019) a fin de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. f) Efectuar estudios necesarios para conocer opiniones, criterios, grado de satisfacción y necesidades de los usuarios con relación a los productos y servicios suministrados por la corporación. 9) Participar en la planificación, formulación presupuestaria y control de gestión de la Vicepresidencia a través del seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anupl. h) Desarrollar y promover la práctica del comercio justo de los productos y rubros comercializados por la corporación. i) Las demás funciones inherentes a la Vicepresidencia. CLÁUsULA 62. Atribuciones de la Vicepresidencia Industrial. a) Elabbrar y ejecutar proyectos para la creación y puesta en marcha de Fábricas. Desarrofiar actividades para la contribución con el desarrollo industrial enmarcada en los lineamientos del MPPAT. b) Implementar los planes para la producción de las plantas agroindustriales, a trav del establecimiento de metas que permitan satisfacer las necesidades del Pueblo.. c) Fomentar las relaciones interinstitucionales con fines de involucrarlas én el desarrollo de las plantas agroindustriales. d) Promover planes, programas y proyectos que contribuyan a garantizar la Segu Alimentaria. e) Generar y aplicar indicadores de gestión en cuanto a la eficiencia, eficacia y economía que permitan tomar decisiones oportunas. f) Realizar la evaluación y aplicación de nuevas tecnologías dentro de la concepción de los nuevos modelos productivos y el poder social en articulación con las necesidades y requerimientos de las comunidades y politicas socio-productiva país. g) Desarollar, promover y ejecutar practicas para el intercambio justo de los rubros desarrollados. h) Ejecitar planes que permitan la instalación y operación de plantas agroindustriales, plantas procesadoras de productos y subproductos pesqueros y cárnicos, procesamiento, transformación de derivados de la materia prima al igual que las especies y subespecies de origen vegetal, animal y para el consumo humano y animal, instalación y operación de bienes, servicios y de productos, dirigidos a satisfacer las necesidades del pueblo. i) Implementar políticas que permitan integrar a los consejos comúncal plantas agroindustriales y obras civiles en general. j) Realizar actividades de seguimiento y control de inventarios de materia prima e insumos necesarios para las Plantas Agroindustriales. k) Realizar y ejecutar planes de mantenimiento preventivo y correctivo a las líneas de producción de las diferentes Plantas Agroindustriales. Gestionar y mantener actualizada la permisología de cada una de las Plantas Agroindustriales adscritas. sn) Ejecutar las actividades de control, seguimiento e inspecciones de procesos productivos de Plantas Operativas y de obras civiles y mecánicas para NuevasPlantas. página original (tal como se publicó) [Página 17] -n) Elaborar, ejecutar y dar seguimiento oportuno al plan operativo anual de las acciones centralizadas de la Vicepresidencia Industrial y sus plantas operativas. o) Elaborar la memoria y cuenta e informe de Gestión de la Vicepresidencia. p) Cumplir con el control interno de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría. q) General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal. r) Las demás funciones inherentes a la Vicepresidencia. CLÁusULA 63. Comité Directivo. El Comité Directivo será un. órgano de apoyo a la gestión del Presidente o Presidenta de la Corporación, actuando colegiadamente en la aprobación y suscripción de los actos propios de la administración y gestión (diaria de la Corporación. El Comité Directivo estará conformado por el Presidente o Presidenta de la Corporación, el Vicepresidente General o la Vicepresidenta General, el responsable del área administrativa de la Corporación y un (1) Vicepresidente o Vicepresidenta designado por el Presidente o Presidenta. CLÁusULA 64. Actos sometidos a la aprobación y firma del Comité Directivo. Los actos y documentos sometidos a la firma del Comnité Directivo, será los que señale el Regiamento Interno de la Corporación Venezolana de Alimentos, S.A. CAPÍTULO VIII OTRAS INSTANCIAS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CORPORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL CLÁusuLA 65. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República participación popular dentro de su gestión, siempre y cuando las mismas tengan por correspondiente constituido al efecto, a tales fines los ciudadanos y ciudagañas podrán directamente o a través de comunidades organizadas legalmente consticudas presentar propuestas y formular opiniones sobre la gestión de la Sociedad Anónime CLÁUsULA 66. Los Comisarios o Comisarias. El órgano de Adscripción designará anualmente para la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A., un Comisaro o Comisaria, pudiendo ser ratificado y, en todo caso, se mantendrá cumpliendo sus funciones hasta que fuere reemplazado por el Órgano de Adscripción pudiendo ser removido en cualquier momento, sin necesidad de motivar su dec sin que ello cause derecho a indemnización alguna. El Comisario deberá ser Liceñ en Administración, Contador Público o Economista, debidamente colegiado y experiencia en asuntos financieros y mercantiles; no podrá ser integrante de la Ju Directiva, ni cónyuge o pariente de alguno de sus miembros, ni de cualquier otro empleado de la Sociedad Anónima, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segunda de afinidad. Tendrá las atribuciones que para el desempeño de sus funciones determina los artículos 309 y siguientes del Código de Comercio. Para el ejercicio de sus funciones, no podrá retener los Libros o documentos que le sean entregados, por más de un mes, debiendo entregarlos al Presidente o Presidenta de la Corporación. En todo caso, pasado dicho plazo, el Presidente o cualquier miembro de la Ju Directiva, tendrá derecho a rescatar los Librqs o documentos de que se traten, de de los parámetros establecidos en las leyes. Los Conisarios o Comisarias tendrán las siguientes atribuciones: a) Emitif opiniones para la consideración del Órgano de Adscripción; b) Velar por el cumplimiento, por parte de los administradores de los deberes que impongan las leyes aplicables, y este documento; c) Inspeccionar y vigilar, sin limitación alguna, todas las actividades y operaciones de la Corpofación o sus empresas filiales, según corresponda; d) Examinar los libros, la correspondencia y, en general, todos lds documentos y e) Informar oportunamente al Órgano de Adscripción y la Junta Directifa de la Corporación, sobre cualquier situación que pudiera resultar irregular o inconveniente para la sana y correcta administración de la Corporación o sus empresas filiales. CLÁUSULA 67. Unidad de Auditoría Interna. La CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMEnTos, S.A., contará con una Unidad de Auditoría Interna, cuyo titular será designado mediante concurso público, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en el Reglamento sobre los Concursos para la Designación de los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacional y sus Entes Descentralizados. procedimientos para la designación del titular de la oficina de auditoría interna, la Junta Directiva de la Corporación designará a un Auditor o Auditora Interna, el cual cesará sus funciones una vez efectuada la designación del Auditor Interno, de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable. Dicha unidad se encargará de efectuar el examen posterior, objetivo, sistemático y disponibilidad presupuestaria y su correcta imputación, sin menoscabo de (as otras facultades y obligaciones-que le asistan conforme a las leyes. Dicho examen se hará con el fin de evaluar y verificar las actividades administrativas y financieras realizadas por la Corporación. Así mismo, el Auditor Interno o Auditora Interna participará activamente en el desarrolio de las políticas sociales que instruya el Órgano de Adscripción. A solicitud de la Junta Directiva, la Unidad Interna de la coRPoRAcIóN VENEzOLANA DE ALIMENToS, S.A., tendrá facultades auditoras y contraloras en todas las empresas filiales de la Corporación, sin menoscabo de las responsabilidades, atribuciones y obligaciones de las respectivas unidades de contraloría interna de dichas filiales. CLÁUsULA 68. Corresponde a la Unidad de Auditoría Interna: a) Evaluar el sistema de control interno de la Sociedad, con la finalidad de proponer a la máxima autoridad las recomendaciones para mejorarlo y aumentar la efectividad y eficiencia de la gestión administrativa. b) Verificar la conformidad de la actuación de las entidades u organismos con la normativa dentro de la cual operan. c) Evaluar los resultados de la gestión, a los fines de determinar la eficacia, eficiencia y econpmía de las operaciones y recomendar los correctivos que se estimen necesarios. d) Abrir y sustanciar averiguaciones administrativas, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional deg Control Fiscal. e) Las demás que establezca la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal y la normativa vigente que rige la materia. CLÁUSULA 69. Oficina de Atención al Ciudadano. La CORPORACIÓN VENEzOLANA DE ALIMENTOS, S.A., contará con una Oficina de Atención al Ciudadano, cuyo funcionamiento estará regulado por las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico vigente y en el Reglamento Interno de la Corporación. MAR Tercera: Se ratifican a los ciudadanos que a continuación se identifican como Presidente, Vicepresidentes y a su vez, miembros principales y suplentes de la Junta Directiva de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A. (CVAL, s.A.), en los cargos que a continuación se especifican y en los siguientes términos: CARGO SUPLENTE PRINCIPAL Elio César Mejías Fuentes, PRESIDENCIA C.I. N°: V-6.182.306. Juan Germán Suárez Manuel Antonio González VICEPRESIDENCIA Sánchez, Machuca, GENERAL C.I. N°: V-13.681.309. C.I. N°: V-14.926.951. VICEPRESIDENCIA Gerardo Hazael Rojas Jesús Alexander Acosta DE FORMACIÓN Pérez, Alarcón, TÉCNCA, POLÍTICA C.I. N°: V-5.199.075. C.I. N°: V-14.712.723. Y MILICIANA VICEPRESIDENCIA DE PRODUCCIÓN Y Jorge Félix Pinto Fuentes, Neila Morela Rivas Sira, C.I. N°: V-14.325.389. SERVICIOS C.I. N°: V-13.543.719. AGRÍCOLAS Darío Andrés Viera VICEPRESIDENCIA Alix Daniel Ilarraza Trujillo, Inostroza, INDUSTRIAL C.I. N°: V-13.455.416. C.I. N°: V-9.064.988, VICEPRESIDENCIA Henry Jesús Hernández José Manuel Dávila Pérez, DE FOMENTO Montilva, C.I.N°: V-12.435.119. C.I. N°: V-16.444.42$. GANADERO VICEPRESIDENCIA Carlos Miguel González Laura Emilia Rodríguez Morillo, DE DISTRIBUCIÓN Cordero, C.I.N°: V-10.429.381. NACIONAL C.I. N°: 14.004.198 Dißpuesto y resuelto los puntos del día, se transcribe el Acta de esta Afamblea General de Accionistas N° 16 en los libros respectivos, se procede a firmarla y luego se conforma copia fiel y exacta de ella, para presentarla ante el Registro Mercantil respectivo, a cuyo efecto se autoriza suficientemente a las ciudadanas IvonNE AZORENA PARRA VALERA Y/O YENNIFER NARKELLYS CABRERA CABEZAS, ambas venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. v- 6.847.543 y V-16.530.388, respectivamente, abogada en ejercicio la primera de ellas, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 36.323, paja que cualquiera de ellas proceda en forma separada al registro de la presente Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas y solicite nueve (09) copias página original (tal como se publicó) [Página 18] Certificadas del presente documento. (FDO) YVÁN EDUARDO GIL PINTO (FDO) ELIO CÉSAR MEJÍAS FUENTES. El CIUdadanO ELIO CÉSAR MEJÍAS FUENTES, anteriormente identificado, en su carácter de Presidente de la CoRPorAcIóN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A. (CVAL, S.A.), certifica que la presente acta Asamblea General de Accionistas de la Corporación Venezolana de Alimentos, S.A. (CVAL, S.A.). CVAL ELIO CÉSAR MEDIAS FUENTES PRESIDENTE DE LA CORPORACION VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y RM No. 364 NOTARÍAS. 203° y 155° REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO LARA Municipio Iribarren, 26 de Marzo del Año 2014 Por presentado el anterior documento por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación. Hágase de conformidad, y ARCHIVESE original. El anterior documento redactado por el Abogado DANIEL ALBERTO PERALTA VILLAVICENCIO IPSA N.: 110903, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 1, TOMO -17-A RMI. Derechos pagados BS: 0,00 Según Planilla RM No. . Banco No. Por BS: 0,00. La identificación se efectuó asI: YENNIFER NARKELLYS CABRERA CABEZAS, C.I: V-16.530.388. Abogado Revisor: LISBETH ALEJANDRA RUIZ CAMACHO EXENTO DE PAGO SEGUN: LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO Y LEY ORGANICA DE LA HACIENDA PUBLICA NACIONAL. Registrador FDO. AbOgado KATIUSKA VERONICATÉRAN ROJAS ESTA PÁGINA PERTENECE A: CORPORACION VENEZOLANA DE ALIMENTOS, CVAL , S.A Número de expediente: 364-4535 DIV NNOLFECANTNA COpIa.- ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRÉE DE LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A. (VAL, S.A.), N° 29. En el día de hoy, dieciséis (16) del mes de Agosto de año 2013, siendo las 9:00 a.m., encontrándose reunidos en la sede social de ia CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A. (CVAL, S.A.), Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto N° 7236, de fecha 09/02/2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.376, de fecha 01/03/2010, cuyos Estatutos Sociales se encuentran debidamente protocolizados por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Lara, quedando anotado bajo el Nº 5, Tomp 22- . A, de fecha 20/04/2010, debidamente publicados en la Gaceta dficial N° 39.408, de fecha 22/04/2010, los ciudadanos ELIo cÉSAR MEpíAs FUENTEs, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.182.306, en su carácter de Presidente; JUAN GERMÁN SUAREz, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.681.309, en su carácter de Vicepresidente General; J0RGE FÉLIX PINTo, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.325.389, en su carácter de Vicepresidente de Producción y Serficios Agrícolas; ALIX DANIEL ILARRÁZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.455.416, en su carácter de Vicepresidente Industrial; GERARDo ROJAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.199.075, en su carácter de Vicepresidene de FormaciónTécnica, Política y Miliciana; HENRY HERNANDEZPEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad cs Nº v-12.435.119, en su carácter de Vicepresidente de Fomento Ganadero y LAURA RoDRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.004.198, en su carácter de Suplente del Vicepresiβente de Distribución Nacional; actuando con fundamento en lo dispuesto n la Cláusula 52 del Documento Constitutivo; asimismo, se encuentra preserte la ciudádana YENNIFER RODRÍGUEZ, titular de la cedula de identidad N° φ-15.732.288, en su carácter de Secretaria de la Junta Directiva de la Corgoración Venezolana de Alimentos, S.A. Una vez verificado el quórum, se declaró válidamente constituida la Junta Directiva para deliberar, de tal manera que se procedió a leer la agenda del día en los términos siguientes PUNTo UnIcO: Presentación a consideración de la Junta Directiva de la Corporación Venezolana de Alimentos el incremento salarial de los trabajadores y trabajadoras de la Corporación Venezolana de Alimentos, S.A., (CVAL) RESoLucIóN: Acto seguido se procedió a deliberar sobre el punto a tratar, ante lo cual se acordó lo siguiente: PUNTo unIco: En relación al primer y único punto, toma la palabra el ciudadano ELIO CÉSAR MEJÍAS FUENTES, Presidente de la Corporación Venęzolana de Alimentos, S.A., (CVAL, S.A.), quien presenta ante la Junta Directiva el incremento salarial para los trabajadores y trabajadoras de la Corporación Venezolana de Alimentos, que no se encuentran enmarcados en el decreto presidencial publicado en Gaceta Oficial 40.157 de fecha 30/04/2013. A continuación se presenta el incremento a la escala salarial: A partir del primero (01) de_ Septiembre de 2013: Cargo Porcentaje (%) Incremento Salarial Asistente Administrativo 30% sobre el salario base Especialista 30% sobre el salario base Defe de Oficina-Jefe de Área 30% sobre el salario base 30% sobre el salario base Director (a)-Asesor Vicepresidente 30% sobre el salario base Presidente 42% sobre el salario base En consecuencia la Junta Directiva aprueba por unanimidad el incremento salarial antes señalado. Agotada como ha sido la agenda del día, no habiendo otropunto que tratar, se dio por terminada la reunión levantándose como constancia la presente Acta. Se faculta a la ciudadana YENNIFER CABRIERA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-16.530.388, para que efectué las gestiones administrativas pertinentes para la debida inscripción, y participación de la presente Acta por anfe el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Lara, y su posterior publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, solicitar nueve (09) copias certificadas de la presente. En Barquisimeto, a los dieciséis (16) del mes de Agosto del año 2013. Los ciudadanos firman en señal de conformidad: (FDO) ELIO CÉSAR MEJÍAs FUENTES, (FDO) JUAN GERMÁN SUAREZ, (FDO) JORGE FÉLIX PINTO, (FDO) ALIX DANIEL ILARRAZA, (FDO) GERARDO ROJAS, (FDO) HENRY HERNANDEZ PEREZ, (FDO) LAURA RODRIGUEZ y (FDO) YENNIFER RoDRIGUEZ, anteriormente identificados, firman en señal de conformidad. El ciudadano ELIO CÉSAR MEJÍAS FUENTES, anteriormente identificado, en su carácter de Presidente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTos, S.A. (CVAL, S.A.), certifica que la presente acta es copia fiel y exacta de su original, la cual se encuentra inserta en el Libro de Actas de Reuniones de la Junta Directiva de la Corporación Venezolana de Alimentos, S.A. (CVAL, S.A.). ELIO CÉSAR MESIAS FUENTES PRESIDENTE página original (tal como se publicó) [Página 19] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA * MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y RM No. 364 NOTARÍAS. 203° y 155° REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL e ESTADO LARA Municipio Iribarren, 26 de Marzo del Año 2014 Por presentado el anterior documento por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación. Hágase de conformidad, y ARCHIVESE original. El anterior documento redactado por el Abogado 'DANIEL ALBERTO PERALTA VILLAVICENCIO IPSA N.: 110903, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 3, TOMO -17-A RMI. Derechos pagados BS: 0,00 Según Planilla RM No. . Banco No. Por BS: 0,00. La V-16.530.388. Abogado Revisor: LISBETH ALEJANDRA RUIZ CAMACHO EXENTO SE PAGO SEGUN: LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO Y LEY DE LA HACIENDA PUBLICA NACIONAL ** Registrador , FDO. Abogado KATIUSKA VERONIOA TERAN ROJAS : ESTA PÁGINA PERTENECE A: CORPORACION VENEZOLANA DE ALIMENTOS, CVAL , S.A Número de expediente: 364-4535 DIV Copia.- ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECIVÃ 1827 DE LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A. (CYAL, S.A.), Nº 30. En el día de hoy, dieciocho (18) del mes de Septiembre del año 2013, siendo las 9:00 a.m., encontrándose reunidos en la sede social de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A. (CVAL, S.A.), Empresa del Estado creada por autorización otorgada por el ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto N° 7.236, de fecha 09/02/2010, publicado en la Gaceta Oficial de la Repúplica Bolivariana de Venezuela Nº 39.376, de fecha 01/03/2010, cuyos Estatutos Sociales se encuentran debidamente protocolizados por ante el Registro Mercantil Primero del Estado'Lara, quedando anotado bajo el Nº 5, Tomd 22- A, de fecha 20/04/2010, debidamente publicados en la Gaceta Oficia Nº 39.408, de fecha 22/04/2010, los ciudadanos ELIo cÉSAR MEJÍAs FUENTES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.182.306, en, su Carácter de Presidente; JUAN GERMÁN SUAREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° v- 13.681.309, en su carácter de Vicepresidente General; J0RGE FÉLXX PINTo, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N³ v- 14.325.389, en su carácter de Vicepresidente de Producción y Servjcios Agrícolas; ALIX DANIEL ILARRAZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.455.416, en su carácter de Vicepresidente Industrial; GERARDo RoJAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.199.075, en su carácter de Vicepresidente de Formación Técnica, Política y Miliciana; HENRY HERNANDEZ PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad n v- 12.435.119, en su carácter de Vicepresidente de Fomento Ganadefo y LAURA RoDRIGUEz, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.004.198, en su carácter de Suplente del Vicepresidente de Distribución Nacional; actuando con fundamento en lo dispuesto en la Cláusula 52 del Documento Constitutivo; asimismo, se encuentra presente la ciudadana YENNIFER RODRÍGUEZ, titular de la cedula de identidad N° v- 15.732.288, en su carácter de Secretaria de la Junta Directiva de la Corporación Venezolana de Alimentos, S.A. Una vez verificado el quórum, se declaró válidamente constituida la Junta Directiva para deliberar, de tal , manera que se procedió a leer la agenda del día en los términos siguientes; PRMERO: Designación de los miembros principales y suplentes de la Conpisión de Contrataciones de la Corporación Venezolana de Alimentos, S.A., (CVAL, S.A.), como de su Secretaria; asimismo, autorizar al Presidente la Corporación para hacer el nombramiento formal mediante la suscripción del instrumento correspondiente y gestionar su publicación en Gaceta Oficial dé la República Bolivariana de Venezuela. SEGUnDQ: Nombramiento de la Secretaria de la Junta Directiva de la Corporación Venezolana de Alimentos, S.A., (CVAL, S.A.). TERCERO; Autorizar al Presidente de la Corporación Venezolana de Alimentos a rescindir contrato de Servicio suscrito con la Empresa SIASA, Compañía Anónima (SIASA, C.A) RE$oLucióN: Acto seguido se procedió a deliberar sobre cada uno de los puntos a tratar, ante lo cual se acordó lo siguiente: PRMERQ: En relación al Primer Punto, la Junta Directiva de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A. (CVAL, S.A.), : acordó la designación de los miembros principales y suplentes de la Comisión de Contrataciones, así como de su secretaria; a tales efectos, el ciudadano ELIO CÉSAR MEJÍAS FUENTES, propuSO a los Ciudadanos que a continuación se señalan: PRINCIPALES SUPLENTES Económica Emilio Piña Manuel González C.. V-12.395.964 C.I. V-14.926.951 Financiera Daniel Peralta Daritza Marín Jufídica C.I. V-13.238.582 C.I. V- 16.038.789 Jorge Pinto Neila Rivas Técnica C.I. V-14.325.389 C.I. V-13.543.719 Yennifer Rodriguez Visla Secretaria C.I. V-15.732.288 En consecuencia, vista la propuesta antes efectuada la Junta Dectiva de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A. (CVASA aprobó por unanimidad la conformación de la Comisión de Contratacipnes en. los términos expuestos, por lo que autorizó al Presidente para hacer el nombramiento formal mediante la suscripción del instrumento correspondiente (Punto de cuenta y/o Providencia Administrativa) y gestionar su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. SEGunpo: En relación al-nombramiento de la Secretaria de la Junta Pirectiva de la Corporación Venezolana de Alimentos, S.A., (CVAL, S.A.), ( Junta Directiva acordó designar a la ciudadana Yennifer Rodríguez Visla, titular de la cédula de-identidad V-15.732.288. TERCERA: En atención a este punto la Junta Directiva, considerando que para la fecha la Empresa 'SIASA, COMPAÑÍA ANONIMA, (SIASA, C.A), ha incumplido con lo establecido en el contrato y no ha culminado el Servicio técnico, instalación y puesta en funcionamiento de Nueve (09) máquinas o equipos de sistemas de riego por Pivot Western Estándar en los estados barinas, Cojedes, Lara, Bolívar y Monagas, aprueba por unanimidad rescindir el contrato suscrito con la mencionada empresa, fundamentándose además que . dicho servicio constituye una gran importancia y avance para la séguridad alimentaria del país. Agotada como ha sido la agenda del día, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada la reunión levantándose como constancia la presente Acta. Se faculta a la ciudadana YENNIFER CABRERA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad! No v- 16.530.388, para que efectué las gestiones administrativas pertinentes para la debida inscripción, y participación de la presente Acta por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Lara, y su posterior publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vehezuela. Asimismo, solicitar nueve (09) copias certificadas de la presepite. En Barquisimeto, a los dieciocho (18) del mes de Septiembre del año 2q13. Los ciudadanos firman en señal de conformidad: (FDO) ELIO CÉSAR MEJÍAS FUENTES, (FDO) JUAN GERMÁN SUAREZ, (FDO) JORGE FÉLIX PINTO, (FDO) ÀLIX DANIEL ILARRAZA, (FDO) GERARDO ROJAS, (FDO) HENRY HERNANDEZ PEREZ, (FDO) LAURA RODRIGUEZ y (FDO) YENNIFER RoDR¿GUEz, anteriormente identificados, firman en señal de conformidad. El ciudadano ELIO CÉSAR MEJÍAS FUENTES, anteriormente identificado, en su caráctef de Presidente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE página original (tal como se publicó) [Página 20] ALIMEToS, S.A. (CVAL, S.A.), certifica que la presente acta es copia fiel y exacta de su original, la cual se encuentra inserta en el Libro de Actas de Reuniones de la Junta Directiva de la Corporación Venezolana de Alimentos, S.A. (CVAL, S.A.). CVL ELIO CÉSAR MEJÍAS FUENTES PRÉSIDENTE MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA FUNDACIÓN MISIÓN BARRIO ADENTRO 0 3 DE DE 2014 NÚMERO 041-2014 ABR203° y 155° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA ALBERTO RAMÓN RONDÓN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 4.063.104, en su carácter de Presidente (E) de la FUNDACIÓN MISIÓN BARRIO ADENTRO, según consta en Decreto N° 564 de fecha 08 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.290, de la misma fecha, quien actúa de acuerdo a las atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la FUNDACIÓN MISIÓN BARRIO ADENTRO, la cual fue creada según Decreto N° 4.382 de fecha 22 de Marzo de 2006, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.404, de fecha 23 de marzo de 2006, reimpreso por error material del ente emisor en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.423 de fecha 25 de abril de 2006, cuya Acta Constitutiva Estatutaria ha sido protocolizada por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Tercer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 02 de Mayo de 2006, bajo el N° 15, Tomo 18, Protocolo Primero, siendo su última modificación a través de Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 18 de abril de 2011, debidamente registrada en la misma Oficina de Registro bajo el N° 12, Folio 38, Tomo 25, Protocolo de Transcripción del año 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.752 de fecha 07 de septiembre de 2011, de conformidad con los articulos 51 y 52 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público Sobre el Sistema Presupuestario y los artículos 6, 7 y 23 de la Ley Contra la Corrupción, dispone: Artículo 1. Designar al ciudadano: FARES ASFOUR RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-5.293.623, para ocupar el cargo de DireCción COmo COORDINADOR ESTADAL ENCARGADO DE LA FUNDACIÓN MISIÓN BARRIO ADENTRO DEL DISTRITO CAPITAL. Artículo 2. Autorizar al ciudadano: FARES ASFOUR RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-5.293.623, en su carácter de COORDINADOR ESTADAL ENCARGADO DE LA FUNDACIÓN MISIÓN BARRIO ADENTRO DEL DISTRITO CAPITAL, para actuar Como cuentadante. Artículo 3. El ciudadano FARES ASFOUR RODRIGUEZ, antes identificado, deberá prestar caución suficiente para el ejercicio de sus funciones ante la Auditoria Interna de la respectiva Unidad Administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con el artículo 52 de su Reglamento N° 1 Sobre el Sistema Presupuestario. Artículo 4. El ciudadano FARES ASFOUR RODRIGUEZ, antes identificado, deberá presentar Declaración Jurada de Patrimonio y anexar copia fotostática del comprobante emitido por la Contraloría General de la República y posteriormente consignarlo por ante la Gerencia de Gestión del Talento Humano de la Fundación Misión Barrio Adentro. Artículo 5. Queda derogada toda disposición que colida con la presente Providencia Administrativa. Artículo 7. La regn Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de sunaeaci quese y Publíquese, 2.0% 6B SaIuc ALBERTO RAMÓN RONDÓN PRE$IpENO d la Fundación Misión Barrio Adentro Decret@ N° 564, de fecha 08/11/2013 GacetaOficial N° 40.290 del 08/11/2013 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° ORH-2014 - 15 CARACAS, 14 de marzo de 2014 AÑOS 203° Y 154° Quien suscribe, NEsTOR VALENTÍN oVALLEs, venezolano, mayor de edad, de este domidlio y Presidente (E) del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, designado mediante República Bolivariana de Venezuela N° 39.325 de la misma fecha y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordanda con el artículo 22, numeral 6 de la Ley Orgánica de Prevención, Condidiones y Medio Ambiente de Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.236 de fecha 26 de julio de 2005, dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Articulo 1°: Se designa al cudadano DEIBER RAMÓN BALZA JEREZ, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 15.366.472, en el cargo de COORDINADOR DE CONTROL POSTERIOR, adscrito a la OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA del Instituto Nacional de Prevendón, Salud y Seguridad Laborales (INPsAsEL), a partir de su notificación. de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes de la República y los deberes inherentes al cargo. Artículo 3°: La notificación de la presente Providencia Administrativa, será por órgano de la Direcdón de la Ofidina de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, Administrativos. Comurequese y Publiquese, NESTORYALENTIN OVALLES PRESIDENTE CETDEL ONSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUDSEGURIDAD LABORALES REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 0RH-2014- 18 CARACAS, 17 de marzo de 2014 AÑOS 203° Y 154° Quien suscribe, NESTOR VALENTiN OVALLES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V.-6.526.504, actuando en este acto en mi carácter de Presidente (E) del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, designado mediante Resolución DGCI N° 120 de fecha 10 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.325 de la misma fecha y en ejerdicio de las atribuciones que me confiere el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Bolivariana de Venezuela N° 38.236 de fecha 26 de julio de 2005, dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1°: Se da por concluida la Encargaduría de la fundonaria MILITzA HURTADo ALVARADO, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 14.405.273, como DIRECTORA REGIoNAL (E), adscrita a la Direccón Estadal de Salud de los Trabajadores (DIRESAT) (INPSASEL). Artículo 2°: Se deja sin efecto la Providencia Administrativa N° ORH-2012-076 de fecha 29 de octubre de 2012 a partir de su notificación y pasará a desempeñar sus funciones del cargo de Carrera como Abogado I (PI), las cuales ejercía antes de su designación como Directora Regional (E) de la DIRESAT Portuguesa y Cojedes. Artículo 3°: La notificación de la presente Providencia Administrativa, será por órgano de la Dirección de la Oficina de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Procedimientos Administrativos. muniquese y Publiquese, NESTOR VALENTIN OVALLES PRESIDENTE (E) DEL NSTETUTCNACLONAL DE PREVENCIÓN, SALUD YSEGURIDAD LABORALES página original (tal como se publicó) [Página 21] REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° ORH-2014- 19 CARACAS, 18 de marzo de 2014 Quien suscribe, NESTOR VALENTÍN oVALLEs, venezolano, mayor de edad, de este domidlio y titular de la Cédula de Identidad N° V.-6.526.504, actuando en este acto en mi carácter de Presidente (E) del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, designado mediante Resolución DGC3 N° 120 de fecha 10 de dicembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.325 de la misma fecha y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordanda con el artículo 22, numeral 6 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, de 2005, dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1°: Se designa al cludadano ERWIN MARCIAL DOBOBUTO LÓPEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 16.416.045, en el cargo de GERENTE REGIONAL, adscrito a la Gerancia Estadal de Salud de los Trabajadores (GERESAT) Portuguesa y Cojedes del Instituto Nadonal de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (InPsAsEL), a partir de su notificación. de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes de la República y los deberes inherentes al cargo. Artículo 3°: La notificación de la presente Providencia Administrativa, será por órgano de la Dirección de la Ofidina de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, Administrativos. Comuniquese y Rublíquese, NESTOR VALENTIN OVALLES PRESIDENTE (E) DELINSTITUTO NACEÓNAL DE PREVENCIÓN, SALUD SÉGURIDAD LABORALES REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° ORH-2014- 20 CARACAS, 18 de marzo de 2014 AÑOS 203° Y 154º Quien suscribe, NESTOR VALENTÍN OVALLES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V.-6.526.504, actuando en este acto en mi carácter de Presidente (E) del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, designado mediante Resolución DGCJ N° 120 de fecha 10 de diciembre de 2009. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.325 de la misma fecha y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 22, numeral 6 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezueia N° 38.236 de fecha 26 de julio de 2005, dicta la siguiente Providencia Administrativa: CONSIDERANDO Con el supremo compromiso y voluntad de lograr una mayor eficacia política y calidad revolucionaria fundonarios y fundonarias honestos y eficientes, que más que un altar de valores exhiban una conducta moral en sus condiciones de vida. CONSIDERANDO proteger, responder y atender permanente, oportuna y eficazmente las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, así como contribuir e incentivar el surgimiento de un compromiso social de la clase trabajadora. CONSIDERANDO artículo 18, numerales 6 y 7. la competencia atribuida al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales para ejercer las funciones de inspección de condiciones de seguridad y salud en CONSIDERANDO - Que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública establece en su artículo 34: "La Presidenta o Presidente de la República, la Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo, las ministras o ministros, las viceministras o viceministros, las gobernadoras o gobernadores, las alcaldesas o alcaldes, y los superiores jerárquicos de los órganos y entes de la Administración Pública, así como las demás funcionarias o funcionarios superiores de dirección funcionarlos bajo su dependencia, así como la firma de documentos en funcionarias o funcionarios adscritas a los mismos, de conformidad con las formalidades que determine el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento". CONSIDERANDO Prevención, Salud y Seguridad Laborales, tal como lo establece ei articulo 22, numeral 1 de la Ley delegar las atribuciones que la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo le otorga. ACUERDA LO SIGUIENTE (GERESAT), es la siguiente: 1. Gerencia Estadal de Salud de los Trabajadores (GERESAT): dirigida por el Gerente Regional. 2. Coordinación de Sanciones: dirigida por el Coordinador Regional de Sanciones. 3. Coordinación de Inspecciones: dirigida por el Coordinador Regional de Inspecciones. 5. Coordinación de Educación: dirigida por el Coordinador Regional de Educación. 6. Coordinación de Epidemiología: dirigida por el Coordinador Regional de Epidemiología. Artículo 2. La presente Providencia Administrativa surtirá sus efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. a Cemundguase y Publiquese. NESTOR VALENTIN OVALLES PRESIDENT EDELINSTUUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN SALUNLY.SEGURIDAD LABORALES MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO DESPACHO DEL MINISTRO CARACAS, 0 8 ABR. 2014 RESOLUCIÓN N°0 2 2 AÑOS 203° y 155° Conforme con lo establecido en los artículos 62 y 77, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concurrencia con lo establecido en la Ley del Estatuto sobre Régimen de Jubilados y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios en sus artículos 13 y 16 del Reglamento Eiusdem. POR CUANTO Mediante Resolución N° 019 de fecha 01 de marzo de 2013, el Ministerio del Poder Popular para Transporte, Acuático y Aéreo, otorgó el beneficio de Jubilación del funcionario DAVID DE JESÚS SUAREz MOLINA, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.371.992, por la cantidad de SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO BOLIVARES CON CUARENTA Y oCHO CÉNTIMOs (Bs. 6.165,48) mensuales equivalente al OCHENTA POR CIENTO(80%) del sueldo promedio de los últimos veinticuatro (24) meses, a partir del 1° de marzo de 2013. POR CUANTO Mediante Decreto N° 589 de fecha 12 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.295 de fecha 15 de noviembre de 2013, el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, aprobó la Escala Especial de Sueldos para los cargos clasificados goladores(as) de Tránsito Aéreo (C.T.A), Técnicos(as) en ación Aeronáuticas, Operadores(as) de Telecomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Radiocomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Operaciones Aeropuertaria, Inspectores(as) de Mecánica de Aviación, Oficiales de Búsqueda y Salvamento, Pilotos de Búsqueda y Salvamento, Bomberos(as) Aeronáutico(as), e Inspectores(as) Aeronáutico(as), con vigencia desde el 1° de enero de 2013; este Despacho, RESUELVE ÚNIco. Ajustar el monto del beneficio de la jubilación correspondiente al funcionario DAVID DE JESÚS SUAREZ MOLINA, titular de la cédula de identidad N° v- 3.371.992, quien desempeñO el CargO TÉCNICO RADIOCOMUNICACIONES AERONÁUTICAS V, adsCrito a la DIRECCIÓN GENERALDE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TRANSPORTE AÉREO de este Ministerio. Dicho ajuste se realiza según el Decreto N° 589 con relación a la "La Escala Especial de Sueldo", correspondiente al prenombrado funcionario la cantidad de Bolívares NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA BOLÍVARES CON NOVENTA Y página original (tal como se publicó) [Página 22] CUATRO CÉNTIMOBs,9.270,94), con vigencia a partir del 1° de marzo de 2oaade validez de su jubilación. Comuniguese y publíquese: 0 MY HEBERTÃOSUE GARCÍA PLAZA Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013 Gaceta Oficial N° 40.151 de fecha 22 de abril de 2013 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N°0 2 32 CARACAS, 0 8 ABR. 2014 AÑOS 203° y 155° Conforme con lo establecido en los artículos 62 y 77, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor- y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concurrencia con lo establecido en la Ley del Estatuto sobre Régimen de Jubilados y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios en sus artículos 13 y 16 del Reglamento Eiusdem. POR CUANTO Mediante Resolución N° 014 de fecha 01 de marzo de 2013, el Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, otorgó el beneficio de Jubilación del funcionario CRUz ALEÍANDRO ESCALANTE CRISTANCHO, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-2.553.890, por la cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (Bs. 5.535,28) mensuales equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) del sueldo promedio de los últimos veinticuatro (24) meses, a partir del 1° de marzo de 2013. POR CUANTO Mediante Decreto N° 589 de fecha 12 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de gezuelaN°40.295 de fecha15de noviembre de2013, el adan o Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, aprobó la Escala Especial de Sueldos para los cargos clasificados Controladores(as) de Tránsito Aéreo (C.T.A), Técnicos(as) en Información Aeronáuticas, Operadores(as) de Telecomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Radiocomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en OperacionesAeropuertaria, Inspectores(as) de Mecánica de Aviación, Oficiales de Búsqueda y Salvamento, Pilotos de Búsqueda y Salvamento, Bomberos(as) Aeronáutico(as), e Inspectores(as) Aeronáutico(as), con vigencia desde el 1° de enero de 2013; este Despacho, RESUELVE ÚNico. Ajustar el monto del beneficio de la jubilación correspondiente al funcionario CRUZ ALEJANDRO ESCALANTE CRISTANCHO, titular de la cédula de identidad N° V-2.553.890, quien desempeñO el cargO TÉCNICO RADIOCOMUNICACIONES AERONÁUTICAS III, adsCrito a la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TRANSPORTE AÉREO de este Ministerio. Dicho ajuste se realiza según el Decreto N° 589 con relación a la "La Escala Especial de Sueldo", correspondiente al prenombrado funcionario la cantidad de Belívares SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO BOLÍVARES CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS Sa28,36),con vigencia a partir del 1° de marzo de 2013 fech deilidez de su jubilación. Comuniguase y publíquese; 5 oe O DEL. Ministro Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013 Gaceta Oficial N° 40.151 de fecha 22 de abril de 2013 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N°0 2 4 CARACAS,0 8 ABR. 2014 AÑOS 203° y 155° Conforme con lo establecido en los artículos 62 y 77, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concurrencia con lo establecido en la Ley del Estatuto sobre Régimen de Jubilados y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios en sus artículos 13 y 16 del Reglamento Eiusdem. POR CUANTO Mediante Resolución N° 024 de fecha 01 de marzo de 2013, el Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, otorgó el beneficio de Jubilación del funcionario RUBEN ALBERTO REYEs HERNÁNDEz, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.838.658, por la cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES BOLIVARES CON CUARENTA Y 0CHO CÉNTIMOs (Bs. 5.623,48) mensuales equivalente al oCHENTA POR CIENTO (80%) del sueldo promedio de los últimos veinticuatro (24) meses, a partir del 1° de marzo de 2013. POR CUANTO Mediante Decreto N° 589 de fecha 12 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.295 de fecha 15 de noviembre de 2013, el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ebo la Escala Especial de Sueldos para los cargos clasificados ontfeadores(as) de Tránsito Aéreo(C.T.A), Técnicos(as) en Infarfnamjón Aeronáuticas, Operadores(as) de Telecomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Radiocomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Operaciones Aeropuertaria, Inspectores(as) de Mecánica de Aviación, Oficiales de Búsqueda y Salvamento, Pilotos de Búsqueda y Salvamento, Bomberos(as) Aeronáutico(as), e Inspectores(as) Aeronáutico(as), con vigencia desde el 1° de enero de 2013; este Despacho, RESUELVE ÚNico. Ajustar el monto del beneficio de la jubilación correspondiente al funcionario RUBEN ALBERTO REYES HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-3.838.658, quien desempeño el cargo OPERADOR TELECOMUNICACIÓN AERONÁUTICA V, adsCrito a la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TRANSPORTE AÉREO de este Ministerio. Dicho ajuste se realiza según el Decreto N° 589 con relación a la "La Escala Especial de Sueldo", correspondiente al prenombrado funcionario la cantidad de Bolívares SIETE MIL OCHOCIENTOSCINCUENTAY UN BOLIVARES CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (Bs.7.851,29), con Vigencia a partir del 1° de marzo de cha de validez de su jublación. M/GHEBERT JOSUE GARCÍA PLAZA Mimistro Decreto-N de fecha 22 de abril de 2013 Gaceta Oficial N° 40.151 de fecha 22 de abril de 2013 página original (tal como se publicó) [Página 23] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 0 2 5- CARACAS, 0 8 ABR. 2014 AÑOS 203° y 155° Conforme con lo establecido en los artículos 62 y 77, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concurrencia con lo establecido en la Ley del Estatuto sobre Régimen de Jubilados y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios en sus artículos 13 y 16 del Reglamento Eiusdem. POR CUANTO Mediante Resolución N° 204 de fecha 26 de noviembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.303 de fecha 27 de noviembre de 2013, el Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, otorgó el beneficio de Jubilación del funcionario CARLos MANUEL ACosTA, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.217.312, por la cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO BOLIVARES CON CERO CÉNTIMOs (Bs. 11.625,00) mensuales equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) del sueldo promedio de los últimos veinticuatro (24) meses, a partir del 1° de diciembre de 2013. POR CUANTO Mediante Decreto N° 589 de fecha 12 de noviembre de 2013, geadoen la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de eaN° 40.295 de fecha15denoviembre de2013, el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, aprobó la Escala Especial de Sueldos para los cargos clasificados Controladores(as) de Tránsito Aéreo (C.T.A), Técnicos(as) en Información Aeronáuticas, Operadores(as) de Telecomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Radiocomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Operaciones Aeropuertaria, Inspectores(as) de Mecánica de Aviación, Oficiales de Búsqueda y Salvamento, Pilotos de Búsqueda y Salvamento, Bomberos(as) Aeronáutico(as), e Inspectores(as) Aeronáutico(as), con vigencia desde el 1° de enero de 2013; este Despacho, RESUELVE ÚNICo. Ajustar el monto del beneficio de la jubilación correspondiente al funcionario CARLOS MANUEL ACOSTA, titular de la cédula de identidad N° V-4.217.312, quien desempeño el CargO TÉCNICO RADIOCOMUNICACIONES AERONÁUTICAS VI, adsCrito a la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TRANSPORTE AÉREO de este Ministerio. Dicho ajuste se realiza según el Decreto N° 589 con relación a la "La Escala Especial de Sueldo", correspondiente al prenombrado funcionario la cantidad de BolÍVares DOCE MIL DOSCIENTOS DOCE BOLÍVARESCON FUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs.12.212,45), ooigentiaapartir del 1° de diciembre de 2013, fecha de validede su'jubilación. iquese publiquese; M/G. HEBERTROSUÉ GARCÍA PLAZA DEL Ministro Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013 Gaceta Oficial N° 40.151 de fecha 22 de abril de 2013 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N°0 26 CARACAS, 0 8 ABR. 2014 AÑOS 203° y 155° Conforme con lo establecido en los artículos 62 y 77, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concurrencia con lo establecido en la ley del Estatuto sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios en sus artículos 13 y 16 del Reglamento Eiusdem. POR CUANTO Mediante- Resolución N° 159 de fecha 21 de octubre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.277 de fecha 22 de octubre de 2013, el Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, otorgó el beneficio de Jubilación al Funcionario FUNEs VELASQUEZ ANTonIo 3oSE, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.865.566, por la cantidad de CINCo MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES BOLÍVARES CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs.5.933,77) mensuales equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) del sueldo promedio de los últimos veinticuatro (24) meses, a partir del 1º de diciembre de 2013. POR CUANTO Mediante Decreto N° 589 de fecha 12 de noviembre de 2013, publicadoen la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.295 de fecha 15 de noviembre de 2013, el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela aprobó la_ Escala Especial de Sueldos para los cargos clasificados Controladores(as) de Tránsito Aéreo (C.T.A), Técnicos(as) en Información Aeronáuticas, Operadores(as) de Telecomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Radiocomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Operaciones Aeropuertaria, Inspectores(as) de Mecánica de Aviación, Oficiales de Búsqueda y Salvamento, Pilotos de Búsqueda y Salvamento, Bomberos(as) Aeronáutico(as), e Inspectores(as) Aeronáutico(as), con vigencia desde el 1° de enero de 2013; este Despacho, RESUELVE ÚNICo. Ajustar el monto del beneficio de la jubilación correspondiente al Funcionario FUNES VELASQUEZ ANTONIO J0SE, titular de la cédula de identidad N° V-4.865.566, quien desempeño el cargo de TECNICO EN OPERACION AEROPORTUARIA IV, adsCrito a la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TRANSPORTE AÉREO de este Ministerio. Dicho ajuste se realiza según el Decreto N° 589 referente a "La Escala Especial de Sueldos", correspondiéndole al prenombrado funcionario la Cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs.7.750,38), con vigencia a partir de 1º de diciembre de 2013, fecha de validez de su jubilación, REPÚBLI Eomuniquege y Rublíquese: M/GHEBERT OOSUE GARCÍA PLAZA Ministro Decreto N. 02 de fecha 22 de abril de 2013 : REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N°0 2 7 :CARACAS, D 8 ABR. 2014 AÑOS 203° y 155° Conforme con lo establecido en los artículos 62 y 77, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la página original (tal como se publicó) [Página 24] Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concurrencia con lo establecido en la ley del Estatuto sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios en sus artículos 13 y 16 del Reglamento Eiusdem. POR CUANTO Mediante Resolución N° 129 de fecha 29 de Agosto de 2013 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.240 de fecha 30 Agosto de 2013, el Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, otorgó el beneficio de Jubilación al Funcionario GOMEZ VALOR RAMIRO concEPcIoN, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.695.804, por la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS BOLÍVARES CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs.6.582,89) mensuales equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) del sueldo promedio de los últimos veinticuatro (24) meses, a partir del 1º de julio de 2013. POR CUANTO Mediante Decreto N° 589 de fecha 12 de noviembre de 2013, licado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Veela N° 40.295 defecha15de noviembre de 2013, el udadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela aprobó la Escala Especial de Sueldos para los cargos clasificados Controladores(as) de Tráñsito Aéreo (C.T.A), Técnicos(as) en Información Aeronáuticas, Operadores(as) de Telecomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Radiocomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Operaciones Aeropuertaria, Inspectores(as) de Mecánica de Aviación, Oficiales de Búsqueda y Salvamento, Pilotos de Búsqueda y Salvamento, Bomberos(as) Aeronáutico(as), e Inspectores(as) Aeronáutico(as), con vigencia desde el 1° de enero de 2013; este Despacho, RESUELVE ÚNICo. Ajustar el monto del beneficio de la jubilación correspondiente al Funcionario GOMEZ VALOR RAMIRO CONCEPCION, titular de la cédula de identidad N° V-4.695.804, desempeño quien el cargo de TECNICO RADIOCOMUNICACIONESAERONÁUTICASV, ads Critoala DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TRANSPORTE AÉREO de este Ministerio. Dicho ajuste se realiza según el Decreto N° 589 referente a "La Escala Especial de Sueldos", correspondiéndole al prenombrado funcionario la cantidad de ocHo MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES CON OCHENTA Y D0S CÉNTIMOS (Bs.8.996,82), con Vigencia a partir del 1º de julio de 20meaha de validez de su jubilación Comuniquesans publiquese; M/G. HEBER JOSUE GARCIA PLAZA Mmistro ecreto N° 02 defecha 22 de abril de 2013 Gaceta Ofigjaβ0.:151 de fecha 22 de abril de 2013 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 0 2 8 : CARACAS 0 8 ABR. 2014 AÑOS 203° y 155° Conforme con lo establecido en los artículos 62 y 77, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios en sus artículos 13 y 16 del Reglamento Eiusdem. POR CUANTO Mediante Resolución N° 117 de fecha 15 de Agosto de 2013 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.230 de fecha 16 de Agosto de 2013, el Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, otorgó el beneficio de Jubilación a la Funcionaria CARRAsQUEL DIAZ MARIA AUXILIADORA, Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.483.062, por la cantidad de CINCo MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN BOLIVARES CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs.5.641,96) menSuales equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) del sueldo promedio de los últimos veinticuatro (24) meses, a partir del 1º de julio de 2013. POR CUANTO Mediante Decreto N° 589 de fecha 12 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.295 de fecha 15 de noviembre de 2013, el udariano Presidente de la RepúblicaBolivariana de Venezuela aprobaEscalaEspecial de Sueldos para los cargos clasificados ornagón Aeronáuticas, Operadores(as) de Telecomunicaciones Controladores(as) de Tránsito Aéreo (C.T.A), Técnicos(as) en Información Aeronáuticas, Operadores(as) de Telecomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Radiocomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Operaciones Aeropuertaria, Inspectores(as) de Mecánica de Aviación, Oficiales de Búsqueda y Salvamento, Pilotos de Búsqueda y Salvamento, Bomberos(as) Aeronáutico(as), e Inspectores(as) Aeronáutico(as), con vigencia desde el 1° de enero de 2013; este Despacho, RESUELVE ÚNIco. Ajustar el monto del beneficio de la jubilación correspondiente a la Funcionaria CARRASQUEL DIAZ MARIA AUXILIADORA, titular de la cédula de identidad N° V-5.483.062, quien- desempeño de el cargo OPERADOR TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS V, adsCrita a la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TRANSPORTE AÉREO de este Ministerio. Dicho ajuste se realiza según el Decreto N° 589 referente a "La Escala Especial de Sueldos", correspondiéndole a la prenombrada funcionaria la cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOs (Bs95,00),con vigencia a partir del 1° de julio de 2013, fecha de valiade su jubilación. Comuniqliese publiquese; MAG HEBERT JOSUE GARCÍA PLAZA Ministro Décréo NE0ade fecha 22 de abril de 2013 Gaceta Oficial N° 40.151 de fecha 22 de abril de 2013 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 0 2 9 0 8 ABR. 2014 CARACAS AÑOS 203° y 155° Conforme con lo establecido en los artículos 62 y 77, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el artículo .5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concurrencia con lo establecido en la ley del Estatuto sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios en sus artículos 13 y 16 del Reglamento Eiusdem. POR CUANTO Mediante Resolución N° 137 de fecha 29 de Agosto de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.240 de fecha 30 de Agosto de 2013, el Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, otorgó el beneficio de Jubilación al Funcionario ZAMBRANO RANGEL JESUS MARIA, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.124.963, por la cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES BOLÍVARES CON QUINCE CÉNTIMOs (Bs.7.923,15) mensuales equivalente al 0CHENTA POR CIENTO (80%) del sueldo promedio de los últimos veinticuatro (24) meses, a partir del 1º de julio de 2013. página original (tal como se publicó) [Página 25] POR CUANTO Mediante Decreto N° 589 de fecha 12 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.295 de fecha 15 de noviembre de 2013, el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela bó la Escala Especial de Sueldos para los cargos clasificados Eladores(as) de Tránsito Aéreo (C.T.A), Técnicos(as) en bIc Aeronáuticas, Técnicos(as) en Radiocomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Operaciones Aeropuertaria, Inspectores(as) de Mecánica de Aviación, Oficiales de Búsqueda y Salvamento, Pilotos de Búsqueda y Salvamento, Bomberos(as) Aeronáutico(as), e Inspectores(as) Aeronáutico(as), con vigencia desde el 1° de enero de 2013; este Despacho. RESUELVE ÚNICo. Ajustar el monto del beneficio de la jubilación correspondiente al Funcionario ZAMBRANO RANGEL JESUS MARIA, titular de la cédula de identidad N° V-5.124.963, quien desempeñó el CargO de TECNICO RADIOCOMUNICACIONES AERONÁUTICAS V, ads Crio a la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TRANSPORTE AÉREO de este Ministerio. Dicho ajuste se realiza según el Decreto N° 589 referente a "La Escala Especial de Sueldos", correspondiéndole al prenombrado funcionario la Cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS QUINCE BOLÍVARES CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs.10.515,64), con vigencia a partir del 1º de julio de 2013, fecha de validez de su jubilacion a quesepubliquese; Bese MAG HEBERT JOSUÉ GARCÍA PLAZA Ministro Decteto N° 02 de fécha 22 de abril de 2013 Gaceta Öfici a/N°40:151 de fecha 22 de abril de 2013 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N°0 30 CARACAS, 0 8 ABR. 2014 AÑOS 203° y 155° Conforme con lo establecido en los artículos 62 y 77, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concurrencia con lo establecido en la Ley del Estatuto sobre Régimen de Jubilados y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios en sus artículos 13 y 16 del Reglamento Eiusdem. POR CUANTO Mediante Resolución N° 126 de fecha S/F, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.237 de fecha 27 de agosto de 2013, el Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, otorgó el beneficio de Jubilación al funcionario GRANADOs JESÚs RAFAEL, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° v-8.359.433, por la cantidad de CINCOMIL OCHOCIENTOS OCHENTA TRES BOLIVARES CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs.5.883,58) mensuales equivalente al 0CHENTA POR CIENTO (80 %) del sueldo promedio de los últimos veinticuatro (24) meses, a partir del 1° de julio de 2013. POR CUANTO Mediante Decreto N° 589 de fecha 12 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.295 de fecha 15 de noviembre de 2013, el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela aprobó la Escala Especial de Sueldos para los cargos clasificados Controladores(as) de Tránsito Aéreo (C.T.A), Técnicos(as) en Intmación Aeronáuticas, Operadores(as) de Telecomunicaciones anticas, Técnicos(as) en Radiocomunicaciones Aeronáuticas, eng(as) en Operaciones Aeropuertaria, Inspectores(as) de Mecánica de Aviación, Oficiales de Búsqueda y Salvamento, Pilotos de Búsqueda y Salvamento, Bomberos(as) Aeronáutico(as), e Inspectores(as) Aeronáutico(as), con vigencia desde el 1° de enero de 2013; este Despacho, RESUELVE úNICo. Ajustar el monto del beneficio de la jubilación correspondiente al Funcionario GRANADOS JESÚS RAFAEL, titular de la cédula de identidad N° V-8.359.433, quien desempeñó el cargo de BOMBERO CAPITAN, adsCrito a la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TRANSPORTE AÉREo de este Ministerio. Dicho ajuste se realiza según el Decreto correspondiente al prenombrado funcionario la cantidad de Bolívares SIETE MIL NUEVE BOLIVARES CON GUARENTA Y OCHO CÉNTIMOs (Bs.7.009,48), con vigencia a partir del 1° de julio de 2013, fecha de valle su jubilación. emuriquese y publiquese: MA HEBERT JOSUÉ GARCÍA PLAZA Mnistro Decre Evz de fecha 22 de abril de 2013 Gaceta Oficial N° 40.151 de fecha 22 de abril de 2013 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO DESPACHO DEL MINISTRO 0 8 ABR. 2014 RESOLUCIÓN N°0 3 1 CARACAS, AÑOS 203° y 155° Conforme con lo establecido en los artículos 62 y 77, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concurrencia con lo establecido en la Ley del Estatuto sobre Régimen de Jubilados y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios en sus artículos 13 y 16 del Reglamento Eiusdem. POR CUANTO Mediante Resolución N° 146 de fecha 16 de septiembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40252 de fecha 17 de septiembre de 2013, el Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, otorgó el beneficio de Jubilación al Funcionario ISCURPI FLOILAN, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.351.440, por la Cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS CINCO BOLIVARES CÓN NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs.6.705,96) mensuales equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) del sueldo promedio de los últimos veinticuatro (24) meses, a partir del 1° de septiembre de 2013. POR CUANTO Mediante Decreto N° 589 de fecha 12 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.295 de fecha 15 de noviembre de 2013, el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela aprobó la Escala Especial de Sueldos para los cargos clasificados labores(as) de TránsitoAéreo(C.T.A), Técnicos(as) en ción Aeronáuticas,Operadores(as) de Telecomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Radiocomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Operaciones Aeropuertaria, Inspectores(as) de Mecánica de Aviación, Oficiales de Búsqueda y Salvamento, Pilotos de Búsqueda y Salvamento, Bomberos(as) Aeronáutico(as), e Inspectores(as) Aeronáutico(as), con vigencia desde el 1° de enero de 2013; este Despacho, RESUELVE ÚNico. Ajustar el monto del beneficio de la jubilación correspondiente al Funcionario ISCURPI FLOILAN, titular de la cédula de identidad N° v- 6.351.440, quien desempeñó el cargo de OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS V, adsCrito a la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TRANSPORTE AÉREO de este Ministerio. Dicho ajuste se realiza según el Decreto N° 589 con relación a " La Escala Especial de Sueldo ", correspondiente al prenombrado funcionario la cantidad de Bolívares OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE BOLIVARES CON TREINTA Y GINCO CÉNTIMOS página original (tal como se publicó) [Página 26] (Bs.8.977,35), con vigencia a partir del 1° de septiembre de 2013, fecha de validezjubilación N M/6. HEBEREJOSUE GARCÍA PLAZA - Migistro Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013 Gaceta Oficiel N&40151 de fecha 22 de abril de 2013 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 0 3 2 CARACAS, 0 8 ABR. 2014 AÑOS 203° y 155° Conforme con lo establecido en los artículos 62 y 77, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concurrencia con lo establecido en la Ley del Estatuto sobre Régimen de Jubilados y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios en sus artículos 13 y 16 del Reglamento Eiusdem. POR CUANTO Mediante Resolución N° 131 de fecha 29 de agosto de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.240 de fecha 30 de agosto de 2013, el Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, otorgó el beneficio de Jubilación al Funcionario PIRELA SAADE ANTONIO JosÉ, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.250.370, por la cantidad de sEIs MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES BOLÍVARES CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs.6.663,94) mensuales equivalente al oCHENTA POR CIENTO (80%) del sueldo promedio de los últimos veinticuatro (24) meses, a partir del 1° de julio de 2013, fecha de validez de su jubilación. POR CUANTO Mediante Decreto N° 589 de fecha 12 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de eela N° 40.295de fecha15de noviembre de 2013,el Ciudaapo Presidente de la RepúblicaBolivarana de Venezuela aprobó la Escala Especial de Sueldos para los cargos clasificados Controladores(as) de Tránsito Aéreo (C.T.A), Técnicos(as) en Información Aeronáuticas, Operadores(as) de Telecomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Radiocomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Operaciones Aeropuertaria, Inspectores(as) de Mecánica de Aviación, Oficiales de Búsqueda y Salvamento, Pilotos de Búsqueda y Salvamento, Bomberos(as) Aeronáutico(as), e Inspectores(as) Aeronáutico(as), con vigencia desde el 1° de enero de 2013; este Despacho, RESUELVE ÚNICo. Ajustar el monto del beneficio de la jubilación correspondiente al Funcionario PIRELA SAADE ANTONIO JOSÉ, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° v- 4.250.370, quiere se desempeñó el cargo de TÉCNICO RADIOCOMUNICACIONES AERONÁUTICAS V, adsCritO a la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TRANSPORTE AÉREO de este Ministerio. Dicho ajuste se realiza según el Decreto N° 589 con relación a la "La Escala Especial de Sueldo", correspondiente a la prenombrado funcionario la cantidad de BOlÍVareS NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE BOLIVARES CON SESENTA Y NUEVE/CÉNTIMOS (Bs.9.117,69), Con vigencia a partir del 1° de juliode 2013, fecha de validez de su jubilación. Comúgiga se publiíquese; M/G HIEBERT JOSUE GARCÍA PLAZA Ministro Gaceta Ohicidiw 40.151 de fecha 22 de abril de 2013 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 0 3 3 CARACAS, 0 8 ABR. 2014 AÑOS 203° y 155° Conforme con lo establecido en los artículos 62 y 77, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concurrencia con lo establecido en la Ley del Estatuto sobre Régimen de Jubilados y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios en sus artículos 13 y 16 del Reglamento Eiusdem. .POR CUANTO Mediante Resolución N° 173 de fecha 05 de noviembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.288 de fecha 06 de noviembre de 2013, el Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, otorgó el beneficio de Jubilación al Funcionario GUEVARA CALDERARO PEDRO JOSÉ, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.412.326, por la cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS BOLIVARES CON CATORCE CÉNTIMOS (Bs.6.462,14) mensuales equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) del sueldo promedio de los últimos veinticuatro (24) meses, a partir del 1° de septiembre de 2013. POR CUANTO Mediante Decreto N° 589 de fecha 12 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de ezuela N° 40.295 defecha 15 de noviembre de 2013, el Ciudadano Presidente de- la República Bolivariana de Venezuela aEscala Especial de Sueldos para los cargos clasificados Controladores(as) de Tránsito Aéreo (C.T.A), Técnicos(as) en Información Aeronáuticas, Operadores(as) de Telecomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Radiocomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Operaciones Aeropuertaria, Inspectores(as) de Mecánica de Aviación, Oficiales de Búsqueda y Salvamento, Pilotos de Búsqueda y Salvamento, Bomberos(as) Aeronáutico(as), e Inspectores(as) Aeronáutico(as), con vigencia desde el 1° de enero de 2013; este Despacho. RESUELVE ÚNico. Ajustar el monto del beneficio de la jubilación correspondiente al Funcionario GUEVARA CALDERARO PEDRO J0SÉ, titular de la cédula de identidad N° V-5.412.326, quien desempeñó el CargO de OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS V, adsCrito ala DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TRANSPORTE AÉREO de este Ministerio. Dicho ajuste se realiza según el Decreto N° 589 con relación a "La Escala Especial de Sueldo", correspondiente al prenombrado funcionario la cantidad de Bolívares ocHo MIL SETECIENTOS TREINTA YERES BOLIVARES CON CINCUENTA página original (tal como se publicó) [Página 27] Y TRES CÉNTIMOS (B 88783,53), con vigencià a partir del 1° de septiembre de 2013 techange validez de su jubilación. REP M/G. HEBERT JOSUE GARCÍA PLAZA Ministro Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013 Gaceta Oficial N° 40.151 de fecha 22 de abril de 2013 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO DESPACHO DEL MINISTRO CARACAS, n 9 ABR. 2014 AÑOS 203° y 155° Conforme con lo establecido en los artículos 62 y 77, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concurrencia con lo establecido en la Ley del Estatuto sobre Régimen de Jubilados y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios en sus artículos 13 y 16 del Reglamento Eiusdem. POR CUANTO Mediante Resolución N° 141 de fecha 29 de agosto de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.295 de fecha 15 de noviembre de 2013, el Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, otorgó el beneficio de Jubilación al Funcionario HERDE CÁNELÓN RUBÉN JosÉ, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.023.532, por la cantidad de oCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTÁ Y CINCO BOLIVARES CON CERO SIETE CÉNTIMOS (Bs.8.955,07) mensuales equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) del sueldo promedio de los últimos veinticuatro (24) meses, a partir del 1° de julio de 2013. POR CUANTO Mediante Decreto N° 589 de fecha 12 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.295 de fecha 15 de noviembre de 2013, el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela la Escala Especial de Sueldos para los cargos clasificados nrdores(as) de Tránsito Aéreo(C.T.A), Técnicos(as) en Información Aeronáuticas, Operadores(as) de Telecomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Radiocomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Operaciones Aeropuertaria, Inspectores(as) de Mecánica de Aviación, Oficiales de Búsqueda y Salvamento, Pilotos de Búsqueda y Salvamento, Bomberos(as) Aeronáutico(as), e Inspectores(as) Aeronáutico(as), con vigencia desde el 1° de enero de 2013; este Despacho, RESUELVE ÚNIco. Ajustar el monto del beneficio de la jubilación correspondiente al Funcionario HERDE CANELÓN RUBÉN JOSÉ, titular de la cédula de identidad N° V-4.023.532, quien desempeño deTÉCNICO RADIOCOMUNICACIONES el cargo AERONÁUTICAS JEFE II, adsCrito a la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TRANSPORTE AÉREO de este Ministerio. Dicho ajuste se realiza según el Decreto N° 589 con relación a la "La Escala Especial de Sueldo", correspondiente al prenombrado funcionario la cantidad de Bolívares DocE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN BOLIVARES SQN VEINTISIETE CÉNTIMOs (Bs.12.591), con vigencia a partir del 1° de julio de 2013, fecha de validez de su jubilación. pupliquese; M/G HEBERTJOSUÉ GARCÍA PLAZA Ministro Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013 Gaceta Oficial N° 40.151 de fecha 22 de abril de 2013 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N°035 CARACAS, 0 8 ABR. 2014 AÑOS 203° y 154° Conforme con lo establecido en los artículos 62 y 77, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concurrencia con lo establecido en la Ley del Estatuto sobre Régimen de Jubilados y Pensiorfes de los Funcionarios o Funcionarias, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios en sus artículos 13 y 16 del Reglamento Eiusdem. POR CUANTO Mediante Resolución N° 174 de fecha 05 de noviembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.295 de fecha 15 de noviembre de 2013, el Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, otorgó el beneficio de, Jubilación al Funcionario LEON DURAN NICOLAS JESÚS, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.405.331, por la cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS(Bs. 8.614,53) menSuales equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) del sueldo promedio de los últimos veinticuatro (24) meses, a partir del 1° de septiembre de 2013. POR CUANTO Mediante Decreto N° 589 de fecha 12 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.295 de fecha 15 de noviembre de 2013, el dano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Controladores(as) de Tránsito Aéreo (C.T.A), Técnicos(as) en Información Aeronáuticas, Operadores(as) de Telecomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Radiocomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Operaciones Aeropuertaria, Inspectores(as) de Mecánica de Aviación, Oficiales de Búsqueda y Salvamento, Pilotos de Búsqueda y Salvamento, Bomberos(as) Aeronáutico(as), e Inspectores(as) Aeronáutico(as), con vigencia desde el 1° de enero de 2013. RESUELVE ÚNIco. Ajustar el monto del beneficio de la jubilación correspondiente al Funcionario LEON DURAN NICOLAS, titular de la cédula de identidad N° V-5.405.331, quien desempeñó el cargo de OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS JEFE I, adSCrito a la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TRANSPORTE AÉREO de este Ministerio. Dicho ajuste se realiza según el Decreto N° 589 con relación a la "La Escala Especial de Sueldo", correspondiente a la prenombrado funcionario la cantidad de Bolívares ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y BOLIVARESCON CERODOS CÉNTIMOS NUEVE página original (tal como se publicó) [Página 28] (Bs.11.789,02), con vigencia a partir del 1° de septiembre de 2013, fecha de validdapjubilación. MG HEBERT OSUÉ GARCÍA PLAZA CHO DEL Ministro Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013 Gaceta Oficial N° 40.151 de fecha 22 de abril de 2013 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N°0 3 6 CARACAS, 0 8 ABR. 2014 AÑOS 203° y 155° Conforme con lo establecido en los artículos 62 y 77, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concurrencia con lo establecido en la Ley del Estatuto sobre Régimen de Jubilados y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios en sus artículos 13 y 16 del Reglamento Eiusdem. POR CUANTO Mediante Resolución N° 144 de fecha 16 de septiembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.252 de fecha 17 de sepiembre de 2013, el Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, el beneficio de Jubilación al otorgó Funcionario CASTILLO SANCHEZ EMILIO JOSÉ, Venezolano, mayOr de edad, titular de la cédula de identidad N° v-5.554.375, por la cantidad de CINCO MIL CIENTO CATORCE BOLÍVARES CON DIEZ CÉNTIMOs (Bs.5.114,10) mensuales equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) del sueldo promedio de los últimos veinticuatro (24) meses, a partir del 1° de septiembre de 2013. POR CUANTO Mediante Decreto N° 589 de fecha 12 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.295 de fecha 15 de noviembre de 2013, el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela aprobó la Escala Especial de Sueldos para los cargos clasificados nbgladores(as) de Tránsito Aéreo (C.T.A), Técnicos(as) en Aeronáuticas, Técnicos(as) en Radiocomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Operaciones Aeropuertaria, Inspectores(as) de Mecánica de Aviación, Oficiales de Búsqueda y Salvamento, Pilotos de Búsqueda y Salvamento, Bomberos(as) Aeronáutico(as), e Inspectores(as) Aeronáutico(as), con vigencia desde el 1° de enero de 2013; este Despacho, RESUELVE úNIco. Ajustar el monto del beneficio de la jubilación correspondiente al ciudadano CASTILLO SANCHEZ EMILIO, titular de la cédula de identidad N° V- 5.554.375, quien desempeñó el CargO de TÉCNICO EN OPERACIÓN AEROPORTUARIA IV, adsCrito a la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TRANSPORTE AÉREO de este Ministerio. Dicho ajuste se realiza según el Decreto N° 589 con relación a la "La Escala Especial de Sueldo", correspondiente al prenombrado funcionario la cantidad de Bolívares SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNBOLIVARES CON SESENTADOSCÉNTIMOS (Bs.6.851,62), con vigencia a partir del 1°de septiembre de 2013, fecha de validejubilación. acthuniguése y pubyquese; M HEBERT JOSUE GARCÍA PLAZA Ministro Decrero NDEze fecha 22 de abril de 2013 Gaceta Oficial-N° 40.151 de fecha 22 de abril de 2013 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 037 CARACAS, 0 8 ABR. 2014 AÑOS 203° y 155° Conforme con lo establecido en los artículos 62 y 77, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concurrencia con lo establecido en la Ley del Estatuto sobre Régimen de Jubilados y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estado y de los Municipio en sus artículos 13 y 16 del Reglamento Eiusdem y el Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones del Personal de Controladores de Tránsito Aéreo artículo 2 (Visual). POR CUANTO Mediante Resolución N° 180 de fecha 19 de noviembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.297 de fecha 19 de noviembre de 2013, el Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, otorgó el beneficio de Jubilación de la funcionaria RANGEL PARRA IBETH DEL VALLE, Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.720.186, por la cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA YDOS BOLIVARES CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 4.742,53) menSUales equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) del sueldo promedio de los últimos veinticuatro (24) meses, a partir del 1° de diciembre de 2013. POR CUANTO Mediante Decreto N° 589 de fecha 12 de noviembre de 2013, pucado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de eN° 40.295defecha15 de noviembre de 2013, el Venezuela N° 40.295 de fecha 15 de noviembre de 2013, el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, aprobó la Escala Especial de Sueldos para los cargos clasificados Controladores(as) de Tránsito Aéreo (C.T.A), Técnicos(as) en Información Aeronáuticas, Operadores(as) de Telecomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Radiocomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Operaciones Aeropuertaria, Inspectores(as) de Mecánica de Aviación, Oficiales de Búsqueda y Salvamento, Pilotos de Búsqueda y Salvamento, Bomberos(as) Aeronáutico(as), e Inspectores(as) Aeronáutico(as), con vigencia desde el 1° de enero de 2013; este Despacho, RESUELVE úNico. Ajustar el monto del beneficio de la jubilación correspondiente a la Funcionaria RANGEL PARRA IBETH DEL VALLE, titular de la cédula de identidad N° V- 10.720.186, quien desempeñÓ el Cargo CONTROLADOR DE TRÁNSITO AEREO r r PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TRANSPORTE AÉREO de este Ministerio. Dicho ajuste se realiza según el Decreto N° 589 con relación a "La Escala Especial de Sueldo". correspondiente a la prenombrada funcionaria la cantidad de BOívares CINcoMIL CUATROCIENTOS QUINCE BOLÍVARES CON TREINTA Y SEIS página original (tal como se publicó) [Página 29] CÉNTIMOs(B,onvigenciaapartir del1°de diciembre de 2013 fecha de validez de su jubilación. MI HEBERTÃOSUÉ GARCÍA PLAZA O DEL. MMinistro Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013 Gaceta Oficial N° 40.151 de fecha 22 de abril de 2013 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N°0 38 0 8 ABR. 2014 CARACAS, AÑOS 203° y 155° Conforme con lo establecido en los artículos 62 y 77, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concurrencia con lo establecido en la Ley del Estatuto sobre Régimen de Jubilados y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios en sus artículos 13 y 16 del Reglamento Eiusdem. POR CUANTO Mediante Resolución N° 138 de fecha 29 de agosto de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.240 de fecha 30 de agosto de 2013, el Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, otorgó el beneficio de Jubilación al Funcionario MAIZ ARIAS NICANOR JosÉ, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.686.847, por la cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE BOLÍVARES CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOs (Bs. 9.417,33) mensuales equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) del sueldo promedio de los últimos veinticuatro (24) meses, a partir del 1° de julio de 2013. . POR CUANTO Mediante Decreto N° 589 de fecha 12 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.295 de fecha 15 de noviembre de 2013, el Siudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela apebla Escala Especial de Sueldos para los cargos clasificados entraadores(as) de Tránsito Aéreo (C.T.A), Técnicos(as) en Información Aeronáuticas, Operadores(as) de Telecomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Radiocomunicaciones Aeronáuticas, Técnicos(as) en Operaciones Aeropuertaria, Inspectores(as) de Mecánica de Aviación, Oficiales de Búsqueda y Salvamento, Pilotos de Búsqueda y Salvamento, Bomberos(as) Aeronáutico(as), e Inspectores(as) Aeronáutico(as), con vigencia desde el 1° de enero de 2013; este Despacho, RESUELVE ÚNIco. Ajustar el monto del beneficio de la jubilación correspondiente al Funcionario MAIZ ARIAS NICANOR JOSÉ, titular de la cédula de identidad N° V-4.686.847, quien desempeñó deTÉCNICO RADIOCOMUNICACIONES el cargo AERONÁUTICAS JEFE II, adsCritO a la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TRANSPORTE AÉREO de este Ministerio. Dicho ajuste se realiza según el Decreto N° 589 con relación a "La Escala Especial de Sueldo", correspondiente al prenombrado funcionario la cantidad_ de Bolívares DocE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLIVARES CON SESENTA Y UN CÉNTIMOs (Bs.12.986,61), con vigencia a partir del 1° de julio de 2013, fecha de validez de su jubilación. REPÚBL M/G.EBERT JOSIÉ GARCÍA PLAZA Ministro Decreto N° d2 de fécha 2 de abril de 2013 Gaceta Oficial N° 40.151 de fecha 22 de abril de 2013 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° Ω1 CARACAS, AD_ DE MARZO DE 2014 AÑOS 203° y 154° Quien suscribe, Haiman El Troudi, Ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre, designado mediante Decreto N° 127 de fecha 27 de mayo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.175 de fecha 27 de mayo de 2013, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 77 numerales 19 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 40 ejusdem. POR CUANTO Atendiendo al número significativo de los proyectos que contempla el Gobierno de Calle, atendiendo a la optimización vial, contemplando un programa nacional de Importación y colocación de ojos de gato, sustitución y la colocación de defensas, restitución y colocación de señalización vertical, puentes metálicos y maquinarias, permitiendo la implementación de un número significativo de frente de trabajo a nivel nacional; se importaran y colocarán directamente sin intermediación los respectivos equipamientos, POR CUANTO Para la ejecución de este proyecto se pretende el cambio de modelo de gestión a desarrollar en su ejecución, por tanto, se atenderán mayoritariamente a través de la ejecución directa, con mayor apoyo de las comunidades y brigadas de mantenimiento y construcción, para de esta manera lograr un uso eficiente de los recursos, POR CUANTO Es competencia de este Ministerio el desarrollo de los planes de movilidad en el territorio nacional y garantizar el mejor desempeño de las actividades de construcción de las vías de comunicación, POR CUANTO La Sociedad Anónima Vialidad y Construcciones Sucre (vYcsucRE), en su carácter de ente descentralizado, cuenta con la capacidad técnica y administrativa para llevar a cabo la contratación de la obra, así como para realizar su supervisión e inspección, de manera que lapsos previstos; en el marco del Gobierno Bolivariano, POR CUANTO En el marco del Gobierno de la Eficiencia en la Calle fueron aprobadas por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la ejecución de la obra: "OPTIMIzACIóN VIAL (IMPORTACIÓN DE OJOS DE GATO, DEFENSAS, SEÑALIZACIÓN, PUENTES METÁLICOS Y MAQUINARIAS) DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE OBRAS DE VIALIDAD 2014", página original (tal como se publicó) [Página 30] por un mOnto total de TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO DÓLARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS ($ 36.889.308,50) que serán financiados por el Fondo de Desarrollo Nacional (FOnDEN), para ser ejecutada en un lapso no mayor al 31 de diclembre de 2015. La administración de los recursos de la presente encomienda, estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria que vaya asignando la Fuente de Financiamiento a la ejecución del presente proyecto, RESUELVE Artículo 1.-Encomendar a la Sociedad Anónima Vialidad y Construcciones Sucre (VYCsUcRE), la ejecución de la Obra "OPTIMIZACIÓN VIAL (IMPORTACIÓN DE OJOS DE GATO, DEFENSAS, SEÑALIZACIÓN, PUENTES METÁLICOS Y MAQUINARIAS) DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE OBRAS DE VIALIDAD 2014", por un monto total de TREINTA YSEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO DÓLARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS ($ 36.889.308,50) que serán financiados por el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), a la SOCIEDAD ANÓNIMA VIALIDAD Y CONSTRUCCIONES SUCRE (VYCSUCRE), de conformidad con lo establecido en el artículo 38 y 40 de la Ley Orgánica de Administración Pública publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el No. 5.890, Extraordinario de fecha de fecha 31 de julio de 2008, a los fines de garantizar que los planteamientos del Gobierno Bolivariano se concreten de manera eficiente, en función de reforzar las prioridades en materia de movilidad vial para el Estado Carabobo. Artículo 2.- La contratación de la referida obra la realizará la Socledad Anónima Vialidad y Construcciones Sucre (VYCsUCRE), como ente contratante, en estricto cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas vigente y su Reglamento; debiendo dar inicio a los trámites de la contratación dentro de los quince (15) días siguiente a la entrada en vigencia de la presente encomienda. En el marco de tal procedimiento, la Sociedad Anónima Vialidad y Construcciones Sucre (VYcsucRE) velará porque en la contratación de la empresa venezolana que resulte seleccionada para la ejecución de la obra, se establezca un anticipo contractual de cincuenta por ciento (50%) del monto total de la obra y el resto del monto sea cancelado contra valuaciones presentadas por dicha empresa. Artículo 3.- En ejercicio de la presente encomienda, la Sociedad Anónima Vialidad y Construcciones Sucre (VYCsuCRE), deberá presentar a requerimiento de este Ministerio, un informe técnico detallado de las actividades cumplidas, el cual deberá contener, al menos, el avance físico de la obra, ejecución financiera del contrato, resultados de ensayo de laboratorio, control de inversión y soporte fotográfico del caso. Artículo 4.- La Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura y Vialidad de este Ministerio y el ente encomendado designarán personal que tendrán la responsabilidad de coordinar y hacer seguimiento del proceso hasta la suscripción del Acta de Aceptación Definitiva de la obra. Igualmente, dicho personal deberá elaborar un cronograma de actividades y en tal sentido, mantener informado al Ministro y al Presidente de VYCsucRE del desarrollo de la obra hasta su total culminación. Artículo 5.- EL Ministerio podrá supervisar y evaluar de manera directa o indirecta la ejecución de la obra y, en tal sentido, podrá efectuar las recomendaciones que considere convenientes, las cuales son de obligatorio cumplimiento para el ente encomendado. Artículo 6.- La Sociedad Anónima Vialidad y Construcciones Sucre (vycsucRE), no podrá ceder ni parcial ni totalmente la administración de los recursos previstos en esta encomienda, los cuales permanecerán en custodia del Fondo de Desarrollo Nacional (FoNDEN), y serán transferidos directamente a las contratistas, en los términos y condiciones previstos en esta encomienda y en el contrato de obra que suscriba con dicho ente encomendado. Artículo 7.- Esta encomienda entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y se mantendrá vigente hasta la firma del Acta de Aceptación Definitiva de la obra. Comuníquese y Publíquese HAIMAN EL TROUDI OESDACH MINISTRO Ministro REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° CARACAS, DE MARZO DE 2014 AÑOS 203° y 154° Quien suscribe, Haiman El Troudi, Ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre, designado mediante Decreto Nº 127 de fecha 27 de mayo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.175 de fecha 27 de mayo de 2013, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 77 numerales 19 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 40 ejusdem. POR CUANTO Debido al alto congestionamiento que actualmente se generan en el área metropolitana de Valencia, en el marco del Gobierno de Eficiencia en la Calle del Estado Carabobo, se propone disminuir el tiempo de recorrido de éste y el descongestionamiento de los Distribuidores de San Blas y Bárbula, con la continuación de los trabajos de la interconexión vial, para unir los valles de Valencia y San Diego del Estado Carabobo, POR CUANTO Es competencia de este Ministerio el desarrollo de los planes de movilidad en el territorio nacional y garantizar el mejor desempeño de las actividades de construcción de las vías de comunicación, POR CUANTO La Sociedad Anónima Vialidad y Construcciones Sucre (vYcsucRE), en su carácter de ente descentralizado, cuenta con la capacidad técnica y administrativa para llevar a cabo la contratación de la obra, así como para realizar su supervisión e inspección, de manera que los trabajos se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas y en los lapsos previstos; en el marco del Gobierno Bolivariano, POR CUANTO En el marco del Gobierno de la Eficiencia en la Calle fueron aprobadas por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la ejecución de la obra: *TÚNEL SAN DIEGO - VALENCIA EN EL ESTADO CARABOBO", por un monto total de QUINIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS BOLÍVARES CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 503.279.666,43) y SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (€ 75.106.177,33), de los cuales, se requieren para ejecutar en el ejercicio del año 2014 la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 250.000.000,00) y CUARENTA Y CINCO MILLONES DE EUROS CON CERO CÉNTIMOS (€ 45.000.000,00) que serán financiados por el Fondo de Desarrollo Nacional página original (tal como se publicó) [Página 31] (FONDEN), para ser ejecutada en un lapso no mayor al 31 de diciembre de 2015. La administración de los recursos de la presente encomienda, estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria que vaya asignando la Fuente de Financiamiento a la ejecución del presente proyecto, RESUELVE Artículo 1.- Encomendar a la Sociedad Anónima Vialidad y Construcciones Sucre (VYCsucRE), la ejecución de la Obra: "TÚNEL SAN DIEGO - VALENCIA EN EL ESTADO CARABOBO", pOr un mOnto tOtal de QUINIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS BOLÍVARES CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (BS. 503.279.666,43) y SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIM0s (€ 75.106.177,33), de los cuales, se requieren para ejecutar en el ejercicio del año 2014 la cantidad de DosCIENTos CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs.250.000.000,00)y CUARENTA Y CINCO MILLONES DE EUROS CON CEROCÉNTIMOS (€45.000.000,00) que serán financiados por el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), a la SOCIEDAD ANÓNIMA VIALIDAD Y CONSTRUCCIONES SUCRE (vYcsucRE), de conformidad con lo estableddo en el artículo 38 y 40 de la Ley Orgánica de Administración Pública publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el No. 5.890, Extraordinario de fecha de fecha 31 de julio de 2008, a los fines de garantizar que los planteamientos del Gobierno Bolivariano se concreten de manera eficiente, en función de reforzar las prioridades en materia de movilidad vial para el Estado Carabobo. Artículo 2.- La contratación de la referida obra la realizará la Sociedad Anónima Vialidad y Construcciones Sucre (VYCsUCRE), como ente contratante, en estricto cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas vigente y su Reglamento; debiendo dar inicio a los trámites de la contratación dentro de los quince (15) días siguiente a la entrada en vigencia de la presente encomienda. En el marco de tal procedimiento, la Sociedad Anónima Vialidad y Construcciones Sucre (VYCsUCRE) velará porque en la contratación de la empresa venezolana que resulte seleccionada para la ejecución de la obra, se establezca un anticipo contractual de cincuenta por ciento (50%) del monto total de la obra y el resto del monto sea cancelado contra valuaciones presentadas por dicha empresa. Artículo 3.- En ejercicio de la presente encomienda, la Sociedad Anónima Vialidad y Construcciones Sucre (VYCsUCRE), deberá presentar a requerimiento de este Ministerio, un informe técnico detallado de las actividades cumplidas, el cual deberá contener, al menos, el avance físico de la obra, ejecución financiera del contrato, resultados de ensayo de laboratorio, control de inversión y soporte fotográfico del caso. Artículo 4.- La Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura y Vialidad de este Ministerio y el ente encomendado designarán personal que tendrán la responsabilidad de coordinar y hacer seguimiento del proceso hasta la suscripción del Acta de Aceptación Definitiva de la obra. Igualmente, dicho personal deberá elaborar un cronograma de actividades y en tal sentido, mantener informado al Ministro y al Presidente de vycsucRE del desarrollo de la obra hasta su total culminación. Artículo 5.- EL Ministerio podrá supervisar y evaluar de manera directa o indirecta la ejecución de la obra y, en tal sentido, podrá efectuar las recomendaciones que considere convenientes, las cuales son de obligatorio cumplimiento para el ente encomendado. Artículo 6.- La Sociedad Anónima Vialidad y Construcciones Sucre (vycsucRE), no podrá ceder ni parcial ni totalmente la administración de los recursos previstos en esta encomienda, los cuales permanecerán en custodia del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), y serán transferidos directamente a las contratistas, en los términos y condiciones previstos en esta encomienda y en el contrato de obra que suscriba con dicho ente encomendado. Artículo 7.- Esta encomienda entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y se mantendrá vigente hasta la firma del Acta de Aceptación Definitiva de la obra. ComuníqueseRastiqpese Ministro REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° Ω 16_ CARACAS, _ DE MARZO DE 2014 AÑOS 203° y 154° Quien suscribe, Haiman El Troudi, Ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre, designado mediante Decreto Nº 127 de fecha 27 de mayo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.175 de fecha 27 de mayo de 2013, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 77 numerales 19 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 40 ejusdem; POR CUANTO Existe una evidente necesidad de atención a las comunidades que habitan en la zona con lo cual se lograría beneficiar a un tránsito promedio de 45.000 vehículos diarios y a una población aproximada de doscientos cincuenta mil personas (250.000) que habitan en el sector Morón, los cuales se ven afectados actualmente por el congestionamiento vehicular que se produce en la zona, POR CUANTO La importante decisión de incluir éste estado central en las actividades de construcción de vías y puentes a nivel nacional, representa un avance en materia de estrategias comerciales, desarrollo de las poblaciones remotas del país en el cual, se incrementa el número de habitantes y por ende de sus necesidades; además de estar inmersa la atención del tema de seguridad y defensa de la República, POR CUANTO Es competencia de este Ministerio el desarrollo de los planes de movilidad en el territorio nacional y garantizar el mejor desempeño de las actividades que depende del tránsito por las vías de todo el Territorio Nacional, POR CUANTO En el marco del Gobierno de la Eficiencia en la Calle fueron aprobadas por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la ejecución de la obra: "CULMINACIóN DE CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA CENTRO OCCIDENTAL, CIMARRÓN ANDRESOTE, TRAMO ALPARGATÓN DISTRIBUIDOR CAVIM EN TABORDA", Estado Carabobo por un monto total de UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 1.266.000.000,00), de los Cuales, se requieren para ejecutar en el ejercicio del año 2014 la cantidad de OCHOCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 800.000.000,00), que serán financiados por el FONDo CHINO- VENEzOLANO, para ser ejecutada en un lapso no mayor al 31 de diciembre de 2015. La administración de los recursos de la presente encomienda, estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria que vaya asignando la Fuente de Financiamiento a la ejecución del presente proyecto, POR CUANTO Esta proposición de otorgar la presente Encomienda de Gestión, a la SOCIEDAD ANÓNIMA VIALIDAD Y CONSTRUCCIONES SUCRE página original (tal como se publicó) [Página 32] (VYCsucRE), en su carácter de ente descentralizado, cuenta con la capacidad técnica y administrativa para llevar a cabo la contratación, supervisión, inspección y ejecución de forma parcial o total de las obras, de manera que los trabajos se hagan conforme a las especificaciones _técnicas y en los lapsos previstos; en el marco del Gobierno de Eficiencia en la Calle impuesto por el Ejecutivo Nacional, RESUELVE Artículo 1.- Encomendar a la Sociedad Anónima Vialidad y Construcciones Sucre (vYcsucrE), la contratación de la obra "CULMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA CENTRO OCCIDENTAL, CIMARRÓN ANDRESOTE, TRAMO ALPARGATÓN DISTRIBUIDOR CAVIM EN TABORDA", Estado Carabobo por un monto total de UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 1.266.000.000,00), de los cuales, se requieren para ejecutar en el ejercicio del año 2014 la cantidad de OCHOCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOs (Bs. 800.000.000,00), que serán financiados por el FONDO CHINO-VENEZOLANO, para ser ejecutada en un lapso no mayor al 31 de diciembre de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 y 40 de la Ley Orgánica de Administración Pública publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el No. 5.890, Extraordinario de fecha de fecha 31 de julio de 2008, a los fines de garantizar que los planteamientos del Gobierno Bolivariano se concreten de manera eficiente, en función de reforzar las prioridades en materia de movilidad vial para el Estado Carabobo. Artículo 2.- La contratación de las referidas obras la realizará la Sociedad Anónima Vialidad y Construcciones Sucre (VYCsuCRE), como ente contratante, en estricto cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas vigente y su Reglamento; debiendo dar inicio a los trámites de la contratación dentro de los quince (15) días siguiente a la entrada en vigencia de la presente encomienda. En el marco de tal procedimiento, la Sociedad Anónima Vialidad y Construcciones Sucre (VYcsucRE) velará porque en la contratación — de las empresas venezolanas que resulten seleccionadas para la , ejecución de las obras, se establezca un anticipo contractual de cincuenta ,por ciento (50%) del monto total de la obra y el resto del monto sea cancelado contra valuaciones presentadas por dichas empresas. Artículo 3.- En ejercicio de la presente encomienda, la Sociedad Anónima Vialidad y Construcciones Sucre (VYcsUCRE), deberá presentar a requerimiento de este Ministerio, un informe técnico detallado de las actividades cumplidas, el cual deberá contener, al menos, el avance físico de cada obra, ejecución financiera de cada contrato, resultados de ensayo de laboratorio, control de inversión y soporte fotográfico de cada caso. Artículo 4.- La Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura y Vialidad de este Ministerio y el ente encomendado designarán personal que tendrán la responsabilidad de coordinar y hacer seguimiento del proceso hasta la suscripción de las Actas de Aceptación Definitivas de cada obra. Igualmente, dicho personal deberá elaborar un cronograma de actividades y en tal sentido, mantener informado al Ministro y al Presidente de vvcsucrE del desarrollo de las obras hasta su total culminación. Artículo 5.- EL Ministerio podrá supervisar y evaluar de manera directa o indirecta la ejecución de las obras y, en tal sentido, podrá efectuar las recomendaciones que considere convenientes, las cuales son de obligatorio cumplimiento para el ente encomendado. Artículo 6.- La Sociedad Anónima Vialidad y Construcciones Sucre (vycsucRE), no podrá ceder ni parcial ni totalmente la administración de los recursos previstos en esta encomienda, los cuales permanecerán en Custodia del FONDO CHINO - VENEZOLANO y serán transferidos directamente a las contratistas, en los términos y condiciones previstos en esta encomienda y en el contrato de obra que suscriba con dicho ente encomendado. Artículo 7.- Esta encomienda entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y se mantendrá vigente hasta la firma del Acta de Aceptación Definitiva de la última de las obras. Comuníquese y Publiquese HAIMAN EL TROUDI Ministro * REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° _17_CARACAS, 4QDE MARZO DE 2014 AÑOS 203° y 154° Quien suscribe, Haiman El Troudi, Ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre, designado mediante Decreto Nº 127 de fecha 27 de mayo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.175 de fecha 27 de mayo de 2013, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 77 numerales 19 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 40 ejusdem, POR CUANTO Existe una evidente necesidad de atención a las comunidades que habitan en la zona andina de la nación, mejorando la comunicación vial entre los estados Mérida, Táchira, Zulia y Trujillo, y la zona fronteriza de Colombia, donde se produce y comercializa gran cantidad de rubros agrícolas, pecuarios y mineros hacia el centro y oriente del país, POR CUANTO La importante decisión de incluir éste estado andino fronterizo en las actividades de construcción de vías y puentes a nivel nacional, representa un avance en materia de estrategias comerciales, desarrollo de las poblaciones remotas del -país en el cual, se incrementa el número de habitantes y por ende de sus necesidades; además de estar Inmersa la atención del tema de seguridad y defensa de la República, POR CUANTO Es competencia de este Ministerio el desarrollo de los planes de movilidad en el territorio nacional y garantizar el mejor desempeño de las actividades que depende del tránsito por las vías de todo el Territorio Nacional, POR CUANTO En el marco del Gobierno de la Eficiencia en la Calle fueron aprobadas por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la construcción de un Segundo Puente sobre el Río Chama para el estado Mérida; aprobándose mediante Punto de Cuenta N° 007-14 de fecha 18/03/2014, el proyecto de Ejecución de la obra: SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO CHAMA "COMANDANTE SUPREMO HUGO CHÁVEz", Estado Mérida por un monto total de TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOs (Bs. 3.133.352.000,00), de los cuales, se requieren para ejecutar en el ejercicio del año 2014 la cantidad de SETECIENTos DE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS MILLONES (Bs. 700.000.000,00), que serán financiados por el FOnDo CHINOdiciembre de 2015. La administración de los recursos de la presente encomienda, estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria que vaya asignando la Fuente de Financiamiento a la ejecución del presente proyecto, POR CUANTO Esta proposición de otorgar la presente Encomienda de Gestión, a la SOCIEDAD ANÓNIMA_VIALIDAD Y CONSTRUCCIONES SUCRE página original (tal como se publicó) [Página 33] (VYCsucRE), en su carácter de ente descentralizado, cuenta con la capacidad técnica y administrativa para llevar a cabo la contratación, supervisión, inspección y ejecución de forma parcial o total de las obras, . de manera que los trabajos se hagan conforme a las especificaciones técnicas y en los lapsos previstos; en el marco del Gobierno de Eficiencia en la Calle impuesto por el Ejecutivo Nacional, RESUELVE Artículo 1.- Encomendar a la Sociedad Anónima Vialidad y Construcciones Sucre (VYCsuCRE), la contratación de la obra SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO CHAMA "COMANDANTE SUPREMO HUGo CHÁVEz", Estado Mérida por un monto total de TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 3.133.352.000,00), de los cuales, se requieren para ejecutar en el ejercicio del año 2014 la cantidad de SETECIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 700.000.000,00), que serán financiados por el FONDO CHINO- VENEzoLAN0, para ser ejecutada en un lapso no mayor al 31 de diciembre de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 y 40 de la Ley Orgánica de Administración Pública publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el No. 5.890, Extraordinario de fecha de fecha 31 de julio de 2008, a los fines de garantizar que los planteamientos del Gobierno Bolivariano se concreten de manera eficiente, en función de reforzar las prioridades en materia de movilidad vial para el Estado Mérida. Artículo 2.- La contratación de las referidas obras la realizará la Sociedad Anónima Vialidad y Construcciones Sucre (VYCsuCRE), como ente contratante, en estricto cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas vigente y su Reglamento; debiendo dar inicio a los trámites de la contratación dentro de los quince (15) días siguiente a la entrada en vigencia de la presente encomienda. En el marco de tal procedimiento, la Sociedad Anónima Vialidad y Construcciones Sucre _VYCsucRE) velará porque en la contratación de las empresas venezolanas que resulten seleccionadas para la ejecución de las obras, se establezca un anticipo contractual de cincuenta por ciento (50%) del monto total de la obra y el resto del monto sea cancelado contra valuaciones presentadas por dichas empresas. Artículo 3.- En ejercicio de la presente encomienda, la Sociedad Anónima Vialidad y Construcciones Sucre (VYCsUCRE), deberá presentar a requerimiento de este Ministerio, un informe técnico detallado de las actividades cumplidas, el cual deberá contener, al menos, el avance físico de cada obra, ejecución financiera de cada contrato, resultados de ensayo de laboratorio, control de inversión y soporte fotográfico de cada caso. Artículo 4.- La Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura y Vialidad de este Ministerio y el ente encomendado designarán personal que tendrán la responsabilidad de coordinar y hacer seguimiento del proceso hasta la suscripción de las Actas de Aceptación Definitivas de cada obra. Igualmente, dicho personal deberá elaborar un cronograma de actividades y en tal sentido, mantener informado al Ministro y al Presidente de VycsucRE del desarrollo de las obras hasta su total culminación. Artículo 5.- EL Ministerio podrá supervisar y evaluar de manera directa o indirecta la ejecución de las obras y, en tal sentido, podrá efectuar las recomendaciones que considere convenientes, las cuales son de obligatorio cumplimiento para el ente encomendado. Artículo 6.- La Sociedad Anónima Vialidad y Construcciones Sucre (vycsucrE), no podrá ceder ni parcial ni totalmente la \administración de los recursos previstos en esta encomienda, los cuales permanecerán en custodia del FONDo CHINo - VENEZOLANO y serán transferidos directamente a las contratistas, en los términos y condiciones previstos en esta encomienda y en el contrato de obra que suscribeà con dicho ente encomendado. Artículo 7.- Esta encomienda entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y se mantendrá vigente hasta la firma del Acta de Aceptación Definitiva de la última de las obras. LIVARIANA Comuníquese HAIMAN EL TROUDI Ministro MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES MPPCMS N° 025-2014 Caracas, 11 de marzo de 2014 203° y 155° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, designado mediante el Decreto Presidencial N° 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de la misma fecha, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 38, 62 y 77, numeral. 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en atención a lo dispuesto en los articulos 5 numeral 2, 19 y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; asi como el 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. RESUELVE Articulo 1°. Modificar la Resolución N° 021-2014, de fecha 24 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.368, de fecha 10 de marzo de 2014. Articulo 2°. Se modifica el texto del de la Resolución N° 021-2014, de fecha 24 de febrero de 2014, de la siguiente manera: Donde dice: "...ÚNICO: Designar al ciudadano JESÚS RAFAEL HERRERA MEDINA, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.513.746 como Director General de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, adscrito al Despacho del Viceministro de Economía Comunal de este Ministerio a partir del 20 de febrero de 2014. Conforme lo establece el articulo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, comuníquese y publíquese...". Debe decir: "...PRIMERO: Designar al ciudadano JESÚs RAFAEL HERRERA MEDINA, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.513.746 como Director General de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, adscrito al Despacho del Viceministro de Economía Comunal de este Ministerio. sEGunDo: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Conforme lo establece el articulo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, comuníquese y publíquese....". Artículo 3°. Publíquese en un solo texto la Resolución que ordena la reforma de la Resolución N° 021-2014, de fecha 24 de febrero de 2014, con las modificaciones contenidas en el presente acto, conservando la firma, la fecha y demás datos de aprobación y publicación de la Resolución reformada, en los términos que se indican. Conforme lo establece el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, comuníquese y publíquese. REINALDOTONO ITURRIZA I Ministro del/Hoder Popular bara Comuhas y 8é Movimiento ciaiei Decreto N° 02 de fecha 22 -04 Gaceta Oficial N° 40.151 de fecha 3. página original (tal como se publicó) [Página 34] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Caracas, 24 de febrero de 2014 MPPCMS N° 021 -2014 203° y 155° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, designado mediante Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de la misma fecha, en ejercicio de la atribución conferida por el articulo 62 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 5 numeral 2, 19 y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. RESUELVE PRIMERO: Designar al ciudadano JESÓS RAFAEL HERRERA MEDINA, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.513.746 como Director General de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, adscrito al Despacho del Viceministro de Economía Comunal de este Ministerio. SEGunDo: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Conforme lo establece el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, comuníquese y publíquese. Ministro dey Poder Popular lera Comunas y los Movimientos Decreto N° 02 de fecha 22 -04 Gaceta Oficial N° 40.151 de fecha 2 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN CORPORACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AGRÍCOLAS LA CASA S.A CARACAS, 24 DE MARZO DE 2014 203° y 155° Ciudadano, FÉLIX RAMÓN OSORIO GUZMÁN, venezolano, mayor de edad, titular de la nombramiento consta en Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha nueve (09) de octubre de dos mil trece (2013), inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto del Distrito Capital, en fecha once (11) de octubre de dos mil trece (2013), bajo el N° 16, Tomo 311-A, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.270, de fecha once (11) de octubre de dos mil trece (2013): quien actúa suficientemente autorizado de acuerdo con lo dispuesto en el literal "T de la Cláusula Vigésima Segunda de sus Estatutos Sociales, del Acta Constitutiva Estatutaria de la Corporación de Abastecimiento MINISTERIO DEL PODER POPULAR PÁRA LA ALIMENTACIÓN, conforme al Decreto N° 6.732, de fecha 02 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202 de fecha 17 de junio de 2009 e inscrita originalmente ahora Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 02 de agosto de 1989, quedando anotado bajo el N° 44, Tomo 36-A, siendo su última modificación estatutaria mediante Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 26 de junio de 2013, inscrita ante el de 2013, quedando anotada bajo el N° 26,Tomo 221-A; de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Contrataciones Públicas publicada en la Gaceta Oficial de la concordancia con el articulo 15 de Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 39.181 de fecha 19 de mayo de 2009. DECIDE Primero: Se constituye La Comisión de Contrataciones Permanente de esta Corporación, de conformidad con la Resolución N° JD-2014-165 de la Junta Directiva de la Corporación de efectos de llevar a cabo los procedimientos de Selección de Contratistas previstos en la Ley de Contrataciones Públicas. Quedando conformada dicha Comisión Permanente de Contrataciones bienes, obras y servicios de la manera siguiente: Von Richeiman Ruilz Ramos Ramirez de Rodriguez JURÍDICA C1.V- 0 230.103 C.1. V-9,609.628 Sorely Josefna Märquez Gonzäiez C1 12 237.312 David Antonio Mendoza Yemaui Alexandrs Jackeline Moreira Aroentaies ECONÓMICA C.IV- 11.598.884 C.LV 17.142.685 FINANCIERA Luie Alirio Veraz a Nleves C.I 0.387.728 Rubén Darlo Pineda Coimenares Luis José Farias Beberagol TÉCNICA C.1V 5.792.037 C.L. V 12.459.763 Leonardo Jesús Ells Montaner C.I 11.939.948 SECRETARIA DE LA COMISIÓN V.- 15.805.515 Rubén Dario Torres Duque Segundo: La Junta Directiva de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas LA CASA S.A, Autoriza a su Presidente para realizar todos los trámites referentes a la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, cumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas. Se deja sin efecto la Comisión de Contrataciones de esta Corporación publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.181 de fecha 04 de junio de 2013. Comuniquese y publiquese, LRESIPENTE DE LA CASA, S.A FELIX BAMÓN OSORIO GUZMAN MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER Providencia N° 005-2014 Caracas, 24 de marzo de 2014 203°, 155° y 15° Quien suscribe, ciudadana ISABEL YEKUANA MARTÍNEZ LÓPEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V- 18.505.480, procediendo en mi carácter de Directora General (E) del Instituto Nacional de la Mujer, designada mediante Providencia N°002/2014 de fecha 17 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.359 de fecha 19 de febrero de 2014; en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Providencia N°003/2014 de fecha 19 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.369 de fecha 11 de marzo de 2014, por la ciudadana Presidenta (E) del Instituto, ciudadana Andreína Tarazón Bolívar, designada mediante Decreto N° 57 de fecha 03 de mayo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.160 de fecha 06 de mayo de 2013, dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA ARTÍCULO 1.- Se designa a la ciudadana EUDIS JOSEFINA PÉREZ PÉREZ, titular de la cédula de identidad N° V- 10.956.244, como DIRECTORA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ALTERNATIVO Y POLÍTICA REGIONAL del Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER). ARTícuLo 2.- Corresponde a la funcionaria designada, en su carácter de Directora de la Gerencia de Desarrollo Alternativo y Política Regional del Instituto Nacional de la Mujer, el ejercicio de las siguientes funciones: 1. Promover acciones para lograr la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres, contribuyendo a la erradicación de las formas de discriminación basadas en género, etnia, condición social, discapacidad, sexo y creencias religiosas, en las políticas públicas y poderes públicos del Estado venezolano. 2. Desarrollar planes, programas, proyectos y estrategias para la incorporación de la perspectiva de género en las políticas del Estado venezolano. 3. Establecer enlaces y acuerdos interinstitucionales con organismos gubernamentales para la incorporación de la perspectiva de género, etnicidad y discapacidad, a nivel institucional. formulación de políticas públicas dirigidas a mujeres con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, adultas mayores y en situación de vulnerabilidad. 5. Desarrollar planes de difusión de información en materia de género, afrodescendencia, etnicidad, discapacidad, ciclos de vida, nuevas masculinidades, paternidad responsable, presupuestos y estadisticas, dirigidos a las organizaciones comunitarias y servidoras y servidores públicos. 6. Generar acciones para el empoderamiento de las mujeres indígenas y afrodescendientes en sus comunidades para su autoreconocimiento étnico, desarrollo integral y participación plena en el ejercicio de su ciudadanía. 7. Coordinar y consolidar la programación mensual y trimestral de la ejecución fisica y cualitativa, correspondiente a los proyectos asignados, en coordinación con la Oficina de Organización, Planificación y Presupuesto. página original (tal como se publicó) [Página 35] 8. Remitir mensual y trimestralmente a la Oficina de Planificación, Organización y Presupuesto, los resultados de la ejecución física y logros adicionales, correspondiente a los proyectos asignados, así como todas aquellas solicitudes de información inherentes a la ejecución física y técnica, cumpliendo con los principios de eficiencia, prontitud y celeridad. 9. Proponer a la Gerencia de Investigación y Capacitación, los temas de investigación vinculados al ámbito de acción de la Gerencia de Desarrollo Alternativo y Políticas Regionales a saber: Perspectiva de Género, Etnicidad, Masculinidades, Equidad de Género, Afrodescendencia, Discapacidad, Diversidad, Ciclo de Vida, entre otros; a fin de desarrollar temas referidos a estos ámbitos para la aplicación de acciones que permitan difundir la información y coadyuvar a una mejor calidad de vida de las mujeres, en sus relaciones con la sociedad. 10.Establecer la programación para la formación de los Agentes Multiplicadores de Información, sobre los temas desarrollados en las investigaciones realizadas conjuntamente con la Gerencia de Investigación y Capacitación. su dirección. 12.Establecer los vínculos y relaciones necesarias con los órganos en la materia de su competencia. 13.Representar al Instituto Nacional de la Mujer, en las actividades que guarden relación con su área de desempeño, promovidos por la Institución u otros organismos nacionales e internacionales, previa instrucción de la instancia competente. 14.Rendir cuentas sobre las materias de su competencia a los órganos de control interno y externo competentes. 15.Elaborar Informe Estadistico Mensual de Gestión del Área, a fin de presentarlo a la Oficina de Organización, Planificación y Presupuesto. operaciones, para garantizar el cumplimiento de objetivos y metas, y la eficiencia, eficacia, economía y calidad su desempeño. 17.Participar en los Comités o Mesas de Trabajo, permanentes o eventuales, de acuerdo a los criterios estabiecidos por el Directorio Ejecutivo y la Presidencia, deban contar con la presencia del área específica. 18.Las demás que le sean asignadas por las máximas autoridades jerárquicas del Instituto y por el ordenamiento jurídico. ARTicULO 3.- La funcionaria designada presentará a la Presidenta (E) o a la Directora General (E) del Instituto, en la forma y oportunidad que éstas indiquen, una relación detallada de los actos y documentos emitidos o firmados en ejercicio de estas atribuciones. ARTIcuLo 4.- La Presidenta (E) y la Directora General (E) del Instituto se reservan en todo caso, el derecho de ejercer directamente todas las facultades conferidas a través de esta Providencia. 1 ARTícuLo 5.- Los actos y documentos que suscriba la funcionaria en ejercicio de la presente designación, deberán indicar bajo su fima la fecha, número y datos de publicación oficial de esta Providencia. ARTícuLo 6.- La presente designación tiene vigencia desde el 24 de marzo de 2014. Comuníquese y Publíquese, Ekuana ISABEL YEKUANARTINEZ Directora General (E) de pide aboete Ofcial de Designe de s0gún Providencia N°002/2014 del 17/02/2014. la República Bolvariana de Venezuela M° 40.359 del 19/02/2014; sugan delegado mediante Providencila N°003/2014 del 19/02/2014. publicade an la Gacata Oßcial de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER Caracas, 04 de abril de 2014 Providencia N° 006-2014 203°, 155° y 15° Quien suscribe, ciudadana ISABEL YEKUANA MARTÍNEZ LÓPEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V- 18.505.480, procediendo en mi carácter de Directora General (E) del Instituto Nacional de la Mujer, designada mediante Providencia N°002/2014 de fecha 17 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.359 de fecha 19 de febrero de 2014; en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Providencia N°003/2014 de fecha 19 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.369 de fecha 11 de marzo de 2014, por la ciudadana Presidenta (E) del Instituto, ciudadana Andreína Tarazón Bolívar, designada mediante Decreto N° 57 de fecha 03 de mayo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.160 de fecha 06 de mayo de 2013, dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA ARTÍCULO 1.- Se designa al ciudadano HEBER ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 5.224.203, como DIRECTOR DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS del Instituto Nacional de la Mujer. ARTícULO 2.- Corresponde al funcionario designado, en su carácter de Director de la Oficina de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Mujer, el ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 45 de la Providencia Administrativa N° 013-2012 de fecha 27 de diciembre de 2012, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.104, de fecha 04 de febrero de 2013, mediante la cual se dictó el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento del Instituto Nacional de la Mujer y, además expedir copias certificadas de los documentos originales que reposan en los expedientes administrativos del personal que labora o laboró para el Instituto, a solicitud de parte interesada legítima o de las autoridades competentes. ARTicULO 3.- El funcionario designado presentará a la Presidenta (E) o a la Directora General (E) del Instituto, en la forma y oportunidad que éstas indiquen, una relación detallada de los actos y documentos emitidos o firmados en ejercicio de estas atribuciones. ARTiCULO 4.- La Presidenta (E) y la Directora General (E) del Instituto se reservan en todo caso, el derecho de ejercer directamente todas las facultades conferidas a través de esta Providencia. ARTÍCULO 5.- Los actos y documentos que suscriba el funcionario en ejercicio de la presente designación, deberán indicar bajo su firma la fecha, número y datos de publicación oficial de esta Providencia. ARTícULO 6.- La presente designación tiene vigencia desde el 04 de abril de 2014. Comuníquese y Publiquese, 22 ISABEL YEKUMAR Directora GeneraluNAMB Desionada según Providencie N°o02/2014 del 17 n la Gaceta Oficial de la República Bollvarlana de Venezuela N° 40.359 del Ticticimmc- según delegación median de Providencia N°003/2014 del 19/02/2014, publicada en la Gacela Oficial de la República TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA N-245 LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE, EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA CONSTITUCIONAL Expediente n.° 14-0205 PONENCIA CONJUNTA Mediante escrito presentado el 7 de marzo de 2014, los ciudadanos Osmer Castillo, titular de la cédula de identidad n.° 11.745.348, en su condición de representante legal de SALAS & AGENTES ADUANEROS ASOCIADOS, C.A., Nelson Marcano, titular de la cédula de identidad n.° 3.808.271, en su condición de representante legal de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA NEL MAR, R.L., Julio Faria, titular de la cédula de identidad n.° 3.512.090, en su condición de representante legal de SERVITRANS ADUANA, C.A., Marcos Lacava, titular de la cédula de identidad n.° 7.174.791, en su condición de representante legal de la COOPERATIVA GRANELCA, R.L., José Simón Méndez Torres, titular de la cédula de página original (tal como se publicó) [Página 36] identidad n.° 8.193.608, en su condición de representante de la COOPERATIVA EL VARADERO DE MORÓN R.L., Lesbia Miquilarena, titular de la cédula de identidad n.° 14.167.317, en su condición de representante de TRANSPORTE ROMERO, C.A, Blanca Aida Gómez de Aguilar, titular de la cédula de identidad n.° 4.092.801, en su condición de representante legal de TRANSPORTE LOS ALMENDROS, C.A., Daniel Tiago Da Silva Pita, titular de de TRANSPORTE FÁTIMA, C.A., Alfonso Antonio Nava Romero, titular de la cédula de identidad n.° 5.812.638, en su condición de representante legal de la COOPERATIVA REVOLUCIONARIA MIRANDINA DEL ZULIA, RS., Manuela Goncalves, titular de la cédula de identidad n.° 16.184.331, en su condición de representante legal de la COOPERATIVA GM Y ASOCIADOS, R.L., Jesús Vergara, titular de la cédula de identidad n.° 17.006.593, en su condición de representante legal de la COOPERATIVA APUSHUNA EVENTOS, R.S., George Ramón Haroun, venezolano, titular de la cédula de identidad n.° 7.407.535, en su condición de representante legal de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA TRANSPORTE LA GRAN PROMESA, R.S., Omar Enrique Rodriguez Noroño, titular de la cédula de identidad n.° 4.477.389, en su condición de representante legal de TRANSPORTE FERTICARGAS 2021, C.A., todos asistidos del abogado Oscar Johny Martinez Sarmiento, titular de la cédula de identidad n.° 11.527.112, e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 133.753, domiciliado en Tocuyito, Municipio Libertador del Estado Carabobo, interponer ante esta Sala, "acción autónoma de AMPARO CONSTITUCIONAL para la defensa de derechos e intereses colectivos y difusos de la población venezolana", contra el ciudadano VICENCIO SCARANO SPISSO, Alcalde del Municipio San Diego del estado Carabobo y el ciudadano SALVATORE LUCCHESE SCALETTA en su condición de Director General de la Policia Municipal de San Diego del estado Carabobo, acción que [ejercen] de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (...) en concordancia con los articulos 1, 2, y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (en lo sucesivo LOA) y el artículo 146 de la Ley Orgánica del omisión de acciones tendentes a prevenir desórdenes públicos dentro del Municipio San Diego del Estado Carabobo, específicamente en el Distribuidor de San Diego y en las urbanizaciones cercanas, lo que ha generado la patente de corso para que personas violentas realicen trancas y cierres que conllevaron a que se haya atentado y se siga atentando contra el derecho que [tienen] de transitar libremente por las vias del estado Carabobo, [dedicarse] a una actividad económica libremente como lo es el transporte de personas y carga, derecho a la vida, a gozar de seguridad alimentaria y contar con un adecuado abastecimiento de productos". Mediante sentencia N° 136, del 12 de marzo de 2014, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se declaró competente para conocer la acción ejercida, la admitió, acordó amparo constitucional cautelar y remitió el expediente al Juzgado de Sustanciación para que continuara el procedimiento correspondiente. El 12 de marzo de 2014, la Secretaria de esta Sala notificó de la referida decisión a los ciudadanos Vicencio Scarano Spisso, Alcalde del Municipio San Diego del estado Carabobo y Salvatore Lucchese Scaletta, en su condición de Director General de la Policía Municipal del referido Municipio. Mediante sentencia N° 138, del 17 de marzo de 2014, esta Sala advirtió el posible desacato del amparo cautelar impuesto, y convocó a los prenombrados ciudadanos a una audiencia pública a celebrarse dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a que conste en autos su notificación, para que expongan los argumentos que a bien tuvieren en su defensa. El 19 de marzo de 2014, esta Sala Constitucional efectuó la mencionada audiencia pública, con la presencia e intervención de la representación del Ministerio Público, Dra. Roxana Orihuela, y la Defensoría del Puebio, Dres. Larry Devoe y Jesús Mendoza, asi como de la representación judicial de la parte demandante de autos, Dr. Oscar Johny Martinez Sarmiento, identificado ut supra, y de los ciudadanos Vicencio Scarano Spisso y Salvatore Lucchese Scaletta, junto a sus abogados defensores, Dres. Alonso Medina Roa y Ángel Jurado, respectivamente. Al finalizar el referido acto procesal, la Sala declaró, entre otros pronunciamientos, el desacato y sancionó a los nombrados ciudadanos a cumplir diez (10) meses y quince (15) dias de prisión, más las accesorias de la ley, por la comisión del referido desacato al mandamiento de amparo constitucional cautelar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, en consecuencia, el cese en el ejercicio de los cargos públicos que ostentaban ambos ciudadanos. I HECHO OBJETO DE LA AUDIENCIA 1. Del Mandato de Amparo Cautelar En el dispositivo de la sentencia N° 136, del 12 de marzo de 2014, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia asentó lo siguiente: "Se acuerda amparo constitucional cautelar y, en tal sentido, se ORDENA al ciudadano Vicencio Scarano Spisso, Alcalde del Municipio San Diego del estado Carabobo, que, dentro del marco jurídico que lo rige, y en el ámbito territorial que abarca el Municipio en el cual ejerce sus competencias como tal: Realice todas las acciones y utilicen los recursos materiales y 1. humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la Ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la via pública que impidan, perjudiquen o alteren el libre tránsito de las personas y vehículos; se éstas libres de basura, residuos y escombros, asi como de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana y, en fin, se evite la obstrucción de las vias públicas del referido Municipio. Cumpla con su deber de ordenación del tránsito de vehículos y 2. las vias públicas de su Municipio. 3. Vele por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario. Gire las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de 4. policia municipal, a fin de dar cumplimiento efectivo a lo previsto en los articulos 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policia y del Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana; y, en este sentido, Despliegue las actividades preventivas y de control del delito, así como, también en el âmbito de sus competencias, promover estrategias y procedimientos de proximidad con las comunidades de sus espacios territoriales, a fin de lograr la comunicación e interacción con sus derechos y el cumplimiento de la ley. Asimismo, se ORDENA al actual Director General de la Policia Municipal de San Diego del Estado Carabobo, ciudadano SALVATORE LUCCHESE SCALETTA, que, dentro del marco juridico que lo rige, y en competencias como tal: Despliegue las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento 1. efectivo a lo previsto en los articulos 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policia y del Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana, en especial para evitar la colocación de obstáculos en la vía pública que vehiculos, en fin, que impida la obstrucción las vías públicas del referido Municipio. Despliegue las actividades preventivas y de control del delito, así como, en el ámbito de sus competencias, promueva estrategias y procedimientos de proximidad con las comunidades de sus espacios territoriales, a fin de lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales, con el propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio pacifico de los derechos y el cumplimiento de la ley. Igualmente, se ORDENA al Alcalde del Municipio San Diego del estado Carabobo, ciudadano VICENCIO SCARANO SPISSO y al Director cabalidad con las competencias que le atribuye el ordenamiento tanto, Alcalde del Municipio San Diego del estado Carabobo y Director General de la Policia Municipal de San Diego del Estado Carabobo, respectivamente, con especial atención a lo previsto en el articulo en el Venezuela. 2. De la audiencia constitucional oral y pública realizada Como se indicó, el 17 de marzo de 2014 esta Sala advirtió el posible desacato del citado amparo cautelar decretado y, el 19 de ese mismo mes y año, efectuó audiencia oral para dilucidar tal circunstancia. 2.1.- Exposiciones de los intervinientes en la audiencia 2.1.1.- Demandante de autos: En ese acto procesal se le concedió la palabra, en primer lugar, al representante judicial de la parte accionante de autos, abogado Oscar Johny Martinez Sarmiento, identificado ut supra, quien expresó, entre otras cosas, que desde el 12 de marzo de 2014 se suscitaron hechos de violencia en el Municipio San Diego del Estado Carabobo que vulneraron el libre tránsito y otros derechos constitucionales. Que las "guarimbas" se agudizaron después de dictado el amparo cautelar. Que la noche anterior a la audiencia incendiaron una unidad de transporte. Que también habían quemado en ese Municipio tres gandolas y dos colectivos de transporte. Que hubo un homicidio generado por las barricadas, toda vez que una persona por sortear referidos intervinientes fue reproducido en la audiencia un video en el cual el Presidente de la Asamblea Nacional señala estos hechos de violencia en el Municipio San Diego del Estado Carabobo y elementos utilizados con ese fin página original (tal como se publicó) [Página 37] encontrados a cincuenta metros de un módulo de la policía municipal del referido Municipio. 2.1.2. Defensor del ciudadano Vicencio Scarano Spisso: El abogado defensor del ciudadano Vicencio Scarano Spisso Dr. Alonso Medina Roa, hizo mención a la doctrina reiterada de la Sala en la que, frente a situaciones similares, ha oficiado al Ministerio Público para que inicie la averiguación. Que su patrocinado ha cumplido el mandamiento de amparo. Sostuvo que los Municipios no tienen competencias sobre las vías principales o autopistas. Que existe falta de claridad en la imputación. Denunció que hubo indefensión y que la responsabilidad penal es personalísima. 2.1.3. Ciudadano Vicencio Scarano Spisso: En su intervención, el ciudadano Vicencio Scarano Spisso mostró a esta Sala lo que parecen ejemplares de algunos periódicos de circulación regional, en los que algunos titulares señalan que el Alcalde del Municipio San Diego desmanteló la pared de Los Tulipanes y que en ese Municipio no habria barricadas desde hace dos semanas. El mencionado ciudadano señaló, entre otras cosas, que en esa entidad local no se han producido muertos ni heridos. Que se ha respetado la protesta. Que envió más de cuarenta comunicaciones a la Policia Nacional Bolivariana, la Defensoria del Pueblo, al Ministerio Público y a la Guardia Nacional Bolivariana pidiendo ayuda. Que la única que contestó fue la Policia Nacional Bolivariana, y que el resto guardó silencio. Que el Gobernador también debe mantener la seguridad. Que existe un problema presupuestario para recoger las barricadas. Que hay libre tránsito y siempre lo ha habido. Respecto a los periódicos de circulación regional exhibidos por el nombrado ciudadano, los accionantes de autos indicaron que toda la prensa mismo. 2.1.4. Defensa del ciudadano Salvatore Lucchese Scaletta: El abogado defensor del ciudadano Salvatore Lucchese Scaletta, Dr. Ángel Jurado, ofreció y consignó varios medios de prueba instrumental, los cuales fueron controlados por los intervinientes y consignados en la Secretaría de la Sala. La representación de la Defensoria del Pueblo señaló esta Sala dictó el amparo cautelar no habían barricadas en el Municipio San Diego. Que al día de hoy no hay ningún tipo de desacato. 2.1.5.Ciudadano Salvatore Lucchese Scaletta El ciudadano Salvatore Lucchese Scaletta manifestó que la policia del Municipio San Diego tiene treinta hombres en la calle. Que tiene años junto a Scarano frente a la Alcaldía. Que mientras no sobrepase la actuación de la policía ellos pueden actuar. Que solo tienen armas. Que efectuaron siete armas de fuego. Finalmente, se reprodujo un video promovido por el ciudadano Vicencio Scarano Spisso, en el que aparece hablando en una asamblea de vecinos para promover el orden público. 2.1.6.Defensoria del Pueblo: La representación de la Defensoria del Pueblo, conformada por los Dres. Larry Lavoe y Jesús Méndez, señaló que esa institución ha interpuesto ante esta Sala una acción similar a la de autos. Que en San Diego quedaron un camión cargado de maíz. Que señalan la plena competencia de esta Sala para conocer del presente asunto. Que el dia anterior a la celebración de esa audiencia oral tuvo lugar un lamentable acontecimiento en esa jurisdicción, relacionado con la quema de una unidad de transporte público. Que en las últimas semanas han habido "guarimbas" en el distribuidor San Diego, El Morro y La Esmeralda. Que se ha limitado el paso de las personas por vías públicas sin que la policia del Municipio San Diego haga presencia. Que a pesar del mandato de la Sala Constitucional siguen ocurriendo hechos que limitan el libre tránsito, a pesar de las atribuciones que la Constitución le promueve como testigo a la ciudadana Marta Herrera. La Defensoria del Pueblo exhibir unas fotos tomadas el día anterior por funcionarios de esa institución en la que se observa la obstrucción de vias públicas de ese Municipio y escombros en las adyacencias de las mismas. 2.1.7.Ministerio Público: La representante del Ministerio Público señaló, Dra. Roxana Orihuela, como punto previo, que esa institución se limitaria a plantear su opinión sobre el amparo cautelar y que la misma no vino a imputar o acusar sino a que se restituya la situación jurídica infringida. Asi mismo, afirmó que el Alcalde del Municipio San Diego no atendió el llamado del Estado a la paz. Que la Organización de Estados Americanos respalda los esfuerzos del Ejecutivo Nacional en la consecución de la paz. Que el referido Alcalde ha sostenido que ha actuado frente a situaciones de desorden público, pero ha señalado que no tiene competencias en materia de orden público. Que el cuerpos de policia vinculadas al orden público y al artículo 178 Constitucional. Que existe debilidad probatoria en el material aportado por el Alcalde y el director de la Policía del Municipio San Diego. Que promueve como testigos a unos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que actuaron en el control del orden público en San Diego. Que el día anterior a esa audiencia en la que participa quedaron una unidad de transporte público en el Municipio San Diego. Que hasta este momento hay desacato al amparo cautelar. Que solicita a la Sala que haga lo conducente para que se cumpla el amparo. 2.2. De los medios de prueba Seguidamente esta Sala aceptó los medios de prueba testimonial interrogatorio, previa juramentación, en el siguiente orden: desacato 2.2.1.1. Testimonial de la ciudadana Carmen Luisa Arias Mota de Tablante, (habitante del Municipio San Diego): Que actualmente no hay obstáculos en el Municipio San Diego. Que para el 12 de este mes ya no habian obstáculos, previo acuerdo de los ciudadanos que habitan en la urbanización El Tulipán. Que la Alcaldia no está de acuerdo con el cierre de las vias. Que la comunidad a veces ha desatendido la orden de la Alcaldía. Que la manifestación del día anterior a la audiencia no estaba autorizada por la Alcaldía. Que la Policia Municipal siempre ha dialogado. Que se alejan, no se retiran. Que "ellos han quitado las barricadas y la vuelven a cerrar". Que ella participaba en esas manifestaciones. Que en el momento en que la comunidad decide cerrar una via, es donde la policía municipal que no cuenta con ningún equipo especializado para reprimir las manifestaciones, es organismos competentes a reprimir la manifestación por el cierre de la vía. 2.2.1.2. Testimonial de la ciudadana Avanessa Alexandra Guerrero, (habitante del Municipio San Diego): Que la Alcaldia ha desplegado actuaciones para mantener el orden público. Que intermedia para que no se cierre el paso total. Que el paso está abierto desde el martes 11 de marzo de 2014, luego de hacer una asamblea de vecinos. Que los integrantes de la comunidad no querían las barricadas. Que existian barricadas de bloque y concreto. Que existe un módulo policial cerca de las barricadas. Que había un grupo violento en la otra calle cercana a su urbanización. 2.2.1.3. Testimonial del ciudadano Joel José Torres (transportista del Municipio San Diego): Que no han paralizado totalmente el servicio de transporte en el Municipio. Que han visto que la policía Municipal si ha derribado las barricadas. Que el día anterior a la audiencia hubo barricadas humanas, daban paso y a los carros le colocaban grafitis. Que vio una unidad de transporte quemada el día anterior a la audiencia en el distribuidor San diego. 2.2.1.4. Testimonial de la ciudadana Ana Giorgina Rosales, (habitante del Municipio San Diego): Que la alcaldia instó a la manifestación pacifica. Que ella participaba en esas manifestaciones hasta se retiró de las mismas por cuanto sitio amenazada su vida por la Guardia Nacional Bolivariana. Que algunas calles de la urbanización La Esmeralda estaban cerradas. Se colocaban en las noche. Muchas veces se quitaban las barricadas. La Policia siempre permanece para evitar que vuelvan a ponerlas. del exterior y se encontró con la situación de protestas en el Municipio San Diego del Estado Carabobo. 2.2.1.5. Testimonial del ciudadano Carlos Enriquez González, (transportista del Municipio San Diego): Que la policia desvía el tránsito porque era peligroso. Ahora el paso es normal. Después del 11 de marzo de 2014 han habido barricadas humanas. Que si le revocan el permiso no puede seguir trabajando en el Municipio. Que tuvo conocimiento cel incendio de la unidad de transporte el dia anterior a la audiencia en el distribuidor San Diego. página original (tal como se publicó) [Página 38] 2.2.2.Testimoniales promovidas por el Ministerio Público: 2.2.2.1. Testimonial del Mayor de la Guardia Nacional Bolivariana Efrain Enrique Verdú Torrelles, (Segundo Comandante del Destacamento de Seguridad Urbana de Tocuyito, estado Carabobo): Que el 20 de febrero de 2014, llegó con aproximadamente quince Guardias Nacionales Bolivarianos a la variante Bárbula, porque fue trancada por sujetos que les lanzaban piedras, cohetones y bombas molotov. Que esos sujetos habían colocado San Diego. Que cuando los replegaron a través de la fuerza proporcionada y diferenciada, representada por armas no letales: Gas lacrimógeno y perdigones de plástico, los mismos se adentraron en San Diego. Que muy cerca de los sucesos había un módulo de la policía de San Diego. Que ese y lugar de abastecimiento de parte del material que utilizarán: gaveras llenas de bombas molotov, gran cantidad de "miguelitos" (trozos de manguera con peligrosidad. Que ese módulo estaba tomado por los protestantes. Que hacia donde corrían los manifestantes habían dos patrullas de la Policia de San Diego. Que junto a funcionarios policiales estaba el Alcalde del Municipio, Sr. Scarano. Que habia motos de la Policia de San Diego, junto a motos no oficiales, atravesadas en la avenida. Que cuando se adentraron a San Diego, personas no identificadas desde la urbanización Los Tulipanes le dispararon a la comisión de la Guardia Nacional que comandaba, impactando en cuatro oportunidades una de las unidades de transporte de ese componente y en una oportunidad en el cuerpo del Capitán Contreras. Que ellos actúan para controlar el orden público cuando los manifestantes trancan la autopista. Que dentro del Municipio hay policias municipales, los cuales son órganos preventivos de seguridad. Que la variante es una via nacional. Que la policía municipal debe coadyuvar en materia de orden público, inclusive, en esas vias. Que tuvo conocimiento del incendio de una unidad de transporte, en el distribuidor San Diego, el dia anterior a su declaración en esta Sala sitio al Bolivariana y los Bomberos. 2.2.2.2. Testimonial del Teniente Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Frank Alonso Osuna Diaz (Comandante del Destacamento n.° 24 adscrito al Comando Regional n.° 2): Que el 19 de febrero de 2014 secuestraron dos gandolas en el distribuidor San Diego, sector Los Tulipanes. Que nunca vio actuando a la policía de San Diego. Que el centro de operaciones de la "guarimba" era un módulo de la Policía de San Diego. Que desde edificios aledaños le dispararon a la comisión, hiriendo al Capitán Nacional Bolivariana. Que después del 19 de febrero de 2014 siguieron las "guarimbas" en el Municipio San Diego. Que ayer un autobús fue quemado por manifestantes en el distribuidor San Diego, sitio al cual sólo llegó la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y los Bomberos. 2.2.2.3. Testimonial del Capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Luis Pavón Lara (Destacamento n.° 21 del Comando Regional n.° 2): Que los dias 19 y 20 de febrero tuvieron que intervenir frente a la obstrucción de la autopista, al nivel del distribuidor San Diego. Que hasta hace unos cinco días seguía tomado el módulo de la policia de San Diego ubicado a pocos metros del distribuidor San Diego. Que no han tenido respaldo de la Alcaldia del Municipio San Diego. 2.2.2.4. Testimonial del Capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Enrique José Contreras Peña: Que durante la incursión que realizó la Guardia Nacional los días 19 y 20 de marzo de 2014, para quitar el distribuidor San Diego, sujetos que se encontraban en la manifestación n n n n e n derecho. 2.2.2.5. Testimonial del Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Ramón Adolfo Pimentel Aguilar (Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor a cargo del Comando Regional n.° 2): Que el 20 de febrero de 2014 le dispararon unos manifestantes que estaban en las proximidades del distribuidor San Diego, el cual lo habian trancado con una barricada. Que algunas de esas barricadas en el Municipio San Diego se realizaron con con los actos de desorden público evidenciados en ese Municipio. Que los ayer habían quemado un camión en el distribuidor San Diego, a menos de cien metros de un módulo de la policia de San Diego. Que a la policía le corresponde, ante todo, la prevención de los hechos de violencia. Que ellos deben ser la primera contención, la Policia Nacional Bolivariana, la segunda, o en en e alguna solicitud de apoyo que haya efectuado la alcaldía de San Diego. Que la vuelvan a colocar. Que las personas armadas estaban en el conjunto residencial Los Tulipanes. Que el módulo de policia está a cien metros. Que esta situación de obstaculización de vias y desorden sigue latente en el Municipio San Diego. Que ni el ciudadano Alcalde de San Diego, presente aquí, ni la Policia Municipal (en cabeza del Director o Subdirector) tuvieron la diligencia de quitar las barricadas como obligación preventiva que tiene de acuerdo a un dispositivo de esta Sala Constitucional. Que en dias anteriores tampoco quitaron las barricadas. Que de este mes de marzo, pudo observar por los medios de comunicación locales que había hecho una actividad, "pero ¿quitar una barricada, despegar una vía, es dejar los escombros con que hicieron esa barricada para que posteriormente las vuelvan a instalar? que formaron esa barricada, palos, piedras, cabillas, muros. Un muro de contención en un complejo urbanístico. Un muro de contención. Entonces, ¿Cuál?, yo me pregunto: antes, durante y después, de este tipo de implementó y el material necesario para que nuevamente me hagan la barricada? (...) si ellos quitan una barricada y al día siguiente o a la hora me la vuelven a instalar ¿Cuál es el efecto de quitar la barricada? No. Porque yo tengo que llevarse los escombros, el material o el insumo que se utiliza para hacer ese tipo de actividades. Indudablemente, si yo vengo y quito y aparto todo el material que ellos puedan utilizar para posteriormente poder hacer la barricada, ya no hay más barricada. Pero si yo quito los escombros y los dejo a dos, tres metros o a cinco metros, y las personas saben que los están dejando en ese sector y lo vuelven a agarrar, y lo vuelvan a instalar, se vuelve a hacer la barricada, igualito. Entonces, no veo cuál es el efecto, el efecto como tal, de quitar una barricada, cuando los insumos nuevamente los tienes en el sector". Que las barricadas permanecieron, las quitaron, las volvieron a poner, es como permanecer la barricada, lo cual también sucedió los días 15, 16, 17, 18 y 19 de marzo. 2.2.3. Testimonial promovida por la Defensoría del Pueblo: 2.2.3.1. Testimonial de la ciudadana Marta de Jesús Herrera Ramos: Que ayer al mediodía estudiantes de la Universidad José Antonio Páez cerraron el paso durante horas. Que hay muchos habitantes del Municipio San Diego que tienen temor. Que las vias del Municipio desde que se inició este conflicto nunca han dejado de estar en su totalidad libres. Que la Policía resguarda a los "guarimberos". Que todavía el Municipio no está en su totalidad normal. Que ayer se hizo una cadena humana que restringir el paso. Que ha mejorado después que este Tribunal Supremo de Justicia dictó su medida de presión al Alcalde. Que si el Alcalde hubiera tomado esa actitud al momento de comenzar las protestas esto no fuera asi. 2.3. Intervenciones de cierre 2.3.1. Demandante de autos: Que solicitan se restablezca la situación juridica infringida. 2.3.2. Defensa de los señalados por el posible desacato: Que desconocen el fundamento preciso de la imputación. Que se ha aludido a hechos ocurridos el 19 y 20 de febrero de 2014, pero el objeto de la litis es el supuesto desacato. 2.3.3. Defensoría del Pueblo: Que no quedan dudas que los hechos de obstaculización de vias públicas siguen en San Diego. Que ni la alcaldía ni concretas. Que hay criterio suficiente para declarar el desacato al mandamiento de amparo constitucional cautelar. 2.3.4. Ministerio Público: Que la normalidad no se ha restablecido. Que solicitan a la Sala Constitucional disponga de todas las medidas para restablecer la normalidad en el Municipio San Diego. Que todas estas acciones desestabilizadoras lo que persiguen es un golpe de estado. Que se tomen todas las medidas para garantizar el cumplimiento del amparo cautelar. I1 HECHO PROBADO Analizados como han sido, conforme al sistema de la sana crítica, los la cual tuvieron pleno ejercicio de los derechos a ser oidos, a la defensa y al debido proceso, conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la alegación, promoción página original (tal como se publicó) [Página 39] y evacuación de los medios de prueba, asi como de su control y contradicción, esta Sala observa lo siguiente: En decisión n° 136 del 12 de marzo de 2014, se dictó amparo constitucional cautelar y, en consecuencia, se ordenó a los encargados de autos desplegar las acciones descritas ut supra, con el objeto de cumplir con la previsión contenida en el articulo 178 Constitucional, asi como con el resto del ordenamiento juridico que establece sus competencias y deberes en el ejercicio de los cargos públicos que desempeñan en el Municipio San Diego del estado Carabobo. En decisión del 17 de marzo de 2014, esta Sala observó que "... por la prensa se ha difundido información de la que pudiera denotarse el presunto incumplimiento del mandato constitucional librado en la sentencia N° 136 de 12 de marzo de 2014, lo cual esta Sala califica como un hecho notorio y comunicacional.... En este orden de ideas, esta Sala Constitucional dictó órdenes de hacer, cuyo presunto incumplimiento derivó del hecho notorio comunicacional, por lo que deben tomarse en cuenta los efectos juridicos que el mismo tiene conforme a la sentencia N° 98 del 15 de marzo de 2000, caso: "Oscar Silva "Laritza Marcano Gómez", donde se dejó asentado el siguiente criterio: "(Omissis) El hecho comunicacional, fuente de este tipo particular de hecho notorio que se ha delineado, es tan utilizable por el juez como el hecho cuyo saber adquiere por su oficio en el ejercicio de sus funciones, y no privadamente como particular, lo que constituye la notoriedad judicial y que está referido a lo que sucede en el tribunal a su cargo, como existencia y manejo de la tablilla que anuncia el despacho; o lo relativo al calendario judicial, a los cuales se refiere el juzgador sin que consten conocimiento por el juez de la existencia de otros juicios que cursan en su tribunal, asi como el de los fallos dictados en ellos. ¿Puede el juez fijar al hecho comunicacional, como un hecho probado, sin estrictamente el articulo 12 del Código de Procedimiento Civil, el cual es un principio general, el juez sólo puede sentenciar en base a lo probado en autos, con excepción del hecho notorio. Tiene ast vigencia el vetusto principio que lo que no está en el expediente no está en el mundo. Pero si observamos ias sentencias, encontramos que ellas contienen un cúmulo conocimiento del juez como ente social, sin que puedan tildarse muchos de ellos ni siquiera como hechos notorios. Así, los jueces se refieren a fenómenos naturales transitorios, a hechos que están patentes en las ciudades (existencia de calles, edificios, etc.), a sentencias de otros tribunales que se citan como jurisprudencia, a obras de derecho o de otras ciencias o artes, al escándalo público que genera un caso, a la hora de los actos, sin que existan en autos pruebas de ellos. Si esto es posible con esos hechos, que casi se confunden con el saber sentenciador disponga como ciertos y los fije en autos, a los hechos comunicacionales que se publicitan hacia todo el colectivo y que en un momento dado se hacen notorios (ast sea transitoriamente) para ese colectivo. Esta realidad lleva a esta Sala a considerar que el hecho como cierto por el juez sin necesidad que conste en autos, ya que la publicidad que él ha recibido permite, tanto al fuez como a los miembros de la sociedad, conocer su existencia, lo que significa que el sentenciador realmente no está haciendo uso de su saber privado; y pudiendo los miembros del colectivo, tener en un momento determinado, igual conocimiento de la existencia del hecho, por qué negar su uso procesal. grabaciones o videos, por ejemplo, de las emisiones radiofónicas o de las audiovisuales, que demuestren la difusión del hecho, su uniformidad en los distintos medios y su consolidación; es decir, lo que constituye la noticia. Pero el juez, conocedor de dicho hecho, también puede fijarlo en base a su saber personal, el cual, debido a la difusión, debe ser también no lo conociera o dudas. Tal conocimiento debe darse por cierto, ya que solo personas totalmente desaprensivos en un grupo social hacia el cual categoria de personas. Planteado así la realidad de tal hecho y sus efectos, concatenado con la justicia responsable y sin formalismos inútiles que el artículo 26 de la aunado a que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, tal como lo establece el articulo 257 de la vigente Constitución, y que el Estado venezolano es de derecho y de justicia, como lo expresa el artículo 2 ejusdem, en aras a esa justicia expedita e idónea que señala el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de que el hecho comunicacional y su incorporación a los autos de oficio por el juez, no está prevenido expresamente en la ley, ante su realidad y el tratamiento que se viene dando en los fallos a otros hechos, incluso de menos difusión, esta Sala considera que para desarrollar un proceso justo, idóneo y sin formalismos inútiles, el sentenciador puede dar como ciertos los hechos comunicacionales con los caracteres que luego se indican, y considerándolos una categoria de hechos notorios, de corta duración...". (Resaltado de esta decisión) En este orden de ideas, resulta imperioso señalar que en un proceso como el llevado en esta causa, en el que, en aras de preservar el debido cumpliendo con los principios de la oralidad, inmediación, concentración y contradicción, entre otros, para decidir acerca del presunto desacato a un mandamiento de amparo cautelar de la máxima instancia judicial y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, las reglas de valoración concerniente a las pruebas que la Sala Constitucional debe hacer valer, es la sana critica sobre los medios ofrecidos en la búsqueda de que el proceso sea efectivamente el instrumento para el logro de la justicia, como lo consagra el articulo 257 Constitucional, tal y como ocurrió en el presente caso. Desarrollada como fue la audiencia, bajo el absoluto respeto de los principios constitucionales señalados, asi como el de igualdad, por cuanto plantear sus probanzas y oportunidad efectiva para el control y la contradicción de las pruebas ofrecidas en dicho acto, asi como fundamentada en la inmediación, esta Sala Constitucional, a través de sus Magistrados y Magistradas, pudo formular las preguntas que estimó necesarias para el esclarecimiento del hecho debatido (presunto desacato), a las partes y a los testigos que rindieron declaración en la audiencia, bien para recibir alegaciones o ratificar las expuestas y tomar la decisión que pronunció, se observa lo siguiente: representación judicial de los accionados, se advierte que las mismas fueron presentadas en copia simple e impugnadas, en consecuencia, por la Defensoria del Puebio, sin que se plantear ningún otro aspecto, por lo que r e e e siendo además que los ejemplares de periódico consignados son publicaciones anteriores a la decisión contentiva del amparo cautelar cuyo presunto desacato es objeto del presente fallo, salvo las marcadas con los Nros. 37 y 44 de los diarios NOTITARDE y EL CARABOBENO, respectivamente, ambas de fecha 18 de marzo de 2014, en las cuales aparece "San Diego libre de barricadas" asi como, "vecinos protestan, sin barricadas, en San Diego", las cuales, desde cierta perspectiva, se contradicen con lo probado en la audiencia a través, entre otros, del testigo promovido por la que conocía que el 18 de marzo de 2014 se produjo la quema de una unidad de transporte en el Distribuidor San Diego, por lo cual ambos se desechan. Sobre los "tweets" cuya impresión fue consignada, nada pruebas sobre el cumplimiento a las órdenes de hacer decretadas por esta Sala, muy al contrario se lee, en uno de ellos, lo siguiente: "El único 'delito' que he cometido es haber restablecido el orden en San Diego sin reprimir a manifestantes", indicó este martes a través de su cuenta de Twitter @ENZOSCARANO". Expresión que se contrapone con lo expuesto en la audiencia por el propio ciudadano Vicencio Scarano, e incluso por el ciudadano Salvatore Lucchese, quien dijo no contar con "...capacidad (...) no [tienen] los equipos (...) [tienen] armas (...) que puedan ocasionar la muerte (...) no armas que puedan combatir un desorden público (...)". Respecto a las testimoniales ofrecidas por la defensa de la parte accionada, por el Ministerio Público y por la Defensoria del Pueblo, se advierte que las mismas son admisibles al no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes. Asi se declara. Con relación a los medios probatorios libres, al contrario, por ser creación de las partes, no tienen ni pueden tener, para su promoción, requisitos particulares establecidos en la ley. En principio, el único límite para su admisión es que la ley los prohíba expresamente. El promovente de un medio de prueba libre representativo, esto es, fotografías, películas cinematográficas, audiovisuales, y otras de similar naturaleza, tiene la carga de proporcionar al juzgador, durante la promoción de pruebas, identidad de la prueba libre, lo cual podrá hacer a través de cualquier medio probatorio, circunstancia que no ocurrió con las fotografías y video ofrecido por la defensa de los ciudadanos Vicencio Scarano Spisso y Salvatores Lucchese Scaletta, por lo que no se admiten. Ahora bien, de las pruebas en la audiencia oral y pública apreciadas por la Sala, una vez analizadas todas las circunstancias de los hechos y luego de haber adminiculado y concatenado de manera precisa todos los medios probatorios evacuados durante el contradictorio, los mismos que le dan certeza y convencimiento de que los ciudadanos Vicencio Scarano Spisso y Salvatore Lucchese Scaletta son responsables del desacato al amparo cautelar decretado en sentencia dictada el 12 de marzo de 2014, en virtud de que se ha podido constatar y determinar a través de los testimonios de los ciudadanos Efrain Enrique Verdù Torrelles, Frank Alonso Osuna Diaz, página original (tal como se publicó) [Página 40] Enrique José Contreras Peña, Ramón Adolfo Pimentel Aguilar y Marta de Jesús Herrera Ramos, luego de haber sido analizado, valorado y comparado Pueblo, el hecho existente y sin contradicciones, de que aun después de dictado el mandamiento de amparo cautelar se ha mantenido la abstención u por la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela le han sido atribuidas, en lo que concierne al primero de los nombrados, para la recolección inmediata y efectiva de basura, desechos sólidos y escombros situados en las vias municipales o sus adyacencias, para la garantia del libre ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario; y para dar cumplimiento efectivo a lo previsto en los articulos 34, 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policia y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Esta última acción es la que, por su parte, también omitió realizar de manera efectiva el ciudadano Salvatore Lucchese Scaletta, en el Municipio San Diego, garante judicial de los derechos constitucionales, a no interver.ir, siquiera Estado, para evitar o reducir los riesgos de alteración del orden público y/o afectación de los derechos humanos de las personas que hacen vida en el referido Municipio. En tal sentido, es evidente que de las preguntas que formularon los Magistrados Carmen Zuleta de Merchán, Francisco Carrasquero López y Juan José Mendoza Jover, junto a las respectivas respuestas dadas por los testigos, y, en general, de las testimoniales, quedó demostrado que en el Municipio San Diego del Estado Carabobo, antes y después del fallo de esta graves lesivos al orden y al patrimonio público, a la paz y tranquilidad de la ciudadanía, consistentes en obstrucción de vías de circulación, quema de vehículos y autobuses, violencia por parte de grupos desestabilizadores, destrucción del ambiente, entre otros daños. Pero también quedó demostrada la falta de acatamiento del amparo cautelar dictado por esta Sala, por parte el mismo. El hecho notorio comunicacional que generó la presunción del desacato del fallo dictado por esta Sala Constitucional, quedó acreditado con los masiva que por los medios de comunicación social ha tenido la situación en dicho Municipio, y más con los argumentos esgrimidos por la defensa de los situaciones anormales de manifestación son medianas en los términos de la n re e ee e e n Gobierno Nacional, que hacen uso de mecanismos de presión intensos para manifestar su malestar, de forma más o menos organizada", sino se excusa en que tal control corresponde a la policia estadal de Carabobo (v. folio 148 de la pieza principal), a pesar de la claridad de lo dispuesto en los artículo 34, 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policia y del Cuerpo de Policía Nacional. Así pues, quedó evidenciado en autos que: . Desde el mes de febrero de 2014 se han presentado manifestaciones y afectaciones a la paz social en el territorio del Municipio San Diego del Estado Carabobo. - Que varias de esas manifestaciones, hasta la presente fecha, han derivado, de forma continuada, en actos violentos y, en fin, en quebrantado derechos humanos colectivos e individuales de personas que habitan en ese Municipio o que han tenido algún interés vinculado al mismo. - Que algunas de esas expresiones de violencia han deteriorado, quemado y destruido bienes públicos y privados, y han restringido de forma total y parcial, respectivamente, varías vias públicas (municipales y nacionales) ubicadas en el referido Municipio, mediante las denominadas "barricadas", algunas de las cuales han sido conformadas con basura, escombros y hasta con paredes de bloque y cemento, han arrojado en aquellas vias dispositivos conformados por mangueras y clavos para desinfla: cauchos ("miguelitos") y aceite. Que algunos de estos actos violentos han afectado, directa e indirectamente, bienes juridicos de gran valor, como lo son la vida, la integridad personal, la libertad, el orden público, la paz social, el de la familia, medio ambiente, la educación, el trabajo, el interés superior de niños, niñas y adolescentes, el patrimonio público y privado, entre otros. Que un grupo de personas, los días 19 y 20 de febrero de 2014, cerraron la autopista al nivel del distribuidor San Diego (incluyendo este último), impidiendo el paso hacia San Diego y hacia los otros destinos que conecta esa vía de comunicación. Que ese grupo de personas se enfrentó, inclusive con armas de fuego, a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que debían quitar la obstrucción en la autopista. Que a pocos metros de ese lugar había un módulo abandonado de la Policía de Sar. Diego que servia de centro de logistica para las personas violentas, pues en el cantidad de "miguelitos" (trozos de manguera con clavos), gasolina, cohetones y otros fuegos artificiales. Que cuando la Guardia Nacional Bolivariana replegó a los sujetos violentos, entre estos patrullas de la policía del Municipio de San Diego, en las que había agentes de la misma y estaba con ellos el ciudadano Vicencio Scarano. - Que en ocasiones la policia ha estado cerca de las barricadas y otras veces no ha hecho acto de presencia frente a esas y otras obstrucciones a la via pública. - Que en ocasiones, el personal de la Alcaldía quitaba barricadas pero dejaban los escombros en las adyacencias a la via pública, aproximadamente a cinco metros, con lo cual se facilitaba que las volvieran a colocar. - Que el módulo de la policia de San Diego ubicado a pocos metros del distribuidor San Diego, seguia abandonado después de dictado el mandamiento de amparo cautelar. - Que no quedó demostrada alguna solicitud de apoyo que realizar, inclusive después de dictado el mandamiento de amparo cautelar, la Alcaldia o la policia del Municipio San Diego, a otros cuerpos de seguridad del Estado para coadyuvar en el control de las situaciones de violencia que se llevarán a cabo antes y después de dictado el mandamiento de amparo cautelar por parte de esta Sala. - Que el dia 18 de marzo de 2014, es decir, luego de dictado el mandamiento de amparo cautelar por parte de esta Sala, hubo barricadas humanas que perturbaban la circulación de personas y vehículos, y que en el distribuidor San Diego, a menos de cien metros de un módulo de la Policia Municipal de San Diego, un grupo de sujetos tomaron una unidad de transporte público y la quedaron; que al sitio sólo llegó la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y los Bomberos; hecho ratificado por los testigos promovidos por el Ministerio Público, quienes son oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela, y sobre ese mismo suceso se evacuó, en el debate probatorio, imagen fotográfica que lo evidenciaba. - Que en el Municipio San Diego del Estado Carabobo las barricadas y los escombros permanecieron, tanto en las vias públicas como en sus adyacencias, los días 15, 16, 17, 18 y 19 de marzo de 2014. 1Ⅲ1 DEL DERECHO 1. Del análisis de la Subsunción Legal En el presente caso esta Sala acordó mandamiento amparo constitucional cautelar y le ordenó al ciudadano Vicencio Scarano Spisso, lo humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la Ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan, perjudiquen o alteren el libre tránsito de las personas y vehículos; se procediera a la inmediata remoción de tales obstáculos que hayan sido colocados en esas vias, y se mantengan las rutas y zonas adyacentes a éstas libres de basura, residuos y escombros, asi como de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana y, en fin, se evite la obstrucción de las vias públicas del referido Municipio. 2. Cumpliere con su deber de ordenación del tránsito de vehiculos y personas a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de sus Municipios. Adicionalmente. 3. Velara por la protección del ambiente y el página original (tal como se publicó) [Página 41] saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario. 4. Girará las fin de dar cumplimiento efectivo a lo previsto en los articulos 4² y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policia y del Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana; y, en este sentido, 5. Desplegará las actividades preventivas y de control del delito, asi como, también en el ámbito de sus competencias, promover estrategias y procedimientos de proximidad con las comunidades de sus espacios territoriales, a fin de lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales con el propósito de garantizar y cumplimiento de la ley. En ese mismo contexto, la Sala le ordenó al ciudadano Salvatore Lucchese Scaletta que: 1. Desplegará las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento efectivo a lo previsto en los articulos 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana, en especial para evitar la colocación de obstáculos en la via pública que impidan, perjudiquen o alteren el libre tránsito de las personas y vehículos, en fin, que frene la obstrucción las vías públicas del referido Municipio. 2. Desplegará las actividades preventivas y de control del delito, así como, en el ámbito de sus competencias, promueva estrategias y procedimientos de proximidad con las comunidades de sus espacios territoriales, a fin de lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales, con el propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio pacifico de los derechos y el cumplimiento de la ley. Asimismo, ordenó a ambos ciudadanos que cumplieran a cabalidad con las competencias que les atribuye el ordenamiento jurídico y garanticen el ejercicio de los derechos que correspondan, en tanto, Alcalde del Municipio San Diego del estado Carabobo y Director General de la Policía Municipal de San Diego del Estado Carabobo, respectivamente, con especial atención a lo previsto en el articulo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en los artículos 34, 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana, según corresponde. Ahora bien, en la audiencia de autos quedó demostrado que los demás Alcaldía del Municipio San Diego, en materia de prevención y control de acciones violentas, ni que estos últimos desplegaran otras actuaciones tendientes al cabal cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 178 Constitucional y la Ley Orgánica del Servicio de Policia y del Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana; también está demostrado en esta causa que, a pesar del amparo constitucional cautelar ordenado por esta Sala en la decisión N° 136 del 12 de marzo de 2014, el Alcalde del Municipio San Diego del estado Carabobo no cumplió cabalmente con la inmediata remoción de los obstáculos ubicados en varias vias públicas que se encuentran en el Municipio, especialmente en la avenida Don Julio Centeno, ni se mantuvieron todas las vías municipales y zonas adyacentes a ellas, libres de residuos, escombros y de otros elementos utilizados para obstruir la vialidad urbana; y no cumplió, en corresponsabilidad con el ciudadano Salvatore Lucchese Scaletta, con lo previsto en los articulos 34, 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana. Asimismo, está comprobado en autos que, a pesar del mandamiento de amparo constitucional cautelar ordenado por esta Sala en la decisión N° 136 del 12 de marzo de 2014, el ciudadano Salvatore Lucchese Scaletta, Director de la Policia del Municipio San Diego del estado Carabobo: No cumplió cabalmente con su deber de evitar, según la ley y el mandato de esta Sala, la obstrucción total y parcial de vías públicas en el territorio de ese Municipio, y ser necesario. No cumplió con el deber de mantener y resguardar el módulo policial ubicado en las proximidades del Distribuidor San Diego. No cumplió con el deber de evitar la quema de una unidad de transporte público, el día anterior a la audiencia, en las cercanías del distribuidor San Diego del Municipio San Diego del estado Carabobo. Inclusive, está comprobado en autos, que, aun después de dictado el mandamiento de amparo cautelar de autos, la Policia del Municipio San Diego algunas veces fue, cuando menos, tolerante con algunos actos de violencia evidenciados en ese Municipio, que pudieron evitarse total o parcialmente de haber ejercido las competencias que acuerda la ley. Que esta situación de obstaculización y restricción de la circulación de personas y vehículos en algunas vias, asi como otras situaciones violentas siguieron con posterioridad al amparo cautelar dictado por esta Sala, sin que se evidenciaren acciones por parte del Alcalde del Municipio San Diego y del Director de la Policia de ese Municipio, tendientes a controlar tal situación. Al respecto, valga señalar que las policias municipales tienen las competencias previstas en los articulos 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policia y del Cuerpo de Policia Nacional, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 44 Naturaleza Los cuerpos de policia municipal son órganos o entes de seguridad ciudadana encargados de ejercer el servicio de policia su espacio territorial y ámbito de competencia, control del delito, con estricta sujeción a los principios y lineamientos establecidos en este Decreto con Rango, Valor y directrices dictados por el Órgano Rector. Articulo 46 Atribuciones Los cuerpos de policia municipal tendrán, además de las Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, competencia exclusiva en materia administrativa propia del Municipio y protección vecinal." Asi pues, los cuerpos de policia municipal comparten las atribuciones comunes de los cuerpos de policia, las cuales están previstas en el articulo 34 eiusdem, a saber: "Artículo 34 De las Atribuciones Comunes Son atribuciones comunes de los cuerpos de policia: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y las demás disposiciones relacionadas con el servicio de policía. 2. Proteger a las personas y a las comunidades, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad, riesgo o daño para la integridad fisica, sus propiedades y su hábitat. 3. Ejercer el servicio de policia en las áreas urbanas, extraurbanas y rurales. 4. Ejecutar las politicas emanadas del Órgano Rector en materia ciudadana. incluyendo tránsito, sustancias de seguridad estupefacientes y psicotrópicas, anticorrupción, antisecuestros, acaparamiento y especulación alimentaria, adulteración de medicinas y organizada, turismo, ambiente y orden público. 5. Promover, desarrollar e implementar estrategias y organizada en el servicio de policia comunal. 6. Proteger a las personas que participen en concentraciones públicas o manifestaciones pacíficas. 7. Cooperar con los demás órganos y entes de seguridad ciudadana en el ámbito de sus competencias. 8. Resguardar el lugar donde haya ocurrido un hecho punible, e impedir que las evidencias, rastros o trazas vinculados al mismo, se alteren o desaparezcan, a los fines de facilitar las investigaciones correspondientes. 9. Propender a la solución de conflictos a través de la mediación, conciliación y demás mecanismos alternativos, a fin de garantizar la paz social. 10. Recabar, procesar y evaluar la información conducente a mejorar el desempeño de los cuerpos de policía. 11. Colaborar con los demás órganos y entes de seguridad ciudadana ante situaciones de desastres, catástrofes o calamidades públicas. 12. Ejercer funciones auxiliares de investigación penal de conformidad con las leyes especiales. 13. Practicar detenciones en virtud de una orden judicial, o cuando la persona sea sorprendida en flagrancia de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. 14. Proteger a los testigos y victimas de hechos punibles y demás sujetos procesales por orden de la autoridad competente. 15. Controlar, vigilar y resguardar las vias publicas nacionales, urbanas y extraurbanas y el tránsito terrestre previniendo la comisión de delitos, participando en la investigación penal y aplicando el régimen de sanciones administrativas previsto en la ley. 16. Las demás que le establezca el reglamento de la presente ley." (subrayado añadido) En razón de todo lo antes expuesto, se estima demostrado que los ciudadanos Vicencio Scarano Spisso y Salvatore Lucchese Scaletta, omitieron cumplir el mandamiento de amparo cautelar dictado por esta Sala mediante sentencia N° 136, del 12 de marzo de 2014, en los términos ordenados por este Máximo Tribunal de la República, contraviniendo lo resuelto por el más alto nivel de la administración de justicia (vid. articulo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia), atentando contra su imagen, autoridad y adecuado acatamiento y funcionamiento, además de presente sentencia. En relación a ello, el articulo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece lo siguiente: "Quien incumpliere el mandamiento de amparo dictado por el juez, será castigado con prisión de seis (6) a quince (15) meses." En este orden de ideas, tal como se pudo comprobar de manera definitiva en la audiencia realizada, la conducta desplegada por los ciudadanos Vicencio Scarano Spisso y Salvatore Lucchese Scaletta encuadra en el supuesto de hecho del precepto establecido en el articulo 31 de la página original (tal como se publicó) [Página 42] referida Ley Orgánica de Amparo sobre Derechps y Garantias Constitucionales, pues desacataron lo que le ordenó esta sala, en el sentido de cumplir, cada uno de acuerdo a los cargos que desempcñan como Alcalde y como Director de la Policia Municipal, respectivamente, con lo establecido en el articulo 178 Constitucional y, en fin, con el resto del orden jurídico que les atañe, entre otras cosas, que, dentro de sus atribuciones y posibilidades efectivas, garantizaran la circulación sin restricciones por las vias públicas ubicadas en el Municipio San Diego, que las mantuvieran libres (junto a sus adyacencias) de escombros y desechos, que actuaran para impedir, controlar o coadyuvar en el control de acciones violentas desplegadas por grupos de personas, todo ello dirigiendo los recursos humanos y materiales a la orden de la Policia y de la Alcaldia, en general, del Municipio San Diego del estado Carabobo. Asi se declara. Así pues, efectivamente se configuró tal desacato al mandamiento de amparo dictado el 12 de marzo de 2014, mediante sentencia N° 136, tal y comunicacionales que evidenciare luego de dictado e referido amparo cautelar, cuando señaló la posible actitud y acción externa de menosprecio, de desde, y, por lo menos, de falta de suficiente interés y acatamiento a la referida decisión judicial dictada por esta Sala. En tal sentido, esta Sala Constitucional observa que los ciudadanos Vicencio Scarano Spisso y Salvatore Lucchese Scaletta, no sólo violaron directamente el valor superior del ordenamiento jurídico de la responsabilidad social previsto en el articulo 2 Constitucignal, sino también el deber juridico y ético fundamental "de cumplir y acatar esta Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del pais, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social" (artículo 132 eiusdem). Con relación a ello, el Texto Fundamental dispone en su articulo 253 que "La potestad de administrar justicia emana de fos ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley", y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias." (Resaltado de este fallo). En orden de ideas, resulta fundamental señalar que en el garantizar que los jueces puedan ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias, asi como también para garantizar el cumplimiento de lo que se sentencia, lo cual pasa, inclusive, por revestir a la jurisdicción de la fuerza coercitivas necesaria para que ello pueda materializarse de manera efectiva, tal y como ocurre con las diversas normas sancionatorias aqui señaladas, incluyendo la prevista en el articulo 31 de la Ley Orgánica de Amparg sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así, si no existieren normas que permitieren a los jueces y juezas ejecutar o hacer ejecutar sus decisiones, garantizar que se cumplan y, en fin, proteger el proceso, difícilmente podrán administrar justicia, incluyendo materias tan sensibles como la protección jurisdiccional de la Constitución, en una de sus dimensiones más cardinales: el respeto a los derechos humanos individuales y, sobre todo, colectivos, que ei Texto Fundamental patrio reconoce, inclusive, en un sentido abierto y progresivo (19, 22 y 23 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). Parte de ello es la razón de ser de la otra norma sancionatoria que existe en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales, la cual dispone en su articulo 28 que "cuando fuese negado el amparo, el Tribunal se pronunciará sobre la temeridad de la acción interpuesta y podrá imponer sanción hasta de diez (1d) días de arresto al quejoso cuando aquella fuese manifiesta". Asi como también, una dimensión del análisis efectuado en el aparte precedente es el que sustenta articulo 31, el cual, si bien no hace referencia expresa "al tribunal" como ente sancionador, lo que pudo estimarse innecesario por parte del legislador, no menos cierto es que ello no es determinante para privar al juzgador de amparo, cuya decisión ha sido desacatada (conducta mucho más gravosa que la prevista en el articulo 28 eiusdem, en virtud de la posible vulneración de derechos constitucionales y la obstaculización a la labor de arbitrar -lato sensu-, en definitiva, los conflictos o resolver las situaciones jurídicas en general), de aplicar tal sanción en protección no sólo de los derechos que persigue tutelar mediante la misma y el proceso que la contiene, sino también de la labor del juez y del sistema de administración de justicia, pues si no hubiere una reivindicación inmediata de la decisión adoptada, la jurisdicción perderia la fuerza suficiente para cumplir las atribuciones que le asigna la Constitución y el resto del orden juridico, dejando pasos a otras formas de control de los conflictos e interacciones sociales, que no sólo pudieran contrariar la parte orgánica de la Constitución, sino y sobre todo, su dimensión dogmática: valores, principios, derechos y garantias. Asf pues, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con todas las atribuciones constitucionales que le corresponden (vid. artículo 266 y 336), y como máxima y última intérprete de la Corstitución y garante de su uniforme interpretación y aplicación, cuyas decisiones las dicta en única instancia por no existir un tribunal jerárquicamente superior, que no tenga la posibilidad de sancionar una conducta que desacato un mandamiento de amparo que, en ocasiones puede ser pública, notoria, comunicacional y abiertamente objetiva (cuando, por ejemplo, un ciudadano o autoridad obligada por la misma, expresa de manera implicita o explicita su voluntad y acción de no cumplir lo ordenado), existiendo una norma que sanciona tal situación en la propia Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales, que no establece un procedimiento ni la autoridad que ha de imponer la, como si lo hace el articulo 28 eiusdem, norma que permite realizar una interpretación sistemática o integral, que también está dirigida a tutelar la administración de justicia, implicaría, a su vez, un desacato a la Ley y la propia Constitución, como también lo seria oficiar al Ministerio Público para que, si asi lo estimare, instar a ahora un rn e en ee de e e de haber superado esa etapa, un juez de juicio lo lleve a cabo y, de ser el caso, el juez de ejecución vele por el cumplimiento de la sanción que pudiera no materializarse por lo delatado del proceso penal, que no es compatible con estos ilicitos, existiendo la posibilidad de que, por ejemplo, el Ministerio Público (pudiera archivar las actuaciones o solicitar el sobreseimiento a un juez de primera instancia que pudiera declararlo, por ejemplo, por prescripción de la acción o ausencia de desacato, a pesar de haberlo comprobado esta Sala), quedando absolutamente ilusorio el cumplimiento del mandato de amparo (que, además, en este caso fue dictado cautelarmente en protección de intereses colectivos), y, por tanto, el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia en su máxima instancia. Finalmente, en razón de las circunstancias fácticas y jurídicas hasta aquí evidenciadas, y en aras de garantizar los artículos 31 de la referida Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además del orden juridico, la justicia y la paz social, se reitera que los ciudadanos Vicenso Scarano Spisso y Salvatore Lucchese Scaletta efectivamente incurrieron en desacato del mandamiento de amparo constitucional decretado por esta Sala, y subvirtieron la autoridad y el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, representado en esta oportunidad por la Máxima Garante Judicial de la Constitucionalidad, como pilar fundamental del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y, en fin, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, norma suprema (art. 7 eiusdem) y primer Texto Fundamental elaborado y aprobado por el Pueblo Venezolano, y pacto insoslayable para la gobernabilidad, el orden, la ética, el bienestar y la paz social, por lo que esta Sala impone a los ciudadanos Vicenso Scarano y Salvatore Lucchese, las sanción de prisión prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo Constitucional, en su término medio de diez (10) meses y quince (15) días, más las accesorias de ley, por haber determinado procesalmente y en plena garantia de los derechos humanos, su responsabilidad por haber incurrido en ese ilicito formal, objetivo y de omisión, como lo es el ilicito judicial constitucional del desacato al mandamiento de amparo, en este caso, en protección cautelar a derechos colectivos. Asi se decide. 2. Inhabilitación Politica Siendo que la sanción que aqui se impone es la de prisión, corresponde emitir pronunciamiento respecto de las accesorias de ley el cual se efectúa en los siguientes términos. Para asumir integralmente el contenido de la consecuencia juridica que la ley ordena imponer en este caso: prisión, debe ubicarse necesaria y supletoriamente el contenido y alcance del articulo 16 del Código Penal (al no existir otra disposición legal que establezca su alcance), el cual dispone lo siguiente: "Articulo 16. Son penas accesorias de la prisión: 1. La inhabilitación politica durante el tiempo de la condena..." página original (tal como se publicó) [Página 43] Asi pues, por imperativo legal de absoluto orden público, la referida sanción principal que corresponde a los sancionados de autos, implica necesariamente la inhabilitación politica durante el tiempo, en este caso, de ejecución de la sanción, cuya aplicación debe respetar este Máximo Tribunal por mandato de los principios constitucionales de reserva legal y legalidad de las sanciones, toda vez que no está facultado para suprimir la, sustituirla por otra o, en fin, alterar el contenido y alcance de la misma pues ello sólo le corresponde al legislador, de alli la insoslayable necesidad de imponer la en su significado juridico y no de manera discrecional. Con relación a la inhabilitación politica, el articulo 24 eiusdem, prevé lo siguiente: "Articulo 24. La inhabilitación politica no podra imponerse como pena principal sino como accesoria de las de presidio o prisión y produce como efecto la privación de los cargos o empleos públicos o políticos, que tenga el penado y la incapacidad durante la condena, para obtener otros y para el goce del derecho activo y pasivo del sufragio. También perderá toda dignidad o condecoración oficial que se le haya conferido, sin poder obtener las mismas ni ninguna otra durante el propio tiempo." Asi pues, la inhabilitación politica que corresponde a los ciudadanos Vicenso Scarano Spisso y Salvatore Lucchese Scaletta, por estricto mandato políticos, que tenga el sancionado y la incapacidad durante la ejecución de la sanción, para obtener otros y para el goce del derecho activo y pasivo del sufragio. Como puede apreciarse, la inhabilitación politica surte efectos inmediatos en este caso en el que, mediante la presente sentencia definitiva y firme, se impone la sanción, la cual comenzó a correr el mismo dia en que, finalizada la audiencia oral, esta Sala profirió el dispositivo de la presente decisión, es decir, el 19 de marzo de 2014. Ello como consecuencia de un diáfano e irrevocable mandato de Ley, sustentado en una valoración ética incuestionable que vínculo la voluntad del legislador, representante de la voluntad popular, basada en la lógica necesidad de la privación y cese de los cargos o empleos públicos o políticos, que tengan los sancionados, y la incapacidad durante la ejecución de la sanción para obtener otros y para el goce del derecho activo y pasivo del sufragio. Así pues, la inhabilitación politica que corresponde a los ciudadanos privación de los cargos o empleos públicos o políticos, que tengan y la incapacidad mientras se cumpla la sanción, para obtener otros y para el goce del derecho activo y pasivo del sufragio, se dicta en ejercicio de una potestad legal, vinculada, reglada o jurisdiccional, y surte efectos inmediatos conforme lo ordena de manera diáfana del articulo 24 del Código Penal. Así pues, esa inhabilitación politica que corresponde a los ciudadanos Vicenso Scarano Spisso y Salvatore Lucchese Scaletta, tal y como lo señala el artículo 24 del Código Penal, produce como efecto la privación de los cargos o empleos públicos o políticos, que tuvieren los sancionados y la incapacidad durante el cumplimiento de la sanción, para obtener otros y para el goce del derecho activo y pasivo del sufragio, de alli que los mismos, a partir de haberse dictado en audiencia el dispositivo de esta sentencia firme, el 19 de marzo de 2014, están privados y cesaron en el ejercicio del cargo Alcalde del Municipio San Diego del estado Carabobo, y Director de la Policia de ese Municipio, respectivamente, y no podrán, durante el cumplimiento de la sanción, obtener otros cargos públicos o políticos y gozar del derecho activo y pasivo del sufragio. Asi se decide. 3. De la naturaleza jurídica de la norma sancionatoria contenida en el articulo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ubicado en el titulo referido al "procedimiento" del amparo constitucional: Con relación al ilícito descrito en el articulo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales, esta Sala, en algunas decisiones (vid. Nros. 74 del 24 de enero de 2002 y 673 del 26 de marzo de n e e oe n e oe n cuando ni la Constitución, ni esa ley, ni ninguna otra, le atribuye tal carácter), en el sentido de que, al advertir el desacato, ordenaba oficiar al Ministerio Público para que investigar a si se cometió o no el desacato y, si así lo estimare, acusar a ante la jurisdicción penal o, en su defecto, solicitara el sobreseimiento de la causa o archivará el expediente. Actuación que se desplegada aun a pesar de haber podido comprobar el hecho del desacato por notoriedad comunicacional o por medios de prueba que constaban en la causa. No obstante, siendo que el devenir jurisprudencial de la Sala se corresponde con el ordenamiento juridico como fuente primaria y elemental del Derecho, el criterio anterior ha ameritado una verificación a los fines de que su sustento se adapte, armónica e integralmente, a los dispositivos legales que se han incorporado a dicho ordenamiento en los últimos tiempos. En efecto, debe tenerse presente que la acción que fue admitida por esta Sala se corresponde con la naturaleza de demanda de protección de derechos e intereses colectivos, cuya tramitación está regulada expresamente en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que entró en vigencia el 1° de octubre de 2010, en la cual se concibe la plena compatibilidad de la figura del amparo cautelar como medida expedita, orientada a contener las líneas que la Sala estime más precisas e idóneas para la protección esencial de los derechos colectivos que se reputan en amenaza de vulneración. De alli que no puede permanecer estática la doctrina de esta Sala, cuando las normas contemplan modificaciones vinculantes para los criterios que ella contiene, máxime cuando en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales no está contemplado procedimiento alguno para la valoración preliminar del posible incumplimiento de un mandamiento de amparo a efectos de su remisión al órgano competente. Ello, adminiculado a que conforme a lo señalado en el articulo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (20j0), cuando en el ordenamiento juridico no se preceptúa un proceso especial a seguir, se aplicará el que exclusivamente las Salas de este Alto Tribunal juzguen más conveniente para la realización de la justicia, siempre que tenga fundamento legal. Es asi que, tal como esta Sala lo señaló en su decisión N° 138 del 17 de marzo de 2014, para determinar el presunto incumplimiento al mandamiento de amparo cautelar decretado, se estableció que el proccdimiento que más se adecua para la consecución de la justicia en el caso de autos es el estipulado para el amparo constitucional, por lo que, de conformidad con lo dispuesto Constitucionales, convocó al ciudadano Vicencio Scarano $piso, Alcalde del Municipio San Diego del Estado Carabobo; y al ciudadano Salvatore Lucchese Scaletta, Director General de la Policia Municipal de San Diego del en su defensa. Ahora bien, el objeto del referido procedimiento se vincula a la verificación del supuesto incumplimiento del mandato devenido de un amparo cautelar que fue dictado por esta Sala Constitucional, máxima un hecho notorio y comunicacional que reveló, aun preliminarmente, la actitud evasiva en el acatamiento de sus órdenes, por parte de los ciudadanos Vicencio Scarano Spisso y Salvatore Lucchese Scaletta. Aunado a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que entró en vigencia el 1° de octubre de 201d, fecha posterior a la de los referidos y contados criterios jurisprudenciales de esta Sala en la materia aludida, sobre la base de los principios de fayorabilicad, de los valores superiores de la justicia y la preeminencia de los derechos humanos, reconocidos en el articulo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (texto fundamental posterior a la ley que contempla el ilicito en cuestión), esta Sala considera que ese no es el tratamiento juridico que debe dársele al referido ilicito. Al respecto, corresponde tener en cuenta que esa norma sancionatoria (1) está ubicada en una ley de protección de derechos y garantias constitucionales que carece de carácter penal, (2) en la que no existe un aparte dedicado a ilicitos penales, (3) en la que n esa disposición sancionatoria ni ningún otro precepto del ordenamiento juridico la califica como tal y (4) en la que no se indica la autoridad judicial que impondrá la sanción ni el procedimiento para ello, además de que (5) existen normas y correcta marcha de la administración de justicia (entre otros bienes e intereses juridicos) y que aplica directamente el juez o jueza que lleva el proceso o que ha dictado un mandato (como ocurre er el presente asunto), con independencia de la competencia material del mismo (como la prevista en el artículo 28 de la misma Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales, entre otras, vid. infra), además de distintas caracteristicas objetivamente comprobables que sustentan lo aqui afirmado y que serán explicitadas de seguidas. Otra razón que abona por un tratamiento juridico integral, eficaz y ajustado al ordenamiento jurídico vigente, en correspondencia con el Texto Fundamental (en particular, sus artículos 26, 27 y 257), de la norma prevista en el articulo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Defechos y Garantías página original (tal como se publicó) [Página 44] Constitucionales, tiene que ver con su cardinal importancia para garantizar el cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales y, sobre todo, las que dicte este Máximo Tribunal de la República, en tutela de intereses y derechos constitucionales (que, en definitiva y en generaf, son derechos constitucionales y humanos contenidos en instrumentos internacionales sobre la materia), individuales y colectivos; además de la proporcionalidad de la sanción en relación a otras normas del sistema juridico (vid. infra). En ese orden de ideas, debe advertirse que no toda norma que contenga sanciones restrictivas de la libertad es necesariamente una norma penal, tal como lo ha reconocido esta Sala en su jurisprudencia reiterada y pacifica En efecto, este Máximo Tribunal de la República ha sostenido la constitucionalidad de varias disposiciones que permiten a los jueces y juezas que, en ejercicio de su potestad ordenadora de los procesos jurisdiccionales, esas normas se encuentran los articulos 24 y 98 del Código de Procedimiento Civil, 28 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales, 92 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 42, 48, 170 y 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, los cuales le ordenan a los jurisdicentes a imponer sanciones, inclusive de arresto (que hoy dia, materialmente hablando, no reporta mayores diferencias con la prisión, tal y como se apreciará en los párrafos que siguen), en contra de algunos intervinientes que, en los diversos procesos judiciales actúen, de mala fe, temerariamente o, en fin, de manera contraria a la ética positivizada en la ley. Así pues, aun cuando esas normas contemplan arresto, no quiere decir que por esa razón los anteriores sean tipos penales y por tanto, deba plasmada en la ley y el principio de ultima ratio intervención penal), sino que, así, la prevista en el articulo 28 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales, es imponible por el juez actuando en ejercicio de la jurisdicción constitucional, mientras que las señaladas en los articulos 42, 48, 170 y 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, son aplicables por los jueces laborales, y las dispuestas en los artículos 92 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por cualquier juez o jueza de la República). Al respecto, es importante señalar que incluyendo la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (que de las leyes anteriormente mencionadas es la única ulterior a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), ninguna de esas normas sancionatorias están acompañadas de un proceso de adscripción de la responsabilidad por tales ilicitos, sino que presuponen la imposición inmediata de la sanción por parte del juez natural, es decir, el juez o jueza que advierta la actuación atentatoria a la jurisdicción y a los derechos que ella pretende salvaguardar, amparada en el articulo 253 constitucional, como ocurre en el presente asunto (circunstancia que fue determinó, al igual que el presente caso, la aplicación de un procedimiento para tutelar los derechos a la defensa y al debido proceso consagrados en el articulo 49 eiusdem -vid. infra-). En idéntico orden de ideas, el Derecho Comparado ha sostenido que "no pertenecen al Derecho Penal, sino al Derecho Público en sentido estricto, aquellos preceptos que conminan la conducta antinormativa con otras sanciones distintas de las del Derecho criminal. Así (...) las sanciones que se imponen por desobediencia o conducta indebida ante un tribunal, tampoco son penas en el sentido del Derecho Criminal, aunque consistan en privación de la libertad. Por eso el legislador respecto de esas que antes denominada 'penas de orden' para evitar malos entendidos hoy habla tan solo de 'medios de orden'(... (Roxin, Cláus. Derecho Penal. Parte General. Editorial Civitas S.A. 1997. Pp. 43-44). Asimismo, ya desde una perspectiva criminológica y de política pública antidelictiva, debe apuntarse que el tratamiento que hasta ahora se le ha dado al articulo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales, y, en fin, su consideración actualmente inoperante esa disposición legal cuya sanción, en relación al ámbito penal en desproporcionalmente limitada, de caras a la gravedad del hecho que describe y al tratamiento procesal penal (el cual ha mercado, casi por completo, la fuerza coercitivas que tenía en otros momentos y antes de varias reformas sustantivas y procesales), y, por tanto, a la protección de los derechos fundamentales y de su tutela a través de sus definitorios y máximos garantes: los jueces y juezas, en especial, de los magistrados y magistradas del más Alto Tribunal de la República, árbitro conclusivo de los estos últimos. En fin, la intervención penal, al menos hoy día, sería ineficaz en el caso del desacato de amparo, circunstancia que justifica la presencia de tal ilicito Constitucionales), en un aparte referido al procedimiento de amparo (justamente para garantizar su eficacia en uno de los ámbitos juridicos más importantes: el amparo a los derechos y garantías individuales, colectivas o normas indiscutiblemente penales, no se haya incluido en ellas, sino que siga manteniéndose en la referida ley, concretamente en el Titulo referido al "procedimiento" de amparo constitucional (cuya máxima instancia es este penales (que no existe en la misma), razón por la cual, el procedimiento aquí establecido es el que debe seguirse para verificar el desacato al amparo constitucional previsto en el articulo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, de ser el caso, imponer la sanción prevista en ese artículo. En efecto, es innegable el carácter simple y objetivamente comprobable del referido ilícito por parte de los jueces, con un proceso compatible con los articulos 26, 49 y 257 de la Constitución, tal y como ocurrió en el presente caso, en el cual se pudo verificar de manera indubitable el desacato, tal y como lo hacen con frecuencia, incluso desde hace décadas, diversos tribunales de la República de todas las instancias, cuando aplican similares sanciones que deben ser impuestas directamente por los jueces, juezas y magistrados o magistradas, apenas verifiquen, con respeto al debido proceso, las infracciones descritas en los ya señalados articulos 24 y 98 del Código de Procedimiento Civil, 28 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales, 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 42, 48, 170 y 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; respecto de las cuales se aplica otro procedimiento también compatible con el Texto Fundamental, septiembre de 2009, en la que se asentó lo siguiente: "Como se sabe, la coerción constituye una de las principales caracteristicas del ordenamiento juridico, supuestos normativos no se cumplen voluntariamente. Ya Kelsen afirmaba que '.la categoria lógica del deber ser n n n e diferencia especifica del derecho... En una regla de Derecho la consecuencia imputada a la condición es un acto coactivo que consiste en la privación, forzada si es necesario, de bienes.. Este acto coactivo se llama sanción... Es la reacción específica del derecho contra los actos de conducta humana calificados de ilícitos o contrarios a derecho; es, pues, la consecuencia de tales actos. Los juristas del siglo XIX estuvieron casi todos de acuerdo en considerar la norma jurídica como una norma coercitivas, que prescribe o permite el empleo de la coacción, y en admitir que la coacción es el carácter distintivo de la norma jurídica.." (Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho. Segunda edición, Buenos Aires, EUDEBA, 1960, p. 70 y 71). En el ámbito del Derecho esa dimensión coercitivas se despliega a través de actos con tal carácter, entre los cuales destacan, el de crear las normas sancionadoras y el de imponer las sanciones en ellas contenidas. Al respecto, el elemento característico esencial de esas normas es la consecuencia de su trasgresión, a saber, la sanción, la cual se traduce, desde cierta perspectiva, en la privación de bienes juridicos del infractor. sobre la conducta no conforme para anular la o. por lo menos, para eliminar sus consecuencias dañosas es, precisamente, lo que se denomina sanción. La Sanción puede ser definida, desde este punto de vista, como el medio a través del cual se trata, en página original (tal como se publicó) [Página 45] un sistema normativo, de salvaguardar las leyes de la erosión de las acciones contrarias...'(Babbio, Norberto. Teorla General del Derecho. Madrid, Debate, 1999, p. 119). Por su parte, desde cierto enfoque, el propósito de la sanción estriba en procurar el vigor de la norma infringida, salvaguardar el orden jurídico, contribuir con el control social de la conducta cuya realización está asociada a la sanción (al tratar de evitar con ella y su efectiva aplicación que se desplieguen tales comportamientos, no sólo por parte de las personas en general, sino tambien por parte del sancionado), en proteger el correcto desenvolvimiento de los individuos en la sociedad y en tutelar la ajustada marcha de esta última, teniendo siempre en cuenta que, en tanto creación del Estado, las normas deben corresponderse con los fines esenciales de este último que, conforme a lo dispuesto por el postulado cardinal previsto en el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantia del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. En este orden de ideas, respecto de las particularidades de buena parte de las normas juridicas, Capella ha señalado que, salvo las normas-origen de carácter permisivo, o normas-origen de la autoridad reconociendo derechos a los oyentes, un segundo rasgo caracteriza a las normas juridicas como tales: su contravención es una actuación actual que -satisface la descripción de las condiciones de aplicación de otra norma juridica que prescribe una sanción en tal supuesto. Dicho de otro modo, las normas juridicas se hallan recursivamente en relación de conexión con normas sancionadoras, con la excepción mencionada, en el juego juridico que se está analizando aqui (Capella, Juan Ramón. Elementos de análisis jurídico. Madrid, Trotta, 2004, p. 80). Precisamente dentro de ese 'juego juridico' se encuentran las normas sancionadoras establecidas en los articulos 42, 48, 170 y 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, toda vez que, por una parte, las mismas contienen mensajes dirigidos a los sujetos pasibles de ellas para que no desplieguen las conductas descritas, y, por otra, mensajes dirigidos a los jueces para que, en caso de que aquellos ejecuten tales comportamientos prohibidos, impongan las sanciones correspondientes; lo cual refleja la estructura lógica de la norma juridica: Dado el supuesto de hecho "A" corresponde la consecuencia jurídica "B", dado el supuesto de hecho "B" corresponde la consecuencia "C" (sanción). Sin embargo, como se sabe, la coerción por si sola no caracteriza suficientemente una parte fundamental del orden juridico, pues para distinguirlo y, por ende, para distinguir la intervención y sanción juridica, se requiere la concurrencia de otros elementos, entre los que resalta su carácter normativo, general, externo e institucionalizado. Desde una perspectiva preliminar, grpsso modo, en el aplicable, en principio, de forma general a todos los individuos que se encuentren dentro de los limites territoriales de un pais o. en fin, dentro de los limites de su jurisdicción, y en el contexto internacional, un sistema normativo aplicable de forma general en todos o algunos países. Asi, según Hart, en una forma primaria, aunque no exclusiva, el control juridico es un control mediante directrices que en este doble sentido son generales... En un estado moderno se entiende usualmente que a falta de indicaciones especiales .que amplien o reduzcan la clase, sus normas juridicas generales se aplican a todas las personas que se encuentren dentro de los limites territoriales (Hart, Herbert. El concepto de derecho. Trad. Genaro Carrió, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1998, p. 27). ordenamiento juridico que, en el ámbito venezolano, abriga a las normas sub examine, las cuales ostentan un (nnegable carácter general. Aunado a ello, ese ordenamiento juridico, a diferencia del orden moral o social en general, es institucionalizado y externo, pues su existencia es reconocida y/o creada y mantenida por una comunidad políticamente organizada a través de las instituciones y órganos creados a tales efectos, es decir, a través de la autoridad, la cual garantiza la existencia de ese orden que está dirigido a regular conductas externas, recurriendo, incluso, a la fuerza o a la violencia legitima, al menos en principio-, potestad que se puede evidenciar en las sanciones que se imponen como respuestas a las infracciones de aquel ordenamiento (lo que a su vez evidencia la estructura lógica de la norma juridica precitada). Ahora bien, esta Sala constata que las normas sancionadoras contenidas en los articulos 42 48, 170 y 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, comparten esas caracteristicas generales del ordenamiento juridico, es decir, son institucionalizadas y externas, pues han sido creadas a través del procedimiento correspondiente, por el órgano constitucional competente para ello, la Asamblea Nacional, y están dirigidas a regular conductas externas (su sello es ser heteronómicas). En otro orden de ideas, dentro de las sanciones que responden a las infracciones del orden juridico se encuentran aquellas destinadas a castigar y reprimir las conductas que atentan contra una parte esencial de la actividad que hace viable, a saber, la aplicación del derecho objetivo, en otras palabras, las conductas que atentan contra una dimensión cardinal de la imprescindible actividad del el adecuado operativa derecho, es decir. desenvolvimiento de la función jurisdiccional y, en fin, la correcta marcha de la administración de justicia. Según Moreno Catena, la Jurisdicción puede ser definida como el Poder Judicial, integrado por jueces y magistrados, a quienes, por su independencia y sumisión a la Ley y al Derecho, la soberania nacional ha otorgado en exclusiva la potestad jurisdiccional y, en consecuencia, expresamente les ha legitimado para la resolución juridica, motivada, definitiva e irrevocable de los conflictos intersubjetivos y sociales, para la protección de los derechos subjetivos, el control de la legalidad y la complementación del ordenamiento jurídico (Moreno Catena, Victor y otros. Introducción al Derecho Procesal. Tercera edición, Madrid, Colex, 2000, p. 29). Por su parte, Chiovenda entiende la función jurisdiccional como la función del Estado que tiene por fin la actuación de la voluntad concreta de la ley mediante la sustitución, por la actividad de los órganos públicos, de la actividad de los particulares o de otros órganos públicos, al afirmar la existencia de la voluntad de la ley, o al hacerla práccicamente efectiva (Chiovenda, Giuseppe. Curso de Derecho Procesal Civil. México D.F., Harla, 1999, p. 195). Tal es la importancia de la jurisdicción, de la función jurisdiccional y, en fin, de la administración de justicia, en el marco del Estado moderno, que el legislador tutela celosamente su ajustada marcha, incluso, a través de uno de los medios de control social más formalizados, es decir, a través del derecho penal. Asi, en el ordenamiento juridico venezolano puede apreciarse que el correcto funcionamiento de la administración de justicia constituye un bien juridico tutelado, principalmente, pero no exclusivamente, por el Código Penal, de forma similar a como lo prevén otros tantos sistemas juridicos. En efecto, en el Titulo IV del principal texto penal sustantivo se sancionan con penas privativas de libertad, en su gran mayoria, algunos comportamientos quevuineran sustancialmente .el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, tales como la negativa a servicios calumnia, el falso testimonio, la prevaricación el encubrimiento, la fuga de detenidos y la realización de la justicia por si mismo. Como se sabe, esas no son las únicas conductas que vulneran la correcta marcha administración de justicia, sin embargo, son algunas de las más gravosas, razón por la cual son sancionadas a través del derecho penal. Aparte de esas conductas hay otras que, aunque también vulneran el apropiado curso de la administración de justicia, son reprimidas por otros medios de control social, entre los que se encuentra la potestad conferida a los Jueces en ejercicio de la función jurisdiccional., para que, en caso de verificar en algún sujeto un comportamiento lesivo a la adecuada marcha de la administración de justicia, desvalorado expresamente por la Ley. impongan las sanciones juridicas-procesales establecidas respectivamente por esta última. En otras palabras, entre aquellos medios de control social formal menos lesivos, al menos cuantivamente (deber ser), se encuentra la potestad que le ha asignado la Ley a jueces de las diversas jurisdicciones, de imponer, en los casos expresamente determinados con anterioridad al hecho, sanciones que la propia Ley ha establecido previamente (principio de legalidad de las infracciones -vid. articulo 49.6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela-]. Tal autoridad, como se apreciará más adelante, entra en el ámbito de la potestad jurisdiccional, especificamente, dentro de la potestad ordenatoria, lo que, sumado a lo precedentemente expuesto, permite ubicarla esencialmente en el ámbito del derecho procesal, rama del ordenamiento juridico que, en general, se dedica fundamentalmente al proceso y que abarca, incluso, como pudo apreciarse, importantes dimensiones tuitivas del proceso, el cual, según lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Ahora bien, en los articulos 42, 48, 170 y 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, asi como en otros tantos previstos en el resto de nuestro ordenamiento juridico, se evidencian normas que reflejan esa potestad jurisdiccional ordenatoria expresamente determinados por ellas, aplique las sanciones que la propia Ley ha establecido previamente, de alli que tal ordenatoria-sancionatoria. página original (tal como se publicó) [Página 46] En efecto, el derecho venezolano, asi como el de otros establecido reglas de países, tradicionalmente ha competencia que le otorgan al juez. como órgano fundamental del Poder Judicial (vid. artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), la potestad de sancionar a quienes desplieguen ciertas conductas contrarias al adecuado desenvolvimiento de la administración de justicia, tales como aquellas que obstaculicen o tiendan a obstaculizar el proceso, las que impliquen fraude procesal, colusión, temeridad o mala fe. Todo ello en con el fin de garantizar la eficacia del orden normativo y. por ende, permitir niveles aceptables de convivencia social, pues, de lo contrario, el derecho perdería su imperio, mostrándose como prescindible, y sólo la moral, los usos sociales y otros medios de control social informal, procurarían la ardua tarea de la organización social. (...) Así pues, en sus articulos 42, 48, 170 y 178, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo ha conferido al juez laboral un especial poder coercitivo directo, con el fin de salvaguardar el cabal funcionamiento del proceso en materia laboral, y, en definitiva, con el fin de tutelar la correcta marcha de la administración de justicia. Es un poder coercitivo interior al proceso y al juez, vinculado directamente a la estructura lógica de la norma juridica. Tal poder coercitivo se traduce, prima facie, en la imposición de sanción de multa y, en caso de que el sancionado no acate la decisión judicial que le impuso pagar la multa, se impondrá la sanción de arresto, especificamente en el caso del articulo 42, arresto en Jefatura Civil de la localidad de ocho a quince dias, respectivamente: en el supuesto del artículo 48, arresto domiciliario de hasta ocho dias, a criterio del Juez; y en el caso de los articulos 170 y 178, arresto en Jefatura Civil de quince dias. Con relación a similares tipos de arresto, la doctrina "...voluntaria colaboración en el apremio, sobre todo, cuando lo que se le exige es un comportamiento personalisimo. En el derecho comparado contemporáneo (Inglaterra, Alemanta) se conoce lo que podríamos llamar 'arresto reflextvo': con la privación de libertad se intenta doblegar la voluntad rebelde del arrestado..." (Montoya, Alfredo y otros. Curso de Procedimiento Laboral. Sexta edición, Madrid, Tecnos, 2001, p. 483) Tal fórmula de aplicación de la sanción de arresto, en virtud del incumplimiento de la multa en el ámbito de este tipo de sanciones legales impuestas por el juez, ya existía en nuestro ordenamiento juridico para el momento de la entrada en vigor de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, asi, por ejemplo, el artículo 98 del Código de Procedimiento Civil, en una norma similar a la prevista en el articulo 42 de aquella Ley, establece que "...Si el arresto de quince días en el primer caso y de treinta dias en el segundo". Articulo 98.- "Declarada sin lugar la recusación o inadmisible o habiendo desistido de ella el recusante, pagará éste una multa, de dos mil bolivares si la causa de la recusación no fuere criminosa, y de cuatro mil bolivares si lo fuere. La multa se pagará en el término de tres dias al Tribunal donde se intentó la recusación, el cual actuará de agente del Fiscd Nacional para su ingreso de la Tesoreria Nacional. Si el recusante no pagare la multa dentro de los tres días, sufrirá un arresto de quince días en el primer caso y de treinta días en el segundo. Si la causa de la recusación fuere criminosa, tendrá el recusado la acción penal correspondiente contra quien la haya propuesto, el cual podrá incurrir también en las costas causadas a la otra parte" (Subrayado añadido). Con relación a la precitada disposición legal, esta Sala, en sentencia N° 111 del 29 de enero de 2002, señalo lo siguiente: "...En este sentido, se debe observar que el legislador, haciendo uso de sus poderes para la determinación de las sanciones apropiadas, ha decidido que el recusante condenado al pago de una multa, y que incumpliendo su obligación, no la cancelase, debe ser posteriormente sancionado a un arresto, cuya duración variará según el carácter criminoso o no de su recusación... Como se puede apreciar, la Sala ya reconocida la dinámica contemplada en la precitada disposición legal, de la cual se desprende que la sanción de arresto se impone precisamente en multa al sancionado, lo cual le da un carácter secundario o subsidiario a la sanción más gravosa, es decir al arresto, el cual se deriva, en efecto, del desacato de aquella norma individualizada (decisión) que impuso la sanción -inicial- (multa). Aunado a ello, no sólo nuestro ordenamiento establece ese tipo de normas, sino también la legislación comparada, incluso, en materia civil, lo que permite afirmar que estando entonces el juicio laboral bajo la regida del principio protectorio, dicha actividad sancionatoria se intensifica en este ámbito a fin de cumplir precisamente la garantia protectoria, también en la decisión del conflicto laboral. De lo anterior puede concluirse quej las disposiciones sancionadoras contenidas en los articulos 42 48, 170 y 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, constituyen efectivamente normas externas, generales, institucionalizadas, y coercitivas, de considerarse inherentes al ámbito de la jursdicción en la cual se apliquen), en virtud de lo cual puede afirmarse que las mismas constituyen normas juridicas revestidas de legitimidad, hasta aqui, en lo que se refiere a su proceso de formación y, en general, al elemental contenido coercitivo primario de las mismas, el cual ya ha sido reconocido, al menos implícitamente, en normas similares, tales como la establecida en el artículo 98 del Código de Procedimiento Civil y por normas prevista$ en la legislación comparada." Aunado a ello, la referida decisión esta Sala dispuso lo siguiente: "El artículo 44.1 de nuestra Carta Magna establece: 'Articulo 44. La libertad personal es inviolable, en consecuencia: Ninguna persona puede ser arrestada o 1. detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas caso. La constitución de caución exigida por la ley para conceder la libertad de la persona detenida no causará impuesto alguno. ...omissis... (subrayado del presente fallo). Como se puede apreciar, el precitado articulo consagra el derecho a la libertad personal y, seguidamente, establece en qué supuestos puede ser arrestada o detenida una persona, los cuales se erigen como excepciones a aquel derecho. La primera excepción al derecho a la libertad personal establecida en el artículo in commento, al menos desde la perspectiva sistemática, está representada por la orden judicial: Ninguna persona puede ser arrestada o deterida sino en virtud de una orden judicial. En otras palabras, la norma hace alusión en primer término, a esa figura tradicionalmente consagrada no sólo en nuestro ordenamiento juridico, sino también en muchas otras de las legislaciones, denominada "arresto" f"Ninguna persona puede ser arrestada..."). El arresto no sólo ha estado circunscrito al ámbito del derecho penal, el cual lo contempla como una pena (vid. articulo 9.3 del Código Penal), sino también a diversos sectores del derecho que, de forma similar, han hecho y hacen uso de él como un medio de coerción para garantizar su eficacia y, por ende, la del orden juridico en general, tal y como se demuestra, por ejemplo, en los articulos 98 del Código de Procedimiento Civil, 28 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales, 92, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y en los articulo 42, 48, 170 y 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. El contenido de esos articulos, excluyendo los ya citados de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es el siguiente: Código de Procedimiento Civit: "Artículo 98.- Declarada sin lugar la recusación o inadmisible o habiendo desistido de ella el recusante, pagará éste una multa, de dos mil bolivares si la causa de la recusación no fuere criminosa, y de cuatro mil bolivares si lo fuere, La multa se pagará en el término de tres dias al Tribunal donde se intentó la recusación, el cual actuará de agente del Fisco Nacional para su ingreso de la Tesoreria Nacional. Si el recusante no pagare la multa dentro de los tres dias, sufrirá un arresto de quince días en el primer caso y de treinta dias en el segundo. Si la causa de la recusación fuere criminosa, tendrá el recusado la acción penal correspondiente contra quien la haya propuesto, el cual podrá incurrir también en las costas causadas a la otra parte". sabreDerechos y Ley Orgánica de Amparo Garantías Constituclonales: "Artículo 28: Cuando fuese negado el amparo, el Tribunal se pronunciará sobre la temeridad de la acción interpuesta y podrá imponer sanción hasta de diez (10) dias de arresto al quejoso cuar.do aquella fuese manifiesta". página original (tal como se publicó) [Página 47] Ley Orgánica del Poder Judiciat "Artículo 92: Se prohibe toda manifestación de censura o aprobación en el recinto de los tribunales, pudiendo ser expulsado el transgresor. Caso de desorden o tumulto, se mandará a despegar el recinto y continuará el acto o diligencia en privado. Los transgresores serán sancionados con multas del equivalente en bolivares a dos unidades tributarias (U.T.), convertible en arresto, en la proporción establecida en el Código Penal." Articulo 93: Los jueces sancionarán con multas que no excedan del equivalente en bolivares a tres unidades tributarias (U.T.), o de ocho dias de arresto, a quienes irrespetaren a los funcionarios o empleados judiciales; o a las partes que ante ellos actúen; y sancionarán también a quienes perturbaren el orden de la oficina durante su trabajo." Articulo 94: Los tribunales podrán sancionar con multa del equivalente en bolivares a cuatro unidades tributarias (U.T.), o con arresto hasta por ocho dias, a los abogados que intervienen en las causas de que aquellos conocen: 1) Cuando en el ejercicio de la profesión faltaren oralmente, por escrito, o de obra al respeto debido a los funcionarios judiciales; 2) Cuando en la defensa de sus clientes ofendieren de manera grave o injustificada a las personas que tengan interés o parte en el juicio, o que intervengan en él por llamado de la justicia o a los otros colegas. Todos estos hechos quedan sometidos a la del apreciación juez, quien decidirá discrecionalmente si proceden o no las medidas indicadas; pero los sancionados tendrán el derecho de pedir la reconsideración de la medida si explicar en sus palabras o su intención, a fin de satisfacer al tribunal. En caso de falta cometida por escrito, el juez ordenará testar las especies ofensivas, de manera que no puedan leerse". Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia Articulo 23: "Cuando sea procedente se aplicarán las presentes sanciones: 1. El Tribunal Supremo de Justicia aplicará las sanciones que establece el ordenamiento juridico vigente en las causas que conozca. El Presidente o Presidenta de la Sala respectiva, sancionará con arresto de hasta por quince (1$) dias a quienes irrespetaren al Poder Judicial, al propio Tribunal Supremo de Justicia o a sus órganos, funcionarios o empleados; o a las partes que falten el respeto o al orden debidos en los actos que realicen, llamen públicamente a la desobediencia o desacato a las decisiones o acuerdos, o incumplan las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia o perturbe el trabajo en sus oficinas. Se garantizará el derecho a la defensa, el debido proceso y a os procedimientos disciplinarios correspondientes. De forma accesoria, el Tribunal Supremo de Justicia podrá, en estos casos, imponer al infractor de esta norma, multa que oscilará entre el equivalente de cien unidades tributarias (100 U.T.) a doscientas unidades tributarias (200 U.T.). Se considerará circunstancia agravante el hecho de que el autor de la falta sea abogado o abogada o tenga interés en algún caso que se tramite por ante el Tribunal Supremo de Justicia, para lo cual la sanción podrá aumentarse entre un tercio (1/3) y la mitad multa...omissis...". Podria decirse que las sanciones contempladas en los referidos articulos no constituyen, al menos stricto sensu, sanciones juridico-penales, en virtud de que (1) no están e e e e contundente, puesto que actualmente existen en nuestro ordenamiento juridico gran cantidad de tipos y normas penales en general, en leyes no penales), (2) la sanción no es impuesta como resultado de la consecución de un proceso penal (lo cual no excluye el deber de respetar los derechos y garantías constitucionales de los sujetos pasibles de sanción, especialmente a la hora de determinar si se infringió una norma e imponer la sanción respectiva) y, finalmente, (3) no necesariamente ha de que, en conjunto, le imprimen ciertas caracter éticas distintivas a estas sanciones respecto de las penales stricto sensu, particularizando de esa forma su naturaleza juridica en ese sentido). En la legislación venezolana ciertas sanciones que son consideradas penas desde la perspectiva del derecho penal, específicamente, los arresto y las multas (vid. articulo 10.7 otras normas no penales. del artículo 44.1 de nuestra Carta Magna, puede decirse que la su función judicial. A decir, de Carnelutti, "..que el fuez sea superior a las partes es una meta que la ley se esfuerzo, más o menos sagazmente, en alcanzar; de todos modos, la alcance o no en realidad, es una necesidad que se considera alcanzada. Este resultado se consigue mediante la atribución al fuez de un poder, y hasta de una potestad, que es justo llamar potestad jurisdiccional. Más brevemente se dice también jurisdicción; la palabra 'jurisdicción' adquiere ast un doble significado en cuanto sirve para indicar tonto la función como el poder judicial..." (subrayado añadido). Para ese autor, "...la potestad fundamental es naturalmente aquella que el juez ejercita mediante la decisión (...) Junto a tal potestad la jurisdicción se articula en una cantidad de otros poderes, los cuales pertenecen en primer lugar al juez mismo y, junto a él, a sus coadjutores. El decidir representa el último de una secuela de actos, los cuales sirven pard preparar la decisión; si no precisamente cada uno, muchos de ellos constituyen a su vez ejercicio de una potestad. En particular, antes y a fin de decidir, se le hace necesario al juez dictar órdenes, sir las cuales el proceso no se podria desarrollar; entra asi en el ámbito de la potestad jurisdiccional, además de la potestad decisoria una potestad ordenatoria; la una y la otra constituyen las dos especies fundamentales de ella." (Carnelutti, Giuseppe. Derecho Procesal Civil y Penal. Trad. y Comp. Enrigue Figueroa. México D.F, Harla, p. 58) -Resaltado añadido-. En efecto, como lo señala Carnelutti, puede decirse que decisoria y una potestad ordenatoria, pudiendo sostenerse que, incluso, esa potestad decisoria tiene una innegable dimensión ordenatoria, en tanto, la sentencia puede entenderse como una norma juridica individualizada, o, desde otra perspectiva, como un mandato juridico individual, de alli que pueda sostenerse que la denominación "orden judicial", abarca los mandatos que emanan del juez en ejercicio de su función judicial. En todo caso, tales formas de manifestación de la potestad jurisdiccional se materializan a través de las ordenes que dicten los jueces a través de decisiones definitivas o interlocutorias, respectivamente. Visto ello, esta Sala considera, y asi lo establece con carácter vinculante, que las sanciones previstas en los articulos 42, 48, 170 y 178 de la Ley Orgánica Procesal del de la potestad Trabajo, constituyenmanifestaciones ordenatoria del Juez (especificamente dela potestad sancionatoria), y, en fin, manifestaciones del ejercicio de la función jurisdiccional, por lo cual pueden considerarse ordenes judiciales en los términos del articulo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuestión que las hace compatibles con lo dispuesto en esa disposición constitucional que, al no restringir ni el juez que puede dictar el arresto, ni el tipo, ni dimensión de jurisdicción en la que puede ordenarse, determina asimismo la compatibilidad de Jas referidas normas denunciadas con el derecho de la persona a ser juzgado por sus jueces naturales, previsto en el articalo 49.1 eiusdem. La jurisdicción, que es de orden público, tiene rango constitucional y la potestad de ciudadanas, corresponde a los órganos del Poder Judicial mediante lo determinado en la ley para hacer eficaz el derecho, y en el cuadro normativo se insertan los arresto. Es la garantia de la jurisdicción como su carácter distintivo en términos de Calamandrei. Asi se declara. Asi pues, los arresto derivados del incumplimiento de las sanciones pecuniarias establecidas en los articulos 42, 48, 170 y 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, son producto del ejercicio de la potestad jurisdiccional, especificamente de su dimensión ordenatoria y, por ende, excepciones legítimas al derecho a la libertad personal en el ámbito del articulo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En razón de ello, esta Sala considera que los actos que se derivan del poder procesal reconocido en las normas sancionadoras contenidas en los precitados articulos, son de naturaleza jurisdiccional, y no administrativa, razón por la que esta Sala cambia expresamente el criterio adoptado, entre otras decisiones, en la sentencia N° 1212 del 23 de junio de 2004, caso Carlos Palli, en la que se afirmaron, ente otras cosas, que "Tal potestad disciplinaria está comprendida e ne ae e e e e naturaleza estrictamente jurisdiccional, y de all que la doctrina procesalista, la cual comparte esta Sala, la entienda como un poder procesal, inherente a la condición del Juez en tanto director oportunidades, en las que señaló que se trata de actos administrativos de efectos particulares...". ! página original (tal como se publicó) [Página 48] En consecuencia, se desestiman los alegatos de los accionantes según los cuales los articulos 42, 48, 170 y 178 de la Ley Orgánica ser juzgado por sus jueces naturales, previstos, respectivamente, en los articulos 44.1 y 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asi se decide." ha reconocido a la correcta marcha de la Administración de Justicia y a todos los valores constitucionales y juridicos que ella tutela, sino también: 1.- Al carácter insoslayable de las normas sancionatorias 2.- A que algunas de esas sanciones, incluso privativas de libertad, pucden ser directamente impuestas por los jueces correspondientes de diversas jurisdicciones, respetando el debido proceso, 3.- A que no toda sanción privativa de libertad establezca -legalidad procesal-, y 4.- A que esas normas y sanciones están ajustadas a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como ha podido verificarse. En razón de ello, queda claro que en el presente asunto se está ante una intervención jurisdiccional absolutamente legitima, toda vez que, sobre la base de principios, normas y derechos humanos constitacionalizados, esta Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales, para mantener la validez del mismo, sustentada, entre otras tantas razones, en el principio de estabilidad de la legislación y en la necesidad de garantizar el acatamiento a las decisiones jurisdiccionales en protección de derechos y garantías constitucionales, y, por ende, en la necesidad de proteger el orden constitucional y juridico, la paz, la ética y el bienestar social. Es claramente lógico que en el presente asunto la Sala no pretende juzgar ilícito penal alguno vinculado a esta causa, pues o que está siendo objeto de decisión es si hubo o no desacato a la decision que dictó, y, al haberlo corroborado, imponer la consecuencia juridica que le obliga atribuir, Precisamente eso es lo que está enjuiciando esta Máxima Instancia Constitucional, un ilicito cometido en el contexto de este proceso y que contraria una decisión que dictó, por lo que debe restablecer el mandato defraudado imponiendo la sanción prevista en la ley en honor a los principios de legalidad y debido proceso, aunado al derecho de los justiciables a tener una tutela judicial efectiva. Por ello la realización de este procedimiento llevado a cabo en ejercicio de la potestad sancionatoria de la jurisdicción constitucional, no se contrapone a la competencia penal del Ministerio Público, de la policia de investigación penal y de la jurisdicción penal (stricto sensu), la cual no se extiende hasta este ilicito judicial constitucional de desacato. Por tal motivo, el contenido de este ilicito judicial se le informó con absoluta precisión a los ciudadanos citados mediante sentencia N° 138 del 17 de marzo de 2014, en la que, entre otras circunstancias, se les convocó a una audiencia que fue oral, contradictoria, pública y concentrada -artículo 257 Constitucional-, además de gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles - articulo 26 eiusdem- y orientada en todo momento por los principios de inmediación, libertad de pruebas y libre apreciación de las pruebas, control y contradicción de las mismas, entre otros. Así, en la mencionada decisión se les citó a la referida audiencia, junto al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, porque se obtuvo información por notoriedad comunicacional, de la cual pudiera denotarse el presunto incumplimiento del mandato constitucional librado en la sentencia N° 136 de 12 de marzo de 2014", hecho claro y objetivo que cra de su absoluto conocimiento antes de llegar a la audiencia, del cual se defendieron en la misma plenamente durante horas, tal y como se desprende de sus alegatos y de todo el cúmulo probatorio que trajeron al proceso. En efecto, en el aludido fallo se les informa que su intervención en la audiencia es a fin de que "expongan los argumentos que a pien tuvieren en su defensa", tal y como lo hicieron en efecto, evacuando además varios medios de prueba testimoniales e instrumentales que promovieron los encargados de autos, en garantía a los derechos a ser oidos y al debido proceso que les asisten, respetando en todo instante, hasta el momento inmediatamente anterior al pronunciamiento del dispositivo, el derecho a la presunción de inocencia. En ese orden de ideas, esta Sala no sólo es el juez natural de la causa en la que dictó el amparo cautelar sino también en la presente incidencia. En ambos procesos el único interés de esta Sala estriba en la Administración de Justicia, por lo que la independencia, imparcialidad (articulos 26 y 254 Constitucionales), preexistencia a la infracción, competencia jurisdiccional y material (es el Tribunal que debe declarar el desacato a la decisión que dictó y sancionar la conducta contraria a esta última, conforme a la norma vigente y válida prevista en el articulo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), y atributos en general de las garantias constitucionales del juez natural se mantienen incólumes (artículo 49.4 del Texto Fundamental). Asi pues, en sintesis, se está ante un ilicito judicial constitucional cuya de legalidad y reserva de ley), ante un proceso con todas las garantías orientado por la Constitución de la República Bolivariara de Venezuela e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos (principios de exclusividad procesal y debido proceso), y ante una sanción impuesta por la jurisdicción, concretamente, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (principios de exclusividad judicial, juez natural -preexistente al articulo 31 de la de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales - y tutela judicial efectiva), y debidamente ejecutada -como toda sanción judicial- por la jurisdicción. En otro orden de ideas, respecto del principio de la doble instancia, debe recordarse que el mismo, al igual que la gran mayoria de los axiomas jurídicos, no son absolutos y encuentran excepciones, inclusive, dentro de la propia Constitución (vid., entre otros, los artículos 335 Constitucional y 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia). Con relación a la doble instancia, el artículo 49 Constitucional dispone lo siguiente: "Articulo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia juridica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley". Así pues, en el contexto de una norma constitucional (artículo 49), que en su referencia jurisdiccional se centra fundamentalmente en la jurisdicción página original (tal como se publicó) [Página 49] penal, se establece el derecho a recurrir del fallo condenatorio con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su articulo 14.5, lo siguiente: "Articulo 14. 5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que sc le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley". Asi, el referido instrumento internacional sobre derechos humanos, de forma similar a nuestra Constitución, condiciona la doble instancia a una sentencia condenatoria, que el caso de autos no es penal, a la existencia de un tribunal superior, que en este caso no existe, por ser esta es la máxima y última intérprete y protectora judicial de la constitucionalidad, y a la respectiva previsión constitucional o legal, que en este caso tampoco existe respecto de esta Sala, por lo que cuando ejerciere su potestad sancionatoria constitucional, como ocurre en este asunto, no vulneraría el principio de la doble instancia. En tal sentido, la propia Constitución confirma, en otra de sus disposiciones, la limitación y relatividad de la doble instancia, toda vez que, según los articulos 266, numerales 1 y 2 (vid. Sentencia N° 1684 del 4 de noviembre de 2008), la Sala Plena de este Máximo Tribunal de la República es la competente para proceder al enjuiciamiento penal de determinados altos funcionarios, cuando dictamine la existencia de mérito para ello, supuestos en los cuales, aun dictada una sentencia condenatoria, no existe posibilidad de una doble instancia penal, en el sentido general del término (apelación o impugnación ante el superior jerárquico de esa misma jurisdicción), toda vez que la revisión constitucional no es propiamente un medio ordinario de impugnación, pues como se desprende del Texto Fundamental, es una potestad extraordinaria. En razón de lo antes expuesto, es absolutamente evidente la imposibilidad constitucional y legal de recurrir de la sanción de la jurisdicción constitucional, que esta Sala debe imponer a los responsables de autos. Así se declara. Ahora bien, conforme a lo hasta aquí expresado y en virtud de la relevancia de los intereses jurídicos involucrados en el procedimiento por desacato al mandamiento de amparo constitucional, cuando este último haya sido declarado por cualquier otro tribunal distinto a la Sala Constitucional (cuyas decisiones si puedan ser examinadas por un tribunal superior en la jurisdicción constitucional), éste deberá remitirle en consulta (per saltum), copia certificada de la decisión que declare el desacato e imponga la sanción prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales, previa realización del procedimiento de amparo señalado por esta Sala en la sentencia N° 138 del 17 de marzo de 2014, para constitucional, de ser el caso, pueda ser ejecutada. En ese sentido, tal como se desprende de ello, la referida consulta es anterior a la ejecución de la sentencia y tendrá efecto suspensivo de esta última. Así se declara. Por tales argumentos de hecho y de derecho, esta Sala debe declarar con criterio vinculante, el carácter jurisdiccional constitucional de la norma establecida en el articulo 31 de la Ley Orgánica de Amparp sobre Derechos y Garantias Constitucionales, ello para garantizar el objeto y la finalidad de esa derechos y garantías constitucionales, el respeto a la administración de justicia, la administración pública, el funcionamiento del Estado, el orden Pueblo, junto a los demás valores e intereses constitucionales vinculados a tienen cabida en este ámbito (fijación de la competencia territorial respecto de la ejecución, intervención fiscal, policial y de la jurisdicción penal -la cual, valga insistir, encuentra su último control constitucional en esta Sala-, suspensión condicional de la pena, fórmulas alternas de cumplimiento de la pena, entre otras tantas), más allá de lo que estime racionalmente esta Sala, de caras al cumplimiento del carácter retributivo, reflexivo y preventivo de la misma y cualquier otra circunstancia que encuentre sustento en el texto fundamental. Asi se decide. 4. Ausencia absoluta, cese de funciones públicas y consecuencias Ahora bien, en tanto el ciudadano Vincencio Scarano ostentaba la condición de Alcalde del Municipio San Diego del estado Carabobo (hasta la fecha de en que se celebró la presente audiencia y se dictó el dispositivo de esta sentencia firme), debe considerarse lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Orgánica de Poder Público Municipal, el cual dispone fo siguiente: "Artículo 87 Las ausencias temporales del Alcalde o Alcaldesa serán suplidas por el funcionario de alto nivel de dirección, que él mismo o ella misma designe. Si la ausencia fuese por un periodo mayor de quince dias continuos, deberá solicitar autorización al Concejo Municipal. Si la falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, el Concejo Municipal, con el análisis de las circunstancias que constituyen las razones de la ausencia, declarará si debe considerarse como ausencia absoluta. Cuando la falta del Alcalde o Alcaldesa se deba a detención judicial, la suplencia la ejercerá el funcionario designado por el Concejo Municipal, dentro del alto nivel de dirección ejecutiva. Cuando se produjere la ausencia absoluta del Alcalde o cumplir la mitad de su periodo legal, se procederá a una nueva elección, en la fecha que fije el organismo electoral competente. Cuando la falta absoluta se produjere cranscurrida más de la mitad del periodo legal, el Concejo Municipal designará a uno de sus integrantes para que ejerza el cargo vacante de Alcalde o Alcaldesa por lo que reste del periodo municipal. El Alcalde o Alcaldesa designado o designada deberá cumplir sus funciones de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo aprobado para la gestión. Cuando la ausencia absoluta se deba a la revocatoria del mandato por el ejercicio del derecho politico de los electores, se procederá de la manera que establezca la ley nacional que desarrolle esos derechos constitucionales. En los casos de ausencia absoluta, mientras se cumple la toma de posesión del nuevo Alcalde o Alcaldesa, estará encargado de la Alcaldia el Presidente o Presidenta del Concejo Municipal. Se consideran ausencias absolutas: la muerte, la renuncia, la incapacidad fisica o mental permanente, certificada mandato. Como puede apreciarse, en virtud de ese imperativo legal, uno de los decretada por cualquier tribunal de la República". En efecto, la presente es una sentencia firme, por ser dictada por esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, respecto de la cual no tiene cabida recurso o impugnación alguna, tal como se desprende del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia: "Máxima Instancia Artículo 3. El Tribunal Supremo de Justicia es el más alto tribunal de la República; contra sus decisiones, en cualquiera de sus Salas, no se oirá, ni admitirá acción ni recurso alguno, salvo lo que se dispone en la presente Ley". página original (tal como se publicó) [Página 50] Pretender negar tal carácter de sentencia firme a la antedicha decisión judicial, y su cualidad de constituir una causal de falta absoluta, conforme a Municipal, implicaría contrariar tanto la Constitución como la propia jurisprudencia de esta Sala, asentada en la sentencia N° 6 del 4 de marzo de 2010, en la que se declaró el error inexcusable en el que incurrió la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia, cuando calificó "que la falta derivada de la sentencia no es una vacante absoluta'. -- En efecto, en la referida sentencia esta Sala afirma lo siguiente: "En efecto, la sentencia no puede nombrar a un ciudadano para el ejercicio del cargo de Alcalde como si ella estuviera habilitada decisión jurisdiccional, tal como lo establece el articulo 87 de la ley antes mencionada. La Sala Electoral incurre en un error inexcusable en derecho cuando califica que la falta derivada de la sentencia no es una vacante absoluta, cuando la propia disposición citada establece en su aparte final, que uno de los supuestos de falta absoluta es la "sentencia firme decretada por cualquier tribunal de la República", desconociendo de esta manera dicho régimen, y posteriormente, proceda a designar a un funciones sin atender al régimen de sustituciones referido y vulnerando el derecho constitucional a la participación política. Es, pues, el error grave e inexcusable (porque la norma es absolutamente clara) acerca de la calificación de la falta que produjo la sentencia para eximirla de la aplicación de la ley para cubrir dicha falta. Aqui, nuevamente, puede observarse no sólo jurisprudencia de la Sala Electoral, pues en dos casos similares (sentencias n° 40/2006 y n°80/2007) la Sala si se ciñó a la ley violación del principio de la confianza legitima. Tampoco se comprende, se insiste, la order de exclusión (virtual inhabilitación sin fundamento constitucional y legal) del Alcalde "depuesto" en el nuevo proceso electoral, para lo cual no se ofrece explicación alguna. En todo caso, su elección en 2008 no (articulo 174 CRBV). Esta inmotivada e injustificada exclusión es claramente violatoria del derecho al sufragio de este ciudadano y el del sufragio activo de quienes tendrían derecho a votar por él; y asi se declara." Asi pues, al ser la presentø una sentencia firme, en este caso, además, sancionatoria, resulta evidente la materialización juridica de la falta absoluta del Alcalde del Municipio San Diego del Estado Carabobo, ciudadano Vicencio Scarano, conforme a lo dispuesto en el articulo 87 de la Ley Orgânica del Poder Público Municipal y de la jurisprudencia indubitada de esta Sala. Así se declara. Ahora bien, ante esa falta absoluta del aludido Alcalde, el precitado n nr apreciarse, dispone lo siguiente: "Cuando se produjere la ausencia absoluta del Alcalde o la mitad de su periodo legal, se procederá a una nueva elección, en la fecha que fije el organismo electoral competente". Scarano no ha cumplido la mitad de su periodo legal, toda vez que el mismo inició el dia 9 de diciembre de 2013, con su proclamación como tal, debe procederse a una nueva elección para proclamar al nuevo Alcalde, en la fecha que fije el organismo electoral competente. Por otra parte, el mencionado articulo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público, también prevé que: "En los casos de ausencia absoluta, mientras se cumple la toma de posesión del nuevo Alcalde o Alcaldesa, estará encargado de la Alcaldia el Presidente o Presidenta del Concejq Municipal". En razón de ello, deberá encargarse de la Alcaldia del Municipio San Diego del estado Carabobo el Presidente o la Presidenta del Concejo Municipal de ese Municipio, al cual se extiende, tanto como a cualquier ciudadano que desempeñe tal investidura ejecutiva en ese Municipio, el amparo cautelar dictado en la presente causa, para que honre lo dispuesto en el articulo 178 Constitucional y el resto del orden juridico que le atañe, y, por tanto, será responsable del cumplimiento de las competencias constitucionales y juridicas en general, como Alcalde encargado en pleno ejercicio. Asi se decide. Por su parte, el ciudadano Salvatore Luchesse, también como consecuencia de la sanción a diez (10) meses y quince (15) días de prisión que le corresponde y de las accesorias de ley que ella apareja, está inhabilitado políticamente desde el 19 de marzo de 2014, fecha en la que esta Sala dictó el dispositivo de la presente decisión, por lo cual está privado de durante el cumplimiento de la sanción, para obtener otros y para el goce del derecho activo y pasivo del sufragio. Asi se declara. Así pues, como consecuencia de los argumentos de hecho y de derecho expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia debe declarar el desacato al mandamiento de amparo constitucional cautelar que esta Sala dictó el 12 de marzo de 2014, mediante sentencia N° 136, en el que incurrieron los ciudadanos Vicencio Scarano Spisso y Salvatore Lucchese Scaletta, previsto en el articulo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, en consecuencia procede a sancionar a los prenombrados ciudadanos a cumplir diez (10) meses y quince (15) días de prisión, más las accesorias de la ley por la comisión del referido desacato al mandamiento de amparo constitucional cautelar, de conformidad Derechos y Garantias Constitucionales. Dejar a los sancionados a la orden del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Establecer como centro de reclusión de los prenombrados sancionados, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), ubicada en la ciudad de Caracas, hasta tanto un juez de primera instancia en funciones de ejecución, determine el sitio definitivo de reclusión. 5. Remisión de copia certificada de esta decisión a la Contraloría General de la República Aunado a lo antes expuesto, en razón del fundamento de hecho de la presente decisión y de los valores y principios constitucionales de la responsabilidad social, la justicia y la colaboración entre Poderes Públicos, es deber de esta Sala ordenar la remisión de copia certificada de esta decisión a la Contraloria General de la República, a los efectos de que investigue la responsabilidad administrativa de los sancionados de autos, por afectaciones a los bienes, derechos e intereses patrimoniales de la hacienda pública municipal, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 6. Remisión de copia certificada de la presente decisión a la Procuraduria General de la República En relación a ello, ante la posible afectación de bienes, derecho o intereses patrimoniales de la República, por parte de los aqui declarados página original (tal como se publicó) [Página 51] responsables de desacato a mandamiento de amparo cautelar, esta Sala tiene el deber de remitir copia certificada de la presente decisión a la Procuraduría General de la República, a los efectos de que, de asi estimarlo, tramite el procedimiento correspondiente para la determinación de la posible responsabilidad de los mismos, conforme a lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y demás normativa aplicable. 7. Remisión de copia certificada de la presente decisión al Ministerio Público Por otra parte, debe señalarse que luego de realizada la audiencia oral, esta Sala observó que el referido desacato se produjo en el marco de diversas acciones suscitadas desde el mes de febrero del presente año, no sólo en el Municipio San Diego del Estado Carabobo sino también en una parte más amplia del territorio nacional. Tales acciones probablemente estén vinculadas a la vulneración de intereses tutelados por el Código Penal y otras leyes penales, inclusive en comisión por omisión, y, por lo menos, en grado de co-intervención o coparticipación, por lo que esta Sala ordena la remisión de copia certificada de la presente decisión al Ministerio Público para que determine el inicio de la investigación penal a los ciudadanos aqui sancionados y a otras personas, por los posibles atentados penalmente relevantes contra el libre tránsito, el medioambiente, el patrimonio público y privado, el orden público, la paz social e, inclusive, los Poderes Públicos, la seguridad de la Nación, la independencia nacional, entre otros que también han podido lesionar o poner en peligro pequeños grupos de personas, en especial ciertos voceros, que en algunos Municipios del pais han venido generando hechos de violencia que, en algunos casos, no sólo han vulnerado derechos humanos individuales (incluyendo la vida, entre otros tantos) sino también colectivos, e, inclusive, han generado terror en la población. Atentados que, probablemente, también han podido provenir, mediante inducción y otras formas de participación criminal, de personas que se han encontrado o se encuentran fuera del espacio geográfico de la República, y que, en algunos casos, la República Bolivariana de Venezuela tiene a lasreglasde jurisdicción para su enjuiciamiento, conforme extraterritorialidad de la ley penal venezolana, contempladas en el articulo 4 de la República. Así se decide. ⅢI1 DECISIÓN Por las razones que se expusieron, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: 1. El DESACATO al mandamiento de amparo constitucional cautelar que esta Sala dictó el 12 de marzo de 2014, mediante sentencia N° 136, en el que incurrieron los ciudadanos Vicencio Scarano Spisso y Salvatore Lucchese Scaletta, previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 2. SANCIONA a los ciudadanos Vicencio Scarano $piso y Salvatore Lucchese Scaletta, a cumplir diez (10) meses y quince (15) dias de prisión, más las accesorias de la ley por la comisión del referido desacato al mandamiento de amparo consticcional cautelar, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Consttucionales y, en consecuencia, el ciudadano Vicencio Scarano $piso cesa en el ejercicio del cargo de Alcalde del Municipio San Diego, del Estado Carabobo. 3. Que como consecuencia de esta decisión, al culminar esta audiencia, los sancionados quedarán a la orden del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). 4. ESTABLECE como centro de reclusión de los prenombrados sancionados, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), ubicada en la ciudad de Caracas, hasta tanto un juez de primera instancia en funciones de ejecución, determine el sitio definitivo de reclusión. En atención a la naturaleza de este pronunciamiento, esta Sala ordena la publicación integra del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, y en la Gaceta Judicial, en cuyos sumario deberá indicarse lo siguiente: "Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que establece, con carácter vinculante, el carácter jurisdiccional constitucional de la norma establecida en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y establece el procedimiento que deben seguir los Tribunales de la República para aplicarla". Publiquese y registrese. Notifiquese y remitase copia certificada de la presente sentencia a los ciudadanos Vicencio Scarano Spisso y Salvatore Lucchese Scaletta, a los demandantes de autos, a la Defensoria de Pueblo, al Ministerio Público, al Presidente del Concejo Municipal del Municipio San Diego del Estado Carabobo, al Consejo Nacional Electoral, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduria General de la República y al Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Ejecución correspondiente. Remitase copia certificada de la presente sentencia a las Juezas y Jueces rectores, así como también a las Presidentas y Presidentes de los Circuitos Judiciales Penales. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los O días página original (tal como se publicó) [Página 52] del mes de abril de dos mil catorce. Años: 203° de la Independencia y 155° de la Federación. La Presidenta, GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO El Vicepresidente, FRANCISCO CARRASQUERO-LÓPEZ Los Magistrados, LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO Pred heb CARMEN ZULETA DE MERCHÁN JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER TRISUNAL MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES El Secretario, i{ JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO GMGA.- Expediente n° 14-0205 página original (tal como se publicó) [Página 53] AVISOS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Maracaibo, Veintiséis (26) de julio del dos mil trece (2013). 203° y 154° CA.R.IEL DE EMPLAZAMIENTO SE HACE SABER: A los CiUdadanOs ÁNGEL MARCIAL HERNÁNDEZ LABARCA y ANGÉLICA MASSIEL HERNÁNDEz LABARCA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédulas de Identidades Nros. V-S/N; que este Tribunal por auto de esta misma fecha, ordenó emplazarlos por carteles, a fin de que comparezcan por ante este Tribunal, en el término de tres (o3) días de Despacho para darse por citados, contados a partir de la constancia en actas de haberse cumplido la última formalidad. Se le advierte que de no comparecer en el término señalado por la Ley, su citación se entenderá con el funcionario o funcionaria al cual corresponda la defensa, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 2o2 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Se hace saber con relación al emplazamiento, que el acto de contestación de la demanda se llevará a cabo dentro de los cinco (o5), días de Despacho sigulentes, contados a partir de la constancia en actas de haberse cumplido la última formalidad, mas cinco (o5) días que se le conceden como término de distancia, a cualquiera de las horas destinadas por este Tribunal para despachar, vale decir, de ocho y trelnta minutos de la mañana (8:3o am), hasta las tres y treinta minutos de la tarde (3:3o pm).- Todo en el juicio por PARTICIÓN DE COMUNIDAD e e e RODRíGUEZ en su contra. Publíquese en la Gaceta Oficlal Agraria y el diario La Verdad de esta localidad.- EL JUEZ, DR. LUIS ENRIQUE CASTILLO SOTO. LA SECRETAI ABOG. MARIAJOSÉ GÓMEZ RO. página original (tal como se publicó) [Página 54] A LA VENTA EN LAS TAQUILLAS DE LA GACETA OFICIAL, LEY ORGÁNICA de EDUCACIÓN GACETA OFICIAL NA - página original (tal como se publicó) [Página 55] GACETA OFICIAL 11.55 AM DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MESIV Cars en, jue 23 dr eero de 2014 N°C.133 Eserdar SUMARIO o do Deia (CADM). porg qoun pode lu Nurne de Prondoncios Adniorares qe en ele se nerdonet. de leononi Punto y ana P Convenie Cambirio MP 25. CADM anita pera 0 Adón oe Aoiion de Du eodranjero. Proidonn nedane le ul se eablocen loe neto y ad Vämile pare Adoreacion de Adqulicn d Duaoe IACI Posdancis mediante la cel se eslablocon lon rsenitis. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial G-20001768-6 Visita nuestra pagina web descarga la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela totalmente gratuita w ww.imprentanacional gob.ve Conoce Nuestros Servicios (+58212) 576-80-86 / 576-43-92. Gobiemo Bolivariano Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela Siguenos en liwifter @oficialgaceta @moficialimprenta Juventuel Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial página original (tal como se publicó) [Página 56] DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXLI — Número 40.391 MES VI Caracas, jueves 10 de abril de 2014 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial Nº 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 56 Págs. costo equivalente a 22,85 % valor Unidad Tributaria DE VENEZUELA. Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETAOFICIAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional. Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos. EL SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados. página original (tal como se publicó)