[Página 1] AÑO CXL MES VI Caracas, miércoles 20 de marzo de 2013 SUMARIO Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Resolución mediante la cual se da por terminadas las funciones del señor Christian Darles, como Cónsul Honorario de la República Francesa en la ciudad de Carúpano, con circunscripción consular en el estado Sucre. Resolución mediante la cual se da por terminadas las funciones del señor Jean Fenjves Baruch, como Cónsul General Honorario de Hungría, en la ciudad de Caracas, con circunscripción en todo el territorio nacional. Resolución mediante la cual se da por terminadas las funciones de la señora Rossella Cotogno, como Vicecónsul Honorario de la República Italiana en la ciudad de Porlamar, con circunscripción consular en el estado Nueva Esparta. Resolución mediante la cual se otorga el consentimiento para que la Embajada de Francia, venda dos (02) inmuebles consistentes de dos (02) oficinas, ubicadas en la dirección que en ella se indica. Resolución mediante la cual se otorga el consentimiento para el cambio de categoria, de Cónsul Honorario a Cónsul General Honorario de la República de Filipinas, al señor Andrés Duarte Vivas. Resolución mediante la cual se otorga el consentimiento para trasladar la sede del Consulado Honorario de la República de Filipinas en Puerto Cabello, con circunscripción en los estados que en ella se mencionan, a la ciudad de Caracas. Resolución mediante la cual se otorga el Exequátur de Estilo al señor JuanPablo Valdivieso Valdivieso, para el ejercicio de sus funciones como Cónsul General de la República de Ecuador en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en los estados que en ella se señalan. Resoluciones mediante las cuales se otorga el Exequátur de Estilo a las señora que en ellas se indican, para el ejercicio de sus funciones como Cónsules Generales de la República de Ecuador Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas Superintendencia de la Actividad Aseguradora Providencia mediante la cual se sanciona a la empresa Seguros Federal, C.A., con multa por la cantidad que en ella se menciona. Superintendencia Nacional de Valores Resolución mediante la cual se califica como acreencia la cantidad que en ella se menciona, del ciudadano Rodolfo Sotillet, en la sociedad mercantil Multinvest Casa de Bolsa, C.A. (liquidada). Resolución mediante la cual se revoca la autorización otorgada por esta Superintendencia, a la sociedad mercantil Sigo S.A. para hacer oferta pública de obligaciones quirografarias al portador, por el monto que en ella se indica. BANCOEX Resolución mediante la cual se aprueba la modificación de los Miembros de ta Comisión de Contrataciones Públicas del Banco de Comercio Exterior, C.A., quedando integrada por Ministerio del Poder Popular para el Turismo Resolución mediante la cual se establecen los requisitos y parámetros a seguir en el proceso de categorización para los prestadores de servicios de alojamiento turístico, por parte de este Ministerio. Resolución mediante la cual se designa al ciudadáno Lisandro Solórzano, como Miembro Principal del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Turismo (INATUR). Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras INIA Providencia mediante la cual se nombra al ciudadano Patricio Rodrigo Leighton González, como Jefe de Campo Experimental Ciudad Bolivia, de la Unidad Ejecutora del estado Barinas de este Instituto (INIA-Barinas). Número40.132 Auto Decisorio mediante el cual se declara la Responsabilidad Administrativa de las ciudadanas que en él se mencionan, y se acuerda imponer multa por la cantidad que en ella se señala. Ministerio del Poder Popular para Vivienda y-Hábitat Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José Carlos Melo, como Presidente de la Junta Directiva de la Fundación «Fondo Administrado de Asistencia Médica Integral del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat (FAAMI-SNVH)», adscrito a este Ministerio. Resolución mediante la cual se ordena la ocupación de urgencia de la obra «Proyecto Habitacional La Florencia Barrio Piritu», ubicada en la dirección que en ella se señala, conformada por una superficie de terreno que en ella se indica. Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución N° 012, de fecha 12 de marzo de 2013, en los términos que en ella se especifican. Resoluciones mediante las cuales se delega en los ciudadanos que en ellas se señalan, las atribuciones y firmas de los actos y documentos que en ellas se mencionan. Ministerio del Poder Popular para la Alimentación Resolución mediante la cual se aprueba la publicación del Traspaso Presupuestario de Gastos de Capital de este Ministerio, por la cantidad que en ella se señala. Ministerio del Poder Popular para la Cultura Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Alberta Apolina López Garcia como Directora General de Diseño de Políticas Culturales de Desarrollo Humano del Viceministerio de Cultura para el Desarrollo Humano de este Ministerio. Resolución mediante la cual se designa a los Miembros del Consejo Directivo de la Fundación Misión Cultura, el cual quedará conformado por los ciudadanos que en ella se indi an. Fundación Casa del Artista Providencia mediante la cual se nombra a los integrantes de la Comisión de Contrataciones de esta Fundación, para la adquisición de bienes muebles y la prestación de servicios distintos a los profesionales y laborales año 2013. Tribunal Supremo de Justicia Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que fija con efectos aplicativos hacia el futuro, de notificar al Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y al representante de la Zona Educativa del lugar, de toda acción derivadas de contratos de arrendamientos de inmuebles utilizados como centros de enseñanzas donde el efecto este dirigido al desalojo del inmueble. Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia gue fija la interpretación vinculante del Articulo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ministerio Público Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Licenciada Yurbanis Carolina Pérez, Jefe de División de la Unidad Administradora Desconcentrada del Ministerio Público del estado Anzoátegui (Encargada). Resolución mediante la cual se designa con carácter de Suplente al ciudadano Abogado Eduin Villasmil, en la Fiscalia Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Apure, con sede en San Fernando de Apure. Resolución mediante la cual se traslada al_ciudadano Abogado Rubén David Pérez Morales, del cargo de Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalia Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial que en ella se indica; al cargo de Fiscal Auxiliar Superior de Investigación. Territorio Insular Francisco de Miranda Resolución mediante la cual se prohibe el uso de motores fuera de borda que superen los setenta y cinco ceballos de fuerza (75 Hp) de potencia. Avisos página original (tal como se publicó) [Página 2] MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DIRECCION DEL DESPACHO DEL MINISTRO ORC. N° 03 1-A Caracas, 1 3 FEB 2013 202° y 153° RESUELTO El Director General del. Despacho del Ministerio del Poder Popular. para de junio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de establecido en el literal a) del articulo 25 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y tomando en consideración la participación del cese de terminadas las funciones del señor CHRISTIAN DARLES, como Cónsul Honorario de la República Francesa en la ciudad de Carúpano, con circunscripción consular en el estado Sucre. Comuniquese y pyblíquese, TEMÍR ALFREDOÉORRAS PONCELEON DIRECTOR GENERAL DEL DESPACHO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES RÉPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA.RELACIONES.EXTERIORES DIRECCION DEL DESPACHO DEL MINISTRO ORC. N°0 3 1 - B Caracas, 1 3 FEB 2013 202° y 153° RESUELTO El Director General del Despacho del Ministerio. del Poder. Popular para Relaciones Exteriores, de conformidad con la Resolución DM N° 141 de fecha 03 de junio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de VenezuelaN° 38.944, de fecha 03 de junio de 2008. y de acuerdo con lo establecido en el literal a) del articulo 25 de la Convención de Viena sobre funciones, por fallecimiento, realizada por el Gobierno de Hungría, da por terminadas las funciones del señor JEAN FENJVES BARUCH, como Cónsul General Honorario de ese país, en la ciudad de Caracas, con circunscripción en todo el territorio nacional. TENIRALFREP PORRAS PONCELEON IRECTOGENERAL DEL DESPACHO MINISTERIO DEL'ODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES ON DFL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DIRECCION DEL DESPACHO DEL MINISTRO ORC.N° 0 3 1 - C Caracas, 1 3 FEB 2013 202° y 153° RESUELTO El Director General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, de conformidad con la Resolución DM N° 141 de fecha 03 de junio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.944, de fecha 03 de junio. de 2008, y de acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 25 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y tomando en consideración la participación del cese de. terminadas Ias funciones del señora ROSSELLA COTÓGNO, como Vicecónsul Honorario de la República Italianà en la ciudad de Porlamar, con circunscripción consular en el estado Nueva Esparta. Comuníquese y publíquese, R AEFREDO GORRAS PONCELEON ECTERGENERAL DEL DESPACHO EPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO DM/DP N° 035 Caracas 19 de febrero de 2013 202° y 153° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 9.351 de fecha 15 de enero de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 40.090 de fecha 15 de enero de 2013, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 62 y 77 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. CONSIDERANDO La solicitud de autorización para la venta de las dos oficinas donde funciona el Servicio Económico de la Embajada de Francia en Caracas, a través de la Nota Verbal N° 18/RE, de fecha 08 de enero de 2013, ubicada en Avenida Francisco de Miranda, Edificio Parque Cristal, Torre Oeste, Piso 5, Oficinas 5-1 y 5-6. Urbanización Los Palos Grandes, Municipio Chacao, Estado Miranda. e RESUELVE Otorgar el consentimiento para que la Embajada de Francia, venda dos (02) inmuebles consistentes de dos (02) oficinas ubicadas en -Avenida Francisco de Miranda, Edificio Parque Cristal, Torre Oeste, Piso 5,Oficinas 5-1 y 5-6. Urbanización Los Palos Grandes, Municipio Chacao, Estado Miranda. Sotwniquey Publíquese AUAMILANO MINISTRO DEL PODERPOPULAR ARA RELACIONES EXTERIORES REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO ORC. N° 036 Caracas, 19 de febrero de 2013 202° y 153° RESUELTO El Ministro del Poder Popular para Relaciones'Exteriores, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 9.351, de fecha 15 de enero de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.090 de fecha 15 de enero de 2013, procediendo según lo previsto en los articulos 62 y 77 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 9, 10 y 24 literal a) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, otorga el consentimiento para ei cambio de categoría, de Cónsul Honorario a Cónsul General Honorario de la República de Filipinas, al SeñOr ANDRÉS DUARTE VIVAS. EASAUAMILANO MINISTRO DEL PODERPOPULAARA RELACIONES EXTERIORES página original (tal como se publicó) [Página 3] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO ORC. N°03 9 Caracas, '9 FEB 2013 202° y 153° RESUELTO El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, de conformidad con lo. dispuesto en el Decreto N° 9.351, de fecha 15 de enero de 2013, publicado en ia Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.090 de fecha 15 de enero de 2013, procediendo según lo previsto en los artículos 62 y 77. numeral 19. del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, de acuerdo con lo establecido en los numerales 2 y 3 del Artículo 4 de la Convención de Viena sobre Consulado Honorario de la República de Filipinas en Puerto Cabello, con circunscripción en los estados Carabobo y Zulia, de la ciudad de Puerto Cabelio a la ciudad de Caracas; ampliar la circunscripción del Consulado Honorario de la República de Filipinas, que actualmente corresponde a los estados Carabobo y Zuiia, a Todo ei Terriionc Nacionai; y modificar ia clase dei Consuladc rionorario de la República de Filipinas de Consulado. Honorario a Consulado General Honorario Co publíquese, LESDAUAMILANO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DIRECCIÓN DEL DESPACHO ORC. N° 0 4 4 Caracas, 1 9 MAR2013 202° y 154° RESUELTO El Director General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, actuando de conformidad con la delegación contenida en la Resolución DM N° 141 de fecha 03 de junio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.944 de fecha 03 de junio de 2008, y de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del Artículo 12 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, otorga ei Exequátur de Estilo al Señor JUAN PABLO VALDIViESO VALDIVIESO, para el ejercicio de sus funciones como Cónsul General de la República de Ecuador en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en los estados de Mérida, Táchira, Barinas, Apure, Portuguesa y Trujillo. TEMIRALERËDO PORRAS PONCELEON MINISTERIO DEPODBR OPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES REPÚBLICA BOLIVARIAÑA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONÊS EXTERIORES. DIRECCIÓN DEL DESPACHO ORC. N° 0 4 3 Caracas, 1 9MAR 2013 202° y 154° RESUELTO El Director General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, actuando de conformidad con la delegación contenida en la Resolución DM N° 141 de fecha 03 de junio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana. de Venezuela Nº 38.944 de fecha 03 de junio de 2008, y de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del Artículo 12 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, otorga el Exequátur de Estilo a la señora ANNA ANGELA CASTILLO PALMA para el ejercicio de sus funciones como Cónsul Ganéral de la República de Ecuador en la ciudad de Valencia, con circunscripción consular en los estados Carabobo, Lara, Yaracuy, Cojedes, Aragua, Falcón y Guárico. TEMIR ALREDO PORRAS PONCELEON MINISTERIO DÉL RODGR POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPIULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DIRECCIÓN DEL DESPACHO ORC. N° 0 4 5 Caracas, 1 9 MAR 2013 202° y 154º RESUELTO El Director General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, actuando de conformidad con la delegación contenida en la Resolución DM N° 141 de fecha 03 de junio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.944 de fecha 03 de junio de 2008, y de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del Artículo 12 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, otorga el- Exequátur de Estilo a la señora MARÍA DE LOURDES PORTALUPPI República de Ecuador en la ciudad de Caracas, con circunscripción consular en el Distrito Capital y en los estados Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Sucre, Delta Amacuro, Vargas, Amazonas y Nueva Esparta. Comuniquese y publiquese, EMIR AÉRRDO PORRAS PONCELEON DIRECTERGENERAL DEL DESPACHO MINISTERIORDEL POGE POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA 11DIC.2012 N° FSAA-2-30 0 3.6 7.7 Caracas, 202° y 1530 I. ANTECEDENTES. Visto que mediante Providencia N° SAA-2-3-001302 de fecha 04 de mayo de 2012, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora ordenó la apertura de un procedimiento administrativo a la empresa SEGURos FEDERAL, C.A., toda vez que de la denuncia interpuesta por el ciudadano 3osÉ GONCALVES, titular de la Cédula de Identidad N° E- 80.584.935, se encontró elementos suficientes para. presumir que la mencionada aseguradora podría haber incurrido en los supuestos de elusión y retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, con ocasión del siniestro ocurrido al vehículo propiedad del prenombrado ciudadano, amparado con la Póliza de de Seguros de Casco de Vehículos. Terrestres N° 08-29- 1000530. página original (tal como se publicó) [Página 4] Visto que esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora inició una averiguación administrativa a la referida empresa de seguros, mediante Providencia N° FSAA-2-3-001379 de fecha 07 de mayo de 2012, a fin de determinar si aquella incurrió en elusión o retardo el cumplimiento de sus obligaciones, respecto a la reclamación efectuada por el ciudadano GIANNIs LEGUIZA SALAZAR, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.846.508, en virtud del siniestro ocurrido a su vehículo, amparado con la Póliza de de Seguros de Casco de Vehículos Terrestres N° 04-30- 1000005, Certificado N° 60. Las referidas averiguaciones administrativas fueron notificadas a la empresa SEGURoS FEDERAL, C.A. en fechas 16 y 25 de mayo de 2012, mediante oficios números SAA-2-3-5675-2012 y SAA-2-3-5603-2012, respectivamente, indicándole la apertura del lapso probatorio de diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, para que expusiera sus pruebas y alegar a sus razones, conforme lo establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Visto que es deber de la Administración Pública velar que sus actuaciones se ajusten a los principios rectores de la actividad administrativa, entre los cualesdestacan: los principios de eficacia, imparcialidad y economía. Visto que" la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos contempla la acumulación de procedimientos, a fin de evitar decisiones contradictorias y cuando se evidencie que los asuntos tramitados guardan relación íntima o conexa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, que establece: "Cuando el asunto sometido a la consideración de una oficina administrativa tenga- relación íntima o conexión con cualquier -otro asunto que se tramite en dicha oficina, podrá el jefe de la dependencia, de oficio o a, solicitud de parte, ordenar la acumulación de ambos expedientes, a fin de evitar decisiones contradictorias.". Visto que la apertura de las averiguaciones administrativas iniciadas para determinar si la empresa SEGURos FEDERAL, C.A. se encuentra incursa en los supuestos previstos en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros (vigente para la época en que se suscitaron los acontecimientos), guardan conexión entre sí, por tratarse de asuntos que ameritan una sola decisión, encontrándose en el plazo para ello, y tomando en cuenta la posibilidad legal que faculta al jefe de la oficina administrativa donde se encuentran los asuntos conexos, .de acumular de oficio los expedientes que guarden relación, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora a fin de evitar decisiones contrarias sobre el asunto que se averigua, ordena la acumulación de los procedimientos en cuestión, de conformidad con lodispuesto en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por lo que las prenombradas averiguaciones administrativas se decidirán en la presente providencia.- II. CONSIDERACIONES PREVIAS AL FONDO. Antes de entrar a conocer los hechos, se hace necesario que este Organismo de Supervisión de la Actividad Aseguradora realice algunas consideraciones previas: Visto que en fecha 29 de julio de 2010, fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5:990 Extraordinario, la Ley de la Actividad Aseguradora, reimpresa por error material en fecha 05 de agosto de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.481, cuyo artículo 1 dispone como su objeto establecer el marconormativo para el control, vigilancia, supervisión, autorización, regulación y funcionamiento de la actividad aseguradora, desarrollada en el territorio de la República, o materializada en el extranjero, en tutela del interés general representado por los derechos y garantías de los tomadores, asegurados y beneficiarios de los contratos de seguros, de reaseguros, los contratantes de los servicios de medicina prepagada y de los asociados de las cooperativas que realicen actividad aseguradora. Visto-que la Ley de la Actividad Aseguradora, en el numeral tercero de sus disposiciones finales, establece que la misma entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezueia. Visto que la prenombrada Ley dispone la derogatoria de la Ley de Empresas de Séguros y Reaseguros, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.882 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 1994, reimpresa por error de trascripción y publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.865 Extraordinario de fecha 8 de marzo de 1995. Visto que él. artículo 7, numeral 2, de la Ley de la Actividad Aseguradora establece como atribución del Superintendente de la Actividad Aseguradora, dictar los actos administrativos generales o particulares inherentes a las competencias que a este Organismo le atribuye la precitada Ley. Visto que los hechos que a continuación se transcriben, ocurrieron bajo la vigencia de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros de fecha 08 de marzo de 1995, quien suscribe, en su carácter de Superintendente de la Actividad Aseguradora, acuerda que la situación denunciada sea examinada bajo la luz de ésta, la cual resulta aplicabie para la fecha en que se suscitaron los hechos. III. ALEGATOS DE LA EMPRESA DE SEGUROS: Visto que estando dentro del lapso legal para esgrimir sus alegatos y pruebas en defensa de sus derechos e intereses, la representación de la empresa SEGURos FEDERAL, C.A., expuso, entre otras cosas, los siguientes planteamientos, los cuales se dan aquí por reproducidos de manera resumida, ya que reposan en los escritos que fueron consignados y que corren insertos en cada uno de los expedientes administrativos instruidos al efecto. ESCRITO No 2012-30093 de fecha 14 de junio de 2012. La representación de la empresa SEGURos FEDERAL, C.A. hizo una referencia cronológica sobre la situación jurídica a la que se encuentra sometida la aseguradora, destacando que se encuentra bajo un régimen de administración especial por parte del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, como consecuencia del Decreto N° 7.399 defecha 23 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.580, mediante el cual se ordenó la adquisición forzosa de los activos tangibles e intangibles, bienes, muebles e inmuebles, bienhechurías y todos aquellos bienes presuntamente propiedad de la aseguradora. En vista de lo anterior señaló que existen demoras involuntarias en el compromiso de las obligaciones asumidas con los asegurados, titulares y beneficiarios de las pólizas de seguros, para lo cual se están estableciendo cronogramas de pagos para honrar esos compromisos, dando prioridad al área de salud, según lo ordenado en el mencionado Decreto. Reiteró el compromiso de fa aseguradora de honrar las obligaciones adquiridas con los contratantes, asegurados, . tomadores de pólizas que sean procedentes, sujeto a la. disponibilidad de recursos, dado el universo de obligaciones que hoy registra la empresa. Respecto al siniestro recamado por el ciudadano JosÉ GONCALVES, titular de la Cédula de Identidad N° E- 80.584.935, indicó que en fecha 21 de abril de 2010, se recibieron recaudos necesarios para su tramitación, mientras que .siniestro, así como la veracidad de la información suministrada, fueron recibidas en fecha 28 de mayo del mismo año. Indicó que la solicitud para la tramitación del pago correspondiente, contiene todos los recaudos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la empresa SEGUROS FEDERAL, C.A., sin embargo, existe retraso en el cumplimiento motivado en los argumentos antes expuestos, por lo que solicitó el cierre del expediente administrativo. ESCRITO N° 2012-21280 de fecha 21 de marzo de 2012. Luego de referirse a la situación jurídica a la que se encuentra sometida la aseguradora, destacando que se encuentra bajo un página original (tal como se publicó) [Página 5] régimen de administración especial por parte del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, la representación de la empresa SEGURos FEDERAL, C.A. señaló respecto al siniestro presuntamente amparado por la Póliza de Seguro de Casco de Vehículos Terrestres Nº N° 04-30-1000005, Certificado N° 60, contratada pOr el ciudadano GIANNIS LEGUIZA SALAZAR, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.846.508, que en fecha 25.de mayo de 2010 fue notificado el siniestro ocurrido el día 21 del mismo mes y año. En fecha 17 de junio de 2010, el intermediario de seguros consignó los recaudos necesarios para su tramitación y mediante hoja de análisis y planilla de recepción de recaudos de pérdidas totales de fecha 30 del mismo mes y año, se certifican como recibidos los documentos entregados. Indicó que la solicitud para la tramitación del pago correspondiente, contiene todos los recaudos necesarios para: el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la empresa SEGUROs FEDERAL, C.A., sin embargo, existe retraso en el cumplimiento motivado en los argumentos antes expuestos, por lo que solicitó el cierre del expediente administrativo. IV. ALEGATOS DE LOS DENUNCIANTES. Con ocasión de las averiguaciones administrativas abiertas, los asegurados no remitieron ni por si, ni a través de apoderado, algún escrito o cualquier otra documentación adicional a su denuncia. V. CONSIDERACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA. Vistas las actuaciones y documentos que conforman los señalados expedientes, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora, a fin de decidir al respecto formula las siguientes consideraciones: Se hace necesario analizar los hechos relevantes de las denuncias interpuestas, a los fines de verificar la conducta asumida por la empresa SEGUROS FEDERAL, C.A. de cara al artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, instrumento jurídico aplicable para el momento en que se suscitaron los acontecimientos. En efecto, el objeto del presente acto administrativo es comprobar si la compañía SEGUROS FEDERAL, C.A. realizó un acto infractor de una conducta exigida por el ordenamiento jurídico que regula la actividad aseguradora; la determinación de la responsabilidad administrativa y la imposición de las sanciones a que hubiere lugar. En tal sentido, en los autos de apertura de las averiguaciones administrativas se imputó a la mencionada aseguradora el presunto incumplimiento de los supuestos de hecho denominados elusión y retardo durante la tramitación de los siniestros notificados por los ciudadanos JOSÉ GONCALVES y GIANNIS LEGUIZA SALAZAR, titulares de las Cédulas de números E-80.584.935 V-10.846.508, Identidad respectivamente, supuestos sancionables de conformidad con lo previsto en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, que disponía: "Las empresas de seguros que sin causa justificada, a juicio del Superintendente de Seguros, eludan o retarden el cumplimiento de sus obligaciones frente a sus contratantes, asegurados o beneficiarios serán sancionadas de acuerdo con la gravedad de la falta...". (s!ssio) Parágrafo Segundo. Las empresas de seguros dispondrán de un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para pagar los siniestros cubiertos, contados a partir de la fecha en que se haya terminado el ajuste correspondiente, si fuere el caso, y el asegurado haya entregado toda la información y recaudos indicados en la póliza para liquidar el siniestro."." La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 31 de mayo de 2005, indicó lo siguiente: "De tal forma, que puede colegirse que el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros de 1994, prevé tres tipos sancionatorios distintos, configurados por:1. La elusión de las obligaciones a cargo de la aseguradora frente a los contratantes, asegurados o beneficiarios, como por ejemplo la de pagar las coberturas previstas en los contratos de seguros ante la ocurrencia del riesgo previsto, o la de notificar motivadamente su negativa de pago de dichas coberturas; 2. El retardo en el cumplimiento de las referidas obligaciones; y 3. Ei rechazo de los siniestros reclamados mediante argumentos genéricos. Así, la falta de pago o la ausencia de respuesta ante la solicitud de cancelación de las coberturas previstas en una determinada póliza, se subsumiría en el supuesto de elusión de las obligaciones establecidas a cargo de la aseguradora, pues implicaría el incumplimiento del deber de notificar por escrito o de pagar las indemnizaciones debidas; en tanto que, la respuesta o el pago fuera del plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya terminado el ajuste correspondiente, si fuere el caso, y el asegurado haya entregado toda la información y recaudos indicados en la póliza para liquidar el siniestro, se subsumiría en el supuesto de retardo sancionado por la norma y, por último, la emisión de conformada con argumentos escuetos e insuficientes paraexplicar el rechazo del pago que se trate, configuraría el tipo de rechazo genérico prohibido en el mismo parágrafo cuarto del artículo en comento.". Ahora bien, en los casos que se analizan, la representación de la empresa SEGUROS FEDERAL, C.A argumentó que existe retraso en el cumplimiento de su obligación de indemnizar los siniestros reclamados, motivado al régimen de administración especial al que se encuentra sometida la aseguradora, por parte del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, sin embargo, se están estableciendo cronogramas de pagos para honrar esos compromisos. En vista de lo antes expuesto y tomando en consideración los señalado en la precitada decisión jurisprudencial, se evidencia la infracción por parte de la empresa SEGURos FEDERAL, C.A. de to dispuesto en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, en lo que al supuesto de elusión en el cumplimiento de sus obligaciones se refiere, en virtud del reconocimiento de la falta de pago o la ausencia de respuesta ante la solicitud de cancelación de las coberturas previstas en las pólizas de seguro contratadas por los ciudadanos3osÉ GONCALVES y GIANNIS LEGUIZA SALAZAR. DEL RETARDO. Sobre este supuesto debe puntualizarse que el asegurador tiene la obligación de pronunciarse en el plazo legal acerca de los derechos del asegurado, se trata de un deber en el marco de un contrato de seguro en etapa de ejecución. Lo expuesto significa. que, en principio, el asegurador debe pronunciarse siempre que. haya una denuncia de siniestro, bien sea asumiendo la responsabilidad o. rechazando con fundamento,.según corresponda; actuación que debe cumplirse en los términos que establece el parágrafo segundo del artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, esto es, treinta (30) días hábiles, lapso que corre a partir del momento en que el asegurado entregue todos los recaudos exigidos y se haya realizado el ajuste correspondiente, de ser el caso. A igual plazo y condiciones quedan sometidas las empresas de seguros para notificar por escrito los motivos de hecho y de derecho que aleguen para considerar un siniestro como no cubierto. Visto que no consta en el expediente administrativo que la empresa SEGUROS FEDERAL, C.A.se haya pronunciado respecto al pago o no de la reclamación interpuesta por los prenombrados ciudadanos, a los fines de verificar si su actuación se encuentra enmarcada dentro del plazo previsto en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, este Organismo no emite opinión en lo que respecta a la presunta violación del supuesto de retardo en el cumplimiento de sus obligaciones previsto en el mencionado artículo. Finalmente, respecto al régimen de administración especial por parte del Ministerio del Poder Popuiar de Planificación y Finanzas, página original (tal como se publicó) [Página 6] al que se encuentra sometida la empresa Seguros FEDERAL, C.A., este Organismo observa que si bien la empresa se encuentra sometida al mencionado régimen, no es menos cierto que el mismo fue ordenado sin cese de operaciones, situación que implica que la aseguradora está en el deber de tomar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa que regula la actividad aseguradora, sobre todo tomando en consideración que los referidos siniestros ocurrieron antes de que se ordenara la referida intervención. Visto que de los hechos antes expuestos quedó comprobada la violación por parte de la aseguradora al contenido del artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, en lo que respecta al supuesto de elusión en el cumplimiento de sus obligaciones con ocasión de los reclamos presentados por los CiUdadanOS JOSÉ GONCALVES y GIANNIS LEGUIZA SALAZAR, titulares de las Cédulas de Identidad números E- 80.584.935 y V-10.846.508, respectivamente, es por lo que esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora sanciona a la empresa SEGURos FEDERAL, C.A. con multa por la cantidad de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 24.400), suma que corresponde a un cuarto de la sanción máxima establecida en el prenombrado artículo 175. La referida multa fue calculada aplicando el sistema de graduación de pena previsto en el Código Penal Venezolano, el cual prevé en su Título III, De la Aplicación de las Penas, artículo 37 lo siguiente: "Cuando la ley castiga un delito o falta con pena comprendida entre dos límites, se entiende que la formalmente aplicable es el término medio que se obtiene sumando los dos números y tomando la mitad; se la reducirá hasta el límite inferior o se la aumentará hasta el superior, según el mérito de las respectivas circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso concreto, debiendo compensárselas cuando las haya de una y otra especie. .No obstante, se aplicará la pena en su límite superior o en el inferior, cuando así lo disponga. expresamente la ley, y también se traspasar a uno u otro límite cuando así sea menester en virtud de disposición legal que ordene aumentar parte, que entonces se calculará en proporción a là cantidad de pena que el juez habría aplicado al reo si no concurriese el motivo del aumento o de la disminución. Si para el aumento o rebaja mismo se fijar en también dos límites, el tribunal hará dentro de estos el aumento o rebaja respectivo, según la mayor o menor gravedad del hecho. En todos estos casos se tendrá siempre presente la regla del artículo 94.". Así las cosas, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora en el ejercicio de su potestad sancionatoria prevista en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros yReaseguros, al momento de calcular la sanción a imponer a alguno de los sujetos sometidos a su supervisión y control que se encuentre incurso en la comisión de alguno de los supuestos administrativos previstos en el referido artículo, debe considerar los límites mínimo y máximo establecido en dicha disposición legal, a saber, multa que oscile entre cien mil bolívares (Bs. 100.000,00) y el equivalente en bolívares a quinientos (500) salarios mínimo urbano; estableciendo la misma atendiendo la gravedad de la falta. Como complemento a lo antes expuesto, es menester señalar que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia señaló en torno al punto en comento mediante sentencia N° 1213 del 02 de septiembre de 2004 (Caso: C.N.A. de Seguros La Previsora contra Ministerio de Finanzas), ratificada mediante decisión N° 2582 de fecha 05 de mayo de 2005 (Caso: Transeguro C.A. de Seguros contra Ministerio de Finanzas ahora Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas), lo siguiente: *...en el presente caso la determinación del monto de la multa impuesta a la recurrente.fue realizada por la Superintendencia de Seguros, con estricto apego a lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, conforme al cual la multa aplicable se fijará de acuerdo a la gravedad de la falta y, estará comprendida entre cien, mil bolívares (Bs. 100.000,00) y quinientos (500) salarlos mínimo urbano, escogiendo en el presente caso la Administración el punto medio entre los límites señalados en el precitado artículo, lo que a juicio de esta Sala evidencia la. racionalidaddelcriterioempleadoporla Superintendencia de Seguros para la determinación del quantum de la multa impuesta. Igualmente, cabe destacar que la proporcionalidad necesaria para la aplicación de la sanción, se refiere a la relación existente entre la gravedad de la falta y el monto de la multa aplicada, no siendo criterio de necesaria consideración, el monto de la indemnización debida por la compañía:" (Negrillas propias). Adicionalmente alo precedentemente expuesto, la Administración al momento de calcular e imponer una multa de naturaleza administrativa, debe, igualmente guardar la aplicación de lo previsto en la Ley que establece el Factor de Cálculo de Contribuciones, Garantías, Sanciones, Beneficios Procesales o de otra naturaleza en Leyes Vigentes, el cual dispone en su artículo 1° que: "Se sustituye en las leyes vigentes al salario mínimo como factor de cálculo de contribuciones, garantías, sanciones, beneficios procesales o de otra naturaleza por el valor equivalente en bolívares a tres Unidades Tributarias (3 U.T).". Aplicando las consideraciones anteriores al presente acto administrativo, el monto de la multa aplicada a la empresa SEGUROs FEDERAL, C.A. por la violación al supuesto de retardo previsto en el artículo 175, parágrafosegundo; de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, se cálculo de la siguiente manera: Equivale al monto de Un Salario Mínimo Es igual a Tres (3) U.T. Bollvares 65,00 Urbano decir: (G.O.R.B.V. N° 39.361 de fecha Bs. 195,00 04/02/2010 - vigente para la época en que se suscitaron los hechos) Ahora bien, Multiplicado por 500 salarios Mínimo Urbano. (Límite máximo de Bs. 195,00 Es igual a la pena) más 100 Bolívares / (Bs. 100,00) (límite mínimo de la pena) Bs. 24.400,00 entre Cuatro (4) (Un cuarto de la sanción máxima) Asimismo, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora se permite citar un extracto de la sentencia N° 1876 de fecha 20 de octubre de 2004, emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en la que se indica: " independientemente de las dificultades que en la práctica pueda conseguir un particular para obtener del Estado el reintegro del dinero erogado por concepto del pago de una multa, el carácter coactivo de las decisiones jurisdiccionales obliga a. la Administración, en el caso de declararse con lugar el recurso incoado, a devolver el monto percibido por concepto de la multa anulada. En este sentido, debe quedar claramente establecido, que la devolución del monto de la multa Impuesta en ejecución de la decisión favorable del recurso, no constituye una potestad discrecional de la Administración, por el contrario, es un verdadero deber jurídico derivado de una sentencia cuyos efectos son de obligatorio cumplimiento y cuya inobservancia genera responsabilidades personales y directas a los funcionarios públicos. Asimismo, la Sala ha precisado que la devolución de la multa no constituye una prestación de imposible ejecución, ya que una vez acordada la nulidad de la misma, basta la realización.delcorrespondienteprocedimiento administrativo, para que proceda el reintegro del dinero." (negrillas nuestras). tomando en consideraciónqueesta Finalmente, Superintendencia de la Actividad Aseguradora tiene dentro de vigilancia previa, concomitante y posterior, supervisión, autorización, inspección, verificación y fiscalización de la actividad aseguradora, desarrollada en elterritorlo de la página original (tal como se publicó) [Página 7] República, o materializada en el extranjero, en tutela del interés general representado por los derechos y garantías de los tomadores, asegurados y beneficiarios de los contratos de seguros, de reaseguros, los contratantes de los servicios de medicina prepagada y de los asociados de las cooperativas que realicen actividad aseguradora, es por lo que este Organismo considera pertinente la publicación del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Publicaciones Oficiales, el cual dispone que: "En la GACETA OFICIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEzuELÁ,sepublicaránademáslos Decretos, Resoluciones otros actos del Poder Ejecutivo que por perjuicio de que dichos actos tengan la debida autenticidad y vigor sin el requisito de la publicación.". (Énfasis nuestro). En fuerza de las consideraciones que anteceden, y siendo que es deber fundamental de este Organismo velar porque los entes sometidos a su control den estricto cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la actividad aseguradora nacional, en beneficio de los contratantes, asegurados y beneficiarios de los seguros mercantiles y de la estabilidad del sistema asegurador, quien suscribe, 3osÉ LUIS PÉREz, Superintendente de la Actividad Aseguradora, en uso de la atribución conferida en el artículo 7, numerales 2, 27 y 28, de la Ley de la Actividad Aseguradora y de conformidad con lo previsto en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros. VI. DECIDE: PRIMERO: Sancionar a la empresa SEGUROS FEDERAL, C.A. con multa por la, cantidad de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs.. 24.400), suma que corresponde a un cuarto de la sanción máxima establecida en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros (vigente para la época en que se suscitaron los hechos), por haber incurrido en el supuesto de elusión en el cumplimiento de sus obligaciones, con respecto a los reclamos presentados por los Ciudadanos JOSÉ GONCALVES y GIANNIS LEGUIZA SALAZAR, titulares de las Cédulas de Identidad números E-80.584.935 y V-10.846.508, respectivamente. La referida multa deberá ser pagada con el Formulario LIQ-01, que le será entregado una vez emitido por el Ministerio del Poder. Popular de Planificación y Finanzas. SEGUNDO: Cerrar la averiguación administrativa abierta a SEGUROS FEDERAL, C.A., mediante Providencias números SAA-2-3-001302 y SAA-2-3-001379 de fechas 04 y 15 de mayo de 2012, respectivamente, en lo que respecta al supuesto de retardo previsto en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros (vigente para el momento en que ocurrió el siniestro.)... TERCERO: Notificar la decisión contenida en este Acto Administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y solicitar la emisión de la correspondiente planilla de liquidación. CUARTO: Ordenar la publicación de la presente Providencia. Administrativa, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Publicaciones Oficiales. Contra la presente decisión, la empresa SEGURos FEDERAL, C.A. podrá intentar el Recurso de Reconsideración previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por ante el Superintendente de la Actividad Aseguradora, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo. LUIS PÉR Superintenden de la Agtivigad Aseguradora Resolución No.febrero de 2010 G.O.R.B.V. No 39.360 de fecha de febrero de 2010 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES Resolución N° 0 17 Caracas, 2 0. FEB 2013 202° y 154° Visto que el Superintendente, Nacional de Valores tiene el carácter de liquidador, y en razón de ello, las más amplias facultades de administración, disposición control y vigilancia, además de las facultadas que la Ley y los estatutos confieren a la Asamblea, a la Junta Administradora y demás órganos del ente intervenido, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Mercado de Valores. Visto que el Superintendente Nacional de Valores ordenará la constitución de un fideicomiso por un lapso de dos (2) años, prorrogable por un período igual con la finalidad de destinar dichos recursos a los pagos siguientes: 1) Obligaciones aprobadas cuyos acreedores no se presentaron al cobro; 2) Obligaciones no reclamadas que aparezcan debidamente justificadas en los registros contables; 3) Obligaciones litigiosas una, vez que los órganos jurisdiccionales dicten sentencia definitivamente firme; 4) Obligaciones ocúltas demuestre la veracidad de la acreencia, a fin que el Superintendente Nacional de Valores.autorice el pago de la misma, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 23 de las Normas para la Liquidación Administrativa de los Operadores de Valores Autorizados, Casas de Bolsa Agrícola, Entidades de Inversión Colectiva y sus Sociedades Administradoras. Visto que de la documentación presentada ante esta Superintendencia Nacional de Valores por el ciudadano Rodolfo Sotiliet, titular de la cédula de identidad N° V-267.925, en su carácter ce acreedor de la sociedad mercantil Muitinvest Casa de Bolsa, C.A., (liquidada) se pudo constatar que el citado. ciudadano mantenía una inversión por la cantidad de Quinientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 500.000,00) o su equivalente en bolívares a la tasa de cambio oficial, correspondientes a cantidades de dinero que mantenía el citado ciudadano, como.Encargos de Confianza en Multinvest Casa de Bolsa, C.A., (liquidada) y que no se encontraban registrados en la contabilidad de dicha casa de bolsa, habida cuenta que el referido pasivo había sido liquidado por Multinvest Casa de Bolsa, C.A., (liquidada) a un tercero distinto al legítimo acreedor. Visto que la acreencia arriba enunciada, puede calificarse como obligaciones ocultas dentro de los registros contables de la sociedad mercantil Multinvest Casa de Bolsa, C.A., (liquidada). La Superintendencia Nacional de Valores, en usó de la atribución conferida- en el artículo 21 de la Ley de Mercado de Valores, y el artículo 23 numeral 4 de las Normas para la Liquidación Administrativa de los Operadores de Valores Autorizados, Casas de Bolsa Agrícola, Entidades de Inversión Colectiva y sus Sociedades Administradoras. RESUELVE 1.- Calificar como acreencia la cantidad de Quinientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América-(US$ 500.000,00) o su equivalente en bolívares a la tasa de cambio oficial, del ciudadano Rodoifo Sotillet, titular de la cédula de identidad N° V-267.925, en la sociedad mercantil Multinvest Casa de Bolsa, C.A., (liquidada), correspondientes, a cantidades de dinero que mantenía el citado ciudadano como Encargos dé Corfianza en Multinvest Casa de Bolsa, C.A., (liquidada), y que no se encontraban registrados en la contabilidad de dicha casa de bolsa, habida cuenta que el referido pasivo había sido liguidado por Multinvest Casa de Bolsa, C.A., (liquidada) a un tercero distinto al legítimo acreedor, constituyéndose la misma como un pasivo oculto. 2.- Ordenar el pago por la cantidad de Quinientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 500.000,00) o· su equivalente en bolívares al ciudadano Rodolfo Sotillet, titular de la cédula de identidad N° V-267.925, contra los haberes existentes en el fideicomiso constituido por Multinyest Casa de Bolsa, C.A. (liquidada) en Banesco, Banco Universal, C.A., hasta el monto concurrente. 3.- Notificar al ciudadano Rodolfo Sotillet, titular de la cédula de identidad N° V-267.925, en su carácter de acreedor de la sociedad mercantil Multinvest Casa de Bolsa, C.A., (liquidada) y a la sociedad mercantil Banesco, Banco Universal, C.A., lo acordado. en la presente Resolución, conforme a lo previsto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Tomas Sánchez Mejia Superintendente Nacional de página original (tal como se publicó) [Página 8] FINANZAS MINISTERIQ Resolución Nro.13 7 Caracas, 2.8DIC 2012 202º y 153º Visto. que la sociedad. mercantil Sigo S.A., mediante .Resolución N° 025-2012 de fecha 02 de marzo de 2012, fue autorizada por esta Superintendencia Nacional de Valores para realizároferta pública de obligaciones quirografarias al portador por un monto de CientoCincuenta Millones de Bolívares (Bs. 150.000.000,00). de conformidad con la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 de abril de 2011. . Visto que en fecha 17 de mayo de 2012, la sociedad mercantil Sigo S.A., solicitó a este Organismo prórroga para el inicio de la colocación primaria de las obligaciones quirografarias al portador arriba indicada, de conformidad con lo previsto en el artículo4 de las Normas Relativa a la Oferta Pública y Colocación de Valores y a la Publicación de las Emisiones. Visto que la prórroga concedida por esta Superintendencia Nacional de Valores para dar inicio a la colocación primaria de las obligaciones quirografarias al portador de Sigo S.A., culminó el 3 de septiembre de 2012, sin que dieran inicio a dicho proceso. Esta Superintendeñcia Nacional de Valores en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8 numeral 6 de la Ley de Mercado de Valores, en concordancia con el artículo 4 de las Normas Relativas a la Oferta Pública y Colocación.de,Valores y a la Publicación de las Emisiones, RESUELVE 1.- Revocar la autorización otorgada por esta Superintendencia Nacional de Valores mediante Resolución N° 025-2012 de fecha 02 de marzo de 2012, a la sociedad mercantil Sigo S.A., para hacer oferta pública de obligaciones quirografarias al portador por un monto de Ciento Cincuenta Millones de Bolívares (Bs. 150.000.000,00). 2.- Notificar a a la sociedad mercantil Sigo S.A., lo acordado en la presente Resolución. 3.- Notificar a 1oo% Banco, Banco Comercial C.A., en su carácter de Representante Común Provisional de la emisión de obligaciones quirografarias al portador por un monto de Ciento Cincuenta Millones de Boiívares (Bs. 150.000.000,00), de la sociedad mercantil Sigo S.A, autorizada por este Organismo mediante Resolución N° 025-2012. 4.- Notificar a. la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. a la BolsaPública de Valores Bicentenaria, y a la Caja Venezolana de Valores, C.A, lo acordado en la presente Resolución. Camytuquey Publíquese, "Tomás Sánchez Superintendente Naciona MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS BANCO DE COMERCIO EXTERIOR C.A. (BANCOEX) RESOLUCIÓN-No. 08/06/13 Acta o. 06/13 de fecha 28 de Febres o de 2013 Yo, Eyilde Margarita Gracia Sanz, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.140.875, en mi carácter de Presideanta del Banco de Comercio Exterior, C.A - Bancogx, tal y como consta en designacãón del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, contenida en Decreto N° 6.161, fechado 10 de junio de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de Ia República Bolivariana de Venezuela N° 38,949, de esa misma fecha, y en uso de las facultades que me confiere el ordinal 1, del artículo 29 de los Estatutos Sociales de mi representada, por medio de la presente -Certifico: que la Junta Directiva del Banco de Comercio Exterior, C.A, - Bancoax.,: mediante Resolución No. 08/06/13, de fecha 28 de febrero de 2013, aprobó la modificación de los Miembros de la Camisión de Contrataciones Públicas del Banco de Comercio Exterior C.A. gBancoas). y las funciones de la Secretaria, quedando conformada dicha Comisión de la siguicose manera: AREA MEAEBRO PRINCIPAL MIEMBRO SUPLENTE ECONÓMICA Mirella Sierra Maria Isabel Montilla FINANCIERA C.I V-8.998.455 CIV-9.416.242 Inisa Trejo Ana Mariela Garcia CIV-9.485.167 C.I V- 5.441.831 TÂCIICA José Chang Jarge Gamboa CIV-5.032.074 CIV-5.991.312 José Yepez Blector Hernández CIV-6.257.843 CIV-6.929.660 JURÍDICA Erima Albornoz Ruth Benguigui CSV-10.803.574 C.IV-5.966.640 SECRETARÍA Jazmin López Alba Serranio Crv-8.137.531 C.I V-11.049.706 Siendo las funciones de ia Secretaria de la Comisión de Contrataciones Públicas del Banco de Comsercio Eadbnrior C.A. (Bancoex), las siguientes: 1. Seguir los lincamientios establecidos por la Comiaión de Contrataciones 2. Elaborar el Pliego de Condiciones y las Actas de la Comisión de Contrataciones. 3. Elaborar el Informe de Calificación y el Informe Final de los procesos de selección. de contratistas, prteadiaxevisión, de la Comisión de Contrataciones. la Comisión de Comisaiaciones. s. Participar en la ogmización y desarrollo de todos los actos de la Comisión de. 6. Cuidar que los recunos presupuestarios y financieros estén previstos en los. procesos objeto de in contratación. 7. Mantener protegida y en buen estado la información de los procesos objeto de contratación y cusendia de los expedientes por cada modalidad de selección. 8. Cualquier otra que la Comiaión le asigne mediante acta. 9. Suscribir las invitaránuea a participar y notificaciones de adjudicación en los procesos de oomtratación gáiblicas sometidos a la Comisión de Contrataciones. 1.0. Firmar cualesquiera.otra comunicación originada con ocasión al cumplimiento de las atribuciones de la Comisión de Contrataciones, previa autorización de dicha Comisión de Contratacinmes. Vista las nuevas desfgciones quedan revocados los nombramientos efectuados mediante Resolución. de Sunta Directiva, de Bancoex N° 06/03/11, Acta N° 03/11 de fecha 03 de febrero de 2011. Igualmente, la Junta Diasztiva aprobó la supresión. de la Comisión de Contrataciones ancoez, creada según Resolución de Junta Directiva de Especial BAncoEX-FE Bancoex No. 07/17/12. de fecha 12 de julio de 2012, y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezucla N° 39.980, el 7 de agosto de 2012. Publiquese. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO :FÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINIST:D DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO DESPACHO REBLSIINISTRO - OFICINA DE CONSULTORÍA JURÍDICA NÚMERO: 011 CARACAS, 12 DE MARZO DE 2013 202° y 154° RESOLUCIÓN El- Minisiro del Poder Puputar para el Turismo, 'en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Decreto N° 7.28iB de fecha 01 de febrero de 2010, publicado en la Gacela Oficial de la República Bolivarianua sde Venezuela N° 39.360 de fecha 03 de febrero de 2010 y los numerales 5° y 6° del ardllcilbo 9 del Decreto N° 9.044 con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo, pafirado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.955 de facha 29 de junio de 2012 y lo establecido en el numeral 19 del n r n artículos 11 y 13 del legfamento Parcial de la Ley Orgánica de Turismo sobre Establecimienlos de Alojarianto Turístico, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.607 de fecha 21 de diciembre de 1998, este Despacho, página original (tal como se publicó) [Página 9] RESUELVE Articuio 1°. La presente Resolución tiene por objeto establecer los requisitos y parâmetros a seguir en el proceso de categorización para los prestadores de servicios de alojamiento turístico, por parte del Ministerio del Poder Popular para el Turiemo. Artículo 2°. A los efectos de la presente Resolución, se entiende por: a) Mantanimiento: Se refiere a la limpieza y conservación de las áreas, edificaciones, muetiles, enseres y equipos que conforman los establecimientos de alojamiento turístico. b) Orden de Reparación: Pronunciamiento emitido por el Ministerio del Poder Popular para caso, a ejecutar por el prestador de servicio de alojamiento turístico en un lapso no maypaa.. servicios que ofrece el establecimiento. c) Prórroga: Exdensión del lapso de tiempo de la orden de reparación otorgada por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo al prestador de servicios turísticos, cuyo límite máximo no excederá de treinta (30) días hábiles, d) Propietario del establecimiento de alojamiento turístico: Persona Juridica, capaz de adquirir derechos y obligaciones, que cuenta con un documento que lo acredita como el legitimo propietario del establecimiento de alojamiento turístico. e) Administrador de empresa. turística: Persona Jurídica dedicada a la operación y adiministración de un servicio turistico de alojamiento distinto al de su propledad, mediante n e n n n ne n e alojamiento turístico. de oficio, abrirá el correspondiente expediente administrativo al prestador de servicio de n e pe r Articulo 4*. Para obtener la categoria, el prestador de servicio de alojamiento turístico debe a) Solicitud por escrito de la categorización, cuando sea a Instancla de parte, la cual comercial, número de registro turístico nacional, número de licencia de turismo, dirección y. teléfonos; y del representante legal o apoderado, si fuere el caso, debiendo señalar a tales efeclos nombres y apelidos, domicilo, nacionalidad, número de cédula de Identidad o pasaporte y el carácter con el que actúa. b) En caso de representación, el solicitante debe presentar folocopla simple del poder e) Fotocopia Legible del oficio de Registro Turistico Nacional (RTN). d) Fotocopia Legible del oficio de la Licencia de Turismo vigente. e) Folocopia del documento constitutivo y de los estatutos soclales, vigente. ) Fotocopia del titulo de propledad del inmueble o de cuaiquier tipo de contralo que regule el uso del inmueble, debidamente notariado. g) Folocopia de la Patenta de Industria y Comercio, vigente. h) Fotocopia del Permiso Sanitario, vigente. i) Folocopia del Permiso de Bomberos, vigénte. D Relación detallada de las edificaciones, servicios que ofrecen, áreas e Instalaciones los lineamientos del Tabulador de Servicios correspondiente. ) Folocopia de la licencia para el expendio de licores, vigente, si fuere el caso. ampliamente las sigulentes áreas: 1. Arse e instalaciones comunes. 2. Fachadas. 3. Cada tipo de.habitación. 4. Recepción - Lobby. 5. Cocina. 6. Bar. 8. Baflos públicos. 9. Lavandería. 10.Estacionamiento. 11. Tealleres. 12.Depóstos. 13.Área Administrativa. 14.Área de carga y descarga de mercancias. 15. Otres áreas públicas. n) Nomas Intemnas del Establecimiento aplicables a los turistas y visitantes. n) Folocopia de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil. q) Cualquier otro que requiera el Ministerio del Poder Popular para el Turismo. Articulo 5°: Cuando el proceso de categorización-inicie de oficio, se lé notificará al artículo anterior. Articulo 6°. A fín de verificar la cantidad y calidad de los servicios, estructura, moblario, estado de mantenimiento y conservación del establecimiento de alojamiento turistico, el Ministerio del Poder Popular para el Turiamo realizará una inspección de categorización, de clasificación. La Información recogida durante la inspección de categorización se plasmará. en formularios creados para tal fin, los cuales contendrán una degoripción de les diferentes. las condiciones de mantenimiento en las cuales se encuentra. Articulo 7°. Si al-momento de llevar a cabo ia inspección, se detecta que el Inmuiolergja siendo objeto de una remodelación, reparación o ampliación, se le solicitará al prestador de Poder Popular para el Turismo. Una vez verificada la información se dejara constancia escrita de lo observado, acompañado con un registro fotográfico, así como de la constancia procedimiento de inspección. constancia de notificación señalada en el articulo anterior, el funcionario procederá a levantar un acta dejando constancia de tal hecho, acompaflándola con un registro fotográfico, suspendiendo la Inspección e Informando lo evidenciado a la Instancia dalerminación de las sanciones administrativas a los Prestadores de servicios turísticos. categoria o a la orden de reparación, según sea el caso. n nn e ene e n n e ene acuerdo al cuadro de resultados que dera de la evaluación prevista en el artículo 9 de la presente Resolución. Los parámetros aquf establecidas para el otorgamiento de la categoría aplicará igualmente para un establecimiento de alojamiento ya categorizado, pudiendo ratificar la categoria que ostenta o ubicarse, de acuerdo a la evaluación, en una categoria inferlor o superior. En el oficio de otorgamiento, de la categoria se le señalará al prestador el modelo de placa especificaciones requeridas de acuerdo a la normativa vigente aplicable a la materia. Articulo 11. Si del resultado de la evaluación se vartfica que el porcentaje de cumplimiento n e n nn e e Turismo emitirà una orden de reparación al respectivo prestador de servicio de alojagaleuo turístico. ATOGl Articulo 12. La orden de reparación a que se refiere el articulo anterior tendrá un plazo de. la misma, En caso de que, por la complejidad de la reparación ordenada se justifique-un lapeo de tiempo mayor, el Ministerio podrá extender una prórroga a solicllud del prestador de servicio turistico, la cual no excederá de treinta (30) dias. La solicitud de prórroga la hará el prestador por una sóla vez y debe realizarla con diez (10) días de anticipación al reparación oficieda, al vencimiento del plazo establecido. Articulo 13. Una vez realizada la referida Inspección de verificación, se elaborará un r n e e n n n n Si dei informe técnico se verifica que el porcentaje de cumplinilento de la orden de reparación es menor a noventa y cinco por clento (8s%), se carrera el procedimiento y se prestadores de servicios turísticos. Artículo 14, Los prestadores de servicio de alojamiento turistico qua en la evaluación de la orden de reparación emitida conforme a lo previsto en los articulos 11 y 12 de la presente Resolución, obtengan un porcentaje de cumplimiento Igual o mayor a noventa y cinco por para esa única estructura y los respectivos servicios evaluados. La categoria es personal e Intransferible y debe sar renovada en un plazo de cuatro (4) años, contados a partir de su emisión, debiendo el prestador de servicio turistico realizar la Artículo 16: El operador o propletario del estabiacimiento de alojamiento turistico debe n n e nnn o Artículo 17. Los prestadores de servicio de alojarmlento turistico deben mantener sus n n nn n n n n nno n e n n conveniente, supervisará e Inspecclonará a los Establecimientos de Alojamiento Turístico que se encuentren categorizados o no, a los fines de verificar las condiciones de mantenimiento, calidad y cantidad de los servicios. Articulo 19. El incumplimiento de las disposiciones que por medio de esta Resolución se procedimiento correspondiente para la aplicación de las sanciones administrativas establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerzs de Ley Orgánica del Turisino. Articulo 20. A pertir de la publicación en Gacata Oficial de la presente Resolución, los establecimientos de alojamiento turísticos ya categorizados tendrán un lapso de cuatro (4) años para renovar la correspondiente categoria, sin menoscabo de la facultad que tiene el inspección de evaluación de categorización. Articulo 21. Se deroga la Resolución N° 020, de fecha 09 de abril de 2012, publicada en la Gacata Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912, de fecha 30 de abril de n n nn e n n Resolución. Gaceta Oficial de la República Boilvarlana de Venezuela. Ceunimgiqpese y Publiquese. /Poregivo Nacional. ALEJANDRO JANTONIO FLEING C Ministro del Poder Populr Pir. el Tuñano Decrel:N° 7.20a, do fodf 01- OLOE-O-ED p P 'Dc OE N fonn REPÚBLICA BOLIVARIANA DIE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO DESPACHO DEL MINISTRO-DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE CONSULTORÍA JURÍDICA NÚMERO: 012 CARACAS, 18 DE MARZO DE 2013 202° y 154° RESOLUCIÓN En ejercicio de la atribución_conferida en el Artículo 20 y 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo, en concordancia con lo establecido en el artículo 20, numeral 7 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y con lo dispuesto en el articulo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, este Despacho, RESUELVE ARTicuLO 1: Se designa como miembro principal del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Turismo (INATUR), al ciudadano Lisandro Solórzano titular de la cédula de identidad N° 14.520.299. página original (tal como se publicó) [Página 10] Nacional de Turismo (INATUR), al ciudadano Marcos Eduardo Calderón Velásquez titular de la céduia de identidad N° 14.958.900, en calidad de suplente del Director Principal Freddy Quiaro titular de la cédula de identidad N° 4.501.414. ARTícuLO 3: La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. ¿Obtíluniquese y Publiquese. ALEJANDRO ANTONIO RLEMNG CERA MINISTRO DEL PODER POPULARRA EL TURIS Docreto Ne 7.208, de cha 01-a ROYO DEL MM saz-2o-co mpg o oc e N MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - MINISTERIO DEL PODER POPULAR PABA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS. DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL. 2013. Años 202° y 1540 n n n e n n base al artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 15, numeral 7 de la Léy del Instituto Nacional el Funcionamiento de las Unidades Ejecutoras del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), decide dictar la sigulente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Articulo ÚniCo: Se nOmbra al cudadano PATRICO RODRIGO LExGHTONN GONZALEZ, titular de la cédula de Identidad N° E-84.405.212 como 3EPE DE CAMPO EXPERIMENTAL CIUDAD BOLIVIA, DE LA UNIDAD EDECUTORA DEL. ESTADO BARINAS DEL INSTITUTONACIONAL DEINVESTIGACIONES AGRICOLAS (INIA- BARINAS), a partir del 15 de Enero de 2013. Comuniquese y publíquese, GPRLANDÓ MORENO Gerenta General del INTA n Ma 022200 de ldo dl de Adl de 200, lando en Caco Onal Me J.5 de fo 16 de Abol de REPUBLICA BOLIVARIÁNA DE VENEZUELA - MUNISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO NACEONAL DE 2013. Años 202° y 154° E Gerente General del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), con base al artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en-uso de las atribuciones conferidas en el artículo 15, inumeral 7 de la Ley del Instituto Nacional el Fundionamiento. de las Unidades Ejecutoras del Instituto Nacional de . Investigaciones Agrícolas (INIA), decide dictar la siguiente: PROVIDENCIA ADHINISTRATIVA Artículo ÚnICo: Se nombra al dudadano WUELIAN GERARDO GONZALEZ RO3AS, titular de la cédula de Identidad N° V-15.926.835 como 3EFE DE CAMPO EXPERIMENTAL TRUCHICOLA SAN JOSE DE BOLIVAR, DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL ESTADO TACHIRA DEL INSTITUTO NACIONAL DE .2013. Comuníquese y publíquese, PRLANDO MORIENO .Gerente General del-INIA Seoin Rlin a 02 de e de r de 00, REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS AUDITORÍA INTERNA UNIDAD DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Maracay, 10 de enero de 2013 AUTO DECISORIO Expediente Nro. AP-05/2012 201º y 153° I NARRATIVA A.- ANTECEDENTES Occidental adscrita a la Unidad de Control Posterior de esta Unidad de Auditoría-Interna, mediante comunicación Nro. 023 de fecha 01-08-2007, la. cuai en el ejercicio de sus funciones realizó Seguimiento y Auditoría Administrativa al INIA - LARA, en el período comprendido desde el 01 de Julio de 2006 hasta et 30 de Junio de 2007, cuyos resultados quedaron plasmados en el Inforrme Definitivo de fecha 03 de Octubre de 2007 (folios 4 al 39). Sobre la base en los aludidos resultados de la actuación fiscal, se formalizó la. potestad Investigativa de conformidad con lo estabiecido en'el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del.Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRYSNCF), mediante Auto de Proceder de fecha 25 de Junio de 2008 (folios 1 y 2); no obstante este se dejó sin efecto mediante auto .motivado de fecha 28 de Agosto de 2008 (folio 42), a los fines de subsanar los errores materiales y omisiones incurridas, dictándose un nuevo Auto de Proceder de fecha 28 de Agosto de 2008 (folios 43 al 49). Por lo que, las actuaciones practicadas en cuestión se encuentran implícitas en el Expediente signado con la nomenclatura' Nro. P1-11-2008, el cual fue remitido a la Unidad de Determinación de Responsabilidades mediante Oficio s/n, de fecha 03 de septiembre de 2012, conjuntamente con ei informe de resultados respectivo. En este orden de ideas, se observó que para el período evaluado, La Directora y La Administradora del INIA-Lara, incurrieron presuntamente en conductas (actos, hechõs u omisiones) contrarias a disposiciones Legales o Sublegales, con ocasión al ejercicio de sus funciones; al efectuar operaciones y actividades administrativas en contravención a los principios de legalidad, transparencia y de especificidad del presupuesto de gastos, entre otros; que deben regir en la Administración Pública, para su funcionamiento y organización. Por lo que, los actos, hechos u omisiones en cuestión, les fueron notificados a los interesados; quienes tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, en los términos en que quedó contenido en el informe de resultados de fecha 31 de mayo de 2010 (folios 1139 al 1184). B.- DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES. La Unidad de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas (INIA), haciendo uso de las disposiciones reglamentarias contenidas en el Artículo 4 numeral 3 , Artículo 6 numeral 11 del Reglaménto Intemo de la Unidad de Auditoría Interna del INIA (publicado en Gaceta Oficial Nro. 39.689 de fecha 6 de junio de 2011): a través del ejercicio de las funciones de la Unidad de Determinación de Responsabilidades (UDR) que le han sido conferidas en el Artículo 8 eiusdem, y de las Atribuciones Especlficas del Jefe de la Unidad de Determinación de Responsabilidades que se encuentran establecidas en el Artículo 11 numerales 1 al 6 del referido instrumento; concatenados con los lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna, emanada de la Contraloría General de la República (Resolución 01-00-000068 del 15 de Abril del año 2010), publicada en Gaceta Oficial Nro. 39.408, de fecha 22 de Abril de 2010; dispuesto en'el Capítulo XI de las Atribuciones Específicas del Responsable de la Dependencia Encargada de la Determinación de Responsabilidades, numerales 1 al 7; y con fundamento a lo establecido en los articulos 81, 93, 95, 96 y 98 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRYSNCF), publicada en Gaceta Oficial Nro. 37.347 de fecha 17 de Diciembre de 2001, en.concordancia con los Artículos 84, 85 numerales 1) y 2), y 86 primer aparte, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de- la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal ( RLOCGRYSNCF), publicada en Gaceta Oficial Nro. 39.240 de fecha 12 de Agosto de 2009; Procedió analizar exhaustivamente el Informe de Resultados de fecha 31 de Mayo de 2010 (folios 1139 af 1184), así como las demás actuaciones' que le sirven de soportes emanados de la Unidad de Control Posterior, con el objeto de verificar la veracidad de los presuntos hechos irregulares que se constataron y se plasmaron en el Informe de Seguimiento y Auditoría Administrativa practicada al iNIA-Lara desde 01 de julio de 2006 al 30 de Junio de 2007 (folios 4 al 39), como resultado de la actuación practicada; los cuales se encuentran implícitos en el Expediente signado con a nomenclatura Nro. Pi-11-2008, el cual fue remitido a esta Unidad mediante Oficio s/n, de fecha 03 de septiembre de 2012. ANÁLISIS DE HECHOS Y SUPUESTOS GENERADORES DE RESPONSABILIDAD Expuesto. lo anterior, La Unidad de Determinación de Responsabilidades da inicio al presente procedimiento mediante Auto de Apertura de fecha 29 de página original (tal como se publicó) [Página 11] octubre de 2012, el cual se encuentra inserto en el expediente AP-05/2012 que riela en el folio 1185 al 1207 vuelto; contentivo a'su vez de los resultados de la actuación fiscal practicada en la Oficina de Administración del INIA-Lara, donde se détectaron presuntas irregularidades administrativas relacionadas con los Hallazgos que a continuación se mencionan, los cuales se plasmaron con su respectivo análisis una vez valorados estos por la supra mencionada unidad, en el referido auto de la manera siguiente: 1.- Persistir en el incumplimiento de no depositar los ingresos: propios oportunamente, durante el lapso comprendido desde el segundo semestre 2006 al primer semestre 2007. En el auto de apertura del procedimiento de determinaciones, no se procedió a la consideración de este presunto hecho irregular, por las razones y alegatos debidamente expuestos y fundamentados en el informe de resultados, Emanado de la Unidad de Control Posterior en el. ejercicio de la Potestad Investiga. 2.- Otorgamiento de veintidós (22) anticipos a contratistas, sin cumplir con el requisito de presentación de las respectivas fianzas. En razón de lo aquí expuesto, se transcriben las siguientes normas; las cuales se encontraban vigentes para el momento de la ocurrencia de los hechos: Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial N° 37.347 del 17/12/2001); entes y organismos a que se refere el articuio 9, numerales 1 al 11 de esta Ley, deberá garantizar que antes de proceder a la adquisición de bienes o servicios o a la elaboración de otros contratos que impliquen compromisos financieros, los responsables se aseguren del cumplimiento de los requisitos siguientes: (...) Que se hayan previsto las garantías necesarias y suficientes para responder por las obligaciones que ha de asumir el contratista (..." Manual de Normas de Controi Interno Sobre un Modelo Genérico de la Administración Central y Descentralizada Funcionalmente (Gaceta Oficial 4.11.16 Fianzas "La respectiva unidad administrativa será responsable de verificar la presentación oportuna por parte de los contratistas de las fianzas (de fiel cumplimiento y/o de anticipo) establecido en el contrato y cadacontrato. Este anticipo deberá ser amortizado proporcionalmente en cada valuación. (...)" Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras (Decreto 1.417) Gaceta oficial N° 5.096 del 16/09/1996; hubiese establecido en el contrato, entregará al contratista en calidad de anticipo, el porcentaje dei monto dei contrato que se hubiese establecido en el documento principal. Para proceder a la entrega del anticipo, el contratista deberá presentar una fianza de anticipo por el monto establecido, en el documento principal, emitida por una compañia de seguros o -institución bancaria de reconocida solvencia, a satisfacción del Ente Contratante y según texto elaborado por éste, dentro del lapso de inicio de la obra. (..) Cuando lo correcto era, y sigue siendo, que en cumplimiento del ejercicio de sus funciones, las cuentadantes verificarán la existencia de la documentación administrativa-legal correspondiente; tendientes a establecer y garantizar las obligaciones contraídas por el contratista o prestatario del servicio, para proceder al pago de los anticipos en cuestión; entre los cuales se indica la fianza de anticipo, para el caso que nos ocupa. Cabe señalar, que todas las transacciones y operaciones financieras, presupuestarias y administrativas deben estar debidamente respaldadas por sus respectivos soportes (documentación administrativa, legal) de, conformidad al articulo 23 de las Normas Generales de Control Interno (Gaceta Oficial Nro. 36.229 de fecha 17-06-1997): con sujeción a los principios de legalidad, transparencia y de. especificidad del presupuesto de gastos, entre otros que rigen a la Administración Pública. ·En este orden de ideas, el Decreto de Reforma Parcial de laLey de Licitaciones (Decreto 1.555, Gaceta Oficial Nro. 5556 Extraordinaria, de fecha :. 13 de noviembre de 2001) define quienes son los contratistas en su artículo 5, numeral 1, en los siguientes términos: "Contratista: Toda persona natural o .juridica que ejecuta una obra, suministra bienes o. presta un servicio no Ley, en virtud de un contrato, sin que medie relación de dependencia * Conducta esta, que compromete. la responsabilidad de las Ciudadanas: ISABEL TERESA MONTILLA DE BRAVO venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-1.583.212; en su condición de Directora (E) del INIA-Lara (desde el 01/04/2006, hasta 12/09/2007); designada mediante Oficio Nro. 068 de. fecha 28 de marzo de 2006, Providencia Administrativa 020 de fecha 13 de Septiembre de 2006, Publicada en Gaceta Oficial Nro.38.526 de Fecha 20 de Septiembre de 2006; y NORELIS FERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad. Nro. V- 12.698.541; en su condición de Jefe de la Oficina de Administración del INIA-Lara (desde 04/09/2006 hasta el 28/02/2008), el cual fue designada mediante. Oficio Nro. 0153 de fecha 07 de Septiembre de 2006, emanada de la Dirección' dei Centro del INIA-Lara; toda vez, que la conducta de las misma se subsume, en el Artículo 91 numerales 3 y 9 de los Supuestos Generadores de Responsabilidad Administrativa, establecidos en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y cel Sistema Nacional de Control Fiscal (publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el N° 37.347, de fecha 17 de Diciembre de 2001),"a saber: Artícuio 91. "Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de io gué responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que- se mencionan a continuación: 1. (Omissis) 3. El no haber exigido garantía a quien deba prestarla o haberla aceptado insuficientemente. 9. La Omisión del Control Previo ELEMENTOS PROBATORIOS Y RELACIÓN DE CAUSALIDAD: 2.1.- Informe de Seguimiento y Auditoría Administrativa practicada al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas del Estacio Lara, desde 01 de julio de 2006 al 30 de junio de 2007. (folios 04 al 39); Documento contentivo de los resultados de la actuación fiscal practicada, donde se. corroboran entre otros aspectos determinantes, los hallazgos encontrados y presuntos involucrados, cuya conducta es vinculada a las ciudadanas: Isabel Teresa Montilla de Bravo y Fernández; en: su condición de Directora y Administradora Norelis respectivamente, para el momento del periodo evaluado (01 de julio de 2006 al 30 de Junio de 2007). 2.2.- Oficio Nro. 1362 de fecha 03 de octubre de 2008, suscrito por la Directora (E) del INIA-Lara, de cuyos anexos se desprenden entre otros, Copias Certificadas de los Vouchers de los Cheques Nros. 73108851, 56108888, 29108890, 42108987, 61108984, 9108994, 51108953, 06109088, 83109095, 14109130, 17192407, 8192416, 45192498, 46192505, 71192522, 28192523, 2192193, 49192273, 38278905, 73387710, 58387771, 54407753 (folios 161, 280, 282 al 344), se constata que las ciudadanas: Norelis: Fernández e Isabel Teresa Montil'a de Bravo, en su. condición de Administradora y Directora del INiA-Lara, respectivamente; tienen relación directa. en el proceso del pago y emisión de los mencionados cheques; toda vez que con su firma avalan los mismos; pagos que se realizaron por concepto de anticipo, sin exigir la presentación de la fianza de anticipo como garantía de ley; tal y como se verificó de los soportes anexos que acompañan a los Voucher respectivos, para emitir el pago. No obstante, los vouchers Nros. 73108851, 29108890, 71192522, 28192523, 73387710, 58387771; carecen de todo soporte legal, pertinente tendientes a respaldar, justificar, los pagos en cuestión realizados. 2.3.- Copia .Certificada de la Aclaratoria Administrativa suscrita por la Administradora (E) del INIA Lara, ciudadana Norelis Fernández, de fecha 13 septiembre 2007 (folios 425 al 427); del cual se desprende que Inversiones Gresecar y Cooperativa Ultimate R.L (folios 342 y 343) no les fue solicitada la fianza de anticipo correspondiente. Cabe destacar, que en el mencionado escrito se infiere la exigencia de la fianza requerida a las empresas Ingeniería Veliz Martin, C.A, y Grupo Industrial de protección Ambiental (GIPA), los cuales no guardan relación efectiva con las copias certificadas de los. vouchers señalados en el numeral 2.2, que se mencionan como hecho irregular; mas sin embargo, se contacto que las copias certificadas ce .. los vouchers correspondientes a Inversiones Gresecar y Cooperativa, Ultimate R.L que rielan a los folios 342 y 343, fianza de anticipo. No obstante, la copia certificada del voucher correspondiente a la primera de las nombradas, carece de todo soporte anexo tendientes a respaldar, la operación realizada. 2.4:- Copia Certificada de la Aclaratoria Aciministrativa recibida por el Lic. Carlos . Lucena, Auditor II, en fecha 14 -09-2007 y suscrita por la Administradora (E) del:. INIA-Lara, Ciudadana Norelis Fernández (folios 428 al 429 ); quien señala que las fianzas de anticipo solo se solicitaron en el caso de ejecución de obras, no así en el caso de la prestación de servicios y adquisición de bienes. Cabe indicar, que tal señalamiento queda desvirtuado; toda vez que al verificar dicha información con:: los anexos de los vouchers señalados en el numeral 2.2 mencionado supra, se página original (tal como se publicó) [Página 12] evidenció que las copias certificadas de los vouchers.que rielan a los folios 308, 329, 339, 342 y 343, se otorgaron por concepto de ejecución de obras; careciendo todas de la garantía de ley requerida para otorgar los anticipos en cuestión. 2.5.- Oficio Nro. 2009-002, de fecha 07 de mayo de 2009, suscrito por la Lic. Rosangela Rodríguez en su condición de Administradora Encargada de INIA- Lara, dirigido al Auditor Interno, Lic. José Parada (folio 669); informándole que luego de revisar exhaustivamente los archivos de Administración del INIA Lara, no se encontraron las Fianzas de Anticipo de los cheques que se mencionan en el oficio 079220 de fecha 16 de Abril de 2009 (folios 661 y 662) y que se corresponden con 22 de los mencionados en el numeral 2.2 antes indicado como elementos probatorios. 2.6.- Copia de la Gaceta Oficial Nro. 38.526 de fecha 20 de septiembre de 2006 Teresa Montilla de Bravo, como Directora del INIA Lara, a partir del 01 de abril de 2006. .2.7.- Copia Certificada de Oficio Nro. 01053, de fecha 07 de septiembre de 2006 (folio 772); mediante el cual la Ing. Isabel Teresa Montilla de Bravo, Directora del INIA-Lara, le informa a la Dra. Tania Rodríguez, Gerente General del INIA, la designación de Norelis Fernández como Administradora del INiA Lara, a partir dei mes de septiembre de 2006. 2.8.- Copia Certificada de Oficio Nro 001086, de fecha 01.de octubre de 2009. dirigido al -Lic. José Parada, Auditor Intemo del INiA y suscrito por el Dr. Antonio Meléndez, Consultor Juridico del INiA (folio 780); de donde se desprende que no se hizo la publicación en Gaceta Oficial del nombramiento de la ciudadana Norelis Femández. 2:9.- Oficio Nro 438, de fecha 13 de,octubre de 2009, suscrito por la Lic. Zoila Suárez, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos del INIA mediante el cual se remite a este Órgano de Control, Certilicación de Cargo de la Ciudadana Isabel Teresa Montilla de Bravo, y los soportes debidamente certificados que lo acompañan (folios 781 .al 785); del cual se constata que la ciudadana antes mencionada, se desempeñó como Directora de INIA Lara desde 01 de abril de 2006 hasta el 12 de septiembre de 2007; cargo en cuestión con atribuciones inherentes a la administración, manejo y custodia de bienes públicos en el INiA-Lara, de conformidad a lo establecido en el Artículo 18 numerales 1 al 6 de la Ley del INIA (publicada en la Gaceta Oficial Nro. 315.149 de fecha 25/08/2000). 2.10.- Copia Certificada de Oficio s/n, de fecha 26 de octubre de 2009, suscrito por la Lic. Zoila Suárez, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos del. INIA (folios 793 al 795); mediante el cual rente a esta Unidad de Control, Certificación de Cargo de la ciudadana Norelis Fernández, evidenciándose que dicha ciudadana se desempeñó como Administradora de INIA Lara desde el 04 de septiembre de 2006 hasta el 28 de febrero de 2008; indicando las funciones o atribuciones que le correspondían como administradora. 2.11.-Comunicación suscrita por la Ing. Isabel Teresa Montilla de Bravo, de fecha 30 de marzo de 2010, que marcada "A", acompaña escrito de promoción de Montes, quien actúa en representación de la ciudadana antes indicada, (folios 955 al 963); del cual se desprende que las fianzas de anticipo no fueron solicitadas en los casos de adquisición de bienes y prestación de servicios, no obstante les fueron otorgados a los contratista los anticipos respectivos. Es importante señalar, que este escrito presenta contradicción con lo expuesto por la Ciudadana Norelis Femández en los escritos de Aclaratoria Administrativa suscritos por ella y que rielan a los folios 425 al 427 y 428 al 429. 2.12.-Escrito de fecha 29-04-2010, suscrito por la ciudadana Norelis Ferández (folios. 1094 al 1099): del cual se desprende en el aparte "B" referente al "Otorgamiento de veintiocho anticipos, sin cumplir con la fianza respectiva", que no se solicitaron las fianzas, que establece la ley para el otorgamiento de los anticipos. En este orden de ideas, se constató la vinculación del acto, hecho u omisión de las funcionarios Isabel Teresa Montilla de Bravo y Norelis Femández, antes identificadas; con la administración, manejo y custodia de bienes público, para el momento en que ocurrieron los hechos presuntamente irregulares; razonès por las cuales se compromete la responsabilidad de las mencionados Ciudadanas conforme a las pruebas indicadas supra. Por lo antes expuesto, y de todas y cada una de las conductas que se pretenden erigir en supuestos generadores de responsabilidad administrativa; Por lo que se concluye con respecto a El otorgamiento de veintidós (22) anticipos a contratistas sin cumplir con el requisito de la fianza de anticipo, lo siguiente: cuanto al Supuesto Generador de Responsabilidad En Administrativa contemplado en el Articulo 91, numeral 3: Las presuntas responsables, han comprometido la responsabilidad, al no haber exigido _garantía a quien deba prestarla; ya que, de las pruebas recabadas, entre ellas los anexos respectivos que acompañan a cada Voucher, por concepto de anticipo y que sirven de soportes para avalar los pagos en cuestión; se constató que las fianzas de anticipo no fueron exigidas por las funcionarias presuntamente responsables antes mencionadas, o bien habiéndolas exigido las mismas no fueron consignadas por los contratistas (en consecuencia, no se evidenciaron las mismas): quienes en su condición de cuentadantes, se encuentran inmersas en el proceso del pago y emisión de los Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Manual de Normas de Control Interno Sobre un Modelo Genérico de la Administración Central y Descentralizada Funcionalmente, y las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras; antes señaladas. - En cuanto al Supuesto Generador de Responsabilidad Administrativa contemplado en el Articulo 91, numeral 9. Este supuesto generador se fundamenta en la omisión del control previo; lo cual consiste en el desarrollo de una conducta negativa, en una abstención del deber, por parte de las cuentadantes, en el cumplimiento del ejercicio de sus funciones. Se desprende del hallazgo de auditoría en cuestión y de las pruebas antes mencionadas, la responsabilidad inmersa por parte de las presuntas responsables, al omitir la fianza de anticipo, requerida legalmente ejecución correcta o conforme del presupuesto de gastos, y evitar cualquier incurrir en un enriquecimiento sin causa; así como permitir verificar la legalidad del gasto, las obligaciones contraídas, el procedimiento aplicado entre otros. Toda vez, que el control previo es el examen de operaciones y transacciones propuestas, antes de su ejecución, con el propósito de establecer su propiedad, legalidad, veracidad y conformidad con el presupuesto. El mencionado supuesto, tiene como Base Constitucional, al Artículo 314 r en n n n en la Ley de Presupuesto. En consecuencia el Gasto Público viene a ser una autorización para que el cuentadante pueda realizar las obras,-adquiera bienes o realice la ejecución de un servicio. Es importante señalar, que- los supuestos generadores de responsabilidad administrativa descansan sobre las conductas (actos; hechos y omisiones), realizada por los funcionarios públicos y particulares, en la administración dei patrimonio público, debidamente tipificados por una norma de rango legal o subiegal, independientemente de la existencia o no de daño al patrimonio. público. 3.- INIA Lara contrató con el proveedor DIGESA Lara, S.A. la impresión de 36.000 Publicaciones y Folletos relacionada con trabajos de Investigación realizados en dicha Unidad Ejecutora, sin realizar el proceso licitatorio correspondiente al servicio de impresión de 4.000 publicaciones de cada una de los trabajos de investigación titulados (...) Este hecho presuntamente irregular no se consideró en el auto: de apertura del procedimiento de determinaciones en cuestión, en razón de que del análisis realizado y de las pruebas recabadas, se observó que las mismas no eran legales, pertinêntes y suficientes, para lograr establecer la debida relación de causalidad entre el sujeto presuntamente responsable y el hecho en cuestión; toda vez que no se logró establecer la vinculación de dicho proceso con la Gerencia Administrativa del INIA. 4.- Dieciocho (18) pagos efectuados a personas naturales por el monto de Veinticinco Millones Doscientos Treinta y Cinco mil Seiscientos Sesenta y Siete Bolivares con Cero Céntimos (Bs. 25.235.667,00), por concepto de Honorarios Profesionales, Apoyo Administrativo y Contable a Oficina de Administración y Dirección, determinándose Imputación Presupuestaria Incorrecta por la partida 4.03.0o.0o.0o "Servicios-No Personales", cuando lo correcto era que se imputara a la partida presupuestaria 4.01.01.18.00 “Remuneraciones al Personal Contratado"; así como la inexistencia ylo suscripción de contratos por los servicios. prestados. Al respecto, la normativa que a continuación se menciona, establece: 4.1. Con respecto al hecho de haber Imputado incorrectamente los pagos antes a. Indicados. página original (tal como se publicó) [Página 13] Ley Orgánica de la Contraloría General de ia República y Sistema Nacional de Control FIscal (LOCGRYSNCF) entes y organismos a que se refieren el articulo 9, numerales 1 al 11 de esta Ley, deberá garantizar que antes de proceder a la adquisición de bienes y servicios, o a la elaboración de otros contratos que impliquen compromisos financieros, los responsables se aseguren del cumplimiento de los requisitos siguientes: (...). 1. Que eí pago esté correctamente imputado a la correspondiente partida' del presupuesto o, en su caso, a créditos adicionales. (..". Ley de Reforma Parcial de lá Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP) Gaceta Oficlal Nro. 38.198 del 31 de mayo de 2005. Ártículo 49: "No se podrán adquirir compromisos. para los cuales no existan créditos presupuestarios, ni disponer de créditos para una finalidad distinta a la prevista". Reglamento Nro. 1 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Administraclón Financiera del Sector Público (LOAFSP) Gaceta Oficial Nro. 5.781 Extraordinaria del 12 de agosto de 2005 Administración Financiera del Sector Público, formularán, ejecutarán y controlarán su presupuesto con base al plan de cuentas o clasificador presupuestario dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto. (...)" Providencia Administrativa que establece el Clasificador Presupuestario aplicabie a los Organos y Entes del Sector Público, Gaceta Oficial Nro. 38.314 del 15 de noviembre de 2005 Artículo 1: "Los fijos de origen y aplicación de los recursos que' generen para las operaciones económicas y financieras de los órganos y entes sujetos a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, se regirán por el Clasificador Presupuestario establecido en esta Providencia". Articulo 7: "Los códigos y denominaciones que conforman el Clasificador Presupuestario del Sector Público, son los siguientes: (...) 4.01.01.18.0o: "Remuneración al personal contratado:-Comprende la asignación para atender el pago de las remuneraciones acordadas en virtud de un contrato individual de trabajo por tiempo determinado, que no exceda del sjercicio fisca! y los pagos por conceptos de Honorarios Profesionales por trabajos eventuales realizados por 4.01.01.12.00: "Salarios a Obreros No Permanentes: Retribución a obreros que desempeñan labores como trabajador temporero, otros tipos de trabajo en puestos no permanentes". . Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos emanado del Ministerio de Finanzas, Oficina Nacional de Presupuesto. Enero 2006 y 2007. 4.01.01.18.00 "Remuneración al personal contratado: Comprende las asignaciones para atender el pago de las remuneraciones acordadas en virtud de un contrato individual de trabajo por tiempo determinado, que no exceda del ejercicio fiscal y los pagos por concepto .de honorarios profesionales por trabajos eventuales realizados por personas naturales no consideradas funcionarios públicos. (..)" 4.2. En relación á los pagos hechos por concepto de honorarios profesionales, apoyo administrativo y contable a Oficina de Administración y Dirección sin el respectivo contrato. Ley del Estatuto de la Función Pública ( Gaceta Oficial Nro. 37.522 del 06 de septiembre de 2002). Articulo 37: "Solo podrá procederse por vía del contrato en aquellos casos én que se requiera personal altamente calificado para realizar tareas específicas y por tiempo determinado. (.….)"* Normas Ganerales de Control Interno (Gaceta Oficial Nro. 36.229 de fecha √ 17 de junio de 1997). Articulo 23: "Todas las transacciones y operaciones financieras, presupuestarias y administrativas deben estar respaidadas con la suficiente documentación justificativa. (...)" Resolución Interna, aprobada en Junta_Administradora en su Sesión Nro, 495, de fecha03/06/1997, según Oficlo Nro. 0048, de fecha 06/06/1997, Soportes exigidos por concepto de Contratación por Honorarios Profesionales: Punto de Cuenta donde Justifica la Contratación firmada por el Presidente y/o Gerente General. Contrato. Informe detallado de los servicios prestados debidamente aprobado por el funcionario que recibió la acoesoria. Factura o Recibo que identifique al Personal Contratado, avalada por el funcionario que lo contrato en señal de -conformidad, con su respectivo Rif. Cuando lo correcto era y sigue siendo, que los cuentadantes en el ejercicio de, sus funciones hubieran dado cumplimiento a las disposiciones legales y. reglamentarias supra mencionadas (Ley de presupuesto, Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, entre otras); realizando con ello, de 'manera correcta, la' imputación del gasto desde el punto de vista presupuestario; así como el haber requerido los contratos o informes según corresponda, concernientes al caso que nos ocupa, antes de efectuar los pagos en cuestión. Tóda vez, que los actos de la administración deben realizarse conforme al principio de legalidad que rige a la administración -pública. En razón de lo antes expuesto, todas las transacciones y operaciones financieras, presupuestarias y administrativas deben estar debidamente respaldadas, por soportes que contengan la documentación administrativa, legal, pertinente, con sujeción a los principios de legalidad, transparencia y de . especificidad del presupuesto de gastos, entre otros que rigen a la Administración Pública. Conducta ésta, que compromete la responsabilidad de las ciudadanas ISABEL TERESA MONTILLA DE BRAVO y NORELIS FERNÁNDEZ, pOr cuanto su conducta se ve comprometida al subsumirsé dentro del Supuesto Generador de Responsabilidad Administrativa, establecido en el Artículo- 91,. numerales 7, 9 y 22 de 'la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en Gacetà Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el Nro. 37.347, de fecha 17 de diciembre de 2001, a saber: Artículo 91. "Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras Leyes, constituyen supuestos: generadores. de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación: 1. (Omissis) 7: La ordenación de pagos por bienes obras o servicios no suministrados, realizados o ejecutados, total o parcialmente o no contratados, asi como por concepto de prestaciones, utilidades, bonificaciones, dividendo, dietas u otros conceptos, que en alguna manera discrepen de las normas que la consagran (...). La Omisión del Control Previo. 9. 22. El empleo de fondos de alguno de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del articulo 9 de esta Ley en finalidades diferentes de aquellas que estuvieron destinadas por ley, reglamento o cualquier otra normativa interna o acto administrativo. Elementos Probatorios y Relación de Causalidad: 4.1.- Respecto al hecho de haber imputado incorrectamente los pagos antes indicados: 4.1.1. Informe de Seguimiento y Auditoria Administrativa practicada al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas del Estado Lara, desde 01 de julio dè 2006 al 30 de junio de 2007 (folios 4 al 39): Documento contentivo de los resultados de la actuación fiscal practicada, donde se corroboran entre otros aspectos determinantes, los hallazgos encontrados y presuntos involucrados, cuya conducta es vinculada a las ciudadanas: Isabel teresa montilla de Bravo y Norelis Fernández; en su condición de Directorai y Administradora, respectivamente; para el momento en que se detectaron los hechos presuntamente irregulares. 4.1.2. Copia Certificada del Voucher del Cheque Nro. 23108965, de fecha 15 de agosto de 2006,. a nombre de Alejandro Marín (folios 347 al 349); por concepto de cancelación de honorarios profesionales, imputado a la partida especifica 4.03.99.01.00 (esta partida esta dentro de la partida global de servicios no personales) de cuyos soportes que le acompañan no se constató. el contrato; cuando lo correcto era y sigue siendo que se imputará a la partida.. 4.01.01.18.00 (Remuneración al personal contratado) y se anexará la documentación administrativa-legal artes mencionada. 4.1.3. Copia Certificada del Voucher del Cheque Nro. 80109046, de fecha 18 de septiembre de 2006, ai nombre de Yoel Cuicas (folios 350 al 352): por concepto de cancelación de honorarios profesionales, imputado a la partida especifica 4.03.99.01.00 (esta partida esta dentro de la partida global de een an u nn ee nn en n e (seed u enn el contrato respectivo para proceder al pago; cuando lo correcto era y sigue siendo que se imputara a la partida 4.01.01.18.00 (Remuneración al personal contratado) y se anexará la documentación administrativa-legal antes indicada. 4.1.4. Copia Certificada del Voucher del Cheque Nro. 6519z246, de fecha 01 de diciembre de 2006, a nombre de Alejandro Pérez (folios 353 al 355), por concepto de cancelación por prestación de servicios, imputado a la partida específica 4.03.99.01.00 (esta partida esta dentro de la partida global de servicios no personales) de cuyos soportes que te acompañan no se constató el contrato; cuando lo correcto era y sigue siendo que se imputara a la partida 4.01.01.18.00 (Remuneración al personal contratado) y se consignara la documentación administrativa-legal antes señalada. 4.1.5. Copia Certificada del Voucher del Cheque Nro. 9919z254, de fecha 08 de diciembre de 2006, a nombre de Yoel Cuicas (folios 356 al 357). por concepto de cancelación por prestación de servicios de honorarios profesionales, sin especificación de la partida a la cual fue imputado. De los anexos consignados no se evidencia el contrato. página original (tal como se publicó) [Página 14] 4.1:6. Copia Certificada del Voucher del Cheque Nro. 77192286, de fecha 20 de diciembre de 2006, a nombre de Laura Arrieche (folios 358 al 359), por concepto de cancelación por apoyo administrativo y contable, imputado a la partida 4.03.10.99.00 (partida correspondiente a Otros Servicios Profesionales y Técnicos) de cuyos soportes que le acompañan no se constata el contrato; cuando lo correcto era y sigue siendo que se imputara a la partida · documentación administrativa-legal supra mencionada. 4.1.7 Copia Certificada del Voucher del Cheque Nro. 49192298, de fecha 20 de diciembre de 2006, a nombre de María Susana Méndez (folios 360 al 362). imputado a la partida 4.03:10.07.00 (partida especifica correspondiente a Servicios de Capacitación y Adiestramiento); de cuyos soportes destaca la Factura Control Nro. 0016, s/f, donde se indica como concepto "192 horas de servicios profesionales, actualización de presupuesto y contabilidad, aplicación y enseñanza de métodos para mejorar la respuesta administrativa", Cheque in comento; no se constata entre los soportes anexos el contrato. 4.1.8. Copia Certificada del Voucher del Cheque Nro. 42387745, de fecha 01 de abril de 2007, a nombre de Heberth Hinestroza (folios 363 al 366), por concepto de 4.03.09.01(partida específica correspondiente a la partida de viáticos y pasajes dentro dei País); de cuyos soportes que le acompañan no se constata el contrato; cuando lo correcto era y sigue siendo que se imputara a la partida 4.01.01.18.00 (Remuneración al personal contratado) y se consignara la documentación administrativa-legal supra mencionada. 4.1.9. Copia Certificada del Voucher del Cheque Nro. 11387743, de fecha 01 de abril de 2007, a nombre del INIA (folios 367 ai 370), por concepto de pago de préstamo a FONTAGRO por gasto de personal, imputado a la partida 4.03.99.01.00 (partida específica correspondiente a Otros Servicios No Personales); cuando lo correcto era y sigue siendo que se imputara a la partida documentación administrativa-legal que soporte dicho pago. 4.1.10. Copia Certificada del Voucher del Cheque Nro. 76387744, de fecha '01 de abril de 2007, a nombre de Mayra Quevedo (folios 371 al 374 ), por concepto de cancelación por realización de labores secretariales, imputado, a la partida 4.03.09.01.00 (partida específica correspondiente a viáticos y pasajes dentro 4.01.01.18.00 (Remuneración al personal contratado) y se consignara la documentación administrativa-legal supra mencionada entre los documentos que deben soportar dicho pago. 4.1.11. Copia Certificada del voucher del Cheque Nro. 10407739, de fecha 12 de abril. de 2007, a nombre de Heberth Hinestroza (folios 375 al 376), por concepto de cancelación por realización de labores contables, imputado a la partida 4.03.09.01.00 (partida específica correspondiente a la partida de viáticos y pasajes dentro del País); de cuyos soportes que le acompañan no se partida 4.01.01.18.00 (Remuneración al personal. contratado ) y se los documentos que deben soportar dicho pago. 4.1.12. Copia Certificada del voucher del Cheque Nro. 17407740, de fecha 12 de abril de 2007, a nombre de Mayra Quevedo (folios 377 al 378). por concepto de cancelación por realización de labores secretariales, imputado a la partida 4.03.09.01.00 (partida específica correspondiente a la partida de viáticos y pasajes dentro del País); de cuyos soportes que le acompañan no se constata el contrato, cuando lo correcto era y sigue siendo que se imputara a la partida 4.01.01.18.00 (Remuneración al personal contratado) y se consignara la documentación administrativa-legal supra mencionada entre los documentos que deben soportar dicho pago. De igual forma se evidenció que ro consta en el recibo de pago, la firma de la beneficiaria ut supra mencionada. 4.1.13. Copia Certificada del voucher del Cheque Nro. 23407751, de fecha 16 de abril de 2007, a nombre de María Susana Méndez (folios 379 al 380 ), por concepto de reorganización de la Oficina de Administración del INIA Lara, imputado a la partida 4.03.10.07.00 (partida específica correspondiente a Servicios de Capacitación y Adiestramiento); de cuyos soportes que le acompañan no se constata el contrato; cuando lo correcto era y sigue siendo que se imputara a'la partida 4.01.01.18.00 (Remuneración al personal contratado) y se consignara la documentación administrativa-legal supra mencionada entre los documèntos que deben soportar dicho pago. 4.1.14. Copia Certificada del Voucher del Cheque Nro. 88407752, de fecha 16 de abril de 2007, a nombre de María Susana Méndez (folios 381 al 382), por concepto de asesoría económica rendición del ejercicio fiscal 2005, imputado a la partida 4.03.10.07.00 (partida especifica correspondiente a Servicios de Capacitación y Adiestramiento): de cuyos soportes que le acompañan no se constata el contrato; cuando lo correcto era y sigue siendo que se imputara a la partida 4.01.01.18.00 (Remuneración al personal contratado) y se consignara la documentación administrativa-legal supra mencionada entre los documentos que deben soportar dicho pago. 4.1.15. Copia Certificada del Voucher del Cheque Nro. 91407786, de fecha.27 de abril de 2007, a nombre de Heberth Hinestroza (folios 383 al 384). por concepto de cancelación por realización de labores contables y administrativos, imputado a la partida 4.03.99.01.00 (partida específica correspondiente a Otros servicios No Personales); de cuyos soportes que le acompañan no se constata el. contrato; cuando lo correcto era y sigue siendo que se imputara a la partida 4.01.01.18.00 (Remuneración al personal contratado ) y se consignara la que deben soportar dicho pago. 4.1.16. Copia Certificada del Voucher del Cheque Nro. 25418605, de fecha 15 de mayo de 2007, a nombre de Heberth Hinestroza (folios 385 al 386 ), por concepto de pago de primera quincena de mayo, imputado a la partida 4.03.99.01.00 (partida especifica correspondiente a Otros servicios No Personales); de cuyos soportes que le acompañan no se constata el contrato; 4.01.01.18.00 (Remuneración al personal contratado) y se consignara la documentación administrativa-legal supra mencionada entre los documentos que deben soportar dicho pago. 4.1.17. Copia Certificada del Voucher del Cheque Nro. 90418606, de fecha 15 de mayo de 2007,. a nombre de Quevedo Mayra (folios 384 al 389), por concepto de pago de primera quincena de mayo, imputado a la partida 4.03.99.01.00 (partida específica correspondiente a Otros, servicios No Personales); de cuyos soportes que le acompañan no.se constata ei contrato; cuando lo correcto era y sigue siendo que se imputara a la partida 4.01.01.18.00 (Remuneración al personal contratado) y se consignara la documentación administrativa-legal ne e e pe r e 4.1.18. Oficio 438, de fecha 13 de octubre de 2009, por la Lic. Zoila Suárez, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos del INiA, media el cual remite a esta Unidad de Control Certificación de Cargo de la ciudadana isabel Montilla de Bravo, y los soportes debidamente certificados que lo acompañan, de los cuales se desprende que la ciudadana supra indicada se desempeñó como Directora de INIA Lara desde 01 de abril de 2006 hasta el01 de septiembre de 2007 (folios 781 al 785). 4.1.19. Copia Certificada de Ofició s/n, de fecha 26 de octubre de 2009, por la Lic. Zoila Suárez, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos del INIA, mediante el cual remite a esta Unidad de Control Certificación de Cargo de la ciudadana Norelis Ferández, evidenciándose que dicha ciudadana se desempeñó como Administradora de INIA Lara desde el 04 de septiembre de 2006 hasta el 28 de febrero de 2008 e indicando las funciones o atribuciones que le correspondían (folios 793 al 795). 4.2.- Con respecto a los pagos hechos por concepto de honorarios profesionales, apoyo administrativo y contable a la oficina de Administración y Dirección sin el respectivo contrato; tenemos como elementos probatorios todos los anteriormente señalados, y los que a continuación se mencionan: 4.2.1. Acta de Declaración de Testigo de fecha 20 de marzo de 2009, suscrita por la ciudadana. Lourdes Coromoto. Silva de Saldivia, titular de la. Cédula de Identidad Nro. V-4.726.622, Jefe de Personal de INIA Lara, de la cual se desprende que no a todos los contratados durante el período evaluado se les elaboró y firmó contato; señalando como ejemplo a la ciudadana María Susana Méndez y Heberth Hinestroza, a quien este último se le hizo contrato a posterior solicitud que ella misma hiciere. a la oficina de Recurso humanos, situación que no ocurrió asi con la ciudadana María Susana Méndez (folios 548 al 550). 4.2.2. Oficio Nro. 0398, de fecha 25 de marzo de 2009, suscrito por la Ing. Hilda González, Directora del INiA Lara y dirigido al Lic. José Parada, Auditor Interno del INiA, del cual se evidencia al comparar la información suministrada en el Cuadro 1 que riela en el folio. 1153 del informe de resultado, emanado de la Unidad de Control Posterior (contentivo de los números de cheques, fechas, los folios 572 al 627 del expediente PI-11-2008; que los contratos de los ciudadanos que alli se mencionan fueron elaborados y suscritos de manera posterior a los pagos realizados. En el caso particular de los ciudadanos María Susana Méndez, Maira Quevedo, Aiejandro Pérez, Alejandro Marín Fernández, los cuales aparecen como beneficiarios de los vouchers de pago Nros. 49192298, 73387710; 76387744, 17407740, 90418606; 65192246; 23108965; respectivamente, no se evidenció la existencia de contrato alguno (folios 553 al 554). 4.2.3. Copia Certificada del Memorando Interno Nro. 0043, de fecha 12 de enero del 2007., suscrito por Irma Peroza, Jefe de Personal (E) y dirigido a' la Lic. Norelis página original (tal como se publicó) [Página 15] Femández, Administradora dei INiA Lara, del cual se, evidencia el proceso para elaboración y suscripción del respectivo contrato; constatándose en cuestión, que dicho proceso no se cumplió (folios 560 al 561). 4.2.4. Copia Certificada del Memorando Intero Nro. 0741, de fecha 17 de julio de 2007, suscrito por Lourdes Coromoto Silva de Saldivia, Jefe de Personal y dirigido a la Lic. Norelis Femández, Administradora del INIA Lara; del cual se evidencia que la Ciudadana Susana. Meléndez se encuentra laborando aproximadamente" por tiempo de un año, en la oficina de administración del INIA -- Lara sin contrato que respaide dicha contratación (folios 562 al 563). 4.2.5. Copia Certificada del Oficio Nro. 0000614, de fecha 25 de mayo de 2007, suscrito por la Ing. Isabel Montilla de Bravo, Directora del INIA Lara y dirigido al Dr. Manuel Ramos, Gerente de Recursos Humanos (E) del INIA, consta en este Oficio que el ciudadano Heberth Hinestroza se encontraba prestando servicio en INiA Lara, sin la suscripción del contrato respectivo, aun cuando se había solicitado su contratación a la Gerencia de Recursos Humanos (folio 564). 4.2.6. Copia Certificada del Memorando Interno Nro. 00752, de fecha.18 de julio de 2007, suscrito por la Lic. Norelis Femández, Administradora del INIA Lara y dirigido a Lourdes Coromoto Síva de Saldivia, Jefe de Personal, como respuesta al Memorando interno Nro. 00741 de fecha 17/07/2007, mediante el cual se constata que la Lic. Norelis Femández, Administradora de INIA Lara, afirma que no existe contrato para la contratación de la señora María Susana misma (folios 565 al 567): 4.2.7. Copia Certificada del Oficio Nro. 1340, de fecha 14 de junio de 2007, suscrito por el Lic. Jesús Rodríguez, Jefe de, Captación y Desarrollo del INiA y dirigido a la ciudadana Lourdes Silva, Jefe de Personal del INIA Lara, en el que consta que el contrato de Heberth Hinestroza fue aprobado desde el 01/06/07 hasta el 31/12/07; del cual se constata que al verificar los voucher de pagos de fechas: 01-04-07, 12-04-07, 27-04-07 y 15-05-07; que se especifican en el cuadro 1 que riela al folio 1153 del informe de resultados emanado de la Unidad de Control Posterior, y que reposan en el expediente P1-11-2008; fueron realizados antes. de la suscripción del respectivo contrato (folio 568). 4.2.8. Copia Certificada de Dos (2) Contratos de Trabajo. por Tiempo .. Determinado.suscritos por Cuicas Torres Yoel Segundo y Prudencio Chacón, septiembre de 2006 hasta el 31 de Diciembre del mismo año; y el segundo con vigencia desde el 01 de enero de 2007 hasta el 31 Diciembre del mismo año; del cual se evidencia al comparario con las fechas y conceptos establecidos en las copias certificadas de los voucher de pagos efectuados, que rielan a los folios 350 al 352 y 356 al 357; que dichos pagos se realizaron antes de la fecha y suscripción del contrato en referencia (folios:572 al 585). 4.2.9. Copia Certificada de Dos (2) Conftratos de Trabajo por Tiempo Determinado suscritos por. Arrieche Siva Laura María y Prudencio Chacón, en su carácter de Presidente del INIA, el primero con vigencia desde el 09 de oclubre de 2006 hasta el 31 de Diciembre del mismo afio; y el segundo con vigencia desde el 01 de enero de 2007, hasta el 31 Diciembre del mismo año; del cual se certificadas de los voucher de pagos efectuados, que rielan a los folios 358 y 359; que dichos pagos se realizaron antes de la fecha y suscripción del contrato en cuestión ( folios 592 al 606). 4.2.10. Copia Certificada del Contrato de Trabajo por Tiempo Determinado suscrito por Hinestroza Hernández Heberth Antonio e Yvan Eduardo Gil Pinto, en su. carácter de Presidente del INIA, con vigencia desde el 01 de junio de 2007 hasta él 31 de diciembre del mismo año; del cual se evidencia al comparario con las fechas y conceptos establecidos en las copias certificadas de los voucher de pagos efectuados, que rielan a los folios 363 al 366, 368, 375 al 376; que dichos pagos se realizaron antes de la fecha y suscripción del 4.2.11. Copia Certificada del Oficio Nro. 0001052, de fecha 31 de agosto de 2007, suscrito por la ciudadana Lourdes Siva, Jefe de Personal del INIA Lara y dirigido. al Lic. Carlos Lucena, Auditor #, adscrito a la Unidad de Auditoria Interna del INIA, en el cual se evidencia que la Jefe de Personal del INIA Lara, informa a Norelis Femández sobre la permanencia de la ciudadana María Susana Méndez en las oficinas de administración, laborando la misma, con .inexistencia del contrato de servicio respectivo (folio 642). 4.2.12. Copia Certificada de: la. Aclaratoria Administrativa suscrita por la ciudadana Norelis Femández, Administradora (E) de INiA Lara y recibida por el Auditor II, adscrito a la Unidad de Auditoria Intema del INiA, Lic. Carlos Lucena, en fecha 11 de septiembre de 2007; en la cual se evidencia, que la ciudadana Norelis Fernández manifiesta que a la Economista María Susana Méndez, nunca se le realizó contrato, y sus pagos fueron cancelados contra factura, una vez culminadas las asignaciones o acuerdos que entre la Directora, María Susana Méndez y su persona, habían convenido; indicando además que este no es el único caso (folios 679 al 680). 4.2.13. Oficio Nro. 2009-005; de fecha 22 de junio de 2009, suscrito por la Lic. Rosangela Rodríguez, Administradora (E) del INIA. Lara y dirigido al Lic. José Parada, Auditor Interno del INIA, del cual se evidencia que en la Oficina de Administración no se encontró ninguna documentación que haga referencia al . trabajo realizado por la ciudadana María Susana Méndez y remite a esta Unidad de Control Fiscal copia certificada de documentos localizados en la Dirección de INiA-Lara titulados Diagnóstico de la Situación actual de la Dirección de Administración dei INIA Lara y Propuesta Reorganizacional de la Oficina de Administración INiA- Lara, realizados por la mencionada ciudadana (folio 721).- 4.2.14. Copia Certificada del Diagnóstico de la Situación actual de la Dirección de Administración del iNIA Lara, del cual se'evidencian los resultados de la labor prestada por María Susana Méndez (folios 722 al 723). 4.2.15. Cópia Certificada de la- Propuesta Reorganizacional de la Oficina de Administración, INIA Lara, elaborado por María Susana Méndez, en Barquisimeto, en marzo 2007 (folios 724 al 733). 4.2.16. Oficio 438, de fecha 13 de octubre de 2009, suscrito por la Lic. Zoila Suárez, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos del INIA, mediante el cual remite a esta Unidad de Control Certificación de Cargo de la ciudadana Isabel Montilla de Bravo, y los soportes debidamente certificados que lo acompañan, de los cuales se desprende que la ciudadana supra indicada se desempeñó como Directora de INIA Lara, desde 01 de abril de 2006 hasta el 12 de septiembre de 2007 (folios 781 al 785). 4.2.17. Copia Certificada de Oficio s/n, de fecha 26 de octubre de 2009, suscrito por la Lic. Zoila Suárez, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos del INIA, mediante el cual remite a esta Unidad de Control Certificación de Cárgo de la ciudadana Norelis Ferández, evidenciándose que dicha ciudadana se desempeño como Administradora de INIA Lara desde el 04 de septiembre de 2006 hasta el 28 de febrero de 2008 e'indicando las funciones o atribuciones que le correspondían 4.2.18. Comunicación suscrita por la Ing. Isabel Teresa Montilade Bravo, de fecha 30 de marzo de 2010, que marcada "A", acompaña escrito de promoción de pruebas presentado por ante esta Unidad de Control Fiscal por el Abogado Nally Montes, quien actúa en representación de la - ciudadana antes indicada, del cual se desprende que, efectivamente se contrató personal sin la suscripción de los contratos respectivos; al indicar la mencionada ciudadana lo siguiente: "La carencia de contrato obedeció a que en dicho caso no se requería un personal para desempeñar un cargo, sino para cumplir una función especifica y coyuntural., la falta de contratos-para caso de apoyo administrativo · y contable, obedeció a la necesidad de cubrir las vacantes de administraciónì y ai retraso en el envío y aprobación de los contratos desde la Gerencia de Recursos Humanos" (folios 955 al 963). En este orden de ideas, se evidencia conforme a las pruebas indicadas supra que las funcionarios isabel Teresa Montilla de Bravo y Norelis Femández, antes identificadas; intervinieron en el procedimiento de ordenación del pago por cuyo hecho, acto u omisión se ha generado la irregularidad; por lo que, de todas y cada una de las conductas que se. pretenden erigir en supuestos generadores de responsabilidad administrativa, se concluye, con respecto a Dieciocho (18) pagos efectuados a personas naturales por el monto de Veinticinco Millones Doscientos Treinta y Cinco mil Seiscientos Sesenta y Siete Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 25.235.667,00), por concepto. de Honorarios Profesionales, Apoyo Administrativo y Contable a la Oficina de Administración y Dirección, determinándose Imputación Presupuestaria_incorrecta_ por la_ partida_ 4.03.00.00.00 "Servicios No Personales", cuando lo correcto era que se imputara a la partida presupuestaria 4.01.01.18.00 "Remuneraciones. al Personal Contratado"; así como la inexistencia yo suscripción de contratos por los servicios prestados lo siguiente: En cuanto al Supuesto Generador de Responsabilidad Administrativa contemplado en el Articulo 91, numeral 7: Este supuesto tiene como base constitucional, la norma prevista en el artículo 314 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; ségún la cual: presupuesto..."; su carácter prohibitivo, nos conlleva a la premisa de que todo compromiso que haya sido autorizado sin crédito presupuestario, no es válido ni produce efectos respecto a la administración, página original (tal como se publicó) [Página 16] En tal sentido, el hecho de ordenar y efectuar pagos por conceptos de obras, bienes o sérvicios_no suministrados, realizados o ejecutados, total o parcialmente, sin que se hubieren suscrito los respectivos contra:os, constituye a la luz de la vigente Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y de las disposiciones de la Ley Contra la Corrupción, un hecho susceptible de generar, responsabilidad administrativa (subrayado nuestro). Es por ello, que la administración cuando decide contratar la ejecución de una obra, la adquisición de bienes o la prestación de un servicio, con particulares requiere para el cabal cumplimiento de los compromisos, que estos consten en documentos fehacientes, que permitan hacer exigible la obligación para ambas partes. Toda vez, que el presupuesto guarda relación con la capacidad para contratar lo que en el ámbito de derecho público se define como competencia: por lo que, la capacidad de los Órganos de la Administración queda limitado a lo que en tal sentido le permitan las normas legales pertinentes; en consecuencia, los actos de la administración deben realizarse conformé al principio de legalidad que rige a la administración pública. En este orden de ideas, para que los compromisos puedan ser considerados como validamente adquiridos, deben cumplir con los requisitos y formalidades que establecen las normas que regulan la materia presupuestaria; a saber: Que sea autorizado por funcionario competente. . Que en tal virtud se dispongan o formalicen obligaciones de acuerdo a los criterios establecidos al efecto; estos criterios deben incluir, por cada partida los tipos de documentos que serán utilizados para registrar los compromisos. Que la naturaleza y el monto del gasto esté previsto en una partida presupuestaria con crédito disponible en el presupuesto vigente. Que hayan sido dictados, previo cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes (para el momento en que se efectúan los mismos). Que esté expresa la cantidad, el tipo de los bienes y servicios, si corresponde y la persona natural o jurídica de quien se los adquiere cuando se dispongan gastos con contraprestación para el fisco. Que esté identificado el beneficiario y el monto, cuando se refiere a gastos sin contraprestación. Es por esta razón que los compromisos adquiridos de manera verbal, pueden surtir sus efectos en las obligaciones contraídas entre particulares, conforme a las disposiciones del Código Civil Venezolano, no asi en las obligaciones contraídas por organismos públicos, ya que dichos compromisos deben cumplir con los requisitos y formalidades establecidas en las disposiciones legales mencionada supra. En virtud de lo antes expuesto, ningún pago puede ser ordenado contra el tesoro, sino para pagar obligaciones validamente contraídas; Con el objeto de garantizar la ejecución correcta o conforme del presupuesto de gastos, evitando así, cualquier sobregiro que tendrá que ser pagado por la administración, bajo pena de incurrir en un enriquecimiento sin causa; de igual forma, permiur venficar la legalidad del gasto, las obligaciones contraídas, el procedimiento aplicado entre otros. Toda vez, que el control previo es el examen de operaciones y transacciones propuestas, antes de su ejecución, con el propósito de establecer su propiedad, legalidad, veracidad y conformidad con el presupuesto. Con fundamento a lo mencionado supra, podemos concluir que de las pruebas recabar. (anexos respectivos que acompañan a cada Voucher), que sirven de soportes para avalar los pagos en cuestión, se evidencia la inexistencia y/suscripción de los contratos respectivos; que debieron realizarse con ocasión a la prestación del servicio; por lo que los presuntos responsables, ven comprometida su responsabilidad, en su condición de cuentadantes, al estar inmersas en el proceso de pago; contraviniendo con su conducta lo establecido en las Normas supra mencionadas en el numeral 4.2 que explica este punto del hallazgo. Responsabilidad asandns se ogueno de En .Administrativa contemplado en el Articulo 91, numeral 9. De igual forma, este supuesto tiene como asidero jurídico constitucional, la . norma prevista en el articulo 314 de la Constitución de la República Bolivariana sido previsto en la Ley del presupuesto...". Cabe señalar, que el Gasto Público viene a ser una autorización para que el cuentadante pueda realizar las obras, adquiera los bienes o realice la ejecución de un servicio; lo cual implica una erogación con cargo ai Tesoro Nacional, que esta precedido de dos actos, a saber: La autorización presupuestaria del gasto (crédito presupuestario) y El compromiso de gasto (financiero), este último acto administrativo interno que autoriza la disposición de los fondos públicos autorizados en el crédito presupuestario; en consecuencia, es el acto objeto de control fiscai. En consecuencia, el Control Previo de las órdenes de pago debe estar constituido por la verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 38, de la Ley de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal. Toda vez, que el mismo se.materializa con la revisión de los documentos que preceden con ocasión ala adquisición de bienes y servicios o a la elaboración de otros contratos que impliquen compromisos, financieros; de all que los cuentadantes deban velar por el cumplimiênto-íntegro de todos y cada uno de los requisitos establecidos en la normativa antes mencionada. mencionadas, la responsabilidad inmersa por parte de las presuntas responsables supra identificadas, al omitir la documentación administraliva legal (contratos), requeridos para proceder al pago; lo cual consiste en el desarrollo de una conducta negativa, en una abstención dei deber, en el cumplimiento del ejercicio de sus funciones; cuyo objeto del control previo es garantizar la ejecución correcta o conforme del presupuesto de gastos, evitar: cualquier sobregiro, que tendrá que ser pagado por la administración, bajo verificación de la legalidad del gasto, las obligaciones contraídas, el procedimiento aplicado entre otros. cuanto al Supuesto Generador de Responsabilidad En Administrativa contemplado en el Articulo 91, numeral 22. Este supuesto tiene como base constitucional el artículo 311 y 315 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referidos al régimen presupuestario y a los principios de eficiencia, transparencia, solvencia, equilibrio fiscal y responsabilidad; cuyo objeto es regular el objetivo específico al que está dirigido el gasto y los resultados concretos, que se esperan oblener del presupuesto ejecutado, ratificando el principio de la programación integral del presupuesto, evitando asi la realización de gastos que no se correspondan con lo establecido en los programas. en las cuentas de Funcionamiento, Contrato Colectivo, Investigación, Negociación Tecmológica, Plan Nacional de Semillas, Convenio Cuba- Venezuela, Misjón Clencia y Fondos de Avance, por un monto total de Un Mil Quinientos Veintidós. Millones Cuatrocientos Treinta y Cuatro. Ciento Noventa y Siete Bolivares con Treinta y Dos Céntimos (Bs.1.522.434.197.3), como se evidencia en: Los fondos: transferidos a INIA Lara. con ocasión. del Convenio Cuba-Vesseruela en los meses de marzo y abril de 2007, fueron rendidos el 13/06/07 y do correspondiente al mes de mayo, por igual conceplo fue rendido el 09v07/07. Los recumios recibidos por INiA Lara para Investigación, correspondientes al mes de mmeazo de 2007, se rindieron el 14/06/07. Al respecto, las nomms que a continuación se Indican establecen: qg n Artículo siz: "Duimnes administren, manejen o custodien recursos de cualquier tipo afectos ail sampfimíento de finalidades de interés público provenientes de los cia, subsidios, aportes, contribuciones, o alguna ofra modelided similar, están afifigndos a establecer un sistome de control interno y a rendir cueb do las oppi y reullados de su gestión de acuerdo con lo esantleza ln n Lev Orgánicadalin Administración Pública (Gaceta Oficial Nro. 37ses de fecha 17 'Éseuzep euqmpo ep Articulo *s1: "7ae autoridades, funcionarios y funcionarias de la Administrarifin condiciorems apesablezca la ley". Manual de Barus de Control Interno pobre un Modelo Genérico de.ih Adminlatracilm Central y Descentralizada_ Funclonalmente (Gaceta Olicial Nro. 38.282 dicha 28 de septiembre de 2005); página original (tal como se publicó) [Página 17] Item 4.4.9: "Rendición de Cuentas. Todo Funcionario que recaude, administre, reciba, pague o custodie fondos, valores o por intermedio dei sistema contable, de conformidad con las instrucciones y normas que al respecto dicte la Contraloria General de la República, especificando la documentación y las condiciones para su archivo". Normas Generales de Contabildad del Sector Público, (Gaceta Oficial Nro. 36.100 Artícuio 4: "Los sistemas de contabilidad del sector público deberán 1. Registro: Los hechos contables deben reconocerse y registrarse oportunamente, de una sola vez, en orden cronológico, 5. Revelación Suficiente: Los estados financieros deben contener en forma clara y compresible toda la información necesaria que ente, de manera que facilite a los usuarios la toma de decisiones pertinentes, (...)"* Condiciones Mínimas Indispensabies para la presentación de Rendición de √ Cuenta, Sesión.Nro. 495 de fecha 03 de Junio de 1997, según Oficio Nro.0048 de 06 de junio de 1997 Item 3: "Las rendiciones de cuenta deben ser enviadas a la Olicina de Administración y Servicio dentro de los cinco (5) dias siguientes de haber finalizado en mes al cual corresponde la información, acompañada de oficio o comunicación que indique el tipo de información que están Cuando lo correcto era, y sigue siendo, que en cumplimiento del ejercicio de sus funciones, las cuentadantes rindieran cuenta de las operaciones y resultados de su gestión, en la forma, oportunidad, establecida en la normativa mencionada supra ( dentro de los cinco días siguientes de haber finalizado el mes); en virtud de que la Rendición de cuentas implica la obligación que tienen los cuentadantes de demostrar formal y materialmente la corrección de la administración manejo o custodia de los recursos; conforme al principio de transparencia, legalidad, que rige a la administración pública . Cabe señalar, que la rendición estima un control de legalidad documentaria, por lo cual debe acompañarse en cada, caso de los documentos que sean necesarios para llevar a cabo la revisión. Conducta ésta, que compromete la responsabilidad de las ciudadanas ISABEL TERESA MONTILLA DE BRAVO y NORELIS. CLAIRET FERNÁNDEZ, al nO rendir las cuentas de manera oportuna, sin la debida justificación; por cuanto se subsume, dentro del Supuesto Generador de Responsabilidad Administrativa, establecido en el numeral 25 del Artículo 91, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el N° 37.347, de fecha 17 de Diciembre de 2001, a saber: Artículo 91. "Sin perjuicio de la responsabilidad· civil o penal, y de lo que, dispongan otras Leyes, constituyen. supuestos generadores. de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación: 1. (Omissis) 22. Quienes estando obligados a rendir cuenta, no lo hicieren en la debida oportunidad, sin justificación, las presentaren reiteradamente incorrectas o no presentaren las facilidadesrequeridas para la revisión. ELEMENTOS PROBATORIOS Y RELACIÓN DE CAUSALIDAD: de Investigaciones Agrícolas del Estado Lara, desde 01 de julio de 2006 al 30 de junio de 2007 (folios 04 al 39); Documento contentivo de los resultados de la actuación fiscal practicada, donde se corroboran entre otros aspectos determinantes, los hallazgos encontrados y presuntos involucrados, cuya conducta es vinculada a las ciudadanas: Isabel Teresa Montilla de Bravo y Fernández; en su condición de Directora y Administradora Norelis respectivamente, para el momento del periodo evaluado (01 de julio de 2006 al 30 de Junio de 2007). 5.2.- Copia Certificada del Oficio de Rendición Nro. 0000658, de fecha 13 de junio de 2007, Rendición de Cuenta Nro. 01. Convenio Cuba-Venezuela, Marzo y Abril 2007, por un monto de Bs.41.782.427, 38; en el cual se evidencia el retardo en la rendición de cuentas. Toda vez, que los mismos debieron haberse rendido en los meses abril y mayo, respectivamente (follos 105 al 107). 5.3.- Copia Certificada del Oficio de Rendición Nro, 0000770, de fecha 09 de julio de 2007. Rendiciôn de Cuenta Nro. 01, Convenio Cuba-Venezuela, Mayo 2007, por un monto de Bs.11.372.320,60; en el cual. se evidencia el retardo en la rendición de cuentas. Toda vez, que ei mismo debió haberse rendido en el mes de junio (folio 108).. 5.4.- Copia Certificada del Oficio de Rendición Nro. 0001045, de fecha 30 de agosto de 2007. Rendición de Cuenta Nro. 01, Materiales y Suministros al 31 de marzo 2007, por un monto de Bs.11.839.396,39; en el cual se evidencia el retardo en la rendición de cuentas. Toda vez, que el'mismo debió haberse rendido en el mes de. . abril (folio 109). 5.5.- Copia Certificada del Oficio de Rendición Nro. 0001045, de fecha 30 de agosto de 2007, Rendición de Cuenta Nro. 01-A, ESAT, O/P 368849 al 31 de marzo de 2007, por un monto de Bs.2.151.538,39; en el cual.se evidencia el retardo en la rendición de.cuentas. Toda vez, que al mismo debió haberse rendido en el mes de abril (folio 110). 5.6. Copia Certificada del Oficio de Rendición Nro.0001045, de fecha 30 de agosto 2007, Rendición de Cuenta Nro. 01-B, Fondo de Avance al 31 de marzo de 2007, por un monto de Bs.42.881.566,15; en el cual se evidencia el retardo en la rendición de cuentas. Toda vez, que el mismo debió haberse rendido en el mes de abril (folio 111). 5.7. Copia Certificada del Oficio de Rendición Nro. 0000685, de fecha 14 de junio de 2007, Rendición de Cuenta s/n, Investigación, mes de marzo 2007, por un mónto de Bs, 6.871.122,50; en el cual se evidencia el retardo en la rendición de cuentas. Toda vez, que el mismo debió haberse rendido en el mes de abril (folios112). . 5.8. Copia Certificada del Oficio de Rendición Nro. 0001020, de fecha 27 de agosto de 2007, Rendición de Cuenta Nro. 04, mes de junio 2007, por un. monto de Toda vez, que el mismo debió haberse rendido en el mes de julio (folio 114). 5.9. Copia Certificada del Oficio de Rendición Nro. 0001020, de fecha 27 de agosto de 2007, Rendición de Cuenta .Nro. 04-A, Fondo de Avance mes de Junio 2007, Contrato Colectivo, por un monto de Bs.45.823.306,81; en el cual se evidencia el retardo en la rendición de cuentas. Toda vez, que el mismo debió haberse rendido en el mes de julio (folio 115). 5.10. Copia Certificada de la Aclaratoria Administrativa s/f, recibida por el Lic. Carlos Lucena, Auditor II, y suscrita por la Lic. Norelis Femández, Administradora de Inia-Lara, en la cual indica que "le rendición de la cuenta de funcionamiento al 31/12/2006, se rindieron en un bloque de seis meses julio a Diciembre del 2006", por Bs. 1.281.449.078,75; evidenciándose el retraso en las rendición de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre (folios 679 al 680). 5.11. Oficio 438, de fecha 13 de octubre de 2009, suscrito por la Lic. Zoila Suárez, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos del INIA, mediante el cual remite a esta Unidad de Control.Certificación de Cargo de la ciudadana Isabel Montilla de Bravo, y los soportes debidamente certificados que lo acompañan, de los cuales se desprende que la ciudadana supra indicada se desempeñó como Directora de INIA Lara desde 01 de abril de 2006 hasta el 12 de septiembre de 2007 (follos 781 al 785). 5.12. Copia Certificada de Oficio s/n, de fecha 26 de octubre de 2009, suscrito por la Lic. Zoila Suárez, Jefe de la Oficina ce Recursos Humanos del-INIA, mediante el cual remite a esta Unidad de Control Certificación. de Cargo de la ciudadana Norelis Fernández, evidenciándose que dicha ciudadana se desempeñó como Administradora de INIA: Lara, desde el 04 de septiembre de 2006 hasta el 28 de febrero de 2008 e indicando las funciones, atribuciones que le correspondían (folios 793 al 795). 30 de marzo de 2010, que marcada "A". y Oficio N° 704 de fecha 15/06/2006, que marcado "D", acompaña escrito de promoción de pruebas presentado por ante esta Unidad de Control Fiscal por el Abogado Nally Montes, quien actúa en representación de la ciudadana antes Indicada, del cual se desprende que en efecto las rendiciones presentaban un considerable y grave retraso (folios 955 al (£86 5.14. Escrito de fecha 07 de abril de 2010, suscrito por la ciudadana Norelis Fernández, en la cual indica.que: "Todos los fondos de presupuesto ordinario (..), se rindieron con retraso evidentemente, pero esto obedecia a la situación atípica que enfrentaba para el período evaluado fa oficina de administración" (folios 994 al 1009). cuanto al Supuesto Generador de Responsabilidad En Administrativa contemplado en el Articulo 91, numeral 25: Este supuesto tiene como, base constitucional el artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual prevé el principio de la legalidad de la rendición de cuentas dentro de la administración, pública, donde se destaca que la claridad y transparencia deben privar en el ejercicio de la misma. Toda persona que administre, reciba, custodie, invierta fondos, caudales.o bienes públicos, a cualquier titulo, debe rendir cuenta de lo que ha hecho con esos recursos o bienes, de cómo los ha administrado, que ha gastado, si el ingreso de esos recursos y los egresos, se han ajustado a la Ley. De ahí que en principio la mención de cuentas es inexcusable. "Cabanellas", define La rendición de cuentas como la presentación, al conocimiento de quien o quienes corresponda, para su examen y ver ficación página original (tal como se publicó) [Página 18] 400.284 GACEIAQFICIALDE LAREPÚBLICABOLINARIANA DE VENEZUELA de la relación mmimuciosa y justificadin die gustoss e ingresos die unes "uggseß o ugroeasasuipe ape oqpeanines cqpaummusam jp ano apuardsap es "ssaps ap uapuo eqse ug referido a fa obligación que tiemem todos los cuantiadiantiass die nenotir cauentass, bien sea durante su gestión o después que deje su cargo, que see esmoueertham manejando o haryam mmamejadio recurssoss plièdicos pnooverienties die Ibos erttass señalados en el artículo 9 mumeralies 11 all tit die la tLeey Ongérica de lba Es importante ens materia die cuentas, distfinguir dios ciuenes: unre déérromimadtis sqj uuau se sgpaipo uga ento se uns amo "seiguad seueno, cuentadantes, duramle el curso de su gestifm com nesqpecto an lbas tilerrss qque están bajo su custodia o' adiministracifm, y ctra dieffimibita coro "Cauesntiass die gestión" que se lleva a cabo uma vez que ell fiumcionartio thre cesado en edl ejercicio;del cargo y que debe reffejar um messmem otie imes toiamess quemaejó co adiministró durante su gestión, previo a lia separacitm oieli rango a tierordie lio establecido en los artículos 51, 52, 53 eiudiem. ofizaqiq guuuspap as erib us oquaumen jo eued “ednoo sous enb oses pa ug en cuestión, auditoría se ercomtirasbas firentie a lla nevisidm dtite la priresan dle lbs mencionadas, evidenciándose um atrassos die apnoaimediamertie cuatro mresues, en la misma; cuando lo comnecto y opontiumo, enas y sigue siemthos, quee lbass cuentas se sindian dieniro die los cinco difías sigulienties ali finalizar cada mes, teali y como se indica em la momativea seffealadias amleniqmmantiae. ( sj g "s q cuentas, lo cual consiste em que lios fiumciomanios que ibs frayaam esesmiradio determinen si las mismas esta conformes em cuento a lias lagailottadi), veracidarti, exactitud mumérica y demás requisitos estatdliecidios, o si dieitoeem ser saspparadiase por no reunir tales comdiciomes; todas vez, que lboss efiecttos immectiastoss ctite dicine calificación serán la emrisióm dell femecimfiertio respectivos o lia ffurmuiaacióm dee reparos, sin perjuicio de las oibservaciomes que puclienem tracensse die carácter formal. Por lo que, ali presentarse um atiraso earn estians mos see puede veriffoar com excaclitud los principios que la rige. gresuntiamesntie nesqporsatides (6vea En. consecuencia, las cuemtadamtes identificadas), ven: comprometidas su resqpoasatbilidadi ali incumplir (lba otidigacióm . legal de hacer que lie impone la Ley Orgámicas die laù Comttasibonfa Gsvesreli-dtée la República y deli Sistenma Naciamall de Comtrell Fiscal, com nespestto a la presentación de sus cuientias die mamera: comrecia y apantumas. DE LAS NOTIFICACIONES Y DELAS PRUEBAS INDICADASS PORR LOS MTENESADOS El auto que dios inicio ali presente procedimientos adimimiestrativco fuee notificado durante el año 20t2, en atiemcióim all siguiantie ondier: a) A la ciudadana ISABEL TERESA. NONLA DIE BIRAwO, titdiar de Iba Cédula de Identidadi Iäro. W-f.sas.zt2; tall como see evidtiemaia dtèdi Oficion Nro. 006 de fecha 30 die actubre die 2on2; em eli cual see lie imoicanomibas fimas del procedimiento adiministrativos paras lian stietenmimacióm ette nesqpionsdiolliadiées sa mg e j po e o Sistema-Nacignali die Control (Fiscal, de igual mameran see lle Hriaco iba mercióm oite que quedaba a desrecio para tiodios los efiectios dieli unociesctimienton. La mencionada ciudadana: a través die su representante llegail, presaertó em fecha 27 die noviembre, escrito die imdicaicióm die pruetnas dile coonffomidiad comibo establecido en eli arficuflo 99 de la ILey Orgáimica die lian Conttaltnfia Gasreralidie bs artículo 91 del Reglammentio de la alludidia Ley. b) A la ciudadana NOREEIS FesNAnDEZ., titular die lae Céédtialta die Ibtiertidiadti Nro. V- 12.698.541i; tal como se evidencian dell Oficio INhon. 007/ die festhras 30 die octubre de 2012; en el cual se lle imlicanom las fases diel gnuedimienrto administrativo para la detienminmacióm die resepamsatilioadies praexistto em Ila leey Orgánica de la Contraioria Gemerali de ila República y diedli Siatusrra Nacioral die Control Fiscal, de igual mamera se lle triass la memcitim die quae quediatise a derecho para todos los efiectios dieli procedimviention. La mencionada ciudadane presentióo em fiecdihen 30 die movienrionee, éescritto die indicación die pruebas de conformidad com Ilm estiatbilecioifo en el antffuibo g die la de Confirol Fiscal, en concondiamcia com ell antiículo Stt otiell Reglamrento die la aludida Ley. Miércoles 20 de marzo de 2013 Il MOTIVA DE LOS ALEGATOS DE DEFENSA EXPUESTOS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES POR LOS INTERESADOS Y IO POR SUS REPRESENTANTES LEGALES. E día 08 de enero de 2013, a las 9:45 horas de la mañana se inició el Acto Oral y Público a que se refiere el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vinculado con el Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, iniciado por auto de fecha 29 de Octubre del 2012, relacionado con las ciudadanas: NORELIS FERNANDEZ e ISABEL TERESA MONTILLA DE BRAVO, supra identificadas; para que las mismas expresen en forma oral y pública, los argumentos que consideren les asisten para la mejor defensa de sus derechos e intereses. En acta levantada en el marco del Acto Oral y Público ya aludido, se dejó expresa constancia de la asistencia de las ciudadanas: ISABEL TERESA NALLY ANTONIO MONTES, titular de la cedula de identidad Nro. V-2.374.281 inscrito en el I.P.S.A Nro. 39.264 y NORELIS FERNANDEZ; plenamente identificados en autos. En el acto en cuestión, se te concedió el derecho de palabra al ciudadano NALLY ANTONIO MONTES, en su condición de representante legal de la ciudadana ISABEL MONTILLA DE BRAVO, ya Identificada; quien expuso los siguientes argumentos: "Yo voy a señalar como punto previo al inicio del presente acto y voy a solicitar que quede en el acta, que en los autos cursa un escrito de prueba del 05/04/2010, que se consignó en esa oportunidad en virtud de que las partes estábamos a derecho y en ese escrito señalamos las pruebas que la ibamos a producir en el acto oral y publico constancia de que el acto que se está celebrando hoy, a nuestro criterio es exiemporáneo de conformidad con el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistera Nacional de Control Fiscal, no cursa en los autos en el expediente, hay un término de 15 dias hábiles siguientes á los fines de que se hubiese celebrado esta audiencia en la cual estamos presente hoy desde el 2010 hasta el 2013, a transcurrido un tiempo que precluye esos 15 días y que es un lapso que no se puede relajar por que es de orden público y taxativamente está expresado en el artículo 99 de la mencionada ley. Sin embargo hemos acudido hoy a los efectos de no caer en la reticencia y de que las funcionarias a las cuales se les ha imputado presuntos están sumamente interesadas a los fines de colaborar con la institución y no solamente de colaborar con la institución, sino dejar claro, primero que en sus actuaciones no hubo dolo, el dolo no ocasionó daño patrimonial alguno a la institución, en Segundo lugar a nuestro criterio està la culpa in comitendo, y esa culpa in hechos que arrojó el resultado de la auditoria practicada por la contraloría interna del instituto. Y en este sentido yo quiero dejarle la palabra a la ingeniera Isabei quien más por el otorgamiento de los 22 anticipos a contratistas, sin cumplir con el requisito de la facultad discrecional del órgano de control intemo a los fines de que no se trate la gestión administrativa y que como servidores públicos lo necesario es que los servicios se presten obviamente sin relajar la norma cumpliendo la norma pero instrumentando principios de carácter administrativo, sistemas y procedimientos que faciliten la gestión administrativa porque en muchos casos y ni solamente en esta institución en varias instituciones del estado al aplicar la norma se hace excesivamente rigida en consecuencia no se cumplirán los objetivos para los cuales esta la Institución hay que dejar claro de que con este argumento no se relaja ninguna norma, debe cumplirse ta! como debe ser, sin embargo deja vuelo y repito la facultad discrecional de controi intemo a los fines de proveerles en este caso a las delegaciones, sistemas y procedimientos mas flexdbies, por otro lado hay que dejar constancia y el órgano de contri intemo asi lo debe saber, de que las delegaciones del inia solo son este caso de la Gerencia-General o en su defecto de la presidencia del instituto que indica al funcionario a cometer un error, pero la práctica dice que si yo no cumplo voy para afuera. En todo caso esta exposición la hice en función de lo que establece el Oiganismo Máximo Contralor de la República Bolivariana de Venezuela". Posteriormente, tiene la palabra a la ciudadana ISABEL TERESA MONTILLA DE BRAvO, ya identificada; en su condición de imputada quien expuso: "Buenos.dias, hoy dando cumplimiento a la invitación que se nos hiciera para realizar esta acto, tenemos la oportunidad de exponer algunas cosas que están señaladas all n n sen e m n e ' puntualizar un poco en términos de aclarar algunos hechos que ocurrieron y las circunstancias en las cuales ocurrieron. En primer lugar como dice tambión el escrito masotros estamos hablando del periodo 2006-2007. El año 2006 fue de extrema actividad financiera, mucha actividad presupuestarla se manejaron muchos fondos.. -el INiA, que son los normales, de funcionamiento, investigación, negociación tecnológica, pero aparte de eso nosotros tenemos una fuerte responsabilidad en el página original (tal como se publicó) [Página 19] Plan Nacional de Semillas, se estaba manejando: el: Convenio Cuba Venezuela, que en ese momento tenga una actividad muy intensa y mucha presión en la ejecución, aparte- de los proyectos de investigación y habla mucho intercambio con Gerencia fuerte. Ok. En ese sentido yo voy a hablar un poco de los anticipos en general, yo realmente no tengo casos especificos pero si tengo algunos que: te puedo mencionar, muchos de ellos fueron relacionados con reservacianes en hoteles y estos siempre obedecieron a entes superiores de la Gerencia o de la Presidencia donde te llaman y te dicen van 3 o 5 personas hoy es viernes, el lunes o ei martes consígueles hotel, esos son no se cuantas que tienen que ver con estos anticipos entregados a estos hoteles, por ese tipo de hechos, ellos que no son exfemas porque nosotros somos INiA, igualito que todos, Generalmente ocurría así. Y los hoteles de ñoy para tres días exigían anticipos. Ese es uno de los hechos cual es la razón, la: premura, como dice el abogado la obediencia, haga lo que sea, busque, hay que reservar. Eso es así. Hay varios hoteles donde el INIA era cliente y mantenía cierta relación continua. Eso por una parte. Por otra parte, hay un anticipo que es de suma aita, que tiene que ver con las comidas para los invitados a la feria de la semilla, que se realizó en Quibor para finales de año por instrucciones de la presidencia del instituto, un poco para ubicarnos en ta feria de la semilla un evento solicitado por el Doctor Prudencio Chacón donde participaron todos las Unidades Ejecutoras Experimentales del INiA, con exposiciones de materiales con delegados de producción, invitados especiales de algunas instituciones y una cantidad de asistencia que en este momento no podría precisar y donde el Doctor Chacón exigió que habla que darles comida a todos los invitados, a ios experimental de Quibor, debo aclarar que este evento ocurrió en Quibor en el campo mostrar los resultados del Plan Nacianal de Semillas ilustrando lo que es un caso de los anticipos cual es el caso, asl como io mencionada el abogado, el doctor Chacón acostumbraba a llamar por teléfono, en Quibor no hay un restaurante donde se le pueda dar comida a ese monto de gente previamente se pablo con la señora, eila solicitó un anticipo para poder comprar todo lo que tienen que ver con la comida y había un equipo designado por mi para este venta extraordinario, por orden mia hicieron un estudio y negociaron, ellos recibieron: las instrucciones, Esto tiene su soporte, que es la solicitud del responsable del Plan Nacional de Semillas. Este fue un evento Nacional donde estuvo la ciudadana Ministra Yadira Cordova y fue muy bonito. Ese es un caso muy particular vamos a decirlo asf. Hay otros que tienen que ver con investigación en el Campo Experimental Quibor y en el Campo Experimental las Cuibas ambas ubicados, en el Municipio Jiménez del Estado Lara, capital Quibor, las Cuibas está en Jiménez pero en la parte montañosa limite con Andrés Eloy Blanco capital Sanare en. Lara específicamente dedicadas a papa, folio 339 aparece cancelación por construcción de camas para almacenar papas semillas. Esta es una comunidad eue ni siquiera en cubiro sino en el campo, entonces esto quien lo hace algún obrero de la zona, deba señalar que los anticipos se daban cuando ya la gente empezaba a realizar la obra (..), ese año fue de mucha actividad el cual era, manejado directamente por el Dr. Chacón los recursos para el PNS ios asignada el directamente. Sin embargo el Plan Nacional de Semilla tenla un compromiso muy grande con el Ministerio. Otro fue la elaboración-de silos, que hubo que buscar mano de obra del campo... Hay otro que es el de sustitución de techos de asbesto, resultan que hay normativas a eso (...) ese es el primer punto". Toma la palabra el Abogado Nally; quien expresa: "sin embargo se puede nolara la luz de la intervención de la Ing. Isabel que la necesidad perentoria de servicio hacia imposible solicitar ciertas fianzas, en virtud de las cuantías, puedo traer a colación un hecho sobrevenido y está en et folio 228, cuando fueron a hospedarse a un hotel y para darles el anticipo presuntamente'unos funcionarios se les fue la línea y no podían generar la factura, por lo que diseñaron un recibo a los fines de que el anticipo tuviera su soporte respectivo.es un hecho sobrevenido. Tales hechos corroboran nuevamente que siempre se administra con el criterio de seguir fa norma. Se deben tener procedimientos flexibles sin violar las normas para así poder dar requerimiento a las órdenes de arriba. imputación presupuestaria incorrecta; asi como la inexistencia y/o suscripción de contratos por los servicios prestados. Estos lo conforman la contratación de personal para cumplir funciónes especificas ya que debido a la tardanza en la contratación y de acuerdo al análisis efectuado estos contratos fueron enviados a personal, dirección encargada de filtrar cualquier situación, el retardo en esos contratos que durarán mucho tiempo y hubo necesidad de hacerlo de tipo verbal para que la gente tuviera una esperanza de que iba a llegar". Seguidamente la Ing, ISABEL manifiesta: "sin embargo, yo señalo allí que cuando arrancar, en su oportunidad lo reporte a Tania Rodriguez que era la Gerente Generai. Yo asumir el 1ero de abríì, se levantó acta y vf cosas que no me gustaron y esta es una de las razones que hay que aclarar acá, que una tiene oficirías de apoyo como son administración y personal. Se solicitaron los contratos de los jóvenes, de hecho algunos de ellos están fijos tal es el caso de Joel cuicas y de Hinostroza, estos contratos obedecieron a trabajos administrativos, yo pienso que personal pudo haber agilizado. Ahora voy al último punto, yo mención lo del desorden que reporte, nosotros requerlamos apoyo de la Gerancia General y con respecto al papeles, en tal sentido habla 11 archivos en toda la dirección, tamé la decisión de sacar todo esto y eso esta escrito en está acta. Jesús medina estuvo al tanto igual que el Dr. Prudencio Chacón de los cambios que realicé, fodo esto consta en acta. Había problemas para rendir el año 2005, nosotros cargamos con eso. En la revisión de estos archivos éncontré facturas originales. Había facturas pendientes de pago que no estaban comprometidas para el 2oas. No recibimos ayuda y tuve muchos ese caso esta el convenio Cuba-Venezuela, buscamos quien nos asesorar. El problema de funcionamiento fue el más difícil de resolver, estuvimos pendiente de rendir y creo que se cumplió. Consta en el expediente donde se solicitaban normas y siempre declan que no había, hubo retrasos difíciles por esto, yo trate de involucrarme pero fue dificil". Abogado NALLY: "Cuando veo ei acta que se levantó me sorprendió mucho ver que habla un vacio de algulen que controlará especificamente el control posterior, este debe r mas allá de controlar, no es buscar a quien sancionar. Porque el mismo organismo del control intemo no busca la solución a los fines de salvaguardar también .su responsabilidad. Me llamó la atención que dentro del acta: había monedas, billetes, donde está el control del efectivo? esto deja entrever pues obviamente que este problema viene de atrás. Y no puede ser imputable ni a la-licenciada ni a la ingeniero, esta es una enfermedad qus viene cónroyendo a la institución desde tiempo-altas, vacaciones. Todo ocasionó los retrasos. Cual es ei criterio para rendir cuentas? Yo entecpraité ito siguiente, mo ssieste ue mormas fanative para la rendición de cuentas. (Daiberite ster essito el ttiempuo que se diseibe (omer para le memdicióm die cuentas, claro estià, qquse cesto roo puasdiemn seer all inffimita, dietbem estar escritas em ilars mormas de sistemas yy pracestimierto y lto sesfaito en al diocurmersto que ramos a consignar. En ei cofficto coimtar a73Baill esta ila tbae legal an ios fines de que el sistema de control intemo cxdtatolezcsusistemn y roedimieniom. Agdiattos astos puntos wasmus a coreigmar un escrito de descargo para que se agrgguen an los-artes y solicitamos a cesite dngeno contralor que sistão los descargos de reespuresstbiidtad acinimistastian se stloreses Iia causa y comsecuemcielimente el archivo ogd qne paiuapa e sag nn) aqg p womypuito". Segaitdarmertte cthamos (ba palbaibora a Ila ILic. NORELIS FERNANDEZ: "Quiero primeroitauerasceolaóliónurens pnemisans ila sittuacitm y cincunstamcies de coômo ingreso a (ia inatituion ()) yooy fte y axalbo otto ito que dijo ila img. ibsaibel iMomilla. Imgeemié cuamito esto sna FRonsveP (-), cuamodio ssalió de vacaciones la administradora mee itació sasumirycuerio recitióíibaes condiciones mo fusrom las mées adecuadas eso esta aasenttadto een cel expadientte. Yo nesitbil conumicacisnes die gproveediores de deudas del anto 2an5 que mo cestatibaem coomporemasidies, siinaciomes que cada dia agrevaban is astuascóõón. A wecces iaitdóia attemuarites que agranaiban fia sitaaciom. Em todo momento inuscanõs-ceyugie, petimos asistenoin a lia Gertencia Generail, Recuerdo para entrar de illeno en cel primer punto, siempre marttuimos estiveciha relación com el Audiltor Carios iLucersa, le maniffestsiba y mitenstba smi disposición com mespecio a las mommes, pero el dtilecia que sescapatbe die muestras mamosi. Queda em evidamcia que la institución no cortathe ocón memuasibos otie gscedimierilos. Se Ile soicitis asesoramiento, pero al earrffedtatbs que mo ihattólaem mores com meaibacidóm a llos amilicipos. El cumplinsiento de la formalibadi gorquae an wesmes ibos miartitos emem pequerfios. Yo recuerdio lo de tos hoteles, lies ffadtures eéltos in eemitfliem cuento edi cliente se iba, se respeleon los prncipios de econoniia (pcauessi), de ceffidiencis, de juaiicia, die thomesifidad, son casos muy eqepe es am og opog uoo euayano arts sales eum e rg sqragpacti seolioitamtto moos gerenaioa um mmayer gaatto y delbitio a la jpremura con lo que se a " estos cumplieremoom toto lo oque se lles estaton asdlitamdo. Eincel gurito 2:sitbim es ciento que hece la mmemibm die uma partida especifica de pago oie pensoraal ooribatecito. Estte tiene que wer tamtbiém con el punto Sres. Esttas personas maituradles lias mearejibn sexdusivamerte srecunsts inumanos. Todo este cambio de (partitha ssiempe enstovo dielcoomorimierto die la oficina die recursos Ihumemos mo Ibamos a arsumiran gperesoma quemo tuviera diocumenttos. Munca fhuioo um gesdto oque comprometfiera ibas partidos, a veces se haclan cambios de presupuesto die 1ta 44003 a iban 4:0:1., cesto pama maría amenazas 9ps presupuestos todo quertabasiempreefejatto. qe opuee us o m sap -compromisos otiel asfto Zunas. Ihftermación qure se tergivenaiba en Ro que se encontraba een (los samdhivs, ttaitos conorilem Ilos gradiemes. ILa inlemvencióm y lla asistencia de Jeaús yadira ffue meggaitiva otto el tierspo malla, asl como de fMimerva Guedez. la cual mos dijo que ébramos linaudttadles. Se quae fuenom medidos com atraso pero fueron mendittos. Reenunóo een esl 2zmi por razones personales. Estoy comsciante de lo que hice, dure 9 altos am iba inastitucióm y se qque muchos cosas se hicieron por ensaflo y error y mi init enõiones ccesqperarpanca que ceil thaibejo die sedes se leve con éxdtio". ¿Ume vez cescuihaatto lhos alegatos die cada umo de llos imputados y de la defensa, seg Jezgger euedi erqejedi ej quuop "quospag qmy aquasaudi je aqunsns uganto otbsenvacioness y gronumoiamientto siguientes: lEn cuanto aa ita cextemporameidad diel scto, ail cual Ihace referencia el abogado diafemaoroconffumiamarto en el anticullo 9s de la Ley Orgánica de la Contraloria "trejo epenb easy gouquoo ap (eumgey eunacis p Aeanndieg eqep (paauag) uecaquooe amb sedeca se; e oppedsaa uco ugpuanuagu a apeupnuse» zenì eum ipreevto ail imicio ciel Propedimientto de IDetemcminación de Responsabilidades, y eq ap oppuafe |e 6 ppuguoo ap sauapempe seaj e uguaenoo uom uafins ento potestadimvestigattiva, qure effecituó la Jefe de Detenminaciones, con el objeto de desvintuer Io sarggumentado por el abogado defensor, referente a la extemporanethad odel pressentte acto, y donde se evidencia que efectivamente mo existe lla misma; cen ttal sentido y por lla razones anes expuestas, se desestima tal argumento, toda wez que el escrito de pruebas al cual hizo refferenota, ue consignado (por él, durante al. ejercicio de la Potestad Iinvestigattiva sefñalacdia supra, y ratificado en el lapso probatorio del presente procedimiento pane ila cieterminadión de responssibilidades; y asi se decide. Con nespedto, a lla cimuilar emamadia die lla Contraloria General a la cual hace mefterenóia, cen lbos calles ssffaila que debido a las necesidades perentorias de senvicio, se ihaoba imposible solicitar las fianzas respectivas, a ila existencia de contratos ade manera verbal y al retardo de las rendiciones; quién expone considera ffurdamerttal señalar en primer Augar, que la acäividad de la "pepgefierg ap ocipupd opeuguouapi a nd adiju as "ecqjandi ugpageuupe consagratto en el antiouto n37 y 14 de Ila Constitución de la República Boiliveariama de Wemezueias, wigente para la fecha die la ociuarrencia de ies hechos. Por ito que, lla aplicación (de esa discrecionalidad del funcionario que usted mencionada, no puede realizarse con preferencia al principiorector antes mendionato, el cual rige an ttadias llas actividades de la adiministración pública. Porilo que dichos angumenttos se desestiman; y asi se decide. Con mespedto a ito argumerttos dado per ila ciudadana isabel Monitilla de Bravo, ap soßed eued uere anb ex sodiggue soq; uouegpups as qu ent: :adejpe apuop acfividatles cverituales y rápidas (pago de Hotel y cometidas) de las cuales se recibilandimectrioes u condenes de ilas iMisaimas Auitoridades de le lIinstitución, que ios coorttraitos se nasilizerom a posterior y que el aitraso de las rendiciones-se debian al ciesorden que (dejo Ila sdirrinistración anterior: quién decide, página original (tal como se publicó) [Página 20] GACETA OFICLAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA 400.286 desestima tales argumentos en virtud de que los mismos, no desvirtúan los hechos que se le imputan. Y así se decide. Con respecto a los argumentos dado por la ciudadana Norelis. Fernández, los Isabel Montilla, en cuanto a que no se exigió fianza de anticipo debido a que los requerimientos de los mismos, así como el hecho de que las contrataciones se realizaron por la necesidad que atravesaba la oficina de administración y que era responsabilidad de recursos humanos la tramitación de estos; quien decide, desestima tales argumentos toda vez, que no desvirtúan los actos, hechos u omisiones establecidos al inicio del auto de apertura que dio origen al inicio del presente pragedimiento. Y así se decide. En este orden de ideas, en cuanto al argumento dado por usted, con. respecto a que todas las rendiciones se efectuaron pero atrasadas, motivado al desorden desestiman, ya que lo que se imputa no es la falta de rendición sino el atraso : en la rendición.Y así se decide. En consecuencia, analizados como han sido los soportes documentales presente procedimiento, así como los alegatos esgrimidos por las imputadas Norelis Fernández, Isabel Teresa Montilla de Bravo y su abogado defensor; quién preside este acto oral y público, una vez que he desestimado cada uno de los argumentos expuestos por los mismos (la defensa y las partes imputadas), decido ratificar en todas sus partes las imputaciones formuladas en el auto de apertura de la presente causa de fecha 29 de octubre de 2012, cursante a los folios1185 al 1207 vuelto; a las Ciudadanas Isabel Teresa Montilla de Bravo y Norelis Fernández, suficientemente identificadas en autos. Y así se decide. III DISPOSITIVA En mérito de los razonamientos precedentemente expuestos, quién suscribe Auditor Interno del Instituto Nacional-de Investigaciones Agrícolas (INIA), según consta en providencia Administrativa Nro. 040, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 38.693 de fecha 29 de Mayo de 2007; actuando en atención a la atribución prevista en el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, para dictar las decisiones a:que se refiere el artículo 103 de la misma Ley, en concordancia con los artículos 97 y 98 del Reglamento de la de fecha 08 de enero de 2013, en la Oficina de Auditoria Interna, ubicada en la Gerencia General del INIA (Av. Universidad vía el Limón - Maracay): a través .del cual se emitió el siguiente pronunciamiento: 1.- Se declara la responsabilidad Administrativa de: a) NORELIS FERNÁNDEZ, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-12.698.541, en su condición de Jefe de la Oficina de Administración .del INiA - Lara, por los hechos irregulares descritos e imputados en el inicio del auto del procedimiento administrativo de fecha 29 de octubre de 2012. b) ISABEL TERESA MONTILLA DE BRAVO, titular de la Cédula_ de Identidad Nro. V-1.583.212, en su condición de Directora del INIA -Lara, por los hechos irregulares descritos e imputados en el inicio del auto del procedimiento administrativo de fecha 29 de octubre de. 2012. 2.-En atención a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la. Contraloría General de la República y dei Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRYSNCF), el cual señala entre otros aspectos, que la declaratoria de responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en los artículos .91 y 92 eiusdem será sancionada con multa prevista en el artículo 94 ibidem, el cual.contempla su imposición o aplicación entre cien (100) a Un Mif (1000) Unidades Tributarias de acuerdo a la gravedad de la falta y a la entidad de los perjuicios causados; quien decide, habiendo considerado y compensado de conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la LOCGRYSNCF. la Miércoles 20 de marzo de 2013 circunstancias agravantes contenidas en'el numeral 2 del artículo 107 referida a la condición de funcionario público y los numerales 1 y 3 del artículo 108; ambas del reglamento de la mencionada Ley, referidas a no haber sido objeto de ninguna de las sanciones establecidas en la Ley; no existir daño al patrimonio público, entre otras. ACUERDA: Imponer Multa por Doscientos Cincuenta Unidades Tributarias (250 ÚT) de manera individual, a las ciudadanas NORELIS FERNÁNDEZ e. ISABEL TERESA MONTILLA DE BRAVO, ya identificadas; por la cantidad de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 8.400.000,00) equivalentes en la actualidad a OCHO MIL CUATROCIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 8.400,00); calculado en atención a la Unidad Tributaria Vigente para eimomente eg que ocurrieron los hechos objeto del presente procedimiento; según consta en Gaceta Oficial Nro. 38.350 de fecha 4 de enero de 2006. 3.- Se le notifica a las Ciudadanas NORELIS FERNÁNDEZ e ISABEL TERESA MONTILLA DE BRAVO, que de conformidad con el artículo 107 de la LOCGRYSNCF en concordancia con el artículo 100 del Reglamento de la aludida Ley, que a partir del momento en que conste por escrito la presente decisión.en el expediente, podrán interponer el correspondiente recurso de reconsideración ante quién decide dentro de un lapso de 15 días hábiles más dos (2) días continuos que se conceden como término de la distancia de acuerdo a.lo previsto en el artículo 108 de la supra mencionada Ley: así como también el recurso de Nulidad por ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dentro de un lapso de seis meses. 4.- En atención a los principios de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos se ordena la aplicación y formalización de la multa a que se retrotrae la presente Decisión. 5.- Se advierte expresamente que el texto inte de la decisión adoptada quedará estampada en el expediente administrativo correspondiente, al término del quinto día hábil siguiente, contado a partir de la presente fecha. 6.- Se ordena la publicación de la presente Decisión en la Gaceta Oficialde la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con el artículo 101 dei reglamento de la ley in comento. Cúmplase, Lic. José/G Parada C, Auditor nternō MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HÁBITAT REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR VIVIENDA Y HÁBITAT DESPACHO DEL MINISTRO-CONSULTORÍA JURÍDICA NÚMERO: 031 CARACAS, 13 DE MARZO DE 2013 202° y 154° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 62 y 77, numerales 2. y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, el artículo 6° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, en concordancia con lo previsto en la Cláusula Novena y Décima del Acta Constitutiva de la Fundación FONDO ADMINISTRADO DE ASISTENCIA MÉDICA INTEGRAL DEL SISTEMA NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT (FAAMI-SNVH), y conforme al Decreto N° 7.514 de fecha 22 de junio del año 2010, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de la misma fecha; este Despacho Ministerial, RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano JOSE CARLoS MELO, titular de la cédula de Identidad número V-6.557.728, como PRESIDENTE de la Junta Directiva de la Fundación "FONDO ADMINISTRADO DE ASISTENCIA MÉDICA INTEGRAL DEL SISTEMA NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT (FAAMI-SNVH)", adscrito al Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat. página original (tal como se publicó) [Página 21] Artículo 2. Designar a los ciudadanos que a continuación se identifican comó Directores Principales de la Junta Directiva de la Fundación *FonDo ADMINISTRADO DE ASISTENCIA MÉDICA INTEGRAL DEL SISTEMA NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT (FAAMI-SNVH)": PASS Y TERESA OLIVIER ORTEGA, titular de la Cédula de Identidad N° V- 15.441.179, Gerente de Recursos Humanos del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH); ROBERT ANTONIO PEREZ.TORO, titular de la cédula de identidad N° V- 14.921.489, Gerente de la Oficina de Recursos Humanos de la Fundación Misión Hábitat (FMH); MARÍA FERNANDA CATALÁ HIDALGO, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.190.840, Gerente de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI); SARAY YOLANDA SALCEDO DE VIVAS, titular de la Cédula de Identidad N° V- 5.965.720,; Gerente de la Oficina de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU);DILIA LIDUVINA RODRIGUEZ MARTÍNEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.900.241, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la Empresa Mixta para la Producción de Insumos para la ConstrUCCiÓn (VEMPROINCO); JUVENCIO ANTONIO HERRERA PACHECO, titular de la cédula de identidad N° V-5.114.603, Director General de la Oficina de Administración y Servicios de este Ministerio y GUSTAvo ADoLFO ROA GUERRA, titular de la cédula de identidad número V-3.427.576, Representante del Sindicato que agrupa la mayoría de los trabajadores. Artículo 3. De conformidad a la designación realizada en los artículos precedentes, la Junta Directiva de la Fundación "FONDo ADMINIsTRADo DE ASISTENCIA MÉDICA INTEGRAL DEL SISTEMA NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT (FAAMI-SNVH)", queda conformada de la siguiente manera: Presidente: JOSE CARLoS MELO, titular de la Cédula de Identidad número. V-6.557.728. Directores Principales: Cédula de Identidad PASS Y OLIVIER ORTEGA V-15.441.179 ROBERT PEREZ TORO V-14.921.489 MARÍA CATALÁ HIDALGO V- 3.190.840 SARAY SALCEDO DE VIVAS V- 5.965.720 DILIA RODRIGUEZ MARTÍNEZ V- 5.900.241 JUVENCIO HERRERA V- 5.114.603 GUSTAVO ROA GUERRA V- 3.427.576 Artículo 4. Las designaciones contenidas en la presente Resolución, serán ejercidas a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese Ministre REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HÁBITAT DESPACHO DEL MINISTRO CONSULTORÍA JURÍDICA NÚMERO: 033 CARACAS, 19 DE MARZO DE 2013 202° y 153° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 10, 11, 12, 13, 25, 26 y 27, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat; y conforme al Decreto N° 7.513 de fecha 22 de junio de 2010, correspondiente a la creación dei Ministerio del Poder Popular para Vivienda. y Hábitat y el Decreto N° 7.514 de fecha 22 de junio de 2010, relativo a la designación del Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, publicados en Gaceta Oficial N° 39.451 de la misma fecha; reimpresa por error material en Gaceta Oficial N° 39.461 de fecha 8 de julio de 2010, este Despacho Ministerial, CONSIDERANDO Que es obligación del Estado Venezolano garantizar el derecho. a la vivienda consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, asegurando el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a las políticas, programas y proyectos que desarrolle en esa materia, conforme a principios constitucionales de justicia social, igualdad y equidad, dando prioridad a las familias de escasos recursos y de atención especial. CONSIDERANDO Que corresponde al Estado Venezolano a través del Ministerio del Poder Popular .para Vivienda y Hábitat dentro del marco del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Emergencia para Terrenos y Vivienda, proteger el interés colectivo inherente al derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias; CONSIDERANDO Que corresponde al Estado Venezolano a través del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat la regulación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política integral del Estado en materia de vivienda y hábitat, CONSIDERANDO Que, mediante Decreto N° 8.894 de fecha 29 de marzo de 2012, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.896 de fecha 02 de abril de 2012, se creó como Área Vital de Vivienda y Residencia (AVIVIR) y se calificó de urgente la ejecución de la obra a construirse sobre el bien inmueble "BARRIo PÍRITU", a los fines de proceder a la ocupación de urgencia de los bienes necesarios para su ejecución; RESUELVE Artículo 1. Se ordena la ocupación de urgencia de la obra "PRoYECTO HABITACIONAL "LA FLORENCIA, BARRIO PÍRITU", ubicada al Final de la calle La Florencia, Parroquia Petare, jurisdicción del Municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda; conformado por una superficie de terreno aproximada de. UNA CON TREINTA Y OCHO HECTÁREAS (1,38 ha), con los siguientes linderos: Norte: Calle La Florencia; Sur: Zona de Galpones y Carretera, Nacional Petare-Santa Lucia; Este: Área Verde; Oeste: Calle La Florencia y Zona de (UTM), se encuentran definidas en el artículo 1 del Decreto N° 8.894 de fecha 29 de marzo de 2012, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.896 de fecha 02 de abril. de 2012. Artículo 2. En virtud de la ocupación contenida en el artículo anterior, se deberán simplificar los trámites y ejercer las acciones legales, financieras y técnicas tendentes a garantizar la celeridad de su ejecución en el marco del Decreto con Rango, Valor y Fuerza cle Ley de Emergencia para Terrenos y Vivienda. Artículo 3. La ejecución de la obra "PROYECTO HABITACIONAL "LA FLORENCIA, BARRIO PÍRITU", será asumida por la FUNDACIÓN PROPATRIA 2000. Artícuio 4. Se revoca la Resolución N° 07 de fecha 24 de enero de 2013, dictada por el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.099 de fecha 28 de enero de 2013. Artículo 5. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Boliváriana de Venezuela. Comunigues, y Publiadese RICARDO ANTONIO MOLINA ENALO Ministro MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DÉ VENEZUELA MINISTERIO DEL POIDER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DESPACHO DEL MÍNISTRO N°013 FECHA: 13/03/2013 202° y 154° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto Presidencial N° 9.403 de fecha 12 de marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.127 de la misma fecha y de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se procede a la corrección de la Resolución N° 012_ de fecha 11 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.127 de fecha 12 de marzo de 2013, a través de la cual se designo al ciudadanO LUIS GERÓNIMO BERRIZBEITIA QUINTERO, titular de la cédula de identidad N° V.-13.546.261, como Presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Educación'Socialista (INCES), por cuanto se incurrió en el siguiente error material: Donde se señala: "En ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto Presidencial N° 8.611 de fecha 22 de noviembre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.058 Extraordinario de fecha 26 de noviembre de 2011; en concordancia con el Decreto·Presidencial N° página original (tal como se publicó) [Página 22] 8.901 de fecha 03 de abril de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.897. de la misma fecha; de conformidad con lo establecido en los articulos 12, 62 y 77, numerales 2, 12,13, 19 y27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008 y en los articulos 5, numeral 2; Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial.de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522 de fecha 06 de septiembre. de 2002; los articulos 14 y 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; y en atención al articulo 11 del Decreto N° 6.068, con Rango, Valor y Fuerza de Ley del. Instituto. Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.968 de fecha 8 de julio de 2008; el artículo 1 del Decreto N° 8.562, mediante el cual se adscribe a este Ministerio, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Despacho," Siendo lo correcto: "En ejercicio de. las atribuciones conferidas por el Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.127 de la misma fecha; de conformidad con lo establecido en los articulos 12, 62 y 77, numerales 2, 12, 13, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008 y en los articulos 5, numeral 2; 19 en su último aparte y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002; los artículos 14 y 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; y en atención al articulo 11 del Decreto N° 6.068, con Rango, Valor y Fuerza de Ley-del Instituto Nacional de Capacitación yEducación Socialista (INCES), publicado enla Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.968 de fecha 8 de julio de 2008; el artículo 1 del Decreto N° 8.562, mediante el cual se adscribe a este Ministerio, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), publicado en la Gaceta Oficial de la República noviembre de 2011; este Despacho," En consecuencia, reimprímase Íntegramente el texto de la Resolución N° 012 de fecha 11 demarzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.127 de fecha 12 de marzo de 2013, subsanándose el error antes referido y manteniendo el mismo número y fecha. 9 Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional. JORGE ARREAZA MONTSERAT Ministro (E) del Poder Popularpara Ciencia, Tecnología e Innovadión Decreto N° 9.403 de fecha 12 de marzo de283 Gaceta Oficial N° 40.127 de fecha 12 de marzo2013 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO N° 012 FECHA: 11/03/2013 202° y 154° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto Presidencial N° 9.403 de fecha 12 de marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana deVenezuela N° 40.127 de. la misma fecha; de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 62 y 77, numerales 2, 12, 13, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008 y en los artículos 5, numeral 2; 19 en su último aparte y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la RepúblicaBolivariana de Venezuela N° 37.522de fecha 06 de septiembre de 2002; los artículos 14 y 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; y en atención al ártículo 11 del Decreto N° 6.068, con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.968 de fecha 8 de julio de 2008; el artículo 1 del Decreto N° 8.562, mediante el cual se adscribe a este Ministerio, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.795 de fécha 08 de noviembre de 2011; este Despacho, RESUELVE Artículo 1.- Designar al ciudadano LUISGERóNIMO BERRIZBEITIA QUINTERO, titular de la Cédula de Identidad N° V.-13.546.261, como Presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES). Artículo 2.- La presente Resolución entrará.en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquése, Por el Ejecutivo Nacional. JORGE ARREAZA MONTSERRA Ministro (E) det Peder Popularpara Ciencia, Tecnologia e Innovación Decreto N° 9.403 de fecha 12 de marzo de 2043. Gaceta Oficial N° 40.127 de fecha 12 de marzo de 2013 : 1 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO N° 015 FECHA: 1/03/2013 202º y 154° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto Presidencial N° 9.403 de fecha 12 de márzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.127 de la misma fecha; en concordancia con lo establecido en los artículos 12, 34, 35, 37 y 77, numerales 2, 12, 19, 26 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008 y los artículos 14 y 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, este Despacho, RESUELVE Artículo 1.- Delegar en el ciudadano MIGUELANGEL LIENDO, tituiar de la Cédula. de Identidad N° V.-14.789.149, èn su condición de Director General (E) del Despácho de este Ministerio, las atribuciones y firma de los actos y documentos, los cuales se mencionan a continuación: Presentar los Puntos de Cuenta que deban ser sometidos a la consideración de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República para la solicitud de adquisición de divisas relacionadas con operaciones del sector público ante el Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 5°, numeral1° del Convenio Cambiario N° 11, publicado.en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.197, de fecha 10 de junió de 2009. Expedir las Copias Certificadas de los Expedientes y demás 2. documentos que reposan en los Archivos del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, requeridos por los interesados y los Órganos y/o Entes del Poder Público. Articulo 2: El referido funcionario presentará una relación detallada de los actos y documentos, que hubieran firmado en virtud de la presente delegación. página original (tal como se publicó) [Página 23] Artículo s Los actos y documentos firmados de acuerdo a lo establecido en la presente Resolución, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y número de la presente Resolución y la Gaceta Oficial, en la cual haya sido publicada. Artículo El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, podrá discrecionalmente firmar los actos y, documentos, indicados en la presente Resolución. Articulo §: La presente Resolución entrará en vigencia, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de. Venezuela. Comuniquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional. —JORGE ARREAZA-MONTSERRAT Ministro (E) del Poder Popular Ciencia, Tecnología e Innovac 013 Decreto N° 9.403 de fecha 12 de marzo e 2013 Gaceta Oficial N° 40.127 de fecha 12 de marz REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO N° 016 FECHA: 18/03/2013 202° y 154° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto Presidencial N° 9.403 de fecha 12 de marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.127 de la misma fecha; en concordancia con lo establecido en los artículos 12, 34, 35, 37 y 77, numerales 2, 12, 19, 26 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008 y los artículos 14 y 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, este Despacho, RESUELVE Artículo 1.- Delegar en el ciudadano GUY ALBERTO VERNÁEZ HERNÁNDEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V.-10.170.468, en su condición de Viceministro para la Planificación y Aplicaciones de la Ciencia y la Tecnología de este Ministerio, las atribuciones y firma de los actos y documentos, los cuales se mencionan a continuación: 1. Solicitar la exoneración total o parcial del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de las importaciones definitivas de bienes corporales, las ventas de bienes y las prestaciones de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado. .2. Solicitar la exoneración total o parcial del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) sobre los enriquecimientos obtenidos por sectores: estratégicos o los provenientes de proyectos especiales de desarrollo, en los términos señalados en la Ley de Impuesto Sobre la Renta. Artículo 2: El referido funcionario presentará una relación detallada de los actos y documentos, que hubiera firmado en virtud de la presente delegación. Artículo. 3: Los actos y documentos firmados de acuerdo a lo establecido en la presente Resolución, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y número de la presente Resolución y la Gaceta Oficial, en la cual haya sido publicada. Artículo 4: El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnologia e Innovación, podrá discrecionalmente firmar los actos y documentos, indicados en la presente Resolución. Articulo 5: La presente Resolución entrará en vigencia, a partir de su publicación en la Gaćeta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuniquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional. JORGE ARREAZA MONTSERRAT Ministre (E) del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación- Decreto N° 9.403 de fecha 12 de marzo de 20 Gaceta Oficial N° 40.127 de fecha 12 de marzo de REPÚBLICA BOLVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO N° 017 FECHA: 18/03/2013 202º y·154° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto Presidencial N° 9.403 de fecha 12 de marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.127 de la misma fecha; en concordancia: con lo establecido en los artículos 12, 34, 35, 37 y 77; numerales 2, 12, 19, 26 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008 y los artículos 14 y 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, este Despacho, RESUELVE Artículo 1. Delegar en el ciudadano GUILLERMO RAFAEL BARRETO ESNAL, titular de la Cédula de IdentidadN°V.-5.308.243, en su condición de Viceministro para el Fortalecimiento de la Ciencia y las Tecnologías de este Ministerio, las atribuciones y firma de los actos y documentos, los cuales se mencionan a continuación: 1. La certificación o fegalización de firmas de fos Títulos Universitarios expedidos por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC); ente adscrito a este Ministerio. Artículo 2: El referido funcionario presentará una relación detallada de los actos y documentos, que hubiera firmado en virtud de la presente delegación. Artículo 3: Los actos y documentos firmados de acuerdo a lo establecido en la presente Resolución, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y número de la presente Resolución y la Gaceta Oficial, en la cual haya sido publicada. Artículo 4: El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, podrá discrecionalmente firmar los actos y documentos, indicados en la presente Resolución. Artículo 5: La presente Resolución entrará en vigencia, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuniquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional. A INA YT JORGE ARREAZA MONTSERRAS Minnistro (E)-delPoder Popular pare Ciencia, Tecnología e Innovación Decreto N° 9.403 de fecha 12 de marzo de 203? Gaceta Oficial N° 40.127 de fecha 12 de marzo de 2013:- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN. Caracas, 18 de marzo de 2013 202°, 154° y 140 Quien suscribe, Carlos Osorio Zambrano, Ministro del Poder Popular para la Alimentación, designado mediante Decreto No 7.541 de fecha 01 de julio de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela N° 39.474 de fecha 27 de-julio de 2030 y de conformidad oon lo dispuesto en el artícuio 62 y en los numerales 15 y 19 del articulo 77 del Decreto Nº,6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública, en concordancia con lo previsto en los Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario y el artículo 4 de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013, este Despacho. RESUELVE Artículo Único. Se aprueba la publicación del Traspaso Presupuestario de Gastos de Capital del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN, pOr la página original (tal como se publicó) [Página 24] Canidad de VEINTICINCO MIL BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Ba. 25.OO0,00); Recursos Ordinarios, que fue aprobado por este Ministerlo medlante Punto de Cuenta N° 003 en fecha 04 de marzo de 2013, de acuerdo con la siguiente Imputaclón: Ministario del Poder Popularpara la Alioventación Ba. 25.000,00 Acción Centralizada .410002000 "Gestión Administrativa" Acdón Especifica 410002001 *Apoyo Institudional a las Acciones n DE: Partida: "4.04 Activoe Raalas" 09 03 00 Sub-partidas re e 25.000,00 Bs. PARA: Partida: "4.04 Activos Realas* Sub-partidas 04 05 00 . Vehículos de tracción no motorizados 0'00050 Bs. Comuníquese y pubíquase, CAPLASPEBERTO OSORIO ZAMBRANO Miaistao def Poder Pogular pare la Alimentación MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° CARÁCAS, 06 DE FEBRERO DE 2013 202° y 183° Venezuela N° 39.676, de la misma fecha, en uso de las atribuciones legales 6.732 de fecha-02 de, junio de 2009, mediante el cual se dicta el Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gacata Oficial de la :República Bolivariana de Venezuela N°. 39.202 de fecha 17 de Junio de 2009, en concordancia con lo establecido en el artículo 77 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 31 de julio de 2008, publicado en la Gacata Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°5.890 Exdraordinario, y de acuerdo a lo tipificado en el articulo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, RESUELVE Artículo 1. Designar a la ciudadana ALBERTA APOLINA LOPEz GARCIA, titular de la cédula de identidad N° V-9.948.217, como DIRECTORA GENERAL DE DISEÑO DE POLÍTICAS CULTURALES DE DESARROLLO HUMANO del Viceministerio de Cultural para el Desarrollo Humano de este Ministerio. En consecuencia queda, facultada, para ejercar las atribuciones Inherentes a dicho cargo, a partir del 06 de febrero de 2013. la fecha de su Articulo 2. La presente resolución entrará en vigggicia publicación, en la Gaceta Oficial de la República ezuela. Comuniquese y Publiquese, /PEDRO dAAZADILA UCORAUITU MINISTRO DEI PODER PORULAR PABA LA CUBTURA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARÁ LA CULTURA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N°_ CARACAS, 21 DE ENERO DE 2013. 202* y 183° e n e r e n e e cual se dicta el Decrsto sobre Organización y Funcionamiento de la Adminietración Pública fecha 17 de Junio de 2009, én concordancia con lo establecido en el articulo 77 numeral 19 del N°5.890 Extraordinario, y de acuerdo a lo tipificado en el articulo 5 numeral 2, de la Ley del Estatuto de la Función Pública, RESUELVE Articuio 1. Designar. a los miembros dei Consejo Directivo de la Fundación Misión Cultura, CONSEJO DIRECTIVQ Presidenle Fidel Barbarito C.L. V.-11.794.279 Directora Ejecutiva C.L. V.-10.869.372 Genny Lara Director General de Estratégico C.1. V.-15.709.748 José Negrón Direclora General de Gestión Intema C.L. V.- 8.298.319. Bestalia Ibarra Direciora General de Operaciones Tania Scoot. C.I. V.- 2.138.010 Repreentonte del Minietro C.L.V.- 7.923.282 Luis Galindo Repreeentante del Minietro. C.I.V.- 19.735.145 Elsa Gualdrón Articulo 2. La preeante resolución entran a an vigencia, partir la na de su publicación, Comuniquese y Publiquese, ÉDRO CALZADILL DESPACHU MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA CULZURA REPÚBLICA BQLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 3_ CARACAS, 05 DE FEBRERO DE 2013 202° y 163° En ejercicio de las atribuciones que me conilere el Ducreto N°.8.230 de fecha 18 de mayo de 20:11, publicado en Geceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.678, de la misma fecha, en uso de las atribuciones legales previstas en el artículo 27 y disposición r n n n n cuali se dicta el Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública fecha 17 de Junio de 2009, en concordancia con lo establecido en el artículo 77 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 31 N°5.8s0 Exdraordinario, y de acuerdo a lo tipificado en el articulo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, RESUELVE CONSEJO DIRECTIVO Avilio Gonzáälez Presidente C.I. V.- 4.510.208 Maria Asunción Arane Directora Ejecutiva C.I. V.-22.646.822 Coordinadora General de Gestión Interna C.I. V.-14.378.194 Victor Ontiveros Hasdúbal Becera Miranda C.1. V.-12.671.415 Maria Carolina Belfort Coordinadora General de Operaciones C.I. V.- 12.095.215 Representante del Ministerio Marina Araujo Gonzóilnz C.I. V.-. 9.171.463 Representante del Ministerio Rosa Femándaz C.I. V.- 9.156.603 Artículo 2. La presenta resclución entrará en vigencia, a paticanlafecha de su publicación, en PEDRO CAIZADILIDESPACHO MINISTRO DEL PODERPOPUDAR PARA LA CULTURA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE PODER POPULAR PARA LA CULTURA FUNDACIÓN CASA DEL ARTISTA, 07 DE NOVIEMBRE DE 2012 200° Y 151° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N°01-2013 Quien suscribe LISETT YOLY TORRES OLMOS, venezolana, mayor de edad y de este domicilio, titular de la cédula de Identidad N° V-12.383.31.6, designada como presidenta de la Fundación Casa del Artista mediante Resolución N° 14, del 04 de febrero de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.365, de fecha 10 de-febrero de 2010, en ejercicio de la atribución contenida en el numeral 9° de la Cláusula Décima Primera de los Estatutos Sociales. de La Fundación casa del Artista, creada mediante Decreto Presidencial N° 1.500 del 25 de marzo de 1987, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República de Venezuela N° 33.685, del 25 de marzo de 1987, hoy derogado mediante. Decreto reformó la denominación y objeto, habiendo sido constituida mediante Acta registrada ante la Oficina Subalterna del Cuarto Circuito de Registro Público del Municipió Libertador del Distrito Federal el 09 de abril de 1987, bajo el N° 28, Tomo 3, Protocolo. 1° cuyos Estatutos fueron agregados al Cuademo de Comprobantes bajo el N° 55, folios 91 al 94, segundo trimestre de 1987, reformados estos estatutos el ciez (10) de agosto de 2010, registrados por ante el mencionado Registro Públi:o oel Cuarto Venezuela N° 39.488 de fecha 16 de agosto de 2010 y por mandato del Corisejo celebrada en fecha 15-11-2012 , acordó el nombramiento de las y los integrantes ce la Comisión de Contrataciones DICTA Artículo 1e Nombramiento de los Integrantes de la Comisión de Contrataciones de la Fundación Casa del Artista para la adquisición de bienes muebies y la prestación de servicios distintos a los profesionales y laborales año 2013. Dicha comisión es de carácter permanente y tiene por objeto conocer de los procesos de selección de .contratistas para la ejecución de obras, adquisición de bienes , prestación de servicios. Articuio 2º La Comisión de Contrataciones de la Fundación Casa del Artista estará miembros principales y suplentes en representación de las áreas jurídica, económica, y técnica. MIEMBROS PRINCIPALES: Por el Áres Económico Financiera Yudellys González C:1.N° V- 6.931.352 Por el Área Legal: Nlurka Caraballo C.L.N° V-6.276.415 Por el Ágea Técnica: C.L.N° V-14.349.111 .Efien Eduardo Galvis MIEMBROS SUPLENTES: Por el Área Jurídica: C.I.N° V-3.589.963 Sara Puentes Por el Área Técnica: C.I.N° 14.163.371 Económico Financiera: C.I.N° 14.158.882 Secretarla de la Comisión: Karina Mendoza, C.L.N° 17.384.238, quien tendrá derecho a voz pero no a voto. Aitíaula 3°: El Auditor Interno, podrá asistir en calidad de observador, con derecho a voz pero no a voto, tanto en las reuniones de la Comisión de Contrataciones, como a los actos públicos que se celebren durante los procedimientos de contrataciones. Las faltas temporales de ese funcionario, podrán ser suplidas por el representante o servidor público que éste designe a tal efecto, previa notificación a la Comisión de Contrataciones. Bittiaualio 4: La Comisión de contrataciones permanente de la Fundación Casa del Ley de Reforma Parcial de Contrataclones públicas, publicada en la Gaceta Oficial de - .la República Bollvariana de Venezuela N° 39.503 de fecha 06 de septiembre de 2010y su Reglamento. página original (tal como se publicó) [Página 25] Artículo_5°: Se deroga la Providencia Administrativa- Nº 001-2008, publicada en. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39,053 de fecha seis (06) de novlembre de 2008. Artículo 6°: La presente providencla entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Ofical de la República Bolivariana de Venezuela. LISETT YOLY TORRES OLMOS Presidenta de la Fundación Casa del Artista TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA N109 LA REPUBLICA BOLIVARZANA DE VDUEZUELA IE SU NOIBRE EL TRIFUNAL SUPRDMO DE JOSTICIA SALA CONSIITUCIONAL Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO P 0-60 El 11 de agosto de 2009, se recibió en esta Sala el Oficio n.° 104 del 5 de agosto de 2009, anexo al cual el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y dei Tránsito de la. Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida por los ciudadanos LUIS RAFAEL QUnrTERQ CLAUDEVILLE y ZOILA VIÑALES DE QUINTERO, titulares de las cédulas de identidad nros. 4.477.635 y 5.456.123, respectivamente, actuando en su carácter de representantes de la UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO "ARISTIDES BASTIDAS", o pg o d n n lo Civil, Mercantil, Agrario, del Trínsito, del Trabajo y Batabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Yasacuy, bajo el n.° 143, folios 142 al 145, Tomo 2 del 22 de junio de 1993, asistidos por los abogados José Antonio Gutiénez Abarca y Hugo n n 90.320 y 90.382, respectivamente, contra la decisión dictada el 25 de marzo de 2009, por el Circunscripción Judicial del Bstado Yarscuy. El 30 de julio de 2009, el Juzgado Superior en lo Civil, Meroantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Batado Yezacuy, declaró previa audiencia constitucional, sin lugar la acción de amparo interpuesta. Mediante diligencia del 31 do julio de 2009, los ciudadanos Lais Rafsel Quintero Claudeville y Zoila Vifales de Quintero, en su curácter de autos y asistidos por el abogado Luis Pifa, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 118.989, apelaron tempestivamente de la anterior decisión. El 14 de agosto de 2009, se dio cuenta-on Sala y se designó ponente a ia Magistrada Luisa Estolla Morales Lamuño quien, con tal cmácter, emuscibe el presento fallo. Medianto escritos del 3 de noviembre-de 2009 y 11 de marzo de 2010, el abogado José Antonio Gutiérrez Abarca, en su esráctarde apioderndo judicial de los ciudadanos Luis Rafael Quintero Claudeville y Zoila Visales de Quintero, antes Identificados, solicitó Medianto escritos del 28 de abril de 2010, 15 de jumio de 2010 y 12 de agosto de 2010, el abogado Victor Gherai Alzaibar, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el a.° 14.435, actuando eni su condición de repreaentanto judicial de los ciudadanos Nina Margarita Gonzlilez Maya y Luis Anguito Garido Sosn, actuando en su carácter de terceros del presente amparo constitucional, solicitaron promuclamniento en la causa. En virtud de la reconstitución de la Sala por el nombramiento de sus muevos integrantes en sesión de la Asambles Nacional del 7 de diciembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.569 del 8 de diciembre de 2010, la Sala quedò constituida de Ia siguiente forma: Presidenta Magistrada Laisa Estella Morales Lamuño; Vicepresidente -Magistrado-Prancisco Antonio Casasquero López, y los Magistrados Marcos Tulio Dugate Pedrón, Cacmen-Zuleta de Merchin, Arcadio Delgado Rosales, Juan Josó Mendoza Jover y Gladje Maria Gutifurez Alvarado. Realizado el estudio individual de las astas quo conforman el presento expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siggiestes consideraciones. 1 DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTTTUCIONAL La parte accionante expuso como fandemento de-su-pretensión, lo siguiente: Que en el aão 1994 iniciaron una relación amendaticia con los ciudadanos Nina Margarita González Maya y Giovanni Michelle Tortolani Di Vito, siendo que actualmente mantienen esa misma relación pero entre la referida-ciudadana y el señor Luis Augusto Garrido Sosa, respecto a un inmueble ubicado en la avenida Alberto Ravell entre callejón La Mosca y la Avenida Yaracuy del Estado Yaracuy. Que desde que se inició la relación arendaticia hasta la actualidad ha funcionado en dicho lugar la Unidad Educativa Colegio Arístides Bastidas. Que han suscrito varios contratos, en los que se establecía con claridad el canon de arrendamiento a pagar, la forma y el lugar de pago, pero que al convertirse el último de los contratos por tácita reconducción en un contrato a tiempo indeterminado el monto y la forma de pago de los cánones fueron acordándose a través de comunicados por escrito emitidos por la persona de los arrendadores. Que los arrendadores emitan comunicados estableciendo el. nuevo canon de arrendamiento a pagar, siendo retirado el canon de arrendamiento todos los meses en la Oficina de Administración de la Unidad Educativa Colegio Arístides Bastidas, por parte de alguno o ambos arrendadores. Que se vieron en la necesidad de dar inicio al procedimiento consignatario establecido en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, desde el mes de noviembre de 2004, mes en el que comienzan a consignar el canon ante el Juzgado Segundo de los Municipios San Felipe, Independencia, Cocorote y Veroes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, causa signada con el N° 128-04, siendo imposible localizar a sus arrendadores y cancelar el canon correspondiente del modo en que habitualmente lo veaían haciendo. Juzgado Primero de los Municipios San Felipe, Cocorote, Independencia y Veroes de la solicitaron que condenar a el desalojo del inmueble sin plazo alguno y se les hiciera entrega del mismo totalmente desocupado de bienes y personas. El 23 de mayo de 2006, se dictó sentencia y el Juzgado Primero de los Municipios San Felipe, Cocorote, Independencia y Veroes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, declaró sin lugar la demanda por desalojo en contra de los actores. Que apelada la anterior decisión, el 25 de marzo de 2009, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y ciel Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy declaró con lugar la demanda por desalojo intentada contra los accionantes, ordenando la desocupación del inmueble libre de personas y cosas al terminar el año escolar. Que es evidente -según afirman- que la referida causa no ha sido seguida conforme al procedimiento legalmente establecido, por lo que en consecuencia han sido violados los principios esenciales al debido proceso, el derecho a la defensa, el principio de preclusión de los actos procesales y el derecho de igualdad de las partes. Que el juez que conoció en primera instancia Juzgado de Municipio- se extralimitó e e e demandante, tal como lo es, la carga del demandante de señalar la dirección de los demandados de manera expresa y la carga: de consignar los emolumentos para que el alguacil se traslade a practicar la citación de los demandados; en el caso sub fadice, tenemos que los demandantes no señalaron en ningún momento de manera expresa en su libelo ni por diligencia alguna Ia dirección en la cusi se debía realizar la citación de los demandados. Que el juez de la causa en el mismo suto de admisión de la demanda señaló monu propio la dirección en la cual debían ser citados los demandados, asimismo, sin que Ia parte demandante hubiera cumplido con la carga que según la doctrina establecida por el Máximo Tribunal de la República es obligatoria y cuyos efectos en caso de incumplimiento son fatales para el proceso, que no es otra, que la obligación de consignar los emolumentos para que el ciudadano alguacil se trasiade a practicar la citación de los demandados. Que el tribunal de manera extrafiamente diligente realiza la citación de los demandados, asumiendo una conducta a todas luces desigual con respecto al trato imparcial que debe mantener el tribunal con ambos partes en el proceso, que son a quienes corresponde de manera exclusiva el impulso procesal del mismo, máxime en la etapa inicial del proceso. Que en el presente caso se ha producido la perención breve en virtud de lo establecido en el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, siendo el caso que el actor no dio cumplimiento a las obligaciones a él impuesta por la ley, para que se lograse la citación de los demandados, y los tribunales que han conocido de la referida causa, aunque pudiendo decidir de oficio, han omitido pronunciarse en relación a la perención breve, permitiendo así que continúe su curso un proceso extinguido, en donde se vieron obligados como parte demandada, a continuario a pesar de haberse verificado la perención de la instancia, y como consecuencia indubitable, la extinción del proceso. página original (tal como se publicó) [Página 26] 400.292 GACETA OFICLAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Que el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se refiere a que la parte : actora que no cumple con las obligaciones que la ley le impone para la práctica de la citación en el lapso de 30 días y no ha que se practique la citación en.ese período; tenemos asi que las obligaciones que deben ser satisfechas por el demandante referidas en el mencionado artículo 267, serían el pago de los emolumentos requeridos por el alguacil para. la efectiva práctica de la citación, emolumentos que no necesariamente deben ser satisfechos con la consignación de cantidades de dinero, pudiesen ser también satisfechos ·por e) actor poniendo a disposición del auxiliar de justicia los medios de transporte necesarios para la práctica de la referida citación. Que "(.) una vez que se produjo el auto de admisión de la demanda, dentro de los 30 dias sigulentes al mismo.dilingencio (sic) en el expediente manifestando que pore a la orden del Algualcil los recursos o medios necesarios, bier sea por especie o equivalente, -necesarios, para que se produjese la efectiva citación de los demandados, toda vez que la Avenida Ravell con Avenida Yaracuy Casa-Quinta denominada Geoluz domicilio de los demandados dista más de 500 metros de la sede del Tribunal, y que siendo el-caso que el demandante, en su escrito libelar no proporcionó al tribunal la dirección del demandado, determinemos posteriormente cumplió con esta obligación subsanando su omisión diligenciando, señalando la dirección del demandado dentro de los treinta días siguientes a la fecha de admisión de la demanda". Que cumplidos como fueron los treinta días sin que la parte actora haya ejecutado inacción, falta de impulso y desinterés en el proceso, el mismo de pleno derecho quedó extinto ya nada pudiéndose hacer para revivirlo, esperando solo la declaratoria de tal situación juridica. Que el 27 de marzo de 2006, esperaban la declaratoria de perención, pero que la misma no se produjo, sino por el contrario en esa misma fecha dicta un auto el tribunal con el que se le da continuidad al proceso, violando de ese modo el orden público procesal, el derecho a la defensa en un proceso idóneo, el principio al debido proceso y el principio de preclusión de los lapsos procesales. Que también se le lesionó la garantía de igualdad de las partes ante la ley, pues le, fue permitido a los-accionantes continuar el juicio viéndose en la obligación de seguirlo obligaciones impuestas por la ley a los demandantes, en lo referente a la citación del demandado. Que "(..) desde el dla 27-de marzo de 2006 el proceso se. extinguió, operó la perención de la Instancia, y hemos esperado que. la declaratoria de la misma se produzca hasta la presente fecha". Que es evidente que la sentencia que causa la lesión constitucional es la que pronunció el Juzgado Primero de Primera Instancia.en lo Civil en el expediente N° 14.031, siendo el caso que su titular omitió pronunciarse sobre la perención breve, debido a que la parte actora no cumplió con sus obligaciones legales. Que no sólo se le violan derechos constitucionales a ellos, sino también son violados los derechos de toda la comunidad estudiantil y las personas que laboran en la referida institución. Que interponer el presente amparo en contra de la sentencia emanada del.Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha 25 de marzo de 2009, por cuanto omitió el deber de pronunciarse sobre la perención breve que indubitablemente operó de pleno derecho en el desarrollo del proceso, puesto que el demandante no proporcionó al tribunal ni la dirección del demandado, ni proporcionó de manera oportuna, ni en ningún otro momento dentro del proceso los emolumentos necesarios para que se produjese la citación del demandado, traduciéndose esto en el no cumplimiento de las obligaciones a él impuestas por la ley, amén de la evidente extralimitación del tribunal que conoció en primera instancia, quien suplir cargas que le corresponden exclusivamente a la parte demandante, no estándole proceso y atenta contra el principio de la equidad, lesionando gravemente, la sentencia atacada por via de amparo, al no pronunciarse en relación a la perención, su derecho a la defensa, derecho a un debido proceso, el principio de preclusión de los actos procesales, la garantía de mantener a las partes en igualdad de condiciones ante la ley y el orden público procesal. Finalmente, solicitan que el amparo sea declarado con lugar y se otorgue medida cautelar innominada mientras se decide la acción de amparo en todas las instancias a que haya lugar, en el sentido de que suspenda la ejecución forzosa de la sentencia. Miércoles 20 de marzo de 2013 DEL FALLO APELADO El 30 de julio de 2009, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, declaró- sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta, fundamentándose en las siguientes consideraciones: "(...) a criterio de este juzgado constitucional -de los términos de la solicitud de amparo- no está definido con claridad que (sic) órgano jurisdiccional causó las lesiones constitucionales que se denuncian, pues, si bien se recurre contra la decisión dictada el 25 de marzo de 2009 por el Juagado Primero de Primera Instancia en lo Ctvil; Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial en el expediente N° 14.031 de la nomenclatura de ese tribunal (por no promunciarse sobre la perención breve puesto que el demandante no proporcionó al tribunal ni la dirección del demandado, ni los emolumentos necesarios para que se produjese la citación del demandado) sin embargo, en su escrito dicen que hubo una evidente extralimitación del tribunal que conoció en primera instancia (o sea, el Juzgado Primero de. Municipio) al suplir cargas que le corresponden exclusivamente a la parte demandante en cuanto a su deber de señalar la dirección de los demandados de manera expresa y consignar los emolumentos para que el alguacil se traslade a practicar la citación de los demandados. . . Afirma también que el fuez de la causa, o sea el de Municipio, en el auto de admisión de la demanda señaló motu propio la dirección en la cual deban ser citados los demandados; y que de manera extrañamente diligente realizó la citación de los demandados, asumiendo una conducta a todas luces desigual con respecto al trato imparcial que debe mantener el tribunal con ambas partes en el proceso. Que 'desde el día 27 de Marzo de 2006 (estando la causa en trámite ante el tribunal de Municipio) el proceso se extingudó, operó la perención de la Instancia, y hemos esperado que la declaratoria de la misma se produzca hasta la presente fecha'. Luego, no concreta la parte actora cual (sic) fue el órgano jurisdiccional que cometió las presuntas violaciones constitucionales. Por otra parte, llama la atención el hecho de que el cludadano Luis Quintero, instancia se extralimitó en su actuaciôn porque -a su parecer- suplir cargas que por ley corresponde exclusivamente a la parte demandante, tales como son la carga de señalar la dirección de los demandados de manera expresa y la carga de consignar los emolumentos para que el alguacil se traslade a por practicar la citación sin haber la parte actora cumplido -como dicen- sus dilucidada la validez de la misma. Al respecto, no consta en las actas de este expediente que tal impugnación se haya hecho. Luego, como quiera que en el. proceso venezolano priva el principio de la estabilidad de los juicios (articulo 206 del Código de Procedimiento Ctvil) en virtud del cual se evitarán las reposiciones inútiles y no se declarará la mulidad de un acto, si éste ha alcanzado el fin al cual estaba destinado, al no haberse impugnado, tales actuaciones judiciales produgeron plenos efectos jurídicos (.... En cuanto a la denuncia de omisión de pronunciamiento de perención breve que afirman se produjo en esta causa, a efectos de un mejor entendimiento de lo acontecido, este tribunal constitucional estima pertinente realizar un recuento de los sucesos procesales acaecidos. A saber: El 24/2/2006 se admite la demanda (por el Juzgado de Municipio) y se ordenó el emplazamiento de los ciudadanos Luis Quintero y Zoila de Quintero y compulsar coplas certificadas del libelo de demanda con el auto de (folio.180). · El 2/3/2006 la alguacil accidental del Juzgado Primero de los Municipios San Felipe, Independencia, Cocorote y Veroes de esta Circunscripción Judicial, declaró 'Consigno el presente recibo que me fuera entregado para cItar a la cludadana: ZOILA VINALES DE QUINTERO; habiéndose trasladado hoy 02-03-2006 a las 12:00 AM. a la avenida Alberto Ravell con Yaracuy, siendo atendida por la misma, quien leyó, fecho (sic) y firmó el recibo, procediendo asi a hacerle entrega de la copia fotostática certificada del libelo de la demanda, con orden de comparecencia al pie. Constancia que hago a los fines legales consiguientes: (follo 182). Randy Figueroa, estampó diligencia donde expuso 'Me doy por citado de la presente demanda" (folio 183).. · El 15/3/2006, los ciudadanos Luis Rafael Quintero y Zoila de Quintero, asistidos del profesional del derecho Randy Figueroa, dieron contestación a la demanda (folios 184 al 187). e asistidos de la abogado América Borjas, consignaron escrito de pruebas (folios 572 al 574), las cuales fueron admitida por auto de 27/3/2006 (folio 599). · El 29/3/2006, el tribunal de la causa mediante auto que cursa al follo 609 admitió las pruebas presentadas por los cludadanos Nina Margarita Gorzález Maya y Luis Garrido Sosa, asistidos por la abogado Yadira Lalinde Miani. Vistas estas actuaciones y tomando en cuenta que la admisión de la demanda de desalojo se produjo el 24/2/2006 según se aprecia al folio 180, es claro la citación tuvo lugar antes que transcurlera el lapso que indica el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, esto es, dentro de los treinta dias a contar desde la fecha de la admisión de la demanda. De sna simple operación aritmética se constata que la ciudadana Zoila Qudntero quedó citada al 6to dia, mientras que la del ciudadano Luis Quintero, ocurrió el dia 17, es decir, ambas citaciones se produeron dentro del lapso procesal de 30 días previsto en el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil para que se configure la perención breve de la causa. Es pertinente señalar que una vez analizada exhaustivamente la doctrina jurisprudencial citada en la querella constitucional, a saber, diversos fallos de la Sala de Casación Civil y de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, esta sentenciadora puede sintetizar que las mismas gravitan sobre un hecho: la consumación de la perención; para lo cual se requieren que se produzcan los extremos establecidos en la ley, entre los cuales está, el transcurso del tiempo (que en el caso que se analiza es el supuesto de treinta página original (tal como se publicó) [Página 27] días a contar de la admisión de la demanda) sin que se haya producido la citación de la parte demandada (art. 267 CPC). continuado el proceso hasta su fin. También refieren a que la parte actora pena de producirse la referida sanción. Ahora bien, cabe destacar que el caso de estudios no es subsumible en ninguna de las hipótesis planteadas en tales decisiones, pues como hemos dicho la citación de los codemandados se produjo antes de que transcurrieran los treinta dias de haber sido admitida la demanda-de desalojo. ...omissis.. De conformidad con lo expuesto, hablendo sido citada la cludadana Zoila de Quintero y comparecido al proceso el ciudadano Luis Quintero por si mismo a darse expresamente por citado; antes de que transcurrieran los treinta días a perención. En consecuencia, al haber éstos contestado oportunamente, alegando defensas referidas a la demandada, asistidos de abogado, se considera que no se omitió forma sustancial alguna que haya menoscabado su derecho a la defensa, por lo que no está-dado en el caso de autos violación alguna de derechos constitucionales por parte del örgano jurisdiccional (..)'. Finalmente, se considera que la parte querellante utilizó esta vía -destinada al restablecimiento de derechos constitucionales- como si se tratara de una tercera instancia, pretendtendo de manera- soslayada que este tribunal constitucional revise nuevamente cuestiones que guardan relación directa con lo debatido en la causa principal, esto es, el fulcio por desalojo (..)". m DE LA COMPETENCIA En primer lugar, debe esta Sala pronunciarse respecto a la competencia, y a tal efecto observa: En virtud de 1o dispuesto en sentencia de esta Sala n.º 1 del 20 de enero de 2000, caso: "Emery Mata Millán", la cual resulta aplicable conforme a lo establecido en el artículo 25 numeral 19 de. la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria n.° 5.991 del 29 de julio de 2010, reimpresa en Gaceta Oficial n,° 39.522 del 01 de octubre de 2010 y, a tenor de lo establecido en el articulo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales, le corresponde a esta Sala Constitucional conocer las apelaciones de las sentencias provenientes de los-Juzgados o Tribunales Superiores de la República -exceptuando los Superiores en lo Contencioso Administrativo-, las Cortes de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, en tanto su conocimiento no estuviere atribuido a otro Tribunal, cuando ellos conozcan Ia acción de amparo en primera instancia. Conforme lo anterior, visto que la decisión apelada fue dictada en materia de amparo constitucional por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, esta Sala se declara competente para el conocimiento de la presente causa. Así se decide. IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR En la oportunidad de decidir, esta Sala observa: constitucional contra la decisión dictada el 25 de marzo de 2009, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Io Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, que declaró con lugar la demanda por desalojo intentada contra los ciudadanos Luis Rafael Quintero Claudeville y Zoila Viñales De Quintero, ordenando la desocupación del inmueble donde funcionará la Unidad Educativa Colegio "Aristides Bastidas ", libre de personas y cosas al terminar el año escolar. En tal sentido, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Ia Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta, al constatar que el juez accionado actuó dentro de los límites de su competencia, y que lo pretendido por el quejoso era acceder a una tercera instancia judicial, por haberle sido adverso el fallo impugnado. Así, se advierte preliminarmente de la relación de las actas procesales que la parte accionante fundamentó principalmente el amparo constitucional en que "(..) desde el día 27 de marzo de 2006 el proceso se extingudó, operó la perención de la Instancia, y hemos esperado que la declaratoria de la misma se produzca hasta la presente fecha", lo cual en su criterio ha vuinerado su derecho constitucional al debido proceso, al no haber sido declarada de oficio ésta. En relación a la existencia de la presunta perención de la instancia en el caso de marras el a quo precisó quo. "(.) habiendo sido citada la cludadana Zoila de Quintero y comparecido al proceso el ciudadano Luis Quintero por si mismo a darse expresamente por citado; antes de que transcurrieran los treinta días a contar de la admisión, es criterio de este tribunal que no se verificó-la perención". Con fundamento en lo expuesto, considera relevante esta Sala hacer unas consideraciones sobre la perención de la instancia alegada en el presente amparo constitucional. Al efecto, debe destacarse que conforme a lo establecido en el'artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, la perención se verifica de pleno derecho y no es reñunciable por las partes y, puede ser declarada de oficio por el tribunal, en aras de evitar que los juicios permanezcan sin impulso procesal dè manera indefinida; dismimuyéndose celeridad procesal (Vid. Sentencia de esta Sala n.° 1828/2007). Asf pues, se aprecia que ésta -perención- constituye una sanción contra el litigante negligente, que se produce con motivo de un estado de inactividad de la causa que genere algún tipo de gravamen a las partes procesales en atención al desconocimiento de la causa, seguridad juridica. Al respecto, se aprecia que tal institución se encuentra instituida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual en su ordinal 1°, establece lo siguiente: "Cuando transcurridos treinta días.a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante. no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley. para que sea practicada la citación del demandado". Así las cosas, es necesario resaltar que una vez constatados los supuestos de hecho previstos en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, -en cualquiera de sus numerales-, independientemente del estadio y grado de la causa, ha de declararse la perención de la causa como consecuencia jurídica-allí establecida, no siendo óbice para ello, el que no hubiese sido solicitado por les partes. Ahora bien, se desprende de los autos que la situación denunciada como lesiva de derechos fundamentales, es la omisión en: la que incurrieron los jueces de instancia al inobservar que presuntamente había operado la perención breve por el incumplimiento de las cargas procesales de la demandante relativas a la citación de la contraparte, pues a su decir, éstos no sefalaron la dirección de los demandados de manera expresa ni consignaron los emolumentos para que el alguacil se traaladase a practicar la citación de aquellos. Así pues, con respecto a la institución de la perención, debe indicarse que la misma se verifica por la ausencia de actuación de la parte, que implique impulso procesal, por el transcurso de determinado periodo de tiempo. Tal conducta omisiva tiene como consecuencia la extinción de la instancia, por lo que, esa condición objetiva constituida por el transcurrir del tiempo, bastaría por si sola para que produjera la extinción anormal del proceso. Sin embargo, y:a pesar de que la jurisprudencia de esta Sala Constitucional ha reconocido el carácter de orden público de la perención, su procedencia debe someterse a una evaluación de las circunstancias fácticas del caso concreto, en virtud que al ser una sanción procesal su interpretación y aplicación debe ser restrictiva y en atención a la finalidad del proceso, todo ello con el objeto de verificar su procedencia y no ordenar la reposición inútil de una causa, en franca contravención a lo establecido en el artículo 257 del Texto Constitucional, pues si bien es cierto que el decreto de perención procede de oficio o a solicitud de parte, también es cierto que lo que se pretende con tal institución procesal es evitar la pendencia indefinida del proceso. De manera que si el Juez no advierte su procedencia y las partes actúan en juicio en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales, impulsándolo hasta su resolución final procedimiento y obtener sentencia, una de las partes pretenda hacer valer la perención breve, como si en realidad no hubiera tenido interés procesal en el mismo. No obstante lo anterior, aun cuando la referida omisión haya podido ocasionar un gravamen al derecho a la tutela judicial efectiva, por no haber advertido de oficio el juez la procedencia de la sanción procesal, al evaluar y juzgar con fundamento a los argumentos expuestos por las partes dentro del principio de preclusividad de los actos procesales, así como de los elementos endógenos y exógenos relativos al -proceso que son materia de orden público, debe valorarse si efectivamente se constató una violación al orden público por haber operado la perención breve en la presente causa y a su vez, haber omitido el juez un pronunciamiento sobre tal circunstancia -Cfr. sentencia de esta Sala n.° 1174/2009-. Acápite de este escenario, debe advertirse que diferente conclusión debe ser acometida cuando la parte alega como mecanismo de defensa la procedencia de la sanción procesal de la perención dentro del referido procedimiento, y ésta resulta omitida por el juez en el curso y devenir del proceso, en violación al principio de la globalidad de la decisión, ya que no podria argumentar el juez la posterior actuación de la parte en el proceso y la subsanación de la falta, ya que tal omisión i) le es atribuible al juez y no a la parte en ejercicio de sus cargas procesales dentro de los lapsos de preclusión del proceso, y ii) la actitud adecuada en defensa de sus derechos y la falta de pronunciamiento es continuar la tramitación de la causa aun cuando la misma haya constituido un menoscabo de sus derechos constitucionales al proseguir con una tramitación del procedimiento la cual debió haberse extinguido en la etapa procedimental correspondiente. página original (tal como se publicó) [Página 28] En este orden de ideas, debe citazse el fallo objeto de apelación, el cual desestimó la procedencia de la perención breve en la presente causa, y por tanto, la verificación-de la consecuencia jurídica consagrada en el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil, a los efectos de estimar la procedencia o improcedencia de la resolución adoptada por el a quo, al efecto señaló: "(...) El 24/2/2006 se admite la demanda (por el. Juzgado-de Municipio) y se ordenó el emplazamiento de los ciudadanos Luis Quintero y Zoila de Quintero y compulsar copias certificadas del libelo de demanda con el auto de (folio 180). • El 2/3/2006 la alguacil accidental del Juzgado Primero de los Municipios San Felipe, Independencia, Cocoroie y Veroes de esta Circunscripción Judicial, declaró 'Consigno el presente recibo que me fuera entregado para cItar a la ciudadana: ZOILA VIÑALES DE QUINTERO; habiéndose trasladado hoy 02-03-2006 a las 12:00 AM. a la avenida Alberto Ravell con calle Yaracuy en la casa-quinta denominada 'Villa Latina' del Estado Yaracuy, siendo. atendida por la misma, quien leyó, fecho (sic) y firmó el recibo, procediendo asi a hacerle entrega de la copia fotostática certificada del libelo de la demanda, con orden de comparecencia al ple. Constancia que hago a los fines legales consiguientes' (folio 182). · El 13/3/2006 el codemandado Lauis Rafael Quintero, asistido del abogado Randy Figueroa, estampó diligencia donde expuso Me doy por citado de la presente demanda' (folio 183)" · El 15/3/2006, los ciudadanos Luls Rafael Qutntero y Zoila de Quintero, asistidos del profesional del derecho Randy Figueroa, dieron contestación a la demanda (folios 184 al 187). · El 23/3/2006; Los ciudadanos Luis Rafael Quintero y Zolla de Quintero, asistidos de la abogado América Borjas, consignaron escrito de pruebas (folios 572 al 574), las cuales fueron admitida por auto de 27/3/2006 (folio 599). · El 29/3/2006, el tribunal de la causa mediante auto gue cursa al foli6 609 admitió las pruebas presentadas por los cludadanos Nina Margarita González Maya y Luis Garrido Sosa, asistidos por la abogado Yadira Lalinde Miani. Vistas estas actuaciones y tomando en cuenta que la admisión de la demanda de desalojo se produjo el 24/2/2006 según se aprecia al folio 180, es claro la citación tuvo lugar antes que transcurriera el lapso que indica el articulo 267 del Código de Procedimiento Ctvil, esto es, dentro de los treinta dias a contar desde la fecha de la admisión de la demanda. De una simple operación aritmética se constata que la ciudadana Zoila Quintero quedó citada al 6to día, mientras que la del ciudadano Luis Quintero, ocurrió el dla 17, es decir, ambas citaciones se produjeron dentro del lapso procesal de 30 dias previsto en el artículo 267 del Código de Procedimlento Civil para que se configure la perención breve de la causa". De la relación efectuada por el referido Tribunal, se aprecia que al contrario de lo expuesto por los solicitantes en el presente caso, no operó la delación denunciada ya que incluso desde el auto de admisión de la demanda -24 de febrero de 2006-, la posterior citación de-la ciudadana Zoila de Quintero -2 de marzo de 2006 (folio 182, pieza 1); comparecencia del ciudadano Luis Quintero para darse expresamente por citado -13 de marzo de 2006 (folio 183, pieza 1)- y la correspondiente contestación de la demanda -15 de marzo de 2006-; no había transcurrido un lapso mayor a los treinta días establecido en el articulo 267.1 eiusdem, en razón de lo cual, resulta improcedente la violación denunciada en virtud de no constatarse ésta, ya que la parte demandada en el juicio de desalojo nunca vio menoscabado su derecho a la defensa y al debido proceso. Así se decide. En razón de lo expuesto, y vista la improcedencia de la violación denunciada contra la sentencia dictada el 30 de julio de 2009, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, debe esta Sala declarar sin lugar la apelación formulada contra la precitada decisión y, en consecuencia, se confirma la sentencia que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta. Desestimado como fue el argumento relacionado con la perención de la instancia por no 'haberse constatado violación constitucional alguna, esta Sala advierte que en el inmueble objeto del juicio de desalojo se encuentra instalada una unidad educativa, la cual presta el servicio de educación a los niños y adolescentes del Estado Yaracuy, en razón de lo cual, se estima oportuno realizar una serie de consideraciones sobre la prestación del servicio público de educación, lo cual puede ser delatado tanto por ia actuación oficiosa del juez como a instancia de parte afectada, vistos los derechos e intereses involucrados en el proceso, los cuales de estimarse su procedencia adrián como consecuencia la revisión de oficio del fallo impugnado por parte de esta Sala Constitucional (Vid. Sentencias de esta Sala nros. 1199/2010, 1746/2011 y 1344/2012, entre otras). Al efecto, se aprecia en primer lugar, que en virtud de la competencia especial que ostenta la protección de niños, niñas y adolescentes el legislador patrio creó una materia especialísima que resulta competente para el conocimiento de demandas entre particulares aun cuando el objeto de la relación sea de otra naturaleza, en atención a la legitimación activa o pasiva de los sujetos de protección especial, cuando los mismos tengan un interés directo o inmediato en la resolución de la causa. En razón de ello, es de destacar que el carácter de orden público de la competencia por la materia la hace inderogable, indelegable, tal como se consagra en el artículo 12 de la Ley Orgánica para la Protección del Niños, Nifias y Adolescentes y es un presupuesto de mérito para la sentencia; es decir, que la competencia material, en el ordenamiento procesal vigente, es un requisito sine qua non para la eficacia del pronunciamiento de una decisión válida; por ello, la sentencia que dicte un juez inccompetente resulta nula (Vid. Decisión de esta Sala n.º 2800/2004). Así, la competencia se determina con atención a la naturaleza de la relación jurídica objeto del litigio, que es la esencia propia de la controversia, y a las normas legales .. procedimentales que califiquen a quién le corresponde Ia competencia, en razón de lo cual, debe destacarse lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niños, Niñias y Adolescentes, el cual establece las competencias que corresponden a las Salas de Juicio de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente, en los siguientes términos: "El Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es competente en las siguientes materlas: ...0miss ... Parágrafo Cuarto. Asuntos patrimoniales, del trabajo y otros asuntos: a) Demandas patrimoniales en las cuales los niños, niñas y adolescentes sean legitimados activos o pasivos en el procedimiento. b) Demandas laborales en las cuales los niños, niñas y adolescentes sean legitimados activos o pasivos en el procedimiento. c) Demandas y solicitudes no patrimoniales en las cuales los niños, niñas y adolescentes sean legitimados activos o pasivos en el proceso. d) Demandas y solicitudes en las cuales personas juridicas constituidas exclusivamente por niños, niñas y adolescentes sean legitimados activos o :pasivos en el procedimiento. e). Cualquier otro de naturaleza afin que deba resolverse judicialmente, en el cual los niños, niñas o adolescentes sean legitimados activos o pasivos en el proceso. Parágrafo Quinto. Acción judicial de protección de niños, niñas y adolescentes contra hechos, actos u omisiones de particulares, órganos e instituciones públicas o privadas que amenacen o violen derechos colectivos o difusos, de niños, niñas y adolescentes". Con relación al mencionado artículo, se aprecia que el Tribunal Supremo de Justicia en Pleno en varias oportunidades y en sentencia n.° 4/2002, interpretó las referidas competencias, en atención al criterio ratione materia, criterio que es de orden público y. comprende el derecho al juez natural y, consecuencialmente, la garantía al debido proceso: "Recalca la Sala que el Iiteral c) de la norma citada atribuye a los órganos de la referida jurisdicción especial el conocimiento y decisión de las demandas incoada contra niños y adolescentes, lo cual, evidentemente, implica la niños y adolescentes figuren como demandados o accionados en la relación procesal. Nada dispone de manera expresa la normá citada sobre los juicios en los que, como en el caso de autos, los menores o adolescentes aparezcan como demandantes. Observa, asimismo, la Sala que el literal d) de la misma norma, (articulo 177 de la Lay Orgánica para la-Protección del Nino y del competencia sobre cualquier otro asunto 'afin a esta naturaleza que deba resolverse judicialmente', es decir, que también será de la competencia de Ia referida jurisdicción especial toda controversia judicial afin a la materia patrimonial o del trabajo, en los cuales estén involucrados derechos o intereses de los niños o adolescentes, siempre que dichos derechos e'intereses merezcan de la especial protección que les brinda la legislación especial en la materia y el fuero correspondiente de la jurisdicción creada y organizada por la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Por lo tanto, se impone ahora la necesidad de precisar si los juicios en los cuales los menores y adolescentes aparezcan como demandantes pueden ser considerados como materlas afines a la naturaleza de las demás materias mencionadas en el Parágrafo Segundo del articulo 177 de .la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. A la luz de los principlos hermenéuticos contenidos en el artículo 4° del. Código Civil'-que como tales principios son aplicables a la interpretación que debe realizarse en este caso- observa la Sala, en primer lugar, que la Iiteral interpretación del Parágrafo Segundo del articulo 177 de la Ley para la Protección del Niño y del Adolescente, evidencia que no se ha previsto de manera expresa que los órganos de la jurisdicción que conozcan en materla de contenido patrimonial en los cuales aparezcan como demandantes niños o adolescentes, lo cual contraviene con la expresa atribución al conocimiento y decisión de estos Tribunales de las demandas incoada contra estos sujetos. Esta norma (inclusión expresa de las demandas contra niños o adolescentes y silencio sobre las demandas incoada por ellos), es además, a juicio de la Sala, revelador de la intención del Legislador, (segunda de las técnicas interpretativas antes apuntadas), pues en efecto, no puede el intérprete obviar el hecho evidente que al señalar expresamente el Lagislador, tan sólo, que es competencia de las Salas de Judcio las demandas contra niños o adolescentes, está manifestando, al mismo tlempo, la negativa a incluir de manera expresa a las demandas incoada por niños o adolescentes; negativa que tiene también un claro valor en la interpretación de la norma, especialmente cuándo se piensa que le habria basado al Legislador con establecer que es materia de la competencia de las Salas de Juicio toda demanda en la que sean parte (demandante o demandada) niños o adolescentes, para dejar, claramente expresada asi su voluntad de someter a la mencionada jurisdicción especial todos los fulcios de contenido patrimonial o del trabajo en que los niños o adolescentes aparezcan como demandantes o demandados, lo cual, sin embargo, no se hizo, y a esta omisión -expresa y evidente- debe atribuirsele un peso sustancial en la interpretación de la norma. Entiende la Sala que el legislador ha rechazado expresamente hacer esta clara sean parte niños o adolescentes, limitándose, a mencionar únicamente las demandas interpuestas contra estos sujetos." En consecuencia, es evidente-para esta Sala, que en los casos donde exista una legitimación activa o pasiva del niño, niña o adolescente la competencia recae en los tribunales especiales en materia de niños, nifias y adolescentes, con la finalidad de garantizar los derechos constitucionales -derecho al juez natural- y su condición especial de protección, en virtud de la atención y participación de los órganos especializados para su página original (tal como se publicó) [Página 29] protección y defensa (Vgr. Ministerio Público, Defensoría del Puebio, Consejo de Protección del Niño y del Adolescente, entre otros). Sin embargo, qué ocurre cuando el niño, niña o adolescente se encuentra involucrado indirectamente en la relación discutida, y si los intereses involucrados a éstos exceden del simple interés particular restringido a aquellos y a su núcleo familiar, a un interés sepraindividual en el cual podrán estar involucrados un número determinado o determinable de afectados; ante el precitado supuesto, cabría realizar nuevamente otro planteamiento sobre si podría hablarse en estos casos, de una subversión igualmente del orden competencial similar al que ocurre cuando éstos forman parte directamente involucrada en la relación juridica tutelada ante los órganos jurisdiccionales. En tales supuestos, se aprecia que el legislador estableció de manera directà una diferenciación entre los intereses involucrados en una determinada acción, la cual debe ser interpretada a la luz de los principios de hermenéutica jurídica, ya que, a diferencia del supuesto establecido en cuanto al interés individual involucrado -demandante o demandado- incluyó una disimilitud en cuanto a la legitimación pasiva o activa, atendiendo al grado de incidencia que pueda determinar un determinado proceso. Al efecto, en el parágrafo quinto del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niñio, Niña y Adolescente estableció que corresponde a los tribunales especiales toda aquella "Acción judicial de protección de niños, niñas y adolescentes contra hechos, actos u omisiones de colectivos o difusos, de niños, niñas y adolescentes". Ahora bien, es menester señalar que la hermenéutica jurídica y para el caso concreto, el análisis del ordenamiento jurídico aplicable, es una actividad que debe desarrollarse en su totalidad, lo cual comporta que la interpretación normativa debe realizarse enmarcada en el sistema giobal del derecho positivo, para asf esclarecer el significado y alcance de las disposiciones normativas, cuyo conocimiento es necesario para determinar cuál ha sido la voluntad del legislador. Ello implica, "(..) tener en cuenta el fin del derecho, pues lo que es para un fin por el fin ha de deducirse (...)", así, el principio general de interpretación de la ley consagrado en- el artículo 4 del Código Civil -conforme al cual, a la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador-, resulta aplicable no sólo en un contexto lógico sino teleológico o finalista, con lo cual los elementos normativos deben ser armonizados como un todo, en el sentido de no poder hacer abstracción unos de otros, sino que los mismos han de ser tomados en cuenta al momento de hacer la correcta valoración del contenido del texto legal -Vid. Sentencia de esta Sala n.° 2.152/07-. En igual sentido, interesa destacar lo expuesto por Giuseppe Zaccaria, cuando analizando la institucionalidad de la creación juridica mediante los métodos de interpretación jurídica, entre ellos la hermenéutica juridica, explica magistralmente que su grado de incidencia no se limita a los elementos positivistas desarrollados por el legislador sino que igualmentedebe atender a los valores sociales, lo cual se entremezcia con el elemento finalista de la norma juridica, al.efecto expone: "(...) la creación hermenéutica no sólo no se configura como producción ex nihilo, no sólo es una circunstancia de producción subordinada a la ley, sino que se determina y se desarrolla en contextos textuales, institucionales y sociales condicionantes, que fijan el radio de acción dentro del que pueden caer la decisión relativa al.significado que se ha de atribuir, en el caso . particular, a la norma de carácter general" (Cfr. Giusepe Zaccaria; Razón jurídica e interpretación, Thomson-Civitas, 2004, pp. 135-136). En este sentido, se aprecia que el legislador estableció una protección especial a la contemplada de manera directa por la jurisprudencia de este alto tribunal -demandantes y demandados-, en cuanto a los efectos de irradiación que pueda ocasionar un determinado caso o no. Sin embargo, debemos aclarar tal como lo ha expuesto la Sala que los efectos reflejos o indirectos de la decisión o de un determinado juicio no son un elemento advertido por este mismo, en atención al principio democrático de configuración del legislador, sino que éstos deben ser de manera tal que impliquen la afectación de un derecho colectivo o difuso de los niños, nifías y adolescentes, que involucren la intervención de los órganos especiales con competencia especial para la protección de estos derechos, los cuales se ven imposibilitados de actuar en la jurisdicción ordinaria -Fiscales. especiales, Consejo de Protección, Defensoria del Pueblo, entre otros-. En consecuencia, debe destscarse que la consagración de una competencia especializada por la materia puede implicar no solo un cambio o creación de tribunales especiales sino igualmente un derecho material y sustancial que acarree su aplicación por todos los órganos jurisdiccionales de manera de abarcar un ámbito especial de protección de los derechos de este núcleo objetivo de protección que en el presente caso, se concentra en el derecho de los niños, niñas y adolescentes a gozar del derecho constitucional a la educación; por tal razón los ámbitos de garantía varían en atención a los contenidos normativos y finalistas que haya establecido el legisiador previamente. Asf pues, se aprecia que en el supuesto concreto, la ratio de la norma no atiende a la condición del particular y a la resolución de un conflicto con efectos particulares sino a la protección de los derechos de los niños, riñas y adolescentes, los cuales requieren una tutela reforzada en función del interés superior del nio, el cual ha de ser objeto de protección por la actividad de los órganos estatales, protección la cual no se agota en la actividad ejecutiva, sino que abarca los demás poderes del Estado. Al efecto, resulta ilustrativo citar los articulos 4 y 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los cuales disponen que: "Articulo 4. El Estado tiene la obligación indeclinable de tomar las medidas necesarias y apropiadas pará asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías. Articulo 4-A- El estado, las familias y la sociedad son corresponsables en la defensa y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo que asegurarán con prioridad absoluta, su protección integral, para lo cual tomarán en cuenta su interés superlor, en las decisiones y acclones que les conciernan. Árticulo 8. El Interés Superior de Nifos, Niñas y Adolescentes es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y' adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Parágrafo Primero. Para determinar el interés superlor de niños, niñas y adolescentes en una situación concreta se debe apreciar: a) La opinión de los niños, niñas y adolescentes. b) La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantias de los niños, niñas y adolescentes y sus deberes. c) La necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantias del niño, niña o adolescente. d) La necesidad de equilibrio entre los derechos de las personas y los derechos y garantias del niño, niña o adolescente. e) La condición específica de los niños, niñas y adolescentes como personas en desarrollo. Parágrafo Segundo. En aplicación del Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños, prevalecerán los primeros". De los mencionados artículos, se desprende claramente, que existe un deber del Estado en la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes por ser corresponsable en su resguardo, de manera de garantizar el efectivo disfrute de sus derechos constitucionales y del mantenimiento del equilibrio entre los derechos de las demás personas y los derechos de éstos en función de proteger su desarrollo social y la garantía de la prestación de sus requerimientos legales para la defensa de sus derechos, como ocurre en el presente caso, con el derecho a la educación. En consecuencia, se aprecia que la Sala debe discriminar entre los ámbitos de protección de la normativa especial (competencia y normativa especial) reflejada en los derechos del niño de manera de no sobrecargar esta especial cómpetencia mediante interpretaciones descontextualizadas o interpretaciones efectivas de la realidad social de nuestro país, que pueden no solo romper un equilibrio que la propia Ley Orgánica para la Protección de Niños, Nifñas y Adolescentes debe garantizar, sino que impliquen un sacrificio particular de fos derechos de la parte que puedan vulnerar no solo su derecho al juez natural sino el derecho al debido proceso (Vid. Artculo 8 literal d elusdem). Como refuerzo de ello, cabe precisar que bien pueden ser tutelados los derechos indirectos de los niños en diversas causas sin matar el orden competencial, cuestión procesal la cual atiende a la imposibilidad saaterial de acumular en una competencia todas las causas sean indirecta o directas en la cual se encuentren involucrados los derechos de .. niños, niñas y adolescentes, asf como en la dificultad técnica que ameritan a dichos conocimiento el manejo profundizado de un sinfin de materias en los cuales se podrían ver involucrados (Vgr. Agraria, Tributaria, Laboral, Civil, Mercantil, entre otras), por lo que su análisis, debe discriminarse desde la incidencia del efecto reflejo ocasionado en estas causas donde no existe un interés inmediato y directo sobre el objeto debatido, lo cual no obsta como bien se expuso anteriormente, para que exista una tutela proteccionista de dichos individuos en otros órdenes jurisdiccionales de manera de garantizar la correcta protección de su esfera de derechos constitucionales en función de la incidencia particular o colectiva de los intereses involucrados. En relación al primer supuesto, debe señalarse que cuando el efecto indirecto o reflejo (Vgr. Cuando el niño, niña o adolescente no sea el legitimado activo o pasivo.de la relación objeto de controversia) de un determinado juicio o una relación controvertida afecta a un niño, niña o adolescente o a un címulo de ellos, derivado de un relación juridica entre adultos, la competencia para el conocimiento de tales juicios debe corresponder a la legislación ordinaria, saivo las estipulaciones especiales establecidas en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Nifñas y del Adolescentes. página original (tal como se publicó) [Página 30] Sin embargo, se aprecia que si el efecto indirecto o reflejo abarca un número indeterminado o determinable de niños y adolescentes que como consecuencia de una relación civil o mercantil pudiesen resultar afectados en el disfrute y protección- de un derecho constitucional que son inherentes al ser humano, la competencia de éstos si bien puede ser objeto de análisis atendiendo a la legitimación pasiva de los derechos del niño, es necesario que en atención del bien común amenazado de violación, sea necesaria y requerida la intervención de los órganos especializados en materia de niños, niñas y adolescentes aun cuando la competencia no recaiga en la jurisdicción especial. En este sentido, se aprecia que el derecho involucrado en.el presente caso, es la protección de un derecho humano fundamental, como lo es la educación de los niños que estudian en el plantel objeto de la medida de desalojo, de ahí que, a todas luces resulta patente que sus efectos no se agotan en uria afectación indirecta de un grupo determinado de ciudadanos sino de un conglomerado de estudiantes -niños, niñas y adolescentes-, que amenaza la protección de dicho derecho constitucional, ya que en el procedimiento civil no estuvieron presentes los órganos especializados en la materia para velar por la protección de tan fundamental derecho constitucional. En atención a ello, se aprecia que el derecho a la educación no sólo es un derecho humano reconocido como tal en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, sino que, además, es uno de los derechos sociales del individuo más relevante, incluido en la vigente Constitución en la categoría de los Derechos Culturales y Educativos de los ciudadanos. En efecto, dispone el mencionado instrumento normativo de derecho internacional, lo siguiente: "1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto.a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la compresión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naclones Unidas para el mantenimiento de la paz." Por su parte, los artículos 102 y 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen: "Articulo 102. La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento cientifico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación cludadana de acuerdo con los principios contenidos de esta Constitución y en la ley". "Articulo 103. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado (...". La Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece, por otra parte, en relación con este derecho para destacar su justificar el carácter insoslayablemente fundamental y prioritario que tiene la educación para cualquier sociedad. Por consiguiente se proclama la educación como un derecho humano y como un deber constitutivo de la raiz más esencial de la democracia, y se la declara gratuita y obligatoria, y la asume el Estado como función indeclinable y de servicio público ", ratificando posteriormente a este derecho -educación- conjuntamente con el derecho al trabajo como uno de los procesos fundamentales para alcanzar la prosecución de los fines esenciales, tal como lo establece el artículo 3 de la Constitución de la'República Bolivariana de Venezuela: "Articulo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines". En este contexto, debe destacarse que la prestación del servicio público de educación, inherente a la finalidad social del Estado, bien que se preste directamente por éste o indirectamente por los particulares, debe realizarse en condiciones de permanencia, regularidad, eficacia y eficiencia con el fin de alcanzar los objetivos para los cuales ha sido instituido. En este sentido, interesa destacar lo dispuesto en sentencia n.° 299/2001 de esta Sala, en la cual en relación al derecho a la educación, se dispuso: "Así pues, es el propio Texto Constitucional que consagra la educación como 'un servicio público', el cual, dado el interés general que reviste, corresponde al Estado, en ejercicio de tal función docente, regular todo lo relativo a su cumplimiento, garantizando el derecho que tiene toda persona a una educación integral, de calidad, permanente 'sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones' (articulo 103)". Cónsono con la normativa constitucional y la especial protección de dicho derecho, se estableció en el artículo 99 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma. Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la obligación de la notificación de la Procuraduría General República cuando exista una medida de ejecución que pudiese afectar un servicio de interés público previo a la ejecución, a los efectos de garantizar la continuidad en la prestación del mismo. En tal sentido expone el referido artículo que: "Articulo 99. Cuando se decrete medida procesal, de embargo, secuestro, ejecución interdictal y, en general, alguna medida de ejecución preventiva o definitiva sobre bienes de institutos autónomos, empresas del Estado o empresas en que éste tenga participación; de otras entidades públicas o de particulares, que estén afectados al uso público, a un servicio de interés público, a una actividad de utilidad pública nacional o a un servicio privado de interés público, antes de su ejecución, el juez debe notificar al Procurador o Procuradora General de la República, acompañando copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del asunto, a fin de que el organismo interrumpa la actividad o servicio a la que esté afectado el bien. En este caso el proceso se suspende por un lapso de cuarenta y cinco (45) dias continuos, contados a partir de la consignación en el expediente de la constancia de la notificación al Procurador o Procuradora General de la República. El Procurador o Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre, debe contestar dichas notificaciones durante este lapso, manifestando la ratificación de la suspensión, o su renuncia a lo que quede del lapso, en cuyo caso se tendrá igualmente por notificado. Adoptadas las previsiones del caso, el organismo correspondiente debe comunicar al Procurador o Procuradora General de la República, quien a su vez debe informar al juez de la causa". Asi se aprecia, que preliminarmente a la procedencia de la ejecución contra un inmueble que se encuentre destinado a impartir el fundamental derecho constitucional a la educación, es necesaria la participación de la Procuraduría General de la República y la consecuente suspensión de la causa, todo ello cónsono con la protección de la continuidad del servicio público de educación aún cuando el mismo sea ejercido por entes privados, ya que lo protegido en el presente caso, no es el inmueble sino el derecho a la educación. Similar formulación o.protección fue incorporada recientemente en el Decreto Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, en el que se estableció que previo a la orden de desalojo se debe tramitar un procedimiento administrativo de manera de garantizar los derechos de los arrendatarios, comodatarios y ocupantes o usufructuarios de bienes inmuebles destinados a vivienda principal, ya que si bien el objeto de protección especial es el inmueble a diferencia de lo ocurrido en el presente caso, la analogía viene argumentada en el sentido de que en forma similar, la protección deriva de la salvaguarda. de los derechos constitucionales de los ciudadanos (derecho a la educación y derecho a la vivienda) en situación de desequilibrio económico, social o funcional entre los diversos integrantes de la sociedad, de manera de garantizar una igualdad fáctica y una socialización jurídica de distribución de las cargas e igualdad social entre los integrantes del sistema jurídico y democrático dentro de un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. Igual referencia debe hacerse sobre la protección estatal realizada con la promulgación de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamiento de Vivienda, la cual si bien excluye de su ámbito de aplicación los inmuebles destinado a enseñanza (ex artículo 8.5. efusdem), se fundamenta en la protección del núcleo esencial de un derecho constitucional en el marco de una relación jurídica. Así se expone en su artículo i que la misma tiene como finalidad: "proteger el valor social de la vivienda como derecho humano y la garantia plena de este derecho a toda la población; contrarestando la mercantilización y la especulación económica con la vivienda, que la convierte en un medio de explotación y opresión del ser humano por el ser humano; y promoviendo. relaciones arrendaticias justas conforme a los principios del Estado democrático y social, de derecho y de justicia (...)". En este orden de ideas, se advierte que tan especial ámbito de protección implica para el juez constitucional, como lo ha afirmado esta Sala, un amplio catálogo de poderes - inquisitivos, los cuales no se restringen a la calificación de una determinada pretensión, sino a la posibilidad de acordar las medidas conducentes para garantizar los derechos constitucionales violados o amenazados de violación, siendo que el presente caso, se debe entender en congruencia con el último supuesto y con el contenido del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en cuanto a la posibilidad de acordar medidas cautelares aun de oficio. Al efecto, se evidencia que la ejecución de la sentencia impugnada amenaza con vulnerar el derecho constitucional a la educación de un sinnómero de estudiantes que cursan en la referida institución objeto de la medida de desalojo acordada, lo cual no solo lo hace sujeto de la especial protección del derecho constitucional a la educación, aun cuando página original (tal como se publicó) [Página 31] ello no haya sido el argumento de la pretensión de amparo constitucional, sino que a su vez ello ameritaba por parte de los jueces competentes garantizar la defensa y protección especial de tutela de los derechos-de los niños, niñas y adolescente involucrados por la ejecución de la referida medida aunada a la intervención por parte de la Procuraduría General de la República (Vid. Sentencia de esta Sala n.° 901/2007, caso: "Colegio Vicente Lecuna"). En este orden de ideas, debe esta Sala advertir que si bien la notificación en la presente causa del Procurador o Procuradora General de la República se encuentra establecida con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio público de educación en casos como el de marras, lo cual ante su incumplimiento acarrea la nulidad y la consecuente reposición de la causa a este estado procesal, dicha actuación no garantiza plenamente y funcionalmente el cúmulo de los derechos y garantías constitucionales de los niños, nifias y adolescente, ya que tal representante no es el órgano especializado para la protección de sus derechos, es decir, existe un mecanismo de-garantía de protección del objeto del servicio pero se deja carente la protección del individuo el cual indirectamente afectado podría sufrir en un grado mayor la vulneración de sus derechos constitucionales sin participación alguna dentro del proceso. En atención a esa anomalfa procesal, la cual no es menor cosa, ya que si bien el desalojo no acarrea de manera preliminar una afectación consecuentemente proporcional al derecho a la educación, siempre y cuando las autoridades proveen una forma eficaz y oportuna de una nueva sede para la continuación de los estudios (Vid. Sentencia de esta Sala n.° 1578/2005), mediante la oportuna notificación del órgano defensor estatal; no es menos cierto, que la tutela de sus derechos se debe garantizar con la participación de los entes especializados en la materia de niños, niñas y adolescentes para la tutela de éstos. Así, visto que el ámbito de protección de la Ley Orgánica para la Protección de. Niños, Niñas y del Adolescentes debe abarcar su aplicación, no solo por los tribunales especializados sino también por aquellos órganos jurisdiccionales ordinarios, del derecho material especial cuando puedan encontrarse afectados de manera refleja los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es en tales supuestos, que se hace necesaria la intervención de los órganos de protección establecidos en la mencionada ley, en aquellas causas de desalojo sobre inmuebles dedicados a la enseñanza y, que pudiesen resultar menoscabado el derecho a la educación de estos sujetos de protección especial. En concordancia con ello, se aprecia que tal conclusión no deriva de un argumento imaginativo, basado en los amaneceres misticos del legislador o del juez sin sustento o razonamiento concatenado, sino que por el contrario, el mismo deviene de un cúmulo de disposiciones legislativas en la cual dichos órganos tienen la potestad y la imposición de velar por la prestación de los servicios públicos cuando su afectación pueda menoscabar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, debe citarse el artículo 137 literales 1, m y n de la referida Ley, los cuales contienen las atribuciones del Consejo Nacional de Derechos de Niñios, Niñas y Adolescentes: "Articulo 137. Atribuciones. Son atribuciones del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Nitñas y Adolescentes: ...omiss.. D) Demunciar ante los.órganos competentes la omisión o prestación irregular de los servicios públicos nacionales, estadales y municipales, según sea el. caso, prestados por entes públicos o privados, que amenacen o violen los derechos y garantias de niños, niñas y adolescentes. m) Conocer casos de amenazas.o violaciones a los derechos colectivos o difusos de los niños, niñas y adolescentes. n) Intentar de oficio o por denuncia la acción de protección, asl como solicitar la nulidad de la normativa o de actos administrativos cuando éstos violen o amenacen los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes". Destacándose adicionalmente que la Junta Directiva del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes está conformada por una integración interministerial que garantizaría la protección integral de sus derechos sin delación alguna del proceso, de manera coordinada con la Procuraduría General de la República, de forma de asegurar la prestación del servició público de educación y la protección de los seres humanos de manera concatenada. Al efecto, dispone el artículo 138 de la referida Ley, los miembros que integran la denominada Junta Directiva: "Articulo 138. El Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes tendrá una Junta Directiva, integrada por el Presidente o Presidenta del Consejo, un o una representante del ministerio del poder popular con competencia en materia de protección integral de niños, niñas y adolescentes, un o una educación, un o una representante. del ministerio del poder popular con competencia en materia de salud, un o una representante del ministerio del poder popular con competencia en materla de trabajo y tres representantes elegidos o elegidas por los consejos comunales, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley. Cada uno de los representantes ante la Junta Direëtiva tendrá su respectivo suplente". Vista la ausencia de una representación especializada que garantice de manera idónea, oportuna y eficaz de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en dichos procedimientos, tal como se ha expuesto ut-supra, así como la existencia en la integración del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñias y Adolescentes de funcionarios interministeriales y representantes de los consejos comunales que garantizarán la plena protección del derecho constitucional a la educación, la Sala estima imperativo, con efectos aplicativos hacia el futuro y con carácter vinculante, establecer que en todas aquellas acciones derivada de contratos de arrendamiento de inmuebles dedicados a la enseñanza, donde el efecto consecuencial del mismo se encuentre dirigido al desalojo del inmueble con el presunto menoscabo preliminar del derecho a la educación de los niños, niñas y. adolescente, debe notificarse de la mencionada causa, en la oportunidad de la contestación de la demanda al Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, para que proceda a la defensa de los derechos colectivos de estos ciudadanos, a los efectos de evitar el presunto menoscabo de sus derechos constitucionales sin un conocimiento directo de la relación jurídica controvertida. En igual orden de ideas, con la finalidad de revestir dicha protección, debe notificarse de la mencionada demanda, al representante de la Zona Educativa donde funcione la institución educativa ocupante del inmueble para que de manera coordinada, conjuntamente con el Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, elaborasen un plan de redistribución de los afectados en caso de ser procedente la medida de desalojo, todo ello con la finalidad de no ocasionar demoras en el desarrollo dei procedimiento ni la suspensión inicial de la causa diferente a la establecida en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. En este sentido, se aprecia que la intervención en los referidos procesos del representante de la Zona Educativa donde fuacione la institución educativa ocupante del inmueble, asi como el Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se encuentra concebida y encaminada a la efectiva protección del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescente cursantes en la institución educativa objeto de un posible desalojo, de manera que éstos no vean interrumpido ni afectada sus derechos constitucionales, mediante la elaboración del referido plan de redistribución o la formulación ante el juez competente de las medidas necesarias para la protección constitucional de sus derechos y garantías constitucionales. Conforme a lo expuesto anteriormente, lo establecido no implica un menoscabo en los derechos de la contraparte ni una salvaguarda absoluta e irrestricta del arrendatario, sino la protección de los derechos de los niños, los cuales sin estar directamente involucrados en la relación jurídica pueden tener un grado de afectación mayor en el desarrollo de su personalidad y su condición humana sin llegar a conocer incluso las posibles afectaciones en sus derechos y garantías constitucionales; en consecuencia, debe reiterarse que las mencionadas consideraciones no conllevan a un desequilibro del principio de igualdad en la contratación ni en la relación jurídica entre las partes del contrato de arrendamiento, En consecuencia, visto que de las actas procesales no se desprende la notificación de presente proceso, así como la no participación de los órganos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, esta Sala revisa de oficio los actos de ejecución de la sentencia dictada en apelación, por razones de orden público en virtud de la afectación del derecho constitucional a la educación de los niños, niñas y adolescentes de la Unidad Educativa Colegio "Aristides Bastidas" (Vid. Sentencia de esta Sala n.° 1199/2010) y, en consecuencia, se declara la nulidad de las actuaciones procesales con posterioridad a la sentencia dictada el 25 de marzo de 2009, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, que declaró con lugar la demanda por desalojo intentada contra los accionantes, ordenando la desocupación del inmueble donde funcionará la institución educativa ya mencionada, libre de personas y cosas al terminar el año escolar, por lo que en consecuencia, se ordena la reposición de la causa al estado de que se ordene la notificación de la Procuraduría General de la República, conforme a lo establecido en el artículo 99 y siguientes del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría. General de la República y por último, se ordena la notificación en la referida etapa procesal al Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y al representante de la Zona Educativa del Municipio Urachiche del Estado Yaracuy, a los. efectos de que formulen en la mencionada etapa procesal los argumentos de derecho destinados a procurar el respectivo resguardo del derecho a la educación de los alumnos inscritos en la referida Unidad Educativa. Asf se decide. Finalmente, visto el carácter vinculante fijado en el presente fallo con efectos aplicativos hacia el futuro, en relación al deber de los órganos jurisdiccionales de notificar al Consejo Nacional de Derechos de Niños, Nifias y Adolescentes y al representante de la Zona Educativa del lugar, de toda acción derivadas de contratos de arrendamientos de inmuebles utilizados como centros de enseñanza donde el efecto este dirigido al desalojo del inmueble, se ordena la publicación del texto Íntegro de esta sentencia en la Gaceta página original (tal como se publicó) [Página 32] Oficial de la República y en la Gaceta Judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. V DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara: 1- SIN LUGAR la apelación interpuesta por los ciudadanos Luis Rafael Quintero Claudeville y Zoila Viñales de Quintero, en su carácter de autos y asistidos por el abogado Luis Pifa, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 118.989, contra la sentencia dictada el 30 de julio de 2009, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, que declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta. 2.- Se CONFIRMA la sentencia dictada el 30 de julio de 2009, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, que declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta. 3.- REVISA DE OFICIO los actos de ejecución de la sentencia dictada el 25 de marzo de 2009, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trânsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. En consecuencia, se ANULAN las actuaciones procesales con posterioridad a la sentencia dictada el 25 de marzo de 2009, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la e e r desalojo intentada contra los accionantes, ordenando la desocupación del inmueble donde runcaonaoa la mstitucion educativa antes mencionada, libre de personas y cosas al terminar el añlo escolar y, en consecuencia, se repone el estado de la causa con la finalidad de que SE ORDENE la notificación de la Procuraduria General de la República, conforme a lo establecido en el artículo 99 y siguientes del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y, por último, SE ORDENA la notificación en la referida etapa procesal al Consejo Nacional de Derechos de Nifos, Nifias y Adolescentes, y al representante de la Zona Educativa del Municipio Urachiche del Estado Yaracuy. 4.- Se ORDENA la publicación del texto íntegro de esta sentencia en la Gaceta Oficial de la República y en la Gaceta Judicial, con la siguiente mención en su sumario: "Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que fija con efectos aplicativos hada el futuro, de notificar al Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y al representante de la Zona Educativa del lugar, de toda acción derivadas de contratos de arrendamientos de inmuebles utilizados como centros de enseñanza donde el efecto este dirigido al desalojo del inmueble". Publiquese y registrese. Remftase el expediente al Juzgado Primero de los Municipios San Felipe, Independencia, Cocorote y Veroes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Déjese copia de la presente decisión. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del TribunaSypremo de Justicia, en Caracas, a los Veuteaee) ?6) dtas del mes. Fesurs de dos mil trece (2013). Años: 202° de la de Independencia y 154° de la Federación. de lpfSaia, LAMUÑO LUIS El Vicepresidente, fame FRANCISCO ANTONIOCARRSQUERO LÓPEZ Los Magistrados, MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN CARMEN ZULETA DE MERCHÁN ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO etario, JOS LEONARDO RBQUENA CABELLO N-141 LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NONBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL PONENCIA CONJUNTA Expediente N° 13-0196 El 6 de marzo de 2013, el ciudadano OTONIEL PAUTT ANDRADE, titular de la cédula de identidad núm. 13.638:880, abogado inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el núm. 154.755, "procediendo con el carácter de miembro de la sociedad civil venezolana", interpuso ante esta Sala escrito contentivo de la solicitud de interpretación constitucional del artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En esa misma fecha, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se determinó resolver la presente causa, bajo la ponencia conjunta de los Magistrados que suscriben la presente decisión. Revisado el escrito presentado, así como los recaudos que lo acompañan, pasa esta Sala a emitir pronunciamiento sobre el asunto sometido a su consideración, sobre la base de las siguientes consideraciones. DE LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN La parte actora sustentó su pretensión en los siguientes argumentos: Que, el "5 de marzo de 2013, fecha histórica que se quedará como huella indeleble en el colectivo venezolano por el lamentable fallecimiento del Presidente Chávez, el canciller Elias Juaa (sic) aseguró ante los medios (..) que [el] Vicepresidente. Ejecutivo Nicolás Maduro. asumirá de manera temporal la Presidencia de la. República, lo que contradice palmariamente el contenido del primer aparte del artículo constitucional 233, pues dicho primer aparte establece que: 'Mientras se.elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el. Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional' (.). Que, en virtud de la falta absoluta del Presidente de la República por su fallecimiento, han surgido ahora diversas.opiniones contrapuestas entre destacados juristas venezolanos en cuanto a.quien debe ser el presidente encargado, tal y como se evidencia en el recorte de prensa que anexo murcudo con la letra 'D' (.….". Que, "desde mi humilde punto de vista, el articulo 233 de la Constitución de la República-Bolivariana de Venezuela consagra una 'obligación específica, que únicamente puede ser cumplida por el ciudadano Presidente de la Asamblea Nacional, a quien no les es aplicable el principio de la continuidad administrativa en virtud del principio de la separación de los poderes públicos, por lo que habiéndose producido de hecho la falta absoluta del Presidente electo antes de tomar posesión de su cargo de elección popular, nace en consecuencia un deber para el Presidente del Parlamento, cual es el de encargarse temporalmente de la Presidencia de la República, mientras se. elige y toma posesión el muevo Presidente o la mueva Presidenta". Que "es evidente que existe una antinomia en el contenido y alcance del primer y página original (tal como se publicó) [Página 33] producido la falta absoluta del Presidente antes de la toma de posesión, ello daria lugar a que el Presidente de la Asamblea Nacional: ciudadano Diosdado Cabello Rondón asuma la jefatura de gobierno, pero por la otra, al haberse también producido dicha falta absoluta 'durante los primeros cuatro años del periodo constitucional', si tomados en cuenta que el nuevo período constitucional se inicio (sic) el 10 de enero de 2013, en tal supuesto vendría à ser entonces el Vicepresidente Ejecutivo: Nicolás Maduro Moros el que asumirá temporalmente la Presidencia de la República". Que “en el caso concreto han concurrido los dos mencionados supuestos del citado Presidente tanto 'antes de tomar posesión' como 'durante los primeros cuatro años del periodo.constitucional' que se inicio (sic) a partir del 10 de enero de 2013, lo cual en consecuencia, origina el problema juridico y político de quien en definitiva debe asumir la constitucional 2013-2019 porque nunca se concretó el acto de juramentación del Presidente electo. Ante tal situación no prevista por el Constituyente, se justifica la :interposición de la presente solicitud de interpretación constitucional, para contribuir desinteresadamente en aras de la efectiva vigencia de la Constitución y de la paz social, procurando así evitar conflicto entre los poderes públicos (sic) constituidos, toda vez que el Estado de Derecho. descansa en el respecto (sic) a. la ley, y entre sus principios fundamentales está la necesaria separación de cada órgano constitucional en el ejercicio de sus funciones propias". Que “otro punto a considerar que igualmente justifica la solicitud en referencia, es la duda razonable en lo que se refiere al lapso de inicio del gobierno interino, pues si bien. es cierto gue su término lo previó claramente el Constituyente en el primer aparte del articulo constitucional 233 al indicarlo 'dentro de los treinta dias consecutivos siguientes'. no es menos cierto que en dicha norma constitucional no se precisa el lapso a partir del cual se debe asumir la Presidencia de la República cuando se produce la falta absoluta del Presidente, siendo evidente asi la existencia de un vacio normativo que bien puede ser suplido por una correcta interpretación constitucional por parte de los honorables miembras de esta Sala, para asi evitar que se prolongue de manera indefinida el inicio del gobierno interino, con las consecuencias jurídicas, económicas, soctales y políticas que ello implicaría para el Pais". Que "surge la problemática en cuanto a ¿cudl autoridad de rango constitucional le corresponde constitucionalmente encargarse de la Presidencia de la República?, mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, como consecuencia de la aludida falta absoluta producida, toda vez que se puede aplicar tanto el supuesto que señala el primer aparte, como el indicado en el segundo aparte de la menciona norma. constitucional, dependiendo del criterio interpretativo que se adopte, todo lo cual podría desatar una confusión generalizada en menoscabo de la voluntad popular y de la estabilidad politica del Pais, e igualmente surge otra problemática en cuanto al lapso de inicio de la interinaria (sic) que se debe precisar desde el momento en el cual se produce el indefinida la transición hacia un muevo gobierno al no estar establecido en ninguna norma del Texto Fundamental, ni tampoco en ninguna norma de rango sub-legal el lapso que se debería observar de modo obligatorio para que se asuma temporalmente la jefatura del Estado. cuando se haya producido una de las señaladas faltas absolutas que contempla el citado articulo constitucional 233 -en su encabezamiento- (..)". Que ostenta la "legitimidad (sic) en virtud de [su] condición de ciudadano venezolano, cuyos derechos políticos están consagrados en la Constitución. En segundo término, me asaltan dudas razonables en cuanto al contenido, alcance y aplicabilidad del intereses políticos surge cualquier tipo de interpretación constitucional descabellada para favorecer, a unos y perjudicar a otros. por lo que de acuerdo al caso de marras se hace necesario con carácter exclusivo una interpretación constitucional obligatoria para todos en aras de la paz y del mantenimiento del orden constitucional. En tercer término. desconozco hasta la fecha la existencia de algún criterio jurisprudencial vinculante que haya resuelto la problemática en cuanto a quien (sic) debe asumir la jefatura del Estado e s e n como durante los primeros cuatro años del periodo constitucional', e igualmente tampoco. existe sentencia emanada de la Sala Constitucional que haya resuelto dudas en torno a la problemática del lapso de inicio del gobierno interino, luego de haberse producido una falta absoluta. En cuarto término, no estoy utilizando esta vía de interpretación como mecanismo para que se adelante algún pronunciamiento sobre un asunto planteado ante otro órgano jurisdiccional: En quinto término, con la interposición de la presente solicitud, no estoy incurriendo en inepta acumulación de causas. En sexto término, dado que los de trascendencia nacional, bastarla acompañar la solictud con los anexos marcados con las letras: 'A:. 'B', C' y 'D'. En séptimo término, bien se puede apreciar la Sala que la solicitud está siendo presentada en términos claros y no contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos para con alguna autoridad pública". Finalmente, solicitó a esta Sala que "ADMIT[A] Y RESUELVA como asunto de mero derecho y con carácter de extrema urgencia la presente solicitud de interpretación acerca del contenido y alcance del primer y segundo aparte del artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en consecuencia, declare lo conducente a fin.de asegurar la integridad de la Constitución y el proceso de una transición pacifica y democrática". II DE LA COMPETENCIA competencia para resolver. la solicitud de autos. En ese sentido, la pretensión se circunscribe a obtener un pronunciamiento de esta Sala Constitucional dirigido a esclarecer el alcance y contenido de la norma contenida en el articulo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Visto que la pretensión de interpretación recae sobre una norma constitucional, esta Sala, en su propia jurisprudencia, ha reconocido la existencia de la acción de interpretación constitucional (Vid. Sentencia de esta Sala núm. 1.077 del 22 de septiembre de 2000, caso: Servio Tulio León Briceño), como un mecanismo procesal destinado a la comprensión del Texto Constitucional, en supuestos determinados que pudieran generar dudas en cuanto al alcance de sus normas y principios, y cuyo conocimiento corresponde exclusivamente a constitucional y 31.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuya competencia se encuentra distribuida entre las distintas Salas que conforman este Máximo. Tribunal, en atención a la materia sobre la cual verse el texto legal que ha de ser. interpretado. En la indicada sentencia núm. 1.077/200, esta Sala, a partir de lo estipulado en el articulo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artícuio 336 del mismo texto fundamental, afirmó respecto de su competencia para resolver la interpretación de normas y preceptos constitucionales, lo siguiente: "A esta Sala corresponde con carácter exclusivo la interpretación máxima y última de la Constitución, y debido a tal exclusividad, lo natural es que sea ella quien conozca de los recursos de interpretación de la Constitución, como bien lo dice la Exposición de Motivos de la vigente Carta Fundamental". En ese sentido, esta Sala ha precisado que su facultad interpretativa está supeditada a que la norma que ha de ser interpretada esté contenida en la Constitución (Vid. Sentencia núm. 1.415, del 22 de noviembre de 2000, caso: Freddy Rangel Rojas, entre otras) o. integre el sistema constitucional (Vid. Sentencia núm. 1.860, del 5 de octubre de 2001, convenios intemacionales que autorizan la producción de normas por parte de organismos multiestatales (Sentencia núm. 1.077/2000, ya mencionada) o las normas de carácter general dictadas por la Asamblea Nacional Constituyente (Cfr. Sentencia núm. 1.563, del 13 de diciembre de 2000, caso: Alfrado Pera). Sobre la base de lo expuesto, visto qug en, el presente caso, como ya se apuntó, la interpretación requerida versa sobre el articu 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala declara su competencia para resolver la duda interpretativa que ha sido planteada, y asi se declara. DE LA DECLARATORIA DEL ASUNTO COMO URGENTE Con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de-Justicia vigente, esta Sala, en la referida sentencia núm. 1.077r200, dejó abierta la posibilidad de que, una vez recibida la solicitud, si lo creyere necesario y en aras de la quisiera coadyuvar en el sentido que ha de darse a la interpretación, para lo cual se señalaría un lapso de preclusión a fin de que aquéllos concurrieran y expusieran por escrito (dada la condición de mero derecho de este tipo de causas), lo que creyeren conveniente. Además, a los mismos fines, se haría saber de la admisión de la acción, mediante notificación, a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo, quedando a criterio del Juzgado de Sustanciación de la Sela el término señalado para las observaciones, así como la necesidad de llamar a los interesados, ya que la urgencia de la interpretación puede conducir 'a que ello sea obviado (Vic. Sentencia núm. 226, del 20 de febrero del 2001, caso: Germán Mundarain Hernández y otros). Sin embargo, visto que la solicitud que se plantea implica una interpretación constitucional y que no se trata formalmente de una solicitud contenciosa que amerite un contradictorio formal, ni la producción y contradicción de medio de prueba alguno, la Sala determina que la presente causa no está sujeta a sustanciación; y, con base en tos artículos 98, 145, párrafo primero, y 166 de la referida ley, asi como en el articulo 7 del Código de Procedimiento Civil, tratándose de un asunto de mero derecho que, además, debe resoiverse página original (tal como se publicó) [Página 34] disposiciones citadas y con los precedentes, jurisprudenciales contenidos en los fallos números 1.684, del 4 de noviembre de 2008, caso: Carlos Eduardo. Giménez Colmenárez; 226, del 20 de febrero de 2001, caso: Germán Mundarain Hernández y otros; 1.547, del 11 de diciembre de 2011, caso: Procurador General de la República, y, más recientemente, la sentencia número 1.701, del 6 de diciembre del 2012, caso: Carlos Alfredo Oberto Vélez. En consecuencia, se entra a decidir sin trámite y sin fijar audiencia oral paraescuchar, a los interesados, ya que no requiere el examen de ningún hecho, omitiéndose asimismo la notificación a la Fiscalía General de la República, a la Defensoría del Pueblo y a los terceros interesados, en razón de las circunstancias señaladas en la solicitud y verificado uno de los supuestos de falta absoluta del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala estima pertinente entrar à decidir sin más trámites el presente asunto (Cfr. Sentencia de esta Sala-núm. 2/2013). Así se decide. IV DE LA ADMISIBILIDAD En virtud del específico contenido de la pretensión de interpretación de normas constitucionales, èsta Sala fijó en.su sentencia número 1.029 del 13 de junio de 2001, caso: Asamblea Nacional, los presupuestos de admisibilidad de la solicitud de interpretación constitucional, en atención a su objeto y alcance, En este sentido, estableció como elementos que deben ser examinados preliminarmente -algunos sistematizados en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia vigente-, los siguientes: "...1.- Legitimación para recurrir. Debe subyacer a la consulta una duda que afecte de forma actual o futura al accionante. 2. Precisión en cuanto a la oscuridad, ambigúedad o contradicción de las disposiciones enlazadas a la acción. 3.-. Novedad del objeto de la acción. Este motivo de inadmisibilidad no opera en razón de la precedencia de una decisión respecto al mismo asunto planteado, sino a la persistencia en el ánimo de la Sala del criterio a que estuvo sujeta la decisión previa. 4.- Inexistencia. de otros medios judiciales o impugnatorios a través de los cuales deba ventilarse la controversia, ni que los procedimientos a que. ellos den lugar estén en trámite. 5.- Cuando no se acumulen acciones que se excluyan mutuamente o cuyos -procedimientos sean incompatibles; 6.- Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción es admisible; 7.- Ausencia de conceptos ofensivós o irrespetuosos; 8.- Inteligibilidad del escrito; 9:- Representación del actor. 10:- En caso de que no sean corregidos los defectos de la solicitud, conforme a·lo que se establece seguidamente. La solicitud deberá expresar: 1.- Los datos concernientes a la identificación del accionante y de su representante judicial; 2.- Dirección, teléfono y demás elementos de ubicación de los órganos involucrados; 3.- Descripción narrativa del acto material.y demás circunstancias que motiven la acción. En caso de instancia verbal, se exigirán, en lo posible, los mismos requisitos...". De una revisión de la solicitud, observa la Sala que ésta cumple con todos los requisitos formales y, además, la actora efectúa un planteamiento, con vigencia actual, no hipotético, que legítima su petición ante la jurisdicción constitucional y, por ende, le reviste de la legitimación activa para solicitar la interpretación requerida. Asimismo, la exposición de las circunstancias que ameritan la interpretación son claras y permiten al intérprete fijar los extremos de su decisión; en tal sentido, la ambigledad denunciada recae sobre el alcance y contenido del articulo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, particularmente en lo que se refiere a "¿cuál autoridad de rango constitucional le corresponde constitucionalmente encargarse de la Presidencia de la República? (.) [cuál es] el lapso a partir del cual se debe asumir . la Presidencia de la República cuando se produce la falta absoluta del Presidente". Además, conviene acotar que la legitimación de la parte actora reside en el altísimo interés público-que la resolución del asunto reviste para toda la ciudadanía, de cara a dilucidar el alcance y contenido dél artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, particularmente en lo que se refiere al ejercicio de la función del "Presidente encargado", en relación. con la jurisprudencia vinculante de esta Sala (Cfr. Sentencia-N° 2/2013), más aún cuando el accionante plantea una duda razonable en la disposición cuya interpretación se requiere, en relación con cuál autoridad debe asumir la Presidencia de la República una vez verificado uno de los supuestos de ausencia absoluta, regulados en el Texto Fundamental, siendo la muerte del presidente reelecto en ejercicio de sus funciones, un supuesto fáctico que carece de precedentes en la jurisprudencia de esta Sala. Por último, esta Sala deja establecido que la solicitud interpuesta no contiene conceptos ofensivos; no existe un recurso paralelo para dilucidar esta especifica consulta; ni se han acumulado a dicho recurso otros medios de impugnación o gravamen, ni pueda colegirse del mismo que persigue un fin distinto al declarado por esta Sala como objeto del recurso, de interpretación, en virtud de ello, puede afirmarse que no hay razones de inadmisión de la solicitud interpuesta y por ello la misma debe ser admitida, y así se decide. -y CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 1.- El día 5 de marzo de 2013, el Vicepresidente.Ejecutivo ciudadano Nicolás Maduro Moros anunció, desde la sede del Hospital Militar de Caracas "Dr. Carlos Arvelo", el lamentable fallecimiento del Presidente de la República ciudadano Hugo Chávez Frías. El ciudadano Hugo Chávez Frias fue electo por primera vez Presidente de la República el 6 de diciembre de 1998 y, luego. de haberse aprobado la Constitución de Ia República Bolivariana de Venezuela de 1999, proyecto éste que impulso y acompañó de forma decidida, fue relegitimado mediante las elecciones del 30 de julio de 2000. Posteriormente, el 3 de diciembre de 2006 y el 7 de octubre de 2012 fue reelecto·mediante la manifestación de la voluntad popular. Quisiera la Sala aprovechar la ocasión para dar cuénta en forma breve, respetuosa e institucional, como corresponde a un órgano que integra el Poder Judicial, de la relevancia, influencia e importancia de la figura, mensaje, ideario y participación del Presidente de la República ciudadano Hugo Cháyez Frias en la vida del país, así como de su huella en los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales de la nación, a partir de una nueva Constitución que refunda la República. 2.- Dicho esto, es necesario ahora examinar lo que establece el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para así dar respuesta a la solicitud de interpretación planteada. Dicho artículo prevé, entre los supuestos de falta. absoluta del Presidente o Presidenta de la República, la muerte de dicho funcionario. El referido artículo establece lo siguiente: Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad fisica o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Naciorial, el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y. toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional. Si la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República se produce durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva. En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el período constitucional correspondiente. Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período' constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar dicho período. De la lectura de dicho precepto se observa que cuando se produce la falta absoluta del Presidente de la República se habrá de realizar una nueva elección y se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva. En este caso, el Estado Venezolano contaba con un Presidente de la República reelecto y en funciones, y con un período presidencial que había iniciado el 10 de enero de 2013, tal y como lo pauta el artículo 231 de la Constitución, y todo ello lo aclaró está Sala en su sentencia núm. 2, del 9 de enero de 2013. En dicha sentencia se afirmó, en lo que concierne al período constitucional del Presidente de la República, lo siguiente: "Agréguese que en el caso de una autoridad reelecta y, por tanto, relegitimada por la voluntad del soberano, implicaría un contrasentido mayúsculo considerar que, en tal supuesto, existe una indebida prórroga de un mandato en perjuicio del sucesor, pues la persona en la que recae el mandato por fenecer coincide con la persona que habrá de asumir el cargo. Tampoco existe alteración alguna del periodo constitucional pues el Texto Fundamental señala una oportunidad precisa para su comienzo y fin: el 10 de enero siguiente a las elecciones presidenciales, por una duración de seis años (artículo 230 eiusdem)" (subrayado de esta decisión). Y en lo que atañe al ejercicio de las funciones del Presidente-reelecto, en la referida sentencia se observó lo que sigue: De tal manera que, al no evidenciarse del citado artículo 231 y del artículo 233 eiusdem que se trate de una ausencia absoluta, debe concluirse que la eventual inasistencia a la juramentación prevista para el 10 de enero de 2013 no extingue ni anula el nuevo mandato para ejercer la Presidencia de la República, ni invalida el que se venía ejerciendo. página original (tal como se publicó) [Página 35] 400.301 GACETAOFICLAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA Miércoles 20 de marzo de 2013 (...) En relación con el señalado principio de continuidad, en el caso que ahora ocupa a la Sala, resultaría inadmisible que ante la existencia de un desfase cronológico entre el inicio del período constitucional (10 de enero de 2013) y la juramentación de un Presidente reelecto, se considere (sin que el texto fundamental asi lo parte) que el gobierno (saliente) queda ipso facto inexistente. No es concebible que por el hecho de que no exista una oportuna "juramentación" ante la Asamblea Nacional quede vacío el Poder Ejecutivo y cada uno de sus órganos, menos aún si-la propia Constitución admite que tal Tribunal. En este sentido, se reitera, tal como señaló esta Sala en los antes referidos fallos números. 457/2001 y 759/2001, gue no debe confundirse "la iniciación del mandato del Presidente con la toma de posesión, términos que es necesario distinguir cabalmente". Efectivamente, el nuevo periodo constitucional presidencial se inicia el 10 de enero de 2013, pero el constituyente previó la juramentación ante la Asamblea Nacional, para lo cual determina que en tal caso lo haría ante el Tribuhal Supremo de Justicia, lo cual necesariamente tiene que ser a posteriori. (...) constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión en relación al Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en su condición de Presidente reelecto, en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo. (Subrayado de esta decisión). De los términos de la decisión citada se desprende que el Presidente reelecto inició su nuevo mandato el 10 de enero de 2013, que se configuró una continuidad entre el período constitucional que finalizada y el que habría de comenzar y que por lo tanto, se entendía que el Presidente reelecto, a pesar de no juramentarse dicho día, continuaba en funciones. Visto, pues, que la situación suscitada ha sido el sensible fallecimiento del Presidente.de la República ciudadano Hugo Chávez Frías, y tomando en cuenta que dicho ciudadano se encontraba en el ejercicio del cargo de Presidente de la República, es decir, había comenzado a ejercer un nuevo período constitucional, es aplicable a dicha situación lo previsto en el segundo aparte del articulo 233 de la Constitución, esto es, debe convocarse a una elección universal, directa y secreta, y se encarga de la Presidencia de la República el ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien para ese entonces ejercía el cargo de Vicepresidente Ejecutivo. Dicha encargaduría comenzó inmediatamente después de que se produjo el supuesto de hecho que dio lugar a la falta absoluta. El Presidente Encargado debe juramentarse ante la Asamblea Nacional. Así se estabiece. 3:- El segundo aparte del artículo 233 de la Constitución dispone lo que fue referido, y en aplicación del mismo, tal como se concluyó previamente, se encarga de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo. Como consecuencia de ello, el Vicepresidente Ejecutivo ciudadano Nicolás Maduro encomienda. Así se declara. 4.- Adicionalmente, debe observar esta Sala lo previsto en el articulo 229 del texto constitucional, según el cual: "No podrá ser elegido Presidente o elegida Presidenta de la República quien esté de ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Ministro o Ministra, Gobernador o Gobernadora y Alcalde o Alcaldesa, en el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección". Esta norma prohibe que sea admitida la postulación de las autoridades mencionadas para optar al cargo de Presidente o Presidenta de la República mientras estén en el ejercicio de sus respectivos cargos. En particular, esta norma impediría que, mientras el Vicepresidente.Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva esté en el ejercicio de dicho cargo, se admita su postulación para participar en el proceso electoral para elegir al Presidente o Presidenta de la República. Como puede advertirse de lo expuesto supra, no está comprendido el Presidente Encargado de la República dentro de los supuestos de incompatibilidad previstos en dicha disposición. Asi se declara. En efecto, tal como se determinó en los puntos, anteriores, el Vicepresidente Ejecutivo debe encargarse de la Presidencia de la Répública cuando se produce la falta absoluta del Presidente de la República en funciones, siempre que dicha falta absoluta acaezca dentro de los primeros cuatro años de su período constitucional. Asimismo, se asentó que al encargarse de la Presidencia de la República bajo este supuesto, el Vicepresidente Ejecutivo deja de ejercer dicho cargo. Siendo, pues, que lo prohibido por el articulo 229 es que el Vicepresidente Ejecutivo le sea admitida su postulación al cargo de Presidente de la República mientras esté en ejercicio de la Vicepresidencia, y visto que en el caso de que se dé uno de los supuestos del segundo aparte del articulo 233 (falta absoluta del Presidente) el ahora Presidente Encargado no sigue ejerciendo ei cargo de Vicepresidente, el órgano electoral competente, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley, puede admitir su postulación para participar en el proceso que lleve a la elección del Presidente de la República, sin separarse de su cargo. Así se establece. 5.- Debe advertirse, también, que durante dicho proceso electoral, el Presidente. Encargado está facultado para realizar las altas funciones que dicha investidura trae aparejadas como Jefe del Estado, Jefe de Gobierno y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Así se establece. 6.- Con el fin de sistematizar las conclusiones vertidas a lo largo de esta decisión, se mencionan a continuación de manera resumida: a) Ocurrido el supuesto de hecho de la muerte del Presidente de la República en funciones, el Vicepresidente Ejecutivo deviene Presidente Encargado y cesa en el ejercicio de su cargo anterior. En su condición de Presidente Encargado, ejerce todas las atribuciones constitucionales y legales como Jefe del Estado, Jefe de Gobierno y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; b) Verificada la falta absoluta indicada debe convocarse a una elección universal, directa y secreta; c) El órgano electoral competente, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en la normativa electoral, puede admitir la -postulación del Presidente Encargado para participar en el proceso para elegir al Presidente de la previstos en el artículo 229 constitucional; Presidente Encargado no está obligado a separarse del cargo. VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de ia República por autoridad de la Ley: PRIMERO: Se declara COMPETENTE para conocer la solicitud de interpretación constitucional intentada por el ciudadano OTONIEL PAUTT ANDRADE, relativo al articulo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. SECUNDO: ADMITE la solicitud incoada y declara la urgencia del presente asunto. TERCERO: RESUELVE, de conformidad con las consideraciones vertidas en la parte motiva de este fallo, la interpretación solicitada respecto del alcance y contenido del artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en consecuencia, establece lo siguiente: a) Ocurrido el supuesto de hecho de la muerte del Presidente de la República. en funciones, el Vicepresidente Ejecutivo deviene Presidente Encargado y cesa en el ejercicio de su cargo anterior. En su condición de Presidente Encargado, ejerce todas las atribuciones constitucionales y legales como Jefe del Estado, Jefe de Gobierno y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; b) Verificada la falta absoluta indicada debe convocarse a una elección universal, directa y secreta; c) El órgano electoral competente, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en la normativa electoral, puede admitir la postulación del Presidente Encargado para participar en el proceso para elegir al Presidente de la República por no estar comprendido en los supuestos de incompatibilidad previstos en el artículo 229 constitucional; d). Durante el proceso electoral para la elección del Presidente de la República, el ·Presidente Encargado no está obligado a separarse del cargo. CUARTO: Se ORDENA la publicación del texto íntegro del presente fallo en la- Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo. sumario deberá indicarse lo siguiente: "Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Suprema de Justicia que fija. la interpretación vinculante del articulo 233 de la Constitución sde la República Bolivariana de Venezuela". Publiquese y registrese. Archívese el expediente. Remitase inmediatamente copia certificada del presente folio al Presidente de la República Encargado, al Presidente de la página original (tal como se publicó) [Página 36] Asamblea Nacional, a la Presidenta del Consejo Moral Republicano, a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral y a la Procuradora General de la República. Cámplase lo ordenado. Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los días del mes de marzo de dos mil trece (2013). Años: 202° de la Independencia y 154° de la Federación. La Presidenta de la Sala, UISAALES LAMUÑQ El Vicepresidente,. FRANCISCO ANTENIO CARASQUERO LÓPEZ CARMEN ZULETA DE MERCHÁN JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER GLADAS MARÍA GUFIÉRREZ ALVARADO cretario, JOSMEONARDREQUENA CABELLO MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA BOLIVARIAÑA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscai General de la República Caracas, 25 de febrero de 2013 Años 202° y 154° RESOLUCIÓN N° 222 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem, y en atención al artículo 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector. Público, sobre el Sistéma Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 Extraordinario del 12-08-2005, por la presente Resolución. RESUELVE: ÚnCO: : Designar a la ciudadana Licendada YURBAnTS CAROLINA PÉREZ, títular de la cédula de identidad N° 17.420.601, JEFE DE DIVISIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO ANZOÁTEGUI (ENCARGADA), a partir del 18-03-2013 y hasta la reincorporación de la ciudadana Lioenciada Ludys Angélica Salcedo Bustillo, quien hará uso de sus vacaciones. La ciudadana Yurbanis Carolina Pérez, se desempeña como Contabilista Jefe en la citada Unidad, quien actuará como Cuentadante de dicha Unidad Administradora Desconcentrada, Código 23005, con sede en Puerto' La Cruz, e igualmente, conforme a lo establecido en el numeral 20 del artícuio 25 de la citada Ley 'Orgánica del Ministerio Público, delego en la aludida ciudadana la firma de los asuntos rutinarios o de mera tramitación, mientras esté encargada de dicha Unidad Administradora. X LISA ORTEGA DIAZ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 28 de febrero de 2013 : Años 202° y 154° RESOLUCIÓN N° 282 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio. Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 ejusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar con carácter de suPLEnTE al ciudadano Abogado EDUIN VILLASMIL, titular de la cédula de identidad N° 6.075.080, en la FISCALfA SUPERzOR del Ministerio Público de la Crcunscripción Judicial del estado Apure, con sede en San Fernando de Apure, a los fines de cubrir la falta Padrón Alvarado, quien hará uso de sus vacaciones. El referido ciudadano se viene desempeñando como Fiscal Provisorio en la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 18-03-2013. quese y Publíguese LUEA ORTEGA DIAZ Eiscalgeneral de la República REPÚBLICA BOLIVÁRIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO. Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 18 de marzo de 2013 Años 202° y 154° LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley .Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 ejusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar al cudadano, Abogado RUBÉN DAVID PÉREZ MORALES, titular de la cédula de identidad No 14.334.551, quien se viene .desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía. Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en BarquiSimetO; al CargO · de FISCAL AUXILIAR SUPERIOR DE INVEsTiGAción, adscrito a la mencionada Fiscalía Superior, cargo creado, a partir del 18 de marzo de 2013 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. níquese y Publíquese. iscal,General de la República página original (tal como se publicó) [Página 37] TERRITORIO INSULAR FRANCISCO DE MIRANDA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TERRITORIO INSULAR FRANCISCO DE MIRANDA República Bolivariana de Venezuela, Jefatura de Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda. Despacho del Jefe de Gobierno. Resolución N°003/2013. Los Roques 19 del mes de marzo de 2013. Año 202° de la Independencia, -154 de la Federación y 14 de la Revolución Bolivariana. El Jefe de Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 5, numeral 3 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de creación del Territorio Insular Francisco de Miranda, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5, numerales 2, del Reglamento del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Creación del Territorio Insular Francisco de Miranda. CONSIDERANDO Que el objetivo fundamental del Parque Nacional Archipiélago Los Roques es su protección integral dentro de la política de conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales en el marco del desarrollo sustentable, por lo que las actividades relacionadas con la prestación de servicios públicos deben estar en armonía con estos fines, CONSIDERANDO. Que el uso de motores de alta potencia en las embarcaciones, ocasiona un daño irreparable en el arrecife de coral, caracterizado por ser el ecosistema más importante y frágil, siendo el Parque Nacional Archipiélago Los Roques un santuario de reproducción y guardería de la biodiversidad de las especies que allí habitan. CONSIDERANDO Que la navegación.constituye uno de los principales medios de transporte turístico y particular dentro del Parque Nacional Archipiélago Los Roques, se hace imperante establecer una serie de normas que regulen dicha actividad a los fines de garantizar y salvaguardar la integridad física y la vida de las personas que hagan vida o visiten el referido Parque Nacional. RESUELVE Artículo 1. Se prohíbe el uso de motores fuera de borda que superen los setenta y cinco caballos de fuerza (75 Hp) de potencia, a tal efecto, solo serán permitidos un máximo de dos (2) motores por embarcación, los cuales preferentemente deberán ser de cuatro. tiempos y pata corta, en las embarcaciones pesqueras, y concesionarias que presten el servicio de transporte. de personas dentro del Parque Nacional Archipiélago Los Roques. Artículo 2. La velocidad máxima permitida en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques será de 15 nudos (27 Km/h), a excepción de las proximidades a los cayos y. playas donde la velocidad permitida será de 6 nudos (11 Km/h). En las áreas de mar abierto la velocidad será libre mientras las embarcaciones se mantengan a una distancia mínima de media milla náutica (0,5Mn) de cualquier área emergida, pero en todo caso deben observar las normas de prudencia y seguridad pertinentes. Parágrafo Primero: En los canales de navegación el tránsito de embarcaciones desde y hacia la isla El Gran Roque, será una velocidad máxima de circulación de seis (6) nudos, once kilómetros por hora (11 Km/h) y sólo podrán circular por el lado derecho del canal. Parágrafo Segundo: En la zona del canal de navegación y en pasos de poca. profundidad donde se permita la navegación, la velocidad máxima será de 6 nudos (11 Km/h). Artículo 3. A las embarcaciones que se dediquen al transporte de pasajeros dentro del Parque Nacional Archipiélago Los. Roques, se establece como límite máximo la cantidad de diez (10) pasajeros por viaje. Serán requisitos mínimos indispensables para la navegación de embarcaciones dentro del Parque Nacional Archipiélago Los Roques, los siguientes: 1. Chalecos salvavidas con pito, en igual número de la capacidad de pasajeros y tripulación de la embarcación. 2. Un radioteléfono VHF fijo con canales marinos y un botiquín de primeros auxilios por parte de las embarcaciones. 3. Seis (6) señales luminosas de color rojo con paracaídas. 4. Cuatro (4) señales fumígenas de humo color naranja. 5. Un botiquín de primeros auxilios. 6. Un (1) extintor de incendios de Co². de 5 libras. Artículo 4. Las embarcaciones que se encuentren navegando en áreas del Parque Nacional Archipiélago Los Roques, deberán cumplir con la señalización existente, entre las cuales se encuentran las siguientes: 1. Canales de navegación. 2. Zonas de acceso prohibido. 3. Zonas de acceso restringido. 4. Velocidad máxima permitida. 5. Bajos arrecifales en los canales de navegación. 6. Zonas de boyas de amarre, donde no se permite el anclaje. 7. Zonas para buceo. Artículo 5. Se prohíbe el anclaje de embarcaciones en fondos coralinos y a menos de cincuenta metros (50) de playas de uso para bañistas del Parque Nacional Archipiélago Los Roques. La Jefatura de Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda, se embarcaciones en ios lugares autorizados, donde se estime que la utilización de ancias pueda ocasionar daños y alteraciones al fondo marino. Ártículo 6. Toda embarcación al acercarse a una zona de buceo deberá mantenerse a una distancia mínima de cien metros (100 m.) de dicha frea. Cuando se acerquea a las playas, embarcaderos o fondeaderos, deberán reducir su velocidad a tres nudos (5,4 Km/h) y los cincuenta metros (50 m.) finales deberán recorrerios a la velocidad mínima que acepte el motor. Artículo 7. Se prohíbe la comercialización, compra y venta de aceites, combustibles y otros aditivos para motores dentro del Territorio Insular Francisco de Miranda, quedando este comercio a exclusividad de la Jefatura de Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda, quien posee las autorizaciones correspondientes para dicho comercio emitidas por el Ministerio del Poder Popular para Petróleo y Minería. Artículo 8. Para la renovación de concesiones será compromiso del propietario u operador de la embarcación, hacer el cambio de motor de conformidad con las características establecidas en la presente: Resolución, en un lapso no mayor a un (1) año a partir de su entrada en vigencia. Artícalo 9. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Los Roques, a los 19 días del mes de marzo de dos mil trece. Años 202° de 1a Independencia, 154° de la Federación y 14º de la Revolución'Bolivariana. Ejecutese. Mcafinante Jefe de gobierno AVISOS CARTEL DE NOTIFICACIÓN REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA CON SÉDE EN MARACAIBO Y COMPETENCIA EN EL ESTADO FALCÓN HACE SABER: A ia ASOCIACIÓN COOPERATIVA BANCO COMUNAL SUCRE V, R.L., que este Juzgado SigUiente: OmISis..."..PRIMERO: SE DECRE:TA MEDIDA AUTÓNOMA DE PROTECCIÓN A LA ACTIVIDAD AGRIcOLA desplegada por la Junta Administradora Pro-tempore de las instalaciones que eran propiedad de las Sociecades Mercantiles C.A CENTRAL VENEZUELA y AGRICOLA TORONDOY, C.A; conformada inicialmente por los ciudadanos: MIRELYS EGURROLA, titular de la cedula de identidad INro. V- 17.668.425, ADELA NAVARRETE, titular de la cedula de identidad Nro. V- 4.365.622, ARGENIS MILLAN, titular de la cedula de identidad Nro. V- 3.635.667, JOSE RAMON OSAL, titular de la cedula de identidad Nro. V- 7.394.546, consistente en cultivos caña de azúcar de diferentes edades, en un área de CINCO MIL. CINCUENTA Y TRES HECTAREAS (5.053 Has.), distribuidas en Cuabrocientos Noventa y Seis (496) tablones, Ordenando notificar al Presidente del Instituto Nacional de Tierras, a la Oficina Regional de Tierras del Sur del Lago en el Estado Zulia, a las Fuerzas Armadas Bolivarianas, Guardia Nacional Bolivariana CORE 3, Fuerzas Ammadas Policiales del Estado Zulia, dicha Constitucional de Seguridad y Soberanía Nacional, asi como de cualquier tercero ya que su incumplimiento pudiera ser considerado como desacato a la orden impartida por este Juzgado, protegiéndose y debiendo respetar la producción agricola de cultivo y cosecha de Caña de Azúcar, desplegada en el área arriba descrita. SEGUnDO: Se fija como oportunidad para oponerse a las presentes medidas, el tercer (03) dia de despacho siguiente a la notificación del Tribunal Supremo de Justicià en sentencia de fecha 9 de mayo de 2006, Sentencia Nro. 962, nn a n n n n Procedimiento Civi; ello ante la ausencia de un iler indicado eoxpresamenta por la Ley, conforme a la previsión contenida en el artículo 19 de la Léy Orgánica del Tribunal Suprero de Justicia, abriéndose cuaderno separado con nomenclatura distinta, en donde le garantizará el derecho a del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de fecha 30 de julio de 2008, notifíquese por oficio a la Procuraduria General de la República del presente fallo acompañado de las respectivas copias certificadas, asi como la publicación de un n dn n n n n e n n de Maracalbo, a los veinticinco (25) días del mes de énero de 2013. Años: 202° de la Independencia y Ap3" dla Federación. 3OLVARANe Spe T.S.U. Mallgth Lunar Morinelly página original (tal como se publicó) [Página 38] CARTEL DE NOTIFICACIÓN REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ,EN SU NOMBRE EL JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA CON SEDE EN MARACAIBO Y COMPETENCIA EN EL ESTADO FALCÓN HACE SABER: Al ciudadano MAURo RAMÍREz, que este Juzgado Superior por sentencia dictada en fecha primero (1") de septiembre de 2010 declaró lo siguiente: omiais... "..PRiMERO: SE DECRETA MEDIDA AUTÓNOMA DE PROTECCIÓN A LA ACTIVIDAD AGRICOLA desplegada por la Junta Administradora Pro-tempore de las instalaciones que eran propiedad. de las Sociedades Mercantiles C.A CENTRAL VENEZUELA y AGRICOLA TORONDOY, C.A; conformada inicialmente por los ciudadanos: MIRELYS EGURRÓLA, titular de la cedula de identidad Nro. V- 17.668.425, ADELA NAVARRETE, titular de la cedula de identidad Nro. V- 4.365.622, ARGENIS MILLAN, titular de la cedula de identidad Nro. V- 3.635.667, JOSE RAMON OSAL, titular de la cedula de identidad Nro. V- 7.394.546, consistente en cultivos caña de azúcar de diferentes edades, en un Área de CINCO MIL CINCUENTA Y TRES HECTAREAS al Presidente del Instituto Nacional de Tierras, a la Oficina Regional de Tierras del Sur del Lago en el Estado Zulia, a las Fuerzas Armadas Bolivarianas, esto es, Tercera Compañia. del Destacamento de Fronteras Nro. 32 ubicado en el Batey, Municipio Sucre del Estado Zulia, Fuerzas Armadas Policiales del Estado Zulia, dicha medida es vinculante para todas las. Nacional, asi como de cualquier tercero ya que su incumplimiento, pudiera ser considerado como desacato a la orden impartida por este Juzgado, protegiéndose y debiendo respetar la producción agricola de cultivo y cosecha de Caña de Azúcar, desplegada en el área arriba descrita. SEGUNDO: Se fija como oportunidad para oponerse a las presentes medidas, el tercer (03) dia de despacho siguiènte a la notificación del presente fallo, de conformidad con lo de fecha 9 de mayo de 2006, Sentencia Nro. 962, caso Cerveceria Polar Los Cortijos, que artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; ello ante la ausencia de un iter indicado expresamente por la Ley, conforme a la previsión contenida en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, abrléndose cuaderno separado con nomenclatura distinta, en donde le garantizará el derecho a la defensa y al debido proceso. TERCERO: De Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parclal del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República, de fecha 30 de julio de 2008, notifiquese por oficio a la Procuraduría General de la República del presente fallo acompañado de las respectivas copias certificadas, asi como la publicación de un cartel por un diario de circulación regional.." omisis. sión que ge hace en la ciudad de Maracaibo, a los veinticinco (25) dias del mes de ibs:/20e la Independencia y 153° de la Federación. án Ignatto Bracho Bonzález La Secretaria Accidental T.S.U. Marfieth Lunar Morinelly A LA VENTA EN LAS TAQUILLAS DE LA GACETA OFICIAL LEY Orgánica de la FUERZA ARMADA NACIONAL LEY del Régimen Prestacional de VIVIENDA y HÁBITAT GACETA OFICIAL E Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero. Ley Orgánica de Telecomumicaciones. Ley de Tierras y Desarrollo Agragario. Ley Orgánica de Hidrocarburos. Bolivariana GACETA OFICIAL LEY de reforma parcial de la ley de SEGURO SOCIAL GACETA OFICIAL página original (tal como se publicó) [Página 39] A LA VENTA EN LAS TAQUILLAS DE LA GACETA OFICIAL LEY de reforma parcia de la ley LEY Orgánica de la FUERZA LEY del Régimen Prestacional ARMADA NACIONAL de VIVIENDA y HÁBITAT GACETA OFICIAL DE LARARNE ZA de $EGURO SOCIAL Bolivariana GACETA OFICIAL GACETA OFICIAL OF LARRKABAR MASA DE UNABLL DE LNE A LA VENTA EN LAS TAQUILLAS DE LA GACETA OFICIAL LEY de reforma parcial de la ley LEY Orgánica de la FUERZA LEY del Régimen Prestacional ARMADA NACIONAL de VIVIENDA y HÁBITAT GACETA OFICIAL de SEGURO SOCIAL Bolivariana GACETA OFICIAL GACETA OFICIAL IN página original (tal como se publicó) [Página 40] DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXL MES VI Número 40.132 Caracas, miércoles 20 de marzo de 2013 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas- Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 40 Págs. costo equivalente a 16,45 % valor Unidad Tributaria DE VENEZUELA. Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinario siempre' que fuere necesario: y deberán insertarse "en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único. Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL. tendrán una numeración especial. ArtiCulo 13. En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo Nacional. Articulo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBIICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos. El SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL. de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados. página original (tal como se publicó)