[Página 1] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO CXLI MES IV Caracas, lunes 10 de febrero de 2014 SUMARIO Vicepresidencia de la República Región Estrategica de Desarrollo Integral Occidental Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José David Pernia Chiquito, como Coordinador de la Oficina de Evaluación de Proyectos, de este Órgano. CORPOLARA Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Esther Isagrelis Diaz Gallardo, como Gerente de la Oficina de Atención Ciudadana, de esta Corporación. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Resolución mediante la cual se delega en la ciudadana Esquía Rubín de Celis Núñez, en su condición de Consultora Jurídica de este Ministerio, todo lo relacionado a la iniciación y sustanciación de los procedimientos administrativos establecidos en el Articulo 47 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Simón Alejandro Zerpa Delgado, como Presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, BANDES. BCV Convenio Cambiario N° 26, mediante el cual se establece que las subastas especiales de divisas llevadas a cabo a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas, SICAD, serán administradas y dirigidas por el Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX. (Véase N° 6.125 Extraordinario de la GACETA OFICIALDE LAREPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA, de esta misma fecha). Ministerio del Poder Popular para la Defensa Resolución mediante la cual se nombra al ciudadano Capitán de Corbeta José Gregorio Machado Pérez, como Director de la Dirección de Administración y Logística de la Guardia de Honor Presidencial. Resolución mediante la cual se designa_ al Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (SEDEFANB), como el órgano encargado de la ejecución de los recursos para la Repotenciación y Modernización del Sistema Blindado AMX-13 en Versión C90. Resolución mediante la cual se nombra al ciudadano Capitán David Alexander Arrieta Chacin, Administrador de la Unidad de Seguridad y Protección Presidencial de la Guardia de Honor Presidencial. Resolución mediante la cual se transfiere el «Hotel Naval Manzanillo» del Componente Armada Bolivariana al Instituto Autónomo Circulo Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, adscrito a la Dirección General de Empresas y Servicios del Viceministerio de Servicios, Personal y Logística. Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Almirante Gilberto Amílcar Pinto Blanco, en su carácter de Comandante General de la Armada Bolivariana, la facultad para firmar los actos y demás documentos que permitan operacionalizar la transferencia del «Hotel Naval Manzanillo». del Componente Armada Bolivariana al Instituto Autónomo Círculo Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos Profesionales Militares que en ellas se señalan, como responsables del manejo de los Fondos de Funcionamiento que se giren a las Unidades Administradoras Desconcentradas, sin delegación de firma, que en ellas se mencionan. Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre Resolución mediante la cual se designan como Miembros del Directorio del Instituto Ferrocarriles del Estado (IFE), a los ciudadanos y a la ciudadana que en ella se indican. Número 40.352 Encomienda convenida entre este Ministerio y la Gobernación del estado Nueva Esparta. Ministerios del Poder Popular para Transporte Terrestre y para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Resolución Conjunta mediante la cual se prohibe la circulación de vehículos de carga con peso bruto vehicular hasta 45 toneladas o con más de 3 ejes, en las vías nacionales y de accesos al Área Metropolitana de Caracas, durante los horarios y días que en ella se señalan. Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat BANAVIH Providencias mediante las cuales se designa a los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo. Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación CODECYT, S.A Providencia mediante la cual se delega en el Director Ejecutivo de esta Corporación, ciudadano Juan José Blanco González, las atribuciones que en ella se mencionan. Tribunal Supremo de Justicia Sala Constitucional Decisión mediante la cual se declara el decaimiento del objeto respecto de los Artículos 96 y 97 de la derogada Constitución del estado Guárico, y parcialmente con lugar el recurso de nulidad por inconstitucional interpuesto por el Abogado Julián Isaías Rodríguez Díaz, actuando para entonces en su carácter de Fiscal General de la República, y la nulidad de los Artículos que en ella se mencionan. Tribunal Disciplinario Judicial Decisión mediante la cual se absuelve de responsabilidad disciplinaria al ciudadano Miguel Agustín Uribe Henríquez. República Bolivariana de Venezuela Estado Táchira Alcaldía Bolivariana del Municipio Libertad, Capacho Viejo Resolución mediante la cual se concede Jubilación Especial al ciudadano José Antonio Alviárez Parra. VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REPUBLICA BOLIVARIANÀ DE VENEZUELA REGIÓN ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL OCCIDENTAL N°RE0CCI/0004/2014 Caracas, 29 de enero de 2014 203° y 154 RESOLUCION designada mediante Decreto N° 216, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.202, de fecha 0B de julio de 2013; en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 2 del referido Decreto, conjuntamente con el artículo 6 numeral 3 del Decreto N° 11, mediante el cual se establecen las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI). publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.157, de fecha 30 de Abril de 2013, en concordancia con las disposiciones contenidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica RESUELVE: PRIMERO: Designar al ciudadano JOSÉ DAVID PERNIA CHIQUITO, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° V. 17.571.632, como Coordinador de la Oficina de Evaluación de Proyectos, de este Órgano. página original (tal como se publicó) [Página 2] 409.332 GACETAOFICIALDE LAREPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA SEGUNDO: La presente Resolución tendrá efectos administrativos a partir del 29 de enero de 2014. Comuniquese y Publíquese ISIS &CHOA CANIZALEZ MINISTRA DE ESTADO PARA-LAREGION EST DESARROLLO INTEGRALOCCIDEN Decreto No 216 de 08 de julo de 2013 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA, CORPOLARA. PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 001/2014 Barquisimeto, 21 de Enero de 2014 Años 203°, 154° y 14° El Presidente de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara, CORPOLARA, fecha 09 de septiembre de 2013, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.247 de fecha 10 de septiembre de 2013. En ejercicio de la atribución conferida en el numeral 5 del artículo 11 del Decreto N° 8.800 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Creación de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara CoRPOLARA, de fecha 14 de febrero de 2012, publicado en. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.874, de fecha 1º de marzo de 2012, en concordancia con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el numeral 5 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, Artículo 9 numeral 6 la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repúbica, artículo 9 de la Ley Contra la Corrupción y los artículos 1, 3, 10, 11 y 14 de las Normas para Fomentar la Participación Ciudadana contentiva en la Resolución N° 01-00-p00225, de fecha 20 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en la misma fecha, Ordinaria N° 38.750. CONSIDERANDO condiciones más favorables para facilitar el ejercicio de la participación ciudadana en el control de su Gestión Pública, a fin de ccoadyuvar en la lucha contra la corrupción. RESUELVE Artículo 1. Designar a la cludadana ESTHER ISAGRELIS DIAZ GALLARDO, tular de la Cédula de Identidad N° V-12.935.654, COmo GERENTE DE LA OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA, de la CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA, CORPOLARA. Artículo 2. La Oficina de Atención Cludadana, estará adscrita al Despacho de la Presidencia y, de conformidad con lo estabiecido en el Artículo 14 de las Normas para Fomentar la Participación Cludadana (plenamente identificada), estará conformada por dos (2) áreas a saber las cuales serán designadas y ejecutadas por la Gerente de la Oficina de Atención Cludadana con el Visto Bueno del Presidente de Corpolara: 1.- Área de Información y Promoción de la Participación Cludadana. 2.- Área de Atanción de Derjuncias, Quejas, Recilamos, Sugerencias y Peticiones. Parágrafo Único: Las funciones a desempeñar por la Oficina de Atención Cudadana, son las que se delinean en el Artículo 13 de las Normas para Fomentar la Participadón Cudadana (ya identificada). Artículo 3. Los actos y documentos que la prenombrada funcionaria firme de conformidad con esta Providendia Administrativa, deberán indicar inmediatamente bajo la firma, la fecha, número de la Resolución y Gaceta Oficial en la que haya sido publicada, de conformidad con lo establecido en e) artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Artículo 4. La funcionaria designada por esta Providencia Administrativa deberá rendir cuenta al Presidente de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara, CORPOLARA, de todos los actos y documentos que hubiere firmado en razón de su gestión. Artículo 5. A los fines de dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se encomienda en la Oficina de Consultoría Jurídica, la gestión de practicar la Notificación de la presente Providencia Administrativa Artículo 6. La presente Providenca Administrativa entrará en vigencia a partir del 01 de Venezuela. Comuníquese y publíquese, corra la Pavf LUÍS RAMÓN REYES REYES PRESIDENTE DE CORPOLARA udin MP 047 de ficha 09 de ulanbre de 2013, publcade Lunes 10 de febrero de 2014 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES REPÚBLICA BOLIVARINA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO Resolución N° 04 9 Caracas, O 6 FEB 2014 203° y 154° El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, ELIAS JAUA MILANO, designado mediante Decreto N° 9.351 del 15 de enero de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.090 del 15 de enero de 2013. actuando de conformidad con lo establecido en los articulos 34 y 77, numerales 20 y 26, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el articulo 1° del Reglamento de la Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, CONSIDERANDO, Que es deber de los órganos y entes que dependen o están adscritos al Poder Público, garantizar, entre otros derechos y garantias, los derechos a la defensa y al debido proceso de los administrados, en procura de la consecución del bien común público. CONSIDERANDO, Administración Pública, debe orientar sus procesos, en el más irrestricto respeto a los derechos y garantias constitucionales de los administrados, asi como de los distintos sujetos de derecho que se relacionan con esta organización. CONSIDERANDO, de la República Bolivariana de Venezuela y 4° del Decreto con Rango, Vaior y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. RESUELVE Articuio 1: Se delega a la ciudadana ESQUÍA RUBÍN DE CELIS NUÑEZ, titular de la cedula de identidad N° 10.824.240, en su condición de Consultora Juridica de este Ministerio, todo lo relacionado a la iniciación y sustanciación de los procedimientos administrativos establecidos en el articulo 47 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. administrativos relacionados con las etapas del procedimiento y las notificaciones a que haya lugar. señalados en la presente Resolución. Articulo 3: Los actos y documentos firmados de conformidad con esta Resolución, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y número de la Gaceta Oficial donde haya sido publicada la presente Resolución. Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, la referida ciudadana deberá rendir cuenta al Ministerio de todos los actos y documentos que hubiere firmado en virtud de esta delegación. Articulo 5: Queda a salvo lo establecido en el articulo 3 del Reglamento de Delegación de- Comoiquese y Publiquese, Ministro,ãel Podef Ropular para Relaciones Exteriores MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMIA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA. N° 02 3'-"* Caracas, 0 7 FF 7014 203° y 154° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, designado mediante Decreto N° 738 de fecha 16 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.335 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en los numerales 2, 19 y 27 del artículo 77 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, así como lo previsto en el artículo 19 de la Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, en concordancia con el Decreto N° 774 de fecha 05 de febrero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.349 con la misma fecha, designo al ciudadano SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGAD0, titular de la cédula de identidad número V-16.544.324, COMO PRESIDENTE DEL BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA (BANDES), a partir del 05 de febrero de 2014. tet Comuníquese y Publíquese RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES MINISTRO DEL PODER POPULAR DE ECONOMIA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA página original (tal como se publicó) [Página 3] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA Lunes 10 de febrero de 2014 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DE LA MINISTRA Caracas, 27 ENE 2014 203° y 154° RESOLUCIÓN N°_003655 Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 numeral 19 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, actuando en concordancia con lo establecido en el artículo 11 Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011, RESUELVE ÚNICQ: Efectuar el siguiente nombramiento: GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA -CapItán de CorbetaJOSÉ GREGORIO MACHADOPÉREZ, C.I. N° 11.748.214, Director. Comuníquese y publíquese. Por el Ejecutivo Nacional, EERESK MELÉNDEZ RIVAS iniranta en Jefa Minist del Poder Popular /ppra la Defensa REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DE LA MINISTRA Caracas, 06 FEB 2014 203°y154° 003788 RESQLUCIÓN N° _ La Ministra del Poder Popular para la Defensa, ALMIRANTA EN JEFA CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS, nombrada mediante Decreto N° 214 de fecha 05 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.204 de fecha 10 de julio de 2013, en ejercicio de las atribudones que le confieren los artículos 34 y 77 numeral 26 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, en concordada relación con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011 y lo señalado en el artículo 1 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional de fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en la Gaceta Oficial N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, de Delegación de Firma de loa Ministros del Ejecutivo Nacional, habida consideración del contenido del Punto de Cuenta N° 467-13 de fecha 11 de octubre de 2013 y el Punto de Cuenta N° 16- 29 de fecha 27 de enero de 2014, RESUELVE PRIMERO: DesIgnar al SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB), como el órgano encargado de la ejecución de los recursos asignados, según el Punto de Cuenta N° 467-13 de fecha 11 de octubre de 2013, para la REPOTENCIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA BLINDADO AMX-13 EN VERSIÓN C90. 409.333 SEGUNDQ: Delegar en el Coronel HERMES JOSUES CARREÑO ESCOBAR, C.I. N° 9.985.144, en Su CaráCter de DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB), nombrado según Resolución del Ministerio del Poder Popular para la Defensa N° 001841 de fecha 06 de agosto de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezueja N° 40.229 de fecha 15 de agosto de 2013, la facultad para suscribir los documentos y ejecutar financieramente los compromisos necesarios para la administración, ejecución y desembolso de los recursos económicos asignados por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, cuya fuente de financiamiento es el Fondo de Desarrolo Nacional, S.A. (FONDEN), para la REPoTENCIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA BLINDADO AMX-13 EN VERSIÓN C90, pOr un mONtO de CIENTO VEINTE MILLONES DE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 120.000.000,00). De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el referido cudadano deberá rendir cuenta mensual a la Ministra del Poder Popular para la Defensa, de todos los actos y documentos que hubiere firmado en virtud de esta delegación. Queda a salvo lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, respecto a los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada. La Ministra del Poder Popular para la Defensa podrá discrecionalmente, firmar los actos y documentos referidos a la presente resolución. TERCERO; La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publique Por el Ejecutivo Nacio TERESRMÉLENDEZRIVAS Almiranta en Jefa Mmistra del Poder Popular Dara la Befensa REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DE LA MINISTRA Caracas, 07FEB 2014 203°y 154° RESOLUCIÓN N°_003815 Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Boliváriana, de n n n e e n nee n Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, actuando en concordancia con lo establecido e: el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la uerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011, RESUELVE ÚNICO: Efectuar el siguiente nombramiento: GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PRESIDENCIAL CapItán DAVID ALEXANDER ARRIETA CHACÍN, C.I. N° 15.573.065, Administrador. Comuníquese y publíquese. Por el Ejecutivo Nacional, MENEARESK MELÉNDEZ RIVAS iranta en Jefa inisdet Poder Popular ra la Defensa página original (tal como se publicó) [Página 4] GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA 409.334 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DE LA MINISTRA Caracas, 07 FEB 2014 203°y154° RESOLUCIÓN N°_003820 Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bollvariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivarlana, de conformidad con lo dispuesto en artículo 77 numeral 19 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administradón Pública de fecha 31 de julio de 2008, actuando en concordancia con lo establecido en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011, habida consideración del Punto de Cuenta N° 0012 de fecha 27 de enero de 2014, presentado por el Almirante Comandante General de la Armada, RESUELVE ÚNICO: TRANSFERIR a partir de la fecha de publicación del presente acto administrativo el *HOTEL NAVAL MANZANILLO" del Componente Armada Bolivariana al Instituto Autónomo Círculo Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, adscrito a la Dirección General de Empresas y Servicios del Viceministerio de Servicios, Personal y Logística. Comuníquese y publíquese. u Por el Ejecutivo Nacional, RESA MELÉNDEZ RIVAS santa en-Jefa .a Defensa REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DE LA MINISTRA Caracas, 07 FEB 2014 203° y 154° RESOLUCIÓN N° _003821 julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.204 de fecha 10 de julio de 2013, en ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 34 y 77 numerales 19 y 26 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, en concordada relación con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nadional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la > República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011 y lo señalado en el artículo 1 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional de fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en la Gaceta Oficial N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, y habida consideración del Punto de Cuenta N° 0012 de fecha 27 de enero de 2014, presentado por el Almirante Comandante General de la Armada, RESUELVE PRIMERQ: Delegar en el Almirante GILBERTO AMÍLCAR PINTO BLANCO, C.I. N° 6.436.671, en su carácter de Comandante General de la Armada Bolivariana, 001427 de fecha 06 de julio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.202, de fecha 08 de julio de 2013, la facultad para' Lunes 10 de febrero de 2014 firmar los actos y demás documentos que permitan operacionalizar la transferendas del "HOTEL NAVAL MANZANILLO", del Componente Armada Bolvarlana al Instituto Autónomo Círculo Militar de la Fuerza Armada Nadional Bolivariana, adscrito a la Dirección de Empresas y Servidos del Viceministerio de Servicios, Personal y Logística. De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el referido cudadano deberá rendir documentos que hubiere firmado en virtud de esta delegación. Queda a salvo lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de Delegadión de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, respecto a los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada. actos y documentos delegados en la presente Resolución. El presente acto de delegación no conlleva, ni entraña la facultad de subdelegar la atribución conferida. SEGUNpo: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese. Por el Ejecutivo Nacional, ARMAN ERESA NELENDEZ ALIVAS miranda en Jefa 3/para/la Defensa REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DE LA MINISTRA Caracas, 06 FEB 2014 203° y 154º 0C3789 RESOLUCIÓN N° La Ministra del Poder Popular para la Defensa, ALMIRANTA EN JEFA CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS, nombrada mediante Decreto N° 214 de fecha 05 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela N° 40.204 de fecha 10 de julio de 2013, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 34 y 77 numerales 19 y 26 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, en concordada relación con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinarla N° 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011 y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, RESUELVE ÚNICQ: Designar a partir del 15 de noviembre de 2013, al Coronel JUAN CARLOS DU BOULAY PEROz0, C.I. N° 8.844.670, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 402 y 403), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin delegación de firma, "SEGURIDAD", Código N° 06102. Comuníquese y pubkoagse. Por el Ejecutivo Naonal ME TERESA MELENDEZ RIVAS Almiranta en Jefa Ministra del Poder Popular para la Defensa página original (tal como se publicó) [Página 5] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA Lunes 10 de febrero de 2014 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DE LA MINISTRA Caracas, 06 FEB 2014 203° y 154º RESOLUCIÓN N°_003790 La Ministra del Poder Popular para la Defensa, ALMIRANTA EN JEFA CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS, nombrada mediante Decreto N° 214 de fecha 05 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.204 de fecha 10 de julio de 2013, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 34 y 77 numerales 19 y 26 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, en concordada relación con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011 y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, RESUELVE ÚNICQ: Designar a partir del 14 de enero de 2014, al Coronel LEONARDO ALFREDO BELLO ORTEGA, C.I. N° 10.515.621, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 402, 403 y 404), que se giren a la Código N° 06203. Comuníquese y publía Por el Ejecutivo Nacogl, Almiranta en Jefa Mnistra del Poder Popular para la Defensa REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DE LA MINISTRA Caracas, 06 FEB 2014 203° y 154° RESOLUCIÓN N° _003802 CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS, nombrada mediante Decreto N° 214 de fecha 05 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.204 de fecha 10 de julio de 2013, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 34 y 77 numerales 19 y 26 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, en concordada relación con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011 y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, RESUELVE ÚNICQ: Designar a partir del 02 de enero de 2014, al Capitán de Navío PEDRO JESÚS MENDOZA GARCÍA , C.I. N° 6.899.783, como responsabie del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 402 y 403), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin delegación de firma, "EsTAcIóN PRINCIPAL DE GUARDACOSTAS PAMPATAR", CódigO N° 03577. Comuníquese y publíquese, Por el Ejecutivo Naciona MENTERESAMELÉNDEZ RIVAS Almiranta en Jefa Mimstra del Poder Popular para la Defensa 409.335 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE DESPACHO DEL MINISTRO/CONSULTORÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN N° O09 CARACAS, 1 0FEB2014 AÑOS 203° y 154° En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 62 y 77, numerales 2 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de Julio de 2008; y con fundamento en lo previsto en el artículo 11 del Decreto N° 6.069 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Transporte Ferroviario Nacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.889 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, y de acuerdo al contenido de los Oficios N° 274 de fecha 09 de septiembre de 2013, emanado del Ministerio del Poder Popular de Planificación y N° 0001106 de fecha 20 de septiembre de 20013, procedente del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, a través de los cuales los titulares de dichos ministerios designan los ciudadanos que lo representarán en el Directorio del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE); RESUELVE Artículo 1. Se designan como miembros del Directorio del Instituto Ferrocarriles del Estado (IFE) a los ciudadanos que se indican a continuación: Por el Ministerio del Poder Popular de Planificación: Ciudadano RAMÓN ANTONIO YÁNEZ MARRO, titular de la Cédula de Identidad N° V- 5.691.635. DIRECTOR PRINCIPAL. Ciudadana SHEYLA ESPERANZA HERNÁNDEZ LOVERA, titular de la Cédula de Identidad N° V- 12.881.872. DIRECTORA SUPLENTE. Por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente: Ciudadano Ing. RODOLFO ROA, titular de la Cédula de Identidad N° V- 3.999.600. DIRECTOR PRINCIPAL. Ciudadano Lic. PABLO BAUTISTA, titular de la Cédula de Identidad N° V- 15.512.136. DIRECTORA SUPLENTE. Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. rniquese y publiquese, HAIMAN EL TROUDI Ministro Gobiero Bolivariano de Venezuela ENCOMIENDA CONVENIDA ENTRE EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE Y LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO NUEVA ESPARTA La República Bolivariana de Venezuela, por Órgano del MINisTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE, que en lo adelante y a los efectos relacionados con esta encomienda se denominará "EL página original (tal como se publicó) [Página 6] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 409.336 MPPTT", representado en este acto por el ciudadano ING. HAIMAN EL TROUDI, venezolano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Caracas, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.989.579, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre, designado mediante Decreto N° 127 de fecha 27 de mayo de 2013, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.175 de la misma fecha, actuando de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 62 y 77, numeral 16 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008; y por la otra LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, que en lo adelante y a los mismos efectos, se denominará "LA GOBERNACIÓN", representada en este acto por el ciudadano G/J. CARLOS MATA FIGUEROA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 5.473.807, actuando en su carácter de Gobernador del estado Nueva Esparta , según Decreto No. 001, de fecha 02 de enero de 2013, publicado en Gaceta Oficial del Estado Nueva Esparta Extraordinario No. E-2457, de fecha 02 de enero de 2013; celebran la presente ENCOMIENDA CONVENIDA, bajo los principios de n e n e n n e n Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008; y las clausulas siguientes:- CLÁUSULA PRIMERA: La presente tiene por objeto encomendar por parte de "EL MPPTT" a "LA GOBERNACIÓN". previo el cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, la ejecución total de la obra: "CONTINUACIÓN DE LA 1ERA ETAPA DEL PROYECTO INTEGRAL AV. PAMPATAR- LA ASUNCIÓN - JUAN GRIEGO, SECTOR COCHEIMA- LOS DOS ROBLES, ESTADO NUEVA ESPARTA".- CLÁUSULA SEGUNDA: El monto total de la presente Encomienda, el cual constituye el Objeto del Proyecto "CONTINUACIÓN DE LA 1ERA ETAPA GRIEGO, SECTOR COCHEIMA- LOS DOS ROBLES, ESTADO NUEVA ESPARTA" a contratar por parte de "LA GOBERNACIÓN" es por la cantidad de NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 99.500.000,00). Dicho monto será imputado con cargo a los recursos asignados por el Ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante oficio DVP/DG/DGDIP/O/2013 N° 000136, de fecha 21 de Octubre de 2013, referente al contrato de Fideicomiso suscrito entre el BANDES y la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, destinado a la creación del Fondo Especial para el Gobierno de la Eficiencia en la Calle.- CLÁUSULA TERCERA: "LA GOBERNACIÓN" estará a cargo de la remisión de las valuaciones al "MPPTT" para su debida conformación y procedimiento de pago, una vez se verifiquen y cumplan con los requisitos establecidos para su tramitación.--- CLÁUSULA CUARTA: La ejecución de la obra objeto de esta Encomienda estará a cargo de "LA GOBERNACIÓN" a través de la autogestión o de la o selección y que actuarán conforme a las normas legales y técnicas establecidas en las especificaciones contenidas en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento. Así mismo "LA GOBERNACIÓN" deberá iniciar el mayor a quince (15) días contados a partir de la suscripción de la presente encomienda.-- CLÁUSULA QUINTA: "LA GOBERNACIÓN" a través de su o sus empresas contratistas, se compromete a ejecutar en forma continua, permanente y eficiente los trabajos relativos a la Obra antes identificada, a fin de garantizar una buena calidad y verificar que se cumplan los rendimientos de la misma. Asimismo, deberá presentar mensualmente a "EL MPPTT" o cuando éste lo solicite, un informe técnico detallado de las actividades cumplidas en el ejercicio de la actividad encomendada. Este informe deberá contener al menos, Avance Físico de la ejecución de la obra, Ejecución Financiera del Contrato. Resultados de Ensayo de Laboratorio, Control de Inversión e Lunes 10 de febrero de 2014 Informe Fotográfico. En consecuencia, "EL MPPTT" y "LA GOBERNACIÓN" llevar seguimiento del proceso hasta la suscripción del Acta de Aceptación Definitiva de la obra objeto de la presente Encomienda, asimismo deberán elaborar el Cronograma de Actividades correspondientes. Dichos funcionarios deberán mantener informados al Ministro y al Gobernador, del desarrollo de dicha obra hasta su total terminación.-- CLÁUSULA sEXTA: " EL MPPTT", a través del Director de la Dirección Estadal del Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre en el estado Nueva Esparta o de cualquier otra persona expresamente designada para ello, coordinará conjuntamente con "LA GOBERNACIÓN", a través de contenidas en la presente Encomienda. Queda aceptado por las partes que "EL MPPTTT" no asume responsabilidad de ningún tipo frente a los trabajadores contratados para la ejecución de los trabajos, siendo seleccione para el cumplimiento de los fines.-- CLAUSULA SÉPTIMA: "EL MPPTT" supervisará y evaluará de manera directa o indirecta, la ejecución de la obra, y de ser el caso efectuará recomendaciones al respecto.-- CLÁUSULA OCTAVA: "LA GOBERNACIÓN" deberá cumplir y hacer dictare el Ejecutivo Nacional, aplicables a la obra y a la materia de la presente Encomienda.- CLÁUSULA NOVENA: En caso de incumplimiento por parte de "LA reglamentarias o resoluciones aplicables o de cualesquiera de las obligaciones asumidas en la presente Encomienda, o no atiendan a las observaciones e instrucciones impartidas por "MPPTT", éste podrá revocar total o parcialmente la Encomienda, según lo considere conveniente y reasumir la ejecución de la(s) obra(s), obligándose "LA GOBERNACIÓN" o de la o las empresas contratistas, al cumplimiento del reintegro del 100% del dinero de la(s) obra(s) no ejecutada(s).-CLÁUSULA DÉCIMA: Cualquier cambio o modificación del objeto original y variación de los compromisos adquiridos mediante la presente Encomienda, deberá ser reflejada en forma escrita a través de un adendum suscrito entre las partes.-- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: Para el caso que se requiera que algún organismo o ente, conforme a sus competencias, sea incluido en la presente Encomienda, se podrá incorporar la misma, una vez se establezca claramente su marco de actuación y mediante la suscripción del correspondiente adendum por las partes.— CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Ninguna adición, variación o alteración de esta Encomienda, será válida si no es conformada y suscrita por las partes e incorporada a través de un adendum que formará parte integrante de la misma.-- CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: La presente Encomienda tendrá una vigencia de ocho (08) meses contados a partir de la suscripción de la misma, pudiendo ser prorrogada hasta por un periodo igual, dejando GOBERNACIÓN ", esté imposibilitada para continuar los trabajos Encomienda, deberá notificar por escrito a "EL MPPTT".-— CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: En caso de rescisión unilateral por parte de "EL MPPTT", ambas partes se obligan a cumplir los compromisos asumidos hasta el día efectivo de su notificación, sin que la misma de origen a reclamaciones por daños y perjuicios de ningún tipo.---. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA Queda entendido que el incumplimiento de las obligaciones asumidas por " LA GOBERNACIÓN ", mediante esta Encomienda constituye causal de rescisión, sin derecho a exigir indemnización alguna por tal motivo.--.. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Las dudas y controversias de cualquier presente Encomienda o con la ejecución de la obra, asi como las página original (tal como se publicó) [Página 7] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA Lunes 10 de febrero de 2014 modificaciones a que hubiere lugar, serán resueltas de mutuo acuerdo entre las partes.- CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: A los fines de notificaciones, citaciones o requerimientos que pudieren surgir con motivo de esta Encomienda, las partes manifiestan que sus direcciones son las siguientes: -- "MPPTT": Av. Francisco de Miranda, Torre MPPTT, Piso 22, Despacho del Ministro. Municipio Chacao, Caracas - Venezuela.- "LA GOBERNACIÓN": Av. Bolivar (antigua Constitución) Edificio Sede Gobernación, La Asunción, Estado Nueva Esparta,. --. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA Para todos y cada uno de los efectos legales de la presente encomienda, se elige a la ciudad de Caracas como domicilio especial y excluyente de cualquier otro, a la jurisdicción de cuyos tribunales las partes declaran someterse.- Se hacen tres (03) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los enero días del mes __ del año 2014. ARIAN Por "LK GOBERNACIÓN" Por "EL MPTT Liguuoa ~ . HAIMAN EL TROUDI G/J CARLOS MATAFIGUEROA Gobernador der Estado Nueva Esparta Ministro del Poder Popular para -o ENCOMIENDA CONVENIDA ENTRE EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE Y LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO NUEVA ESPARTA La República Bolivariana de Venezuela, por Órgano del MInisTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE, que en lo adelante y a los efectos relacionados con esta encomienda se denominará "EL MPPTT", representado en este acto por el ciudadano ING. HAIMAN EL TROUDI, venezolano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Caracas, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.989.579, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre, designado mediante Decreto N° 127 de fecha 27 de mayo de 2013, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.175 de la misma fecha, actuando de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 62 y 77, numeral 16 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008; y por la otra LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, que en lo adelante y a los mismos efectos, se denominará "LA GOBERNACIÓN", representada en este acto por el ciudadano G/J. CARLOS MATA FIGUEROA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 5.473.807, actuando en su carácter de Gobernador del estado Nueva Esparta , según Decreto No. 001. de fecha 02 de enero de 2013, publicado en Gaceta Oficial del Estado Nueva Esparta Extraordinario No. E-2457, de fecha 02 de enero de 2013; celebran la presente ENCOMIENDA CONVENIDA, bajo los principios de colaboración y cooperación, la cual se regirá por las disposiciones legales vigentes en los artículos 39 y 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008; y las clausulas siguientes:- CLÁUSULA PRIMERA: La presente tiene por objeto encomendar por parte de "EL MPPTT" a "LA GOBERNACIÓN", previo el cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, la ejecución total de las obras: - 1).- "MEJORAS Y REHABILITACIÓN VIALIDAD AGRÍCOLA ALTO ORINOCO Y RAMALES, S009 ORIG. DE R004 TRAMO 005- ÁREA EL YAQUE-ORINOCO. MUNICIPIO AUTÓNOMO TUBORES, ESTADO NUEVA ESPARTA PROG. O+000 A LA 7+000", por un mOnto de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES BOLÍVARES CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 1.281.483,38).-—-- NEGRO MANZANILLO, MUNICIPIO ANTOLÍN DEL CAMPO. ESTADO NUEVA ESPARTA. PROGRESIVAS DE LA 0+000 A LA 1+200" por un monto de 409.337 SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE BOLÍVARES CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 725.815,68).- 3).-"MEJORAS, ENGRANZONADO Y PAVIMENTACIÓN R018- LA MIRA, ASENTAMIENTO CAMPESINO EL COCO. PROG. 0+000 A LA 2+500, MUNICIPIO ANTOLÍN DEL CAMPO. ESTADO NUEVA ESPARTA", por un monto de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS BOLÍVARES CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 864.272,92).-- 4).-"MEJORAS, ENGRANZONADO Y PAVIMENTACIÓN ASENTAMIENTO CAMPESINO LA CHICA DE ARICAGUA, MUNICIPIO ANTOLÍN DEL CAMPO. ESTADO NUEVA ESPARTA. PROGRESIVAS 0+000 A LA 1+700" pOr un monto de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLIVARES CON OCHENTA CÉNTIMOS (Bs. 534.354, 80).-- 5).-"MEJORAS, ENGRANZONADO Y PAVIMENTACIÓN SO34 ACCESO LAS GILES, SECTOR LAS VASQUES MUNICIPIO AUTÓNOMO TUBORES, ESTADO NUEVA ESPARTA. PROGRESIVAS 0+000 A LA 1+200" por un monto de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE BOLÍVARES CON DIECISIETE CÉNTIMOS (Bs. 548.807,17).- 6).-"MEJORAS Y PAVIMENTACIÓN LO05 ACCESO VIALIDAD AGRÍCOLA PESQUERA EL TUNAL. PROGRESIVAS: 0+000 A LA 1+000, MUNICIPIO AUTÓNOMO PENÍNSULA DE MACANAO ESTADO NUEVA ESPARTA" pOr un monto de QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ BOLÍVARES CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 501.410,35).- 7).- "REHABILITACION R018, ACCESO ASENTAMIENTO CAMPESINO EL TOCO Y RAMALES, PROG. 0+000 A 6+000, MUNICIPIO ANTOLIN DEL CAMPO. ESTADO NUEVA ESPARTA" por un mOnto de DOS MILLONES SEISCIENTO SIES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS BOLÍVARES CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 2.606.862,68).- CLÁUSULA SEGUNDA: El monto total de la presente Encomienda, el cual constituye el Objeto de los Proyectos antes señalados es por la cantidad de SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEIS BOLÍVARES CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 7.063.006,98). Dicho monto será imputado con cargo a los recursos asignados por el Ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante oficio DVP/DG/DGDIP/O/2013 N° 000136, de fecha 21 de Octubre de 2013, referente al contrato de Fideicomiso enezuela, destinado a la creación del Fondo Especial para el Gobierno de la clencia en la Calle, de conformidad con el Punto de Cuenta N° 073 de fecha 18 de ptiembre de 2013, para la ejecución del Plan Nacional de Adecuación y Mejoras de Yas Existentes.-o CLÁUSULA TERCERA: "LA GOBERNACIÓN° estará a cargo de la remisión de las valuaciones al "MPPTT" para su debida conformación y procedimiento de pago, una vez se verifiquen y cumplan con los requisitos establecidos para su tramitación.- CLÁUSULA CUARTA: La ejecución de las obras objeto de esta Encomienda estará a actuarán conforme a las normas legales y técnicas establecidas en las especificaciones contenidas en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento. partir de la suscripción de la presente encomienda.- trabajos relativos a las Obras antes identificada, a fin de garantizar una buena calidad presentar mensualmente a "EL MPPTT" o cuando éste lo solicite, un informe técnico Este informe deberá contener al menos, Avance Fisico de la ejecución de las obras, Ejecución Financiera del Contrato. Resultados de Ensayo de Laboratorio, Control de GOBERNACIÓN" designarán los funcionarios que tendrán la responsabilidad de coordinar y llevar seguimiento del proceso hasta la suscripción del Acta de Aceptación Definitiva de la obra objeto de la presente Encomienda, asimismo deberán elaborar el Cronograma de Actividades correspondientes. Dichos funcionarios deberán mantener informados al Ministro y al Gobernador, del desarrollo de dichas obras hasta su total terminación.- CLÁUSULA SEXTA: "EL MPPTT", a través del Director de la Dirección Estadal del de cualquier otra persona expresamente designada para ello, coordinará Encomienda. Queda aceptado por las partes que "EL MPPTTT" no asume página original (tal como se publicó) [Página 8] GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANADE VENEZUELA 409.338 GOBERNACIÓN" seleccione para el cumplimiento de los fines.- CLAUSULA SÉPTIMA: "EL MPPTT" supervisará y evaluará de manera directa o directa, la ejecución de las obras, y de ser el caso efectuará recomendaciones al sAprgepecto.- CLÁUSULA OCTAVA: "LA GOBERNACIÓN" deberá cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y las normas técnicas existentes o que dictare el Ejecutivo Nacional, aplicables a las obras y a la materia de la presente Encomienda.- CLÁUSULA NOVENA: En caso de incumplimiento por parte de "LA reglamentarias o resoluciones aplicables o de cualesquiera de las obligaciones asumidas en la presente Encomienda, o no atiendan a las observaciones e Encomienda, según lo considere conveniente y reasumir la ejecución de la(s) obra(s). CLÁUSULA DÉCIMA: Cualquier cambio o modificación del objeto original y variación de los compromisos adquiridos mediante la presente Encomienda, deberá ser reflejada en forma escrita a través de un adendum suscrito entre las partes.-- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: Para el caso que se requiera que algún organismo o ente, conforme a sus competencias, sea incluido en la presente Encomienda, se podrá incorporar la misma, una vez se establezca claramente su marco de actuación y mediante la suscripción del correspondiente adendum por las partes.- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Ninguna adición, variación o alteración de esta Encomienda, será válida si no es conformada y suscrita por las partes e incorporada a través de un adendum que formará parte integrante de la misma.- CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: La presente Encomienda tendrá una vigencia de CINCO (05) meses contados a partir de la suscripción de la misma, pudiendo ser continuar los trabajos correspondientes a la ejecución de las obras objeto de la presente Encomienda, deberá notificar por escrito a "EL MPPTT".- CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: En caso de rescisión unilateral por parte de "EL MPPTT", ambas partes se obligan a cumplir los compromisos asumidos hasta el día efectivo de su notificación, sin que la misma de origen a reclamaciones por daños y ningún tipo.-perjuicios CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA Queda entendido que el incumplimiento de las motivo..- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Las dudas y controversias de cualquier naturaleza ue pudieran suscitarse en relación a la interpretación de la presente Encomienda o n la ejecución de las obras, así como las modificaciones a que hubiere lugar, serán resueltas de mutuo acuerdo entre las partes.- CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: A los fines de notificaciones, citaciones o requerimientos que pudieren surgir con motivo de esta Encomienda, las partes manifiestan que sus direcciones son las siguientes: - "MPPTT": Av. Francisco de Miranda, Torre MPPTT, Piso 22, Despacho del Ministro. Municipio Chacao, Caracas - Venezuela.-- "LA GOBERNACIÓN": Av. Bolivar (antigua Constitución) Edificio Sede Gobernación, La Asunción, Estado Nueva Esparta. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA Para todos y cada uno de los efectos legales de la presente encomienda, se elige a la ciudad de Caracas como domicilio especial y excluyente de cualquier otro, a la jurisdicción de cuyos tribunales las partes declaran someterse.-- Se hacen tres (03) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los _6_ días del mes_Cnerodel año 2014. "EL MRPTT" ING. HAMAN EL TROUDI MinistroBel Poder Popular para CHO DEL ransporte Terrestre Por "LA GOSEAG Higuca GIJ CARLOS MATAGIGUEROA Gobernador del Setado Nueva Esparta Lunes 10 de febrero de 2014 MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARATRANSPORTE TERRESTRE Y PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE RESOLUCIÓN N° 008. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ RESOLUCIÓN N 10 FEBRERO DE 2014 AÑOS 203° Y 154° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que nos confiere el artículo 77, numerales 1 y 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo establecido en los artículos 5, de la Ley de Transporte Terrestre; artículo 4 los numerales 1 y 2 del Decreto N° 8.559 de fecha 01 de noviembre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.791 de fecha 02 de noviembre de 2011, y el artícu o 3, numeral 17 del Decreto N° 8.121 de fecha 29 de marzo de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.644 de fecha 29 de marzo de 2011, estos Despachos Ministeriales, CONSIDERANDO Que corresponde a estos Ministerios, la regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planificación, en coordinación cuando así corresponda, en materia de vialidad, de circulación, tránsito y transporte terrestre. CONSIDERANDO Que el transporte terrestre es de interés sociai y forma parte de la política de Estado, para mejorar la calidad de vida, garantizar el buen vivir y la máxima felicidad de los ciudadanos, bajo condiciones humanísticas y seguras. CONSIDERANDO Que en cumplimiento de dichas políticas, estos Despachos para mejorar la movilidad y seguridad en las vías nacionales del Área Metropolitana de Caracas, necesitan restringir el horario de circulación de vehículos de carga con peso bruto vehicular hasta 45 toneladas o con más de 3 ejes, con la finalidad de disminuir los riesgos de accidentes y el congestionamiento de tránsito. RESUELVE Artículo 1: Se prohíbe la circulación de vehículos de carga con peso bruto vehicular hasta 45 toneladas o con más de 3 ejes, en las vías hacionales y de accesos al Área Metropolitana de Caracas, durante los horarios y días que se señalan a continuación: HORARIOS TRAMO VIAL ACCESOS LUNES A VIERNES Autopista Regional del Centro (Bajada de Tazón) Autopista Valle-Coche Desde las Autopista "Gran Mariscal de Ayacucho" (desde la intersección con la avenida intercomunal 05:00 a.m. Guarenas Guatire, distribuidor "quemaîto") hasta las 09:00 Autopista Caracas — La Guaira a.m. Autopista Francisco Fajardo Carretera Panamericana - Km 0 al 15 página original (tal como se publicó) [Página 9] GACETA OFICIALDE LAREPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA Lunes 10 de febrero de 2014 Parágrafo Primero: El tramo vial denominado Avenida Boyacá "Cota Mil" tendrá una restricción total de circulación de vehículos de carga con peso bruto vehicular igual o superior a 3.500 Kg, todos los días de la semana. Artículo 2: Las restricciones establecidas en el artículo anterior, no son aplicables a los vehículos que transportan: 1.- Alimentos perecederos, 2.- Agua potable, 3.- Medicinas de corta duración y Oxigeno (de uso medicinal), 4.- Desechos sólidos de origen domiciliario (en vehículos habilitados para ese servicio), 6.- Gas de uso doméstico y combustibles destinados al aprovisionamiento de estaciones de servicio o con destino a puertos, aeropuertos y plantas generadoras de energía, Los vehículos que transportan las cargas antes identificadas deberán estar plenamente rotulados e identificados, conformes en medidas y pesos, según los parámetros establecidos en las Normas COVENIN 614-97, 2402-97, 2891 y 3060. Artículo 3: Las autoridades administrativas y los órganos de ejecución del Transporte Terrestre, velarán por el estricto cumplimiento del contenido de la presente Resolución. El incumplimiento de la presente Resolución por parte de los conductores de los vehículos arriba indicados, serán sancionado conforme lo dispuesto en la Ley de Transporte Terrestre. Artículo 4: Excepciones distintas a las previstas en el artículo 2, sólo podrán ser emitidas mediante Resolución de alguno de los Ministros firmantes de la presente Resolución, no pudiendo ser exceptuada por ninguna otra autoridad, ente u organismo. Artículo 5: Quedan encargados de la ejecución y exigencia del cumplimiento de la presente Resolución, los órganos con competencias en el control y vigilancia del transporte terrestre en el ámbito de su jurisdicción. Artículo 6: El incumplimiento e inobservancia del contenido de la presente Resolución por parte de los funcionarios públicos encargados de la ejecución de la misma, será sancionado conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Contra la Corrupción y demás disposiciones de carácter disciplinario aplicables. Artículo 7: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuniquese y Publíquese, PeEfecutive Nacional, M HAIMAN ETROUDI DQUWARA MI&UEL ROORIGUEZ TORRES MinistroPopalar paa Relacenes Interiores, Justicia y Paz 409.339 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HÁBITAT REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HABITAT BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 01 Caracas, 16 de enero de 2014 203º y 154º La Presidenta del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 16 numerales 1, 5 y 6 del Decreto N° 9.048 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, en concordancia con lo dispuesto en el último aparte del artículo 19 y el artículo 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y en los artículos 4 y 5 del Estatuto Funcionarial del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, y conforme a lo previsto en los artículos 34, 37 y 40 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. RESUELVE PRIMERO: Designar al ciudadano ALBERTO JOSÉ RIVAS ENRIQUE, titular de la Cédula de Identidad V-6.252.733, como Gerente General Administrativo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH). SEGUNDO: Delegar en el ciudadano ALBERTO JOSÉ RIVAS ENRIQUE en su carácter de Gerente General Administrativo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), la firma de los actos y documentos que se señalan a continuación: 1. La correspondencia interna y externa; postal y telefacsímil inherentes a los asuntos relacionados con la dependencia a su cargo. 2. La certificación de los documentos que reposan en los archivos de la Gerencia a su cargo. 3. Las comunicaciones dirigidas a los distintos órganos y entes de la Administración Pública, dentro de las competencias a su cargo. TERCERO: El prenombrado funcionario deberá rendir cuenta de todos los actos y documentos que firme en el ejercicio de esta delegación a la Presidenta del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH). Comuníquese y Rublíquese a SIDENTE MARIA ELENA DEOLIVEIRA DOS SANTOS da y PRESIDENTA página original (tal como se publicó) [Página 10] GACETAOFICIALDE LAREPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA 409.340 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HABITAT BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 02 Caracas, 20 de enero de 2014 203° y 154° La Presidenta del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 16 numerales 1, 5 y 6 del Decreto N° 9.048 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, en concordancia con lo dispuesto en el e Estatuto de la Función Pública, y en los artículos 4 y 5 del Estatuto Funcionarial del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, y conforme a lo previsto en los artículos 34, 37 y 40 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. RESUELVE PRIMERO: Designar a la ciudadana KARINA MARGARITA GUTIERREZ PAREDES, titular de la Cédula de Identidad V-10.632.240, como Gerente de Tecnología de Información del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH). SEGUNDO: Delegar en la ciudadana KARINA MARGARITA GUTIERREZ PAREDES, en Su CaráCter de Gerente de Tecnología de Información del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), la firma de los actos y documentos que se señalan a continuación: 1. La correspondencia interna y externa; postal y telefacsímil inherentes a los asuntos relacionados con la dependencia a su cargo. 2. La certificación de los documentos que reposan en los archivos de la Gerencia a su cargo. 3. Las comunicaciones dirigidas a los distintos órganos y entes de la Administración Pública, dentro de las competencias a su cargo. TERCERO: La prenombrada funcionaria deberá rendir cuenta de todos los actos y documentos que firme en el ejercicio de esta delegación a la Presidenta del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH). Comuníquese y publíquese SIDENTE PRESIDENTA Lunes 10 de febrero de 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HABITAT BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 03 Caracas, 20 de enero de 2014 203º y 154º La Presidenta del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 16 numerales 1, 5 y 6 del Decreto N° 9.048 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, en concordancia con lo dispuesto en el Estatuto de la Función Pública, y en los artículos 4 y 5 del Estatuto Funcionarial del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, y conforme a lo previsto en los artículos 34, 37 y 40 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. RESUELVE PRIMERO: Designar al ciudadano YINNY RAFAEL MORALES QUERALES, titular de la Cédula de Identidad V-7.392.134, como Gerente de Seguridad de la Información del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH). SEGUNDO: Delegar en el ciudadano YINNY RAFAEL MORALES QUERALES en su carácter de Gerente de Seguridad de la Información del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), la firma de los actos y documentos que se señalan a continuación: 1. La correspondencia interna y externa; postal y telefacsímil inherentes a los asuntos relacionados con la dependencia a su cargo. 2. La certificación de los documentos que reposan en los archivos de la Gerencia a su cargo. 3. Las comunicaciones dirigidas a los distintos órganos y entes de la Administración Pública, dentro de las competencias a su cargo. TERCERO: El prenombrado funcionario deberá rendir cuenta de todos los actos y documentos que firme en el ejercicio de esta delegación a la Presidenta del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH). Comuníquese y publíquese IDENTE PRESIDENTA página original (tal como se publicó) [Página 11] GACETAOFICIALDE LAREPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA Lunes 10 de febrero de 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HABITAT BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 04 Caracas, 31 de enero de 2014 203° y 154º La Presidenta del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 16 numerales 1, 5 y 6 del Decreto Nº 9.048 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, en concordancia con lo dispuesto en el último aparte del artículo 19 y el artículo 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y en los artículos 4 y 5 del Estatuto Funcionarial del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, y conforme a lo previsto en los artículos 34, 37 y 40 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. RESUELVE PRIMERO: Designar a la ciudadana LUISA FELIPA WEKY RODRIGUEZ, titular de la Cédula de Identidad V-8.352.804, como Gerente de Planificación y Desarrollo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH). SEGUNDO: Delegar en la ciudadana LUISA FELIPA WEKY RoDRIGUEz, en su carácter de Gerente de Planificación y Desarrollo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), la firma de los actos y documentos que se señalan a continuación: 1. La correspondencia interna y externa; postal y telefacsímil inherentes a los asuntos relacionados con la dependencia a su cargo. 2. La certificación de los documentos que reposan en los archivos de la Gerencia a su cargo. 3. Las comunicaciones dirigidas a los distintos órganos y entes de la Administración Pública, dentro de las competencias a su cargo. TERcERo: La prenombrada funcionaria deberá rendir cuenta de todos los actos y documentos que firme en el ejercicio de esta delegación a la Presidenta del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH). Comuníquese y Rublíquese PRESIDENTA 409.341 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HABITAT BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 05 Caracas, 31 de enero de 2014 203º y 154º La Presidenta del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 16 numerales 1, 5 y 6 del Decreto N° 9.048 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, en concordancia con lo dispuesto en el último aparte del artículo 19 y el artículo 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y en los artículos 4 y 5 del Estatuto Funcionarial del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, y conforme a lo previsto en los artículos 34, 37 y 40 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. RESUELVE PRIMERO: Designar al ciudadano CARLOS ARMANDO BLANCO FREITES, titular de la Cédula de Identidad V-5.074.798, como Gerente de Cobranzas del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH). SEGUNDO: Delegar en el ciudadano CARLoS ARMANDO BLANCo FREITES, en su carácter de Gerente de Cobranzas del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), la firma de los actos y documentos que se señalan a continuación: 1. La correspondencia interna y externa; postal y telefacsímil inherentes a los asuntos relacionados con la dependencia a su cargo. 2. La certificación de los documentos que reposan en los archivos de la Gerencia a su cargo. 3. Las comunicaciones dirigidas a los distintos órganos y entes de la Administración Pública, dentro de las competencias a su cargo. 4. La firma de los actos y documentos inherentes al Fondo de Garantía. TERCERO: El prenombrado funcionario deberá rendir cuenta de todos los actos y documentos que firme en el ejercicio de esta delegación a la Presidenta del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH). Comuníquese y/publíquese :SIDENCE MARIA ELENA DE OLIVEIRA DOS SANTOS PRESIDENTA página original (tal como se publicó) [Página 12] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA 409.342 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Gitino Bolvanona queaq eel ceoin) de Veuela pan Cmci, ic hnrzcin República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación Corporación Para el Desarrollo Científico y Tecnológico (CODECYT S.A). 203° y 154° No. 002/2014 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Yo, GABRIELA JIMÉNEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad No. V- 13.225.122, actuando en mi condición de Presidenta (E) de (CODECYT), carácter que consta de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.272, de fecha 15 de octubre de 2013, Vigésima Octava numeral 17 y clausula Vigésima Novena numeral 6 de los estatutos vigentes de Publica. RESUELVE Artículo 1: Delegar en el Director Ejecutivo de la Corporación, ciudadano JUAN JOSÉ BLANCO GONZALEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 8.204.465, designado según consta en el Punto Directiva Ordinaria No. 01-2014, de fecha 28 de enero de 2014, las siguientes atribuciones: Aprobar, suscribir, modificar y dar finiquito a todos los contratos de adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, incluyendo los contratos del personal de la Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico (CODECYT, S.A.), hasta por la cantidad de Diez Mil Unidades Tributarias (10.00o U.T.). Los actos llevados en ejercicio de esta competencia deberán ser informados al Presidente (a). Articulo 2: Se deja sin efecto la Providencia Administrativa No. 010 de fecha 07 de noviembre de de noviembre de 2013.y cualquier otra disposición que contraríe la presente. Articulo 3: Esta Providencia entrará en vigencia a partir de 28 de enero de 2014. Procedimientos Administrativos en concordancia con el 42 de la Ley Orgánica de la Administración Publica. Comuníquese y publíquese. Boarul gobiemo Venezuela GABRIELAOIMÉNEZ Presidente (E) Designación efectuada mediante la Resolución No.196 de fecha 14-10-2b Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnologia e Innovación, publica TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA N^1729 LA RDPUBLICA BOLIVARIANA DE VDIEZUELA 1 SALA CONSTITUCIONAL Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO Expediente N° 05-0152 El 25 de enero de 2005, el abogado JULIÁN ISAÍAS RODRÍGUEZ DÍAZ, titular de la cédula de identidad N° 2.218.534, actuando para ese entonces en su carácter de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, designado por la Asamblea Nacional en sesión del 20 de diciembre de 2000, según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.105 del 22 de diciembre de 2000, interpuso recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra los articulos 48.30; 96; 97 y 120.6 de la Constitución del Estado Guárico, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Guárico del 31 de diciembre de 2003. 1 Por auto del 14 de junio de 2005, el Juzgado de Sustanciación de la Sala admitió, cuanto ha lugar en derecho, el recurso de nulidad interpuesto; ordenó, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la entonces Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, notificar al Presidente del Consejo Legislativo del Estado Guárico y a la Procuraduría General de la República; y el emplazamiento de los interesados por cartel publicado en un diario de mayor circulación. Lunes 10 de febrero de 2014 El 8 de diciembre de 2005, la abogada Mónica Andrea Rodríguez Flores, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 47.565, actuando con el carácter de Fiscal Quinta del Ministerio Público (provisoria) con competencia para actuar ante las Salas de Casación Social y Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, comisionada comunicación N° DGAJ-2005-10723 del 9 de febrero de 2005, consignó ante el Juzgado de Sustanciación, escrito mediante el cual solicitó "(..) se practique la citación por oficio del cludadano Presidente del Consejo Legislativo del Estado Guárico (..)" (Negrillas y Tal solicitud fue reiterada mediante escritos que la prenombrada funcionaria consignó ante el Juzgado de Sustanciación, el 19 de enero, 19 de septiembre y 21 de noviembre de 2006, en tanto que mediante diligencia del 1 de agosto de 2006, se dio por notificada del contenido de la sentencia N° 1238/06. El 21 de noviembre de 2006, la referida funcionaria solicitó se expida el correspondiente cartel de emplazamiento. El 3 de agosto de 2006, se libró el cartel de emplazamiento y el 21 de noviembre de 2006, la abogada Mónica Andrea Rodriguez Flores, actuando en su carácter de Fiscal Quinta del Ministerio Público con competencia para actuar antes las Salas de Casación y Sala Constitucional Tribunal Supremo de Justicia retiró el mencionado cartel de emplazamiento. El 22 de noviembre de 2006, la parte recurrente consignó en autos dicho cartel, el cual fue publicado en las ediciones de los diacios "Últimas Noticias" y "El Nacional" de esa misma fecha. El 10 de abril, 7 de junio y 21 de noviembre de 2007, asf como el 19 de febrero, 15 de junio, 15 de julio y 7 de noviembre de 2008 y el 14 de enero de 2009, el. Ministerio Público consignó escrito mediante el cual solicitó se "ordene lo conducente a fin del desarrollo del trámite inherente a la relación de la causa". Verificados los lapsos procesales correspondientes, el 2 de abril de 2009, siendo la oportunidad fijada por esta Sala Constitucional para que tuviera lugar el acto de informes orales, se llevó a cabo el mismo, dejándose constancia de la presencia de la parte recurrente y de los representantes de la Procuraduría General de la República. El 19 de marzo de 2009, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala fijó la fecha del acto público y oral, el cual se realizó el 26 de marzo de 2009, con la exclusiva participación del Ministerio Público. El 28 de abril de 2009, se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. El 8 de diciembre de 2009, 25 de febrero, 16 de junio, 29 julio, 29 de octubre y 7 de diciembre de 2010, asi como el 17 de febrero, 28 de abril, 21 de septiembre y 15 de diciembre de 2011, al igual que el 20 de marzo de 2012, el Ministerio Público consignó escrito ratificando su interés en la resolución del fondo del recurso de nulidad interpuesto. En virtud de la reconstitución de la Sala y del nombramiento de sus nuevos integrantes en sesión de la Asamblea Nacional del 7 de diciembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.569 del 8 de diciembre de 2010, quedó reconstituida la Sala de la siguiente forma: Presidenta Magistrada Luisa Estella Morales Lamufo, Vicepresidente Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, y los Magistrados y Magistradas Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys Maria Gutiérrez Alvarado. 1 Mediante decisión N° 825 del 16 dé junio de 2012, esta Sala "ORDEN[Ó) al Consejo Legislativo del Estado Guárico, informar a esta Sala acerca de la Constiltución del Estado Guárico vigente y remitan de ser el caso copia certificada del mismo, para lo cual se les concede un plazo de 10 días de despacho, más el término de la distancia, a partir de la notificación del presente auto". página original (tal como se publicó) [Página 13] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA Lunes 10 de febrero de 2014 El 17 de octubre de 2013, en virtud de la licencia otorgada al Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, se reconstituyó la Sala Constitucional de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, en su condición de Presidenta, Magistrado Juan José Mendoza Jover, como Vicepresidente, y los Magistrados: Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales y Luis Fernando Damiani Bustillos, según consta del Acta de Instalación correspondiente. Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones. 1 DEL RECURSO DE NULIDAD En su escrito la parte accionante reseñó, que el Consejo Legislativo del Estado Guárico incurrió en el vicio de usurpación de funciones al establecer en la Constitución del Estado, disposiciones sobre materias que están reservadas al Poder Público Nacional y específicamente a la Asamblea Nacional, tal y como se desprende de los artículos 156 y 187 de la Constitución. Así, el artículo 48.30, 96 y 97, de la Constitución estadal, confieren al Gobernador del Estado Guárico, la potestad para decretar estados de emergencia dentro del territorio del Estado. Afirman que esta disposición colide con lo previsto en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República, que atribuyen al Presidente de la República en Consejo de Ministros, la facultad de decretar estados de excepción en circunstancias de orden social, económico, politico, natural o ecológico que afectan gravemente la seguridad de la Nación. Dichos estados de excepción pueden ser entre otros, el estado de alarma en los casos de catástrofes, calamidades públicas y otros acontecimientos similares que pongan en peligro la seguridad de la nación o de sus ciudadanos, lo cual coincide con la competencia atribuida al Gobernador del Estado Guárico. En tal sentido, denunció la inconstitucionalidad de los artículos impugnados "debido a la evidente violación a los principios de separación de poderes, de legalidad y de reserva legal (articulos 136; 137; 156, numerales 31, 32 y 33; 187, numeral 1 del Texto Constitucional, asi como 337, 338 y 339 eiusdem), que se manifiesta en la usurpación de funciones en que incurrió el Consejo Legislativo del Estado Guárico". En relación con el articulo 120.6 de la Constitución del Estado Guárico, se denunció la violación de los artículos 156, numerales 32 y 33, 187.1 y 285, numerales 3 y-5 de la numeral 6 de la Constitución impugnada, atribuye al Procurador o Procuradora General del Estado, el ejercicio de 'las acciones legales correspondientes contra los funcionarios o funcionarias públicos que en ejercicio de sus funciones Incurran en violaciones a la Constitución...esta constitución, leyes, decretos y resoluciones emanadas de los órganos competentes...' (..)", ya que dicha competencia, se encuentra expresamente atribuida al Ministerio Público, por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Ministerio Público (artículo 34, numerales 5, 7, 8 y 11). Con base a lo expuesto, la parte recurrente solicitó que el recurso interpuesto sea declarado con lugar. II INFORME DEL RECURRENTE En sus informes el recurrente ratificó la solicitud de nulidad de las normas impugnadas contenidas en la Constitución del Estado Guárico, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Guárico del 31 de diciembre de 2003. . CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Establecida la competencia de esta Sala para conocer del presente recurso de nulidad en auto del Juzgado de Sustanciación del 14 de junio de 2005, pasa a pronunciarse acerca del mérito del asunto, en los siguientes términos: 1 .i Como punto previo, la Sala advierte que el objeto del recurso de nulidad son los artículos 48.30; 96; 97 y 120.6 de la Constitución del Estado Guárico, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Guárico del 31 de diciembre de 2003. 409.343 No obstante, como consecuencia de entrada en vigencia de la Constitución del Estado Guárico, publicada en la Gaceta Oficial de dicha entidad federal bajo el N° 126 del 14 de diciembre de 2011, es preciso determinar si se generó una modificación del contenido las normas originalmente impugnadas. Al respecto, la Sala reitera que si bien la acción de nulidad debe incoarse respecto de textos vigentes, es posible mantener el interés en la sentencia, si fuese derogada o . reformada la ley que contiene la disposición impugnada, en dos supuestos: (i) cuando la norma ha sido reproducida en un nuevo texto, con lo que en realidad sigue vigente y lo que ocasiona es el traslado de la argumentación de la demanda a esa otra norma; y (i) cuando la - norma, pese a su desaparición, mantiene efectos que es necesario considerar, como ocurre en los casos de la llamada ultraactividad -Vid. Sentencia de esta Sala N° 796/07-.. Los artículos originalmente impugnados de la Constitución del Estado Guárico, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Guárico del 31 de diciembre de 2003, establecía lo siguiente: : , "Articulo 48: Son atribuciones del Consejo Legislativo del Estado Guárico, además de las establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y en la presente Constitución, las siguientes: (...) 30.- Autorizar al Ejecutivo Estadal, con el voto favorable de la dos terceras partes (2/3) de sus integrantes, para decretar situaciones de emergencia en el Estado (...)". "Articulo 96: El Gobernador o Gobernadora del Estado conjuntamente con el Secretario o Secretaria General de Gobierno, podrá decretar el estado de emergencia o de alarma, cuando se produzcan acontecimientos que amenacen o pongan en peligro grave la seguridad de la ciudadania, o un sector del territorio del Estado o de sus habitantes. También podrá decretar la emergencia ante la inminencia de acontecimientos o fenómenos naturales catastróficos anunciados o pronosticados por organismos especializados oficiales. El Gobernador o Gobernadora del Estado podrá decretar el estado de emergencia oportunamente al Estado los recursos presupuestarios que le correspondan. "Articulo 97: Los estados de emergencia durarán no más de treinta (30) dias, prorrogables por igual término, a menos de que se trate de prolongados periodos de restringir garantias constitucionales durante los estados de emergencia o alarma". "Articulo 120: Son atribuciones y obligaciones del Procurador o Procuradora del Estado: (..)) 6. Ejercer, a instancia de los Poderes Públicos, las acciones legales correspondientes funciones incurran en violaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución, leyes, decretos y resoluciones emanadas de los órganos competentes, en perjuicio del patrimonio público estadal (.)". Por su parte, la vigente Constitución del Estado Guárico publicada en la Gaceta Oficial de dicha entidad federal bajo el N° 126 del 14 de diciembre de 2011, contiene las siguientes normas, en relación a las regulaciones parcialmente transcritas: "Articulo 136.- Son atribuciones del Consejo Legislativo del Estado Guárico, además de las establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y en la presente Constitución, las sigulentes: (..)) 29.- Autorizar al Ejecutivo Estadal, con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes, para decretar situaciones de emergencia en el Estado. (..)". "Articulo 114.- Son atribuciones y obligaciones del Procurador o Procuradora del Estado: (...) 6.- Interponer ante los órganos competentes, a instancia de los Poderes Públicos del Estado, las acciones legales correspondientes contra los funcionarios o las funcionarias públicos que en ejercicio de sus funciones incurran en violaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución, leyes, decretos y resoluciones emanadas de los órganos competentes, 'en perjuicio del patrimonio público estadal (...)". los artículos 96 y 97 de la derogada de la Constitución del Estado Guárico publicada en la Gaceta Oficial del Estado Guárico del 31 de diciembre de 2003, el legislador estadal suprimió su contenido en el vigente sistema normativo estadal, circunstancia que no sólo imposibilita el traslado de la argumentación de la demanda interpuesta a la actual Constitución Estadal, sino que además en la presente causa no existen efectos que corregir derivados de una posible ultraactividad de la disposición impugnada, ya que luego de haber sido derogada en forma expresa por el ordenamiento estadal en vigor, no ha mantenido total o parcialmente sus efectos en el tiempo, de forma tal que obligue a esta Sala a analizar la constitucionalidad. o inconstitucionalidad de la normativa cuestionada, pues no está acreditado en autos que se haya verificado el supuesto contenido en los mencionados página original (tal como se publicó) [Página 14] 409.344 GACETAOFICIAL DE LA REPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA artículos de la Constitución del Estado Guárico, cuando quedaron derogadas dichas previsiones legales. Por lo cual, en criterio de esta Sala el presente recurso ha perdido su objeto respecto de los artículos 96 y 97 de la derogada de la Constitución del Estado Guárico, al no existir efecto alguno de una eventual sentencia de inconstitucionalidad. Asf se declara. No obstante ello, no ocurre lo mismo respecto a los derogados articulos 48.30 y 120.6 de la Constitución del Estado Guárico, los cuales fueron suscritos en similares términos en los artículos 136, numeral 29; y 114.6 de la vigente Constitución del constitucionalidad de los mismos. Toda vez que los argumentos esgrimidos por la Fiscalía General de la República respecto a la inconstitucionalidad de aquel, le son oponibles al nuevo texto normativo por existir una evidente identidad entre ellos -como normas reeditadas (Vid. Sentencia de esta Sala N° 796/07)-. Así se declara. Formuladas las anteriores consideraciones, esta Sala pasa a conocer el fondo del asunto planteado en los siguientes términos: Respecto al artículo 136, numeral 29 eiusdem, es preciso reiterar el criterio de esta Sala, contenido en el fallo de esta Sala N° 781/11, en el cual se analizaron previsiones similares de la Constitución del estado Bolivariano de Miranda en la materia, en los siguientes términos: :. "(..) 'Articulo 337. El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las Instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hachos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantias consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecha a la información y los demás derechos humanos intangibles. Articulo 338. Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación o de sus ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta treinta días, siendo prorrogable hasta por treinta dias más. Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de hasta sesenta dias, prorrogable por un plazo igual. Podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus dias, siendo prorrogable hasta por noventa dias más. La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la determinará las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos. Articulo 339. El Decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el dias siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional, o a la Comisión Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El Decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Ctviles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Presidente o Presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron. La declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público'. Asimismo, debe esta Sala examinar las normas constitucionales invocadas por el accionante y confrontarlas con las disposiciones transcritas que regulan la materia sometida al presente estudio, para lo cual observa lo siguiente: El numeral I del articulo 164 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que 'Es de la competencia exclusiva de los Estados: 1.- Dictar su Constitución para organizar los poderes públicos, de conformidad con esta Constitución'. y el articulo 162.1 eiusdem, atribuye competencia a los Consejos Legislativos para 'Legislar sobre las materias de la competencia estadal'. Por su parte, el articulo 338 eiusdem, establece que 'ley orgánica regulará los estados de excepción y determinará las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos', aunado a que el mismo Texto Fundamental, delimita las competencias del Poder Nacional en la materia, en los siguientes términos: 'Articulo 156. Es de la competencia del Poder Público Nacional: (...) 9.- El régimen de la administración de riesgos y emergencias. (.) 32.- La legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales; la civil, mercantil, penal, penitenciaria, de procedimientos y de derecho internacional privado; la de elecciones; la de expropiación por causa de utilidad pública o social; la de crédito público; la de propiedad intelectual, artistica e industrial; la del patrimonio cultural y arqueológico; la agraria; la de inmigración y poblamiento; la de pueblos indigenas y territorios ocupados por ellos; la del trabajo, previsión y seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de notar las y registro público; Lunes 10 de febrero de 2014 la de bancos y la de seguros; la de loterías, hipódromos y apuestas en general; la de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional y demás órganos e instituciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las materias de la (...)) 33.- Toda otra materia que la presente Constitución atribuya al Poder Público Nacional, o que le corresponda por su indole o naturaleza. ...omissis... Articulo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional: 1.- Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional. ...omiss ... Articulo 236. Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presdenta de la República: (...)) 7.- Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en esta Constitución' (Destacado de la Sala). Sobre la base de las normas constitucionales parcialmente transcritas, esta Sala debe comenzar por advertir en términos generales que la Constitución de 1999, se inscribe desde una perspectiva juridico constitucional de derecho comparado, en aquellos paises en los cuales la respuesta normativa a situaciones extraordinarias, anormales o de crisis, que materialmente impiden la aplicación del ordenamiento juridico diseñado para circunstancias de normalidad social, económica o politica; se afronta mediante una regulación expresa o un régimen estatutario de derecho público para los estados de excepción ( no desde la previsión normativa general como fue el caso del articulo 48 de la Constitución de Weimar o el articulo 16 de la Constitución francesa de la V República- o del vacio normativo -bajo la dogmática inglesa o norteamericana, con la aprobación con posterioridad de leyes de exoneración de responsabilidad o indemnity bills-), o en otro contexto, en circunstancias que habilitan la regulación dictada por parte del Presidente de la República, mediante el ejercicio de la competencia contenida en el artículo 236.8 de n Emergencia para Terrenos y Vivienda- (...)". términos antes expuestos, comporta que el mismo sea coherente con el sistema jurídico institucional garantizado en el Texto Fundamental, en tanto la aplicación de ese régimen estatuario de derecho público, es posible por las circunstancias que impiden la aplicación del régimen juridico ordinario y, se justifica necesariamente en la medida que el mismo es un medio para regresar a la normalidad normativa" (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 781/11). Por otra parte, no es posible afirmar que frente a circunstancias excepcionales surja un sistema normativo fuera o al margen de los principios del ordenamiento n e e n e nee normas de carácter excepcional inscritas en el sistema, teniendo por lo tanto su sustento y punto de referencia en el mismo, por ello la Constitución prevé que la declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público (Artículo 339), ni limita el ejercicio de la acción de amparo a la libertad o seguridad por la declaración del estado de excepción (Artículo 27), además prohibir a toda autoridad pública practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas una vez declarado el estado de emergencia, excepción o restricción de garantías (Artículo 45) -Cfr. Articulo 7 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción-. Corolario de tales asertos, es el mantenimiento de los principios generales vinculados con la responsabilidad de la Administración, aun cuando se esté bajo un régimen de excepción para afrontar crisis sociales, económicas o politicas, ya que el ejercicio del Poder Público no sólo acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de la Constitución o la ley -conforme al articulo 139 de la Constitución-, sino genera la obligación de reparar los daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración (Articulo 259 eiusdem) -Vid. Sentencia de esta Sala N° 1.542/08-. Por lo tanto, cabe sostener que si bien por sus características propias las normas que regulan las crisis, materialmente no pueden prever todos los supuestos o medios para resolución de las mismas, ello sólo comporta que las medidas a ser implementadas por los órganos competentes, deben necesariamente responder al marco normativo aplicable, con lo cual si bien se reconoce la discrecionalidad de la Administración, en forma alguna se justifica una actuación arbitraria, que desconozca los principios fundamentales que informan nuestro ordenamiento jurídico constitucional, en los precisos términos del artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Partiendo de esa perspectiva general, producto del examen de las normas constitucionales antes citadas, se advierte que la competencia para legislar y regular "los estados de excepción y las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos", corresponde a la Asamblea Nacional, así como el régimen de la administración de riesgos y emergencias", al Poder Público Nacional, por lo que la competencia atribuida a los Estados para la organización de los Poderes Públicos y el ejercicio de sus competencias, página original (tal como se publicó) [Página 15] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA Lunes 10 de febrero de 2014 debe ser ejercida de acuerdo a lo previsto en la'Constitución y el marco legislativo nacional que lo desarrolla. Además, la Sala en la mencionada sentencia N° 781/11, precisó que: "(..) conforme a la Constitución y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, los estados de excepción 'son circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones. Los estados de excepción solamente pueden declararse ante situaciones objetivas de suma gravedad que hagan Insuficientes los 15 eiusdem, en concordancia con los artículos 337 al 339 de la Constitución), lo cual posibilita en términos generales, que el Presidente de la República dicte de forma proporcional -en lo que respecta a gravedad, naturaleza y ámbito de aplicacióntodas las medidas de orden social, económico, político o ecológico que estime convenientes para afrontar la situación de crisis. Así, entre otras medidas el Presidente de la República puede limitar o racional el uso de servicios o el consumo de articulos de primera necesidad, tomar las medidas necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción, hacer erogaciones con cargo al Tesoro Nacional que no estén incluidas en la Ley de Presupuesto y cualquier otra medida que se considere necesaria para regresar a la normalidad, con fundamento en la Estados de Excepción, e incluso 'delegar su ejecución, total o parcialmente, en los gobernadores, alcaldes, comandantes de guarnición o cualquier otra autoridad 20 eiusdem-. De ello resulta pues, que en ejecución de los preceptos normativos contenidos en la Estados de Excepción, no es posible que una autoridad distinta al Presidente de la declaratoria y gestión de los estados de excepción, en sus diferentes formas, como lo son el estado de alarma, estado de emergencia económica, estado de conmoción interior y estado de conmoción exterior". Sobre la base de las anteriores consideraciones, esta Sala advierte del contenido de los artículos 156.9 y 32, 187.1, 236.7, 337, 38 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en comparación con las normas previstas en la Constitución del Estado Guárico, la similitud que existe entre algunas de las funciones que atribuye la Constitución a la Asamblea Nacional y al Presidente de la República, y las que contiene el artículo al artículo 136, numerales 9 y 30 de la Constitución del Estado Guárico, que atribuye al Gobernador del mencionado Estado, la competencia para "decretar situaciones de emergencia en el Estado" y “por consiguiente para crear, modificar o suspender servicios públicos, en casos de comprobada necesidad". Ciertamente, frente a casos de calamidad pública o conmoción civil, que produzcan daños materiales o pérdidas de vidas humanas, no se deriva del Texto Constitucional la posibilidad que los Gobernadores puedan asumir cualquier medida necesaria para afrontar tales hechos (artículo 136.29 de la Constitución del Estado Guárico), por el contrario, en ejercicio de sus competencias propias, la Asamblea Nacional reguló la actividad del Poder Ejecutivo a nivel nacional -Ley Orgánica sobre Estados de Excepción-, estadal y municipal, limitándolos a asumir las medidas contenidas en los instrumentos legales aplicables -Ley de la Organización Nacional de Protección Civil, Ley de Contrataciones Públicas o la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, entre otras-. Además, supuestos como los contenidos en el artículo 136, numeral 29 de la Constitución del Estado Guárico, podrían constituir previsiones normativas que desconocen la regulación nacional aplicable a los procedimientos para la contratación de la Administración Pública, conforme al contenido normativo de los artículos 141 y 156.32 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 1, 2, 5.11 y 88 de la Ley de Licitaciones (Cfr. Gaceta Oficial N° 5.556 Extraordinario del 13 de noviembre de 2001) y 3, 6.16, 76.4 y 78 de la Ley de Contrataciones Públicas, a las cuales debe atender cuaiquier regulación de orden estadal. En tal sentido, basta señalar que los supuestos para que un órgano o ente de la Administración pueda acceder a regímenes estatutarios de derecho público vinculados con las denominadas normas de emergencia, deben ser consecuencia de circunstancias específicas e individualmente consideradas y limitadas al tiempo y objeto estrictamente necesario para corregir, impedir o limitar los efectos del daño grave en que se fundamenta su empleo. De ahí que, la Sala reitera que constitucionalmente los Estados son favorecidos por el principio de autonomía para organizar sus Poderes Públicos, pero tal autonomía es relativa y por tanto está sometida a diversas restricciones establecidas en la Constitución y en la ley, por ello, el artículo 4 del Texto Fundamental, dispone que "La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución" -Vid. Sentencia de esta Sala N° 565/08-. 409.345 vinculadas a las competencias propias del artículo 164 de la Constitución, ellas deben adecuarse al ordenamiento jurídico nacional que necesariamente las afecta, en la medida que la homogeneidad o estandarización por normas de rango legal dictadas por la Asamblea Nacional -en el ámbito de sus competencias-, viabilizan la consecución de un funcionamiento eficaz y adecuado de la prestación de servicios y bienes a los intereses generales de la República -vgr. Numerales 3, 4, 5 y 6 del artículo 164 eiusdem-. En consecuencia, estima esta Sala Constitucional que la actuación por parte del constitucional y legalmente -en los términos antes expuestos- están atribuidas a órganos del Poder Público Nacional como lo son la Asamblea Nacional y el Presidente de la República en Consejo de Ministros, resulta contraria a lo previsto en el Texto Fundamental. En tal sentido, esta Sala estima conveniente reiterar la decisión N° 1.182/00, recaída en un caso muy similar al de autos, vinculada a la materia de usurpación de las funciones quc constitucionalmente tiene atribuido el Poder Legislativo Nacional, y en extralimitación de atribuciones vinculadas a estados de emergencia y de alarma, en la cual se señaló lo siguiente: "en el marco de la doctrina y la jurisprudencia patria, para que se configure el supuesto de la usurpación de funciones, se requiere que el órgano o funcionario presuntamente infractor o incurso en dicho vicio, ejerza o haya ejercido funciones o competencias públicas asignadas por la Constitución de la República o las leyes a otro órgano u órganos del Poder Público, sea nacional, estadal o municipal. Ello asi, resulta necesario destacar que en criterio de esta Sala Constitucional, en el presente caso, se evidencia del texto de la Constitución del Estado Mérida, aprobada en fecha 7 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial de ese Estado N°7. Extraordinario, de fecha 20 de abril de ese mismo año, que el Poder Legislativo del Estado Mérida no asumió competencias asignadas constitucionalmente al Poder Legislativo Nacional para regular la actividad del Ministerio Público, por lo.que la trasgresión constitucional alegada no encuadra en el vicio de usurpación de funciones". Sin embargo, conteste con el criterio transcrito, en esta oportunidad se observa que el Consejo Legislativo del Estado Guárico, incurrió en el vicio de extralimitación de atribuciones, ya que si bien no creó ex novo ningún ente u órgano -Gobernador y Consejo Legislativo-, si le atribuyó algunas competencias que por mandato constitucional, corresponden a la Asamblea Nacional y al Presidente de la República en Consejo de. Ministros, con lo cual el Poder Legislativo de dicho Estado incurrió en el referido vicio, pues si bien es cierto que tenía competencia para organizar los Poderes Públicos de esa entidad federal a la luz de nuestra Constitución, no es menos cierto, que tal organización. debió ser realizada de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley, es decir, debió respetar y tener como límites las normas constitucionales y legales atributivas de competencias a los distintos órganos del Poder Público Nacional. Como consecuencia de las consideraciones expuestas, debe esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declarar la inconstitucionalidad del artículo 136, numeral 29 de la Constitución del Estado Guárico, publicada en la Gaceta Oficial de dicha entidad federal bajo el N° 126 del 14 de diciembre de 2011 y, fija los efectos del presente fallo anulatorio ex nunc o hacia el futuro, esto es, a partir de la publicación del presente fallo por la Secretaría de esta Sala Constitucional. Asi se decide. No obstante, en lo que respecta a la solicitud de nulidad del artículo 114.6 de la Constitución del Estado Guárico, conforme al cual son atribuciones del Procurador del Estado "interponer ante los órganos competentes, a instancia de los Poderes Públicos del Estado, las acciones legales correspondientes contra los funcionarios o las funcionarias públicos que en ejercicio de sus funciones incurran en violaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución, leyes, decretos y resoluciones señalar que la norma parcialmente transcrita no constituye una violación de los artículos 156, numerales 32 y 33, 187.1 y 285, numerales 3 y 5 de la Constitución, ya que no se vulneran las atribuciones que tiene el Ministerio Público para dirigir la investigación penal . y para hacer efectivas las responsabilidades civiles, administrativas, laborales, militares y disciplinarias que hubiesen incurridos los funcionarios públicos, en la medida que debe advertirse que el artículo 159 de la Constitución establece que los Estados tienen personalidad juridica plena, disposición que les permite, ejercer, mediante los organismos previsto por el Estado en su Constitución Estadal (artículo 164.1 eiusdem), demandas de contenido patrimonial contra quienes hayan ejercido acciones que socaven los bienes y demás activos de la entidad. Ministerio Público, pues debe ser cada ente federal quien ejerza acciones en defensa de su página original (tal como se publicó) [Página 16] GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 409.346 patrimonio, sin que para ello requiera la intervención de la Fiscalía General de la República, por lo que la norma en cuestión no puede ser entendida como un desequilibrio de quien tien el en principio, la titularidad de la acción penal. fundamento de su ordenamiento juridico, a partir de la cual se genera la producción escalonada del orden juridico, de manera decreciente en cuanto a su generalidad" -Cfr. Sentencia de esta Sala N° 3.145/04-, "esto es, lo que el tuspublicismo con Kelsen, por un lado, y Santi Romano por otro, teorizaron como una Constitución distinguible de la en sentido formal, como un condensado de reglas superiores de la organización del Estado, que expresan la unidad del ordenamiento juridico. Así, la Constitución como expresión de la intención fundacional y configuradora de un sistema entero que delimita y configura las bases jurídico-socio-políticas de los Estados, adquiere valor normativo y se constituye en lex superior, lo cual imposibilita la distinción entre articulos de aplicación directa y otros meramente programáticos. pues todos los preceptos constituyen normas jurídicas directamente operativas, que obligan a las leyes que se dictan a la luz de sus principios a respetar su contenido esencial" -Vid. Sentencia de esta Sala N° 2.152/07-. A la par la doctrina afirma, que en un sistema jurídico existe "una especifica constitución" comporta "el cierre del sistema en forma de presuposición -incondicionadacomo norma fundamental" -ROSS, ALF. Teoria de las Fuentes del Derecho, una contribución a la teoría del derecho positivo sobre la base de investigaciones históricodogmáticas. CEPC, Madrid, 1999, p. 431 y 432-. Partiendo de tales conceptos, no es controvertida la concepción conforme a la cual a partir de la norma suprema y fundamento de su ordenamiento jurídico, se genera la producción escalonada del orden jurídico de manera decreciente en cuanto a su generalidad, · con lo cual los órganos con competencias normativas, no sólo deben desarrollar aquellas regulaciones necesarias para el logro de los fines del Estado, sino el legislador en el ejercicio de sus funciones debe actuar bajo el principio de racionalidad o de no arbitrariedad, lo que comporta que toda medida adoptada deba responder o ser idónea a los fines y límites que el ordenamiento jurídico vigente establezca y, siendo en muchos casos las normas constitucionales un parámetro general, el legisiador puede desarrollar diversas opciones regulatorias válidas, como sería concluir dei sentido literal de la disposición impugnada, que la misma determina con'claridad que los medios procesales que tiene el Procurador del Estado son de contenido pecuniario y no pueden visualizarse como. una usurpación del poder que tiene el Ministerio Público, y en tal sentido no se incurre en los vicios de inconstitucionalidad denunciados, por lo que se desestima la denuncia formulada y así se declara. Sobre la base de las anteriores consideraciones se declara parcialmente con lugar la presente demanda de nulidad en los términos antes expuestos. Así se decide. V DECISIÓN Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara: 1.- DECAIMIENTO DEL OBJETO respecto de los articulos 96 y 97 de la derogada de la Constitución del Estado Guárico publicada en la Gaceta Oficial del Estado Guárico del 31 de diciembre de 2003. 2.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto por el abogado JULIÁN ISAÍAS RODRÍGUEZ DÍAZ, actuando en su entonces carácter de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, ya identificado. 3.- NULO el artículo 136.29; de la Constitución del Estado Guárico, publicada en la Gaceta Oficial de dicha entidad federal bajo el N° 126 del 14 de diciembre de 2011. En atención a la naturaleza de este pronunciamiento, esta Sala ORDENA la publicación íntegra del presente fallo en la Gaceta Judicial y la Gaceta Oficial del Estado. Guárico, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente: "Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara .la nulidad por inconstitucionalidad del articulo 136.29 de la Constitución del Estado Lunes 10 de febrero de 2014 Guárico, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Guárico N° 126 del 14 de diciembre de 2011". 1 Publiquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el Salón de Déspacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los días del mes de ede dos mil tece (2013). Años: 203° d la Independencia y 154° de la Federación. La Presidenta de la Sala, NO FRMA GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO El Vicepresidente, Hende. Los Magistrados, LUISAESTERZA MORALESAMUNO Ponente MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN CARMEN ZULETA DE MERCHÁN ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS ecretario, - { ROINAO REQUENA CABELLO JOS Exp. N° AA50-T-2005-0152 LEML/ eTer.quien of. Lustif por motivos página original (tal como se publicó) [Página 17] GACETAOFICIALDE LAREPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA Lunes 10 de febrero de 2014 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL EXPEDIENTE N° AP61-D-2011-000040 Disciplinario Judicial se abocó al conocimiento del procedimiento disciplinario que se estaba llevando por la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, contenido en el Expediente N° 1927-2010, en el cual cursan las actuaciones disciplinarias que llevaba la mencionada Comisión al ciudadano MIGUEL AGUSTIN URIBE HENRÍQUEZ, titular de la cédula de identidad No. Vdel Trabajo del Estado Zulia, librándose las boletas de notificación y oficios / correspondientes. En el mismo auto se designó según distribución aleatoria llevada por el Sistema de Gestión Judicial, al Juez Carlos Medina Rojas para el conocimiento del presente asunto, signado bajo la nomenclatura N°. AP61-D-2011-000040. _procedimentales que llevaba la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del el derecho a la defensa. pruebas promovidas por el ciudadano Miguel Agustín Uribe Henríquez. ya que las pruebas promovidas por la Inspectoría General de Tribunales habían sido admitidas por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial en fecha cuatro (4) de octubre de 2010; no obstante este Tribunal Disciplinario Judicial procedió admitir las documentales presentadas a título informativo, consistentes en Circunscripción Judicial del Estado Zulia de fecha 13 de octubre de 2009, del Tribunal de Juicio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia de fecha 13 de octubre de 2009, del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia de fecha 22 de febrero de 2010, del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia de fecha 11 de noviembre de 2011, del Tribunal Supremo de Justicia, Codinación del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la CircunscripciónJudicla del Estado Zulia de fecha 14 de agosto de 2006. audiencia a la cual se refiere el articulo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana para el dia 5 de junio de 2012, a las diez de la mañana (10:00 a.m.) y ordenó realizar las notificaciones correspondientes, la misma fue reprogramada para el día veinticinco (25) de septiembre de 2012, a las diez (10) de la mañana (10:00 a.m) y finalmente el día veinticinco de septiembre de 2012 fue diferida para el día seis (6) de noviembre de 2012, a las dos de la tarde ( 2:00 p.m ). sn, tal como consta en el acta de audiencia oral y pública de fecha 6 de oviembre del presente año, correspondiendo en esta oportunidad dictar el texto intro de la decisión, en cumplimiento del artículo 82 eiusdem, al respecto se serva: DE LA INVESTIGACIÓN El veinte (20) de abril de 2007, la Inspectoría General de Tribunales dio inicio suscrito por la ciudadana Ligia González. En fecha tres (3) de marzo de 2010, la ciudadana Magistrada Yris Peña Espinoza, Inspectora General de Tribunales, solicitó ante la Comisión de Funcionamiento y Restructuración del Sistema Judicial que se iniciara que se iniciara el correspondiente procedimiento disciplinario al juez MIGUEL AGUSTÍN URIBE HENRÍQUEZ, por verificarse los hechos que a continuación se señalan: (..) Que el ciudadano Miguel Agustin Uribe Henríquez actuó con negligencia apelación que interpuso la parte actora en la causa seguida contra las empresas Posada Sandrea Construcciones & Servicios C.A y PDVSA Petróleo S.A., por daño moral, por cuanto señaló que el término de la distancia de la Resolución N° 72 del 8 de agosto de 2006, emanada de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.496 del 9 de agosto de ese mismo año, la cual establecía expresamente que durante ese 409.347 TRIBU procesales. En ese sentido señaló que el 4 de octubre de 2006, la apoderada judicial de la I VOIAL parte actora presentó recurso de apelación contra la decisión del 29 de septiembre de ese año, del Juzgado Noveno de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Zulia, que declaró desistido n n n nn p n en correspondientes a las vacaciones judiciales, siendo que a criterio de la oportunidad en la que se realizó la audiencia preliminar. Que el recurso fue conocido por el juez sometido a procedimiento disciplinario, en su condición de Juez Superior Segundo de ese Circuito Judicial Laboral, uien el 28 de noviembre de ese año, dictó decisión mediante la cual declaró n lugar el recurso de apelación, desistido el procedimiento y terminado el goceso, al considerar que el término de la distancia tenia que ser computado por dias calendarios consecutivos, conforme lo había establecido la Sala Constitucional, sin observar lo dispuesto en la Resolución N° 72, vigente para esa fecha, emanada de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, que había lapsos. contenido de la Resolución dictada por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, lo que trajo como consecuencia que se diera por terminado el procedimiento, limitando el derecho de acción de la parte actora, ya que si bien es cierto, el término de la distancia se cómputo por días consecutivos, no es menos cierto que la Resolución señaló expresamente que no correrlan los lapsos procesales por lo que al declarar sin lugar la apelación y confirmar la decisión del Juez de Primera Instancia, no solo le ocasionó un perjuicio a la ponerse en funcionamiento nuevamente si la demandante quisiera intentar la acción pasados los 90 días. Que con esa conducta, el juez Miguel Agustin Uribe Henriquez, le violó a la RIO ITAL parte actora el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, en virtud que el cómputo realizado por secretaria creó inseguridad juridica a una de las partes, pues era evidente que se había contabilizado el término de la distancia dentro del período de las vacaciones judiciales, lo cual debió advertir el Juez al analizar las actas del expediente y aplicar la Resolución correspondiente; que cuando hubiere dudas en la aplicación de alguna normal O DIAL legal, se debía aplicar la más favorable al trabajador, que en el caso de marras n e we n e n e n re n de los derechos de la parte actora. Que la afirmación realizada por el Juez Miguel Agustin Uribe Henriquez, ante ese órgano instructor, que la denunciante se conformó con la decisión del Tribunal Superior porque no ejerció la vía casacional ante la Sala de Cassción Social del Tribunal Supremo de Justicia, en nada justifica la conducta la decisión no intentara los recursos, no quiere decir que esté de acuerdo con ello no se requiere que una Instancia Jurisdiccional Superior determine que el Juez cometió una falta. n n n Miguel Agustin Uribe Henriquez, se encontraba incurso en una falta : disciplinaria, al actuar con negligencia en el ejercicio de sus funciones, -contenida en el número 11 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Il DEL PROCEDIMIENTO LLEVADO POR LA COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL 1. El 16 de marzo de 2010, se recibió el expediente disciplinario N° 070225 de la Inspectoría General de Tribunales (folio 27, pieza 2). 2. El 18 de marzo de 2010, se admitió el Acto Conclusivo presentado por el órgano 201o, dada la reorganización de las audiencias orales y públicas, y se fij como eva oportunidad el 11 de octubre de ese año (folio 50, pieza 2). El 4 de octubre de 2010, se pronunció sobre la admisibilidad de las pruebas promovidas por la Inspectoria General de Tribunales en su acto conclusivo (folios 91 al 92, pieza 2). página original (tal como se publicó) [Página 18] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 409.348 E 7 de octubre de 2010, la Fiscal Sexagésima Tercera del Ministerio Públlè Competencia en Materia Disciplinaria Judicial (e) se adhirió al acto conalasivo con fijó como nueva oportunidad el 1 de diciembre de ese año (folios 95 al 96, pieza 2). 6. El 30 de noviembre de 2010, se difirió la celebración de audiencia cral y pública pautada para el 1° de diciembre de ese año, atendiendo a la situación descrita y justificada por el referido Juez, y fijó como nueva oportunidad el 16 de marzo de 2011 (folio 124, pieza 2). III ALEGATOS DEL JUEZ SOMETIDO AL PROCESO DISCIPLINARIO En fecha veintinueve (29) de marzo de 2012, el juez, investigado presentó escrito de alegatos y pruebas por ante el Tribunal Disciplinario Judicial en los ..." Que, con relación al cómputo del término de la distancia, era de observar que conforme a la doctrina y la jurisprudencia, el mismo se cómputo por días continuos, por lo que evidentemente transcurso ; TVIDIGN durante los días del receso judicial; por lo tanto niego la imputación que se me hace, por cuanto en ningún momento he actuado negligentemente en el ejercicio de mis funciones ni en el caso concreto ni en ninguna otra oportunidad, y nunca he incurrido en conducta personal o profesional inapropiada a la dignidad del juez. En cuanto al principio in rubio pro operario o principio de favor, es uno de los principios universalmente admitidos por el Derecho del Trabajo y dicha norma se infringe cuando ante una laguna de ley no se aplican los principios universalmente admitidos del Derecho del Trabajo y concreta su finalidad en tres aplicaciones: a) En caso de conflictos de leyes, deben prevalecer las del trabajo, sustantivas o procedimentales; b) En caso de conflicto de normas, ha de aplicarse la mas favorable al trabajador, y c) En el supuesto de incerteza entre dos declaraciones posibles derivadas de una misma norma, ha de preferirse la interpretación que mas beneficie al trabajador. ... De all que se me acusa de haber incurrido en la omisión de una conducta debida para prevenir un daño, descuido u omisión, al declarar en el ejercicio de la función jurisdiccional, sin lugar el recurso apelación interpuesto por la denunciante, bajo la fundamentación que el término de la distancia debía computarse por dias calendarios consecutivos, violentado presuntamente, al no aplicar el principio in rubio pro operario, el contenido de la Resolución N° 72 de fecha 8 de agosto de 2006, emanada de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, que acordó el receso judicial entre el 15 de agosto a! 15 de septiembre de 2006, lo cual niego bajo toda forma de derecho, pues en el caso de especie no existió ni conflicto de leyes, ni conflicto de normas, ninguna laguna legal que colmar, ni ninguna duda en la aplicación de la ley a aplicar. .." Que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (caso S. Araque), anuló, parcialmente el articulo 197 del Código de Procedimiento Civil, y estableció que sería la naturaleza de las situaciones procesales las que distinguirán si el cómputo del término apso se realizaría por días calendarios continuos, sin atender a las cepciones previstas en el articulo in comento, o, si por el contrario, deberían hacerse únicamente en función de que el Tribunal despachará, y que esa Sala sobre el término de la distancia estableció el término de la distancia debía computarse como continuos, sin atender a las excepciones establecidas en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil. ..." Destacó que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo no establecía en forma expresa la aplicación del término de la distancia, pero en casos donde una de las partes tiene su domicilio fuera de la ciudad donde está el Tribunal de la cursa, debe aplicarse lo previsto en el artículo 205 del Código de Procedimiento Civil, por remisión del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, tal como fue .DE VENE declarado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en decisión del 14 de junio de 2004 (Caso Editorial Santillana). Lunes 10 de febrero de 2014 ... ..." Que el término de la distancia es un tiempo concedido a los cursa el expediente, puedan trasladarse a la sede del Tribunal y preparen su defensa; y conforme al criterio de la Sala Constitucional, dicho lapso debe computarse por días calendarios consecutivos, incluyendo sábados y domingos, toda vez que en estos días las partes. pueden trasladarse de una ciudad a otra y pueden igualmente realiza Tioianr Gi diligencias tendientes a la preparación de su defensa y lo que debe computarse por días hábiles es el lapso de comparecencia para el acto, es decir en este caso, los diez días hábiles para la celebración de la audiencia preliminar, por lo que consideraba que la decisión tomada por el Juzgado Superior se encontraba ajustada a derecho. ..." Que todos los codemandados y terceros llamados a juicio concurrieron a la audiencia preliminar en la oportunidad en que se realizó el llamamiento, excepto la parte demandante, lo cual significa que todos los intervinientes en la causa se beneficiaron del término de la distancia y todos los codemandados y los terceros, al efectuar los respectivos cómputos, coincidieron en que era esa la oportunidad en a cual se habria de celebrar el acto de instalación de la audiencia preliminar como en efecto ocurrió cuando la causa fue sometida a sorteo..." IV DE LA COMPETENCIA DE TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Corresponde a este Tribunal Disciplinario Judicial, en primer lugar, pronunciarse en los términos siguientes: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.860, de fecha 30 de diciembre de 1999, es el primero de los independencia de España, que incorpora la disciplina del Poder Judicial como un ejdicio encomendado a una jurisdicción judicial y no a un órgano administrativo. Eneste sentido, la Constitución de 1961 establecía que la dirección y vigilancia de losgibunales estaba a cargo de un órgano administrativo distinto e independiente máximo Tribunal de la República, conocido como Consejo de la Judicatura. obstante, con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se modificó el sistema anterior, tal como lo establece su artículo 267: VnZIN "Articulo 267. Corresponde a/ Tribunal Supremo de Justicia la dirección, tribunales de la República de las Defensor las Públicas. Igualmente, le corresponde JUDICIALL que determine la ley. fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la Asamblea Nacional. El procedimiento disciplinario será público, oral y breve, conforme al debido proceso, en los términos y condiciones que establezca la ley. Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno creará De conformidad con el articulo anterior, se escinden dos potestades: Una que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, para la dirección, gobierno, administración, inspección, vigilancia y autonomia presupuestaria del Poder Judicial; y la otra potestad que es e indole disciplinaria, que corresponde únicamente a los tribunales disciplinarios se crearen mediante la respectiva ley. Encontramos de este modo, una Mee osganicidad que ejerce las potestades administrativas del Tribunal Supremo de Justicia y por otro lado una jurisdicción que ejerce funciones disciplinarias. fundamento en lo anterior, fue intención de los constituyentes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la separación de la organicidad del Tribunal Supremo de Justicia de los órganos encargados de la disciplina judicial, creando de este modo una jurisdicción separada, bajo el nombre tribunales encargados que conformarían la referida organización. En este orden de ideas, la novísima norma del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, establece en su artículo 2, a quiénes esta dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Se entenderá por juez o jueza todo aquel ciudadano o ciudadana que haya sido investido o investida página original (tal como se publicó) [Página 19] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA Lunes 10 de febrero de 2014 provisoria.(...omissis...)". alado código se extiende a cualquier juez de la República, por lo que la stad disciplinaria también envuelve a todos los jueces, incluyendo los pot manentes, temporales, ocasionales, accidentales o provisorios; haciéndose Stensiva no sólo para los jueces que hubieren ingresado a la carrera judicial de Venezuela, referido a la Carrera Judicial (concursos públicos de oposición). judial, la encontramos expresada en el artculo 39 del Código de Ética deuez SUNAL DISCOE Venezolano y la Jueza Venezolana: competencia disciplinaria sobre los jueces y juezas de la República, son el Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, los cuales conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia, respectivamente, los procedimientos El Tribunal Disciplinario Judicial contará con la Secretarla corresponderte y los servicios de Alguacilazgo". Como se desprende del presente artículo, el Tribunal Disciplinario Judicial ostenta en el señalado Código, imponiendo ante su incumplimiento, las sanciones disciplinarias previstas en los articulos 31, 32 y 33 eiusdem. aquaciones que fueren sustanciadas por la extinta Comisión de Funcionamiento y Disposición Transitoria Primera eiusdem: "Primera: A partir de la entrada en vigencia del presente Codigo, y una vez constituido el Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial cesará en el ejercicio de sus competencias y, en consecuencia, las causas que se encuentren en curso se paralizarán y serán remitidas al Tribunal Disciplinario Judicial. Una vez constituido e instalado el Tribunal Disciplinario Judicial, éste procederá a Siendo así las cosas, queda claramente establecida la competencia de este Reestructuración del Sistema Judicial. Así se decide. V V3nZ3S DE LA AUDIENCIA En fecha seis (6) de noviembre de 2012, siendo las dos de la mañana (2:00 o.m.), se levó a cabo la audiencia oral y publica la cual se refiere el atículo 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, estando constituido el Tribunal Disciplinario Judicial por los jueces principales, reunidos en la Sala de Audiencias del Tribunal Disciplinario Judicial de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, en presencia del juez denunciado ciudadano Miguel Agustin ribe Henriquez, titular de la cédula de identidad No. V-3.830.34 ade udadana Katherine Casellas Jiménez, titular de la cédula de identidad V- Tribunales. Del desarrollo de la audiencia oral y pública se desprenden los siguientes hechos que concluyeron la decisión. ..." En el día de hoy, seis (6) de noviembre de 2012, siendo las dos horas de la tarde (2:00 pm.), estando constituido el Tribunal Disciplinario Judicial por los jueces principales Hernán Pacheco Alviárez, Jacqueline Sosa Mariño y Carlos Medina Rojas, por la Secretaria temporal Dubravka Vivas y el Alguacil Darwin Lovera; reunidos en la Sala de Audiencias del Tribunal Disciplinario Judicial de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, ubicada en el piso tres (3) del edificio de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, Avenida Francisco de Miranda, entre las calles Élice y La Joya; a los fines de celebrar la audiencia prevista en la parte in fine del articulo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, por el proceso disciplinario que se le sigue al ciudadano MIGUEL AGUSTÍN URIBE AOKAL HENR/QUEZ, tular de la cédula de identidad No. V-3.930.344, en su condición de Juez Titular Superior N° 2 del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Zulia, por presuntamente haber incurrido en la falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del sanción de amonestación, vigente para el momento de la ocurrencia del hecho; con fundamento en lo descrito en la denuncia presentada por la Inspectoría General de contra las empresas Posada Sandrea Construcciones & Servicios C.A y PDVSA 409.349 Petróleo S.A., por daño moral, por cuanto señalo que el término de la distancia debía Resolución N° 72 del 8 de agosto de 2006, emanada de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.496 del 9 de agosto de ese mismo año, estableciendo expresamente que durante ese perlodo quedaban suspendidas las por parte del Presidente del Tribunal Discipinario Judicial, de conformidad con el encabezamiento del artculo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, que tiene como finalidad la realización del debate acerca del proceso disciplinario por la mencionada denuncia interpuesta. O MOOAL presencia de la ciudadana KATHERINE CASELLAS JIMÉNEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.336.859, actuando en este acto por delegación de la Inspectorla General de Tibunales, asimismo, se verifica la presencia del ciudadano MIGUEL AGUSTIN URIBE HENR/QUEZ, itular de la cédula de identidad No. V-3.930.344, juez sometido a procedimiento disciplinario, igualmente se deja constar la incomparecencia representación del Ministero Público, y de la parte interesada cludadana LIGIA TRBLANAL O - GZÁLEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-7.762.744, aun cuando consta en el expediente su debida noificacisn. valoración sobre lo discutido, las intervenciones de los presentes serán grabadas, de celulares ni de cámaras fotográficas; asimismo el Juez Presidente del Tribunal Disciplinario Judicial, estableció el Iter procesal a seguir en la presente Seguidamente el Juez Presidente otorga la oportunidad para exponer sus alegatos a la Inspectorla General de Tribunales por un tiempo de diez (10) minutos, quien expone: alzada ante la Inspectorla General de Tribunales por la ciudadana Ligia González, u carácter de apoderada judicial del trabajador en la causas judiciales N° VP01-L- 20 oooo4o, nomenclatura del Juzgado Décimo Tercero de Primera Instansia de to Judicial Laboral; culminada la investigación formuló acto conclusivo, el cual uvo en este co señalan o lo siguine:.. Que el ciudadano Miguel Agustin Unbe Henriquez actuó con negligencia en el ejercicio de sus funciones, cuando declaró sin lugar el recurso de apelación que interpuso la parte actora en la causa seguida contra las empresas Posada Sandrea Construcciones & Servicios C.A y PDVSA Petróleo S.A. por daño moral, por cuanto señaló que el violentando el contenido de la Resolución N° 72 del 8 de agosto de 2006, emanada de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.496 del 9 de agosto de ese mismo año, la cual establecia expresamente que durante ese periodo quedaban suspendidas las causas y no correrían los lapsos procesales... En ese sentido señalo que el 4 de octubre de 2006, la apoderada judicial de la parte actora presentó recurso de apelación contra la decisión del 29 de septiembre de ese No, del Juzgado Noveno de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial reso, en el cual señaló que el mencionado Tribunal le violó su derecho al debido proceso y a la igualdad de las partes en el proceso, al computar el término de la tancia dentro de los dias correspondientes a las vacaciones judiciales, siendo que a eniterio de la apelante debió computarios en el periodo del 18 al 29 de septiembre del 2006, oportunidad en la que s realizó la audiencia preimnar...... Que el recurso fue conocido por el juez sometido a procedimiento disciplinario, en su condición de Juez Superior Segundo de ese Circuito Judicial Laboral, quien el 28 de aviación, desistido el procedimiento y terminado el proceso, al considerar que conforme lo habla establecido la Sala Constitucional, sin observar lo dispuesto en la 15 de agosto y el 15 de septiembre del 2006, debido al receso judicial y que no corrían los lapsos. Que el juez sometido a procedimiento, al momento de decidir no aplicó el contenido de cómputo por dias consecutivos, no es menos cierto que la Resolución señaló VENEZUELA apelación y confirmar la decisión del Juez de Primera Instancia, no solo le ocasionó un perjuicio a la denunciante, sino también al sistema de justicia, pues éste tendria que ponerse en funcionamiento nuevamente si la demandante quisiera intentar la acción pasados los 90 dias. actora el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defenss, en virtud que el era evidente que se habia contabilizado el término de la distancia dentro del perlodo de las vacaciones judiciales, lo cual debió advertir el Juez al analizar las actas del página original (tal como se publicó) [Página 20] GACETA OFICIALDE LAREPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA 409.350 detrimento de los derechos de la parte actora.... Que la afirmación realizada por el Juez Miguel Agustin Unibe Henrlquez, ante ese Superior porque no ejerció la via casacional ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en nada justifica la conducta negligente, toda vez que el hecho que la persona que resulte perjudicada con la decisión no intentara los recursos, no quiere decir que esté de acuerdo con la decisión, mucho menos que el Juez no Vurisdiccional Superior determine que el Juez cometió una falta.... Agustin Uribe Henrquez, se encontraba incurso en una falta disciplinaria, al actuar con negligencia en el ejercicio de sus funciones, contenida en el número 11 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Jud.ic.atura........ Seguidamente, se le concede el derecho de palabra al Juez sometido a procedimiento disciplinario, quien señala en su defensa lo siguiente: uyo domicilioestá fuera de la ciudad donde cursa el expediente, puedan trasladarse a sede del Tribunal y preparen su defensa; y conforme al criterio de la Sala TON Constitucional, dicho lapso debe computarse por dias calendarios consecutivos, incluyendo sábados y domingos, toda vez que en estos dias las partes pueden trasladarse de una ciudad a otra, y lo que debe computarse por dias hábiles es el la celebración de la audiencia preliminar, por lo que consideraba que la decisión tomada por el Juzgado Superior se encontraba ajustada a derecho, considerando las Finalmente solicitó que fuesen desestimados los hechos alegados por la Inspectorla General de Tribunales. Posteriormente, las partes hicieron uso de su derecho de réplica y contrarréplica, nsideren pertinentes, y en consecuencia, la Inspectoria General de Tribunales l escrito de pruebas, contenido en el expediente disciplinario, las cuales fueron en emitidas por auto de fecha 4 de octubre de 2010, por la Comisión de Funciona:miento Reestructuración del Sistema Judicial, asl mismo en este acto promovió documentales a titulo informativo, las cuales fueron consignadas ante la secretaria e incorporadas en este acto..... Del mismo modo, el ciudadano Miguel Agustin Uribe Henriquez, ratifica las pruebas que promovió en el expediente disciplinario, presentado con el escrito de descargo... por el juez sometido a procedimiento disciplinario, por cuanto esta instancia considera en consecuencia las admite, cuanto ha lugar a derecho, por no ser manifiestamente legales ni impertinentes, de conformidad con el articulo 62 del Codigo de Étca del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana..... Posteriormente, las partes hicieron uso de su derecho a conclusiones, reiterando al respecto los argumentos anteriormente expuestos.... Finalizada la exposición de las partes, se da por concluido el debate, en consecuencia dos jueces del Tribunal Disciplinario Judicial se retiran a deliberar con el objeto de prvinientes la reconstitución de la audiencia para el dia de hoy las 5:00 de le tarde constituida la audiencia, los jueces se incorporaron a la Sala de Audiencia con la fralidad de emitir el respectivo pronunciamiento una vez analizados los alegatos del dar lectura al pronunciamiento decisorio en los siguientes términos.:.... La Inspectorla General de Tribunales estimo que el ciudadano Miguel Agustin Uribe Henríquez actuó con negligencia en el ejercicio de sus funciones, cuando declaró sin rgar el recurso de apelación que interpuso la parte actora en la causa seguida cont las empresas Posada Sandrea Construcciones & Servicios C.A y PDVSA Petróleo S.A. por daño moral, por consiguiente señalo que el término de la distancia debla computarse por dias calendarios consecutivos, violentando el contenido de la Resolución N° 72 del 8 de agosto de 2006, emanada de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.496 del 9 de agosto de ese mismo las causas y no correrian los lapsos procesales, falta disciplinaria establecida en el numeral 11 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos, sancionable con amonestación, la cual solicito le fuese aplicada... de enero de 2005, que se le concedió a la demandada PDVSA S.A., ocho (8) días del término de la distancia, y que el 8 de agosto de 2006 la Dirección Ejecutiva de la Magistratura emitió Resolución N° 72 en la cual se declarada el receso judicial desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre de ese año, ambas fechas inclusive: siendo que el 14 de agosto de 2006, la Secretaria del Tribunal de Sustanciación, Meciación y VP01-L-2005-000040 fue distribuida a fin que se produjese la audiencia preliminar, y Lunes 10 de febrero de 2014 ese mismo dla, el Juzgado 9° de Sustanciación, Mediación y Ejecución declaró demandante a la Audiencia Preliminar, la parte actora ejerció recurso de apelación, el término de la sancia deban computarse como continuos.. En este sentido, este Tribunal Disciplinario considera oportuno señalar con relación al término de la distancia, que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de 1999, la cual estableció lo siguiente: "El término de la distancia consiste en el tiempo concedido para el trastado de personas o autos requeridos para la realización de un acto procesal, cuando éstos se disposiciones pertinentes contenidas en el Capitulo II, Titulo IV del Libro Primero del NEZUEIA consiste en el lapso que concede el Tribunal para que los demandados determinados autos puedan ser trasladados desde su domicilio a la ciudad donde s encuentra el domicilio del Tribunal, a fin de que a contestar la demanda o la realización del acto para el cual fue concedió... En ese sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 19 de febrero de 2009 y por sentencia N° 764 del 5 de junio de 2012), estableció lo siguiente: "De forma que, será la naturaleza de las actuaciones procesales las que continuos (..) o, si por el contrario, deberán hacerse únicamente en función de que el tribunal despaché. En virtud, de que esta Sala considera que el ejercicio oportuno sólo puede verificarse si el tribunal despacha- forma parte de la esfera esencial del Por lo cual, si la naturaleza del acto procesal implica, que para que se cumpla cabalmente el derecho a la defensa y al debido proceso, éste deba ser realizado den tener aeso al expediente o al juez para ejercer oportunamente -entiéndase Yorma eficaz- su derecho a la defensa, indudablemente que los términos o lapsos sales para la realización de tales actos se computarán en función de aquellos dia en que el tribunal acuerde despachar. siderar para el cómputo de los términos o lapsos los dias en que efectivamente corto", sino en atención a que el acto procesal de que se trate involucre o de alguna con su transcurrir no lo involucren. Asl por ejemplo, el lapso procesal establecido para contestar la demanda o los términos o lapsos procesales establecidos para ejercer oposición a cualquier providencia judicial, deben ser computados por dias en que efectivamente el tribunal directamente con el derecho a la defensa y al debido proceso. (.) Y, por último el término de la distancia debe ser computado por dias calendarios consecutivos, sin atender a las excepciones establecidas en el nuestro). De lo anterior se colige que la Sala Constitucional del Mâximo Tribunal, ha establecido que el término de la distancia debe computarse por dias calendarios consecutivos, en virtud de la naturaleza del acto, pues en nada afecta el derecho a la defensa y al ENEZUEL debido proceso el que sea realizado un dia en que el Tribunal no nsiders esta Instancia Disciplinaria que si bien la Resolución N° 72, emanada de la caciones judiciales tendrían lugar desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre ese mismo año, ambas fechas inclusive, por lo que en dicho periodo los Tribunales de la República no despacharían y no correrían los lapsos procesales; del mismo los dias del término de la distancia se cuentan como continuos, en virtud que los NEZUELA mismos tienen por finalidad el trasiado de aquellos a quienes le fue concedido a l *T ciudad en la cual funciona el Trbunal. En el caso de marras, se le concedieron ocho (8) dias del término de la distancia a la codemandada P.D.V.S.A, los cuales el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución cómputo como continuos, decisión que confirmó el sometido a procedimiento disciplinario, el 28 de noviembre de 2006, tomando en consideración la interpretación de la referida Sala Constitucional la cual Henríquez en ejercicio de sus funciones actuó con independencia y autonomia por lo sometido a su conocimiento y decisión. Asimismo, los órganos con competencia página original (tal como se publicó) [Página 21] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANADE VENEZUELA Lunes 10 de febrero de 2014 ello constituya una intervención indebida en la actividad jurisdiccional, de acuerdo mo lo establece el articulo 4 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza carácter disciplinario; razón por la cual, se le exime de responsabilidad disciplinaria, y por lo tanto se absuelve al juez Miguel Agustin Uribe de Consejo de la Judicatura, que daba lugar a la sanción de amonestación. Asi se decide. Se tuvo a la vista el expediente administrativo del ciudadano Miguel Ángei Uribe anterioridad.... Por las razones expuestas, este Tribunal Disciplinario, administrando justicia en ciudadano Juez Carlos Medina Rojas, aprobada de manera unánime declare dadano Miguel Agustin Uribe Henriquez, titular de la cédula de ABSUI V-3.930.344, de la falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del articulo Consejo de la Judicatura, vigente para la fecha de la durante su desempeño como Juez Superior Segundo del bcurren VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Vistas las actuaciones que conforman el presente expediente, así (también los documentos y pruebas compiladas por la Inspectoría General e e e e n e n oportunidad para dictar el extenso de la decisión contenida en el acta correspondiente de esa fecha, este Tribunal observa: La Inspectoría General de Tribunales estimó que el ciudadano Miguel Ángel declaró sin lugar el recurso de apelación que interpuso la parte actora en la causa seguida contra las empresas Posada Sandrea Construcciones & Servicios C.A y PDVSA Petróleo S.A., por daño moral, cuando confirmó la decisión del juez ad quo al señalar que el término de la distancia debía computarse por dias consecutivos, sin tomar en consideración las excepciones lendarios ntenido de la Resolución N° 72 del 8 de agosto de 2006, emanada de la Diregción Ejecutiva de la Magistratura, publicada en la Gaceta Oficial de la Repáblica Bolivariana de Venezuela N° 38.496 del 9 de agosto de ese mismo año, cual establecia expresamente que durante las vacaciones judiciales que abarcaban desde el 15 de agosto al 15 de septiembre de 2006, ambas fechas inclusive, quedaban suspendidas las causas y no correrían los lapsos procesales, supuesto que a criterio del órgano instructor constituye falta disciplinaria establecida en el numeral 11 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, norma vigente para la fecha de la ocurrencia del hecho, sancionada amonestación, la cual solicitó le fuese aplicada. axpediênte disciplinario lo siguiente: Edadano Oswaldo José González, asistido de la abogada en ejercicio de jesús González y otros, interpuso demanda, de prestaciones sociales y conceptos laborales, contra la sociedad mercantil "Posada Sandrea otros Gsnucciones y Servicios, C.A. (P&S, C.A.) y solidariamente a la sociedad mercantil P.D.V.S.A. PRETROLEO, S.A.; a la cual se le asignó el número de expediente VP01-L-2005-000040 y fue admitida mediante auto del 20 de enero de 2005, donde a su vez se fijó la Audiencia Preliminar a las 11:00 a.m., del décimo (10°) día hábil siguiente, más ocho (8) días que se concedieron como término de la distancia, a la empresa P.D.V.S.A. por tener su domicilio principal en la ciudad a cticado las notificaciones. /27 de julio de 2006, el demandante solicitó la certificación de notisaciones del demandado, terceros intervinientes y Procuraduría General de la epública y el 14 de agosto de ese año la Secretaria del Tribunal certificó que las mismas habían sido realizadas. (folios 142 y 143 de la pieza 1 expediente disciplinario). El 8 de agosto de 2006 la Dirección Ejecutiva de la Magistratura dictó Resolución N° 72, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 38.496 del 9 de agosto de ese mismo año y cursante a los folios 409.351 168 al 170 de la pieza 1, en la cual se resolvió: "PRIMERO: Los tribunales de todas las competencias no despacharán desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre, ambas fechas inclusive. Durante ese período permanecerán en penso todas las causas y no correrán los lapsos procesales." consta al folio 144 de la pieza 1 del expediente disciplinario, auto del 29 de ptlembre de 2006, emanado de la Coordinación Judicial Laboral del Estado en el cual se realiza la distribución de las ocho (8) causas a ser Suidas, ese día, a los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución ese Circuito Judicial, quedando el asunto judicial N° VP01-L-2005-000040 en conocimiento del Tribunal 9° de Sustanciación, Mediación y Ejecución. Ese mismo día 29 de septiembre de 2006, el referido Juzgado, declaró del demandante a la audiencia preliminar (folio 145 de la pieza 1 del expediente disciplinario). El 4 de octubre de 2006, la parte demandante presentó recurso de apelación contra la decisión del 29 de septiembre de ese año, en cuyo escrito refirió como punto previo que "...la supuesta fecha en la cual se debió realizar la audiencia demandante, para esa fecha, más concretamente el día 28-09-2006, se encuentra syfriendo fuertes quebrantos de salud como lo fueron dolores musculares con Fradiación hacia el miembro inferior derecho, lo cual ameritó su presencia en la Clínica Paraiso, (...) donde fue tratada en el Consultorio Traumatólogos asociados A.C, por el medico traumatólogo Dr. Oswaldo Mora E. (..) donde le diagnóstica y n e n n nn n n n e pscripción medica... (Sic) y en los fundamentos de derecho destacó que " el bunal de la Causa en forma ilegal, arbitraria, temeraria al realizar el cómputo del término de la distancia que se debe conceder a las partes demandadas, lo hizo tomando en cuenta los días 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de agosto.del presente año, obviando por completo que estos días no eran continuos por no haber Despacho como consta en Gaceta Oficial, por encontrarse los Tribunales de la encontraban en suspenso y tanto los términos como los lapsos procesales no podían correrse, tal cual se puede corregir y constatar en el contenido de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 34.8170 de fecha 9 de El 9 de octubre de ese año, se acordó oir el recurso a dos efectos y remitir al Tribunal Superior para su distribución (folio 177 de la pieza 1). El 21 de noviembre de 2006, en la ocasión fijada para que se llevarse a cabo a Audiencia de Apelaciones, el juez Miguel Agustín Uribe Henríquez, luego de haber escuchado a las partes, declaró sin lugar el recurso de apelación, desistido el procedimiento y terminado el proceso, y de igual manera, confirmó la decisión apelada y condenó en costas a la parte demandante (folio 182 al 184 de la pieza 1 del expediente disciplinario). el juez Miguel Agustín Uribe Henríquez, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación, desistido y terminado el proceso, donde señaló "...conforme fue establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en computados por días calendarios consecutivos y al igual, el término de la distancia debe ser computado por dias calendarios consecutivos, sin atender a las gual establece "Los términos o lapsos procesales se computarán por días calendarios consecutivos, excepto los lapsos de pruebas, en los cuales no se computarán los sábados Fiestas nacionales, los declarados no laborables por otras leyes, ni aquellos en los cuales el Tribunal disponga no despachar. ( folios 188 al 195 de la pieza 1 del expediente disciplinario). Asimismo consta en autos en los folios 250 al 257 de la pieza N° 1, com expedido el 6 de agosto de 2007, por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instáncia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo Estado Zulia; del cual se evidenció que desde el 15 de agosto de 2006 hasta el 15 de septiembre de ese mismo año, el referido Juzgado no dio despacho al página original (tal como se publicó) [Página 22] GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANADE VENEZUELA 409.352 embargo si despachó los días 16,19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 de septiembre de curso y los días 17, 18, 24 y 25 son considerados no laborables por el calendario judicial. DEdDEN De los hechos constatados, se evidencia que en el auto de admisión del 20 enero de 2005, se concedió a la demandada PDVSA S.A, ocho (8) dias del término de la distancia, que el 8 de agosto de 2006 la Dirección Ejecutiva de la Magistratura emitió Resolución N° 72 en la cual se declarada el receso judicial desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre de ese año, ambas fechas jncusive; siendo que el 14 de agosto de 2006, la secretaria del Tribunal de los demandados y demás terceros involucrados en la causa, el 29 de septiembre de ese año, la causa judicial N° VP01-L-2005-000040 fue distribuida a fin de que se produjese la audiencia preliminar, y ese mismo día, el Juzgado 9° de Sustanciación, Mediación y Ejecución declaró desistido el procedimiento y terminado el proceso en virtud de la incomparecencia del demandante a la audiencia preliminar; la parte actora ejerció recurso de apelación, el 4 de octubre de 2006, en el cual refirió que no pudo asistir por problemas de salud y que el exceso judicial y los lapsos no corrían, y el 9 de ese mismo mes y año, se acordó oir el recurso a dos efectos. El 21 de noviembre de 2006, se produjo la audiencia de apelación y el 28 de e es es n e n ese de dun s n e término de la distancia debían computarse como continuos. articulo 205 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece con relación "El término de distancia deberá fijarse en cada caso por el Juez, tomando en cuenta la distancia de poblado a poblado y las facilidades de comunicaciones que ofrezcan las vias existentes. Sin embargo la fijación no podrá exceder de un día por cada doscientos kilómetros, ni ser menor de un dia por cada cien. UNA DE en este artículo se concederá siempre un dia de término de distancia." De igual modo, este Tribunal disciplinario acota que con relación al término de_la distancia, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° RC.00756 del 10 de noviembre de 2008, rtific la jurisprudencia emanada de la extinta Corte Suprema de Justicia en sentencia N° 436 del 15 de julio de 1999, la cual estableció lo siguiente: "El término de la distancia consiste en el tiempo concedido para el traslado de término de distancia es un lapso procesal y su cómputo debe realizarse de la misma forma que el resto de los lapsos procesales, mediante la aplicación de las disposiciones pertinentes contenidas en el Capitulo II Titulo IV del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil." De esta forma, la sentencia parcialmente transcrita aduce que el término de intervinientes o terceros interesados y determinados autos o documentos puedan procesal. En ese sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 319 del 9 de marzo de 2001 (ratificada por esa misma Sala en Sentencia N° 116 del 19 de febrero de 2009 y por sentencia N° 764 del 5 de junio de 2012), estableció lo siguiente: "De forma que, será la naturaleza de las actuaciones procesales las que distinguirán si el cómputo del término o lapso se realizará por días calendarios continuos (..)o, si por el contrato, deberán hacerse únicamen considera que el ejercicio oportuno de los derechos adjetivos que les asiste a las partes en un proceso -oportunidad que sólo puede verificarse si el tribunal despacha- forma parte de la esfera esencial del derecho a la defensa y al debido proceso. Lunes 10 de febrero de 2014 Por lo cual, si la naturaleza del acto procesal implica, que para que se cumpla cabalmente el derecho a la defensa y al debido proceso, éste deba RUANA DE ser realizado exclusivamente cuando el tribunal despaché, en virtud de que sólo así las partes pueden tener acceso al expediente o al juez para ejercer oportunamente -entiéndase de forma eficaz- su derecho a la defensa, indudablemente que los términos o lapsos procesales para la realización de tales actos se computarán en función de aquellos días en que el tribunal acuerde despachar. En consecuencia, estima esta Sala que la aplicación del artículo 197, y como tal, el considerar para el cómputo de los términos o lapsos los días en que efectivamente despaché el tribunal, no puede obedecer a que se esté n e e ne n en n n nn e n procesal de que se trate involucre o de alguna manera afecte el derecho a la defensa de las partes; en contraposición a aquellos que con su transcurrir no lo involucren. Así por ejemplo, el lapso procesal establecido para contestar la demanda cualquier providencia judicial, deben ser computados por días en que efectivamente el tribunal despaché, en virtud de que la naturaleza de tales actos se encuentran vinculadas directamente con el derecho a la defensa y al debido proceso. (..) e nn n e e n e calendarios consecutivos, sin atender a las excepciones establecidas en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil. Asl se decide." De lo anterior se colige que la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, ha consecutivos, en virtud de la naturaleza del acto, pues en nada afecta el derecho a spache. Por otra parte, considera esta Instancia Disciplinaria que si bie Regôlución N° 72, emanada de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura el 8 de osto de 2006, estableció que las vacaciones judiciales tendrían lugar desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre de ese mismo año, ambas fechas inclusive, por lo que en dicho periodo los Tribunales de la República no habría despacho y no correrian los lapsos procesales; del mismo modo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sostiene el criterio de que los días del término de la distancia se cuentan como continuos, en virtud de que los s tienen por finalidad el traslado, de aquellos a quienes le fue concedido, a mismos y se concede porque los mismos tienen su domicilio fuera de sede cual funciona el Tribunal. En el caso bajo análisis, se le ciudad en la concedieron ocho (8) días del término de la distancia a la codemandada .D.V.S.A, los cuales el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución cómputo como continuos, decisión que confirmó el sometido a procedimiento disciplinario, el 28 de noviembre de 2006, pues la referida Sala Constitucional había establecido que el término de la distancia se contaba en días continuos calendario sin atender a las excepciones establecidas en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil. de Casación Civil el Tribunal Supremo de Justicia en fecha 30 de abril de 2009, estableció que la naturaleza del término de la distancia no es propiamente una forma de extender los lapsos procesales y en tal sentido lo aclaró señalando: ... En todo caso, esta Sala estima necesario aclarar que la fijación del extender los lapsos procesales, sino para facilitar el traslado de las partes o los documentos de la demanda a la circunscripción donde se sustancia el juicio. Sobre el particular, establece el artículo 205 del Código de Procedimiento Civil, que el término de distancia deberá fijarse tomando en cuenta la distancia de poblado a poblado y las facilidades de comunicaciones que ofrezcan las vías existentes. Asimismo, el articulo 344 eiusdem, ordena que el término de distancia deba computarse primero, excluyéndolo de esta manera del lapso procesal..." Es por ello que, sobre la base de los planteamientos anterior interpretación de la referida Sala Constitucional, que la actuación del juez Miguel Agstín Uribe Henríquez en ejercicio de sus funciones actuó con independencia y Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al ordenamiento página original (tal como se publicó) [Página 23] GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 10 de febrero de 2014 juridico y sus decisiones, en la interpretación y aplicación de la Ley y el derecho. Por lo tanto, solo podrán ser revisadas por los órganos jurisdiccionales que tengan competencia, por vía de los recursos procesales, dentro de los límites del asunto sometido a su conocimiento y decisión; sopesando solo esta instancia su oneidad y excelencia, sin que ello constituya en consecuencia una intervención Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Asi pues que, el Tribunal Supremo de Justicia al respecto en Sala Político- Administrativa de fecha 21 de julio de 2009, reitera como consecuencia del principio de independencia del juez, que no puede sancionarse a los jueces por s decisiones, salvo que de las mismas se desprenda su incapacidad para judiciales, en sentencia N° 01451 del 7 de junio de 2006, esta Sala señaló lo siguiente: "Ahora bien, de la lectura del expediente administrativo y de los escritos presentados por los recurrentes ante la Inspectorla General de Tribunales, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial y ante esta Sala, se observa que los Enrique Simonpietri una serie de vicios que a todas luces resultan propios de su actividad jurisdiccional y estrechamente vinculados con materias que constituyen objeto de discusión judicial y de 8 revisión, por medio de los recursos legales dispuestos para tal fin. (...)) Precisado lo anterior, debe la Sala reiterar lo que ha sido su jurisprudencia pacifica con relación al limite de la autonomía y la independencia judicial, conforme a la cual las actuaciones jurisdiccionales son revisables por el órgano disciplinario 'limitando su examen a la idoneidad del funcionario para ejercer el cargo de juez' (Sentencia N° 00400 de esta Sala, del 18 de marzo de 2003, caso: Zoraida Mouledous Morfee). En este sentido, la sentencia N° 00401 de esta Sala, de fecha 18 de marzo de 2003, señaló: ... es menester señalar que, en ocasiones, el examen de / 1 disciplina de los jueces incluye la revisión de aspectos jurisdiccionales, aun cuando vinculando este examen a la idoneidad del funcionario para continuar en el ejercicio del cargo, dada la responsabilidad que supone la función de juzgar. De manera que por existir una línea divisoria muy fina entre la revisión de aspectos relacionados con la aptitud personal del juez y otros relativos al ámbito jurisdiccional, es preciso atender siempre al caso concreto, a fin de limitar el alcance del poder disciplinario de la Administración, de manera que no se invada en forma indebida el campo de actuación jurisdiccional'. El criterio antes expuesto tiene su fundamento en el principio de la independencia del juez, según el cual el juez sólo debe actuar apegado a la ley, sin que pueda ser sancionado por sus decisiones jurisdiccionales, salvo que de las mismas se derive su incapacidad para ejercer el cargo. En este sentido, la responsabilidad opera en aquellos supuestos en que la independencia ha sido transgredida por parte del juez, al actuar sin sometimiento al sistema o no ejercer correctamente sus funciones." (Destacado del texto citado) Por lo tanto, siendo que en el presente recurso la Inspectoria General de Tribunales ventila ciertos vicios de la sentencia dictada Sala el criterio según el cual la sola presencia de tales errores en una decisión judicial no puede en si misma acarrear responsabilidad disciplinaria del juez que la dictó, sino que ameritan una magnitud o reiteración que demuestren que dicho funcionario no resulta idóneo para estar investido del cargo. Lo anterior, sin perjuicio del sistema de recursos procesales establecidos por el ordenamiento jurídico patrio como mecanismos para corregir los errores que, como en de la función jurisdiccional (vid. la citada sentencia de esta Sala N° 01451 del 7 de junio de 2006). En virtud de lo expuesto este Tribunal Disciplinario considera que en el presente caso la actuación del juez Miguel Ángel Uribe Henríquez no reviste : prevista en el artículo 37 numeral 11 de la Ley del Consejo de la Judicatura, : vigente para la fecha en que acaecieron los hechos. Así se declara. VII DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Disciplinario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de ley, bajo la ponencia del ciudadano Juez Carlos Medina Rojas, aprobada de manera unánime eclara lo siguiente: Se exime de responsabilidad disciplinaria y polo ta ABSUELVE al ciudadano Miguel Agustín Uribe Henriquez, titular de ltéduia identidad N° V-3.930.344, por presunta negligencia en el ejercici de sus funciones, falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del artículo 37 de 1a 409.353 Orgánica del Consejo de la Judicatura, vigente para la fecha de la ocurrencia del hecho, durante su desempeño como Juez Superior Segundo de la Circuito Judicial Laboral del Estado Zulia . Contra la presente decisión podrá ejercerse el recurso de apelación ante este Tribunal Disciplinario Judicial, dentro de los cinco (5) días siguientes a que conste en autos la notificación de las partes, de conformidad con el último aparte del artículo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Regístrese, publiquese y notifiquese a las partes, de conformidad con la parte in fine del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 del Código de Ética del juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Una vez que adquiera el carácter de definitivamente firme la presente Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y al Sistema de Registro de Información Disciplinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Dada, firmada y sellada en el Sala de Despacho del Tribunal Disciplinario Judicial, a los cuatro (4) días del mes de diciembre de dos mil doce (2012). Años: 202° de la Independencia y 1aeración. HEGO ALVIAREZ HERNAE: Juez Preidente CARLOS MEDINA ROJAS JACQUELINE SOSA MARIÑO Juez Ponente Jueza DUBRA VIVAS Secretaria Temporal En fechaustro(4) de ditmbrde dos mil do2), se publicó y MON Eeriporal Exp: AP61-D-2011-000040 HPAJSM/CMR/DV REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO TÁCHIRA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO TACHIRA ALCALDIA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO LIBERTAD CAPACHO VIEJO DESPACHO DEL ALCALDE RESOLUCION N° 025/2014 ALBERTO DAVID GAMEZ TORRES Alcalde y Primera Autoridad Civil y Polltica del Gobierno y la Administración del Municipio Libertad Capacho Viejo del Estado Táchira, en uso de las atribuciones legales contenidas en el artículo 174 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en página original (tal como se publicó) [Página 24] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 Número 40.352 MES IV AÑO CXLI Caracas, lunes 10 de febrero de 2014 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 24 Págs. costo equivalente. a 10,05 %valor Unidad-Tributarla LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (22 DE JULIO DE 1941) Artículo 11. La GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11 de octubre de 1872, continuará editándose en la Imprenta Nacional con la denominación GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional. Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos. EL SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados. concordancia con lo dispuesto en el Numeral 7° del artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Art 4 de la Ley del Estatuto de La Función Publica, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 37.522, de fecha 06 de septiembre de 2002 y según lo establecido en el articulo 6 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones delos Funcionarios o Funcionarias, Empleados o Empleadas de la Administración Publica Nacional, de los Estados y-de los Municipios, publicada en la Gaceta Oficial de la republica Bolivariana de Venezuela N° 5.976 Extraordinario, de fecha 24 de mayo de 2010; aunado a lo dispuesto en el articulo 10 del Decreto N° 4.107, publicado en ta Gaceta Oficiat de ta Republica Botivariana de Venezuela N° 38.323, de fecha 28 de.noviembre de 2005, mediante el cual se dicta et instructivo que establece las Normas que regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la Administración Publica Nacional, Estadal, Municipal y para Ios obreros dependientes del Poder Publico Nacional. Ley de homologación de las pensiones del seguro social y de las jubilaciones y pensiones de la administración publica, al salario mínimo nacional (pensión mínima vital) y la ordenanza sobre instrumento jurídico del Municipio Libertad. CONSIDERANDO Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 numeral 7º de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, corresponden al ciudadano Alcalde del Municipio, ejercer la máxima autoridad en materia de Administración de Personal y de conformidad Art. 4 de la Ley del Estatuto de La Función Publica. CONSIDERANDO Que el ciudadano JOSE ANTONIO ALVIAREZ PARRA_laboró para esta alcaldía desde el momento en que se hizo efectiva la misma lo que incremento su tiempo al servicio de fa administración publica como lo demuestra el calculo de su salario mensual. En consecuencia, RESUELVE ARTÍCULO PRIMERQ: Se conCede JUBILACIÓN ESPECIAL, por edad avanzada aprobada mediante la planilla FP-026al Cludadano JOSE_ANTONIO ALVIAREZ PARRA. de nacionalidad venezolano, titular de la cédula de identidad N° V- 3.622.003, quien devengaba un sueldo mensual de 3.875.00 Bs.JEFE DE DIVISIÓN DE CULTURA Y DEPORTE DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO LIBERTAD CAPACHO VIEJO DEL ESTADO TÁCHIRA. ARTICULO SEGUNDO: Se realiza el calculo del manto de jubilación en base a su tiempo efectivamente laborado para la administración % en n ro pr e ( do e n n nes sobre un salario promedio de 2.973.00 Bs.Dejándose constancia que dicha jubilación en beneficio será ajustada de conformidad con la Ley de homologación de las pensiones del seguro sociat y de las jubilaciones y pensiones de la administración publica, al salario mínimo nacional (pensión mínima vital) según gaceta oficial extraordinaria N°4920 del 16 de junio de 1995. ARTICULO TERCERQ: dicha remuneración será imputada a la partida presupuestada numero 4.07.01.01.02, destinada a la jubilaciones del personal correspondiente al presupuesto de gasto de la alcaldía del municipio libertad del estado Táchira. ARTICULO CUARTQ: Se Ordena la Publicación de la presente Resolución en la Gaceta Municipal del Municipio Libertad, asi como en la gaceta Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuala. Dado, firmado, sellado en el Despacho del ciudadano Alcalde del Municipio Libertad Capacho Viejo del Estado Táchira, en la ciudad de Libertad, a los (22) veinti dos dias del mes de Enero de dos mil catorce (2014). Años: 203° de la Independencia 154° de la Federación. Y 14 de la Revolución Bolivariana. ALBERTO DAVID GAMEZ TORRES ALCALDE DEL MUNICIPIO LIBERTAD Sagún Gacata Extraordinaria N° 0067 de facha 16-12-2.013 página original (tal como se publicó)