[Página 1] AÑO CXLI MES VI Caracas, viernes 28 de marzo de 2014 SUMARIO Vicepresidencia de la República CORPOLARA Providencia mediante la cual se delega en la ciudadana Carmen Yelitza Espósito Sánchez, en su condición de Gerente del Proyecto Estratégico de Construcción de Viviendas y Urbanismos en el estado Lara, la firma para la celebración de contratos y los trámites que en ella se mencionan. Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Yaneth Rosio Santéliz, como Gerente Encargada de la Oficina de Planificación Estratégica, de esta Corporación. Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Luis Alberto Plaza Paz, como Gerente de Desarrollo Comunal, de esta Corporación. Servicio Nacional de Contrataciones Providencia mediante la cual se crea el Comité de Licitaciones de este Organismo, el cual estará conformado por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se señalan. Providencia mediante la cual se delega en las ciudadanas que en ella se mencionan, la firma para la expedición de las copias certificadas de los documentos que reposan en las Oficinas que dirigen cuando las mismas sean requeridas por autoridad judicial, administrativa o a título de parte interesada sobre los documentos que le son de su interés. Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública Resolución mediante la cual se otorga la Jubilación Especial a la ciudadana Eyilde Margarita Gracia Sanz. ONAPRE Providencia mediante la cual se procede a la publicación del Traspaso Presupuestario de Gasto Corriente para Gasto de Capital del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, por la cantidad que en ella se indica. SUDEBAN Resolución mediante la cual se designa a las ciudadanas y al ciudadano que en ella se mencionan, como responsables de las Unidades Administrativas integrantes de la Estructura de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos correspondiente al Ejercicio Económico Financiero del año 2014, de esta Superintendencia. Resolución mediante la cual se modifica el Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo, emitido por este Órgano Regulador mediante la Resolución Nro. 270.01, del 21 de diciembre de 2001. Resolución mediante la cual se dicta las «Normas Relativas al Registro de los Peritos Avaluadores». Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Lucas Manuel Martín Serrano, como Gerente en la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, en condición de Encargado. Número 40.382 Superintendencia de la Actividad Aseguradora Providencia mediante la cual se autoriza a la «Asociación Cooperativa Autoplus de Máxima Protección de Seguros para Vehículos y Accidentes personales 4163, R.L.» para el ejercicio de la actividad aseguradora en los ramos generales de seguros para vehículos y accidentes personales, e inscribir la bajo el Nº 08 en el Registro de Cooperativas de Seguros que para el efecto se lleva en esta Superintendencia. SENIAT Providencia mediante la cual se legaliza la emisión y circulación de Bandas de Garantía para Licores. BCV Resolución mediante la cual se dictan las Normas que Regirán la Constitución del Encaje. Ministerio del Poder Popular para el Comercio Resolución mediante la cual se designa a la Junta Directiva del Fondo de Gestión de Activos, S.A. (FONACTIVO), la cual estará conformada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se indican. SENCAMER Providencia mediante la cual se delega en los Coordinadores Estadales, adscritos a este Organismo, la competencia y la firma previo cumplimientos de los requisitos de validación correspondiente de los actos y documentos que en ella se señalan. Ministerio del Poder Popular para Industrias Resolución mediante la cual se revoca la Resolución N° 028-14, de fecha 25 de marzo de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.380, de fecha 26 de marzo de 2014, en la que se designa al ciudadano Gilberto Antonio Barrios Contreras, titular de la Cédula de Identidad N° V- 5.760.702, como Presidente del Complejo Cementero Cemento Andino, adscrito a este Ministerio. Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras INDER Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Darío Leonardo Brito Canelón, Gerente General de este Instituto. Ministerio del Poder Popular para la Salud Resolución mediante la cual se delega en la ciudadana Pasqualina Curcio Curcio, en su carácter de Viceministra de Redes de Salud Colectiva de este Ministerio, la firma de los actos y documentos que en ella se especifican. Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Sadri Mariel Guerra, como Directora del Banco Municipal de Sangre, adscrito a la Dirección Estadal de Salud Distrito Capital, dependiente de este Ministerio. Resolución mediante la cual se prorroga por un período de treinta (30) días, el lapso establecido en el Artículo 9 de la Resolución número 004, de fecha 09 de enero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.330, mediante la cual se regulan los embalajes y cajetillas de los cigarrillos. página original (tal como se publicó) [Página 2] Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas Providencia mediante la cual se establecen las Normas para que los propietarios y arrendadores de edificios que tengan veinte años o más dedicados al arrendamiento los oferten en venta a sus arrendatarios o arrendatarias. INTU Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Jeaneth Xiomara Ortiz Rangel, como Gerente Estadal del estado Táchira, y se delega las firmas de los actos y documentos que en ella se mencionan. Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información CONATEL Providencia mediante la cual se designa al ciudadano José Leonardo Suárez Quintero, como Gerente General de Consultoria Jurídica (E), de esta Comisión Nacional. Ministerio del Poder Popular para la Cultura Instituto del Patrimonio Cultural Providencia mediante la cual se declara Bien de Interés Cultural al Joropo Tradicional Venezolano en su Diversidad. Providencia mediante la cual se declara «Bien de Interés Cultural» la casa de infancia del Presidente Eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Ministerio del Poder Popular para el Deporte INH Providencia mediante la cual se delega en el ciudadano Roberto Idrobo, en su carácter de Director General (E) de la Junta Liquidadora de este Instituto, las atribuciones que en ella se señalan. Ministerio del Poder Popular de la Juventud Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Vanessa Cella Velásquez, como Directora General de la Oficina de Gestión Administrativa, en calidad de Encargada, de este Ministerio; y se le delegan las atribuciones y firmas de los actos y documentos que en ella se especifican. Resolución mediante la cual se deja sin efecto la Resolución Nº MPPJ-0057/2013, de fecha 25 de noviembre de 2013. Resolución mediante la cual se corrige la Resolución N° MPPJ-0006/2014, de fecha 25 de febrero de 2014. Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Vanessa Cella Velásquez, como Gerente de Administración y Finanzas, en calidad de Encargada, de este Instituto. Providencia mediante la cual se corrige por error material la Providencia N° INPPJ/0003/2014, de fecha 25 de febrero de 2014. Tribunal Supremo de Justicia Sala Político Administrativa Decisión mediante la cual se declara Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial del Fisco Nacional contra la sentencia interlocutoria Nº 143/2012, de fecha 20 de julio de 2012. Corte Disciplinaria Judicial Decisión mediante la cual se declara Con Lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha 03 de diciembre de 2013, por el ciudadano Luis Rodolfo Herrera González, contra la sentencia N° TDJ-SID-2013-156, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en la fecha que en ella se indica. Decisión mediante la cual se declara Perimido el recurso de apelación interpuesto en fecha 13 de diciembre de 2012 por las ciudadanas que en ella se señalan, contra la sentencia Nº TDJ-SD-2012-230, de fecha 11 de octubre de 2012, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial. Dirección Ejecutiva de la Magistratura Resolución mediante la cual se traslada a los Juzgados de Municipio y Ejecutor de Medidas de los Municipios que en ella se señalan, a una nueva sede ubicada en la dirección que en ella se indica, de Barcelona, estado Anzoátegui. VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA, CORPOLARA. DIRECTORIO PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° DIR-007/2014 Barquisimeto, 12 de Marzo de 2014 Años 203°, 155° y 15° CORPOLARA, Ios CUdadanOS LUÍS RAMÓN REYES REYES, NELSON RAFAEL TORCATE MENDEZ y JOSE MIGUEL ANGEL GONZALEZ, designados mediante la Resolución N° 014 de fecha 12 de junio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.946, de fecha 18 de junio de 2013. En ejercicio de la atribución conferida en el artículo 2, los numerales 7 y 10 del artículo 10 y el artículo 11 numerales 2 y 10 del Decreto N° 8.800 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Creación de la Corporación de Desarrolio Jacinto Lara, CoRPOLARA, de fecha 14 de febrero de 2012, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.874, de fecha 1º de marzo de 2012, en concordancia con lo establecido en los artículos 34 y 35 de la Ley Orgánica de Administración Pública y Punto de Cuenta N° P-001-2014, de fecha 29 de operativa para la ejecución del Proyecto Estratégico de Construcción de Viviendas y Urbanismos en el estado Lara, en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela por parte de CORPOLARA, y el Artículo 42 de la Ley de Contrataciones Públicas. CONSIDERANDO Que los Superiores Jerárquicos de los órganos y entes de la Administración Pública podrán delegar las atribuciones y firma de documentos que le sean delegadas por ley a los funcionarios bajo su a los fines de agilizar los trámites administrativos, CONSIDERANDO Que se hace necesario garantizar la agllidad en la continuidad administrativa, actividad corporativa, planificación, coordinación, ejecución, el seguimiento de las funciones y actividades que se han venido desarrollando en CORPoLARA, sin dilaciones indebidas, con fundamento en lo estabiecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en los Principios de Celeridad, Economía, CONSIDERANDO Que de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Creación de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara, CoRPOLARA, el Directorio debe, entre otras responsabilidades, garantizar el normal desenvolvimiento de las actividades administrativas y funcionales de CoRPOLARA. De ahí la necesidad, que el Directorio como máxima autoridad, pueda delegar en los niveles de dirección institucional, las atribuciones contenidas en los artículos 10 y 11 del referido Decreto Ley, CONSIDERANDO Que con la potestad para la suscripción de los contratos mediante la firma, agilizaría los tramites permitiría dar una respuesta oportuna enmarcada dentro de los principios de organización y funcionamiento a los que refiere el artículo 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Creación de la Corporación de Desarrolio Jacinto Lara, CORPOLARA, RESUELVE Artículo 1. Se acuerda Delegar en la ciudadana CARMEN YELITZA ESPOSITO SANCHEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-7.542.912, en su condición de GERENTE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y URBANISMOS EN EL febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Ordinaria N° 40.370 de fecha 12 de marzo de 2014; la Firma para la celebración de contratos de trabajo, servicios profesionales, adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras; así de contratistas establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas; así como, su ejecución, control y fiscalización, celebrados en el marco del Proyecto Estratégico de Construcdón de Viviendas y Urbanismos en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Artículo 2. Los actos administrativos y demás documentos que la prenombrada funcionaria adopte por delegación de conformidad con esta Providencia Administrativa, deberá indicar expresamente esta circunstancia, así mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, deberá indicar bajo la firma, la fecha, número de la Providencia y los datos de su Publicación en la Gaceta Oficial. Artículo 3. La funcionaria a quien se le delega las funciones a que se contrae el Artículo 1, deberán rendir cuenta al Presidente de CoRPOLARA, de todos los actos y documentos que hubiere firmado en razón de su gestión. Artícuio 4. A los fines de dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se encomienda en la Consultoría Jurídica, la gestión de practicar la Notificación de la presente Providencia Administrativa. Artículo 5. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese, Por el Directorio de Corpolara: OLNEISORORCATE MENDEDLARA S REYES REYESORPOLARIOSEANGEL GONZALEZ PIRECTOR DIRECTOR PRESIDENTE CTORIO n 04 de o 12 de unio de 2012, Olcal ce ia Repibca Robher P 39.94, de le Ia de juno de 2023. página original (tal como se publicó) [Página 3] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA, CORPOLARA. PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 010/2014 Barquisimeto, 14 de Marzo de 2014 Años 203°, 155° y 15° El Presidente de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara, CORPOLARA, ciudadano LUÍS RAMÓN REYES REYES, designado mediante Resoludón N° 047 de fecha 09 de septiembre de 2013, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.247 de fecha 10 de septiembre de 2013. En ejercicio de la atribución conferida en el numeral 5 del artículo 11 del Decreto N° 8.800 con-Rango, Valor y Fuerza de Ley de Creación de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara CoRPOLARA, de fecha 14 de febrero de 2012, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.874, de fecha 1º de marzo de 2012, en concordancia con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el numeral 5 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. RESUELVE Artículo 1. Designar a la cudadana YANETH RoSIO SANTELTz, titular de la Cédula de Identidad N° V-7.361.226, COMO GERENTE ENCARGADA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, de la CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA, CORPOLARA. Artículo 2. Los actos y documentos que la prenombrada funcionaria firme de conformidad con esta Providencia Administrativa, deberán indicar inmediatamente bajo la firma, la fecha, número de la Resolución y Gaceta Oficial en la que haya sido publicada, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Artículo 3. La Funcionaria designada, antes de la"toma de posesión de su cargo, deberá prestar juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República y los deberes inherentes al cargo y, deberá rendir gusgta.al Gerente General de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara, CORPOLARA, de : todos los actos y documentos que hubiere firmado en razón de su gestión. Artículo 4. A los fines de dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se encomienda en la Oficina de Consultoría Jurídica, la gestión de practicar la Notificación de la presente Providencia Administrativa. Artículo 5. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir del 17 de Marzo de 2014, con su publicación ep la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese, CORPOLAd PRESIDENI LUÍS RAMON REYES REYES PRESIDENTE DE CORPOLARA solución Nº 047 de fecha 09 de septiembre de 2013, publicada an la Gaceta Oficia de la Repúbloa Bolvariana de Venezueia en feche 10 de septiembre de 2013, Ordinaria N9 40.247. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA, CORPOLARA. PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 011/2014 Barquisimeto, 21 de Marzo de 2014 Años 203°, 155° y 15° El Presidente de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara, CORPOLARA, ciudadano LUÍS RAMÓN REYES REYES, designado mediante Resolución N° 047 de fecha 09 de septiembre de 2013, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.247 de fecha 10 de septiembre de 2013. En ejercicio de la atribución conferida en el numeral 5 del artículo 11 del Decreto N° 8.800 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Creación de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara CoRPOLARA, de fecha 14 de febrero de 2012, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.874, de fecha 1º de marzo de 2012, en concordancia con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el numeral 5 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano LUIS ALBERTO PLAZA PAZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-7.714.612, cOmo GERENTE DE DESARROLLO COMUNAL, de la CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA, CORPOLARA. Artículo 2. Los actos y documentos que el prenombrado funcionario firme de conformidad con esta Providencia Administrativa, deberán indicar inmediatamente bajo la firma, la fecha, número de la Resolución y Gaceta Oficial en la que haya sido publicada, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Artículo 3. El Funcionario designado, antes de la toma de posesión de su cargo, deberá prestar juramento de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República y los deberes inherentes al cargo y, deberá rendir cuenta al Gerente General de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara, CORPOLARA, de todos los actos y documentos que hubiere firmado en razón de su gestión. Artículo 4. A los fines de dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se encomienda en la Oficina de Consultoría Jurídica, la gestión de practicar la Notificación de la presente Providencia Administrativa. Artículo 5. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la presente fecha, con su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publía UÍS RAMÓN REYES REYES a 09 de septiembre de 2013, publicada en la Gaceta Oñcia de la Rapi REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES Caracas, 21 de Febrero de 2014 203° y 155° PROVIDENCIA N° DG/2014/A-0018 Quien suscribe, ANTHONI CAMILO TORRES , titular de la Cédula de Identidad N° 14.585.056, en mi carácter de Director General del Servicio Nacional de Contrataciones, según consta en la Resolución CCP/DGCJ/N° 001/2014 de fecha 07 de enero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.334 de fecha 15 de enero de 2014, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 7, literales a) y j) del Reglamento Interno del Servicio Nacional de Contrataciones, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.848 de fecha 08 de enero de 2008, concatenado con el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, con lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Providencia Administrativa N° 004-2012 dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.053 de fecha 19 de noviembre de 2012, reimpresa por discrepancias en los originales en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.054 de fecha 20 de noviembre de 2012, contentiva de las Normas Generales sobre Licitación para la Venta y Permuta de Bienes Públicos, RESUELVE Artículo 1: Crear el Comité de Licitaciones del Servicio Nacional de Contrataciones para la Venta y Permuta de Bienes Públicos, el cual estará conformado por los ciudadanos que se mencionan a continuación: Por el Área Económica-pmanciera: . Miembro Ppingipal-ANABEL TORRES LLAMOZAS, titular de la Cédula de Identidad nunez-15.835.642 . Miembro Suplente: YORIMA ALEXANDRA GONZÁLEZ, titular de la cédula de identida número V- 6.305.869 Por el Área Jurídica: . Miembro Principal: IVONE PATRICIA MAYORGA, titular de la cédula de identidad número V-7.959.254 . Miembro Suplente: MIRoSNAY NÚÑEz MATA, titular de la cédula de identidad número V-12.681.185 página original (tal como se publicó) [Página 4] Por el Área Técnica: Miembro Principal: MARTHA ELENA RODRIGUEZ QUINTANA, titular de la cédula de identidad V-10.112.978 Miembro Suplente: JEAN PIER LYON RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad V-16.225.234 Artículo 2: Designar al ciudadano CARLOS JOSÉ TOVAR LARA, titular de la cédula de identidad V-12.298.729, como Secretario del Comité de Licitaciones del Servicio Nacional de Contrataciones para la Venta y Permuta de Bienes Públicos, con derecho a voz más no a voto. Artículo 3: El Comité de Licitaciones del Servicio Nacional de Contrataciones para la Venta y Permuta de Bienes Públicos, deberá velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Providencia Administrativa N° 004-2012 de fecha 23 de octubre de 2012, dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.053 de fecha 19 de noviembre de 2012, reimpresa por discrepancias en los originales en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.054 de fecha 20 de noviembre de 2012, contentiva de las Normas Generales sobre Licitación para la Venta y Permuta de Bienes Públicos, Artículo 4. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. ANTHONI CAMIAOTOR Director Gěneral Resolucin COP0GCu N° 001/2014 de fecha 07 de ente de 20 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES Caracas, 14 MAR 2014 203° y 155° PROVIDENCIA N° DG/2014/ À :- 0 0 2 8 Quien suscribe, ANTHONI CAMILO TORRES , titular de la Cédula de Identidad N° 14.585.056, en mi carácter de Director General del Servicio Nacional de Contrataciones, según consta en la Resolución CCP/DGCJ/N° 001/2014 de fecha 07 de enero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela N° 40.334 de fecha 15 de enero de 2014, conforme con lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en ejercicio de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 16 del artículo 56 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, concatenado con los literales a) y q) del artículo 7 del Reglamento Interno del Servicio Nacional de Contrataciones, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.848 de fecha 08 de enero de 2008, expone: CONSIDERANDO Que es atribución del Director o Directora General del Servicio Nacional de quess requeridos. CONSIDERANDO Que el Director o Directora General del Servicio Nacional de Contrataciones, puede delegar en sus directores o funcionarios que considere conveniente, la firma para la expedición de copias certificadas de los documentos que reposan en las Oficinas que dirijan, a los fines de responder con la mayor celeridad a los requerimientos realizados por los interesados. DECIDE documentos que reposan en las Oficinas que dirigen, a las ciudadanas que a continuación se mencionan, cuando las mismas sean requeridas por autoridad judicial, administrativa o a título de parte interesada sobre los documentos que le son de su interés. Cargo Cédula de Identidad Nombres y Apellidos Directora de la Oficina de 7.959.254 Ivone Patricia Mayorga Asuntos Jurídicos 6.305.869 Directora del Registro Yurima Alexandra Nacional de Compras del González Estado Directora de la Oficina de Reina Margarita Montilla 7.402.475 Fuentes Recursos Humanos Zobeida Alvarez 7.111.425 Registradora Nacional de Contratistas SEGUNDO: Se deroga la Providencia Administrativa N° DG/2014/A-0007 de fecha 27 de enero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.358 de fecha 18 de febrero de 2014. TERCERO: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela. ANTHONI CAMNLO TORRES Director General TA O0 GNUR RD E1 NOW O C O9 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA N° 001 7MAR2014 Caracas, 203° y 155° RESOLUCIÓN Por disposición del ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT, titular de la cédula de identidad N° V- 11.945.178, actuando en el ejercicio de la delegación conferida por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el Decreto N° 9.402, de fecha 11 de marzo de 2013. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.126 de fecha 11 de marzo de 2013, Artículo 1 numeral 10 mediante el cual se le concede la atribución de acordar Jubilaciones Especiales a funcionarios, empleados y obreros de la Administración Pública Nacional y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los 06/02/2014, mediante planilla FP-026, aprobó la Jubilación Especial de la ciudadana GRACIA SANZ EYILDE MARGARITA, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.140.875, con fundamento en razón excepcional de avanzada edad. RESUELVE Otorgar la JUBILACION ESPECIAL, a la ciUdadana GRACIA SANZ EYILDE MARGARITA, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.140.875, de 56 años de edad, con 15 años y 19 dias de servicios prestados en la Administración Pública Nacional, siendo su ultimo cargo desempeñado VICEMINISTRA DE FINANZAS, en el MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE FINANZAS con un sueldo promedio de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLIVARES CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 2.679,67). Siendo el monto de su JUBILACION ESPECIAL la cantidad de MIL CUATRO BOLIVARES CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 1.004,88), la cual es efectiva desde la fecha de su notificación. Por cuanto se evidencia que el monto de la pensión de Jubilación es inferior al salario mínimo nacional vigente, se ajusta dicho monto a la cantidad Tres Mil Doscientos Setenta Bolívares con Treinta Céntimos (Bs. 3.270,30). Notifíquese de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Notifíquese y publiquesè, Despacho fel Ministru Minsturio de oderpuiar de Econom. Fn. 2as GIB RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública Decreto N° 738 de fecha 16/01/2014 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.335 del 16/01/2014 República Bolivariana de Venezuela - Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública- Oficina Nacional de Presupuesto - Número: 006 - Caracas, 10 de marzo de 2014. 203° y 155° PROVIDENCIA De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, se procede a la publicación del traspaso presupuestario de RELACIONES EXTERIORES por la cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO BOLÍVARESCON 90/100(Bs. 15.894,90), (Ingresos Ordinarios), que fue aprobado por esta Oficina en fecha 12 de marzo de 2014, de acuerdo con la siguiente imputación: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES 15.894,90 Bs. Proyecto: 060046000 "Reimpulso de la representación Diplomática de la República Bolivariana de 15.894,90 Venezuela en el mundo" Acción Específica: 060046006 "Ejecutar actividades pertinentes a garantizar el soporte operativo en 15.894,90 coyunturas imprevistas" página original (tal como se publicó) [Página 5] De la 4.03 "Servicios no personales" 15.894.90 Partida: 15.894,90 " Ingresos Ordinarios Sub-Partidas Genérica, Específica y Sub-Especifica: 04.01.00 "Electricidad" 15.894,90 A la Partida: 4.04 "Activos reales" 15.894,90 15.894,90 Ingresos Ordinarios Sub-Partidas Genérica, Específica y 05.01.00 "Equipos de telecomunicaciones" Sub-Específica: 15.894,90 Comuníquese y Publíquese, MARELISROMINGUEZ VELASCO efa de la Onema Nacional de Presupuesto legió Publicada en la Gaceta Oficial de la Repúblici-Bulinafinna de Venezucla N° 40.358 de fecha 18/02/2014 República Bolivariana de Venezuela Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario RESOLUCIÓN NÚMERO: 0 3 7 .'1 4 FECHA: ,18 MAR 201 La Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 155 y 160 numerales 2, 3 y 4 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, en concordancia con el artículo 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público Sobre el Régimen Presupuestario; RESUELVE 1. Designar a partir del 15 de marzo de 2014, como responsables de las Unidades Administrativas integrantes de la estructura de la ejecución financiera del presupuesto de gastos correspondiente al ejercicio económico financiero del año 2014 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, a los siguientes funcionarios: Unidad Administradora Central: Maritza Pisano González, titular de la cédula de identidad N° V. 6.363.999, Intendente Operativo. Odalis Nereida Medina Brito, titular de la cédula de identidad N° V. 8.975.930, Gerente de Administración y Finanzas. Unidad Administradora Desconcentrada Ordenadora de Pagos: Daniel José Linares González, titular de la cédula de identidad N° Vv. 7.959.979, Gerente de la Oficina de Recursos Humanos. 2. Derogar la Resolución N° 030.14 del 5 de marzo de 2014, publicada_en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.368 del 10 de marzo de 29gã Comuniquese y Pubtíquese, SUDEBAN Mary Rosa Espinoza de Robies Superintendanta de er trstiluciones del Sector Bancario ay e a. publicado en Gaceta Ofcial de la Repúbica Bolvariana de Venezueia N° 40.370 de fecha 12 de marzo de 2014. República Bolivariana de Venezuela Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario E-9LE-0 RESOLUCIÓN NÚMERO: 038.18 18 MAR 2014 FECHA: regulaciones de carácter contable, en cuanto a la forma de registro y presentación de la información financiera que deben suministrar las instituciones sometidas a su inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control; a los fines que la contabilidad de dichas instituciones reflejen fielmente todas las en particular que el Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y Entidades supervisión bancaria efectiva acogidos por este Ente Supervisor. Visto que el articulo 3 de la Resolución Nro. 270.01 del 21 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 5.572 Extraordinario de fecha 17 de enero de 2002, establece que el Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Prêstado será objeto de actualizaciones con la frecuencia que estime esta Ente Regulador. En virtud de lo anterior, este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo 78 en concordancia con el numeral 19 del artículo 172 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.627 de fecha 2 de marzo de 2011. RESUELVE Articulo 1: Modificar el Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y Nro. 270.01 del 21 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 5.572 Extraordinario de fecha 17 de enero de 2002. Artículo 2: Las páginas modificadas del Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo, quedan de la siguiente manera: CATÁLOGO DE CUENTAS CÓDIGO NOMBRE 121.09 Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior 121.10 Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del país 121.11 121.12 121.13 Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del país 121.14 Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del exterior 121.15 121.16 Participación en instituciones financieras del país 121.17 Participación en empresas privadas no financieras del país Participación en Instituciones financieras del exterior 121.18 121.19 121.20 Participación en otras instituciones 121.21 Bonos agrícolas 121.25 (Inversiones cedidas) 121.25.M.01 (Administración Central) 121.25.M.02 (Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital) 121.25.M.03 (Entes descentralizados y otros Organismos con régimen espedal) 121.25.M.04 (Institudones financieras del país) 121.25.M.99 (Otros Inversionistas) 122.00 INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA Letras del Tesoro 122.01 122.02 Bonos del Tesoro 122.03 Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional 122.04 Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales 122.05 122.06 Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela 122.07 122.08 Otros titulos valores emitidos o avalados por la Nación 122.09 Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior 122.10 122.11 Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del exterior 122.12 122.13 Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del exterior 122.14 122.15 Obligaciones emitidas por instituciones diversas Participación en instituciones financieras del país 122.16 122.17 Participación en empresas privadas no financieras del país 122.18 Participación en instituciones financieras del exterior Participación en empresas privadas no financieras del exterior 122.19 122.20 Participación en otras instituciones 122.21 Bonos agrícolas 122.22 Participación en las Sociedades de Garantias Reciprocas 122.22.M.01 Participación en SOGATUR Participación en SOGATUR conforme con la Resoluclón N° 093 del 15/10/2013 122.22.M.01.01 122.22.M.01.02 Participación en otras Sociedades de Garantías Recíprocas 122.22.M.02 122.25 (Inversiones cedidas) 122.25.M.01 (Administración Central) (Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital) 122.25.M.02 122.25.M.03 (Entes descentralizados y otros Organismos con régimen espedal) (Instituciones financieras del país) 122.25.M.04 122.25.M.99 (Otros inversionistas) Otras inversiones en títulos valores disponibles para la venta 122.99 123.00 INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO 123.01 Letras del Tesoro 123.02 Bonos del Tesoro Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional 123.03 Bonos y obligaciones de Goblernos Estatales 123.04 Bonos y obligaciones de Entidades Municipales 123.05 Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada 123.06 Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela 123.07 Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación 123.08 123.09 Depósitos a plazo en Instituciones financieras del exterior 123.10 Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior 123.11 Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del país 123.12 Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del exterior 123.13 Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del país Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del exterior 123.14 123.15 Obligaciones emitidas por instituciones diversas 123.16 Colocaciones en sucursales en el exterior 123.17 Otras inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento Bonos agrícolas 123.21 123.25 (Inversiones Cedidas) 123.25.M.01 (Administración Central) 123.25.M.02 (Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital) 123.25.M.03 (Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial) 123.25.M.04 (Instituciones financieras del país) 123.25.M.99 (Otros inversionistas) 124.00 COLOCACIONES EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Y OPERACIONES INTERBANCARIAS 124.01 Colocaciones en el Banco Central de Venezuela Certificados de depósito afectos a reporto a través del Sistema de Operaciones de 124.01.M.01 Mercado Abierto 124.01.M.02 Títulos valores adquiridos afectos a reporto (Repos) 124.01.M.03 Otros certificados de depósito 124.02 Operaciones interbancarias 124.02.M.01 Certificados de ahorros en instituciones financieras del país 124.02.M.02 Depósitos a plazo en instituciones financieras del país 124.02.M.03 Otras obligaciones emitidas por instituciones financieras del país 124.02.M.04 Obligaciones overnight 124.25 (Inversiones cedidas) 124.25.M.01 (Administración Central) 124.25.M.02 (Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital) 124.25.M.03 (Entes descentralizados y otros Organismos con régimen espedial) 124.25.M.04 (Instituciones financieras del país) 124.25.M.99 (Otros Inversionistas) página original (tal como se publicó) [Página 6] CATÁLOGO DE CUENTAS NOMBRE CÓDIGO 125.00 INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 125.03 Títulos valores cedidos en garantía 125.05 Fondos restringidos entregados en fideicomiso en instituciones financieras 125.05.M.01 Fondos restringidos entregados en fideicomiso en instituciones financieras del país 125.05.M.02 Fondos restringidos entregados en fideicomiso en instituciones financieras del exterior 125.06 Depósitos a la vista restringidos 125.07 Títulos valores afectos a reporto Compra de titulos valores afectos a reporto (Reportadora) 125.07.M.01 125.07.M.01.01 Letras del Tesoro 125.07.M.01.02 Bonos del Tesoro 125.07.M.01.03 Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales 125.07.M.01.04 125.07.M.01.05 Bonos y obligaciones de Entidades Municipales 125.07.M.01.06 Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada 125.07.M.01.07 Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela 125.07.M.01.08 Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación 125.07.M.01.09 Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterlor Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior 125.07.M.01.10 125.07.M.01.11 Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del país 125.07.M.01.12 Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del exterior Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del país 125.07.M.01.13 125.07.M.01.14 Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del exterior 125.07.M.01.15 125.07.M.01.16 Participación en instituciones financieras del país 125.07.M.01.17 Participación en empresas privadas no financieras del país 125.07.M.01.18 Participación en instituciones financieras del exterior 125.07.M.01.19 Participación en empresas privadas no financieras del exterior Participación en otras instituciones 125.07.M.01.20 125.07.M.01.21 Bonos agrícolas Otros títulos valores 125.07.M.01.99 125.99 Otras Inversiones de disponibilidad restringida INVERSIONES EN OTROS TÍTULOS VALORES 126.00 Obligaciones por fideicomisos de inversión emitidos por institudones financieras 126.01 126.01.M.01 Obligaciones por fideicomisos de inversión emitidos por instituciones financieras del país 126.01.M.02 Obligaciones por fideicomisos de inversión emitidos por Instituciones financieras del exterior 126.02 Otras obligaciones 126.03 Otras colocaciones Colocaciones en Instituciones destinadas al desarrollo del sistema microfinanciero y 126.03.M.01 microempresarial del país Colocaciones en el sector agrícola 126.03.M.02 126.03.M.02.01 Certificados de depósitos 126.03.M.02.02 Bonos de prenda Operaciones de reporto de certificados de depósitos y bonos de prenda 126.03.M.02.03 126.03.M.02.04 Certificados ganaderos Colocaciones en el Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines 126.03.M.02.05 126.03.M.02.06 Colocaciones en fondos regionales de financiamiento Colocaciones en fondos ganaderos 126.03.M.02.07 Aportes y colocaciones en el sector turismo 126.03.M.03 Fondos regionales de financiamiento 126.03.M.03.01 126.03.M.03.02 Fondos municipales de financiamiento 126.03.M.03.03 Aportes para la adquisición de acciones de SOGATUR 126.03.M.03.04 Otros aportes y colocaciones al sector turismo 126.25 (Inversiones cedidas) 126.25.M.01 (Administración Central) (Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital) 126.25.M.02 126.25.M.03 (Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial) 126.25.M.04 126.25.M.99 (Otros inversionistas) 129.00 (PROVISIÓN PARA INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES) (Provisión para Inversiones en otros títulos valores) 129.02 (Provisión para Inversiones de disponibilidad restringida) Créditos otorgados a la PYME vigentes 131.29 Créditos con recursos proplos vigentes 131.29.M.01 131.29.M.02 Créditos con otros recursos vigentes 131.30 Créditos vigentes adaptados a medidas especiales Comerciales 131.30.M.01 Al consumo 131.30.M.02 131.30.M.03 Hipotecarios Microcréditos 131.30.M.04 131.30.M.99 131.31 Créditos otorgados al sector turismo vigentes 131.31.M.01 Créditos otorgados al sector turismo segmento A vigentes 131.31.M.02 Créditos otorgados al sector turismo segmento B vigentes Créditos otorgados al sector turismo segmento C vigentes 131.31.M.03 Créditos otorgados a la actividad manufacturera vigentes 131.33 Otros créditos vigentes 131.99 CRÉDITOS REESTRUCTURADOS 132.00 132.01 Créditos a instituciones financieras del país reestructurados 132.04 Créditos a plazo fijo reestructurados Créditos en cuotas reestructurados 132.05 132.05.M.01 Créditos en cuotas reestructurados 132.05.M.01.01 Créditos comerciales en cuotas reestructurados 132.05.M.01.02 Créditos al consumo en cuotas reestructurados Otros créditos en cuotas reestructurados 132.05.M.01.99 Intereses créditos indexados 132.05.M.02 132.06 Tarjetas de crédito reestructuradas 132.06.M.01 Tarjetas de crédito reestructuradas 132.06.M.02 Líneas de créditos por tarjetas de crédito reestructuradas 132.07 Arrendamientos financieros reestructurados 132.08 Adquisición de vehículos reestructurados Créditos de vehículos bajo la modalidad de "cuota balón" reestructurados 132.08.M.01 132.08.M.02 Créditos para adquisición de vehículos a empleados reestructurados 132.08.M.03 Créditos para adquisición de vehículos otorgados por programas espedales reestructurados 132.08.M.09 Otros créditos para adquisición de vehículos reestructurados 132.14 Créditos de programas especiales de financiamiento reestructurados 132.14.M.01 Créditos con recursos provenientes de la institución financiera reestructurados Créditos a plazo fijo reestructurados 132.14.M.01.01 Créditos en cuotas reestructurados 132.14.M.01.02 132.14.M.01.03 Otros créditos reestructurados 132.14.M.02 Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento reestructurados Créditos a plazo fijo reestructurados 132.14.M.02.01 Créditos en cuotas reestructurados 132.14.M.02.02 132.14.M.02.03 Otros créditos reestructurados 132.15 Créditos a directores y empleados reestructurados Créditos por venta de bienes a plazo reestructurados 132.16 132.18 Créditos hipotecarios reestructurados 132.18.M.01 Para adquisición de inmuebles Para adquisición de vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro Habitacional 132.18.M.01.01 reestructurados CATÁLOGO DE CUENTAS CÓDIGO NOMBRE 132.18.M.01.02 Para adquisición de vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional reestructurados 132.18.M.01.03 Créditos en cuotas reestructurados 132.22.M.03.03 Documentos agrícolas reestructurados 132.22.M.03.04 Arrendamientos financieros reestructurados 132.22.M.03.05 Cartas de crédito emitidas negociadas reestructurados 132.22.M.03.06 Cartas de crédito confirmadas negociadas reestructurados 132.22.M.03.07 132.22.M.03.99 Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes reestructurados 132.25 Créditos otorgados con recursos de FONCREI 132.27 Créditos reestructurados a tasa de interés preferencial 132.28 Microcréditos reestructurados 132.29 Créditos otorgados a la PYME reestructurados 132.29.M.01 Créditos con recursos propios reestructurados 132.29.M.02 Créditos con otros recursos reestructurados Créditos reestructurados adaptados a medidas especiales 132.30 132.30.M.01 Comerciales 132.30.M.02 132.30.M.03 Hipotecarios 132.30.M.04 Microcréditos 132.30.M.99 Créditos otorgados al sector turismo reestructurados 132.31 132.31.M.01 Créditos otorgados al sector turismo segmento A reestructurados 132.31.M.02 Créditos otorgados al sector turismo segmento B reestructurados 132.31.M.03 Créditos otorgados al sector turismo segmento C reestructurados 132.32 Créditos Reestructurados de conformidad con lo estabiecido en el Decreto N° 6.240 (Capital) 132.33 Créditos otorgados a la actividad manufacturera reestructurados 132.99 Otros créditos reestructurados 133.00 CRÉDITOS VENCIDOS 133.01 Créditos a Instituciones financieras del país vencidos 133.02 Créditos en cuenta corriente vencidos 133.03 Documentos descontados vencidos 133.04 Créditos a plazo fijo vencidos 133.05 Créditos en cuotas vencidos 133.05.M.01 Créditos en cuotas vencidos Créditos comerciales en cuotas vencidos 133.05.M.01.01 133.05.M.01.02 Créditos al consumo en cuotas vencidos 133.05.M.01.99 Otros créditos en cuotas vencidos 133.05.M.02 Intereses créditos indexados 133.06 Tarjetas de crédito vencidas Tarjetas de crédito vencidas 133.06.M.01 133.06.M.02 Líneas de créditos por tarjetas de crédito vencidas 133.07 Arrendamientos financieros vencidos 133.08 Adquisición de vehículos vencidos 133.08.M.01 Créditos de vehículos bajo la modalidad de "cuota balón" vencidos Créditos para adquisición de vehículos a empleados vencidos 133.08.M.02 133.08.M.03 133.08.M.09 Otros créditos para adquisición de vehículos vencidos 133.09 Descuentos y compras de facturas vencidos 133.10 Anticipos sobre documentos de exportación vencidos 133.11 Cartas de crédito emitidas negociadas vencidas 133.12 Cartas de crédito confirmadas negociadas vencidas 133.13 Otras aceptaciones vencidas 133.14 Créditos de programas especiales de financiamiento vencidos 133.22.M.01.99 Créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA vencidos 133.22.M.02 133.22.M.02.01 Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año vencidos Créditos a plazos fijos mayores a un año vencidos 133.22.M.02.02 133.22.M.02.03 Créditos en cuotas vencidos 133.22.M.02.04 Documentos agricolas vencidos Arrendamientos financieros vencidos 133.22.M.02.05 Cartas de crédito emitidas negociadas vencidos 133.22.M.02.06 133.22.M.02.07 Cartas de crédito confirmadas negociadas vencidos 133.22.M.02.99 Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA vencidos Créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes vencidos 133.22.M.03 133.22.M.03.01 Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año vencidos 133.22.M.03.02 Créditos a plazos fijos mayores a un año vencidos Créditos en cuotas vencidos 133.22.M.03.03 133.22.M.03.04 Documentos agrícolas vencidos 133.22.M.03.05 Arrendamientos financieros vencidos 133.22.M.03.06 Cartas de crédito emitidas negociadas vencidos 133.22.M.03.07 Cartas de crédito confirmadas negodadas vencidos 133.22.M.03.99 Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes vencidos Créditos otorgados con recursos de FONCREI vencidos 133.25 Créditos vencidos otorgados a tasa de interés preferencial 133.27 Microcréditos vencidos 133.28 133.29 Créditos otorgados a la PYME vencidos 133.29.M.01 Créditos con recursos proplos vencidos Créditos con otros recursos vencidos 133.29.M.02 133.30 Créditos vencidos adaptados a medidas especiales Comerciales 133.30.M.01 133.30.M.02 Al consumo 133.30.M.03 Hipotecarios Microcréditos 133.30.M.04 133.30.M.99 133.31 Créditos otorgados al sector turismo vencidos 133.31.M.01 Créditos otorgados al sector turismo segmento A vencidos Créditos otorgados al sector turismo segmento B vencidos 133.31.M.02 133.31.M.03 Créditos otorgados al sector turismo segmento C vencidos 133.33 Créditos otorgados a la actividad manufacturera vencidos 133.99 Otros créditos vencidos CRÉDITOS EN LITIGIO 134.00 Créditos a instituciones financieras del país en litigio 134.01 134.02 Créditos en cuenta corriente en litigio Documentos descontados en litigio 134.03 Créditos a plazo fijo en litigio 134.04 134.05 Créditos en cuotas en litigio 134.05.M.01 Créditos en cuotas en litigio 134.05.M.01.01 Créditos comerciales en cuotas en litigio Créditos al consumo en cuotas en litigio 134.05.M.01.02 Otros créditos en cuotas en litigio 134.05.M.01.99 134.05.M.02 Intereses créditos indexados 134.06 Tarjetas de crédito en litigio 134.06.M.01 Tarjetas de crédito en litigio 134.06.M.02 Líneas de créditos por tarjetas de crédito en litigio 134.18.M.03.09 Otros créditos hipotecarios 134.18.M.04 134.19 Deudores por garantías otorgadas en litigio 134.20 Créditos por reporto en litigio 134.22 Créditos agrícolas en litigio 134.22.M.01 Créditos agrícolas con recursos provenientes de la institución financlera en litigio 134.22.M.01.01 Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año en litigio 134.22.M.01.02 Créditos a plazos fijos mayores a un año en litigio página original (tal como se publicó) [Página 7] CATÁLOGO DE CUENTAS CÓDIGO NOMBRE 134.22.M.01.03 Créditos en cuotas en litigio 134.22.M.01.04 Documentos agrícolas en litigio Arrendamientos financieros en litigio 134.22.M.01.05 Cartas de crédito emitidas negociadas en litigio 134.22.M.01.06 Cartas de crédito confirmadas negociadas en litigio 134.22.M.01.07 134.22.M.01.99 Créditos agrícolas con recursos provenientes de FoNDAFA en litigio 134.22.M.02 134.22.M.02.01 Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año en litigio 134.22.M.02.02 Créditos a plazos fijos mayores a un año en litigio 134.22.M.02.03 Créditos en cuotas en litigio Documentos agrícolas en litigio 134.22.M.02.04 134.22.M.02.05 Arrendamientos financieros en litigio 134.22.M.02.06 Cartas de crédito emitidas negocladas en litigio 134.22.M.02.07 Cartas de crédito confirmadas negociadas en litigio 134.22.M.02.99 Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA en litigio 134.22.M.03 Créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes en litigio 134.22.M.03.01 Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año en litigio 134.22.M.03.02 Créditos a plazos fijos mayores a un año en litigio 134.22.M.03.03 Créditos en cuotas en litigio 134.22.M.03.04 Documentos agrícolas en litigio 134.22.M.03.05 Arrendamientos financieros en litigio Cartas de crédito emitidas negociadas en litigio 134.22.M.03.06 134.22.M.03.07 Cartas de crédito confirmadas negociadas en litigio Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes en litigio 134.22.M.03.99 134.25 Créditos otorgados con recursos de FONCREI en litigio 134.27 Créditos en litigio otorgados a tasa de interés preferencial 134.28 Créditos otorgados a la PYME en litigio 134.29 Créditos con recursos propios en litigio 134.29.M.01 134.29.M.02 Créditos con otros recursos en litigio 134.30 Créditos en litigio adaptados a medidas especiales 134.30.M.01 Comerciales 134.30.M.02 Al consumo Hipotecarios 134.30.M.03 134.30.M.04 Microcréditos 134.31 Créditos otorgados al sector turismo en litigio 134.31.M.01 Créditos otorgados al sector turismo segmento A en litigio 134.31.M.02 Créditos otorgados al sector turismo segmento B en litigio 134.31.M.03 Créditos otorgados al sector turismo segmento C en litigio Créditos otorgados a la actividad manufacturera en litigio 134.33 Otros créditos en litigio 134.99 139.00 (PROVISIÓN PARA CARTERA DE CRÉDITOS) Financiamientos de otras instituciones no financieras del exterior hasta un año 245.03 245.04 Recursos recibidos para la ejecución de programas especiales de financiamientos hasta un año Otros financiamientos hasta un año 245.99 OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS A MÁS DE UN AÑO 246.00 246.01 Financiamientos de instituciones no financieras del país a más de un año Financiamientos de instituciones externas de cooperación a más de un año 246.02 Financiamientos de otras instituciones no financieras del exterior a más de un año 246.03 246.04 Recursos recibidos para la ejecución de programas especiales de financiamientos a más de un año 246.99 Otros financiamientos a más de un año 250.00 OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA OBLIGACIONES POR ACEPTACIONES 251.00 251.01 Obligaciones por cartas de crédito emitidas 251.02 Obligaciones por cartas de crédito confirmadas 251.03 Obligaciones por otras aceptaciones 253.00 OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON DERIVADOS 253.01 Obligaciones por garantías recibidas por operaciones con derivados Otras partidas a regularizar por operaciones con derivados 253.02 253.03 Partidas a regularizar por operaciones de derivados con cobertura 253.99 254.00 OBLIGACIONES VARIAS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 254.02 Cheques de viajero 254.03 Obligaciones por operaciones de compras de facturas 254.04 Retenciones efectuadas como garantía de préstamos 254.04.M.01 De créditos otorgados con recursos de programas especiales de financiamiento 254.04.M.02 De otros créditos 254.06 Obligaciones con establecimientos acreedores de tarjetas de crédito INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR 260.00 261.00 GASTOS POR PAGAR POR CAPTACIONES DEL PÚBLICO 261.01 Gastos por pagar por depósitos en cuentas corrientes 261.02 Gastos por pagar por otras obligaciones a la vista 261.03 Gastos por pagar por obligaciones por operaciones de mesa de dinero 261.04 Gastos por pagar por depósitos de ahorro 261.05 Gastos por pagar por depósitos a plazo 261.06 261.07 Gastos por pagar por captaciones del público restringidas 261.08 Gastos por pagar por derechos y participaciones sobre títulos o valores 261.09 Gastos por pagar por cuentas según Convenio Cambiario N° 20 261.09.M.01 261.09.M.01.01 Personas naturales 261.09.M.01.02 Personas jurídicas domiciliadas en el país 261.09.M.01.03 Personas jurídicas no domiciliadas en el país 261.09.M.02 Gastos por pagar por depósitos de ahorro según Convenio Cambiario N° 20 261.09.M.02.01 Personas naturales 261.09.M.02.02 Personas jurídicas domiciliadas en el país 261.09.M.02.03 Personas jurídicas no domiciliadas en el país Gastos por pagar por depósitos a plazo según Convenio Cambiario Nº 20 261.09.M.03 261.09.M.03.01 Personas naturales 261.09.M.03.02 Personas jurídicas domiciliadas en el país 261.09.M.03.03 Personas jurídicas no domiciliadas en el país Gastos por pagar por depósitos y certificados a la vista 261.10 GASTOS POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON EL BCV 262.00 262.01 Gastos por pagar por obligaciones con el BCV 263.00 GASTOS POR PAGAR POR CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT 263.01 Hábitat hasta un año 263.02 Hábitat a más de un año 264.00 GASTOS POR PAGAR POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS 264.01 264.02 264.03 264.04 Gastos por pagar por obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año 264.04.M.01 Por créditos con recursos de programas especiales de financiamiento a más de un año 264.04.M.02 Otros gastos por pagar CATÁLOGO DE CUENTAS CÓDIGO NOMBRE 264.05 264.06 GASTOS POR PAGAR POR OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 265.00 Gastos por pagar por aceptaciones 265.01 265.02 265.03 265.04 Gastos por pagar por operaciones de reporto con el Banco Central de Venezuela (Repos) 265.05 265.06 Gastos por pagar por operaciones con derivados GASTOS POR PAGAR POR OTRAS OBLIGACIONES 266.00 Gastos por pagar por otras obligaciones 266.01 GASTOS POR PAGAR POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS 267.00 Gastos por pagar por obligaciones subordinadas 267.01 ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS 270.00 APORTACIONES Y RETENCIONES LABORALES POR PAGAR 271.00 271.01 Aportaciones patronales por pagar Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista 271.01.M.01 271.01.M.02 Fondo de ahorro obligatorio para la vivienda 271.01.M.03 Caja de ahorro 271.01.M.04 Prima de seguro 271.01.M.05 Instituto Nacional de la Vivienda 271.01.M.06 Fondo de Jubilación 271.01.M.07 Paro forzoso 271.01.M.08 Seguro colectivo 271.01.M.09 Seguro social obligatorio 271.01.M.99 Otras Aportaciones laborales retenidas por pagar 271.02 271.02.M.01 Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista Fondo de ahorro obligatorio para la vivienda 271.02.M.02 Caja de ahorro 271.02.M.03 :. Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera 4. de los titulos de capital, cuando ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con débito a la subcuenta 371.01 "Ganancia o pérdida no realizada en inversiones en titulos valores disponibles para la venta". SUBCUENTAS 122.01 Letras del Tesoro 122.02 Bonos del Tesoro 122.03 Bonos y obligaciones de la Deuda Púbiica Naclonal 122.04 Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales 122.05 Bonos y obligaciones de Entidades Municipales 122.06 Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada 122.07 Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación 122.08 122.09 Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior 122.10 Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del país 122.11 122.12 Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del exterior 122.13 Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del país 122.14 Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del exterior 122.15 Obligaciones emitidas por instituciones diversas 122.16 Participación en instituciones financieras del país 122.17 122.18 Participación en instituciones financieras del exterior 122.19 Participación en empresas privadas no financieras del exterior 122.20 Participación en otras instituciones 122.21 Bonos agrícolas 122.22 Participación en las Sociedades de Garantías Recíprocas DESCRIPCIÓN En esta subcuenta se registran las Inversiones en acciones adquiridas por la institución bancaria en las Sodiedades de Garantías Recíprocas. Estas participaciones quedan excluidas del cumplimiento del plazo máximo de permanencia de un (1) año, estabiecido en la descripción de la cuenta 122.00 "Inversiones en títulos valores disponibles para la venta". SUBSUBCUENTAS 122.22.M.01 Participación en SOGATUR Participación en SOGATUR conforme con la Resolucón 122.22.M.01.01 N° 093 del 15/10/2013 DESCRIPCIÓN En esta subsubcuenta se registran las Inversiones en la Pequeña y Mediana Empresa del Sector Turismo, S.A. (SOGATUR), adquiridas por la institución bancaria de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 093 de fecha 15 de octubre de 2013, emanada del Ministerlo del Poder Popular para el Turismo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.274 del 16 de octubre de 2013. Los saldos deudores reflejados en la subcuenta 122.17 "Participación en empresas privadas no financieras del país" correspondientes a acciones tipo "B" de SOGATUR adquiridas conforme con lo previsto en la Resolución N° 093 antes Identificada, deben ser reclasificados a esta subsubcuenta. Otras participaciones en SOGATUR 122.22.M.01.02 DESCRIPCIÓN En esta subsubcuenta se registran las inversiones en acciones de la Sociedad de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa del Sector Turismo, S.A. (SOGATUR), adquiridas por la institución bancaria que no correspondan con la categoría anterior. Participación en otras Sociedades de Garantías Recíprocas 122.22.M.02 DESCRIPCIÓN En esta subsubcuenta se registran las inversiones en acciones de las Sociedades de Garantías Reciprocas (excepto institución bancaria. página original (tal como se publicó) [Página 8] Los saldos de las participaciones en acciones en tenencia de la institución bancaria deben ser reclasificadas a esta subsubcuenta para los estados financieros del mes de marzo de 2014. 122.25 (Inversiones Cedidas) SUBSUBCUENTAS (Administración Central) 122.25.M.01 122.25.M.02 (Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital) 122.25.M.03 (Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial) 122.25.M.04 (Instituciones financieras del país) 122.25.M.99 (Otros inversionistas) 122.99 Otras inversiones en titulos valores disponibles para la venta SUBCUENTAS 126.01 Obligaciones por fideicomisos de inversión emitidos por instituciones financieras. SUBSUBCUENTA Obligaciones por fideicomisos de Inversión emitidos por Instituciones 126.01.M.01 financieras del país Obligaciones por fideicomisos de inversión emitidos por instituciones 126.01.M.02 financieras del exterior 126.02 SUBCUENTAS Otras obligaciones 126.03 Otras colocaciones SUBSUBCUENTAS Colocaciones en instituciones destinadas al desarrollo del sistema 126.03.M.01 microfinanciero y microempresarial del país DESCRIPCIÓN En esta subsubcuenta se registran las colocaciones que efectúen las instituciones financieras de conformidad con lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en aquellas instituciones que tengan por objeto crear, estimular, promover y desarrollar el sistema microfinanciero y microempresarial del país. 126.03.M.02 Colocaciones en el sector agrícola DESCRIPCIÓN En esta subsubcuenta se registran las colocaciones que efectúen las instituciones financieras en el sector agrícola de conformidad con lo indicado en la Ley de Crédito para el Sector Agrícola. 126.03.M.02.01 Certificados de depósitos 126.03.M.02.02 Bonos de prenda Operaciones de reporto de certificados de depósitos y bonos de 126.03.M.02.03 prenda Certificados ganaderos 126.03.M.02.04 Colocaciones en el Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, 126.03.M.02.05 Forestal y Afines (FONDAFA) 126.03.M.02.06 Colocaciones en fondos regionales de financiamiento 126.03.M.02.07 Colocaciones en fondos ganaderos 126.03.M.03 Aportes y colocaciones en el sector turismo DESCRIPCIÓN instituciones financieras en el sector turismo de conformidad con lo indicado en la normativa vigente que regula dicho sector. 126.03.M.03.01 Fondos regionales de financiamiento 126.03.M.03.02 Fondos municipales de financiamiento 126.03.M.03.03 Aportes para la adquisición de acciones de S0GATUR DESCRIPCIÓN En esta subsubcuenta se registran los aportes que efectúen las Instituciones Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa del Sector Turismo, S.A., "soGATUR", todo ello de acuerdo con lo estabiecido en la Resolución N° 093 del 10 de octubre de 2013, emanada del Ministerio del Poder Popular para el Turismo y publicada en la Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.274 del 16 de octubre de 2013. Una vez que se realicen los trámites legales respectivos y las institudones bancarias obtengan la titularidad de las acciones en comento, deberán reclasificar el importe correspondiente a la adquisición de dichas acciones a la subcuenta 122.22.M.01.01 "Participación en SOGATUR conforme con la Resolución N° 093 del 15/10/2013". 126.03.M.03.04 Otros aportes y colocaciones al sector turismo. DESCRIPCIÓN En esta subsubcuenta se registran los otros aportes y colocaciones que efectúen las Instituciones bancarias al sector turismo que no se enmarquen dentro de las categorías anteriores. SUBCUENTA 126.25 (Inversiones cedidas) SUBSUBCUENTAS 126.25.M.01 (Administración Central) 126.25.M.02 (Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital) 126.25.M.03 (Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial) (Instituciones financieras del país) 126.25.M.04 126.25.M.99 (Otros inversionistas) SUBCUENTA 131.30 Créditos vigentes adaptados a medidas especiales DESCRIPCION Institución financiera les ha aplicado medidas especiales de carácter temporal, basadas en normativas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, con el objeto de flexibilizar su registro y cálculo de provisiones, especificamente de aquellos casos que correspondan a deudores que sean afectados por problemas de fuerza mayor que incidan en forma general en la población. SUBSUBCUENTAS 131.30.M.01 Comerciales 131.30.M.02 Al consumo Hipotecarios 131.30.M.03 131.30.M.04 Microcréditos 131.30.M.99 SUBCUENTA 131.31 Créditos otorgados al sector turismo vigentes DESCRIPCION institución al sector turismo de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Turismo. SUBSUBCUENTAS Créditos otorgados al sector turismo segmento A vigentes 131.31.M.01 131.31.M.02 Créditos otorgados al sector turismo segmento B vigentes Créditos otorgados al sector turismo segmento C vigentes 131.31.M.03 131.33 Créditos otorgados a la actividad manufacturera vigentes SUBCUENTA En esta subcuenta se registran los saldos vigentes de los créditos otorgados por la DESCRIPCION establecido en la Resolución N° 08-04-03 emanada del Banco Central de Venezuela en fecha 24 de abril de 2008 y publicada en la Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.920 del 29 de abril de ese mismo año. SUBCUENTA 131.99 Otros créditos vigentes En esta subcuenta se registran los saldos vigentes de los créditos otorgados por la DESCRIPCION institución que no respondan a ninguna de las definiciones de las demás subcuentas de esta cuenta. SUBSUBCUENTAS 132.22.M.02.01 Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año reestructurados 132.22.M.02.02 Créditos a plazos fijos mayores a un año reestructurados Créditos en cuotas reestructurados 132.22.M.02.03 132.22.M.02.04 Documentos agrícolas reestructurados 132.22.M.02.05 Arrendamientos financieros reestructurados 132.22.M.02.06 Cartas de crédito emitidas negociadas reestructurados Cartas de crédito confirmadas negociadas reestructurados 132.22.M.02.07 132.22.M.02.99 Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA reestructurados Créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes 132.22.M.03 reestructurados 132.22.M.03.01 Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año reestructurados Créditos a plazos fijos mayores a un año reestructurados 132.22.M.03.02 132.22.M.03.03 Créditos en cuotas reestructurados 132.22.M.03.04 Documentos agrícolas reestructurados 132.22.M.03.05 Arrendamientos financieros reestructurados 132.22.M.03.06 Cartas de crédito emitidas negociadas reestructurados Cartas de crédito confirmadas negociadas reestructurados 132.22.M.03.07 132.22.M.03.99 Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes reestructurados 132.25 Créditos otorgados con recursos de FONCREI SUBCUENTAS Créditos reestructurados a tasa de interés preferencial 132.27 SUBCUENTAS 132.28 Microcréditos reestructurados 132.29 Créditos otorgados a la PYME reestructurados SUBSUBCUENTAS 132.29.M.01 Créditos con recursos propios reestructurados Créditos con otros recursos reestructurados 132.29.M.02 132.30 Créditos reestructurados adaptados a medidas especiales SUBCUENTA SUBSUBCUENTAS 132.30.M.01 Comerciales Al consumo 132.30.M.02 132.30.M.03 Hipotecarios Microcréditos 132.30.M.04 132.30.M.99 132.31 SUBCUENTA Créditos otorgados al sector turismo reestructurados SUBSUBCUENTAS Créditos otorgados al sector turismo segmento A reestructurados 132.31.M.01 132.31.M.02 Créditos otorgados al sector turismo segmento B reestructurados 132.31.M.03 Créditos otorgados al sector turismo segmento C reestructurados SUBSUBCUENTAS - .37.7 Documentos agrícolas vencidos 133.22.M.02.04 Arrendamientos financieros vencidos 133.22.M.02.05 Cartas de crédito emitidas negociadas vencidos 133.22.M.02.06 Cartas de crédito confirmadas negociadas vencidos 133.22.M.02.07 Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA 133.22.M.02.99 vencidos Créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes 133.22.M.03 vencidos Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año vencidos 133.22.M.03.01 Créditos a plazos fijos mayores a un año vencidos 133.22.M.03.02 Créditos en cuotas vencidos 133.22.M.03.03 Documentos agrícolas vencidos 133.22.M.03.04 133.22.M.03.05 Arrendamientos financieros vencidos Cartas de crédito emitidas negociadas vendidos 133.22.M.03.06 133.22.M.03.07 Cartas de crédito confirmadas negocladas vencidos 133.22.M.03.99 Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes vencidos 133.25 SUBCUENTAS Créditos otorgados con recursos de FONCREI vencidos 133.27 SUBCUENTAS Créditos vencidos otorgados a tasa de interés preferencial 133.28 Microcréditos vencidos 133.29 Créditos otorgados a la PYME vencidos SUBSUBCUENTAS Créditos con recursos proplos vencidos 133.29.M.01 133.29.M.02 Créditos con otros recursos vencidos 133.30 SUBCUENTA Créditos vencidos adaptados a medidas especiales SUBSUBCUENTAS 133.30.M.01 Comerciales Al consumo 133.30.M.02 página original (tal como se publicó) [Página 9] 133.30.M.03 Hipotecarios Microcréditos 133.30.M.04 133.30.M.99 Otros 133.31 Créditos otorgados al sector turismo vencidos SUBCUENTA Créditos otorgados al sector turismo segmento A vencidos 133.31.M.01 Créditos otorgados al sector turismo segmento B vencidos 133.31.M.02 Créditos otorgados al sector turismo segmento C vencidos 133.31.M.03 SUBCUENTA 133.33 Créditos otorgados a la actividad manufacturera vencidos SUBCUENTA 133.99 Otros créditos vencidos Créditos otorgados con recursos de FONCREI en litigio 134.25 SUBCUENTAS Créditos en litigio otorgados a tasa de interés preferencial 134.27 134.28 SUBCUENTAS 134.29 SUBCUENTAS Créditos otorgados a la PYME en litigio SUBSUBCUENTAS 134.29.M.01 Créditos con recursos propios en litigio 134.29.M.02 Créditos con otros recursos en litigio 134.30 Créditos en litigio adaptados a medidas especlales SUBCUENTA SUBSUBCUENTAS Comerciales 134.30.M.01 134.30.M.02 Al consumo Hipotecarios 134.30.M.03 Microcréditos 134.30.M.04 Otros 134.30.M.99 134.31 Créditos otorgados al sector turismo en litigio SUBCUENTA SUBSUBCUENTAS Créditos otorgados al sector turismo segmento A en litigio 134.31.M.01 Créditos otorgados al sector turismo segmento B en litigio 134.31.M.02 Créditos otorgados al sector turismo segmento C en litigio 134.31.M.03 134.33 SUBCUENTA Créditos otorgados a la actividad manufacturera en litigio 134.99 Otros créditos en litigio SUBCUENTA SUBSUBCUENTAS 211.02.M.01 Personas naturales 211.02.M.02 Personas jurídicas 211.02.M.03 Administración Central En esta subsubcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas de depósitos a República, el Consejo de Ministros, los Ministerios, los Consejos Nacionales, los Comisionados Presidenciales, las Comisiones Presidenciales, las Autoridades Únicas de Área y las Oficinas Nacionales. 211.02.M.04 Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital En esta subsubcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas de depósitos a favor de los Organismos Estatales, Municipales y del Distrito Capital. 211.02.M.05 Entes Descentralizados y otros Organismos con régimen especial En esta subsubcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas de depósitos a favor de los entes de la administración Descentralizada, y otros Organismos con régimen especial. SUBCUENTA 211.03 Cuentas corrientes según Convenio Cambiario N° 20 En esta subcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas de depósitos constituidas mediante la modalidad de cuentas corrientes en moneda extranjera según lo dispuesto en el Convenio Cambiario N° 20. SUBSUBCUENTAS 211.03.M.01 Personas naturales 211.03.M.02 Personas jurídicas domiciliadas en el país 211.03.M.03 Personas jurídicas no domiciliadas en el país 211.04 Depósitos y certificados a la vista SUBCUENTA En esta subcuenta se registran los saldos acreedores de las cuentas de depósitos y certificados a la vista, los cuales son exigibles en un término igual o menor de treinta días continuos. SUBSUBCUENTAS Personas naturales 211.04.M.01 211.04.M.02 Personas jurídicas 211.04.M.03 Administración Central 211.04.M.04 Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital 211.04.M.05 Entes Descentralizados y otros Organismos con régimen especial (*) 780.00 excepto 787.00, 788.00, 789.00. En esta nota se deben incluir los derechos y participaciones sobre las inversiones en titulos o valores (1) cedidas al público que se encuentren contabilizadas en las cuentas de activo, en el grupo 120 "Inversiones en titulos valores" especificamente en las subcuentas: 121.25 "(Inversiones cedidas)", "(Inversiones cedidas)". Se debe incluir los montos de los créditos otorgados y/o las colocaciones efectuadas por la institución (2) financiera durante el mes que reporta, destinadas a las operaciones de financiamiento que tengan por objeto el desarrollo agrícola del país, para satisfacer requerimientos de los subsectores agrícola vegetal, agrícola animal, agrícola pesquero y forestal, referidos en los numerales 1 al 7 del artículo 4 de la Ley de Crédito para el Sector Agrícola. Igualmente, se incluyen los montos de las operaciones de financiamiento señaladas en el artículo 5 de dicha Ley realizadas durante el mes que reporta; así como, las colocaciones efectuadas en bonos agrícolas. Se debe incluir los saldos de los créditos otorgados y/o de las colocaciones efectuadas por la institución (3) país, para satisfacer requerimientos de los subsectores agrícola vegetal, agrícola animal, agrícola pesquero y forestal, referidos en los numerales 1 al 7 del artículo 4 de la Ley de Crédito para el Sector Agricola. Igualmente, se incluyen los saldos de las operaciones de financiamiento señaladas en el artículo 5 de dicha Ley; así como, las colocaciones efectuadas en bonos agrícolas. Este monto debe coincidir con la suma de los saldos reflejados en las subcuentas 121.21 "Bonos agricolas", 122.21 "Bonos agricolas", 123.21 "Bonos agrícolas" y en la subsubcuenta 126.03.M.02 "Colocaciones en el sector agricola"; así como, los saldos presentados en las subcuentas 131.22 "Créditos 134.22 *Créditos agricolas en litigio" y 132.32 "Créditos Reestructurados de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 6.240 (Capital)". (4) Se debe incluir las captaciones efectuadas que provengan de los entes u organismos que conforman el sector público, enmarcados como administración central, administraciones públicas estatales, municipales Se debe Incuir los saldos de los microcréditos otorgados, así como, las colocaciones en aquellas (5) instituciones establecidas o por establecerse que tengan por objeto crear, estimular, promover y desarrollar el sistema microfinanciero y microempresarial del país, para atender la economía popular y alternativa. Este monto debe coincidir con la suma de los saldos reflejados en la subsubcuenta 126.03.M.01 "Colocaciones en instituciones destinadas al desarrolio del sistema microfinanciero y microempresarial del país" y en las subcuentas 131.28 "Microcréditos vigentes", 132.28 "Microcréditos reestructurados", 133.28 "Microcréditos vencidos" y 134.28 *Microcréditos en litigio". (6) Se deben incluir las colocaciones efectuadas en el sector turismo registradas en la subsubcuenta sector turismo en litigio" . Igualmente, deben incluir los saldos reflejados como compromisos de créditos contabilizados en las documentos protocolizados". Se deben incluir los saldos de los créditos hipotecarios otorgados de conformidad con lo establecido en la (7) Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda. (*) 780.00 excepto 787.00, 788.00, 789.00. (1) En esta nota se deben incluir los derechos y participaciones sobre las inversiones en titulos o valores cedidas al público que se encuentren contabilizadas en las cuentas de activo, en el grupo 120 "Inversiones en títulos valores" especificamente en las subcuentas: 121.25 "(Inversiones cedidas)", 122.25 "(Inversiones cedidas)", 123.25 "(Inversiones Cedidas)", 124.25 "(Inversiones cedidas)" y 126.25 "(Inversiones cedidas)". Se debe incluir los montos de los créditos otorgados y/o las colocaciones efectuadas por la Institución (2) financiera durante el mes que reporta, destinadas a las operaciones de financiamiento que tengan por agrícola animal, agrícola pesquero y forestal, referidos en los numerales 1 al 7 del artículo 4 de la Ley de Crédito para el Sector Agrícola. Igualmente, se incluyen los montos de las operaciones de financiamiento señaladas en el articulo 5 de dicha Ley realizadas durante el mes que reporta; así como, las colocaciones efectuadas en bonos agrícolas. Se debe incluir los saldos de los créditos otorgados y/o de las colocaciones efectuadas por la institudón (ξ) financiera destinadas a las operaciones de financiamiento que tengan por objeto el desarrollo agrícola del y forestal, referidos en los numerales 1 al 7 del artículo 4 de la Ley de Crédito para el Sector Agrícola. Igualmente, se incluyen los saldos de las operaciones de financiamiento señaladas en el artículo 5 de dicha Ley; así como, las colocaciones efectuadas en bonos agrícolas. agrícolas", 122.21 "Bonos agrícolas", 123.21 "Bonos agrícolas" y en la subsubcuenta 126.03.M.02 agrícolas vigentes" , 132.22 "Créditos agrícolas reestructurados", 133.22 "Créditos agrícolas vencidos", 134.22 "Créditos agrícolas en litigio" y 132.32 "Créditos Reestructurados de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 6.240 (Capital)". Se debe inducir las captaciones efectuadas que provengan de los entes u organismos que conforman el (4) sector público, enmarcados como administración central, administraciones públicas estatales, municipales Se debe Incluir los saldos de los microcréditos otorgados, así como, las colocaciones en aquellas (5) desarrollar el sistema microfinanciero y microempresarial del país, para atender la economía popular y alternativa. Este monto debe coincidir con la suma de los saldos reflejados en la subsubcuenta 126.03.M.01 "Colocaciones en instituciones destinadas al desarrollo del sistema microfinanciero y microempresarial del país" y en las subcuentas 131.28 "Microcréditos vigentes", 132.28 "Microcréditos reestructurados", 133.28 "Microcréditos vencidos" y 134.28 "Microcréditos en litigio". Se deben incluir las colocaciones efectuadas en el sector turismo registradas en la subsubcuenta (6) como los saldos de los créditos otorgados a dicho sector contabilizados en las subcuentas 131.31 reestructurados", 133.31 "Créditos otorgados al sector turismo vencidos" y 134.31 "Créditos otorgados al sector turismo en litigio" . Igualmente, se deben incluir los saldos reflejados como compromisos de créditos contablizados en las documentos protocolizados". (L) Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda. 1 (.) 780.00 excepto 787.00, 788.00, 789.00. (1) En esta nota se deben incluir los derechos y participaciones sobre las inversiones en títulos o valores cedidas al público que se encuentren contabilizadas en las cuentas de activo, en el grupo 120 "Inversiones en títulos valores" específicamente en las subcuentas: 121.25 "(Inversiones cedidas)", 122.25 "(Inversiones cedidas)". Se debe incluir los montos de los créditos otorgados y/o las colocaciones efectuadas por la Institución (2) financiera durante el mes que reporta, destinadas a las operaciones de financiamiento que tengan por agrícola animal, agrícola pesquero y forestal, referidos en los numerales 1 al 7 del artículo 4 de la Ley de Crédito para el Sector Agrícola. Igualmente, se incluyen los montos de las operaciones de financiamiento señaladas en el artículo 5 de dicha Ley realizadas durante el mes que reporta; así como, las colocaciones efectuadas en bonos agrícolas. Se debe incluir los saldos de los créditos otorgados y/o de las colocaciones efectuadas por la Institución (ε) financiera destinadas a las operaciones de financiamiento que tengan por objeto el desarrollo agrícola del país, para satisfacer requerimientos de los subsectores agrícola vegetal, agrícola animal, agrícola pesquero y forestal, referidos en los numerales 1 al 7 del artículo 4 de la Ley de Crédito para el Sector Agrícola. Igualmente, se incluyen los saldos de las operaciones de financiamiento señaladas en el artículo 5 de dicha Ley; así como, las colocaciones efectuadas en bonos agrícolas. Este monto debe coincidir con la suma de los saldos reflejados en las subcuentas 121.21 "Bonos agrícolas", 122.21 "Bonos agrícolas", 123.21 "Bonos agrícolas" y en la subsubcuenta 126.03.M.02 "Colocaciones en el sector agricola"; así como, los saldos presentados en las subcuentas 131.22 "Créditos página original (tal como se publicó) [Página 10] agrícolas vigentes" , 132.22 "Créditos agrícolas reestructurados", 133.22 "Créditos agrícolas vendidos", establecido en el Decreto N° 6.240 (Capital)". Se debe incluir las captaciones efectuadas que provengan de los entes u organismos que conforman el (4) sector público, enmarcados como administración central, administraciones públicas estatales, municipales y del Distrito Capital, entes descentralizados y otros organismos con régimen especial. Se debe incluir los saldos de los microcréditos otorgados, así como, las colocaciones en aquellas (5) desarrollar el sistema microfinanciero y microempresarial del país, para atender la economía popular y alternativa. Este monto debe coincidir con la suma de los saldos reflejados en la subsubcuenta 126.03.M.01 "Colocaciones en instituciones destinadas al desarrollo del sistema microfinanciero y microempresarial del país" y en las subcuentas 131.28 "Microcréditos vigentes", 132.28 "Microcréditos reestructurados", 133.28 "Microcréditos vencidos" y 134.28 "Microcréditos en litigio". Se deben incluir las colocaciones efectuadas en el sector turismo registradas en la subsubcuenta (6) sector turismo en litigio" . Igualmente, se deben incluir los saldos reflejados como compromisos de créditos contabilizados en las subcuentas 618.01 "Sector Turismo con documentos autenticados" y 618.02 "Sector -Turismo con documentos protocolizados". Se deben incluir los saldos de los créditos hipotecarios otorgados de conformidad con lo establecido en la (7) Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda. (.) 780.00 excepto 787.00, 788.00, 789.00. (1) En esta nota se deben incluir los derechos y participaciones sobre las inversiones en títulos o valores cedidas al público que se encuentren contabilizadas en las cuentas de activo, en el grupo 120 "Inversiones en títulos valores" especificamente en las subcuentas: 121.25 "(Inversiones cedidas)", 122.25 "(Inversiones cedidas)", 123.25 "(Inversiones Cedidas)", 124.25 "(Inversiones cedidas)" y 126.25 "(Inversiones cedidas)". (2) Se debe Induir los montos de los créditos otorgados y/o las colocaciones efectuadas por la institución financiera durante el mes que reporta, destinadas a las operaciones de financiamiento que tengan por agrícola animal, agrícola pesquero y forestal, referidos en los numerales 1 al 7 del artículo 4 de la Ley de Crédito para el Sector Agrícola. Igualmente, se incluyen los montos de las operaciones de financiamiento señaladas en el artículo 5 de dicha Ley realizadas durante el mes que reporta; asi como, las colocaciones efectuadas en bonos agrícolas. Se debe incluir los saldos de los créditos otorgados y/o de las colocaciones efectuadas por la institución (ε) financiera destinadas a las operaciones de financiamiento que tengan por objeto el desarrollo agrícola del país, para satisfacer requerimientos de los subsectores agricola vegetal, agrícola animal, agrícola pesquero y forestal, referidos en los numerales 1 al 7 del artículo 4 de la Ley de Crédito para el Sector Agricola. Igualmente, se incluyen los saldos de las operaciones de financiamiento señaladas en el artículo 5 de dicha Ley; así como, las colocaciones efectuadas en bonos agrícolas. agricolas", 122.21 "Bonos agrícolas", 123.21 "Bonos agrícolas" y en la subsubcuenta 126.03.M.02 "Colocaciones en el sector agrícola"; así como, los saldos presentados en las subcuentas 131.22 "Créditos agricolas vigentes" , 132.22 "Créditos agrícolas reestructurados", 133.22 "Créditos agrícolas venddos", 134.22 "Créditos agrícolas en litigio" y 132.32 "Créditos Reestructurados de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 6.240 (Capital)". Se debe Incluir las captaciones efectuadas que provengan de los entes u organismos que conforman el (4) sector público, enmarcados como administración central, administraciones públicas estatales, municipales y del Distrito Capital, entes descentralizados y otros organismos con régimen especial. Se debe incluir los saldos de los microcréditos otorgados, así como, las colocaciones en aquellas (5) desarrollar el sistema microfinanciero y microempresarial del país, para atender la economía popular y alternativa. Este monto debe coincidir con la suma de los saldos reflejados en la subsubcuenta 126.03.M.01 "Colocaciones en instituciones destinadas al desarrollo del sistema microfinanciero y microempresarial del país" y en las subcuentas 131.28 "Microcréditos vigentes", 132.28 "Microcréditos reestructurados", 133.28 "Microcréditos vencidos" y 134.28 "Microcréditos en litigio". Se deben Incluir las colocaciones efectuadas en el sector turismo registradas en la subsubcuenta (6) 15/10/2013", en la subsubcuenta 126.03.M.03 "Aportes y colocaciones en el sector turismo" _, así como los saldos de los créditos otorgados a dicho sector contabilizados en las subcuentas 131.31 Igualmente, se deben incluir los saldos reflejados como compromisos de créditos contabilizados en las subcuentas 618.01 "Sector Turismo con documentos autenticados" y 618.02 "Sector Turismo con documentos protocolizados" Se deben incluir los saldos de los créditos hipotecarios otorgados de conformidad con lo establecido en la (L) Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda. Forma "E" NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA BALANCE GENERAL AL Código DESCRIPCIÓN Moneda Moneda Total Nacional Extranjera 122.06 Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada 122.07 Venezuela 122.08 Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación 122.09 Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior 122.10 Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior 122.11 del país 122.12 del exterior Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras 122.13 del país 7 122.14 del exterior 122.15 Obligaciones emitidas por instituciones diversas 122.16 Participación en instituciones financieras del país 122.17 Participación en empresas privadas no financieras del país Participación en instituciones financieras del exterior 122.18 122.19 Participación en empresas privadas no financieras del exterior 122.20 Participación en otras instituciones 122.21 Bonos agrícolas 122.22 Participación en las Sociedades de Garantías Recíprocas 122.22.M.01 Participación en SOGATUR Forma "E" NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA BALANCE GENERAL AL Código Total DESCRIPCIÓN Moneda Moneda Nacional Extranjera 122.22.M.01.01 Participación en SOGATUR conforme con la Resolución N° 093 del 15/10/2013 122.22.M.01.02 Otras participaciones en SOGATUR Participación en otras Sociedades de Garantías 122.22.M.02 Recíprocas 122.25 (Inversiones cedidas) (Administración Central) 122.25.M.01 122.25.M.02 Capltal) 122.25.M.03 (Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial) 122.25.M.04 (Instituciones financieras del país) 122.25.M.99 (Otros inversionistas) 122.99 Otras inversiones en títulos valores disponibles para la venta 123.00 INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO 123.01 Letras del Tesoro 123.02 Bonos del Tesoro 123.03 Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional 123.04 Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales 123.05 Bonos y obligaciones de Entidades Municipales 123.06 Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada 123.07 Venezuela 123.08 Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación 123.09 Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior 123.10 Otras obligaciones 126.02 Otras colocaciones 126.03 126.03.M.01 Colocaciones en instituciones destinadas al desarrollo del Colocaciones en el sector agrícola 126.03.M.02 126.03.M.02.01 Certificados de depósitos 126.03.M.02.02 Bonos de prenda 126.03.M.02.03 Operaciones de reporto de certificados de depósitos y bonos de prenda 126.03.M.02.04 Certificados ganaderos 126.03.M.02.05 Colocaciones en el Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA) Colocaciones en fondos regionales de financiamiento 126.03.M.02.06 126.03.M.02.07 Colocaciones en fondos ganaderos 126.03.M.03 Aportes y colocaciones en el sector turismo 126.03.M.03.01 Fondos regionales de financiamiento Fondos municipales de financiamiento 126.03.M.03.02 126.03.M.03.03 Aportes para la adquisición de acciones de SOGATUR Otras aportes y colocaciones al sector turismo 126.03.M.03.04 126.25 (Inversiones cedidas) 126.25.M.01 (Administración Central) 126.25.M.02 (Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital) 126.25.M.03 (Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial) 126.25.M.04 (Instituciones financieras del país) 126.25.M.99 (Otros inversionistas) 129.00 (PROVISIÓN PARA INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES) 129.01 (Provisión para inversiones en otros títulos valores) 129.02 (Provisión para inversiones de disponibilidad restringida) 130.00 CARTERA DE CRÉDITOS 131.00 CRÉDITOS VIGENTES 131.01 Créditos a Instituciones financieras del país vigentes Créditos en cuenta corriente vigentes 131.02 131.03 Documentos descontados vigentes Créditos a plazo fijo vigentes 131.04 131.05 Créditos en cuotas vigentes 131.05.M.01 Créditos en cuotas vigentes 131.05.M.01.01 Créditos comerciales en cuotas vigentes 131.05.M.01.02 Créditos al consumo en cuotas vigentes 131.05.M.01.99 Otros créditos en cuotas vigentes 131.05.M.02 Intereses créditos indexados 131.06 Tarjetas de crédito vigentes Créditos en cuotas vigentes 131.22.M.02.03 131.22.M.02.04 Documentos agrícolas vigentes 131.22.M.02.05 Arrendamientos financieros vigentes 131.22.M.02.06 Cartas de crédito emitidas negociadas vigentes 131.22.M.02.07 Cartas de crédito confirmadas negociadas vigentes 131.22.M.02.99 Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA vigentes 131.22.M.03 Créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes vigentes 131.22.M.03.01 Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año vigentes Créditos a plazos fijos mayores a un año vigentes 131.22.M.03.02 Créditos en cuotas vigentes 131.22.M.03.03 Documentos agrícolas vigentes 131.22.M.03.04 131.22.M.03.05 Arrendamientos financieros vigentes 131.22.M.03.06 Cartas de crédito emitidas negociadas vigentes 131.22.M.03.07 Cartas de crédito confirmadas negociadas vigentes 131.22.M.03.99 Otros créditos agricolas con recursos provenientes de otras fuentes vigentes 131.25 Créditos otorgados con recursos de FONCREI 131.27 Créditos Otorgados a tasa de interés preferencial 131.28 Microcréditos vigentes 131.29 Créditos otorgados a la PYME vigentes 131.29.M.01 Créditos con recursos propios vigentes Créditos con otros recursos vigentes 131.29.M.02 131.30 Créditos vigentes adaptados a medidas especiales Comerciales 131.30.M.01 131.30.M.02 Al consumo 131.30.M.03 Hipotecarios Microcréditos 131.30.M.04 131.30.M.99 Otros 131.31 Créditos otorgados al sector turismo vigentes 131.31.M.01 Créditos otorgados al sector turismo segmento A vigentes Créditos otorgados al sector turismo segmento B 131.31.M.02 vigentes página original (tal como se publicó) [Página 11] Forma "E" NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA BALANCE GENERAL AL Código DESCRIPCIÓN Moneda Total Moneda Extranjera Nacional 131.31.M.03 Créditos otorgados al sector turismo segmento C vigentes 131.33 Créditos otorgados a la actividad manufacturera vigentes 131.99 Otros créditos vigentes 132.00 CRÉDITOS REESTRUCTURADOS 132.01 Créditos a instituciones financieras del país reestructurados 132.04 Créditos a plazo fijo reestructurados 132.05 Créditos en cuotas reestructurados 132.05.M.01 Créditos en cuotas reestructurados 132.05.M.01.01 Créditos comerciales en cuotas reestructurados 132.05.M.01.02 Créditos al consumo en cuotas reestructurados 132.05.M.01.99 Otros créditos en cuotas reestructurados 132.05.M.02 Intereses créditos indexados 132.06 Tarjetas de crédito reestructuradas 132.22.M.02.03 Créditos en cuotas reestructurados 132.22.M.02.04 Documentos agrícolas reestructurados 132.22.M.02.05 Arrendamientos financieros reestructurados 132.22.M.02.06 Cartas de crédito emitidas negociadas reestructurados 132.22.M.02.07 Cartas de crédito confirmadas negociadas reestructurados 132.22.M.02.99 Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA reestructurados 132.22.M.03 Créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes reestructurados 132.22.M.03.01 e n e d en e ee e n reestructurados 132.22.M.03.02 Créditos a plazos fijos mayores a un año reestructurados 132.22.M.03.03 Créditos en cuotas reestructurados 132.22.M.03.04 Documentos agrícolas reestructurados 132.22.M.03.05 Arrendamientos financieros reestructurados 132.22.M.03.06 Cartas de crédito emitidas negociadas reestructurados 132.22.M.03.07 Cartas de crédito confirmadas negociadas reestructurados 132.22.M.03.99 Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes reestructurados 132.25 Créditos otorgados con recursos de FONCREI 132.27 Créditos reestructurados a tasa de interés preferencial 132.28 Microcréditos reestructurados 132.29 Créditos otorgados a la PYME reestructurados 132.29.M.01 Créditos con recursos propios reestructurados 132.29.M.02 Créditos con otros recursos reestructurados 132.30 Créditos reestructurados adaptados a medidas especiales 132.30.M.01 Comerciales 132.30.M.02 Al consumo 132.30.M.03 Hipotecarios 132.30.M.04 Microcréditos 132.30.M.99 Otros 132.31 Créditos otorgados al sector turismo reestructurados 132.31.M.01 Créditos otorgados al sector turismo segmento A reestructurados 132.31.M.02 Créditos otorgados al sector turismo segmento B reestructurados 132.31.M.03 Créditos otorgados al sector turismo segmento C reestructurados 132.32 Créditos Reestructurados de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 6.240 (Capital) 132.33 Créditos otorgados a la actividad manufacturera reestructurados 132.99 Otros créditos reestructurados CRÉDITOS VENCIDOS 133.00 133.01 Créditos a instituciones financieras del país vencidos 133.02 Créditos en cuenta corriente vencidos 133.03 Documentos descontados vencidos 133.04 Créditos a plazo fijo vencidos Créditos en cuotas vencidos 133.05 133.05.M.01 Créditos en cuotas vencidos Créditos comerciales en cuotas vencidos 133.05.M.01.01 Créditos al consumo en cuotas vencidos 133.05.M.01.02 133.05.M.01.99 Otros créditos en cuotas vencidos Intereses créditos indexados 133.05.M.02 Tarjetas de crédito vencidas 133.06 133.06.M.01 Tarjetas de crédito vencidas 133.06.M.02 Arrendamientos financieros vencidos 133.07 Adquisición de vehículos vencidos 133.08 133.08.M.01 vencidos Créditos para adquisición de vehículos a empleados vencidos 133.08.M.02 133.08.M.03 programas especiales vencidos Otros créditos para adquisición de vehículos vencidos 133.08.M.09 133.09 Descuentos y compras de facturas vencidos 133.10 Anticipos sobre documentos de exportación vencidos 133.11 Cartas de crédito emitidas negociadas vencidas 133.12 Cartas de crédito confirmadas negociadas vencidas Otras aceptaciones vencidas 133.13 Créditos de programas especiales de financiamientos vencidos 133.14 Créditos con recursos provenientes de la institución financiera 133.14.M.01 vencidos 133.14.M.01.01 Créditos a plazo fijo vencidos Créditos en cuotas vencidos 133.14.M.01.02 Otros créditos vencidos 133.14.M.01.03 133.14.M.02 financiamiento vencidos 133.14.M.02.01 Créditos a plazo fijo vencidos 133.14.M.02.02 Créditos en cuotas vencidos 133.14.M.02.03 Otros créditos vencidos Créditos a directores y empleados vencidos 133.15 133.16 Créditos por venta de bienes a plazo vencidos 133.17 Créditos por compras de ordenes de pago vencidos 133.18 Créditos hipotecarios vencidos 133.18.M.01 Para adquisición de inmuebles 133.18.M.01.01 Para adquisición de vivienda indexados bajo el Sistema de Ahorro Habitacional vencidos 133.18.M.01.02 Para adquisición de vivienda fuera del Sistema de Ahorro Habitacional vencidos 133.18.M.01.03 empleados vencidos 133.18.M.01.04 Créditos para adquisición de vivienda rehabilitados vencidos 133.18.M.01.05 Créditos para adquisición de vivienda bajo las condiciones de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda vencidos Forma "E" NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA BALANCE GENERAL AL Código DESCRIPCIÓN Moneda Moneda Total Nacional Extranjera 133.18.M.01.07 Otros créditos para adquisición de vivienda vencidos 133.22.M.01.99 Otros créditos agricolas con recursos provenientes de la Institución financiera vencidos 133.22.M.02 Créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA vencidos 133.22.M.02.01 Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año vencidos 133.22.M.02.02 Créditos a plazos fijos mayores a un año vencidos Créditos en cuotas vencidos 133.22.M.02.03 133.22.M.02.04 Documentos agrícolas vencidos Arrendamientos financieros vencidos 133.22.M.02.05 133.22.M.02.06 Cartas de crédito emitidas negociadas vencidos Cartas de crédito confirmadas negociadas vencidos 133.22.M.02.07 133.22.M.02.99 FONDAFA vencidos Créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes 133.22.M.03 vencidos 133.22.M.03.01 133.22.M.03.02 Créditos a plazos fijos mayores a un año vencidos Créditos en cuotas vencidos 133.22.M.03.03 133.22.M.03.04 Documentos agrícolas vencidos Arrendamientos financieros vencidos 133.22.M.03.05 133.22.M.03.06 Cartas de crédito emitidas negociadas vencidos Cartas de crédito confirmadas negociadas vencidos 133.22.M.03.07 Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de otras 133.22.M.03.99 fuentes vencidos 133.25 Créditos otorgados con recursos de FONCREI vencidos 133.27 Créditos vencidos otorgados a tasa de interés preferencial 133.28 Microcréditos vencidos 133.29 Créditos otorgados a la PYME vencidos 133.29.M.01 Créditos con recursos propios vencidos 133.29.M.02 Créditos con otros recursos vencidos Créditos vencidos adaptados a medidas especiales 133.30 133.30.M.01 Comerciales 133.30.M.02 Al consumo 133.30.M.03 Hipotecarios 133.30.M.04 Microcréditos 133.30.M.99 Otros 133.31 Créditos otorgados al sector turismo vencidos 133.31.M.01 Créditos otorgados al sector turismo segmento A vencidos Créditos otorgados al sector turismo segmento B 133.31.M.02 vencidos 133.31.M.03 Créditos otorgados al sector turismo segmento C vencidos Créditos otorgados a la actividad manufacturera vencidos 133.33 Otros créditos vencidos 133.99 134.00 CRÉDITOS EN LITIGIO 134.01 Créditos a instituciones financieras del país en litigio 134.02 Créditos en cuenta corriente en litigio 134.22.M.01.02 Créditos a plazos fijos mayores a un año en litigio 134.22.M.01.03 Créditos en cuotas en litigio 134.22.M.01.04 Documentos agrícolas en litigio 134.22.M.01.05 Arrendamientos financieros en litigio 134.22.M.01.06 Cartas de crédito emitidas negocladas en litigio 134.22.M.01.07 Cartas de crédito confirmadas negociadas en litigio 134.22.M.01.99 Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de la Institución financiera en litigio 134.22.M.02 Créditos agrícolas con recursos provenientes de FONDAFA en litigio 134.22.M.02.01 Créditos a plazos fijos iguales o menores a un año en litigio 134.22.M.02.02 Créditos a plazos fijos mayores a un año en litigio 134.22.M.02.03 Créditos en cuotas en litigio 134.22.M.02.04 Documentos agrícolas en litigio 134.22.M.02.05 Arrendamientos financieros en litigio 134.22.M.02.06 Cartas de crédito emitidas negociadas en litigio 134.22.M.02.07 Cartas de crédito confirmadas negociadas en litigio 134.22.M.02.99 FONDAFA en litigio 134.22.M.03 Créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes en litigio 134.22.M.03.01 134.22.M.03.02 Créditos a plazos fijos mayores a un año en litigio 134.22.M.03.03 Créditos en cuotas en litigio 134.22.M.03.04 Documentos agrícolas en litigio 134.22.M.03.05 Arrendamientos financieros en litigio 134.22.M.03.06 Cartas de crédito emitidas negociadas en litigio 134.22.M.03.07 Cartas de crédito confirmadas negociadas en litigio 134.22.M.03.99 Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de otras fuentes en litigio 134.25 134.27 Créditos en litigio otorgados a tasa de interés preferendal 134.28 Microcréditos en litigio 134.29 Créditos otorgados a la PYME en litigio 134.29.M.01 Créditos con recursos proplos en litigio 134.29.M.02 Créditos con otros recursos en litigio 134.30 Créditos en litigio adaptados a medidas especiales 134.30.M.01 Comerciales 134.30.M.02 Al consumo 134.30.M.03 Hipotecarios Microcréditos 134.30.M.04 134.30.M.99 Otros 134.31 Créditos otorgados al sector turismo en litigio 134.31.M.01 Créditos otorgados al sector turismo segmento A en litigio 134.31.M.02 Créditos otorgados al sector turismo segmento B en litigio 134.31.M.03 Créditos otorgados al sector turismo segmento C en litigio 134.33 Créditos otorgados a la actividad manufacturera en litigio Comuníquese y Publiquese, Mary RosaEapinoza Mogolión BUDEBAN Superintendenta de Instituciones dei Sector Bancar página original (tal como se publicó) [Página 12] República Bolivariana de Venezuela Supetintendencia de las Instituciones del Sector Bancarlo RESOLUCIÓN FECHA: 2 0 MAR 201€ NÚMERO:0 4 0.14 Visto que el artículo 153 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.627 del 2 de marzo de 2011, faculta a esta Superintendencia a efectuar la inspección, supervisión, vigilancia, regulación, control y sanción de las instituciones del sector bancario, con el objeto de proteger los intereses del público. Visto que la normativa prudencial emanada de esta Superintendencia es de estricta observancia para todos los sujetos obligados y tiene como finalidad lograr la solidez del sistema bancario nacional. Visto que el artículo 87 del referido Decreto Ley, entre otros aspectos, establece que este Organismo llevará un Registro de las personas naturales y juridicas acreditadas, de acuerdo con el procedimiento que este determine, para realizar actividades complementarias a la actividad bancaria y poder emitir informes. Visto que el citado Registro tiene como finalidad mantener una base de datos actualizada de aquellos profesionales y técnicos en el área valuatoria, autorizados por este Organismo para suscribir los avalúos de bienes muebles e inmuebles de los entes que se encuentran bajo la supervisión de esta Superintendencia; así como, los avalúos de los bienes muebles e inmuebles que constituyan garantías de las diferentes modalidades de financiamientos que dichos entes otorguen. Visto que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario debe velar que los avalúos efectuados por los Peritos Avaluadores de las instituciones del sector requisitos mínimos exigidos por esta Superintendencia. Visto la necesidad actualizar las normas existentes en aras de mejorar los controles internos en el proceso de inscripción y actualización en el Registro de los Peritos Avaluadores, que conlleva a una mayor eficiencia en el servicio de atención ofrecido a los Peritos Avaluadores que acuden a esta Superintendencia a realizar los mencionados trámites administrativos. En virtud de lo anterior, este Órgano Regulador de conformidad con lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 172 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, resuelve dictar las siguientes: "NORMAS RELATIVAS AL REGISTRO DE LOS PERITOS AVALUADORES" CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES Artículo 1: Las presentes normas tienen por objeto regular el Registro de los Peritos Avaluadores que lleva la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario; así como, establecer los lineamientos que permitan reglamentar el proceso de inscripción y renovación en el precitado Registro. profesión u oficio las valoraciones y los avalúos de bienes muebles o inmuebles, interesadas en prestar sus servicios de peritos avaluadores en las instituciones que conforman el sector bancario sometidas a la inspección, supervisión, vigilancia, control y sanción de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. inscritos en el Registro que al efecto lleva esta Superintendencia y a las instituciones bancarias que requieran los servicios de valuación de bienes recibidos en garantía, bienes en uso; de bienes que hayan sido adjudicados y de bienes en general para efectos de la emisión de pólizas de seguro. Artículo 3: Para los fines de las presentes normas, los términos indicados en este masculino y femenino tendrán los significados siguientes: a) Perito Avaluador: Persona natural con especialidad y de probada competencia en la labor de valoraciones y avalúos que presta sus servicios a las instituciones bancarias, bien sea bajo su dependencia o independiente de éstas. inmueble objeto del peritaje, reflejado en cifras monetarias por medio de un dictamen técnico imparcial, tomando como referencia sus características físicas, de uso, de investigación y el análisis de mercado, basado en lo establecido en las normas aplicables en la materia, entre otros aspectos. c) Número de Identificación: Corresponde al número que asigna el Sistema del Registro al Perito Avaluador, el cual aparecerá impreso en el certificado que se le otorga. d) Certificado: Acto Administrativo emanado de esta Superintendencia mediante el cual se le notifica al perito avaluador sobre su inscripción o renovación en el Registro, cumplidos los requisitos de rigor. e) Institución: Todas las instituciones que integran el sector bancario sometidas a la inspección, supervisión, vigilancia, regulación, control y sanción de esta Superintendencia. f) Valuación: Es el acto o proceso para determinar el valor de un bien mueble o inmueble, acorde con las normas pertinentes, obteniendo un resultado sobre el valor esperado del bien, expresado en dinero a la fecha del avalúo; el cual, debe ser plasmado a través de un informe formal con los datos reales y reveladores del bien objeto del avalúo. g) Estatus: Modalidad en la que se encuentra el perito avaluador en el Registro que al efecto lleva este Organismo. Artículo 4: Los peritos avaluadores inscritos en el Registro, serán los únicos facultados para realizar los avalúos de los bienes muebles e inmuebles de las inmuebles que constituyan garantías de las diferentes modalidades de financiamientos que las referidas instituciones otorguen. CAPÍTULO II DE LA SOLICITUD Y REQUISITOS 7 PARA LA INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN Artículo 5: A los fines de solicitar la inscripción o renovación en el Registro los interesados deberán consignar la documentación requerida, la cual debe ser entregada sin encuadernación y dentro de un sobre, quedando expresamente entendido que esta Superintendencia no recibirá ni procesará dicha solicitud si ésta no se encuentra acompañada de todos los recaudos que a continuación se indican: 1. Formulario denominado "Solicitud de inscripción o renovación en el Registro de los Peritos Avaluadores", con los campos llenos en su totalidad, el cual puede ser retirado en la Oficina de Atención Ciudadana de este Ente Supervisor, o puede ser impreso de la página web de esta Superintendencia, cuya dirección electrónica es: www.sudeban.gob.ve. Una fotografía reciente tamaño carnet. 2. 3. Timbres Fiscales conforme con lo establecido en las disposiciones legales que rigen la materia que le sean aplicables. Copia de la cédula de identidad vigente. 4. Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente. 5. Copia de la constancia que lo certifica como perito avaluador emitida por una 6. organización debidamente acreditada para tales fines. Copia del título universitario, constancia de formación académica y capacitación 7. técnica, según aplique (únicamente para la inscripción). Constancia de inscripción original en los colegios de profesionales o asociaciones 8. gremiales al cual pertenezca, en los casos que aplique, con una antigledad no mayor de tres (3) meses a la fecha de la solicitud. (únicamente para inscripción). Copias de los respectivos carnet vigentes de los colegios de profesionales o 9. asociaciones gremiales a los que pertenezca, de ser el caso. 10. Solvencia emitida por el colegio profesional o asociación gremial al cual pertenezca de ser el caso, con una antigüedad no mayor de tres (3) meses a la fecha de la solicitud. 11. Constancia de trabajo original emitida por la empresa o sociedad avaluador a donde presta sus servicios, de ser el caso; señalando fecha de ingreso, cargo que desempeña, tiempo en el cargo, experiencia, especialidades y principales clientes. fecha de la solicitud. 12. Copia simple y actualizada del documento constitutivo de la empresa o sociedad avaluador a donde el solicitante presta sus servicios, de ser el caso. 13. Síntesis curricular con un máximo de tres (3) páginas, estructurado de la siguiente manera: 13.1. Datos personales. Formación académica y profesional. 13.2. 13.3. Experiencia laboral en materia de avalúos, detallando nombre, dirección y teléfono de la empresa o sociedad avaluador a donde trabaja o trabajó el solicitante, cargo desempeñado, fecha de ingreso y fecha de egreso. 13.4. Especializaciones y cursos acreditados en el área de valoraciones, indicando nombre del curso o especialidad, sus respectivos objetivos generales y específicos, duración, título o diploma obtenido; así como, la Universidad, Instituto, Empresa, Sociedad u Organismo que lo dictó. 13.5. Datos de la sociedad avaluador a, donde el solicitante presta sus servicios, de ser el caso. 14. Relación detallada de los avalúos realizados en los dos (2) últimos años, de ser el caso, indicando: 14.1 Nombre del solicitante. 14.2 Tipo de avalúo realizado y de bienes evaluados. 14.3 Destino del avalúo y fecha en que se efectuó. 15. Copia de certificados de especialización y cursos realizados sólo en el área certificados correspondientes a los dos (2) últimos años. En el caso de renovación, adicionalmente a las condiciones indicadas en el articulo 6 de la presente Resolución, el perito avaluador consignará los recaudos que no se encuentren vigentes para ese momento o los recaudos consignados originalmente para la inscripción. Cuando el perito avaluador cambie su dirección, teléfono o cualquier otro dato antes de la fecha de vencimiento de su inscripción o renovación en el referido Registro, deberá notificarlo por escrito a este Organismo en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha que ocurrió el cambio; todo ello a los fines de mantener actualizados sus datos. Las condiciones y los recaudos suministrados por el perito avaluador quedan sujetos a información falsa éste podrá ser excluido temporal o permanentemente del Registro de los Peritos Avaluadores que lleva este Organismo. Artículo 6: La solicitud de inscripción o renovación, conjuntamente con toda la en la sede de este Organismo, en el horario establecido para tal fin, para ello el solicitante podrá: 1. Autorizar a una persona, quien deberá presentar original y copia de su cédula de de identidad del perito avaluador. página original (tal como se publicó) [Página 13] 2. Realizar el envío de la solicitud de inscripción o renovación junto con toda la documentación exigida por esta Superintendencia, mediante cualquier empresa de envío de encomienda. Artículo 7: Cuando el contenido de la documentación consignada en este Organismo no refleje la información suficiente y necesaria para la evaluación del caso, se le comunicará por escrito al interesado, las deficiencias encontradas, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. La referida documentación deberá ser consignada a los fines de tramitar su solicitud, dentro de los quince (15) días hábiles continuos a la fecha en que fue recibida la comunicación. Artículo 8: Si la documentación faltante, no es enviada en el lapso antes señalado, y el procedimiento se paraliza durante un periodo de dos (2) meses, contados a partir de la fecha en que se le notifique al solicitante, operará la perención de dicho solicitante, devolviéndole la documentación remitida, anexa a la comunicación. Articulo 9: El solicitante podrá obtener información sobre los requisitos y documentos que debe consignar; asl como, los lineamientos a seguir para formalizar la inscripción o renovación en el Registro de Peritos Avaluadores, a través del acceso a la página web de esta Superintendencia, cuya dirección es: www.sudeban.gob.ve, o comunicándose al Centro de Atención Telefónica 0-800 (SUDEBAN). es decir, 0-800-7833226. Asimismo, el perito avaluador podrá conocer sobre su solicitud de inscripción o renovación a través del número telefónico antes mencionado. CAPÍTULO III DE LA APROBACIÓN Y PLAZOS PARA LA RENOVACIÓN Artículo 10: Una vez consignada la solicitud de inscripción o renovación con todos sus recaudos, esta Superintendencia aprobará o negará dicha solicitud, en un lapso no mayor de veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la totalidad de los recaudos. Artículo 11: Aprobada la solicitud de inscripción, este Órgano Supervisor le asignará al solicitante un número de identificación en el referido Registro y emitirá el correspondiente Certificado. Dicho número es intransferible y deberá estar inserto en los trabajos que efectúe el Perito Avaluador a los entes que se encuentren bajo la supervisión y control de esta Superintendencia. La inscripción y la renovación en el Registro de Peritos Avaluadores, tiene una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la fecha de emisión del Certificado correspondiente. Artículo 12: Cuando la solicitud de inscripción o renovación no sea aprobada, esta Superintendencia informará al interesado, a través de un acto administrativo motivado, el interesado podrá ejercer los recursos contemplados en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario contra la decisión adoptada por este Organismo. Artículo 13: Una vez emitido el Certificado, el perito avaluador podrá retirarlo en este Organismo; consignando al efecto los timbres fiscales conforme con lo establecido en las disposiciones legales que rigen la materia que le sean aplicables. En el caso que el Certificado sea retirado por una persona autorizada, ésta deberá consignar adicionalmente: Comunicación de autorización firmada por el perito avaluador solicitante. 1. 2. Copia legible de la cédula de identidad de la persona solicitante quien suscribe dicha comunicación. 3. Original y copia legible de la cédula de identidad de la persona autorizada. Artículo 14: En caso de extravío o pérdida del Certificado el perito avaluador deberá informarlo a esta Superintendencia por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de su ocurrencia; así mismo; podrá solicitar copia certificada del documento que testifica estar inscrito en el Registro de Peritos Avaluadores siempre y cuando éste se encuentre vigente, para lo cual debe consignar ante este Organismo los timbres que le sean aplicables. Artículo 15: El Certificado cuya vigencia expiró y no fue retirado por el solicitante, manteniéndose la obligación del pago de las unidades tributarias de conformidad con lo estipulado en la las disposiciones legales que rigen la materia que le sean aplicables, antes de efectuar una nueva solicitud de renovación. Artículo 16: Dentro de los treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del Certificado, el interesado deberá presentar ante este Órgano Regulador la correspondiente solicitud de renovación acompañada con sus respectivos recaudos. Los peritos avaluadores que no presenten su solicitud de renovación dentro del lapso aquí establecido, pasarán a tener el estatus de vencido en el Registro. Artículo 17: Los peritos avaluadores inscritos en el Registro, sólo podrán suscribir o en el referido Registro. Artículo 18: Los peritos avaluadores deben cumplir con las disposiciones legales, las técnicas aplicables a valuaciones de bienes muebles e inmuebles y las prácticas generalmente aplicadas sobre esta materia. CAPÍTULO IV EXCLUSIÓN DEL REGISTRO Artículo 19: La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario suspenderá del Registro al perito avaluador que le haya sido diferida o cancelada la del Colegio de Ingenieros respectivo, u otro Gremio afín que lo represente. En consecuencia, el perito avaluador no podrá suscribir o certificar dictámenes de avalúos a los entes sujetos a la supervisión y control de esta Superintendencia, hasta tanto no regularice su situación en la agremiación que corresponda, en el caso que aplique. CAPÍTULO V PROHIBICIONES Artículo 20: No podrán ser inscritos ni renovar la inscripción como peritos avaluadores en este Organismo, las personas que incurran en las siguientes causales: Quienes ejerzan funciones públicas. 1. Quienes sean condenados penalmente mediante sentencia definitivamente firme 2. que implique privación de la libertad, por un hecho punible relacionado directa o indirectamente con: 2.1 La actividad financiera. 2.2 Tráfico de drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, atentado contra la seguridad nacional, traición a la Patria; y cualquier delito previsto en la Ley Contra la Corrupción. 2.3 Daños y perjuicios por la prestación de servicios de valuación o peritaje. 3. Cuando le haya sido suspendida o cancelada la correspondiente inscripción en el Colegio, Gremio o Asociación respectiva. Cuando hayan sido sancionados disciplinariamente por el comité disciplinario o 4. directamente relacionadas con la valuación de bienes. 5. Quienes hayan sido inhabilitados para el ejercicio de funciones financieras por el mismo tiempo que permanezca la inhabilitación. 6. Quienes hayan sido directores, gerentes o empleados de instituciones bancarias intervenidas por la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, al momento de la intervención o en los dos (2) años previos, siempre que administrativamente se le hubiere encontrado responsable de actos que hayan merecido sanción. CAPÍTULO VI DISPOSICIONES DEROGATORIA Artículo 21: Se deroga la Resolución N° 451.10 emitida por este Ente Regulador el 20 de agosto de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.500 del 01 de septiembre de 2010. CAPÍTULO VII DISPOSICIONES FINALES Artículo 22: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Coruniquese y-publiquese, Rosapinoza Mogollón denta po Tag rebituciones del Sector Bancario publicado en Gaceta Oficial de ia Republica Boliveriana de Venezuela N° 40.349 de la miema fecha. Rapáblica Bollvarlana de Venezuela Superintendencla de las Instituciones /del Sector Bancarlo RESOLUCIÓN NÚMERO:04 3 .14 FECHA: 25 MAR 2014 La Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 5 del artículo 160 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario; RESUELVE 1. Designar al ciudadano Lucas Manuel Martín Serrano, titular de la cédula de identidad N° V-6.299.954, para desempeñar funciones como Gerente en la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, en condición de Encargado, a partir del 12 de marzo de 2014 hasta el 31 de ese mismo mes y año. 2. Delegar al precitado ciudadano la firma de los actos y documentos siguientes: a) Requerimiento de información y documentación; b) Autorización de actuaciones en Bancos y demás Instituciones Financieras, así como cualquier ente sometido a inspección, supervisión, vigilancia y controi de esta Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, induyendo las credenciales para realizar inspecciones; c) Remisión de información y documentación; d) Notificación de observaciones a la documentación recibida; e) Acuses de recibo de comunicaciones de particulares y entes oficiales; f) Certificación de documentos en el área de su competencia. We Comunfquese y Publíquese, Basa Espinoza de Robles To p ay y Publicado en la Gaceta Oncurde la ReplBlici Boirvanara de Venezuela N° 40.370 de feche 12 de marzo de 2014. página original (tal como se publicó) [Página 14] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA 203° y 154° PROVIDENCIA N° FSAA-2050 0 61 1 CaraCas,1 9 FEB 2014 Visto que el ciudadano JESÚs ALFREDO COLMENARES FONsECA, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad número V-3.008.131 en su condición de PRESIDENTE de la "ASOCIACIÓN COOPERATIVA AUTOPLUS DE MÁXIMA PROTEcCIÓN 4163, R.L." solicitó en fecha 18 de agosto de 2011, autorización para constituirse - y funcionar como "ASOCIACIÓN COOPERATIVA AUTOPLUS DE MÁXIMA PROTECCIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y ACCIDENTES PERSONALES 4163, R.L. Visto que del análisis efectuado a los documentos presentados por la ASOCIACIÓN COOPERATIVA AUTOPLUS DE MÁXIMA PROTECCIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y ACCIDENTES PERSONALES 4163, R.L., Se verifiCÓ que éstos cumplen con los requerimientos establecidos en el artículo 7 de las Normas para Regular las Operaciones de las Cooperativas u Organismos de Integración que Realizan Actividad Aseguradora, publicadas en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.621 de fecha 22 de febrero de 2011. Visto las atribuciones conferidas al Superintendente de la Actividad Aseguradora en los artículos 7 numeral 13 y 137 de la Ley de la Actividad Aseguradora, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.990 Extraordinario del 29 de julio de 2010, reimpresa en la Gaceta Oficial de la Bolivariana de Venezuela N° 39.481 de fecha 05 de agosto de 2010, quien suscribe YosMER DANIEL ARELLÁN ZURITA, en su carácter de Superintendente de la Actividad Aseguradora, según Decreto Presidencial N° 701 de fecha 19 de diciembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.319 de fecha 19 de diciembre de 2013, y Resolución del Ministerio del Poder Popular de Finanzas Nº 104 de fecha 27 de diciembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.323 de fecha 27 de diciembre de 2013: DECIDE: AUTOPLUS DE MÁXIMA PROTECCIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y ACCIDENTES PERSONALES 4163, R.L.", para el ejercicio de la actividad aseguradora en los ramos generales de seguros para vehículos y accidentes personales, e inscribir la bajo el Nº 08 en el Registro de Cooperativas de Seguros que para el efecto se lleva en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. sEGUnDo: Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Notifíquese y Publíquese. Amy OSMER DANIEL ARELLÁN ZURITA perintandente de la Actividad Aseguradora DEcreto N° 701 de fecha 19 de didembre de 2013 G.OgR.B.V. N° 40.319 de fecha 19 de diciembre de 2013 Resolución N° 104 de fecha 27 de diciembre de 2013 G:0.R.B.V. N° 40.323 de fecha 27 de diciembre de 2013 REPURLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SENIAT REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) N° SNAT/20140012 Caracas, 2 8 MAR 2014 203° y 155° CONSIDERANDO Que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) debe legalizar la emisión y circulación de las especies fiscales nacionales y formularios que requiera la Administración Tributaria, El Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), de conformidad con lo dispuesto en el numeral 27 del articulo 4 y el artículo 7 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Impuesto al Alcohol y Especies Alcohólicas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.852 Extraordinario, de fecha 5 de octubre de 2007, resuelve dictar la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA POR MEDIO DE LA CUAL SE LEGALIZA LA EMISIÓN Y CIRCULACIÓN DE BANDAS DE GARANTÍA PARA LICORES Artículo 1°. Procédase a la emisión y circulación de doscientos dos millones quinientas mil (202.500.000) unidades de Bandas de Garantía para Licores en las cantidades que a continuación se indican: TIPO OR B LIBRE DE 000000001 AL 0,46 21.000.000 AUTOADHESIVA IMPUESTO 21000000 57480001 AL 0,46 NACIONALES 62.520.000 MECANIZABLE 120000000 130020001 AL AUTOADHESIVA 0,46 NACIONALES 91.980.000 222000000 30000001 AL IMPORTADOS 27.000.000 AUTOADHESIVA 0,46 57000000 Artículo 2°. Dichas Bandas de Garantía para Licores deberán cumplir con las normas de calidad que determine el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Artículo 3°. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 2B días del mes de 1 MAR de 2014. Años 203* de la Dado en Caracas a los Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana. Comuniquese y py JOSAAVID CABELLO-RONDÓN SURENDENTE DEL SERVICIO NACIONAL INTEGADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA Decreto N° 5.851 del 01-02-2008 Gaceta Oficlal N° 38.863 del 01-02-2008 BANCO CENTRAL DE VENEZUELA RESOLUCIÓN N° 14-03-02 El Directorio del Banco Central de Venezuela, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los e e o e e Instituciones del Sector Bancario, Resuelve: dictar las siguientes, NORMAS QUE REGIRÁN LA CONSTITUCIÓN DEL ENCAJE Artículo 1°.- A los efectos de la presente Resolución se entiende por: Obligaciones Netas: Se refiere a todos los depósitos, captaciones, obligaciones u operaciones pasivas, incluyendo los pasivos derivados de operaciones de mesa de dinero y los provenientes de fondos administrados en fideicomiso, excluidas las operaciones a que se refiere el artículo 4° de la presente Resolución. Inversiones Cedidas: Se refiere a la cesión de los derechos de participación sobre titulos o valores efectuada por las instituciones bancarias, independientemente de la forma en que se contabilicen en su balance. Base de Reserva de Obligaciones Netas: Es el monto total de las Obligaciones Netas contabilizadas al 18 de octubre de 2013. página original (tal como se publicó) [Página 15] Base de Reserva de Inversiones Cedidas: Es el monto total de las Inversiones Cedidas contabilizadas al 18 de octubre de 2013. Saldo Marginal: Se refiere al monto correspondiente del incremento que se genere tanto en las Obligaciones Netas como en las Inversiones Cedidas respecto a sus Bases de Reservas, según corresponda, determinado de acuerdo con la información suministrada semanalmente por cada concepto. Instituciones bancarias: Los bancos universales y microfinancieros, regidos por el Deceto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario y por leyes especiales. También agrupa a los bancos comerciales, bancos hipotecarios, bancos de desarrollo y entidades de ahorro y préstamo, que se encuentren en proceso de transformación de acuerdo con lo previsto en las Disposiciones Transitorias del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario. Artículo 2°.- Las instituciones bancarias deberán mantener un encaje minimo depositado en su totalidad en el Banco Central de Venezuela, igual a la suma de los montos que resulten de aplicar sobre la Base de Reserva de Obligaciones Netas el porcentaje establecido en el artículo 13; sobre la Base de Reserva de Inversiones Cedidas el porcentaje establecido en el artículo 14; y, sobre el Saldo Marginal, el porcentaje establecido en el articulo 15, todos de la presente Resolución; excepción hecha del régimen previsto en el articulo 16 de estas Normas. Parágrafo Único: Si en una semana los saldos de las Obligaciones Netas o de las Inversiones Cedidas fuesen inferiores a las respectivas Bases de Reserva, los porcentajes se aplicarán sobre los referidos saldos. Artículo 3°.- La posición de encaje de cada institución se determina en función de periodos de cinco días contados de lunes a viernes, con base al promedio de los saldos diarios de las operaciones sujetas a encaje durante dicho periodo. Central de Venezuela semanaimente con base en la información que se le suministre de acuerdo con lo establecido en la presente Resolución. Dicha posición será informada a la institución correspondiente, la cual deberá mantener el respectivo encaje durante cada uno de los días del segundo periodo siguiente a aquel de cuya información se trate. Artículo 4°.- No se computarán a los efectos de la constitución del encaje: las obligaciones de las instituciones provenientes de créditos obtenidos del Banco Central de Venezueia; las derivadas de originadas de los fondos recibidos del Estado u organismos nacionales o extranjeros para destinados al respectivo financiamiento; las originadas de los fondos recibidos de instituciones dichos fondos hayan sido destinados al respectivo financiamiento; las contraidas en moneda extranjera como producto de las actividades de sus oficinas en el exterior; y, las que se originen en operaciones con otros bancos y demás instituciones financieras, y por cuyos fondos estas últimas instituciones, a su vez, hayan constituido encaje conforme a la presente Resolución. Tampoco se computarán a los fines indicados, los pasivos provenientes de recursos de los Fondos de Ahorro previstos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, administrados en fideicomiso por las instituciones bancarias, asi como aquellas obligaciones a la vista o a término mantenidas por los bancos universales autorizados para recibir depósitos en moneda extranjera de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Cambiario Nro. 20 del 14 de junio de 2012. Articulo 5°.- Las instituciones bancarias deberán suministrar semanaimente al Banco Central de Venezuela la información requerida por éste a los fines del encaje previsto en esta Resolución, mediante el formulario u otros mecanismos que se establezcan a estos efectos. El Banco Central de Venezuela informará el lugar y oportunidad en que la referida información deberá enviársele. legal. El cálculo, reporte y control del encaje por operaciones en moneda extranjera, se efectuará en forma separada del encaje por operaciones en moneda nacional, y de acuerdo con la metodología establecida en la normativa dictada al efecto. Artículo 7°.- Las instituciones bancarias, que no mantengan la posición de encaje, en los términos requeridos, deberán pagar al Banco Central de Venezuela una tasa de interés anual por el monto no cubierto. Salvo lo previsto en el Parágrafo Primero del presente articulo, esta tasa de interés será la resultante de sumar un (1) punto porcentual a la tasa cobrada por el Banco Central de Venezuela en sus operaciones ordinarias de descuento, redescuento y anticipo de conformidad con lo previsto en continuación se indican: a) Un (1) punto porcentual adicional, si se incurre en incumplimiento en el mantenimiento de la posición de encaje requerida tres (3) o cuatro (4) veces en el lapso de treinta (30) días continuos, b) Dos (2) puntos porcentuales adicionales, si se incurre en incumplimiento en el mantenimiento de la posición de encaje requerida cinco (5) o más veces en el lapso de treinta (30) días continuos, contados a partir del día en que ocurrió el primer incumplimiento. refiere el presente artículo, caso en el cual lo informará a través del sistema electrónico de transferencia de datos utilizado por el Banco Central de Venezuela. del encaje no cubierto y por el día en el cual se registró el correspondiente déficit de encaje. El monto resultante será debitado de la cuenta de la institución el día hábil bancario siguiente. Artículo 8°.- La metodología de cálculo del encaje se establece mediante instructivo elaborado al efecto. (1%) del monto de los activos crediticios e inversiones en valores que tengan conforme a su último balance de publicación, cuando no suministrar en en el plazo y en los términos establecidos por el Banco Central de Venezuela la información a que se refiere la presente Resolución. Dicho encaje información debió entregarse y la oportunidad en que la misma sea entregada en los términos establecidos por el Banco Central de Venezuela. Artículo 10.- Las instituciones bancarias que sean excluidas del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica, así como las que estuvieran intervenidas, incluidas aquellas sometidas a planes de rehabilitación, no estarán sujetas a lo previsto en los articulos 7° y 9º de esta Resolución. Resolución, asi como también acordar la np aplicación de los articulos 7° y 9° de estas Normas. Artículo 12.- El Directorio del Banco Central de Venezuela podrá modificar el encaje legal mínimo establecido en la presente Resolución, caso en el cual lo informará a través de la página web del Instituto y a través del sistema electrónico de transferencia de datos utilizado por el Banco Central de Venezuela. Artículo 13.- Salvo lo previsto en el artículo 16 de la presente Resolución, las instituciones bancarias a las que se refiere el artículo 2° de estas Normas, deberán mantener un encaje mínimo del veintiuno coma cinco por ciento (21,5%) del monto total de la Base de Reserva de Obligaciones Netas. Artículo 14.- Las instituciones bancarias autorizadas para realizar operaciones en el mercado monetario deberán mantener un encaje mínimo del veintiuno coma cinco por ciento (21,5%) de la Base de Reserva de Inversiones Cedidas. Artículo 15.- Saivo lo previsto en el articulo 16 de la presente Resolución, las instituciones bancarias a las que se refiere el articulo 2° de estas normas, deberán mantener un encaje mínimo En el caso de las operaciones en moneda extranjera, las instituciones antes mencionadas deberán mantener un encaje minimo del veintiuno coma cinco por ciento (21,5%) del monto total correspondiente al Saldo Marginal. Parágrafo Único.- En el supuesto que la suma de Obligaciones Netas más Inversiones Cedidas informadas semanalmente no supere la cantidad de diez mil millones de bolivares (Bs. artículo. A los incrementos que se generen tanto en las Obligaciones Netas como en las Inversiones Cedidas respeto a sus Bases de Reservas, determinados de acuerdo con la información suministrada semanalmente por cada concepto, que no superen la cantidad señalada en el presente Parágrafo, se les aplicarán los coeficientes de encaje establecidos en los artículos 13 y 14 de la presente Resolución, según sea el caso, sobre los montos reportados por tales conceptos. Artículo 16.- Los bancos microfinancieros, así como los bancos de desarrollo en proceso de transformación de acuerdo con lo previsto en las Disposiciones Transitorias del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, que tengan por objeto exclusivo fomentar, financiar o promover las actividades microfinancieras de intermediación crediticia sea mínimo de setenta por ciento (70%), calculado según el último balance de publicación, deberán mantener un encaje minimo del doce por ciento (12%) del monto total de la Base de Reserva de Obligaciones Netas, Base de Reserva de Inversiones Cedidas y del monto total correspondiente al Saldo Marginal. Parágrafo Único: A los efectos previstos en el presente articulo, se entenderá como indice de intermediación crediticia aquel que resulta de dividir la cartera de microcréditos bruta entre la suma de las captaciones del público más otros financiamientos obtenidos, multiplicado por cien (100). Artículo 17. El Banco de Desarrolio Económico y Social de Venezuela (BANDES) queda exceptuado de la aplicación de la presente Resolución. minimo previsto en los articulos 13, 14 y 15 de estas Normas, será aplicado al promedio de los saldos diarios que correspondan de las operaciones sujetas a encaje para el periodo en curso de conformidad con lo dispuesto en el articulo 3 ejusdem. Articule 19.- La presente Resolución entrará en vigencia el 1° de abril de 2014. Articulo 20.- Se deroga la Resolución N° 13-12-01 del 03 de diciembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezucia N° 40.309 el 05 de diciembre de 2013. Caracas, 13 de marzo de 2014. En mi carácter de Secretario Interino del Directorio, certifico la autenticidad de la presente Resolución. Comuníquese y publíquese. PAIMERA Eudomar Tgvar GERENCIA Primer-Vicepresidente Gerente (F) MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO DESPACHO DEL MINISTRO- CONSULTORIA JURIDICA CARACAS, 26 DE MARZO DE 2014 NÚMERO:028-14 203°, 155° y 14° RESOLUCIÓN Quien suscribe, DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA, venezolano, titular de la cédula de identidad N° 12.224.990, designado medianté Decreto N° 768 de fecha 03 de febrero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.347 de la misma fecha; en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 2, 12, 13, 14 y 19 del artículo 77 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, en concordancia con la: Cláusula Novena del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales del Fondo de Gestión de Activos, S.A. página original (tal como se publicó) [Página 16] (FONACTIVO), inscrito ante el Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital en fecha 26 de febrero de 2014, bajo el Número 23, Tomo 28-A. RESUELVE Artículo 1. Designar a la Junta Directiva del Fondo de Gestión de Activos, S.A. (FoNACTIVO), la cual estará conformada por los siguientes ciudadanos: MIEMBROS PRINCIPALES Juan Carlos García, titular de la cédula de identidad Nro. V- 10.630.147; Ricardo José Sanguino, titular de la cédula de identidad Nro. V- 11.736.002; Onry José Romero, titular de la cédula de identidad Nro. V- 11.435.361; Ronald Alexander Araujo García, titular de la cédula de identidad Nro. V- 12.470.186. MIEMBROS SUPLENTES · Said Pérez, titular de la cédula de identidad Nro. V- 12.418.899; · Bylly Jules, titular de la cédula de identidad Nro. V- 17.856.989; • Alejandro Navarro, titular de la cédula de identidad Nro. V- 17.848.592; · Kary Costa, titular de la cédula de identidad N° V- 12.057.062. Artículo 2. El contenido de la presente resolución deberá protocolizarse ante la oficina de Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital, mediante Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Publíquese.- DANTE RIVAS MINISTRO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO REGLAMENTOS TÉCNICOS DIRECCIÓN GENERAL PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° DG-013/2014 Caracas, 20 de marzo de 2014. 203° 155° y 15° Quien suscribe, JOHN ALEX RIVAS ROMERO, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-13.804.139, designado como Director General (E) del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), según resolución número 018-14, de fecha veinte (20) de febrero del dos mil catorce (14). publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 40.360, de igual fecha, de Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER). publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.139, de fecha 13 de febrero de 2001, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto N° 5.791, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.843 se dicta la presente providencia administrativa: ACUERDO Artículo 1.- Delegar en los coordinadores estadales, adscritos al Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), la competencia y la firma previo cumplimientos de los requisitos de validación correspondiente de los actos y documentos que a continuación se indican: 1) Constancia de Registro de Declaración de Eficiencia Energética (Resolución 089). 2) Constancias de Registro Obligatorio de Fabricantes Nacionales e Importadores de Prendas de Vestir (textil). 3) Constancias de Registro Obligatorio de Fabricantes Nacionalese Importadores de Prendas de Vestir (calzados). 4) Constancias de Registros de Empresas en el Ramo Ascensores. 5) Constancia de Registro de Empresas en el Ramo de Incendios. 6) Registro de Empresas Manufacturera. 7) Constancias Registro de Productos Nacionales. 8) Constancias de Registro de Numero de Identificación de Vehículos (NIT). 9) Constancias de Registro Nacional de Productos Importados. 10)Consultas técnicas. 11) Tipología de Vehículos. 12)Certinspeccion N° 1. . 13)Constancia de Calibraciones Industriales. 14)Constancia de Verificación de Productos Envasados. 15)Constancia de Inscripción de Productos Envasados. Artículo 2.- Las delegaciones contenidas en la presente Providencia Administrativa, serán ejercidas por los coordinadores delegados a partir de la publicación.en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, y deberá presentar una relación pormenorizada de los actos y documentos que hubiere firmado en razón de la presente delegación. John Alex Rivas Romeso Director General (E) de"Sencamer Designado mediante Resolución NF 018-14 de fecha 20 de febrero 2014 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Industrias Ministro del Poder Popular para Industrias Caracas, 28 de marzo de 2014 AÑOS 203°, 155° y 15º RESOLUCIÓN N° 029-14 El Ministro del Poder Popular para Industrias (E), designado mediante Decreto Nº 861 de fecha 27 de marzo de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.381 de la misma fecha; en el ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 16 y 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 60, 62 y 77, numerales 13, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, RESUELVE Artículo 1º. Revocar la Resolución N° 028-14 de fecha 25 de marzo de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.380, de fecha 26 de marzo de 2014, mediante la cual se designada al ciudadano GILBERTO ANTONIO BARRIOSCONTRERAS, titular de la Cédula de Identidad N° V- 5.760.702, como Presidente del Complejo Cementero Cemento Andino, cesando en consecuencia sus efectos. Artículo 2°. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Comuníquese y Publíquese.- JOSE/DAVID CABELLO-RONDÓN MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS (E) Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.381 de la misma fecha. página original (tal como se publicó) [Página 17] MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL PRESIDENCIA. PROVIDENCIA N° 004-2014. CARACAS,_ 26 DE MARZO DE 2014. AÑOS 204º y 154° ALI FRANCISCO PEÑA RUIZ, actuando en SU Carácter de PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (INDER), COnfOrme a las atribuciones que le confieren los numerales 2 y 9 del artículo 140 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Se designa al Ciudadano DARIO LEONARDO BRITO CANELON, titular de la Cédula de Identidad número V-6.867.820, Gerente General del Instituto Nacional de Desarrollo Rural. Artículo 2. La presente providencia administrativa entrará en vigencia a partir del 25 de Marzo de 2014. Artículo 3. La Oficina de Recursos Humanos, queda encargada de la ejecución de la presente providencia. Comuníquese y publíquese, ALI FRANCISCO PEÑRUIZGE según Decreto N° 26 de fecha 26 de bril de 2013,. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolvañasa:de Venezuela Número 40.155, de fecha 26 de abril de 2013." MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD NÚMERO1 52 2 8 MAR. DE 2014 203° y 155° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto número 558 de fecha 05 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.287 de la misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 19 del artícuio 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el artículo 1 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, este Despachc Ministerial, RESUELVE Artículo 1. Delegar en la ciudadana PASQUALINA CURCIO CURCIO, titular de la cédula de icentidad número V-6.340.266, en su carácter de Viceministra de Redes de Salud Colectiva del Ministerio del Poder Popular para la Salud, según consta en el Decreto número 739 de fecha 20 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.337 de la misma fecha, la firma de las Constancias de Procedimientos Médicos y Quirúrgicos en Venezuela, expedidas por este Ministerio. Articulo 2. Los actos y documentos firmados de conformidad con la presente Resolución, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma de la funcionaria delegada, la fecha y número de la Resolución y de la Gaceta Oficial donde haya sido publicada. Artículo 3. El Ministro del Poder Popular para la Salud, podrá discrecionalmente firmar los actos y documentos referidos en la presente Resolución. Artículo 4. De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, la ciudadana PASQUALINA CURCIO CURCIO, antes identificada, en su carácter de Viceministra de Redes de Salud Colectiva, deberá rendir cuenta al Ministro del Poder Popular para la Salud, de todos los actos y documentos que hubiere firmado en virtud de la presente delegación. Artículo 5. Queda a salvo lo establecido en los artículos 35 y 38, único aparte del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional. Artículo 6. Se deroga cualquier Resolución que colide con la presente. Articulo 7. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese, N.. FRANCISCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ mistro del Poder Popular para la Salud Decreto N° 558 de fecha 05 de noviembre de 2013 Gaceta Oficial N° 40.287 de fecha 05 de noviembre de 2013 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD NÚMERO 2 8 MAR DE 2014 203° y 155° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto número 558 de fecha 05 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.287 de la misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 19 del articulo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 y articulos 17. 18 y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública; articulo 48 del Reglamento Orgánico de este Ministerio; articulo 161 de la ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público; articulos 51 y 52 del Reglamento número 1 de la ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sis:ema Presupuestario y articulos 6, 7 y 23 de la ley Contra la Corrupción, este Despacho Ministerial, RESUELVE ARTÍCULO 1. Designar a la ciudadana SADRI MARIEL GUERRA, titular de la cédula de identidad número V-6.966.526, como DIRECTORA DEL BANCO MUNICIPAL DE SANGRE, adscrito a la Dirección Estadal de Salud Distrito Capital, dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Salud. ARTICULO 2. Se autoriza a la ciudadana SADRI MARIEL GUERRA, antes identificada, en su carácter de DIRECTORA DEL BANCO MUNICIPAL DE SANGRE, para que actúe como Cuentadante. ARTÍCULO 3. La ciudadana SADRI MARIEL GUERRA, antes identificada, deberá prestar caución suficiente para el ejercicio de sus funciones ante la auditoria interna de la respectiva unidad administradora, de conformidad con lo establecido en el articulo 161 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con el articulo 52 de su Reglamento número 1 sobre el Sistema Presupuestario. ARTÍCULO 4. La ciudadana SADRI MARIEL GUERRA, antes identificada, deberá presentar declaración jurada de patrimonio y anexar copia simple del comprobante emitido por la Contraloria General de la República, y posteriormente consignarlo por ante la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Salud. ARTíCULO 5. Se deroga la Resolución número 111 de fecha 12 de marzo de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.370 de la misma fecha. página original (tal como se publicó) [Página 18] ARTícULO 6. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la república Bolivariana de Venezuela. Notifíquese y publíquese, FRANCISCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ Ministo del Poder Popular para la Salud Gaceta Oficial N° 40.287 de fecha 05 de Noviembre de 2013 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD 2 8 MAR. DE 2014 NÚMERO 203° y 155° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto número 558 de fecha 05 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.287 de la misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 19 del articulo 77 del Decreto con Rango, Valor yFuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con los artículos 5, 11 numeral 1 y 27 numeral 5 de la Ley Orgánica de Salud, este Despacho Ministerial, RESUELVE Articulo 1. Prorrogar por un período de treinta (30) dias, el lapso establecido en el artículo 9 de la Resolución número 004 de fecha 09 de enero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.330 de la misma fecha, mediante la cual se regulan los embalajes y cajetillas de los cigarrillos. Artículo 2. Se deroga cualquier Resolución que colide con la presente. Articulo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuniquese y publíquese, Mr. SANCISCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ Ministro del Poder Popular para la Salud Decreto N° 558 de fecha 05 de noviembre de 2013 Gaceta Oficial N° 40.287 de fecha 05 de noviembre de 2013 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HÁBITAT REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HÁBITAT SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS NÚMERO 00042 CARACAS, 27 DE MARZO DE 2014 203° DE LA INDEPENDENCIA, 154° DE LA FEDERACIÓN 14° DE LA REVOLUCIÓN PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA De conformidad a lo establecido en el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en los artículos 19 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en los articulos 2 y 3; en los numerales 1°, 2°. 4°. 7°. 19° y 20° del articulo 5; los artículos 6 y 16; numerales 1°. 2° y 17° del articulo 20 y la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda y por último el Decreto Presidencial N° 9.076 de fecha 9 de julio de 2012, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.960 de la misma fecha. Considerando Que en el marco de nuestra Constitución se establece en su articulo 82, que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias y que la satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos. Así mismo, establece que el estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que estas, y especialmente las de escasos recursos puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas. Considerando Que la Ley Para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas es de carácter estratégico, en el marco de la garantía integral del derecho a la vivienda adecuada y un hábitat digno, asi mismo, la referida legislación declaró de interés público general, social y colectivo, toda materia relacionada con el arrendamiento de inmuebles destinados el territorio nacional. Considerando Que con la entraba en vigencia de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, se estableció en su Disposición Transitoria Quinta que: "Por ser contrario al Interés general de esta Ley, el monopolio sobre la vivienda en alquiler. por considerarse el arrendamiento de Interés soclal, colectivo y con fines de utilidad edificios que tengan veinte años o más dedicados al arrendamiento, tendrán el derecho a adquirir la, exceptuando del cumplimiento de la presente disposición a los pequeños relativo a la preferencia ofertiva, establecido en este instrumento legal, en un lapso no mayor de sesenta días a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley". Considerando Que la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda como órgano rector en supremos de la Ley Para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, con el objeto de lograr su implementación progresiva, y visto que dentro de los fines supremos se encuentra la necesidad de establecer un conjunto de sanciones e indemnizaciones desde una visión preventiva y restitutiva, tendientes a generar que los ciudadanos y ciudadanos se abstengan de violar la Ley, debiendo cumplir y hacer cumplir las leyes. RESUELVE DE EDIFICIOS QUE TENGAN VEINTE AÑOS O MÁS DEDICADOS AL ARRENDAMIENTO LOS OFERTEN EN VENTA A SUS ARRENDATARIOS O ARRENDATARIAS. CAPÍTULO I NORMAS GENERALES Artículo 1°. Las presentes normas tienen por objeto establecer el régimen especial para que los propietarios, propietarias, arrendadores y arrendadoras de edificios que tengan veinte años o más dedicados al arrendamiento propiedad de multiarrendadores los oferten en venta a sus arrendatarios o arrendatarias. Artículo 2°. Los propietarios, propietarias, arrendadores y arrendadoras de edificios que tengan veinte años o más dedicados al arrendamiento propiedad de multiarrendadores/ deberán ofertar en venta a sus arrendatarios o arrendatarias en un lapso de sesenta (60) . dias hábiles a partir de la entrada en vigencia de las presentes normas. La oferta de venta a que hace referencia el presente articulo deberá hacerse de Capitulo I, De la Preferencia Ofertiva, de la Ley Para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Articulo 3°. El propietario, propietaria, arrendador o arrendadora de edificios que tengan veinte años o más dedicados al arrendamiento propiedad de multiarrendadores que no dé cumplimiento a lo establecido en la presente Providencia Administrativa será multado con que deberá cancelar en un lapso de cinco días hábiles una vez se determine el incumplimiento. cancele la multa de conformidad a lo establecido en el artículo anterior se le considerará reincidente y se le doblará en valor de la multa, la cual deberá cancelar en un lapso de cinco dias hábiles. Articulo 5°. En el caso que un propietario, propietaria, arrendador o arrendadora no Providencia Administrativa, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda considerará como titulo ejecutivo el acto administrativo que determine la reincidencia y solicitará ante los tribunales competentes el embargo ejecutivo correspondiente sobre el inmueble o inmuebles objeto de las multas. Artículo 6°. El propietario, propietaria, arrendador o arrendadora de edificios que tengan veinte años o más dedicados al arrendamiento propiedad de multiarrendadores, a los fines de solicitar el Justo Valor deberá hacerlo por escrito ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda y su escrito deberá estar acompañado de: Arrendamiento. 2. Certificado de haber cumplido con la inscripción en el Registro Nacional de Arrendamiento de Vivienda. 3. Planilla de caracteristicas del inmueble, la cual deberá descargar en la siguiente página de internet www.minvih.gob.ve/sunavi 4. Documento de Condominio del edificio. 5. Documento de propiedad del inmueble. 6. Permiso de habitabilidad o permiso de construcción del inmueble. 7. Fotografías de las cuatro (04) fachadas, de los ascensores, de los ductos de de impresión no mayor a dos (02) meses de la fecha de su presentación. Artículo 7°. El procedimiento para determinar la infracción de lo contenido en la Presente Providencia Administrativa será el establecido en el Capítulo VIll, Del Procedimiento Sancionatorio, del Reglamento de la Ley Para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuniquese y Publiquese, SUPERINTENDENTE NACIONAL Decreto 9.076-de fechar U9/07/202 Gaceta Oficial N° 39.960 de fecha 09/07/2Q12 e página original (tal como se publicó) [Página 19] REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HABITAT INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS URBANAS (INTU) 203° y 154° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA ORDINARIA N° 002/2014 Caracas, 03 de Febrero 2014 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA: La Junta Directiva del Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU), en virtud de lo previsto en los artículos 34 y 39 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos o Periurbanos N° 8.198 de fecha 05 de mayo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.668 de fecha 06 de mayo de 2011; presidida por el ciudadano Christopher Martínez Berroterán, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.969.093, designado mediante Resolución del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat N° 070 de fecha 30 de abril de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.913 de fecha 02 de mayo de 2012; reimpresa por error material en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.931 de fecha 28 de mayo de 2012, designada mediante Resolución del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat N° 088 de fecha 14 de mayo de 2012; de conformidad con lo establecido en los artículos 34 y 96 con el Decreto con Rango Valor y' Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.890 de fecha 31 de Julio de 2008; y lo establecido en el artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos o Periurbanos N° 8.198 de fecha 05 de mayo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.668 de fecha 06 de mayo de 2011, la aprobación de la presente Providencia Administrativa en los términos y condiciones que a continuación se expresan, CONSIDERANDO Que los superiores jerárquicos de los órganos y entes de la administración Pública podrán delegar las atribuciones que le están otorgadas por ley en los órganos o funcionarias o funcionarios inmediatamente inferiores bajo su dependencia, así como la firma de documentos en funcionarias o funcionarios adscritos a los mismos, de conformidad con las formalidades que determine la ley Orgánica de la Administración Pública. CONSIDERANDO Que existen necesidades de funcionamiento y operatividad de cada una de las gerencias de la Sede Central del Instituto Nacional de Tierras Urbanas, salvaguardando las funciones de control y supervisión que ejerce la Junta Directiva del Instituto Nacional de Tierras Urbanas. CONSIDERANDO Que para lograr la consecución del objeto como ente ejecutor de las políticas públicas, dirigidas a la satisfacción del derecho a la tierra urbana en los asentamientos urbanos o periurbanos. ACUERDA LA SIGUIENTE PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA ARTíCULO 1: Se designa a la ciudadana Jeaneth Xiomara Ortiz Rangel, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 9.231.809 como Gerente Estadal del estado Táchira. ARTíCULO 2: Se delega a la ciudadana Jeaneth Xiomara Ortiz Rangel, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 9.231.809 las firmas de los actos y documentos que se mencionan a continuación: 1. Generar y proporcionar a la Presidencia del Instituto Nacional de Tierras Urbanas, la información necesaria para la elaboración del Plan Nacional de Regularización de la Tierra. 2. Asesorar e impulsar la conformación de los comités de tierras urbanas estadales, para cumplir con el levantamiento catastral popular, entrega de las Cartas del Barrio, y Títulos de Adjudicación de Propiedad o permanencia en la tierra urbana o periurbana, previa autorización expresamente del Presidente o Presidenta del Instituto Nacional de Tierras Urbanas. 3. Sustanciar y decidir a nivel Estadal en coordinación con la Consultoría Jurídica, los procedimientos para la adjudicación en propiedad de la tierra en asentamientos urbanos populares en el ámbito geográfico de su jurisdicción. 4. Sustanciar y decidir conjuntamente con la Consultoría Jurídica, los procedimientos de prescripción adquisitiva especial por vía administrativa sobre tierras privadas en asentamientos urbanos populares en el ámbito geográfico de su jurisdicción. 5. Suscribir o revocar los Títulos de Adjudicación en las tierras públicas nacionales y suscribir o revocar Títulos de permanencia en los terrenos privados, previa autorización del presidente del Instituto Nacional de Tierras Urbanas. 6. Identificar, sistematizar y especializar las poligonales que describen los terrenos inventariados disponibles para los planes de construcción de viviendas en cada una de los Estados. 7. Realizar la inspección y evaluación técnica de los terrenos identificados en el inventario de tierras disponibles para planes de construcción de viviendas en cada Estado, que servirán de insumo al Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat. 8. Realizar los estudios topográficos de los terrenos identificados en el inventario de tierras disponibles para planes de construcción de viviendas estadales, según lineamientos técnicos de la Gerencia de Evaluación de Tierras Urbanas y el Instituto Geográfico Simón Bolívar. 9. Validar las poligonales de los Comités de Tierras Urbanas y realizar las correcciones necesarias para su certificación. 10. Emitir las constancias de inscripción de los Comités de Tierras Urbanas. 11. Incorporar en el Sistema de Información Geográfica la especialización, sobre una base cartográfica georeferenciada, las poligonales que definen el ámbito geográfico de los Comités de Tierras Urbanas. 12. Certificar la factibilidad técnica, económica y social de los proyectos presentados por los Comités de Tierras página original (tal como se publicó) [Página 20] Urbanas de cada Estado, Comunidad Organizada, Sector Privado y otros actores públicos y privados a fin de garantizar la viabilidad y sostenibilidad de los mismos. 13. Recibir y hacer seguimiento a las denuncias, quejas, .sugerencias, reclamos, solicitudes, así como, al cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Gerencia de Atención Comunitaria para los servicios de recepción y entrega de documentos necesarios para tramitar las solicitudes de regularización de la titularidad de la tierra urbana a nivel Estadal. 14. Implementar los indicadores de gestión conjuntamente con la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización, previamente definidos a fin de garantizar la medición continua de la gestión a nivel estadal, y emitir los informes pertinentes a la Presidencia del Instituto sobre las demandas existentes en esta materia. 15. Desarrollar y ejecutar conjuntamente con Gobernaciones, Alcaldías, Órgano de Adscripción, Dependencias Estadales adscritas a los Ministerios del Poder Popular en materia de Comunas, Protección Civil, Transporte Terrestre, Ambiente y las Comunidades Organizadas, los planes de disminución de riesgos comunales, según la identificación de las zonas de riesgos detectadas en cada Éstado. 16. Administrar y mantener actualizada la base de datos del Sistema de Información Geográfica, Cartográfica y Espacial del Instituto a nivel Estadal, según lineamientos de la Gerencia de Información Geográfica, Cartográfica y Espacial, a fin de mantener actualizado el registro nacional de los Comités de Tierras Urbanas, el proceso de regularización y el inventario de tierras, entre otros. 17. Establecer permanentemente vínculos y enlaces estratégicos con las Alcaldías, Dependencias Estadales adscritas a los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de Comunas, Transporte Terrestre, Ambiente, que contribuyan con la adjudicación de títulos de propiedad de tierra urbana o periurbana a las familias beneficiadas. 18. La correspondencia destinada a las demás Gerencias del Instituto sobre asuntos cuya tramitación deba iniciar, continuar y/o concluir conforme a sus respectivas competencias. 19. La correspondencia externa, postal, telegráfica, radiotelegráfica y telefacsimil, en contestación a solicitudes dirigidas a la Presidencia del Instituto por particulares y por comunidades organizadas, sobre asuntos cuya atención sea competencia de la Gerencia a su cargo. 20. Las demás que el Presidente o Presidenta considere asignarle y las que establezcan las leyes, reglamentos, decretos y resoluciones en materia de su competencia. ARTícULo 3: Los actos y documentos que la prenombrada funcionaria firme de conformidad con esta Providencia Administrativa, deberá indicar inmediatamente bajo la firma del funcionario delegado, nombre de quien los suscribe, la titularidad con que actúa, la fecha y el número de la Providencia y Gaceta Oficial en la que haya sido publicada, según lo establece el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. ARTícuLo 4: La prenombrada ciudadana, deberá presentar una relación pormenorizada de los actos y documentos que hubiere firmado en razón de la presente delegación. ARTÍCULO 5: La Consultoría Jurídica del Instituto Nacional de Tierras Urbanas, queda encargada de la realizar todos los trámites correspondientes para la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de la presente Providencia Administrativa. ARTícuLo 6: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir del 03 de Febrero de 2014.- Comuníquese y Publíquese, Por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU) dAICADO LIC. CHRISTOPHER MARTNEZ BERROTERAN RESIDENTE (E) DEL INSTITUTO NACIONALADE TIERBAS URBANAS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 203°, 155° y 15° Nº 041 Fecha: 24 de Marzo de 2014 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA El Director General del Instituto Autónomo Comisión Nacional de Telecomunicaciones República Bolivariana de Venezuela No. 40.346 de fecha 31 de enero de 2014; en ejercicio de la atribución conferida en el numeral 7 del articulo 44 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en concordancia con lo establecido en los artículos 5, numeral 5; 19, 20, numeral 8, 71 y 72 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, designa al ciudadano JOSÉ LEONARDO SUÁREZQUINTERO, titular de la cédula de Identidad N° V- 14.441.001, cOmo GERENTE GENERAL DE CONSULTORÍA JURÍDICA (E), de esta Comisión Nacional, a partir de la presente fecha. Comuníquese y publíquese. CONATEL DIRECCION GENERAL William Castillo Bollé Director General de la Comisión Nacional de Telecombsiones (CONATEL) Bolivariana de Venezuela N° 40.346 de fecha 31 de enero de 2014 "Chávez vive... la Patria sigue" MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA No. 010/2014 CARACAS, 14 DE MARZO DE 2014 AÑOS 203° DE LA INDEPENDENCIA, 155° DE LA FEDERACIÓN Y 15 DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA El Presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 10 ordinales 1 y 2, articulo 13, artículo 6 cardinal 5 y artículo 31 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, en consonancia con lo preceptuado en el cardinal 2 del articulo 11 del Reglamento Parcial No. 1 de dicha Ley, CONSIDERANDO Que los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y que enriquecimiento, conservación, salvaguarda y restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de la Nación, CONSIDERANDO Que el articulo 2 de la Ley de Defensa y Protección del Patrimonio Cultural de nuestra República indica: "La defensa del Patrimonio Cultural de la República es obligación prioritaria del Estado y de la ciudadania y declara de utilidad pública e interés social la preservación, página original (tal como se publicó) [Página 21] defensa y salvaguarda de todas las obras, conjuntos y lugares creados por el hombre o de origen natural, que se encuentren en el territorio de la República, y que por su contenido cultural constituyan elementos fundamentales de nuestra identidad nacional", CONSIDERANDO Que el pueblo soberano ha establecido en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela "el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, CONSIDERANDO Que el JOROPO TRADICIONAL VENEZOLANO EN SU DIVERSIDAD es Una construcción colectiva, que ha permanecido en el imaginario de nuestro Pueblo, en la que se han fusionado elementos culturales de nuestros antepasados indigenas, africanos y europeos; con sus distintas expresiones musicales, dancisticas, poéticas, asi como los valores asociados a la faena del campo y el uso de la oralidad, ha desistido como-expresión genuina de la venezolanidad con sus variantes geoculturales en las zonas; oriental, centro nortecostera, llanera, occidental y andina constituyéndose como un soporte de la soberanía cultural de nuestra Patria". CONSIDERANDO Que el JOROPO TRADICIONAL VENEZOLANO EN SU DIVERSIDAD entraÑa en sus tipologías regionales, una amplia variedad de especies musicales y danzarias y distinciones formales, recursos expresivos, e instrumentos musicales que validan la diversidad bajo una denominación y esencia común, CONSIDERANDO Que el JOROPO TRADICIONAL VENEZOLANO EN SU DIVERSIDAD es Una genuina sociohistoricos de las distintas regiones del pais, permitiendo identificar hasta el momento cuatro grandes categorías del genero, a saber: Joropo oriental, Joropo Central, Joropo Llanero y Joropo Andino, además de distintas variantes geoculturales CONSIDERANDO Que el JOROPO TRADICIONAL VENEZOLANO EN SU DIVERSIDAD reconocido como elemento identitario e integrador de nuestras festividades y manifestaciones colectivas en todo el territorio nacional es un proceso colectivo de organización social y de articulación del poder popular e instrumento de insurgencia popular y resistencia cultural, CONSIDERANDO Que el JOROPO TRADICIONAL VENEZOLANO EN SU DIVERSIDAD socio-cultural, tiene su fundamento en la intensa relación humana de nuestros pueblos con su territorio, su biodiversidad, su memoria histórica y sus procesos productivos, razón por la cual es una de nuestras tradiciones de mayor extensión geográfica en el país, presente en las regiones geohistóricas del Oriente, Centro Norte-Costera, Los Lianos, Occidente y los Andes. CONSIDERANDO Que el Estado en su afán de defender y proteger el patrimonio cultural como objetivosnacionales y estratégicos asi resuelto en el Plan de la Patria, ha desplegado esfuerzos sensibles y bien dirigidos de gestiones politicas y culturales que han permitido reconocer el JOROPO TRADICIONAL VENEZOLANO EN SÚ DIVERSIDAD como integrante de nuestro patrimonio cultural "traspasando la barrera del no retorno" y sentando bases firmes de irreversibilidad de la soberania nacional y de la identidad de nuestros pueblos. RESUELVE ArtiCulO 1. Se DECLARA BIEN DE INTERÉS CULTURAL AL JOROPO TRADICIONAL VENEZOLANO EN SU DIVERSIDAD reconocido como elemento identitario e integrador de nuestras festividades y manifestaciones colectivas en todo el territorio Nacional como Articulo 2. El Instituto del Patrimonio Cultural formulará el Plan de Gestión del Bien de Interés Cultural declarado en este acto, en un plazo máximo de noventa días (90) , contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, garantizando la participación de los cultores y cultoras, maestros y maestras de tradición y de organismos públicos y privados con competencia en el área, con la comunidad organizada y con las autoridades vinculadas a la ejecución del JOROPO TRADICIONAL VENEZOLANO EN SU DIVERSIDAD, quienes de forma integrada deben actuar en torno a la protección, transmisión, y en lo relativo a su difusión haciendo especial énfasis en su incorporación en todos los procesos de formación, sean estos formales o no. Artículo 3. Fomentar la difusión, investigación, educación, protección, salvaguarda de la manifestación cultural del JOROPO TRADICIONAL VENEZOLANO EN SU DIVERSIDAD competencia en el área, quienes garanticen la transmisión y sustentabilidad de la manifestación cultural, manteniendo asi sus valores de hermandad, solidaridad, humanidad, integralidad, complementariedad y compañerismo en el espacio y tiempo. Articulo 4. Quedan obligados a una participación activa en pro de la defensa y conservación del JOROPO TRADICIONAL VENEZOLAÑO EN SU DIVERSIDAD todos Ios ciudadanos y ciudadanas, asi como las autoridades publicas y privadas. Artículo 5. Se acuerda notificar del presente acto a los ministros del Poder Popular con competencia en Cultura; Educación; Educación Universitaria; Información y Comunicación; Relaciones Exteriores; Agricultura y Tierras; Comercio; Ambiente y Turismo; asi como a todas las Gobernaciones y Alcaldias del la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 6. Se ordena la inscripción del mencionado Bien de Interés Cultural en el Registro General del Patrimonio Cultural. Artículo 7. Se ordena la publicación de la presente Providencia Administrativa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. ComuniquesePubliques INSTITUT C m Cuitural OMAR VIELMA OSUNARRESIDENCI PRESIDENTE (E) INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA la República Bolivariana de Venezuela N° 40.229 de 15/08/2013 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA No. 007/14 CARACAS, 14 DE MARZO 2014 AÑOS 203* DE LA INDEPENDENCIA, 155° DE LA FEDERACIÓN Y 15 DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA El Presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 10 ordinales 1 y 2, artículo 13, artículo 6 cardinal 5 y artículo 31 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, en consonancia con lo preceptuado en el cardinal 2 del articulo 11 del Reglamento Parcial No. 1 de dicha Ley, CONSIDERANDO ) enriquecimiento, conservación, salvaguarda y restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de la Nación, CONSIDERANDO de nuestra República se establece: "La defensa del Patrimonio Cultural de la República es social la preservación, defensa y salvaguarda de todas las obras, conjuntos y lugares creados por el hombre o de origen natural, que se encuentren en el territorio de la República, y que por su contenido cultural constituyan elementos fundamentales de nuestra identidad nacional", CONSIDERANDO Que el pueblo soberano ha establecido en el preámbulo de nuestra Constitución de la una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna", CONSIDERANDO Que Hugo Rafael Chávez Frías, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela desde el 02 de febrero de 1999 hasta el 05 marzo de 2013, ha sido un ciudadano excepcional en la justa conducción de su pais, basado en los principios universales del humanismo, la inclusión social, el respeto por las diferencias políticas, sociales y culturales, la dignificación del trabajo, la justicia social, la solidaridad y la soberanía nacional, CONSIDERANDO Que Hugo Rafael Chávez Frias ha sido un presidente y lider mundial, de amplio respeto y admiración por los pueblos del mundo, debido fundamentalmente a su apego a los ideales bolivarianos y su preocupación por la construcción de un mundo multipolar, de paz y República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolivar, el Libertador". CONSIDERANDO Que bajo el mandato constitucional de Hugo Rafael Chávez Frías, asi como su legado teórico, metodológico y praxis social que hoy direcciona el pais, se han logrado los más destacados avances en nuestra historia republicana, en la alfabetización, la educación, el conocimiento y la valoración social de nuestra historia y culturas. CONSIDERANDO Que las caracteristicas sociales y culturales de Hugo Rafael Chávez Frías como venezolano, llanero, barinas y sabanetense, asi como su condición humana, se comenzó a forjar desde su infancia en la casa N 85 de la Avda. Antonio María Bayón, en la población de Sabaneta, estado Barinas, bajo la influencia de sus padres, abuelos y demás familiares, asi como del contexto histórico, politico y social de la Venezuela de la segunda mitad del siglo XX. CONSIDERANDO Que con Hugo Rafael Chávez Frías el puebio venezolano se re-encontró con su memoria histórica y sus culturas, acción lograda a través de sus discursos, acciones, planes y programas sociales, y de manera especial dio a conocer la vida cotidiana, el mundo simbólico y productivo de los llanos venezolanos, de lo cual es un ejemplo importante su pueblo natal de Sabaneta, estado Barinas. CONSIDERANDO Que la importancia de un bien de interés cultural no reside únicamente en las características fisicas de un inmueble, sino en la simbología que dicha edificación hoy representa para los venezolanos, venezolanas y pueblos del mundo, como lugar de infancia y crecimiento de Hugo Rafael Chávez Frías, asi como de las construcciones mentales colectivas y creaciones culturales que de ella se derivan. CONSIDERANDO Que el inmueble identificado con el N 85, ubicado en la Avda. Antonio María Bayón, entre las calles 10 y 11 de la población de Sabaneta, estado Barinas, es una edificación de construcción básica de bloques y cemento, caracteristica de nuestros sectores populares rurales y urbanos contemporáneos, lo cual le da la justa dimensión y contexto histórico, a nuestras clases humildes, trabajadoras e insurgentes. RESUELVE Artículo 1. Se DECLARA "BIEN DE INTERÉS CULTURAL" la casa de infancia del presidente eterno Hugo Rafael Chávez Frías, identificada con el número 85, ubicada en la Avda. Antonio Maria Bayón, entre las calles 10 y 11 de la población de Sabaneta, Parroquia Sabaneta, Municipio Alberto Arvelo Torrealba, estado Barinas, Artículo 2. Los programas de planificación y desarrollo que se proyecten en el bien objeto de esta declaratoria, deberá hacerse del conocimiento del Instituto del Patrimonio Cultural. Por página original (tal como se publicó) [Página 22] lo que cualquier uso o acto que desnaturalice el alcance y objeto de la presente Providencia será nula de nulidad absoluta. Artículo 3. Toda ejecución de nuevas construcciones, trabajos de reconstrucciones, de tal manera que toda persona interesada en intervenir bienes inmuebles con valor patrimonial inscritos en el Registro General del Patrimonio Cultural, deberá hacer cual se solicite las directrices o lineamientos de intervención que se pretendan ejecutar sobre dichos inmuebles, de conformidad con la Providencia Administrativa n° 017/10 el cual dicta el Instructivo que Regula el Procedimiento de Consulta Obligatoria para la Presentación y Revisión de Proyectos de Intervención en los Bienes Inmuebles con Valor Patrimonial Inscritos en el Registro General del Patrimonio Cultural publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 39.511 de 16 de septiembre de 2010. Articulo 4. Se acuerda notificar del presente acto a los ministros del Poder Popular con competencia en Defensa; Relaciones Exteriores; Relaciones Interior y Justicia; Vivienda y Hábitat; Transporte y Comunicaciones, Ambiente y Cultura; al Gobernador del estado Barinas, al Alcalde del municipio Alberto Reveló Torrealba y a los Consejos Comunales que hacen vida en la localidad. Articulo 5. Se ordena la inscripción del mencionado Bien de Interés Cultural en el Registro General del Patrimonio Cultural. Asimismo, se ordena la inscripción de esta circunstancia en los libros de registro que lleva la Oficina de Registro Inmobiliario correspondiente a la mencionada jurisdicción. Articulo 6. Se ordena la publicación de la presente Providencia Administrativa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuniquese y Publiquese. Beplblica Seimariane de Vosecuria INST ITUTO del Patrimonio Cuitural OMARVIELMA OSUNA PRESIDENCIA PRES(DENTE (E) INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Resolución MppC N° 039 de 12/08/2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.229 de 15/08/2013 OVO/RCR/rcr MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL DEPORTE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL DEPORTE INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS JUNTA LIQUIDADORA Caracas, 25_ de febrero de 2014 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° JL-PDCIA-003-1 -14 203°, 155° Y 15º Quienes suscriben, miembros de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos, designados mediante Decreto N° 800 de fecha 21 de febrero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.361 de fecha 21 de febrero de 2014, en ejercicio de sus atribuciones legales, de conformidad con lo previsto en los artículos 4 y 5 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley que Suprime y Liquida el instituto Nacional de Hipódromos y Regula las Actividades Hípicas, y de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, en concordancia con los artículos 34 y 170 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y artículo 42 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Publicas, acuerdan dictar el siguiente Acto Administrativo: PRIMERO: Se delega al ciudadano ROBERTO IDROBO, titular de la cédula de identidad N° V-12.906.488, en su carácter de Director General (E) de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos, designado mediante Providencia Administrativa N° 001-13 de fecha 01 de octubre de 2013, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.269 de fecha 10 de octubre de 2013, las siguientes atribuciones: 1. Certificar las copias de los documentos que reposan en los archivos de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos. 2. Celebrar, aprobar, suscribir, extinguir contratos de arrendamientos sobre los inmuebles, locales comerciales u otros espacios ubicados en los terrenos e instalaciones propiedad del Instituto Nacional de Hipódromos, así como modificar o extinguir los contratos de arrendamientos celebrados con anterioridad, a la emisión del presente acto administrativo. Teniendo la facultad de establecer los términos de la contratación en procura de la protección de los derechos e intereses del Instituto Nacional de Hipódromos y atendiendo a la temporalidad de las competencias de la Junta Liquidadora. 3. Celebrar contratos de comodato y arrendamientos sobre bienes muebles que sean utilizados por la Junta Liquidadora, previo cumplimiento de las formalidades de Lessouvar 4. Celebrar, suscribir y extinguir contratos con los centros de apuestas, autorizados realización de juegos y apuestas, así como modificar o extinguir los contratos celebrados con anterioridad con el mismo objeto, atendiendo a la temporalidad de las competencias de la Junta Liquidadora, siempre que ello no obstaculice el proceso de liquidación. o jurídicas de derecho privado. procedimientos para la enajenación o transferencia de los bienes y activos del Instituto Nacional de Hipódromos, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable, y en atención a las competencias e instrucciones de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos. 7. Emitir y firmar actos administrativos en materia de personal, incluyendo lo relacionado con el otorgamiento de las jubilaciones, ingresos, nombramientos, egresos, remociones y retiros, actos de despido o rescisión de contratos laborales o servicios profesionales, celebración y firma de contrato laboral y contratos de servicios profesionales. 8. La firma de actos administrativos y documentos relacionados con el inicio, tramitación suscripción, sustanciación y hasta la. finalización de los procesos de contrataciones publicas, la declaratoria de desierta, si fuere- el caso, con vista a las actuaciones, obligaciones e informes emanados de la Comisión de Contrataciones Públicas de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos, de conformidad con la normativa aplicable. SEGunDo: El delegado deberá presentar a la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos, una relación detallada de los actos y documentos que hubiera firmado. Dado en Caracas, a los _2,5_ días del mes de febrero de dos mil catorce (2014). Año 203° de la Independencia, 155° de la federación y 15° de la Revolución Bolivariana. beuyliut. ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ OISEROSSRLS LUIS BRICEÑO VILORIA 3 PRESIDENCIA JOSÉ FRANCISCO BOSQUE PARADA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° MPPJ-00010/2014 AÑOS 203° Y 155° Caracas, 18 de marzo de 2014 El Ministro del Poder Popular para la Juventud, ciudadano VÍCTOR CLARK BOSCÁN, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.980.609, designado mediante Decreto N° 729 de fecha 09 de enero del 2014 emanado de la Presidencia de la República, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.330 de fecha 09 de enero de 2014, en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 62 y 77 numerales 1, 2, 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; 5 numeral 2, 19 último aparte y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concordancia con el artículo 11 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Juventud, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.817 de fecha 09 de diciembre de 2011. RESUELVE Artículo 1. Se designa a la ciudadana VANESSA CELLA VELÁSQUEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V- 15.183.470, en el cargo de Directora General de la Oficina de Gestión Administrativa, en calidad de encargada, del Ministerio del Poder para la Juventud en consecuencia le corresponden las atribuciones contenidas en el artículo 13 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Juventud, asimismo se le designa como Cuentadante y Responsable de la Unidad Ejecutora Local N° 00104, para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2014 del Ministerio del Poder Popular de la Juventud. En virtud de la presente Resolución, se le delegan las atribuciones, asi como las firmas de los actos y documentos que a continuación se especifican: 1.- Los trámites relacionados con las modificaciones y reprogramaciones presupuestarias propuestas por las diferentes dependencias y entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Juventud. página original (tal como se publicó) [Página 23] 2.- Las circulares comunicaciones y avisos oficiales internos emanado de la Oficina de Gestión Administrativa. 3.- Oficios y comunicaciones a entidades bancarias. 4.- Los oficios y comunicaciones dirigidas a dependencias administrativas del sector público en materia de su competencia. 5.- La certificación de las copias de los documentos, oficios, memorandos y circulares, relacionados con la Oficina de Gestión Administrativa. financiamiento, establecidas en el artículo 86 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario. 7.- Los trámites correspondientes al proceso de solicitud de compromisos y desembolsos del Ministerio y sus entes adscritos, acorde con los lineamientos de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y la Oficina Nacional del Tesoro (ONT). 8.- La remisión de la Ejecución Físico Financiera trimestral del Ministerio y sus entes adscritos. 9.- La remisión de cierre de Ejerciclo Fiscal del Ministerio y sus entes adscritos. 10.- La remisión del Anteproyecto del Plan Operativo Nacional (POAN). Plan Operativo Anual de los Órganos y Entes del Poder Público (POAEPP). Anteproyecto de Presupuesto Anual y Proyectos de Ley de Presupuesto Anual. 11.- Suscribir la correspondencia dirigida a funcionarios subalternos, judiciales o de la Administración Pública Nacional, Estatal o Municipal, así como la correspondencia para los particulares relacionados con asuntos inherentes a la Dirección General a su cargo. 12.- Ordenar los compromisos y pagos con cargo al presupuesto de gastos del Ministerio del Poder Popular para la Juventud, sin menoscabo sobre lo dispuesto en la materia previsto en las leyes y los reglamentos correspondientes. 13.- Adjudicar y suscribir los procesos de contrataciones y actos motivados para la adquisición de bienes y servicios por montos que no superen las Veinte Mil superen las Cincuenta Mil Unidades Tributarias (50.000 U.T.). y contratos de arrendamiento de equipos, y contratos de mantenimiento de bienes y equipos del Ministerio del Poder Popular para la Juventud, cuyo monto sea inferior a Cinco Mil Unidades Tributarias (5.000 U.T.). 14.- Movilizar las cuentas corrientes y firmar cheques, fondos de avances, fondos de anticipo y otros titulos de crédito. 15.- Suscribir previo cumplimiento de las formalidades de ley contratos y convenios. 16.- Transferir fondos en avance o en anticipo para atender los gastos que deban pagarse a las unidades administradoras desconcentradas. El Ministro del Poder Popular para la Juventud podrá discrecionalmente firmar los actos y documentos referidos en la presente Resolución. Artículo 2. Se deja sin efecto la Resolución N° MPPJ-0036-2013 de fecha 08 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.162 de fecha 08 de mayo de 2013. Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuniaus ypubliquese, Kuu 3 VICELARK BOSCAN Ministro del Poderpular para la Juventud Daeeto N° 7a de fechaga/p1/2014 Gaceta Oficiardo be Rupúb ca Bolivariana de Venezuela N° 40.330 de fecha 09/012014. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD 5 a DESPACHO DEL MINISTRO uventue RESOLUCIÓN N° MPPJ-0008/2014 AÑOS 203° y 155° Caracas, 26 de marzo de 2014 El Ministro del Poder Popular para la Juventud, ciudadano VÍCTOR JOSÉ CLARK BOSCÁN, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.980.609, designado mediante Decreto N° 729 de fecha 09 de enero del 2014 emanado de la Presidencia de la República, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.330 de fecha 09 de enero de 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, RESUELVE Artículo 1. Dejar sin efecto la Resolución N° MPPJ-0057/2013 de fecha 25 de noviembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.305 de fecha 29 de noviembre de 2013, mediante la cual se delegó al ciudadano Hanthony Rafael Coello Bello, titular de la Cédula de Identidad N° 17.417.622, la designación, remoción y aceptación de renuncia de los Coordinadores Municipales y Coordinadores Parroquiales, adscritos a las Direcciones Estadales de Participación y Protagonismo Juvenil del Ministerio del Poder Popular para la Juventud. Articulo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuniquesp y Rubliquese, WCTORSOSECLARK BOSCÁN Ministradel Podeapular para la Juventud ceto N9 de fechanpap1/2014 Gaceta Oficatli Repubia Bolvaa de Venezuela PLOL0/80 0 E O0N REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° MPPJ-0009/2014 AÑOS 203° Y 155° Caracas, 21 de marzo de 2014 De conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, CONSIDERANDO Que en la Resolución N° MPPJ-0006/2014 de fecha 25 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.127 de fecha 26 de febrero de 2014, se incurrió en un error BLANCO BUSTAMANTE..." siendo lo correcto: Artículo 1: "Se designa a la ciudadana MARITZA BLANCOS BUSTAMANTE ... " CONSIDERANDO La potestad de autotutela de la Administración Pública es la facultad que tiene ésta para revisar los actos en su propia esfera y, corregir los errores materiales o' de cálculo en que hubiere incurrido. RESUELVE Artículo 1. Corregir la Resolución N° MPPJ-0006/2014 fecha 25 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.127 de fecha 26 de febrero de 2014, por cuanto se incurrió en un error material al indicar en su Articulo 1: "Se designa a la ciudadana MARITZA BLANCO BUSTAMANTE..." siendo Io correcto: Artículo 1: "Se designa a la ciudadana MARITZA BLANCOS BUSTAMANTE ..." Artículo 2. Procédase a una nueva publicación de la Resolución con la corrección incorporada, conservando el número y fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Publicaciones Oficiales. emuníquese y pubiquese, 3 VICTOR LARK BOSCÁN Ministro del PaderPoputar parala Juventud DecretoN° 729 de echa 0e/01/2014 Gaceta Oficial de la República Bolivariaca de Venezuela N° 40. 330 de fecha(c9/01/20 página original (tal como se publicó) [Página 24] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° MPPJ-0006/2014 AÑOS 203° Y 155° Caracas, 25 de febrero de 2014 El Ministro del Poder Popular para la Juventud, ciudadano VÍCTOR CLARK BOSCÁN, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.980.609, designado mediante Decreto N° 729 de fecha 09 de enero del 2014 emanado de la Presidencia de la República, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.330 de fecha 09 de enero de 2014, en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 62 y 77 numerales 1, 2, 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; 5 numeral 2, 19 último aparte y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concordancia con el artículo 15 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Juventud, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.817 de fecha 09 de diciembre de 2011. RESUELVE Artículo 1. Se designa al ciudadana MARITZA BLANCOS BUSTAMANTE, titular de la Cédula de Identidad N° V- 6.173.242, en el cargo de Directora General de la Oficina de Recursos Humanos, en consecuencia le corresponden las atribuciones contenidas en Juventud. Artículo 2. En virtud de la presente designación, se le delegan las atribuciones y firma de los actos y documentos que a continuación se indican: 1. Firmar los actos y documentos de trámites ordinarios relacionados con los asuntos propios de su Oficina. 2. Certificar con su firma las copias de la documentación, expedientes y demás actos administrativos, cuyos originales reposen en los archivos de la Oficina de Recursos Humanos. 3. Suscribir la correspondencia destinada a las demás Oficinas y Unidades Administrativas del Ministerio, sobre asuntos cuyo trámite deba iniciar, continuar o concluir conforme a sus respectivas competencias. 4. Suscribir las correspondencias externas, postal, telegráficas, radiotelegráficas y telefacsímil en respuesta a las solicitudes de particulares dirigidas a su Oficina. de Recursos Humanos del Ministerio y administrar el sistema de evaluación y desempeño. 6. Promover el mejoramiento. bienestar y desarrollo del personal que presta sus para conocer las necesidades de entrenamiento y ambiente de trabajo, proponiendo las estrategias con el objetivo de satisfacer estas necesidades. 7. Suscribir y rescindir los contratos de trabajo y por honorarios profesionales y técnicos, previa autorización del Ministro del Poder Popular para la Juventud y opinión de la Oficina de Consultoría Jurídica, de conformidad con los trámites administrativos internos y normativa aplicab!e. 8. Elaborar los actos administrativos de ingreso, remoción y retiro de los funcionarios personal obrero que labora en el Ministerio del Poder Popular para la Juventud. contratado del Ministerio del Poder Popular para la Juventud, concerniente a la aceptación de renuncias, reducciones de personal, jubilación y pensión, destituciones, remociones, retiros, comisiones de servicios, traslados, transferencias, ascensos, permisos y suspensiones del ejercicio del cargo con o sin goce de sueldo. 10. Suscribir todos los actos y documentos relacionados con el Fondo Fiduciario por concepto de prestaciones de antigüedad acreditado o depositado a los funcionarios públicos, funcionarias públicas, asi como el personal obrero y contratado en el Ministerio del Poder Popular para la Juventud. Artículo 3. Los actos y documentos firmados de conformidad con lo establecido en la presente Resolución, deberán indicar inmediatamente, bajo la fima de la funcionaria delegada, nombre de quien suscribe, la titularidad con que actúa, la fecha y número de la presente Resolución y la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en la cual haya sido publicada. Artículo 4. Se deja sin efecto la Resolución N° MPPJ-0037 de fecha 8 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.162 de fecha 8 de mayo de 2013 Artículo 5. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuntazess y publiquese. VICTOR CLARK BOSCÁN Ministro dPoderpular para la Juventud Decteg N° 7a e fecha ug/01/2014 Gaceta Oficial depubca Bolivariana de Venezuela N° 40.330 de fecha 09/01/2014. - REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD INSTITUTO NACIONAL DEL PODER POPULAR DE LA JUVENTUD PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° INPPJ/0006/2014 AÑOS 203° Y 155° Caracas, 18 de marzo de 2014 El ciudadano VÍCTOR CLARK BOSCÁN, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.980.609, Presidente de la Junta Directiva del Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud y a su vez Presidente en calidad de encargado del dicho ente, designado mediante Resolución N° MPPJ-0002/2014 de fecha 16 de enero del 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.336 de fecha 17 de enero de 2014, en ejercicio numeral 8 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Se designa a la ciudadana VANESSA CELLA VELÁsQUEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V- 15.183.470, en el cargo de Gerente de Administraclón y Finanzas, en calidad de encargada del Iinstituto Nacional del Poder Popular ge la Juventud. Artículo 2. En virtud de la presente designación, se delegan las atribuciones y firma de los actos y documentos que a continuación se indican: propuestas por las diferentes dependencias del Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud. 2. La autorización para las modificaciones presupuestarias por fuentes de financiamiento, estabiecidas en el articulo 86 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario. 3. La remisión del Anteproyecto del Plan Operativo Nacional (POAN). Plan Operativo Anual de los Órganos y Entes del Poder Público (POAEPP), Anteproyecto de Presupuesto Anual y Proyectos de Ley de Presupuesto Anual. 4. La firma de actos y documentos relacionados con asuntos propios de su Gerencia. Nacional del Poder Popular de la Juventud, sin menoscabo de lo que sobre la materia página original (tal como se publicó) [Página 25] 7. Adjudicar y suscribir los procesos de contrataciones y actos motivados para la adquisición de bienes y servicios por montos que no superen las Veinte Mil Unidades Cincuenta Mil Unidades Tributarias (50.000 U.T.). y contratos de arrendamiento de equipos. y contratos de mantenimiento de bienes y equipos del Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud cuyo monto sea inferior a Cinco Mil Unidades Tributarias (5.000 U.T.). 8. Suscribir oficios y comunicaciones a entidades bancarias. 9. Movilizar las cuentas corrientes y fimar cheques, fondos de avances, fondos de anticipo y otros títulos de crédito. supervisar su ejecución. 11. Certificar los documentos relacionados con los asuntos inherentes a la Gerencia a su cargo. 12. Dirigir y coordinar todas las actividades relacionadas con los bienes nacionales. 13. Rendir cuentas sobre las materias de su competencia a las unidades de control intemo y los órganos externos competentes. las unidades administradoras desconcentradas. El Presidente encargado del Instituto Nacional del Poder Popular para la Juventud podrá discrecionalmente firmar los actos y documentos referidos en la presente Providencia Administrativa. presente Providencia Administrativa, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma de la funcionaria delegada, nombre de quien suscribe, la titularidad con que actúa, la fecha y número de la presente Providencia Administrativa y Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en la cual haya sido publicada. Artículo 4. La funcionaria a la cual se confiere la presente delegación deberá rendir cuenta presente Providencia Administrativa. Artículo 5. Se deja sin efecto la Providencia Administrativa N° PRE/0032/2013 de fecha 13 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.166 de fecha 14 de mayo de 2013. publicación en la Gaceta Oficial de la Regúbica Bolivariana de Venezuela. emuiguesp y publiquese, m NJE (3 Presidence VIGTORELARK BOSCAN Presidente (E) del Instituto Naciopal del Poder Popular de la Juventud Resolucion N° MPP Jad 2/201a de fecha 18/01/2014 N° 40.336 de fecha 17/01/20r4 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD INSTITUTO NACIONAL DEL PODER POPULAR DE LA JUVENTUD PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° INPPJ/0005/2014 AÑOS 203° Y 155° Caracas, 21 de marzo de 2014 De conformidad con lo previsto en el articulo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, CONSIDERANDO Que en la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° INPPJ/0003/2014 de fecha 25 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.127 de fecha 26 de febrero de 2014, se incurrió en un error material al indicar en su Artículo 1: "Se designa a la ciudadana MARITzA BLANCO BUSTAMANTE..." siendo lo correcto: Articulo 1: "Se designa a la ciudadana MARITZA BLANCOS BUSTAMANTE ... " CONSIDERANDO revisar los actos en su propia esfera y, corregir los errores materiales o de cálculo en que hubiere incurrido. RESUELVE Artículo 1. Corregir la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° INPPJ/0003/2014 de fecha 25 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.127 de fecha 26 de febrero de 2014, por cuanto se incurrió en un error material al indicar en su Articulo 1: "Se designa a la ciudadana MARITZA BLANCO BUSTAMANTE..." siendo Io correcto: Articulo 1: "Se designa a la ciudadana MARITZA BLANCOS BUSTAMANTE ... Artículo 2. Procédase a una nueva publicación de la Providencia Administrativa con la corrección incorporada, conservando el número y fecha, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 5 de la Ley de Publicaciones Oficiales. Comuniquese y pubiquese, NJE M 3 Prescdende VETORbRARBOSCÁN Presidente (E) del Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud Gaceta Oficial de la Repúbica Boivariana de Venezueia N° 40.336 de fecha 17/0v2014 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD INSTITUTO NACIONAL DEL PODER POPULAR DE LA JUVENTUD PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° INPPJ/0003/2014 AÑOS 203° Y 155° Caracas, 25 de febrero de 2014 El ciudadano VÍCTOR CLARK BOSCÁN, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.980.609, Presidente de la Junta Directiva del Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud y a su vez Presidente en calidad de encargado del dicho ente, designado mediante Resolución N° MPPJ-0002/2014 de fecha 16 de enero del 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.336 de fecha 17 de enero de 2014, en ejercicio de las atribuciones previstas en el articulo 56 numeral 16 de la Ley para el Poder Popular de la Juventud; en concordancia con lo establecido en los articulos 5, 19 último aparte y 20 numeral 8 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1, Se designa a la ciudadana MARITZA BLANCOS BUSTAMANTE, titular de la Cédula de Identidad N° V- 6.173.242, en el cargo de Gerente de Recursos Humanos, en calidad de encargada, del Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud. Artículo 2. En virtud de la presente designación, se delegan las atribuciones y firma de los actos y documentos que a continuación se indican: 1. Firmar los actos y documentos de trámites ordinarios relacionados con los asuntos propios de la Gerencia a su cargo. 2. Certificar copias de documentos cuyos originales reposan en el archivo de la Gerencia a su cargo. telefacsímil, en respuesta a solicitudes de particulares dirigidas a la Gerencia a su cargo. 4. Elaborar Actos Administrativos de ingreso. remoción y retiro de los funcionarios y funcionarias públicos, así como los despidos a que hubiera lugar del personal obrero que labora en el Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud. 5. Suscribir notificaciones a los funcionarios y funcionarias públicos, personal obrero y contratado del Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud concerniente a la aceptación de renuncias, reducciones de personal, jubilación y pensión, destituciones, página original (tal como se publicó) [Página 26] permisos y suspensiones del ejercicio del cargo con o sin goce de sueldo. concepto de prestaciones de antiguedad acreditado o depositado a los funcionarios, funcionarias, asi como el personal obrero y contratado en el Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud. Artículo 3. Los actos y documentos firmados de conformidad con lo establecido en la presente Providencia Administrativa, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma de la funcionaria delegada, nombre de quien suscribe, la titularidad con que actúa, la fecha y número de la presente Providencia Administrativa y la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en la cual haya sido publicada. cuenta al ciudadano Presidente (E). de los actos y documentos firmados en virtud de la presente Providencia Administrativa. Artículo 5. Se deja sin efecto la Providencia Administrativa N° PRE/0029/2013 de fecha 10 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.165 de fecha 13 de mayo de 2013. Artículo 6. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuniquese/y Rupliquęse, Presidente (E) del Instituto Nacienar del Poder Popular de la Juventud Resolución N° MPPJ-02 2014 de fecha 16/01/2014 Gaceta Oficial de la Repúbica Bolncariana de Venezueia N° 40.336 de fegha 17/01/2014. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SENTENCIA N° 00361 FECHA 19.03.14 LA REPÚBLICA BOLIVARTANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE, EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA POLITICO - ADMINISTRATIVA MAGISTRADA PONENTE: MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA Exp. N° 2013-0218 Mediante Oficio N° 31/13 de fecha 29 de enero de 2013, el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas remitió a esta Sala Político-Administrativa copias certificadas del expediente judicial N° AP41-U-2012-000248 (nomenclatura de ese Tribunal) contentivo del recurso de apelación interpuesto el 26 de julio de 2012 por la abogada Mariana Molina, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 173.849, actuando en su condición de sustituta de la Procuradora General de la República en representación del FISCO NACIONAL, según se desprende de Oficio-Poder que riela al folio 192 del expediente judicial. El aludido recurso fue incoado contra la sentencia interlocutoria N° 143/2012 de fecha 20 de julio de 2012, dictada por el Tribunal remitente, en la cual se declaró sin lugar la solicitud de reposición de la causa formulada por la abogada Geymar Farray, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 180.338, actuando con su carácter de sustituta de la Procuradora General de !a República por órgano del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), con ocasión del recurso contencioso tributario interpuesto por la representación judicial de la sociedad de comercio MERCK S.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda (hoy Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda), el 14 de junio de 1954 bajo el N° 332, Tomo 2-A, Resoluciones de Sumario Administrativo Nos. contra las SNAT/INTI/GRTICERC/DSA-R-2012-062 y SNAT/INTI/GRTICERC/DSA- R-2012-066, ambas de fecha 30 de marzo de 2012, emanadas conjuntamente de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y la División de Sumario Administrativo adscrita a la aludida Gerencia que determinaron a la contribuyente por concepto de Impuesto sobre la Renta, multa e intereses la cantidad a pagar de Dos Millones Trescientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Noventa y Dos Bolívares (Bs. 2.388.392,00) la primera, y la segunda por el monto de Catorce Millones Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Sesenta y Siete Bolívares (Bs. 14.659.067,00) por el mismo concepto, para los ejercicios fiscales coincidentes con los años civiles 2006 y 2007. El 6 de febrero de 2013, se dio cuenta en Sala y se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se designó ponente a la Magistrada Mónica Misticchio Tortorella y se fijó un lapso de diez (10) días de despacho para fundamentar la apelación interpuesta. En fecha 5 de marzo de 2013, las abogadas Erika García y Cheyla Fagúndez, inscritas en el INPREABOGADO bajo los Nos. 144.480 y 145.921, respectivamente, actuando con el carácter de sustitutas de la ciudadana Procuradora General de la República, en representación del Fisco Nacional, tal como se desprende del oficio poder que cursa al folio 240, consignaron ante esta Alzada el escrito de fundamentación de su apelación. El 20 de marzo de 2013, la abogada María Lodis de Morales, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 36.795, en representación de la sociedad mercantil Merck S.A., según se desprende del poder cursante a los folios 258 al 262 del expediente judicial, parte recurrente en el recurso contencioso tributario, contestó la apelación formulada. Por auto del 2 de abril de 2013, se dejó constancia, que vencido como se encontraba el lapso de contestación a la apelación de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la causa entró en estado de dictar sentencia. En reunión de Sala Plena del 8 de mayo de 2013, se eligió la actual Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada esta Sala Político-Administrativa de la manera siguiente: Presidente, Magistrado Emiro García Rosas; Vicepresidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; las Magistradas Trina Omaira Zurita y Mónica Misticchio Tortorella y el Magistrado Emilio Ramos González. Se ordenó la continuación de la causa. En fecha 14 de enero de 2014, reunidos los Magistrados y Magistradas de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, se deja constancia de la incorporación de la Tercera Suplente Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel. La Sala quedó integrada de la siguiente forma: Presidente, Magistrado Emiro García Rosas; Vicepresidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Magistrada Mónica Misticchio Tortorella; Magistrado Emilio Ramos González y Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel. Rěalizado el estudio del expediente pasa esta Alzada a decidir, previas las consideraciones siguientes: I ANTECEDENTES En fecha 18 de mayo de 2012, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Tribunales Superiores Contenciosos Tributarios del Área Metropolitana de Caracas, el recurso de comercio Merck S.A. página original (tal como se publicó) [Página 27] El 13 de julio de 2012, el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al que le correspondió el conocimiento de la causa previa distribución, dictó sentencia interlocutoria mediante la cual admitió el recurso contencioso tributario incoado, abriéndose la causa a pruebas a partir del primer (1°) día de despacho siguiente al 13 del mismo mes y año, visto que no hubo oposición alguna por parte de la Administración Tributaria. Por escrito presentado en fecha 17 de julio de 2012, la abogada Geymar Farray, antes identificada, actuando con el carácter de sustituta de la entonces ciudadana Procuradora General de la República, solicitó la reposición de la causa al estado de la "notificación" de la Procuraduría General de la República de la interposición del recurso, petición que fue declarada sin lugar por el citado Tribunal Superior mediante decisión interlocutoria del 20 de julio de 2012. En fecha 26 de julio de 2012, la sustituta de la entonces Procuradora General de la República apeló la referida sentencia, la cual fue oída en un solo efecto. Il DE LA SENTENCIA APELADA Mediante decisión N° 143/2012 de fecha 20 de julio de 2012, el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró sin lugar la solicitud de reposición de la causa formulada por la sustituta de la Procuradora General de la República, en los términos que se transcriben a continuación: "Teniendo en consideración las disposiciones contenidas en los articulos 264 y 267 del Código Orgánico Tributario, debemos destacar que el Órgano Jurisdiccional está obligado a notificar a las partes, como al interviniente de buena fé. en el procedimiento contencioso tributario, pero no a citarlo, pues ambas figuras procesales entraña grandes diferencias entre si. (...omiss...) En el caso de marras, la notificación que rige en el procedimiento contencioso tributario y que se ordena en el auto de entrada, se hace para poner en conocimiento de las partes e interviniente de buena fé. de la interposición del recurso incoado, y no a los fines de emplazar a las personas antes indicadas a que comparezcan ante el Tribunal para que realicen una actuación en especifico, como seria en el proceso civil ordinario, la de contestar la demanda. Estima este Tribunal, que la representante judicial de la República, si bien por una parte en su escrito reconoce que lo debido es la notificación de la Procuraduría General de la República, por otra parte pretende que la misma se practique como si de una citación se tratase, al sostener sus alegatos en base a los articulos 81 y 82 de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República, cuando en modo alguno este Juzgado ha utilizado tal fundamentación legal, por no considerarse la mas acorde, en base a lo ya señalado y a lo que de seguidas se continuará desarrollando, pues es de destacar que la propia ley en comento, en sus articulos 66 y 98, reconoce la diferencia existente entre las figuras de la notificación, aplicable al caso de autos, y la citación, al distinguir la una de la otra, en lugar de mencionar las de forma indistinta. En este sentido. debemos recalcar que el Código Orgánico Tributario es una ley de base, es decir, un marco general idóneo para integrar en un esquema coherente los principios generales que deben informar el sistema tributario venezolano en cualquiera de las expresiones del Poder Público, garantizando a la Administración y a los contribuyentes, la existencia de una estructura sustantiva y procedimental que les asegura la defensa efectiva de sus derechos e intereses; debiéndose resaltar que su normativa es de aplicación preferente y excluyente con respecto a otras leyes de contenido tributario y procedimental. En base a lo anterior, este Tribunal además toma en consideración única y exclusivamente el lapso establecido en el articulo 267 del Código Orgánico Tributario vigente, a los fines de la admisión del recurso: siguiendo además, vale la pena destacar, la jurisprudencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en casos en los cuales ha señalado la oportunidad en que el Tribunal debe pronunciarse sobre la admisión del recurso, (..omissis...) De tal manera que, este Órgano Jurisdiccional, en base a !as consideraciones antes expuestas, considera que no ha soslayado en forma alguna los derechos e intereses de la República en el presente caso, tan es así, que prueba de ello ha sido el escrito presentado por la ciudadana sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República en fecha diecisiete (17) de Julio de 2012, de estar en conocimiento del recurso interpuesto por la contribuyente 'MERCK, S.A.' pues en la boleta de notificación que fue practicada al organismo, se indicó en detalle, la fecha en que se interpuso el recurso contencioso tributario, las personas que actuaron en representación de la recurrente, con indicación de las cédulas de identidad y número de INPREABOGADO, los datos de registro de la sociedad mercantil actuante, asi como el número de Registro de Información Fiscal, los actos administrativos impugnados, con la indicación expresa de la fecha de emisión y el órgano del cual emanan, asi como también de los montos y conceptos (materia) que contienen los mismos, al igual que la indicación de la siguiente jase del proceso y el plazo dentro del cual se llevaría a cabo la misma, una vez cumplida la última de la notificaciones ordenadas. En base a las consideraciones antes expuestas, este Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, declara Sin Lugar la solicitud de reposición de la causa, formulada por la sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República". (Sic). DE LOS FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN Estando en la oportunidad legal correspondiente, en fecha S de marzo de 2013, las abogadas Erika García y Cheyla Fagúndez, antes identificadas, actuando con el carácter de sustitutas de la entonces Procuradora General de la República, en representación del Fisco Nacional presentaron ante esta Alzada el escrito de fundamentación respectivo, en los términos siguientes: Relatan que "(..) mediante boleta de fecha 23 de mayo de 2012, el Tribunal Superior (...) procuró notificar a la ciudadana Procuradora General de la República de la interposición del recurso contencioso tributario incoado por la representación judicial de la sociedad mercantil Merck S.A., contra el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) (...) Precisamente, luego de que constarán en autos todas las boletas de notificación libradas, el Tribunal de instancia procedió a dictar sentencia interlocutoria (...) mediante la cual admitió el recurso (...) Ante tal circunstancia, esta representación (...) procedió a solicitar la reposición de la causa al estado de notificación de la ciudadana Procuradora General de la República, en virtud de la transgresión de los privilegios y prerrogativas procesales (..) [toda vez] que procuró notificar a este Órgano Superior (...) sin cumplir con las formalidades previstas en la normativa (..) esto es, Oficio acompañado del escrito contentivo del recurso contencioso tributario, así como los respectivos anexos, e inobservancia del lapso de quince (15) días hábiles, a cuya terminación se consideraría consumada la notificación (..)". (Agregado de esta Sala). En ese sentido, indican que "(...) el Tribunal A quo procedió a declarar Sin Lugar la solicitud formulada por esta representación judicial de la República Bolivariana de Venezuela, al considerar que la normativa aplicable para la notificación de la Procuraduría General de la República es la prevista en el artículo 264 del Código Orgánico Tributario (...) [sin embargo] debe concluirse que la notificación de la interposición del recurso contencioso tributario deberá necesariamente estar acompañada del libelo, así como sus anexos, con el fin de que la Procuraduría General de la República se forme criterio sobre el asunto debatido, es decir, se resguarde el derecho a la defensa y dicho órgano de representación se encuentre en conocimiento de los argumentos de hecho y de derecho esgrimidos por la parte actora (...)". (Agregado de esta Sala). Asimismo, aducen que "(...) el Tribunal [a quo] no atendió al lapso de quince (15) días hábiles previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, (...) normativa aplicable al caso de autos y menos aún respetó el lapso de ocho (8) días hábiles del artículo 86 eiusdem (...)". (Agregado de esta Sala). En esa misma línea de argumentación, alegan que “(...) en fecha 25 de junio de 2012, se consignó en autos la notificación practicada a la Procuraduría General de la República, por lo que (.) debió considerarse consumada la misma en fecha 19 de julio de 2012 (.) Ahora bien, en el página original (tal como se publicó) [Página 28] supuesto negado que la normativa aplicable resultara el artículo 86 eiusdem, debía considerarse consumada la notificación de la Procuraduría (..) en fecha 09 de julio de 2012,(.) por lo que la admisión del recurso contencioso tributario debió efectuarse en fecha 17 de julio de 2012, sin embargo (..) la admisión se produjo en fecha 13 de julio de 2012 (.….)". Finalmente, la representación judicial apelante solicita que se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto, se revoque el fallo apelado y, en consecuencia, se reponga la causa al estado de notificar a la Procuraduría General de la República sobre la interposición del recurso ejercido, en virtud que la “notificación" efectuada debe entenderse como no practicada. IV CONTESTACIÓN A LA APELACIÓN Mediante escrito del 20 de marzo de 2013, la abogada María Lodis de Morales, antes identificada, actuando en representación de la sociedad mercantil Merck S.A., contestó la fundamentación de la apelación en los términos siguientes: Enfatiza que "(...) no queda duda alguna entonces, que el texto legal preferente aplicable en materia tributaria, en los procesos contenciosos tributarios es el Código Orgánico Tributario (...) [de cuyas normas se aprecia que] el Órgano Jurisdiccional está obligado a notificar a las partes más no a citar las (..)". (Agregado de esta Sala). Asimismo, sostiene que "(..) no podemos olvidar que el hecho de que se trate de un Proceso Contencioso Tributario no cambia su naturaleza: sigue siendo Proceso Contencioso Tributario y se sigue rigiendo por el Código (..) y los sustitutos de la Ciudadana Procuradora de la República Bolivariana de Venezuela están actuando en un proceso de naturaleza tributaria que en modo alguno permite la desaplicación del articulo 267 (...) por el simple hecho de que por la cuantía del recurso pueda corresponderle su defensa a la Procuraduría o a la Gerencia Jurídica Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (..)". Con base en las motivaciones expresadas, solicita se declare conforme a derecho la sentencia interlocutoria apelada N° 143/2012 del 20 de julio de 2012. v MOTIVACIONES PARA DECIDIR Corresponde a esta Sala pronunciarse en esta oportunidad sobre el recurso de apelación incoado por la sustituta de la Procuradora General de la República, en representación del Fisco Nacional, contra la sentencia interlocutoria N° 143/2012 de fecha 20 de julio de 2012 dictada por el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la solicitud de reposición de la causa formulada por la representación fiscal al estado de "notificar" la interposición del recurso contencioso tributario a la Procuraduría General de la República. Vista la declaratoria contenida en la sentencia interlocutoria apelada, así como las objeciones formuladas en su contra por la representación del Fisco Nacional y la contestación correspondiente, se observa que la controversia planteada en el caso de autos se circunscribe a decidir si el Tribunal de mérito incurrió en violación al derecho al debido proceso y a la defensa: i) al omitir realizar la "notificación" de la Procuraduría General de la República conforme a las exigencias legales y; ii) al no haber dejado transcurrir los quince (15) días hábiles a que alude el artículo 82 del Decreto N° 6.286 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.892 Extraordinario del 31 de julio de 2008, ni respetar el lapso de ocho (8) días hábiles al que alude el artículo 86 eiusdem. En ese sentido, las sustitutas de la Procuradora General de la República sostienen que la "notificación" de la interposición del recurso contencioso tributario, de conformidad con el aludido Decreto, deberá necesariamente estar acompañada del libelo respectivo, así como de sus anexos, con el fin de resguardar el derecho a la defensa. Asimismo, aduce que el Tribunal a quo no atendió al lapso de quince (15) días hábiles previsto en el artículo 82 antes mencionado, para entender “consumada la notificación de la Procuraduría General de la República" y menos aún al de ocho (8) días hábiles contemplado en el artículo 86 del citado Decreto. Por el contrario, la representación judicial de la sociedad de comercio Merck S.A., afirma que el texto legal aplicable con preferencia, en los procesos contenciosos tributarios, es el Código Orgánico Tributario y que, según sus normas, el Órgano Jurisdiccional está obligado a notificar a las partes más no a citar las. Al respecto, el Tribunal a quo indica que según las disposiciones del Código Orgánico Tributario sólo está obligado a notificar a las partes y a los intervinientes de buena fe pero no a citar los, toda vez que "en el caso de marras, la notificación que rige en el procedimiento contencioso tributario y que se ordena en el auto de entrada, se hace para poner en conocimiento de las partes e interviniente de buena fé, de la interposición del recurso incoado, y no a los fines de emplazar a las personas antes indicadas a que comparezcan ante el Tribunal para que realicen una actuación en específico, como sería en el proceso civil ordinario, la de contestar la demanda". (Sic). De igual forma, destaca que el artículo 267 del Código Orgánico Tributario de 2001, prevé un plazo de cinco (5) días de despacho, contados a partir de la constancia en el expediente de la última de las notificaciones de ley, para pronunciarse acerca de la admisión del recurso contencioso tributario, cuestión que llevó a cabo el órgano jurisdiccional, motivo por el cual no considera que se vulneró en forma alguna los derechos e intereses de la República en el caso de autos, menos aún cuando se observa que la ciudadana sustituta de la Procuradora General de la República presentó escrito solicitando la reposición de la causa, demostrando con dicha actuación tener conocimiento de la interposición del aludido recurso. Punto Previo: De la actuación de la Procuraduría General de la República. Resulta para esta Sala oportuno realizar consideraciones previas acerca de la actuación de la Procuraduría General de la República en el caso de autos y, al efecto, aprecia que: El artículo 2 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.320 del 8 de noviembre de 2001, contempla: "Artículo 2. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) es un servicio autónomo sin personalidad jurídica, con autonomía funcional, técnica y financiera, adscrito al Ministerio de Finanzas ". (Resaltados de esta Sala). Por otra parte, el Decreto N° 6.286 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.984 del 31 de julio de 2008, en su artículo 63 establece: "Articulo 63. Corresponde a la Procuradurla General de la República representar al Poder Ejecutivo Nacional y defender sus actos ante la jurisdicción contencioso administrativa y constitucional. (...)". (Resaltados de esta Sala). página original (tal como se publicó) [Página 29] Con base en las normas antes referidas, esta Sala observa que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), es un servicio autónomo sin personalidad jurídica, adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública y, por tanto, no está facultado para asumir la defensa de sus intereses en nombre propio. De allí que su representación en juicio corresponde a la Procuraduría General de la República, como máximo representante judicial de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República. De igual forma, se aprecia del escrito de contestación a la apelación, que la representante judicial de la sociedad de comercio Merck S.A., indicó que no debe desvirtuarse la naturaleza del recurso contencioso tributario "por el simple hecho de que por la cuantía del recurso pueda corresponderle su defensa a la Procuraduría o a la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria". En ese mismo orden de ideas, debe destacarse que el artículo 259 del Código Orgánico Tributario de 2001 prescribe que el recurso contencioso tributario procederá: "1. Contra los mismos actos de efectos particulares que pueden ser objeto de impugnación mediante el recurso jerárquico, sin necesidad del previo ejercicio de dicho Recurso. 2. Contra los mismos actos a que se refiere el numeral anterior, cuando habiendo mediado recurso jerárquico éste hubiere sido delegado tácitamente conforme al artículo 255 este Código. 3. Contra las resoluciones en las cuales se deniegue total o parcialmente el recurso jerárquico, en los casos de actos de efectos particulares.". Visto lo anterior, esta Máxima Instancia concluye que la cuantía no es un elemento que determine que la representación corresponde a la Procuraduría General de la República, sino que como se indicó anteriormente, la defensa de los intereses corresponderá a la Procuraduría cuando el acto impugnado sea dictado por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), toda vez que dicho servicio autónomo carece de personalidad jurídica. Circunscribiéndonos al caso de autos, se observa que el 18 de mayo de 2012, los apoderados judiciales de la contribuyente Merck, S.A., interpusieron recurso contencioso tributario contra las Resoluciones de Sumario SNAT/INTI/GRTICERC/DSA-R-2012-062 Administrativo Nos. y SNAT/INTI/GRTICERC/DSA-R-2012-066, ambas de fecha 30 de marzo de 2012, emanadas conjuntamente de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital y la División de Sumario Administrativo adscrita a la referida Gerencia, las cuales forman parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). De manera que la representación en juicio correspondía, como efectivamente fue ejercida, a los funcionarios adscritos a la Procuraduría General de la República, toda vez que la República era parte en ese proceso. Así se declara. Resuelto el punto previo, pasa esta Alzada a determinar si la actuación del Tribunal a quo vulneró el derecho constitucional a la defensa y al debido proceso de la parte apelante: Sobre la supuesta omisión de realizar la “notificación" de la i) Procuraduría General de la República, conforme a las exigencias legales. En cuanto al alegato expuesto por la representación fiscal en el que destaca que debe realizarse la "notificación" con fundamento en las disposiciones del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2008, mientras que la apoderada judicial de la sociedad mercantil Merck C.A. afirma que la norma aplicable es el Código Orgánico Tributario de 2001, esta Sala aprecia que: El Tribunal a quo consideró que por tratarse el caso sub índice de un procedimiento contencioso tributario y no de un proceso civil ordinario, donde se emplaza al demandado a contestar la demanda, sólo se encontraba obligado a realizar notificaciones a las partes y a los terceros de buena fe de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código Orgánico Tributario de 2001, que es del tenor siguiente: "Artículo 267: Al quinto dia de despacho siguiente a que conste en autos la última de las notificaciones de ley, el Tribunal se pronunciará sobre la admisibilidad del recurso. Dentro de este mismo plazo la representación fiscal podrá formular oposición a la admisión del recurso interpuesto. En este último caso, se abrirá una articulación probatoria que no podrá exceder de cuatro (4) dias de despacho, dentro de los cuales las partes promoverán y evacuarán las pruebas que consideren conducentes para sostener sus alegatos. El Tribunal se pronunciará dentro de los tres (3) días de despacho siguientes al vencimiento de dicho lapso. Parágrafo Único: La admisión del recurso será apelable dentro de los cinco (5) dias de despacho siguientes, siempre y cuando la Administración Tributaria hubiere formulado oposición, y será oida en el solo efecto devolutivo. Si el Tribunal resuelve inadmitir el recurso se oirá apelación en ambos efectos, la cual deberá ser decidida por la alzada en el término de treinta (30) dias continuos. En ambos casos, las partes deberán presentar sus informes dentro de los diez (10) días de despacho siguientes al recibo de los autos por la alzada". (Destacados de esta Sala). Adicionalmente, conviene traer a colación el contenido del artículo 81 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2008, que específicamente se encuentra en el Título IV, Capítulo II, Sección Segunda titulada "De la Actuación de la Procuraduría General de la República cuando la República es parte en juicio", el cual prevé: "Articulo 81. Las citaciones al Procurador o Procuradora General de la República para la contestación de demandas deben ser practicadas por oficio, acompañado del libelo y de los recaudos producidos por el actor. El oficio debe ser entregado personalmente al Procurador o Procuradora General de la República, o a quien esté facultado por delegación". (Resaltados de esta Sala). De la norma reproducida se aprecia, que las citaciones que se realicen al Procurador o Procuradora General de la República, cuando la República sea parte en el juicio, deben obligatoriamente estar acompañadas del libelo respectivo y de los recaudos consignados por el actor. En efecto, se evidencia que el Código Orgánico Tributario de 2001 no prevé la figura de la citación y sólo se refiere a las "notificaciones de Ley" mientras que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2008, sí contempla la "citación" en el artículo 81 antes transcrito. En ese orden de ideas, es importante destacar que si bien en el proceso contencioso tributario no se da la oportunidad de la contestación de la demanda como en el procedimiento ordinario regulado en el Código de Procedimiento Civil, como lo manifiesta el Tribunal de Instancia, sí existe la oposición a la admisión del recurso interpuesto contemplada en el artículo 267 del Código Orgánico Tributario vigente, actuación que en este caso, recae en la Procuraduría General de la República y, en tal virtud, resulta necesario su emplazamiento, con los recaudos necesarios presentados por el actor, por ser la primera oportunidad en que la representación de la República comparece en juicio. De modo que, esta forma particular de notificación prevista en el Código Orgánico Tributario de 2001 no debe entenderse como el acto procesal de reanudación de la causa o de simple comunicación toda vez que, reitera esta página original (tal como se publicó) [Página 30] Sala, mediante ella se emplaza al Estado por primera vez y, en consecuencia, deben considerarse las prerrogativas establecidas a favor de la República en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2008. Por tanto, esta Máxima Instancia aprecia que aun cuando el Código Orgánico Tributario de 2001 no lo establezca expresamente, el comentado artículo 267 no debe ser interpretado por el operador de justicia de manera literal y aislada, sino en un contexto sistemático y armónico con el resto del ordenamiento jurídico, en especial, con las disposiciones del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2008 y más acorde con la intención del legislador, que está dirigida a lograr la defensa de los intereses de la República involucrados, como ocurre en el caso concreto, en protección del Fisco Nacional. Así se declara. En refuerzo de lo anterior, resulta oportuno traer a colación el contenido del artículo 65 del mencionado Decreto, que preceptúa: "Articulo 65. Los privilegios y prerrogativas procesales de la República son irrenunciables y deben ser aplicados por las autoridades judiciales en todos los procedimientos ordinarios y especiales en que sea parte la República". De la norma transcrita se observa que cuando la República sea parte en juicio, como ocurre en el caso de autos, los Tribunales sin importar la naturaleza del procedimiento, deben aplicar los privilegios y prerrogativas que le fueron otorgados legalmente, los cuales además, tienen carácter irrenunciable. En ese sentido, se ha pronunciado esta Máxima Instancia estableciendo que "(.) el legislador consagró esta prerrogativa procesal [la contenida en el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2008] a favor de la República, de inobjetable observancia por parte de los órganos jurisdiccionales, tal como lo ha señalado esta Sala Político-Administrativa en sus sentencias Nros. 02980 del 20 de diciembre de 2006, caso: Eduardo Kruling Schattén y 00778 del 03 de junio de 2009, caso: Distribuidora Rower, C.A., y [ratificada] en el fallo Nro. 1108 del 04 de noviembre de 2010 de la Sala Constitucional, caso: Distribuidora Rower, C.A., en el cual se precisó que el alcance de las prerrogativas procesales abarca cualquier modalidad de procedimientos especiales contenciosos, vale decir, al contencioso Tributario (..)". (Vid. Sentencia N° 00253 de esta Sala del 12 de marzo de 2013, caso: C.W.C Valencia C.A.). (Agregado de esta Sala). Advierte esta Alzada que aun cuando la sentencia parcialmente transcrita analiza el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2008, la aludida norma contiene otra prerrogativa procesal de obligatoria aplicación a favor de la República, motivo por el cual resulta aplicable el razonamiento expuesto en dicho fallo, al caso de autos. Así, queda evidenciado que el Tribunial a quo, en su labor hermenéutica, se limitó a utilizar un método de interpretación literal y aislada de la norma en comento, cuando necesariamente debía realizar una interpretación sistemática para concluir que además de aplicar lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario vigente, tenía que considerar lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2008, ello en razón al privilegio procesal otorgado a la República. Así se declara. En el caso en concreto, se observa que riela a los folios 159 y 160 del expediente judicial, boleta de notificación dirigida a la ciudadana Procuradora General de la República, que no se encuentra acompañada de copia del libelo de la demanda ni de los anexos producidos por el actor. Asimismo, se advierte que el mismo Tribunal a quo afirma que no estaba obligado a realizar la citación sino una simple notificación. Precisado lo anterior, esta Alzada concluye que, como bien lo alegan las sustitutas de la Procuradora General de la República, el Tribunal de la causa no realizó la citación de conformidad con el artículo 81 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2008, por tanto, debe considerarse como no practicada, al no cumplirse con las formalidades legales, de acuerdo a lo previsto en el artículo 66 del referido Decreto. Así se declara. Sobre la supuesta omisión de dejar transcurrir los lapsos previstos en üi) los artículos 82 y 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2008. La representación del Fisco Nacional denunció que el Tribunal de Instancia no atendió al lapso de quince (15) días hábiles ni al de ocho (8) días hábiles contemplados en el prenombrado Decreto, para entender como "notificada" a la Procuraduría General de la República. Frente al alegato planteado, resulta oportuno transcribir el contenido del artículo 82 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2008, el cual contempla: "Artículo 82. Consignado por el Alguacil el acuse de recibo de la citación en el expediente respectivo, comienza a transcurrir un lapso de quince (15) dias hábiles, a cuya terminación se considera consumada la citación del Procurador o Procuradora General de la República, iniciándose el lapso correspondiente para la contestación de la demanda. El Procurador o Procuradora General de la República puede darse por citado, sin que sea necesario dejar transcurrir el lapso indicado en este articulo". (Resaltados de esta Sala). Del contenido del artículo transcrito se observa que en los procesos donde la República intervenga como parte en virtud de una acción judicial, luego de la consignación de la citación en autos, el órgano jurisdiccional deberá dejar transcurrir el lapso de quince (15) días hábiles para considerar citada a la Procuraduría General de la República, luego de lo cual empieza a correr el lapso para la contestación de la demanda, que en el caso del procedimiento contencioso tributario, corresponde a la oposición al recurso incoado. De la revisión de las actas del expediente judicial, se aprecia que el Tribunal de instancia le dio entrada al recurso en fecha 23 de mayo de 2012 y ordenó notificar a las ciudadanas Fiscal General de la República y Procuradora General de la República, así como a la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Asimismo, quedó evidenciado que el 4 de julio de 2012, se recibió la última de las notificaciones, razón por la cual al quinto (5°) día despacho siguiente, es decir, el 13 de julio de 2012, mediante sentencia interlocutoria N° 140/2012, se procedió a admitir el recurso contencioso tributario. Visto lo anterior y, precisado como ha sido que el operador de justicia debió atender a las previsiones contenidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2008, queda demostrado que el Tribunal a quo no dejó transcurrir el lapso de quince (15) días hábiles página original (tal como se publicó) [Página 31] la Procuradora General de la República, y posteriormente, en este caso, comenzar a contar el lapso para la oposición a la admisión del recurso ejercido previsto en el artículo 267 del Código Orgánico Tributario de 2001-toda vez que en el proceso contencioso tributario no hay contestación a la demanda- lo cual resultaba de obligatorio cumplimiento. Así se declara. Finalmente, las sustitutas de la Procuradora General de la República alegaron que el a quo tampoco respetó el lapso de ocho (8) días hábiles al que alude el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2008, el cual también sirvió de base para el Juzgador de instancia en el momento de efectuar la "notificación", que establece: "Artículo 86. En los juicios en que la República sea parte, los funcionarios judiciales, sin excepción, están obligados a notificar al Procurador o Procuradora General de la República de toda sentencia interlocutoria o definitiva. Transcurrido el lapso de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la consignación en el expediente de la respectiva constancia, se tiene por notificado el Procurador o Procuradora General de la República y se inician los lapsos para la interposición de los recursos a que haya lugar. La falta de notificación es causal de reposición y ésta puede ser declarada de oficio por el Tribunal o a instancia del Procurador o Procuradora General de la República". (Destacados de esta Sala). Al respecto, esta Máxima Instancia resalta que en efecto el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas no dejó transcurrir ese lapso; sin embargo, debe concluirse que la norma antes mencionada no resultaba aplicable en esa oportunidad, toda vez que éste se refiere a la notificación de sentencias interlocutorias o definitivas, que en ningún caso debe asimilarse a la interposición del recurso contencioso tributario, como ocurrió en la presente causa. Con base en las precisiones realizadas, considera esta Sala que el Juzgado a quo, al no considerar lo dispuesto en los artículos 81 y 82 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2008, texto normativo aplicable en los procesos donde la República intervenga como parte, vulneró el derecho constitucional a la defensa y al debido proceso de la parte demandada , motivo por el cual declara con lugar el recurso de apelación incoado por la representación judicial de la República y en consecuencia, revoca la sentencia interlocutoria apelada. Así se decide. En armonía con el anterior pronunciamiento, esta Alzada estima conveniente anular todas las actuaciones realizadas en el referido Tribunal con posterioridad a la interposición del recurso contencioso tributario, con fundamento en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil y, en tal virtud, conforme a la interpretación expuesta en el presente fallo, ordena reponer la causa al estado de la citación de la Procuraduría General de la República, y en este caso particular, tratándose de la notificación de una reposición, luego de que conste en autos la última de las notificaciones debe dejar transcurrir íntegramente el lapso de quince (15) días hábiles que, por ocurrir en el Tribunal, deben entenderse como de despacho, todo esto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81 y 82 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2008. Así se declara. VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial del FISCO NACIONAL contra la sentencia interlocutoria N° 143/2012 de fecha 20 de julio de 2012, dictada por el Tribunal remitente, mediante la cual se declaró sin lugar la solicitud de reposición de la causa formulada por la abogada Geymar Farray, actuando con su carácter de sustituta de la entonces Procuradora General de la República por órgano del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). En consecuencia, 1.1. Se REVOCA la sentencia interlocutoria apelada. 1.2- Se ANULAN las actuaciones realizadas por el Juzgado a quo, con posterioridad a la interposición del recurso contencioso tributario. 1.3- Se ORDENA al Tribunal reponer la causa al estado de la citación de la Procuraduría General de la República, luego de lo cual debe dejar transcurrir íntegramente el lapso de quince (15) días hábiles que, por transcurrir en el Tribunal, deben entenderse como de despacho, conforme con lo dispuesto en los artículos 81 y 82 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2008. 2. Se ORDENA la publicación íntegra de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y posteriormente, en la Gaceta Judicial, con la indicación del sumario siguiente: "Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela que establece los requisitos de obligatorio cumplimiento para las citaciones realizadas a la Procuraduría General de la República con ocasión de la interposición de los recursos contenciosos tributarios contra actos dictados por la Administración Tributaria Nacional". Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 18 ! días del mes dema o del año dos mil catorce (2014). Años 203° de la Independencia y 155° de la Federación. El Presidente, EMIRO GARCÍA RôSAS La Vicepresidenta, TRIBUNAL EVELYN MARRERO ORTIZ La Magistrada, M.Huticohiel MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA Ponente El Magistado EMILIO RAMOS GONZÁLEZ La Magistrada, Bud MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL La Sefretaria, SOFÍA YAMILE GUZMÁN página original (tal como se publicó) [Página 32] 410.370 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZA PONENTE: ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Expediente N° AP61-R-2014-000001 Mediante Oficio N° TDJ-58-2014 de fecha 14 de enero de 2014, el Tribunal Disciplinario contentivo del procedimiento disciplinario seguido al ciudadano LUIs RODOLFO HERRERA GONZÁLEZ, tular de la cédula de identidad N° V-7.426.129, en su carácter de Juez titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por las presuntas irregularidades cometidas durante el desempeño del cargo. Tal remisión se realizó en virtud del auto dictado por el TDJ en fecha 07 de enero de 2014, mediante el cual oyó en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto el 03 de diciembre del 2013 por el prenombrado Juez, contra la sentencia N° TDJ-SID-2013-156 dictada por el a quo en fecha 19 de noviembre de 2013, que declaró su responsabilidad disciplinaria judicial y le impuso la sanción de destitución del cargo. El 15 de enero de 2014, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la le asignó el N° AP61-R-2014-000001 y lo remitió a la Secretaría de esta Corte a los fines de su distribución, correspondiéndole la ponencia a la Jueza Ana Cecilia Zulueta , Rodríguez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. o En fecha 05 de febrero de 2014, se acordó fijar audiencia oral y pública para el décimo (10°) día de despacho siguiente. Mediante esaito presentado el 06 de febrero de 2014, el ciudadano Luis Rodolfo Herrera González fundamento el recurso de apelación y el 19 de febrero la Inspectoria General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT) consignó el escrito de contestación. conformidad con lo previsto en el articulo 87 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (en lo sucesivo, el Código de Ética). previas las siguientes consideraciones: ANTECEDENTES En fecha 05 de marzo de 2001 los ciudadanos Andrés Sanclaudio Cavellas y Gustavo Ortega Lares, en su carácter de co-arrendadores, suscribieron un contrato de arrendamiento con la empresa "TALLER A.G. MOVIL C.A.". Posteriormente, el ciudadano Andrés Sanclaudio Cavellas de forma independiente, demandó la resolución del referido contrato ante el Juzgado Noveno de Municipio de la lugar la demanda con fundamento en la falta de cualidad del actor, mediante sentencia El 19 de octubre de 2004 el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Familia de la misma Circunscripción Judicial declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por el demandante y confirmó la sentencia del a quo. Seguidamente, el ciudadano Andrés Sanclaudio Cavellas interpuso acción de amparo constitucional contra el referido fallo, ante el Juzgado Superior Tercero, órgano que el 07 de marzo de 2005 declaró: i) con lugar la acción de amparo constitucional, i) anuló la sentencia dictada el 19 de octubre de 2004 por el Juzgado Undécimo de Primera instancia y, ii ordenó: "...repone[r] la causa al estado de (sic) que el Tribunal accionado o el que correspond[iera], dict[ara] nueva decisión que incluye[era] la resolución de todos u ni enr de an e e n e e s n n n curia" (sic)..." Contra la anterior decisión, la sociedad mercantil "TALLER A.G. MOVIL C.A." ejerció recurso de apelación en fecha 11 de marzo de 2005, remitiéndose las actuaciones a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. 2005 el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del Juez investigado, declaró sin lugar la demanda por falta de cualidad del demandante. acción de amparo constitucional, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Supafior Séptimo de la misma Circunscripción Judicial, órgano que declaró improcedente la El 18 de noviembre de 2005 el ciudadano Andrés Sanclaudio Cavellas ejerció recurso de apelación contra el fallo del 21 de junio de 2005, remitiéndose las actuaciones a la Sala Constitucional. Viernes 28 de marzo de 2014 interpuesta por "TALLER A.G. MOVIL C.A." el 11 de marzo de 2005 y, en consecuencia, confirmó el fallo del 7 de marzo de 2005 dictado por el Juzgado Superior Tercero que declaró sin lugar la apelación ejercida por el ciudadano Andrés Sanclaudio Cavellas contra la decisión del 19 de octubre de 2004 dictada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia. eqsteriomente, el 25 de mayo de 2006 la Sala Constitucional dictó sentencia en la que: i) declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por el ciudadano Andrés Sanclaudio dictada por el Juzgado Superior Séptimo, ii revocó la referida decisión, ii) declaró con dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia, iv) anuló la anterior decisión, v) repuso la causa al estado en que el Juzgado de primera instancia se pronunciara sobre en en p r e se e e n n s certificadas de la decisión al Ministerio Público, a los fines de que investigar a la posible responsabilicad penal derivada del presunto desacato en el que pudieran haber incurrido los ciudadanos Luis Rodolfo Herrera González y Victor José González Jaimes y a la IGT, p fin de que procediera a determinar la existencia o no de responsabilidad • disciplinaria de los referidos jueces. Mediante auto del 06 de febrero de 2007 la IGT ordenó "...de conformidad con la parte n en e n p e e n n pee p procedimiento disciplinario, hasta tanto [se] agrega[ran] al expediente las actuaciones de la Fiscalía General de la República (sic) determinando si hubo o no desacato..." Por auto del 28 de febrero de 2007 la jGT dio inicio a la investigación de los hechos \ relacionados con la actuación del juez Luis Rodolfo Herrera González, quien fue notificado el 08 de marzo de 2007 y presentó el correspondiente escrito de descargo el 14 de marzo. Et-17 de marzo de 2009, el órgano de investigación ordenó reiniciar el procedimiento disciplinario. En la misma fecha dictó el Acto Conclusivo de la investigación disciplinaria, considerarlo incurso en el ilícito disciplinario previsto en artículo 39.10 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura. En fecha 16 de septiembre de 2011 la URDD de está Jurisdicción le dio entrada al expediente y le asignó el número AP61-A-2011-000043. El 22 de septiembre de 2011 la Oficina de Sustanciación acordó: i) verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y ii) recabar los elementos indiciarios de los hechos denunciados. En fecha 23 de septiembre de 2011 la referida Oficina remitió el informe definitivo al TDJ para dar inicio al procedimiento disciplinario y el 11 de octubre el TDJ dio por recibido el asunto. Por auto del 19 de octubre de 2011 admitió la denuncia y ordenó la notificación : de los intervinientes. El 14 de diciembre de 2011 el TDJ ordenó remitir nuevamente el expediente a la Oficina de Sustanciación, órgano que ratificó su Informe del 23 de septiembre de 2011. El 14 de febrero de 2012 el juez denunciado consignó escrito de descargos. En fecha 19 de julio de 2012 se realizó la audiencia oral y pública. El 19 noviembre de 2013 el TDJ dictó el extenso del fallo, en el que declaró la responsabilidad disciplinaria del juez investigado y le impuso la sanción de destitución. El 03 de diciembre del 2013 el denunciado ejerció recurso de apelación contra la anterior decisión, apelación que fue oida en ambos efectos por auto del 07 de enero de 2014, ordenándose la remisión del expediente a esta Alzada. Il DEL FALLO APELADO Mediante sentencia N° TDJ-SID-2013-156 del 19 de noviembre de 2013, el TDJ declaró la responsabilidad disciplinaria del juez Luis Rodolfo Herrera González, con fundamento en las siguientes consideraciones: Respecto a la solicitud de sobreseimiento formulada por el juez, por cuanto a su decir la acción se encontraba prescrita, la recurrida estimó que el acto de fecha 28 de febrero de consignada el 12 de marzo de 2007, habian interrumpido la prescripción de la -acción AE-! disciplinaria, razón por la que desestimó el alegato... Con relación a la circunstancia referida a que la IGT había suspendido la causa habla dado curso al procedimiento de investigación, la recurrida consideró que la juridicos distintos y, además, que la tramitación de ambos procesos no constituía una violación del principio non bis in idem. página original (tal como se publicó) [Página 33] cualidad del demandante, en virtud de haber sido interpuesta por un solo arrendador. Tal circunstancia, a juicio de la recurrida, dio lugar al desacato de la decisión proferida por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, lo que configuraba la comisión del ilícito disciplinario de abuso de autoridad. Sostuvo que ".la figura del litisconsorcio activo necesario no esta[ba] prevista en la Ley y gue de esta forma no [podía] equipararse al litisconsorcio pasivo necesario, por cuanto Asimismo asentó, que "...el litisconsorcio activo se caracteriza[ba] por ser de carácter facultativo,(sic) ya que la situación procesal y sustantiva de las personas no esta[ba] limitada a patrones fijos y por ello no [podía] coaccionarse a formular una acción a quien no [creyera] interesare, sin embargo el resultado de ese proceso judicial que se [verificada] sin la presencia de este sujeto, conlevaría para él las consecuencias del fallo que al efecto se [dictara]. En ese sentido, [era] de indicar que la ausencia durante el debate no [era] causal de suspensión del proceso y mucho menos de revisión por parte del tribunal, toda vez que ello no constitufia] un asunto de orden público, sino una Argumentó que el coarrendador no estaba obligado a demandar en forma conjunta, toda vez que, a su juicio, en materia arrendaticia podían arrendar y demandar, inclusive, "al dictar el aludido fallo: ... había desacatado] la decisión profanada (sic) por el Tribunal Superior, generando con ello una afectación a la tutela judicial efectiva de la parte inadmitir una acción, siendo el litisconsorcio activo necesario una institución procesal extraordinaria.." daño a la parte que intentó activar el sistema judicial para que le [fuera] administrado (sic) justicia siendo vedado por este —juez denunciado— dicho acceso, aún cuando existia una orden judicial de Alzada de iniciar dicho proceso, desacatando esta (sic) y vulnerando los derechos constitucionales contenidos en la tutela judicial efectiva, al no cumplir con la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha veinticinco (25) de mayo de 2006..." IⅢI FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN Mediante escrito presentado el 06 de febrero de 2014, el juez denunciado fundamentó el recurso de apelación en los siguientes términos: positiva, por cuanto la IGT no acató su propia providencia que habia ordenado la suspensión del procedimiento. Que el a quo vulneró su derecho a la defensa, por cuanto le impidió defenderse respecto a la nueva calificación juridica de abuso de autoridad que le atribuyó a los hechos denunciados por la IGT. norma contenida en el articulo 33.14 del Código de Ética, que entró en vigencia el 20 de agosto de 2010, circunstancia que dio lugar a la falsa aplicación de la mencionada norma. desacato a la decisión dictada por el Juzgado Superior Tercero, señalamiento que, a su juicio, menoscabó sus derechos y constituyó una usurpación de funciones, toda vez que el desacato es un delito tipificado en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre U Derechos y Garantías Constitucionales, que solo puede ser calificado por un tribunal penal competente, previa investigación y acusación por parte del Ministerio Público. Asimismo, denunció que la recurrida adolecía del vicio de falso supuesto al considerar- _que gesobedeció una orden dictada por el tribunal de alzada; sin embargo, lo ordenado en el mandamiento de amparo consistió en que se dictara una nueva decisión que que, a su juicio, no se configuró el supuesto de abuso de autoridad, pues aplicó un criterio lógico, legal y válido para resolver el caso concreto en ejercicio de su competencia como juez civil. Por otra parte, señaló que el razonamiento utilizado por la recurrida resultó contradictorio, toda vez que el amparo no podía contener instrucciones vinculantes respecto a la interpretación o aplicación del ordenamiento juridico para resolver el caso en particular, En este sentido, sostuvo que la recurrida había partido de una suposición falsa, al haber considerado que el mandamiento de amparo había resuelto lo atinente a la cualidad de la parte actora, toda vez que en virtud de la naturaleza meramente reestablecedora y nunca constitutiva del amparo, mal podía haber entrado a dirimir lo concerniente a la cualidad de la parte actora en un juicio de naturaleza arrendaticia. considerado que había incumplido con la decisión de la Sala Constitucional dictada el 25 de mayo de 2006, por cuanto su decisión es de fecha 12 de mayo de 2005, es decir, anterior a dicha sentencia. Agregó, que la sentencia apelada adolece del vicio de falso supuesto de derecho, por y cuanto la figura del litisconsorcio activo necesario no se encontraba prevista en la ley, obviando que tal figura procesal existe en nuestro ordenamiento juridico y ha sido Sostuvo que el a quo incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho, por falta de aplicación del articulo 4 del Código de Ética, toda vez que realizó un análisis jurídico sobre el thema decidendum de la controversia que dio lugar al procedimiento disciplinario. En ese orden de ideas sostuvo, que la recurrida incurrió en el alegado vicio al haber afirmado que le estaba vedado analizar la cualidad de la parte actora, asi como determinar la existencia de un litisconsorcio necesario activo. Agregó, que la recurrida vulneró los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, pues si bien su actuación coincidió con el dispositivo del fallo anulado mediante amparo, impartida por el tribunal de superior jerarquía. Finalmente, señaló que la causa se encontraba prescrita, pues si bien la decisión que dio fue ordenado por la IGT el 28 de febrero de 2007, desde que se inició el procedimiento disciplinario (06 de febrero de 2007) hasta que le fue notificado el acto conclusivo (03 de febrero de 2012) transcurrieron más de 4 años y 11 meses. IV CONTESTACIÓN A LA FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN Mediante escrito presentado el 19 de febrero de 2014, la IGT dio contestación a los fundamentos de la apelación en los siguientes términos: Señaló que no existía prejudicialidad pues la misma debía ser declarada por un órgano jurisdiccional y que la IGT, al no haber constatado el inicio de un proceso penal contra el juez investigado, podía, como en efecto lo hizo, continuar con la investigación y dictar el acto conclusivo con los elementos que constaban en el expediente administrativo. ( juridica no afectó el derecho a la defensa del juez investigado, toda vez que el TDJ usó por esta Corte en sentencia N° 20 del 20 de octubre de 2012. se cometió el hecho que dio lugar al ilicito disciplinario, dicha conducta se encontraba prevista en los artículos 39.7 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y 40.16 de la Ley de Carrera Judicial. Igualmente, sostuvo que la recurrida utilizó la palabra "desacato" para expresar que el juez no cumplió con la decisión del Juzgado Superior Tercero, generando una ruptura al orden establecido en el sistema de administración de justicia, lo cual evidenció su _inidoneidad para continuar en el ejercicio de sus funciones. Indicó, que el juez desobedeció una orden dictada por el tribunal de alzada y no dio resolver lo atinente a la falta de cualidad de la demandante para intentar una demanda, siendo que ya el tribunal de amparo se había pronunciado al respecto. Asimismo, sostuvo que el investigado cercenó el derecho de acceso a la justicia del demandante al no dar cumplimiento a lo ordenado por la sentencia del tribunal superior, ratificada por la Sala Constitucional el 06 junio de 2006. Que si bien el TDJ señaló que el juez investigado habia incumplido con la decisión dictada por la Sala Constitucional de fecha 25 de mayo de 2006, ello constituyó un error material de transcripción que no acarreará la nulidad de la sentencia. Indicó, que la recurrida no se fundamentó en la existencia del litisconsorc:o, sino en la conducta del juez que desacató lo establecido por el tribunal superior. Asimismo, señaló página original (tal como se publicó) [Página 34] que ël recurrente no indicó la norma vulnerada, que fue delatada como falso supuesto de derecho. e n en n ennn de n n ree n caso, revisó aspectos jurisdiccionales inherentes a su autonomía. decidido de manera diferente un caso semejante al de autos. Finalmente, alegó que el hecho investigado ocurrió en fecha 12 de mayo de 2005 y el procedimiento disciplinario se inició el 06 de febrero de 2007, siendo éste el acto que interrumpió la prescripción. V DE LA COMPETENCIA sometido a su consideración y, al respecto, observa: El articulo 42 del Código de Ética, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 del 23 de agosto de 2010, establece la competencia decisiones dictadas por el TDJ, ya sean interlocutorias o definitivas, en los términos que a continuación se transcriben: "Articulo 42. Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra decisiones ya sean interlocutorias o definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y el resto de la venezolano y Jueza venezolana". recurrente está dirigida a la revisión de la legalidad del fallo dictado por el a quo, lo que permite a esta Alzada verificar que, efectivamente, se trata de una apelación contra la juez Luis Rodolfo Herrera González por haber incurrido en el ilícito disciplinario previsto en el numeral 14 del articulo 33 del Código de Ética, razón por la cual esta Corte declara su competencia para conocer el presente asunto. Asi se decide. vI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Establecida como ha sido la competencia de esta Corte y analizadas las actas que cursan en el expediente, esta Alzada pasa a decidir el presente recurso de apelación, previas las siguientes consideraciones: Denunció el recurrente en su escrito de fundamentación, que la sentencia objeto de había negado a corregir los vicios que afectaban el procedimiento, desestimando el a Para resolver esta denuncia, debe atenderse al contenido y alcance de los vicios delatados: excepciones o defensas opuestas por las partes, lo que conlleva por vía de consecuencia 5° del Código de Procedimiento Civil. Por su parte. la contradicción se produce cuando en la elaboración de su decisión el juzgador incorpora dos o más dispositivos antagónicos, circunstancia que acarrea la inejecutabilidad del fallo o que éste no se corresponda con el sentido o alcance de la resolución adoptada (Vid. sentencia de esta a Corte N°1 del 28 de enero de 2014). e en le re e en o es cnq ..Existlia] una prejudicialidad por encontrarse el caso suspendido mientras [fueran] agregadas las actuaciones al expediente por la Fiscalía General de la República (sic) tal como, se [habia] evidencia[do] del auto realizado por la Inspectoria General de Tribunales, en fecha 6-2-2007, invoc[ando] los articulos 73 y 3 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana existiendo una violación del debido proceso..." Al respecto, constató esta Alzada que el a quo se pronunció sobre el alegato del juez denunciado formulado en la audiencia oral y pública, al indicar que si bien en fecha 6 de febrero de 2007 la IGT habia acordado suspender la investigación hasta tanto el Ministerio Público remitiera las actuaciones relacionadas con la investigación ordenada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, posteriormente continuó con su investigación por cuanto, según el a quo, la responsabilidad penal y la disciplinaria resultaban distintas y, en consecuencia, la tramitación de ambos procedimientos eran independientes. Lo anterior permite constatar que la fundamentación de la recurrida no omitió el estudio de la defensa opuesta por el juez denunciado, razón por la cual el vicio de incongruencia delatado debe declararse improcedente. Así se decide. las actas puede constatarse que la recurrida no se encuentra inficionada por tal vicio conforme a la conceptualización doctrinaria y jurisprudencialmente admitida, en virtud de lo cual se desvirtúa su denuncia. Así se decide. hechos denunciados por la IGT. Para resolver esta denuncia debe precisar esta Corte por una parte, el contenido del derecho a la defensa y por la otra, el objeto del procedimiento sancionatorio. 8 pretensiones y rebatir los fundamentos que la parte contraria formule. Asimismo entraña, en todo procedimiento administrativo o jurisdiccional, la oportunidad para oir al encauzado y analizar oportunamente sus alegatos y pruebas. En consecuencia, existe afectarlo, se le impide su participación o el ejercicio de sus derechos, o se le prohibe 5/04/2011). Por otra parte, con relación al cambio de calificación jurídica delatada, debe advertirse que el objeto del procedimiento disciplinario judicial lo constituye el establecimiento del y a la cual se atribuye carácter de ilicito disciplinario. En consecuencia, el descargo o presume desplegada por él, a los fines de serle impuesto el tomen iuris o calificación juridica que el legislador atribuye a tal supuesto. En el caso bajo estudio se constató que, en el curso del procedimiento cumplido en (vid. folios 280-312, pieza 2), participó en la audiencia oral y pública (vid. folios 353-360, el recurrente ejerció plenamente su defensa. Advierte igualmente esta Alzada, que en el presente caso la situación fáctica que dio lugar a la determinación de la responsabilidad disciplinaria del juez, no fue modificada por el TDJ a objeto de establecer la sanción que aplicó, sino que la situación considerada se correspondia con los hechos narrados en el Acto Conclusivo presentado por el órgano de investigación, en razón de lo cual la defensa opuesta debía circunscribirse a desvirtuar la novit curia. hechos denunciados, sin que ello constituyera una vulneración del derecho a la defensa del recurrente, por cuanto, tal como se constató, el denunciado pudo defenderse de los hechos atribuidos por la IGT. Asi se decide. En otro sentido, sostuvo el recurrente que el cambio de calificación jurídica en la del Código de Ética, circunstancia que, a su juicio, acarreó la falsa aplicación de la.. mencionada norma. Al respecto, observa esta Alzada que el articulo 24 de la Constitución de 1999 consagra imponga una menor pena. Así, advierte esta Corte que los hechos que dieron lugar a la aplicación del Código de Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y 40.16 de la Ley de Carrera Judicial, De esta manera, visto que en el caso bajo análisis el ilicito atribuido por la recurrida se desestimarse el argumento expuesto por la parte actora referido a la aplicación retroactiva de la norma contenida en el artículo 33.14 del Código de Ética. Asi se decide. Seguidamente, arguyó el recurrente que el a quo incurrió en usurpación de funciones al calificar su conducta como un desacato, toda vez que un pronunciamiento de tal acusación del Ministerio Público. página original (tal como se publicó) [Página 35] En este sentido estima esta Alzada, que aun cuando el recurrente delató y caracterizó el la realización por parte de la autoridad de un acto para el cual no tiene competencia expresa. En consecuencia esta Alzada, atendiendo al principio iura novit curia, procederá al análisis del vicio delatado como extralimitación de atribuciones. Determinado lo anterior, se aprecia que el a quo, al fundamentar su decisión, consideró que el juez investigado había incurrido en el ilicito disciplinario de abuso de autoridad, toda vez que al dictar el fallo que declarò sin lugar la demanda de resolución de contrato ..[había desacatado] la decisión profanada(sic) por el Tribunal Superior, generando con ello una afectación a la tutela judicial efectiva de la parte demandante..." "desacato", para lo cual observa que dicho término se le atribuye al hecho punible de n n e dn n n en penal, previa investigación y acusación del Ministerio Público, en el contexto del debido proceso (vid. sentencias de la Sala Constitucional N° 895 y 74 del 31 de mayo de 2001 y 24 de enero de 2002). En este sentido, verificó esta Alzada que la recurrida calificó la conducta del juez como un desacato, sin que constara en autos que dicho delito hubiera sido investigado por el Corte, comportó una invasión a la esfera de atribuciones materiales de otro órgano de la sentencia apelada. Así se decide. recurrente. Así se decide. En virtud de la anterior declaratoria, corresponde a esta Corte en primer lugar, precisar el contenido y alcance del ilicito de abuso de autoridad que fue imputado al juez ( de la conducta desplegada por el juez y su reprochabilidad. disciplinario de abuso de autoridad se concreta cuando el sentenciador realiza funciones que no le han sido conferidas en la ley, lo que deviene en una utilización desmedida de facultades, debiendo entenderse que se trata de un ejercicio desproporcionado e injustificado de las competencias que le corresponden a todo juez, (Vid sentencia de esta Corte N° 6 del 5 de junio de 2012). Ahora bien, a fin de establecer el juicio de reprochabilidad de la conducta, se impone por el juez denunciado. En este sentido, de la lectura de las actas del expediente contentivo de la investigación instruida por la IGT, se observa lo siguiente: Ortega Lares, en su carácter de co-arrendadores, suscribieron un contrato de arrendamiento con la empresa "TALLER A.G. MOVIL. C.A.". Posterormente, el ciudadano Andrés Sanclaudio Cavellas demandó la resolución del referido contrato ante el Juzgado Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de cualidad del actor, mediante sentencia de fecha 27 de mayo de 2004. 3. En fecha 19 de octubre de 2004 el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Familia de la misma Circunscripción Judicial, declaró sin lugar 4. Posteriormente, el ciudadano Andrés Sanclaudio Cavellas interpuso acción de amparo constitucional contra el referido fallo, ante el Juzgado Superior Tercero, órgano que el 07 de marzo, de 2005 declaró: i) con lugar la acción de amparo constitucional, i) anuló la sentencia dictada el 19 de octubre de 2004 por el Juzgado Undécimo de nqu se e en [jr. ! e accionado o el que correspondfiera], dictará] nueva decisión que incluye[era] la n e n e e un n n e nn principio 'iura novi curia" (sic)..." (vid. folios 58-67., pieza1). 5. En ejecución de la anterior decisión, en fecha 12 de mayo de 2005 el tribunal a cargo del juez investigado dictó sentencia, en la cual declaró sin lugar la demanda. En su decisión estableció lo siguiente: ●Que en la oportunidad de contestar la demanda, el demandado había opuesto la falta de cualidad e interés de la parte actora para intentar el juicio, pues la parte litisconsorcio necesario activo. . Que el correndador, ciudadano Gustavo- Ortega Lares, contestó la cita de pago de los cánones de arrendamiento y que el ciudadano Andrés Sanclaudio intentar el juicio. directamente la decisión, lo cual imponía un pronunciamiento respecto a esta defensa. expresa de éste, por cuanto tal como había sido alegado, existia un litisconsorcio al objeto de la causa, debido a que el contrato de arrendamiento se encontraba suscrito por dos arrendadores, ciudadanos Andrés Sanclaudio Cavellas y Gustavo Ortega Lares, y la arrendataria Taller A.G. Movil C.A. (vid. folios 51-56, Pieza1.) referida a la falta de cualidad de la actora para solicitar la resolución del contrato de arrendamiento, argumento que resultaba fundamental, pues una vez determinada, no demanda, ya que la persona que se afirmaba titular del derecho no era aquella a quien la ley otorgaba la facultad para hacerlo exigible. Igualmente, se evidencia que la conducta desplegada por el juez Luis Rodofo Herrera González atendió al dispositivo dictado por el Juzgado que conoció la acción de amparo, atribuidas al juez civil, lo cual desvirtúa las caracteristicas propias del ilícito de abuso de autoridad, es decir, el uso desmedido de las atribuciones que le han sido conferidas al operador de justicia por la ley. . anula la sentencia N° TDJ-SID-2013-156 dictada por el TDJ en fecha 19 de noviembre de 2013 y absuelve de responsabilidad disciplinaria al juez Luis Rodolfo Herrera González. Asi se decide. el a quo se llevó a cabo el 19 de julio de 2012 y el extenso de la decisión fue publicado el 19 de noviembre de 2013, es decir, un año y cuatro meses después de haberse dictado el dispositivo en la audiencia, circunstancia que revela un incumplimiento con creces del / lapso previsto en el articulo 82 del Código de Ética. Por tal razón, esta Alzada exhorta al Tribunal Disciplinario Judicial a cumplir cabalmente con los lapsos establecidos para la instrucción del procedimiento de primera instancia, tutela judicial efectiva del justiciable. VII DECISIÓN Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: 2013, por el ciudadano LUÍS RODOLFO HERRERA GONZÁLEZ, en su carácter de Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contra la sentencia N° TDJ- SID-2013-156 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial el 19 de noviembre de 2013, destitución del cargo. Herrera González. Publiquese, Registrese y Notifiquese. Remitase copia certificada del presente fallo a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Inspectoria General de Tribunales. Cúmplase lo ordenado. Devuélvase el Expediente al Tribunal de origen. Se ordena la publicación del presente fao en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el articulo 82 del Código de Ética. página original (tal como se publicó) [Página 36] Dada, firmada y sellada en el Salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de caracas, a los _18. DíAS del mes de MaR.20 de 2014. Años 203° de la Independencia y 155° de la Federación. El Presidente Vicepresidenta-Ponente ANACECIKA ZULUETA RODRIGUEZ Jueza MERLYMORALES HERNÁNDEZ La Secretaria Hfawneand MARIANELA GIL MARTÍNEZ Exp. N° AP61-R-2014-000001 Hoy dieciocho (18) de marzo del año dos mil catorce (2014), siendo las-03:20 pm, se public la anterior decisión bajo el N° 09 secretaria REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZA PONENTE: ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Expediente N° AP61-R-2014-000006 Mediante oficio N° TDJ-165-2014 de fecha 28 de enero de 2014, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ) remitió a esta Corte Disciplinaria Judicial el expediente contentivo del procedimiento disciplinario seguido a las ciudadanas CARMEN MIREYA TELLECHEA DE LUNAR, IRMA DE LA TRINIDAD ÁVILA MAESTRACCI y MARÍA EUGENIA OPORTO SERRES, titulares de las cédulas de identidad números 2.780.092, 3.021.648 y 3.026.893, respectivamente, juezas de la Sala Accidental Primera de Reenvio para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Tal remisión se realizó en virtud del auto de fecha 17 de enero de 2013 dictado por el TDJ, mediante el cual oyó en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto el 13 de de fecha 11 de octubre de 2012, que las absolvió de responsabilidad disciplinaria y se declaró incompetente para el conocimiento de la solicitud de conversión del beneficio de jubilación especial en jubilación plena. El 30 de enero de 2014, la Secretaría de esta Corte recibió de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, URDD) el presente expediente y dejó constancia de su distribución, correspondiendo la ponencia a la Jueza Ana Cecilia Zulueta Rodríguez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. En fecha 12 de febrero de 2014, la Secretaría acordó fijar audiencia oral y pública a las e n ee n e pn ( n d de la fecha antes indicada. El 18 de febrero de 2014, la jueza María Eugenia Oporto consignó los fundamentos a la apelación. Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, esta Corte Disciplinaria Judicial observa lo siguiente: ANTECEDENTES En fecha 14 de agosto de 1998 el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Penal, Bancario y de Salvaguarda del Patrimonio Público del Área Metropolitana de Caracas, mediante sentencia N° 4696, impuso penas privativas de libertad a los ciudadanos Gustavo Adolfo Gómez López, Giácomo León Rochelle, Rosi Mari Rojo Peña, Maria Teresa Pulgar Corao y Folco Falchi Tiberi, por la comisión de delitos de distracción de fondos públicos, exdirectivos del Banco Latino. El 25 de agosto de 1999 a Sala Décima de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, anuló la anterior Gustavo Adolfo Gómez López, Giacomo León Rochelle y Folco Falchi Tiberi. Mediante sentencia N° 818 de fecha 13 de junio de 2000, la Sala de Casación Penal declaró con lugar el recurso de casación ejercido por el ciudadano Folco Falchi Tiberi contra la anterior decisión, y el 11 de julio de 2001 la Sala Accidental Primera de Reenvio para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito absolvió de responsabilidad penal a todos los en causados. El 13 de julio de 2001 la Inspectoria General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT), ordenó Accidental Primera de Reenvío y el 18 de julio de 2001 la Fiscalía Segunda del Ministerio Pública a Nivel Nacional interpuso recurso de nulidad contra la decisión de la Sala Accidental Primera de Reenvio. Mediante sentencia N° 0003 de fecha 11 de enero de 2002, la Sala de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público y de oficio declaró la nulidad de la decisión de la Sala Accidental Primera de Reenvio. El 02 de abril de 2002, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema investigadas por haber incurrido en los ilicitos de abuso de autoridad, infracción de Maestracci. Mediante sentencia N° 03242 de fecha 12 de diciembre de 2002, la Sala Constitucional anuló la sentencia N° 0003 del 11 de enero de 2002 dictada por la Sala de Casación Penal y declaró firme la sentencia absolutoria del 11 de julio de 2001 dictada por la Sala Accidental Primera de Reenvio. El 21 de mayo de 2009, la Sala Politico Administrativa declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana Carmen Mireya Tellechea de Lunar contra el acto administrativo que estableció su responsabilidad disciplinaria, en virtud de haber cambiado la situación juridica que dio lugar a tal determinación como consecuencia de la decisión de la Sala Constitucional, anuló dicho acto y ordenó a la CFRSJ dictar nueva decisión. Administrativa, la CFRSJ se abocó al conocimiento de la causa. Una vez constituida la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, el TDJ se abocó el 28 de septiembre de 2011 al la etapa de celebración de la audiencia oral y pública. En fecha 18 de septiembre de 2012 se realizó la audiencia oral y pública, oportunidad en la cual el TDJ absolvió de responsabilidad disciplinaria a las juezas investigadas y se declaró incompetente para el conocimiento de la solicitud de conversión de la jubilación especial en jubilación ordinaria. El 11 de octubre de 2012 fue publicado el extenso de la referida sentencia. En fecha 13 de diciembre de 2012 las juezas investigadas solicitaron aclaratoria y/o ampliación del fallo y, subsidiariamente, ejercieron el recurso de apelación. El 15 de enero de 2013, el TDJ resolvió la aclaratoria y el 17 del mismo mes y año, oyó la apelación en ambos efectos. Por auto del 17 de abril de 2013 esta Corte ordenó la devolución del expediente al TDJ, a fin de practicar la notificación a la Procuraduría General de la República. El 24 del mismo mes y año el a quo remitió el expediente con la correspondiente notificación. página original (tal como se publicó) [Página 37] Mediante sentencia N° 32 del 17 de septiembre de 2013, esta Alzada ordenó la reposición de la causa al estado en que se diera cumplimiento al articulo 95 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que ordena la suspensión del proceso por treinta (30) días continuos, una vez consignada en autos las resultas de la notificación de la Procuraduría General de la República. En fecha 28 de enero de 2014, el TDJ remitió el expediente a esta Corte en cumplimiento a lo ordenado en la anterior sentencia. " DEL FALLO APELADO En fecha 11 de octubre de 2012 el TDJ publicó el extenso de la sentencia N° TDJ-SD- 2012-230, que absolvió de responsabilidad disciplinaria a las juezas investigadas y se ordinaria, con base en la argumentación que se explana a continuación: Que el artículo 345 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal establecía, que si sentencia objeto de impugnación y la remisión del expediente a un tribunal de reenvío para que dictara nueva sentencia. ( Que la Sala de Casación Penal mediante sentencia N° 818 del 13 de junio de 2000, declaró con lugar el recurso de casación de forma interpuesto por uno de los imputados, anuló la sentencia impugnada y ordenó al Tribunal de Reenvío conocer de todas las imputaciones en la causa penal. Que la actuación de las juezas denunciadas no dio lugar a una conducta abusiva, ci: sentencia de la Sala Constitucional N° 03242 del 12 de diciembre de 2012. Con relación a la solicitud formulada por las ciudadanas María Eugenia Oporto Serres e Venezolana (en lo sucesivo, Código de Ética). en consecuencia, declaró su incompetencia para el conocimiento de la referida solicitud. Posteriormente, en fecha 15 de enero de 2013, el TDJ resolvió la solicitud de aclaratoria y/o ampliación del fallo en los términos siguientes: que las ciudadanas María Eugenia Oporto Serres e Irma de la Trinidad Ávila Maestracci se encontraban jubiladas desde el 01 de mayo de 2002 y el 27 de octubre de 2003, ordenarse la reincorporación al cargo de las anteriores ciudadanas, retomándoles su cualidad de juezas activas, cuando ya les había sido concedido el beneficio de jubilación y del cual han venido gozando por casi nueve (9) años la primera y ocho (8) años la segunda ininterrumpidamente, beneficio éste que es perenne e intransferible... En cuanto al pago solicitado por las ciudadanas Maria Eugenia Oporto Serres e Irma de ( emitido por la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial ordenó la tramitación del beneficio de jubilación (.) no [era] menos cierto que la concesión del beneficio de jubilación fue solicitado de manera expresa por las referidas ciudadanas con anterioridad al acto administrativo sancionatorio dictado por la extinta Comisión...". Finalmente, amplió el fallo en cuanto a la ciudadana Carmen Mireya Tellechea de Lunar, y ordenó a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura tramitar el pago de los salarios y, demás beneficios dejados de percibir desde la fecha de su destitución el 2 de abril de 2002 hasta el 27 de julio de 2005, oportunidad en la cual reingresos al Poder Judicial. III FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN Mediante escrito presentado el 18 de febrero de 2014, la ciudadana María Eugenia Oporto Serres fundamentó el recurso de apelación en los siguientes términos: Denunció que *...aun cuando (.. fu[e] absuelta] de toda responsabilidad disciplinaria [su] situación jurídica no fue establecida (...) pues el fallo absolutorio (..) omitió[o] [el] relativo a [su] reincorporación plena al ejercicio del cargo (...) o bien a la tramitación ordinaria de [su] jubilación plena, tal como lo habia solicitado antes de la inta destitución...". verdaderamente relevante, pues de nada sirve, en cuanto concierne a [sus] derechos subjetivos e intereses legitimos, recibir la absolución por faltas disciplinarias (.) si la decisión correspondiente no procura restablecer en la medida de lo posible la situación juridica infringida por un acto administrativo absolutamente nulo...". Agregó que "..una sentencia simplemente absolutoria, que se abstiene indebidamente de todo pronunciamiento restablecedor en tomo a la situación jurídica lesionada, no hace justicia ni repara en lo absoluto el gravísimo daño que le [fue] infligido.. ordenada [su] reincorporación (.) en razón de la condición administrativa que presentar[a] para el momento en el que el Tribunal Disciplinario Judicial conoció del asunto (..) consta en el expediente administrativo que se [le] concedió el beneficio de jubilación de orden público, mal podria ordenarse la reincorporación al cargo retomando[la] a la cualidad de jueza activa, cuando ya se [le] habla concedido el beneficio de jubilación, del cual ha venido gozando por casi nueve (9) años...". otorgada no fue la jubilación plena y ordinaria a la que tenía derecho y la cual hab[ra] obtenido naturalmente de no haber mediado la actuación injusta, Irrita y a la postre anulada por virtud de la cual fu[e] destituida de [su] cargo; sino una jubilación forzada definitiva desembopó en [su] destitución...". Explicó, que ciertamente cursa en su expediente personal la voluntad ce fecha 28 de no fue acordada, ni considerada en forma alguna, sino que la Jubilación que [le] fue otorgada es una Jubilación Forzada como consecuencia de la conversión de la oprobiosa destitución...". Finalmente, solicitó la reincorporación al cargo, el pago de los salarios, demás remuneraciones y beneficios sociales que dejó de percibir, así como la tramitación de su jubilación ordinaria. IV DE LA COMPETENCIA Debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer el asunto sometido a su consideración y, al respecto, observa: El articulo 42 del Código de Ética, publicado en la Gaceta Oficial de la República e n e e n n e n ee ee a continuación se transcriben: "Artículo 42.- Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de presente Código y el resto de la normativa que guarde relación con la idoneidad judicial y el desempeño del Juez venezolano y Jueza venezolana". recurrente está dirigida a la revisión de la legalidad del fallo dictado por el a quo, lo que le permite a esta Alzada verificar que, efectivamente, se trata de una apelación contra la sentencia definitiva dictada por el TDJ, que absolvió de responsabilidad disciplinaria a las juezas investigadas y se declaró incompetente para el conocimiento de la solicitud de Corte declara su competencia para conocer el presente asunto. Así se decide. V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR expediente, esta Corte pasa a decidir los recursos de apelación interpuestos, previas las siguientes consideraciones: Eugenia Oporto Serres e Irma de la Trinidad Ávila Maestracci ejercieron recurso de apelación en fecha 13 de diciembre de 2012 y el 17 de enero de 2013 el TDJ oyó la apelación en ambos efectos. Igualmente, se constata que en la oportunidad legal correspondiente, las ciudadanas Carmen Mireya Tellechea de Lunar e Irma de la Trinidad Ávila Maestracci no página original (tal como se publicó) [Página 38] consecuencia establecida en el artículo 84 del Código de Ética, cuyo texto es del tenor siguiente: "Artículo 84.- (.) El o la recurrente tendrá un lapso de tres días contados a partir del auto de fijación, para presentar un escrito fundado, en el cual debe expresarse concreta y razonadamente cada motivo y lo que pretende (..) Será declarado perimido el recurso, cuando la formalización no se presente en el lapso a que se contrae este articulo o cuando el escrito no cumpla con los requisitos establecidos..." (Resaltado de la Corte). para la fundamentación se inició el 13 de febrero y concluyó el 19 del mismo mes y año y, siendo que en el recurso de apelación interpuesto no se observaron alegatos que evidenciaran las razones de la impugnación del fallo que les resultó adverso, esta Corte ciudadanas Carmen Mireya Tellechea de Lunar e Irma de la Trinidad Ávila Maestracci. Asi se decide. Como consecuencia del pronunciamiento que precede, el análisis de esta Alzada se Eugenia Oporto Serres. Al efecto, aprecia esta Corte que la jueza apelante denunció que la recurrida incurrió en el vicio de suposición falsa, al haber indicado que no había sido ordenada su reincorporación en razón de que gozaba del beneficio de jubilación desde el 01 de mayo de 2002, sin precisar que esa jubilación no era ordinaria, sino forzada y especial, como consecuencia del acto administrativo dictado por la CFRSJ que estableció su responsabilidad disciplinaria y se abstuvo de imponer la sanción de destitución. Esta circunstancia, a juicio de la recurrente, inficiona de incongruencia la sentencia apelada, beneficio de jubilación ordinaria. Para resolver la denuncia formulada por la recurrente, debe esta Corte precisar el contenido y alcance del vicio de suposición falsa, el cual se produce cuando el sentenciador, en su fallo, establece falsa o inexactamente un hecho positivo y concreto expediente menciones que no contiene, o bien porque da por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente (vid. sentencia N° 42 del 22/01/2014 de la Sala Politico Administrativa). Ahora bien, con el fin de pronunciarse sobre el vicio invocado, encuentra esta Corte necesario traer a colación lo sostenido por el a quo en la ampliación del 15 de enero de María Eugenia Oporto Serres. a Sobre este punto, indicó la recurrida que no fue ordenada la reincorporación y el pago de los sueldos y demás beneficios de la ciudadana María Eugenia Oporto Serres, en razón de la condición administrativa que presentaba para la oportunidad en que se dictó el fallo, toda vez que "...si bien mediante el acto administrativo emitido por la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial ordenó la tramitación del beneficio de jubilación a I[a] ciudadan[a] María Eugenia Oporto, no es menos cierto que la concesión del beneficio de jubilación fue solicitado de manera expresa por I[a] referid[a] cludadana[a] con anterioridad al acto administrativo sancionatorio". En este orden de ideas, la revisión de las actas que integran el expediente permite constatar que el acto administrativo dictado el 2 de abril de 2002 por la CFRSJ, cuya nulidad fue decretada por la Sala Politico-Administrativa del Tribunal Supremo de ciudadana y, se abstuvo de imponer la sanción, ordenando a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura tramitar su jubilación especial, de conformidad con la Resolución de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia sobre las Normas sobre los Beneficios y Planes República Bolivariana de Venezuela N° 37.388 del 20 de febrero de 2002. (vid. folio 480, pieza 3). Igualmente se aprecia, que si bien es cierto la jueza apelante en la fundamentación de la apelación reconoció haber solicitado el otorgamiento del beneficio de su jubilación ordinaria el 28 de diciembre de 2000 (vid. folio 15, pieza 5), no es menos cierto que tal solicitud no se tramitó, pues para la oportunidad en que ocurrieron los hechos que dieron durante la instrucción del procedimiento disciplinario ante la CFRSJ había sido objeto de una medida de suspensión en fecha 14 de agosto de 2001 (vid. folios 106-107, pieza 3). jubilación especial, a partir de la fecha en que se dictó el acto de la CFRSJ, dirigidos a las siguientes autoridades: .Oficio N° 0116-2002 de fecha 2 de abril de 2002, mediante el cual la CFRSJ participa ante la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. (folio 483, pieza 3). Oficio N° 0120-2002 de fecha 2 de abril de 2002, en el que la CFRSJ remite copia certificada de la decisión a la Oficina de la Secretaria del Consejo de Ministros, a los fines de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. (folio 487, pieza 3). Oficio N° 0121-2002 de fecha 2 de abril de 2002, en el cual la CFRSJ Informa al Administrador de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas del trámite de jubilación ante la Dirección Ejecutiva de la Magistratura de la ciudadana Maria Eugenia Oporto Serres. (folio 488, pieza 3). Oficio N° 0122-2002 de fecha 2 de abril de 2002, mediante el cual la CFRSJ participa a la División del Servicio al Personal del trámite de Jubllación ante la Dirección Ejecutiva de la Magistratura de la ciudadana Maria Eugenia Oporto Serres. (folio 489, pieza 3). Oficio N° 0143-2002 de fecha 2 de abril de 2002, en el que la CFRSJ comunica a la Oficina de Carrera Judicial del trámite de jubilación ante la Dirección Ejecutiva de la Magistratura de la ciudadana Maria Eugenia Oporto Serres. (folio 490, pieza 3). Oficio N° 0145-2002 de fecha 2 de abril de 2002, en el cual la CFRSJ informa a la 491, pieza 3). Oficio N° 0144-2002 de fecha 2 de abril de 2002, mediante el cual la CFRSJ participa a la Gerencia de Recursos Humanos del trámite de Jubllación ante la Dirección Ejecutiva de la Magistratura de la ciudadana Maria Eugenia Oporto Serres. (folio 492, pleza 3). Oficlo N° 0119-2002 de fecha 3 de abril de 2002, en el cual la CFRSJ comunica al trámite de jubllación ante la Dirección Ejecutiva de la Magistratura de la cludadana Maria Eugenia Oporto Serres. (folio 486, pieza 3). Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, acusa recibo del trámite de jubilación ante la Dirección Ejecutiva de la Magistratura de la ciudadana Maria Eugenia Oporto Serres. (folio 486, pieza 3). Las documentales referidas, evidencian que la jubilación de la ciudadana María Eugenia CFRSJ, lo que permite constatar que la recurrida estableció un hecho falso al afirmar que la jubilación de la recurrente se había acordado en virtud de la solicitud que ésta había realizado. Tal razonamiento determinó la abstención del a quo de ordenar la consecuencia inmediata y lógica de la declaratoria de exoneración de responsabilidad pago de los sueldos y demás beneficios dejados de percibir, o el trámite de su jubilación ordinaria a partir de la fecha del fallo recurrido, con el consecuente pago de las otorgamiento de la jubilación especial. En atención a lo expuesto, esta Corte estima que la recurrida adolece del vicio de resolvió la solicitud de reincorporación o conversión de la jubilación especial en jubilación ordinaria y el pago de sueldos y demás beneficios dejados de percibir por la ciudadana María Eugenia Oporto Serres. Así se declara. Precisado lo anterior, corresponde a esta Alzada resolver lo peticionado por la recurrente y, al respecto observa que, tanto en primera instancia como en la sociales y, expresamente solicitó "...que la reincorporación que le fuera acordada, [se] redireccionara a una JUBILACIÓN COMPLETA" (vid. folio 140, pieza 4). Con relación a tal pedimento, se aprecia que ha sido criterio de la Sala Constitucional, fines del cómputo de la antiguedad el tiempo transcurrido desde su ilegal desincorporación. De no cumplirse con tales requisitos, en respeto a la integralidad de la indemnización, el funcionario demandante deberá ser restituido al cargo del cual hubiese sido ilegalmente separado, con el respectivo pago indemnizatorio de los sueldos y (vid. sentencia N° 437 de fecha 28 de abril de 2009). En el presente caso, aprecia esta Alzada que la voluntad de la recurrente fue la concesión de su jubilación ordinaria, razón por la cual, en virtud del carácter constitucional que tal derecho reviste, se acuerda ordenar a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia instruir a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura a los Serres, tomando en consideración, para efectos del cómputo de la incidencia de la antigüedad en todos los beneficios que le correspondan, el período comprendido entre el 2 de abril de 2002 y la fecha de publicación del presente fallo. Así se declara. Como consecuencia de la anterior declaratoria, se ordena pagar la diferencia de los sueldos, bonos y demás beneficios dejados de percibir por la ciudadana María Eugenia Oporto Serres en el período comprendido entre el 2 de abril de 2002, fecha en la que se dictó el acto administrativo de la CFRSJ que fue anulado por la Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 21 de mayo de 2009, hasta la fecha de publicación del presente fallo, con relación a los mismos conceptos percibidos por el personal activo durante el mismo período. Así se decide. En atención a lo expuesto, esta Corte Disciplinaria Judicial declara con lugar la apelación ejercida el 13 de diciembre de 2012 por la ciudadana María Eugenia Oporto página original (tal como se publicó) [Página 39] Serres contra la sentencia dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial N° TDJ-SD-2012- 230 de fecha 11 de octubre de 2012 y su aclaratoria del 15 de enero de 2013. Así se declara. VI DECISIÓN En virtud de los razonamientos que preceden, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, 1. Declara PERiMiDO el recurso de apelación interpuesto en fecha 13 de diciembre de 2012 por las ciudadanas Carmen Mireya Tellechea de Lunar e Irma de la Trinidad Ávila Maestracci, contra la sentencia N° TDJ-SD-2012-230 de fecha 11 de octubre de 2012 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial. 2. Declara CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la ciudadana María Eugenia Oporto Serres contra la sentencia N° TDJ-SD-2012-230 de fecha 11 de octubre de 2012 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial y su aclaratoria de fecha 15 de enero de 2013. 3. Se ANULA parcialmente el fallo N° TDJ-SD-2012-230 de fecha 11 de octubre de 2012 y su aclaratoria de fecha 15 de enero de 2013, dictados por el Tribunal Disciplinario Judicial. 4. Se ORDENA a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, instruir a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura a los fines de: 4.1. PAGAR la diferencia de los sueldos, bonos y demás beneficios dejados de percibir por la ciudadana Maria Eugenia Oporto Serres en el período comprendido entre el 2 de abril de 2002, fecha en la que se dictó el acto administrativo de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial que estableció la responsabilidad disciplinaria de las juezas Carmen Mireya Tellechea de Lunar, Irma de la Trinidad Ávila Maestracci y María Eugenia Oporto Serres, por haber incurrido en los ilícitos de abuso de autoridad, infracción de deberes legales y lesión a destitución, hasta la fecha de publicación del presente fallo, con relación a los mismos conceptos percibidos por el personal activo durante el mismo período. 4.2. OTORGAR la jubilación ordinaria a la ciudadana Maria Eugenia Oporto Serres, tomando en consideración para efectos del cómputo de la antigüedad el periodo comprendido entre el 2 de abril de 2002 y la fecha de publicación del presente fallo. Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección. Ejecutiva de la Magistratura, al Sistema de Registro de Información Disciplinaria. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 del Código de Ética. Dada, firmada y sellada en el Salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de caracas, a los Veintiuis26dias del mes de Hanzode 2014. Años 203* de la Independencia y 155° de la Federación. El Juez Presidente, TULA O JIMÉNEZ RODRIGUEZ La Jea vpepresidenta-Panente, ANA CECLIA ZUAUETA RODRÍGUEZ MERLY SAQUELINE MORALES HERNÁNDEZ La Secretaria, MARIANELA GIL MARTINEZ Expediente N° AP61-R-2014-000006. Hoy veintiséis (26) de marzo del año dos mil catorce (2014), siendo las 09:00 am se publicó la anterior decisión bajo el N° 10 Secretaria REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCION EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución N° 0034 Caracas, 28 de marzo de 2014 203° y 155° La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano ARGENIS DE JESÚS CHÁVEZ FRÍAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.- 4.925.031, domiciliado en el Distrito Metropolitano de Caracas, en su condición de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA MAGISTRATURA, designado por el Tribunal Supremo de Justicia, en la sesión de la Sala Plena de fecha 12 de junio de 2013, según Resolución N° 2013-0016 de la misma fecha, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No.40.188 de fecha 13 de junio de 2013, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 77 numeral 9, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.522 de fecha 1° de octubre de 2010, en concordancia con el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 5262 de fecha 11 de septiembre de 1998, CONSIDERANDO Que toda persona tiene derecho al acceso a los órganos de la administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, CONSIDERANDO Que es deber de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, ubicar a los órganos jurisdiccionales en instalaciones que se encuentren en condiciones que permitan el óptimo funcionamiento de los juzgados de la República, CONSIDERANDO Que se hace necesario el traslado de los Juzgados de Municipio y Ejecutor de Medidas de los Municipios Aragua, Sir Arthur, Mac Gregor y Santa Ana de la circunscripción judicial del estado Anzoátegui, a sedes judiciales que aseguren la seguridad y la eficiente prestación del servicio de administración de justicia a los ciudadanos que habitan en la referida jurisdicción. CONSIDERANDO Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los tribunales solo podrán cambiar de local mediante resolución previa, la cual se dará a conocer inmediatamente al público a través de un cartel que se fijará en las puertas del Despacho, indicando su nueva ubicación, exigiendo además su publicación en prensa, RESUELVE PRIMERO: Trasladar a los Juzgados de Municipio y Ejecutor de Medidas de los Municipios Aragua, Sir Arthur, Mac Gregor y Santa Ana de la circunscripción judicial del estado Anzoátegui, actualmente ubicados en la calle Barroso cruce Juncal, sector Plaza el Carmen, casa. La Fortaleza N° 35, Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui, a una nueva sede ubicada en la Calle Bolivar, entre Freites y Juncal, sector Casco Central de Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui. sEGunDo: Se ordena antes y luego de efectuado el traslado a que se refiere la presente Resolución, fijar un cartel en las puertas de la antigua sede con las señas de la nueva dirección de los referidos Juzgados. TERcERo: El traslado a que se refiere la presente Resolución se hará efectivo a los diez (10) días siguientes a su publicación en prensa. Dada, firmada y sellada en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en (28) días del mqs de marzo de 2014. Caracas a los ARGENES DE JESÚS CHAVEZ FRÍAS Directer Ejecutivo de la Magistratura Resolución N° 0034 página original (tal como se publicó) [Página 40] DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 Número 40.382 AÑO CXLI MES VI Caracas, viernes 28 de marzo de 2014 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 40 Págs. costo equivalente a 16,45 % valor Unidad Tributaria GACETA OFICIAL 11.55 AM DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO CXLI — MES IY Caren, jue 2) de ene de 2014 N6.123E SUMARIO YO al d ppo do Divsa (CADV). pars que procedo e l refme de la y de loononia, Pranca y ancs Pobles BCY anvonin Camtbiario MP 25. remite pora u onuge adna do crnun poq o enpugi Previdencis Iedionie la oual se esiablecan los reuisios. Conbrelos y bémibes peis la pelchod de Auorscoidn de Adqulsición de Oivua deinodes al pge dr atravjen. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 207.1647W DE VENEZUELA. Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETAOFICIAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional. Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos. Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial G-20001768-6 Visita nuestra pagina web descarga la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela totalmente gratuita. w ww.imprentanacional.gob.ve Conoce Nuestros Servicios (+58212) 576-80-86 / 576-43-92. Gobiemo Bolivariano Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela Siguenos en Twitter @oficialgaceta @moficialimprenta Juventued Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial página original (tal como se publicó)