[Página 1] AÑO CXL MES VIII Número 40.180 Caracas, lunes 3 de junio de 2013 SUMARIO Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo Providencia mediante la cual se designa a los ciudadanos y a la ciudadana que en ella se señalan, como Administradores especiales de las sociedades mercantiles que en ella se indican, y sus correspondientes activos, relacionados o vinculados con el ciudadano Ricardo Fernández Barruecos. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Resolución mediante la cual se informa la entrada en vigor del «Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la Creación y las Condiciones de Funcionamiento de los Centros de Ciencia y Cultura», conforme al Artículo 17 de su texto, a partir del 30 de abril de 2013. Resolución mediante la cual se suscribe el «Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Cuba para la Conformación de una Agenda Económica Bilateral a Mediano y Largo Plazos». Resolución mediante la cual se publica el texto del «Acuerdo Administrativo para la Aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Gobiemo de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del Ecuador» y su anexo. Resoluciones mediante las cuales se procede a la publicación de los Traspasos Presupuestarios de Gastos Corrientes para Gastos de Capital de este Ministerio, por las cantidades que en ellas se especifican. Ministerio del Poder Popular de Finanzas SENIAT Providencia mediante la cual se reorganiza la Gerencia de Infraestructura, adscrita a la Gerencia General de Administración de este Organismo. Oficina Nacional del Tesoro Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Lenín Ernesto Osorio López, como Director General de Cuenta Única de la Oficina Nacional del Tesoro. Ministerio del Poder Popular para la Defensa Resolución mediante la cual se nombra a la ciudadana Mayor Eyglin Dayana Gómez Prato, Jefe de la División de Administración de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Ministerio del Poder Popular para el Turismo Resolución mediante la cual se designa a los cinco (5) Miembros Principales que integrarán la Comisión Permanente de Contrataciones de este Ministerio, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan. Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ella se especifican, de este Ministerio. Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras LLNI Providencias mediante las cuales se designa a los ciudadanos que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se indican, de este Instituto. INSOPESCA Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Rocio Marlin Freitez Colmenárez, como Gerente de la Gerencia de Sanidad Pesquera y Acuícola, de este Instituto. INSAI Providencias mediante las cuales se designa a los ciudadanos se indican, de este Instituto. Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Resoluciones mediante las cuales se corrige por errores materiales las Resoluciones que en ellas se mencionan, todas de fecha 22 de abril de 2013, en los términos que en ellas se indican. Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre «Clodosbaldo Russián» Resolución mediante la cual se constituye, con carácter permanente, la Comisión de Contrataciones Públicas de esta Universidad, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan. Ministerio del Poder Popular para la Salud Fundación Misión Niño Jesús Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Simón Alberto Useche Martínez, como Director (E) de Administración y Servicios, adscrita a la Oficina de Administración y Servicios, de esta Fundación. Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Victor José Moreno, como Presidente de la C.A. Metro de Valencia, ente adscrito a este Ministerio, con las competencias inherentes al cargo, de conformidad a los estatutos sociales de dicha empresa. Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yvis María SequeraEsteves, como Directora General de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, de este Ministerio. Ministerio del Poder Popular para la Alimentación Acta. Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Francisco Vicente Garrido Gómez, como Director General de la Oficina de Recursos Humanos, de este Ministerio. Tribunal Supremo de Justicia Corte Disciplinaria Judicial Decisión mediante la cual se declara Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto en fecha 15 de enero de 2013, por la ciudadana Virginia Teresita Vásquez González, contra la sentencia N° TDJ-SD-2012-251, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 06 de noviembre de 2012. Decisión mediante la cual se declara Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto en fecha 2 de abril de 2013 por el ciudadano Juan Carlos Celi Anderson, contra el auto dictado por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 19 de marzo de 2013. Decisión mediante la cual se declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto en fecha 02 de mayo de 2013, por la ciudadana Xiomara Mercedes Blanco Delgado, contra la sentencia publicada el 18 de abril de 2013, por el Tribunal Disciplinario Judicial que declaró la Responsabilidad Disciplinaria de dicha ciudadana. Territorio Insular Francisco de Miranda Resoluciones mediante las cuales se constituye el Órgano Superior de Seguridad y Defensa Integral del Territorio Insular Francisco de Miranda; y se designa a los ciudadanos gue en ellas se indican, como Miembros Permanentes de este Organo Superior, en las Areas que en ellas se señalan. Avisos página original (tal como se publicó) [Página 2] MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ VICEMINISTERIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INVESTIGACIÓN PENAL OFICINA NACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 2030, 154º y 140 03 JUN. 2013 N° 006-13 FECHA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Por cuanto, el Juzgado Undécimo en Funciones de Control del Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas, mediante Oficio N° 2268-09 de fecha 4 de Diciembre de 2009, decretó Medidas Preventivas de Aseguramiento de Bienes, sobre todas las sociedades mercantiles y activos del ciudadano Ricardo Fernández Barruecos, titular de la cédula de identidad N° vV- 9.095.496, actuando en propio nombre o por interpuestas personas, entre las que se encuentran las Siguientes: INDUSTRIA VENEZOLANAMAIZERA PROAREPA, C.A.; PRONUTRICOS, C.A.; PLASTICOS INDUSTRIALES INTERBAG, C.A.; VENARROZ R.S.A. C.A. y PROTÉCNICA, C.A. Por cuanto, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, estipula que la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, es el órgano rector encargado de ejecutar las políticas públicas y estrategias del Estado contra la delincuencia organizada, Por cuanto, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, puede designar Administradora o Administradoras Especiales a fin de evitar que los bienes incautados o decomisados se alteren, desaparezcan, deterioren, disminuyan considerablemente su valor económico o destruyan, Por cuanto, los Administradores Especiales o Administradoras Especiales se 1es asimilarán a un funcionario público o funcionaria pública, a los fines de la guarda, custodia, uso y conservación de los bienes, y responderán administrativa, civil y penalmente. Por cuanto, los Administradores Especiales o Administradoras Especiales dispondrán de las más amplias facultades para ejecutar todas aquellas acciones necesarias a objeto de procurar la continuidad y la no interrupción del funcionamiento de las empresas bajo administración, Por cuanto el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, mediante Punto de Cuenta Nº 010-13 de fecha 29/05/2013, aprobó la transferencia de algunas de las Empresas que integran al Grupo PRO, al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación; y En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 55 y 57 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencla Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912 de fecha 30 de abril de 2012, en concordancia con el numeral 5 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, este Despacho dicta la siguiente; PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Se designan como Administradores Especiales de las sociedades mercantiles INDUSTRIA VENEZOLANA MAIZERA PROAREPA, C.A.; PRONUTRICOS, C.A.; PLASTICOS INDUSTRIALES INTERBAG, C.A.; VENARROZ R.S.A. C.A. y PROTÉCNICA, C.A., y Sus correSpondientes activos, relacionados o vinculados con el ciudadano Ricardo Fernández Barruecos, titular de la cédula de identidad N° V-9.095.496, a los ciudadanos: ADMINISTRADORES Nombres y Apellidos Cédulas de Identidad N° Miguel Torres 11.232.905 6.133.375 Dommyng Hernández Andrés Herrera 6.114.191 José Lavado. 10.556.130 Gladys Segovia 5.953.116 Luis Hermoso 10.455.786 Artículo 2. Los prenombrados Administradores Especiales tendrán las más amplias facultades de administración para garantizar la posesión, guarda, custodia, uso y conservación de los bienes muebles e inmuebles de las, sociedades mercantiles referidas en el artículo 1 de la presente Providencia Administrativa, y a tal efecto cumplirán las siguientes funciones: 1. Acatar cualquier instrucción, lineamiento u orden emanada del Ministro con. competencia en 'Alimentación; 2. Realizar cualquier diligencia o actuación con plenas facultades y poderes frente al Juzgado Undécimo en Funciones de Control del Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas y cualquier otra instáncia penal competente, ante el Ministerio Público y cualquier otro órgano o ente que tenga relación directa con. la Medida Preventiva de Aseguramiento de Bienes, sobre todas las sociedades mercantiles y activos del ciudadano Ricardo Fernández Barruecós; 3. Ejercer la administración especial y la custodia de los activos bancarios de las. empresas antes identificadas. 4. Las demás que le confieran las leyes, o le asigne la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Artículo 3. Los Administradores Especiales de las empresas indicadas en el artículo 1, deberán rendir cuenta trimestralmente a la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, de los actos y documentos firmados en virtud de lo dispuesto en la presente Providencia Administrativa. Asimismo, deberán ajustar su actuación a las políticas públicas que en cuanto a la actividad agroalimentaria, emane el Ministerio con competencia en Alimentación en cuyo contexto deberán informar a éste, los requerimientos que se le soliciten. Artículo 4. Los Administradores Especiales, en aras de cumplir con todas las medidas necesarias para la custodia, conservación y administración de las empresas y sus correspondientes activos, podrán requerir la colaboración y cooperación de los órganos y entes de la Administración Pública, quienes estarán en la obligación constitucional y legal de brindársela. Artículo 5. En virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y del presente acto administrativo, cesan en sus funciones los Administradores Especiales nombrados. para las empresas referidas, con anterioridad a la presente Providencia Administrativa. Artículo 6. La Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, podrá en cualquiermomento realizar inspecciones, fiscalizaciones, auditorías, estudios y análisis, sobre las. operaciones administrativas financieras llevadas a cabo por los Administradores Especiales designados en esta Providencia Administrativa. Los Administradores Especiales deberán presentar al cierre de su ejercicio económico los estados financieros correspondientes de la.gestión realizada. Esta Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, HUGO ARMANDO CARVAJAL BARRIOS Director Nacional de la Oficina Nacional Contra a Delficúuncia Organizada y Financiamiento al Terror Resolución N° 251 de fecha 17/10/2d Gaceta Oficial N° 40.030 del 17/10/203 página original (tal como se publicó) [Página 3] MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEŽUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO D M N° 084 Caracas, 31 de mayo de 2013 N° 203° y 154° RESOLUCIÓN De conformidad con lo establecido en el numeral 19 del Articulo 77 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. CONSIDERANDO Que los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y de la Federación de Rusia, cumplieron con los requisitos legales y constitucionales para la entrada en vigor del "Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la Creación y las Condiciones de Funcionamiento de los Centros de Ciencia y Cultura", suscrito en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 23 de agosto de 2011, publicado en la Gaceta Extraordinaria N° 6.087 de fecha 07 de noviembre de 2012. RESUELVE Informar la entrada en vigor del referido Acuerdo conforme al artículo 17 de su texto, a partir del 30 de abril de 2013. fyjopubliquese, ano Ministro del Relaciones Exteriores ode REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO D M N° 085 Caracas, 31 de mayo de 2013 oN 203° y 154° RESOLUCIÓN Por cuanto, en fecha 27 de abril de 2013, en la ciudad de La Habana, República de Cuba, se suscribió el "Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Repúbilica de Cuba para la Conformación de una Agenda Económica Bilateral a Mediano y Largo Plazos", se ordena publicar el texto del mencionado Instrumento. Comuniquese y publiquese, aMilano LE Ministro dderopulapara Relaciones Exteriores MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CUBA PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA AGENDA ECONÓMICA BILATERAL A MEDIANO Y LARGO PLAZOS El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Cuba, en lo adelante denominadas Las Partes, conscientes de la voluntad de ambos países de trabajar por la consolidación y el fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales; Considerando que en los diez años transcurridos a partir de la firma por los Comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo Rafael Chávez Frías del Convenio Integral de Cooperación, las relaciones entre ambos países han alcanzado niveles sin precedentes, teniendo como premisas el interés común de ampliar la cooperación, el intercambio comercial y las inversiones conjuntas con el propósito de alcanzar la complementariedad económica y productiva en sectores claves para ambos países; Tomando en consideración los principios establecidos en el Plan de la Patria del Goblerno Bolivariano 2013-2019, en el cual se contempla la ruta de la transición al socialismo bolivariano del siglo XXI; asl como los Lineamientos: de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, los cuales se encuentran en proceso de implementación; Inspirados en el legado de Simón Bolívar y José Marti de construir una Patria Grande mediante la integración de nuestros pueblos, proceso que se viene consolidando en la CELAC, el ALBA y PETROCARIBE, en las que nuestras naciones desarrollan una activa participación y comunidad de acciones, como proyección del nivel de identificación de posiciones alcanzadas entre nuestros pueblos y gobiernos; y, Con el objetivo de propiciar una proyección estratégica a mediano y largo plazos de las relaciones económicas y sociales de ambos países, lo que está recogido en los documentos programáticos de ambos países que definen las líneas de desarrollo de esta etapa; Las Partes convienen en suscribir el presente Memorando de Entendimiento para establecer los compromisos recíprocos que cada una asume, orientados al logro del objetivo trazado, acorde con lo que a continuación se establece: ARTÍCULO I Las Partes acuerdan iniciar el proceso de negociación, conformación y firma de la Agenda Económica Bilateral a mediano y largo plazos entre los Gobiemos de la República Bolivariana de Venezuela y de la República de Cuba. ARTÍCULO II La Parte cubana hará entrega a la Parte venezolana de un proyecto de Agenda Económica Bilateral que contiene los lineamientos página original (tal como se publicó) [Página 4] generales para el fortalecimiento de las relaciones económicas y sociales en áreas estratégicas de ambos países, para el período 2013-2019. La Parte venezolana evaluará el proyecto de Agenda Económica Bilateral y trasladará sus consideraciones a la Parte cubana. ARTÍCULO IIII Para la revisión y negociación del texto de la Agenda, las Partes efectuarán dentro del término de cuatro (4) meses posteriores a la firma del presente Memorando, tres (3) sesiones conjuntas de trabajo, cuyas fechas y sedes se determinarán de mutuo acuerdo. ARTÍCULO IV. LasPartes acuerdan que las entidades responsables para la negociación de esta Agenda Económica Bilateral son: Por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela: El Ministerio del Poder Popular para el Petróleo y la Minería, el Ministerio del Poder Popular para el Comercio y el Ministerio del Poder Popular de Finanzas; y, Por el Gobierno de la República de Cuba: El Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. ARTÍCULO V Las Partes se comprometen a trabajar para dejar conformada y firmada la Agenda Económica Bilateral en el tercer trimestre del año 2013. ARTÍCULO VI -En el caso de que una de Las Partes considere necesario modificar cualquiera de las disposiciones del presente Memorando, le notificará por escrito y por la vía diplomática a la otra Parte la modificación que propone. Cualquier modificación del presente Memorando será aprobada por Las Partes. ARTÍCULO VII Cualquier diferencia con relación a la aplicación o interpretación del presente Memorando, será resuelta amistosamente por Las Partes y:a través de la vía diplomática. ÁRTÍCULO VIII El presente Memorando de Entendimiento entrará en vigor al momento de su firma y tendrá una duración de un año, prorrogable por períodos iguales, a menos que una de Las Partes decida no prorrogarlo. Dado en La Habana, a los 27 días del mes de abril de 2013, en dos ejemplares originales en idioma castellano, ambos de igual validez. Porel Gobiern6 Por el Gobierno de la República de Cuba de la República Bolivariana de Venezuelal Rafael Ramkrez Rodrigo Malmierca Díaz. Ministro del Comercio Exterior y Ministro del Poder Popular la Inversión Extranjera de Petróleo y Minería REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO D M N° 086 Caracas, 31 de mayo de 2013 N° 203° y 154° RESOLUCIÓN Por cuanto, mediante Resolución DM N° 034 del 18 de febrero de 2013, fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.133 de fecha 21 de marzo de 2013, el "Acuerdo Administrativo para la Aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del Ecuador" Por cuanto en dicha publicación, no se adjuntó el Anexo del referido Acuerdo, Resuelve, Publicar el texto del Acuerdo Administrativo para la Aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del Ecuador y su Añexo, suscrito en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 18 de enero de 2013. publiquese, aus Milano Poeder Popuapara Relaciones Exteriores Ministro de ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACIÓN DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA De conformidad con los artículos 22 literal a) y 29° del Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobiemno de la República Bolivariana de Venezuela, de seis (6) de julio de dos mil diez (2010) , las Autoridades Competentes, definidas en el artículo 2, numeral 1, literal b) del referido Convenio: Por la República del Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por la República Bolivariana de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social. Han establecido las medidas administrativas necesarias para la aplicación del Convenio y han acordado las siguientes disposiciones: DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1 Definiciones 1. Las expresiones y términos que se enumeran a continuación tienen en el presente Acuerdo el siguiente significado: a) "Convenio": designa el Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezueia de seis (6) de julio de dos mil diez (2010). b) "Acuerdo": designa el presente Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio. página original (tal como se publicó) [Página 5] 2. Los términos y expresiones definidos en el artículo 2 del Convenio, tendrán en el presente Acuerdo el mismo significado. Artículo 2 Organismos de Enlace Los Organismos de Enlace, a que se refieren los artículos 2 literal d) y 22 literal b), del Convenio serán los siguientes: 1. En Ecuador: El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 2. En Venezuela: El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Articulo 3 Instituciones Competentes o Entidades Gestoras Las Instituciones Competentes o Entidades Gestoras para la aplicación del Convenio son las siguientes: 1. En Ecuador: El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través de las Unidades responsables de los seguros de invalidez, vejez y muerte del Seguro General Obligatorio a nivel nacional. 2. En Venezuela: El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a través de las Unidades responsables de los seguros de invalidez, vejez y muerte del Seguro Social Obligatorio a nivel nacional. Artículo 4 Comunicación entre los Organismos de Eniace e Instituciones Competentes 1. Las Autoridades Competentes de cada uno de los Estados Contratantes notificarán, de presentarse el caso, cualquier cambio en la designación de los Organismos de Enlace. 2. Los Organismos de Enlace podrán comunicarse directamente entre sí y con los interesados o con las personas autorizadas por éstos. 3. Los Organismos de Enlace elaborarán y establecerán de común acuerdo, los formularios, constancias, certificados, y demás documentos necesarios para la aplicación del Convenio y del presente Acuerdo Administrativo, en las materias propias de su competencia. TÍTULO II DISPOSICIONES SÓBRE LA LEGISLACIÓN APLICABLE Articulo 5 Aplicación de Normas para Trabajadores Transferidos 1. En los casos a que se refiere el artículo 8, del Convenio, la Institución competente de la Parte cuya legislación sigue siendo aplicable expedirá, a petición del empleador, un certificado de desplazamiento, traslado o transferencia acreditando que el trabajador continúa sujeto a la legislación de esta Parte y hasta qué fecha; como si estuviera aún trabajando en él. 2. La solicitud deberá ser formulada antes del desplazamiento del interesado o dentro de los treinta (30) días siguientes del mismo. Dicho certificado constituirá la prueba de que no son de aplicación al mencionado trabajador, las disposiciones sobre Seguridad Social de la otra parte. 3. El certificado de desplazamiento, traslado o transferencia lo expedirán según el caso, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEsS) o el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). 4. El certificado de desplazamiento, traslado o transferencia será expedido en un formulario, acordado en virtud de lo dispuesto en el articulo 4, numeral 3, de este Acuerdo, en el que se indicará claramente el período de desplazamiento, traslado o transferencia. Una copia del certificado señalado en el párrafo anterior será entregado al trabajador, quién deberá conservarlo con el objeto de acreditar su situación provisional en el pals de acogida. La Institución que expide la constancia o certificado enviará copia de la misma a la Institución competente de la otra parte: 5. Las notificaciones entre los Organismos de Enlace deberán realizarse con antelación a la fecha prevista para el traslado, o en situaciones debidamente justificadas por el Organismo de Enlace de Origen: el Organismo de Enlace de Destino podrá aceptar la notificación en' una fecha posterior al traslado. 6. Si el trabajador, a que se hace referencia en el artículo 8, del Convenio, está ya prestando servicios en el territorio de una de las Partes. Contratantes, el período de un (1) año prorrogable por un período igual, se contará a partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio. 7. El personal administrativo y técnico de las embajadas y consulado de una de las Partes Contratantes, al igual que los miembros de su personal de servicio, así como los trabajadores domésticos que estén colocados al servicio exclusivo de los representantes diplomáticos o funcionarios consulares, cuando sean nacionales del Estado acreditante, podrán optar por la aplicación de la legislación de dicho Estado. Esta opción se ejercerá dentro de los tres (3) primeros meses a partir de la entrada en vigor del Convenio, según el caso, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de iniciación del trabajo en el territorio de la parte donde desarrollan su actividad de acuerdo al artículo 9 del Convenio, el trabajador que ejerza este derecho de opción, lo pondrá en conocimiento de la Institución competente de la parte por cuya legislación ha optado; a través de su empleador y esta Institución lo comunicará inmediatamente a la; Institución de la otra parte. A.rticulo 6 SOLICITUDIES DE PRÓRROGA 1. La solicitud de autorización de prórroga prevista en el artículo 8, del Convenio deberá formularse por el empleador con el consentimiento del trabajador, antes de que finalice el período de un año a que se hace referencia en el citado artículo, salvo por situaciones imprevisibles debidamente justificadas. 2. La solicitud irá dirigida a la autoridad competente de la parte en cuyo territorio está asegurado el trabajador, quien contendrá sobre la prórroga con la autoridad competente de la parte donde se halle destacado. La conveniencia o conformidad deberá otorgarse en el formulario diseñado para estos efectos y comunicarse por la autoridad competente del país receptor a la autoridad competente del otro país. 3. En caso contrario, a lo establecido en el numeral anterior, el trabajador quedará sujeto a la legisiación del Estado Contratante, en cuyo territorio continúa desarrollando actividades, a partir del vencimiento del período de traslado. 4. El certificado de prórroga se anexará al certificado de desplazamiento, traslado o transferencia a que se refiere el artículo 5, numeral 4, del presente Acuerdo. TÍTULO IIII DISPOSICIONES SOBRE EL TRÁMITE DE LAS PRESTACIONES Artículo 7 PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 1. Las solicitudes de prestaciones serán presentadas, en los formularios aprobados, a la Institución Competente, Entidad Gestora o al Organismo de Enlace de la Parte Contratante en cuyo territorio resida el solicitante de conformidad con el procedimiento estipulado por la legislación aplicable. La fecha de presentación. de dicha solicitud a la citada Institución, Entidad u Organismo, se considerará como fecha de presentación de la solicitud ante la Institución Competente o Entidad Gestora de la otra Parte Contratante. 2. En caso que el solicitante no residiera en el territorio de uno de los Estados Parte, se presentará la solicitud, en la Institución Competente o Entidad Gestora de cualquiera de las partes Contratantes. Artículo 8 TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES 1. Para el trámite de las solicitudes de las prestaciones por vejez, invalidez y sobrevivencia, otorgadas en virtud del Convenio, se utilizarán los formularios aprobados conforme a lo indicado en el artículo 4, numeral 3 del presente Acuerdo y se gestionarán ante los Organismos de Enlace de las Instituciones Competentes o las Entidades Gestoras de cada Parte Contratante, las que deberán remitirse al Organismo de Enlace de la otra Parte. 2. La información incluida en el formulario de solicitud será debidamente verificada y, certificada por el Organismo de Enlace, que confirmará quei los documentos originales contienen esos datos. 3. Asimismo, el Organismo de Enlace en el cual se generó la solicitud, la enviará al Organismo de Enlace de la otra Parte Contratante, indicando en el formulario correspondiente, los períodos de seguro cumplidos o cotizaciones acreditadas al trabajador conforme a su propia legislación. página original (tal como se publicó) [Página 6] 4. Por.su parte el Organismo de Enlace de la Parte que reciba el formulario respectivo, informará los datos relativos a los periodos de seguro cumplidos conforme a la legislación que él aplique y lo remitirá sin demora al Organismo de Enlace de-la otra Parte. 5. Cuando se trata de solicitudes de prestaciones por invalidez, la documentación se enviará con un dictamen médico en el que se harán constar las causas de la invalidez del interesado, la posibilidad de su recuperación. y la fecha exacta del inicio de la Invalidez. El informe médico deberá ser emitido y certificado por los Institutos de Seguridad Social en Ecuador y Venezuela. 6. La Institución a quien corresponda la instrucción del expediente hará constar los datos necesarios en el formulario de enlace a que se refiere . el artículo anterior y enviará dos ejemplares, del mismo a la institución Competente de la otra Parte a la brevedad posible. 7. A solicitud de la Institución a quien corresponda la instrucción del expediente, y a los fines de la aplicación del artículo 11, numeral 4, del Convenio, la Institución Competente de la otra Parte devolverá un ejemplar del formulario de enlace donde se certificarán los períodos de seguro acreditados bajo su legislación. 8. El envío del formulario de enlace suple la remisión de los documentos justificativos de los datos en él consignados. Los datos personales suministrados por el solicitante en el formulario de solicitud deben ser autenticado por la Institución que recibe dicha solicitud. La transmisión de los formularios con los datos autenticados exonera a la institución interesada de enviar los documentos originales a la Institución del otro país firmante. La Institución que lo reciba, podrá sin embargo, de ser necesario, solicitar la remisión de cualquiera de dichos documentos debidamente certificados. 9. Cuando la Institución que ha recibido la solicitud no es la competente para instruir el expediente, la remitirá con toda la documentación a la institución competente por intermedio de los Organismos de Enlace. Artículo 9 TOTALIZACIÓN DE LOS PERÍODOS DE SEGURO O COTIZACIONES 1. A los períodos de seguro o cotizaciones, cumplidos según la legislación de una Parte se agregan los períodos de seguro o cotizaciones cumplidos según la legislación de la otra Parte, aún cuando estos períodos hayan sido ya utilizados para la concesión de una pensión en conformidad con lo estipuiado en esta segunda legislación. 2. En caso de que coincidan los períodos de seguro o cotizaciones cumplidos en los dos Estados Partes, para efecto de la totalización de períodos de seguro, los períodos coincidentes, serán tomados en consideración una sola vez. Cada Institución tomará en consideración únicamente los períodos coincidentes cumplidos según las normas de su propia legislación, excluyendo aquellos períodos coincidentes cumplidos según la legislación de la otra parte. 3. Los períodos de seguro, cumplidos según la legislación de las Partes Contratantes serán tomados en consideración para la determinación del derecho a las prestaciones que se reconozcan en virtud del mismo, con sujeción a las aportaciones registradas en las partes Contratantes. No obstante, la Institución de Venezuela no reconocerá períodos de seguro anteriores al 1° de enero de 1967. . Cuando sea necesaria la totalización de períodos para el otorgamiento 4. de pensiones prorratas; el interesado deberá previamente cumplir los requisitos de aportaciónes y edad mínima exigidos en las legislaciones de los Estados Parte. TÍTULO IV PRESTACIONES POR VEJEZ, INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA Artículo 10 Aplicación de la Legislación ecuatoriana 1. La determinación del derecho a las pensiones se dará con sujeción a la normativa aplicable en el Ecuador; y, para la fijación de la cuantía, el cálculo se realizará en base a la proporción existente entre los períodos del seguro cumplidos exclusivamente en el Ecuador y el total de períodos. de seguro registrados en ambas Partes Contratantes. En el caso de que la suma de los indicados períodos fuere superior al período exigido por las disposiciones legales para adquirir el derecho a una pensión completa, los años en exceso no serán considerados para efecto de este cómputo. 2. La fijación de pensiones mínimas y máximas para efectos de este Convenio, se realizará de manera proporcional al tiempo realmente cotizado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Igual procedimiento en la aplicación de la proporcionalidad, se realizará en los casos de incrementos periódicos a las pensiones. Artículo 11 Aplicación de la Legislación Venezolana 1.- El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales financiera el subsistema de pensiones en Venezuela a través del pago delas cotizaciones efectuadas por empleados y empleadores y por los aportes del ejecutivo nacional, conforme a la ley dei Seguro Social, Reglamentos y demás normativas aplicables. 2.- Para la concesión y cálculo de las pensiones en Venezuela se considerará lo establecido en la Ley del Seguro Social, Reglamento y demás normativas aplicables. 3.- La determinación del derecho a las pensiones se hará en la forma prevista en el numeral anterior y para la fijación de la cuantía, el calculo se realizará en base a la proporción existente entre los periodos de seguro cumplidos exclusivamente en Venezuela y el total de períodos de seguro registrados en ambas partes contratantes. En el caso de que la suma de los indicados períodos fuere superior a lapso exigido por las disposiciones legales para adquirir el derecho a una pensión completa, los años en exceso no serán considerados para efectos de este cómputo. Artículo 12 Notificación de la Resolución e Información del Resultado del Proceso de Prestaciones 1. La Institución o Instituciones Competentes comunicarán, a los interesados, las resoluciones adoptadas y las vías y plazos de recurso de que disponen frente a las mismas, de acuerdo con su legislación. 2. Las Instituciones Competentes se comunicarán mutuamente los resultados del próceso de prestación tramitada en virtud del Convenio, indicando lo siguiente: a) En caso de concesión de la pensión, la naturaleza de la misma, el monto y la fecha en que ésta se comenzará a pagar. b) En caso de rechazo, la naturaleza del beneficio delegado debidamente sustentado o motivado. 3. De las resoluciones adoptadas en el expediente de que se trate, se enviará copia a la Institución Competente de la otra Parte. Articulo 13 Pago de Prestaciones Las prestaciones serán pagadas directamente a los beneficiarios titulares, por las Instituciones Competentes o Entidades Gestoras, de acuerdo con la forma señalada en el Convenio. Las prestaciones que se deban pagar a los beneficiarios que permanezcan o residan en el territorio de la otra Parte Contratante, les serán pagadas, conforme a la legislación de cada Parte Contratante, sin cobranza de ningún gasto administrativo, es decir de forma gratuita. Artículo 14 Inembargabilidad de las Prestaciones Las prestaciones económicas a las que se refiere el Convenio y el presente Acuerdo, concedidas en virtud de las disposiciones legales de Ambas Partes Contratantes, no serán en ningún caso objeto de reducción, embargo, suspensión, extinción, descuentos, cesión, ni gravámenes, fundados en el hecho de que el beneficiario resida en el territorio de la otra Parte Contratante. TÍTULO V. DISPOSICIONES ESPECIALES Artículo 15 Cooperación Administrativa 1. Instituciones Competentes de ambas Partes Contratantes, podrán solicitar a la otra Parte, en cualquier momento, reconocimientos médicos o comprobaciones de hechos y actos, de los que pueden derivarse la modificación, suspensión, extinción o mantenimiento de los derechos o prestaciones por ellas reconocidos. 2. Los gastos que en consecuencia se produzcan, serán reintegrados por la Institución Competente que solicitó el reconocimiento o la comprobación, según las tarifas oficiales de la Institución que efectúe el reconocimiento médico, o según el gasto real que se 'produzca, en los supuesto en que el reconocimiento médico o la gestión realizada se lleve a cabo con medios ajenos a la Seguridad Social en Venezuela o. página original (tal como se publicó) [Página 7] Ecuador. El reintegro se efectuará tan pronto como se reciban los comprobantes que justifiquen tales gastos. Artículo 16 Colaboración Técnica Para la aplicación del Convenio y del presente Acuerdo Administrativo, las Autoridades Competentes, los Organismos de Enlace, Instituciones Competentes y las Entidades Gestoras de ambas Partes, prestarán la colaboración técnica adecuada. Artículo 17 Formularios y Medios de Transmisión La información contenida en los formularios y demás documentos necesarios, así como también, cualquier otro dato que las Instituciones Competentes o Entidades Gestoras consideren de interés para la aplicación del Convenio, podrá de común acuerdo, ser transmitida entre los Organismos de Enlace de cada Parte Contratante mediante papel, o por medios informáticos, electrónicos, telemáticos u otros alternativos. que aseguren reserva y confidencialidad. Artículo 18 Estadísticas Los Organismos de Enlace de ambas Partes Contratantes intercambiarán semestralmente los datos estadísticos disponibles relativos a la aplicación del Convenio. Dichos datos contendrán entre otros, el tipo de prestación, número de beneficiarios y el importe total de las prestaciones otorgadas. Artículo 19 & Comisiones Mixtas A petición de cualquiera de las Partes, podrá reunirse una comisión mixta presidida por las autoridades competentes, con la finalidad de examinar los problemas que puedan surgir en la aplicación del Convenio y del presente Acuerdo Administrativo. Artículo 20 Obligación de Información de los Beneficiarios Los beneficiarios de las prestaciones acordadas según el Convenio, están obligados a suministrar a las Instituciones Competentes la información solicitada, así como a comunicar cualquier variación de su situación personal o familiar que modifique o pueda modificar total o parcialmente el derecho de las prestaciones de que disfrutar. Artículo 21 Apoyo Diplomático Las autoridades Diplomáticas y Consulares de cada uno de los Estados Contratantes pueden dirigirse, dentro del respeto a las buenas prácticas y procedimientos vigentes en el país de residencia, a las Autoridades o a las Instituciones Competentes de ese Estado, a fin de obtener cualquier información útil para salvaguardar los intereses de las personas a quienes representen. Artículo 22 Certificaciones Para los fines de la aplicación del artículo 17 del Convenio, la Institución que reciba una instancia, una solicitud o un recurso, certificará en el margen de tales documentos la verificación realizada según los propios procedimientos internos y colocará en todo caso un sello de la fecha de recepción de los mencionados documentos. TÍTULO VI DISPOSICIONES FINALES Artículo 23 Modificación del Acuerdo Este instrumento podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre las Partes Contratantes. Dicha modificación entrará en vigor al momento de su firma. Artículo 24 Entrada en Vigor Ei presente Acuerdo Administrativo entrará en vigor en. la fecha de su suscripción y tendrá igual duración que el Convenio. Hecho en la ciudad de Caracas, el día 18 de enero de dos mil trece (2013), en dos (02) ejemplares, igualmente auténticos, cada uno de ellos, en idioma castellano. Por la Autoridad Competente de la Por la Autoridad Competente de la República Bolivariana de Venezuela República del Ecuador CudsRotondarp Bolivar Bolaños Presidenta-de lastituto Venezolano Director General - Subrogante de las Seguros Sociales del instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ECUVEN-1 CONVENIO DE SEGURIDAD SOCAL ENTRE LA REPÚBUICA DE ECUADOR Y LA REPÚBLICA BOLIVARANA DE VENEZUÈLA FORMULARIO DE COMUNICACIÓN FECHA DE LA SOUCITUD 1.- INFORMACIÓN DEL/LATRABAJADOR/A: ACTIVO/AI ) CESANTE ( ) PENSIONADO/A( ) FALLECIDO/À () CÉDULA DE IDENTIOAD EN VENEZUELA □ No. DE PASAPORTE EN ECUADOR No. DE PASAPORTE EN VENEZUELA APELLIDO PATERNO NOMBRES DM.MAA A FECHA DE NACIMIENTO EDAD GÉNERO- ESTADO CIVIL: CASADO/ASOLTERO/AVUDO/A.OIVORCIADO/ACONCUBINATO UNIÓN DE HECHO 2.- INFORMACIÓN RELATIVA AL PROCESO SOLICTTA FORMULARIO ECU/VEN-2 (SOLICITUD DE PENSION Y/O JUBILACION) FORMULARIO ECU/VEN-3 ( CERTIFICADO DE DESPLAZAMIENTO O TRASLADO) FORMULARIO ECU/VEN-4 (CERTIFICADO DE PERIODOS DE SEGURO) FORMULARIO ECU/VEN-S (RENTA PARA PENSIONADOS Y/O JUBILADOS) ANTECEDENTES MEDICOS INFORME MÉDICO DETALLADO ANEXO DE PRORROGA AL FORMULARIO DE DESPLAZAMIENTO DE TRASLADO OTROS SE CAMBIO DE DOMICILIO CONCUBINATO UNIÓN DE HECHO OIVORCO FALLECIMIENTO 3.INSITUCIÓN BECETORA DE LA SOUCITUD . DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN: FIRMA DE FUNCIONARIO RESPONSABLE NOMBRE: SELO página original (tal como se publicó) [Página 8] OONVENIO DE SSGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE ECUADOR Y LA REPÚBLICA BOUIVARIANA DE VENEZUELA SOLICITUD DE PENSIÓN Y/O JUBILACIÓN LUGAR: RECHA DE SOUCITUD: TIPO DE PENSION: VEIEZ INVAUDEZ 1.- INFORMACIÓN RELATIVA AL ASEGURADO CEDULA DPMIOSAEDAD BI SCUADOR CÉDULA DE IDETIDAD EN VIEDNZUIELA No. DE PASAPORTE BI SCUADOR No. DE PASAPORTE EN VENEZUELA DOMMAA PICHA DE MACI ESTADO CML: SOLTERO/AVUDO/AOIVORCADO/ACONCUSINATO UNION DE HEHO CASADO/A PSCHA DE MATIME DMMAAAA LUGAR DE CAUSAS DEL PSCHA DE FALLBCMIEITO RALLECMMDITO IFALLECIMENTO (Pols, Clud / CONCUBMIATO O REPRESENTAANTE LEGAL MASCANO DDMMAAA PECHA DE MATRUMORIO/CONCUNNATOUNIÓN DE NBCHO -CÉDULA DE IDEITIDAD O PASAPORTE GN ECUADOR CIDULA DE IDEIDAD O PABAPORTE VENEZUELA BCCIÓRI DOMICILIARIA edixon, ali,Sedtor, Averidin, Cass o Apertomentio, er, Codgp postal, E-mel, Toldfone) 12 BCU/VEN-2 B. DECLARACIÓN DE BENERCIARIOS/AS (1) GENERO RELADIÓN DE FECHA DE NOMBRES Y APELLIDOS PAREITESCO ECUADOR 4. ACTIVIDIAD LABORAL DEL TIRABAIADOR/A EN LA REPÚBLICA BOÚVARIANA DE VENEZUELA PERI0DO SEMANAS TIPO DE COTIZACIÓN NOMBRE DEL EMPLEADOR/A RASTA DESDE COTIZADAS VOLUNYARIAS. OBUGAYORIAS. TOTAL: S. ACTIVIDAD LABORAL DEL/LA TRABAJADOR/A EN ECUADOR PERIODO NÚMERO PATRONAL DESDE HASTA NOMBRE DEL EMPLEADOR/A DIAS COTIZADOS . (RUC) D M M S. DETERMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN A CARGO DE ECUADOR CLASE DE PRESTACIÓN FECHA DE EFECTOS IMPORTE MENSUAL SEPARADA POR TOTALIZACIÓN PORCENTAJE: MOTIVOS POR LOS CUALES SE NIEGA LA PBESTACIÓN DDMMA AA FIRMA DEL LIQUIDADOR: FECHA DE LIQUIDACIÓN: 2/3 ECU/VEN-2 7. DETERMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN A CARGO DE VENEZUELA CLASE DE PRESTACIÓM FECHA DE EFECTOS IMPORTE MENSUAL □ POR TOTALIZACIÓN PORCENTAJE MOTIVOS POR LOS CUALES SE NREGA LA PRESTACIÓN E. INFORMACIÓN PARA BL PABD DEL SEMERCIO (EN ECUADOR) DIRECCION DEL TITULAR BITOAD PIANCIESA: DE LA CUENTA: NMERO DE CUNTA O MONEDA: COOISO SWeFT O ABA DE LA PAIS Y CIUDAD: ENTIDAD FINANCIERA NOMBRE DEL TTULAR DE GA CUENTA FIRMA DEL/LA SOUCITANTE SJINSTITUCIÓN RECEPTORA DE LA SOUCITUD DENOMBNACIÓN: NOMBRE: FECHA: SELLO 20.NSTITUCIÓN DE LA OTRA PARTE CONRATANTE DeRECCIóN: FIRMA DELA LA FUNCIOIARIOYA IESPONSABLE NOMBRE: :FECHA: 3/3 ECU/VEN-3 CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIALENRE LA REPÚBLICA DE ECUADOR Y LA REPÚBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA CEIETIRICADO DE DESPLAZAMIENTO O TRASLADO 1.- TRABAIADOR/A CÉDULA DE IDENTIDAD EN ECUADOR No. DE PASAPORTE EN ECUADOR No. DE PASAPORTE EN VENEZUELA NOMBRES APELLIDO PATERNO APELUDO BSATERNO DOMMAAA GÉNERO EDAD FECHA DE NACIMIENTO OVONVINOD DIRECCION DOMICILIARIA (Pais, Cludad, Provincia o Estado, Urbenizadifi, Calle, Sector, Avenida, Casa o Apartamento, N°, Código postal, E-mall, Teléfonos) E-mail: 2.- EMPRESA DE ORIGEN NOMBRE O RAZON SOCIAL No. PATRONAL - VENEZUELA RUC - ECUADOR (Calle, úmero, Blanlo, Ciudad, Pals, Código postal, E-mal, Teléfono) 3.- PERÍODO DE DESPLAZAMIENTO O TRASLADO D.O M M. A A HASTA DESDE 1/2 página original (tal como se publicó) [Página 9] ECU/VEN-3 4.- EMPRESA DE DESTINO NOMBRE O RAZON SOCIAL RUC/No. PATRONAL - ECUADOR/VENEZUELA DIRECCION COMPLETA (Calle, Número, Benlo, Cludad, Pais, Código postal, E-mail, Telefono) E-MaRE: S.- ORGANisMO DE ENLACE (Este recuadro lo completa sólo el Organismo de Enlace) EL/LA TRABAJADOR/A QUEDA SOMETIDO A LA LEGISLACIÓN DE: ECUADOR VENEZUELA DMM DESDE HASTA NOMBRE DEL ORGANISMO DE ENLACE TELEFONO YELEFAX Y/O CORGREO ELECTIDIR AIRMA Y SELLO DILECCION DEL ORGARBIMO DE ENCACE (Calle, Nómero, Benrio, Cudad, Peis, Código postal, E-mel, Teléfonio) NOTA: (1) SE DEBE LLENAR EL CERTFICADO A MÁQUINA O CON LETRA IMPRENTA. (2) EL PERÍODO DE DESPLAZAMIENTO O TIRASLADO NO PODRÁ EXCEDER DE UN AÑO, PRORRDGABLE POR UNO MÁS. 2/2 ECU/VEN-4 CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE ECUADOR Y LA REPÓBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUIELA CERTIFICADO DE PERÍODOS DE SEGURO 1.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRABAJADOIR CÉDULA DE IDENTIDAD EN ECUADOR No. DE PASAPORTE ENIVERMEZUELA No. DE PASAPORTE EN ECUADOR EDAD FEMENINO APELUDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES NOMBRE COMPLETO DEL PADRE: NOMBRE COMPLETO DE LA MADRE: DDMMAAAA LUGAR DE NACIMENTO FECHA DE NACIMIENTO DIRLECCION DOMMICILIARIA (Peis, Cludid, Provincia o Estado, Urbenisacón, Calle, Sector, Avenido, Casa o Apertamento, r, Collepostal, E-mall, Telefonos) 3/2 ECU/VEN-4 2.- PERÍODOS DE SEGURO ECUADOR PAÍS: VENEZUELA PERÍODO TIPO DE COTIZACIÓN DESDE SEMANAS COTIZADAS HASTA VOLUNTARIAS OBLIGATORIAS MM A A TOTAL: 4. ACTIVIDAD LABORAL DEL/LA TRABAJADOR/A EN LA REPÚBLICA DE ECUADOR PERÍODO DIAS HASTA ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR/A DESDE COTIZADOS TOTAL: S.- INSTITUCIÓN QUE ACREDITA LOS PERÍODOS DE SEGURO NOIMBRE DIRECCION FECHA IRRMA DEL /LA FUNCIONARIO/A RESPONSABLE NOMBRE: SELLO 2/2 ECU/VEN-S CONVIENHO DE SBSUMDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE ECUADOR Y LA REPÚBUICA BOUVARIANA DE VENEZUELA CERTIRICADO DE VIGENCIA DE LA RENTA PARA PENSIONADOS Y/O JUBILADOS FECHA DE LA SOLICITUD 1.- TITULAR DE LA PENSIÓN Y/O JUBILACIÓN CÉDULA DE IDENMIDAD EN ECUADOR CÉOULA DE IDENMIDAD EN VENEZUELA No. DE PASAPORTE EN ECUADOR No. DE PASAPORTE EN VENEZUELA APELUIDO MATERNO NOMBRES DDMMA. GÊNERO IRECHA DE NACIMIENTO EDAD NACIONALIDAD DIRECCION DOMICILIARIA (Pais, Cludad, Provincle o Estado, Urbanización, Cale, Sector, Avenida, Casa o Apertamento, N", Codigo postal, E-mal, Teléfonos) TIPO DE PENSIÓN YJO JUBILACIÓN: VEEZ INVALDEZ SOBREVIVENCIA PECHÁ DE OTORGAMENTO DE LA PENSIÓN: NÚMMERO DE RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO: MONTO DE LA PENSIÓN A LA RECHA DE ESTE CERTICADO:- 2- ORSANSMO DE IBILACE NOMBIE DEI. ORGANISMO DE ENLACE DIMECCION DEL ORGANESMIO DE ENLACE (Calle, Numero, Barrio, Cludsd, Pais, Código postal, E-mell, Telélono) DDMMAA FIRAA DEL/LA FUNCIONARIO/A RESPONSABLE NOMDRE: SELLO 1/1 página original (tal como se publicó) [Página 10] ECU/VEN-6 CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE ECUADOR Y LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA FORMULARIO ANEXO DE PRÓRROGA DE DESPLAZAMIENTO O TRASLADO EL EMPLEADOR QUE SE INDIVIDUALIEA SOUICITA QUE EL TRABAJADOR CONTINUE SUJETO A LA LEGISLACIÓN DE: ECUADOR VENEZUELA Y EL: ENTRE EL: M M 1.- TRABAIADOR CÉDULA DE IDENTIDAD EN VENEZUELA CÉDULA DE IDENTIDAD EN ECUAPOR No. DE PASAPORTE EN VENEZUELA No. DE PASAPORTE EN ECUADOR NOMBRES APELLIDO MATERNO APELLIDO PATERNO ODMMAA EDAD NACIONALIDAD FECHA DE NACIMIENTO GÉNERO DIRECCIÓN DOMICILIARIA (Pais, Cludad, Provincia o Estado, Urbanización, Calle, Sector,fAvenida, Casa o Apartamento, N°, Codigo postal, E-mail, Teléfonos) E-mail: 2.- EMPRESA DE ORIGEN NOMBRE O RAZON SOCIAL No. PATRONAL - VENEZUELA DIRECCION COMPLETA (Caitle, Numiero, Bario, Cludad, Pais, Codigo postal, E-mail, Teteftono) 3.- EMPRESA DE DESTINO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL RUC - ECUADOR No. PATRONAL - VENEZUELA DIRECCION COMPLETA (Carle, Numero, Barro, Cludad, Pais, Codigo postal, E-mait, Teletono) 1/2 EL PERÍODO MÁXIMO DE PRÓRROGA DEL DESPLAZAMIENTO O TRASLADO NO PODRÁ EXCEDER DE UN AÑO. ECU/VEN-6 4.- LA AUTORIDAD COMPETENTE EN EL PAÍS DE ORIGEN NO CONVIENE EN CONVIENE EN QUE EL EMPLEADO YA INDIVIDUALÍZADO CONTINUE SUJETO A LA LEGISLACIÓN DE: VENEZVIELA ECUADOR NOMBRE DIRECCION COMPLETA ¡Calle, Numero, Bamio, Giudad, Pais, Codigo postal, E-mai, Tesetoro) BAA FIRMA Y SELLO/TIMBRE S.- LA AUTORIDAD COMPETENTE EN EL PAÍS DE DESTINO NO CONVIENE EN CONVIENE EN QUE EL/LA ARUADO/A YA INDIVIDUALIZADO CONTINUE SUJETO A LA LEGISLACIÓN DE: VENEZUELA ECUADOR NOMBRE DIRECCION COMPLETA (Calle, Numero, Bamo, Cudad, Pais, Codigo postal, E-mai, Teietono) FECHA 2/2 ECU/VEN-7 CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIALENTRE LA REPÚBLICA DE ECUADOR Y LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA INFORME MÉDICO DE INVALIDEZ NÚMERO DE EXPEDIENTE: FECHA DE INICIO DE LA INCAPACIDAD: MM 1.- ORGANISMO DE ENLACE DESTINATARIO DENOMINACION DIRECCION DEL ORGANISMO DE ENLACE (Calle, Número, Barrio, Gudad, Pais, Codigo postal, E-mail, Teléfono) 2.- SOLICITANTE NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO CASADO ESTADO CIVIL: -EDAD SOLTERO NACIONALIDAD VIUDO GÉNERO: MASCUUNO DIVORCIADO FEMENINO CONCUBINATO UNIÓN DE HECHO NÚMERO DE PASAPORTE CÉDULA DE IDENTIDAD ACTIVIDAD LABORAL: Descnpcion exacta de la actividad lavorar que oesempena en la actualidad. DIRECCION DOMICILIARIA (Pais, Ciudad, Provincia o Estado, Urbanzacion, Calle. Sector, Avenida, Casa o Apartamento, N°, Codigo postal, E-mseil, Teléfonos) E-mail: FECHA: 1/5 ECU/VEN-7 CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE ECUADOR Y LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ANAMNESIS CONSULTAR Y ANOTAR TODAS LAS ENFERMEDADES O AFECCIONES DEL AFILIADO. SU EVOLUCIÓN, TRATAMIENTOS EFECTUADOS, RESULTADOS Y COMPLICACIONES, PRONÓSTICO. ESTABLECER ORIGEN PROFESIONAL DE LAS AFECCIONES. Antecedentes Patológicos Personales: Detallar cada uno de los diagnósticos ya establecidos. especificando el tratamiento que esta recibiendo y desde que fecha Enfermedad Actual: Molestias actuales del enfermo, comienzo de las mismas, evolución, tratamientos seguidos hasta el momento actuar, incluir las vaioraciones medicas realizadas por los especialistas 2/5 página original (tal como se publicó) [Página 11] ECU/VEN-7 CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE ECUADOR Y LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EXAMEN FÍSICO EXAMEN FÍSICO GENERAL Puj.so TALLA PESO PRESION ARTERIAL TIPO CONSTITUCIONAL ESTADO NUTRITIVO ESTADO GENERAL EDAD CRONOLÓGICA EDAD FISIOLÓGICA EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO CABEZA CUELLO TÓRAX 3/5 ' ECU/VEN-7 CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE ECUADOR Y LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ABDOMEN GENITALES COLUMNA VERTEBRAL EXTREMIDADES SUPERIORES EXTREMIDADES INFERIORES 4/5 ECU/VEN-7 CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBUCA DE ECUADOR Y LA REPÚBUCA BOUIVARIANA DE VENEZUELA INFORME MÉDICO Y EXÁMENES REALIZADOS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN (ORDENADOS POR APARATOS Y SISTEMAS CON SUS CONCLUSIONES Y RESULTADOS) Exámenes Realizados: CALIFICACION DE INVALIDEZ 1- DIAGNOSTICO CLINICO RAZONADO Todas los diagnósticos colocando como principai ia patología por la cual se invalida 2. SE HA ESTÁBILIZADO EL ESTADO DEL RECONOCIDO? NO S1 3. LA CONTINUACION DE LA ASISTENCIA MEDICA PUEDE CONDUCIR A: LA MEJORÍA CLINICA LA CURACIÓN 4. ESPECIFICAR EL TRATAMIENTO QUE PUEDE REALIZAR PARA LA CURACIÓN O LA MEJORÍA CUNICA Y POR CUANTO TIEMPO S. LA INVALIDEZ ES PROVISIONAL O DEFINITIVA? 6. PUEDE CONTINUAR CON LA REALIZACION DE SU ACTIVIDAD LABORAL? SI NO 7. FECHA DE INICIO DE INVALIDEZ: DIA/MES/AÑO FECHA: NOMBRE, FIRMA Y SELLÓ DEL MÉDICO 5/5 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODEI POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DF SPACHO DEL MINISTRO N° 055-2 CARACAS, 15 de, abril de 2013 202° Y 154° RESOLUCION El Ministro del Poder Popular para Relaci-nes Exteriores, de conformidad con lo establecido en el Articulo Único del Decrelo N° 9.351, de fecha 15 · le enero de 2013, publicado en la Gacela Olicial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.090 de f:cha 15 de enero de 2013, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los Articulos 62 y 77 numerales 15 y 19 del Decrelo con Rango, Valor y Fuerza de Ley Órgánicai de la Administración Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 4 de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto para et Ejercicir- Fiscal 2013, en concordancia con lo previsto en el-numeral 3 del Articulo 86 del Reglamento. N° 1 de la L ay Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, procede a la publicación del traspaso presupuestario de gastos corrientes 28.500,oo), (INGREsOs ORDINARIOS). que fue aprobado por esle Minislerio mediante traspaso interno N° 57 de fecha 26 de Marzo de 2013, de : cuerdo con las siguientes imputaciones: Bs F. 28.500,00 Ministerio del Poder Popular para Relar lones Exteriores Proyecto: 060040006 .Fortalecimiento de las Actuaciones Diplonáticas y Consulares de nuestras Misionus Diplomáticas, Oficinas Consulares y Representaciones Permanentes ante los organi-mos Internacionales acreditadas en el 28.500,00 exteric Acción Diseño y ejecución de acciones estratégicas por 060040006 las Mis ones Diplomáticas y Oficinas Consulares Especifica de Eurpa 28.500.00 De la: 28.500,00 "Servicios no personales" 4.03 Partida: Sub-Partida Genérica. "Servicir-s de diversión, esparcimiento y culturales" 16.01.00 Especifica y 28.500.00 Sub-Especifica. A la: 4.04 "Activo: Reales" 28.500.00 Partida: Sub-Parlida Genérica, "Maquir. ria y equipos de artes gráficas y 03.04.00) Especlfica y reprodh acción" 10.000,09 Sub-Especlfica. Sub-Partida Genérica, "Equipo:. de enseñanza, deporte y recreación" 07.02.00 Especifica y 7.000.00 Sub-Especifica. Sub-Partida Genérica, Especifica y "Mobili rio y equipos de oficina" 09.01.00 11.500.00 Sub-Específlica Comuniquese y Publiquese. AUAMLANO MINISTRO DEL PODER POPULAR-PARA RELACIONES EXTERIORES página original (tal como se publicó) [Página 12] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIÓ DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO N° 083 CARACAS, 31 de mayO. de 2013 203° Y 154° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, según Decreto N° 9,351 de fecha 15 de enero de 2013, publicado en la Gaceta Ofical de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40,090 del 15 de enero de 2013, y con lo dispuestò en el Decreto N° n n Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el Artíulo 4 de las Disposidiones Generales de la Ley de Presupuesto para el Ejercido Fiscal 2013, en concordancia con lo previsto en el numeral 3 del Artículo 86 del Reglamento No 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Públlo, sobre el Sistema Presupuestario, procede a la publicado del traspaso presupuestario de gastos corrientes para gastos de capital del MunrsTErzo DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES pOr la CANDdad de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO BOLIVARES CON 81/100 CÉNTIMOS (Bs. 18,868,81), (INGRESOS ORDINARTOS), que fué aprobado por este Ministerio 5618.868.41 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACEONES EXTERIORES 18.868,81 Consolidación de la planificación estratégica de los Proyecto 060032000 despachos de viceministro con sus misiones diplomáticas y oficinas consulares. Acción Articulación de proyectos estratégicos Específica: planificados concertadamente en términos Misiones Diplomáticas . y oficinas Consulares en África. 18.868,81 4.02 18,868,81 De la: "Materiales; Suministros y Mercanciías" Partida; - Ingresos Ordinarios Sub-Partida Genérica, 05.03.00 "Productos de papel y cartón para oficina". 8,075,27. Espedífica y Sub-Específica: .99.01.00 "Otros matertales y suministros" 10,793,54 18,868,81 4.04 À la: "Activos Reales" Partida; - Ingresos Ordinarios Sub-Partida Genérica, 10,793,54 Específica y Sub-Especiíica: 09.02.00 "Equipo de computación* 2'szg'8 09.03.00 "Mobiliario y equipo de alojamiento" Comuníquese y Publíquesë, P-LASRAUSMILANO MINISTRO DEL RA RELACIONES EXTERIORES MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE FINANZAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) 0033 SNAT/2013/N° 0 3 JUN 298 Caracas, 203° y 154° CONSIDERANDO Que los proyectos y obras de infraestructura a través de los cuales se obtienen los bienes inmuebles del Servicio, deben ser objeto de un seguimiento y control administrativo que permita evidenciar la racionalidad, sinceridad, legalidad y transparencia de los procesos inherente a la materia, CONSIDERANDO Que la Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía, publicada en Gaceta Oficial N° 39.823 del 19/12/2011, dispone que los Órganos y Entes Públicos contarán con una la Únidad de Gestión Energética cuya función es la formulación, seguimiento, evaluación y control de las medidas, acciones, procesos y procedimientos orientados al uso racional y eficiente de laenergía eléctrica en todas las instalaciones o sedes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), CONSIDERANDO Que es necesario reorganizar la Gerencia de Infraestructura con el propósito de adecuar su estructura organizativa, de manera tal que facilite la alineación y simplificación de los procesos en aras de contribuir al logro de los objetivos establecidos por esta Gerencia. El Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en ejercicio de las competencias atribuidas en el numeral 36 del artículo 4, en los artículos 6 y 7 y en el numeral 2 del artículo 10 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.320 de fecha 08 de noviembre de 2001. Dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA POR MEDIO DE LA CUAL SE REORGANIZA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADSCRITA A LA GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) Artículo 1. La presente providencia administrativa tiene por objeto reorganizar la Gerencia de Infraestructura, adscrita a la Gerencia General de Administración. Artículo 2. La Gerencia de Infraestructura estará conformada por: Una (1) unidad de apoyo: Gestión Energética. • Cuatro (4) unidades medulares: División de Proyectos e Infraestructura, División de Mantenimiento, División de Formalización de Inmuebles y la División de Administración de Contratos y Gestión Interna. Artículo 3. Corresponde a la Gerencia de Infraestructura: 1. Estudios, Proyectos y Obras, a ser desarrollados por la Gerencia, considerando los lineamientos que promueven el ahorro energético emanado del Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia. Coordinar y evaluar la ejecución del Plan Nacional Anual de Estudios, 2. Proyectos y Obras, manteniendo una estricta observancia de la normativa legal que regula la materia, así como de las regulaciones técnicas y ambientales. 3. Diseñar y presentar al superior jerárquico los programas de mantenimiento y conservación de las edificaciones, instalaciones y bienes muebles del Servicio a nivel nacional, considerando, entre otros, el uso racional y eficiente de la energía. Diseñar, proponer y establecer parámetros, términos y condiciones que 4. deben aplicarse para la ejecución de las obras y servicios. Coordinar y evaluar la ejecución de los programas de mantenimiento y 5. reparación de las sedes e instalaciones del Servicio a nivel nacionai, asegurando las adecuadas condiciones ambientales y físicas que deben presentar las mismas. 6. Presentar al superior jerárquico información inherente al estatus (avances, desviaciones o culminación) de las obras y servicios, a fin de que se tomen las previsiones y decisiones del casó. 7. Coordinar y asegurar la gestión de los trámites administrativos y legales inherentes a las obras y servicios. Mantener el registro y control actualizado de las obras y servicios. 8. 9. Mantener el archivo de planos inherente a los proyectos y obras de infraestructura, así como lo correspondiente a la información catastral y geo-referencial de los bienes inmuebles. 10. Asesorar y asistir a las distintas dependencias del Servicio, sobre el cumplimiento de sus funciónes, normas y demás disposiciones referentes a la materia de su competencia. 11. Generar los reportes de géstión energética institucional, que deben ser presentados ante el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. 12. Presentar al superior jerárquico el Plan Operativo Anual y Proyecto de Presupuesto de la Gerencia, siguiendo a los lineamientos de la Oficina de Planificación y Presupuesto. 13. Presentar al superior jerárquico, informes de gestión elaborados de acuerdo a los lineamientos emanados de la Oficina de Planificación y Presupuesto. 14. Establecer las normas a ser aplicadas en el desarrollo de las actividades propias de su competencia, a ser reflejadas en los Manuales de Normas y Procedimientos, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Oficina de Planificación y Presupuesto. 15. Detectar las necesidades especificas de capacitación y adiestramiento de los funcionarios à su cargo y gestionar las acciones pertinentes. 16. Ejercer ef resguardo y custodia de los bienes nacionales bajo su responsabilidad. 17. Las demás que le atribuyan las leyes y normas aplicables. Artículo 4. Corresponde a la Unidad de Gtstión Energética: 1. Diseñar e implantar sistemas de control para el consumo de electricidad y establecer la metodología para la ejecución de auditorías energéicas. página original (tal como se publicó) [Página 13] 2. Elaborar y ejecutar programas de uso racional y aprovechamiento sostenible de la energía eléctrica. 3. Ejecutar evaluaciones técnicas, económicas y ambientales en pro de la eficiencia en la utilización de la energía eléctrica 4. Coordinar con la División de Mantenimiento, las acciones necesarias para garantizar el uso racional de la energía eléctrica 5. Preparar y ejecutar en coordinación con las dependencias competentes, los programas de formación, información y concientización orientados a promover el ahorro energético. ONPORL 6. Preparar y presentar al superior jerárquico, los reportes de gestión energética institucional. 7. Participar previa aprobación del superior jerárquico, en las actividades vinculadas al control, uso y consumo de la energía eléctrica promovidas por el Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia o cualquier otro organismo. 8. Asesorar y asistir a las distintas dependencias del Servicio, sobre el cumplimiento de funciones, ncrmas y demás disposiciones inherentes a la: materia de su competencia. 9. Ejercer el resguardo y custodia de los bienes nacionales bajo su responsabilidad. 10. Las demás que le atribuyan las leyes y normas aplicables. Artículo 5. Corresponde a la División de Proyectos e Infraestructura: . 1. Diseñar los estudios y proyectos de obras de infraestructura establecidos en el Plan Nacional Anual de Estudios, Proyectos y Obras. 2. Programar la ejecución de estudios y proyectos de obras de infraestructura establecidas en el Plan Nacional Anual de Estudios, Proyectos y Obras, tomando en consideración la normativa legal que regula la materia, así. como los lineamientos, criterios, regulaciones técnicas y ambientales existentes. 3. Realizar inspecciones y verificaciones técnicas de los estudios, proyectos y obras de infraestructura en ejecución, en aras de mantener un adecuado seguimiento y control en el cumplimiento de las especificaciones técnicas y. físicas, así como de las regulaciones ambientales previamente establecidas. 4. Presentar al superior jerárquico, informes técnicos de la ejecución física de los proyectos y obras de infraestructura. 5. Suministrar oportunamente a la División de Administración de Contratos y Gestión Interna, información sobre el avance y la situación de los estudios y obras de infraestructura en ejecución. 6. Asesorar y asistir a las distintas dependencias del Servicio, sobre el cumplimiento de funciones, normas y demás disposiciones inherentes a la materia de su competencia. 7. Mantener actualizado el archivo de los Planos correspondiente a los proyectos y obras de infraestructura. 8. Ejercer el resguardo y custodia de los bienes nacionales bajo su responsabilidad. 9. Las demás que le atribuyan las leyes y normas aplicables. Artículo 6. Corresponde a la División de Mantenimiento: 1. Programar, coordinar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de las edificaciones, instalaciones, bienes muebles e inmuebles del Servicio a nivel nacional, considerando, entre otros, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica. 2. Ejecutar inspecciones continuas a nivel nacional, determinando las necesidades de mantenimiento y presentar al superior jerárquico los. informes técnicos correspondientes. 3. Preservar en buen estado las instalaciones, edificaciones y ambientes del Servicio, así como sus mobiliarios y equipos. 4. Preservar los equipos utilizados para el cumplimiento de sus funciones, promoviendo el uso adecuado de los mismos. 5. Elaborar y presentar al superior jerárquico para su aprobación, las normas, lineamientos e instrucciones en materia de mantenimiento que deben ejecutarse. 6. Cumplir y hacer cumplir las normas, lineamientos e instrucciones que dicten en materia de mantenimiento. 7. Asesorar y asistir a las distintas dependencias del Servicio, sobre el cumplimiento de funciones, normas y demás disposiciones inherentes a la materia de su competéncia. 8. Ejercer el resguardo y custodia de los bienes nacionales bajo su responsabilidad.. 9. Las demás que le atribuyan las leyes y normas aplicables. Artículo 7. Corresponde a la División de Formalización de Inmuebles: 1. Realizar los estudios previos, avalúos y revisión de documentos legales previos a la ejecución de obras, adquisición y arrendamiento de inmuebles. 2. Gestionar ante los organismos y entes públicos competentes, los trámites necesarios para la normalización de los bienes inmuebles, tomando en consideran el tipo de procedimiento que se realiza: adquisición, arrendamiento, donación y cesión de inmu@bles. 3. Coordinar con la Gerencia General de Sérvicio Jurídicos, la confirmación de los documentos legales en materia de adquisición, arrendamiento, donación y cesión de bienes inmuebles. Mantener información actualizada de los bienes inmuebles que posee el 4. SENIAT y suministrar la misma a la dependencia responsable por el control de los bienes nacionales y del registro contable. 5. Mantener actualizado el archivo de información catastral y geo-referencial de los bienes inmuebles. 6. Coordinar con la Gerencia General de Servicios Jurídicos, las actuaciones judiciales, extrajudiciales y demás acciones que por su naturaleza ameritan la observancia de tipo legal, en resguardo del patrimonio del Servicio. 7. Generar la información inherente a los bienes inmuebles del SENIAT. 8. Asesorar y asistir a las distintas dependencias del Servicio, sobre el .cumplimiento de funciones, normas y demás disposiciones inherentes a la materia de su competencia. 9. Ejercer el resguardo y custodia de los bienes nacionales bajo su responsabilidad. 10. Las demás que le atribuyan las leyes y normas aplicables. Articulo 8. Corresponde a la División de Administración de Contratos y Gestión Intemna: 1. Analizar y verificar el contenido de los documentos a través de los cuales se suministra información inherente al desarrollo y situación de los proyectos y obras de infraestructura, tomando en consideración aspectos tales como: cómputos métricos, lapsos de ejecución, costos, materiales, cumplimiento de las especificaciones y términos del contrato, entre otros. 2. Detectar posibles desviaciones y, proponer acciones correctivas, que contribuyan con la toma de decisión. 3. Presentar al superior jerárquico informes de seguimiento y control sobre el -avance de las obras, adquisición de bienes inmuebles y prestación de servicios de mantenimiento. 4. Someter a la consideración del superior jerárquico las modificaciones contractuales a que haya lugar y realizar las gestiones que correspondanprevia aprobación del mismo. 5. Gestionar ante la dependencia con competencia en la materia, los procedimientos de pagos previa autorización del superior jerárquico. 6. Coordinar y gestionar ante la Gerencia General de Servicios Jurídicos, los procedimientos legales en la materia de su competencia. .7. Mantener el registro y control actualizado sobre el seguimiento de las obras, adquisición de , bienes inmuebles y prestación de servicios de mantenimiento. 8. Mantener un registro y control actualizado de proveedores de proyectos, obras, bienes y servicios. 9. Asesorar y asistir a las distintas dependencias que conforman la Gerencia, en las materias de su competencia. 10.Gestionar ante las dependencias que corresponda, los, procedimientos en materia de Planificación y Presupuesto, Recursos Humanos, Compras, .Servicios, Pagos, Viáticos, Informática, Capacitación, Bienes Nacionales y demás procesos de apoyo que garanticen el adecuado funcionamiento de la Gerencia de Infraestructura. 11. Las demás que le atribuyan las leyes y normas aplicables. Administrativa N° SNAT/2008/0245 de fecha 16 de Julio 2008, por medio de la cual se Reorganiza la División de Servicios e Infraestructura, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.974 de fecha 16 de Julio de 2008. DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. página original (tal como se publicó) [Página 14] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 401.920 Dado en Caracas a los días del mes de de 2013. Años 203° de la Indepen lancia, 154° de la Federación y 14° de la Revolución. Comuníquese y OSFDPCABELLO RONDON SUR INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA Decreto N° 5.851 de fecha 01-02-2008 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.863 de fecha 01-02-2008 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE.FINANZAS OFICINA NACIÓNAL DEL TESORO Caracas, 3 de junio de 2013 MARIA ELISA DOMÍNGUEZ VELASCO Jefa de la Oficina Nacional del Tesoro De conformidad con lo dispuesto én el artículo 110 y 111 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con los numerales 1 y 3 del artículo 10 del Reglamento N° 3 de la misma Ley sabre el Sistema de Tesorería,.y Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA: N° 2013-012 Se designa al ciudadano LENIN ERNESTO OSORIO LOPEZ, titular de la cédula de identidad N° V-12.299.975, como Director General de Cuenta Única de la Oficina Nacional del Tesoro, a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de-esta Providencia. Comuníquese y publiquese. MARIA ELISA DOMINGUEZ VELASCO TESORERA NACIONAL Resolución N° 00os de fécha 22 de abril go 203 Gaceta Oflcial de la República Bolitariana de Venaguela. N°º 40.170 de fecha 20 de meyo de-2013 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 24 MAY 2013 203° y 154° RESOLUCIÓN N°000936 Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de 1a Fuerza Armada Nacional Bolivarlana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 numeral 19 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, en concordancia con lo establecido en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011, RESUELVE ÚNICO: Efectuar el siguiente nombramiento: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Lunes 3 de junio de 2013 - MayOr EYGLIN DAYANA GÓMEZ PRATO, C.I. N° 10.827.474, Jefe, e/r del Teniente· Coronel RAMÓN CELESTINO VELÁSQUEZ ARAGUAYÁN, C.I. N° 11.448.109, Comuníquese y publíques Por el Ejecutivo Nacio .2 DIEGELFREDO MOLERO BELLAVIA Almigante en Jefe Ministro gel Poder Popular parta la Defensa MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO-DESPACHO DEL MINISTRO NUMERO: 045 CARACAS, 21 DE MAYO DE 2013 AÑOS 203° y 154° El Ministro del Poder Popular para el Turismo, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de fecha 22 de abril de 2013, de conformidad con el artículo 77, numerales 2, 3 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el artículo 10 de la Ley de Contrataciones Públicas Despacho, RESUELVE Artículo 1. Designar a los cinco (5) miembros principales que integrarán la Comisión Permanente de Contrataciones del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, la cual queda constituida de la siguiente manera: Un representante del Ministro ante la Comisión. La Directora o el Director General de la Oficina de Consultoría Jurídica del Ministerio del. Poder Popular para el Turismo, en el área jurídica. La Directora o el Director General de la Oficina de Administración y Servicios del , Ministerio del Poder Popular para el Turismo, en el área económico financiera. La Directora o el Director General de la Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, en el área económico financiera. La. Directora o el Director General requirente de los bienes, servicios u obras, en el área técnica. Artículo 2. Designo como representante del Ministro ante la Comisión y a su vez Coordinadora de esta a la ciudadana HAZEL DELY CHAUDARY ZAMBRANO, titular de la cédula de identidad N° 11.198.548. Artículo 3. Designar a los suplente de los miembros principales que integrarán la Comisión Permanente de Contrataciones del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, la cual queda constituida de la siguiente manera: Por el representante del Ministro ante la Comisión, al ciudadano DEIBYS ENRIQUE SANCHEZ HERNANDEZ, titular de la cédula de identidad N° 14.139.126. Por el área jurídica al ciudadano LEONARDO VLADIMIR ROJAS PALACIOS, titular de la cédula de identidad N° 11.735.186. Por el área económica financiera los suplentes designados son la Directora o Director de Bienes y Servicios y la Directora o Director de Presupuesto. • Por el área técnica a la Directora o Director de Linea requírente de los bienes, servicios u obras. Artículo 4. Designar como Secretaria Ad Hoc de la Comisión de Contrataciones a la ciudadana CARMEN ROJAS, cédula de Identidad N° V- 5.886.747. Artículo 5. La Secretaria deberá presentar mensualmente a la Comisión de Contrataciones del Ministerio del Poder Popular para el Turismo; un informe general de todos los actos que se firmen con fundamento en esta Resolución. Artículo 6. La Comisión Permanente de Contrataciones Públicas, atendiendo a la naturaleza y complejidad de la contratación y para el mejor desenvolvimiento de página original (tal como se publicó) [Página 15] sus funciones, podrá requerir asistencia que crea conveniente, nombrar equipos de trabajo con trabajadores del Ministerio o de sus entes adscritos, así como incorporar a los asesores que requieran, con derecho a voz y sin derecho a.voto, cuando lo considere pertinente. Artículo 7. Lo no previsto en la presente Resolución será resuelto por el Ministro del Poder Popular para el Turismo de conformidad con la. Ley. Artículo 8. El Auditor Interno, podrá participar como observador, sin derecho a voto en los procesos de contrataciones. Artículo 9. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de La-República Bolivarianadevenezuela. Comuníquese y publiquese, Por el Ejecutivo Nacional, ANDREQUILERMOZARRA GARCA MINISTRO DEL/PODER POPULAR PARA EL TURISMO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO DESPACHO DEL MINISTRO - CONSULTORIA JURIDICA NUMERO: 047 .CARACAS, 22 DE MAYO DE 2013 203° y 154° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para el Turismo, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151, de fecha 22 de abril de 2013, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del articulo 77 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y los artículos 19 y 20, numeral 6 ejusdem, este Despacho, RESUELVE Artículo Único. Se designa al ciudadano ENIO JOSE ORTIZ COLINA, titular de la cédula de identidad N° V. 3.753.382, a partir de la Publicación en. la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de la presente Resolución, como Director General de Registros y Licencias de este Ministerio. Comuníquese y Publíquese. Por el Ejecutivo Nacional ANDRES QULVERMO IZARRA GARCIA MINISTRO DEL PODER POPULAR /PARA EL TURISMO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO DESPACHO DEL MINISTRO - CONSULTORIA JURIDICA NUMERO::048 CARACAS, 23 DE MAYO DE 2013 203° y .154° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para el Turismo, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151, de fecha 22 de abril de 2013, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del articulo 77 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y los artículos 19 y 20, numeral 6 ejusdem, este Despacho, RESUELVE Artículo 1. Se designa al ciudadano LUIS BELTRAN ROSAS AGUILERA a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, titular de la cédula de identidad N° V- 8.221.053, como Director General de Proyectos Turísticos de este Ministerio. Comuníquese y Publíquese. Por el Ejecutivo Nacional ANDRÉ$ GUILEMO IZARRA GARGIA DESPA MINISTRO DEL PODER POPULAR LPARA,EL TURISMO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS CARACAS, 29 IDE MAYO DE 2013 203 Y 154º PROVIDENCIA INTI N° 1 8S1 Yo, Lcdo. ENRIQUE JOSE MAESTRE , venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-8.983.008, actuando en este acto en mi carácter de Presidente del Instituto Nacional de Tierras, designado. mediante Decreto Presidencial N° 121 de fecha 23 de Mayo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.173 de la misma fecha y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 126, numeral 9 de la Ley de Tierras_y Desarrollo Agrario, DEsIGNO al ciudadano JESUS RAMON MEZA DIAZ, titular de la Cédula de Identidad No 8.440.967, COmO GERENTE GENERAL del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, a partir de la fecha de su notificación. Asimismo, en uso de las facultades que me confiere el artículo 34 del Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Iey Orgánica de la Administración Pública, delego la atribución y firma de actos y documentos así como también la certificación de documentos administrativos que conciernen y competen a su cargo. ICABOL Comuníquese y Publíques AROIDE BOSE MAESTRE Presidênto del Ingtityto Nacional de Tierras Decrete,N° 1219de 1acha 23 de Mayo de 2013 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS CARACAS, 29 DE MAYO DE 2013 203° Y 1540 Yo, Lcdo. ENRIQUE JOSE MAESTRE , venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° v-8.983.008, actuando en este acto en mi carácter de Presidente del Instituto Nacional de Tierras, designado mediante Decreto Presidencial N° 121 de fecha 23 de Mayo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 40.173 de la misma fecha y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 126, numeral 9 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, DEsIGNo al ciudadano JESUS GREGORIO MAESTRE LOBATON, titular de la Cédula de Identidad N° 13.773.066, COmO GERENTE DE LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, a partir de la fecha de su notificación. página original (tal como se publicó) [Página 16] Asimismo, en uso de las facultades que me confiere el artículo 34 del Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, delego la atribución y firma de actos y documentos así como también la certificación de documentos administrativos que conciernen y competen a su cargo. VA1706 Comuníquese y Publíquesg UOSE MAESTRE Presidente der instuto/Nacional de Tierras egreso N° 121 de fecna 23 de. Mayo de 2013 REPÚBLICA BOLIVARIANADE VENEZUELA. MINISTERIO DELPODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO SOCIALISTA DE LA PESCA Y ACUICULTURA (INSOPESCA). DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 036-2013. CARACAS, 23 DE MAYO DE 2.013. 203º y 1542 Conforme a la atribución que me confiere el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y el artículo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 54 numeral 3 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, éste Despacho designa a la ciudadana ROCIO MARLIN FREITEZ COLMENAREZ, titular de la Cédula de Identidad Nº 11.594.906, como GERENTE DE LA GERENCIA DE SANIDAD PESQUERA Y ACUICOLA de este Instituto, a partir del 13 de Mayo de 2.013. De conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Decreto Con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, se le delega la competencia y firma de los documentos que conciernen y competen a la Gerencia a su cargo. Comuníquese y publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, PEDRO EMILIO GERRAASTELEANO Presidente del instituto Socleista REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRICOLA INTEGRAL. PRESIDENCIA/INSAI N° 37 CARACAS, 22 DE MAYO DE 2013 AÑOS 203° y 154º En ejerciclo de las facultades que me confiere el Artículo 61, numeral 4, del. Decreto N° 6.129, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Salud Agrícola Integral, de fecha 03 de junlo de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario, de fecha 31 de julio del 2008, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 8.787 de fecha 27 de enero de 2012, dictado por la Presidencia de la Republica, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.852, de fecha 27 de enero de 2012, y el Artículo 5, numeral 5, de la Ley del Estatuto" de la Función Pública, en concordancia con lo previsto en los Artículos 48 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, este Despacho dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Primero: Designar a partir del Veintidós (22) de Mayo de 2013, al ciudadano 30sE ANTONIO MUÑOz GRIMAN, titular de la cédula de identidad N° V- 13.644.787, Director de la Oficina de Gestión Administrativa del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI). Segundo, De conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Decreto Nº 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, se delega la competencia y firma de los actos administrativos y documentos concernientes a las atribuciones y actividades de esa Oficina a su cargo. Comunígnee y pubiaese PEDRO JOSMORNOMONTES PRESIDENTE DEL INSTIOONSNGIONAL DE SALUD AGRCOLAINTEGRAL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRICOLA INTEGRAL. PRESIDENCIA/INSAI N° 38 CARACAS, 22 DE MAYO DE 2013 AÑOS 203° y 1540 En ejercicio de las facultades que me confiere el Artículo 61, numeral 4, del Decreto N° 6.129, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Saiud Agrícola Integral, de fecha 03 de junio de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario, de fecha 31 de julio del 2008, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 8.787 de fecha 27 de enero de 2012, dictado por la Presidencia de la Republica, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.852, de fecha 27 de enero de 2012, y el Artículo 5, numeral 5, de. la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con lo previsto en los Artículos 48 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, este Despacho dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Primero: Designar a partir del veintidós (22) de Mayo de 2013, al ciudadano 30sE RAMON AREJULA GARCIA, titular de la cédula de identidad N° V- 8.512.774, Director de la Oficina de Planificación Estratégica del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI). Segundo. De conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, se delega la competencia y firma de los actos administrativos y documentos concernientes a las atribuciones y actividades de esa Oficina a su cargo. PEDRO JOSE INEAMONTES PRESIDENTE DEINSTRCIONAL DE SANUD RICO LA INTEGRAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN Nº 4158 CARACAS, 0 33X. 2013 AÑOS 203º Y 1549 De conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, POR.CUÁNTO La potestad de autotutela de la Administración Pública es la facultad que tiene ésta para revisar los actos en su propia esfera y corregir los errores materiales o de cálculo en que hubiere incurrido, POR CUANTO Se incurrió en error material en la Resolución Nº 4061 de fecha 22 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.151 de fecha 22 de abril de 2013, mediânte la cual en el artículo 2 se indica: La Ciudadana NOROIKA JOSEFINA PINTO DE ECHENIQUE asUmirá las funciones establecidas en el artículo 3 de la Resolución N°3633 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.040 de fecha 31 de octubre de 2013 siendo lo correcto: La Ciudadana NOROIKA JOSEFINA PINTO DE ECHENIQUE asumirá las funcionés establecidas en el artículo 3 de la Resolución N°3633 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.040 de fecha 31 de octubre de 2012, RESUELVE Artículo 1: Corregir la Resolución N° 4061 de fecha 22 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de fecha 22 de abril de 2013, sustituyendo en el artículo 2, donde señala: La Ciudadana NOROIKA JOSEFINA PINTO DE ECHENIQUE asumIrá las funciones establecidas en el artículo 3 de la Resolución N°3633 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.040 de fecha 31 de octubre de 2013, deberá entenderse como: La Ciudadana NOROIKA JOSEFINA PINTO' DE ECHENIQUE asumirá las funciones establecidas en el artículo 3 de la Resolución N°3633 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.040 de fecha 31 de octubre de 2012. Artículo 2. Procédase a publicar íntegramente la Resolución corregida, insertando en su texto la respectiva corrección, conservando el número y fecha, página original (tal como se publicó) [Página 17] de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Publicaciones Oficiales. Comuníquese y Publíquese. PEDRO ENRIQUE CALZADILLA Ministro del Poder Popular para la Educación Universitária REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN Nº 4061 CARACAS, 22 de abrIl de 2013 AÑOS 203º Y 154º En conformidad con lo previsto en los artículos 62 y 77.19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; 5.2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concordancia con el artículo 9 de la Resolución N° 3633 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.040 de fecha 31 de octubre de 2012, contentiva del mecanismo para la designación de los Coordinadores o las Coordinadoras Generales de estado, los Coordinadores o las Coordinadoras de Desarrollo Institucional, y los Coordinadores o las Coordinadoras de Procesos de Gestión, que voluntaria y altruistamente sirven de apoyo y enlace administrativo y académico de la Misión Sucre en todo el territorio nacional, POR CUANTO Mediante Resolución N° 1098 de fecha 18 de mayo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°39.680 de fécha 24 de mayo de 2011, la Ministra del Poder Popular-para la Educación Universitaria, creó el Comité para el Direccionamiento Estratégico de la Misión Sucre y la Misión Alma Mater como expresión de una sola política, con el objeto de dictar sus lineamientos, POR CUANTO En el marco de la transformación universitaria y del nuevo impulso en la direccionalidad de la Misión Sucre, corresponde al Órgano con competencia en la materia, garantizar su desarrollo institucional, permanencia y óptimo funcionamiento, redimensionando el alcance administrativo y académico, por lo que se hace necesario e impostergable que, atendiendo a una sola política, se asuma estratégicamente los Coordinadores o las Coordinadoras Generales dé estado, los Coordinadores o las Coordinadoras de Desarrollo Institucional, y los Coordinadores o las Coordinadoras de Procesos de Gestión, desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, actualmente bajo la administración y dirección de la Fundación Misión Sucre, con la fina!idad de dar respuesta oportuna y adecuada a los requerimientos presentados por el Poder Popular en el marco de la universalización de la educación universitaria, todo ello con criterios de celeridad, eficacia y calidad revolucionaria, aplicando los principios de la nueva Ética Socialista, de conformidad con las Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, POR CUANTO construcción del Socialismo, la refundación de la República Bollvarlana de Venezuela, basado en principios humanistas, se sustenta en condiciones morales y éticas que persiguen el desarrollo de la patria y del colectivo, este Despacho, RESUELVE Artículo 1. Se designa a la Ciudadana NOROIKA JOSEFINA PINTO DE ECHENIQUE, titular de la cédula de identidad Nº V-5.891.859, como Coordinadora de Desarrollo Institucional, para que voluntaria y altruistamente sirva de enlace y apoyo de la Misión Sucre en el Distrito Capital. Artículo 2. La Ciudadana NOROIKA JOSEFINA PINTO DE ECHENIQUE asumirá las funciones establecidas en el artículo 3 de la Resolución N°3633 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.040 de fecha 31 de octubre de.2012. Artículo 3. La ciudadana designada, mediante la presente Resolución, deberá enmarcar su actuación de conformidad con las políticas y directrices emanadas del Ministerio del Poder Popular para ta Educación Universitarla, a través del Comité Estratégico para el Direccionamiento de la Misión Sucre y Alma Mater, y de las que les sean atribuidas mediante acto administrativo. Artículo 4. Las dudas o controversias que surjan de la ejecución de la presente Resolución serán resueltas. por la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. Artículo 5. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fechà de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dejando sin efecto la Resolución N° 3760 de fecha 21 de noviembre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.056 de fecha 22 de noviembre de 2012. Comuníquese y Pubjíqug PEDRO ENRIQUE CALZADL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN Nº 4:1.59CARACAS, 0.3 %. 2013 AÑOS 203º Y 154º De conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, POR CUANTO La potestad de autotutela de la Administración Pública es la facultad que tiene. ésta para revisar los actos en su propia esfera y corregir los errores materiales o de cálculo en que hubiere incurrido, POR CUANTO Se incurrió en error material en la Resolución Nº 4065 de fecha 22 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.151 de fecha 22 de abril de 2013, mediante la cual en el artículo 2 se indica: El Ciudadano FRANKLIN MIGUEL ZAMBRANO BERNAL asumirá las funciones establecidas en el artículo 4 de la Resolución N°3633 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.040 de fecha 31 de octubre de 2013 siendo lo correcto: El ciudadano FRANKLIN MIGUEL ZAMBRANO BERNAL asumirá las funciones establecidas en el artículo 4 de la Resolución N°3633 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.040 de fecha 31 de octubre de 2012, RESUELVE Artículo 1: Corregir la Resolución N° 4065 de fecha 22 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de fecha 22 de abril de 2013, sustituyendo en el artículo 2, donde señala: El ciudadano FRANKLIN MIGUEL ZAMBRANO BERNAL asumirá las funciones estabiecidas en el artículo 4 de la Resolución N°3633 de fecha 31 de octubre de. 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.040 de fecha 31 de octubre ce 2013, deberá entenderse como: El Ciudadano FRANKLIN MIGUEL ZAMBRANO BERNAL asumirá las funciones establecidas en el artículo 4 de la Resolución N°3633 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.040 de fecha 31 de octubre de 2012. Artículo 2. Procédase a publicar Íntegramente la Resolución corregida, insertando en su texto la respectiva corrección, conservando el número y fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Publicaciones Oficiales. Comuníquese y Publíquese. PEDRO ENRIQUE CALZADILLA Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria REPÚBLICA BOLIVARÍANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN Nº 4065 CARACAS, 22 de abrII de 2013 . AÑOS 203º Y 154º En conformidad con lo previsto en los artículos 62 y 77.19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; 5.2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concordancia con el artículo 9 de la Resolución N° 3633 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.040 de fecha 31 de octubre de 2012, contentiva del mecanismo para la designación de los Coordinadores o las Coordinadoras Generales de estado, los Coordinadores o las Coordinadoras de Desarrollo Institucional, y los Coordinadores o las Coordinadoras de Procesos de Gestión, que voluntaria y altruistamente sirven de apoyo y enlace administrativo y académico de la Misión Sucre en todo el territorio nacional, POR CUANTO EMediante Resolución N° 1098 de fecha 18 de mayo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°39.680 de fecha 24 de mayo de 2011, la Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, creó el Comité para el Direccionamiento Estratégico de la Misión Sucre y la Misión Alma Mater como expresión de una sola política, con el objeto de dictar sus lineamientos, POR CUANTO En el marco de la transformación universitaria y del nuevo impulso en la direccionalidad de la Misión Sucre, corresponde al Órgano con competencia en la materia, garantizar su desarrollo institucional, permanencia y óptimo funcionamiento, redimensionando el alcance administrativo y académico, por lo que se hace necesario e impostergable que, atendiendo a una sola política, se asuma estratégicamente los Coordinadores o las Coordinadoras Generales de estado, los Coordinadores o las Coordinadoras de Desarrollo Institucional, y los Coordinadores o las Coordinadoras de Procesos de Gestión, desde el Ministerio página original (tal como se publicó) [Página 18] del Poder Popular para -la Educación Universitaria, actualmente bajo la administración y dirección de la Fundación Misión Sucre, con la finalidad de dar respuesta oportuna y adecuada a los requerimientos presentados por el Poder Popular en el marco de la universalización de la educación universitaria, todo ello con criterios de celeridad, eficacia y calidad revolucionaria, aplicando los principios de la nueva Ética Socialista, de conformidad con las Líneas Estratégicas del Plan de Desarollo Económico y Social de la Nación, POR CUANTO El supremo compromiso y la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la República Bolivariana de Venezuela, basado en principios humanistas, se sustenta en condiciones morales y éticas que persiguen el desarrollo de la patria y del colectivo, este Despacho, RESUELVE Artículo 1. Se designa al ciudadano FRANKLIN MIGUEL ZAMBRANO BERNAL, titular de la cédula de identidad Nº V-9.231.328, como Ccoordinador de Procesos de Gestión, para que voluntaria y altruistamente sirva de enlace y apoyo de la Misión Sucre en el estado Táchira. Artículo 2. El ciudadano FRANKLIN MIGUEL ZAMBRANO BERNAL asumirá las funciones establecidas en el artículo. 4 de la Resolución N°3633 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.040 de fecha 31 de ectubre de 2012. Artículo 3. El ciudadano designado, mediante la presente Resolución, deberá enmarcar su actuación de conformidad con las políticas y directrices emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, a través del Comité Estratégico para el Direccionamiento de la Misión Sucre y Alma Mater, y de las que les sean atribuidas mediante acto administrativo. Artículo 4. Las dudas o controversias que surjan de la ejecución de la presente Resolución serán resueltas por la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. Artículo 5. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dejando sin efecto la Resolución N° 3173 de fecha 9 de mayo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.918 de fecha 9 de mayo de 2012. Comuníquese y Publíquse, PEDRO ENRIQUE CALZÁDI REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DEL MINISTRO CARACAS, RESOLUCIÓN Nº 4L61 3. 203 AÑOS 203º Y 1542 De conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, POR CUANTO La potestad de autotutela de la Administración Pública es la facultad que tiene de cálculo en que hubiere incurrido, POR CUANTO Se incurrió en error material en la Resolución Nº 4064 de fecha 22 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.151 de techa 22 de abril de 2013, mediante la cual en el artículo 2 se indica: La Ciudadana RUBIA MARGARITA QUINTANILLO CHACÍN asumirá las funciones establecidas en el artículo 2 de la Resolución N°3633 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.040 de fecha 31 de octubre de 2013 siendo 1o correcto: La ciudadana RUBIA MARGARITA QUINTANILLO CHACÍN asumirá las funciones establecidas en el artículo 2 de la Resolución N°3633 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.040 de fecha 31 de octubre de 2012, RESUELVE Artículo 1: Corregir la Resolución N° 4064 de fecha 22 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de fecha 22 de abril de 2013, sustituyendo en el artículo 2, donde señala: La CiUdadana RUBIA MARGARITA QUÍNTANILLO CHACÍN asUmirá las funciones establecidas en el artículo 2 de la Resolución N°3633 de fecha 31 de \octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezúela N°40.040 de fecha 31 de octubre de 2013, deberá entenderse como: La ciudadana RUBIA MARGARITA QUINTANILLO CHACÍN aSUmirá las funciones establecidas en el artículo 2 de la Resolución N°3633 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.040 de fecha 31 de octubre de 2012. Artículo 2. Procédase a publicar íntegramente la Resolución corregida, insertando en su texto la respectiva correoción, conservando el número y fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Publicaciones Oficiales. Comuníquese y Publíquese. PEDRO ENRIQUE CALZADILLA Ministro del Poder Popular para la Educación Universitária REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARÁ LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN Nº 4064 CARACAS, 22 de abril de 2013 AÑOS 203º Y 154º En conformidad con lo previsto en los artícuios 62 y 77.19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; 5.2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concordancia con el artículo 9 de la Resolución N° 3633 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.040 de fecha 31 de octubre de 2012, contentiva del mecanismo para la designación de los Coordinadores o las Coordinadoras Generales de estado, los Coordinadores o las Coordinadoras de Desarrollo Institucional, y los Coordinadores o las Coordinadoras de Procesos de Gestión, que voluntaria y altruistamente sirven de apoyo y enlace administrativo y académico de la Misión Sucre en todo el territorio nacional, POR CUANTO Mediante Resolución N° 1098 de fecha 18 de mayo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°39.680 de fecha 24 de mayo de 2011, la Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, creó el Comité para el Direccionamiento Estratégico de la Misión Sucre y la Misión Alma Mater como expresión de una sola política, con ei objeto de dictar sus lineamientos, POR CUANTO En el marco de" la transformación universitaria y del nuevo impulso en la direccionalidad. de la Misión Sucre, corresponde al Órgano con competencia en la materia, garantizar su desarrollo institucional, permanencia y óptimo funcionamiento, redimensionando el alcance administrativo y académico, por lo que se hace necesario e impostergable que, atendiendo a una sola política, se asuma estratégicamente los Coordinadores o las Coordinadoras Generales de estado, los Coordinadores o las Coordinadoras de Desarrollo Institucional, y los Coordinadores o las Coordinadoras de Procesos de Gestión, desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, actualmente bajo la administración y dirección de la Fundación Misión Sucre, con la finalidad de dar respuesta oportuna y adecuada a los requerimientos presentados por el Poder Popular en el marco de la universalización de la educación universitaria, todo ello con criterios de celeridad, eficacia y calidad revolucionaria, aplicando los principios de la nueva Ética Socialista, de conformidad con las Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, POR CUANTO El supremo compromiso y la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la República Bolivariana de Venezuela, basado en principios humanistas, se sustenta en condiciones morales y éticas que persiguen el desarroilo de la patria y del colectivo, este Despacho, RESUELVE Artículo 1. Se designa a la Ciudadana RUBIA MARGARITA QUINTANILLO CHAciN, titular de la cédula de identidad Nº V-10.685.913, como Coordinadora General de estado, para que voluntaria y altruistamente sirva de enlace y apoyo de la Misión Sucre en el estado-Mérida. Artículo 2. La Ciudadana RUBIA MARGARITA QUINTANILLO CHACÍN aSumirá las funciones establecidas en el artículo 2 de la Resolución N°3633 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.040 de fecha 31 de octubre de 2012. Artículo 3. La ciudadana designada, mediante la presente Resolución, deberá enmarcar su 'actuación de conformidad con las políticas y directrices emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, a. través del Comité Estratégico para el Direccionamiento de la Misión Sucre y Alma Mater, y de las que les sean atribuidas mediante acto administrativo. Artículo 4. Las dudas o controversias que surjan de la ejecución de la presente Resolución serán resueltas por la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. Artículo 5. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíques, PEDRO ENRIQUE CALADILLA Ministro del Poder Popular para la Educaciónnveisitaria página original (tal como se publicó) [Página 19] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN Nº 4162 CARACAS, E102 % 0 AÑOS 203º Y 154º De conformidad con lo- previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, POR CUANTO La potestad de autotutela de la Administración Pública es la facultad que tiene ésta para revisar los actos en su propia esfera y corregir los errores materiales o de cálculo en que hubiere incurrido, POR CUANTO Se incurrió en error material en la Resolución Nº 4066 de fecha 22 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.151 de fecha 22 de abril de 2013, mediante la cual en el artículo 2 se indica: El ciudadano VÍCTOR JOSÉ MACHADO MARTÍNEZ asumirá las funciones establecidas en el artículo 2 de la Resolución N°3633 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.040 de fecha 31 de octubre de 2013 siendo lo correcto: El ciudadano VÍCTOR JOSÉ MACHADO MARTÍNEZ asumirá las funciones establecidas en el artículo 2°de la Resolución N°3633 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.040 de fecha 31 de octubre de 2012, RESUELVE Artículo 1: Corregir la Resolución N° 4066 de fécha 22 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de fecha 22 de abril de 2013, sustituyendo en el artículo 2, donde dice: El ciudadano VÍCTOR JOSÉ MACHADO MARTÍNEZ asumirá las funciones establecidas en el artículo 2 de la Resolución N°3633 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.040 de fecha 31 de octubre de 2013, deberá entenderse como: El cudadano VÍCTOR JOSÉ MACHADO MARTÍNEZ asumirá las funciones establecidas en el artículo 2 de la Resolución N°3633 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.040 de fecha 31 de octubre de 2012. Artículo 2. Procédase a publicar íntegramente la Resolución corregida, insertando en su texto la respectiva corrección; conservando el número y fecha, de conformidad con lo dispuesto en el 'artículo 5. de la Ley de Publicaciones Oficiales. Comuníquese y Publíquese. PEDRO ENRIQUE CALZADILLA Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN Nº 4066 CARACAS, 22 de abril de 2013 AÑOS 203º Y 154º En conformidad con lo previsto en los artículos 62 y 77.19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; 5.2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concordancia con el artículo 9 de la Resolución N° 3633 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.040 de fecha 31 de octubre de 2012, contentiva del mecanismo para la designación de los Coordinadores o las Coordinadoras Generales de estado, los Coordinadores o las Coordinadoras de Desarrollo Institucional, y los Coordinadores o las Coordinadoras de Procesos de Gestión, que voluntariaã y altruistamente sirven de apoyo y enlace administrativo y académico de la Misión Sucre en todo el territorio nacional, POR CUANTO Mediante Resolución N° 1098 de fecha 18 de mayo de 2011, publicada en la aceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°39.680 de fecha 24 de mayo de 2011, la Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, creó el Comité para el Direccionamiento Estratégico de la Misión Sucre y la Misión Alma Mater como expresión de una sola política, con el objeto de dictar sus lineamientos, POR CUANTO En el marco de la transformación universitaria y del nuevo impulso en la direccionalidad de la Misión Sucre, corresponde al Órgano con competencia en la materia, garantizar su desarrollo institucional, permanencia y óptimo funcionamiento, redimensionando el alcance administrativo y académico, por lo que se hace necesario e impostergable que, atendiendo a una sola política, se asuma estratégicamente los Coordinadores o las Coordinadoras Generales de estado, los Coordinadores o las Ccordinadoras de Desarrollo Institucional, y los Coordinadores o las Coordinadoras de Procesos de Gestión, desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Universitaria, actualmente bajo la administración y dirección de la Fundación Misión Sucre, con la finalidad de dar respuesta oportuna y adecuada a los requerimientos presentados por el Poder Popular en el marco de la universalización dé la educación universitaria, todo ello con criterios de celeridad, eficacia y calidad revolucionaria, aplicando los principios de la nueva Ética Socialista, de conformidad con las Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, POR CUANTO . El supremo compromiso y la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la República Bolivariana de Venezuela, basado en principios humanistas, se sustenta en condiciones morales y éticas que persiguen el desarrollo de la'patria y del colectivo, este Despacho, R.ESUELVE Artícuio 1. Se designa al ciudadano VÍCTOR JOsÉ MACHADO MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad Nº v-3.560.232, como Coordinador General de estado, para que voluntaria y altruisiamente sirva de enlace y apoyo de la Misión Sucre en el estado Táchira. Artículo 2. El ciudadano VÍCTOR JOSÉ MACHADO MARTÍNEZ asumirá las funciones establecidas en el artículo 2 de la Resolución N°3633 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.040 de fecha 31 de octubre de 2012. Artículo 3. El ciudadano designado, mediante la presente Resolución, deberá enmarcar su actuación de conformidad con las políticas y directrices emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, a través del Comité Estratégico para el Direccionamiento de la Misión Sucre y Alma Mater, y de las que les sean atribuidas mediante acto administrativo. \Artículo 4. Las dudas o controversias que surjan de la ejecución de la presente Resolución serán resueltas por la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. Artículo 5. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fécha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dejando sin efecto la Resolución N° 2909 de fecha 24 de enero de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.850 de fecha 25 de enero de 2012. Comuníqueşe y Publíquese PEDRO ENRIQUE CALZADELLA Ministro del Poder Popular para la Educaddigerearia REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN Nº 41.57. CARACAS, 3 .2013 AÑOS 203º Y 154º De conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ..POR CUANTO La potestad de autotutela de la Administración Pública es la facultad que tiene ésta para revisar los actos en su propia esfera y corregir los errores materiales o de cálculo en que hubiere incurrido, POR CUANTO Se incurrió en error material en la Resolución Nº 4062 de fecha 22 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.151 de fecha 22 de abril de 2013, mediante la cual en el artículo 2 se indica: El Ciudadano RUBÉN DARÍO CORREA HERRERA asumirá las funciones establecidas en el artículo 2 de la Resolución N°3633 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.040 de fecha 31 de octubre de 2013 siendo lo correcto: El ciudadano RUBÈN DARiO CORREA HERRERA asumirá las funciones establecidas en el artículo 2 de la Resolución N°3633 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.040 de fecha 31 de octubre de 2012, RESUELVE Artículo 1: Corregir la Resolución N° 4062, de fecha 22 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial. de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de fecha 22 de abril de 201:3, sustituyendo en el artículo 2, donde señala: El ciudadano RUBÉN DARÍo CORREA HERRERA asumirá las funciones establecidas en el 'artículo 2 de la Resolución N°3633 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.040 de fecha 31 de octubre de 2013, deberá entenderse como: El Ciudadano RUBÉN DARIO CORREA HERRERA asumirá las funciones establecidas en el artículo 2 de la Resolución N°3633 de fecha 31 de octubre de 2012, pubicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela i:40.040 de fecha 31 de octubre de 2012. página original (tal como se publicó) [Página 20] Artículo 2. Procédase a publicar íntegramente la Resolución corregida, insertando en su texto la respectiva corrección, conservando el número y fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Publicaciones Oficiales. Comuníquese y Pubiíquese. PEDRO ENRIQUE CALZADILLA Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN Nº 4062 CARACAS, 22 de abril de 2013 AÑOS 203º Y 1542 En conformidad con lo previsto en los artículos 62 y 77.19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; 5.2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concordancia con el artículo 9 de la Resolución N° 3633-de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.040 de fecha 31 de octubre de 2012, contentiva del mecanismo para la designación de los Coordinadores o las Coordinadoras Generales de estado, los Coordinadores o las Coordinadoras de Desarrollo Institucional, y los Coordinadores o las Coordinadoras de Procesos de Gestión, que voluntaria y altruistamente sirven de apoyo y enlace administrativo y académico de la Misión Sucre en todo el territorio nacional, POR CUANTO Mediante Resolución N° 1098 de fecha 18 de mayo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°39.680 de fecha 24 de mayo de 2011, la Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, creó el Comité para el Direccionamiento Estratégico de la Misión Sucre y la Misión Alma Mater como expresión de una sola política, con el objeto de dictar sus lineamientos, POR CUANTO En el-marco de la transformación universitaria y del nuevo impulso en la direccionalidad de la Misión Sucre, corresponde al Órgano con competencia en la materia, garantizar su desarrollo institucional, permanencia y óptimo funcionamiento, redimensionando el alcance administrativo y académico, por lo que se hace necesario e impostergable que, atendiendo a una sola política, se asuma estratégicamente los Coordinadores o las Coordinadoras Generales de estado, los Coordinadores o las Coordinadoras de Desarrolio Institucional, y los Coordinadores o las Coordinadoras de Procesos de Gestión, desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, actualmente bajo la administración y dirección de la Fundación Misión Sucre, con la finalidad de dar respuesta oportuna y adecuada a los requerimientos presentados por el Poder Popular en el marco de la universalización de la educación universitaria, todo ello con criterios de celeridad, eficacia y calidad revolucionaria, aplicando los principios de la nueva Ética Socialista, de conformidad con las Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, POR CUANTO El supremo compromiso y la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la República Bolivariana de Venezuela, basado en principios humanistas, se sustenta en condiciones morales y éticas que persiguen el desarrollo de la patria y del colectivo, este Despacho, RESUELVE Artículo 1. Se designa al ciudadano RUBÉN DARIO CORREA HERRERA, titular de la cédula de identidad Nº V-4.564.843, como Coordinador General de estado, para que voluntaria y altruistamente, sirva de enlace y apoyo de la Misión Sucre en el Distrito Capital. ArtícuIo 2. El Ciudadano RUBÉN DARIO CORREA HERRERA asumirá las funciones establecidas en el artículo 2 de la Resolución N°3633 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.040 de fecha 31 de octubre de 2012. Artículo 3. El ciudadano designado, mediante la presente Resolución, deberá enmarcar su actuación de conformidad con las políticas y directrices emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, a través del Comité Estratégico para el Direccionamiento de la Misión Sucre y Alma Mater, y de las que les sean atribuidas mediante acto administrativo. Artículo 4: Las dudas o controversias que surjan de la ejecución de la presente Resolución serán resueltas por la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. Artículo 5. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Pubyque. PEDRO ENRIQUE CALZADLA Ministro del Poder Popular para la Educaciovnverstaria REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD POLITECNICA TERRITORIAL DEL OESTE DE SUCRE "CLODOSBALDO RUSSIAN" RESOLUCIÓN N° 001 CUMANÁ, 24 DE ABRIL DE 2013. El Consejo Directivo Provisional de la Universidad Politécnica Territorial del Gómez Maíz, Luis Enrique Pérez Luna y Ana Elisa Pérez Finol, titulares de la cedula de identidad números: V- 3.873.777, V- 3.872.850 y V-14.496.480, respectivamente, designados mediante Resolución N° 3.160, de fecha 27 de abril de 2012. y según Resolución N° 3950, publicada en Gaceta Oficial N° 40.094 de fecha lunes 21 de enero de 2013, actuando de conformidad con lo previsto en los Articulos 10 de la Ley de Contrataciones Publicas, y 15 de su Reglamento.- CONSIDERANDO Que el supremo compromiso, la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo y la refundación de la Republica Bolivariana de Venezuela, basados en los principios de humanistas, se sustentan en las condiciones morales y êticas que persiguen el desarrollo de la patria y el colectivo, RESUELVE ARTIcuLo 1. Se constituye con carácter permanente la Comisión de Contrataciones Publicas de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste de procedimientos regulados en la Ley de Contrataciones Publicas, para la. adquisición de bienes, prestaciones de servicios y ejecución de obras. ARTICULO 2. La Comisión de Contrataciones Públicas estará integrada por cinco (5) miembros de los principales y sus respectivos suplentes, en la cual estarán representadas, las áreas jurídica; económico-financiera y técnica, conforme se especifica a continuación: AREA MIEMBROS PRINCIPALES MIEMBROS SUPLENTES Carelina Mundaray Surga Francys Hurtado C.l: 14.815.599 C.l: 12.267.512 Legal Económica Financiera Maria-Elena Castellar Inezaret Carolina Lara C.l:- 8.426.567 C.l: 9.979.097 José Pereira José Nicolás Rodríguez C.l: 8.636.935 C.l: 8.645.455 Económica Financiera Luisana Parejo Jesús López Técnica C.l; 13.053.555 C.l: 12.270.887 Ysmery Tineo Técnica C.l: 12.269.517 C.I: 8.433.337 ARTICULO 3. Se designa a la ciudadana Belkis Moreno Rondón, titular de la cedula de identidad N° 15.936.060 como Secretaria de la Comisión de Contrataciones Publicas de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre "Clodosbaldo Russian", la cual tendrá derecho a voz, pero no a voto; y tendrá las siguientes funciones: 1. Convocar a los miembros de la Comisión de Contrataciones Publicas, a las reuniones que se celebran en virtud de los procedimientos de selección de contratistas, asi como, coordinar y dirigir las actuaciones de los procesos de selección. 2. Levantar las actas de cada una de las ceuniories de Comisión de Contrataciones Publicas, asi como, también los Actos Públicos de Recepción y Apertura de Sobres de Manifestación de Voluntad y Ofertas de cada uno de los procedimientos de selección de contratistas. 3. Llevar el registro, control y custodia de los expedientes de los procedimientos de selección de contratistas, desarrollado por la Comisión de Contrataciones Publicas, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, asi como el control de su archivo. página original (tal como se publicó) [Página 21] 4. Tramitar las solicitudes de copias simples o certificadas de los documentos que integran los expedientes de los procedimientos. de selección de contratitas, ejecutados por la Comisión de Contrataciones Publicas, conforme a lo establecido en la ley especial de la materia. 5. Certificar las copias de los documentos que conforman los expedientes, y cualesquiera otras actuaciones de la Comisión de Contrataciones Publicas. 6. Suministrar oportunamente toda la información que le sea requerida por la Máxima Autoridad, asi como la solicitada por las autoridades competentes en materia de procedimientos de selección de contratistas. 7. Recibir la correspondencia externa e interna, por cualquier medio escrito o electrónico, dirigida a la Comisión de Contrataciones Publicas de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre "Clodosbaldo Russian", y cuya tramitación corresponda a la Comisión. 8. Suscribir la correspondencia interna y externa emanada de la Universidad Politécnica Territorlal del Oeste de Sucre "Clodosbaldo Russian", vinculada a las actuaciones de la Comisión de Contrataciones Publicas. 9. Asistir a la Comisión de Contrataciones Publicas, en la elaboración de los Proyectos de Pliegos de Condiciones; informes; actas y otros documentos, a los efectos de los análisis y firma por los miembros de la Comisión de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre "Clodosbaldo Russian". ARTICULO 4. La Contraloría General de la Republica y la Unidad de Auditoria Interna de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre "Clodosbaldo Russian", podrán designar observadores u observadoras, en los procedimientos de selección de contratistas que se desarrollen, los cuales tendrán derecho a voz, pero no a voto. ARTICULO 5. Las y los miembros de la Comisión de Contrataciones Publicas y el Secretario, antes de asumir sus funciones, deberán prestar juramento de cumplir con la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, las Leyes de la Republica, los deberes inherentes a sus funciones y rendir cuentas en los términos y condiciones que determine la Ley. ARTICULo 6. A partir de la publicación de la presente Providencia Administrativa en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela, queda sin efecto la Resolución N° 2009, de fecha 11 de abril de 2008 publicada en la Gaceta Oficial de la Republica-Bolivariana de Venezuela N° 38.913, de fecha 18 de abril de 2008. Comuniquese y Publiquese, CONSEJO DIRECTIVO PROVISIONAL E.RECUISDE. AERÈZ LUNA ENIRY GOMEZMAIZ able del Área ADÉMICO Repiable del Área 18BALDÓ Académica MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD FUNDACIÓN MISIÓN NIÑO JESÚS PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 006 CARACAS, 16 DE MAYO DE 2013 AÑOS 203° y 154° ISABEL ALICIA ITURRIA CAAMAÑO, venezolana, mayor de edad, y titular de la cédula . de identidad N° V- 6.975.821, en su carácter de Presidenta de la FUNDACIÓN "MISIÓN NIÑo JEsús", designada por Decreto Presidencial N° 82, de fecha 10 de mayo de 2013, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.165 de fecha .13 de mayo de 2013, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 13 de la Cláusula Décima Cuarta del Acta Constitutiva de los Estatutos Sociales de la Fundación "Misión Niño Jesús", creada mediante Decreto N° 7.139 de fecha 23 de diciembre de 2009, publicada en la'Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.334 de la misma fecha, cuyos Estatutos fueron debidamente Registrados ante al Registro Público dei-Tercer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 24 de marzo de 2010, bajo el Número 11, Tomo 11 del Protocolo de Transcripción y reformados por la misma Oficina de Registro Público, en fecha 15 de abril de 2010, bajo el N° 40, Tomo 13 del Protocolo de Transcripción y 17 de junio de 2010, registrada bajo el N° 37, Tomo 24 del Protocolo de Transcripción, en concordancia con el artículo 5 numeral 2 y artículos 17, 18 y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y artículos 51 y 52 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en ejecución de la decisión del Consejo Directivo de la Fundación, dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Articulo 1. Designar al ciudadano SIMÓN ALBERTO USECHE MARTÍNEZ, titular de la Cédula de Identidad N°V- 14.605.416, para ocupar el cargo de libre nombramiento y siÓn cOmo DIRECTOR (E) DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, adsCrita a la Administración y Servicios de ia Fundación Misión Niño Jesús, a partir del 16 Articulo 2. El ciudadano SIMÓN ALBERTO USECHE MARTÍNEZ, antes identificado en su caráCter de DIRECTOR (E) DE ADMINISTRACIÓN Y. SERVICIOS DE LA FUNDACIÓN MISIÓN NIÑO JESÚS, deberá cumplir fiel y cabalmente las atribuciones que a continuación se mencionan: 1. Efectuar seguimiento y control"de las disponibilidades bancarias de todas las cuentas administradas por la Fundación. 2. Dar cumplimiento a la normativa legal en materia tributaria y a las demás disposiciones legales establecidas en la República Bolivariana de Venezuela. 3. Gestionar ante las instituciones financieras las erogaciones para el pago de las inversiones y gastos de funcionamiento de la fundación. 4. Atender las necesidades financieras de los gastos causados por la administración interna de la Fundación. 5. Coadyuvar al establecimiento de las normas y procedimientos inherentes a las actividades administrativas y financieras. competentes en el área administrativa-financiera. 7: Velar porque se produzca oportunamente, la información que permita evaluar la gestión cumplida y tomar las acciones correctivas y preventivas. 8. Velar por el estricto cumplimiento de las politicas y procedimientos administrativos establecidos. 9. Actuar como enlace ante los diferentes organismos e instituciones bancarias en el seguimiento de los trámites de pagos realizados por la Fundación. 10. Participar en los procesos de Contrataciones Públicas. 11.Atender las necesidades de información requeridas por los proveedores, contratistas y demás beneficiarios de pagos realizados por la Fundación. 12. Presentar los informes contables y Financieros, correspondientes a los programas y proyectos ejecutados por la Fundación. 13. Mantener registros contables y financieros de las operaciones realizadas, conforme .a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y en cumplimiento al plan de cuentas establecidos por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE). 14.Hacer seguimiento y control de los gastos ocasionados por la prestación de los servicios básicos generados por los establecimientos de salud vinculados a la Fundación Misión Niño Jesús, en sus diferentes fases u otros proyectos especiales asignados. 15. Las demás que le asigne el Consejo Directivo y/o el Presidente. .Artículo 3. La presente Providencia entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publiquese, ISABEL ALICIA ITURRIA CAAMAÑO Presidenta de la Fundación Misión Niño Jesús Decreto N° 82 del 10 de máyo de 2013 Gaceta. Oficial N° 40.165 del 13 de mayo de 2013 página original (tal como se publicó) [Página 22] MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE DESPACHO DEL MINISTRO/CONSULTORÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN N° 049 CARACAS, AÑOS 203° y 154° En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 77, numerales 1. 2. 4, 13, 19 y 27 dei Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; articulos 5, numeral 2, 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; Decreto N° 127 de fecha 27 de mayo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la Repúbica Bolivariana de Venezuela N° 40.175 de la misma fecha, este Despacho Ministerial, CONSIDERANDO Que el Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre, es el órgano rector de la políticas públicas de transporte terrestre de personas en tal sentido, tiene adscrito a la C.A. METRO DE VALENCIA, empresa pública encargada de la prestación de servicios en la red urbana de Transporte Subterráneo (metro) en el área de Valencia-Estado Carabobo y sus zonas aledañas. CONSIDERANDO Que mediante punto de cuenta N° 020-2013 de fecha 30 de mayo de 2013, emanado del Despacho de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, aprobado por el ciudadáno Presldente de la Repáblica Bolivariana de Venezuela NICOLÁs MADURO MOROS, designa al Presidente de la C.A. METRO DE VALENCIA. RESUELVE Articulo 1. En virtud del punto de cuenta Nº 020-2013 de fecha 30 de mayo de 2013, se procede a la publicación de la designación del ciudadano VICTOR JOsÉ MORENO, titular de la Cédula de Identidad N° V-6:374.793, como Presidente de la C.A. METRO DE VALENCIA, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre; con las competencias inherentes al cargo, de conformidad a los estatutos sociales de la C.A. METRO DE VALENCIA. Arfículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de-la República Bolivariana de Venezuela. Lemuniquese-y-publiquese, OEORTE MAN L TROUDI DOUWARA Ministro MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL REPÚBLICA BÓLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL Caracas, 31 de mayo de 2013 MPCPS N° 043 -2013 RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, designado mediante Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.151 de la misma fecha, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 62 del Decreto con Rango; Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 5 numeral 2, 19 y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. RESUELVE ÚNICO: Designar a la ciudadána YVIS MARÍA SEQUERA ESTEVES, titular de la Cédula de Identidad N° V-14.394.175 como Directora General de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas de este Ministerio, a partir del día 22 de mayo de 2013. Conforme lo establece ei artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, comuniquese y publíquese. REINALDO ANTONID ITURRIA LÓPEZ Comunas y Protección sosa YPROTE Decreto N° 02 de fecha 22 -04-13, Gaceta Oficial N° 40.151 de fecha 22-04-13. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA *** SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y REPL NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL DEL ESTADO VARGAS Municipio Vargas, 31 de Mayo del Año 2013 Por presentado el anterior documento por su FiRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación. Hágase de conformidad, y ARCHIVESE original. El anterior documénto redactado por el Abogado FREDERICK JESUS SANCHEZ FERNANDEZ IPSA N.: 98571, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 17, TOMO -36-A . Derechos pagados BS: 0,00 Según Planilla RM No. , Banco-No. Por BS: 0,00. La identificación se efectuó asi: YEREDITH CARLO-T RAMIREZ PEÑA, C.I: V-12.723.382. Abogado ReViSOr: NILKA NATHALI DO NASCIMENTO CONTRERAS REGISTRADOR MERCANTIE FDO. Abogado RAFAEL ANCEL ROMERO RIVERO C... ESTA PÁGINA,PERTENECE A: LOGISTICA CASA LOGICASA., S.A A Número de expediente: 13416 DIV ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS LOGISTICA CASA, LOGICASA, S.A. trece (2013), presentes en la-Sala de-Reunjenes-del Despaché de lar Presidens Sociedad Anónima Corporaeión de Abasteciniento y Servicios Agrigelas (LA S.A.), ubicada en el Edificio Las Fundacignes, Avenida Andrés Belle de la ciudad de Caracas, Distrito Capital, siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.), dia, lugar y hora señalados para la celebración de la Asamblea General.Extraerdinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima LOGÍSTICA CASA kÓGICASA, S.A., el ciudadano MANUEL ANTONIO BARROSO ALBETO, vepezolane, mayor de edad, de éste domicilio y titular de la cédula de idéntidad No V-10.351.543, actuandecon el carácter de Presidente de la Sopiedad Anópima Corperación de Abastecimiento y Sepvicios Agricolas, (LA. CASA, S.A,) Ente adscrito al Ministerio del Podér Populas para la Alimentación, inscrita originalmente apte el Registro Mercantil Priero de: la Circunscripción Judiefal dei Distrite Federak, ahora Distrito Capital, er fecha 2de agosto de 1989, bajo el N° 44, Tomg 86-A Pro„reformadossps Estatufos Soclales mediante Acta de fecha 2 de julio-de,2012, protocolizada ante ge Registro-Mereantil Cuarto-de la Circunscripción-Judiciader-Distt-Capial, enteofade-julio de 2012, bajo er N° 29, Tomo 93-A; cuyo nombramiento-consta ep-Punto-de Cuenta Nº 017-13, de fecha. veintinueve (29) de abril de des mil trece (2013), emanado del Vicepresidente Ejeeutivo página original (tal como se publicó) [Página 23] de la República Bolivariana de Venezuela; quien preside esta Asamblęa Gererai Extraordinaria de-Accionistaś-propietaria de CHNCUENTA:Y NUEVEMIL CIEN (59.100) Anónima; con lo cual se encuentra representada la totalidad de sú capital social,prescindiendo a razón de ello, de la convocatoria en prensa, de acuerdo a la cláusula Sexta de sus Estatutos Sociales; y la ciudadana YEREDITH RAMíREz, venezolana, mayor de edad, abogado, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V- 12.723.382, quien ha sido designada Secretaria Accidental de la Asamblea. Seguidamente, quien preside la Asamblea, declara la misma válidamente constituida y hábil para deliberar. Acto seguido, procede a exponer el ÚnicPuo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, el cual es del siguiente: PUNTO ÚNIcO: Designación del ciudadano José Dionisio Moreno Oliva, venezolano, mayor edad, dé este domicilio, titular de la cédula de identidad N° \- 6.277.516, como Presidente de LOGÍSTICA CASA, LOGICASA, S.A. Después de dar. lectura a la agenda del día, se procedió a considerar el Punto Único de esta Asamblea Extraordinaria, y a tal efecto, el ciudadano MANUEL ANTONIO BARROSO ALBERTo, en su carácter de Presidente de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (LA CASA, S.A.), única accionista de su filial, LOGÍSTICA CASA LOGICASA, S.A., señala: "De conformidad con lo establecido en la cláusula Décima Segunda de los Estatutos Sociales de LOGICASA, S.A., que establece en su parte in fine: "Los miembros de la Junta Directiva serán designados por la Asamblea General de Accionistas"; en tal sentido, luego de deliaèrar lo propuesto, se APRUEBA designar al ciudadano JOSÉ DIONISIO MORENQ OLIVA, venezolano, mayor. de edad, titular de ta cédula de identidad N°V. 6.277.516, Presidente de-la Saciédad Anónima LGÍSTICA CASA, LOGICASA, S.A. Seguidamente, quien preside la Asamblea, señaló que una vez aprobado el Punto Único de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, se autoriza a la ciudadana YEREDITH RAMíREz, ántes identificada, para que con su sola firma certifique las copias de la presente Acta. Asimismo, se le autoriza para que realice todos los trámites y fime todos los documentos y protocolos necesarios, para cumplir con los requisitos exigidos por la Ley y efectúe la participación ante el Registro Mercantil correspondiente. No habiendo otro punto que tratar, se levantó la Asamblea. General Extraordinaria de Accionistas, se redactó la presante Acta y firman los presentes en señal de conformidad (Fdo) MANUEL ANTONIO BARROSO ALBERTO, y yo YEREDITH RAMÍREz, venezolana, mayor de edad, abogado, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-12.723.382. en. mi carácter de Secretaria Accidental de la Asamblea_ General Extraordinaria de Accionistas de LoGIsTICA CASA, LoGICASA, S.A., celebrada en fecha treinta (30) de abril del año dos mil trece (2013), y debidamente autorizada por la misma, certifico quef6anteriogmète de Accionistas, cuyo original se encuentra asentado en el Libro de Acts de samileas de Accionistas. En Caracas a la fecha de su presentación. MANUEL ANTONIO BARROSO ALBERTO Presidente de JA CASA, S.A./ YEREDTRAMIREZ Secretania Accidental de la Asamblea MUNICIPIO VARDNABMBEAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE (FDOS.) YEREDITH SRC RAFAEL ANGEL ROMERO RIVERO SE EXPIDE LA PIACERUFICAD PRESENTE DE PUBLICACIÓN SEGÚN,PLANIEAO $$ 457.2013.2.2 Abagado RAFAEL ANGEL ROMNR REGISTRATOR MERCANH MINISTERIO DEL POPER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, N° 02I 202°, 153° y 14° RESÓLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones conferidas en el Decreto N° 8.776 de fecha 18 de enero de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.850.de fecha 25 de enero de 2012; de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 34, 62 y 77 numerales 1 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concordancia con el Artículo 1° del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo.Nacional, este Despacho Ministerial, RESUELVE Artículo 1. Designar a partir del cuatro (04) cle junio de 2013, al Ciudadano FRANCIsCo VICENTE GARRIDO GÓMEZ, titular de Cédula de Identidad N° V-6.968.037. como Director General de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Artículo 2. Se delega en el Ciudadano FRANCISCO VICENTE GARRIDO GÓMEZ, la firma de los actos y documentos que a continuación se indican: 1. Las circulares, comunicaciones y avisos oficiales emanados de la Oficina de Recuirsõs Humanos. 2. Los oficios de respuesta a funcionarios subalternos, administrativos, judiciales o municipales de los Estados y Distrito Capital, relacionados con la, Oficina de Recursos Humanos. 3. La correspondencia postal, telegráfica, radiotelegráfica o de cualquier otra naturaleza en respuesta a solicitudes dirigidas a la Oficina de Recursos Humanos. 4. La certificación de las copias de oficios, memoranda, circulares y cualquier otro documento que repose en' los archivos de la Dirección General de la Oficina de Recursos Humanos. 5. Conferir y revocar comisiones de servicio y traslado a los funcionarios adscritos al. Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica; así como solicitar en comisión de servicios a funcionarios de otros organismos. Artículo 3. En ejercicio de esta delegación, se autoriza al Ciudadano FRANCisCo VICENTE GARRIDO GÓMEZ, ya identificadci, el ejercicio de las funciones tipificadas en igualmente las mencionadas a continuación: 1. Aprobar las providencias administrativas para el otorgamiento y revocatoria de Licencias Sindicales a los funcionarios públicos y obreros adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. 2. Aceptar las renuncias del Personal Obrere, Funcionarios Públicos y Contratados con excepción de los Directores Generales, Directores de Línea, Coordinadores y Asistentes. 3. Ordenar los compromisos que serán imputados al presupuesto dei ejercicio fiscal de la Dirección a su cargo. 4. Tramitar las nóminas y demás instrumentos de pago del Personal Obrero, Funcionarios Públicos, Contratados, Jubilados y Pensionados de este Ministerio, así como, ordenar el pago correspondiente al régimen de prestaciones sociales, de conformidad con lo establecido en la Lay Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras. 5. Firmar las cuentas para otorgamiento del beneficio de Jubilación Reglamentaria, así las mismas. 6. Aprobar las pasantías no remuneradas que sean requeridas por los estudiantes dé Educación Media y Superior. 7. Aprobar, autorizar y suscribir los contratos: de prestación de servicio o de trabajo con Profesionales y Técnicos. página original (tal como se publicó) [Página 24] 8. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de gastos del personal, controlar y ejecutar presupuestariamente el mismo en todo lo concemiente a la materia de Recursos Humanos. 9. Notificar los actos administrativos de carácter particular, debidamente aprobado por el Ciudadano Ministro y referidos a la materia de Recursos Humanos. 10. Los demás que señales las Leyes y demás actos administrativos en materia de su competencia. Comuniquese y publiquese, JESSE CHACON JARAMILLO Ministro del Poder Popular para la Energia Eléctrica TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZA PONENTE: ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Expediente N° AP61-R-2013-000002 Mediante Oficio N° TDJ-2469-2013, de fecha 31 de enero de 2013, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ), remitió a esta Corte el expediente contentivo del procedimiento seguido a la ciudadana VIRGINIA TERESITA VÁSQUEZ GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° 5.481.524, en su carácter de Jueza Provisoria del Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. Tal remisión se efectuó en virtud del auto dictado por el TDJ en fecha 30 de enero de 2013, mediante el cual oyó en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto el 15 de dictada por el a quo en fecha 06 de noviembre de 2012, mediante la cual declaró su responsabilidad disciplinaria judicial y, en consecuencia, ordenó su destitución del cargo de Jueza Provisoria del Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial dei Estado Nueva Esparta y la inhabilitó para el ejercicio de cualquier cargo en el Sistema de Justicia por el periodo de dos (2) años. El 06 de febrero de 2013, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial (en lo sucesivo, la URDD), le dio entrada al expediente, le asignó el N° AP61-R-2013-000002 y lo remitió a la. Secretaria de la Corte Disciplinaria Judicial. Por auto de la misma.fecha, la Secretaría le dio entrada a la causa y dejó constancia de su distribución, correspondiéndole la ponencia a la Jueza Ana Cecilia Zulueta Rodríguez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. En fecha 21 de febrero de 2013, se acordó fijar audiencia oral y pública paía el décimo (10°) dia de despacho siguiente, contado a partir de la fecha en que constata en autos la última de las notificaciones de las partes. Mediante escrito presentado el 23 de abril de 2013, la ciudadana VIRGINIA TERESITA VÁSQUEZ GONZÁLEZ fundamentó el recurso de apelación. El 09 de mayo del mismo año, a las 02:00 p.m., se realizó la audiencia oral y pública, de conformidad con lo previsto en el articulo 87 dei Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (en lo sucesivo, el Código de Ética). Corresponde a esta Corte Disciplinaria resolver el recurso de apelación interpuesto, previas las siguientes consideraciones: ANTECEDENTES En fecha 16 de abril de 2009, según consta en Acta de Sesión. Ordinaria, N° 12 publicada en la Gaceta Municipal N° 067 de fecha 20 de abril de 2009, el Concejo Municipal del Municipio Arismendi del estado Nueva Esparta declaró la ausencia absoluta del Alcalde Francisco Ramón Torcat Molina, fallecido el 14 de abril de 2009;: designó como Alcalde Encargado al Presidente de la Cámara Municipal, concejal Richard Fermín Prieto y como Presidente Encargado del Concejo Municipal al concejal-Luís José Diaz. El 10 de diciembre de 2009, según Acuerdo publicado en la Gaceta Municipal N° 94 del 16 de diciembre de 2009, el Concejo Municipal acordó que, mientras el organismo electoral competente no realizara las elecciones para cubrir la vacante surgida como consecuencia de la ausencia absoluta del Licenciado Francisco Torcat Molina, el Alcalde o. Alcaldesa sería el concejal o concejal a que resultase electo o electa el 07 de enero 2010. El 07 de enero de 2010, el ciudadano Richard Fermín- Prieto, en su carácter de Alcalde Encargado, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con amparo cautelar contra el acto administrativo de fecha 10 de diciembre de 2009, ante el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. /El-11 de enero de 2010, el referido Juzgado admitió el recurso de nulidad y ordenó-abrir el cuaderno separado para tramitar el amparo cautelar. Por auto de la misma fecha decretó, como medida cautelar, la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado y ordenó que, mientras durara el procedimiento del recurso de nulidad, el ciudadano Richard Fermín Prieto continuara en el ejercicio del cargo de Alcalde Encargado. Posteriormente, el 12 de enero de 2010; el concejal Luis José Diaz, Presidente Encargado de la Cámara Edilicia, se juramento como Alcalde Encargado ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta y consignó el Acta correspondiente ante el Juzgado Contencioso VENSZUELA Administrativo en el que se tramitaba el recurso de nulidad interpuesto. Analizada el Acta en referencia, el 15 de enero de 2010 la jueza denunciada declaró sóbrevenidamente su.incompetencia al estimar que se trataba de "... un conflicto entre dos personas que se atribu[ian] la titularidad en cuanto a la persona (sic) del Alcalde del Municipio Arismendi del estado Nueva Esparta y que, en relación con tal conflicto, es[e] Juzgado Superior ya no tendrá competencia para. dirimir la controversia suscitada, la cual a todas luces ha[bía] sido generada por la omisión del órgano electoral nacional en convocar dentro de los tres (3) meses siguientes a la muerte del ciudadano FRANCisCo RAMÓN. TORCAT MOLINA, las. elecciones municipales correspondientes, como lo dispone el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal", por lo que, en . consecuencia, declinó el conocimiento de la causa en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (en lo sucesivo, TSJ). La Sala Electoral del TSJ, en fecha 28 de enero de 2010, aceptó la declinatoria de competencia; anuló el procedimiento adelantado por el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo; ordenó la remisión de copia certificada de la sentencia a la comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, los fines de /resolver lo conducente respecto del error jurídico inexcusable evidenciado en las actuaciones de la Jueza; admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar ejercido contra el actd administrativo, de fecha 10/12/2009 y declaró improcedente la solicitud de amparo cautelar. El 4 de febrero de 2010, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial acordó: 1) abrir el expediente respectivo; 2) Oficiar a la Sala Electoral del TSJ con el objeto de solicitar la copia certificada del expediente contentivo de la causa N° AA70-E-2010-00007 y 3) Fijar por auto separado la celebración de la audiencia oral. Por auto del 18 de octubre de: 2011 el TDJ se abocó al conocimiento de la causa y ordenó la notificación de los intervinientes. Posteriormente, el 14 de febrero de 2012, la Jueza denunciada consignó su escrito de descargos. En fecha 03 de octubre de 2012, se dejó constancia de la celebración de la audiencia oral y pública y el 06 de noviembre del mismo año se publicó el extenso de la decisión N° TDJ-SD-2012-251, mediante la cual el a quo declaró la responsabilidad disciplinaria is! te la nombrada e%.. la destit:y3 de argo de Jueza Provisoria de! Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta y ordenó su inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo dentro del Sistema de Justicia por el periodo de dos (2) años. El 15 de enero de 2013 la Jueza denunciada ejerció recurso de apelación contra la anterior decisión, apelación que fue oida en ambos efectos por auto del 30 de enero de 2013, ordenándose la remisión del expediente a esta Alzada. Mediante escrito presentado el 23 de abril de 2013 la jueza denunciada fundamentó su apelación. II DEL FALLO APELADO Mediante sentencia N° TDJ-SD-2012-251 de fecha 06 de noviembre de 2012, el TD declaró la responsabilidad disciplinaria de la Jueza Virginia Teresita Vásquez González, le impuso la sanción de destitución del cargo y en consecuencia ordenó su inhabilitación. página original (tal como se publicó) [Página 25] para el ejercicio de cualquier cargo dentro del Sistema de Justicia por el periodo de dos (2) años, con fundamento en las siguientes consideraciones: los fines de fundamentar su decisión, el TDJ reprodujo parcialmente la motivacó explanada en la sentencia N°.77. de fecha 27 de mayo de 2004 de la Salalates del TSJ, en la que esta delimitó su competencia para el conocimiento de los recursos por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad contra los actos, actuaciones y omisiones relacionados con la constitución, denominación, funcionamiento y cancelación de las postulación y elección para ocupar cargos de elección popuiar. Agregó la recurrida que, en el caso bajo examen, el acto impugnado consistió en ún acuerdo emanado de la Cámara Municipal del Municipio Arismendi cuyo contenido se vinculada "con la naturaleza electoral". Iigualmente señaló que resultaba “..evidente que si bien [era] cierto se trata[ba] de un acto emanado de un órgano de naturaleza administrativa no [era] menos cierto que los neamientos bajo los cuales se suscribió dicho Acuerdo abarca[ban] criterios atribuidos de manera especialilsima a la competencia del ámbito electoral claramente definidos en la doctrina jurisprudencial citada, siendo que los derechos constitucionales invocados por el actor los cuales denuncia como lesionados se considera[ban] afines con la materia de la que conoce la Sala Electoral (derecho de participación en los asuntos públicos y derecho al sufragio), y visto que el acto de cuya potencial aplicación se objeta[ba] provfenía] de un ente incluido en una categoría comprendida dentro de los sujetos cuya actuación en materia electoral esta[ba] sometida al conocimiento y control por parte de la jurisdicción contencioso electoral, es por lo que la Sala Electoral en la sentencia N° 3 del 28 de enero de 2010, declaró su competencia para conocer de la causa objeto del presente asunto". Señaló que la Jueza sometida a procedimiento había alegado su presunta incompetencia sobrevenida en virtud de la existencia de un conflicto de autoridades, alegato que según el TDJ había sido resuelto por la Sala Electoral al señalar que la Ley Orgánica del Poder: Público Municipal había eliminado el denominado "conflicto de autoridad" contemplado en estimó "que no era aplicable a la situación de hecho existente". Asimismo agregó el a quo que, de la revisión de las actas del expediente'se evidenció circunstancias se encontraban relacionadas a un problema suscitado con sión-aana omisión del Consejo Nacional Electoral que, de conformidad con lo dispuesto en la referida sentencia número 77 de la Sala Electoral, de fecha 27 de mayo de 2004, cuyos parámetros describen el ámbito de competencia de dicha Sala Electoral, por lo cual el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, al pronunciarse sobre la pretensión cautelar, reflejó] una flagrante contradicción con el ordenamiento jurídico lo cual conllevó a la Sala Electoral a calificar tal actuación como un grave error jurídico de carácter inexcusable". En virtud de lo anterior, consideró que la aludida jueza invadió la esfera y el ámbito de competencia de otra instancia judicial, por lo que, a su juicio, transgredió principios de orden público y desconoció la doctrina jurisprudencial existente, ocasionando con su actuación la subversión del proceso, por cuanto no era competente para admitir la acción y decretar una medida cautelar, pues el ejercicio de esta función jurisdiccional correspondía exclusivamente á la Sala Electoral. Finalmente, señaló que no existían criterios disimiles en cuanto a lo sostenido por la Sala Electoral para declarar el error inexcusable, razón por la cual, estimó que la Jueza incurrió en responsabilidad disciplinaria, en su desempeño como Jueza Provisoria del Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Estado Nueva Esparta durante el conocimiento de la causa. III FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN. Mediante escrito presentado el 23 de abril de 2013, la Jueza denunciada fundamentó el recurso de apelación en los siguientes términos: Denunció que la sentencia impugnada adolecía del vicio de inmotivación, previsto en el numeral 4 del artículo 243 del Código ce Procedimiento Civil, y había vulnerado el Principio de Exhaustividad consagrado en el artículo 509 eiusdem, por cuanto el a quo no. revisó ni analizó las pruebas aporfadas en el escrito de descargo, que revelaban que en el decurso del procedimiento sustanciado por el juzgado a su cargo, se Habja producido una incompetencia sobrevenida después de haberse dictado la medida cautelar, por efecto de la juramentación de un nuevo Alcalde, circunstancia que la-imía de haber incurrido en error jurídico inexcusable. Sostuvo que la recurrida adolecía del vicio de falso supuesto, pues si bien era cierto que el Código de Ética establecia, como causal de destitución, que el Quez proceda con error inexcusable declarado por la Sala del Tribunal Supremo de Justicia, no era menos cierto que ai Juez Disciplinario le correspondía apreciar y determinar si la conducta desplegada por el Juez denunciado se ajustada al supuesto, circunstancia que no ocurrió en el caso bajo examen. Por otra parte, denunció que la recurrida debió advertir que la Sala Electoral había vulnerado su derecho constitucional a la igualdad, toda vez que, en relación a otros jueces que también plantearon y declinaron su competencia, no fue impuesta lá misma sanción, circunstancia que revelaba un trato discriminatorio por parte de la referida Sala. Finalmente, solicitó la calificación de la renuncia presentada ante el Poder Judicial, en virtud de la aceptación del cargo de Procuradora del Estado Nueva Esparta, de conformidad con lo previsto en el artícuio 34 dei Código de Ética. IV DE LA COMPETENCIA Debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer el asunto sometido a su consideración y, al respecto, observa: El artículo 42 del Código de Ética, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 del 23 de agosto de 2010, establece la competencia de la Corte Disciplinaria Judicial para conocer las apelaciones interpuestas contra las decisiones dictadas por el TDJ, ya sean interlocutorias o definitivas, en los términos que a continuación se transcriben: "Artículo 42. Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra decisiones ya sean interlocutorias o definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Códigc y el resto de la normativa que guarde relación con la idoneidad judicial y el desempeño del Juez venezolano y Jueza venezolana". Del análisis de los autos que integran el expediente, se advierte que la Aretensión de la recurrente está dirigida a la revisión de la legalidad del fllo dictado por enguo, lo que permite a esta Alzada verificar que, efectivamente, se trata de una apelación.contra la sentencia definitiva dictada por el TDJ, que deciaró la responsabilidad disciplinaria de la previsto en el numeral 20 del artículo 33 del Código de Ética, razón por la cual esta Corte declara su competencia para conocer el presente asunto. Así se decide. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR cursan en el expediente, esta Alzada pasa a decidir el presente recurso de apelación, previas las siguientes consideraciones: Denunció la recurrente en su escrito de fundamentación, que la sentencia objeto de apelación violentó el principio de exhaustividad .consagrado en el artículo, 509 del Código de Procedimiento Civil, por cuánto el a quo "... no revisó ni analizó (... que en el decurso del procedimiento sustanciado por el juzgado a [su] cargo, se produjo una incompetencia sobrevenida, después de haberse dictado la medida de amparo cautelar, la cual [la] eximía de haber incurrido en error jurídico inexcusable como concluyó el Tribunal Disciplinario, ante la sola declaratoria de tal error en la sentencia emanada de la Sala Electoral...". Para resolver la denuncia, esta Alzada debe reiterar el criterio ya sentado por la doctrina y la jurisprudencia según el cual, el principio de incongruencia se encuentra inmerso el principio de exhaustividad, donde los jueces deben resolver todos y cada uno de los página original (tal como se publicó) [Página 26] alegatos que constan en las actas del expediente, siempre y cuando estén, vinculados directamente al thema decidendum o a la materia propia de la controversia. De manera que, el referido vicio tiene lugar cuando se omite el estudio de alguna de las excepciones o defensas opuestas por las partes, que conlleva por vía de consecuencia al .quebrantamiento del principio de exhaustividad:contemplado en el articulo 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, y. a la nulidad del fallo conforme al articulo 244 eiusdem. Ahora bien, revisada la argumentación del fallo recurrido, constató esta Alzada que'el establecidos por la Sala Electoral en la sentencia N° 77 del 27/05/2004 y a concluir que la Jueza ".no era competente para admitir la acción y decretar una medida cautelar, pues en todo caso el ejercicio de esta función jurisdiccional correspondía] exclusivamente al juez que resultfara] por imperio de la Ley competente para sustanciar y decidir el recurso ejercido es decir la Sala Electoral...". El pronunciamiento que precede, tal como lo denunció la jueza procesada, obvió analizar los alegatos y pruebas presentadas por la recurrente en su escrito de descargo en el procedimiento de primera instancia. En este sentido, se observó que el a quo omitió el análisis respecto a la incompetencia sobrevenida, por cuanto el presunto conflicto de autoridades se había suscitado con la juramentación de. un concejal como Alcaide ante un Tribunal Superior Civil, lo que ocurrió con posterioridad a la admisión del recurso de nulidad y al decreto del amparo cautelar. Asimismo, evidencia esta Alzada que el a quo no analizó la naturaleza del acto administrativo impugnado para determinar si la Jueza, en la oportunidad en que se la Jueza en su escrito de descargo, en cuanto al conflicto de autoridades, limitándose a señalar que ese alegato había sido resuelto por la Sala Electoral, obviando su obligación de pronunciarse sobre todo lo alegado y probado en el proceso. La circunstancia narrada, a juicio de esta Alzada, se traduce en una omisión respecto a la solución del pianteamiento fundamental de la pretensión que comporta una infracción a la que, tal como lo alegó la recurrente, el a quo vulneró el principio de exhaustividad, confgurándose, en el presente caso, el vicio de incongruencia omisiva, lo que acarrea la nulidad absoluta de la decisión apelada. Así se declara. Determinada la nulidad del folio, corresponde a esta Alzada en primer lugar, precisar el contenido y alcance del ilícito descrito en el numeral 20 del articulo 33 del Código de Ética, y que fue imputado a la jueza como resultado de su actuación y, en segundo lugar, determinar el contenido de la conducta desplegada por la jueza y su reprochabilidad. En ese orden, se observa que jurisprudencialmente se ha conicebido que @l error jurídico 'inexcusable tiene lugar "..cuando la actuación del juez no puede justificarst por criterios CIFLINACIA jurídicos razonables, con lo cual se confiere el carácter de falta grave que conlleva a la máxima sanción disciplinaria, esto es, la destitución. Se trata de un concepto jurídico . indeterminado o indefinido, por lo cual se requiere en cada asunto particular ponderar la actitud del juez y de acuerdo a ello y a las caracteristicas propias de la cultura jurídica del país, establecer el carácter inexcusable de la actuación del funcionario; siendo inexcusable el error grave con el cual se pone de manifiesto, sin maycr dificultad, que se carece de la formación juridica imprescindible para desempeñar con idoneidad la elevada función de juzgar. (Vid. entre otras, sentencias de la Sala Politico Administrativa números 01585 del 20 de junio de 2006 y 01336 del 31 de julio de 2007). En este sentido, se aprecia que según la Sala Electoral el error inexcusable observado en la conducta de la Jueza sometida a procedimiento se concretó, cuando el Tribunal a su cargo "...siendo incompetente para conocer del presente recurso, tal como lo reconoció en la aludida sentencia del 15 de enero de 2010, acordó una medida cautelar de amparo en contravención de lo dispuesto en reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (..) En mérito de ello, ha debido el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, no pronunciarse sobre la pretensión cautelar, pues al haberlo hecho, trasluce de tal decisión una flagrante contradicción coni el ordenamiento jurídico, decir, a juicio de la Sala, la aludida jueza no tenía competencia para conocer y decidir el cautelar contra el acto administrativo de fecha 10 de diciembre de 2009. Ahora bien, a los fines de establecer la reprochabilidad de la conducta, debe precisarse el iter cumplido por la jueza en su actuación y, al respecto, se observa: 1. En fecha 07 de enero de 2010 el ciudadano 'Richard. Fermin Prieto interpuso, ante el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Circuinscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, un recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente Municipio Arismendi el 14 de diciembre de 2009. 2. El 11 de enero de 2010 el referido Juzgado admitió el-recurso de nulidad ordenó abrir el cuaderno separado para tramitar el amparo cautelar (f. 130 al 132 pieza efectos del acto administrativo impugnado, mientras durara el proceso contencioso administrativo de nulidad y se dictara la sentencia definitiva (f. 282 àl 286 pieza 1). 4. El 15 de enero de 2010, revisada el Acta de Juramentación de un nuevo Alcalde sobrevenidamente su incompetencia para conocer la causa y declinó su conocimiento en la Sala Electoral, en razón del "..conflicto existente por ta aparente doble titularidad en la persona del Alcalde encargado que impo[nia] una correcta interpretación de las normas de rango legal establecidas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal al efecto y la omisión del organismo electoral competente para convocar à una nueva elección de Alcalde.... Precisado lo anterior, a los fines del análisis de ia reprochabilidad o no en la actuación de la jueza procesada, resulta pertinente un pronunciamiento-acerca de la naturaleza del acto. recurrido y el contenido, del recurso interpuesto, a la luz de la normativa y jurisprudencia vigente para el momento de su pronunciamiento, para poder identificar en su actuación el vició de incompetencia que generó la declaratoria del error inexcusable. Con relación al acto recurrido se observa que lo constituyó el Acuerdo emanado de la Cámara Municipal en fecha 14 de diciembre de 2009, en el que se resolvió que, mientras el. organismo electoral competente no realizara las elecciones para cubrir la vacante el 07 de enero de 2010, todo ello con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. (Vid. f. 47. al 49 pieza 1).: Respecto al recurso de nulidad interpuesto, puede observarse que su fundamento lo constituyó la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y su objeto la nulidad del acto, vistas las infracciones legales delatadas. Igualmente, se observa que con fundamento en.la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ei artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales, el recurrente solicitó correcto ejercicio del Poder Municipal. (Vid. f. 27. al 39 pieza 1). or lo que debe entonces concluir esta alzada que se trataba de un recurso dudad por ilegalidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar contra un acto de naturaleza administrativa, emanado de una autoridad municipal. actos como el identificado. debe atenderse a la ponencia conjunta dictada por la Sala administrativa, en el fallo, N° 1.900 del 27 de octubre de 2004 (caso: Marlon Rodríguez vs. Cámara Municipal del. Municipio El Hatillo del Estado Miranda), en la cual definió en forma transitoria la organización y las competencias de los Tribunales Superiores Confenciosos Administrativos, hasta tanto la Asambiea Nacional dictara la Ley Orgánica atribuyó a estos órganos. entre otras, la competencia para "Conocer de las acciones o recursos de nulidad, por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad, contra los. actos administrativos emanados de autoridades estadales o municipales de su jurisdicción". Asimismo, la referida Sala estableció el procedimiento para tramitar el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con amparo cautelar, indicando que el tribunal, en la misma oportunidad de la admisión de dicho recurso, debía examinar y pronunciarse también respecto a la pretensión constitucional de manera expedita, a fin de restablecer la situación jurídica que se denunciada lesionada, conforme al principio de tutela judicial efectiva. (Vid sentencia N° 402 página original (tal como se publicó) [Página 27] publicada en fecha 20 de marzo de 2001. cáso: Marvin Sierra Velasco). procedimiento que, de manera pacifica, se ha mantenido vigente hasta la presente fecha. Como puede apreciarse, la conducta desplegada por la Jueza, al haber admitido el Municipal y haberse pronunciado respecto al amparo cautelar, revela una actuación ajustada, íntegramente. a la jurisprudencia emanada de la Sala Politico Administrativa, cúspide de la jurisdicción contencioso administrativa, lo cual desvirtúa las caracteristicas. propias del error inexcusable, es decir. la existencia de úna actuación del juez que no puede justificarse por criterios juridicos razonables, entendiendo por taigs, entre otros,/a normativa constitucional y legal, la Interpretación que de ella realicen lašedistintasalas SOPLINATIA del TSJ y los criterios sentados y reiterados pacificamente por cada Sala. Otro elemento a ser ponderado, es el relacionado con ia declinatoria de competencia, producida por efecto de la existencia sobrevenida del conflicto de autoridades de un mismo Municipio, pues para la oportunidad en que ocurrieron los hechos, los criterios entre las Salas Electoral y Poiitico-Administrativa del TSJ eran contradictorios en relación a la existencia de tal conflicto y el órgano jurisdicción! competente para resolverlo. En efecto, en sentencia N° 119 del 11/08/05 la Sala Electoral.señaló que la competencia para conocer el conflicto de autoridades relacionados con la materia electoral la detentaba la Sala Electoral, Posteriormente. en la decisión de.fecha 28/01/2010, que dio elimin[ado] el denominado conflicto de autoridad (sic) contemplado en el.artículo 166 de . la Ley derogada, que era competencia de la Sala Electoral'. Por su parte, la Sala Político Administrativa en sentencia N° 00837 de fecha 10/06/2009 Municipal no fijó la competencia para conocer el conflicto de autoridades, esa Sala, por Contencioso Administrativo (criterio ratificado en sentencias N° 1067, 306, 700, y 01076 del 15/07/09, 21/04/2010, 25/05/11. y.9/08/11, respectivamente). Así, ante los criterios contradictorios entre la Sala Electoral. y la Sala Político- competencia para su conocimiento. la actuación desplegada por la Jueza sometida a juridico razonable, lo que revela una conducta idónea que no se corresponde con el contenido y alcance de la imputación del ilicito disciplinar:o de error judicial inexcusable. : En este sentido, aprecia esta Alzada, que el criterio asumido por la jueza denunciada al decidir el amparo cautelar se encontraba ajustada a derecho, toda vez que era competente para conocer y decidir el recurso contencioso administrativa de nulidad y el 'amparo cautelar planteado por ei ciudadano Richard Fermin, circunstancia que evidencia, con meridiana claridad, que no se produjo una vuineraciór a la jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional. Por último, resulta necesario señalar que. en el supuesto negado de que la jueza procesada no hubiese actuado dentro del marco de su competencia al decretar la medida cautelar, el TDJ debió atender a que la Sala Electorai, en supuestos análogos, se ha, limitado a exhortar a los jueces a abstenerse de realizar tales actuaciones y a regular la competencia, sin declarar, en ningún caso, error juridico inexcusable (vid sentencias de la Sala Electoral N° 20 y 69 del 13/04/2005 y 20/07/2011). razón po' la cual a juicio de esta Alzada el folio del TDJ debió atender a esta circunstancia y otorgarle prevalencia al derecho fundamental a la igualdad y a los principios de seguridad juridica y confianza legitima. En virtud de las consideraciones expuestas, resulta forzoso para esta Corte declarar con lugar el presente recurso de apelación, anular la sentencia N° TDJ-SD-2012-251 dictada por el TDJ en fecha 06 de noviembre de 2012 y absolver de responsabilidad disciplinaria a la Jueza Virginia Teresita Vásquez González. Asi se decide. En este estado el Juez Adelso A Guerrero Omaña anuncia su voto concurrente. VIII DECISIÓN Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: 1) Declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 15 de enero de 2013, por la ciudadana Virginia Teresita Vásquez González, contra la sentencia N° TDJ- SD-2012-251, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 06 de noviembre de 2012, mediante la cual deciaró la responsabilidad disciplinaria de la ciudadana Virginia Teresita Vásquez González, Jueza Provisoria del Juzgado Superior d o"Contencioso cualquier cargo. dentro del Sistema de Justicia, por el termino de.dos (2) años. 2) ANULA la referida decisión N° TDJ-SD-2012-251. 3) ABSUELVE DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la ciudadana Virginia Teresita Vásquez González, Jueza Provisoria del Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. Publiquese, Regístrese y Notifiquese: Cúmplase lo ordenado. Devuélvase el Expediente al Tribunal de origen. Se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficiai de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 del Código de Ética. Dada, firmada y sellada en el Salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de caracas, a los Dieciseis días del mes de ajo de 2013. Años 203° de la Independencia y 154° de:Eederación. El Presidente TULIO JIMIENEZ RO fepresidente ADELSO GUERRERO OMAÑA ANA CECILIA BULUETARODRIGUEZ La Secretaria-(E) MARISOLBAYEH BAYEH Quien suscribe, ADELSO. A. GUERRERO OMAÑA, Juez integrante de'la Corte " Disciplinaria Judicial, emitió voto concurrente bajo las siguientes consideraciones: La mayoría sentenciadora declaró CON LUGAR el recurso de apelación, ejercido por la ciudadana VIRGINIA TERESITA VÁSQUEZ GONZÁLEZ en la causa disciplinaria identificada con el número AP61-R-2013-000002, la nulidad de la sentencianúmerc TDJ-SD-2012-251 dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 06 de noviembre de 2012 y absolvió de responsabilidad disciplinaria a la jueza sometida a procedimiento. procesal cumplido por la jueza denunciada en la tramitación del asunto que dio lugar a la declaratoria del error jurídico grave e inexcusable, expuso una serie de consideraciones o fundamentos dirigidos a establecer la idoneidad de las actuaciones practicadas por la ciudadana VIRGINIA TERESITA VÁSQUEZ GONZÁLEZ, para determinar si se produjo o no el error juridico inexcusable declarado en su contra. página original (tal como se publicó) [Página 28] Conforme se observa, la sentencia que antecede sostuvo que "(..) el error inexcusable observado.en la conducta da la jueza sometida a procedimiento... a juicio de la Sala [fue motivado a que] la aludida jueza no tenía competencia para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto con amparo cautelar contra el acto administrativo de fecha 10 de diciembre de 2009"; razón por la cual expresó la mayoría sentenciadora que "(...) a los fines del análisis de reprochabilidad o .no en la actuación de la jueza procesada, resulta pertinente un pronunciamiento acerca de la naturaleza del acto recurrido y el contenido del recurso interpuesto, a la luz de la normativa y jurisprudencia vigente- para el momento de su pronunciamiento, para poder identificar en su actuación el vicio de incompetencia que generó la declaratoria del error inexcusable". Seguidamente el texto de la decisión señala "(...) que debe entonces concluir esta alzada que se trataba de un recurso de nulidad por ilegalidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar contra un acto de naturaleza administrativa, emanado de una autoridad municipal".. Para finalmente concluir el fallo que "(...) como puede apreciarse, la conducta desplegada por la Jueza, al haber admitido el recurso contencioso administrativo de nulidad cóntra el. acto emanado del Concejo Municipal y haberse pronunciado respecto al amparo cautelar, revela una actuación ajustada, Íntegramente, a la jurisprudencia emanada de la Sala Político Administrativa, cúspide de la jurisdicción contencioso administrativa, lo cual.desvirtúa las características: propias del error inexcusable, es decir, la existencia de una actuación del juez que no puede justificarse por criterios jurídicos razonables". Ahora bien, conforme lo plasmado en la decisión dictada por la mayoría sentenciadora, observo que mis colegas analizaron e interpretaron la naturaleza jurídica una revisión del fundamento juridico que sustentó la declaratoria del error jurídico grave e inexcusable y significa, a su vez, un cuestionamiento del dictamen alcanzado por Sala Electoral dei Tribunal Supremo de Justicia, quien claramente dejó por sentado que el asunto se trataba de un recurso contencioso electoral y no de un recurso contencioso administrativo de nulidad como lo concluye la sentencia que se discurre. A criterio de quien suscribe, la sentencia dictada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo.de Justicia (Sentencia N° 3.de fecha 28 de enero de 2010) dictaminó que el asunto en cuestión versaba sobre un "recurso contencioso electoral" y declaró el error jurídico grave e inexcusable de la jueza sometida a procedimiento por la inobservancia de ésta a un criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sobre el cual se erige que el juez incompetente no puede dictar medidas cautelares. En efecto; de la sentencia proferida por la Sala Electoral señalada ut supra se lejé :(...) Es de advertir que el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, siendo . incompetente para conocer del presente recurso, tal como lo reconocióon la aludida sentencia del 15 de enero de 2010, acordó una medida cautela de amparo en contravención de lo dispuesto en reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de. Justicia (cfr. sentencia de esa Sala número 707 del 10 de mayo de 2001). En mérito de ello, ha debido el Juzgado Superior de. lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, no pronunciarse sobre la pretensión cautelar, pues al haberlo hecho, trasluce de tal decisión una flagrante contradicción con el ordenamiento jurídico, lo cual constituye ún grave error jurídico de carácter inexcusable. Así se declara". (Negritas y subrayado propio). Así, discrepo de la motivación empleada por el resto de los integrantes de esta Alzada, en.el entendido que el examen y la revisión de un acto jurídico. (Sentencia), a fin de determinar la existencia de un error jurídico en la aplicación de las normas y si_el -mismo resulta grave e injustificabie, tal y como lo estableció el fallo recaido sopre la administradora de justicia, es un aspecto de revisión jurisdiccional que no puede ser desarrollado en esta instancia disciplinaria judicial, ello sin menoscabo a lo establecido en el articuio 4 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Resalta este sentenciador que èl artículo 33, ordinal 20, del Código de Ética Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, establece como causal de destitución que el juez o jueza proceda con error inexcusable e ignorancia de la Constitución, el derecho y el ordenamiento juridico, siempre que el mismo haya sido declarado porel Tribuna Supremo de Justicia en cualquiera de sus Salas, sin embargo, peße a existir un procedimiento para la tramitación de la referida causal, la norma i commento no contempla la posibilidad de que-este órgano jurisdiccional disciplinario ejecute un nuevo examen o revisión de la decisión de fondo que originó la declaratoria del errs. . Por consiguiente, quien suscribe es del criterio que los órganos disciplinarios en inexcusable previa declaración del Máximo Tribunal, ya que ello resulta contrario a la disposición normativa sancionatoria y además, conllevaría a una posible controversia entre el criterio empleado por la Sala del Tribunal Supremo que lo declaró y la sentencia constituirían como una especie de "tercera instancia jurisdiccional". Sin embargo, lo anterior no imposibilita a que: los órganos disciplinarios judiciales puedan imponer o no la sanción disciplinaria. Bajo esta premisa, de declararse la existencia de un error jurídico grave .e inexcusable por el Tribunal Supremo de Justicia y, en este caso imputable a la jueza VIRGINIA TERESITA VÁSQUEZ GONZÁLEZ, es factible y viable que los órganos jurisdiccionales en materia disciplinaria tomen en consideración otros elementos, factores y/o circunstancias que pudieran conilevar a la absolución del juez o jueza que incurrió en el precitado error. A manera ilustrativa, los factores a considerar para absolver -o no- al juez o jueza de la imposición de la sanción de destitución por el error juridico deciarado en su contra, podrían ser: los antecedentes personales y profesionales, su trayectoria, los antecedentes disciplinarios pasados y/o actuales, y en caso de tenerlos, los antecedentes laborales, el rendimiento estadístico del Tribunal, su carrera profesional y su vida académica (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional, N° 280, de fecha 23 de febrero de 2007): sin que se entienda que tales factores son taxativos o concurrentes, también pudiera considerarse la existencia de criterios disímiles que revelen, entre otras, la disparidad y viabilidad jurídica de la conducta ejecutada por el juzgador al momento de decidir, la discrepancia entre los Magistrados o Magistradas de la Sala con relación a la conducta catalogada por la mayoría sentenciadora cómo error inexcusable o que no se haya declarado el error jurídico grave e inexcusable, en casos donde existan. fundamentos similares al asunto donde sí se efectuó dicha declaratoria, todo ello a fin de ponderar la idoneidad y excelencia del juez o jueza. Es así como en el caso concreto, debió estudiarse la existencia de los factores antes enunciados a fin de ponderar la imposición o no de la sanción y disciplinaria. En este sentido, observa quien concurre que la mayoría sentenciadora analizó en el presente asunto "los criterios contradictorios entre la Sala Electoral y la Sala Político Administrativa en cuanto a la subsistencia de los conflictos de autoridades municipales y competencia para su conocimiento". En efecto, de la sentencia que antecede se lee la siguiente motivación: "(...) Otro elemento a ser ponderado, es el relacionado con la declinatoria de competencia, producida por efecto de la existencia sobrevenida del conflicto de autoridades de un mismo Municipio, pues para la oportunidad en que ocurrieron los hechos, los criterios entre las Salas Electoral y Polltico Administrativa del TSJ eran contradictorios en relación a la existencia de tal conflicto y el órgano jurisdiccional competente para resolverlo. En efecto, en sentencia N° 119 del 11/08/05 la Sala Electoral señaló que la competencia para conocer el conflicto de autoridades relacionados con : la materia electoral al detentaba la Sala- Electoral. Posteriormente, en;la decisión de fecha 28/01/2010, que dio lugar al presente proceso, cambio conflicto de autoridad (sic) contemplado en el articulo 166 de la Ley deroga da, que era competencia de la Sala Electoral. 10/06/2009 (Caso: Félix Hemández) precisó, que si bien la Ley Orgánica der Poder Público Municipal no fijó la competencia para conocer el conflicto'de autoridades, esa Sala, por via jurisprudencial, establecia que la competencia para conocer los conflictos entre autoridades de un mismo Municipio correspondia a los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo...". (Negritas y subrayado nuestro). Se discurre de esta-motivación por cuanto los criterios jurisprudenciales utilizados no guardan relación con la causa judicial en la cual fue declarada la existencia del error jurídico grave e inexcusable. En efecto, la Sala Electoral fue enfática al señalar que el asunto que dio lugar a la declaratoria del error jurídico grave e inexcusable versaba sobre un conflicto como consecuencia de una omisión a la convocatoria para la celebración de elecciones, asunto por cuya naturaleza no resultaban aplicables los criterios que el conflicto de autoridades hubiera plasmado la Sala Politico Administrativa, jurisd especializada que conoce, exclusivamente y según la jerarquía de sus órganos, los conflictos administrativos suscitados entre personas territoriales. página original (tal como se publicó) [Página 29] Por lo tanto, y en vista a la inaplicabilidad del criterio plasmado por la Sala Político Administrativa, a criterio de quien suscribe la mayoría sentenciadora afirmó la existencia de una contradicción de criterios, a los efectos de absolver a la jueza denunciada, cuando el criterio contrapuesto no resultaba aplicable al caso que origijie la declaradocia del error. Sin embargo; quien discurre es de la opinión que el fallo debió observar un faicto externo, particularmente, los criterios explanados por la doctrina y la jurisprudencia que refieren la posibilidad relativa -pero no la imposibilidad- de que los jueces igtempetentes dicten medidas precautorias, como "criterio disímil al error jurídico grave declarado en perjuicio de la jueza investigada". La asunción de dicho análisis permitía revelar la existencia de criterios juridicos que eximían a la jueza investigada de la imposición de la sanción de destitución. En efecto, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia declaró el error juridico grave e inexcusable. de la jueza investigada al haber inobservado ésta un criterio emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través del cual. fue sentado que el juez incompetente para la resolución del fondo de la controversia, lo es también para el dictamen de las medidas cautelares. (Vid. Sentencia N° 707 de fecha 10 de mayo de 2001). En sintonía con lo anterior, es oportuno referir que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia de fecha 19 de febrero de 2009, en el expediente N° 08-589) ha sido del mismo criterio, al señalar: "(...) En relación a la Garantía del Juez Natural, la Sala Constitucional. mediante decisión de 7 de junio de 2000 (Caso: Mercantil International C.A., Exp. n.° 00-0520), estableció, lo siguiente: (...) El derecho al juez natural consiste, básicamente, en la necesidad de que el proceso sea decidido por el juez ordinario predeterminado en la ley...(omissis)...Esto supone, en.primer lugar, que el órgano judicial haya sido. creado previamente por la norma juridica; en segundo lugar, que ésta lo haya investido de autoridad con anterioridad al hecho motivador de la actuación y permita calificarlo de órgano especial o excepcional para el caso; y en cuarto lugar, que la composición. del órgano jurisdiccional sea determinado en la Ley.En sintesis, la garantía del juez natural puede expresarse diciéndose. que es la garantia de que la causa sea resuelta por el juez competente o por. quien funcionalmente haga sus veces...". Conforme a lo anterior, toda causa debe ser resuelta por el juez competente o por quien funcionalmente-haga sus veces pues ello constituye la garantía del juez natural, por lo que al haber la Jueza, en el presente caso, admitido la demanda y acordado medidas siendo incompetente, violó tal garantía". (Subrayado y negrillas del concurrente). De esta manera, queda meridianamente claro la existencia de criterios proferidos por distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia, con relación a la ilegalidad del dictamen de medidas cautelares por parte de algún juez o jueza incompetente. Ahora bien, contrario a tal posición, quien suscribe observa la existencia de otros criterios jurídicos y jurisprudenciales que permiten al juez incompetente el dictamen medidas cautelares. En efecto, nótese como la misma Sala de Casación Civil del Tribunal Supremole Justicia (Vid. Sentencia N° 283 de fecha 10 de agosto de 2000, ratificada en sent enòa N° 000327 de fecha 16/05/2012), estableció lo siguiente: "(...) que la competencia es un requisito de validez de la sentencià, por lo que, es: posible que un procedimiento sea tramitado ante un juez incompetente con tal que éste no se pronuncie sobre el fondo de la controversia...". Lo anterior nos conlleva a concluir que resulta necesario a los efectos de la validez de la sentencia de fondo, que el juez decisor posea competencia o aptitud para resolver la controversia sometida a su conocimiento. Más no así para el transcurso del proceso donde, según cada caso en concreto, puede ser necesario e indispensable el dictamen de alguna medida ccautelar. En este orden de ideas, estimo pertinente resaltar que existen circunstancias fácticas sobre las cuales la sustanciación del proceso y en especial el dictamen de las medidas cautelares por parte de un juez o jueza incompetente, no apareja la nulidad de las cautelas ordenadas o un error grotesco de derecho y al contrario, resulta ser algo posible y tolerado por ei ordenamiento juridico venezolano. Como primer ejemplo estima pertinente quien suscribe citar el contenido del artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, cuya norma prevé: Artículo 71. La solicitud de regulación de la competencia se propondrá ante el Juez que se haya pronunciado sobre la competencia, aun en los casos de los articulos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediataęnte copia de la solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida la regulación. En los casos del articulo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción. De la misma manera procederá cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior. Salvo lo dispuesto en la última parte del articulo 68, o que fuere solicifaa como medio de impugnación de la decisión a que se refiere el articulo 34s la.: solicitud de regulación de la competencia no suspenderá el curso de proceso y el Juez podrá ordenar la realización de cualesquiera actas d sustanciación y medidas preventivas, pero se abstendrá de decidir et fondo de la causa mientras no se dicte la sentencia que regule la competencia. Conforme al artículo anterior el juez o jueza de la causa, ante la tramitación de una solicitud de regulación de la competencia donde se cuestión su aptitud y donde incluso pudiera llegar a declararse su incompetencia, se encuentra habilitado para tramitar el proceso y dictar medidas preventivas, más no para la resoluc'ón,del fondo de la causa; ello es asi "(...) en virtud de la existencia de prohibición legal de suspensión del curso del proceso, por lo que es perfectamente posible que el Juzga de que lo tramite fuese incompetente para la decisión definitiva del asunto, no así, por expresa disposición_ normativa, para la realización de cualesquiera actos de sustanciación medidas preventivas". (Voto salvado del Magistradc Pedro Rondón Haaz, en sentencia N° 1304 de fecha 21. de junio de 2005). Lo anterior, inclusive, ha sido afirmado por la propia Sala Constitucional (Senténcia N° 2723 de fecha 18 de diciembre de 2001), órgano jurisdiccional que en un proceso judicial ordenó, a través de una decisión donde declaró su incompetencia, el decreto de un amparo cautelar a los fines de suspender la ejecución de otras medidas cautelares ordenadas por el juez que previno la causa. En efecto, se lee de ese fallo: "Asentado lo anterior, la Sala apunta, que a pesar de ser incompetente, y de haber sostenido que los jueces que conocen del amparo autónomo y se declaren incompetentes, no pueden decretar medidas cautelares, va gue si ellos rechazan conocer la acción, mal pueden decretar aspectos accesorios de la misma, esta Sala, por considerar que la situación del llamado amparo cautelar del artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es distinta, ya que él actúa como una cautela, es aplicable a un caso como éste -con el fin de mantener la esencia de esos amparos- el artículo 71 del Código dé Procedimiento Civil, el cual señala: ….)) En base a la facultad-que le otorga al juez el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil que le permite decretar medidas preventivas a pesar de declararse incompetente, salvo decidir el fondo, esta Sala, tomando en cuenta a su vez, la tutoría del orden público constitucional y los. daños que las medidas decretadas por la Corte Primera de lo Contencioso.Administrativo pudiera causar a los accionantes, mantiene la suspensión de las medidas acordadas en la decisión interlocutoria de esta Sala del 07 de noviembre de 2001, y en consecuencia se mantienen suspendidas las medidas decretadas en la decisión impugnada, señaladas con los N° 3.5, 3.7 y 3.8.". (Negritas y subrayado nuestro). Del citado extracto consta que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, siendo incompetente para la tramitación de un asunto, dictó una medida cautelar y sentó un criterio distinto al que sirvió para la declaratoria del error jurídico grave e inexcusable increpado a la jueza investigada. Otro ejemplo puede revelarse con lo ocurrido en múltiples oportunidades cuando el conocimiento de ciertos. asuntos se ve sometido al -transcurso de discusiones juridicas; cuyas resultas han llevado a que incluso aquella autoridad judicial que se,consideraba competente para la resolución del asunto, luego ya no lo sea. (Vid. Sentencia N° 955 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 23 de septiembre de 2010). A criterio de quien suscribe, las medidas cautelares dictadas por los jueces que perdieron su competencia por.algún cambio jurisprudencial, no podrían perder su validez bajo la justificación de que el juez que las dictó ya no resulta competente; al contrario; las referidas medidas cautelares mantienen su validez y las mismas pueden ser tanto sostenidas como revocadas, por el nuevo juez de la causa con competencia para elio. Como último ejemplo podría piántearse el dictamen de las medidas cautelares basadas en la necesidad y la urgencia, donde a criterio de quien suscribe, es posible que el juez o jueza. a los efectos de preservar o garantizar la situación elevada a su conocimiento, dicte una medida cautelar aun, siendo incompetente para el conocimiento del fondo de la controversia, máxime en aquellos supuestos en los cuales- la urgencia extrema del derecho invocado o la demora en la remisión de la causa al juez competente pueda,tornar ilusorio el derecho que se pretendía cautelar, sobre todo en materia. de amparos cautelares. página original (tal como se publicó) [Página 30] A modo de ilustración, podrian citarse algunas reflexiones del derecho procesa argentino sobre la ponderación de la urgencia, pues "(...) ha de privilegiarse el valor superior de la eficacia de la jurisdicción y aún en el caso de que el juez resuitra manifiestamente incompetente, no ha de excluirse la existencia de excepciones cuando, la jerarquia de los intereses comprometidos las autorizase. Las situaciones que se debate a través de la acción de amparo, son, sin duda, de aquellas que merecen esta licencia... Sin. perjuicio de declararse incompetente -ha resuelto la Corte de la Nación que el juez ante quien se interpuso el amparo no debió dejar de adoptar las medidas máxime si no era manifiesta su incompetencia. Fallos 300:432 y 300:640)". (MORELLO- VALLEFIN, El Amparo- Régimen Procesal, 5a. ed., pág. 183) Asi, a juicio de este juzgador, cuando la cautela requerida se encuentra con dos exigencias opuestas de la justicia que son la celeridad y la ponderacióyy ¿uales se traducen en "(..) hacer las cosas pronto pero mal y hacerlas bien pero tarde; las providencias cautelares tienden, ante todo, a hacerlas pronto, dejando que el problema del bien y mal, esto es, de la justicia intrínseca de la providencia, se resuelvà. más tarde, con la necesaria ponderación". (Vid. HENRIQUEz La Roche, Rica Medidas Cautelares Según el Código de Procedimiento Civil. Ediciones Liber, 2000, Pág.43). Las anteriores posiciones han sido incluso aceptadas por la alzada natural de jueza investigada, instancia que, tomando en consideración la urgencia velará en la sustanciación de algunos asuntos, ha asumido como viable y acertado el dictamen de medidas cautelares por parte del juez incompetente. (Vid. sentencia N° 3043kde fecha 6 de noviembre de 2002, Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y aegtencia de la: misma instancia de fecha 12 de agosto de 2008, en el expediente APa2-X-2010- :000017). Plasmados los ejemplos ut supra, se observa que e! caso sometido al administrativa de las labores edilicias de un determinado Municipio, ante la declaratoria de falta absoluta del alcalde; en ese sentido, consta que a los efectos de procurar la continuidad de tales gestiones, la parte recurrente solicitó el decreto de un amparo cautelar que le permitiera hacer frente a circunstancias que consideraba lesivas a la institucionalidad y el funcionamiento de la alcaldía. En criterio de quien suscribe la anterior situación pudo significar un elemento de ponderación para la jueza investigada, quien a los efectos de preservar la continuidad de los servicios públicos y los demás sistemas de administración de la instancia ejecutiva municipal, optó por ser célere y dejar para un momento posterior cualquier discusión en cuanto a lo que materia procesal se refiere, ello sin obviar que la jueza investigada dictó la medida cautelar innominada reputándose competente para el conocimiento del asunto (11-01-2010) y que fue en una oportunidad posterior a ello cuando declaró su "incompetencia sobrevenida"(15-01-2010). Conforme a los criterios esbozados anteriormente y tomando en consideración la existencia de criterios jurídicos disimiles por parte de las distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia que por una parte refieren la imposibilidad posibilidad y por otro establecen la posibilidad del juez incompetente para dictar medidas cautelares, a juicio de quien discurre la existencia de dichos criterios encontrados constituyen un factor determinante para absolver a la jueza sometida a procedimiento de la imposición de la sanción de destitución, pese a haberle sido declarado un error jurídico grave e inexcusable, debiendo ser la anterior motivación la acogida en el texto de la decisión proferida por la mayoría sentenciadora. Además de lo anterior, quien suscribe observa con atónita preocupación que el Máximo Tribunal de la República ha dictado diferentes decisiones donde a jueces y juezas que habían cobrado en circunstancias similares a la hoy sometida a procedimiento disciplinario, no se les dio el mismo trato en cuanto a ia declaratoria del error jurídico grave e inexcusable se refiere, elemento externo que también debió considerar la mayoría sentenciadora; por ejemplo, se cita la decisión de la Sala Constitucional N° 343 de fecha 24 de marzo de 2011 y.las decisiones N° 0208 y 618, de fecha 07 de diciembre de 2006 y 20 de mayo.de 2008, respectivamente, a través de las cuales la Sala Política- pertenece la jueza sometida a procedimiento. advirtió el quebrantamiento del criterio sobre el cual a la misma le fue declarado el error juridico grave e inexcusable, perd prescindió de cualquier deciaratoria sobre la conducta desplegada por los ciudadanos jueces cuyas decisiones se encontraban en proceso de revisión. Conforme a todas las consideraciones anteriores quien suscribe concuerda con los dispositivos plasmados en la sentencia que antecede, pero concurre por cuanto la misma debió realizarse bajo la asunción de la motivación aquí plasmada. Queda asi emitido el.vota concurrente. El Presidente, TULIO AMAD RODRIGUEZ ADELSO A.IGUERERO OMAÑA (Concurrente) ANA CESILAOLUETA RODRIGUEZ La Secretaria ARIANELAGIL MARTINEZ ), siendo la11:00 am, se Hoy veintiocho (28) de mayo del año dos |mil publicó la anterior decisión bajo el N° 21. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZA PONENTE: ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Expediente N° AP61-R-2013-000018 Mediante oficio N° TDJ-3044-2013 de fecha 08 de mayo de 2013, el Tribunal Disciplinario Judicial (en lo sucesivo, TDJ) remitió a esta Corte copia certificada de las actas indicadas por el ciudadano JUAN CARLOS CELI ANDERSON, titular de la cédula de identidad N° 9.120.228, en su carácter de Juez Titular del Juzgado Superior Noveno del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para el trámite del recurso de apelación interpuesto en fecha 02 de abril.de 2013 contra el auto dictado por el TDJ el 19 de marzo; mediante el cual negó la expedición de copia de la reproducción, audiovisual de la audiencia oral y pública celebrada en fecha 14 de noviembre de 2012. El 09 de mayo de 2013, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial (en lo sucesivo, la URDD) le dio entrada al expediente, le asignó el N° AP61-R-2013-000018 y lo remitió a la Secretaría de la Corte Disciplinaria Judicial. Por auto de la misma fecha, la Secretaria de la Corte Disciplinaria Judicial le dio entrada a la causa y dejó constancia de su distribución, correspondiéndole la ponencia a la Jueza. Ana Cecilia Zuiueta Rodriguez, quien con-tal carácter suscribe el présente fallo. Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial emitir pronunciamiento sobre el recurso interpuesto, previa las siguientes consideraciones. página original (tal como se publicó) [Página 31] I. DEL FALLO.APELADO Mediante auto del 19 de marzo.de 2013, el TDJ negó la solicitud de expedición de copia de la reproducción audiovisual de la audiencia oral y pública celebrada por el TDJ, lo$ días 14 y 21 de noviembre de 2012, con fundamento en las siguientes consideraciones: Estima el a quo, que del artículo 76 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Vañezolana (en lo sucesivo-Código de Ética) ".se desprendila] con meridiana claridaamas. .LINARIA que la reproducción audiovisual aludida, no forma[ba] parte del expediente disciplinario judicial, sino que la misma funglla] como medio necesario para; los jueces integrantes de la Corte Disciplinaria Judicial para (sic) verificar los eventos sucedidos en la audiencia oral y pública llevada a cabo por es[e] órgano jurisdiccional, de conformidad con el articulo 73 del Código que rige a esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial" a Agregó, que "..al no ser parte del expediente judicial.dicho medio audiovisual por ser de usg-interno de es[a] jurisdicción para que los jueces retomfaran] los hechos acontecidos acto oral y público, con el objeto de retomen los hechos acontecidos en el acto oral público, con el objeto (sic) de formar criterio en la (sic) deliberaciones realizadas para poden dictar sentencia de mérito respectiva ..." último, concluyó que a ese Tribunal le estaba vedado la expedición de la copia solicitada por el Juez denunciado, advirtiéndole al solicitante que "..e! acto válido procesal donde se recogen los acontecimientos sucedidos en la audiencia oral y pública celebrada, [era] la respectiva acta suscrita por los intervinientes de dicha audiencia, de conformidad con el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, por aplicación supletoria de acuerdo al artículo 51 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Asi se declara." IlI FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN Mediante diligencia presentada el 16 de mayo de 2013, el ciudadano Juan Carlos Celi .Anderson fundamentó el recurso de apelación en los siguientes términos: Indicó, que el auto apelado le causó un gravamen irreparable, toda vez que transgredió "gus derechos constitucionales al acceso a la justicia, a la defensa y el debido proceso. Al Geñeral de Tribunales en fecha 14 de marzo. de 2013 contra la sentencia definitiva audiovisual de la audiencia para preparar su defensa. Sñaló, que en el curso.del proceso disciplinario, promovió como prueba la reprodación Constitucional del Tribunai Supremo de Justicia, con motivo de la acción de amparo constitucional interpuesta, prueba que fue admitida mediante auto de fecha 05 de junio de 2012 y evacuada según acta de fecha 3 de julio de 2012. De manera que, a su juicio, la decisión del TDJ que negó la reproducción audiovisual resultaba lógica y no se ajustada a derecho. Por otra parte, denunció que la interpretación armónica de los artículos 73 y 79 del Código de Ética, revela que es un deber del tribunal y un derecho de las partes el acceso a la reproducción audiovisual de la audiencia, pues en eila se recogen aspectos . importantes de la audiencia, tales como la constancia de comparecencia de las partes y. de;las pruebas que se evacúen en dicho acto. or'último, solicitó la declaratoria con lugar del recurso de apelación y que se ordenara al expedir copia certificada de la reproducción audiovisual de la audiencia oral y: pública. III DE LA COMPETENCIA Previo al análisis del presente recurso de apelación, pasa esta Corte Disciplinaria Judicial a determinar su competencia para conocer y; al respecto, observa: El artículo 42 del Código de Ética, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 del 23 de agosto de 2010, establece la competencia de la Corte Disciplinaria Judicial para conocer las apelaciones interpuestas contra las decisiones dictadas por el TDJ, ya sean interlocutorias o definitivas, en los términos que continuación se transcriben: "Articulo 42. Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgaño de alzada, conocer gacantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y el resto de la normativa que guarde relación con la idoneidad judicial y el desempeño del Juez yenekolano y Jueza venezolana". análisis de los autos que integran el expediente permite advertir, que la preieasión del recurrente está dirigida a la revisión de la legalidad del auto mediante el cual e negó la expedición de la copia certificada de la reproducción audiovisual de la audiencia oral y pública celebrada en fechas 14 y 21 de noviembre de 2012, razón por la cual esta Corte declara su competencia para conocer el presente asunto. Así se decide. IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Declarada como ha sido la competencia, pasa esta Alzada- a decidir el presente recurso. de apelación, previas las siguientes consideraciones: Denunció el recurrente que el auto dictado por el TDJ en fecha 19 de marzo de 2013, vulneró sus derechos a la defensa, al debido proceso y al acceso a la justicia, toda vez que negó la expedición de una copia certificada de la reproducción audiovisual de la audiencia oral y pública celebrada en fechas 14 y 21 de noviembre. de 2012, la cual Al respecto, observa esta Corte que el TDJ negó la referida solicitud, al considerar que "...la reproducción audiovisual aludida, no forma[ba] parte del expediente disciplinario judicial, sino que la misma funglía] como medio necesario para los jueces integrantes de la Corte Disciplinaria Judicial para (sic) verificar los eventos sucedidos en la audiencia oral y pública llevada a cabo por es[e] órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 73 del.Código que rige a es[a] Jurisdicción Disciplinaria Judicial.": audiovisual por ser de uso intemo de [esa] jurisdicción para que los jueces retomfaran] los hechos acontecidos en el acto oral y público, (...) con el objeto de formar criterio en. Tribunal Disciplinario Judicial se [encontraba] vedado para expedir copia de la misma..." Para resolver la apelación planteada, resulta necesario reiterar que los derechos a la defensa, a! debido proceso y al acceso a la justicia, establecidos en los artículos 26 y 49 Constitucionales, comportan derechos fundamentales que constituyen la base del Estado social democrático de derecho y de justicia, y se manifiesta en dos sentidos. El primero, frente a los particulares y, el segundo, corno el derecho que tiene todo ciudadana acceder a la justicia y que su pretensión sea resuelta a través de un proceso justo con las debidas garantías, de alli que su infracción genere una grave lesión a las garantias fundamentales de los particulares. Precisado lo anterior, observa esta Aizada el contenido del articulo 76 del Código de Ética, cuyo texto es del tenor siguiente: Artículo 76. "La audiencia debe ser reproducida en forma audiovisual, debiendo el Tribunal Disciplinario Judicial remitir junto con el expediente y en sobre sellado, la cinta o medio electrónico de reproducción para el conocimiento de la Corte Disciplinaria Judicial. En casos excepcionales y ante la imposibilidad manifiesta de la reproducción audiovisual de la constancia de esta circunstancia en la reproducción de la sentencia." Gomo puede apreciarse, el artículo transcrito establece la obligatoriedad de integrar el correspondiente, así como su remisión conjunta a esta Alzada para el eventual cognición debe estar incorporado en las actas procesales a disposición de las partes. El razonamiento que precede ha informado el criterio pacífico y reiterado en la materia. por las Salas Constitucional y de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia; al establecer que la reproducción de la audiencia forma parte integrante de las actas del expediente y constituye plena prueba para demostrar lo sucedido durante la misma (vid. sentencias de la Sala Constitucional N° 756 del 5 de junio de 2012 y de la Sala de Casación Social N° 1962 del 2 de diciembre de 2008). Ahora bien, este criterio, en consonancia con los postulados constitucionales, está dirigido a preservar, a las partes que intervienen en el proceso, el goce y ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales, tales como el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, razonamiento que ha sido recogido en el parágrafo único del artículo 79 del Código de Ética, al señalar: página original (tal como se publicó) [Página 32] ¡Artículo 79. "(..) El Tribunal Disciplinario Judicial, a fin de garantizar a las partes la más exacta y acertada valoración de lo discutido en la audiencia, utilizar la grabación filmica." Así pues, debe esta Corte interpretar que la concreción de los derechos y garantías constitucionales en el proceso se ve materializada en el acceso que, a los medios y valoración que, del acervo procesal, tenga a su disposición el juzgador para poder dictar una sentencia ajustada a derecho. En este contexto, esta Corte estima que la negativa del a quo a expedir a las partes copia certificada de la reproducción audiovisual de la audiencia oral y pública, constituye una limitación sustancial de los derechos al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al gebico proceso del recurrente, por cuanto se traduce en un obstáculo para el acceso a bs alegatos y actuaciones procesales cumplidas en dicho acto. Así se declara. atención a las consideraciones que preceden, esta Corte declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Juan Carlos Celi Anderson, Juez Titular del Juzgado Superior Noveno del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; anula el auto dictado por el Tribunal Disciplinario Judicial del 19 de marzo de 2013 y ordena al TDJ expedir al recurrente copia certificada de la reproducción audiovisual de la audiencia oral y pública celebrada en fechas 14 y 21 de noviembre de 2012. Así se declara. V DECISIÓN Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley: 1) Declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 2 de abril de 2013 por el ciudadano JUAN CARLOS CELI ANDERSON, Juez Titular del Juzgado Superior Noveno del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contra el auto dictado por el Tribunal Disciplinario Judicial del 19 de marzo de 2013. 2).ANULA el auto dictado por el Tribunal Disciplinario Judicial del 19 de marzo de20.13. certificada de la reproducción audiovisual de la audiencia oral y pública celebrada en fecha 14 de noviembre de de 2012 y su continuación de fecha 21 de noviembre de 2012 Publiquese y Regístrese. Cúmplase lo ordenado. Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 del Código de Ética. Dada, firmada y sellada en el Salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la 23. dias del mes de Haya_de 2013. Años 203° de la ciudad de caracas, a los Independencia y 154° de la Federación. El Presidente TULIO JIMENEZ ebresidente ADELSO GUERRERO OMAÑA La Jueza ANA CECILIAZULURTA RODRIGUEZ La Seccetaria MARIANELAGIL MARTINEZ Hoy veintitrés (23) de mayo del año dos mil trece (2013), siendo la0:45 am, sépublicó la RIA IAT anterior decisión bajo el N° 18. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL JUEZA PONENTE: ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Expediente N° AP61-R-2013-000019 Mediante oficio N° TDJ-3032-2013 de fecha 07 de mayo de 2013, el Tribunal Disciplinario. Judicial (en lo sucesivo, TDJ), remitió a esta Corte Disciplinaria Judicial el expediente contentivo del procedimiento disciplinario instruido a la ciudadana XIOMARA MERCEDES BLANCO DELGADO, titular de la cédula de identidad N° 5.090.478, en su carácter de Jueza Décima Octava de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Tal remisión se efectuó en virtud del auto de fecha 07 de mayo de 2013 dictado por el TDJ, mediante el cual oyó en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto el 02 de mayo del corriente por la ciudadana Xiomara Mercedes Blanco Delgado, contra la decisión dictada el 07 de mayo de 2013, que declaró su responsabilidad disciplinaria judicial y le impuso la sanción de amonestación escrita: En fecha 14 de mayo de 2013, la Secretaria de esta Corte recibió de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo sucesivo, URDD) el présente expediente y dejó constancia de su distribución, correspondiendo la ponencia a la Jueza Ana Cecilia Zulueta Rodriguez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, esta Corte Disciplinaria Judicial observa lo siguiente: . ANTECEDENTES En fecha 02 de noviembre de 2011, la URDD de esta Jurisdicción recibió la denuncia. interpuesta por la ciudadana Doris Araceiys Arteaga Dominguez, titular de la cédula de identidad N° 6.465.267. contra las ciudadanas Xiomara Mercedes. Blanco Delgado y Maigualida Sandoval, Jueza Décima Octava de Primęra Instancia en Funciones dé Juicio del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas la primera y Secretaria del referido Tribunal la segunda, en la cual arguyó que las referidas funcionarias vulneraron os derechos fundamentales de su representada en el proceso penal sustanc causa N° 18J/485-11. Por auto de fecha 02 de noviembre de 2011, la Oficina de Sustanciagión acordó: "...Primero: Dar entrada y cuenta [del] presente asunto al Sustanciador Jefe. Segundo: indiciarios relacionados con los hechos denunciados...". El 09 de febrero de 2012 la referida Oficina emitió Informe Definitivo mediante el cual señalar que la conducta desplegada por la Jueza denunciada, se subsumfla] dentro de los hechos sancionatorios previstos en el Código de Ética...". Mediante decisión del 08 de mayo de 2012, el TDJ admitió la denuncia respecto a la dadana Xiomara Mercedes Blánco Deigado y ordenó la notificación de las partes. fecha 04 de abril 2013, se llevó a cabo la audiencia oral y pública y el 18 .del mismo y año el TDJ publicó el texto íntegro de la sentencia en la que declaró la meg responsabilidad disciplinaria judicia! de la ciudadana Xiomara Mercedes Blanco Delgado y impuso la sanción de amonestación escrita. El 02 de mayo de 2013, la Jueza Xiomara Mercedes Blanco Delgado apeló la anterior decisión y, por auto del 7 del mismo mes y año, el a quo oyó en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto. Il DEL FALLO APELADO Mediante sentencia N° TDJ-SD-2013-074, publicada en fecha 18 de abril de 2013, el TDJ deciaró la responsabilidad disciplinaria de la ciudadana Xiomara Mercedes Blanco Delgado por su desempeño como Jueza Décima Octava de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y le impuso la sanción de amonestación escrita, con fundamento en las siguientes consideraciones: El a quo constató la conducta imputada a la jueza denunciada, al verificar en autos que el (ribunal a su cargo se había constituido en fecha 29 de septiembre de 2011 para la continuación de la audiencia de juicio, habia declarado la incomparecencia al acto de la página original (tal como se publicó) [Página 33] soslayando que-ésta no habia sido notificada. Igualmente verificó en el Acta de fecha 3 de octubre del mismo año, que el referido Tribunal se había constituido para la continuación del juicio oral en esa oportunidad, en virtud de no haber dado despacho el 30 de septiembre, habia dejado constancia de la su notificación en el expediente, circunstancias estas que determinaron la declaratoria de interrupción del juicio y el diferimiento para su apertura el 14 de octubre de 2011. Las actuaciones precedentes determinaron que el a quo calificará la conducta de la jueza como un descuido injustificado, toda vez que el Tribunal a su cargo "...se constituyó en múltiples oportunidades para dar continuidad a la celebración del juicio oral y público, aún la ciudadana Doris Aracelys Arteaga Dominguez, apoderada judicial de la victima en la causa y denunciante en el presente proceso disciplinario, quedando cuentemente como no compareciente en las mismas...". Al Sespcto, indicó que "..la Jueza denunciada tenía el deber de impulsar el proceso, por el cabal cumplimiento de la debida notificación de todas y cada una de las. velagdp es intervinientes en la causa judicial que dirigía, razón por la cual, mal [podia] seguir constituyendo el Tribunal que regentaba para la continuación de la audiencia aún cuando la apoderada judicial de la víctima en la causa judicial N° 18J/485-11, dejándola como no compareciente al acto cuando ni siquiera tenia conocimiento de la celebración del mismo...". Finalmente, el TDJ estableció que la conducta desplegada por.la Jueza se subsumía en la causal de amonestación escrita, prevista en el numeral 6 dei articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (en lo sucesivo, el Código de Ética), relacionada con descuidos injustificados en la tramitación de la causa judicial. 111 FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN Mediante escrito presentado el 02 de mayo de 2013, la Jueza Xiomara Mercedes Bianco Delgado apeló la sentencia del TDJ, en los siguientes términos: Adujo, que la sentencia impugnada adolecía del vicio de falso supuesto de derecho, por TDJ habla obviado que su actuación se habia ajustado al contenido del referido artículo, tanto, a su entender, correspondía declarar su aplazamiento para otra oportunidad en virtud de ausencia de representación de la victima en el acto. Agregó, que el a quo incurrió en el vicio de inmotivación, al omitir un pronunciamiento referidos a la valoración del iter procesal cumplido en el proceso penal y que, a su decir, eyidenciaban que la actuación de la apoderada de la víctima había provocado una gostrucción de la continuación y conclusión del juicio. IV DE LA COMPETENCIA Previo al análisis del recurso de apelación, debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia y, al respecto, observa: El artículo 42 del Código de Ética, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 39.493 del 23 de agosto de 2010, establece la competencia de la Corte Disciplinaria Judicial para conocer las apelaciones interpuestas contra las decisiones dictadas por el Tribunal Disciplinario Judicial, ya sean interlocutorias o definitivas, en los términos que a continuación se transcriben: "Articulo 42.- Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de. alzada, conocer de garantizar la correcta interpretación y aplicación del presante Código y el resto de la normativa que guarde relación con la idoneidad judicial y el desempeño del juez venezolano y jueza venezolana". (Resaltado de esta Corte). s "Del análisis de los autos que integran el expediente, se pudo constatar que Ta ueza Xiomara Mercedes Blanco Delgado apeló el 02 de mayo de 2013, de la sentencia definitiva amonestación escrita. En tal sentido, ésta Alzada verifica que, efectivamente, se trata de una apelación contra una sentencia definitiva, razón por la cual declara su competencia para conocer el presente asunto. Así se decide. V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Establecido lo anterior, pasa esta Corte a pronunciarse sobre el recurso de apelación ejercido por la ciudadana Xiomara Mercedes Blanco Delgado. Al respecto, observa que la denuncia de la recurrente se circunscribió a la delación de la inmotivación y el falso supuesto de derecho que, a su juicio, determinaban la nulidad del Ho, razón por la que esta Alzada debe delimitar el contenido de los vicios alegados. relación al vicio de inmotivación, observa esta Corte que el mismo se produce cuando sentencia carece, de forma absoluta, de los argumentos de hecho y de derecho que adoptar su decisión. Por tanto, no se produce el vicio en referencia cuando, de la revisión de la decisión, puede colegirse Cuáles fueron las normas y los hechos que sirvieron de fundamento al fallo. El criterio que antecede ha sido recogido pacífica y reiteradamente por la Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, al establecer que la motivación es un requisito esencial para la validez del acto y que la inmotivación gravita en la ausencia absoluta de motivación; mas no se produce cuando éste contiene los elementos principales conocimiento de las razones sobre las cuales se basó la decisión (vid. sentencias N° 1576 del 20 de diciembre de 2012). Ahora bien, aprecia esta Corte que la denuncia de la recurrente se circunscribió a señalar que el a quo había incurrido en el vicio de inmotivación, al omitir un pronunciamiento sobre los alegatos esgrimidos tanto en su escrito de descargo como en la audiencia oral, referidos a la valoración del iter procesal cumplido en el proceso penal y que, a su decir, evidenciaban que la actuación de la apoderada de la víctima habia provocado una obstrucción de la continuación y conclusión del juicio. En este orden, esta Corte estima que si bien la recurrente alegó el vicio de inmotivación, los términos en los que planteó su denuncia van dirigidos a evidenciar una incęngruencia omisiva en la sentencia recurrida, razón por la cual, en virtud del principio jura novit curia, esta Alzada procederá a analizar la denuncia en cuestión como incongruencia omisiva. Con relación a dicho vicio, debe reiterarse el criterio ya sentado, según el cual, la actuación requerida al órgano jurisdiccional y la producida por éste, que deviene en una actuación lesiva por parte del sentenciador que está obligado a decidir de acuerdo con lo lo peticionado. (vid. sentencia de esta Alzada N° 5.de fecha 15 de mayo de 2012). Revisada la argumentación del fallo recurrido, constató esta Alzada que la determinación ducta desplegada por la Jueza denunciada en los siguientes términos: con 1. En fecha 29 de septiembre de 2011 el Tribunal a cargo de la Jueza investigada se' constituyó para la continuación de la audiencia de juicio, declaró la incomparecencia al sin tomar en consideración que ésta no había sido notificada. 2. Visto que el Tribunal no dio despacho el 30 de septiembre, en fecha 3 de octubre. del mismo año se constituyó para la continuación del juicio oral y dejó constancia en Acta de esa fecha de la incomparecencia de la representante legal de la víctima y la ausencia de las resultas de su notificación en el expediente, circunstancias que determinaron la declaratoria de interrupción del juicio y el diferimiento para su apertura el 14 de octubre de 2011. Ahora bien, esta Corte aprecia que el a quo examinó detalladamente la conducta de la Jueza en el proceso, lo que le permitió concluir que la denunciada había incurrido en página original (tal como se publicó) [Página 34] descuido injustificado en la tramitación del expediente, al obviar la ausencia de notificación de la victima para una de las actuaciones procesales, circunstancia que no logra ser núcleo de su denuncia de incongruencia omisiva, razón por la cual se desestima el vicio imputado a la recurrida. Asi se declara. Por otra parte, adujo la recurrente que la sentencia impugnada adolecía dél vicio de falso supuesto de derecho, por errónea interpretación del articulo 344 del/Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto el TDJ había obviado que su actuación sé había ajustado al contenido del referido artículo, que imponía la constitución del tribunal en la sala de audiencias para la continuación del juicio y la posterior verificación de la comparecencia de las partes a la audiencia, por lo tanto, a su entender, correspondía, declarar su aplazamiento para otra oportunidad en virtud de ausencia de representación de la víctima en el acto. Al respecto, resulta necesario señalar que tal vicio, falso supuesto de derecho, se (asontecido y son verdaderos, pero el juzgador los subsume en una norma errónea o inexistente para fundamentar su decisión, lo cual incide en la esfera de los derechos subjetivos de las partes. Este criterio ha sido reiterado por la Sala Politico Administrativa, al señalar que el vicio en referencia tiene lugar cuando la actuación impugnada se fundamenta en una norma que no es aplicable al caso concreto o cuando se le da a la norma un sentido que no tiene, por lo que se trata de uni vicio que afecta el motivo del acto y acarrea su nulidad, (vid. sentencias de números 1949, 423, 6507, 2189, 00169 de fechas 11 de diciembre de 2003; 11 de mayo de 2004; 13 de diciembre del 2005; 5 de octubre de 2006 y 14 de febrero de 2008, respectivamente). Para resolver la denuncia, debe atender esta Alzada al contenido del artícuio 344 del Código Orgánico Procesal Penal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.930 Extraordinario, de fecha 04 de septiembre de 2009, aplicable ratione/temporis, el cual dispone lo siguiente: "Articulo 344,- Apertura. En el dia y hora fijados, el Juez o Jueza profesional.se constituirá en el lugar/señalado para la audiencia y de ser el caso, tomará juramento a los escabinos o escabinas. deban intervenir, el Juez Presidente o Jueza Presidenta declarará abierto el debate, advirtiendo al imputado o imputada y al público sobre la importancia y significación del acto. Seguidamente, en forma sucinta, el o la Fiscal y el o la querellante expondrá.sus acusaciones y el defensor.o defensora su defensa". Como puede apreciarse, no establece el dispositivo in commento las reglas que fijan el procedimiento de notificación de las partes para la celebración de la audiencia, actuación impugnada por la denunciante, sino las regias para la apertura del debate oral y la obligación del juzgador de constituirse en el lugar señalado para que tenga lugar la audiencia, verificar la presencia de la partes y dar inicio a la fase del juicio oral. No forma parte del cuestionamiento de su conducta ni de la fundamentación de la recurrida, la actuación en concordancia o no con el artículo transcrito, sino el haber obviado en la actuación procesal la falta de notificación de la representación de la victima, razón por la que el alegato esgrimido por la Jueza en su escrito de fundamentación de la apelación no desvirtúa la actuación imputada por el a quo. Asl se declara. En atención a las consideraciones que preceden, esta Corte declara sin lugar el presente recurso de apelación y, siendo que no se advirtieron infracciones de orden-público y constitucional, confirma la sentencia N° TDJ-SD-2013-074 dictada por el TDJ en fecha 18 abril de 2013 que declaró la responsabilidad disciplinaria de la Jueza Xiomara Mercedes Bianco Delgado y le impuso la sanción de amonestación. Asi se decide. VI DECISIÓN Por los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Judicial administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: 1. Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 02 de mayo de 2013 por la ciudadana Xiomara Mercedes Blanco Delgado contra la sentencia publicada el 18 de abril de 2013, por el Tribunal Disciplinario Judicial, que declaró la RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de la ciudadana XIOMARA MERCEDES BLANCo DELGADO, Jueza Décima Octava de Primera Instancia en Funciones de Juicio dej/Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y le impuso la sanción de amonestación escrita. Disciplinario Jud-cial en fecha 18 de abril de 2013. Publíquese y Regístrese. Remitase copia certificada de la presente decisión al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder. Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, al Sistema de Registro de Información Disciplinaria. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el articulo 82 del Código.de Ética. Dada, firmada y sellada en el Salón de despacho de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de caracas, a los Vewktres (23) del mes de Haugo_de 2013. Años 203° de la independencia y 154° de la Federación. El Presidente TULIOJIMÉNEZ ROLRIGI de presidente ADELSO A. GUERRERO OMAÑA La Jueza-Ponehte ANA CECHIA ZULUETA RODRIGUEZ La Secretaria faue ENZZUELA AGIL MARTINEZ Expediente N° AP61-R-2013-000019. reentitres (z3) de mago'de dos rriltrece (zo3).siendo las TERRITORIO INSULAR FRANCISCO DE MIRANDA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TERRITORIO INSULAR FRANCISCO DE MIRANDA República Bolivariana de Venezuela, Jefatura de Gobierno del Territorio Insular Francisco. de Miranda. Despacho del Jefe de Gobiero. Resolución N° 004/2013. Los Roques 3 del mes de junio de 2013. Año 203° de la Independencia, 154 de la Federación y 14 de la Revolución Bolivariana. El Jefe de Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 5, numerales 3 y 7 del Decreto con Rango, Valor y. Fuerza de Ley de creación del Territorio Insular Francisco de Miranda. CONSIDERANDO Que la seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional, CONSIDERANDO Que la seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, página original (tal como se publicó) [Página 35] igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, CONSIDÈRANDO Que la atención de las fronteras es prioritaria en el cumplimiento y aplicación de los principios de seguridad de la Nación. RESUELVE Artículo 1. Constituir el Órgano Superior de Seguridad y Defensa. Integral del Territorio Insular Francisco de Miranda, como máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Territorio Insular Francisco de Miranda, en los asuntos relacionados con la defensa integral, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico. Artículo 2. El Órgano Superior de Seguridad y Defensa Integral del Territorio Insular Francisco de Miranda estará a cargo del Jefe de Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda, quien será la máxima autoridad, en todo lo relacionado con la seguridad y defensa integral del Territorio Insular Francisco de Miranda.. Artículo 3. El Órgano Superior de Seguridad y Defensa Integral del Territorio Insular Francisco de. Miranda tendrá su sede en la cuidad de Caracas, pudiendo sesionar de manera extraordinaria en cualquier otro lugar del Territorio Insular Francisco de Miranda, cuando así lo acuerde la mayoría calificada de sus miembros o el Jefe de Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda. Artículo 4. El Órgano Superior de Seguridad y Defensa Integral del Territorio Insular Francisco de Miranda, tendrá las siguientes atribuciones: 1. Asesorar al Jefe de Gobierno de Territorio Insular Francisco de Miranda, en la elaboración de los planes de seguridad, desarrollo y defensa integral, en los diversos ámbitos de la vida del Territorio Insular Francisco de Miranda. 2. Formular la política en materia de seguridad ciudadana, en armonía con los intereses y objetivos del Territorio Insular Francisco de Miranda para garantizar los fines supremos del Estado. 3. Elaborar el concepto estratégico del Territorio Insular Francisco de Miranda, conjuntamente con el Comando de la Zona de Defensa Integral (ZODI), teniendo como base vinculante el contenido de los principios fundamentales consagrados en la Constitución y las leyes de la República, con un avance progresivo que atienda la coyuntura y en sintonía con los intereses nacionales. 4. Actualizar cuando se requiera el concepto estratégico del Territorio Insular Francisco de Miranda, conjuntamente con el Comando de la Zona de Defensa Integral (ZODI) y sugerir lineamientos a los órganos que ejercen el Poder Público para la elaboración y ejecución de los planes que de él se deriven. 5. Constituir Comités de Trabajo Interinstitucionales y de Emergencia, los cuales estarán integrados por representantes de los distintos organismos involucrados en la problemática objeto de análisis y por otros expertos que se consideren necesarios. 6. Fomentar la participación activa y permanente de los órganos del Poder Público y de la sociedad, en los asuntos relacionados con la seguridad del Territorio Insular Francisco de Miranda. 7. Requerir de las personas naturales o jurídicas de carácter público y privado los datos, estadísticas e informaciones relacionados con la seguridad del Territorio Insular Francisco de Miranda, así como su necesario apoyo. 8. Asegurar que los sistemas de inteligencia, protección civil y demás organismos de seguridad ciudadana del Estado e instituciones afines, remitan los datos, informaciones y estadísticas relacionadas con la seguridad del Territorio Insular Francisco de Miranda. 9. Proponer al Presidente o Presidenta de la República intervenir aquellos órganos de seguridad que presten sus servicios en el Territorio Insular Francisco de Miranda, en cualquiera de sus niveles y espacios cuando las circunstancias lo ameriten. 10. Someter a la aprobación del Jefe de Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda, las directivas para colaborar con la movilización y desmovilización total o parcial, en los diversos ámbitos del Territorio Insular Francisco de Miranda. 11. Asegurar que los integrantes del Sistema de Protección Civil en sus diferentes niveles, programen y coordinen con el órgano respectivo, los recursos públicos y privados necesarios, a fin de prevenir, mitigar, dar respuestas y recuperar los daños ocasionados por eventos de origen natural, técnico y social, que obligatoriamente requieran del apoyo de las estructuras políticas, técnicas, sociales y económicas del Territorio Insular Francisco de Miranda. 12.Fomentar la formación de equipos multidisciplinarios especializados en seguridad y defensa integral, del sector público y privado dentro de la jurisdicción del Territorio Insular Francisco de Miranda. 13. Dictar el reglamento para su organización y funcionamiento. Francisco de Miranda. Artículo 5. El Órgano Superior de Seguridad y Defensa Integral del Territorio Insular Francisco de Miranda, estará conformado por las siguientes áreas: 1. Área Política. 2. Área Económico Productiva. 3. Área Social. 4. Área de Seguridad. Artículo 6. El Área Política del Órgano Superior de Seguridad y Defensa Integral del Territorio Insular Francisco de Miranda, tendrá a su cargo las siguientes funciones: 1. Someter a consideración del Órgano Superior de Seguridad y Defensa Integral del Territorio Insular Francisco de Miranda, los estudios relacionados con la estrategia en materia política del Territorio Insular Francisco de Miranda, para la consecución, preservación y mantenimiento de los objetivos señalados por el Jefe de Gobierno. 2. Asesorar al Órgano Superior de Seguridad y Defensa Integral del Territorio Insular Francisco de Miranda, en todo lo relativo a las decisiones políticas como. alta dirección en el aspecto nacional e internacional, orientadas sobre los lineamientos de los planes de seguridad y defensa del Territorio Insular Francisco de Miranda. 3. Someter a la consideración del Órgano Superior de Seguridad y Defensa Integral del Territorio Insular Francisco de Miranda, la orientación de la población en general del Territorio Insular Francisco de Miranda, sobre las directrices por las cuales debe regirse, en caso de tener que afrontar un conflicto interior o exterior, así como coordinar actividades cuando hubiere sido declarado el estado de emergencia o decretada la movilización, conforme con lo dispuesto en la Constitución. Artículo 7. El Área Económico Productiva del Órgano Superior de Seguridad y Defensa Integral del Territorio Insular Francisco de Miranda, tendrá a su cargo las siguientes funciones: 1. Estudiar, definir y someter a consideración del Órgano Superior de Seguridad y Defensa Integral del Territorio Insular. Francisco de Miranda, las normas administrativas por las cuales se regirán las actividades económicas en el Territorio Insular Francisco de Miranda. 2. Asesorar al Órgano Superior de Seguridad y Defensa Integral. del Territorio Insular Francisco de Miranda, en todos los aspectos económicos y financieros para el desarrollo de los planes de seguridad y defensa integral del Territorio Insular Francisco de Miranda. 3. Coordinar y vigilar la ejecución de las actividades económico-financieras, en especial cuando hubiere sido declarado el estado de emergencia o decretada la movilización, en el Territorio Insular Francisco de Miranda conforme con lo dispuesto en la Constitución. Artículo 8. El Área Social del Órgano Superior de Seguridad y Defensa Integral del Territorio Insular Francisco de Miranda, tendrá a su cargo las siguientes funciones: 1. Formular-la estrategia correspondiente para la preparación psicológica y moral de la población, así como el fortalecimiento de la conciencia de los habitantes del Territorio Insular Francisco de Miranda, sobre la importancia de todos los problemas inherentes a la seguridad y defensa del Territorio Insular. Insular Francisco de Miranda, en todo lo concerniente al ámbito social para el desarrollo de los planes de seguridad y defensa del Territorio Insular Francisco de Miranda. 3. Coordinar y vigilar la ejecución de las actividades inherentes al ámbito social, especialmente cuando hubiere sido declarado el estado de emergencia o decretada la movilización en el Territorio Insular Francisco de Miranda. Artículo 9. El Área de Seguridad del Órgano Superior de Seguridad y Defensa Integral del Territorio Insular Francisco de Miranda, tendrá a su cargo las siguientes funciones: 1. Formular la estrategia en materia de seguridad para el Territorio Insular Francisco de Miranda; a fin de facilitar el empleo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en caso de conflicto interior o exterior. 2. Asesorar al Órgano Superior de Seguridad y Defensa Integral del Territorio Insular Francisco de Miranda, en todo lo concerniente en materia de seguridad en el Territorio Insular Francisco de Miranda, para su recomendación al Consejo de Defensa de la Nación, en los planes de seguridad y defensa integral de la Nación. 3. Coordinar con las demás áreas en todo lo relacionado a la movilización militar en el Territorio Insular Francisco de Miranda. Artículo 10. El Órgano Superior de Seguridad y Defensa Integral del Territorio Insular Francisco de Miranda, contará con una Secretaría Permanente y ejercerá las siguientes atribuciones: 1. Informar a los miembros del Órgano Superior, con la debida antelación, indicando lugar, fecha y hora de la celebración de las reuniones ordinarias y extraordinarias. 2. Comunicar a los miembros del Órgano Superior, con la debida antelación, los asuntos a discutirse en las reuniones, suministrándoles la información necesaria. 3. Asistir a las reuniones del Órgano Superior. 4. Recibir las respectivas comunicaciones de los respectivos miembros del Órgano Superior. página original (tal como se publicó) [Página 36] 5. Coordinar, organizar y elaborar la Agenda del Órgano Superior. 6. Redactar las Actas que se conformen en las reuniones del Órgano Superior, dejando expresa constancia de la decisión acordada mediante una relación sucinta del asunto sometido a consideración. 7. Organizar todo lo relativo al archivo de las actas: 8. Transmitir a los miembros del Órgano Superior las instrucciones emitidas por el Jefe de Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda. Artículo 11. Todo lo relativo a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Órgano Superior de Seguridad y Defensa Integral del Territorio Insular Francisco de Miranda, así como, el quórum para sesionar válidamente se regulará mediante el Reglamento Interno. Artículo 12. Las Áreas Órgano Superior de Seguridad y Defensa Integral del Territorio. Insular Francisco de Miranda, en conjunto con las Secretarías; Coordinaciones; Direcciones; Consultoría Jurídica y Sub-Secretarias de la Jefatura de Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda, podrán formar equipos con la finalidad de realizar actividades afines con sus atribuciones, para permitir una estrecha relación y colaboración entre sí, y un eficaz cumplimiento de las funciones que serán establecidas por vía reglamentaria. Dado en Los Roques, a los 3 días del mes de junio de dos mil trece. Años 203° de la Independencia, 154° de la Federación y 14° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese. ARMANDO JSEAGUNA LAGUN VceAmtrante Jefe de Gobierno REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TERRITORIO INSULAR FRANCISCO DE MIRANDA República Bolivariana de Venezuela, Jefatura de Gobierno del Territorio Insular Francisco. de Miranda. Despacho del Jefe de Gobierno. Resolución 005/2013. Caracas 3 de junio de 2013. Año 203° de la. Independencia, 154° de la Federación y 14° de la Revolución Bolivariana. El Jefe de Gobiemno del Territorio Insular Francisco de Miranda, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 5, numeral 4 del Reglamento del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de creación del Territorio Insular Francisco de Miranda, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 3, numeral 4 del Reglamento Orgánico de la Jefatura de Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda. RESUELVE Artículo 1. Se designa al ciudadano REINALDO ANTONIO SEGOVIA TOVAR, titular de la cédula de identidad N° 5.891.151, como miembro del permanente del Área Política del Órgano Superior de Seguridad y Defensa Integral del Territorio Insular Francisco de Miranda. Artículo 2. Se designa al ciudadano LUÍS ANTONIO NUÑEZ GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° 6.398.751, como miembro del permanente del Área Económico. Productiva del Órgano Superior de Seguridad y Defensa Integral del Territorio' Insular Francisco de Miranda. Artículo 3. Se designa al ciudadano ALCIBÍADES JESÚS PAZ, titular de la cédula de identidad N° 5.803.217, como miembro del permanente del Área Social del Órgano Superior de Seguridad y Defensa Integral del Territorio Insular Francisco de Miranda. Artículo 4. Se designa al ciudadano EDGAR ALBERTO VELÁSQUEZ DÍAZ, titular de la cédula de identidad N° 11.197.149, como miembro del permanente del Área de Seguridad del Órgano Superior de Seguridad y Defensa Integral del Territorio Insular Francisco de Miranda. Artículo 5. Se designa al ciudadano MIGUEL DAVID OBELMEJIAS LATORRE, titular de la cédula de identidad N° 10.112.706, como Secretario Permanente del Órgano Superior de Seguridad y Defensa Integral del Territorio Insular Francisco de Miranda. Artículo 6.En virtud de las designaciones, los. ciudadanos identificados en la presente- Resolución quedan facultados para ejercer las atribuciones inherentes a dichos cargo. Artículo 7. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese. ARMANDO JOSIAGUNA LAGU Viceamirante Jefe.degbierno AVISOS Exp.: 3752 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA Maracaibo, nueve (09) de anero de dos mil trece (2013) 202" y 153°. CARTEL DE EMPLAZAMIENTO SE HACE SABER: A Ios Cludadanos GERARDO JOSÉ URDANETA VILLASMIL y BETULIA BETILDE URDANETA DE URDANETA, venezolanos, mayores de edad, V. 12.622.364 y V-13.081.022 respectivamente, domiciliado9 en el Municipio Maracaibo del estado Zulia, para que comparezca dentro de los tres (03) días de despacho siguientes a darse por citado; a cualquiera de las horas destinadas por este Tribunal para despachar de ocho y treinta minutos de la mañana (08:30 am) a tres y treinta minutos de la tarde (03:30 pm): Se le advierte a la parte solicitante que de no .comparecer en ei término señalado por la Ley, se le designara Defensor Público Aararlo_ con quién se entenderá la citación, todo de conformidad con lo previsto en el Articulo 202 de la Ley de Tierra y Desarrolio Agrario; a fin de dar contestación a la demanda incoada en su contra dentro de los cinco (05) dias de despacho siguientes a CONTRATO y COBRO DE BOLÍVARES sigue la Sociedad Mercantil BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO contra lOS CiUdadanos GERARDO JOSÉ URDANETA VILLASMIL y BETULIA BETILDE URDANETA DE URDANETA. Publíquese en el diario La Verdad de esta localidad y en la Gaceta Oficial Agraria, de nformidad con los Articulos 2ó2 de la Ley de Tierra y Desarrollo.- Jue que Castillo Soto La Secretaria Mgs. Maria Josb Gómez Rojas Exp.: 3778/lore REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA Maracaibo, diez (10) de enero de dos mil trece (2013) 202° y 153° CARTEL DE EMPLAZAMIENTO SE HACE SABER: A los CiUdadanOs GERARDO JOSÉ URDANETA VILLASMIL, BETULIA BETILDE URDANETA de URDANETA, JUAN JAVIER URDANETA VILLASMIL y KAREN ELAYNE GUTIERREZ de URDANETA venezolanos, mayores de edad. titulares de las. cédulas de identidad Nos. V-12.822.364, V-13.081.022, V-9.723.988 y V-13.912.844 respectivamente, domiciliados en el Municipio Maracaibo del estado página original (tal como se publicó) [Página 37] Zulia, para que comparezca dentro de los tres (03) dias de despacho siguientes a darse por citado; a cualquiera de las horas destinadas por este Tribunal para despachar de ocho y treinta minutos de la mañana (08:30 am) a tres y treinta minutos de la tarde (03:30 pm). Se le advierte a la parte solicitante que de no comparecer en el término señalado por la Ley, se le designara Defensor Público Agrarlo_ con quién se entenderá la citación, todo de conformidad con lo previsto en el Articulo 202 de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario; a fin de dar contestación a la demanda incoada en su contra dentro de los cinco (05) dias de despacho siguientes a la constancia en actas de la citación. Todo en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES sigue la sociedad mercantil BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO contra Ios Ciudadanos GERARDO JOSÉ URDANETA VILLASMIL y BETULIA BETILDE URDANETA DE URDANETA. Publíqueee.en el diario La Verdad de esta localidad y en la Gacete Oficial Agraria, de confgîmidad copjos Articulos 202 de la Ley de Tierra y Desarrollo.- Luls Enrique Castillo Soto Migs. Maria oe Gómez Rojas Exp. 3745.- C A R T E L D E EMPLAZAMIENTO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA SE HACE SABER: A IOS CIUdadanOs GERARDO JOSÉ URDANETA VILLASMIL Y BETULIA BETILDE URDANETA DE URDANETA, venezolanos, mayores de edad, portadores de la cédula de identidad Nros. V- 12.622.384, 13.081.022, respectivamente, que este Tribunal por auto de fecha treinta (30) de abril de dos mil trece (2013), ordenó emplazarios por carteles, a fin de que comparezcan por ante este Tribunal, en el término de tres (03) días de Despacho para darse por citado, contados a partir de la constancia en actas de haberse cumplido la última formalidad. Se le advierte que de no comparecer en el término señalado por la Ley, su citación se entenderá con el funcionario o funcionaria al cual corresponda la defensa, todo de conformidad con lo previsto en el articulo 202 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Se hace saber con relación al emplazamiento, que el acto de contestación de la demanda se llevará a cabo dentro de los cinco (05), dias de Despacho sigulentes, contados a partir de la constancia en actas de haberse cumplido la última citación a cualquiera de las horas destinadas por este Tribunal para despachar, vale decir, de ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 am), hasta las tres y treinta minutos de la tarde LEY LEV (3:30 pm).- Todo en el juiCio de RESOLUCION DE CONTRATO, que sigue por ante este Tribunal la sociedad mercantil BANCo oCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO BNIVERSAL C.A., en su contra. Publiquese en la LEZ, BONRIQUE CASTILLO SOTO. LA SECRETARIA ABOG. MARIA JOSE GOMEZ ROJAS. Exp.3759.- C A R T E L D E EMPLAZAMIENTO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA SE HACE SABER: A Ios CiudadanOs GERARDO JOSÉ URDANETA VILLASMIL Y BETULIA BETILDE URDANETA DE URDANETA, venezolanos, mayores de adad, portadores de la cédula de identidad Nros. V- 12.622.364, V- 13.08t.022, respectivemnente, que este Tribunal por auto de fecha diez (10) de enero de dos mil trece (2013), ordenó emplazarla por carteles, a fin de que comparezca por ante este Tribunal, en el término de tres (03) días de Despacho para darse por citado, contados a partir de la constancia en actas de haberse cumplido la última formalidad. Se le advierte que de no comparecer en el término señalado por la Ley, su citación se entenderá con el funcionario o funcionaria al cual corresponda la defensa, todo de conformidad con lo previsto en el articulo 202 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Se hace saber con relación al emplazamiento, que el acto de contestación de la demanda se llevará a cabo dentro de los cinco (05), días de Despacho siguientes, contados a partir de la constancia en actas de haberse cumplido la ultima citación a cualquiera de las horas destinadas por este Tribunal para despachar, vale decir, de ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 am), hasta las tres y treinta minutos de la tarde (3:30 pm).- Todo en el juicio de coBRO DE EoLÍVARES, que sigue por ante este Tribunal la sociedad mercantil BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL C.A., en sU contra. Publiquese en Ía GACETA OFICIAL RIAy el diario LA VERDAD de esta localidad.- NRIQUE CASTILLO SOTO. LA SECRETARIA, Aas ABOG. MARIA JO$E GOMEZ ROJAS: página original (tal como se publicó) [Página 38] A LA VENTA en las taquillas de la Gaceta Oficial LEY ORGÁNICA de EDUCACIÓN GACETA OFICIAL DELEREPÉALICA BOLFVANLANA DE VENIZAELA página original (tal como se publicó) [Página 39] A LA VENTA EN LAS TAQUILLAS DE LA GACETA OFICIAL LEY Orgánica de la FUERZA ARMADA NACIONAL LEY del Régimen Prestacional de VIVIENDA y HÁBITAT GACETA OFICIAL DE LAHXABIISEIADCYONZIELA Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrolo del Sistema Microfinanciero. Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Ley de Tierras y Desarrollo Agragario. Ley Orgánica de Hidrocarburos. Bolivariana GACÊTA OFICIAL E LAAE A LEY de reforma parcial de la ley de SEGURO SOCIAL GACETA OFICIAL DE LAAE página original (tal como se publicó) [Página 40] DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXL Número 40.180 MES VIII Caracas, lunes 3 de junio de 2013 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas - Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 40 Págs. costo equivalente a 16,45 % valor Unidad Tributaria DE VENEZUELA. Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles; sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único. Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial. Articulo 13. En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea conveniente porel Ejecutivo Nacional. Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos. El SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTÀ NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados. página original (tal como se publicó)