[Página 1] GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO CXXXIX Caracas,miércoles 12 de septiembre de 2012 MES XII SUMARIO Presidencia de la República Decreto N° 9.175, mediante el cual se aprueba el «Plan Excepcional para la Adquisición de Bienes, Prestación de Servicios y Ejecución de Obras de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela». Decreto N° 9.181, mediante el cual se otorga la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su Segunda Clase («Lanza») a Vicente Fernández Gómez, el hijo del pueblo. Vicepresidencia de la República Resolución mediante la cual se prorroga por un lapso de seis (06) meses, el plazo para la supresión y liquidación dela Fundación para el Desarrolio de la Región Centro Occidental de Venezuela (FUDECO). Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario Resoluciones mediante las cuales se delega en los ciudadanos que en ellas se mencionan, quienes ejercen el cargo de Abogado Integral I en la Oficina de Atención Ciudadana, la firma de los actos y documentos que en ellas se indican. Ministerio del Poder Popular para el Comercio Resolución mediante la cual se procede a la publicación del Traspaso de Créditos Presupuestario entre Gastos de Capital de este Ministerio, por la cantidad que en ella se señala. Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras LINI Providencias mediante las cuales se designa a los ciudadanos y a la ciudadana que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican. INSAI Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Peter Jhoan Angola Bolívar, como Director de la Sociobiorregión Sur, estado Bolívar. Ministerios del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, para el Comercio, para la Alimentación, de Planificación y Finanzas y de Industrias Resolución Conjunta mediante la cual se fija en todo el territorio nacional el Precio Máximo de Venta (PMV) del Café verde pagado al Productor Nacionai. Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Resolución mediante la cual se crea las Coordinaciones Estadales de la Misión Sucre, las cuales estarán conformadas por un equipo colegiado de cinco (5) Coordinadores o Coordinadoras que en ella se señalan. Resolución mediante la cual se reconoce los estudios conducentes al Título de Pregrado de Licenciada en Tecnologia de la Salud Perfil Traumatología, conferido por la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, en la República de Cuba, a la ciudadana Carla Carolina Cardona Cárdenas. Número 40.006 Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Fanjio Humberto Superlano Osorio, como responsable del área socio-académica, incorporándose asi a la Comisión de Modernización y Transformación del Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología «Paulo Freire» (IALA). Resolución mediante la cual se reconoce los estudios conducentes al Título de Pregrado de Licenciado en Tecnología de la Salud en Rehabilitación Social y Ocupacional, conferido por la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, en la República de Cuba, al ciudadano Renny Alexander Ovalles Licett. Resolución mediante la cual se reconoce los estudios conducentes al Título de Licenciada en Enfermería, conferido por la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, en la Ciudad de Santiago de Cuba, República de Cuba, a la ciudadana Marilys del Valle García Ortiz. Resolución mediante la cual se constituye una Junta Administradora Especial, de carácter temporal, con facultades administrativas y contables, del Instituto Universitario Experimental de Tecnología yAgricultura «Simón Bolívar» (IUETASB), integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se señalan. Ministerio cel Poder Popular para las Comunas y Protección Social Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jesús Ignacio Gutiérrez Graterol, como Director General de la Óficina de Gestión Administrativa de este Ministerio, en condición de Encargado. FUNDACOMUNAL Providencia mediante la cual se delega en el ciudadano José Luis Sulbarán Sánchez, en su carácter de Director General de esta Fundación, la firma de los actos y documentos que en ella se indican. Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones de esta Fundación, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan. Tribunal Supremo de Justicia Decisión mediante la cual se declara Parcialmente Con Lugar el Recurso de Nulidad ejercido por el ciudadano Germán Mundaraín Hernández, Defensor del Pueblo para la época de la interposición del'Recurso, contra los Artículos que en ella se mencionan, del Código de Policia del estado Cojedes, sancionado el 1 de abril de 1968. Dirección Ejecutiva de la Magistratura Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yoshire Nairobi Gallardo Rivero, como Jefa dè la División de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección de Servicios al Personal de la Dirección General de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva dé la Magistratura, en condición de Encargada. Defensoría del Pueblo Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yelitze Yanett Palencia Pacheco, como Directora de Asuntos Internacionales, en calidad de Encargada. página original (tal como se publicó) [Página 2] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 9.175 11 de septiembre de 2012 HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación del Estado venezolano, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 236 numerales 2 y 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 46 del Decretocon Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y 73 dela Ley de Contrataciones Públicas,en concordancia con lo previsto en el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas y en el Decreto mediante el cual se crea la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, en Consejo de Ministros, CONSIDERANDO Que conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es deber del Estado garantizar la Seguridad. Ciudadana como base estratégica del desarrollo social y en este sentido, deberá dictar las medidas de orden financiero e infraestructura que sean convenientes para la reducción de los índices de criminalidad en todo el país, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física y mental de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, CONSIDERANDO Que es competencia del Ejecutivo Nacional la materia relativa a la seguridad pública, que constituye uno de los aspectos esenciales de defensa y desarrollo integral de la Nación, en cuya ejecución oportuna y adecuada se implementan políticas públicas de prevención y de control dirigidas a disminuir la incidencia de hechos delictivos y así garantizar la paz, la tranquilidad de la ciudadanía y mejorar la calidad de vida de la población en todo el territorio nacional, CONSIDERANDO Que las estadísticas sobre tendencias de la criminalidad, así como las encuestas oficiales de victimización, muestranalta incidencia de hechos delictivos, en particular de tipo violento, y son evidencia de la magnitud del problema que representa la inseguridad en todo el territorio nacional, CONSIDERANDO Que en ejercicio de la atribución legalmente conferida al Presidente de la República para crear misiones destinadas a atender a la satisfacción de las necesidades fundamentales y urgentes de la población cuando circunstancias especiales lo ameriten, se creó la Gran Misión A Toda Vida Venezuela con carácter de Misión de Estado, como una Política Integral de Seguridad Pública, con alcance nacional, encargada del diseño, difusión y seguimiento de las políticas de seguridad ciudadana, con la finalidad de transformar los factores de carácter estructural, situacional e institucional generadores de la violencia y el delito, para reducirlos, CONSIDERANDO Que es urgente e inaplazable dictar las medidas en materia de seguridad pública necesarias pará acelerar la ejecución de las políticas inmediatas de prevención y de control adoptadas en los vértices de acción de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela. DECRETA Artículo 1°. Se aprueba el "PLAIN EXCEPCIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEzUELA" anexo al presente Decreto, el cual tiene por objeto garantizar de manera inmediata el diseño, construcción, rehabilitación, remodelación y/o mantenimiento y fortalecimiento, dotación y equipamiento de obras civiles, sedes e instalaciones de seguridad pública, dotación y equipamiento individual e institucional y otras, adoptadas en los vértices de acción de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela. Artículo 2°. A los fines de dar cumplimiento al artículo anterior, en un plazo perentorio no mayor de Trescientos (300) días continuos, contados a partir de la publicación. del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, secontratarán y ejecutarán las obras de construcción y desarrollo, así como, la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del objeto del presente Plan Excepcional. Artículo 3°.El "PLAN EXCEPCIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEzUELA" cuenta para su ejecución con recursos presupuestarios y financieros qué ascienden a la cantidad de UN MIL DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 1.019.957.535,00), provenientes del Fondo Miranda aprobados por el Ejecutivo Nacional, mediante los Puntos de Cuenta Nos. 028, 029, 030, 031 y 032 de fechas 20 de junio de 2012, respectivamente. Artículo 4°. La promoción, implementación, desarrollo, ejecución y seguimiento del Plan aprobado mediante el presente Decreto, estará a cargo del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, a través de sus entes adscritos, la cual podrá efectuar de manera directa, o mediante la celebración de contratos y/o convenios interinstitucionales con otros órganos o entes de la Administración Pública, o con las comunidades organizadas, a través de las diferentes formas asociativas previstas en la Ley. Artículo 5°. El °PLAN EXCEPCIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEzUELA", deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, a continuación de este Decreto. Artículo 6°. Las máximas autoridades de los órganos y entes contratantes, efectuarán las respectivas adjudicaciones de conformidad con la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, velando que las adjudicaciones que se realicen con ocasión del Plan que se aprueba mediante el presente Decreto, cumplan con las condiciones del requerimiento y sean convenientes a los intereses de la República Bolivariana de Venezueia, por órgano del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, respetando los principios de economía, planificación, transparencia, honestidad, eficiencia, igualdad, competencia y publicidad. página original (tal como se publicó) [Página 3] Artículo 7°. El seguimiento del presente Plan, en el marco de la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, corresponderá al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), órgano desconcentrado dependiente, funcional y administrativamente, de la Comisión Central de Planificación. A tal fin, el ente contratante remitirá oportunamente al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), la información que corresponda. Artículo 8°. El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, queda encargado de la ejecución del presente Decreto. Artículo 9°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir. de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los once días del mes de septiembre de dos mil doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la Federación y 13° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.) HUGO CHAVEZ FRIAS Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo (L.S.) ELIAS JAUA MILANO Refrendado La Ministra del Poder Popular del Despacho de 1a Presidencia (L.S.) ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA - Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interlores y Justicia (L.S.) TARECK EL AISSAMI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) NICOLAS MADURO MOROS Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas (L.S.) JORGE GIORDANI Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa (L.S.) HENRY DE JESUS RANGEL SILVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Comercio (L.S.) EDMEE BETANCOURT DE GARCIA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Industrias (L.S.) RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA Refrendado Poder Popular. para la Agricultura y Tierras (L.S.) ELIAS JAUA MILANO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) MARLENE YADIRA CORDOVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación (L.S.) MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES Refrendado La Ministra del Poder Popúlar para la Salud (L..S.) EUGENIA SADER CASTELLANOS Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (L.S.) MARIA CRISTINA IGLESIAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre (L..S.) JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT Refrendado La Ministra del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.) ELSA ILIANA GUTIERREZ GRAFFE Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L..S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (L.S.) RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del-Poder Popular para el Ambiente (L.S.) ALEJANDRO HITCHER MARVALDI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (L.S.) ISIS OCHOA CAÑIZALEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) CARLOS OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) PEDRO CALZADILLA Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.) HECTOR RODRIGUEZ CASTRO página original (tal como se publicó) [Página 4] Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) NICIA MALDONADO MALDONADO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) NANCY PEREZ SIERRA Refrendado El Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica (L.S.) HECTOR NAVARRO DIAZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Juventud (L.S.) MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARIA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro de Estado para la Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado El Ministro de Estado para la Transforrmación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.) FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS "PLAN EXCEPCIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA" POR UN MONTO DE UN MIL DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 1.019.957.535,00). I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra la competencia ineludible del Estado de garantizar la Seguridad Ciudadana como base estratégica del desarrollo social y en este sentido, deberá dictar las medidas de orden financiero e infraestructura que fueren necesarias para la reducción de los índices de la criminalidad en todo el país, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física y mental de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, como uno de los aspectos esenciales de defensa y desarrollo integral de la Nación, en cuya ejecución oportuna y adecuada se implementan políticas públicas de prevención y de control, dirigidas a disminuir la incidencia de hechos delictivos y así garantizar la paz, la tranquilidad de la ciudadanía y mejorar la calidad de vida de la población en todo el territorio nacional. Aún cuando existen pruebas empíricas suficientes para demostrar que la dimensión subjetiva y objetiva de la seguridad no siempre se comporta en la misma dirección, la percepción de inseguridad entre los venezolanos y las venezolanas, encuentra sustento en un deterioro de los principales indicadores de criminalidad y violencia ocurrido en las últimas dos décadas. . En la actualidad, gracias a la tutela del Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, en el marco de crear misiones destinadas a atender a la satisfacción de las necesidades fundamentales y urgentes de la población, cuando circunstancias especiales lo ameriten, ha sido creada la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, mediante Decreto Presidencial N° 9.086 de fecha 10 de julio de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.961 de la misma fecha, como una Política Integral de Seguridad Pública, con carácter de Misión de Estado, con alcance nacional, encargada del diseño, difusión y seguimiento de las políticas de seguridad ciudadana, con la finalidad de transformar los factores de carácter estructural, situacional e institucional generadores de la violencia y el delito, para reducirlos, permitiendo de esta manera implementar medidas de prevención o de intervención previa a la ocurrencia de hechos delictivos, así como medidas de control penal -postocurrencia delictiva. Sin embargo, la dinámica de la sociedad impone la necesidad de dictar medidas en materia de seguridad pública necesarias para acelerar la ejecución de las políticas inmediatas de prevención y de control adoptadas en los vértices de acción de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, referidas al diseño, construcción, rehabilitación, remodelación y/o mantenimiento, dotación, equipamiento y fortalecimiento de obras civiles, sedes e instalaciones de seguridad pública, dotación y equipamiento individual e institucional y otras, en materia de prevención integral y convivencia solidaria, fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana, transformación, del sistema de justicia penal y creación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, transformación del sistema penitenciario, funcionamiento de un sistema nacional de atención a las víctimas, creación y socialización de conocimientos para la convivencia y seguridad ciudadana, que corresponden a los seis (6) vértices de acción previstos en su decreto de creación para ser desplegadas en todo el territorio nacional o en los municipios priorizados, de acuerdo con las políticas aprobadas en materia de seguridad pública: para la conformación del Órgano Superior y los Comandos Estratégicos Estadales de Integración de la Gran Misión, Casas de la Justicia Penal, oficinas para las Fiscalías estadales; salas situacionales del Plan Nacional de Vigilancia y Patrullaje, para registrar y evaluar el comportamiento delictivo y ordenar el patrullaje según los reportes de éstas; sedes para el despliegue a nivel nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses; sedes para la expansión de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad; ambientes de inclusión educativa y socioproductiva, escuelas juveniles y núcleos del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela; Centros Comunales Integrales de Resolución de Conflictos y las obras correspondientes al Sistema Nacional de Víctimas de Violencia Grave Intencional, en demanda de sumar esfuerzos con visión socialista dentro del modelo sociopolítico de seguridad clel país. La Gran Misión A Toda Vida Verezuela tiene como uno de sus objetivos principales, contribuir en la consolidación de una política sostenida, proyectada en el tiempo y espacio, concebida en términos positivos no sólo como política antidelictiva, sino con el alcance de la moderna política criminal y el consenso del control social formal e institucionalizado, articulando entre medidas de prevención (intervenciones previas a la ocurrencia. de hechos delictivos) y medidas de control penal ajustado a derecho (intervenciones post- ocurrencia delictiva). Con este propósito social y revolucionario, el Estado asume una vez más el compromiso de atender estos problemas para satisfacer de forma rápida, eficiente y eficaz las crecientes demandas en el mejoramiento del servicio de Seguridad Ciudadana. En este horizonte positivo, las características del Estado Venezolano respecto a los benéficos y necesarios procesos contralores que garanticen la transparencia de la gestión pública, traen como iniciativa potenciar las necesidades sociales, más allá de lo material con una visión de justicia social, dentro lo cual la Gran Misión A Toda Vida Venezuela a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, tendrá por objeto dar celeridad al cumplimiento de los fines que le son propios a la Gran Misión, con la finalidad de lograr como se expreso precedentemente, el objetivo principal de garantizar el derecho a la vida, la integridad personal y la protección por parte del Estado, para el libre desarrollo de todos sus ciudadanos y ciudadanas, con las políticas de Seguridad Ciudadana adelantadas por el Ejecutivo Nacional. página original (tal como se publicó) [Página 5] Por todo lo expuesto, se hace necesario someter a la consideración del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela el siguiente "PLAN EXCEPCioNAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA". I1. PRESENTACIÓN Se propone la declaratoria del *PLAN EXCEPCIoNAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA", cuya ejecución estará bajo la responsabilidad del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. El referido Plan es de inminente ejecución, considerando que se deben implementar las medidas necesarias con el objeto de transformar los factores de carácter estructural, situacional e institucional generados de la violencia y el delito para reducirtos, aumentando la convivencia solidaria y el disfrute del derecho a la seguridad ciudadana. A los fines de lograr una transformación profunda desde la nueva concepción de Estado y sociedad, que comprende la protección y respecto de los derechos individuales y colectivos, y en el marco del proyecto histórico que busca elevar el ser humano mediante la conveniencia, la solidaridad, la aceptación de la pluriculturalidad y la integración de los grupos vulnerables, se hace necesario el trabajo corresponsable de los poderes e instituciones del Estado para el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, traducido en el vivirbien del pueblo y la satisfacción de las necesidades humanas previstas en el Plan Nacional Simón Bolívar. III. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES El "PLAN EXCEPCIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA", tiene su base constitucional en los principios consagrados en los artículos de nuestro Texto Fundamental que a continuación se señalan: Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad cludadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la Integridad física de las personas, sus propledades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La participación de los cludadanos y cludadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad cludadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial. Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policlal y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley. Artículo 332. El Ejecutivo Naclonal, para mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos y cludadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, de conformidad con la ley, organizará: Un cuerpo uniformado de policía nacional. 1. 2. criminalísticas. Un cuerpo de bomberos y bomberas y administración- 3. de emergencias de carácter civil. 4. Una organización de protección civil y administración de desastres. Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna. La función de los órganos de seguridad ciudadana constituye una competencia concurrente con los Estados y Municipios en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley. Asimismo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 19, garantiza el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e independiente de los derechos humanos, cuyo respeto y garantía son de obligatorio cumplimiento por parte de los órganos de Poder Público, siendo calificados además, como materia de Interés Nacional, fundamentales para el desarrollo económico y social de la Nación. En este sentido, encontramos que dispone a su vez, 1o siguiente: "Artículo 19:El Estado garantizaráatodapersona, conforme al principlo de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio Irrenundable, indivisible e independiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía. son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución,; con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen" De las disposiciones constitucionales anteriormente transcritas, se instaura la promoción de las condiciones para alcanzar el desarrollo del ser humano integral, garantizando la seguridad ciudadana, por lo que se hace indispensable la dotación de obras de infraestructura necesarias para tales fines. Es por ello y en aras de atender la necesidad pública suscitada, que la Administración Pública en el cumplimiento de sus competencias, debe ajustar sus actuaciones al ordenamiento jurídico vigente, específicamente con lo establecido en el Artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone que "La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en los principios de honestidad, participación,_celeridad,_ eficacia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en_el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho" (Subrayado nuestro). IV. FUNDAMENTOS LEGALES La actuación del Ejecutivo Nacional en la instrumentación y ejecución del presente Plan Excepcional, debe responder no sólo a los principios y normas de rango constitucional antes señalados, sino que además debe adecuarse a las disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones Públicas, la cual precisando sobre la especial habilitación dada al Presidente de la República para dictar Planes Excepcionales en circunstancias de tal carácter, establece en su artículo 73 lo siguiente: Artículo 73. "Se puede proceder por Consulta de Precios: En el caso de adquisición de blenes o prestación de serviclos, si el contrato a ser otorgado es por un precio estimado de hasta cinco mll unidades tributarias (5.000 UT.) En el caso de ejecución de obras, si el contrato a ser 2. otorgado es por un precio estimado de hasta veinte mil unidades tributarlas (20.000 UT.). Adicionalmente. se procederá por Consulta de Precios. Independilentemente del monto de la contratación. en caso de obras. servidos adquisiciones de bienes, que por razones de Interés general deban ser contratados y ejecutados en un plazo perentorio que se determinará de acuerdo a la naturaleza_ del plan excepcional aprobado por el Ejecutivo Naclonal. página original (tal como se publicó) [Página 6] En aquellos casos que los Planes Excepcionales sean propuestos por los órganos de la Administración Pública Naclonal, deberán contar con la revisión previa de la Comisión Central de Planlficación, antes de ser sometido a consideración del Ejecutivo Nacional". (Resaltado y subrayado nuestro). Como se observa, la Ley de Contrataciones Públicas contempla el procedimiento a través del cual los órganos y entes de la Administración Pública, procederán por Consulta de Precios independientemente del monto de las contrataciones, en caso de obras, servicios o adquisiciones de bienes, que por razones de interés general deban ser contratados y ejecutados en un plazo perentorio que se determinará de acuerdo a la naturaleza del Plan, tal y como lo dispone el primer y segundo aparte del numeral 2 del artículo 73 antes citado. El supuesto contenido en el numeral 2º del artículo in comento, encuentra aplicación a las exigencias propias de este Plan Excepcional, que se materializará con una actuación administrativa rápida, expedita, adecuada y oportuna, cuya ejecución mediante otros procedimientos de contrataciones - previstos en esa Ley, lo retrasaría y desvirtuaría la esencia y objeto de dicho Plan Excepcional, el cual se resume en construir obras civiles y mejorar las ya existentes, para qué de esta forma se logren alcanzar los objetivos planteados y la consecución de los planes y proyectos orientados al desarrollo de la seguridad ciudadana a nivel nacional. Las circunstancias que motivan el ejercicio inmediato del Plan Excepcional planteado, se subsumen claramente en los supuestos previstos en el trascrito artículo, a saber: Se tratan de obras de interés público, con las cuales se da : cumplimiento a los artículos 55, 326 y 332 constitucionales, ya que se tratan de obras destinadas a garantizar la Seguridad Ciudadana y Soberanía de la Nación. La Adquisición de Bienes, Prestación de Servicios y • Ejecución de Obras deben ser ejecutadas en un plazo perentorio no mayor de trescientos (300) días continuos, en función de la insuficiencia actual en infraestructuras de este tipo, en las cuales puedan ponerse en práctica de manera inmediata las políticas integradas del Ejecutivo Nacional sobre el mejoramiento de las condiciones de infraestructura én el ámbito de los vértices de acción de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, aunado al carácter excepcional de los planes y debido a que no se hace posible su inclusión en el Plan Operativo del órgano o ente contratante, tal como lo establece el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas. Las obras corresponden a un Plan Integral, con incidencia económica y social, bajo el cual deben coexistir el aprovechamiento racional de nuestros recursos tanto humanos como presupuestarios, con la inserción inmediata de las comunidades. Las obras corresponden a un Plan Excepcional para la Adquisición de Bienes, Prestación de Servicios y Ejecución de Obras de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela con incidencia económica y social, bajo el cual deben coexistir el aprovechamiento racional de nuestros recursos con la inserción inmediata de las comunidades para beneficio social. Finalmente, es pertinente agregar a todo lo expuesto,lo previsto en el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, en lo que se refiere a la aprobación de los Planes Excepcionales, cuando establece lo siguiente: Artículo 12: "Los Planes Excepcionales establecidos en la Ley dę Contrataciones Públicas con base en la demanda de bienes, servicios u obras, que estimen y presenten los órganos o entes contratantes, deben ser aprobados por el Ejecutivo Nacional previa revisión de la Comisión Central de Planificación. Considerando la demanda contenida en la Programación Anual de Compras del Estado, el Servicio Nacional de Contrataciones podrá proponer Planes Excepcionales, con la finalidad de desarrollar la capacidad productiva y promover la participación de la pequeña y mediana industria, cooperativas o cualquier forma asociativa de producción". V. OBJETIVOS Garantizar la construcción y ejecución de obras civiles y de infraestructura necesarias de carácter urgente, que permitan el diseño, construcción, rehabilitación, remodelación y/o mantenimiento y fortalecimiento, dotación y equipamiento de sedes e instalaciones de seguridad pública, adoptadas en los vértices de acción de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela. Garantizar la dotación idónea de los servicios integrales © para el fortalecimiento de los Órganos de Seguridad Ciudadana que a la vez garanticen una estructura de servicios que pueda atender las necesidades inmediatas en diversas áreas de las comunidades en los municipios priorizados. Favorecer la contratación de empresas y cooperativas de las comunidades donde se desarrollen las obras de construcción, refacción, habilitación de las unidades de producción socialista contribuyendo con la Construcción de un Nuevo Modelo Productivo. Adquirir materiales, mobiliarios, equipos y herramientas tecnológicas, con el fin de mejorar y favorecer el fortalecimiento de pequeñas, medianas empresas y sobre todo las de carácter mixto. VI. ESTRATEGIAS Realizar la construcción de las obras, a un costo razonable y en tiempo expedito a través del procedimiento de Consulta de Precios, previsto en la Ley de Contrataciones Públicas, a fin de evaluar las ofertas más favorables para los intereses de la Gran Misión A.Toda Vida Venezuela. Diversificar los proveedores que suministran bienes y servicios para la ejecución de los planes y proyectos, seleccionado a aquellas empresas que presenten las mejores ofertas técnicas y económicas y demuestren sus capacidades técnicas, financieras y legales. VII. ENTES EJECUTORES El presente Plan será coordinado por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y ejecutado por cualquiera de sus entes adscritos. Este Plan Excepcional será ejecutado directamente bajo los Relaciones Interiores y Justicia y ejecutado por cualquiera de sus entes adscritos, mediante la celebración de contratos y/o convenios interinstitucionales y de cogestión con otros órganos o entes públicos o privados, o con las comunidades organizadas a través de las diferentes formas asociativas previstas en la Ley. VIII. PERÍODO DE EJECUCIÓN El período de ejecución del Plan será de TREsCIENTOs . (300) DÍAs coNTINUOS, contados a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela del Decreto de aprobación del mismo. IX. RECURSOS FINANCIEROS El costo del Plan asciende a la cantidad de UN MIL . DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA página original (tal como se publicó) [Página 7] Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 1.019.957.535,00), a ser financiado con recursos provenientes del Fondo Miranda aprobados por el Ejecutivo Nacional, mediante Puntos de Guenta Nos. 028, 029, 030, 031 y.032 de fechas 20 de junio de 2012, respectivamente. El referido "PLAN EXCEPCIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEzuELA", será ejecutado bajo los, lineamientos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y. Justicia, a través de sus entes adscritos. Decreto N° 9.181. 12 de septiembre de 2012 HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la República En cumplimiento del deber histórico de honrar a quienes con su esfuerzo, sacrificio y entrega han contribuido a la consolidación del supremo ideal de la felicidad y de la libertad de los pueblos, en especial en este tiempo histórico de lucha por los valores culturales de la humanidad y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el numeral 3° del artículo 156 y el numeral 2° del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículo 2° y 8º de la Ley sobre la Condecoración "Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela". CONSIDERANDO Que Vicente Fernández Gómez, con su vida, trayectoria y entrega, desde temprana edad se ha dedicado con gran constancia a promover y difundir los valores artísticos y musicales de la América Grande, divulgando en todo el continente y el mundo entero con su poesía y su lírica las vivencias cotidianas de nuestros pueblos. CONSIDERANDO Que Vicente Fernández Gómez ha realizado grandes aportes en la cuitura musical de Méjico y de Nuestra América, destacando entre sus composiciones el gran amor que procesa al pueblo humilde, dejando en alto su nombre. CONSIDERANDO Que siendo el Mariachi declarado por la UNEsco Patrimonio Cultural Inmaterial del mundo, y Vicente Fernández Gómez, un respetuoso, fiel y destacado representante de este género musical latinoamericanista. DECRETO Artículo Único. Se otorga la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su Segunda Clase ("Lanza") a Vicente Fernández Gómez, el hijo del pueblo, fiel representante de la música, sirviendo de inspiración para el amor y la hermandad de Nuestra América. ¿Honor y Gloria! "Dios concede la victoria a la constancia". Simón Bolívar. Independencia y Patria, Socialista iViviremos y Venceremos! Dado en Caracas, a los doce días del més de septiembre de dos mil doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la Federación y 13° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.) HUGO CHAVEZ FRIAS VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DESPACHO DEL VICEIPRESIDENTÉ EJECUTIVO NÚMERO: 021 CARACAS, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2012 AÑOS 202° y 153° Por cuanto, en el Decreto Nº 8.800, de fecha 14 de febrero de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.874 de fecha 1° de marzo de 2012, se ordenó la supresión y liquidación de la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela (FUDECO), Por cuanto, para el cumplimiento de los fines del Estado el Ejecutivo Nacional debe adoptar distintos mecanismos administrativos y legales que permitan los cambios en las estructuras públicas, ejecutando los actos de disposición relacionados con los activos, bienes y derechos que formen parte o se encuentren en posesión o bajo la administración de la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezueia (FUDECO), Por cuanto, es compromiso del lEstado cumplir a cabalidad con los Principios de eficacia, transparencia, cooperación y eficiencia previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, El Vicepresidente Ejecutivo, designado mediante Decreto N° 7.192 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.355, de fecha 27 de enero de 2010, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 33 del Decreto Nº 8.800, de fecha 14 de febrero de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.874 de fecha 1° de marzo de 2012, mediante el cual se ordenó la supresión y liquidación de la Fundación para el Desarrolio de la Región Centro Occidental de Venezueia (FUDECO), página original (tal como se publicó) [Página 8] RESUELVE Artículo 1. Prorrogar por un lapso de seis (06) meses, contado a partir del 12 de septiembre de 2012, el plazo para la supresión y liquidación de la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela (FUDECO). Artículo 2. Los miembros de la Junta Liquidadora de la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela (FUDECO), designados mediante Recolución N° 007, de fecha 02 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 39.876 de fecha 05 de marzo de 2012, continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la culminación de la prórroga indicada en el artículo 1 de la presente Resolución. Artículo 3. La presente Resoiución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana .de Venezuela. NARIANA Pnamuguase y publíquese, PÚBLICA JALA MILANO * **Vicepresidente Ejecutivo MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS epública Boliveriane de Venezsele Superintendencla de las instituciones del Sector Bancario RESOLUCIÓN NÚMERO: 147.12 FECHA:1 2 SEP 20 El Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 5 del artículo 160 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, en concordancia con el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, RESUELVE 1. Delegar en el cudadano Miguel Alexander Caraballo Araque, titular de la cédula de identidad N° V-12.561.948, quien ejerce el cargo de. Abogado Integral I en la Oficina de Atención Ciudadana, la firma.de los actos y documentos siguientes: a) Requerimiento de información y documentación. b) Acuses de recibo a comunicaciones de particulares y entes oficiales. c) Remisión de Información. Comuníquese y Publíquese, Edgar Aémández Behrer WO: EPAN -7 -Superintendente B Superintendencia de las Institucianes del Sector Bancario RESOLUCIÓN FECHA: 1 2 SEP 202 NÚMERO: 8 48.12 El Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario, en ejerdcio de las atribuciones que le conflere el numeral 5 del artículo 160 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, en concordancia con el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, RESUELVE 1. Delegar en el ciudadano Jeyzen Enrique Cordovéz Huerta, titular de la cédula de Identidad N° V-14.674.503 quien ejerce el cargo de Abogado Integral I en la Oficina de Atención Cludadana, la firma de los actos y documentos siguientes: a) Requerimiento de Información y documentación. b) Acuses de recibo a comunicaciones de particulares y entes oficiales. c) Remisión de información. Comuníquese y Rublíquese, Edgar Hemnändez Behretis Superintendente MISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELÀ MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO DESPACHO DE LA MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO-DM/NÚMERO 078.- Caracas, 10 de septiembre de 2012 201°, 152°y13° RESOLUCIÓN Quien suscribe EDMÉE BETANCOURT DE GARCÍA, venezolana, titular de la cédula de identidad N° 3.210.071, designada según Decreto N° 8.020 de fecha 27 de enero de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.018 Extraordinario, de fecha 29 de enero de 2011; de conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 34, 62 y 77 numeral 15 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008; en concordancia a lo previsto en el artículo 4 de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012 y lo establecido en el articulo 86 numeral 2 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público Sobre el Sistema Presupuestario;se procede a la publicación del Traspaso de Créditos Presupuestario entre Gastos de Capital del Ministerio del Poder Popular para el Comercio por la cantidad de SEsENTA MIL, BOLIVARES CON CERO CÉNTIMOS (Ba. 60.000,00), el CUa fue aprobado por este ministerio, mediante Oficio Interga No. 484 en fecha 31 de agosto de 2012, de acuerdo siguiente imputación: RESUELVE Fuente de Financiamiento: Ingresos Ordinarios CEDENTES: MINISTERIO DEL FODER POPULAR PARA EL COMERCIO MONTO IMPUTACIÓ (Bs.) CÓDIGO DENOMINACIÓN PREPUESTARIA UNIDAD EJECUTORA Gestión Oficina de 00006 60.000 LOCAL, Adiministrativa Apoyo institucional a las ACCIÓN ESPECÍFICA 530002001 60.000 acciones específicas de los proyectos del organismo Maquinarias y equipos de IMPUTACIÓ 404.03.04.00 20.000 artes gráfica.s y PRESUPUESTARIA reproducción (PART. GEN. ESFE. Vehículos automotores 404.04.01.00 8UB-ESP.) 20.000 terrestres tracción no IMPUTACIÓ Vehículos de 10.000 404.04.05.00 motorizados PRESUPUESTARIA (PART. GEN. ESFE. 404:99.01.00 Otros activas reales 10.000 SUB-ESP.] RECEPTORAS: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO MONTO (Bs.) IMPUTACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA UNIDAD EJECUTORA de Gestión 60.000 Oficina .00006 Administrativa LOCAL Apoyo institucional a las 60.000 accionesespecificas de ACCIÓN ESPECIFICA 530002001 del proyectos los organismo IMPUTACIÓ 60.000 PRESUPUESTARIA Equipos de 404.05.01.00 (PART. GEN. ESFE. telecomunicaciones 8UB-ESP.] Comuniquese y Publiquese, Por el Ejecutivo Nacional, EDMÉE E TANCOURT DE GARCÍA MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIGIA. página original (tal como se publicó) [Página 9] MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS CARACAS, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2012 AÑOS 202° Y 153 PROVIDENCIAINTI N°_1S47 Yo, M/G. LUIS A. MOTTA DOMINGUEZ, venezolano, mayOr de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° 4.423.539, actuando en este acto en mi carácter de Presidente del Instituto Nacional de Tierras, designado mediante Decreto Presidencial-N° 8.794 de fecha 02 de febrero de 2012, publicado en ia Gaceta Oficiai de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.856 de la misma fecha y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artícuio 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 126, numeral 9 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, DESIGNO al CUdadaNO HECTOR SEGUNDO HERNANDEZ UZCATEGUI, titular de la cédula de Identidad N° V- 4:702.332, como CO0RDINADOR REGIONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE TEERRAS DEL ESTADO BARENAS, desde la fecha de su notificación. Asimismo, en uso de las facultades que me confiere el artículo 34 del Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, delego ia atribución y firma de actos y documentos así como también la certificación de documentos administrativos que conciernen y competen a su cargo. Comuníquese y Publíquese. M/G. LUÍS A. MOTTADOMINGUEZ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y FIERRAS INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS CARACAS, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2012 AÑOS 202° Y 153 Yo, M/G. LUIS A. MOTTA DOMzNGUEZ) venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de ia Cédula de Identdad No 4.423:539, actuando en este acto en mi carácter de Presidente del Instituto Nacional de Tierras, designado mediante Decreto Presidencial N° 8.794 de fecha 02 de febrero de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de fa República Bolivariana de Venezuela No 39.856 de la misma fecha y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 5, numerai 5 de la Ley del. statuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 126, numéral 3 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, DESIGNO al cludadano REIMY STEVE REYES PENTO, ttular de la céduia de Identidad N° V- 11.668,767, como GERENTE DE FUNDOS ZAMORANOS, desde la fecha de su notificación. Asimismo, en uso de las facultades que ms confiere el artícuio 34 del Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de -Léy. Orgánica de la Administración Púbiica, delego la atribución y firma de actas y documentos así como también la certificación de documentos administrativos que conciernen y competen a su cargo. Comuníquese y Publíquese. MAYOR GENERAL LUIS ALPREDO MOTTA DOMINGU Presidente del Instituto Naciana dé Teas NACYOILA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS CARACAS, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2012 AÑOS 202° Y 153 1571 PROVIDENCIA INTI N° Yo, M/G. LUIS A. MOTTA DOMINGUEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° 4.423.539, actuando en este acto en mi carácter de Presidente dei Instituto Nacional de Tierras, designado mediante Decreto Presidencial N° 8.794: de fecha 02 de febrero de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.856 de la misma fecha y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 126, numeral 9. de la Ley de Tierras y Desarrollio Agrario y el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, DESIGNO a la ciudadana 3ACQUELINE COROMOTO MÉNDEZ MÉNDEZ, titular de la cédula de Identidad N° V- 12.500.1.08, COmo GERENTE DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRARIA, desde la fecha de su notificación. Asimismo, en uso de las facultades que me confiere el artículo 34 del Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, delego la atribución y firma de actos y documentos así como también la certificación de documentos administrativos que conciernen y competen a su cargo. Comuníquese y Publíquese. MAYOR GENERAL LUIS ALFREDO MOTTA PÓMINGUEZ Presidente del Instituto Nacional de tierras WACICN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. ENSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRICOLA INTEGRAL. PRESIDENCIA/INSAI N° 29 CARACAS, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012 AÑOS 202° y 153º En ejercicio de las facultades que me confiere el Artículo. 61, numeral 4, del Decreto Nº 6.129, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Salud Agrícola Integral, de fecha 03 de junio de 2008, publicado en ia Gaceta Oficiai de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario, de fecha 31 de julio del 2008, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto No 8.787 de fecha 27 de enero de 2012, dictado por la Presidencia de la Republica, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela N° 39.852, de fecha 27 de enero de 2012, y el Artículo 5, numeral 5, de la Ley del Estatuto de la Función Pública, este Despacho dicta la sigulente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Primero: Designar, a partir del 12 de Septlernbre de 2012, al ciudadano PETER 3HOAN ANGOLA.BOLIVAR, titular de la cédula de identidad N° V- 13.215.951, como Director de la Sociobioregiòn Sur, Estado Bolivar. egundo. De conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, se delega la competencia y firma de los actos administrativos y documentos concemientes a las atribuciones y actividades de esa Oficina a su cargo: Comupíquese yPutlíiqueg PERO 3S MORENO MC DE SALUD AGRICOLA INTEGRAL MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA LAAGRICULTURA Y TIERRAS, PARA EL COMERCIO, PARA LA ALIMENTACIÓN, DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS Y DE INDUSTRIAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. DESPACHO DEL MENISTRO. RESOLUCIÓN DM/N° 078/2012. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO. DESPACHO DE LA MINISTRA. RESOLUCIÓN DM/N° 081/2012. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN. DESPACHO DEL MINISTRO. RESOLUCIÓN DM- 057-12. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS. DESPACHO DEL MINISTRO. RESOLUCIÓN DM/N° 3.250. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS. RESOLUCIÓN DM/N° 086/2012 CARACAS, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012, AÑÓS 202° Y 1530 Por cuanto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el Estado debe garantizar la seguridad alimentaria de fa población, la cual se aicanzará desarrollando y privilegiando fa producción primaria de las actividades agrícolas, vegetal, pecuario, acuícola, pesquera y forestal, en tal sentido le corresponde dictar medidas de orden financiero, comercial, y cualquiera que fueren necesarias para alcanzar los niveles estratégicos de autoabastecimiento y promover acciones para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola; página original (tal como se publicó) [Página 10] Por cuanto, le corresponde al Ejecutivo Nacional promover e impulsar la competitividad del sector agrícola del país, para lo cual es necesario constituir e instrumentar una política comercial; Por cuanto, las políticas comerciales deben considerar mecanismos e instrumentos de aplicación adaptados a la dinámica agrícola y permitir ajustes razonables para mantener un equilibrio sectorial; De conformidad con lo establecido en el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las atribuciones previstas en el artículos 4, 10, 12, 23, 24, 44, 45, 60, 62 y 77, numerales 1, 3, 9, 19 y 27, del Decreto No. 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 5.890, Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, en el numeral 4 del artículo 20 del Decreto No. 6.071 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 5.889, Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, en el artículo 5 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.358, de fecha 01 de febrero de 2010; en concordancia con lo estipulado en los artículos 14 numerales 1 y 18, 1.1 numeral 1 y 11, 26 numerales 1, 11 y 21, del Decreto No. 6.732 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.202 de fecha 17 de junio de 2009, artículo 2 numerales 1 y 10 del Decreto 7.187 mediante el cual se fusionan el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo y el Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas para conformar el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.377 de fecha 2 de marzo de 2010, concatenado con el artículo 2, numerales 1 y 14, del Decreto 8.609 de fecha 22 de noviembre de 2011, Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.058, mediante el cual se suprime el Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería y se crea el Ministerio deí Poder Popular de Industrias, Estos Despachos dictan la siguiente, RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE FDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL EL PRECIO MÁXIMO DE VENTA (PMV) DEL. CAFÉ VERDE PAGADO AL PRODUCTOR NACIONAL Artículo.1. Se fijan los precios para las diferentes calidades de café verde, pagados al productor primario en todo el territorio nacional, puesto en-los sitios de recepción habitual, conforme a la siguiente tabla: PRECIO Bs. /Quintal CAFÉ VERDE Lavado Bueno "A". 1.600,00 1.440,00 Lavado Bueno "C" 1.350,00 1.240,00 Natural Bueno 1.090,00 Natural Corriente Artículo 2. Los precios establecidos en el artículo 1 de la presente Resolución, serán pagados por el comprador al productor primario, de contado, en los sitios habituales de recepción. A los efectos de la presente Resolución, se entiende por sitio de recepción habitual, el lugar o establecimiento en el cual el productor entregue o consigne el café verde, a los fines de su acopio o industrialización. establecer las normas de comercialización y distribución aplicables a la cosecha del café verde, dirigido a optimizar los mecanismos de colocación y financiamiento público correspondientes a la mencionada cosecha. Artículo 4. En los casos en que se verifique el incumplimiento de las disposiciones señaladas en esta Resolución, así como de la normativa vigente que rige la materia, el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras actuará conforme a lo establecido en el Título VII del Decreto No. 6.071, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía. Agroalimentaria, sin perjuicio de la aplicación de la Ley para la Defensa de-las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Artículo 5. A partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, quedan sin efecto los Precios Máximos cle Venta (PMV), pagados al productor, de las diferentes calidades de café verde indicadas en el Artículo 1 de esta Resolución, fijados por el Ejecutivo Nacional en Resoluciones anteriores a' ésta. Artículo 6. Se deroga la Resolución Conjunta del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. Despacho del Ministro. Resolución DM/N° 099/2011 Ministerio del Poder Popular para el Comercio. Despacho de la Ministra. Resolución DM/N° 113/2011. Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Despacho del Ministro. Resolución DM/N° 051/2011. Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. Despacho del Ministro. Resolución DM/No 3083. Ministerio del Poder. Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. Despacho del Ministro. Resolución DM/N° 138/201, de fecha 10 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta Ofidial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.798 de fecha 11 de noviembre de 2011. Artículo 7. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, EDMÉE BETANCOURT DE GARCÍA MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA MINISTRO (E) DEL PODER POPULAR EL COMERCIO PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS RICARDO JOSE MENENDEZ CARLOS OSORIO ZAMBRANO PRIETO MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA MINISTRO DEL PODER POPULAR DE LA ALIMENTACIÓN INDUSTRIAS JORGE GIORDANI Ministro del Poder Popular para Planificación y Finanzas MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RUCIÓN ° CARACAS, 1 2 SEP 2012 AÑOS 202° Y 153° De conformidad con lo previsto en los artículos 62, 77.19 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; 6.1.d, 6.3.c de la Ley Orgánica de Educación y 15 del Decreto N° 6.732 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, POR CUANTO Mediante Decreto N° 2.601 de fecha 8 de septiembre de 2003, el Comandante Presidente creó la Comisión Presidencial de Participación Comunitaria para la incorporación y apropiado desempeño en el nivel de educación universitaria de los bachilleres excluidos del Sistema Educativo, teniendo entre sus atribuciones la formulación del Plan Extraordinario "Misión Sucre", momento histórico a partir del cual se inició como política de Estado la universalización de la educación universitaria, lo que implica desarrollar y trasformar la educación universitaria desde las localidades mismas; garantizar la participación de todas y todos en la generación, página original (tal como se publicó) [Página 11] transformación y difusión del conocimiento; reivindicar el carácter humanista de la educación universitaria como espacio de realización y construcción de los seres humanos en su plenitud, en reconocimiento de su cultura, su historia, su ambiente y su capacidad para la creación de lo nuevo, y la transformación de lo existente; fortalecer un nuevo modelo académico comprometido con la inclusión y la transformación social; vincular los procesos de formación, investigación y desarrollo tecnológico con los proyectos estratégicos de la Nación y; arraigar la educación universitaria en todo el territorio nacional, en estrecho vínculo con las comunidades, POR CUANTO En fecha 18 de mayo de 2011, según Resolución Nº 1098, publicada en Gaceta Oficial N° 39.676 de la misma fecha, la Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria creó el Comité para el Direccionamiento Estratégico de la Misión Sucre y.la Misión Alma Mater como expresión de una sola política, con el objeto de dictar sus lineamientos, en el marco de la transformación universitaria, POR CUANTO En el marco de la transformación universitaria y del nuevo impulso en la direccionalidad de la Misión Sucre, corresponde al Órgano con competencia en la materia, garantizar su desarrollo institucional, permanencia y óptimo funcionamiento, redimensionando el alcance administrativo y académico, por lo que se hace necesario e impostergable que atendiendo a una sola política, se asuma estratégicamente las Coordinaciones Estadales de la Misión Sucre desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, actualmente bajo la administración y dirección de la Fundación Misión Sucre, con la finalidad de dar adecuada y oportuna respuesta a los requerimientos presentados por el Poder Popular en el marco de la universalización de la educación, todo ello con criterios de eficacia y calidad revolucionaria, aplicando los principios de la nueva Ética Socialista, de conformidad a las Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, POR CUANTO Es deber del Ejecutivo Nacional velar por la celeridad, eficiencia y eficacia de la Administración Pública, como principios que rigen su funcionamiento, RESUELVE Artículo 1. Se crean las Coordinaciones estadales de la Misión Sucre, las cuales estarán conformadas por un equipo colegiado de cinco (5) Coordinadores o Coordinadoras, las cuales se detallan a continuación: 1. Una Coordinadora o Coordinador General de estado. 2. Una Coordinadora o Coordinador de Desarrollo Institucional. 3. Una Coordinadora o Coordinador de Procesos de Gestlón. 4. Una Coordinadora o Coordinador de Eje. 5. Una Coordinadora o Coordinador de Aidea Universitaria. Los equipos que conforman las Coordinaciones estadales en el marco de la política que orienta al Comité para el Direccionamiento de la Misión Sucre y Alma Mater, serán dirigidos por el Órgano rector en materia de Educación Universitaria, en función de las políticas y directrices que de este emanen a la luz de las exigencias de la transformación universitaria y de las Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Artículo 2. La Coordinadora o el Coordinador General de estado ejercerá las funciones que se detallan a continuación: 1. Coordinar la ejecución de las políticas y lineamientos relativos a la atención integral de las y los triunfadores de la Misión Sucre, en el respectivo estado. 2. Coordinar la ejecución de políticas, normas y procedimientos que rigen los procesos de producción, sistematización, aplicación y socialización del conocimiento generado a través de la experiencia en las Instituciones de Educación Universitaria que acreditan y acompañan los procesos académicos de la municipalización en la Misión Sucre, en el respectivo estado. 3. Servir de enlace entre la Misión Sucre y las Instituciones de Educación Universitaria que acreditan y acompañan los procesos académicos de la municipalización de los Programas Nacionales de Formación que se gestionan en el estado. 4. Coordinar la ejecución de los proyectos sociointegradores de la Misión Sucre, en el respectivo estado. 5. Coordinar el proceso de sistematización y el procesamiento de la base de datos de investigación del estado, manteniendo los registros actualizados de los Programas Nacionales de Formación de la Misión Sucre, tales como horarios, número de triunfadoras y triunfadores por unidades curriculares, programas, las y los docentes colaboradores, entre otros. 6. Promover la participación e integración de las y los docentes colaboradores en la elaboración de los proyectos sociointegradores de la Misión Sucre, en el respectivo estado. 7. Coordinar la supervisión de la gestión académica del personal docente colaborador y de investigación de la Misión Sucre, en el respectivo estado. 8. Supervisar la preservación, guarda y custodia de toda la documentación académica relacionada con los Programas Nacionales de Formación gestionados por las Instituciones de Educación Universitaria que acreditan y acompañan los procesos académicos de la municipalización en la Misión Sucre, en el respectivo estado. 9. Supervisar la aplicación de mecanismos de gestión orientados a apoyar la actualización permanente de los procesos vinculados con el registro y control de estudio de los Programas Nacionales de Formación, gestionados por las Instituciones. de Educación Universitaria que acreditan y acompañan los procesos académicos de la municipalización en la Misión Sucre, en el respectivo estado. 10. Coordinar los procesos de carnetización de las triunfadoras y los triunfadores de la Misión Sucre, en el respectivo estado. 11. Contribuir en la organización y ejecución de los actos de grado de las triunfadoras y los triunfadores de la Misión Sucre, en el respectivo estado. 12. Articular y supervisar los mecanismos de apoyo para la difusión de información con relación a la creación y cierre de Programas Nacionales de Formación, gestionados por las Instituciones de Educación Universitaria que acreditan y acompañan los procesos académicos de la municipalización en la Misión Sucre, en el respectivo estado. 13. Articular y supervisar los mecanismos de apoyo a las políticas de aplicación de los programas de inducción y formación permanente para las y los docentes colaboradores de la Misión Sucre, en el respectivo estado. 14. Orientar y supervisar la disponibilidad, mantenimiento y acondicionamiento de los espacios de aprendizaje que soporten la ejecución de la Misión Sucre, en el respectivo estado. 15. Gestionar los recursos materiales requeridos para la gestión académico-administrativa de los Programas Nacionales de Formación, gestionados por las Instituciones de Educación Universitaria que acreditan y acompañan los procesos académicos de la municipalización en la Misión Sucre, en el respectivo estado. 16. Atender, procesar y dar respuesta a las consultas técnicas, académicas y administrativas que le sean presentadas por parte de las y los actores de la Misión Sucre, en el respectivo estado, en el marco de su competencia. 17. Presentar un informe académico-administrativo, de manera semestral a la máxima autoridad jerárquica del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. 18. Las demás que sean asignadas por la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. Artículo 3. La Coordinadora o el Coordinador de Desarrollo Institucional ejercerá las funciones que se detallan a continuación: página original (tal como se publicó) [Página 12] 1. Coordinar la ejecución de las políticas y lineamientos relativos a la atención integral de las y los triunfadores de la Misión Sucre, en el respectivo estado. 2. Ejecutar las políticas y los lineamientos relativos a la atención integral de las y los triunfadores de la Misión Sucre, en el respectivo estado. 3. Canalizar ante la Coordinadora o el Coordinador General de estado, las sugerencias y reclamos de las triunfadoras y los triunfadores de la Misión Sucre, en el respectivo estado. 4. Socializar la información académica con los diferentes actores de Misión Sucre, en el respectivo estado. 5. Apoyar a la Coordinadora o el Coordinador General de estado en los procesos de cametización de las triunfadoras y los triunfadores de la Misión Sucre, en el respectivo estado. 6. Atender, procesar y dar respuesta a las consultas académicas que le sean formuladas por parte de las y los actores de la Misión Sucre, en el respectivo estado. 7. Presentar un informe académico, de manera semestral a la máxima autoridad jerárquica del Ministerio del Poder Popular para 1a Educación Universitaria. 8. Las demás que sean asignadas por la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. Artículo 4. La Coordinadora o el Coordinador de Procesos de Gestión ejercerá las funciones que se detallan a continuación: 1. Coordinar la ejecución de las políticas y lineamientos relativos a la atención integral de las y los triunfadores de la Misión Sucre, en_el respectivo estado. 1. Evaluar la disponibilidad y uso de los recursos materiales con el fin de planificar las solicitudes oportunas ante la Fundación Misión Sucre. 2. Atender y procesar las consultas administrativas que le sean formuladas por parte de las y los actores de Misión Sucre, en el respectivo estado. 3. Supervisar y acompañar la gestión administrativa del personal docente colaborador y de investigación de la Misión Sucré, en el respectivo estado. 4. Preservar, guardar y custodiar toda la documentación administrativa relacionada con los Programas Nacionales de Formación, gestionados por las Instituciones de Educación Universitaria que acreditan y acompañan los procesos académicos de la municipalización en la Misión Sucre, en el respectivo estado. 5. Apoyar a la Coordinadora o al Coordinador General de estado en los procesos de cametización de las triunfadoras y los triunfadores de la Misión Sucre, en el respectivo estado. 6. Solicitar ante la instancia competente los recursos requeridos para la organización y ejecución de los actos de grado de las triunfadoras y los triunfadores de la Misión Sucre, en el respectivo estado. 7. Supervisar la recolección y sistematización de la información estadística de la Misión Sucre, en el respectivo estado. 8. Socializar la información administrativa con los diferentes actores de la Misión Sucre, en el respectivo estado. 9. Presentar un informe administrativo, de manera semestral a la máxima autoridad jerárquica del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. 10.Las demás que sean,asignadas por la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. Artículo 5. La Coordinadora o el Coordinador de Eje ejercerá las funciones que se detallan a continuación: 1. Ejecutar las políticas y lineamientos relativos a la atención integral de las triunfadoras y los triunfadores de la Misión Sucre, en el Eje. 2. Apoyar en la supervisión y control de los Programas Nacionales de Formación de la Misión Sucre en el Eje, en conjunto con las autoridades académicas designadas. por las Instituciones de Educación Universitaria. 3. Supervisar el registro de los niveles de cumplimiento académico, apoyado en el seguimiento científico del desempeño histórico de la aldea, de acuerdo a los requerimientos de cada Programa Nacional de Formación. 4. Apoyar en la ejecución de los proyectos sociointegradores en el Eje, . en conjunto con los equipos de investigación de las Instituciones de Educación Universitaria. 5. Promover la participación e integración de las y los docentes colaboradores en la elaboración de los proyectos sociointegradores de la Misión Sucre, en el Eje.: 6. Realizar y validar el registro de la gestión académica de los Programas Nacionales de Formación de la Misión Sucre, en el Eje. 7. Apoyar en la actualización permanente de los procesos vinculados con el registro y control de estudio de los Programas Nacionales de Formación : pre-inscripción, inscripción, registro de calificaciones y egresos, en el Eje. 8. Mantener los registros actualizados de los Programas Nacionales de Formación de la Misión Sucre, tales como horarios, número de triunfadoras y triunfadores por unidades curriculares, programas y las y los docentes colaboradores, en el Eje. 9. Participar en los procesos de carnetización en el Eje. 10.Contribuir en la organización y ejecución de los actos de grado, en el Eje. 11.Difundir información con relación a la creación y cierre de Programas Nacionales de Formación de la Misión Sucre, en el Eje. 12.Acompañar el plan de visitas a las aldeas universitarias de la Misión Sucre en el Eje, en conjunto con las autoridades académicas designadas por las Instituciones,de Educación Universitaria. 13.Socializar la información académico-administrativa con los diferentes actores de la Misión Sucre. . 14.Cumplir otras funciones que le sean asignadas por la Coordinadora General o el Coordinador General de estado de la Misión Sucre. Artículo 6. La Coordinadora o el Coordinador de Aldea Universitaria ejercerá las funciones que se detallan a continuación: 1. Ejecutar las políticas y los lineamientos relativos a la atención integral de las triunfadoras y los triunfadores de la Misión Sucre de la Aldea Universitaria. 2. Articular con las Coordinadoras y los Coordinadores de los Programas Nacionales de Formación de las Instituciones de Educación Universitaria, para la atención integral de las triunfadoras y los triunfadores de la Misión Sucre de la Aldea Universitaria. 3. Apoyar en la supervisión y control de los Programas Nacionales de Formación de la Misión Sucre en la Aldea Universitaria, manteniendo un registro de los niveles de cumplimiento académico, con un seguimiento científico del desempeño histórico de la Aldea Universitaria, de acuerdo a los requerimientos de cada Programa Nacional de Formación. 4. Apoyar en la ejecución de los proyectos sociointegradores en la Aldea Universitaria, en conjunto con los equipos de investigación de las Instituciones de Educación Universitaria. 5. Promover la participación e integración de las y los docentes colaboradores en la elaboración de los proyectos.sociointegradores de la Misión Sucre, en la Aidea Universitaria. 6. Supervisar y acompañar la gestión académica del personal docente colaborador y de investigación de la Aldea Universitaria, en conjunto con las autoridades académicas designadas por las Instituciones de Educación Universitaria. 7. Realizar la actualización permanente de los procesos vinculados con el registro y control de estudio de los Programas Nacionales de Formàción: pre-inscripción, inscripción, registro de calificaciones y egresos, en la Aldea Universitaria. 8. Realizar los registros de los Programas Nacionaies de Formación de la Misión Sucre, tales como horarios, número de triunfadoras y triunfadores por unidades curriculares, programas, las y los página original (tal como se publicó) [Página 13] docentes colaboradores e 3 Aldea Universitaria, en conjunto con las autoridades academia. : : designadas por las Instituciones de Educación Universitaria. 9. Preservar, guardar y custoc:ar toda la documentación académica y administrativa relacionada con los Programas Nacionales de Formación de la Misión Sucre de la Aldea Universitaria, con el apoyo de las autoridades académicas designadas por las Instituciones de Educación Universitaria. 10. Solicitar oportunamente los recursos materiales para la gestión académica y administrativas de los Programas Nacionales de Formación de la Misión Sucre de la Aldea Universitaria. 11. Distribuir los recursos para la formación de los Programas Nacionales de Formación en la Aldea Universitaria. Participar en los procesos de carnetización, en la Aldea .12. Universitaria. 13. Difundir información con relación a la creación y cierre de Programas Nacionales de Formación de la Misión Sucre, en el área de influencia de la Aldea Universitaria. Recibir y canalizar sugerencias y reclamos del pago de 14. asignaciones del equipo colaborador de la Aldea Universitaria. 15. Mantener el registro de bienes nacionales de la Aldea Universitaria. Cumplir otras funciones que le sean asignadas por la 16. Coordinadora o el Coordinador de Eje de la Misión Sucre. Artículo 7. Las Coordinadoras o los Coordinadores Generales de estado, las Coordinadoras o los Coordinadores de Desarrollo Institucional, las Coordinadoras o los Coordinadores de Procesos de Gestión, las Coordinadoras o los Coordinadores de Eje y las Coordinadoras o los Coordinadores de Aldea Universitaria, que voluntaria y altruistamente sirven de apoyo, enlace administrativo y académico de la Misión Sucre en todo el territorio nacional, en virtud de lo preceptuado en el artículo 1 de la presente Resolución, serán designadas y designados por la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, y deberán enmarcar su actuación de conformidad con las políticas y directrices emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria a través del Comité Estratégico para el Direccionamiento de la Misión Sucre y Alma Mater. Artículo 8. Se delega, previa consulta al Comité Estratégico para el Direccionamiento de la Misión Sucre y Alma Mater, en la Viceministra o Viceministro de Desarrollo Académico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria la designación de las Coordinadoras o Coordinadores de Ejes, así como las Coordinadoras y los Coordinadores de Aldeas Universitarias de la Misión Sucre, en virtud de lo preceptuado en el artículo 1 de la presente Resolución. Artículo 9. El Comité para el Direccionamiento de la Misión Sucre y de la Misión Alma Mater, en el marco del objeto de la presente Resolución y de conformidad con lo previsto en el artículo 2.3 de la Resolución Nº 1.098 de fecha 18 de mayo de 2011, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.676 de ía misma fecha, rediseñará y desarrollará un nuevo modelo. organizativo de la Misión Sucre, el cual debe propender a la inclusión progresiva de las instancias operativas, de enlace y apoyo en la universalización de la educación, al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Artículo 10. Las dudas o controversias que surjan de la ejecución de la presente Resolución serán resueltas por la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. Artículo 11. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Se deja sin efecto la Resolución N° 3.162 de fecha 02 de mayo de 2012, publicada en Gaceta Oficial N° 39.913 dela-misma fecha. —MARLZNIE YADIRA CÓROVAON UN Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 3482 CARACAS, 1 2 SEP 2012 AÑOS 202° Y 153° De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suscrito el 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009, RATIFICANDO Que sólo la unidad de los países latinoamericanos y caribeños, basada en los principios de cooperación, complementariedad, ayuda mutua y solidaridad, permitirá preservar y consolidar la independencia, . la soberanía y nuestras identidades, RECONOCIENDO Que la educación es un proceso político socializador fundamental que debe estar en función de la transformación de nuestras realidades a favor de la dignificación de la vida y de la construcción de la unión de los pueblos del Sur, POR CUANTO La educación es un derecho humano y un deber social fundamental del Estado, por consiguiente es de importancia estratégica impulsar la democratización y universalización de la educación universitaria, POR CUANTO Es necesario impulsar la integración de los sistemas educativos de los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América con la finalidad de fortalecer ef proceso de unión y reconocimiento mutuo de las realidades sociales, políticas económicas, culturales y ambientales de nuestros países, POR CUANTO La movilidad académica debe estar en función del desarrollo gran-nacional de nuestros países y de la región latinoamericana y caribeña, POR CUANTO El reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicia profesional constituye un paso fundamental para fortalecer el proceso de unidad que se construye en el seno de la Alianza Bolivaríana para los Pueblos de Nuestra América, POR CLIANTO La Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos de la República de Cuba, en fecha. 11 de julio de 2012, otorgó el título de Licenciada en Tecnología de la Salud Perfil Traumatología, a la ciudadana Carla Carolina Cardona Cardenas, quedando registrado en el Folio 69, N° 9539 del Libro correspondiente a la Secretaría de ese Centro de Educación Superior, POR CUANTO - La ciudadana Carla Carolina Cardona Cardenas presentó su solicitud de reconocimiento de título por escrito ante la Comisión de Registro y Seguimiento del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la cual se pronunció positivamente sobre la veracidad de los datos personales y sobre la autenticidad del título, en fecha 21 de agosto de 2012, RESUELVE ARTícuLo 1: Reconocer los estudios conducentes al Título de Pregrado de LICENCIADA EN TECNOLOGÍA DE LA SALUD PERFIL TRAUMATOLoGÍA, conferido por la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, en la República de Cuba, a la ciudadana que se menciona a continuación: Cédula de Identidad Nombre y Apellidos Carla Carolina Cardona Cardenas V.- 17.484.303 ARTícuLo 2: El reconocimiento de estudios que se otorga a través de la presente Resolución, facuitará a la precitada ciudadana para la continuación de estudios universitarios, según lo establecido en el artículo 6 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suscrito el 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009. ARTicuLo 3: El reconocimiento de estudios que se otorga a través de la presente Resolución, facultará a la precitada ciudadana para el ejercicio profesional, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suscrito el 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009. MARLENE YADIRA CÓRDOUAO Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria página original (tal como se publicó) [Página 14] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA CARACAS, 1 2 SEP 202 RESOLUCIÓN N° 3483 AÑOS 202° Y 153° De conformidad con lo establecido en los artículos 62, 77.19 y 92 del Decreto N° 6.217, con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con el artículo 6 de la Resolución N° 192, de fecha 13 de octubre de 1999, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.808, de fecha 15 de octubre de 2008, contentiva del Proceso de Reestructuración al Servicio Público de Educación Superior impartido por los Institutos y Colegios Universitarios Oficiales del país, POR CUANTO Compete al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la regulación, formulación y seguimiento de políticas, planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de educación universitaria, lo cual comprende la orientación, programación, desarrollo, promoción, coordinación, supervisión, control y evaluación del sistema educacional de ese nivel, POR CUANTO La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria es la máxima autoridad jerárquica de los Institutos Universitarios de Tecnología y Colegios Universitarios, como órganos desconcentrados de este Ministerio, POR CUANTO El supremo compromiso, la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo y la refundación de la República Bolivariara de Venezuela, basados en principios humanistas, se sustentan en condiciones morales y éticas que persiguen el desarrollo de la patria y del colectivo, RESUELVE Artículo 1: Designar al Ciudadano FANjIO HUMBERTO SUPERLANO osorIo, titular de la cédula de identidad N° V-4.205.681, como responsable del área socio-académica, incorporándose así a la Comisión de Modernización y Transformación del Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología "Paulo Frelre"(IALA). Artículo 2: El ciudadano designado mediante la presente Resolución, le Decreto N° 865, de fecha 27 de septiembre de 1995, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.995 Extraordinario, contentivo del Reglamento de Institutos y Colegios Unisersitarios, correspondientes al Subdirector Académico. Artículo 3: El ciudadano designado mediante la presente Resolución, deberá enmarcar sus actuaciones en lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República y el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Artículo 5: El ciudadano designado' mediante la presente Resolución deberá rendir cuentas de las atribuciones asumidas, a la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, en los términos y condiciones que determine la ley. Artículo 6: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publlquese. MARLENE YADIRA CÓRDOVA Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N°384 CARACAS, 12 SEP 202 AÑOS 202° Y 153° De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suscrito el 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009, RATIFICANDO Que sólo la unidad de los países latinoamericanos y caribeños, basada en los principios de cooperación, complementariedad, ayuda mutua y solidaridad, permitirá preservar y consolidar la independencia, la soberanía y nuestras identidades, RECONOCIENDO Que la educación es un proceso politico socializador fundamental que de la dignificación de la vida y de la construcción de la unión de los pueblos del Sur, POR CUANTO La educación es un derecho humano y un deber social fundamental del Estado, por consiguiente es de importancia estratégica impulsar la democratización y universalización de la educación universitaria, POR CUANTO Es necesario impulsar la integración de los sistemas educativos de los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América con la finalidad de fortalecer. el proceso de unión y reconocimiento mutuo de las realidades sociales, políticas económicas, culturales y ambientales de nuestros países, POR CUANTO La movilidad académica debe estar en función del desarrollo gran-nacional de nuestros países y de la región latinoamericana y caribeña, POR CUANTO El reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectes de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional constituye un paso fundamental para fortalecer el proceso de unidad que se construye en el seno de la Alianza Bollvariana para los Pueblos de Nuestra América, POR CUANTO La Universidad de Ciencias Médicas de Granma de la República de Cuba, en fecha 13 de julio de 2012, otorgó el título de Licenciado en Tecnología de la Salud en Rehabilitación Social y Ocupacional al ciudadano Renny Alexander Ovalles Licett, quedando registrado en el Folio 429, N° 25692 del Libro correspondiente a la Secretaría de ese Centro de Educación Superior, POR CUANTO El ciudadano Renny Alexander Ovalles Licett presentó su solicitud de reconocimiento de título por escrito ante la Comisión de Registro y Seguimiento del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la cual se pronunció positivamente sobre la veracidad de los datos personales y. sobre la autenticidad del título, en fecha 22 de agosto de 2012, RESUELVE ARTícuLo 1: Reconocer los estudios conducentes al Titulo. de Pregrado de LICENCIADO EN TECNOLOGÍA DE LA SALUD EN REHABILITACIÓN SoCIAL Y oCUPACIONAL, conferido por la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, en la República de Cuba, al ciudadano que se menciona a continuación: Cédula de Identidad Nombre y Apellidos V.- 14.798.429 Renny Alexander Ovalles Licett ARTícuLo 2: El reconocimiento de estudios que se otorga a través de la presente Resolución, facultará al precitado ciudadano para la continuación de estudios universitarios, según lo establecido en el artículo 6 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suscrito el 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venez'ue'a N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009. ARTícuLo 3: El reconocimiento de estudios que se otorga a través de la presente Resolución, facultará al precitado ciudadano para el ejercicio profesional, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suscrito el 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009. . Comuníquese y Publiquese,: MARLENE YADIRA CORDOVA Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N°3-186 CARACAS, 12 SEP 2012 AÑOS 202° Y 153° De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Titulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de ta Altemativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América República Bolivariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009, RATIFICANDO Que sólo la unidad de los países latinoamericanos y caribeños, basada en los principios de cooperación, complementariedad, ayuda mutua y solidaridad permitirá preservar y consolidar la independencia, la soberania y nuestras identidades; . página original (tal como se publicó) [Página 15] RECONOCIENDO Que la educación es un proceso político socializador fundamental que debe estar en función de la transformación de nuestras realidades a favor de la dignificación de la vida y de la construcción de lai unión de los pueblos del Sur; POR CUANTO Que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental del \Estado, es de importancia estratégica impulsar la democratización y Auniversalización de la educación universitaria; POR CUANTO La necesidad de impulsar la integración de los sistemas educativos de los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a fin de fortalecer el proceso de unión y reconocimiento mutuo de. las realidades sociales, politicas económicas, culturales y ambientales de nuestros países; POR CUANTO Que la movilidad académica debe estar en función del desarrollo grannacional de nuestros países y de la región latinoamericana y caribeña; POR CUANTO Que el reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional constituye un paso fundamental para fortalecer el proceso de unidad que se construye en ei seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA); RESUELVE ARTÍCULO 1: Reconocer Ios estudios conducentes al Título de LICENCIADA EN ENFERMErIA, conferido por ia Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, en la Ciudad de Santiago de Cuba, República de Cuba, a la ciudadana que se menciona a continuación: Nombre y Apellidos Cédula de Identidad Marilys del Valle García Ortiz 15.933.635 ARTícuLo 2: El reconocimiento de estudios que se otorga a través de la presente Resolución, facultará a la precitada ciudadana para la continuación de estudios universitarios, según lo establecido en el artículo 6 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Dipiomas de ducación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana ,para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suscrito el 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009. ARTícuLo 3: El reconocimiento de estudios que se otorga a través de la presente Resolución, facultará a la precitada ciudadana para el ejercicio profesional, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Altemativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suscrito el 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009. Comuníquese y MARLENE YÁDIRAOORDON Ministra del Poder Popular para la Edtieaeion Universitaria REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA CARACAS, 1 2 SEP 2012 RESOLUCIÓN N° 3-486 AÑOS 202° Y 153° De conformidad con 1o previsto en los artículos 106 y 156.24.25 de ta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en -los artículos 45, 62 y 77.2.19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; y con lo establecido en los artículos 6.1.e; 6.2.d y 6.2.e de la Ley Orgánica de Educación, y el artículo 15.1 del Decreto N° 6.670, sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, POR CUANTO El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, ejerce la rectoría del Subsistema de Educación Universitaria, en consecuencia debe garantizar, regular y certificar la calidad de la formación profesional universitaria que se imparte tanto en las instituciones oficiales como en las de gestión privada, así como asegurar la prosecución de las actividades educativas en cuaiquier tiempo o lugar, inclusive en las instituciones de gestión privada, y de igual forma, está en la obligación de regular, supervisar y controlar la creación, funcionamiento y la calidad de la infraestructura educativa de éstas, de acuerdo con los parámetros legales, POR CUANTO El Instituto Universitario Experimental de Tecnología y Agricultura "Simón Bollvar" (IUETASB), es una Institución Universitaria de gestión privada, anteriormente administrada por la Fundación Colegio Experimental de Mundo Unido Simón Bolívar (FUNDACEA), regida por los principios y objetivos de los Colegios del Mundo Unido (United World Colleges), movimiento intemacional con sede en Londres, Reino Unido, Gran Bretaña, cuyos ingresos consistían en los aportes otorgados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, el cobro por concepto de matriculas y mensualidades a las y los estudiantes, y los ingresos propios por concepto de la venta de productos agropecuarios de la Finca Ticoporo del estado Barinas, Jurisdicción del Municipio Pedraza, Ciudad Bolivia entregada en colación por el Estado venezolano como parte del proyecto académico de la precitada Institución, POR CUANTO Su creación y funcionamiento fue autorizada por el Ejecutivo Nacional mediante decreto N° 1,187 publicado .en la Gáceta Oficial de Venezuela N° 33,518 de fecha 23 de julio de 1986; y de acuerdo a lo previsto en los artículo 61 del Reglamento de los Institutos y Colegios Universitarios, publicado- en la Gaceta Oficial de ia República de Venezuela N° 4.995 Extraordinario de fecha 31 de octubre de 1995, quedando pendiente la respectiva protocolización incumpliendo así lo previsto en el artículo 62 del referido Reglamento, POR CUANTO Mediante Resolución N° 3.105 de fecha 16 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.885 de la misma fecha, se le ordenó ai Despacho del Viceministro de Desarrollo Académico implementar conjuntamente con ias autoridades de la Universidad Politécnica Territorial del estado Barinas "José Félix Ribas", un Plan Especial de Reconocimiento y Prosecución de Estudios que permita garantizar a las y los estudiantes provenientes del Instituto Universitario Experimental de Tecnología. y estudios de la carrera conducente a Técnico Superior Universitario en Administración de Fincas, el cual debe desarrollarse en las instalaciones del Instituto Universitario Experimental de Tecnología y Agricultura. "Simón Bolívar" (IUETASB), to que conlleva a que el Ministerio del Poder Popular para ia Educación Universitaria establezca el régimen de administración de las instalaciones académicas y de las diferentes unidades. de producción de la finca, perteneciente a la referida Institución. de Educación Universitaria, con la finalidad de garantizar la prestación del servicio educativo y de investigación, POR CUANTO La Fundación Colegio Experimental del Mundo Unido Simón Bolívar (FUNDACEA),se subrogó de forma unilateral y arbitraria, a través de su acta constitutiva la administración y dirección del Instituto Universitario Experimental de Tecnología y Agricultura "Simón Bolívar" (IUTEASB), incumpliendo con lo estipulado en el articulo 5 del Decreto que autoriza la creación y funcionamiento del referido Instituto, con posterior abandono de las instalaciones donde funcionará, desamparando y dejando en estado de indefensión a sus estudiantes, trabajadores y trabajadoras, POR CUANTO Ante esta situación especial que atraviesa el Instituto Universitario Experimental de Tecnología y Agricultura "Simón Bolívar" (IUETASB), sumado a la insolvencia e insustentabilidad económico-financiera del mismo, lo que le ha impedido seguir prestando el servicio educativo de calidad, han quedado debidamente cubiertos y justificados los extremos de la faculta.d de avocamiento por parte de este Ministerio para garantizar el fomento de la educación y de la formación técnica, económica y socioproductiva, y así contribuir con la seguridad y soberanía agroalimentaria de todas y todos los venezolanos, RESUELVE Artículo 1.: Se ordena constituir una Junta Administradora Especial, de carácter temporal, con facultades administrativas y contables, a la cual le corresponderá supervisar y controlar la producción, la compra, la venta, el almacenamiento, el procesamiento industrial, así como, la comercialización de los productos derivados de las actividades que son intrínsecas ai Instituto Universitario Experimental de Tecnología y Agricultura "Simón Bolívar" (IUETASB), a los fines de garantizar la continuidad de la docencia, la investigación y la extensión así como la actividad productiva, evitando se ocasione un daño irreparable a ias y los estudiantes, las trabajadoras, los trabajadores, a las instalaciones y a la comunidad en general. Artículo 2.: La Junta Administradora Especial de carácter temporal estará conformada por: tres (3) representantes designados por la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria; un (1) representante de la Universidad Politécnica Territorial del estado Barinas "José Félix Ribas"; y un (1). representante por la Fundación para el Desarrollo Endógeno del Instituto Universitario de Tecnología del estado Barinas (FUNDEIUTEBA), quienes ejercerán sus funciones en. la Junta Administradora Especial con carácter Ad- Honorem. Las decisiones de la Junta Administradora Especial de carácter temporal, deberán ser adoptadas por consenso entre sus miembros, en caso de no existir acuerdo, las decisiones se adoptarán por la mayoría de estos. Artículo 3.: Se designan como miembros de la-Junta Administradora Especial a los ciudadanos y ciudadanas que se mencionan a continuación: En representación del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria: LUIS FRANCISCO BONILLA MOLINA, titular de la cédula de identidad N° V- 5.742.307, como Presidente de la Junta Administradora Especial. RUBÉN DARIO REINOSO RATJES, titular de la cédula de identidad N° . V-4.576.1.18. MARIBEL ROSARIO CONTRERAS, titular de la cédula de identidad N° 9 V-5.117.027. En representación de la Unjversidad Politécnica Territorial del estado Barinas "José Félix Rivas": RUBÉN JOSÉ CASTILLO SANTOS, titular de la cédula de identidad N° V- 5.116.796. En representación de la Fundación para el Desarrollo Endógeno del Instituto Universitario de Tecnología del Estado Barinas (FUNDEIUTEBA): AMBAR YANETH JAIMES ARIAS, titular de la cédula de identidad N° V- 14.784.802. Artículo 4.:. La Junta Administradora Especial de carácter temporal, tendrá amplias facultades de administración para el caba! cumplimiento de las página original (tal como se publicó) [Página 16] actividades de reorganización de la producción agropecuaria, así como la recuperación de los sistemas agroproductivos, la compra, la venta, el almacenamiento, el procesamiento industrial y la comercialización de insumos y productos terminados, además del pago de salarios y beneficios socio laborales de las trabajadoras y los trabajadores del mismo. Parágrafo Primero: Durante la temporalidad de la Junta Administradora Especial se delegará a la Fundación para el Desarrollo Endógeno del Instituto Universitario de Tecnología del estado Barinas (FUNDÉIUTEBA), para que de administrativos, tales como: el manejo de los ingresos de recursos financieros destinados a cubrir gastos y los provenientes por ingresos propios de las actividades productivas del Instituto Universitario Experimental de Tecnología y Agricultura "Simón Bolvar" (IUETASB); el manejo de Ios egresos por pagos a trabajadores y proveedores del mismo; así como cualquier otro que le sea requerido.. Parágrafo Segundo: La Fundación para el Desarrollo Endógeno del Instituto Universitario de Tecnología del estado Barinas (FUNDEIUTEBA), presentará un informe detallado sobre el estado de ingresos y egresos del Instituto, de forma mensual, a la Junta Administradora Especial y establecerá mecanismos administrativos que permitan llevar el control financiero y presupuestario de la recaudación y ejecución de los recursos -destinados a los gastos y proyectos del Instituto, de manera separada a,los recursos de la Fundación, por lo que ésta dará apertura a una cuenta bancaria, tipo corriente, con firma conjunta entre una de las firmas autorizadas de la Fundación y un miembro de la Junta Administradora Especial designado a tal efecto, mediante la cual se manejarán dichos recursos. Artículo 5.: A partir de los ocho (8) días hábiles siguientes de la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de las designaciones de las y los miembros de la Junta Administradora Especial de carácter temporal, éstos deberán proceder al levantamiento del inventario de los activos, así como de los pasivos laborales. Artículo 6.: La Junta Administradora Especial de carácter temporal, atendiendo los planes de territorialización de la educación universitaria y a la vocación socioproductiva de la localidad, deberá presentar dentro de los quince (15) días continuos siguientes a partir de su designación, un plan de actividades a la Ministra o Ministro del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, de docencia e investigación, así como un plan que permita potenciar la actividad agroproductiva, A tal efecto, la Junta Administradora Especial de carácter temporal, contará con un equipo asesor multidisciplinario área de recursos humanos y un (1) especialista en el área agrícola, quienes ejercerán sus funciones con carácter Ad-Honorem. Artículo.7.: Las y los miembros de la Junta Administradora Especial de carácter temporal deberán presentar mensualmente ante la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria un informe detallado de las actividades realizadas con una relación de los movimientos de ingresos y egresos derivados de la actividad agrícola. Artículo 8.: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Ministra dersdepular para la Educación Universitaria MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL Caracas, 10 de septiembre de 2012 MPCPS N° 079-2012 202° y 153° RESOLUCIÓN La Ministra del Poder Popular para las Comunas, ISIS TATIANA OCHOA CAÑIZALEZ, designada mediante el Decreto N° 7.508 de fecha 22 de junio de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de la misma fecha, en ejercicio de las facultades que le confieren los articulos 38, 62 y 77, numeral 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en atención a lo dispuesto en los articulos 5, numeral 2, 19 y 20 numeral 6 de la Ley del estatuto de la Función Pública, en concordancia con lo previsto en el artículo 51 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario; de conformidad con lo previsto en el artículo 33 del Decreto N° 6.732 de fecha 2 de junio de 2009 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202 de fecha 17 de junio de 2009; y en el artículo 6 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional de fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969; RESUELVE PRIMERO. Designar al ciudadano JESÚS IGNACIO GUTIERREZ GRATEROL, titular de la cédula de identidad N° V-10.348.639, como DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de este Ministerio, con carácter de Encargado. SEGUNDO. Delegar al ciudadano JESÚS IGNACIO GUTIERREZ GRATEROL, anteriormente identificado, la firma de los actos y documentos relativos a las siguientes atribuciones: 1. La certificación de copias de los documentos cuyos originales reposan en los archivos de la Dirección General a su cargo, inclusive aquellos relacionados con los contratos en general y acreencias no prescritas; 2.- La suscripción de resoluciones que decidan acerca de la procedencia del pago de deudas de años precedentes a su gestión, reconocida en via administrativa o por decisión definitivamente firme emanada de órganos jurisdiccionales; 3.- La suscripción de órdenes de compra, servicios y pago que guarden relación directa o que afecten los créditos presupuestarios acordados para el Ministerio del Poder Popular Para las Comunas y Protección Social, hasta por un monto de once mil unidades tributarias (11.000 Ú.T.), así como la facultad de suscribir los actos en aplicación de la Ley de Presupuesto anual correspondiente al ejercicio fiscai en curso y cualquiera de las modificaciones que sufrieren; 4. Formular la soliciluad de adquisición de divisas ante ei Banco Central de Venezuela para los casos descritos en el articulo 2, según corresponda, el Convenio Cambiario N° 11 relativo a las Normas que establecen ei régimen para la adquisición de Divisas por parte de! Seclor Público; 5.- La suscripción independientemente del monto, de los contratos a celebrarse entre el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social y las empresas de seivicios básicos como: electricidad, gas, agua, telefonía local y móvil, aseo urbano y domiciliario; asi cómo la suscripción de contratos de alquiler de bienes muebles o inmuebles, comodatos, en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento; 6. La suscripción de contratos de obra para ampliación y remodelación de instalaciones pertenecientes al Ministerio, o donde este tenga su sede, asi como los contratos de adquisición de bienes y servicios, hasta por un monto de mil cien unidades tributarias {1.100 U.T.), en cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamentão; 7.- La aceptación, previa consulta de la Dirección General de Consultoría Jurídica, de las finanzas de anticipo, fiei cumplimiento, responsabilidad civil y laborales, otorgadas a favor de esle Ministerio, asi como las comunicaciones mediante las resguardo; 8.- La tramitación para firma de la ciudadana Ministra de los contratos y cartas de crédito, previa revisión de los soportes respectivos por la Dirección General de Consultoría Juridica; 9.- La apertura de cuentas bancarias del Despacho y registro de las firmas de los funcionarios autorizados para movilizarlas; 10.- Movilización de cuentas corrientes y depósitos a la vista, creación y aprobación de fondos sotallorios o avances; 11.- Endosos de cheques y otros títulos de crédito, asi como la autorización para el pago de viáticos y pasajes dei personal adscrito a este Ministerio; TERCERO: El presenlle acto de delegación no conlleva, ni entraña la facultad de subdelegar las atribuciones delegadas. CUARTO: El funcionario objeto de la presente delegación presentará a la Ministra, en la forma en que ésta indique, una lista detallada de los actos y documentos sobre los cuales ejerza fa presente delegación. QUINTO: Los actos y documentos suscritos por el Director General de la Oficina de Gestión Administrativa que sean ejecutados en ejercicio de la presente delegación, deberán indicar bajo la fima del funcionario delegado, la fecha y número de esta Resoluición, asi como la fecha. página original (tal como se publicó) [Página 17] La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Conforme lo establece el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, comuníquese y publiquese. MARANA ISIS TATIANA OCHOA CAÑI /Social Decreto N° 7.508 de fecha 22/06/AYF Gaceta Oficiar-Nº 39.451 de 22/06/10 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL PODER COMUNAL (FUNDACOMUNAL) N° 003/2012 Caracas, 12 de jullo de 2012 Años 202° y 153° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA MARGAUD MARISELA GODOY PEÑA, MARY CARMEN MORENO CARDOZO, ANGÉLICA ROMERO, ISIS TATIANA OCHOA CAÑIZALEZ, PEDRO LUIS MALAVER RUÍZ, MANUEL ANTONIO BRICEÑO y RICARDO JAVIER SÁNCHEZ, VeneZOlanOS, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-15.306.504, V-16.291.026, V13.203.828, V-13.842.775, V-11.552.291, V-14.400.981 y V-15.491.355, respectivamente, actuando con el carácter de Miembros Principales del Consejo Directivo de la Fundación para el Desarrolio y Promoción de! Poder Comunal (FUNDACOMUNAL), creada bajo la denominación de Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN), según Decreto Presidencial N° 688 de fecha treinta de enero de 1962, publicado en Gaceta Oficial N° 26.766 de fecha treinta y uno de enero de 1962, debidamente registrada ante la Oficina Subaltema del Primer Circuito de Registro dei Departamento Libartador, del Distrito Federai en facha 20 de marzo de 1962, bajo el Nº 49, Folio 90 vuelto, Protocolo Primero, Tomo 14, cambiando su denominación según Decreto Presidencial N° 6.342, de fecha 19 de agosto de 2008, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.997 de la misma fecha, se modificó la denominación, objeto y patrimonio de la Fundación, pasando a denominarse Fundación para el Desarrolio y Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL) y cuya última modificación a sus Estatutos fue protocolizada ante la Oficina de Registro Inmobiliario dei Primer Circuito del Municipio Libertador, Distrito Capitai, agregado ai cuademo de comprobantes en fecha 10 de Julio de 1992, bajo el N° 114, Tomo 01, identificada con el Registro de . Información' Fiscai (R.I.F.) N° G-200044462, designación que consta en Resolución N° Bolivariana de Venezuela N° 39.372 de fecha 23/02/2010. en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 6 y 14 del artículo 11 de los Estatutos de la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL), en concordancia con lo dispuesto en los articulos 4 y 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. CONSIDERANDO Que la Administración Pública debe sujetarse al principio de legalidad, el cual consagra que la asignación, distribución y ejercicio de sus competencias se sujeta a lo establecido en la Constituclón de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y los actos administrativos de carácter normativo dictados formal y previamente conforme a democrático, participativo y protagónico, tal como está plasmado en el articulo 4 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. Que los funcionarios superiores de dirección de los órganos y.entes de la Administración Pública, podrán delegar las atribuciones que les estén otorgadas por ley, a los, órganos o funcionarias o funcionarios bajo su dependencia, asi como la firma de documentos en funcionarias o funcionarios adscritos a los mismos, tal como lo consagra el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública en su artículo 34. CONSIDERANDO Que de conformidad con el numeral 6 del artícuio 11 de los Estatutos de la-Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal, una de las atribuciones del Consejo Directivo es conocer y aprobar o improbar los contratos en que participe la Fundación y establecer sus bases, términos, condiciones y modalidades; pero aquelias que tengan por objeto enajenar y grabar bienes patrimoniales por un valor superior a CIncuENTA MIL BOLÍvAREs (Bs. 50.000,oo) requerirán la autorización previa del Ministerio de adscripción. Que de conformidad con el Decreto oon Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tiera de los Asentamientos Urbanos o e ep uisod dn een es ep epuez es ep oooud pe renper eaep es 'sueqnud debido otorgamiento de los titulos de adjudicación en propiedad de las tierras públicas y privadas, con el fin de contribuir a la satisfacción progresiva del derecho humano a la "tierra a una vivienda digna y su hábitat sustentable y sostenible. CONSIDERANDO Que la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunai (FUNDACOMuNAL) tiene entre otros, ei objeto de establecer acciones concretas que tiendan a satisfacer las necesidades y requerimientos de los habitantes de los sectores populares, voceros y voceras de los Consejos Comunales y demás ciudadanos y ciudadanas en el marco del acompañamiento al Poder Popular. CONSIDERANDO Qus la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal, en el marco, de la entrega de titulos de tierra urbana previsto en la Ley de Tierras Urbanas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.933 de fecha 21 de octubre de 2009, impulsado por el ciudadano Presidente de República, se encuentra actualmente en proceso de suscripción de los Documentos de Transferencia de Titularidad de las Tierras propiedad de esta Fundación, asi como las Cartes de. Autorización a ios particulares que la soliciten, para que gestionen y tramiten a su favor, ante fos órganos jurisdiccionales el titulo supletorio de propiedad sobre las bienhechurías construidas en teen o propiedad de este Fundación. CONSIDERANDO Que la adjudicación de terrenos en el marco del Decreto oon Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos o Periurbanos y de la Ley de Tierras Urbanas, implica un acio de enajenación, por cuanto transfiere la propiedad, y en consecuencia, es atribución directa de la Junta Directiva conforme a lo dispuesto por el citado numeral 6 del artícuio. 11 de los Estatutos de la Fundación. DECIDE PRIMERO: Delegar en el ciudadano JOSÉ LUIS SULBARÁN SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad N° V-13.008.966, en su carácter de Director General de la siguiente: . 1) La firma de los Documentos de Transferencia de Titularidad de las Tierras que tramiten a su favor el Titulo Supletorio de Propiedad sobre las bienhechurias construidas en terrenos propledad de la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal, ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. 3) La fima de los oficios y documentos que autoricen la liberación de la cláusula de no enajenación sobre aquellos inmuebles que fueron adjudicados o transferidos por la Fundación. SEGUnpo: El presente acto de delegación no conlleva ni entraña la facultad de subdelegar la firma y atribuciones aquí oonferides. TERCERO: El funcionario delegado deberá presentar una relación detallada de los documentos que hubiere firmado en virtud de dicha delegación, así como indicar inmediatamente bajo su firma, la fecha, numero de la Providencia y de la Gaceta Oficial en ta que haya sido publicada. CUARTO: Esta Providencia entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. MARGI PORENO CARDOZO - SIS OCHOA CANIZALEZ .! página original (tal como se publicó) [Página 18] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL PODER COMUNAL (FUNDACOMUNAL) N° 004/2012 Caracas, 28 de agosto de 2012 Años.202° y 153° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA MARGAUD MARISELA GODOY PEÑA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-15.306.504, actuando en mi carácter de Presidenta (E) de la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL), designada por la Ministra del Poder Popular para ias Comunas y Protección Social, mediante Resolución N° 424/09, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezueia N° 39.322 de fecha 21/12/2009, en ejercicio de la atribución conferida en el numeral 3 de artículo 13 de los Estatutos de la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal, en concordancia con lo establecido en los artículos 3 y 10 de la Ley de Contrataciones Públicas. DECIDE PRIMERO: Constituir la Comisión de Contrataciones para la celebración de los ejecución de obras de la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL), a fin de que ejerzan ias funciones que le asigna la Ley de Contrataciones Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.503 de fecha 06 de septiembre de 2010, su Reglamento y demás instrumentos jurídicos aplicables. SEGUNDO: Se ratifica como miembros principales y suplentes de la Comisión de Contrataciones Públicas de la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL), a los ciudadanos y ciudadanas que se indican a continuación: MIEMBROS CÉDULA DE CÉDULA DE MIEMBROS ÁREA PRINCIPALES IDENTIDAD IDENTIDAD SUPLENTES YERENITH FUENTES JANLY PÉREZ V-14.096.396 V-16.922.489 HERNÁNDEZ JURÍDICA MARIA ELENA NORKA GABRIELA ECONÓMICA V-13.496.219 V-15.164.872 ROMERO BRAVO GONZÁLEZ MUJICA FINANCIERA JOSÉ LUIS EDUARDO JOSÉ SULBARÁN SÁNCHEZ V-13.008.966 V-17.604.239 CEGARRA VALERO TÉCNICA TERCERO: Se designa como Secretaria de la Comisión de Contrataciones Públicas de esta Fundación 'a la ciudadana HANNY CAROLINA VELAZQUEZ LOPEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-17.806.696, con derecho a voz, más no a voto, de conformidad con lo previsto en la parte in fine del artícuio 10 de la Ley de Contrataciones Públicas, suministrando toda la información que le sea requerida. De igual modo tendrá dentro de sus funciones la conformación de los expedientes y el levantamiento de las actas que correspondan en cada modalidad de selección de contratistas prevista en la Ley, llevada a cabo por la Comisión de Contrataciones. CUARTO: La Comisión de Contrataciones Públicas podrá recomendar la contratación de asesoría externa especializada, en caso de que la complejidad del objeto de la contratación así lo requiera. Asimismo, podrá asignar cuando lo juzgue necesario, asesores internos especializados en las áreas objeto de contratación para aquellos procedimiento de mayor complejidad. Estos asesores contarán con derecho a voz más no a voto. QUINTO: Se deroga la Providencia N° 002/2012 de fecha 22 de marzo de 2012,. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela! N° 39. 907 de fecha 23 de abril de 2012. SExTO: La Comisión de Contrataciones deberá presentar informe de gestión, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la designación de una nueva Comisión o por el cese de funciones de algunos de sus miembros, en cuyo caso deberá ser presentado por el miembro saliente. SÉPTimO: La presente Providencia entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. odoy Pen Presidenta de la Fundación para-al Desirruid y Promoción del Poder Popular Según Resolución N° 424 de fecha 15/12/09. Gaeta Oficial N° 39.332 de fecha 21/12/09 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA N-1031 LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE. EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN BALA CONSTITUCIONAL Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón Expediente 04-0142 El 21 de enero de 2004, el ciudadano GERMÁN MUNDARAÍN HERNÁNDEZ, en su carácter de DEFENSOR DEL PUEBLO (para la época), conjuntamente con abogados adscritos al Despacho a su cargo, solicitó la nulidad por razones de inconstitucionalidad de 16s artículos 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 3, 34, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 del Código de Policía del Estado Cojedes, sancionado el 1 de abril de 1968, por la entonces Asamblea Legislativa de dicha entidad político territorial y promulgado por el Gobernador de dicha entidad el 10 de mayo de ese mismo año. Al respecto, se alega que el Código impugnado "establece faltas e vulnera el principio de legalidad de las faltas e infracciones; y otorga como atribución a autoridades administrativas, la posibilidad de efectuar detenciones personales a ciudadanos, en violación al principio de la reserva judicial en materia de libertad de ambulatoria (sic) ". El 10 de febrero de 2004, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala admitió el recurso interpuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley Orgánica de la Ccrte Suprema de Justicia, vigente para la época, ordenó notificar al Presidente del Consejo Legislativo y al Procurador General del Estado Cojedes, así como al- Fiscal General de la República. En el mismo auto se ordenó emplazar à los interesados mediante Cartel publicado en prensa y, por cuanto además, se solicitó la tramitación de la presente causa como un asunto de mero derecho y medida cautelar innominada de suspensión de los artículos cuya nulidad se demandó, se ordenó asimismo -una vez que constara en autos las notificaciones ordenadasremitir el expediente a la Sala y abrir el correspondiente cuaderno separado, a los fines del pronunciamiento respectivo. El 17 de febrero de 2004, fue recibido en Sala el cuaderno separado a los fines del pronunciamiento sobre la solicitud de medida cautelar, designándose ponente al Magistrado Antonio García García. El 25 de febrero de 2004, la Sala dio por recibido el expediente a fin del pronunciamiento respecto de la declaratoria de mero derecho, para lo cual se designó ponente igualmente al Magistrado Antonio García García. El 20 de julio de 2004, esta Sala, en decisión N° 1368 dictó los siguientes pronunciamientos: 1.- acordó la no aplicación de las disposiciones normativas impugnadas en el presente proceso, especificadas infra, iniciado por demanda del Defensor del Pueblo contra treinta y ocho artículos del Código de Policia del Estado Cojedes; 2.- ordenó la no aplicación de los siguientes artículos, por prever arresto u otras formas de privación de libertad: página original (tal como se publicó) [Página 19] 12, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 32, 33, 34, 38, 41, 44, 46, 47, 53 número 1), 54, 55, 56, 57, 58, 59 Parágrafo Único, 61 Parágrafo Segundo, y 64. Dicha inaplicación sólo respecto de las previsiones sobregprivación de libertad y no de otras sanciones contempladas en los artículos enumerados, cuya validez se determinará en el fallo definitivo. Asimismo, se decidió que las autoridades estadales a las que se dirige el Código impugnado deberían aplicar las normas contenidas en los artículos 11, 14, 21, 25, 30, 45 y 48, de manera que no se convirtieran en instrumento para ordenar o aplicar medidas de privación de libertad; 3.-.ordenó la publicación inmediata y urgente del fallo en la Gaceta Oficial del Estado Cojedes, condicionando sus efectos a dicha publicación; 4.ordenó notificar a todos los interesados mediante edicto que debería ser publicado, a expensas del recurrente, en uno de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional, así como a los ciudadanos Presidente del Consejo Legislativo del Estado Cojedes, Fiscal General de la República y Procurador General del Estado Cojedes, para que, si lo estimarán pertinente, formularán oposición contra la medida acordada, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, supuesto en el cual se abriría de pleno derecho- una articulación de ocho (8) días, con el objeto de que expusieran sus alegatos y presentaran las pruebas que considerar en pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por reenvío del artículo 88 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia -vigente para la época-. El 14 de diciembre de 2005, esta Sala se pronunció en cuanto a la solicitud de declaratoria de mero derecho, estableciendo ai respecto, lo siguiente: "La derogada Lzy Orgánica de la Corte Suprema de Justicia exigía la apertura de lapso probatorio en las causas iniciadas por demanda de anulación de normas. Asl las partes no lo solicitaran, se hacía necesario que la sustanciación del expediente incluyese un período de pruebas que, sin embargo, la mayoria de las veces resultaba inútil, pues el asunto debatido era puramente jurídico. Esa ley dispuso, en cualquier caso, la posibilidad de declarar la causa periodo probatorio sino sólo de la relación y los informes.. La jurisprudencia del Máximo Tribunal corrigió esa imprecisión, concedlendo a la declaratoria de mero derecho el sentido que en realidad le corresponde. Así, durante la vigencia de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, si las partes estimaban que la causa no requerla de la prueba de hechos, sino del solo análisis jurídico, formulaban su petición de que fuese declarada de mero derecho y, con ello, se reducla considerablemente el proceso. Estaba la Sala consciente de que la supresión, caso a caso, del lapso probatorio no era la solución ideal. St lo usual es que en los procesos de anulación de normas no se promuevan pruebas, lo lógico parcela que el lapso para ello sólo se abrlese si algún Interesado lo solicitaba. Para la Sala, sin la obligatoriedad del lapso probatorio en las demandas contra normas, se garantiza la economia y la celeridad y se convierte al proceso en un mecanismo adecuado para la tramitación de la pretensión. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia cambió esa situación. El párrafo 13 del artículo 21 prevé: 'Una vez practicada la citación, cualquiera de las partes podrán solicitar la apertura de un lapso para promover y evacuar las pruebas que consideren convenientes para la mejor defensa de sus intereses, dicho lapso será de cinco (5) días háblles para promover las y treinta (30) dlas continuos para evacuar las; en caso de que fuere necesario, dicho plazo podrá extenderse por una sola vez, por un lapso de quince (15) dias continuos, cuando sea necesario. En el perlodo de promoción de pruebas las partes Indicarán los hechos sobre los cuales recaerán las mismas y producirá aquellas que no requieran evacuación'. Puede observarse que la nueva ley precisó lo que esta Sala considera correcto: eliminar la obligatoriedad del lapso probatorio -en todos los procesos, y no sólo aquellos contra normas-, dejando su apertura a la solicitud de las partes, dueños reales del proceso. La parte recurrente de este fulcio habla pedido la declaratoria de mero derecho, si bien ahora la solicitud ha de ser precisamente la contraria. Por supuesto, que la representación de la Defensoría del Pueblo actuó apegada a la legislación vigente para el momento de su solicitud. Ahora bten, para compatibilizar esas situaciones, de manera de no retrasar los procedimientos ya en curso y a la vez darle efectividad a las nuevas reglas procesales, la Sala declaró, en su fallo N° 1645 del 19 de agosto de 2004 (caso Constitución del Estado Falcón) lo siguiente: '(..) en las causas en las que se formuló la solicitud de declaratoria de mero derecho antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, debe tramitarse la causa sin lapso probatorio cuando ninguna parte se haya opuesto à ello. Para la Sala, la situación en que una parte ha solicitado la declaratoria de mero derecho y la contraparte no se opuso (...) debe entenderse como equivalente a la falta de solicitud de apertura del lapso probatorio y, por tanto, tener la misma consecuencia: que no se abra la causa a pruebas. En efecto, si para que ahora se abra la causa a pruebas debe haber solicitud de alguna de las partes, es obvio que si, con base en la ley derogada, se ha pedido que no se abra -de manera expresa, como en el caso de autos, o tácita, a causa de la falta de oposición a esa peticióndebe entenderse que la voluntad de las partes es que no exista lapso probatorio, al igual que hoy sucedería si nadie pide dicha apertura. Por lo tanto, en tales casos no se abrirá la causa a pruebas, sin necesidad de que la Sala analice lo que antes hacía: si había motivos para acordarla. Se trata ahora de una supresión automática del lapso probatorio, que se acordará en todas las causas «nteriores a la vigente ley del Máximo Tribunal, siempre que la contraparte no se hubiere opuesto a esa solicitud de declaratoria. Para entender lo anterior, debe recordarse que el órgano autor del acto impugnado ya ha sido notificado cuando se pasa el expediente a la Sala para la resolución de la solicitud de mero derecho. Por tanto, si la contraparte hubiere tenido objeciones a esa petición, las hubiera planteado, a fin de impedir que la Sala acordarse la eliminación del lapso probatorio. Si no lo hizo, manifestó implícitamente su voluntad coincidente con la de la otra parte y puede ahora la Sala, sin obstáculos, obviar la fase de pruebas. La diferencia radicará en que la Sala no necesitará analizar el caso, según se ha dicho. Será como si, con la ley ahora vigente, nadie le hubiera pedido la apertura de la causa a pruebas, caso en los que tampoco requiere la Sala de análisis: simplemente se pasará a la fase siguiente (ta publicación del cartel, si no se ha realizado; el inicio de la relación, si ya existe el cartel publicado y ha transcurrido el lapso de comparecencia). Como es éste el primer caso, la Sala ordena la supresión del lapso probatorio, pero habilita a la.Secretaria de la Sala para dejar constancia del hecho de que la causa no requiere pruebas, si la contraparte no se ha opuesto a la declaratoria de mero derecho. En esos casos, la Secretaría remitirá el expediente al Juzgado de Sustanclación para la continuación del juicio. Lo anterlor obedece al principio de celeridad: si basta una simple constatación, no es necesario que la Sala efectúe un pronunciamiento que siempre llevará a la supresión del lapso probatorio. La Secretaría es la que debe remitir el caso al Juzgado de Sustanciación para que el procedimiento siga su curso. Así se declara y ordena'. Se observa, entonces, que la Sala ha declarado ya, con. carácter general, que casos como el presente se tramiten sin pruebas. En el fallo parcialmente trascrito se dejó a cargo de la Secretaria de la Sala la remisión de cada expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de la continuación del procedimiento. Ahora, en virtud de que este caso se encontraba ya en poder del ponente designado, la Sala directamente ordena el envio del expediente al referido Juzgado, el cual deberá seguir el proceso según las reglas procesales correspondientes. Asi se ordena". El 1° de febrero de 2006, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala dejó constancia del recibo del expediente y el 27 de abril de 2006 libró el Cartel de emplazamiento a los interesados. El 22 de junio de 2006, el Juzgado de Sustanciación "visto el cómputo practicado por Secretaría, según el cual entre el veintisiete de abril de 2006 y e! día quince de junio de 2006, discurrieron veintiún (21) días de despacho" razón por la cual "se infiere que los quince (15) días hábiles establecidos en la. decisión N°. 1.795, para que el accionante publique el cartel de emplazamiento a los interesados, transcurrieron sin que la parte accionante cumpliera con su obligación", declaró desistido el recurso y ordenó el archivo de la presente causa. El 21 de noviembre de 2006, la abogada representante de la Defensoría del Pueblo manifestó a esta Sala que "aun permanece y existe el interés procesal de la Defensoría del Pueblo en la presente causa, con lo cual se manifiesta en este acto la intención de continuar con el juicio hasta que sea dictada sentencia definitivamente firme". El 13 de diciembre de 2007, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala dictó decisión en la que estableció, lo siguiente: "Vista la decisión N° 1368 dictada por esta Sala en fecha.20 de julio de 2004, relacionada con disposiciones contenidas en el CODIGO DE POLICIA DEL ESTADO COJEDES, en la cual se concedió medida cautelar y se acordó: '.la no aplicación de los siguientes artículos, por prever arresto u otras formas de privación de libertad: 12, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 32, 33, 34, 38, 41, 44, 46, 47, 53 numero 1), 54, 55, 56, 57, 58, 59 Parágrafo Único, 61 Parágrafo Segundo, y 64. La Inaplicación ordenada sólo alcanza las previsiones sobre privación de libertad y no otras sanciones que se contemplen en los artículos enumerados, cuya validez se determinará en el fallo definitivo. Asimismo, se decide que las autoridades estadales a las que se dirige el Código Impugnado deberán aplicar las normas contenidas en los artículos 11, 14, 21, 25, 30, 45 y 48, de manera de que no se conviertan en Instrumento para ordenar o aplicar medidas de privación de libertad.'; y visto Igualmente, el auto dictado por este Juzgado de Sustanciación en fecha 22 de junto de 2006, mediante el cual, ante el incumplimiento de la parte recurrente de publicar el cartel de emplazamiento a los interesados en el juicio seguido con motivo de la demanda de nulidad de disposiciones contenidas en el 'Código de Policía del Estado Cojedes, intentado por el ciudadano Defensor del Pueblo, se declaró desistido el recurso y se ordenó el archivo del expediente. Este Juzgado de Sustanciación, observa: En el presente caso, se ha denunciado que el Código de Policia del Estado Cojedes viola normas constitucionales, entre ellas el principio de legalidad de infracciones y sanciones y el principio de reserva judicial para la aplicación de medidas que Impliquen la privación de libertad. Es de hacer notar, que la Sala ha considerado, que si bien todas las disposiciones constitucionales deben ser respetadas, en su carácter de normas suprema, tenen una especial naturaleza de orden público todas aquellas que se refieren a ciertos derechos fundamentales, como el de la libertad personal, pues en ellos descansa la existencia misma del Estado de Derecho. página original (tal como se publicó) [Página 20] En consecuencia, este Juagado considerando que el acto impugnado viola presuntamente normas de orden público; conforme a lo establecido en el Párrafo DECIMO SEPTIMO del articulo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y, en la decisión No. 1372 de fecha 29 de mayo de 2003 (Caso: CÓDIGO POLICIAL DEL ESTADO YARACUY), acuerda remitir las actuaciones a la Sala Constitucional a los fines de la decisión correspondiente". El 15 de enero de 2008, fue recibido en esta Sala el expediente, designándose ponente al Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero. El 8 de mayo de 2008, se reasignó la ponencia al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón. El 23 de julio de 2008, esta Sala Consfitucional dictó sentencia mediante la cual ordenó la reanudación de la presente causa. El 8 de octubre de 2008, se practicó la notificación del Presidente del Consejo Legislativo del Estado Cojedes. El 13 de octubre de 2008, se notificó al Fiscal General de la República. El 15 de octubre de 2008, se notificó a la Defensora del Pueblo. El 30 de septiembre, de 2008, se practicó la notificación de la Procuradora General de la República. El 18 de febrero de 2010, el Juzgado de Sustanciación, a los fines de la continuación del procedimiento, ordenó la notificación del recurrente y la publicación del cartel. El 2 de junio de 2010, la representación de la Defensoría del Pueblo, solicitud que se acordarán a la presente causa la extensión de los efectos de la sentencia número 191 del 8 de abril de 2019, dictada por esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Constituida esta Sala Constitucional el 9 de diciembre de 2010, en virtud de la incorporación de los Magistrados designados por la Asamblea Nacional en sesión especial celebrada el 7 del mismo mes y año, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.569 del 8 de diciembre de 2010, quedó integrada de la siguiente forma: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys María GutiérrezAlvarado. El 18 de enero de 2011, se designó ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. El 2 de marzo de 2011, el 20 de septiembre de 2011 y el 7 de junio de 2012, la representación de la Defensoría del Pueblo, solicitó que se emitiera pronunciamiento en la presente causa y ratificó su solicitud de que se extendieran los efectos de la referida sentencia número 191/2010, dictada por esta Sala Constitucional. I ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN En primer término, pasa esta Sala a emitir pronunciamiento en torno a la solicitud de extensión de los efectos contemplada en el fallo N° 191/2010, y al efecto indica lo siguiente: En la referida sentencia cuya extensión de efectos acordó la Sala, se expuso lo siguiente: "Transcritas las normas impugnadas, expuestos los argumentos de las partes y Inconstitucionalidad, esta Sala Constitucional expresa sus consideraciones a los fines de emitir la decision definitiva. En este sentido, se observa que la Defensoria del Pueblo impugnó por inconstitucionalidad los articulos 9 cardinales 4, 16, 18, 19 y 20; 10 cardinal 6: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40.43, 44, 45, 47, 50, 57, 52, 53, 56, 57, 61, 63, 64, 67, 75, 77, 80, 82, 99. 120, 123. 124, 126, 136, 142, 150, 163, 166, 171, 172, 178, 179, 181, 183, 185, 187, 191, 192, 194, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 217, 218, 222, 223, 224, 225, Policla del Estado Mérida, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad, Edición Extraordinoria, el 15 de julio de 1957, por considerar que dicha normativa resulta contraria a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Alegó la parte accionante que el conjunto normativo denunciado contraviene el Texto Fundamental, por lo siguiente: - Otorga a las autoridades administrativas, en este caso al órgano de Policia del Estado Mérida, la facultad para realizar la detención de ciudadanos, lo que resulta contrario al derecho constitucional de la libertad personal. - Establece procedimientos administrativos sumario que permiten a la Policía del Estado Mérida la imposición de sanciones, entre ellas el arresto, sin que exista el control judicial adecuado para regular la discrecionalidad de las autoridades policiales y de los demás funcionarios, desconociéndose la garantia de la reserva legal contemplada en el Texto Fundamental. - Establece faltas e infracciones, en un instrumento de origen estadal, lo que infringe el principio constitucional de legalidad en materia sanclonatorla. - Desarrolla contenidos normativos de la Ley sobre Yagos y Maleantes, la cual fue anulada por la extinta Corte Suprema de Justicia en pleno, el 6 de noviembre de 1997. - Desconoce disposiciones contenidas en el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, vigente para ese momento relativas a la libertad de circulación de los niños, niñas y adolescentes. - De igual modo, el instrumento juridico cuya normativa ha sido impugnada consagra procedimientos administrativos sumario y la aplicación alternativa de sanciones económicas (multas) o restrictivas de la libertad (arresto). Por las razones expuestas la representación judicial de la Defensoria del Pueblo solicitó la nulidad del indicado articulado del Código de Policia del Estado Mérida. Por su parte, el Ministerio Público expuso sus consideraciones en el informe correspondiente a este juicio, manifestando coincidir con los alegatos presentados. por la Defensor la del Pueblo en cuanto a la Inconstituclonalidad de las normas impugnadas del Código de Policla del Estado Mérida. Asi las cosas, la representación del Ministerio Público consideró que el Código de Policia del Estado Mérida "se encuentra sujeto a la norma derogatoria única de la Ley Orgánica del Servicio de Policla y del Cuerpo de Policia Nacional en virtud de lo cual debe declararse su nulidad", razón por la que consideró que debla ser declarada con lugar la nulidad interpuesta por la Defensor la del Pueblo. - De la infracción a la libertad personal como derecho constitucional. En primer término, la Defensoría del Pueblo alegó que la normativa impugnada del Código de Policia del Estado Mfrida, particularmente los articulos 10 cardinal 6; 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 40, 43, 45, 50, 53, 57, 63, 64, 67, 80, 82, 126, 150, 166,178,179, 185, 208, 209, 211, 222, 223, 224, 225, 226, la privación de libertad, facultado a las autoridades policiales para acordar la detención de las personas, sin que medie el respectivo control jurisdiccional, lo que, según la accionante, irfringe lo dispuesto en el articulo 44 cardinal I de la Constituclón de la República Bolivariana de Venezuela. Por su parte, el Ministerio Público manifestó coincidir con la Defensoria del Pueblo en relación con el carácter inconstitucional de la normativa denunciada por cuanto estimó que el articulado del Código Policlal, que faculta a las autoridades policiales del Estado Mérida para efectuar detenciones, contraviene las disposiciones constitucionales que exigen la Intervención judicial como garantía del derecho de tbertad personal reconocido en el articulo 44 de la Carta Magna. Al respecto, esta Sala Constucional observa que el tema de la libertad personal, consagrado en el articulo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha sido considerado en diversas sentencias, emanadas de esta instancia jurisdiccional, fallos en los cuales se ha expuesto el contenido y alcance de este derecho, fuzgándolo como fundamental e inherente a la persona humana, de tal manera que, funto con el derecho a la vida, la libertad personal resulta uno de los bienes jurídicos más estimados por el ser humano y, por ende, requiere de la mayor tutela judicial posible, en este caso, el reconocimiento y protección de orden constitucional. Estima esta Sala Constitucional que la Iibertad, desde la perspectiva histórica, ha sido uno de los temas de mayor relevancia y por ello ha representado la causa principal de grandes procesos de transformación social, política y juridica en la vida de los pueblos. Asi, basta recordar sucesos como la revolución americana de 1776, la revolución francesa de 1789 y la Independencia hispanoamericana que se inició en 1810, eventos de cambio que tuvieron a la libertad como causa principal, ya que representó el valor supremo de las luchas de emancipaclón que libraron .diversas sociedades durante los siglos XVIII y XIX, especialmente buena parte de las naciones que hoy conforman la comunidad latinoamericana. Posteriormente, la importancia de la libertad en la modernidad se pone de manifiesto a través del reconocimiento normativo que ha experimentado a nivel internacional, tal y como lo evidencian diferentes Instrumentos supranacionales, entre ellos, la Declaractón Universal de Derechos Humanos; El Pacto Internacional de los Derechos Clviles y Políticos y el denominado Pacto de San José de Costa Rica. Ahora bien, en lo que respecta al caso venezolano, el concepto de la libertad ha estado presente en el ideario republicano y como tal ha sido plasmado en las declaraciones constitucionales desde 1881 hasta hoy, tal y como lo evidencia el Preámbulo de la Constitución de la República Boltvariana de Venezuela que contiene la referencia'expresa y clara a la libertad. En este orden, y como fin participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia federal, y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e Impulse y consolide la integración Latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los Derechos Humanos, la democratización de la sociedad Internacional, el desarme nuclear, el desarme muclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad"; (destacado de esta decisión). Al respecto, la Sala considera que el derecho.a la libertad personal se puede sintetizar como la posibilidad que tiene el hombre de hacer todo aquello que no cause perturbaciones o daños a los demás y desde rla perspectiva juridica supone también la plena Independencia, de tal manera que no existan coacciones, limitaciones de carácter público o privado que puedan afectar el desenvolvimiento del individuo. De alli que se considere que el derecho a la libertad personal Implica que la persona debe ser dueña de su propio destino, sin sometimiento ni fisicos ni ideológicos o de cualquier otro tipo, ni restricciones indebidas, salvo las excepciones que deberán tener fundamento constitucional y ser desarrolladas para su aplicación mediante ley emanada del órgano legislativo, en este caso, la Asamblea Nacional. Al respecto, esta Sala Constitucional, mediante Sentencia N° 130/2006 (caso: Nulidad de los articulos 82, 83, 84, 85, 86 y 94 del Código de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Yaracuy), consideró lo sigulente: "Ahora bien, resulta oportuno destacar que en sentencia del 29 de mayo de 2003 (N° 1372, dictada en este mismo caso, con ocasión del pronunciamiento sobre la posible perención de la instancia), la Sala sostuvo, sin pretender menospreciar el resto de los derechos, que la libertad personal destaca, desde el origen mismo del Estado moderno, en el conjunto de los derechos página original (tal como se publicó) [Página 21] fundamentales. No es casual -se destacó- que haya sido la libertad personal una de las primeras manifestaciones de derechos particulares que se conoció en la evolución histórica de los derechos humanos. De hecho'-y asi lo resaltó también la Sala en ese fallo del 29 de mayo de 2003-. existe unaiacción especial que sirve para proteger la libertad personal: el habeas córpus. Basta recordar —y asimismo lo hizo la Sala- que durante la vigencia de la Constitución de 1961, si bien erradamente se entendió que no podrá existir la acción de amparo mientras no se, hubiera dictado la ley que la que reguló ciertos aspectos procesales. De esta manera, la libertad personal es principio cardinal del Estado de Derecho venezolano". (Destacado del fallo transcrito). Adicionalmente, esta Sala, mediante la Sentencia Nf 1744/2007 (caso: nulidad del Código de Pollcía del Estado Lara), señaló lo siguientè: "Asi, en lineas generales, la libertad es un valor superior del ordenamiento' jurídico, consagrado en el articulo 2 de la Constitución de la República de Venezuela, pero también constituye un derecho fundamental que funge como presupuesto de otras libertades y derechos fundamentales, el cual hace a los hombres sencillamente hombres. De alli que se pueda afirmar, que tal derecho, el cual se encuentra estrechamente vinculado a la dignidad humana, ostenta un papel medular en el edificio constitucional venezolano, siendo que el mismo corresponde por igual a venezolanos y extranjeros." Ahora bien, observa esta Sala Constitucional que las consideraciones históricas y jurisprudenciales dejan constancia del carácter trascendental que tiene la libertad y ello se pone de manifiesto en el tratamiento normativo, doctrinario y jurisprudencial que se ha desarrollado alrededor del concepto, siendo la libertad personal, en específico, la materialización de dicho reconocimiento y protección. Igualmente, observa esta Sala Constitucional que la libertad personal se relaciona de manera directa con otros derechos, entre los cuales pueden mencionarse la libertad de conciencia; libertad de pensamiento; libertad de opinión; libertad de expresión; libertad para contraer matrimonio, libertad para elegir; libertad de tener plena justificación, ya que si bien no debe ser entendido como un derecho absoluto, el mismo sólo podrá ser restringido en atención a las causas previstas en el propio Texto Conistitucional. Considera también este Máximo Tribunal que el derecho de libertad personal se proyecta sobre otras garantías constitucionales consagradas a favor de la persona, entre ellas se tiene la prohibición de no ser sometido a torturas ni tratos crueles o inhumanos; no ser sometido a tratos degradantes; ser oido públicamente ante un tribunal independiente e imparcial; ser considerado inocente mientras no se pruebe la culpabilidad de la persona según la ley y en un j'icio público; que se respete el debido proceso y el derecho a la defensa en todd estado y grado de la causa, teniendo en cuenta, de igual modo, que todos estos aspectos permiten materializar la tutela judicial efectiva, según lo dispone el articulo 26 del Texto Fundamental, es administrativo al que pudiera someterse una persona en un momento determinado. Por otra parte, este Máximo Tribunal observa que la realización y consolidación del derecho- a la libertad personal, de acuerdo con la normativa que brinda el protector de los derechos humanos, lo que tiene especial trascendencia para los órganos encargados de la administración de justicia y de manera relevante para la Sala Constitucional como guardia y principal responsable de la realización de los derechos y garantias establecidas en la Carta Magna. Al respecto, esta Sala Constitucional estima que los órganos del Poder Público, dentro de los cuales se encuentran los órganos de policia, a quienes la Constitución y la ley facultan para el ejercicio de las actividades relacionadas con la seguridad; inteligencia; mantenimiento y prevención del orden público; la conservación de bienes públicos y privados y la integridad fisica de las personas, deben adecuar su actuación a las previsiones constitucionales, con mayor razón cuando dichos instrumentos normativos sean anteriores a la promulgación de la Constitución de 1999, en virtud del acentuado carácter garantista y promotor de los derechos humanos. que caracteriza el actual Texto Fundamental, los cuales deben ser observados al momento de aplicar los respectivos procedimientos y demás actuaciones que consideren necesarias los organismos policiales y de seguridad, en general. En el orden de ideas precedente, la Sala también ha expresado en la ya citada Sentencia N° 1744/2007 (caso: nulidad del Código de Policia del Estado Lara) lo siguiente: "Ahora bien, es menester resaltar que si bien el derecho fundamental a la libertad personal es la regla general, no es menos cierto que el propio texto constitucional permite que el mismo pueda verse restringido en ciertos supuestos excepcionales, como lo son los establecidos -taxativamente- en el numeral 1 del articulo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicha norma establece: "Articulo 44. La libertad personal es inviolable, en consecuencia: · 1. Ninguna persona puede ser arrestada g detenida sino en virtud de una orden judiclal. a menos gue sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad fudiclal en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso (..)' (Subrayado del presente fallo). Esta Sala reliera (ver sentencia N° 130/2006, del 1 de febrero), que del texto de ese primer numeral se pueden distinguir varios aspectos, todos relevantes en cuanto al referido derecho a la libertad: ...1.- La libertad es la regla. Incluso las personas que sean juzgada por la comisión de delitos o faltas deben, en principio, serlo en libertad. 2.- Sólo se permiten arresto o detenclones si existe orden fudicial, salvo que sea la persona sorprendida in franganti. 3.- En caso de flagrancia, si se permite detención sin orden judicial, pero sólo temporal, para que en un plazo breve (48 horas) se conduzca a la persona ante la autoridad judicial... Dicha disposición normativa establece una obligación en salvaguarda del derecho: la de Intervención de los jueces para privar de libertad a una persona. De hecho, la garantía del juez natural presupone la existencia de un juez. El Poder Judicial se entiende, al menos asf ha sido el resultado de la evolución de las instituciones públicas, como el garante de los derechos, protegiéndolos del aparato administrativo del Estado, al cual se le reservan otras tareas (sentencia N° 130/2006, del I de diclembre).'" La trascripción parcial del fallo precedente pone de manifiesto el reconocimiento y personal, con motivo de las labores que deben llevar a cabo los diferentes cuerpos de policía en el pais, las cuales sólo en determinadas ocasiones pueden conllevar a restringir el derecho mencionado, siempre que se hayan cumplido las previsiones legales establecidas al respecto. Es por ello que esta Sala Constitucional, en el fallo transcrito supra concluyó "... a los cuerpos policiales del Estado Lara (y los de cualquier entidad federal o municipio; ni siqulera a través de sus Gobernadores o Alcaldes) les está vedado aplicar la medida de arresto como sanción definitiva. Debe aclararse que sólo podrán hacerlo en los casos en que se haya cometido un hecho punible, sea a través de la aprehensión en flagrancia o cuando medie una orden judicial. En esos casos, tal como se señaló supra, su tarea se limita a conducir a la persona aprehendida ante el Ministerio Público (aprehensión en flagrancia) o ante el juez (orden judicial). Son órganos del sistema de fusticia; nunca -como-se pretende en el caso del Código impugnado- la justicia misma... ". Así las cosas, observa esta Sala Constitucional que en el caso de autos la normativa impugnada del Código de Policia del Estado Mérida menoscaba tanto a la norma fundamental como lo dispuesto por la reiterada jurisprudencia de este Máximo Tribunal con respecto a la libertad personal y la posible restricción que la misma pueda tener, teniendo en cuenta para ello, única y exclusivamente, las propias excepciones que la normativa constitucional prevé, como es la flagrancia, en cuyo caso la autoridad policial tiene la obligación de hacer del conocimiento del Ministerio Público y del Juez respectivo la limitación impuesta a la persona, con el fin de ajustar la actuación policial a las previsiones constitucionales. Esta Sala Constitucional observa que de la totalidad de las normas impugnadas por parte de la Defensoria del Pueblo del Código de Policia del Estado Mérida, las que están relacionadas con la libertad personal son las contenidas en los articulos 9 ordinal 4°, 10 ordinal 6°; 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 40, 45, 50, 53, 57, 63, 64, 67, 80, 82, 126, 150, 166,178, 179, 208, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236 y 239, que contemplan la posibilidad de dictar Mérida. Al respecto, esta Sala Constitucional observa que el articulado en revisión contraviene lo dispuesto en el Texto Fundamental è incurre especificamente en la violación de lo dispuesto en el articulo 44 cardinal 1, ya que desconoce el imperativo normativo constitucional que exige la intervención del juez para que pueda practicarse el control de la actuación policial y que sea especificamente la autoridad judicial la que acuerda o no cualquier medida que restrinja la libertad personal. De igual modo, el articulo 44.I constitucional señala la excepción al requerimiento sorprendida in fraganti, esto es, al momento de cometer actos que de acuerdo con el ordenamiento juridico requieren ser sancionados mediante la restricción de la libertad personal; y luego, en un lapso máximo de 48 horas, debe informarse al juez de la medida acordada por el cuerpo de policía y sea éste quien verifique la constitucionalidad de la medida para dictar o no la orden judicial respectiva. Asi y como consecuencia del análisis precedente, esta Sala Constitucional considera que la normativa impugnada del Código de Policia del Estado Mérida, que prevé como única sanción la imposición de restricciones a la libertad personal, en virtud de decisiones administrativas dictadas por las autoridades policiales, es decir el arresto, o bien aquellas disposiciones que permiten la aprehensión indefinida y sin necesidad de flagrancia, resultan contrarias al Texto Fundamental y por lo tanto están afectadas en su totalidad de nulidad por inconstitucionalidad. Asi se decide. En consecuencia, los articulos 9 ordinal 4°, I0 ordinal 6°; 14, 26, 27, 29, 80, 179, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad, Edición Extraordinaria, el 15 de julio de 1957, por cuanto establecen medidas de arresto, como única sanción a los hechos previstos en esas normas, desconoclendo asf lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su articulo 44 cardinal 1, se encuentran viciados de nulidad por inconstitucionalidad, por lo que esta Sala declara su nulidad total. Asi se decide. Asimismo, observa la sala en relación con lo dispuesto en el articulo 236 del mismo Código de Policia; que dicho precepto igualmente viola el derecho constitucional a la presunción de inocencia, establecido en el articulo 49.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque permite a la autoridad policial ..aprehender a aquellos individuos sobre quienes recaigan sospechas fiundadas de que han cometido algún delito, especialmente si se tema que puedan ausentarse del lugar ". Ahora bien, tamblén observa esta Sala Constitucional que las disposiciones normativas del Código de Policia del Estado Mérida impugnadas tipifican conductas que constituyen infracciones administrativas, las cuales pueden ser sancionadas de manera alternativa, a través de la imposición de penas de multas o de penas privativas de libertad (arresto Proporcional). En este orden, los artículos 12, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 34, 38, 40, 45, 50, 53, 57, 63, 64, 67, 82, 126, 150 Aparte Único; 166, 178, 222, 223, 230 y 235 contemplan Incorrectamente cualidad de penas, cuya determinación corresponde a la autoridad policial. Al respecto, esta Sala Constitucional observa que las normas antes indicadas también adolecen de inconstitucionalidad, por cuanto se faculta al órgano administrativo para que se imponga la pena de arresto, cuestión que como se señaló anteriormente está proscrita por el articulo 44. 1 del Texto Fundamental. En definitiva, los articulos 12, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 34, 38, 40, 45, 50, 53, 57, 63, 64, 67, 82, 126, 150 Aparte Único; 166, 178, 222, 223, 230 y 235 del Código de Policla del Estado Mérida, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad, Edición Extraordinaria, el 15 de julio de 1957, se encuentran viclados parcialmente de nulidad por inconstitucionalidad en lo que respecta a la medida alternativa de arresto, ya que se desconoce asl lo dispuesto en la Canstitución de la República Boltvariana de Venezuela en su articulo 44 cardinal I, por la que esta Sala declara la nulidad parcial de dichos preceptos normativos sólo en lo referente a las medidas privativas de libertad y mantiene vigente las sanciones administrativas que esas normas preceptúan. Ast se decide. Las anteriores consideraciones obligan tamblén a declarar que la conversión de multas en arresto que permite el articulo 239 del Código que fue impugnado es inconstitucional porque, si bien es cierto que las autoridades administrativas pueden imponer multas -siempre y cuando cuenten con cobertura legal, sea nacional, estadal o municipal-, no puede habiltarse a un órgano administrativo para la conversión de multa en arresto, todo ello sinque la Sala deje de reparar en la curiosa formula según la cual quien no pudiera satisfacer una multa tendrá derecho a que se le conmute en arresto (ver sentencia N.° I30 del 1° de febrero de 2006, caso: Gertrud Frías Penso y otro); curioso -y reprochable- derecho que consistirá en la admisión de un desmejoramiento individual, como se expuso en la sentencia de esta Sala N° 1744 del 9 de agosto de 2007 (caso: Germán José Mundarain Hernández). Asl se declara. En lo que concierne al articulo I5 del Código de Policla, según el cual toda debido, queda bajo la-acción de la Policia, la que imipedirá el abuso e impondrá al infractor las penas a que haya lugar. Esta Sala, tal como decidió en su sentencia N° 1744/2007, considera que debe interpretarse el precepto conforme a la Constitución, y, por ende, la consecuencia juridica que en él aparece establecida deberá entenderse ctrcunscrita a aquellos supuestos que no impliquen una restricción de la libertad personal. Asi se decide. - De los.procedimientos sumario como infracción a la garantia de la reserva legal. regulador del órgano de Policla del Estado Mérida resultan contrarias al orden constitucional, por cuanto Infringen las previsiones contenidas en los artículos 156.32; 187.1 y 202, a favor del Poder Público Nacional, específicamente la página original (tal como se publicó) [Página 22] competencia otorgada a la Asamblea Nacional para legislar en materta de. procedimientos restrictivos del ejercicio de los derechos fundamentales. Al respecto, la Defensor la del Pueblo señaló que los articulos 10 ordinal 6°; 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 40, 43, 45, 50, 53, 57, 63, 64, 67, 80, 82, 126, 150, 166, 178, 179, 185, 208, 209, 211, 215, 222, 223, 224, 225, 226, Mérida, establecen procedimientos administrativas sumario que carecen de control jurisdiccional y por ello pueden afectar' de manera directa la libertad personal, ya que la autoridad administrativa tiene la facultad de emitir una simple orden de arresto, incluso inmotivada y ello bastarla para privar de libertad a una persona; decisión que muchas veces puede basarse en situaciones tan ambiguas como la amenaza al orden público, lo que supone un amplio margen de discrecionalidad con el que cuenta el funcionario policial. Adicionalmente, la representación judicial de la Defensoria señaló que el Texto Fundamental establece que las normas adjetivas que puedan estar contenidas en un instrumento legal y que establezcan detenclones, arresto, multas o en general la aplicación de cualquier sanción, deben ser producto de leyes desarrolladas,por el Poder Legislativo Nacional, es decir la Asamblea Nacional. Por su parte, la representación judicial del Ministerio Público consideró de manera similar el carácter inconstitucional del articulado impugnado por estimar que la normativa de esta naturaleza está atribuida por el constituyente al Poder Público Nacional, en particular al Poder Legislativo Nacional, tal y como lo señala los artículos de la Carta Magna suprà referidos. Al respecto, esta Sala Constitucional observa que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a través en los artículos 156.32 y 187.1 determina un conjunto de materias que sólo pueden ser reguladas normativamente mediante leyes nacionales, lo que a su vez configura parte de la llamada reserva legal. Así, teniendo en cuenta el orden conceptual precedente, esta Sala Constitucional ha manifestado en la Sentencia N° 130/2006 (caso: Nulidad de los artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 94 del Código de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Yaracuy), lo siguiente: "Otro de esos principlos cardinales es el de la reserva legal. Así, la historia constitucional venezolana ha venido marcada por la permanente previsión de una reserva de ley a favor del Poder Nacional, inspirada en las más avanzadas corrientes políticas y jurídicas, a fin de evitar que ciertas materias de especial trascendencia sean reguladas por órganos distintos al Parlamento, depositario de la voluntad popular -según la concepción clásica-, ni por actos diferentes a la ley, único texto -también según la doctrina clásica- rodeado de las garantias imprescindibles para legitimar la imposición de conductas a la población. La lista de materias reservadas al legislador nacional siempre ha sido larga, en especial en un Estado como el venezolano, que incluso en épocas de sedicente federalismo, ha adoptado figuras cercanas al Estado unitario y centralizado. Por supuesto, la única manera de saber en cada ordenamiento cuáles son las materias de la reserva legal es a través de la consulta del texto constitucional: éste enumera los casos; fuera de ellos, se autoriza la formación por otros órganos o por otros actos, siempre que se respeten los principios de la competencia y de jerarquía. La legislación penal tradicionalmente ha sido reservada entre nosotros al Poder Nacional, de la misma manera en que se ha hecho en los ordenamientos juridicos que han servido de inspiración o referencia al nuestro. Así lo establecia el número 24 del articulo 136 de la Constitución de 1961, vigente para la fecha de interposición del presente recurso; y lo hace el actual Texto Fundamental, el cual ratifica dicha reserva en el numeral 32 del articulo 156. La razón de esa reserva legal al Poder Nacional es evidente, sobre todo al pensar en la realidad histórica en que surgió dicho principio: la tipificación de ciertas conductas como punibles debe venir rodeada de las máximas garantias, y la mayor de ellas es la de ser establecida por el propio pueblo a través de los representantes que ha elegido y por un acto con vocación de estabilidad y que es fácilmente conocido por todos, como es la ley. Asi, ningún órgano distinto de la Asamblea Nacional (o el Presidente de la República, en caso de mediar habilitación) ni un acto que carezca de rango de ley (nacional) servirán para.garantizar efectivamente la protección que merece el individuo y la necesidad de conocer con precisión las posibles consecuencias penales de sus conductas. Reconoce la Sala que los órganos deliberantes regionales o locales también son —al menos en Venezuela- representantes de la voluntad del pueblo que les eligió y asimismo admite la Sala que de esos órganos emanan actos con idéntica abstracción y generalidad que la ley nacional. Ello, sin embargo, r menor —estados o municipios- regule la materia penal de manera distinta, en posible atentado a la seguridad juridica, la cual exige que todo habitante del territorio nacional sepa de antemano la legislación penal a la que está consagra expresamente nuestra Constitución. No puede olvidarse que la libertad personal es un derecho inalienable de todos los venezolanos y extranjeros que residen en el territorio de la República. De ella sólo puede privarse o únicamente puede ser restringida con razón suficiente: la comisión de un hecho que la ley nacional (la sociedad, a través de sus representantes parlamentarios o excepcionalmente el Presidente de la República) ha calificado como delictual. La necesidad de proteger a la sociedad, frente a ciertas conductas castigándolas, dando con ello a la vez ejemplo de desaprobación y procurando luego la corrección de una conducta delictual- aconsejan privar a ciertas personas de su libertad, pero no implica la posibilidad de desproteger a la colectividad, sometiéndola a la incertidumbre. La reserva legal nacional, sin que séa tal vez el medio óptimo para ello, es hasta ahora el mejor que se ha ideado". Adicionalmente, esta Sala Constitucional ha manifestado en la Sentencia N° 1744/2007 (caso: nulidad del Código de Policla del Estado Lara), lo siguiente: "El articulo 156.32 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que es competencia del Poder Público Nacional, la legislación en materia de procedimientos. Del contenido de esta norma, se desprende el principio de legalidad de los procedimientos, o de legalidad de las formas procesales, el cual ha sido denunciado como infringido en el presente caso. Ahora bien, tal principio abarca esencialmente a dos campos, en primer lugar, a los procedimientos judiciales, f en segundo lugar, a los procedimientos administrativos. En cuanto a los procedimientos judiciales, debe esta Sala precisar que la regulación de éstos sólo puede ser llevada a cabo mediante leyes dictadas por la Asamblea Nacional, es decir, por leyes formales, tal como las define el articulo 202 del Texto Constitucional. El fundamento de ello se encuentra no sólo en el articulo 156.32 antes mencionado, sino también en el propio artículo 253 eiusdem. Esto cobra especial relevancia en el ámbito juridicopenal, en el cual opera la garantía jurisdiccional del principio de legalidad en tanto son consecuencias jurídicas del delito o falta, sino en virtud de una sentencia firme dictada en un proceso penal desarrollado conforme a la ley procesal -nacional- ante el órgano jurisdiccional competente, lo cual puede resumirse en el aforismo nemo damnetur nisi per legal iudicio. Ahora blen, en el campo de los procedimientos administrativos especificamente los sancionadores- tal principio sufre sus matizaciones, toda vez que si bien el legislador nacional tiene la potestad de establecer las bases fundamentales de los procedimientos administrativos (por ejemplo, la Ley Orgánica de. Procedimientos Administrativos), ello no obsta a que los Estados y Municipios puedan llevar a cabo la ordenación, a través de sus respectivas leyes (como es el caso de los Códigos de Policla), de procedimientos especiales de esta Indole. Es el caso, que el diseño estructural del Estado venezolano (Estado federal 'descentralizado) hace plausible que en la esfera competencial de los distintos entes político territoriales se ubique la potestad de legislar -no asi la de impartir justicia-, de la cual se deriva, a su vez, la facultad de ordenación de los procedimientos administrativos correspondientes, a los fines de su adaptación a la específica actividad administrativa prevista en cada caso y a la organización administrativa encargada de su desarrollo. Por supuesto, la reserva de la materia pena la favor del Poder Legislativo Nacional no implica el rechazo a la posibilidad, para órganos distintos al Parlamento Nacional, de calificar como faltas ciertas conductas y, al . hacerlo, prever una sanción. Por ello, desde hace.mucho se reconoce la existencia de un Derecho Administrativo Sancionador como disciplina jurídica distinta del Derecho Penal, y a la precisión del ámbito de cada uno se han dedicado ingentes esfuerzos doctrinales. Se parte de esta idea: la penalización de conductas exige celo especial, debido a sus graves consecuencias, pero no puede extremarse al punto de desconocer la necesidad de que conductas menores, pero censurables, encuentren sanción sin tener que estar previstas en la ley nacional. Ello es frecuente, en el sistema venezolano de repartición del poder, en el ámbito municipal, pues los Municipios deben contar con la potestad para sancionar conductas que violen deberes que se imponen a los administrados con ocasión de las diversas competencias locales, como puede ser el caso del urbanismo. Para comprender lo anterior debe tenerse en cuenta que resulta excesivo pretender que sólo la Asamblea Nacional pueda legislar sobre un asunto que sin duda tiene trascendencia—por algo se sanciona-, pero que no supera los linderos de una localidad (al respecto, sentencia N° 1984, del 22 de julio de 2003, caso: Semi Poliszuk Vaibish). Si bien los limites, entre Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador pueden en ocasiones parecer difusos, con el peligro de que se confundan uno y otro, lo cierto es que existen. Pena y sanción son nociones equivalentes en el lenguaje ordinario, pero que admiten una diferenciación. Cada noción es el centro de atención de cada una de esas disciplinas jurídicas, y desde el nombre mismo de éstas puede ello notarse. Lo imprescindible, entonces, es precisar si se está realmente en presencia de una materia penal, que como tal está reservada al legislador nacional: la tipificación de delitos y la previsión de penas constituye el ámbito del Derecho Penal, mientras que la consagración de faltas administrativas y sus correspondientes sanciones es el centro del Derecho Administrativo Sancionador. El primer caso pertenece al Poder Nacional; el segundo a cualquiera de los entes territoriales (ver el fallo citado supra de fecha 22 de julio de 2003) ". Al respecto, esta Sala Constitucional observa que el Texto Fundamental estableció las materias cuya regulación sólo puede ser desarrollada por el Poder Público Nacional, en concreto mediante la intervención del Poder Legislativo, representado en este caso por la Asamblea Nacional. De esta manera se promueve una legislación uniforme de aquellos asuntos que, por: su importancia, para la vida institucional y social del pals deben tener carácter nacional. Tal es el caso de la legislación relacionada con las denominadas normas de adjudicación, inherentes al Derecho Procesal. Asi las cosas, esta previsión material que el constituyente otorga al legislador limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales, como es el caso de la imposición de sanciones, siendo las normas procesales los modos de proceder mediante los cuales se reglamenta, entre otros, el ejercicio del derecho a la defensa y el debido proceso que son, en definitiva, derechos humanos de rango constitucional. Ahora bien, en el caso de autos se observa que la legislación impugnada proviene de un cuerpo normativo regional, distinto al órgano con competencia nacional para desarrollar la legislación correspondiente a la determinación de procedimientos destinados a la restricción de derechos fundamentales, como es el caso de la libertad personal, lo cual contradice el mandato constitucional de la reserva legal supra comentado, generándose asi la existencia de vicios de nulidad que necesariamente conllevan a la declaratoria de inconstitucionalidad de la legislación impugnada mediante la presente acción, tal y como se hizo en el apartado anterior de la presente acción de la presente decisión. Sin embargo, la accionante no especificó suficientemente si la violación a la reserva legal se refiere al principio de legalidad penal que exige que todo delito y toda pena están establecidos en una ley nacional, o bien si es que la consideración de la reserva legal tiene que ver con la regulación de derechos fundamentales. No obstante, en aplicación del articulo 5, aparte segundo, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, norma que establece que en el marco del ejercicio del control concentrado por parte de la Sala "..no privará el principio dispositivo, pudiendo la Sala suplir, de oficio, las deficiencias o técnicas del recurrente sobre las disposiciones expresamente denunciadas por éstè, por tratarse de un asunto de orden público...", se observa: En consideraciones anteriores se declaró la nulidad absoluta de los artículos 9 ordinal 4°; 10 ordinal 6°, 14, 26, 27, 29, 80, 179, 208, 224, 225, 226, 227, 231, 236 y 239 del Código de Policla, desapareciendo tales preceptos del mundo jurídico. Asimismo, los artículos 12, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 34, 38, 40, 45, 50, 53, 57, 63, 64, 67, 82, 126, 150 Aparte Único; 166, 178, 222, 223, 230 y 235 del Código de Policia, que establecía alternativamente la imposición de multas o la privación de la libertad, fueron objeto de nulidad parcial en lo que respecta al enunciado correspondiente a la privación de la libertad mediante arresto, no asi en lo concerniente a los ilícitos y sanciones administrativas, materia que si bien es de la reserva legal no es exclusiva competencia del legislador nacional, esto es, de la Asamblea Nacionial, por lo que es posible su regulación a través de Ordenanzas o leyes estadales, como sucede en el caso de autos. En consecuencia, las normas contenidas en los articulos 12, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 34, 38, 40, 45, 50, 53, 57, 63, 64, 67, 82, 126, el Aparte Único del articulo 150; 166 178, 223, 230 y 235 del Código de Policia del Estado Mérida, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad, Edición Extrcordinaria, el 15 de julio de 1957, en tanto que una vez objeto de mulidad parcial ahora sólo tipifican ilícitos y sanciones Administrativo Sancionador, por lo que se desecha la nulidad interpuesta con base en tal alegato. Asf se decide. Asimismo, la Sala desestima la alegación de que las aludidas normas estadales son inconstitucionales por el solo hecho de limitar ciertos derechos fundamentales, página original (tal como se publicó) [Página 23] pues, tal como lo ha establecido este órgano jurisdiccional en anteriores oportunidades, la limitación de los derechos fundamentales es, ciertamente, materia de estricta reserva legal, esto es, que sólo por ley pueden verse limitados los derechos inherentes a la persona humana, estén o no recogidos expresamente en el Texto Constitucional. No obstante, como bien se aclaró, entre otras, en sentencia N° 266 dei 16 de marzo de 2005 (caso: Carlos Herrera), esa reserva legal no es exclusiva del Poder Nacional, por lo que leyes estadales y ordenanzas pueden disponer ciertas restricciones al ejercicio de derechos fundamentales. En estos casos, al igual que para el supuesto de limitaciones que estén recogidas en la ley nacional, el límite del legislador es el coputenido esencial del derecho fundamental, es decir, que la ley podrá limitar por causa justa el derecho siempre que no lo desnaturalice y no le imponga cortapisas desproporcionada o arbitrarias. Como afirmó la Sala en la sentencia N° 266/2005: "Estima la Sala que no resulta necesariamente contrario a la Constitución, ia imposición por la Ley de restricciones al ejercicio de derechos fundamentales, desde que, precisamente, el propio constituyente aceptó la posibilidad de que el Legislador ordene y limite el ejercicio de esos derechos. La violación a la Constitución sólo se producirá cuando la Ley viole el contenido esencial del derecho, esto es, cuando lo desnaturalice o cuando imponga limitaciones desproporcionada o arbitrarias...". En consecuencia, la sola restricción a los derechos fundamentales, que invocá la parte demandante, por parte de las normas del Código de Policia del Estado Mérida que se impugnaron, no resulta contraria al principio de reserva legal en materia de regulación y limitación al ejercicio de tales derechos. Asi se decide. En lo que se refiere al articulo 234 del Código de Policla del Estado Mérida, se observa que la norma no incurre en ninguna de las delaciones de inconstitucionalidad que se realizaron en este caso. Asi, el contenido de la norma es el siguiente: Articulo 234.- La falta se divide en simples y graves. Son faltas simples todas aquellas que no causen perjuicios a terceros; y graves aquellas que amenacen el orden y séguridad pública, las que ofendan el pudor y buenas costumbres; las que perjudiquen la salubridad pública y, en general, todas aquellas que producen un dafo a la comunidad o a los particulares". Se trata de una regla que define y clastfica las faltas a los efectos de esa Ley estadal, según su intensidad y según el bien jurídico que en cada caso se vea amenazado por la conducta antifuridica; no obstante, como se indicó, la sola clasificación no incurre en inconstitucionalidad\ni agraria ningún derecho fundamental. En consecuencia, se desestima la nulidad de ese articulo. Asi se decide. - De las infracciones a las previsiones constitucionales.en materia de nifez y adolescencia. La representación judicial de la Defensoría del Pueblo señaló que el articulado 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, denunció que los articulos 36, 39, 44, 208 y 212 del referido instrumento legislativo regional contienen procedimientos sumario, restricciones y prohibiciones aplicables a niños, niñas y adolescentes, desconociéndose asf también la legislación vigente sobre la materia. Por su parte, el Ministerio Público señaló que los contenidos reguladas en los articulos supra indicados del Código de Policia del Estado Mérida son parte de las materias confladas al Poder Público naclonal, por lo que su tratamiento normativo debe ser desarrollado por la Asamblea Nacional, a través de la sanción de leyes formales como es el caso de Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, instrumento que estaba vigente para el gnomento de la interposición de la acción, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.266, Bxtraordinario, del 2 de octubre de 2000, reformado posteriormente para dar paso a la Ley Orgánica para la Protección de Ninos, Niñas y Adolescentes, publicada mediante Gaceta Oficial N° 5.859, Extraordinarlo, el 10 de diciembre de 2007. Al respecto, observa la Sala que los artículos 54, 75 y 78 de la Constituciónt disponen: "Articulo 54. Ninguna" persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en particular, la de mujeres, niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, estará sujeta a las penas previstas en la ley. " "Articulo 75. Él Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto reclproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. La adopción tiene efectos similares a la fillación y se establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de conformidad con la ley. La adopción internacional es subsidiarla de la nacional". "Articulo 78. Los niños, niñas y adolescentes son'sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la socledad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía acta, y creará un sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes". tienen Incidencia en la esfera jurídica de niños, niñas y adolescentes, como serán la vigilancia de que cumplan con su obligación de tr a la escuela, no deambulen en frente a situaciones de embriaguez en establecimientos abiertos; la prohibición de los dueños o encargados de casas de juegos lícitos de consentir en ellas a menores representantes de enviar a los menores a las escuelas primarias; la prohibición de permitir la entrada a diversiones o espectáculos públicos a menores de quince (15) años de edad que empezaren después de las siete de la noche; la prevención de la prostitución y de la concuriencla de niños, niñas y adolescentes a casas de prostitución; auxilio policlal, a solicitud del padre de familia, en caso de fuga de los miños, niñas y adolescentes; y protección en caso de intento de corrupción. Ahora bien, en principio, las normas contenidas en los artículos arriba citados no violan la Constitución, sino que, por el contrario, son preceptos que disponen medidas preventivas de protección a la minoridad como población vulnerable que es, precisamente, el principio que recogen las normas constitucionales que se demunciaron como conculcadas. Así lo señaló la Sala mediante sentencia N° 493/2009 (caso: mulidad de la Ordenanza de Pplicia del Territorio Federal Amazonas), en la que indicó lo siguiente: "Ciertamente, algunos de los preceptos de la Ordenanza de Policia objeto .de este juzgamiento tienen incidencia en la esfera juridica de menores de edad, como serían la imposibilidad de que se negocio con menores (articulo prohibición de los dueños de expendios de bebidas alcohólicas de que suministren bebidas de esta naturaleza a los menores de edad (articulo 90) y la imposibilidad para los menores de edad de que permanezcan en trasladados al "retén policial" (articulo 91). Ahora bien, la Sala juzga que, salvo el articulo 91 de la Ordenanza de Policia bajo análisis, cuya aplicación se suspendió en la sentencia n.° 3583/05 de admisión de esta demanda y fue anulado en este fallo, considera que los preceptos 66, 80 y 90 del mismo instrumento legal no violan la Constitución, sino que, por el contrario, son normas que disponen medidas de protección a niños, niñas y adolescentes que es, precisamente, el n n e n n conculcadas. En todo caso, y como anteriormente se expuso, la eventual colisión entre estas normas municipales y las leyes nacionales, en el supuesto de que la regulación de estas últimas no coincida con las de los articulos cuya mulidad se solicitó, seria objeto de una demanda de colisión de leyes, porque se trata de preceptos de igual jerarquía juridica, lo que es materia ajena a esta demanda de mulidad por inconstitucionalidad. Asf-se decide". estas normas estadales y las leyes nacionales, en el supuesto de que la regulación de estas últimas no coincida con la de los artículos cuya mulidad se solicitó,; sería objeto de una demanda de colisión de leyes, porque se trata de preceptos de igual jerarquía jurídica, lo que es materia ajena a esta demanda de nulidad por inconstitucionalidad. Asi se decide. En definitiva, esta Sala Constitucional estima que los articulos 9, ordinales 18°, 19° publicado en la Gaceta Oficlal de esa entidad, Edición Extraordinaria, el 15 de julio de 1957, no resultan inconstitucionales por lo que se desestima la denuncia. Asl se decide. - Del desarrollo normativo basado en textos legales anulados por inconstitucionalidad. La accionante adujo que el Código de Policía del Estado Mérida publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad, Edición Extraordinaria, el 15 de julio de 1957, contiene normas que pretenden apoyar su contenidò en la extinta Ley sobre Vagos y Maleantes, Instrumento legal que fue declarado inconstitucional mediante decisión de la antigua Corte-Suprema de Justida, en pleno, el 6 de noviembre de 1997. Por tal motivo, la Defensoria del Pueblo estimó que tanto la aplicación de tales articulos como las consecuencias derivadas de su utilización estarían vicladas por razones de inconstitucionalidad en virtud de la declaratoria de mulidad de que fue objeto la ley cltada. En relación a este aspecto, el Ministerio Público no pizo señalamiento alguno, pero de la revisión integral del documento presentado puede concluirse que no existe oposición a las consideraciones efectuadas por la parte accionante. Al respecto, esta Sala Constitucional observa que los articulos 9 ordinal 16°, 35 y 228 del Código de Policla del Estado Mérida hacen referencia a los conceptos propios de la legislación anulada por razones inconstituclonales, lo que puede explicarse por razones históricas, ya que el Instrumento denunciado, esto es, el Código de Policla del Estado Mérida data del 15 de Julio de 1957. Ahora blen, una vez declarada la mulidad por inconstitucionalidad de la Ley sobre Vagos y Maleantes, resulta contrario al orden constitucional cualquier desarrollo n n n preceptos contenidos en el Instrumento legal desincorporado del Ordenamiento Juridico venezolano mediante la Sentencia de la extinta Corte Suprema de Justicia en Pleno, en vigenda de la Constitución Nacional de 1961. Asi se declara. Por otra parte, esta Sala Constitucional ha expuesto en la Sentencia N° 1744/2007 (caso: mudlidad del Código de Policia del Estado Lara), lo sigulente: "Ahora bien, al posibilitar el legislador estadal la aplicación de la normativa de la Ley sobre Vagos y Maleantes mediante la norma contenida en el articulo 52 del Código de Policla del Estado Lara (siendo que aquélla reprochable -y anacrónica- tendencia del "Derecho Penal del autor' en el texto de una norma sancionadora de naturaleza administrativa, todo lo cual resulta abiertamente contrario al PRINCIPIO DE CULPABILIDAD (nullum crimen sine culpa), que es aplicable tanto en el Derecho Penal como en el Derecho Administrativo Sanclonador, y el cual exige que a la persona pasible de sanción se le pueda reprochar personalmente la realización del Infusto, es decir, que su conducta pueda considerarse como la consecuencia del ejercicio normal de su autonomia personal. En el caso sub lite, el mencionado principio se ve afectado en una de sus especificas manifestaciones, a saber, en el PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD POR EL HECHO, en virtud del cual sólo se puede responder por hechos y no por caracteres personales o por formas de ser supuestamente peligrosas para los intereses que se pretende proteger. En efecto, el Tribunal Constituctonal español en STC 150/1991, de 4 de julio, se Raló que ...no e n determinara las penas en atención a la personalidad del reo y no según la culpabilidad de éste en la comisión de los hechos... . (...) La Constitución de la República Bolivarlana de Venezuela recoge en su texto sin duda alguna el PRINCIPIO DE CULPABILIDAD, pero no se trata de una recepción expresa, sino inferida da otros valores, principios y derechos. Para ello, hay que atender fundamentalmente al carácter democrático del modelo de Estado venezolano delineado en el articulo 2 de la Constitución de la República Bolivarlana de Venezuela, cuyos fundamentos filosóficos radican en la dignidad del ser humano, la igualdad real de los hombres y la facultad de éstos de participar en la vida social. El sustrato de dicho principlo tamblén puede deducirse del contenido de articulo 21 en sus numerales 1 y 2, del articulo 44.3, del artículo 46 en sus numerales 1 y 2, y del articulo 49.2 del Texto Constitucional. De Igual forma, cabe señalar que el principio de culpabilidad se encuentra consustanclalmente vinculado con el princlplo de legalidad, el cual también se desprende del modelo de Estado delineado en la mencionada norma constitucional. Resulta entonces obvio que el contenido de todos estos valores, principios y derechos constitucionales antes mencionados se ve afectado por la norma aqui examinada, toda vez que ésta dispone que el carácter de vago' o de 'maleante' constituirá un presupuesto para las sanciones correspondientes (a saber, las previstas en la Lay sobre Vagos y Maleantes).. . Al respecto, observa este Máxdimo Tribunal que la normativa del Código de Policia del Estado Mérida, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad, Edición Extraordinarla, el 15 de fulto de 1957, en particular los articulos 9 ordinal 16°: 35 y 228, asl como tamblén cualquier otro dispositivo que haga referencia a la Ley n s posteriores o bien como punto de partida para la adopción. de medidas que por página original (tal como se publicó) [Página 24] parte de ese órgano de policia, se encuentran viciados por razones de inconstitucionalidad, y por lo tanto se declaran nulos. Asf se decide. VI DE LOS EFECTOS DE LA PRESENTE DECISIÓN En relación a los efectos de la decisión en el tiempo, esta Sala determina que esta sentencia tendrá efectos ex mune o a futuro, especificamente desda su publicación. Asimismo, se dispone que los particulares dispondrán de la excepción de inconstitucionalidad, cuando se les exija el cumplimiento de actos que hubieren sido expedidos con afincamiento en las normas inconstitucionales; con tal medida, el ordenamiento salvaguarda en forma suficiente lps derechos de quienes hayan sido objeto de aplicación de las normas cuya inconstitucionalidad se declaró. Asé se decide. VII DE LA EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA PRESENTE DECISIÓN Observa esta Saia Constituclonal que la Defensoria del Pueblo ha intentado un conjunto de acciones de nulidad por inconstitucionalidad contra Códigos de Policía pertenecientes a diversos Estados del-país. Al respecto, es necesarlo señalar que este Máximo Tribuna! ha decidido en su momento varios de los juicios relacionados con esta materia, a saber los siguientes procesos: expediente N° 00-0829 (caso Estado Bolvar); expediente N° 00-0858 (caso: Estado Yaracuy): expediente N° 04-2909 (caso Estado Falcón); expediente N° 04-2148 (caso Estado Amazonas); expediente N° 04-2149 (caso: Estado Lara) y expediente N° 04-2974 (caso Estado Zuiia). No obstante lo anterior, cursan ante esta Sala Constitucional demandas de nulidad interpuestos por la Defensor la del Pueblo y personas afectadas por aplicación de la normativa contenida en los Instrumentos legales similares. En este sentido, varios de los procesos han sido identificados bajo la siguiente nomenclatura: expediente N° 04-2497 (caso Estado Aragua); expediente N° 04-0142 (caso Estado Cojedes); expediente N° 04-2849 (caso Estado Miranda); expediente N° 04-0141 (caso Estado Nueva Esparta); expediente N° 04-2913 (caso Estado Monagas); expediente N° 04- 2973 (caso Estado Sucre) y el presente Jutcia signado bajo el expediente N° 04- 2498 (caso Estado Mérida), con el fin de obtener la declaratoria de nulidad por inconstitucionalidad de las diversas normativas policiales regionales. Así las cosas, observa esta Sala Constitucional que el conjunto argumantativo, en el cual se han basado las acciones de nulidad respectivas, resulta similar, es decir, las razones principales que fundamentan las impugnaciones presentadas son coincidentes en lo que respecta a las infracciones constitucionales contenidas en las Códigos de Policía denunciados por inconstitucionales, esto es: preceptos normativos que Infringen los principios y las garantías constitucionales de la libertad personal; que desconocen el debido proceso, que incuren en indeterminación de la tipicidad de las sanciones a aplicar, aplicación de procedimientos sumario indebidos; conversión de ias penas pecuniarias en arresto por parte de la autoridad administrativa; indebida discrecionalidad de la autoridad administrativa policial y ausencia de controi fudictal ante las facultades que la legislación policía consagra a favor de las cuerpos policiales estadales, entre atros. Tamblén, observa esta Saia Constitucional que en los juicios señalados y que están pendientes por decisión definitiva, dichos procesos reúnen en su contenido aspectos p n En efecto, en primer lugar la parte actora o accionante para los casos supra Indicados es la Defensoría del Puebio; al tiempo que tamblén es posible apreciar la similitud en cuanto al objeto de los procesos, esto es la declaratoria de mulidad par inconstisuctotalidad de las normas contenidas en los códigos de policía regionales supra identificados. Al respecto, esta Sala Constitucional ha manifestado en ia Sentencia N° 2675:2001 (caso: HAYDEE MARGARITA PARRA ARAUUO), Io-siguiente: "Esta Sala en anteriores oportunidades ha expresado -y lo raiterä-que el Derecho Procesal Constituclonal diftere del procesal común, ya que las normas del Código de Procedimiento Civll, orientadas a resolver litigios entre partes, que soio son atinentes a ellas y a sus propios intaresas, tienen que tener una connotaclón distinta a la de los procesos constitucionales, donde el mantenimiento de la supremacía, efectividad y de les principios constitucionales, no solo son materias atinentes a todo el mundo, sino que no pueden verse limitados por formalismos, o instituciones que minimicen la justicia constituclonai. Por ello. la Sala ha sostenido que los requisitos que exige el Código de Procedimlento Civil a las sentencias, no se aplican totalmente a las de los Tribunales Constitucionales, y se añade ahora, que los efectos de los fallos constitucionales tampoco pueden ser totalmente idénticos a los de las decisiones de otros campos de la jurisdicción. De acuerdo al articulo 257 Constituclonal, el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la fusticia; la cual dede ser idónea. expedita, sin dilaciones Indebidas y sin formalismos inútiles, y estos principios contenidos en el artículo 26 Constituctanal, ai.que se une el de la eficacia de ios trámites señalado en el articulo 257 eiusdem, permiten que para cumplir con ellos la sentencia del Tribunal constitucional pueda sener, un alcance mas amplio que los fallos del proceso de naturaleza civil. Una de las características de algunas sentencias del ámbito constitucional es que sus efectos se apliquen a favor de personas que no son partes en un proceso, pero que se encuentren en idéntica situación a las partes, por lo que requieren de la protección constitucional, asl no la hayan solicitado can motivo de un juicio determinado. Resulta contrario a la eficacia del proceso, a su idoneidad y a lo célere (expedito) del mismo, que si las partes de un juicio obtienen una deciaratoria de infracción constitucional de derechos que vuineran su situación jurídica, otras personas que se encuentran en identida stuación y que han sufrido la misma infracción, no puedan gozar del fallo que restablezca tal situación jurídica de los accionantes, y tengan que Incoor una acción cuya finalidad es quz se reconozca la misma infracción, ast como la exdssencla de la misma situación vulnerada y su Idéntico restablecimiento, con el riesgo de que surjan sentencias contrarias o contradietorlas. El restablecimiento de la situación jurídica, ante la infracción constitucional, tiene que alcanzar a todos lo que comparten tal situación y que a su vez son n e n n n e no es la protección de los derechos particulares, sino la enmienda de la violación canstituclonal, con el fin de mantener la efectividad y supremacía constitucional; y en un proceso que busca la Idoneidad, ia efectividad y la celeridad, como lo es por excelencia el constitucional, resulta contrario a los fines constitucionales, que a quienes se les infringló su situación juridica, compartida con otros, victima de igual transgresión, no se les restablezca la misma, por no haber accionando, y que tengan que incoar otras acciones a los que se dicten sentencias contradictorias. En estos casos, se está en presencia de efectos procesales que se extienden a una comunidad en la misma situación juridica, la cual es diversa de la comunidad de derecho contemplada en el Código Civil, pero existente coni relación a las infracciones constitucionales que a todos aquejan y que no puede sostenerse que existe con respecto a unos (los que demandaron y obtuvieron sentencia favorable) y no con respecto a otros, los no demandantes. Tratándose de derechos subjetivos de las personas, los no demandantes pueden remunciar o no a ellos, pero existe una declaración a favor de todos los que se encontraban en la misma situación juridica, de la cual se aprovecharan o no, conforme a sus convenlencias y mientras no le caduque su acción, ya que de caducarles ellos no tendrían derecho a la fase ejecutiva de una acción cádula. En consecuencia, acclones como las de amparo constitucional, si son declaradas con lugar, sus efectos se hacen extensibles á todos los que se encuentran en la misma e idêética situación asi no sean paries en el proceso. Por lo tanto, los Notarios y Registradores que legalmente caifican para recibir la jubilación del Fondo de Pensiones de los Notarios y Registradores, que no participaron en esta causa, a quienes no ie ha caducado su acción, tienen derecho de adherirse ai fallo y solicitar su ejecución, ya que gozan de los efectos del mismo, siempre que acrediten en autos fehacientemente su condición de Notarios o Registradores y el cumplimiento de los requisitos para ser jubilados conforme a ias normas mencionadas. De hacerlo le notificará al querellado a fin que exponga lo que crea conveniente, debiéndose abrir una articulación probatoria en base al 'artículo 607 del Código de Procedimiento Civil si el querellado disintere (sic) el derecho del peticionista, el cual de serle negado por el fuez de la ejecución, podrá dilucidar el mismo en juicio aparte". Ahora bien, por las consideraciones expuestas y de la lectura del fallo parcialmente transcrito, esta Sala Constitucional estima procedente extender los efectos de la presente decisión, siempre que la parte actora asi lo estime conveniente. También observa esta Sala Constitucional que las consideraciones expuestas, en cuanto a las caracteristicas comunes que se evidencian en las diversas pretensiones contenidas en las acciones interpuestas por la Defensoria del Pueblo ante este Mácimo Tribunal en relación con los códigos policiales regionales, cuyas causas han sido supra identificadas, el análisis efectuado para decidir definitivamente las controversias resulta común a los juicios incoados, lo cual es susceptible de ser trasladado en cada caso y obtener as! el fallo correspondiente. Por tanto, observa esta Sala Constitucionai que es necesario considerar ia naturaleza universal dei juicio de nulidad, del cual hace parte el presente caso, así como también promover la economia procesal, con el fin de optimizar los recursos jurisdiccionales que pueda emplear este Máximo Tribunal en aras de brindar de manera satisfactoria lo dispuesto el articulo 26 de la Carta Magna, es decir, la tutela judicial efectiva, lo cual brinda la posibilidad de hacer extensivos los efectos de la presente decisión. Por las razones expuestas esta Sala Constitucional estima que es posible extender los efectos de la presente decisión, siempre que se solicite formalmente y se acredite estar en Idéntica situación frente a un Código de Rpiicia estatal contentivo de la normativa amulada por inconstitucionalidad en el presente fallo. Asimismo, en las causas de mulidaá que se encuentren en curso de Códigos de Policia, y en las que aún no se haya celebrado el acto oral, la Defensoría del Pueblo o quien funja como accionante adherente de la acción o tercero interviniente, podrá solicitar la extensión de los efectos de la presante decisión y, al efecto, la Sala, previa verificación sumaria, decidirá si ha lugar la extensión de efectos solicitada pudiendo acordaria; en coso de no acordar la extensión. de efecios solicitada se ordenará el trámite de ley para decidir la mulidad. Asi se declara. Vista la sentencia antes expuesta, debe esta Sala transcribir fos artículos objetos del presente recurso de nulidad, para así poder determinar la identidad necesaria para acordar la extensión de los efectos del referido fallo. Al respecto, los artículos 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 43, 44,-45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 del Código de Policia dei Estado Cojedes (artícuios impugnados), establecen lo siguiente: "Articulo I1.- Aquellas personas cuyos antecedentes les señalen como socialmente peligrosa, (sic) serán objeto de especial vigilancia por parte de la Policla. Articulo 12.- Todo ciudadano está en la obligación de prestar la colaboración que le exijan las autoridades de Policia, salvo el caso de que estuviera justificadamente impedido: Sus infracciones serán sancionadas con arresto hasta de tres dias, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudieren incurrir por su omisión. Articulo 14.- Donde quiera que se produzcan tumultos, riñas o desórdenes, concurrirá la Policia para contener los o reprimirlos, aprehenderá a los participantes y los pondrá a la disposición de las autoridades competentes. fueron, no requieran de sus propletarlos ei padrón o porte respectivo, serán sancionados con arresto de ocho dias. Igualmente incurrirán en esta sanción quienes sin estar autorizados realicen estas labores. página original (tal como se publicó) [Página 25] Articulo 19.- Cualquiera que deteriore o escrita los frentes o las casas o edificios ajenos, arroje pledras a los techos, cause daño a los objetos de servicio y ornato público o a la propaganda comercial autorizada y a los árboles, dañe obras de utilidad pública, será castigado con arresto hasta de ocho dias, sin perjuicio de las reparaciones e indemnizaciones a que hubiera lugar, y del ejercicio de la acción penal correspondiente. Artícuio 20.- Los que arrancaren, rompieren, borraren o de cualquier otra manera dañar en carteles, edictos públicos, serán penados con multas de diez a ochenta bolívares, o arresto proporcional. Parágrafo único: Cuando estos actos se realicen contra afiches electorales y propagandas politicas, se aplicarán dichas sanciones sin perjulcio de lo dispuesto en la Leyes que regulan la materla. Articulo 21.- La Policía está facultada para interrogar a cualquier ciudadano que se encuentre en el Territorto del Estado, ya para indagar la existencia de un hecho punible, ya para preventrlo y descubrir a los autores, cómplices o encubridores, o para cualquier otra averiguación que fuague conveniente para el mantenimiento del orden público o al resguardo de las garantias de los ciudadanos. Articulo 24.- Los dueños o representantes, encargados o dependientes de pulperías, botillerías y demás establecimlentas similares, que sirvan bebidas alcohólicas a menores de edad, serán sancionados con arresto de tres a ocho días o multas de cincuenta a doscientos bolívares. Artículo 25.- Las. autoridades de Policia procederán a desalojar de los profiriendo palabras obscenas o realizando actos contrarios al orden público. Articulo 26.- Los impresos, dibujos, manuscritos, estampas o cualesquiera otras publicaciones que expresen o representen obscenidades y que se expongan al púbico, se ofrezcan a la venta o se hagan circular, serán recogidas por la Policía e reincidan, serán sancionados con arresto de hasta ocho días. Artículo 28.- Las casas o sitios donde se realicen juegos licitos sólo podrán otorgado por la autoridad correspondiente. En ningún caso, ser permitirá en tales sitios, la presencia de menores de edad. Los dueños o encargados de los mencionados sitios, que infrinjan esta disposición, serán sancionados con arresto hasta de ocho dias o multa proporcional sin perjuicio de lo que dispongan otras Leyes. Articulo 30.- Las autoridades procurarán evitar la prostitución, especialmente en mujeres menores de edad. À tal efecto, tomarán las medidas necesarias es resguardo de la tranquilidad pública y las buenas costumbres. Artículo 32.- Los que causaren daño e deterioren estatus, monumentos y otras obras de ornato público, serán penados con multa de diez a ochenta bolivares o arresto proporcional, sin perjuicio de las sanciones'penales a que hubiere lugar y al pago de los daños ocasionados. Los reincidentes serán penados con arresto hasta de 8 días. Ártículo 33.- Cualquier persona que conduzca ganado vacuno, cabrío, caballar, porcino, y cualesquiera otros animales sueldos por las calles o vías públicas, sin las debidas precauciones, será sancionado con multa de ochenta bolivares o arresto hasta por ocho días, sin perjuicio de las indemnizaciones y reparaciones a que hubiere lugar por los daños que ocasione. Artículo 34.- Cualquiera que dañe, destruye o inutilice máquinas, instrumentos o aparatos, intencionalmente o por negligencia, destinados a algún servicio público o privado, o a la construcción de alguna obra será sancionado con arresto de tres a acho días, sin perjuicio de reparar o indemnizar los daños ocasionados, y de la aplicación de las leyes competentes. Articuio 38.- Los que de alguna manera causaren perjuicio a los acueductos públicos, serán penados con multas de cincuenta a ochenta bolivares o con arresto proporcional, debiendo además indemnizar los perjuicios que causare. Artículo 41.- En los casos contemplados en el artículo anterior, los interesados en e n n n n autoridades de policía lo exiyan. En caso de negativa, la autoridad de policía pondrá arresto hasta de ocho días, sin perjuicio de que el contraventor sea juzgado de conformidad con el Código Penal, caso de no comprobar la legítima procedencia de los animales. Artlculos 42.- Quien estando en tenencia material de una cosa mueble o inmueble ocurra ante las autoridades de policia denunclando que se intenta despojarla de ella, se hará comparecer a la persona contra quien se dirija la denuncia y si ésta no comprobare el derecho a detentar la cosa, se mantendrá al denunciante en su estado de tenedor. Ártículo 43.- en caso de que el denunciante acredite su derecho, la autoridad lo pondrá en el goce de la cosa, sin perjuicio de que lós interesados ocurran ante losi organismos judiciales competentes. Árticulo 44.- Si apercibido el denunciado de que debe respetar Ia tenencia del denunciante, o el denunciante de la obligación de entregarla, se mostrar en rebeidía desacatanda la orden policial, será sancionado con arresto de acho días. Árticulo 45.- Cuando el padre, la madre o cualquier otro representante legal, solicitare la intervención de las autoridades de Policía, para recuperar a su hijo u otra persona que estuviere a su cargo, por haberse evadido de su casa o de otro establecimiento que se haya destinado para su permanencia, la policia procederá a será entregado al reclamante. Artículo 46.- El que por su conducta desordenada y malos tratamientos a su mujer. hijos, pupilos o dependientes, diere lugar a justas quejas por parte de éstos, será amonestado por la autoridad de Policla y si no se corrigiere será castigado con multa de cincuenta a ochenta bolívares o arresto proporcional. Articulo 47.- Nadie puede penetrar y permanecer en casa ajena, sin permiso del dueños. La Poltcia está en el deber de dar a los particulares el auxilio que necesiten para ser mantenidos en su derecho. El que contra expresa prohibición del dueño de una casa entre o permanezca en ella, será castigado con multa de cincuenta a ochenta bolívares o arresto proporcional sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes. Artículo 48.- Las autoridades de Policta pueden penetrar en las casas y habitaciones particulares y sus dependencias, sin necesidad de previa autorización de su dueño u ocupante, solamente en los casos siguientes: I.- Cuando ocurriere en la casa incendio o inundación o se sospeche que por causa de descargas eléctricas, se haya ocasionado víctimas en el interior del inmueble. 2. Cuando se oigan voces o ruidos en la casa, que hagan presumir que se está cometiendo un delito, o está en peligro la vida de unq persona. 3. Cuando se denuncie que alguna persona se haintroducido en una casa por modos irregulares con indicios manifiesto de que va a cometer un delito. 4. Para capturar o eliminar a un animal peligroso que se haya introducido en el inmueble. 5. Cuando se encuentre en la casa ei autor de un delito in fraganti a quien se está persiguiendo para su aprehensión. 6. Cuando se encuentre en la casa el evadido. 7. Para cumplir las decisiones emanadas de las autoridades judiciales. Artículos 49.- Para los efectos de este Código no se reputan casas particulares: Las casas de juegos de cualquier clase. a) :b} Las tabernas, botillerias u otros establecimientos que expendan licor al por menor.. Las casa particulares en las que habitualmente se realicen juegos de envites c) y azar. d) Los patios, corredores y pasajes de las casas llamadas de vecindad. Articulo53.- Las penas que puedan aplicar las autoridades. de Policía son de las siguientes: 1) Arresto. Multa. 2) 3) Comiso. 4) Caución de buena conducta. 5) Amonestación. Ártículo 54.- El Gobernador del Estado, como primera autoridad de Policía puede imponer arresto hasta por ocho dias y multas hasta por ochenta bolívares mediante resolución razonada de mantener el orden, la moral, la docencia pública y la seguridad social: y de proteger las personas y las propiedades. Artículo 55.- Los Prefectos de los Distritos, pueden imponer arresto hasta por setenta y dos horas y multas hasta por treinta bolivares. Artículo 56.- Los Alcaldes de los Municiplos pueden imponer arresto hasta por cuarenta y ocho horas o multas hasta por veinte bolívares. Articulo 57.- Cuando las faltas cometidas en la jurisdicción de los Prefectos o Alcaldes a que se contraen los artículos anteriores, ameriten una sanción mayor de las que puedan imponer dichos funcionarios, éstos lo comunicarán a la autoridad inmediatamente superior, a quien remitirán todo lo actuado y quien decidirá en definitiva, la sanción a imponer. Árticulo 58.- Las penas de arresto se sufrirán en los cuarteles de Policia o en los lugares que a tales efectos se destinen. Articulo 59.- Cuando la pena impuesta fuese de multa, se extenderá un recibo por triplicado, uno de cuyos ejemplares quedará en el archivo de la Policía, otro se entregará al sancionado y el tercero a las respectivas rentas municipales o al tesoro del Estado. Parágrafo único: Si transcurridos tres dlas no se hubiese acreditado el pago de la multa, esta se convertirá en arresto proporcional. Ártículos 60.- Cuando se impongan las penas de comiso, se dará a los objetos decomisados el destino siguiente: serón vendidos en pública subasta, destinándose el producto a las respectivas rentas municipales o al tesoro del Estado. Artículo 61.- La caución de buena conducto, consiste en fianza personal o garantía real a satisfacción de la autoridad, para responder que un individuo no realizará el " ataque o daño proyectado contra otro, ni reincidirá en la falta en que haya incurrido. Parágrafo único: El monto de la fianza será fijado por la autoridad que la exija, la cual no podrá exceder de los dos mil bolívares. Parágrafo segundo: Si el compromiso garantizado con la caución personal se incumple, ésta se hará efectiva con arresto en su límite máximo. Árticulo 62.- La amonestación consiste en la admonición que la autoridad de Policía hace al individuo, en audiencia pública, excitándole a corregirse de la falta o hecho que se le impute y observar buena conducta. Artículo 63.- Las faltas se dividen en simples y graves. Son faltas simples aquelias que no ocasiones perjuicios a terceros, y faltas graves aquellas que amenacen el orden y la seguridad pública, las que ofendan ia moral y las buenas costumbres, las que perjudiquen la salubridad pública y en general, todas aquellas que de acuerdo con el Código Penal, causaron daños a la comunidad o a los particulares. Articulo 64.- Las faltas que no tengan penas señaladas por el presente Código, serán sancionados según criterio de la autoridad respectiva y acorde con lo dispuesto en el Articulo 54, 55 y 56 de esta Ley. Artículos 65.- Cuando las autoridades de Policía impongan alguna sanción contemplada en el presente código, lo hará constar mediante una Resolución, la. cual será asentada en el Registro de Resoluciones, que se llevará con la finalidad, debiendo expresarse todos los datos relativos a la identificación de la persona sancionada, los hechos imputados y probados, la pena impuesta y la disposición legal aplicable al caso. Parágrafo único: Ejecutada la pena impuesta, el interesado tendrá derecho que se expida copia certificada de la resolución a que se refiere este artículo y concurrir en queja ante el funcionario inmediatamente superior, quien si encontrase fundada la queja ordenará la restitución de la multa, si la hubo quedando a salvo los derechos del interesado para reciamar los perjuicios que se hubieren ocasionado". En primer término, quiere este órgano jurisdiccional dejar sentado que en el caso de autos por estar involucrada la violación de normas constitucionales relativas a los principios de legalidad de las infracciones y sanciones y el principio de la reserva judicial para la aplicación de medidas privativas de libertad, no procede la perención de la instancia ni el abandono de la causa. página original (tal como se publicó) [Página 26] Ahora bien, aprecia esta Sala que en el caso de autos se dan los supuestos indicados por la referida sentencia para lograr la extensión de sus efectos ya que la representación de la Defensoría del Pueblo realizó la petición formalmente y las consideraciones en ella contenidas son trasladables a la presente causa ya que se trata de la nulidad de un Código de Policía Estadal que crea medidas privativas de libertad. Además, en la presente causa no se ha realizado el acto oral. En este contexto, haciéndose extensivas al presente fallo las consideraciones expuestas en la referida sentencia número 191/10, se aprecia que las normas impugnadas que establecen la posibilidad de dictar medidas de arresto como única sanción a los hechos previstos en esas normas son las contenidas en los artículos siguientes: 12, 14, 18, 19, 26, 34, 41, 44, 45, 57, 58 y 64, las cuales deben ser declaradas nulas, y así se decide. Por otra parte, las normas que establecen las medidas de arresto de forma alternativa y que deben ser declaradas nulas en forma parcial, esto es sólo en lo referente a las medidas privativas de libertad son los artículos 20, 24, 28, 32, 33, 38, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 59 y 61, así se declara. Igualmente, se desestima la nulidad de los artículos 11, 21, 30, 42, 43, 48, 49, 60 y 65; así se decide. Finalmente, en relación con los efectos de la decisión en el tiempo, esta Sala determina que esta sentencia tendrá efectos ex tunc y ex nunc. Así se deciara. DECISIÓN Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: EXTENDER LOS EFECTOS de la sentencia número 191 dictada por esta Sala Constitucional el 8 de abril del 2010, a la presente causa, razón por la cual se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de nulidad ejercido por el ciudadano GERMÁN MUNDARAÍN HERNÁNDEZ, en su carácter de DEFENSOR DEL PUEBLO, para la época de interposición del recurso, conjuntamente con abogados adscritos al Despacho a su cargo, contra los artículos 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 del Código de Policía del Estado Cojedes sancionado el 1 de abril de 1968, por la entonces Asamblea Legislativa de dicho Estado y promulgado por el Gobernador de dicha entidad el 10 de mayo de ese mismo año. SEGUNDO: LA NULIDAD de los artículos 12, 14, 18, 19, 26, 34, 41, 4.4, 45, 57, 58 y 64 del Código de Policía del Estado Cojedes. TERCERO: LA NULIDAD PARCIAL de los artículos 20, 24, 28, 32, 33, 38, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 59.y 61 del Código de Policfa del Estado Cojedes. CUARTO: SIN LUGAR la pretensión de nulidad de los artículos 11, 21, 30, 42, 43, 48, 49, 60 y 65 del Código de Policía del Estado Cojedes. QUINTO: SE FIJAN los efectos de la presente declaratoria con carácter ex nunc, es decir hacia el futuro. SEXTO: SE ORDENA poner en libertad a cualquier persona que estuviere sometida a la pena de arresto, con base en las normas cuya nulidad fue declarada en este fallo y SE ORDENA eliminar cualquier referencia (en expedientes, archivos y/o registros) a la detención de que hubieren sido objeto las personas a las que se les aplicaron las normas ahora declaradas nulas. SÉPTIMO: SE ORDENA la publicación del texto Íntegro de esta sentencia en la Gaceta Oficial de la República y en la Gaceta Oficial del Estado Cojedes, con la siguiente mención en su sumario: "Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara la nulidad absoluta de los artículos 12, 14, 18, 19, 26, 34, 41, 44, 45, 57, 58 y 64 del Código de Policía del Estado Cojedes; y la nulidad parcial, en lo que respecta a la facultad de órgano policial de restringir la libertad personal, de los Código". OCTAVO: SE EXHORTA al Consejo Legislativo del Estado Cojedes para que derogue cualquier disposición de contenido similar a las que han sido anuladas por este fallo y para que no incluyan, en lo sucesivo, sanciones de privación o restricción de libertad en sus textos legales. Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Dada, firmada y sellada en ei Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los_/Z días del mes de uli de dos mil doce (2012). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación. ALES LAMUÑO El Vicepresidente, amo FRANCISCO ANTOMO CARRSQUERO LÓPEZ Los Magistrados, MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN Ponente CARMEN ZULETA DE MERCHÁN ARCADIO DELGADO ROSALES JUAN JOSÉMENDOZAJOVER GLADYS MARIA GUTIÉRREZ ALVARADO cretario, { JOSÉQNAR REQUENA CABELLO OYSTTUO Exp. 04-0142 MTDP página original (tal como se publicó) [Página 27] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución N° 0323 Caracas, 11 de septiembre de 2012 202° y 153° La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano FRANCIsCo RAMOS MARÍN, titular de la cédula de identidad N° 13.336.942, domiciliado en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su CondiCión de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA MAGISTRATURA, designado en-Sesión-de-Sala -Plena del Tribunal-Supremo de Justicia, el día dos (02) de abril de 2008, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.917 de fecha veinticuatro (24) de abril de 2008, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 de fecha primero (01) de octubre 2010. RESUELVE PRIMERO: Designación de la Ciudadana YOSHIRE NAIROBI GALLARDO RIVER0, titular de la cédula de identidad N° 11.234.172, quien ejerce el cargo de Analista Profesional III, como Jefa de/la División de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección de Servicios-al Peysona de la Dirección General de Recursos Humanos de la Dirección Ejecitiva de la Magistratura, en condición de encargada, a partir de-la-present y fecha. à los once (11yda del mes déetierrde 2012. Comuníquesebi FRANGISGO RAMOS MARIN Difector Ejegutivo LEY di Simpladéndeans ADMINISTRATIVOS deVIVIENDA y HÁBITAT CLC3A CEIAIAL DEFENSORÍA DEL PUEBLO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DESPACHO DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO CARACAS, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2012 2020 Y 1530 RESOLUCIÓN N° DdP-2012-103 GABRIELA DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ, DefenSOra del PuebIo de la República Bolivariana, de Venezuela, designada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 13 de diciembre de 2007, según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.836, de fecha 20 de diciembre de 2007, actuando de conformidad con el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 29 numeral 19 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en concordancia con los artículos 11 y 63 del Estatuto de Personal de la Defensoría del Pueblo, .contenido en la Resolución N° DP-2007-210, de, fecha 17 de diciembre de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.838 del día 26 de diciembre de 2007. RESUELVE: Designar a la ciudadana YELITZE YANETT PALENCIA PACHECO, títular de la cédula de identidad N° V- 12.378.459, quien ocupa el cargo de Coordinadora de Asuntos Internacionales, como Directora de Asuntos Internacionales, en calidad de encargada, desde el día 16 de julio de 2012 hasta nueva disposición. Comuaquese y Publíquese, GABRIELA DEL MAR RAMIREZ PÉREZ DESPERENSORA DEL PUEBLO LEY oginladab FUERZA ARMVADA NACIONAL Balihariuna LEY de nefnapancatdelb tag det SEGURO-SOCIAL CICELCREAL GUCETRARGLL página original (tal como se publicó) [Página 28] A LA VENTA en las taquillas de la Gaceta Oficial LEY ORGÁNICA de EDUCACIÓN GACETA OFICIAL página original (tal como se publicó) [Página 29] A LA VENTA en las taquillas de la Gaceta Oficial LEY sesinpllacda derdatas ADMINISTRATAOS LEY del Rigimen restadonal deVIVIENDA y HÁBITAT Otros: LEY Oginadalb FUERZA ARMADA NACIONAL Balhariana LEY dfoapdhy d SEGURO-SCCIAL EUECLAFIOAL LEY ORGÁNICA dEBUCACIÓN GULEU:OFVALL Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero Ley Orgánica de Telecomunicaciones Compendio (Ley de Creación, Estimulo, Promoclón y Desarrollo del Sistema Microfinanciero, Ley especial de Asociaciones Cooperativas) Ley de Tierras y Desarrollo Agrario Ley Orgénica de Hidrocarburos página original (tal como se publicó) [Página 30] A LA VENTA en las taquillas de la Gaceta Oficial LEY staclaee ADMINISTRATIVOS LEY dalägimen estacloal! VIVIENDA HÁBITAT Otros: LEY Oeplidadebe RUEczA ARMADIANACIENAE. saliarbana LEY de slacegpucitdetssa SEGERO.SCCIAL LEY ORGÁNICA EEDUCACIÓN Ley de Creación, Estimulo, Premoción y Desarroßlo del Sistema Miosofinanciero Ley Orgánica de Telecomunicaclones Compendio (Ley de Creactón, Estimnio, Promoclón y Desarzollo del Sistema Miorofinanciero, Ley especial de Asociaclonos Cooperatives) Ley de Tlerras y Desarrollo Agrario Ley Orgánica de Eidrocarburos página original (tal como se publicó) [Página 31] A LA VENTA en las taquillas de la Gaceta Oficial LEY ORGÁNICA de EDUCACIÓN GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA página original (tal como se publicó) [Página 32] DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppO 187207DF1 AÑO CXXXIX Número 40.006 MES XII Caracas, miércoles 12 de septiembre de 2012 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas- Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en -la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 32 Págs. costo equivalente a 13,25 % valor Unidad Tributaria DE VENEZUELA. ArtiCulo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único. Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial. Articulo 13. En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea conveniente porel Ejecutivo Nacional. Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIAÑA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos. El SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados. página original (tal como se publicó)