[Página 1] Caracas, lunes 31 de marzo de 2014 AÑO CXLI MES VI SUMARIO Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz ONA Providencia mediante la cual se crea la Comisión Especial de Contrataciones, con carácter permanente, de este Organismo, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan. Oficina de Auditoría Interna Dirección de Determinación de Responsabilidades Decisión mediante la cual se declara Responsabilidad Administrativa, se impone Sanción Pecunaria de Multa y se formula Reparo Resarcitorio, al ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo. Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Ramón Rafael Campos Cabello, como Director General de la Oficina de Gestión Administrativa. Banco del Tesoro, C.A., Banco Universal Decisión mediante la cual se constituye el Comité de Licitaciones de Bienes Públicos para el Banco del Tesoro, C.A. Banco Universal, de carácter permanente, integrado por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se señalan. Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras Resolución mediante la cual se prorroga la suspensión temporalmente de la exigencia en todo el territorio nacional del registro para realizar la actividad de transporte de plaguicidas químicos o agentes de control biológico de uso agrícola, doméstico, salud pública e industrial, emitido por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI). Ministerio del Poder Popular para la Educación Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Ministerio. Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre C.A. Metro de Valencia Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Simón Pablo Figueroa, como Presidente (E) de la sociedad mercantil «Trolebús Mérida», C.A. (TROMERCA), ente adscrito a este Ministerio. Providencia mediante la cual se aprueba la Comisión de Contrataciones de la C.A. Metro de Valencia, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se señalan. Providencia mediante la cual se ratifica la Creación y Conformación del Comité de Licitaciones para la Venta y Permuta de Bienes Públicos de la C.A. Metro de Velencia, integrado por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan. Número 40.383 Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información Fundación Correo del Orinoco Providencia mediante la cual se delega en la ciudadana Neixi Moraima Maldonado Quiñonez, en su carácter de Consultora Jurídica de esta Fundación, la firma de los actos y documentos que en ella se indican. Procuraduría General de la República Resolución mediante la cual se otorga la Pensión de Invalidez al ciudadano Reynaldo Burgos Cruz. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS Caracas, 17 de marzo de 2014 Providencia Administrativa N° 001-2014 Quien suSCribe, ALEJANDRO CONSTANTINO KELERIS BUCARITO, titular de la cedula de identidad N° V-8.397.723, nombramiento que consta en Decreto Presidencial N° 123, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.173, de fecha 23 de mayo de 2013, suficientemente autorizado para este acto, según Resolución N° 166, de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.177, de fecha 29 de mayo de 2013, en mi condición de máxima autoridad, del ente rector en la materia y en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el Decreto de creación N° 4.220, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución N° 35 de fecha 10 de febrero de 2010, dictada por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, la cual ordena a la Oficina Nacional Antidrogas, crear su comisión de contrataciones públicas y en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública y el Decreto de reforma parcial de la Ley de Contrataciones, mediante la cual se crea la Comisión Especial de Contrataciones con carácter permanente, para atender todo lo relacionado con los procesos de Contrataciones de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y el Fondo Nacional Antidrogas (FONA). Dicta la siguiente Providencia Administrativa Según lo dispuestos en el articulo 2 de la Resolución N° 35 de fecha 11 de febrero de 2010, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.366, y la Resolución Ministerial N° 89, de fecha 23 marzo de 2010, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.393, de fecha 24 de marzo de 2010, la cual rige lo relativo a la creación de la Comisión Especial de Contrataciones con carácter permanente para llevar los procesos de contrataciones pública de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y Fondo Nacional Antidrogas (FONA), se procede a designar a los siguientes funcionarios: Miembros Principales Suplentes Bianca Libia Saputelli Francisco Area Legal: Susana Coromoto Acosta C.I.N° V-6.801.097 C.I.N° V-12.287.278 Área Económica Financiera: María Elena Castillo Miglibeth Dayana Maldonado Rosales C.I.N° V-11.666.822 C.I.N° V-13.637.698 Área Técnica: Isaias Dayana Barrios Aaron Narváez C.I.N° V-13.693.505 Barreto C.I.N° V-11.202.705 Secretario: Fabricio Romero Canónico C.I.N° V-15.328.942 página original (tal como se publicó) [Página 2] todo lo relacionado con los procesos de contrataciones de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y el Fondo Nacional Antidrogas (FONA). para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestaciones de servicios, distintos a los profesionales y laborales. Comuníquese, publíquese Alejandro Constantino Keberis Bucarito Presidente de la Oficina Nacional Antidrogas MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA Caracas, 06 de Marzo de 2014 AUTO DECISORIO N° MPPRIJP-AI-PADR-008-2013 203º y 154º CAPÍTULO I NARRATIVA A.- ANTECEDENTES. Quien suscribe, Germán Rafael Laverde, titular de la cédula de Identidad N° V-3.400.167, Director General Encargado de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justida y Paz, designado mediante Resolución Ministerial N° 124 de fecha 07 de Mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.161 de fecha 07 de Mayo de 2013, en ejercicio de la competencia consagrada en el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolívariana de Venezuela N° 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001, vigente para el momento de la ocurrencia del hecho objeto de este Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, atribución que se mantienen en el artículo 106 de la Ley de Reforma Parcial de Ley Orgánica de Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, y siendo la oportunidad legal prevista en el artículo 103 e/usdem, y de conformidad con la atribución conferida en el artículo 14 numeral 24 del Reglamento Interno de esta Oficina de Auditoría Interna, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.590 de fecha 10 de enero de 2011, para decidir el Procedimiento Administrativo tramitado en este Órgano de Control Fiscal Interno, con motivo al presunto hecho irregular, que consta en las actuaciones administrativas practicadas al ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo, titular de la cédula de identidad N° V-9.995.118, por la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, las cuales fueron remitidas a la Dirección de Determinación de Responsabilidades, mediante Memorando N° DCP-291 de fecha 29 de Julio de 2013, suscrito por el ciudadano Vladimir Zambrano Borges, recaudos que constan en el Expediente Administrativo Identificado con las siglas y número POTEST. INV. 007-2013, (Nomenclatura de la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna), que cursan a los folios uno (01) al setenta y dos (72) del expediente administrativo, relacionados con el presunto hurto de un Bien Nacional, correspondiente a un arma de reglamento, Tipo Pistola, Marca Glock, Calibre 9X19mm, Modelo 17, Serial LRD968, el cual estaba adscrito a este Ministerio por Órgano de la suprimida Policía Metropolitana, y que había sido asignada al precitado ciudadano para el cumplimiento de la función policial; mediante el presente Acto Decisorio, hago constar que en el mismo, las siglas LocGRysNCF, se refieren a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. B.- PRESUNTO HECHO IRREGULAR INVESTIGADO. De los recaudos y documentos que cursan en el expediente administrativo identificado con las siglas y número POTEST. INV. 007-2013 (Nomenclatura de la Dirección de Control Posterior), remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades, revelan fundados indicios del siguiente hecho, que se presume irregular y el cual se destaca: El presunto hurto de un Bien Nacional, correspondiente a un arma de reglamento, Tipo Pistola, Marca Glock, Calibre 9X19mm, Modelo 17, Serial LRD968; el cual estaba adscrito a este Ministerio por Órgano de la suprimida Policía Metropolitana y que había sido asignada al ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo, titular de la cédula de identidad N° v-9.995.118, para el cumplimiento de la función policial. Sobre la base del hecho antes descrito, se dio inicio al Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, mediante Auto de fecha 21 de Novjembre de 2013, toda vez que el mismo constituye una presunta irregularidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 91 numerales 2 y 29 de lá LoCGRYsNCF, en lo atinente a la negligencia, Imprudencia y a la realización de un acto contrario a una norma de rango sublegal. En el contenido del citado Auto de Inicio del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, se describió el hecho presuntamente Irregular investigado, se identificó como presunto responsable de su comisión, al ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo, venezolano, mayor de edad, civilmente hábll, titular de la cédula de identidad N° v-9.995.118, con domicilio en la Avenida Libertador con Jabillo, Edificio Libertador 1, Torre F, Piso 6, Apartamento 601, Municipio Bolivariano Libertador, Caracas Distrito Capital, se le Indicó los elementos probatorios (y las razones que, presumiblemente, comprometían la responsabilidad del Imputado, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la LOCGRYSNCF y 88 de su Reglamento. C.- DE LA SUSTANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. Los principales recaudos y actuaciones que cursan en el expediente de Potestad Investigativa Identificado con las siglas y número POTEST. INV. 007-2013, son los siguientes: 1. Auto de Proceder Nº 007-2013 de fecha 25 de Marzo de 2013, dictado por la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, mediante el cual se ordenó iniciar la Potestad Investigativa en contra del ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo, titular de la cédula de identidad N° V-9.995.118, cursante a los folios cuarenta y uno (41), cuarenta y dos (42) y su vuelto, cuarenta y tres (43) y su vuelto del expediente administrativo. 2. Oficio N° DCP-008 de fecha 25 de Marzo de 2013, mediante el cual se le notificó del inicio de la Potestad Investigativa al ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo, titular de la cédula de identidad N° V- 9.995.118, cursante a los folios cuarenta y seis (46) al cuarenta y ocho (48), y sus respectivos vueltos del expediente administrativo. 3. Oficio N° DCP-032 de fecha 10 de junio de 2013, mediante el cual se citó al ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo, titular de la cédula de Identidad N° V- 9.995.118, a fin de que rindiera declaración en calidad de interesado legítimo, cursante al folio cuarenta y nueve (49) del expediente administrativo. 4. Auto de incorporación de documentos de fecha 10 de junio de 2013, cursante al folio cincuenta y uno (51) del expediente administrativo. 5. Acta de fecha 13 de junio de 2013, mediante la cual se dejó constancia de la entrega de las copias certificadas requeridas por el ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo, ya identificado, cursante al folio cincuenta y tres (53) del expediente administrativo. 6. Acta de Entrevista de fecha trece (13) de junio de 2013, rendida por el ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo, titular de la cédula de identidad N° V-9.995.118, ante la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, cursante a los folios cincuenta y cinco (55), cincuenta y seis (56) y su vuelto del expediente administrativo. 7. Auto de incorporación de documentos de fecha 13 de junio de 2013, cursante al folio cincuenta y siete (57) del expediente administrativo. 8. Auto de Cierre para consignar argumentos y promover pruebas e inicio del lapso de evacuación de fecha 26 de junio de 2013, cursante al folio cincuenta y nueve (59) del expediente administrativo. 9. Memorando N° DG-OAI-094-401 de fecha 27 de junio de 2013, dirigido a la ciudadana Ada Milena Ojeda, Directora General Encargada de la Oficina de Recursos Humanos, cursante al folio sesenta (60) del expediente administrativo. 10. Auto de Incorporación de documentos de fecha 16 de junio de 2013, cursante al folio sesenta y uno (61) del expediente administrativo. 11. Auto de cierre del lapso para la evacuación de prueba e inicio del lapso para presentar el informe de resultados de fecha 18 de julio de 2013, cursante al folio sesenta y cinco (65) del expediente administrativo. 12. Informe de fecha 23 de julio de 2013, contentivo de los Resultados de la Investigación realizada por la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, cursante a los folios sesenta y seis (66) al setenta y uno (71) y sus vueltos del expediente administrativo. 13. Memorando N° DCP-291 de fecha 29 de julio de 2013, mediante el cual la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, remitió expediente administrativo identificado con las siglas y número POTEST. INV. 007- 2013, a la Dirección de Determinación de Responsabilidades de esta Oficina de Auditoría Interna, cursante al folio setenta y dos (72) del expediente administrativo. Los principales recaudos y actuaciones que cursan en el expediente contentivo del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades identificado con las siglas y número MPPRIJP-AI-PADR-008-2013, son los siguientes: 1. Auto de Incorporación de Lineamientos emanados de la suprimida Policía Metropolitana de fecha 13 de Noviembre de 2013, cursante al folio setenta y tres (73) del expediente administrativo. 2. Auto motivado de fecha 13 de noviembre de 2013, fundamentado en la valoración del informe de resultados y de los recaudos contenidos en el expediente administrativo identificado con las siglas y número POTEST. INV. 007-2013, cursante a los folios setenta y siete (77) al ochenta y dos (82) y sus respectivos vueltos del expediente administrativo. 3. Punto de Cuenta N° 029-2013 de fecha 13 de Noviembre de 2013, mediante el cual el ciudadano Germán Rafael Laverde, Director General Encargado de este Órgano de Control Fiscal Interno, aprobó iniciar un Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, en contra del ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo, titular de la cedula de identidad N° v-9.995.118, cursante al folio ochenta y tres (83) del expediente administrativo. 4. Punto de Cuenta N° 030-2013 de fecha 21 de Noviembre de 2013, mediante el cual el ciudadano Germán Rafael Laverde, Director General Encargado de este página original (tal como se publicó) [Página 3] Organo de Control Fiscal Interno, aprobó el Auto de Inicio del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, en contra del ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo, titular de las cédula de identidad N° V-9.995.118, cursante al folio ochenta y cuatro (84) del expediente administrativo. 5. Auto de fecha 22 de Noviembre de 2013, mediante el cual se acuerda la establecido en el artículo 89 del Reglamento de la LoCGRYsNCF, cursante al folio ochenta y cinco (85) del expediente administrativo. 6. Auto de Inicio de fecha 21 de Noviembre de 2013, dictado por la Dirección de Determinación de Responsabilidades de esta Oficina de Auditoría Interna, a través del cual se ordenó la apertura de un Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, en contra del ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo, titular de la cédula de identidad N° V-9.995.118, cursante a los folios ochenta y seis (86) al noventa y cinco (95) y sus respectivos vueltos del expediente administrativo. 7. Oficio N° DG-0AI-DDR-088-785 de fecha 22 de Noviembre de 2013, dirigido a la ciudadana Mercedes de Blanco, Directora de Control del Sector Poderes Nacionales y Seguridad Pública de la Contraloría General de la República, a través del cual se remitió un ejemplar del Auto de Inicio del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, cursante al folio noventa y seis (96) del expediente administrativo. 8. Oficio N° MPPRIJ-AI-DDR-089 de fecha 25 de noviembre de 2013, mediante el cual el día 09 de Enero de 2014, se le notificó al ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo, ya identificado, de la Apertura del Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades iniciado en su contra, de conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la LOCGRYSNCF, en concordancia con los artículos 85 numeral 2 y 88 del Reglamento de la Ley eiusdem, previa valoración de los documentos probatorios cursantes al expediente, se acordó formularle cargos al precitado ciudadano, por la presunta negligencia e imprudencia demostrada en la preservación y salvaguarda de un Bien Nacional, correspondiente a un arma de reglamento Tipo Pistola, Marca Glock, Calibre 9X19mm, Modelo 17, Serial LRD968, a una norma de rango sublegal, cursante a los folios noventa y ocho (98), noventa nueve (99) y vuelto del expediente administrativo. 9. En la notificación en referencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la LOCGRYSNCF, en concordancia con el artículo 91 de su Reglamento, se le informó al precitado ciudadano, que contaba con el término de quince (15) días hábiles siguientes de practicada su notificación, para que indicara las pruebas que producirían en el acto oral y público a que se refiere el artículo 101 de la Ley y testimoniales, de que disponía el imputado y que a su juicio, desvirtuaran el presunto hecho que se le imputo mediante Auto de Inicio de fecha 21 de noviembre de 2013; asimismo se le comunicó que en virtud de la notificación en comento, quedaba a derecho para todos los efectos de este Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, a tenor de lo indicado en el artículo 98 de la referida Ley. 10. Auto de preclusión del lapso para indicar las pruebas de fecha 31 de enero ! de 2014, mediante el cual se dejó constancia, que ni el imputado ni representante alguno, presentaron ante la Dirección de Determinación de Responsabilidades de esta Oficina de Auditoría Interna, escrito de indicación de pruebas, cursante al folio cien (100) del expediente administrativo. 11. Auto de fecha 31 de Enero de 2014, mediante el cual la Dirección de Determinación de Responsabilidad de esta Oficina de Auditoría Interna, fijó el décimo quinto (15) día hábil siguiente, para la celebración del acto oral y público, con la finalidad de que el interesado o su(s) apoderado(s), expresaran los argumentos que les asisten para la mejor defensa de sus intereses, cursante al folio ciento uno (101) del expediente administrativo. 12. Punto de Cuenta N° 004-2014 de fecha 31 de Enero de 2014, mediante el cual el ciudadano Germán Rafael Laverde, Director General Encargado de este Órgano de Control Fiscal Interno, aprobó fijar el décimo quinto (15°) día hábil siguiente, para la celebración del acto oral y público, con la finalidad de que el y pública, ante el titular del Órgano de Control Fiscal Interno, los argumentos que consideran le asisten para la mejor defensa de sus intereses, cursante al folio ciento dos (102) del expediente administrativo. 13. Acta de fecha veintiuno (21) de febrero de 2014, mediante la cual se dejó constancia de la celebración del acto oral y público, cursante a los folios ciento tres (103) al ciento cinco (105), y sus vueltos del expediente administrativo. 14. Auto de fecha 26 de febrero de 2014, mediante el cual sé dejó constancia que Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.363 de fecha 25 de febrero de 2014, se declaró no laborables los días Jueves 27 y Viernes 28 de febrero de 2014, cursante al folio ciento seis (106) del expediente administrativo. CAPÍTULO II MOTIVA A. DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD. Análisis del hecho y supuestos generadores de Responsabilidad Administrativa. Una vez expuesto lo anterior, quien suscribe tiene a bien referirse a las actuaciones administrativas practicadas al ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo, titular de la cédula de identidad N° V-9.995.118, por la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, las cuales fueron remitidas a la Dirección de Determinación de Responsabilidades, mediante Memorando N° DCP-291 de fecha 29 de Julio de 2013, suscrito por el ciudadano Vladimir Zambrano Borges, recaudos que constan en el Expediente Administrativo distinguido con las siglas y número POTEST. INV. 007-2013, (Nomenclatura de la Dirección de Control Posterior), con ocasión al hecho descrito inicialmente. En este sentido tenemos, que el día 16 de Junio de 2009, siendo aproximadamente las 07:00 de la mañana, el presunto responsable Jesús Ernesto Moya Salcedo, ya identificado, quien para la fecha de la ocurrencia del hecho estaba adscrito al Centro de Coordinación Policial Antonio José de Sucre, se disponía a salir de su residencia, la cual se encontraba ubicada en la Urbanización Colinas Simón Bolívar, Sector los Molinos, Callejón Los Eucaliptos, Casa N° 112, Gramoven, Parroquia Sucre, Municipio Bolivariano Libertador, Caracas, Distrito Capital, con la finalidad de recibir servicio policial, y procedió a buscar su arma de reglamento, Tipo Pistola, Marca Glock, Calibre 9x19mm, Modelo 17, Serial LRD968, que había dejado presuntamente guardada en un cajón, sobre un escaparate de su habitación, percatándose que la misma, no se hallaba en el referido lugar; posteriormente realizó una búsqueda minuciosa, siendo infructuosa, tal hecho se evidencia en el Informe de fecha 16 de Junio de 2009, presentado por el precitado ciudadano al Director de Inspectoría General de la suprimida Policía Metropolitana, que riela a los folios uno (1) y dos (02) del expediente administrativo. Debe señalarse, que el supuesto hurto del referido Bien Nacional, ocurrió cuando el ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo, no se encontraba desempeñando la función policial, sin que haya constancia en el expediente administrativo, de alguna autorización otorgada por su superior inmediato, para portar su arma de reglamento estando franco de servicio. A tal efecto, conviene destacar el criterio fijado por el Comisario Carlos Alberto Meza, para entonces Director General de la Policía Metropolitana, mediante Oficio N° DG-DAL.795-109 de fecha 12 de Marzo de 2009, que cursa al folio treinta y dos (32) del expediente administrativo, dirigido al Dr. José Eliseo Arias, Coordinador Integral Legal de Contencioso Funcionarial de la Procuraduría General de la República, mediante el cual se estableció un criterio claro e inequívoco sobre el deber de entregar el arma de reglamento y las prendas policiales cuando no se estaba prestando la función policial (franco de servicio). Adicionalmente, resulta oportuno señalar, que riela a los folios setenta Lineamientos suscritos por el Comisario Jefe (PM) Julio Pastor Montilva, para la Lázaro Forero López, quien se desempeñaba como Director General de la Policía Metropolitana, los cuales se referían al Dictamen emanado de Consultoría Jurídica de la Contraloría Metropolitana de fecha 15 de Julio de 2003, relacionado con el Procedimiento Administrativo aplicable en aquellos casos de daños, deterioro o extravío de Bienes de la Policía Metropolitana, así como el uso de armas policiales de parte de los funcionarios que se encontraban franco de servicio, y a tal efecto, las disposiciones de carácter general de esos lineamientos, específicamente las identificadas en los numerales uno (1) y tres (3), señalaban lo siguiente y cito textual: "1) El funcionario a quien se le hayan_ asignado recursos materiales será responsable de controlarlos, vigilar los, cuidarlos y reasianarlos, exclusivamente en beneficio de la Institución Policial, descartando el beneficio personal, en todo momento. 3) El uso de los recursos materiales y humanos, para actividades distintas a las debidamente asignadas, deben estar autorizadas por el Supervisor Inmediato, previa elaboración de un Acta donde conste los detalles y fundamente la motivación que le dio origen..."(Subrayado y resaltado nuestro). En este contexto, conviene destacar que el contenido de estas disposiciones fueron informadas a todos los integrantes de la Policía Metropolitana, mediante Orden del día N° 101 de fecha 09 de abril de 2004, suscrita por el Comisario Jefe (PM) José Mambel Pérez, para entonces Director de Logística, que riela al folio treinta y tres (33) del expediente administrativo. De alí pues, que tanto de la Orden del día ut supra, como del informe de Inspectoría General de la suprimida Policía Metropolitana, que riela a los folios uno (1) y dos (02) del expediente administrativo, se desprenden suficientes elementos de convicción o prueba, que nos hacen presumir que el ciudadano investigado desempeñó una conducta impropia no cónsona con la del buen padre de familia y que la misma agravó las consecuencias dañosas al patrimonio de la República. De tal manera, que la conducta asumida por el ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo, ya identificado, fue presuntamente negligente al llevar consigo su arma de reglamento hasta su residencia, sin que haya sido autorizado por su superior inmediato para portarla estando franco de servicio, e imprudente al dejar la supuestamente resguardada en un cajón sobre un escaparate de su habitación, demostrando desidia o abandono, frente a lo que debe ser la responsabilidad asumida por un buen padre de familia; aunado a ello, realizó un acto contrario a una norma de rango sublegal, al incumplir lo establecido en la Orden del día N° 101 de fecha 09 de abril de 2004, y los lineamientos antes transcritos; este comportamiento trajo como consecuencia la pérdida del identificado Bien Nacional, ocasionando un daño cierto, determinado y determinable al patrimonio de la República. El hecho descrito, presuntamente podría configurar los supuestos generadores de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en los numerales 2 y 29 del artículo 91 de la LOcGRYSNCF, en lo atinente a la negligencia, imprudencia y a la realización de un acto contrario a una norma de rango sublegal, que establecen lo siguiente: Artículo 91: "Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación: (...omiss...) 2. La omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley..."(Negrillas nuestras). El legislador, en el dispositivo anteriormente transcrito, enumera las formas de actuar (omisión, retardo, negligencia o imprudencia) que son vedadas al funcionario, que por su particular situación dentro del ente administrativo página original (tal como se publicó) [Página 4] respectivo derivado del cargo que ostenta, incumpla sus deberes y funciones, sin que sea requerido que se materialice el daño. de la normativa en comento, como sujeto de ser declarado responsable en lo administrativo, en el supuesto de verificarse el incumplimiento de deberes y funciones que se concretan en la preservación y salvaguarda de bienes, es decir, que la conducta del funcionario de la administración pública debe ser diligente, similar a la de un buen Pater-Famili en lo referente a la preservación, cuidado, prudencia y salvaguarda de los bienes bajo su custodia y no una conducta irregular, negligente, retardada u omisiva que sea la consecuencia directa del incumplimiento del deber del funcionario, que puede causar un perjuicio a los bienes o patrimonio del ente u organismo. En relación a la negligencia en la preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio público, debe hacerse especial énfasis en la conducta, bien sea activa u omisiva, asumida por un funcionario que, directa o indirectamente, tenga servicios. En este sentido, estaríamos en presencia de un funcionario público negligente, cuando éste asume una conducta de descuido, -o falta de cuido, de aplicación o de exactitud- que redunde en detrimento del patrimonio del ente u organismo afectado. De modo tal, que una actitud de dejadez, desidia o abandono, frente a lo que los intereses que corresponda tutelar, constituye pues negligencia. Así pues, que para determinar si una conducta es o no negligente, basta con precisar la desidia, el descuido, el abandono o la falta de previsión, sin necesidad de demostrar el dolo o la intención de dañar, pues cuando se tiene incidencia, por mínima o indirecta que ésta sea, en el manejo de los intereses de un ente u organismo, lo menos que debe ser es previsivo y cuidadoso, que previendo el resultado perjudicial no lo prevé, o previéndolo, no toma las medidas oportunas para evitarlo, actúa con negligencia. Al respecto, la doctrina patria en la autora Nélida Peña, en su obra "El Régimen de la Responsabilidad Administrativa" páginas 233 y 234, ha fijado en lo atinente a una conducta negligente, cuando ésta implica una falta generalmente no intencional, que consiste en dejar de emanar o ejecutar un acto que se habría debido emanar o ejecutar, por disposición de la ley, según las prácticas administrativas o reglas de buena administración, por lo que éstas conductas, cobran mayor importancia si se tiene en cuenta que los funcionarios públicos, y los particulares, si fuere el caso, desempeñan cargos o ejercen funciones, estrechamente relacionados con la administración de bienes públicos. Por otra parte, la imprudencia "es la falta de prudencia, de precaución, omisión de la diligencia debida, defecto de advertencia o previsión de alguna cosa. (...). Imprudencia: En el sentido amplio, se refiere a cualquier profesional que su actuación imprudente, derivada de su ineptitud, exceso de confianza o de cualquier otra causa similar, ocasione un daño a terceros, sancionable penal o civilmente (...) Sobre la figura de la imprudencia, la doctrina patria en la autora Nélida Peña, en su obra "El Régimen de la Responsabilidad Administrativa", página 235, administrativa, en lo atinente a la imprudencia, señalando lo siguiente: "..Además de la negligencia del funcionario, también su imprudencia, que es una conducta activa caracterizada por la falta de previsión o de precaución, puede dar lugar a que se configure el supuesto generador de responsabilidad administrativa...el funcionario en lugar de incurrir en la irregularidad por omisión o retardo, lo hace por acción, pero sin adoptar las debidas precauciones que le impone el ejercicio de un cargo que comporta la administración de bienes públicos...Desde luego... se produce un daño al patrimonio del ente y en general al patrimonio público...". (Negrillas nuestras). En cuanto al supuesto generador de responsabilidad administrativa previsto en el numeral 29, la Ley ejusdem, señala que: (...omiss.….) "29. Cualquier otro acto, hecho u omisión contrario a una norma legal o sublegal al plan de organización, las politicas, normativa interna, los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno". Debemos señalar que el legislador circunscribe el citado supuesto generador de responsabilidad administrativa a aquellas actuaciones del funcionario las políticas normativas internas, los manuales de sistemas y procedimientos dictados dentro del ámbito del control interno, con el propósito de salvaguardar el patrimonio público y procurar la eficacia y legalidad de los procesos y operaciones Institucionales. Adicionalmente, la situación antes descrita pudo haber generado daño al patrimonio pÚblico, Cantidad que asciende a CUATRO MIL QUINIENTOs CUATRO BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS, (Bs. 4.504,50), valor de la referida arma policial, tal como consta en el Acta de Avaluó de Prendas Policiales de fecha 02 de Julio de 2009, suscrito por el Inspector Jefe (PM) Enyelbert Molina Méndez, para la fecha Jefe de la División de Armamento de la Dirección de Logística de la extinta Policía Metropolitana, que cursa al folio dieciséis (16) del expediente administrativo, situación que de ser verificada pudiera constituir causal de reparo, por lo que es preciso indicar lo establecido en el artículo 1.185 del Código Civil, el cual dispone: ha causado un daño a otro, está obligado a repárarlo. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho". De allí que, el artículo 85 de la LocGRYsNCF, establece lo siguiente: Artículo 85.- Los órganos de control fiscal procederán a formular reparo cuando, en el curso de las auditorías, fiscalizaciones, inspecciones, exámenes de cuentas o investigaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones de control, detecten indicios de que se ha causado daño al patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, como consecuencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, al plan de organización, las politicas, normativa interna, los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno, asl como por una conducta omisiva o negligente en el manejo de los recursos..." Esta responsabilidad civil especial encuentra su fundamento en la noción de responsabilidad propia del derecho natural, la cual postula como elemento esencial que nadie debe causar a otro un daño injusto y, en caso de producirse el mismo, debe ejercerse la respectiva acción resarcitoria a los fines de que dicho daño sea reparado. B. RELACIÓN DE CAUSALIDAD DEL HECHO PRESUNTAMENTE IRREGULAR. Una vez determinado el carácter presuntamente Irregular del hecho investigado por este Órgano de Control Fiscal Interno, resulta necesario verificar la participación del funcionario investigado en la comisión del mismo. -A- Relación de causalidad del ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo, titular de la cédula de identidad N° V-9.995.118. De la revisión de las pruebas documentales y testimoniales cursante en autos, se desprende que el presunto responsable Jesús Ernesto Moya Salcedo, titular de la cédula de Identidad N° v-9.995.118, quien para la fecha de la ocurrencia del hecho se desempeñaba como Sargento Segundo (PM), fue supuestamente negligente e imprudente en la preservación y salvaguarda de un arma policial, Tipo Pistola, Marca Glock, Calibre 9x19mm, Modelo 17, Serial LRD968, cuya custodia le había sido confiada por la suprimida Policía Metropolitana para el cumplimiento de la función policial, al demostrar desidia o abandono frente a lo que debe ser la responsabilidad asumida por un buen padre de familia, trayendo como consecuencia la pérdida del referido Bien Nacional, ocasionando un daño cierto, determinado y determinable, al patrimonio de la República; asimismo, contravino lo establecido en la Orden del día N° 101 de fecha 09 de abril de 2004, suscrita por el Comisario Jefe (PM) José Mambel Pérez, para entonces Director de Logística, que riela al folio treinta y tres (33) del expediente administrativo, mediante la cual informó a todos los Integrantes de la Policía Metropolitana, del Dictamen emanado de la Consultoría Jurídica de la Contraloría Metropolitana de fecha 15 de Julio de 2003, relacionado con el Procedimiento Administrativo aplicable en aquellos casos de daños, deterioro o. extravío de Bienes de la Policía Metropolitana, así como el uso de armas policiales de parte de los funcionarios que se encontraban franco de servicio; Igualmente, incumplió con los Lineamientos suscritos por el Comisario Jefe (PM) Julio Pastor Montilva, para la fecha Inspector General de la Policía Metropolitana y por el Comisario General (PM) Lázaro Forero López, quien se desempeñaba como Director General de la Policía Metropolitana, los cuales se refieren al mencionado Dictamen, cursante a los folios setenta y cuatro (74) al setenta y seis (76) del expediente administrativo, y a tal efecto, las disposiciones de carácter general de ese lineamiento, específicamente las identificadas en los numerales uno (1) y tres (3) señalaban lo siguiente y cito textual: "1) El funcionario a guien se le hayan asignado recursos materiales será responsable de controlarlos, vigilar los, cuidarlos y reasianarlos. exclusivamente en beneficio de la Institución Policial, descartando el beneficio personal, en todo momento. 3) El uso de los recursos materiales y humanos, para _actividades Supervisor Inmediato, previa elaboración de un Acta donde conste los detalles y fundamente la motivación que le dio origen..." (Subrayado y resaltado nuestro). Cabe mencionar, que el presunto responsable Jesús Ernesto Moya Salcedo, el día 16 de Junio de 2009, siendo aproximadamente las 07:00 de la mañana, se dispuso a salir de su residencia, la cual para la fecha de la ocurrencia de los hechos se encontraba ubicada en la Urbanización Colinas Simón Bolívar, Sector Los Molinos, Callejón Los Eucaliptos, Casa N° 112, Gramoven, Parroquia Sucre, Municipio Bolivariano Libertador, Caracas, Distrito Capital, con la finalidad de recibir servicio en el Centro de Coordinación Policial Antonio José de Sucre, y procedió a buscar su arma de reglamento, Tipo Pistola, Marca Glock, Calibre 9X19mm, Modelo 17, Serial LRD968, que había dejado presuntamente guardada en un cajón, sobre un escaparate de su habitación, percatándose que la misma no se hallaba en el referido lugar; posteriormente realizó una búsqueda minuciosa, siendo infructuosa su localización. Esta Irregularidad se desprende del informe de fecha 16 de Junio de 2009, presentado por el precitado ciudadano, al Director de Inspectoría General de la suprimida Policía Metropolitana, que riela a los folios uno (01) y dos (2) del expediente administrativo, siendo ratificada en las respuestas ofrecidas a las preguntas identificadas como quinta (5) y sexta (6), del Acta de entrevista de fecha 13 de Junio de 2013, rendida ante la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, que cursa a los folios cincuenta y cinco (55) y cincuenta y seis (56) y su vuelto del expediente administrativo, donde reconoció que el día 16 de Junio de 2009, se disponía a recibir servicio policial a las 07:00 de la mañana y procedió a buscar su arma de reglamento que había guardado en un cajón que se encontraba ubicado sobre un escaparate de su habitación, no encontrándola en el citado lugar. De tal manera que la conducta asumida por el ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo, demuestra una presunta negligencia, Imprudencia y la realización de un acto contrario a una norma sublegal, por las siguientes razones: 1) Por llevar su arma de reglamento hasta su residencia, sin que haya sido autorizado por su superior inmediato para portarla estando franco de servicio. 2) Al dejar la supuestamente resguardada en un cajón sobre un escaparate de su habitación, sin tomar alguna otra medida de seguridad. 3) Incumplir con Orden del día N° 101 de fecha 09 de abril de 2004, suscrita por el Comisario Jefe (PM) José Mambel Pérez, para entonces Director de Logísica; así como, los Lineamientos aprobados por el Comisario Jefe (PM) Julio Pastor página original (tal como se publicó) [Página 5] Montilva, para la fecha Inspector General de la Policía Metropolitana y por el Comisario General (PM) Lázaro Forero López, quien se desempeñaba como Director General de la Policía Metropolitana, anteriormente transcritos. Establecido lo anterior, tenemos que el hecho descrito, presuntamente podría configurar los supuestos generadores de responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en los numerales 2 y 29 del artículo 91 de la LoCGRYsNCF, en lo atinente a la negligencia, imprudencia y a la realización de un acto contrario a una norma de rango sublegal, que establecen lo siguiente: Artículo 91: "Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación: 1 (...omissis...) 2. La omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del articulo 9 de esta Ley. (...omiss..) 29. Cualquier otro acto, hecho u omisión, contrario a una norma legal de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno". (Negrillas nuestras). Adicionalmente, la situación antes descrita pudo haber generado daño al patrimonio público, cantidad que asciende a CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS, (Bs. 4.504,50), valor de la referida arma policial, tal como consta en el Acta de Avalúo de Prendas Policiales de fecha 02 de Julio de 2009, suscrito por el Inspector Jefe (PM) Molina Méndez Enyelbert, para entonces Jefe de la División de Armamento de la Dirección de Logística de la extinta Policía Metropolitana, que cursa al folio dieciséis (16) del expediente administrativo. C.- ELEMENTOS PROBATORIOS DE LOS ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS IMPUTADOS. Los elementos probatorios que demuestran la comisión del hecho presuntamente irregular, antes descrito, y la participación del ciudadano, plenamente identificado en el mismo, que pudieran comprometer la responsabilidad administrativa y civil son los que a continuación se mencionan: A. DOCUMENTALES. A.1.- Informe de fecha 16 de Junio de 2009, presentado por el presunto responsable Jesús Ernesto Moya Salcedo al Director de Inspectoría General de la suprimida Policía Metropolitana, cursante a los folios uno (01) y dos (02) del expediente administrativo, del cual se extrae lo siguiente y cito: ..Es el caso que el día de hoy Martes 16 de Junio del año 2009, siendo las 07:00 horas aproximadamente cuando me disponía a salir de ml residencia ubicada en la URBANIZACION SIMÓN BOLIVAR, SECTOR LOS MOLINOS, CALLEJÓN LOS EUCALIPTOS. CASA No 112. GRAMOVEN. PARROQUIA SUCRE, para Ir a recibir servicio policial, fui a buscar mi arma de reglamento que la había dejado quardada en un ción que está sobre el escaparate de mi cuarto, y me percate que el arma no estaba donde la había dejado, por lo que realicé una búsqueda minuciosa por todas las áreas de mi vivienda, no logrando 14 localizar la, dicha arma de fuego..". (Subrayado y negrillas nuestras). A.2.- Denuncia N° I-051.945 de fecha 16 de Junio de 2009, formulada por el presunto responsable Jesús Ernesto Moya Salcedo, ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), Sub-Delegación Oeste, cursante al folio seis (06) del expediente administrativo, de la cual se desprende lo siguiente y cito: "..Denuncio que el día de hoy cuando fui a buscar ml arma de reglamento tipo Pistola Marca Glock, calibre 9x19 mm, modelo 17, serial LRD968, con un cargador, no se encontraba en el lugar donde la tenía guardada..." A.3.-Transcripción de las Novedades de fecha 23 de mayo de 2009, suscrita por el ciudadano José Rodríguez, quien para la fecha se desempeñaba como Jefe de turno de guardia, de la Sub Comisaría Ruperto Lugo de la extinta Policía Metropolitana, cursante al folio siete (07) del expediente administrativo, de la cual se extrae lo siguiente y cito textual: ". por instrucciones superiores del Comandante de la Zona pol, Todos los funcionarios de jerarquía Sargento Mayor hasta el agente mas (sic) Nuevo debe dejar el armamento en el parque Incluyendo los Inspectores... (Subrayado y negrillas nuestras). A.4.- Copia de la planilla de Salida de Materiales N° 02087 de fecha 20 de Noviembre de 2008, a través de la cual se le asignó el Arma de Reglamento, Tipo Pistola, Marca: Glock, Calibre: 9x19mm, Modelo: 17, Serial: LRD968, al presunto responsable Jesús Ernesto Moya Salcedo, cursante en el folio ocho (08) del expediente administrativo. A.5.- Avalúo de Prendas Policiales de fecha 02 de Julio de 2009, suscrito por el S/C (PM) Enyelbert Molina Méndez, para la fecha Jefe de la División de Armamento equiValente de CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOs, (Bs. 4.504,50), correspondiente a un arma de fuego, tipo Pistola, Marca Glock, Calibre 9X19mm, Modelo 17, Serial LRD968, cursante en el folio dieciséis (16) del expediente administrativo. A.6.- Acta de Toma de posesión y Juramentación del ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo de fecha 11 de abril de 1989, cursante al folio veinte (20) del expediente administrativo. A.7.- Oficio N° DG-DAL.795-109 de fecha 12 de Marzo de 2009, suscrito el Comisario Jefe (PM) Carlos Alberto Meza, quien para la fecha se desempeñaba comio Director General de la Policía Metropolitana, dirigido al Dr. José Eliseo Arias, Coordinador Integral Legal de Contencioso Funcionarial de la Procuraduría General de la República, cursante al folio treinta y dos (32) del Expediente Administrativo, mediante el cual señaló lo siguiente y cito: "ues deber de todo funcionario al encontrarse franco de servicio o al cesar sus funciones en la institución, entregar todas las prendas policiales o vehículos que se encuentren asignados a cada funcionario, las mismas son instrucciones de carácter general que son Impartidas en todas las Comisarías, Direcciones y Unidades Especiales que conforman la Policía Metropolitana para darle estricto cumplimiento...". (Subrayado y resaltado nuestro). A.8.- Orden del día N° 101 de fecha 09 de abril de 2004, suscrita por el Comisario Jefe (PM) José- Mambel Pérez, para entonces Director de Logística, que riela al follo treinta y tres (33) del expediente administrativo, mediante la cual informó a todos los integrantes de la Policía Metropolitana, del Dictamen emanado de la Consultoría Jurídica de la Contraloría Metropolitana de fecha 15 de Julio de 2003, relacionado con el Procedimiento Administrativo aplicable en aquellos casos de daños, deterioro o extravío de Bienes de la Policía Metropolitana, así como el uso de armas policiales de parte de los funcionarios que se encontraban franco de servicio, igualmente, los Lineamiento suscritos por el Comisario Jefe (PM) Julio Pastor Montilva, para la fecha Inspector General de la Policía Metropolitana y por el Comisario General (PM) Lázaro Forero López, quien se desempeñaba como Director General de la Policía Metropolitana, los cuales se refieren al mencionado Dictamen, cursante a los folios setenta y cuatro (74) al sesenta y seis (76) del expediente administrativo, y a tal efecto, las disposiciones de carácter general de ese lineamiento, específicamente las identificadas en los numerales "1 y 3" señalaban lo siguiente y cito textual: "1) El funcionario a quien se le hayan asignado recursos materiales será responsable de controlarlos, vigilar los. cuidarlos y reasignarlos, exclusivamente en beneficio de la Institución Policial, descartando el beneficio personal, en todo momento. 3) El uso de los recursos materiales y humanos, para actividades distintas a las debidamente asignadas, deben estar autorizadas por el Supervisor Inmediato, previa elaboración de un Acta donde conste los detalles y fundamente la motivación que le dio origen..."(Subrayado y resaltado nuestro). A.9. Escrito de argumentación y promoción de pruebas, presentado por el presunto responsable Jesús Ernesto Moya Salcedo, ante esta Oficina de Auditoría Interna, el día 13 de Junio de 2013, cursante al folio cincuenta y ocho (58) y su vuelto del expediente administrativo, según el cual expresó lo siguiente y cito: ".. por medio de la presente declaro, que la pistola marca Glock 17- calibre 9X19 MM serial LRD968 la cual se me fue hurtada de ml residencia el día 16/06/09 va que la misma se encontraba en ml poder debido a que hable con el insp (PM) Malkel Gutierrez. Comandante del Distrito policial (sic) nº 25 de la zona Policial, nº 2 por lo que le manifesté (sic) ml Insp xo trabaio en esta zona y soy, sgto 2do, vivo, (sic) en una zona peligros,(sic) que posibilidades hay, que yo me lleve, el armamento, para mi casa.(sic) me respondió (sic) usted es un sato, si se la lleva.(sic) es baio sú (sic) responsabllidad mi error fue, fue no pedirle el permiso por escrito cuando me percate del hurto del arma. llame al insp (PM) Maikel Gutierrez y al sgto. 1ro. Jose Rodriguez. (sic) Supervisor por el Dtto policial (sic) policial nº 25 luego me traslade al CICPC sub Comisaria Oeste Ubicada (sic) en Propatria donde formule la denuncia sin mas nada que agregar." (Subrayado y negrillas Nuestras). Estos documentos, que no fueron objetados, impugnados ni desconocidos por el imputado, producen la certeza que el ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo, titular de la cédula de identidad N° v-9.995.118, cometió el hecho irregular imputado mediante auto de inicio de fecha 21 de noviembre de 2013, al llevar su arma de reglamento hasta su residencia, sin que haya sido autorizado por su superior inmediato para portarla estando franco de servicio, y al dejará supuestamente resguardada en un cajón sobre un escaparate de su habitación; demostrando desidia o abandono, frente a lo que debe ser la responsabilidad asumida por un buen padre de familia; aunado a ello, realizó un acto contrario a una norma de rango sublegal, al incumplir lo establecido en la Orden del día N° 101 de fecha 09 de abril de 2004, y los lineamientos antes transcritos; y no lo dispuesto en el artículo 102 de la LocGRysnCF, se valoran en base al principio de la sana crítica, entendida ésta como la libertad de apreciar las pruebas, de acuerdo con la lógica y las reglas de la experiencia, ya que producen certeza acerca de la ocurrencia del hecho imputado. B.- TESTIMONIAL B.1. Acta de Entrevista rendida en fecha 13 de Junio de 2013, por el presunto responsable Jesús Ernesto Moya Salcedo, ante la Dirección de Control Posterior de esta Oficina de Auditoría Interna, que cursa a los folios cincuenta y cinco (55), y cincuenta y seis (56) y su vuelto, en la cual expuso una breve narración de los hechos y contestó ante las preguntas formuladas e identificadas como cuarta, quinta, sexta y séptima, de la siguiente manera y se citó: "...cuARTo: ¿Diga Usted, que funciones desempeñaba en la existan objeto de la presente investigación, explique? coNTEsTó: Yo realizaba recorridos de seguridad en los diferentes módulos de la zona 02 de la extinta Policía Metropolitana, dependiendo de las órdenes de mi superior y asignado en la plancha de los servicios, siendo mi jerarquía sargento segundo, con horario de trabajo 24x48. QUINTo: ¿Diga usted, si para la fecha de la ocurrencia de los hechos se encontraba en servicio policial explique? CONTEsTó: Estaba Franco de Servicio, el día que ocurre la pérdida del armamento (16-06- 2009) me disponía a recibir servicio policial a las 07 horas de la mañana. SEXTO: ¿Diga usted, como ocurrió la presunta pérdida del página original (tal como se publicó) [Página 6] arma de reglamento que corresponde con las caracteristicas siguientes: Arma de Reglamento, Tipo: Pistola, Marca: Glock, Modelo: 17, Calibre: 9X19, Serial: LRD968, explique? CONTEsTÓ: cuatro meses anterior a la pérdida del arma de reglamento yo me entreviste con el Inspector (PM) Maikel Gutiérrez el cual era el Comandante del Distrito 25 de la extinta Policía Metropolitana al cual yo estaba adscrito, en conversación yo le manifesté la posibilidad de llevarse el arma de reglamento debido a que tenía la autorización verbal, el cual respondió que si podía llevármelo pero bajo mi responsabilidad; ahora volviendo a la respuesta el día anterior (15-06-2009) me levanta como a las 08:00 aproximadamente después que mi esposa se fue a trabajar quiero destacar que el arma de reglamento lo tenía quardado en un ción del escaparate de ml habitación, ese día me dispuse arreglar el sótano de ml residencia, cuando me encontraba en el sótano con ellos conversando en el sótano, luego mi sobrinos me pidió un vaso con agua al cual yo le indique que hubiera hasta la casa y que agarrara el agua, sublendo los dos hasta la misma y durarán un aproximado de 12 minutos, luego bajaron y se despidieron de mi, ese día no revise el casa, ni me percate de sus malas intenciones, al día siquiente cuando disponía a recibir servicio, busque el arma de realamento y no la encontré en ción donde vo la quardaba, preauntado a mis familiares y habitante de la casa siendo su respuesta que no habían, por cual pase la novedad a Inspector (PM) Gutiérrez. informado de lo sucedido, SÉPTIMO: ¿Diga Usted, si poseía permiso, autorización o documentación alguna que avala la tenencia del arma de reglamento para la fecha en que ocurrieron los hechos? coNTEsTO: No, en vista que mi Jerarquía era Sargento Segundo tenía la autorización verbal de llevarse el armamento, y bueno era baío mi responsabilidad..." (Subrayado y negrillas nuestras). Tal declaración, rendida por el imputado, sin juramento, y libre de coacción y apremio hace prueba en su contra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1402 del Código Civil, asimilándose a una confesión extrajudicial, dado el carácter administrativo y no jurisdiccional de este Órgano de Control Fiscal. D. VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS D.1.- DE LOS ARGUMENTOS DE DEFENSA EXPUESTOS POR EL CIUDADANQ JESÚS ERNESTO MOYA SALCEDO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la LocGRYsNCF, los elementos probatorios que demuestran la comisión del hecho, y la responsabilidad de su autor han sido valorados, en base'a las reglas expresas que se citan en cada caso, o, en su defecto en atención a las reglas de la sana crítica. Los alegatos y argumentos del presunto responsable, serán analizados en el siguiente acápite. D.2.- DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL CIUDADANO JESÚS ERNESTO- MOYA_ SALCEDO DURANTE LA. ETAPA DE POTESTAD INVESTIGATIVA El Auto de Proceder N° 007-2013 de fecha 25 de Marzo de 2013, que dió inicio a la potestad Investigativa, fue notificado al ciudadano Jesús- Ernesto Moya Salcedo, titular de la cédula de identidad N° V-9.995.118, el día 10 de Junio de 2013, tal como se evidencia en el Oficio N° DCP-008 de fecha 25 de Marzo de 2013, que riela a los folios cuarenta y seis (46) al cuarenta y ocho (48) y sus vueltos del expediente administrativo, en el cual se le indicó que a partir de la fecha de su notificación quedaba a derecho para todos los actos procesales teniendo acceso inmediato al expediente. En este contexto, el día 13 de Junio de 2009, el precitado ciudadano presentó escrito ante este Órgano de Control Fiscal Interno, que cursa al folio cincuenta y ocho (58) y su vuelto del expediente administrativo, mediante el cuzl expuso los siguientes argumentos y cito: ".. por medio de la presente declaro, que la pistola marca Glock 17- calibre 9X19 MM serlal LRD968 la cual se me fue hurtada de ml residencia el día 16/06/09 ya que la misma se encontraba en ml poder debido a que hable con el Insp (PM) Malkel Gutierrez. Comandante del Distrito policlal (sic) nº 25 de la zona Policial, nº 2 por lo que le manifesté (sic) ml Insp yo trabaio en esta zona y soy, sato 2do. vivo. (sic) en una zona pellaroso.(sic) que posibilidades hay, que yo me lleve. el armamento para ml casa.lsic) me respondió (sic) usted es un sato. si se la lleva.(sic) es baio sú (sic) responsabilidad mi error fue, fue no pedirle el permiso por escrito cuando me percate del hurto del arma, llame al Insp (PM) Maikel Gutierrez y al sgto. 1ro. traslade al CiCPC sub Comisaria Oeste Ubicada (sic) en Propatria donde formule la denuncia sin mas nada que agregar. "(Subrayado y Negrillas Nuestras). Estos argumentos expuestos por el ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo, lejos de desvirtuar el hecho presuntamente irregular imputado, lo confirma, toda vez, que reconoció que se llevo el arma de reglamento para su residencia sin ningún permiso por escrito otorgado por su superior inmediato para portarla estando franco de servicio y bajo su responsabilidad, razón por la cual quien suscribe desestima estos argumentos. Y ASÍ SE DECIDE. E. DE LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES. El auto que dio Inicio al presente procedimiento administrativo, fue notificado el día 09 de Enero de 2014, al ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo, titular de la cédula de identidad N° V-9.995.118, tal como se evidencia en el Oficio MPPRI3-AI-DDR-089 de fecha 25 de Noviembre de 2013, que riela a los folios noventa y ocho (98), noventa y nueve (99) y su vuelto del expediente administrativo, en el cual se le indicó las fases del Procedimiento Administrativo para la Determinación de las Responsabilidad previsto en la LOCGRYSNCF y su Reglamento; asimismo, se le hizo la mención que conforme al artículo 98 ejusdem, quedaba a derecho para todos los efectos del procedimiento. El mencionado ciudadano no indicó en tiempo hábil, las pruebas que de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la LOCGRYSNCF, en concordancia con el artículo 91 del Reglamento de la citada Ley, serían producidas en el acto oral y público, según se evidencia del auto de fecha 31 de enero de 2014, cursante al folio cien (100) del expediente administrativo. F. AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA El día veintiuno (21) de febrero de 2014, siendo las 10:00 a.m, se llevó a cabo el Acto Oral y Público a que se contrae el artículo 101 de la LOCGRYSNCF y 92 al 97, ambos inclusive, de su Reglamento, tal como consta en los folios ciento tres (103), ciento cuatro (104) y vuelto, ciento cinco (105) y vuelto, del expediente administrativo identificado con las siglas y número MPPRIJP-AI-PADR-008-2013, relacionado con el Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, iniciado por Auto de fecha 21 de noviembre de 2013, al ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo, titular de la cédula de identidad N° V-9.995.118, Imputado en el presente procedimiento, con la finalidad de que expresara en forma oral-y pública, los argumentos que considerara le asisten para la mejor defensa de sus derechos e intereses, el cual fue declarado desierto, en virtud por cuyo motivo, en su beneficio, se acordó una (1) hora de espera, seguidamente de representante alguno, se procedió a levantar el acta respectiva. En este aspecto conviene precisar algunos aspectos relativos al hecho precedentemente expuesto, que de quedar demostrado constituirían los ilícitos administrativos tipificados en los numerales 2 y 29 del artículo 91 LOCGRYSNCF, que disponen: "Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras Leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación. (omissis). 2.- La omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de està Ley. 29. Cualquier otro acto, hecho u omisión contrario a una norma legal o sublegal al plan de organización, las politicas, normativa interna, los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno". (Negrillas nuestras). De la lectura del artículo parcialmente transcrito relativo a la omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y salvaguarda de bienes o derechos del patrimonio público, está referido, como su texto claramente lo indica, a la falta de actuación, actuación a destiempo, falta de diligencia o falta de cuidado, en el desempeño de las funciones de conservación, resguardo, defensa o protección de bienes o derechos del patrimonio público, que de conformidad con el conjunto de normas que regulan la actividad administrativa inherente al Estado, corresponde a todo funcionario en el ejercicio de sus competencias públicas y a todos aquellos particulares que administren, manejen o custodien recursos afectados al cumplimiento de finalidades públicas provenientes de los entes y organismos sujetos a las disposiciones de la citada Ley y al control, vigilancia y fiscalización de la Contraloría General de la República. La negligencia a su vez, consiste en omitir la realización de un acto, es decir la omisión en no cumplir aquello a que se estaba obligado, en hacerlo con retardo, es la falta de uso de los poderes activos en virtud de los cuales un Individuo, pudiendo desarrollar una actividad, no lo hace por pereza psíquica. En este contexto, es menester indicar que los individuos están obligados a observar, en todas las circunstancias de la vida, aquellas condiciones bajo las cuales se hace compatible su conducta, de acuerdo con las enseñanzas de la experiencia, con los intereses jurídicos de los demás, y pór tanto a dirigir sus experimentalmente que han cumplido con su deber. y particulares que administren, manejen y custodien fondos públicos, pues ha de y el instrumento de realización material de los fines del Estado, en tanto que garantizan no sólo el funcionamiento del aparato estatal, sino la inversión social del mismo, ambos instrumentos de protección, promoción y realización de los derechos y garantías sociales e individuales. Se infiere entonces, que el deber de diligencia y cuidado que reside en un servidor público o particular, en preservar y salvaguardar los bienes o derechos del patrimonio del ente u organismo al cual se encuentra adscrito, así como la responsabilidad de custodiar el correcto uso de los recursos que pertenecen a la tutela del interés general, siendo que cualquier daño causado a su patrimonio incardina la responsabilidad administrativa del funcionario público o particular encargado de administrar y custodiar dichos bienes. De tal manera, el presupuesto fáctico para este tipo al cual alude el numeral 2 del artículo 91 de la LOCGRYSNCF es una grave negligencia que implica no ejercer las funciones públicas encomendadas con natural cuidado. con desidia, descuido, abandono o falta de previsión, sin que ello implique la necesidad de demostrar la intención de dañar, ni tampoco la existencia de una norma que taxativamente establezcan la manera de ser cuidadoso. Es así que debiendo de prever el resultado perjudicial no lo prevé, o previéndolo, no toma las medidas oportunas para evitarlo, actúa con negligencia o culpa grave, aun cuando no se haya causado daño alguno al patrimonio del ente u organismo. Al respecto, la doctrina patria en la autora Nélida Peña, en su obra "El Régimen de la Responsabilidad Administrativa" páginas 233 y 234, ha fijado posición en cuanto a los supuestos generadores de responsabilidad administrativa, en lo atinente a una conducta negligente, cuando ésta implica una falta generalmente no intencional, que consiste en dejar de emanar o ejecutar un acto que se habría debido emanar o ejecutar, por disposición de la ley, según las prácticas administrativas o reglas de buena administración, por lo que éstas conductas, cobran mayor importancia si se tiene en cuenta que los funcionarios públicos, y los particulares, si fuere el caso, desempeñan cargos o ejercen funciones, estrechamente relacionados con la administración de bienes públicos. página original (tal como se publicó) [Página 7] Mientras que la imprudencia "es la falta de prudencia, de precaución, omisión de la diligencia debida, defecto de advertencia o previsión de alguna cosa. (...). Imprudencia: En el sentido amplio, se refiere a cualquier profesional que su actuación imprudente, derivada de su ineptitud, exceso de confianza o de cualquier otra causa similar, ocasione un daño a terceros, sancionable penal o civilmente (...) Sobre la figura de la imprudencia, la doctrina patria en la autora Nélida Peña, en su obra "El Régimen de la Responsabilidad Administrativa", página 235, administrativa, en lo atinente a la imprudencia, señalando lo siguiente: ".Además de la negligencia del funcionario, también su imprudencia, que es una conducta activa caracterizada por la falta de previsión o de precaución, puede dar lugar a que se configure el supuesto generador de responsabilidad administrativa..el funcionario en lugar de incurrir en la irregularidad por omisión o retardo, lo hace por acción, pero sin adoptar las debidas precauciones que le impone el ejercicio de un cargo que comporta la administración de bienes públicos...Desde luego... se produce un daño al patrimonio del ente y en general al patrimonio público..". (Negrillas nuestras). En cuanto al supuesto generador de responsabilidad administrativa previsto en el numeral 29, la Ley ejusdem, señala que: (...omiss...)) "29. Cualquier otro acto, hecho u omisión contrario a una norma legal o sublegal al plan de organización, las políticas, normativa Interna, los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno". Debemos señalar que el legislador circunscribe el citado supuesto generador de responsabilidad administrativa a aquellas actuaciones del funcionario las políticas normativas internas, los manuales de sistemas y procedimientos dictados dentro del ámbito del control interno, con el propósito de salvaguardar el patrimonio público y procurar la eficacia y legalidad de los procesos y operaciones institucionales. Precisado estas consideraciones de carácter teórico, debemos advertir que además de la eventual declaratoria de responsabilidad administrativa que pudiera imponerse por el presunto hecho que nos ocupa, de ser verificado el supuesto detrimento patrimonial, el sujeto de la acción deberá responder civilmente con su peculio a través de la formulación de reparo impuesto por este Órgano de Control Fiscal Interno, con el objeto de resarcir el daño causado por su conducta, así se desprende de lo previsto en los artículos 82, 84 y 85 de la LOCGRYsNCF, los cuales establecen: "Artículo 82. Los funcionarios, funcionarias, empleados, empleadas, artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, así como los particulares a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, responden penal, civil y administrativamente de los actos, hechos u omisiones contrarios a norma expresa en que incurran con ocasión del desempeño de sus funciones. ...) Artículo 84. La responsabilidad civil se hará efectiva de conformidad con las leyes que regulen la materia y mediante el procedimiento de reparo reguladas por el Código Orgánico Tributario, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones en él contenidas. Artículo 85. Los órganos de control fiscal procederán a formular reparo al patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, como consecuencia de actos, hechos y procedimientos que comprenden el control Interno, así como por una conducta omisiva o negligente en el manejo de los recursos. (..)) En efecto, la responsabilidad civil especial encuentra su fundamento en la noción de responsabilidad propia del derecho natural, la cual postula como elemento esencial que nadie debe causar a otro un daño injusto y, en caso de producirse el mismo, debe ejercerse la respectiva acción resarcitoria a los fines de que dicho daño sea reparado, la responsabilidad administrativa y civil así como la consiguiente obligación de reparar el daño causado, estaría configurado con la concurrencia de elementos esenciales, que deben estar plenamente probado, a saber: 1. Una acción u omisión tanto del funcionarios públicos como de particulares, que intervinieron en la administración o custodia de los bienes del patrimonio publico; 2. Un daño, esto es, una disminución, menoscabo o pérdida específicamente al patrimonio público y 3. Un nexo o relación de causalidad entre los dos elementos anteriormente enumerados. Igualmente, se observa que el hecho descrito, causó un daño al patrimonio del Estado, por lo que corresponde precisar el carácter resarcitorio inherente al procedimiento de reparo, en contraposición al carácter sancionatorio que se persigue con el procedimiento administrativo atinente a la declaratoria de responsabilidad administrativa, dado que, en la LOCGRYsNCF, el legisiador atendiendo a los principios de economía y celeridad procesal, reunió en un mismo procedimiento estas dos acciones (determinación de responsabilidad administrativa y reparo), las cuales persiguen fines sancionatorios distintos. Así encontramos; por una parte, la formulación de reparo que es una modalidad especial de persecución de responsabilidad civil en el ámbito administrativo, que principalmente persigue resarcir un daño que se haya causado al patrimonio público por la acción u omisión dolosa o culposa de un agente; por otra parte, tenemos la declaratoria de responsabilidad administrativa, la cual persigue fundamentalmente, sancionar la conducta transgresora de la norma. Con fundamento en lo esbozado se deduce, que de comprobarse el presunto hecho señalado en los párrafos anteriores, con base a lo previsto en los aludidos artículos 84 y 85 de la LOCGRYSNCF, el presunto responsable de tal actuación, deberá resarcir el daño causado al patrimonio público, cuyo monto asciende a la Cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOs, (Bs. 4.504,50), valor de la referida arma policial, tal como consta en el Acta de Avalúo de Prendas Policiales de fecha 02 de Julio de 2009, suscrito por el Inspector Jefe (PM) Molina Méndez Enyelbert, para entonces Jefe de la División de Armamento de la Dirección de Logística de la extinta Policía Metropolitana, que cursa al folio dieciséis (16) del expediente administrativo, En consecuencia, por las razones desarrolladas en el presente punto, se puede establecer con claridad que el hecho supra citado, da lugar a que este Órgano de Control Fiscal Interno formule reparo de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la LOCGRYSNCF, en concordancia con el artículo 1.185 dei Código Civil, por el daño causado al patrimonio público, cantidad que asciende a CUATRo MIL QUINIENTOS CUATRO BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs. 4.504,50), tal como se evidencia de los folios dieciséis (16) del expediente administrativo, siendo preciso indicar el contenido de las citadas normas: igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho". Esta responsabilidad civil especial encuentra su fundamento en la noción de responsabilidad propia del derecho natural, la cual postula como elemento esencial que nadie debe causar a' otro un daño injusto y, en- caso de producirse el mismo, debe ejercerse la respectiva acción resarcitoria a los fines de que dicho daño sea reparado. CAPÍTULO III DISPOSITIVA En mérito de los razonamientos precedentemente expuestos, quien suscribe, Germán Rafael Laverde, titular de la cédula de identidad N° V-3.400.167, Director General Encargado de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designado mediante Resolución Ministerial N° 124 de fecha 07 de Mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.161 de fecha 07 de Mayo de 2013, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 105, en concordancia con los artículos 86 y 94 de la LOCGRYSNCF, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001, vigente para el momento de la ocurrencia del hecho objeto de este Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, disposiciones legales que se mantienen en los mismos artículos en la Ley de Reforma Parcial de Ley Orgánica de Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, para dictar decisiones, en concordancia con lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de la ley eiusdem, y en ejercicio de la atribución que me es conferida en el artículo 14 numeral 24 del Reglamento Interno de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones de Interiores y Justicia, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.590 de fecha 10 de enero de 2011, DECIDO: PRIMERO: Declarar la RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA del ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo, venezolano, mayor de edad, civilmente hábll, titular de la cédula de identidad N° v-9.995.118, y con domicilio en la Avenida Libertador con Jabillo, Edificio Libertador 1, Torre F, Piso 6, Apartamento 601, Municipio Bolivariano Libertador, Caracas Distrito Capital, por el hecho irregular descrito e imputado en el auto de inicio del procedimiento administrativo de fecha 21 de Noviembre de 2013. La responsabilidad del precitado ciudadano resulta comprometida, por haber actuado de manera negligente e imprudente en la preservación y salvaguarda de un Bien Nacional, correspondiente a un arma de reglamento, Tipo Pistola, Marca Glock, Calibre 9X19mm, Modelo 17, Serial LRD968, que le había sido asignada por la suprimida Policía Metropolitana para el cumplimiento de la función policial; toda vez que demostró una actitud de dejadez, desidia o abandono, así como, falta de diligencia, de cuidado, de previsión, prudencia o precaución, frente a lo que debe ser la responsabilidad asumida por un buen funcionario público, al llevar su arma de reglamento hasta su residencia, sin que haya sido autorizado por su superior inmediato para portarla estando franco de servicio, y al dejar la supuestamente resguardada en un cajón sobre un escaparate de su habitación, lugar donde fue presuntamente hurtado el identificado Bien Nacional; aunado a ello, realizó un acto contrario a una norma de rango sublegal, al incumplir lo establecido en la (PM) José Mambel Pérez, para entonces Director de Logística, y los lineamientos antes transcritos; conducta trajo como consecuencia la pérdida del Bien Nacional antes descrito, ocasionando un daño cierto, determinado y determinable al patrimonio de la República. Este, hecho se subsume en los numerales 2 y 29 del artículo 91 de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRYSNCF), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001, vigente para el momento de la ocurrencia del hecho objeto de este Procedimiento Administrativo para la. Determinación de Responsabilidades; supuestos que se mantienen en la Ley de Reforma, Parcial de Ley Orgánica de Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010. SEGuNDQ: De conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema:Nacional de Control Fiscal de fecha 17 de diciembre de 2001, vigente para el momento de la ocurrencia del hecho objeto de este procedimiento; disposición legal que se mantienen en la Ley de Reforma Parcial de la LOCGRYSNCF de fecha 23 de diciembre de 2010, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.185 del Código Civil, SE DECLARA LA -RESPONSABILIDAD CIVIL (FORMULACIÓN DE REPARO), pOr el daño causado al patrimonio de la-República, dada la pérdida de un Bien Nacional identificado como un arma de reglamento, tipo Pistola, Marca Glock, Calibre 9X19mm, Modelo 17, Serial LRD968, propiedad de la República, por Órgano de la MIL QUINIENTOS CUATRO BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs. 4.504,50), valor de la referida arma policial, tal como consta en el Acta página original (tal como se publicó) [Página 8] de Avaluó de Prendas Policiales de fecha 02 de Julio de 2009, suscrito por el Inspector Jefe (PM) Enyelbert Molina Méndez, para la fecha Jefe de la División de Armamento de la Dirección de Logística de la extinta Policía Metropolitana, que cursa al folio dieciséis (16) del expediente administrativo. TERCERQ: De conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal de fecha 17 de diciembre de 2001, vigente para el momento de la ocurrencia del hecho objeto de este procedimiento; disposición legal que se mantienen en la Ley de Reforma Parcial de la LOCGRYSNCF de fecha 23 de diciembre de 2010, se Impone al ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo, titular de la cédula de identidad N° V-9.995.118, MULTA de QUINIENTAS CINCUENTA (550) Unidades Tributarias (U.T), que representan la suma de TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTÀ BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 30.250,00). Esta multa constituye el término medio de los dos extremos que fijada el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal de fecha 17 de diciembre de 2001, disposición legal vigente en la Ley de Reforma Parcial de la LOCGRYSNCF de fecha 23 de diciembre de 2010, y fue calculada de la siguiente manera: la base es el término, medio entre la sanción menor de cien (100) unidades tributarias y la sanción mayor de mil (1000) unidades tributarias, lo cual equivale a quinientas cincuenta (550) unidades tributarias, y resulta al hacer la compensación que ordenaba el artículo 67 de la Reforma Parcial del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.169 de fecha 29 de marzo de 2001, vigente para la fecha de la ocurrencia del hecho objeto de este procedimiento, en concordancia con el artículo 37 del Código Penal, por darse en el presente caso, la circunstancia agravante prevista en el literal b (la condición de funcionario incurrido el contraventor en falta que amerite la imposición de multas, durante los tres (3) años anteriores a aquel en que se cometió la infracción), ambas tipificadas en el artículo 66 del precitado Reglamento. Se tomó como base de cálculo el valor de la Unidad Tributaria vigente para el año 2009, fecha de la ocurrencia del hecho, que era la sumà CINCUENTA Y CINCo BOLÍVARES (Bs. 55,00) cada U.T., fijada por el entonces Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, según Resolución publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.127 de fecha 26 de febrero de 2009. CUARTO: Se le notifica al ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo, plenamente identificado en autos, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 100 del Reglamento de la Ley elusdem, podrá interponer contra la presente decisión, el correspondiente RECURSO DE RECoNSIDERACIÓN, ante este Órgano de Control Interno, dentro de un lapso de Quince (15) días hábiles siguientes, contados a partir de que conste por escrito la decisión en el presente expediente administrativo; y de acuerdo con lo previsto en el artículo 109 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con los artículos 97, 98 y 99 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el RECURsO DE REVIsióN, ante el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, dentro de los TREs (3) meses siguientes a la fecha de ocurrencia de los causales que lo hacen procedente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control FiSCal, el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, por ante el Tribunal Contencioso Administrativo competente, con sede en la ciudad de Caracas, dentro de los SEIs (06) meses siguientes contados a partir del día siguiente a su notificación. QUINTO: Remítase un ejemplar de este Acto Decisorio, una vez firme en sede administrativa, a la Contralora General de la República, a los fines de las sanciones que le corresponde imponer, de manera exclusiva y excluyente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la LOCGRYSNCF. SEXTQ: Remítase un ejemplar de este Acto Decisorio, una vez firme en sede administrativa, al Ministerio del Poder Popular de Finanzas, a los fines de la cobro, según lo previsto en el artículo 110 del Reglamento de la LOCGRYSNCF. SÉPTIMO: A los fines de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, remítase un ejemplar de la presente Decisión, una vez firme en esta sede, a la Secretaría del Consejo de Ministros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento de la LOCGRYSNCF. ocTAvo: Remítase un ejemplar de este Acto Decisorio a la Fiscalía General de la República, de conformidad con lo establecido en el artícula. de la Ley Contra la Corrupción, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica-Bolvaciana de Venezuela N° 5.637 Extraordinario de fecha 07 de abril de 200 Cúmplase, ~/D ECON. GERMÁN RAFAE LAVERDE Director General Encargado de la Oficina de auditoría Interna 07 de Mayo d REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA ds DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Caracas, 28 de Marzo de 2014 AUTO QUE DECLARA LA FIRMEZA EN SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DECISIÓN Visto que en la Decisión pronunciada por este Órgano de Control Fiscal Interno, el día Administrativo identificado con las siglas y número MPPRIJP-AI-PADR-008-2013, el día 06 de marzo de 2014, mediante la cual se declaró RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, se Impuso SANCIÓN PECUNIARIA DE MULTA y se formuló REPARO RESARCITORIO, al ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo, titular de la cédula de identidad N° V-9.995.118, quedó agotada la vía administrativa, por cuanto han transcurrido íntegramente los quince (15) días hábiles de pronunciamiento del Acto Decisorio, sin que el ciudadano Jesús Ernesto Moya Salcedo, o su representante legal, hayan interpuesto el recurso de reconsideración de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el a:tículo 100 del Reglamento de la referida Ley, quien suscribe, declara la firmeza del acto administrativo, y a los fines de la ejecución de la Decisión de la causa Administrativa, se ordena remitir un ejemplar de la misma y del presente Auto, a los siguientes organismo: 1. Contraloría General de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 2. Secretaría del Consejo de Ministros, a los fines de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, según lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de la Ley eiusdem. 3. Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, a los fines de la expedición de la planilla de liquidación y la realización de las gestiones de cobro, de las sanciones pecuniarias impuestas por este Órgano de Control Fiscal Interno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento de la Ley eiusdem. 4. Fiscalía General de la República, de conformidad-con Jo establecido en el artículo 53 de la Ley Contra la Corrupción, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.637 Extraordinario de fecha 07 de abril de 2003. Cúmplase, D ECON. GERMÁN RAFAEL LAVERDE Director Generai Encargado de la Oficina de Auditoría Interna gnd O MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA. DESPACHO DEL MINISTRO N°036 Caracas, 3 1 MAR 2014 203° y 155º RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, designado mediante Decreto Nº 738 de fecha 16 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.335 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que me confiere lo dispuesto en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 77 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, designo al ciudadano RAMÓN RAFAEL CAMPOS CABELLO, titular de la cédula de identidad N° V-10.300.395, como Director General de la Oficina de Gestión Administrativa, a partir del 26 de marzo de 2014. Comuníquese y publíquese, RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Ministro de Poder Poñulan de Economía, Finanzas y Banca Pública República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública Banco del Tesoro, C.A., Banco Universal G-20005187-6 Caracas, cinco (5) de marzo del año dos mil catorce (2014) 203° y 155° Punto de Cuenta N° 2176 del 28/01/2014 Quien sus CrIibe, DIXORYs LOURDES CACHIMA CASTILLO, venezolana, mayor de edad, domicillada en la ciudad de Caracas e identificada con la cédula de identidad N° V-5.582.971, en su carácter de Presidenta de la Junta Directiva del Banco del Tesoro, C.A. Banco Universal, designación que consta de Decreto Presidencial N° 773 de fecha 5 de febrero de 2014, publicado en página original (tal como se publicó) [Página 9] la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.349, de fecha 5 de febrero de 2014; en ejercicio de la atribución conferida, en el artículo 25 numeral 3° de los Estatutos del Banco del Tesoro, C.A., Banco Universal y por delegación que me hiciere la Junta Directiva de esta Institución, a tenor de lo dispuesto en el artículo 24 numeral 17° del Documento Estatutario, según consta de decisión de Junta Directiva N° JD-2014-067, Acta N° 09, de fecha 14 de marzo de 2014; actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Providencia Administrativa N° 004-2012 "NORMAS GENERALES SOBRE LICITACIÓN PARA LA VENTA Y PERMUTA DE BIENEs PÚBLICOS" de fecha 23 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 40.054 de fecha 20 de Noviembre de 2012; dicta lo siguiente: DECIDE: PRIMERO: Se constituye el Comité de Licitaciones de Bienes Públicos para el Banco del Tesoro, C.A. Banco Universal, de carácter permanente el cual estará encargado de enajenar los Bienes Públicos que no fueren necesarios para el cumplimiento de sus finalidades y los que hubiesen sido desincorporados por obsolencia o deterioro, conforme a los términos establecidos en el Decreto anteriormente mencionada. SEGunDO: El Comité de Licitaciones de Bienes Públicos estará integrado por Siete (7) Miembros Principales, cada miembro principal contará con un (1) Suplente. Los miembros del Comité de Consultoría Jurídica, Auditoría Interna, Tecnología, Administración, Infraestructura y Soporte de Operaciones Bancarias. , TERcERo: Conforme al artículo anterior se conforma un (1) Comité de Licitaciones de Bienes Públicos del Banco del Tesoro, C.A., Banco Universal; y se designan como miembros de la misma a los ciudadanos que se mencionan a continuación: suite Mairefrans Borges Michael Gerardo Guerrero V-19.514.446 V-17.907.084 Garcia Blanco Eglee Victoria Hernández Leonardo Alberto Díaz V-11.312.078 V-19.027.065 Farías Pérez Thayra Valentina Gudiño V-21.413.209 V-23.597.997 Bravo Secretaria) Palacios (Secretaria) Katiuska del Rocio Jonathan Harry Morales V-11.231.566 V-14.203.960 Figueroa Vivas Key Karina Katiuska Liliana Di Canzio V-12.626.985 V-11.991.430 Machado Carmona Micachioni Jossiel Guillermo Duarte Jean Boris Omaña Pabon V-16.554.636 V-15.313.592 Acuna Daniel Alexander Cupare V-5.615.151 Ovidio de Jesús Rivas V-12.677.239 Quintero Antonio José Marín Rosibel Britt Rodulfo V-17.129.291 V-17.734.476 Mercado Martínez cuArTo: Las Atribuciones del Comité de Licitaciones de Bienes Públicos serán las siguientes: 1. Recibir, abrir, analizar, directa o indirectamente a través de un grupo evaluador interdisciplinario, los documentos relativos a la calificación de los oferentes; examinar, evaluar y comparar las ofertas recibidas, a cuyo efecto podrá designar grupos de evaluación interdisciplinarios o recomendar la contratación de asesoría externa especializada, en caso que la complejidad del objeto de la enajenación lo requiera. 2. Solicitar a la máxima autoridad del órgano o ente enajenante, la designación del sustituto, cuando se produzca la falta absoluta de algún miembro principal o suplente del comité. 3. Emitir recomendaciones sobre los asuntos sometidos a su consideración incluida en las agendas de reuniones. 4. Velar porque los procedimientos de enajenación se realicen de conformidad con lo establecido en la legislación que rige la materia y con la normativa interna del órgano o ente enajenante. 5. Considerar y emitir recomendación sobre el régimen legal aplicable, parámetro, ponderaciones y criterios de selección de oferentes y evaluación de ofertas. condiciones establecidas en el pliego de condiciones, o que sean inadecuadas a los fines del órgano o ente enajenante. 7. Determinar, visto el informe del grupo evaluador, las ofertas que en forma integral resulten más laborables a los intereses del órgano o ente enajenante; todo elio de conformidad con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, emitiendo la recomendación consiguiente. 8. Considerar u opinar acerca del acto motivado que se someta a la máxima autoridad del órgano o ente enajenante, para proceder al otorgamiento de la buena pro, en especial, las razones que justifican el oferente seleccionado y las ventajas estratégicas operacionales o administrativas para dicha selección. 9, Decidir los recursos de reconsideración interpuestos por los oferentes en contra de las dedsiones de descalificación para participar dentro de los procesos licitatorios, con la asesoría de la Consultoría Jurídica del órgano o ente enajenante y, de ser necesario, con el apoyo de un grupo interdisciplinario designado al efecto. bienes, en los casos de Ley. 11. Presentar a la máxima autoridad del respectivo órgano o ente público, el informe de la gestión realizada con cierre al 31 de diciembre de cada año y al culminar las actividades como miembros del Comité de Licitaciones, dentro de los veinte (20) días hábiles sigulentes a la designación del nuevo comité. Este informe debe ser presentado igualmente cuando se trate del cese de las funciones de alguno de sus miembros 12. Cualquier otra que le señale la legislación aplicable y las normas internas del órgano o ente enajenante. QUInTo: El Comité de Licitaciones de Bienes Públicos mantendrá como Quórum y Decisiones: 1. El Comité se reunirá cuando las circunstancias lo exijan y cuantas veces sean necesarias. 2. El Comité funcionará con un quórum mínimo de la mitad más uno de sus miembros. 3. La decisión tomada deberá ser con absoluta unanimidad por parte de todos los miembros del Comité que asistan a la reunión. 4. El Comité deberá llevar una Agenda por cada una de las reuniones; asimismo, el debido seguimiento de los puntos tratados en el mismo. 5. El Secretario levantará el Acta en donde se hará constar la decisión tomada por los integrantes presentes en las reuniones del Comité. 6. El Acta de constancia de la decisión tomada, deberá ser firmada por los integrantes presentes en la reunión, en señal de conformidad con la decisión respectiva. SEXTO: El Comité de Licitaciones de Bienes Públicos contará con una Secretaria o un Secretario, quien efectuará las siguientes funciones: 1. Convocar las reuniones del Comité, indicando fecha, hora y lugar respectivamente. 2. Elaborar la agenda de los temas a tratar en cada una de las reuniones. 3. Dirigir las reuniones del Comité. 4. Elaborar las actas de cada sesión y remitir las a los miembros del Comité, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la realización del mismo. 5. Uevar el archivo de los asuntos relacionados con el Comité y garantizar su custodia y seguridad, y 6. Las demás que le señalen sus miembros. Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Dada, firmada y sellada en Caracas, al cinco (5) de marzo del año 2014. DIXORYS CACHIMA CASTILLO Presidenta Decreto NP 773 de fecha 5 de febrero de 2014 Publicado en le Gaceta Ofcial de la Repúbica Bolvariana de Venezuele A° 40.349 de fecha 5 de febrero de 2014 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. DESPACHO DEL 203º, 155º y 15° El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, designado mediante Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de la misma fecha, de conformidad con el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y las atribuciones conferidas en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; en los numerales 1, 3 y 27 del artículo 77 y numerales 1, 2 y 8 del artículo 119 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.890 Extraordinario del 31 de julio de 2.008; el artículo 14 numerales 1, 5, 10 y 18 del Decreto N° 6.732 de fecha 2 de junio de 2009, mediante el cual se dicta el Decreto de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, página original (tal como se publicó) [Página 10] publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202 de fecha 17 de junio de 2009. Por cuanto, el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras a través del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), tiene el deber de vigilar, inspeccionar y controlar el cumplimiento de las normas relativas a la importación, transporte, almacenamiento, intercambio, comercialización, manipulación y aplicación de productos de origen biológico y químico para control zoosanitario y fitosanitario. Por cuanto, corresponde al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras a través del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), autorizar, certificar, suspender, revocar o renovar el ejercicio de las y licencias, registros, certificaciones, acreditaciones y autorizaciones necesarias. Por cuanto, la actividad de transporte constituye un elemento fundamental para asegurar la distribución de insumos agrícolas y pecuarios a nivel nacional. Por cuanto, una de las líneas de acción del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía es la distribución y transporte terrestre de carga. Resuelve dictar la siguiente: RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE PRORROGA LA SUSPENSIÓN TEMPORALMENTE DE LA EXIGENCIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL DEL REGISTRO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE PLAGUICIDAS QUÍMICOS O AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA, DOMÉSTICO, SALUD PÚBLICA E INDUSTRIAL, EMITIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (INSAI) ARTícuLo 1°: Se prorroga desde el 1° de abril de 2014 hasta el 30 de septiembre del 2014, la vigencia de la Resolución DM/N° 112/2013 de fecha 14 de octubre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.272 de fecha 15 de octubre de 2013, mediante la cual se suspende en forma temporal en todo el territorio nacional, de transporte de plaguicidas químicos o agentes de control biológico de uso agrícola, doméstico, salud pública e industrial, fertilizantes, abonos, biofertilizantes e insumos pecuarios emitidos por el Registro Único Nacional de Salud Agrícola Integral, según lo establecido en el numeral 13 del artículo 57 concatenado con el numeral 1° del artículo 70 ambos del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Salud Agrícola Integral. ARTícuLo 2º: Durante el lapso de prórroga establecido en el artículo 1 de la presente Resolución, se exhorta a todas las autoridades aduaneras, civiles, y militares, a no exigir el registro de transporte de los productos antes señalados, emitido por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral. ARTícuLo 3°: Durante el lapso de la prórroga establecido en la presente Resolución, los interesados e interesadas están obligadas a seguir tramitando por ante el Registro Único Nacional de Salud Agrícola Integral, el Registro para la actividad de transporte. ARTícuLo 4º: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese Por el Ejecutivo Nacional, QUARDO GIL RINTO 6 del Poder Popular Agricultura y Tierras MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN RepúblicaBolivarianade Veoezuela Miniserodel Rodes:PogulanparalaEdocación Despacho del Minstro Caracas, 3/ de augde 2014 DM/N° 027 203° y 155° Con el supremo compromiso y voluntad de lograr una mayor eficacia política y calidad revolucionaria de la Administración Pública, en aras de la construcción del socialismo y un Estado ético, que exige funcionarias y funcionarios honestos y eficientes, que más que un altar de valores exhiban una conducta moral en sus condiciones de vida en su relación con el pueblo y en su vocación de servicio; en ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 5 numeral 2, 19 último aparte y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, concatenados con los artículos 34, 62 y 77, numeral 19 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y el artículo 1 del Reglamento Sobre Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el Ministro del Poder Popular para la Educación dicta la siguiente; RESOLUCIÓN Artículo 1. Se designa a la ciudadana HEIDI MARGARITA VELÁSQUEZ CABRILES, titular de la cédula de identidad N° V-13.992.061, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL, adscrita al Despacho de la Viceministra de partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, quién ejercerá las funciones previstas en los artículos 19 y 20 del Reglamento Orgánico, el artículo 163 del Reglamento Interno de este Ministerio, teniendo por norte los principios y valores humanistas del socialismo, cuyo objetivo fundamental descansa sobre la justicia social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanos y las instituciones de la República. Artículo 2. Delegar en la referida ciudadana las competencias y firma de los actos y documentos que conciernan a las funciones de la Dirección a su cargo. Artículo 3. Los actos y documentos firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma de la funcionaria delegada la fecha y el número de la presente Resolución, así como la fecha y el número de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, donde haya sido publicada. Artículo 4. Se deja sin efecto la Resolución N° 043 de fecha 13 de junio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.943, de fecha 13 de junio de 2012. Comuníquese y publíquese; Fedrgpar HÉCTOR VICENTE RODRIGUEZ ASTE Ministro del-Poder Popular para la Edvacio página original (tal como se publicó) [Página 11] RepiblicaBolivianade Veula diniPBcació Deepacho del Ministro Caracas, 3/ de M4r 20 de 2014 DM/N° 028 203° y 155° Con el supremo compromiso que la Administración Pública esté al servicio de las personas y su actuación dirigida a la atención de sus requerimientos y a la satisfacción de sus necesidades, en ejercicio de las atribuciones que confiere el numeral 19, del artículo 77, del Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 15 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinario N° 5.890 del 31 de julio 2008, concatenado con el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y lo establecido en los artículos 5 numeral 2; 19 último aparte y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en la Disposición Transitoria Décima Primera del Decreto N° 6.732 de fecha 02 de junio de 2009, sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.202, de fecha 17 de junio de 2009, y con lo establecido en el artículo 11 del Estatuto Orgánico del Instituto de Previsión y Asistencia del Poder Popular para la Educación dicta la siguiente; RESOLUCIÓN Artículo Único. Se designa al ciudadano ANTHONY OSWALDO RIVAS TINEO, titular de la cédula de identidad N° V- 14.587.551, Secretario de la Junta Administradora del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPAS-ME), a partir de la publicación del presente acto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, queda sin efecto la Resolución N° 046, de fecha 18 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.214 de fecha 06 de julio de 2009. Comuníquese y publíqu HÉCTOR VICENTE RODRÍGUCASTR Ministro del Poder Popular para la E Bepibic DesgaciodeMiniro DM/N° 030 203° y 155° calidad revolucionaria de la Administración Pública, en aras de la construcción del socialismo y un Estado ético, que exige funcionarias y funcionarios honestos y eficientes, que más que un altar de valores exhiban una conducta moral en sus condiciones de vida en su relación con el pueblo y en su vocación de servicio; en ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 5 numeral 2, 19 último aparte y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, concatenados con los artículos 34, 62 y 77, numeral 19 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y el artículo 1 del Reglamento Sobre Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el Ministro del Poder Popular para la Educación dicta la siguiente; RESOLUCIÓN Artículo 1. Se designa al ciudadano JUAN MIGUEL MONTES ARAQUE, titular de la cédula de Identidad N° V-14.767.195, DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y DEPORTES, adscrito al Despacho de la Viceministra de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo del Ministerio del Poder Popular para la Educación, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, quién ejercerá las funciones previstas en los artículos 40 y 41 del Reglamento Orgánico de este Ministerio, teniendo por norte los principios y valores humanistas del socialismo, cuyo objetivo fundamental descansa sobre la justicia social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanos y las instituciones de la República. Artículo 2. Delegar en el referido ciudadano las competencias y firma de los actos y documentos que conciernan a las funciones de la Dirección a su cargo. Artículo 3. Los actos y documentos firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del funcionario delegado la fecha y el número de la presente Resolución, así como la fecha y el número de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, donde haya sido publicada. Artículo 4. Se deja sin efecto la Resolución N° 060 de fecha 11 de octubre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.270, de la misma fecha. Comuníquese y publíquese; Dedricvar HÉCTOR VICENTE RODRIGUEZ STRE Ministro del Poder Popular para la Eduasión RepúbliaBolivasinde-Veczula MinistciodlPodPpulaalBcacióon Deppachiodel Mlinstro Caracas, 3) de MM4r20 de 2014 DM/N° 031 203° y 155° calidad revolucionaria de la Administración Pública, en aras de la construcción del socialismo y un Estado ético, que exige funcionarias y funcionarios honestos y eficientes, que más que un altar de valores exhiban una conducta moral en sus condiciones de vida en su relación con el pueblo-y en su vocación de servicio; en ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, concatenado con' el-artículo 77, numeral 19 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerzá de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en los artículos 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y el artículo 67 del Reglamento Orgánico Trigésima Primera del Decreto N° 6.732 Sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional; lo establecido en la Resolución 023 de fecha 19 de marzo de 2014, la cual establece la Estructura Organizativa y Funcional del en la Gaceta Oficial de 1a Répública Bolivariana de Venezuela N° 40.375 de la misma fecha, el Ministro del Poder Popular para la Educación dicta la presente; RESOLUCIÓN Artículo 1. Se designa a la ciudadana HEIDI MARGARITA VELÁSQUEZ CABRILES, titular de la cédula de Identidad N° V-13,992.061, DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL AUTÓNOMO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA Y A LA FAMILIA (SENIFA), adSCrita al Despacho de la Viceministra de Educación Inicial y Primaria del Ministerio del la República Bolivariana de Venezuela, teniendo por norte los principios y valores humanistas del socialismo, cuyo objetivo fundamental descansa sobre la justicia social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanas y las instituciones de la República. Artículo 2. Delegar en la identificada ciudadana las atribuciones y firma de los actos y documentos que a continuación se especifican: 1. Todo lo referido a la planificación, ejecución y control del presupuesto asignado al servicio, en función de administrar sus recursos financieros. 2. Autorización de pago de personal y proveedores. 3. Recibir, aprobar o negar los Puntos de Cuenta que presente el Servicio, conforme a la Ley, vinculados con su ámbito sectorial, relacionados con las actividades y funciones propias de los programas desarrollados. Artículo 3. La referida funcionaria deberá rendir cuenta al Ministro o Ministra, de los actos y documentos firmados en virtud de la delegación conferida en el artículo anterior. Las atribuciones delegadas, así como, la firma de los actos y documentos ejercidas y firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma de la funcionaria delegada la fecha y el número de la presente Resolución, así como la fecha y el número de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, donde haya sido publicada. página original (tal como se publicó) [Página 12] Artículo 4. Se deja sin efecto la Resolución N° 044 de fecha 13 de junio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.943, de la misma fecha. Comuníquese y publíques Hoolisger HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ Ministro del Poder Popular para la Rpidicnde Mii DM/N° 032 Caracas,3) de VMar2 D de 2014 203°y 155° calidad revolucionaria de la Administración Pública, en aras de la construcción del socialismo y un Estado ético, que exige funcionarias y funcionarios honestos y eficientes, que más que un altar de valores exhiban una conducta moral en sus condiciones de vida en su relación con el pueblo y en su vocación de servicio; en ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 5 numeral 2, 19 último aparte y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, concatenados con el artículo 77 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el Ministro del Poder Popular para la Educación dicta la siguiente; RESOLUCIÓN Artículo 1. Se designa a la ciudadana BERTHA SUSANA BEJARANO PÉREZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.492.934, DIRECTORA DE ADMINISTRACIóN, adscrita a la Dirección General de la Oficina de Administración y Servicios, a partir del 31 de marzo de 2014, Código de nómina humanistas del socialismo, cuyo objetivo fundamental descansa sobre la justicia social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanos y las instituciones de la República. Artículo 2. Se deja sin efecto la Resolución N° 064 de fecha 18 de noviembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.297 de fecha 19 de noviembre de 2013. Comuníquese y publíquese; HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZST Ministro del Poder Popular para la Ed k RepilbicBinde Mi Caracas,3) de Marzo de 2014 033 DM/N° 203° y 155° Con el supremo compromiso y voluntad de lograr una mayor eficacia política y calidad revolucionaria de la Administración Pública, en aras de la construcción del socialismo y un Estado ético, que exige funcionarias y funcionarios honestos y eficientes, que más que un altar de valores exhiban una conducta moral en sus condiciones de vida en su relación con el pueblo y en su vocación de servicio; en ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 5 numeral 2, 19 último aparte y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, concatenados con el artículo 77, numeral 19 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el Ministro del Poder Popular para la Educación dicta la siguiente; RESOLUCIÓN Artículo 1. Se designa al ciudadano DEIDE DE JESÚS MORENO BOLÍVAR, titular de la cédula de identidad N° V-17.686.824, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO ESTUDIANTIL, adscrito àt Despacho de la Viceministra de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, quién ejercerá las funciones previstas en el artículo 46 del Reglamento Orgánico y el artículo 172 del Reglamento Interno de este Ministerio; teniendo por norte los principios y valores humanistas del socialismo, cuyo objetivo fundamental descansa sobre la justicia social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanos y las instituciones de la República. Artículo 2. Se deja sin efecto la Resolución Nº 056 de fecha 23 de junio de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.703 del 28 de julio de 2011. Comuníquese y publíquese; HÉCTOR VICENTE RODRIGUEZ Ministro del Poder Popular para la Edueó MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE DESPACHO DEL MINISTRO/CONSULTORÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN N° 013 CARACAS, 3 1 MAR. 2914 AÑOS 204° y 155° En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 77, numerales 1. 2, 4, 13, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; artículos 5, numeral 2, 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; Decreto N° 127 de fecha 27 de mayo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.175 de la misma fecha, este Despacho Ministerial, CONSIDERANDO Que el Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre, es el órgano rector de la políticas públicas de Transporte Terrestre de personas siendo uno de sus entes adscritos la Sociedad Mercantil "Trolebús Mérida, C.A. (TROMERCA)". empresa pública encargada del servicio de transporte público de pasajeros, con calidad y con sentido de justicia social. CONSIDERANDO Que mediante Punto de Cuenta N° 020/14 de fecha 27 de marzo de 2014, el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela NICOLÁS MADURO MOROS, autorizó la designación del Presidente (E) de la Sociedad Mercantil "Trolebús Mérida, C.. (TROMERCA)". RESUELVE Artículo 1. En virtud del Punto de Cuenta N° 020/14 de fecha 27 de marzą de 2014, se procede a la designación del ciudadano SIMóN PABLO FIGUEROA, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.339.724, como PRESIDENTE (E) de la Sociedad Mercantil "Trolebús Mérida, C.A. (TRoMERCA), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre; con las competencias inherentes al cargo, de conformidad con los Estatutos Sociales de dicha sociedad Mercantil. página original (tal como se publicó) [Página 13] Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníauese publíquese, HAIMAN ELTROUDI Minitro REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE AÑOS 203° Y 154° Valencia, 30 de diciembre de 2013 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 001/2013 LA JUNTA DIRECTIVA DE LA C.A. METRO DE VALENCIA, en ejerciciO de las atribuciones conferidas en el articulo 21, literal f). de los Estatutos Sociales de la Compañía, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Contrataciones Públicas. DECIDE c.. PRIMERO: Aprobar la Comisión de Contrataciones de la C.A. Metro de Valencia, aprobada por el Presidente de la Junta Directiva, mediante Punto de Cuenta N° PR-03-2012-267 de fecha 26 de abril de 2012, creada de manera provisional para garantizar el normal funcionamiento de la empresa, de conformidad a las atribuciones establecidas en el articulo 21 literal f) de los Estatutos Sociales de la Compañía, encargada de aplicar los procedimientos de selección de contratistas para la ejecución de obras, adquisición de bienes y contratación de servicios, conforme a lo previsto en la áreas: legal, técnica y económica-financiera. Igualmente se designa úna Secretaria con su respectiva suplente, quien tendrá derecho a voz, más no a voto, los cuales se mencionan a continuación: ÁREA LEGAL Miembro Suplente Miembro Principal C.I. N° V-7.280.860 C.I. N° V- 4.363.093 José G. Colmenares Gladys I. Molinos A. ÁREA TÉCNICA Miembro Suplente Miembro Principal C.I. N°V- 8.720.566 C.I. N° V-13.158.871 Gladys C. Quintero Jairo Antolinez Pereira C.I. N° V-14.080.263 Yesenia M. Diaz V. C.I. N°V- 8.761.416 Cruz D. Roman E. Francisco Chinchilla C.I. N° V - 3.226.782 Irania Cristina Pérez M.C.I. N° V-12.068.900 ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA Miembro Principal Miembro Suplente Desiree Manzanares A.C.I. N° V-14.515.981 Rafael E. Zambrano C. I. N° V-12.813.049 SECRETARIA Principal Suplente C.I. N° V-14.475.467 Belkis M. Anaholi S. C.I. N° V- 7.592.284 Elizabeth Escalona G. SEGUNDO: Dicha comisión tendrá las atribuciones establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, y debe velar por el estricto cumplimiento de las mismas y de cualquier normativa legal aplicable a la materia. TERCERO: La Secretria de la Comisión de Contrataciones de C.A. Metro de Valencia, tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 1. Coordinar las reuniones de la Comisión de Contrataciones; elaborar las actas correspondientes y entregar oportunamente a cada uno de los miembros de la Comisión de Contrataciones la agenda respectiva. 2. Convocar a las reuniones a los miembros de la Comisión de Contrataciones. 3. Formación de los expedientes de los procesos de contratación, levantamiento del acta que corresponda conforme a cada acto y ejercer el control del archivo. Contraciones. 5. Certificar las copias de los documentos inherentes a los procesos de contratación llevados a cabo por la Comisión de Contrataciones. 6. Suscribir comunicaciones en nombre de la Comisión de Contrataciones, dirigidos a las instancias administrativas o judiciales, públicas o privadas, nacionales, estadales o municipales, relacionadas con los asuntos inherentes a los procesos de contratación llevados a cabo por la Comisión. CUARTO: La presente Providencia Admninistrativa será publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Cantrataciones Publicas. Comuniquese y Publiquese. METRO Presidente Mriatro dil Poder Populer pars Treneporte Poesáado Terreaire de Asembiea Exdraordnaria de Accioniatas de la miema lecha. Segundo Cirounerpdión Judicial dal Eatado Carabobo an facha 11 de seplembire de 2013. bajo al MP 41. Tomo 107-A. Publiada an ELOE p Our p CO N OR1 On REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE AÑOS 203° Y 154° Valencia, 30 de diciembre de 2013 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 002/2013 LA JUNTA DIRECTIVA DE LA C.A. METRO DE VALENCIA, en ejercicio de las atribuciones dispuesto a los articulos 4 y 5 de las Normas Generales sobre Licitación para la Venta y Permuta de Bienes Públicos, contenidas en la Providencia Administrativa N° 004-2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.053 de fecha 19/11/2012. DECIDE PRIMERO: Ratificar la Creación y Conformación del Comité de Licitaciones para la Venta y Permuta de Bienes Públicos de la C.A. Metro de Valencia, aprobada por el Presidente de la Junta Directiva, mediante Punto de Cuenta N° PR-16-2013-279 de fecha 30 de diciembre de 2013, para garantizar el normal funcionamiento de la empresa, de conformidad a las atribuciones establecidas en las áreas Legal, Técnica y Económica-Financiera, además de la designación de un Secretario página original (tal como se publicó) [Página 14] establece la norma; y quienes serán solidariamente responsables con la máxima autoridad de las Comité de Licitaciones para la Venta y Permuta de Bienes Públicos de la C.A. Metro de Valencia, los cuales se mencionan a continuación: ÁREA LEGAL Miembro Principal Miembro Suplente C.I. N° V - 4.363.093 C.I. N°V- 7.001.733 Gladys I. Molinos A. Hilvic Matute López Maria Obispo Sergio Monagas C.I. N° V- 9.608.287 C.. N° V - 12.606.561 ÁREA TÉCNICA Miembro Principal Miembro Supiente C.I. N° V- 4.393.726 Mercedes De Macedo C.I. N° V-8.743.703 Nelson Fuentes Cruz Dalia Román Espinoza C.I. N° V- 13.810.603 C.I. N° V-8.761.416 José Miguel Suárez C.I. N° V-6.243.425 Victor Reyes C.I. N° V - 13.105.949 Armando Terán ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA Miembro Suplente Miembro Principal C.I. N° V-14.515.981 C.I. N° V- 7.082.052 Desiree A. Manzanares A. Maigualida Peñalver. C.I. N° V- 7.592.284 Gladys Quintero de Hurtado C.I. N° V-8.720.566 SECRETARIA Principal Suplente C.I. N° V-7.280.860 Rosioscar González C.I. N° V- 10.751.828 Jose Gregorio Colmenares SEGunDO: Dicho Comité de Licitaciones para la Venta y Permuta de Bienes Públicos tendrá las Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.845 de fecha 15 de junio de 2012, y debe velar por el estricto TERCERO: La presente Providencia Administrativa será publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia a lo dispuesto en el articulo 4° de las Normas Generales sobre Licitación para la Venta y Permuta de Bienes Públicos. Comuniquese y Publiquese. ETRO Lic. Victor Jose Moreno Presidente MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN FUNDACIÓN CORREO DEL ORINOCO Caracas, 17 de febrero de 2014 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 006 203º, 154º y 15ª La Presidenta de la Fundación El Correo del Orinoco, en ejercicio de las decimoséptima del Acta Constitutiva de la Fundación El Correo del Orinoco -debidamente protocolizada por ante el Registro Público del Quinto Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital Bajo el Nº 48, Folio 232, Tomo 40, de fecha 23 de Septiembre de 2009, y corregida por error material, corrección que fuera publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 39.277, en fecha 2 de octubre de 2009 -; y en los artículos 34 y 40 del Decreto Nº 6.217 de fecha 15 de Julio de 2008, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, en concordancia con el artículo 10 ejusdem y el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; CONSIDERANDO Que la desconcentración de las actividades decisorias y de tramitación es tarea permanente de los entes que conforman la Administración Pública,en particular las rutinas de ejecución y de tareas de mera formalización, a objeto de optimizar la ejecución de tales actividades. CONSIDERANDO Que la delegación interorgánica es un mecanismo que asegura la atribución de funciones para responder a criterios de eficiencia y especialización en la gestión de potestades públicas. Dicta la siguiente PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 006 Artículo 1. Se delega en la ciudadana NEIXI MORAIMA MALDONADO QUIñoNEz, titular de la cédula de identidad N° V- 5.283.296, en su carácter de CONSULTORA JURÍDICA de la Fundación El Correo del Orinoco, designada según Providencia Administrativa N.º 0002 de fecha 31 de mayo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.019 del 01 de octubre de 2012, la facultad de: Firmar la certificación de copias de expedientes y de documentos, relacionados exclusivamente con el "Proyecto Desarrollo del Diario Venezolano Correo del Orinoco" y que en virtud de sus funciones, reposan, en los archivos de esta Fundación. Artículo 2. Los documentos firmados con motivo de esta providencia, deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y el número de la presente Providencia, así como el de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela donde haya sido publicada. Artículo 3. La Presidenta de la Fundación El Correo del Orinoco podrá discrecionalmente firmar las certificaciones de los documentos señalados en la presente Providencia. Artículo 4. El ciudadano al cual se le confiere la presente delegación deberá rendir.cuenta semanal a la Presidencia de la Fundación El Correo del Orinoco, de los actos y documentos firmados en virtud de la presente Providencia. Artículo 5. La presente Providencia entrará en vigencia, a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. FUNDAGIÓN ELCORREO Comuníquese y Publíquese ORINOCO PRESIDENCIA Janessa Davies Vanessa Antonieta Davies Baquero Presidenta de la Fundación El "Correo del Orinoco" Designada según lo dispuesto en la Cláusula Trigésima Novena deL Acta constitutiva y Estatutaria de la Fundación Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.271. de fecha 23 de septiembre de 2009 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DESPACHO DEL PROCURADOR RESOLUCIÓN N° 010 /2014. 25 de marzo de 2014. Caracas, Año 202° de la Independencia y 154° de la Federación. El Procurador General de la República (E), MANUEL E. GALINDO B., designado conforme Resolución N° 013/2013 de fecha 08 de marzo de 2013, publicada en Gaceta Oficial N° 40.126 de fecha 11 del mismo mes y año; en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 248 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 39 y 44, numeral 1 y 16, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en concordancia con lo establecido en el artículo 13 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social y el artículo 14 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios. RESUELVE Artículo 1: Se otorga la Pensión de Invalidez, al ciudadano REYNALDOBURGOSCRUZ, titular de la cédula de identidad N° V-6.496.577, quien presta servicios en este Organismo desempeñando el cargo de Asistente Procurador. La Pensión otorgada tendrá vigencia a partir del 01 de abril de 2014, el monto de la pensión es de Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Ocho Bolivares con Sesenta y Cinco Céntimos (Bs. 4.698,65) mensuales, equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del sueldo mensual percibido para el momento de su egreso. Comuníquese y publíquese, MANUEL ENRIQUE GALINDO BALLESTEROS Procurador General de la República (E) página original (tal como se publicó) [Página 15] GACETA OFICIAL 11.55 AM DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AAO CXLI - MESI Y Carsem, juu 23 de eere de 214 SUMARIO do Das (CADMVO. pn on pd BCY anvenie Cambiario MP 25. bemità para la Adodsdn ds Ado cdrenjoro. idencia mediente la cual se estebiscon los requstos. posición de Díaé desinades al pAge di conde REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZIELA CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTEIRIOR Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial G.20001768-6 Visita nuestra pagina web descarga la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela totalmente gratuita www.imprentanacional.gob.ve Conoce Nuestros Servicios (+58212) 576-80-86 / 576-43-92. Gobierno Bolivariano Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela Síguenos en Twitter @oficialgaceta @moficialimprenta Juventud Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial página original (tal como se publicó) [Página 16] DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 Número 40.383 AÑO CXLI MES VI Caracas, lunes 31 de marzo de 2014 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 16 Págs. costo equivalente a 6,85 % valor Unidad Tributaria DE VENEZUELA. Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETAOFICIALDE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional. Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANADE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos. EL SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados. página original (tal como se publicó)