[Página 1] A OFICIAL GACETA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO CXXXIX Caracas, lunes 13 de agosto de 2012 MES XI SUMARIO Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia Sistema Integrado de Policía Providencia mediante la cual se designa a las integrantes de la Unidad de Igualdad y Equidad de Género, la cual estará integrada por las ciudadanas que en ella se indican. Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas ONAPRE Providencia mediante la cual se procede a la publicación de un Traspaso de Créditos Presupuestarios de Gastos de Capital a Capital del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, por la cantidad que en ella se señala. Providencia mediante la cual se procede a la publicación del Traspaso Presupuestario que incrementa los Gastos de Capital del Ministerio del Poder Popular de Industrias, por la cantidad que en ella se menciona. Superintendencia de las Instituciones del SectorBancario Resolución mediante la cúal se establecen las «Normas que permiten determinar el cumplimiento de los Requisitos de Calidad Moral y Ética exigidos para el Ejercicio de la Actividad Bancaria». Superintendencia de la Actividad Aseguradora Providencia mediante la cual se autoriza a la empresa Financiadora de Primas Inversora Segucons, C.A., para el ejercicio de la actividad de Financiamiento de Primas de Seguros e inscribir la bajo el N° 07 en el Registro de Empresas Financiadoras de Primas que para el efecto se lleva en esta Superintendencia. Providencia mediante la cual se autoriza a la empresa Financiadora de Primas Inversora Segaprima, C.A., para el ejercicio de la actividad de Financiamiento de Primas de Seguros e inscribir la bajo el N° 05 en el Registro de Empresas Financiadoras de Primas que para el efecto se lleva en esta Superintendencia. Providencia mediante la cual se autoriza a la empresa Inversora Seguridad Financiadora de Primas C.A., para el ejercicio de la actividad de Financiamiento dé Primas de Seguros e inscribir la bajo el N° 04 en el Registro de Empresas Financiadoras de Primas que para el efecto se lleva en esta Superintendencia. Providencia mediante la cual se sanciona a la empresa Seguros Caroní, C.A., con multa por la cantidad que en ella se indica. Providencia mediante la cual se suspende temporalmente la autorización otorgada al ciudadano Horacio Antonio Martínez Viceconte, para actuar como Corredor de Seguros. SENIAT Providencia mediante la cual se autoriza al ciudadano Víctor Hugo Carbonell Marcano, para actuar como Agente de Aduanas Persona Natural, con carácter permanente, bajo relación de dependencia con la empresa AgentesAduanales Vicgabxi, C.A. en las operaciones que en ella se señalan, ante la Gerencia de Aduana Principal de Puerto Cabello. Número 39.984 Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social Resolución mediante la cual se confiere la condecoración Orden al Mérito en el Trabajo a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan. Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Ernesto Luis Fulco García, Director de la Dirección Estadal de este Ministerio en el estado Bolívar. Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social Resolución mediante la cual se modifica la Resolución N° 034-2012, de fecha 08 de mayo de 2012, en los términos que en ella se señalan. Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica Resolución mediante la cual se Encarga a la ciudadana Zenaida Margarita Hernández Montes de Oca, como Directora General (E) de la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales de este Ministerio, y se delega la firma de los actos y documentos que en ella se indican. Tribunal Supremo de Justicia Decisión mediante la cual se declara Sin Lugar la demanda de nulidad ejercida por el ciudadano Javier Simón Gómez González, apoderado judicial de la Alcaldía del Municipio Maracaibo. Decisión mediante la cual se anulan algunos Artículos que en ella se mencionan, y los numerales que en ella se señalan, del Código de Policía del estado Miranda, en los términos que en ella se mencionan. Ministerio del Poder Popular para la Salud Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Carlos Enrique Olaizola Vizcaya, como Director Encargado del Hospital Dr. Enrique Tejera, ubicado en Valencia, estado Carabobo. Ministerio Público Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos que en ellas se señalan, Técnicos de Seguridad y Resguardo I, en las Fiscalías que en ellas se indican, en los estados que en ellas se especifican. Resoluciones mediante la cuales se designa Abogados Inspectores a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, en las Direcciones que en ellas se indican. Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se señalan. Resoluciones mediante las cuales se designa Fiscales Auxiliares Interinos a los ciudadanos Abogados y ciudadanas Abogadas que en ellas se mencionan. página original (tal como se publicó) [Página 2] MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA REPÚBLICA- BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA DESPACHO DEL VICEMINISTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE POLICÍA 202°y 153° 039 Caracas, 13 de agosto de 2.012 N PROVIDENCIA El Viceministro del Sistema Intagrado de Policia, designado según Decreto N° 7225 de fecha 05 de Febrero de 2010, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.384 de fecha 09 de Febrero de 2010, en ejercicio de las atribuciones que noviembre de 2010, publicada en Gacata Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°39.556 de igual fecha, referente a las Normas y Garantías Relativas a los Derechos de las Mujeres a la Igualdad y Equidad de Género en los Cuerpos de Policia Nacional Bolivariana y demás Cuerpo de Policia Estadales y Municipales: DECIDE PRiMErO: Designar a las integrantes de la Unidad de Igualdad y Equidad de Género, Policia del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, conforme se detalla a continuación: NOMBRES Y APELLIDOS cJ YERMEYN ALEJANDRA YORR WUYIKE 14.000.580 MARTHA ELENA TOVAR OROPEZA 14.472.522 LOICE TSABEL ORTEGA RIEYES 84.585.738 SEGuNDO: La presente Providencia entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivasiananda Venezuela. Comuníquese y publíquese, Viceministror Sistero nIntegrado de Policia MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS República Bolivariana de Venezuela - Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas - Oficina Nacional de Presupuesto - Número: 143 - Caracas, 10 de agosto de 2012 202° y 153° PROVIDENCIA De conformidad con lo establecido en el Articuio 4 de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, se procede a la publicación de un traspaso de Créditos Presupuestarios de Gastos de Capital a Capital del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES, por la cantidad de DIECISÉIS MIL BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 16.000,00). (Ingresos Ordinarios), que fue aprobado por esta Oficina en fecha 10 de agosto de 2012, de acuerdo a la siguiente imputación: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES 16.000,00 Ba. EXTERIORES Proyecte: 060021oo0 "Intensificación y adecuación de la tercera fase de transformación 16.000,00 institucional del ministerio " Acción Especifica: 060021004 "Acondicionamiento y remodelación de edificaciones del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 16.000,00 Exteriores" 16.000.00 4.04 "Activos reales" Partida: Ingresos Ordinarios DE LA: Sub-Partida Genérica, Específica y Sub-Especifica: "Conservación, ampliaciones y mejoras 02.01.00 mayores de obras en bienes del dominio privado" 16.000,00 A LA: Sub-Partida Genérica, Específica y Sub-Espectfica: "Contratación de inspección de obras de 14.01.00 bienes del dominio privado" Bs. 16.000,00 Comuníquese y Publíquese, GUSTAVO J. HERNANDEZ J. Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto (B) República Bolivariana de Venezuela - Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas - Oficina Nacional de Presupuesto - Número: 142 - Caracas, 09 de agosto de 2012 202° y 153° PROVIDENCIA De conformidad con lo establecido en el Articulo 87 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, se procede a la publicación del traspaso presupuestario que incrementa los gastos de capital del MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS por la Cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.500.000), autorizado por esta Oficina el 09 de agosto de 2012, de acuerdo con la siguiente imputación: 2.500.000,00 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS Bs. Acción Centralizada: 2.500.000,00 680002000 "Gestión Administrativa " Acción Específica: especificas de los proyectos del orgaaisso" " 2.500.000,00 DE: "Servicios »o personales" 4.03 Partida: 2.500.000.00 - Otros ingresos Sub-Partidas Genérica, Específica y 2.500.000,00 Sub-Específica: 18.99.00 "Otros impuestos indirectos" PARA: 4.04 2.500.000.00 "Actives reales" Partida: Bs. -Otros ingresos Sub-Partidas Genérica, Específicas y Sub-Especlficas: "Mobiliario y equipos de oficina" 0010'60 2.000.000,00 500.000,00 09.02.00 Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional GUSTAVO J. HERNANDEZ J. Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto (E) República Boliverlana de Venequela Superintendencia de las Instituciones WC. 0007161 . RESOLUCIÓN FECHA:1 0 JUL 2012 NÚMERO:0 99 .1 2 Visto que el articulo 153 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, en lo sucesivo Decreto Ley, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.627 del 2 de marzo de 2011, faculta a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario a efectuar la inspección, supervisión, vigilancia, regulación, control y sanción de las instituciones del sec tor bancario con el objeto de proteger los intereses del público. Visto que la normativa prudencial emanada de esta Superintendencia es de estricta observancia para todos los sujetos obligados y la misma tiene como finalidad lograr la solidez del sistema bancario nacional. Visto que el artículo 34 del Decreto Ley, establece que las instituciones bancarias comunicarán a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario la designación de directores, presidentes, vicepresidentes, representantes legales o de cargos de administración o de dirección, consejeros, asesores, consultores, auditores internos y externos, gerentes de áreas, secretarios de la junta directiva o cargos similares y este Ente Supervisor analizará la calidad moral y ética de las personas que opten a los anteriores cargos y podrá disponer que queden sin efecto los respectivos nombramientos. colocados por los ciudadanos en las instituciones financieras, en aras de mantener la página original (tal como se publicó) [Página 3] estabilidad del sector bancario venezolano; asi como, que no se susciten situaciones que afecten negativamente dichas instituciones y su vulnerabilidad. En este sentido, entre otros aspectos, debe garantizar que quienes ingresen a la actividad bancaria cumplan con los requisitos de moralidad y ética, indicados en el Decreto Ley. Visto que los directores y administradores de los bancos son responsables de que la gestión de dichas instituciones se realice cumpliendo en todo momento con las disposiciones legales aplicables, debiendo abstenerse de realizar prácticas o aplicar normativa prudencial; y en todo momento cuidar porque los depósitos del público sean manejados bajo criterios de honestidad, prudencia y eficiencia. Visto que este Ente Supervisor de conformidad con lo establecido en el numeral 14 del articulo 172 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, le corresponde la promulgación de normativas prudenciales necesarias para el ejercicio de las operaciones bancarias, sus servicios complementarios y su supervisión, resuelve establecer las siguientes: "NORMAS QUE PERMITEN DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD MORAL Y ÉTICA EXIGIDOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD BANCARIA" Artículo_1: Esta norma tiene por objeto fijar los criterios generales y requisitos de información, que permitan determinar la calidad moral y ética, exigidos a las personas asesores, consultores, auditores internos y externos, comisarios, factores mercantiles, representantes judiciales, defensor det cliente y usuario bancario y sus suplentes, de ser el caso, gerentes de áreas, secretarios de la junta directiva o cargos similares y sus suplentes, de ser el caso, en las instituciones bancarias. Artículo 2: Las presentes normas están dirigidas a: Todas las instituciones bancarias sometidas a la inspección, supervisión, a. vigilancia, regulación y control de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. b. directores, presidentes, vicepresidentes, representantes legales o cargos de administración o de dirección, consejeros, asesores, consultores, auditores intemos y externos, comisarios, factores mercantiles, representantes judiciales, de áreas, secretarios de la junta directiva o cargos similares y sus suplentes de ser el caso, en las instituciones bancarias. Las personas jurídicas que deseen ingresar a la actividad bancaria como: c. consejeros, asesores, consultores y auditores extemos en las instituciones bancarias. Artículo 3: A los efectos de estas normas los términos indicados en este artículo, tanto en mayúscula como en minúscula, singular o plural, masculino o femenino, tendrán los siguientes significados: Calldad moral y ética: Está representada por las actuaciones o conductas que tiene una persona apegadas a principios, valores, costumbres, leyes y normas, adquiridos, asimilados y practicados de un modo estrictamente racional o conciente dentro de la sociedad o comunidad. Institución: Todas las instituciones bancarias, sometidas a la inspección, supervisión, vigilancia, regulación, control y sanción de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. Artículo 4: La Asamblea General de Accionistas realizará la designación de los cargos correspondientes a los directores, presidentes, factores mercantiles, auditor interno de la banca privada y los comisarios y sus respectivos suplentes, de ser el caso. La designación de los cargos de vicepresidentes, representantes judiciales, banca pública, consejeros, asesores, consultores, gerentes de área, secretarios de la corresponda, será efectuada por quien esté facultado para ello de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la institución bancaria. suplentes, se realizará por la Junta Directiva y se someterá a consideración de la Asamblea General de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en la normativa que regula la materia. La designación de los auditores extemos será de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley y en las normativas aplicables vigentes. Artículo 5: Todas las designaciones mencionadas en el articulo anterior deberán ser notificadas a este Organismo mediante comunicación suscrita por el presidente del banco o quien haga sus veces en la institución bancaria con indicación de sus respectivas acreditaciones; asi como, el nombre, cédula de identidad, edad, profesión, domicilio, nacionalidad y cargo de las personas designadas. Artículo 6: Las notificaciones señaladas en las presentes normas deberán ser consignadas ante este Organismo dentro del plazo de ocho (8) días hábiles bancarios contados a partir de la fecha de la correspondiente designación y de acuerdo con lo que se indica a continuación: 1. Para los nuevos nombramientos de los cargos de directores, presidentes, factores mercantiles, auditor interno de la banca privada, comisarios, defensor del cliente y usuario bancario y sus suplentes, de ser el caso, deberán remitir los siguientes requisitos: Fotocopia legible de la cédula de identidad y del Registro de Información a. Fiscal (RiF) vigente, si es extranjero pasaporte vigente. Los extranjeros no domiciliados en el pals deberán presentar el documento equivalente utilizado en el pais donde tributan. Curriculum vital en el cual se deberá señalar en detalle los cargos b. desempeñados con su respectivo tiempo y actividades realizadas de cada uno, manteniendo a la disposición de este Organisano la documentación que soporte el contenido del mismo, quien lo solicitará cuando así lo requiera. Un minimo de tres (3) referencias personales de reciente emisión. c. Un mínimo de tres (3) referencias bancarias y/o comerciales, de reciente d. emisión. Reporte del movimiento histórico de la consulta detallada de los últimos 6. cinco (5) años emitido por el Sistema de Información Central de Riesgo ello en virtud de verificar que los solicitantes no incumplan con lo señalado en los numerales 4 y 5 del articulo 32 y numerales 2 y 3 dei artículo 34 del Decreto Lay. En el caso de designación de personas extranjeras, deberá presentar un documento o soporte equivalente usado en el pais donde tenga el asiento principal de sus negocios e intereses. f. Declaración Jurada Notariada donde manifieste: f.1 No estar incurso en las causales de inhabilidad y prohibiciones contenidas en el articulo 32 y en los numerales 1, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 34 del Decreto Ley. f.2 Si ha participado o no en cargos de dirección, administración, gestión y/o control de bancos y demás instituciones bancarias intervenidas, estatizadas o liquidadas; en cuyo caso expresará si estuvo incurso o no en algún proceso judicial y de ser afirmativo, señalar en que etapa se encuentra actualmente. Balance Personal correspondiente a los dos (2) últimos años, acompañados g. sus respectivas notas y soportes sobre su elaboración. En el caso de correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios económicos, con informe de preparación suscrito por un Contador Público Colegiado, con sus respectivas notas y soportes sobre su elaboración. Copia de la Declaración de Impuesto Sobre La Renta de los tres (3) últimos h. años y los soportes que evidencien la cancelación correspondiente. En caso de ser presentada via internet deberá remitir el certificado electrónico de recepción de la declaración. En el caso de designación de personas extranjeras, deberá presentar un documento o soporte equivalente usado en el país donde tenga el asiento principal de sus negocios e intereses. Copia del Acta de Asamblea de Accionistas certificada donde realizaron las i. designaciones de los cargos. En el caso de ratificaciónes en los cargos aprobados por Asamblea General de 2. Accionistas, deberán remitir los requisitos señalados en los literales e, f e i del punto 1 de este articulo y en el caso de los comisarios, adicionalmente deberán cumplir con las normas interprofesionales para el ejercicio de la función como comisario. 3. Para los nuevos nombramientos de los cargos de vicepresidentes, representantes judiciales, representantes legales, cargos de administración o de dirección, auditor interno de la banca pública, consejeros, asesores, consultores, gerentes de área, secretarios de la Junta Directiva o cargos similares y sus suplentes respectivos en los casos que corresponda, deberán remitir los requisitos señalados en los literales a, b, e, f y g del punto 1 de este artículo debiendo mantener a la disposición de este Organismo la documentación indicada en los demás literales de dicho punto, para el caso en que sea requerida. En el caso de los nombramientos de las personas jurídicas que deseen ingresar a la actividad bancaria como consejeros, asesores, consultores y auditores extemos de las instituciones bancarias deberán remitir los requisitos señalados en los literales a, d, e, f, g y h del punto 1 de este articulo y adicionalmente: a. Documento Constitutivo y Estatutos Sociales vigentes debidamente registrados. b. Resumen detallado de sus actividades y sus principales clientes. c. Copia de la Solvencia Laboral emitida por la autoridad competente. Igualmente deberán remitir, según corresponda y en virtud a lo señalado en los Estatutos Sociales copia del Acta de Asamblea General de Accionistas o Acta de Junta de Directiva o en su defecto Memorando Intero de designación donde se certifique los nombramientos de los cargos, según sea el caso. En el caso de los auditores internos correspondientes a instituciones bancarias públicas, se requerirá adicionalmente a lo señalado en el primer párrafo del quien haga sus veces en la institución bancaria conforme a la designación del Jurado Calificador en cumplimiento de los elementos exigidos por la Contraloría General de la República. Artículo _7: En lo que sea aplicable, la documentación indicada en el artículo 6 se Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961 o debidamente legalizada por ante el Consulado de la República Bolivariana de Venezuela y traducida al idioma castellano por un intérprete público autorizado en la República Bolivariana de Venezuela, en caso de que se encuentre elaborada en idioma distinto a éste. Artículo 8: Cuando el contenido de la documentación consignada ante este Organismo no refleje la información suficiente y necesaria para la evaluación del caso, o esté incompleta, se le comunicará mediante oficio motivado y se le solicitará nuevamente la documentación con las deficiencias y/u observaciones subsanadas. Artículo 9: Si la documentación requerida mediante oficio no es remitida en el plazo indicado por esta Superintendencia se entenderá desistida la solicitud. Artículo 1Q: Recibida la notificación con todos los recaudos solicitados en las presentes Normas, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario emitirá pronunciamiento al respecto dentro de los ocho (8) días hábiles bancarios siguientes a la fecha de la recepción de los mismos. No obstante, el referido plazo podrá ser prorrogado por una sola vez y por igual período, cuando este Organismo lo considere necesario, se le notificará a la parte interesada de dicha prórroga y lamisma se anexará al expediente de la institución bancaria. Artículo 11: La documentación detallada en el artículo 6 de estas Normas, deberá ser cuyas páginas deberán estar identificadas, legibles y foliadas en el cuadrante superior mismos el título de cada apartado en forma legible, quedando expresamente entendido que la Superintendencia no procesará la notificación si ésta no se encuentra acompañada de todos los recaudos, en cuyo caso se le notificará por escrito al solicitante. página original (tal como se publicó) [Página 4] Articuio 12: Las personas designadas por la Asambiea General de Acclonistas sólo previa recepción del pronunciamiento emitido por esta Superintendencia. Iguaimente los nombramientos realizados por la Junta Directiva podrán ejercer sus funciones a partir de la fecha de recibido el respectivo pronunciamiento. funciones del cargo y no fuese aprobada la designación por este Organiamo, quedará sin efecto el nombramiento debiendo ser removido de manera inmediata del mismo. Articulo 13: La institución bancaria deberá informar a este Organismo cuando alguna de las personas designadas en el ejercicio de sus funciones se encuentre inmersa entre las inhabilidades y prohibiciones establecidas en el Decreto Ley y en la normativa legal vigente, en un plazo no mayor de dos (2) dias hábiles contados a partir del momento en que la institución tenga conocimiento de dicha situación. En ese sentido, el nombramiento de personas inhabilitadas o que no cumplan con los validez ni efectos legales a partir de la notificación por parte de esta Superintendencia. 2008, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela aspectos aqui regulados: igualmente se deroga la Resolución N° 199.11 de fecha 14 de julio de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.714 del 15 de julio de 2011. Articulo 15: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de là República Bollvariana de Venezuela. Comuniquese yblique Edgar HerandaBehrep/ Superintendente REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Caracas2 6 JUL 2012 PROVIDENCIA N° FSAA 2-50 0 2 20 0 202° Y 1530 Visto que el CiUdadano OMAR JESUS FARÍAS LUCES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad número V-5.907.347, actuando en su condición de Presidente de la Sociedad Mercantil, INVERsORA SEGUCONS, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 24 de octubre de 2005, bajo el número 74, tomo 1198 —A.; de los libros respectivos, solicitó la autorización para operar como empresa Financiadora de Primas de Seguros, bajo la denominación FINAÑCIADORA DE PRIMAS INVERSORA SEGUCONS, C.A . Visto que del análisis efectuado a los documentos presentados por la INVERSORA SEGUCONS, C.A., se verificó que éstos cumplen con los requerimientos técnicos y legales establecidos en el artículo 143'de la Ley de la Actividad Aseguradora, exigidos para otorgar la autorización solicitada. Vista las atribuciones conferidas al Superintendente de la Actividad Aseguradora en los artículos 7 numeral 13 y 141 de la Ley de la Actividad Aseguradora, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.990 Extraordinario del 29 de julio de 2010, reimpresa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.481 de fecha 05 de Agosto de 2010; corresponde a este organismo ejercer la regulación, control, supervisión y fiscalización de la actividad de financiamiento de primas de seguros. En virtud de las consideraciones que anteceden, quien suscribe, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley de la Actividad Aseguradora,. DECIDE: PRIMERO: AutoriZar a la empresa FINANCIADORA DE PRIMAS INVERsORA SEGUcoNS, C.A., para el ejercicio de la actividad de Financiamiento de Primas de Seguros e inscribir la bajo el N° 07 en el Registro de Empresas Financiadoras de Primas que para el efecto se lleva en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. SEGUNDO: Se deja sin efecto el Registro de Inscripción como Empresa Financiadora de Primas N° 114,otorgada por esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora, a la sociedad mercantil INVERSORA SEGUCONS, C.A., en fecha 20 de mayo de 1999. TERCERO: Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Comuníquese y Publíquese. Superintendei ta Activ furadora Resolución N° brecd de 2010" G.O.R.B.V N° 39 36 febrero de 2010 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Caracas, 2 6 JUL 2012 PROVIDENCIA N° FSAA 2-50 0 2 2 0 1 202° Y 1530 Visto que el ciUdadano JUAN CARLOS. MEZA RANGEL, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad número V-13.412.706, actuando en su condición de Director Administrador de la Sociedad Mercantil, INVERsORA SEGAPRIMA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 25 de septiembre de 2007, bajo el número 22, tomo 103 -A Cto.; de los libros respectivos, solicitó la autorización para operar como empresa Financiadora de Primas de Seguros, bajo la página original (tal como se publicó) [Página 5] denominación FINANCIADORA DE PRIMAS INVERSORA SEGAPRIMA, C.A. Visto que del análisis efectuado a los documentos presentados por la INVERSORA SEGAPRIMA, C.A., se verificó que éstos cumplen con los requerimientos técnicos y legales establecidos en el artículo 143 de la Ley de la Actividad Aseguradora, exigidos para otorgar la autorización solicitada. Vista las atribuciones conferidas al Superintendente de la Actividad Aseguradora en los artículos 7 numeral 13 y 141 de la Ley de la Actividad Aseguradora, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.990 Extraordinario del 29 de julio de 2010, reimpresa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.481 de fecha 05 de Agosto de 2010; corresponde a este organismo ejercer la regulación, control, supervisión y fiscalización de la actividad de financiamiento de primas de seguros. En virtud de las consideraciones que anteceden, quien suscribe, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley de la Actividad Aseguradora, DECIDE: PRIMERO: Autorizar a la empreSa FINANCIADORA DE PRIMAS INVERsORA SEGAPRIMA, C.A., para el ejercicio de la actividad de Financiamiento de Primas de Seguros e inscribir la bajo el N° 05 en el Registro de Empresas Financiadoras de Primas que para el efecto se lleva en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. SEGUNDO: Se deja sin efecto el Registro de Inscripción como Empresa Financiadora de Primas Nº 138, otorgada por esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora, a la sociedad mercantil INVERSORA SEGAPRIMA, C.A., en fecha 25 de febrero de 2009. TERCERO: Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Comuníquese y Publíquese. ELLUIS PELES de ta Actiád ebrero de 2010 Resolución N G.O.R.B.VN3.360 de Tenj3 de febrero de 2010 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS Caracas,2 6 JUL. 2012 PROVIDENCIA N° FSAA-2-5 0 0 2 2 0· 2 2020 Y 1530 Visto que el ciudadano ALBERTO BERGES ROJO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad número E.-84.405.255, actuando en su condición de Director General de la Sociedad Mercantil, INVERSORA SEGURIDAD, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (ahora Distrito Capital) y Estado Miranda, el fecha 07 de julio de 1969 bajo el número 40, tomo 51- A Sgdo., solicitó la autorización para operar como empresa Financiadora de Primas de Seguros, bajo la denominación INVERSORA SEGURIDAD FINANCIADORA DE PRIMAS C.A. Visto que del análisis efectuado a los documentos presentados por la INVERSORA SEGURIDAD, C.A., se verificó que éstos cumplen con los requerimientos técnicos y legales establecidos en el artículo 143 de la Ley de la Actividad Aseguradora, exigidos para otorgar la autorización solicitada. Vista las atribuciones conferidas al Superintendente de la Actividad Aseguradora en los artículos 7 numeral 13 y 141 de la Ley de la Actividad Aseguradora, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.990 Extraordinario del 29 de julio de 2010, reimpresa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.481 de fecha 05 de Agosto de 2010; corresponde a este Organismo ejercer la regulación, control, supervisión y fiscalización de la actividad de financiamiento de primas de seguros. En virtud de las consideraciones que anteceden, quien suscribe, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley de la Actividad Aseguradora, DECIDE: PRIMERO: Autorizar a la empreSa INVERSORA SEGURIDAD FINANCIADORA DE PRIMAS C.A., parael ejercICio de la actividad de Financiamiento de Primas de Seguros e inscribir la bajo el N° 04 en el Registro de Empresas Financiadoras de Primas que para el efecto se lleva en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. SEGUNDO: Se deja sin efecto el Registro de Inscripción como Empresa Financiadora de Primas N° 16 otorgado por esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora, a la sociedad mercantil INVERSORA SEGURIDAD, C.A. en fecha 30 de julio de 1999. página original (tal como se publicó) [Página 6] TERCERO: Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Comuníquese y Publíquese. JOE LUIS PERNN Superintendene la Activ G.O.R.B.VN° 3pe febrero de 2010 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA N° FSAA-2-3-021C8 Caracas, 0 3 JUL 2012 202° y 1530 I.- ANTECEDENTES Visto que er. fecha 04 de noviembre de 2011, este Organismo mediante Providencia N° 003265, ordenó la apertura de un procedimiento administrativo a la empresa Seguros Caroní, C.A., a objeto de determinar si existe rechazo genérico en el cumplimiento de sus obligaciones frente al ciudadano Henry Toledo, titular de la cédula de identidad N° 12.187.445, de conformidad con lo establecido el artículo 130 de la Ley de la Actividad Aseguradora, sancionable de acuerdo con lo previsto en el artículo 166 ejusdem. Mediante oficio distinguido con el número SAA-2-2-2011-4154, se notificó a la aseguradora, de la apertura de la averiguación administrativa y del lapso probatorio acordado, a objeto que presentara las pruebas que estimara necesarias para el ejercicio de la defensa de sus derechos e intereses, en relación a los hechos denunciados. Se deja constancia que dicho oficio fue recibido por Seguros Caroní, C.A., el día 17 de noviembre de 2011, tal como lo afirmó la propia representación de la aseguradora en el escrito N° 24526 del 06 de diciembre de 2011. II.- DE LOS ALEGATOS Y PRUEBAS PRESENTADOS POR SEGUROS CARONÍ, C.A. Visto que de conformidad con lo señalado en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la empresa Seguros Caroní, C.A., disponía.de un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la apertura del procedimiento la cual se produjo el día 17 de noviembre de 2011, para presentar sus descargos contra los hechos impuestos en el auto de apertura, período éste que venció el día 01 de diciembre de 2011, sin que la aseguradora presentara informe alguno. Se deja constancia que en fecha 06 de diciembre de 2011, mediante escrito distinguido con el No 24526 del control interno de correspondencia, la representación de Seguros Caroní, C.A., presentó el escrito de descargo en relación con el procedimiento administrativo iniciado en su contra, el cual se procederá a analizarlo a fin que no se vea vulnerado el derecho a la defensa. La representación de la empresa Seguros Caroní, C.A., consignó sus alegatos y pruebas, los cuales se presentan en forma resumida dándose íntegramente por reproducidos toda vez que constan en autos. En este sentido luego de hacer un resumen de los hechos que dieron lugar a la apertura del procedimiento administrativo explicó que en la declaración del siniestro que se encuentra firmada por el asegurado en el item relativo a los daños, se puede leer textualmente lo siguiente: *Rotura del Cuello de la empacadura del motor y la caja, pérdida de copa del ring delantero derecho, rotura de la caja debido a pérdida de aceite." (Negrillas de la empresa) Igualmente explicó que el día 11 de agosto de 2010, se había practicado al vehículo siniestrado el ajuste de daños, cuyo informe técnico conduyó como sigue: "Vehículo con bote de aceite preexistente no tiene en lo absoluto nada que ver con golpe leve que tuvo en rueda delantera izquierda al caer en hueco, empacaduras no se darán por golpe." (Negrillas de la empresa) La representante de la empresa indicó que Seguros Caroní, C.A., había procedido a indemnizar sólo aquellos daños que de acuerdo con el informe del perito guardaban relación con el siniestro, tales como la pérdida de copa del rin delantero derecho y el propio rin delantero derecho; no así los reportados por el asegurado. Admitió que en virtud de tales hechos, el día 18 de agosto de 2010, se procedió a emitir la correspondiente carta de rechazo, en la cual se le informó al asegurado la improcedencia del reclamo, fundamentando tal decisión en el contenido de la Cláusula 4 de las Condiciones Particulares de la Póliza de Seguros de Casco de Vehículos Terrestres, referida a las exclusiones por uso o desgate, fallas o roturas mecánicas o eléctricas, que no sean consecuencia directa de un siniestro cubierto por la póliza. En el escrito de descargo, la representante de Seguros Caroní, C.A., agregó además que el asegurado no dio cumplimiento a su obligación de aminorar las consecuencias del siniestro, pues luego de producido el evento continuó rodando el vehículo hasta su destino, lo que en su opinión deja ver que los daños no fueron lo suficientemente fuertes como para ser el único responsable de los daños antes descritos. Para la representante de Seguros Caroní, C.A., la empresa cumplió en todo momento con sus obligaciones de ley, prestando al asegurado el apoyo requerido y los servicios necesarios, informándole oportunamente las resultas de los procedimientos de verificación y ajustes, de los cuales resultó el rechazo del reclamo presentado. III.- CONSIDERACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Vistas las actuaciones y documentos que conforman el señalado expediente, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora, a fin de decidir al respecto, formula las siguientes consideraciones: El objeto de la presente averiguación administrativa es comprobar si la compañía Seguros Caroní, C.A. realizó un acto infractor de una conducta exigida por el ordenamiento jurídico que regula la actividad aseguradora; la determinación de la responsabilidad administrativa y la imposición de las sanciones a que hubiere lugar. En tal sentido, en el auto de apertura de la averiguación administrativa se atribuyó a la mencionada aseguradora el presunto incumplimiento del artículo 130 de la Ley de la Actividad Aseguradora, al no expresar en la carta de rechazo de fecha 18 de agosto de 2010, dirigida al ciudadano Henry página original (tal como se publicó) [Página 7] Toledo, las causas de hecho que se subsumían en la disposición que le sirvió de fundamento para negar la cobertura al mencionado ciudadano, hecho sancionable de conformidad con lo previsto en el artículo 166 de la Ley de la .. Actividad Aseguradora. El artículo 130 de la Ley de la Actividad Aseguradora dispone en su segundo aparte: "Igualmente tienen derecho a ser notificados por escrito dentro del lapso antes señalado, de las causas de hecho y de derecho que justifican el rechazo, total o parcial, de la indemnización exigida. El incumplimiento de la obligación aquí descrita, por parte de los sujetos regulados, generará la correspondiente responsabilidad Organismo). La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencias números 00581 del 04 de mayo de 2011, 378 del 05 de mayo de 2010 y 890 del 17 de junio de 2009, ratifica el criterio expresado en la sentencia No 03683 de fecha 02 de junio de 2005, en la cual se pronunció sobre los tres tipos sancionatorios previstos en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, en los siguientes términos: "Así, la falta de pago o la ausencia de respuesta ante la solicitud de cancelación de las coberturas previstas en una determinada póliza, se subsumiría en el supuesto de elusión de las obligaciones establecidas a cargo de la aseguradora, pues implicaría el incumplimiento del deber de notificar por escrito o de pagar las indemnizaciones debidas; en tanto que, la respuesta o el pago fuera del plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya terminado el ajuste correspondiente, si fuere el caso, y el asegurado haya entregado toda la información y recaudos indicados en la póliza para liquidar el siniestro, se subsumiría en el supuesto de retardo sancionado por la norma y, por último, la emisión de respuesta negativa dentro del plazo previsto en la norma pero conformada con argumentos escuetos e insuficientes para explicar el rechazo del pago que se trate, configuraría el tipo de rechazo genérico prohibido en el mismo parágrafo cuarto del artículo en comento". Ahora bien, en el caso que se analiza tal como se indicó al inicio de las consideraciones expuestas por este Organismo, Seguros Caroní, C.A., presuntamente incurrió en rechazo genérico al haber únicamente notificado al asegurado el fundamento de derecho que supuestamente la exonerada de responsabilidad, no obstante omitió las causas de hecho que la misma tenía para rechazar como lo hizo. A los fines de determinar la responsabilidad administrativa de la empresa Seguros Caroní, C.A., por lo que al rechazo genérico se refiere, se hace necesario explicar el alcance de la norma parcialmente transcrita. Sobre tal disposición legal debe puntualizarse que el asegurador tiene la obligación de pronunciarse en el plazo legal acerca de los derechos del asegurado, se trata de un deber en el marco de un contrato de seguro en etapa de ejecución. Lo expuesto significa que, en principio, el asegurador debe pronunciarse siempre que haya una denuncia de siniestro, bien sea asumiendo la responsabilidad o rechazando con fundamento, según corresponda; actuación que debe cumplirse en los términos que establece el artículo 130 de la Ley de la Actividad Aseguradora seguros, esto es, treinta (30) días continuos siguientes, contados a partir de la fecha en que se haya entregado el último recaudo o del informe de ajuste de pérdidas, si fuese el caso. DEL RECHAZO Cursa al folio 21 del expediente administrativo, copia de la carta de rechazo, fechada el día 18 de agosto de 2010, en la cual puede leerse lo siguiente: "..EL ASEGURADOR no indemnizará a EL TOMADOR cuando las perdidas o daños en su origen o extensión, fuesen ocasionados o se den en el curso de: F) Uso o desgate, deterioro gradual u oxidación por factores climáticos y otros similares naturaleza del vehículo Asegurado, sus accesorios, letreros o dibujos, si los tuviere. G) Fallas o roturas mecánicas o eléctricas, que no sean consecuencia directa de un siniestro cubierto por esta póliza." Aplicando las consideraciones anteriores al caso que se analiza se observa que la empresa al momento de rechazar se limitó a transcribir el fundamento de derecho que la exonera de responsabilidad frente al asegurado, no obstante no explica al asegurado cuáles son los hechos que se vinculan al derecho. En efecto, la empresa aún contando con un informe técnico en el que se explica detalladamente el por qué los dañôs reclamados no se correspondían con el siniestro sufrido, ésta se limita a transcribir el contenido de la Cláusula 4 de las Condiciones Particulares de la Póliza de Seguros de Casco de Vehículos Terrestres, sin explicar los hechos, que daban lugar a tal decisión. En virtud de las consideraciones anteriores resulta evidente que Seguros Caroní, C.A., incurrió en rechazo genérico al no haber expresado los hechos que se subsumen en el derecho invocado para negarse a otorgar la cobertura reclamada por el ciudadano Henry Toledo; siendo que respecto a este hecho la representación de la aseguradora no presenta argumento alguno que haga presumir a este Órgano de Control que tal falta de atención se debe a un incumplimiento involuntario, se hace necesario entonces determinar si el incumplimiento de la obligación dispuesta en el artículo 130 de la Ley de la Actividad Aseguradora, se debió a culpa de Seguros Caroní, C.A., ello en virtud que el ejercicio de la potestad sancionatoria administrativa requiere como requisito esencial la exigencia de la culpabilidad del autor de la infracción, para castigar la conducta omisiva. Al respecto, la doctrina contemporánea, en materia de Derecho Administrativo Sancionador, ha discutido ampliamente el tema de la exigencia de la culpabilidad en los ilícitos administrativos. Sobre el particular se han establecido tres posiciones. La primera de ellas plantea la aplicación en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador de las reglas y principios. que sobre culpabilidad se han desarrollado en el Derecho Penal; la segunda, plantea la independencia de la responsabilidad por ilícitos administrativos, no siendo exigible la culpabilidad; finalmente, una posición intermedia que aplica la noción de culpabilidad en los predios del Derecho Administrativo Sancionador, pero con las matizaciones propias derivadas de las peculiaridades de éste, que lo diferencian claramente del ámbito penal. Respecto a la primera de las posiciones, es decir, la que pretende trasladar al Derecho Administrativo Sancionador los principios creados y desarrollados por el derecho penal, autores de la calidad de ALEJAnDRo NIETo han demostrado la banalidad de dicha tesis, porque no es cierta del todo esa pretendida extensión de la exigencia de culpabilidad y, además, cuando realmente se exige, provoca unos problemas de solución imposible. Para demostrar lo que se está diciendo basta pensar en los supuestos de infracciones cometidas por personas jurídicas o en los casos de solidaridad y subsidiaridad y en la aparición extrema de la presunción de culpabilidad. (NIETO, Alejandro: Derecho Administrativo página original (tal como se publicó) [Página 8] Sancionador, Segunda Edición, Madrid, Editorial Tecnos, 1994; Pág. 24). La segunda de las posiciones, aquella que proclamala independencia del derecho administrativo sancionador, y en consecuencia la no exigencia de culpabilidad, ha sido reconocida por la doctrina y jurisprudencia en derecho 'comparado. En sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo de 7 de octubre de 1988 se señaló: "Pueden especialmente - siempre en principio y en determinadas condiciones - penalizar un hecho material u objetivo en sí, con independencia que proceda de dolo o negligencia." La no exigencia de culpabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador, se ha fundamentado en la diferente valoración legal que dicha figura merece en la esfera administrativa de la que puede merecer en la penal, ya que distinta y divergente es la naturaleza jurídica con que se regulan en uno y otro de tales ordenamientos esa responsabilidad hasta el punto que cambia en lo esencial la nota característica de la citada manifestación intencionada o maliciosa como elemento básico de la misma. Finalmente, la posición intermedia, que plantea la exigibilidad en las infracciones administrativas pero no en los mismos términos que en el derecho penal, debido a las diferencias existentes entre ambos regímenes punitivos, plantean las siguientes ideas: En el derecho penal es el repertorio de ilícitos lo suficientemente breve como para ser conocido por todos los ciudadanos y, además, coincide a grandes rasgos con la conciencia popular. De tal manera que es infrecuente cometer un delito sin conciencia de ello. En et derecho administrativo sancionador, en cambio, la situación es muy diferente. Aquí los repertorios de ilícitos son inabarcables y el Estado no puede exigir a nadie que los conozca. El conocimiento real es sustituido por la ficción legal de que se conoce. Por tanto, si la culpabilidad se concibe como conciencia y voluntad de alcanzar un resultado ilícito y se ignora -de hecho- que es ilícito, el sistema cae por su propio peso. En consecuencia, si nos tenemos a la culpabilidad en el sentido penal, el DerechoAdministrativo Sancionador se disuelve y queda sustituido por un juego de ficcionesy presunciones. El ciudadano no puede ciertamente: conocer los ilícitos que cada día van creando las normas; pero tampoco puede refugiarse en su ignorancia, que sería -además de una excusa demasiado sencilla- un desprecio para el Estado y para los intereses públicos protegidos por el ilícito. De aquí la obligación genérica no ya de conocer todo el repertorio de ilícitos sino de procurar conocerlo. Y, en consecuencia, su responsabilidad le será exigida no ya por sus conocimientos reales sino por los conocimientos exigibles a la diligencia debida. Diligencia que esvariable en atención a las circunstancias personales de cada uno: grado de cultura, medio en que vive, grado de proximidad del ilícito a sus actividades habituales y, sobre todo, profesión. Por tanto, tomando en consideración que la aseguradora debía tener exacto conocimiento de las obligaciones derivadas de su actividad y en consecuencia de la norma que exige el cumplimiento de sus obligaciones, se considera que en su actuación estuvo presente el elemento culpabilidad, en los términos definidos anteriormente. En efecto, como se indicó anteriormente, Seguros Caroní, C.A., tiene el conocimiento que las normas contenidas en la Ley de la Actividad Aseguradora, son de obligatorio cumplimiento, en consecuencia, este Organismo estima que la mencionada aseguradora incurrió en responsabilidad administrativa al haber rechazado en términos genéricos el reclamo presentado por el ciudadano Henry Toledo. Así se decide. Visto que de los hechos antes expuestos quedó comprobada la infracción por parte de la aseguradora al contenido del artículo 130 de la Ley de la Actividad Aseguradora, es por lo que este Órgano de Control sanciona a. la empresa Seguros Caroní, C.A., con multa por la cantidad de Noventa y Siete Mil QuinientosBolívares (Bs. 97.500,00), mínima de la sanción prevista en el artículo 166 ejusdem, por haber rechazado con argumentos genéricos el siniestro presentado por el ciudadano Henry Toledo. La referida sanción se impone tomando como base de cálculo el valor de la Unidad Tributaria vigente para el momento en que se cometió la infracción (2010), de Sesenta y Cinco Bolívares (Bs. 65.00). Finalmente,este Organismo considera pertinente la publicación del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Publicaciones Oficiales, el cual dispone que: "En la GACETA OFICIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, se publicarán además los Decretos, Resoluciones y otros actos del Poder Ejeautivo que por mandato legal o a juicio de aquel requieran publicidad; sin perjuicio de que dichos actos tengan la debida autenticidad y vigor sin el requisito de la publicación.". (Énfasis nuestro). Vistas las consideraciones anteriores, quien suscribe, José Luis Pérez, Superintendente de la Actividad Aseguradora, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 7, numerales 2, 27 y 38 de la Ley de la Actividad Aseguradora. DECIDE Primero: Sancionar a la empresa Seguros Caroní, C.A., con multa por la cantidad de Noventa y Siete Mil Quinientos Bolívares (Bs. 97.500,00), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de la Actividad Aseguradora, al haber rechazado con argumentos genéricos el siniestro presentado por el ciudadano Henry Toledo. Segundo: Ordénese la publicación del presente acto administrativo, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Publicaciones Oficiales. Tercero: Se ordena la notificación de las partes involucradas de conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procadimientos Administrativos. Contra la presente decisión podrá la empresa Seguros Caroní, C.A., intentar el Recurso de Reconsideración, por ante el Superintendente de la Actividad Aseguradora, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de esta Providencia, conforme a lo establecido en el artículo 94 de la citada Ley Orgánica de_Procedimientos Administrativos. Notifíquese y Publíquese. LUIS P'ÉRE de la Ac. G.O.R.B.v. o. 3p.360 de fecha 08 de febrero de 2010 página original (tal como se publicó) [Página 9] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINAIZAS SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA SAA-2-1- 80 1314 :0 4 MAY 2012 Caracas , 202° y 153° Visto que mediante escrito recibido en fecha 01 de diciembre de 2011, registrado con el N° 2011-24273 en el control de correspondencia de este Organismo, el(la) ciudadano(a) MARTINEZ VICECONTEHORACIO ANTONIO, titular de la Cédula de Identidad N° V5894531, solicitó ante esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora la suspensión de la autorización otorgada como Corredorfa) de Seguros, para realizar gestiones de intermediación en operaciones de la actividad aseguradora. Visto que mediante Providencia Administrativa N° HSS/2-1-925-0012a2 de fecha 26 de febrero de 1997, este Organismo le otorgó al(a la) ciudadanofa) MARTINEZ VICECONTE HORACIO ANTONIO, la autorización que lo(la) acredita como Corredor(a) de Seguros. Visto que conforme al literal b) del artículo 142 del Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, el(la) mencionado(a) ciudadano(a) puede solicitar la suspensión de la autorización concedida, cuando lo solicite por cualquier causa justificada. En consecuencia, quien suscribe en uso de las atribuciones que le conere la Ley de la Actividad Aseguradora y el Regiamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros: DECIDE: PRIMERO: Suspender temporalmente la autorización otorgada al(a la) ciudadano(a) MARTINEZ VICECONTE HORACIO ANTONIO, titular de la Cédula de Identidad N° V5894531, para actuar como Corredor(a) de Seguros bajo el N° CS-1317, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del articulo 142 del Reglamanto General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros. Insértese la nota marginal correspondiente en el Registro de Intermediarios de Seguros. SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo primero y segundo del articulo 142 del Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, la presente suspensión no podrá reactivarse antes que haya transcumido un periodo de seis (06) meses, contados a partir de la fecha de la noliicación de la suspensión. Transcurridos tres (3) años desde que haya sido suspendida la autorización, sin que la misma haya sido reactivada, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora revocará la autorización. Contra la presente decisión podrá ser interpuesto el Recurso de Reconsideración previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Adminisrativos, por ante el Superintendente de la Actividad Aseguradora, dentro de los quince (15) dias hábiles siguientes a su notificación. Comuniquese y publiquese. Superintenden la Actad-Aseguradora Resolución N° 2.5s3 de-fechar03 de febrero de 2010 G.O.R.B.V. N° 39.360 del 03 de febrero de 2010 REPÚSLICA BOLIVARIANA DE VENEZUSLA SENIAT MOD NACONAL ANSCADO DE ADANIETBICON ADUNNBIA Y TIBUDRIA MO DEL PODER POPULAR DE FLAPEMICACION Y PINAWZAS RF: C-10000303-0 Caracas, 1. 3 AGO 2012 NIDENCIA ADMINISTRATIVA N° SNAT/INA/GRA/DAA/URA/2012-E 8 1 1 3 9 1 En atención al escrito registrado ante la Gerencia de Regímenes Aduaneros de la Intendencia Nacional de Aduanas bajo el N° 005119 en fecha 26/04/201.2,. presentado pOr la sOciedad mercantil AGENTES ADUANALES VICGABDI, C.A, Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) 3- 31578592-7, autorizada para actuar como Agente de Aduanas Persona Jurídica bajo el N° 1963, según Providencia Administrativa N° 00218 de fecha 07/12/2012, publicada en la Gaceta Ollidal de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.602 de fecha 11/01/2007, domidlada en la ciudad de Puerto cabello, Estado Carabobo, cuyo documento constitutivo estatutario fue inscrito en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 31/05/2006, bajo el N° 06, Tomo 294-A; y modificados por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas inscrita en ese mismo Registro Mercantil bajo el N° 08, Tomo 298-A, en fecha 20/07/2006, mediante el cual solicitan Autorización para actuar como Agente de Aduanas Persona Natural bajo relación de dependencia con esa empresa, del Ciudadano VICTOR HUGO CARBONELL MARCANO, Cédula de Identidad N° V-17.515.336, con Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) V- 17515336-1, con carácter permanente, en las operaciones de Importación, Exportación y Tránsito, ante la Gerencia de Aduana Principal de Puerto Cabello. Del análisis efectuado a la documentación aportada, este Servicio observa que el menclonado ciudadano ha cumplido con los requisitos exigidos en los artículos 36 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas, 133 y 134 de su Reglamento, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución del Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas) N° 2.170 de fecha 03/03/1993, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.164 de fecha 04/03/1993, en consecuenda, quien suscribe 3OSÉ DAVID CABELLO RONDÓN, tituiar de la Cédula de Identidad Nº y-10.300.226, Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria - SENIAT, en ejercicio de la atribución que le confiere el Decreto N° 5.851 de fecha 01/02/2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.863 de fecha 01/02/2008, en mì condición de máxima autoridad conforme lo estabiece el Artículo 7 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.320 de fecha 08/11/2001, en concordancia con el Artículo 10, numerales 6 y 11 ejusdem, DECIDE ÚNICO: AUTORIZAR al CUdadaNO VICTOR HUGO CARBONELL MARCANO, Cédula de Identidad N° 17.51.5.336, con Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) en n r n r e n r ADUAnALES VICGABXa, C.A. en las operaciones de Importación, Exportación y Tránsito, ante la Gerencia de Adusa Priaclpul de PUERTO CABELLO, quedando inscrito en el registro correspondiente bajo el neº 417. n n n e Grande. Puerto Cabello IEdo. Carabebo; en caso de camblo de domicilio sin notificación a la Administración Aduanera, quedará suspendida la presente autorización. En el caso de modificar esta autortzadión bien sea por: a) la manifestación de cambiar de relación de Dependencia para representar a otra Persona Jurídica, la misma dejar sin efecto la vinculación anterior; o, b) la conclusión de sus labores bajo relación de Dependencia para actuar en nombre proplo (Firma Personal), deberá ajustarse a los requisitos establecidos en el Artículo 36 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas que sean de legal aplicación, su Reglamento y la Resolución N° 2.170 de fecha 03/03/1993, del Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio del Poder Popular de Planlficadión y Finanzas), publicada en la Gaceta Oficial N° 35.164 de fecha 04/03/1993. La presente autorización es de carácter intransferible, conforme a lo establecido en el artícuio 137 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas. La persona antes mencionada, queda obligado al estricto cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas, sus Reglamentos, la Resolución N° 2.170 de fecha 03/03/1993 y demás normas aplicables, quedando sujeta a la vigilancia, control, fiscalización e inspección de la autoridad aduanera correspondiente. Asimismo deberá cancelar el equivalente a ciento· veinte Unidades Tributarias (120 U.T.) por concepto del otorgamiento de la presente autorización, de conformidad a lo establecido en el numeral 5 del artículo 10 de la Ley de Timbre Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.416 de fecha 22 de diciembre de 1999, previo a la publicación de la presente Providencia Administrativa. momento en que se evidenciare y comprobare que el beneficiario ha incumplido con las obligaciones propias de su gestión, en perjuicio de los intereses de la República o del consignatario o propietario de la mercancía, o cuando se incumplan con las aplicación de otras sanciones. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y ACIORAL ADUAMERO.YTRIBUTARIO UPERINTENDENG MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO DE LA MINISTRA 0 9 AGO 2012 Caracas, 202° y 153° JEbEON RESOLUCIÓN De conformidad a lo establecido en el articulo 3° de la Ley sobre condecoración "Orden al Mérito en el Trabajo". publicada en Gaceta Oficial N° 38,920 de fecha 29 de abril de 2008, se confiere la condecoración ORDEN AL MÉRITO EN EL TRABAJO, como reconocimiento a su compromiso, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo realizado en el VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLVARIANA DE VENEZUELA, a los siguientes ciudadanos: PRIMERA CLASE ORDEN. EUMELIA HERNÁNDEZ: SCHEMCHUK COLMENARES, ALEJANDRA COROMOTO PRIMERA CLASE ORDEN. ALFREDO MANEIRO: ONTIVEROS ROA, ALEXIS SEGUNDA CLASE ORDEN. CARMEN CLEMENTE TRAVIESO: ALBAN MORALES, ANA EMILIA ESPINOZA SOJO DORIS VIOLETA FARIAS EGURROLA, SARAI CHIQUINQUIRA página original (tal como se publicó) [Página 10] PERDOMO, ROSA ELENA RAMÍREZ PAREDES, MARÍA EUGENIA RIVERO LINERO, AXARA DAYANOA SEGUNDA CLASE ORDEN. ANTONIO DÍAZ "POPE": ABELLO ALEJO, BILE JESÚS COLMENARES VARELA, JUAN CARLOS DURÁN, JUAN RAMÓN RIERA PÁEZ, ARGENIS RAFAEL TERCERA CLASE ORDEN. ARGELIA LAYA: ACOSTA PINEDA, HEYDE NOREKSA ÁLVAREZ BARRETO, JOHANA ANDREINA ARIZA SUAREZ, MARÍA ELENA BRICEÑO VILLEGAS, KATIUSKA DEL VALLE CHACÓN BRAVO, MARÍA EUGENIA CHACÓN DE LÓPEZ, RITA YASMIN DÁVILA VÁSQUEZ, NORIS COROMOTO FIGUEREDO VALERA CARMEN LUISA GÓMEZ MUÑOZ, LUZ ELENIA GONZÁLEZ BASTIDAS, KAROL ADRIANA GONZÁLEZ, MARLENE GRATEROL, KENIA WALESKA HERNÁNDEZ GUERRA, INES SUSANA LAGUNA MORALES, NIURKA JOSEFINA NUÑEZ, MARÍA IRENE PACHECO GUANIPA, MARIELY COROMOTO PÉREZ TORRES, LESMAIRE YAMILETH REY PADILLA, MARÍA YSABEL RIOS MARIÑO, IRIS CAROLINA RIVERO ESPIÑOZA, ELISA MARIBEL URRIBARRI SALAS, GISELA MARGARITA VARELA JAIMES, YUSMIRY DEL ROSARIO VERGARA LANDINEZ, FLORANA BETHALIS VERGARA, CARMEN ELENA VIVAS JIMÉNEZ, MARÍA LEOMILA TERCERA CLASE ORDEN. PEDRO PASCUAL ABARCA: ABREU PARRA, JOSEPH JESÚS ALBERT IZAIPE, JOSÉ JOHAN ÁLVAREZ AMARO, CESAR ALFREDO BARCO DÍAZ, WILLIAM ALEXIS BECERRA BETANCOURT, EDGAR ALEXANDER BLANCO RAMÍREZ, JOSÉ OSCAR BRICEÑO GONZÁLEZ, JOSÉ RAMÓN BUSTAMANTE PEREIDA, YONKLIN ARNOLDO FALCÓN MARQUEZ, MIGUEL ANTONIO GARCÍA, NOLBERTO RAFAEL GARCÍA, HUMBERTO ANTONIO GÓMEZ ORTIZ, RONNY LUIS GONZÁLEZ, SIXTO GUILLERMO GRANDA, FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ CASTRO, LUIS JOSÉ HIDALGO, HUGO TOVAR LISCANO BRACHO, JOSÉ ALBERTO MARCHAN HERNÁNDEZ, JOEL DIONICIO MATERANO TORRES, JOSÉ HONORIO MORILLO ARAUJO, DIRSON RAFAEL QUEZADA REYES, JUAN JOSÉ REVERON GORDONES, VÍCTOR NICOLÁS RUIZ CORDERO, MAURICIO ANTONIO SÁNCHEZ OMAÑA, DENIS ROBERTO SEQUERA MARTÍNEZ, JORMAN NABOR TOVAR ARRIETE ANDERSON MANUEL URBANO, CESAR ANTONIO VIRGUEZ CASTELLANO, JAIRO JOSÉ Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, MINISTRA DEL PODER POPULARRARA EL TRSBAJO Y SEGURIDAD SOCIAE A MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE DESPACHO DEL MINISTRO / CONSULTORIA JURIDICA RESOLUCIÓN N°O72 CARACAS, 13 DE AGOSTO DE 2012 AÑOS 202° y 153° En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 62 y 77, numeral 19 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en los artículos 5, numeral 2, 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; conforme con los Decretos números 8.559 y 8.560. de fechas 01 y 02 de noviembre de 2011, respectivamente, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.791 de fecha 02 de noviembre de 2011; y Decreto N° 8.612 de fecha 22 de noviembre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de ta República Bolivariana de Venezuela N° 39.806 de fecha 23 de noviembre de 2011, este Despacho Ministerial, ,RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano ERNESTO. LUIS FULCO GARCIA, titular de la Cédula de Identidad N° V-8.246.631 en el cargo de DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN ESTADAL. del Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre, en el estado BOLIVAR. Artículo 2. Delegar en el ciudadano ERNESTO LUIS FULCO GARCIA, titular de la Cédula de Identidad N° V-8.246.631 como DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN ESTADAL del Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre, en el estado BOLiVAR, actuar como responsable del manejo de los fondos en avance o en anticipo que se giren en la mencionada Unidad Administradora Desconcentrada, Código 00018, con sede en Ciudad Bolivar, estado Bolivar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario. Artículo 3. El ciudadano ERNESTO LUIS FULCO GARCIA, titular. de la Cédula de Identidad N° V-8.246.631, comoDIRECTOR DE LA DIRECCIÓN ESTADAL del Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre, en el estado Bolivar, tendrá las atribuciones que a continuación. se indican: 1. Coordinar, planificar y ejecutar con los estados y Municipios todo lo relativo a la regulación, formulación y seguimiento de las políticas públicas en materia de vialidad, transporte terrestre, comunicaciones, así como sus servicios conexos con base a las competencias de cada uno de los niveles de gobierno. 2. Concertar con los estados y Municipios la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las obras de infraestructura vial, de interés nacional, integradas con las de comunicaciones asegurando la creación de sistemas urbanísticos sustentables y que propicien el desarrolio equilibrado del territorio nacional y del ambiente. 3. Apoyar al Ejecutivo Nacional en las entidades federales, en la construcción y mantenimiento de obras de infraestructura vial, de equipamiento del territorio nacional y redes que conecten las distintas regiones del estado que representan, en coordinación con los órganos y entes competentes en materia de planificación territorial, ambiente, ordenación del territorio, así como con los estados y Municipios, cuando corresponda, a fin de asegurar su participación activa en la sociedad protagónica y socialista. 4. Tramitar por ante las dependencias competentes las autorizaciones de aumentos, disminuciones de partidas y obras, extras, dentro del monto original de los contratos de obras. 5. Conformar los documentos constitutivos de las fianzas otorgadas por compañías de seguros o instituciones bancarias, previa revisión legal, para garantizar a la República el reintegro de anticipo, el fiel cumplimiento del contrato y otros conceptos previstos en los contratos de obras. 6. Otorgar los permisos para efectuar los trabajos o eventos en las vías públicas. 7. Los contratos de Obras correspondientes a trabajos a realizarse dentro de su jurisdicción, previamente autorizados por el Ministro o por el funcionario en quien delegue su autorización. Igualmente la firma de todos aquellos documentos que se producen como consecuencia de la ejecución de dichos contratos y de los documentos probatorios de sus modificaciones, a excepción de los que impliquen un aumento neto del monto total del contrato o modificación del objeto del mismo. 8. Los contratos de adquisición de bienes inmuebles y bienhechurías requeridas para la ejecución de Obras Públicas, previamente autorizados por el Ministro o por el funcionario en quien delegue su autorización. 9. Los contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y los servicios básicos necesarios para el funcionamiento de la Dirección Estadal a su cargo, previamente autorizados por el Ministro o el funcionario en quien delegue su autorización. 10.Tramitar ante la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio los movimientos del personal a excepción de los Directores, Jefe de División o Asesores. 11.Certificar las copias de los documentos cuyos originales reposan en el archivo de la Dirección Estadal a su cargo. 12.La correspondencia destinada a las demás direcciones del Ministerio sobre actuaciones de carácter técnico-administrativo, cuya tramitación deban iniciar, continuar o concluir conforme con sus respectivas competencias. 13.La correspondencia externa, postal, telegráfica, radiotelegráfica y telefacsímil, en contestación a solicitudes de particulares dirigidas al Ministerio, sobre asuntos cuya atención sea competencia de la Dirección Estadal a su cargo. Artículo 4. Los actos y documentos que el prenombrado funcionario firme de conformidad con esta Resolución, deberán indicar inmediatamente, bajo página original (tal como se publicó) [Página 11] la firma, nombre de quien lo suscribe, la titularidad con que actúa, la fecha, el número de la Resolución y Gaceta Oficial en la que haya sido publicada, según lo establecen los articulos 34 y 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. Artículo 5. Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada. Artículo 6. El prenombrado ciudadano, deberá rendir cuenta al ciudadano Ministro de todos los actos y documentos que haya firmado en ejercicio de las atribuciones que le hayan sido delegadas. Artículo 7. El funcionario designado en el presente acto antes de tomar posesión del cargo deberá prestar juramento de cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República, los deberes inherentes al cargo y rendir cuentas del mismo en los términos y condiciones que determine la Ley. Artículo 8. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, fecha en que quedará derogado el acto administrativo contenido en la Resolución Número 046 de fecha 09 de marzo de 2012, publicada en la .Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 39.881 de fecha 12 de may DE pESÚS GARCIA/TOUSSAINTT Minjetr6 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL MPCPS N° 041-2012 Caracas, 30 de mayo de 2012 202° y 153° RESOLUCIÓN La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, ciudadana ISIS TATIANA OCHOA CAÑIZALEZ, designada mediante el Decreto N° 7.508.de fecha 22 de junio de 2010. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de la misma fecha, en ejercicio de la atribución conferida en el articulo 62 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y en concordancia con lo dispuesto en los artículos 5 numeral 2, 19 y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos RESUELVE PRIMERO. Modificar la Resolución N° 034-2012 de fecha 08 de mayo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.931 de fecha 28 de mayo de 2012. SEGunDO. Se modifica el texto del articulo primero de la Resolución N° 034-2012 de fecha 08 de mayo de 2012, de la siguiente manera: "PRIMERo. Delegar en el ciudadano Kurenan Lara, titular de la cédula de identidad N° V-18.885.283 en su carácter de Coordinador del Despacho de la Viceministra de Protección Social; las atribuciones y firmas de los actos y documentos que se señalan a continuación: 1. La suscripción de documentos relacionados con el manejo de fondos de Anticipo. 2. La Suscripción de documentos inherentes a la autorización, tramitación y pago de viáticos. 3. La Suscripción de documentos inherentes a la adquisición de bienes y prestación de servicios. TERCERO: Publiquese en un solo texto la Resolución que reforma a la Resolución N° 034-2012 de fecha 08 de mayo de 2012, con las modificaciones contenidas en el presente acto, conservando la firma, la fecha y demás datos de aprobación y publicación de la Resolución reformada, en los términos que se indican. CUARTO. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Conforme lo establece el articulo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, comuniquese y publíquese. ISIS OCHOA CANIZALEZ Ministra del Poder Popular para las Camunas y Decreto N° 7.508 de fecha 22 de junio de Gaceta Oficial N° 39.451 de fecha 22 de junio de REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL MPCPS- N° 034-2012 Caracas, 08 de mayo de 2012 202º y 153° RESOLUCIÓN La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, designada mediante el Decreto N° 7.508 de fecha 22 de junio de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de la misma fecha, en ejercicio de las facultades que le confieren los articulos 34 y 77, numerales 22 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y de acuerdo con lo establecido en el articulo 51 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, conjuntamente con los articulos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 de fecha 12 de agosto de 2005, y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202 de fecha 17 de junio de 2009 y en concordancia con lo dispuesto en los Artículos 1 y 6 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1.969, contentivo del Reglamento sobre Delegación de Firmas de los Ministros del Ejecutivo Nacional, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 29.025 del 18 de septiembre de 1.969. RESUELVE: PRIMERO: Delegar en el ciudadano Kurenan Lara, titular de la cedula de identidad N° V- 18.885.283 en su carácter de Coordinador del Despacho de la Viceministra de Protección Social; las atribuciones y firmas de los actos y documentos que se señalan a continuación: 1. La suscripción de documentos relacionados con el manejo de fondos de Anticipo. 2. La Suscripción de documentos inherentes a la autorización, tramitación y pago de viáticos. 3. La Suscripción de documentos inherentes a la adquisición de bienes y prestación de servicios. subdelegar la firma delegada. TERCERO: El funcionario objeto de la presente delegación presentará a la Ministra, en la forma que ésta indique, una lista detallada de los actos y documentos sobre los cuales ejerza la presente delegación. CUARTO: Los documentos suscritos por el ciudadano Kurenan Lara, titular de la cédula de identidad N° 18.885.283 en ejercicio de la presente delegación, deberán indicar bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y el numero de esta Resolución, asi como la fecha y el número de la Gaceta Oficial donde hubiere sido publicada. QUINTA: Según corresponda, la funcionario delegatorio procederá a registrar su firma en la Oficina Nacional del Tesoro y en la Contraloriía General de la República, si fuere el caso. SEXTA: La presente delegación entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. página original (tal como se publicó) [Página 12] Administrativos, comuniquese y publiquese. Ministra del Poder Popularpara las Comun y P Decreto N° 7.508 de fechar22 de jun 2010 Gaceta Oficial N° 39.451 de fecha 22 de) MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VÉNEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 13 AG0 2012 N°031 202° y 153° RESOLUCIÓN Por disposición del ciudadano Presidente de la República de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 5 numeral 2 de la Lay de Estatuto de la Función Pública; se EnCARGAcomo Directora General (E) de la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, a partir del día 1 de agosto de 2012, a la Ciudadana ZENAIDA MARGARITA HERNÁNDEZ MONTES DE OCA, titular de Cédula de Identidad N° V.- 5.000.792. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 26 del Artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el Artículo 1° del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, se delega en la ciudadana ZENAIDA MARGARITA HERNÁNDEZ MONTES DE OCA, la firma de los actos y documentos que a continuación se indican: a) Las circulares, comunicaciones y avisos oficiales emanados de la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales. b) Los oficios de respuesta a funcionarios suballemos, administrativos, judiciales o municipales de ios Estados y Distrito Capital relacionados con asuntos de la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales. c) La correspondencia postal, telegráfica, radiotelegráfica o de cualquier otra naturaleza en respuesta a solicitudes dirigidas a la Oficina de Comunicación y Rela Institucionales. d) La certificación de las copias de los documentos, ofic los, memorandos y circulares emanados de la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales. Se BUtoriza 8 la CIUdadana ZENAIDA MARGARITA HERNÁNDEZ MONTES DE OCA, el ejercicio de las siguientes funciones: 1. Diseñar la estrategia comunicacional e informativa del Ministerio siguiendo los lineamientos del Ministro o Ministra, y del órgano ministerial rector en la materia. 2. Implementar y ejecutar el Sistemà Integral de Comnunicación e Información con la finalidad de desarrollar, fomentar y promover las políticas integrales de comunicación e información materia. 3. Actuar como unidad administrativa comunicacional de enlace entre el Despacho del Ministro con los demás Entes del Poder Público, representantes del secior privado y con el público en general. 4. Asesorar y recomendar la acción informativa del Ministerio y de sus entes adscritos, conforme a los lineamientos impartidos por el Ministerio con competencia en la materia. 5. Difundir las informaciones generadas por las distintas dependencias y entes adscritos que conforman el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. 6. Diseñar y realizar documentales, micros y reportajes de carácter divulgativo del material escrito o audiovisual que se produzca a nivel nacional sobre la gestión que ejecuta el Ministro o Ministra. 7. Analizar el entorno de opinión pública nacional e Internacional, y las matrices de información generada por los medios de comunicación social sobre la gestión del Ministerio y sus entes adscritos, en coordinación con la Oficina Estratégica de Seguimlento y Evalueción de Políticas Públicas, a fin de informar a la Junta Ministerial. 8. Informar al Ministro o Ministra sobre el impacto de sus declaraciones y propuestas de políticas en la opinión pública nacional y en los factores políticos del país. 9. Elaborar y difundir avisos, notas de prensa, comunicados, notificaciones, documentales, micros y otros servicios escritos y audiovisuales, dirigidos al público en general sobre la gestión del Ministerio. n n n n participación dal Ministro o Ministra, los Viceministros o Viceminietras y los Dens Directoras Generales. 11. Dirigir y coordinar las actividades de apoyo técnico que requiera la Oficina de Atención al trámites que debe realizar el ciudadano. 12. Las demás que señalen las leyes y actos normativos en materia de su competencia. Comuníquese y Publíquese, HIECTOR NAVARRO DIA Ministro del Róder Popular para la Eni TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE. EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN BALA CONSTITUCIONAL Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón . Expediente 03-2415 El 17 de septiembre de 2003, el abogado Javier Simón Gómez González, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 51.510, actuando con el carácter de apoderado judicial del MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA, interpuso ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido conjuntamente con acción de amparo constitucional y; subsidiariamente, medida cautelar innominada contra "el acto de apertura del procedimiento administrativo sancionatorio de multa en contra del Alcalde del Municipio Maracaibo Gian Carlo Di Martino Tarquino y al mismo tiempo de la Ley de Comparecencia del Estado Zulia, (Gaceta Oficial del Estado N° 748 de fecha 18 de enero de 2003)". En esa misma fecha se dio cuenta en Sala y se ordenó gaspar el expediente al Juzgado de Sustanciación. Por auto del 8 de octubre de 2003, el referido Juzgido solicitéal Consejo Legislativo del Estado Zulia, mediante oficio N° TS-Sanu, el expediente administrativo relacionado con el acto de - apertura del procedimiento administrativo sancionatorio de multa en contra del Alcalde del Municipio Maracaibo, de conformidad con lo establecido en el artículo 123 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable ratione temporis. El 6 de noviembre de 2003, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala Constitucional, admitió en cuanto ha lugar en derecho "sin perjuicio de la potestad que asiste a este Tribunal de examinar los supuestos de admisibilidad...", el recurso interpuesto. Asimismo se ordenó, de conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Jugticia, la notificación de los ciudadanos Presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia, Fiscal General de la República, Procurador General del Estado Zulia y el emplazamiento de los interesados mediante cartel. Igualmente se remitió a esta Sala el expediente, a los fines de que decidiera sobre la acción de amparo cautelar solicitada y la declaratoria de urgencia. Practicadas las notificaciones ordenadas, el 18 de noviembre de 2003, la Sala recibió del Juzgado de Sustanciación, el expediente a las ines de a decisión correspondiente. Mediante diligencias del 25 de mayo y 17 de junio de g004el Javier Simón Gómez González, apoderado judicial especial del Municipio Maracaibo, solicitó a la Sala se pronunciara en el presente caso. página original (tal como se publicó) [Página 13] El 2 de marzo de 2005, esta Sala Constitucional dictó sentencia mediante la cual negó el amparo cautelar y la medida cautelar solicitada; igualmente ordenó la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación. Realizados los actos correspondientes el 20 de octubre de 2005, el Juzgado de Sustanciación ordenó la remisión del expediente a esta Sala Constitucional. El 25 de octubre de 2005, se fijó el tercer día hábil siguiente para el comienzo de la relación y se designó ponente al entonces Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero. El 1 de noviembre de 2005, se dio comienzo a la relación de la causa y el 15 del mismo mes y año se fijó el acto de informes orales; el cual fue suspendido por auto del 17 de noviembre de 2005. El 18 de enero, el 23 de febrero, el 22 de marzo y el 5 de abril todos de 2006, compareció el apoderado judicial del Municipio Maracaibo del Estado Zulia y solicitó pronunciamiento en la presente causa. El 29 de mayo de 2007, tuvo lugar el acto d informes orales y en esa misma fecha la representante del Ministerio Público consignó escrito. El 17 de julio de 2007, se dijo vistos y se designó ponente al entonces Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero. El 21 de abril de 2009, se reasignó la ponencia al Magistrado Marcos Tulie Dugarte Padrón. El 19 de mayo del 2010, compareció la apoderada judicial de la Gabernación del Estado Zulia y solicitó pronunciamiento en la presente causa. En virtud de la reconstitución de la Sala y del nombramiento de sus nuevos integrantes en sesión de la Asamblea Nacional del 7 de diciembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.569 del 8 de diciembre de 2010, quedó reconstituida la Sala de la siguiente forma: Presidenta Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Vicepresidente Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, y los Magistrados Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y.Gladys María Gutiérrez Alvarado. El 18 de mayo del 2011 y el 10 de mayo de 2012, compareció la apoderada Judicial de la Gobernación del Estado Zulia y solicitó pronunciamiento en la presente causa. Efectuado el estudio del presente expediente, pasa la Sala a decidir, previa las consideraciones siguientes: I FUNDAMENTO DEL RECURSO Expresó el recurrente en su escrito lo siguiente: Que "el ordinal (sic) 2 del artículo 168 de la Constitución de 1999, habla de la libre gestión de las materias de su competencia, lo que implica-no' sólo autoformación, sino también autoadministración. Asi las cosas, el realizar una investigación relacionada con los parques y espacios abiertos bajo la competencia del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y en este sentido, se lee de la notificación cartelaria que se hiciera, pretenden los legisladores estadales: '..Con relación a la investigación realizada con ocasión de la denuncia presentada por la Asociación Civil Unidos por el Parque sobre la presunta utilización de áreas def campo de recreación a campo abierto vereda del lago, según acuerdo número 4, aprobado por este Consejo Legislativo en sesión ordinaria (...)'. Como se observa el acto administrativo parcialmente transcrito e impugnado supone una flagrante violación a la autonomía municipal del Municipio Maracaibo, toda vez que interfiere arbitrariamente en el ámbito de competencias que la Constitución atribuye a esta entidad". Que el articulo 76 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal (vigente para la época), contiene dentro de sus 18 numerales, las diferentes facultades que tienen los Concejos Municipales "entre ellas aquellas que corresponden al control legislativo sobre los órganos del gobierno local. Asi las cosas, dispone el articulo 76 ejusdem: 'Son facultades del Concejo o Cabildo: (...) 16. Ejercer. el control y fiscalización de los órganos del gobierno y administración local'. De acuerdo a ello, el control legislativo, que implica un control politico y de gestión de los municipios, corresponde a los Concejos Muricipales, quienes como emanación de tal competencia, tienen la potestad de hacer comparecer a cualquiera de los funcionarios locales, cumpliendo pard ello con los procedimientos establecidos para tal fin". Que "el carácter autonómico de los municipios establece: un límite frene al cual, tanto el Poder Nacional como estadal, resienten susipotestades. cuando se trata de competencias propias de lo local que envuelv q su vea, cuestiones que tienen que ver con su propia organización. De acuerdo a ello;'. es absoluta y totalmente inconstitucional, la pretensión que se observa en la Ley de Comparecencia del Estado Zulia de pretender extender la función_ . legislativa y control parlamentario sobre el gobierno municipal de Maracaibo e incluso sobre los órganos del Gobierno Nacional, tal y como se establece en su artículo 2 de la Ley de Comparecencia del Estado Zulia, que dispone: 'El Consejo Legislativo del Estado Zulia o sus comisiones a fin de ejercer la función de control legislativo y de investigación parlamentaria, sobre el gobierno estadal, municipal, así como los representantes de los órganos del gobierno nacional, de la administración nacional descentralizada, de los demás órganos de la Administración Pública Nacional, del Estado Zulia, Municipal y (..)'... Que “tales galimatías son definitivamente recalcadas en el articulo 3 de la Ley (impugnada) cuando se establece un deber indefinido y general a todos los funcionarios públicos de comparecencia ante las comisiones permanentes y ante la plenaria del Consejo Legislativo. Asi según esta Ley están obligados a comparecer, al no establecer límites geográficos, desde el Presidente de la República y sus Ministros, así como los Gobernadores de otros Estados hasta los funcionarios judiciales incluyendo a los Magistrados de esta Sala, entre otros. Sin embargo, cosa extraña, el único funcionario que se le dispensa del deber de comparecer es precisamente aquel sobre el cual el Consejo; sal sentido, no se explica como se excluye de tal obligación al Gobernador del Essgdo Zulia (Vid.Articulo 13) ". Además agregó, que "los mecanismos en los cuales se podrá apoyar el censura a los Alcaldes que conforman al Estado Zulia, la posibilidad de establecer juicios políticos, hasta declarar responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos, con lo cual pretende también usurpar funciones de la Contraloria General de la República y de las Contralorías Municipales". Que "el articulo 14 de la Ley impugnada extiende la obligación no solamente a los Alcaldes del Estado Zulia sino al fiscal superior como representante del Ministerio Público, de los representantes del Poder Judicial del Estado Zulia, de los efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales destacados en el Estado Zulia". Que "los articulos 19, 20 y 21 (de la ley impugnada) usurpan funciones del Órgano Contralor Estadal. del Ministerio Público y de la Asamblea Nacional, en ese orden, lo que implica que no solamente se viola la autonomia municipal, sino además se pretende establecer normas vinculantes que constriñen la autonomía funcional del Ministerio Público y de la Asamblea Nacional". Que "el Titulo III de la Ley constituye de por si el colofón de lt que en. definitivamente debe tenerse por una Ley absolutamente arbitraria, contraria Constitución y a la Ley y que en tal sentido debe ser declacada rula de página original (tal como se publicó) [Página 14] nffidad absoluta, cuando pretende imponer sanciones ante..a incomparecencia tanto de funcionarios públicos como particulares que: rehúsen cumplir con una norma que a todas luces es contraria a la razón, al derecho y a la justicia". Asimismo, alegó la violación del artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece la garantía a la razonabilidad de los actos del Poder Público y; al respecto, expresó que "todo acto, sea legislativo, administrativo o judicial, está precedido de una actividad lógica deductiva que se realiza para satisfacer determinados fines". Alegó además, la inconstitucionalidad del acto y la ley impugnados, "por considerar los violatorios de la autonomía municipal prevista en el articulo 178 de la Constitución de 1999, la cláusula descentralizadora prevista en el articulo 158 ejusdem y por usurpar las competencias atribuidas al Municipio Maracaibo...". Que "la ley impugnada se presenta como un acto absurdo, inocuo e inútil, contradictorio en si mismo, y desproporcionado a su motivo, por las siguientes razones: No existe fin legitimo del Consejo Legislativo Regional para a) subrogarse las competencias de los Consejos Municipales de los Municipios del Zulia, de la Contraloria General de la República, de la Asamblea Nacional y del Ministerio Público. No existe un fin legítimo del Consejo Legislativo Regional que: b) permita justificar se subrogue el control legislativo sobre los masnicipioa del.: stado Zulia. No existe un fin legítimo para que el Consejo Legislativo c) Regional desconozca la autoridad y competencias atribuidas por la Constitución y la Ley al Consejo Municipal de Maracaibo. d) Es absurdo que la Ley pretenda obligar a todos los funcionarios públicos, tanto nacionales, estadales como municipales para que comparezcan ante el Consejo Legislativo Regional y sus Comisiones y, por el contrario, dispensa únicamente al funcionario que por antonomasia debería controlar que es precisamente el Gobernador del Estado Zulia. Asimismo alegó el recurrente la violación del artículo 42 de la "Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados", basándose en lo siguiente: Que el acto administrativo impugnado "y la Ley que pretende darle cobertura, se encuentra afectado principalmente en el elemento subjetivo, al no cumplir con los requisitos relativos a la competencia del órgano que los emite, lo que hace la actuación legislativa en ella contenida, prácticamente inexistente y, en un todo 'nula". Que "el carácter orgánico de Ley Orgánica de los Consejos Territoriales (sic) de los Estados deviene de regular un órgano de jerarquía constitucional y que ejerce funciones de este orden y además por cuanto sirve de marco normativo a otras leyes, tales como en esta oportunidad se impugna". Que "los Estados, a través de los Consejos Legislativos, noisienen la potestad de dictar leyes orgánicas en los términos establecidos por estd'Sala y, en tal sentido, las leyes estadales deben cumplir con un fin espeaíftéé. Cuando dichos actos legislativos normativos pretendan desarrollar leyes de carácter orgánico, se encuentra predeterminadas por éstas, en términos de subordinación. Asi las cosas, la Ley estadal debe incorporarse al ordenamiento juridico nacional bajo una relación de acatamiento, sin poder desbordar los límites precisos de competencia fijados". Que al respecto, la "Ley Orgánica de los Consejos Legisfativos de los Estados" establece: "Articulo 42: Los Consejos Legislativos de los Estados o sus Estados podrán realizar investigaciones que juaguen convenientes en las materias de su competencia, de conformidad con el reglamento de interior y de debate. Todos los funcionarios y funcionarias públicas y estadales están obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezca la Ley, a comparecer ante el respectivo Consejo Legislativo o sus comisiones y suministrarle las informaciones que requieran para el cumplimiento de sus funciones. Esta obligación comprende también a los particulares, quedando a salvo los derechos y las garantías que consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela". Que la disposición transcrita anteriormente, debe concordarse con el artículo 15.8 de la Ley Orgánica de 1os Consejos Legislativos de los Estados que establece: "Corresponde a los Consejos Legislativos de los Estados: (omissis) 8. Ejercer la función de control, seguimiento y evaluación parlamentaria de los. órganos de la administración pública estadal (.)". Que se desprende de la lectura del artículo anterior,que "Ià obligació de comparecer está referida a los funcionarios estadales, es decir que,están vinculados en una relación de servicio público con algún estado de la unión". Que "la pretensión de extender la obligación de comparecencia ante las comisiones ante el propio consejo implica una violación de las normas sobre competencia que exige una interpretación restringida y no exageradamente laxa como la pretendida por el Consejo Legislativo del Estado Zulia". Que la ley impugnada, no hace mención en ninguna de sus disposiciones a las atribuciones que debe tener el Consejo Legislativo del Estado Zulia "para la determinación de responsabilidad administrativa que corresponde a los órganos de control fiscal, ni para que tenga injerencia con sus actuaciones invadiendo competencias propias del Ministerio Público, por el contrario, es un mandato expreso, contenido en el artículo 44 ejusdem, que las potestades de investigación no afecten las atribuciones de los Poderes Públicos. Tampoco otorga facultades para excluir a ningún funcionario estadal del deber de comparecencia ante el respectivo Consejo (sic) Legislativo, con lo cual se viola la Ley cuando se pretende en el artículo 13 de la Ley de Comparecencia del Estado Zulia lo siguiente: 'El Gobernador del Estaco Zulia no está obligado a comparecer, pero deberá contestar por escrito dentro de los lapsos señalados en la presente Ley el interrogatorio escrito que le formule el Consejo Legislativo '."" . En virtud de las anteriores consideraciones, solicitó que se declare con. lugar el recurso de nulidad ejercido contra el acto de apertura del procedimiento administrativo sancionatorio de multa en contra del Alcalde del Muicipio Maracaibo Gian Carlo Di Martino Tarquino y al mismo tiempo de la Ley de Comparecencia del Estado Zulia. II DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO La representante del Ministerio Público, en la oportunidad de efectuarse al acto de informes orales, presentó escrito en el cual expuso las siguientes consideraciones que pasa esta Sala a exponer: Estima el Ministerio Público que la cuestión medular en el presente asunto, consiste en determinar si el Consejo Legislativo del Estado Zulia goza de competencia para invitar al Alcalde de uno de los Municipios que lo conforman y si, en consecuencia, puede iniciar un procedimiento para la imposición de una sanción al no atender tal invitación, esto es, multar al Alcalde del Municipio Maracaibo. Destaca que el fin de la ley impugnada, según dispone su artículo primero es "establecer las normas que regulen los mecanismos de control intraorgánico y extraorgónico legislativo atribuido a los Consejos Legislativos en el articulo 41 de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, así como regular la comparecencia de los funcionarios o ex página original (tal como se publicó) [Página 15] funcionarios públicos y de los particulares al seno del Consejo Legislatiyo a sus comisiones, conforme lo establece el artículo 42 de la misma ley". Indica que el hecho de queel Consejo Legislativo tenga ua contibi amplio, no puede entenderse que el mismo sea ilimitado, o qfe obvie principios constitucionales, negación que, de existir, desvirtuaria el acepto COMSTIT de lo que significa la función legislativa. Refiere que el proceso por el cual el Consgio Legislativo del Estado Zulia, realizó una invitación al Alcalde del Muhicipio Maracaibo de ese Estado, tiene naturaleza ambiental. Así, destaca que además de las competencias exclusivas de cada ente político territorial, los Estados ejercen, de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias, un conjunto de competencias concurrentes que se establecen en dicha ley, entre las que se encuentra precisamente la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y los recursos, naturales. En este sentido, indica que "basta pues, determinar que el Municipio forma parte de la ordenación del Estado Zulia, para encontrar la competencia que tiene el Consejo Legislativo para extender una invitación a uno de sus Alcaldes. para tratar un materia contenida en una competencia concurrente, para encontrar —contrario a lo alegado por el querellante- que era obligación del Consejo lograr reunir toda la información necesaria para proceder a atender una denuncia en materia ambiental, sin invadir en ningún momento funciones propias de control, que corresponden al Concejo Municipal de Maracaibo, razón por la cual encuentra esta representación fiscal razones suficientes para desechar tales alegatos ast esgrimidos". KE. Igualmente alega que "en lo que se refiere a las funciones administrativas, los Consejos Legislativos se encuentran habilitados:en vimud de la naturaleza administrativa de la sanción que establece la ley imgagnada, limitada a multas, la cual efectivamente la excluye de la reserva nigal* necesaria a la que están sometidas la legislación en materia penal de derechos deberes y garantías, razón por la cual no encuentra el Ministerio Público verificada la denuncia de violación del principio de reserva legal planteado". En virtud de lo expuesto, el Ministerio Público estima que el recurso de nulidad ejercido en el caso de autos contra la Ley de Comparecencia del Estado Zulia y contra el acto mediante el cual el Consejo Legislativo de ese Estado le impuso la sanción de multa al ciudadano Gian Carlo Di Martino Tarquino, quien para ese entonces desempeñaba el cargo de Alcalde del Municipio Maracaibo de ese Estado, debe ser declarado sin lugar. ⅢII MOTIVACIONES PARA DECIDIR En el caso de autos ha sido ejercido un recurso de nulidad por. inconstitucionalidad conjuntamente con acción de amparo constitucional y medida cautelar innominada contra el acto de apertura del procedimiento administrativo sancionatorio de multa en contra del Alcalde del Municipio Maracaibo Gian Carlo Di Martino Tarquino y al mismo tiempo de la Ley de Comparecencia del Estado Zulia, (Gaceta Oficial del Estado N° 748 de-feaba 18·de enero de 2003). En este sentido, siendo que lo que determina la competencia:de esia Sala Constitucional para conocer del caso de autos, es la nulidad del acto legal, esto es, de la Ley de Comparecencia del Estado Zulia, pasa esta Sala on primer término a pronunciarse en torno a la mulidad del referido instrumento legal. De la denuncia relativa a la incompetencia y a la violación a la autonomia municipal. Aprecia la Sala que la idea central del recurso de nulidad consiste en denunciar la incompetencia del Consejo Legislativo del Estado Zulia para dictar la ley impugnada y en particular, la violación de la autonomía municipal por parte del referido instrumento. En torno a este punto, el recurrente presentó los siguientes argumentos: Que "el ordinal (sic) 2 del articulo 168 de la Constitución de 1999, habla de la libre gestión de las materias de su competencia, lo que implica no sólo autoformación, sino también autoadministiación. Así las cosas, el realizar una investigación relacionada con los parques y espacios abiertos bajo la competencia del Muunicipio Maracaibo del. Estado Zulia, y en este sentido, se lee de la notificación cartelaria que se hiciera, pretenden los legisladores estadales: '..Con relación a la investigación realizada con - ocasión de la denuncia presentada por la Asociación Civil Unidos por el Parque sobre la presunta utilización de áreas del campo de recreación a cambio abierto vereda del lago, según acuerdo número 4, appól ado preste Confejo Legislativo en sesión ordinaria (..)'. Como se/obserzeel'o n interfiere arbitrariamente en el ámbito de competencias que lá Canuttación atribuye a esta entidad". Que el artículo 76 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal (vigente para la época), contiene dentro de sus 18 numerales, las diferentes facultades que tienen los Concejos Municipales "entre ellas aquellas que corresponden al control legislativo sobre los órganos del gobierno local. Así las cosas, dispone el articulo 76 ejusdem: Son facultades del Concejo o Cabildo: (...) 16. Ejercer el control y fiscalización de los órganos del gobierno y administración local'. De acuerdo a ello, el control legislativo, que implica un control político y de gestión de los municipios, corresponde a los Concejos Municipales, quienes como emanación de tal competencia, tienen la potestad de hacer comparecer a cualquiera de los funcionarios locales, cumpliendo para ello con los procedimientos establecidos para tal fin". Que "el carácter autonómico de los municipios establece un limite frente al cual, tanto el Poder Nacional como estadal, resienten sus potestades cuando se trata de competencias propias de lo local que envuelve a su vez, cuestiones que tienen que ver con su propia organización. De acuerdo a ello, es absoluta y totalmente inconstitucional, la pretensión que se observa en la Ley de Comparecencia del Estado Zulia de pretender extender la función legislativa y control parlamentario sobre el gobierno municipal de Maracaibo e inclug sobre los órganos del Gobierno Nacional, tal y como se establece en su'articip 2 de la Ley de Comparecencia del Estado Zulia, que dispotaton Consejo legislativo del Estado Zulia o sus comisiones a fin de ejercer ta función e control legislativo y de investigación parlamentaria, s gobierno estadal, municipal, asi como los representantes de los órgaiestel gobierno nacional, de la administración nacional descentralizada, de lgs demás órganos de la administración pública nacional, del Estado Zulia, Mumnicipal y (..)'.. Que "tales galimatías son definitivamente recplcadas en el artículo 3 de la Ley (impugnada) cuando se establece un deber indefinido y general a todos los funcionarios públicos de comparecencia ante las comisiones permanentes y ante la plenaria del Consejo Legislativo. Así según esta Ley están obligados a comparecer, al no establecer límites geográficos, desde el Presidente de la República y sus Ministros, así como los Gobernadores de otros Estados hasta los funcionarios judiciales incluyendo a los Magistrados de esta Sala, entre otros. Sin embargo, cosa extraña, el único funcionario que se le dispensa del deber de comparecer es precisamente aquel sobre el cual el Consejo página original (tal como se publicó) [Página 16] Legislativo Regional tiene competencia para controlar legislativamente y, en tal sentido, no se explica cómo se excluye de tal obligación al Gobernador del Estado Zulia (Vid.Articulo 13)". Además agregó, que "los mecanismos en los cuales se podrá apoyar el Consejo Legislativo Regional van desde la posibilidad de establecer votos de censura a los Alcaldes que conforman al Estado Zulia, la posibilidad de establecer juicios políticos, hasta declarar responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos, con lo cual pretende también usurpar funciones de la: Contraloría General de la República 1 y de las Contralorías Municpales ". Que "el articulo 14 de la Ley impugnada extiende la obligación:no solamente a los Alcaldes del Estado Zulia sino al fiscal superior como: representante del Ministerio Público, de los representantes del Poder Judicial del Estado Zulia, de los efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales destacados en el Estado Zulia". Que "los artículos 19, 20 y 21 (de la ley impugnada) usurpan funciones del Órgano Contralor Estadal, del Ministerio Público y de la Asamblea Nacional, en ese orden, lo que implica que rto solamente se viola la autonomía municipal, sino además se pretende establecer normas vinculantes que constriñen la autonomia funcional del Ministerio Público y de la Asamblea Nacional". Que "el título III de la Ley constituye de por sí el colofón de lo que en definitivamente debe tenerse por una Ley absolutamente arbitraria, contraria a la Constitución y a la Ley y que en tal sentido debe ser declarada nula de nulidad absoluta, cuando pretende imponer sanciones ante la incomparecencia tanto de funcionarios públicos como particulares que rehúsen cumplir con una norma que a todas luces es contraria a la razón, al derecho y a la justicia". Alegó además, la inconstitucionalidad del acto y la ley impugnados, "por considerar los violatorios de la autonomía municipal prevista en el artículo 178 de la Constitución de 1999, la cláusula descentralizadora prevista en el articulo 158 ejusdem y por usurpar las competencias atribuidas al Municipio Maracaibo...". - Al respecto, estima la Sala pertinente transcribir las disposiciones de la ley impugnada en las cuales se determina su objeto y su ámbito de aplicación, y formular algunos argumentos necesarios para dilucidarlo. Así, los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Comparecencia del Estado Zulia disponen lo siguiente: "Articulo I: Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer las normas que regulen los mecanismos de control intraorgánico y extraorgánico legislativo atribuido a los Consejos Legislativos en el articulo 41 de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, así como regular la comparecencia de los funcionarios o ex funcionarios públicos y de los particulares al seno del Consejo Legislativo o sus comisiones conforme lo establece el articulo 42 de la misma Ley. Articulo 2: Función de Control. El Consejo Legislativo del Estado Zulia o sus Comisiones a fin de ejercer la función de control legislativo y' de investigación parlamentaria, sobre el gobierno estadal, municipal, asi como de los representantes de los órganos del gobierno nacional, de la administración nacional descentralizada, de los demás órganos de la Administración Pública Nacional, del Estado Zulia, Municipal y sobre las demás organizaciones intermedias de la sociedad, podrá apoyarse en los mecanismos de interpelaciones, invitaciones, investigaciones, preguntas, autorizaciones parlamentarias, aprobaciones parlamentarias, pedidos de informes, preguntas escritas o cuestionarios" como los particulares, preservando sus derechos fundamentales rantias y principios constitucionales, está a en la obligación. de comparecer ante el Consejo Legislativo o sus Comisiones Pernianensas -> Especiales, cuando les sea requerido y en la oportunidad que se Señate, a el cumplimiento de sus funciones, so pena de ser sancionados. La comparecencia es personal e indelegable". Por lo que respecta a la autonomía, Eloy Lares Martínez explicaba que "esencial a la autonomía la aptitud del ente de que se trate para darse las normas jurídicas que rijan su actuación, en tanto que para que exista autarquía basta la capacidad del ente para administrarse a sí mismo, de acuerdo con reglas dictadas por una entidad superior y distinta" (LARES MARTÍNEZ, Eloy, Mammal de Derecho Administrativo, Décima Segunda Edición, Universidad Cestral de Venezuela, Caracas, 2001, pp. 486-487). Ahora bien, Sabimo Cassese considera que el término autarquía se desarrolló en la época en la que dominaba el estatalismo, ya que para aquel entonces se planteó el problema de explicar la existencia de entes públicos no estatales, y para ello se recurrió a la idea de que el Estado podía equiparar la actividad administrativa de otros sujetos públicos a la realizada directamente por el Estado. Sim emb rgo, señala este autor que er los actuales momentos no se hace necesario realizar la mencionada equiparación, "porque puede decirsg que el ordenamiento general atribuye capacidad de emanar resoluciones administrativas dotadas de autonomía a oficios públicos centrales y periféricos, estatales y *o estatales" (CASSESE, Sabino, Las Bases del Derecho Administrativo, Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid, 1994, p. 152.). Asi, la identificación del término autonomía con autonornación ha-sido objeto de críticas por ser excesivamente restringida. En efecto, sênaliba Antonio Moles Caubet que "algunos tratadistas, desorientados:par la rge: etimológica de la palabra -'autos', 'somos', destacan únicamente la autoformación (Santi Romano; Zanobini, Forsthoff), sin tener en cuenta que ésta es tan sólo autonemmía normativa, una de las posibles, una de tantas" (MOLES CAUBET, Aonio, Los límites de la Autonomia Municipal, Estudios de Derecho Público, Compilador Oswaldo Acosta-Hoenicka, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1997, p. 236). Apreciaba Antomio Moles Caubet que la autonomía es un concepto abstracto cuya determación puede hacerse únicamente enumerando las distintas clases de automameía que concretamente contiene, razón por la cual se trata en paridad de especies de autonomía. Así, según este autor la autonomía podrá ser normativa, fiscal, económica, organizativa y administrativa según la materia a la cual se refiera (MOLES CAUBET, Antonio, El concepto de autonomia universitaria, Estudios de Derecho Público, Compilador Oswaldo Acosta-Hoenicka, Univenidad Central de Venezuela, Caracas, 1997, p. 256- 257). Así las cosas, podemos apreciar que si bien en un principio el concepto de autonomía se entemdía como la capacidad para autonormarse, en la actualidad ésta es ente dda como independencia, libertad de actuación, que variará dependiendo de la materia a la cual se refiera. Por ello, si hablamos de autonomía normativa, mos estamos refiriendo a la posibilidad de autonormarse; si nos referimos a autonomía fiscal queremos señalar que determinado ente u organismo tiene ingresos propios; si háblamos. de autonomía presupuestaria mos referimos a la posibilidad de elaborar su propio presupuesto y así sucesivainente dependiendo de la materia. En este contexto, lo que en un principio era la autonomía (capacidad de autonormarse) pasó a ser dilo un tipo de autonomía que en la actualidad es la normativa. En este orden de ideas, no discute la doctrina, ni esta Sala Constitucional, el hecho de que los Municipios, sean entes político territoriales que poseen autonomía sólo porque pueden dictar sus propias normas -ordenanzas- sino porqe también adrián según su libre determinación en página original (tal como se publicó) [Página 17] Lunes 13 de agosto de 2012 distintas áreas que solo pueden ser impugnadas ante los órganos jurisdiccionales. Así, es el caso que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone expresamente la existencia de fa autonomía municipal al indicar expresamente en su artículo 168 lo siguiente: "Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad juridica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley. La autonomia municipal comprende: La elección de sus autoridades. La gestión de las materias de su competencia. La creación, recaudación e inversión de sus ingresos. Las actuaciones del Municipio en el ámbito de sus competencias se cumplirán incorporando la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y al control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna, conforme a la ley. Los actos de los Municipios no podrán ser impugnados sino ante los tribunales competentes, de conformidad con esta Constitución y con la ley." Por su parte, la jurisprudencia de la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, también ha sido clara al referirse a la autenornia municipal, en la sentencia del 13 de noviembre de 1989, caso Hérberto Contreras Cuenca, en la cual se señaló lo siguiente: "La Constitución confiere autonomía_ normativa limitada a las Municipalidades, entendida ella no como el poder soberano de darse su propia ley y disponer de su existencia, que sólo le corresponde a la República de Venezuela, sino como el poder derivado de las disposiciones constitucionales de dictar normas destinadas a integrar el ordenamiento respecto a aquellas que son de la reserva legal; circunstancia ésta que ha dado lugar a que la jurisprudencia de este Supremo Tribunal haya otorgado carácter de "leyes locales" a las ordenanzas municipales. En cuanto al valor normativo de esas fuentes de derecho emanadas de los Municipios, en algunos casos se equiperan a la Ley Nacional, supuestos en los cuales se da una relación de competencia, mientras que en otros deben subordinase a las leyes nacionales y estadales, supuestos en lqs cuales se da una relación de constitucional. La Constitución atribuye autonomia financiera y tributaria a los Municipios dentro de los parámetros estrictamente señalados en su artículo 31, con las mismo texto constitucional, derivadas de las competencias del Poder Nacional, a fin de garantizar la sutosuficiencia económica de las entidades locales. No obstante, la Constitución sujeta a la Ley nacional y a la leyes estadales, el aporte que reciben las Municipalidades, por intermedio de los Estados, del Poder Nacional, al cual se denomina Situado Constitucional. ejercicio debe supeditarse a los principios de la legislación reglamentaria de las garantías constitucionales, que corresponden al Poder Nacional, ya que la de Derecho." Como puede verse de lo expuesto, los Municipios disponen de autonomía en distintas áreas, que en modo resumido pudieran meneiónarse las normativas y financieras. Ahora bien, en materia de organización, los munfcipiqs no sólo están sometidos a lo que establezca la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino también a las leyes orgánicas nacionales"y: a las leyes estadales. Así lo indica expresamente el texto fundamental que en su artículo 169 dispone lo que de seguida exponemos: Articulo 169. La organización de los Munictpios y demds entidades locales se regirá por esta Constitución, por las normas que para desarrollar los principios constitucionales establezcan las leyes orgánicas nacionales, y por las disposiciones legales que de conformidad con aquellas dicten los Estados. La legislación que se dicte para desarrollar los principios constitucionales relativos a los Municipios y demás entidades locales, establecerá diferentes regimenes para su organización, gobierno y administración, incluso en lo que respecta a la determinación de sus competencias y recursos, atendiendo a ias condiciones de población, desarrollo económico, capacidad para generar ingresos fiscales propios, situación geográfica, elementos históricos y culturales y otros factores relevantes: En particular, dicha legislación establecerá las opciones para la organización del régimen de gobierno y administración local que corresponderá a los Municipios con población indigena. En todo caso, la organización municipal será democrática y responderá a la naturaleza propia del gobierno local. En este mismo sentido, el artículo 164.2 eiusdem, al regular la competencia de los estados, establece lo siguiente: Articulo 164. Es de la competencia exclusiva de los estados: ...omissis... 395.795 2. La organización de sus Municipios y demás entidades locales y su división polticoterritorial, conforme a esta Constitución y a la ley" Como puede verse, el régimen constitucional venezolano, es-claro al prever que los Estados tienen dentro de sus competencias la de organizar a los municipios que los integran; siendo además que las competencias en materia de derecho público no sólo determinan un marco de actuación para quienes ejercen el poder público, sino que además son de obligatorio cumplimiento. Es decir, traducido a la materia en estudio, los Estados no sólo tienen la competencia para organizar a sus municipios, sino que tiene la obligación de hacerlo y no pueden excusarse de su incumplimiento. Al respecto, quiere dejar sentado esta Sala que la circunstancia de que los Estados tengan dentro de su competencia la organización de los municipios no implica que los mismos no tengan autonomía; esto es, no se niega la existencia de la "autonomía municipal" sino que, ello constituye una característica de la misma. Podrá, en consecuencia, el Municipio obrar con autonomía política en el ejercicio de las competencias que tanto la Constitución como las leyes le asignan; ello sin menoscabo de poder ser organizados por los Estados correspondientes. Ahora bien, visto como ha sido que los Estados tienen competencias para organizar a sus Municipios, corresponde determinar si esa competencia incluye la posibilidad de que por ley estadal se disponga que los funcionarios municipales deban comparecer ante los Consejos Legislativos correspondientes; estudio que se estima determinante para resolver el presente recurso de nulidad. Al respecto, debemos reiterar lo que dispone el primer párrafo del artículo 169 de la Constitución: Articulo 169. La organización de los Municipios y damnds entidades locales se regirá por esta Constitución, por las normas que para desarrollar los principios constitucionales establezcan las leyes orgánicas nacionales y por las disposiciones legales que de conformidad can aquellas dicten los Estados. Como puede apreciarse, la organización de los Municipios tienen las siguientes fuentes normativas: (i) la Constitución, (ii) las leyes orgánicas nacionales, y (iii) "las disposiciones legales que de conformidad con aquellas dicten los Estados ". (Subrayado del presente fallo). Así, en primer término debe respetarse lo que establezca la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, luego las leyes orgánicas y finalmente las leyes estadales. En este sentido, la Constitución establece una suerte de pirámide en relación con las fuentes normativas que en torno a la organización de los Municipios debe aplicarse. Establece además el principio de la reserva legal en legal organizar a los municipios. En este aspecto, si el Poder Nacional pretende organizar a los Municipios deberá hacerlo a través de una ley orgánica y si los Estados quieren hacer lo propio deberán dictar una ley estadal. Ahora bien, esta ley estadal -tal y como lo dice la norma constitucionalno sólo tiene que estar sometida al texto fundamental, sino que además debe dictarse de conformidad con las disposiciones establecidas en las leyes orgánicas correspondientes. Por ello un análisis sobre la constitucionalidad de la Ley de Comparecencia del Estado Zulia, no puede limitarse a confrontarla con la Constitución, sino que también debe incluir un contraste con la Ley Orgánica. de los Consejos Legislativos de los Estados que regula las funciones de control de estos órganos legislativos. A este respecto, debemos destacar que resulta excepcional que en un recurso de nulidad por inconstitucionalidad la Sala entre a analizar la página original (tal como se publicó) [Página 18] conformidad de un acto de rango legal comp lo es la Ley de Comparecencia del Estado Zulia con otro acto de rango -igualmente- legal como lo es la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados. Así, -salvo excepciones como el caso de autos- en un recurso de nulidad por inconstitucionalidad la labor del órgano jurisdiccional es decir de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia debe referirse a estudiar la constitucionalidad de la norma legal impugnada, es decir debe analizar sin la ley está conforme con la Constitución, y no con otra disposición de rango inferior al constitucional. Este estudio, se justifica en el caso de autos, ya que es la propia Constitución la que ordena en su artículo 169 que la organización de los Municipios esté sometida a una ley orgánica nacional, lo cual, resulta necesario a consecuencia del carácter federal y descentralizado del Estado y a la necesaria coordinación que debe establecerse entre los entes político territoriales, vía ley nacional, a la cual, en consecuencia, se encuentran sometidos. En este contexto, resulta menester transcribir las disposiciones correspondientes establecidas en la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, las cuales establecen textualmente lo siguiente: "Capitulo VI Del ejercicio de la función de control Articulo 41. Mecanismos de Control. Los Consejos tiegisiativos de los Estados podrán ejercer su función de control legislatve, mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las invèstigacioneg las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en la constitución del estado respectivo y en la ley. Asimismo, en ejercido del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios y solicitar al Poder Cludadano.que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad. Articulo 42. Obligación de comparecencia. Los Consejos Legislativos de los Estados o sus comisiones podrán realizar las investigaciones que juzguen convenientes en las materias de su competencia, de conformidad con el Reglamento Interior y de Debates. Todos los funcionarios o funcionarias públicos estadales están obligados y obligadas, bajo las sanciones que establezca la ley, a comparecer ante el respectivo Consejo Legislativo o sus comisiones y a suministrarle las informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones. Esta obligación comprende también a los particulares; quedando a salvo los derechos y garantías que consagra la Copstitución de la República Bolivariana de Venezuela. Articulo 43. Invitaciones a funcionarios públicos nacionales. A los efectos de las investigaciones que se adelanten, los funcionarios responsables de las delegaciones regionales de los organismos de la Administración Pública Nacional, están obligados en las materias de su competencia, a comparecer cuando le sea requerido por los Consejos Legislativos de los Estados. Articulo 44. Colaboración de poderes. El ejercicio de la facultad de investigación no afecta las atribuciones de los demás poderes públicos. Los jueces o juezas estarán obligados y obligadas a evacuar las pruebas para las cuales reciban comisión de los cuerpos legislativos". Como puede verse de las disposiciones transcritas, los funcionarios públicos que pueden ser objeto de control por los Consejos Legislatives de los funcionarios responsables de las delegaciones regionales de los organismos de la Administración Pública Nacional", en las materias de su competencia. En todo caso, quiere la Sala recordar que los Consejos-Legislativos son órganos legislativos del Poder Público Estadal y que como tales tienen funciones legislativas y de control, lo cual está referido a los integrantes de su mismo nivel territorial. Estos es, la facultad de dictar leyes debe referirse a las materias que la Constitución designa como estadales y las facultades de control van en principio dirigidas sobre los funcionarios estadales, en cada unas de sus jurisdicciones. En virtud de lo expuesto, no pueden los órganos legislativos estadales, esto es los Consejos Legislativos estadales, acordar la comparecencia de los funcionarios municipales y mucho menos establecer sanciones frente a su incumplimiento. Ahora bien, visto que la Ley de Comparecencia del Estado Zulia, indica de comparecer ante el Consejo Legislativo, esta Sala a fin lograr que se dé una interpretación uniforme de las disposiciones impugnadas, estima pertinente reiterar el criterio jurisprudencial que al respecto ha dictado este máximo Tribunal. En este sentido, mediante sentencia número 950 del 23 de mayo de 2007, esta Sala Constitucional interpretó que los funcionarios públicos nacionale que pueden ser objeto de control por parte de los Consejos Legislativos son los "funcionarios responsables de las delegaciones regionales ", ello en cumplimiento de lo contenido en la Ley 9 Vos Consejos Legislativos de los Estados. Al respecto, la referida enfencia disp textualmente lo siguiente: f! "En primer término, pasa esta Sala a pronunciarse en tocmo al argumertto según el cual la ley impugnada viola el articulo 156 de la Constiaictón, Fiscales Superiores del Ministerio Público- deben comparecer ante el Consejo Legislativo del Estado Lara o sus comisiones con ocasión de las investigaciones que se lleven a cabo. Al respecto, aprecia la Sala que la referida disposición constitucional establece lo siguiente: "Articulo 156. Es de la competencia del Poder Público Nacional... 32. La legislación en materia de derechos, deberes y garantias constitucionales ..omissis... la de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Páblico Nacional y demás órganos e Instituciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las materias de la competencia nacional" (Negrillas de la Sala). Como puede apreciarse de la disposición transcrita, el constituyente estableció en forma clara que el funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional y demás órganos e instituciones nacionales del Estado es materia reservada al legislador nacional. En este sentido, aprecia la Sala que el articulo 25 de la Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios Públicos o Funcionarias Públicas y los. o las Particulares ante el Consejo Legislativo del Estado Lara o sus Comisiones, dictada por el Consejo Legislativo de ese Estado (objeto de impugnación), prevé la citación -para la comparecencia ante el Consejo Legislativo- de funcionarios de la Administración Pública Nacional, lo cual incide en el funcionamiento de esta Administración Pública Nacional. En efecto, puede apreciarse que el articulo impugnado dispone textualmente lo siguiente: Articulo 25. La citación para la comparecencia del Defensor o Defensora del Pueblo, Fiscal o Fiscaia Superior del Ministerio Público, Contralor o Contralora General del Estado, Procurador o Procuradora General del Estado, Secretario o Secrataria General de Gobierno, Directores o Directoras Ejecutivo, Directores del Consejo Nacional Electoral Dirección Lara, Tesorero o Tesorera Genaral del Estado y representantes del Podar Judicial en el Estado Lara, se hará del conocimiento previo de la Junta Dtrectiva del Consejo Legislattvo del Estado Lara. Parágrafo Único: La comparecencia ante alguna Comisión de los funcidmart señalados en el presente articulo, deberá ser acordada por la mayoría-ale tas. integrantes de la respectva Comisión (Negrillas de la Sala). Así, de la trascripción realizada, puede constatar la Sala que la norma impugnada (ley estadal), viola el articulo 15632 de la Constitucidi cuando se establece que el Defensor o Defensora del Pueblo, t Fiscal o Fiscala Superior del Ministerio Público, los Directores del Consejo Aacionals Electoral Dirección Lara y los representantes del Poder Judicial en el Estado Lara, pueden ser citados para comparecer ante el Consejo Legislativo de ese Estado, situación que -como se expuso- se encuentra reservada al legislador nacional. En virtud de las anteriores consideraciones, debe esta Sala anular Comparecencia de Funcionarios Públicos o Funcionarias Públicas y los o las Particulares ante el Consejo Legislativo del Estado Lara o sus. Comisiones dictada por el Cansejo Legislativo de ese Estado, por violar el 156.32 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al cual deberán suprimirse las menciones que: realiza en torno al Defensor o Defensora del Pueblo, al Fiscal o Fiscala Superior del Ministerio Público, a los Directores del Consejo Nacional Electoral Dirección Lara y a los representantes del Poder Judicial en el Estado Lara. En consecuencia, el artículo en cuestión deberá tener la siguiente redacción: Articulo 25. La citación para la comparecencia del. Contralor o Contralora General del Bstado, Procurador o Procuradora General del Estado, Secretario o Searetaria General de Gobierno, Directores o Directoras Ejecutivo y Teseraro e Tesorera General del Estado, se hará del conocimiento previo de la Junta Directtva del Consejo Legislativo del Estado Lara. Parágrafo Único: La comparecencia ante alguna Comisión de los funcionarios señalados en el presente articulo, deberá ser acordada por la mayoria de los integrantes de la respectiva Comisión. Por otra parte, debe indicar la Sala que la Asamblea Nacional dictó la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados (Gaceta Oficial N° 37.282 del 13 de septiembre de 2001), la cual incide sobre el funcionamiento de las órganos del Poder Público Nacional al prever el deber de comparecencia de los funcionarios públicos ante los Consejos Legislativos y establecer cuales funcionarios deben comparecer ante esos órganos legislativos. A este respecto, indica el mencionado texto legislativo (Ley Orgínica de los Consejos Legislativos de los Estados) que los funcionarios-púßtiãos obligados a comparecer antes los Consejos Legislativos sop los estadales los "funcionarios responsables de las delegaciones regionales de las organismos de la Administración Pública Nacional", al indicar lo siguiente: Articulo. 42. Los Consejos Legislativos de los Estados à sus epmtafones podrán realizar las investigaciones que fuzguen convenigntea an las materias de su competencia, de conformidad con el Reglamento Interior y de Debatal! página original (tal como se publicó) [Página 19] Todos los funcionarios o funcionarias públicos estadales están obligados' u obligadas, bajo las sanciones que establezca la ley, a comparecer ante el respectivo Consejo Legislativo o sus comisiones y a suministrarle las informaciones y documentos que requtriaran para el cumplimiento de sus funciones.La obligación comprende también a los particulares; quedando a salvo los derechos y garantías que consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Articulo 43. A los efectos de las investigaciones que se adelanten, los funcionarios responsables de las delegaciones regionales de los organismos de la Administración Pública Nacional, están obligados en las materias de su competencia, a comparecer cuando le sea requerido por los Consejos Legislativos de los Estados. (Negrillas de la Sala). Siendo así lo expuesto, debe esta Sala advertir que la nulidad del articulo 25 de la Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios Públicos o Funcionarias Públicas y los o las Particulares ante el Consejo Legislativo del Estado Lara o sus Comisiones dictada por el Consejo Legislativo de ese Estado es sin menoscabo de lo previsto en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, según los cuales los "funcionarios responsables de las delegaciones regionales de los organismos de la Administración Pública Nacional", deben comparecer ante los Consejos Legislativos de los Estados. Al respecto, debe esta Sala reiterar la doctrina jurisprudencial expuesta anteriormente según la cual y en atención a la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, los funcionarios públicos nacionales que pueden ser convocados ante los Consejos Legislativos Estadales son los "responsables Pública Nacional". En virtud de las anteriores consideraciones, debe esta Sald'establecer doctrina de naturaleza vinculante y al respecto decide la interpretación que debe darse a la Ley de Comparecencia del Estado Zulia, es en el sentido de que no pueden incluirse bajo su aplicación a los funcionarios públicos municipales de la jurisdicción de ese Estado ni de cualquier otro de los que integran la forma federal del Estado venezolano y que en torno a los funcionarios del Poder Público Nacional, sólo se podrán incluir à los responsables de las delegaciones regionales. Así las cosas, aprecia esta Sala que la disposición contenida en el artículo 3 de la Ley de Comparecencia del Estado Zulia indica que "todos los funcionarios públicos" están en la obligación de comparecer ante el Consejo Legislativo de ese Estado, razón por la cual no puede declararse su nulidad ya que de conformidad con las explicaciones antes expuestas los Consejos Legislativos pueden solicitar la comparecencia de funcionarios públicos respetando -claro está- la limitación antes expuesta relativa a los funcionarios que pueden ser llamados a comparecer. En virtud dę lo expuesto se declara sin lugar el recurso de nulidad interpuesto y así se decide. Vista la declaratoria anterior según la cual no pueden incluirse bajo la aplicación de la Ley de Comparecencia del Estado Zulia a los funcionarios públicos municipales debe en consecuencia declararse la nulidad del Acuerdo N° 4 del Consejo Legislativo del Estado Zulia de fecha 29 de mayo de 2003, mediante el cual se dio apertura al procedimiento administrativo sancionatorio de multa en contra del Alcalde del Municipio Maracaibo, ciudadano Gian Carlo Di Martino Tarquino por ser el mismo consecuencia de la aplicación de la referida ley a un funcionario municipal como lo era el referido ciudadano. Finalmente, visto el contenido de este fallo, se ordena su publicación en la Gaceta Judicial, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Oficial del Estado Zulia, así como su reseña en la página web de este Tribunal. Así se decide. IV DECISIÓN Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SIN LUGAR la demanda de nulidad ejercida por el abogado Javier Simón Gómez González, apoderado judicial de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MARACAIBO, contra "el acto, de apertura-del procedimiento administrativo sancionatorio de multa en contra del Alcalde del Municipio Maracaibo Dr. Gian Carlo Di Martino Tarquino y al mismo tiempo de la Ley de Comparecencia del Estado Zulia, (Gaceta Oficial del Estado N° 748 de fecha 18 de enero de 2003)". 2.- LA INTERPRETACIÓN de la Ley de Comparecencia del Estado Zulia. 3.- LA NULIDAD del Acuerdo N° 4 del Consejo Legislativo del Estado Zulia de fecha 29 de mayo de 2003. 4.- Se ORDENA la publicación íntegra del presente fallo en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia, en la Gaceta Judicial, en la Gaceta ()f:ial del Estado Zulia y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente: "Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que fija la interpretación constitucionalizante respecto a la Ley de Comparecencia del Estado . Zulia. Y en la cual se indica que la interpretación que debe darse a la Ley de Comparecencia del Estado Zulla, es en el sentido de que no pueden incluirse bajo su aplicación a los funcionarios públicos municipales y que en torno a los: funcionarios del Poder Nacional, sólo se podrán incluir a los responsables de las delegaciones regionales". Publíquese, regístrese y notifiquese. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los /o2 días del mes de de dos mil doce (2012). Años: 202° de la Independencia y 153º de la Federación. Presid LES-LAMUÑO El Vicepresidente, FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ Los Magistrados, MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN Ponente CARMEN ZULETA DE MEREHAN ARCADIO DELGADO ROSALES JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER GLADYS MARIA GUTIÉRREZ ALVARADO JOSÉEONARDREQUENA CABELLO página original (tal como se publicó) [Página 20] N- 877 EL. TRL SUPRO DE JIETICSA. Magistrada Pepente: LUESA ESTELLA MORALES LAMUÑO Expedieste N 04-2849 .El 31 de octubre de 2004, el ciudadano German Joaé Mundarain Hernández, actuando en su condición de DEFENSOR DEL PUEBLO, para la época, y los abogados Félix Peña Ramos, Alberto Rosi Palencia, Verónica Cuegvo Soto y Linda Carall Goitía Gracia, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los nros. 70.575, 71.275, 75.192 y 78.194, respectivamente, actuando en su carácter de representantes de la Defensoría del Pueblo, interpusieron acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad conjuntamente con medida cautelar innominada, contra el artículo 10, en sus numerales 4, 16, y 18; articulo 11 en sus numerales 6 y 9; y los articulos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 60, 62, 63, 66, 73, 75, 80, 98, 119, 122, 123, 125, 135, 141.144, 150, 163, 167, 172, 173, 179, 180, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 193, 196, 197, 198, 206, 207; 213, 214, 215, 216, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 y 251, todos del Código de Policia del Estado Miranda, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad, en el numero extraordinario del 10 de agosto de 1972. El 2 de noviembre de 2004, mediante decisión n.° 68/2004, se admitió e! recurso y se ordenó notificar al Presidente del Consejo Legislativo yfjal Procurador General del Estado Miranda, así como al Fiscal General de la Repáblica. En el mismo auto se ordenó emplazar a los interesados mediante cartel publicado en prensa. Por cuanto también se solicitó la concesión de una medida cautelar, se ordenó abrir cuaderno separado. El 11 de noviembre de 2004, fue recibido en Sala el cuaderno separado y se designó ponente a la Magistrada Carmen Zuieta de Merchin, siend reasignada posteriormente la ponencia al Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, para emitir un pronunciamiento respecto la medida cautelar solicitada. Mediante diligencia del 1 de diciembre de 2004, la abogada Verónica Cuervo Soto, en su carácter de autos, se dio por notificada del suto de admisión de la presente causa, y solicitó la expedición del cartel de emplazamiento de los terceros interesados. El 28 de abril de 200s, el Juzgado de Sustaciación de esta Sala, expide5 el cartel de emplazamiento de los terceros interesados. Mediante diligencia del 11 de mayo de 2005, la abogada Verónica Cuervo Soto, ya identificada, consignó la publicación del cartel de emplazamiento de los terceros interesados en el Diario Últimas Noticias del 10 de mayo de 2005. El 11 de octubre de 2005, esta Sala mediante decisión n.° 2.987, acordó parcialmente la medida cautelar solicitada por el Defensor del Pueblo y, en consecuencia, suspendió "(..) las normas contenidas en los articulos 13, 14, 21, 22, 23, 24. 31, 34, 38, 40. 49, 52, 56, 62, 63, 66, 80, 125, 150, 167, 179, 213, 223, 231, 232, 233, 234, 235, 236, e Oficial de esa entidad del 10 de agosto de 1972: pero en el entendido de que dicha suspensión sólo alcanza las previsiones sobre privación de Iibertad y no otras sanciones que se contemplen en los articulos emmerados, cuya validez se determinará en el fallo definitivo. De igual forma, se suspende el articulo 35 del mencionado Código de Policia, toda vez que se fundamenta, a los efectos de su aplicabilidad, en la rormattiva que mediante sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia en Pleno, en fecha 6 de noviembre de 1997". Mediante diligencias del 16 de enero de 2007, 25 de enero de 2007, 1 de marzo de 2007, 26 de abril de 2007, 5 de junio de 2007 y 31 de enero de 2098, la abogada Yixci Bezada Sabino, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 69.032, actuando en su condición de abogada de la Defensoria del. Pueblo, manifestó el interés procesal de la Defensoria y la solicitud la continuación del fterprocedimental en la presente causa. Mediante auto del 23 de octubre de 2008, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala, ordenó la convocatoria del acto oral y páblico para el día jueves 11 de noviembre de 2008. Mediante escrito consignado el 11 de noviembre de 2008, la abogada Miriam Omaira Pineda de Fariñas, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 13.962, actuando en representación del Ministerio Páblico, presentó escrito de consideraciones sobre el recurso de nulidad interpuesto. En la misma fecha, se celebró el acto oral y páblico, enel cual se dejó constancia de comparecencia del representante del Consejo Legislativo del Estado Miranda, del representante de la Procuraduria General del Estado Miranda y del representante del Ministerio Público. En la precitada fecha, las abogadas Eneida Femnandes Da Silva, Teresa López, Nora Valdivia Beltrán, Rosa Meroedes Sánchez y Zulay Arcia, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los nros. 79.059, 76.244, 13.061, 95.923 y 71.387, en su condición de abogados de la Defensoría del Pueblo, consignaron escrito en el cual exponen que "(..) en fecha 08 de febrero del 2006, tuvo conocimiento que, el Código de Policla del estado Miranda, publicado en la Gaceta Ofictal del estado Mranda, de fecha 10 de agosto de 1972, fue derogado en virtud de la publicación de la ey de Policia de la referida Entidad Federal, en Gaceta da fecha 15 de mayo de 1996 (..)", sin embargo exponen que el referido texto normativo se refiere a la creación del Instituto Autónomo de Policía del estado Miranda, y no contempla una norma derogatoria de los artículos impugnados sino solicitan un pronunciamiento en los términos expuestos. Mediante auto del 2 de diciembre de 2008, se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe el-presente fallo. El 9 de noviembre de 2008, se dio inicio a la relación de la causa. El 4 de febrero de 2009, se dijo "Vilstos" en la presente dusa. Mediante escrito del 2 de junio de 2010, los abogados Larry Devoe Márquez, Jesús Antonio Mendoza Mendoza, Eneida Fernandes Da Silva) Zulay Arcia, Ester Paez, Alejandra Bonalde, Teodora Bezada, Julio Romero, Lucelia, Castellanos y Javier López, 79.059, 71.387, 105.312, 71.884, 118.078, 69.032, 145.4 y 84.543, respectivamente, actuando en su condición de representantes de la Defensoria del Pueblo, solicitaron la extensión de los efectos de la sentencia n.° 191 del 8 de abril de 2010, en los recursos de inconstitucionalidad propuesto contra el Código de Policia del Estado Miranda, así como en el Código de Policfa del estado Cojedes, los cuales cursan en los expedientes nros. 04-2849 y 04-0142, respectivamente. En virtud de la reconstitución de la Sala por el nombramiento de sus nuevos integrantes en sesión de la Asamblea Nacional del 7 de diciembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°39.569 del 8 de diciembre de 2010, la Sala quedó constituida de la siguiente forma: Presidenta Magistrada Luisa Estella Morales Lamufo, Vicepresidente Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, y los Magistrados y Magistradas Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchaán, Arcadio Delgado Rosales, Juam José Mendoza Jover y Gladys Naria Gutiérrez Alvarado. Por medio de diligencia del 20 de septiembre de 2011, la abogada Lucelia Castellanos Pérez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 145.484, solicita pronunciamiento en la presente causa. Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones: DE LA ACCIÓN DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD Los recurrentes fundementaron su pretensión, entre otros, en los siguientes argumentos de hecho y de derecho: Que los articulos denaaciados del Código de Policía del Estado Miranda, vulneran el derecho fundamental a la libertad personal "(..) lo cual se verifica con la violación al principio de la legalidad de los delitos; faltas y penas, asl como el principio de reserva iudicial en cuanto a la posibilidad de detener o arrestar a los cludadanos (...)". Que asimismo, denuncia ia violación al derecho al debido proceso, en lo atinente al principio de legalidad de los procedimientos, la garantía del juez natural y el derecho a la defensa. página original (tal como se publicó) [Página 21] Que "(..) los articulos 11 (mumerales 6 y 9), 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 40, 49, 52, 56, 62, 63, 66, 80, 125, 150, 16% 179, 180, 186, 213, 217, 218, de Policla del Estado Mtranda, establecen la posiblidad para las autoridades consecuencia, detenciones o arresto sin ninguna clase de intervención de la autoridad judicial (..)", lo cual vulnera el articulo 44.1 de la Constitución de la Repáblica Bolivariana de Venezuela. Que "(...) los articulos 11 (mumerales 6 y 9), 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 40, 49, 52, 56, 62, 63, 66, 80, 125, 150, 167, 179, 180, 186, 213, 217, 218, de Policla del Estado Miranda, establecen un procedimiento administrativo sumario, ajeno a cualquier control jurisdiccional, que implica una tnjerencla grave en el derecho a la libertad personal (...)". Que "(..) prevalecen en el interior de estas disposiciones, verdaderos tipos penales, los agentes policiales. Asimismo (.) estas disposiciones están caracterizadas por un alto grado de indeterminación semántica. Palabras como 'sospechas' (artículos 29 y 245 del Código impugnado) son por su naturaleza incompatibles can las exigencias de la estricta legalidad, ya que rehúyen una determinación legal y dejan espacio a medidas en blanco basadas en valoraciones tan opinables como tncontrolables (...). Que "(...) igualmente, es preciso señalar que los articulos I1, en sus numerales 4, 16 y 18: articulo 11 en su numeral 6; y los articulos 12, 13, 14, §6, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 60, 62, 63, 66. 73, 75. 80, 98, 119, 122, 123, 125, 135, 141, 144, 150, 163, 167, 172, 173, 179, 180, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 193, 196, 197, 198, 206, 207, 213, 214, 215, 216, 217, 218, procedimientos sumario que no solamente atentan en si mismos contra derechos constitucionales tales como el debido proceso, la inviolabilidad de recintos privados, la igualdad y la no discriminación y el derecho.al libre tránsito, sino que al prever la aplicación de sanciones como multas, decomiso, caución de buena conducta, amonestaciones, confinamiento, expulsión, clausura de establecimientos comerciales, suspensión o retiro de patentes a establecimientos comerciales, desalojo de establecimientos públicos, limitación de expendio y consumo de licores, así como el remate de bienes, demolición de Inmuebles, entre otros, y la aplicación de medidas de amparos policiales para la protección de la posesión de bienes inmuebles, vulneran el principio de legalidad de los procedimientos toda vez que su regulación está reservada de manera exclusiva a la Asamblea Nacional a través de leyes nacionales (...)". Que asimismo el referido Código contempla "(Ag.) el establecimiento de procedimientos sumario en materia de niños, niñas y adolescentes, lo cual igualmente es materia de exclusiva regulación por parte de la Asamblea Nacional a través de leyes formales, actualmente en vigencia la Ley Orgánica para la Protección del Nifo.y del Adolescente. Los articulos 10 (en su numeral 18), 28 Vparágrafo único). 31 (primer aparte). 32. 36, 37, 38, 39, 42 (parágrafo único), 217 y 221 8el Código de Policla del Estado Miranda, consagran plenas atribuciones a las autoridades de policia en cuanto al tratamiento de niños, niñas y adolescentes; previéndose, entre otras disposiciones; la prohibición de que estos (sic) transiten por las calles en horas de la noche, la prohibición de que ingresen a determinados lugares y de que asistan a espectáculos públicos an horario nocturno; la obligación a cargo de los padres y representantes de enviar los a las escuelas bajo pena de multa, y la aplicación de medidas, la cargo de los funcionarios policiales, tales como la aprehensión de los menores de edad'an caso de evasión del hogar y el retiro del menor de su hogar en caso de corrupción ipor parte de sus padres o representantes legales (..)"; normas las cuales, violan lo establecido en los articulos 54, 75 y 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nacional. Se estatuven procedimientos donde el ciudadano no tienen ninguna posibilidad de defensa, quedando desprovisto de oportunidades para alegar y probar, asi como de ejercer los recursos contra la decisión administrativa definitiva, la cual ni siguiera se exige que sea motivada: ocasionando que la medida dictada se encuentre exenta de cualquier tipo de control (...)" (Subrayado de la parte). Que al efecto señalan, la violación del derecho al debido proceso, asi como que "..) los articulos impugnados del Código de Policla del Estado Miranda vulneran tal principio -principio de legalidad-, toda vez que en muestro ordenamiento juridico, la comisión de un delito, falta o Infracción es el único supuesto admitido constitucionalmente * para ser objeto de sanción, siendo absolutamente imprescindible que el delito, falta o infracción esté previsto en una ley emanada de la Asamblea Mcional (...)". Que "(..) los articulos antes referidos del Código de Policla del Estado Miranda, al establecer la posibilidad de sancionar a los ciudadanos con normas de aplicación discrecional, violan el principio de legalidad de deltos, falta e infracciones, toda vez que los mismos pertenecen a una normativa emanada del Podel Degislativo Estadal, el-cual no se encuentra facultado para legislar sobre delitos, faltas o fracciones que tengan como consecuencia la imposición de una sanción a las personas (...) Que "(.) los articulos Impugnados del Cpdigo de' Policia del Estado Miranda, al prever sanciones administrativas (faltas), son inconstitucionales y contradicen lo previsto en el articulo 49.6 de muestro texto constitucional, pues (.) están prescritas absolutamente las sanciones que no se fundamenten en ta comisión de un delito, falta o infracción que haya sido prevista en la ley. Es de destacar que la Asamblea Legislattva del Estado Miranda al dictar los articulos denunciados, usurpó funciones legislativas del Poder Legislativo Nacional al crear sanciones, con lo cual se configura lo previsto en los articulos 25 y 138 del texto constitucional, y en consecuencia, debe declararse la nulidad de dichos articulos (...)". Que "(..) los articulos 35 y 237 del Cödigo de Policik del Estado Mtranda deben ser declarados inconstitucionales, debido a que desarrollan la.llamada «Lay sobre Vagos y Maleantes» la cual fue declarada inconstitucional y suspendida su aplicación en todo el territorio nacional en virtud de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en Pleno, del 6 de noviembre de 1997 (...)". Que "(..) los articulos 11 (mamerales 6 y 9), 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30. 31. 34, 38, 40, 49, 52, 56, 62, 63, 66, 80, 125, 150, 167, M09, 180, 186, 213, 217, 218, de Policia del Estado Miranda, al permitir a las autoridades administrativas que decidan sobre privaciones de libertad, vulnera lo establecido en"el articulo 250 de! Codigo Orgánico Procesal, que solamente faculta a la autoridad judictal a dictar ordena de aprehensión (.... Que "(..) los articulos 10 (en su mumeral 18), 28 (@arágrafo único), 3! (primer aparte), 32, 36, 37, 38, 39, 42 (parágrafo único), 217 y 221 del Código de Policia del Estado Miranda, al establecer procedimientos sumario, obligaciones, restricciones y prohibiciones en materia de niños, niñas y adolescentes, violan el principio de reserva legal contemplado en el articulo 14 de la Ley Orgánica para,la Protección del Nifo y del Adolescente (...). Al efecto, solicitan como medida cautelar innominada que "(..) se suspenda provisionalmente, hasta la sentencia definitiva que resuelva el presente recurso, la aplicación del articulo 10, en sus mmarales 4, 16 y-18; articulo 11 en sus mumerales 6 y 9; y los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 38, 39, 40, 42, 45, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 60, 62, 63, 66, .73, 75, 80, 98, 119, 122, 123, 125, 135, 141, 144, 150, 163, 167, 172, 173, 179, 180, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 193, 196, 197, 198, 296, 207, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 231, 232, del Código de Policla del Estado Miranda, publicado en ta Gaceta Oficial del referido Estado, Número Extraordinario de fecha 10 de agosto de 1972, y en consecuencia, se ordene a todos los funcionarios encargados de la aplicación de tales articulos, como el Gobernador del Estado Mtranda, el Secretario Genaral de Gobierno, y Oficiales de la sanciones establecidas en dicho código, especialmente las privattvas de libertad mediante Código Orgánico Procesal Penal en caso de que se constage la verificación, por parte de ciudadanos, de las faltas previstas en el Código Penal (..)"! Quc en atención a elio, fundamentan la existencia del fumus boni iuris en la violación de los preceptos constitucionales denunciados -derecho. a, la libertad personal, principio de reserva legal, principio de reserva judicial y el derecho al debido proceso-, por continúen los funcionarios policiales del Estado Miranda, q la realización de arresto administrativos, los cuales no podrian ser reparados con la sentencia definitiva, contrariando asi normas de rango constitucional (.)". Finalmente, solicitan que se acuerde la medida cautelar inominada interpuesta y se declare con lugar el recurso de nulidad ejercido. página original (tal como se publicó) [Página 22] I DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO El 11 de noviembre de 2008, la abogada Miriam Omaira Pineda de Fariflas, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 13.962, actuando en representación del Ministerio Público, presentó escrito de consideraciones sobre el recurso dc nulidad interpuesto, en el cual expuso lo siguiente: Que los artículos 11 (numerales 6 y 9), 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 40, 49, 52, 56, 62, 63, 66, 80, 125, 150, 167, 179, 18@. 186, 213, 217, 218, 220, 223, Policia del Estado Miranda, están viciados de nulidad absoluta, por ser violatorios al derecho constitucional a la libertad personal, en viud de establecer arresto administrativos como sanciones definitivas. Que en atención al principio de legalidad de los procedimientos, establecido en los artículos 187.1. 156.32 y 202 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela debe estar contemplado en una ley, sancionada previamente por la Asamblea Nacional, por lo que tal competencia no le está atribuida a las Asambleas Legislattvas de los Estados (...). Que "(..) las disposiciones del Código de Policla. del Estado Miranda, cuya nulidad se solicita también resultan violatorias de la garantia constitucional 'non bis in Idem', establecida en el mumeral 7 del articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (...), en el sentido de que dichas normas tipifican un universo de delitos y faltas que se encuentran tamblén establecidos y especificados por el Código Penal Venezolano (...)". Que en atención a lo expuesto, exponen que no solo resultaron violados el derecho a la libertad personal, y el principio de legalidad de los procedimientos sino que aunado a ello, se incurrió en el vicio de usurpación de funciones al crear sanciones y procedimientos para los cuales carecia de competencia, en razón de lo cual "(..) el Ministerio Público es de la opinión que los artículos cuya mulidad se solicita, deben ser declarados nulos (...)". Que en relación a los articulos 10 (en su mumeral 18), 28 (parágrafo único), 31 (primer aparte), 32, 36, 37, 38, 39, 42 (parágrafo único), 217. y 221 del Código de Policía del Estado Miranda, "(... se debe considerar que los articulos f...)vilneran disposiciones constitucionales y legales, configurándose de igual forma, una'usurpación de las funciones que le corresponden a la Asamblea Nacional por parte de la Asamblea Legislativa Estadal (...). Que respecto a las violaciones al derecho constitucional al debido proceso y a la defensa, destacan que "(..) limitan y privan el derecho a la libertad y seguridad personal sin disponer un procedimiento que garantice los atributos mínimos del debido proceso y el ser oido y de asistencia profesional, la contradicción de las pruebas de la parte acusador y la posibilidad de presentar pruebas de defensa, la dble instancia (..)". Policia del Estado Miranda se encuentran.viclados de mulidad, puesto que desarrollan la llamada Ley sobre Vagos y Maleantes, la cual fue declacada inconstitucional (...), mediante sentencia emanada de la extinta Corte Suprema de Justicia, en Pleno, de fecha 6 de noviembre de 1997 (...)". Finalmente, solicita que se declare con lugar la presente acción de nulidad por inconstitucionalidad. m MOTIVACIONES PARA DECIDIR Eai primer lugar, se advierte que atendiendo a la promulgación de la Ley Orgánica del Servicio de Policia Nacional y del Cuerpo de Policia Nácional en la Gaceta Oficial n.° 5.940 Extraordinario del 7 de diciembre de 2009, esta Sala Constitucional mediante sentencia n.° 727r2012, st pronunció sobre la cláusula'derogatoria contenida en la Disposición Derogatoria Primera contenida en el Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgínica del Servicio de Policia Nacional y del Cuerpo de Policía Nacional, en relación a la presunta derogatoria de los Códigos de Policia Estadales. Al efecto en dicha sentencia, se expuso: "Conforme a los supuestos planteados, debe examinarse si en la Ley Orgánica del Servicio de Policia Nacional y del Cuarpo de Policla Nacional, se derogó tácitamente la totalidad de los artículos contenidos en el Código de Policia, con la finalidad de determinar si pueden pérsistir los ciclos denunciados de inconstitucionalidad sobre aquellos articulos que n nada coliden con la norma posterior. En el caso planteado, diariamente se aprecia que la Lay Orgánica del Servicio enunciados normativos que como se abuso anteriormente se refieren al sanciones penales (arresto proporcional), sanciones administrativas asi como un régimen de faltas que haga relevante la contrariadad, en razón de lo cual, la presunta incompatibilidad entre la norma-N; y la porma Nz devendría del generalidad del cuerpo normativo, ya que la tnpompatibilidad genera la regulación de manera distinta de un supuesto determinado por-ambas normas en un mismo tiempo, el cual de no verificarse en un mismo lapso temporal no lapso de concurrencia de la norma con el supuesto determinado, de manera de Constitución de la República Boltvarlana de Venesuela). En ramón de lo expuesto, se aprecia que la presunta inconstitucionalidad de los articulos Impugnados, mantiene un Intaria jurídico actual para su resolución por no existir una Incompatibilidad entre la Lay. Orgánica del Servicio de Policla Nacional y del Cuarpo de Policla Nacional y la norma denunciada en cuanto al sistema de sanciones y así se decide". En atención a lo expuesto, se reitera dicho criterio y pdsa de seguida a conocer sobre la constitucionalidad del Código de Policia del Estado Miranda, no sin antes advertir que como punto previo, debe pronunciarse esta Sala sobre la solicitud de la parte recurrente, relacionada con la extensión de los efectos contenida entel falo n.° 181/2010 tanto al presente recurso de nulidad por razodies de inconstitucionalidad contra el Código de Policía del Estado Miranda, como en la acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad ejercida contra el Código de Policía del Estado Cojedes. En relación al caso de autos, esta Sala estima conveniente precisar que dicha extensión de los efectos solo opera cuando i) si la misma es a solicitud de parte interesada ii) siempre y cuando sea efectuada antes de la celebración'fe la audiencia oral, ya que el mismo tiene como finalidad "(..) promover la economia pabcesal, con el fin de optimizar los recursos jurisdiccionales (.)", en virtud de la identidad de las causas de inconstitucionalidad denunciadas. En atención a ello, debe citarse lo establecido en el referido fallo como condición sine qua non para la aplicación de tal extensión de efectos, "Asimismo, en las causas de mulidad que se encuentren en curso de Códigos de Policia, y en las que aún no se haya celebrado el acto oral, la Defensoria del Pueblo o quien funja como accionante adherente de la acción o tercero interviniente, podrá solicitar la extensión de los efectos de la presente decisión y, al efecto, la Sala, previa verificación sumaria, decidirá si ha lugar la extensión de «fectos solicitada pudiendo acordarla; en caso de no acordar la extensión de efectos solicitada se ordenará el trámite de ley para decidir la nulidad. Asi se declara". Con fundamento en lo expuesto, y visto que, en el presente caso se celebró el acto oral y público el 11 de noviembre de 2008, y se dijo "Vistos" el 4 de febrero de 2009, esta Sala aprecia que no se encuentran dados los supuestos para aplicar la extensión de los efectos del citado fallo, no obstante lo anterior, pasa la Sala a decidir conforme a su reiterada jurisprudencia. Asf se decide. (Vid. Sentencia de esta Sala n.° 845/2010). Ahors bien, sobre este mismo punto -esctensión de los efectos de la sentencia n.° e r er r r Ia acción de inconstitucionalidad ejercida contra el Código de Policia del Estado Cojedes, sc advierte tal como se dispuso en sentencia n.° 1080/2010; que ésta debe ser realizada de manera individualizada en cada expediente, conforme a lo siguiente: "Para ello, exigió la Sala que se verificarán clartosirequisitos, como son la identidad entre las causas y que a nivel procesal no se haya verificado el acto oral. De ese modo, la constatación de tales sumustos exige gue las peticiones de extensión da efectos se realicen no solo de forma iralivicual, sino además en cada causa contentiva dal recurso de mulidad ine rouesto en contra del correspondiente Código da Policia; conclusión lógica que se refuerza con el hecho de que la presente causa, signada con el múm. 04-2498, ya culminó al haberse dictado sentencia definitiva el 8 de abril de 2010, distinguida con el número I91. Razón por la cual, se insta a la represanitaclón de la Defensor la del Pueblo para que formule la solicitud de extanslón de fectos de la referida expedientes donde la Sala se pronuncie respecto a la posibilidad de extender tales efectos, por lo que esta Sala ordena el archivo.definitivo del expediente" (Subrayado de este fallo). Por ende, al versar el presente caso sobre la nulidad por inconstitucionalidad del Código de Policía del Estado Miranda, desestima la extensión de los efectos sobre la inconstitucionalidad del Código de Policia del Estado Cojedes, en virtud de no corresponder este expediente a dicha mulidad por inconstitucionalidad y, asi se decide. Asimismo, se observa que previo a la resolución del fondo de la presente causa, debe pronunciarse esta Sala sobre el escrito presentado el-11 de povièmbre de 2008, por la representación de la Defensoria del Pueblo, en relación a la presunta derogatoria del Código ce Policia del Estado Miranda, en virtud de la publicación de la Ley de Policia del Estado Miranda, en la Gaceta Oficial del Bstado Miranda el 15 de mayo de 1996. página original (tal como se publicó) [Página 23] Lunes 13 de agosto de 2012 GACETA OFICLAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En este sentido, se aprecia que la Ley de Policia del Estado Miranda, establece el sisterna orgênizativo y eitraotural del servicio de policia del Estado Miranda, mediante la creación del Insticuto, sus finas, dirección de la referida enfdad estatal, miembros que los conforman, atriyucioneande la Junts-Directiva, su ségirmen patrimonial, las funciones policiales del Instituto, § su régimen de. personal, estableciéndose en las Disposiciones Finales, en su articulo S4 que "A partir de la vigencia de esta Ley quedan expresamente derogadas todas las disposiciones legales vigentes que colidan con la misma", no obstante en la mencionada ley no se consagra un régimen de faltas y sanciones administrativas como se estabiece en el Código de Policia del Estado Miranda impugnado. En atención a ello, se aprecia que reproduciendo similares consideraciones a las realizadas respecto a la Ley Orgánica del Servicio de Polic Nacional y del Cuerpo de Policía Nacional en sentencia de esta Sala n.° 727/2012, se aprecia que la incompatibilidad ineludible para la derogatoria material o tácita de la norma, es una condición necesaria que el enunciado E, sea similar a &, en un tiempo X; y que el mismo puede tener variaciones sustanciales o materialmente determinantes ante un supuesto F, si no se establecen dichas condiciones perfectamente puede subsistir un eniáclado B, qfe regule un supuesto Fa y un enunciado E, aun cuando sea previa, en el tiempo, que regule un supuesto F,. ya que en este supuesto no existiria la incompatibilidad denunciada, en principio, salvo que axiológicamente sea contradictoria la regulación de ambos supuestos de manera disimil, s n confrontación entre principios y reglas para su resolución, cuestión que escapa al supuesto de autos. Conforme a los supuestos planteados, debe examinarse si en la Ley de Policia del Estado Miranda del año 1996, derogó tácitamente la totalidad de los artículos contenidos en el Código de Policia del Estado Miranda o solo aquéllos relativos a la estructura y funcionamiento del cuerpo de policia estadal, con la finalidad de determinar si pueden persistir los vicios denunciados de inconstitucionalidad sebre los artículos que en nada coliden con la norma posterior. En el caso planteado, ciertamente se aprecia que la Ley-de Policía del Estado Miranda, contiene unos enunciados normativos que como se expuso anteriormente, se refieren al funcionamiento del servicio de policia en la referida entidad estatal, pero no establece un sistema de sanciones penales (arresto proporcional), sanciones sdrainistrativas asi como un régimen de faltas que haga relevante la contrariedad, en razón de lo cual, la ( n n devendría del régimen estructural del mencionado cuerpo.de policía y no respecto a la generalidad del cuerpo normativo, ya que la incompatibilidad genera la regulación de manera distinta de un supuesto determinado por ambas sorm en un mismo tiempo, el cual de no verificarse en un mismo lapso, no generaría una discordancia sino la determinación de la ley aplicable según lapeo de concurrencia de la norma con el supuesto determinado, de manera de ser prudente en la poelbie aplicación retroacth de la ley (ex artículo 24 de la Constitución de la Repáblica Bolivarlana de Venezuela). En razón de lo expuesto, se aprecia que la presunta inconstitucionalidad de los articulos impugnados, mantienen un interés jurídico actual para su resolución, por no existir una incompatibilidad entre la norma denunciada y la Ley del Policia del Estado Miranda publicada en el añio 1996 y así se decide. No obstante lo anterior, considera necesario esta Sala hacer un llamado de atención a los cuerpos legisladores de las entidades municipales y estadales, a tratar de procurar una unificación del sistema normativo en dichas entidades federales, de manera de garantizar el principio de seguridad jurídica entre sus habitantes ya que se hace de dificil conocimiento incluso para los mismos entes administrativos, el conocimiento del ordenamiento juridico vigente, sin que ello, signifique la asunción de una espode de memoria normativa Bulygin en "Teoria y técnica de la legislación" en Carios E. Alchourrón y Eugenio Bulygin; Andlisis Lógico y Derecho, Madrid, Centro de Estadios Constitacionales, 1991, pp. 409-425, resefiado por Rafael Hernández Marin; Introdugción a la teoria de la norma jurídica, Edit. Marcial Pons, 2002, pp. 490-494), sino en la especial y delicada técnica que deben tener los legisladores en virtud de su importante y relevante función (legislativa), de manera de tratar de unificar en la medida de lo posible el ordenamiento juridico vigente o su información a través de sus diversos mecanismos de divulgación de manera de propender a la satisfacción del principio a la seguridad jurid ca (Vid. Alejandro Nieto; La organización del desgobierno, Edit. Tecnos, Madrid, 1984, p. 147). Conforme a la relación de los pronunciamientos expuestos y determinado el ámbito temporal de la ley impugnada, por no haber sido derogado expresamente el régimen de las sanciones y las faltas administrativas establecidas en el Código de Policia del Estado Miranda, salvo lo que se refiere al aspecto estructural de funcionamiento y dirección del cuerpo de policía del estado Miranda, corresponde.a eipa Sala, culminada como se 395.801 encuentra su tramitación, pasar a decidir el fondo de la controversia que, por razones de inconstitucionalidad, se planteó contra el artículo 10, en sus numerales 4, 16, y 18; artículo 11 en sus numerales 6 y 9; y los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 60, 62, 63, 66, 73, 75, 80, 98, 119, 122, 123, 125, 135, 341, 144, 150, 163, 167 172, 173, 179, 180, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 193, 196, 197, 198, 206, 207, 213, 214; 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239;:240, 241; 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 y 251, todos del Código de Policía del Espado Miranda, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad, en el número extraordinario del 10 de agosto de 1972, preceptos que se transcriben a continuación: "Articulo 10.- Sin perjuicio a las atribuclones establecidas por otras Leyes y Reglamentos que rigen en la República y en este Código, el Cuerpo de Policía tendrá las siguientes: (..) 4.- Colaborar con el Gobierno Nacional o Estatal cuando le sea requerido en la investigación de tramas o maquinaciones contra el orden público persiguiendo e impidiendo los planes subverstvos, disolviendo los grupos que municiones que poseyeren. (...) 16.- Vigilar las casas y demás lugares donde concurren personas de notoria mala conducta. (..) 18.- Cuidar de que a partir de las 10 de la noche no transiten por las calles menores de edad sin estar acompañadas de un representante mayor de edad, a menos que comprueben que se ocupan de alguna diligeacla urgente. Articulo I 1.- Son deberes de las Autoridades de Policia del Estado: (...) 6.- Denunciar al Superior respectivo las faltas g que incurrieren sus subalternos. St hubieren cometido delito o falta infuiciable (sic), aprehenderlos y entregarlos a las Autoridades competentes. (.) 9. El Comandante General de la Policia del Estado, participará las novedades diarias al Secretario General de Gobierno, quien deberá mantener informado de las mismas al Gobernador del Estado y semanalmante rendirá cuenta por escrito de la situación policial en el Estado. Los Comandantes de las Unidades Distritales participarán diariamente al. Prefecto del distrito respectivo y a la Comandancia General de la Policia Estatal, los hechos ocurridos en su jurisdicción y enviarán diariamente la nómina de las personas Miranda, especificando la causa de la atención y a la orden de quien queden detentdas. Artículo 12.- La primera autoridad de Policia de cada jurisdicción.procurará tener un conocimiento general de los habitantes de la jurisdicción, tanto nacionales como extranjeros, asi como de sus oficios y profesiones. Percibirá diariamente de los hoteles, pansiones y casas de hospedaje, una lista de movimientos de entrada, salida y permanencia de. pasajeros debidamente discriminada. Articulo I 3.- Todo cludadano está en la obligación de prestar la colaboración que le exijan las autoridades de Policla, salvo el caso de que estuvieren responsabilidad panal en que pudiere Incurrir por su omisión o negligencia. Artículo 14.-Todo Individuo que presencle o sepa que se está cometiendo o intenta cometer algún delito o falta, dabe Impedirlo si tiene medios eficaces para ello, y en caso de no tenerios, dan parte inmediatamente a la Policia. De no hacerlo así, Incurrtrá en las penas que determina el articulo 13. Articulo 15. Dondequiera que existan tumultos riñas o desórdenes, concurrirá la Policla para contener los y aprehenderda los participantes y los conducir ante la autoridad respectiva. Articulo 16.- Toda parsona que perturbare el ejercicio de algún culto, cualquiera que éste sea, faltando al orden y respeto ebidos, queda bajo la acción de la Policla, la que impedirá el abuso e Impondrá al Infractor las penas a que haya lugar. Articulo 17.- La policía impedirá que andes por las calles y caminos los locos, hidrófobos y dementes y hará que sean puestos bajo,custodia de sus deudas o de los hospitales, si los hublere. Artículo 18.- Nadie podrá efectuar disparos de armas de fuego sino en los prenderse fuegos artificiales nd fogatas; sin embargo, la autoridad policial correspondiente podrá permitirlo en determinadas circunstancias. Este permiso no se concederá en ninguno caso respecto a los fuegos artificiales en donde las casas estén cubiertas o hayan sido construidas con material fácilmente inflamables. Parágrafo Único: En cuanto al uso de campanas en Capillas y Oratorios de Institutos Educacionales u otros similares, o bien da propiedad particular, las autoridades de policia respectivas, previo el estudio circunstanciado en cada caso, podrán reglamentario fijando un horario especial para los toques y repiques correspondientes. Cualquiera infracción a la reglamentación que se establezca, será penado con multa de veinticinco a doscientos cincuenta bolivares. Articulo 21.- Los que arrancaren, rompleren o borraren o de cualquier otra manera dafaren carteles o edictos públicos, serán penados con multa de veinte a cuarenta bolívares o arresto proporcional. Articulo 22.- Los herreros o cerrajeros, nil ninguna dira persona podrán hacer llaves por modelos, por estampas o por otras llaves, sin tener a la vista las cerraduras a que deben servir o sin autortsación del propletario respecto, ni mucho menos llaves maestras, ganzúas u otros instrumentos destinados a falsear cerraduras de puerta, cajas o corres, bajo multa de diez a ciento cincuenta bolívares, o arresto proporcional. Artlculo 23.- Ningún arma de fuego podrá ser reparada sino (sic) está debidamente empadronada y si quien la presente, ng exhiba el comprobante hasta de cien bolvares o arresto proporcional. Articulo 24.- La policía velará porque an el terrltorid. de su jurisdicción no se coloquen o ctrculen anóntmos o escritos que ofandan el pudor, la moral y las buenas costumbres, asi como aquellos que vayan dirigidos contra la buena reputación del Gobierno o de los particulares. Dos infractores de esta disposición serán penados con multa de cuarenta a doscientos bolívares o arresto proporcional, sin parfuicto de las penas en qua Incurrieran de acuerdo con la legislación nacional. página original (tal como se publicó) [Página 24] Articulo 28.- Los que tienen los frentes de las casas o'edificios o los deterioren, los qus arrojen piedras a los techos, causen daflos a:los objetos de servicio y de ornato público, a la propaganda comareial autorizada y a los drboles o animales, o menoscaben otra obra de utilidad común, podrán ser aprehendidos n e e a conducir los ante el funcionario de policia suparior dal lugar, quien !os obligard a reparar el dalo material causado y las impondrá una multa de veinte a cien bolívares. Único: Si en el caso a que se refiere este articulo se trata de un menor, la autoridad citará a padre, tutor o encargado, a fin de que repare el daño material, ocasionado y para preventrlo sobre la imposición de la multa que trata este mismo articulo en caso de reincidencia. Articulo 29.--Las autoridades de Policla colaborardn con las autoridades judiciales en la detención de aquellos individuos sobre quienes recaigan sospechas fundadas- de haber cometido un delito o falta, especialmente si presuman qua puede ocultarse o fugarse. El detanido se pondrá a la orden de la autoridad competente, participándole por escrito con expresión de fundamento (sic) que motivo la datanción. Articulo 30.- Las autoridades de policia están en el haber de imiponerle una n n n e en estado de embriagues manifiesta, molesta o repugnante. St el hecho es habitual la pena será de arresto por treinta días. Articulo 3 1.- Cuando en un lugar público o establecimiento abierto al público, alguien haya ocasionado la embriaguez de otros hacindoles ingarir bebidas alcohólicas o haya hecho tomar las a personas ya ebriás, será castigado con arresto hasta por diez das. Si se hubiere cometido el hecho en personas menores de quince años, o en las que manifiestamente se hallaren en estado anormal, por causa de debilidad o alteración de sus facultades mentales, el arresto será de diez a treinta das. Parágrafo 1°.- La Primara Autorldad Ctvil de la localidad podrá clausurar el establecimiento, cuando el contraventor fuere conjprclanie en bebidas alcohólicas. Parágrafo 2°.- También podrán ser clausurados los establecimientos donde ocurran hechos de sangre originados por al consumo de bebidas alcohólicas n e n s debidamente comprobados contra la moral y las buenas costumbres, con facultades para negar muevas licencias y cancelar eixpendios de licores en zonas residenciales de los negocios denominados fuantas de soda, dancing.y cabarets, donde además de extender licores se ejecute música de cualquier tipo y cuyos establecimientos presenten inconventintes y molesten la tranquilidad de los vecinos. Tanto en estos casos como en los previstos en el parágrafo anterior, la primera autoridad de la localidad hará las participaciones al Concejo Municipal respecto y a la Administración de la Renta de Licores de la Circunscripción. Articulo 32.- Los dueños o representantes, encargados o dependientes de pulperias, botillerlas u otros establecimdantos que sirvan a los menores bebidas alcohólicas, serán penados con multa de cincuenta a doscientos bolívares. Articulo 33.- Cualqulera autoridad de policía, de ofiljo o a excitación del dueño, podrá hacer dasalojar de los establechmdentos públicos a los que se encuentren en estado de sbriedad o profiriando palabras o cometiendo actos obscenos. Articulo 34.- Los impresos, dibujos, manuscritos, estampas o cualquiera otra público o se ofrezcan en venta, serán recogidas por la policía e incinerados por la primera autoridad del lugar. Los responsables de estas infracciones serán penados con multa de cuarenta bolfvaras o arresto proporcional. Articulo 35.- A las personas que se encuentren en jurisdicción del Estado y sean reputadas como vagos, maleantas o mal entretenddos, se les aplicarán, previo el cumplimiento da las tramitacionas legales, las sanciones establecidas Articulo 36.- Cuando las autoridades de Policla comprueben la existencia de menores prófugos, abandonados o en estado de. ociosidad, concurrirán al legislación respectiva. Articulo 37.- Los dueños o encargados de casas de fuegos lícitos, sólo consentirán la permanencia en ella hasta las doce de la noche. En ningún casq podrán concurrir menores de edad. Articulo 38.- El duefo o encargado de casas de fuegos actos que consintieren en ellas a menores, será penado con multa de veinte-a cien bollvares o arresto proporcional. En caso de reincidencia, la pena podrá aumentarse hasta el duplo. Articulo 39.- Obligatorla y gratuita como es la enseñanza primaria en la República, los padres y representantes de niños de edad escolar están obligados a enviar los a las escuelas a fin de que reciban la necesaria educación. Los contraventores a esta disposición, salvo causa justificada, Articulo 40.- Ninguna persona podrá disfrazarse fuera de los dias permitidos por este Código o por la primera autoridad civil du Distrito en su cargo. (...) Los contraventores serán penados con multa de veinte a cincuenta bolívares o arresto proporcional. Articulo 42.- Para todo espectáculo público de los que trata este Código se requiere el permiso de la primera autoridad civil del lugar, quien no podrá negarlo sino por motivo de orden público por ser contrario a las buenas costumbres. Único.- Los Empresarios de Espectáculos Públiops culdarán de que los menores de edad no tengan acceso a los locales después de las 9 de la noche. Articulo 45.- Se prohibe terminantemente a los conductores de reses, bestias u otros animales, llevarlos su altos por las calles u otras vias públicas sin la debida precaución, ni correr los bajo ningún pretapto. Los contraventores a estas disposiciones serán pagados con multa de anco hasta cien bolvares, según la magnitud de la falta, sin parfucio de la Indemnisación a que haya lugar. Articulo 49.- Queda prohibido tener su altos dentro del poblado y en los caminos públicos, cerdos, chivos, perros bravos, caballos, mulas, toros, vacas o cualquiera otros animales. En caso de infracción, si esta (sic) se cometiere en los caminos, las autoridades y agentes de pplicla lo comunicarán a los n n e n e negligencia, desobediencia o daño, multas de cinco a cincuenta bolívares o arresto proporcional. St la infracción se cometlara dentro del poblado, en las calles, plazas y solares sin cerco o mal mercados, los, dueños de dichos animales serán penados con multas de cinco a cincuenta bolívares o arresto proporcional, pudiéndose imponer la multa hasta po den bolívares en caso de dafo en los parques, plazas, calles y damás obras públicas de las poblaciones, y la obligación de reparar o resarcir el daño causado. Articulo 50.- Se prohibe arrastrar maderas y otros objatpspor las calles de las poblaciones. Sólo podrán transportárseles en carro y.otros medios que no n penados con multas de cinco a cincuenta bolívares, sin que esto obste para. rpazar a su costa los desparfectos causados. Ariculo 51.- Serán castigados con multas de das a den bollvares a cien bolívares los que cortar en, arrancaren o dañar en los drboles de los parques, alamedas, plazas o calles, sin orden de la autoridad, y los que destruyeren linderos particulares o municipales, o arrancaren los mojones fijados por deslindes judiciales o por orden de los Concejos Municipales o Juntas Comunales. Articulo 52.- Incurrirán anda pana de veinte a quinientos bolívares o arresto proporcional, los que destrugaren o inutilibaren máquinas, Instrumentos o aparatos destinados a algún servicio público, o a la construcción de alguna obra o al estudio o ensayo de algún procedimiento clentfico. Articulo 55.- Las jabonarlas, curtiembres, pelaterias, fosforerias y toda industria cuyo ejercicio produce mismas, gases malolientes o noctvos, se establecerán fuera del poblado en tios Indicados por la autoridad santana, o contraventores se penarán con multa de clan a trescientos bollvares. Articulo 56.- Se prohibe elaborar pólvora o fuegos artificiales dentro del e e proporcional que se impondrá a los contraventores, stin perjuicio de las demás responsabilidades en que tncurrlaran. Articulo 60.- Los duefos de terrenos no construidos, situados en áreas urbanas, deberán mantenerlos Iimpios y convenienteminte dasmontados. Los que faltaren a asta disposición, serán penados con zulia de cincuenta a cian bollvares, por cada caso de infracción. e basuras, animales cuartos, imitilas o enfermos o cualquier otro objeto que de n e pública. Los infractores de esta disposición serán penados con piulta de cinco a cien bollvares o arresto proporcional. PARÁGRAFO ÚNICO: Quada incluida an.asta disposición el depósito de materiales para construcción en sona urbana que obstagulicen el libre tránsito de peatones y vehículos, lo que solo (sic) se permitirá por breve tempo de acuerdo con al permiso que a tal efecto moncada la primera autoridad civil respectiva. Articulo 63.- Queda prohibido terminantemante regar o. lavar con aguas sucias, asl como también echarlas a la calle por cualquier madio que fuere. Los infractores serán penados con multa de cinco a cincuenta bolivares o arresto proporcional. Articulo 66.- El que arroje piedras u otros proyectiles contra las puertas o ventanas o hacia el interior de los edificios, sará pagado con.apresto de uno a tres dias o multa de diez a treinta bolívares, sin perjuicio de las causados. Articulo 73.- El que sin autorización legal impidiere la venta de productos, efectos o mercancías, Incurrtrá en multa de vebite a cian bollvares, además da la responsabilidad que por daños y perjuicios le sea imputable. Articulo 75.- Todas las personas que se ocupen de vender al por mayor o al e e en n medidas, están en la obligación de presentar al fiuncipnario respectivo, cada e n n e e e legalmente aferidas. Los contraventores Incurrtrán en multa de veinte a trescientos bolívares. En igual multa tncurrirán tambión los que usan pesas y medidas ilegales y se les obligará en caso de fraude, a devolver a los compradares las cantidades en que hubieren sido defraudados. Articulo 80.- Los expendadores en el mercado no podrán dejar en ellos efectos expuestos à dañarse, ni ninguna clase de desperdicios y deben recoger diariamente todos esos efectos y desperdicios y dapositarles en el lugar señalado por las autoridades. Los contraventores serán penados con multas de diez a veinte bollvares o cin arresto proporcional. Articulo 98.- Los cadáveres serán conducidos en atfpúdes de madera o de metal. PARÁGRAFO ÚNICO: Queda prohibido en absoluto la conducción de cadáveres al cementerio en coches no aproplados y no destinados exclusivamente al efecto, bajo pana de multa de cuarenta a den bollvares, que impondrá la autoridad civil correspondiente. Articulo 119.- La violación del articulo anterior obliga gl infractor a destruir a sus expensas lo hecho, y será penado en cada caso con ma multa de cincuenta a doscientos cincuenta bolívares, que impondrá la autoridad policial respectiva. Articulo 1.22.- Las autoridades de policía cuddarán de que las cajas y depósitos de aguas de la que se sirve un poblado, se conserven en estado de aseo, impidiendo que a ellas ss arrojen objetos de ninguna clase; los contraventores serán penados con multa de veinte hasta cien bolívares, quedando a salvo la acción judicial correspondiente. Árticulo 123.- Todo el que practicar alguna obra que impida la entrada de las aguas a los estanques o acueductos de donde se surten las poblaciones, será obligado a destrutrla a su costa y será además penado con una multa de cien bolívares, si se descubre que fue intencionalmente, stn perjuicio de las indemnizaciones a que dieren lugar los daños que causare. Articulo 125.- Los que de alguna manera causen parfudcio a los acueductos públicos serán penados con multas de cuarenta a cien bolvares o con arresto proporcional debiendo, además, indemnisar los parfulcios que causare. Artículo 135.- Todo propietario cuya acequda estuviere abierta o se abriera en hacer construir a sus costas los puentes, canaleslo cañerlas que sean necesarios al libre tránsito, especialmente en los campos y deberá construir además, las obras necesarias para el derrame de las aguas de su fundo y sus acequias, a fin de que no sufran ningún perjuicio jas vias públicas: dar desagúe a las acequias regaderas del dueño del fundo Strviente y libre paso a las aguas corrientes (... (..) Los que notificados de las obligaciones que les impone este articulo, no construyeran las obras necesarias en el lapso qud las fije la autoridad de policía, serán penados por la misma autoridad con multa de cien a quinientos bolívares sin perjuicio de construir las mismas obras. Idéntica pena se Impondrá a los que, obligados a la construcción de dichos puentes, no los reparen, ni taparen los hoyos y agujeros que se formen en los mismos. Articulo 141.- Los dueños de acequias en comunidad, d'berán contribuir para sus limpias, corridas del nivel, paredones y compuertas según su convenio o el derecho que tengan en la acequia. Al que faltare a estas obligaciones deberá mientras no lo haga, no se le permitirá el uso del agua. página original (tal como se publicó) [Página 25] Artculo 144.- Los que abrieren tomas en el cauce principal de una acequia, sustrayendo dolosamente las aguas, pagarán una multa entre cuarenta a cten bollvares. Árticulo 150.- Cuando se encuentren granados de cualquier especie en plantaciones o siembras, podrán cogerse aquellos para presentarlos ante el n n n ocasionado st lo hubiere y les fuere imputable. En caso de no ser posible el traslado de dichos animales hasta la residencia de la autoridad competente, podrá la persona perfudicada dejar constancia con dos testigos de la clase de animales que ocasionó el daño, su hierro, color y cualquier otro dato que pudiere determinarlo, y presentarse con dichos animal a recogerlo, imponiéndole la pena correspondiente y obligándolo a pagar los daños causados. mayor en las circunstancias previstas en este articulo. Los contraventores a esta disposición pagarán al dueño el valor del animal que haya sido muerto o herido, a juicio de los peritos, conforme a lo dispuesto en esta Ley y sufrirán como pena por esta falta, una multa de cincuenta a gutnientos bolivares o arresto proporcional. Articulo 163.- Para hacer rodeo de granados o de bestias para herrarios en terrenos comuneros, debe disponerse la operación por.común acuerdo de los dueños de granados; y cuando esto no fuere posible, fos dueños del mayor número de animales podrán disponer el rodeo, avisán olo a los interesados para que concurran a él. Los contraventores serán penados con multa de cincuenta a doscientos bolivares, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran si herraren como suyos animales ajenos. particular. El que sin permiso de los dueños de terrenos fuere encontrado en mayordomo o encargado ante el Comisarlo del lugar, para que éste lo ponga a disposición del Alcalde del respectivo Municipio, quien le aplicará la pena de diez hasta veinte bolívares de multa según el caso o arresto proporcional. ÚNICO: Si la introducción fuere con el objeto de sacar ganado, se impondrá entonces al que lo hiciere un (sic) multa de doscientosbollvares y en caso de insolvencia, arresto proporcional. Articulo 172.- Se prohibe tener en los mataderos an depósito, mayor número de reses de aquél que se consuma en un solo da. Los infractores de esta disposición serán penados con multa de cincuenta a doscientos bolívares. No podrán benefciarse sino las reses que se encuentren en buenas condiciones de salud y previo certificado de la unidad Sandtaria respectiva. Los infractores de esta disposición serán penados con multas de cien a trescientos bollvares. Cualquier ciudadano está facultado para denunciar dichas infracciones ante la primera autoridad civil respectiva. Articulo 173.- Todo ganado cuya carne haya de ofrecerse al público, se matar el mismo día o dentro de las doce horas precedentes al expendio, a menos que la empresa no emplee medios adecuados de refrigeración. Los infractores serán penados con multa de cian a trescientos bollvares. e n de manifiesto los cuero ni los hierros cuando se le extra, bajo la pena de cien bollvares que le impondrá la autoridad respectva, o diez dias de arresto, si no pudiere satisfacer los, sin perjuicio de que sea juzgado el contraventor de conformidad con las leyes comunes, caso de que no compruebe a satisfacción del funcionario respectivo la legitima procedencia de la res o reses muertas. Articulo 180.- En los casos que sea necesario cortar el cuero, o disponer de él en el mismo día que se mata la res, o en uno de los quince días inmediatos, debe ser revisado aquél por la autoridad de policía 'más cercana, bajo la pena del artículo anterior, para los infractores. Artículo 182.- Los dueños de hatos o predios, sus mupyordomos o encargados, están en la obligación de dar aviso a la autoridad de Policia respecto del ganado vacuno, caballar, mular o esnal, de hierro desconocido que se encuentre en su fundo, con indicación de los hierros, a fin de que la autoridad de aviso a los dueños por medio de carteles que se fijarán en los sitios más concurridos de la localidad y se publicarán por la prensa, si la hubiere. Los contraventores a esta disposición serán penados on multas de cier. a trescientos bolívares. Artículo 183.- Si practicadas las diligencias conducentes, no aparecieren los dueños dentro del término de treinta dias, el Prefecto podrá vender los animales en pública subasta, depositado el producto, deducidos los gastos, en las Rentas Municipales a cuyo favor quedará dicho producto, si el dueño no reclama durante el término de cuatro meses. Articulo 185.- Si requerido un funcionario de Policig por algún ciudadano para revisar una o más partidas de animales que sé conduacan por territorios en donde ejerzan jurisdicción, a objeto de averiguar su procedencia y se e impondrá su inmediato superior, previo el denuncio y la averiguación correspondiente. Articulo 186.- Cuando el Conductor del ganado no exhibiere la guia, el Prefecto podrá acordarse un plazo de veinte días para presentarla, si lo considera procedente, de acuerdo con las circunstancias y adoptará en el caso las medidas que juzgue convenientes respecto al conductor y al ganado. Articulo 187.- St pasado el plazo que fija el articulo anterior, el conductor de e re e e puesto a disposición del Juez competente para que le siga el correspondiente juicio; y los granados se venderán en pública subasta, procediéndose al efecto breve y sumariamente a fin de evitar gastos, dilaciones y mermas de los animales, procurando siempre obtener en la venta el precio corriente en el mercado. El producto de la venta se deposttará en la Administración de Rentas Municipales o en persona abonada a disposición del que compruebe ser duefo de los animales vendidos; avisándose por carteles públicos. PARÁGRAFO PRIMERO: El mismo procedimiento se observará en el caso de que se conduzca en mayor número de los expresados en la guia o de que, al confrontarse los hierros, diseñados en ella con las que están marcados los animales, resultaren distintos o que hayan sido alterado intencionalmente. PARÁGRAFO SEGUNDO: Por las diligencias que praciqua el Prefecto, para la venta de ganado conforme a este articulo, no coprará derecho a emolumentos alguno. Las actuaciones que se practiquen' policialmente no ocasionan gasto alguno. Los gastos necesarlos de depósito y los de pasturaje y cuidado, serán pagados por el interesado. Articulo 189.- La venta en pública subasta que haya de practicarse conforme al articulo 187, se avisará por carteles en todo caso si fuere posible por la prensa. El producto de la venta se depositará len la Acorrespondierte Administración de Rentas Municipales a la disposición de quien resulte dueño de los animales vendidos. Articulo 193.- Queda terminantemente prohibido cobrar derecho o emolumentos por la revisión de granados y registros de dudas; y el Prefecto o funcionario que contravirilere esta disposición, estará obligado a restituir la suma que hubiere cobrado; y será, además, penado por el superior inmediato con una multa equivalente al doble de aquella suma. Articulo I96.- El que se introduaca a cazar en terreno ajeno o cercado, o con linderos señalados, sin consentimiento del dueño, ya sea con perros, ya sea con armas o instrumentos incurrirá en una multa de cincuenta a doscientos bolívares. El dueño del terreno podrá hacer suyos los animales que hubiere muerto el cazador. Articulo 197.- Cuando aparezca en un lugar un animal feroz dafino como un tigre o un león o cualquier otro animal salvaje que pueda matar animales domésticos o de cría, deberán partictparlo inmediatamente al Comisario del lugar los que tuvieren conocimiento de hecho. Dicha autoridad concurrirá sin pérdida de tiempo y convocará a todos los dueños de bestias o granados que estén expuestos a recibir el daño y concertará con ellos el modo de hacer la caza del animal dañino, siguiendo, en el caso de qua no puedan ponerse de acuerdo, el dictamen de los más prácticos y procediendo activamente hasta ahuyentar o matar la filera. ÚNICO.- El que no concurra al allanamiento del Comisario de Policia, o no contribuya a la caza en la forma convenida, incurrirá en una multa de diez a cincuenta bollvares. Articulo 198.- En las aguas estancadas o en las corrientes no navegables, que se encuentren dentro de un predio, sólo podrá pescar o hacer uso de ellas el dueño de dicho predio o el que tenga su permiso. Los contraventores incurrirán en las penas establecidas en el articulo 196. Articulo 206.- Cuando un individuo reclame bestias u otros animales vendidos sin los requisitos legales y tenga pruebas Incontrovertibles de ser dueño de los animales que reclama, le serán entregados por la via policial bajo caución suficiente para que los presente en caso de litigio. Articulo 207.- Toda persona que utilizar bestias ajenas sin el permiso de su dueño, incurrirá en una multa no menor de cincuant bolívares, quedando a salvo lo que deba pagar al propietario por el uso del animal y los daños y perjuicios a que hubiere lugar. Articulo 213.- Las Autoridades Polictales velarán por el cumplimiento de lo establecido en este Titulo y los infractores de estas disposiciones serán penados con multas de cien a mil bolívares o arresto proporcional; y la demolición de lo construido según el caso. Articulo 214.- Cuando una persona natural o jurídica, que estando en manifiesta posesión de una cosa ocurra al Prefecto del Distrito o al Alcalde del Municipio por si o por representación legal, deriunciando que se intenta despojarla de ella o perturbarla de hecho, el funcionario policial correspondiente hará comparecer ante su Despacho a aquel o aquellos contra quienes se dirija la queja, y si estos últimos no gmostraren mandato de autoridad judicial competente para que la cosa le sed entregada, dará eficaz protección al querellante, manteniéndolo en su estado actual de poseedor, hasta tanto el querellado no compruebe su mejor derecho, mediante le mandato arriba mencionado, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento vigente. Articulo 215.- Si a pesar del requerimiento de la autoridad policial el querellado continuará ejecutando los hechos constituidos de la perturbación, será penado con multa de cincuenta a trescientos bolvares, según la importancia y naturaleza de la cosa, objeto de la perturbación. Articulo 216.- El qua, estando amparado en su posesión por mandato de la autoridad competente en lo fudicial, conforme a los Códigos Civil y de Procedimiento Civil fuere de muevo perturbado o despojado, ocurrirá al perfecto del distrito o al Alcalde del Municipio respectivo para que dicha autoridad haga respetar el mandato fudicial o imponga la multa correspondiente, conforme al artículo que antecede. Articulo 217.- Cuando un padre de familia o cualquier otro representante legal solicitare el auxilio de la policía para recuperar su hijo u otra persona que esté a su cargo por haberse fugado de la casa o cualquiera otro lugar que se haya destinado para permanecer en él, la autoridad mencionado procederá, sin demora, a practicar las diligencias conducentes a la aprehensión del fugitivo y una vez aprehendido, lo entregará al reclamante previa amonestación. (sic) donde se haya fugado, la autoridad de Policla tomará las medidas convenientes a que haya lugar por razón de la falta. En este último caso, el padre de familia o el representante legal, designará una persona de reconocida honradaz, a juicio de la autotidad de Policia, en cuyo poder se depositará el fugitivo. Articulo 218.- Slempre que una mujer casada, un hijo de familia o cualquier haber recibido trato cruel da parte de aquellos, la referida autoridad indagará el hecho y si resultare cierto, provisionalmente depositará en otra parte al las gestione correspondientes. El depósito subsistirá hasta que se resuelva definitivamente por la autoridad judicial competente, proveyendo a la subsistencia de la persona depositaria el jefe de familia de quien dependa. Articulo 219.- El que por su conducta desordenada, malos tratamientos a su mujer, hijos, pupilos o dependientes, diere lugar a justas quejas por parte de éstos, será amonestado por la autoridad de Policia y st no se corrigiere, será castigado con multa de veinte a cien bollvares. Articulo 220.- St el mal tratamiento dado por el jefe de la familia sobre alguno menores, le bastará al funcionario de Policla practicar las correspondientes diligencias sumariales para pasárselas al Juez competente y depositará a la persona maltratada, st fuere necesario, para su seguridad Articulo 221.- Cuando el padre, la madre o el tutor de un menor tratare de corromperlo por si, o constntiere en que otro lo haga, la autoridad de policía sacará inmediatamente a dicho menor de donde estuviere, de acuerdo con el Fiscal del Mtnisterio Público, el Procurador de Menores .o el Sindico Procurador Municipal, levantando el correspondiente sumario para pasarlo al Juez competente. Lo dispuesto en este articulo se entiende igualmente con respecto a los demás parientes, a cuyo cargo estuviesen los menores. Articulo 223.- Nadie puede entrar y permanecer en casa ajena, sin permiso del dueño. La policia está en el deber de dár, a los particulares el auxilio que necesite para ser mantenidos en su derecho. en ella, será castigado con multa de dies a trescientos bolivares o arresto proporcional. Articulo 224.- En las casas y habitaciones particulares y en sus dependencias no podrán entrar los empleados de Policla en su carácter de tales, sino con las formalidades que se determinen en las leyes relativas al allanamiento del hogar doméstico. página original (tal como se publicó) [Página 26] No se reputan cosas particulares para los efectos de este artículo: a.- Las cosas de fuegos de cualquier clase; b.-La tabernas, botillerías » otros establecimientos que expendan Bicores al por menor; c.- Las casas particulares en que se efectúen habitualpente fuegos de ervite y azar; d.- Los patios, corredores y pasajes de las casas llambidos de vecindad. el carácter de correccionoles, y son las sigulentes: 1° Arresto 2° Multa 3° Comiso 4° Caución de buena conducta 5° Amonestaciones El Gobernador del Estado para imponer 'adimds, la pena de corfinamiento y la de expulsión del territorio del Estado. Articulo 232.- El Gobernador del Estado como primero autoridad de Poiicia m sn ad ssiy p o so sb od py opu ap oud souochug apend bolivares, en su función policial de mantener el orden, la moral, la docencia pública y la seguridad social y de proteger las personas y las propledades. Articulo 233.- Los Prefectos de Distrito puedan tiponer la pena de arresto oe r e o se e especiales de este Código. Artecalo 234.- Los Alcaldes de Muedcipos puden bower la pena de arresto s 'h o 8e pena mayor de la que puede tuponer el Alcalde, fate lo comuicard al 1 IS ogqus s p g f p n infracción cometida ameriare sometimiento a juicio, se pasará el asunto c las autoridades Jualicioles competentes. Articalo 233.- La pane de ernesto de que tratan los artículos autteriores podrá on nn p pud id n n - n cualquiera del Estado, datinta de donde habe el que haya de sufirla y distante del lugar donde se cometió el hecho. En dicho caso de la pena no excederá de tres meses. Articaulo 237.- La pena de expalaión sólo se Iupondrá por tiempo no mayor de tres meses a los reincidentas en la comisión de delitos o fatas, a los vagos y consuetudinarios e bncorregibles, a los que con has pendencias, rifias o alaganaras (sic), alarmen con frecuencia al vecindgrio y a los petardistas conocidos como sales. Articulo 238.- Cuando se imponga la pana de comisf, se dará a los objetos decomisados el destino que les señala este Código y enl caso de que no lo tenga especialmente, serán vendidos en pública subasta destindndose el producto a Articulo 239.- Las mealtas que impongan las autoridades de Policia serán pagadas a las respectivas Rentas Mhmicipales. Cuando el penado no satisficiere la multa en el plazo que se le fjare, la autoridad policial la convertir en arresto a ramón de sn dia de arresto por cuda diez bolívares. n e pn individuo no llevará a efecto el ataque o daño proyectado contra otro, rd PARAGRAFO PRIMERO: El que rehue (sic) dar la caución que se le exige, pe p e e e pe corresponda à la falta que se trata de prevenir. PARAGRAFO SEGUNDO: La cuantía de la flanma será fyada por la autoridad s compromiso que se garantía con la caución, dsta se Id hará efectiva. Articulo 241.- La amonestación consiste en la admonción que la autoridad de Policia hace al tndivichuo en audiencia páblica, exctiandolo a corregirse de la n nn e e e d Articulo 242.- La pena de arresto se sufrirá en los cuarteles de policia o carteles designadas al efecto. Articulo 243.- Las fallas se dividen en simples o graves. Son faltas simples todas aquellas que no causen perjuicios a terceros;gy graves aquellas que amenacen el orden y seguridad pública, las que ofandeon el pudor y las buenas costumbres; las que parfudiquen la salubridad pública, y, en general, todas aquellas que producen daños a la comunidad o a particulares. Articulo 244.- Las faltas que no tengan panas sefioladas en este Código, se castigarán con matas de dies a doscientos bollvares, o con arresto de uno a veinte dias, a juicio de la autoridad competente y de acuerdo con la entidad de la falsa Articulo 245.- Las autoridades de Policia, colaborardn con las autoridades Judicia las, en la aprehensión de aquellos individuos sobre quienes recaiga an e e n p nd b n tiempo necesario para practicar las averiguaciones del calo. Articulo 246.- Las penas que impongan los autoridades de policía por faltas que hayan causado dafo o perjuicio a terceros, no bupiden que los interesados ocurran a los Tribumales de Justicia, en reclamo o defensa ge sus derechos. e n n en e e resolución, en libro que con el nombre de Registro de Policla, llevarán los Prefectos y Alcaldes; y en ellas se expresará el nombre y apellido de la persona sancionada, la nateralesa de la fracción egmtida con todas sus circunstancias, la pena impuesta y la disposición legal aplicable al caso. ÚNICO.- Impuesta la pana, el interesado tendrá derecho que se le expida copia certificada de la Resolución a que se refiere este articulo y con ella e encuentre fiodado el recurso de queja, adamde de la pena de destitución que podrá imponer, ordenar la restitución de la zulia, quedando a salvo los causado. Articulo 248.- Cuando el penado a quien se le hubiera impuesta una multa, no pudiere satisfacarla, le queda el derecho de solicitar que se le conmute en arresto, y si la autoridad asi lo acordare, se conmudrá a rasôn de diez bolívares por cada día de arresto. Articulo 251.- En cuanto al trato con respecto a los detegidos en los retenes policiales. el Ejecutivo deberá dictar n Inatructivo ue regiamente el o vn d es autoridades respectivas". En primer lugar, corresponde a esta Sala, pronunciarsepobre el alegato expuesto por la parte recurrente en cuanto a la vulneración de los preceptos el Código de Policía del Estado Miranda, que se impugnaron y que aateriommente se transcribieron, con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgínico Procesal Penal y el artículo 14 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente entonces vigente -actualmente Ley Orgánica para la Protección de Niños, Nifas y Adolescentes-. En este sentido, advierte esta Sala que por cusbto se trata de normas de una Ley estadal, la cual únicamente resultan pertinentes los alegatos de injuria a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mientras que cualquier supuesta contradicción que exista entre el Código de Policia'del Estado Miranda y el Código Orgínico Procesal Penal o bien la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Nifias y Adolescentes, responderá, eventualmente, a una colisión de leyes que escapa de este detalle procesal concreto que se restringe a la nulidad por inconstitucionalidad. Asf se decide (Vid. Decisiones de esta Sala Nros. 1744/2007 y 1789/2008, entre otra a). Determinada la improcedencia para conocer la violación de las normas impugnadas respecto a las normas legales previamente denmciadas -Código Orgínico Procesal Penal y Ley Orgánica para la Proteoción del Niño, Nifa y Adoleabente-, corresponde seguidamente pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las normas fenunciadas, en atención a lo cual se procederá en primer lugar, a conocer la demmncia de- inconstitucionalidad de (...) los articulos 1P (mumarales 6 y 9). 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23,-24, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 40, 49, 52, 56, 62, 63, 66, 80, 125, 150, 167, 179, 180, 186, 213, 217, 218, 220, 223, 231, 232, 233, 0 5 e 2 Miranda (..)". por establecer los mismos la smción de restricción de la libertad personal, sin ninguna clase de intervención judicial y, sin que fpe cumpla la excepción de la flagrancia. La lectura de tales preceptos del Código de Policia del Estado Miranda, refleja que los mismos atribuyeron competencia a las autoridades policiales para la aprehensión y inconstitucionalidad, por violación al derecho a la libertad personal y a la exigencia irrestricta del articulo 44, cardinal 1, de la Constitución, de que sólo por orden judicial pueden dictarse medidas privativas de libertad, saivo la ética excepción de que el sujeto sea En cuanto al valor de relevancia del derecho à la libertad pérsonal, ya se ha pronunciado esta Sala con anterioridad, en sentencia n.° 130/2006, en donde se precisó el carácter constitucional de tal derecho y su garantía en un Estado de Derecho Social y de Justicia, como se constituye el Eatado Venezolamo. Al efecto, dispuso la Sala: "Ahora bien, resulta oportuno destacar que en'sentencia del 29 de mayo de 2003 (N° 1372, dictada en este mismo caso, con ocasión del pronunciamiento sobre la posible perención de la instancia), lafSala sostuvo, sin pretender menospreciar el resto de los derechos, que la libertad personal destaca, desde el origen mismo del Estado moderno, en el conjunto de los derechos fundamentales. No es casual —se destacó- que haya sido la libertad personal una de las primeras manifestaciones de derechos particulares que se conoció en la evolución histórica de los derechos humanos. De hecho -y asi lo rasaltó tambión la Sala en ase fallo del 29 de mayo de 2003-, existe una acclôn especial que sirve para proteger la libertad personal: el habeas corpus. Basta recordar -y asimismo lo hizo la Sala- que durante la vigencia da. la Constitución de 1do, si bien erradamente se e n e e n n dictado la ley que la regulase, no se negó la procedencia del hábeas corpus, acción de tanta importancia que el propio Constingente dedicó una norma especial, en la que reguló cuartos aspectos procesa las. De esta manera, la libertad personal es principio cardinal del Estado de Derecho venezolano". (Negrillas del original). Al efecto, dispone el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente: "Articulo 44. La libertad personal es Inviolable, en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fragantd. En este caso será llevada ante n n n del momento de la detención. Será fuagada an libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el fuas o fuasa en cada caso. e e e n n n persona detenida no causará impuesto alguno. 2. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o parsona de su confianza, y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o bformadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado fisico y psíquico de la persona datenida, ya sea por si mismos o por si mismas, o con el auodlio de especialistas. La autoridad competente llevará un registro público de toda detención realizada, que comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, hora, condiciones y fimciqparios o funcionarias que la practicaron. Respecto a la detención de extranjeros o extranjeras seobservará, además, la notificación consular prevista en los tratados internacionales sobre la materia. 3. La pena no puede trascendar de la persona cendenada. No habrá condenas a de treinta afn.s página original (tal como se publicó) [Página 27] 4. Toda autoridad que ejecute medidas pritvativas de la libertad estará obligada a identificarse. 5. Ninguna persona continuará en detención despuia de dictada orden de Así pues, el derecho a la libertad personal surge como uma obligación del Estado de garantizar el pleno desenvolvimiento del mismo, limitando su'actuación a la restricción de tal derecho sólo cuando el ciudadano haya excedido los limites para su ejercicio mediante s n n n r En este orden de ideas, se observa que la peivaciónde libertad, implica que la n d e nt n implique un aislamiento de quien la sufre, por su sometimiento a una situación que le impide desenvolverse normalmente, en consecuencia, se aprecia que tal limitación debe ser impuesta con carácter coactivo mediante una previa orden judicial. Esta privación de libertad requiere para ser válida dé mia serie de condicionamientos que regulan su licitud, como son la necesaria consagración previa de la infracción que se le libertad, la existencia de un proceso judicial, el cumplimiento de los derechos a la tutela judicial efectiva en el marco del procedimiento judicial, el respeto de los derechos del imputado, entre los cuales debe incluirse el derecho al acceso gl expediente, a la promoción y evacuación de pruebas, el derecho a oposición en el marco del procedimiento, a solicitar medidas cautelares, a la defensa, a la notificación de los cargos que se le imputan, a la posibilidad de ejercer los diversos medios de impugnación qud establezca el ordenamiento jurídico, asf como los demás contemplados en la Constitución de la Repáblica Bolivariana de Venezuela y la legislación especial que tipifique la conducta delictiva. Esta Sala ha tenido ocasión de expresar su interpretación del articulo 44, cardinal 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entre otras, en sus sentencias nros. 130/06, 1353/07, 940/07 y 2443/07 y, especialmente, en su decisión n.° 1.744 de 9 de agosto de 2007, mediante la cual se anularon varios preceptos del Código de Policia del Estado Lara, por las mismas razones de inconstitucionalidad que aqui se delataron. En esa última oportunidad, la Sala realizó las siguientes consideracies, que hoy se reitera: "Ahora bien, resulta oportuno destacar que en sentencias múmeros 1.372/2003, del 29 de mayo, y 130/2006, del 1 de febrero, esta Sofa sostuvo, sin pretender menospreciar el resto de los derechos, que la libertad parsonal destaca, desde el origen mismo del Estado moderno, en el corfunto de los derechos fundamentales. No es casual -se destacó- que haya sido la libertad parsonal sna de las primeras manifestaciones de derechos particulares que se conoció en la evolución históricoà de los derechos humanos. Asi, en lineas generales, la Iibertad es un valor superior del ordenamiento juridico, consagrado en el artículo 2 de la Constitucón de la República de n n n presupuesto de otras libertades y derechos fundamentales, el cual hace a los hombres sencillamente hombres. De alli que se pueda afirmar, que tal derecho, el cual se encuentra estrechamente vinculado a là dignidad humana, ostenta un papel medular en el edificio constitucional venezolano, siendo que el mismo corresponde por Igual a venasolanos y extranjeros. Ahora bien, una de las derivaciones más relevantes de libertad, es el derecho a la libertad personal -o Iibartad ambulatoria-.contenido en el articulo 44 de la Constitución de la RepúblicaBoltvariana de Venasuela, el cual ha sido consagrado y desarrollado como un derecho humano y fundamental inherente a la persona humana. (..) Ahora bien, es menester resaltar que st bien el derecho fundamental a la libertad personal es la regla general, no es menos cuarto que el propio texto constitucional permite que el mismo pueda verse restringido en ciertos supuestos excepcionales, como lo son los establecidos -taxattvamente- en el mumeral 1 del articulo 44 de la Constitución de la República Boltvariana de Venezuelag Dicha norma establece: Articulo 44. La libertad personal es Inviolable, en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser arrestada o datsnida sino en virtud de ung orden judicial. a menos que saa sorprendida in fragantl. En este caso será Ilevada ante una autoridad Judicial an un tlempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partr del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y aprecladas por el juas o fuera en cada caso (...) ·(Subrayado del presente fallo). Esta Sala reitera (ver sentencia n.° 130/2006, del 1 de febrero), que del texto de ese primer numeral se pueden distingutr varios aspectos, todos relevantes en cuanto al referido derecho a la libertad: comisión de delitos o faltas deben, en principio, serlo en libertad. 2.- Sólo se permiten arresto o datenciones si existe orden fudicial, salvo que sea la persona sorprendida in frangantil. 3.- En caso de flagrancia, si se permite detención sin orden judicial, pero sólo temporal, para que an un plazo breve (48 horas) se conducta a la persona ante la autoridad judiclal... Dicha disposición normativa establece una obligación en salvaguarda del derecho: la de intervención de los fuecas para privar de libertad a una persona. De hecho, la garantia del fuaz natural presupona la existencia de un juez. El Poder Judicial se entiende, al menos asi ha sido el resultado de la evolución de las instituciones públicas, como el garante de los derechos, protegiêndolos del n.° 130/2006, del 1 de febrero). Debe resaltarse que tal orden fudicial constinyie und garantia ineludible a los efectos de la salvaguarda del mencionado derecho fimdamantal. El fundamento de ello estriba, como bien lo alega la parte recurrente, en que a través de la privación de libertad, sea como pena o como medida cautelar, el Estado interviene dal modo más lastvo en la esfera de derechos de la persona, razón por la cual, la Constitución ha preferido que tales Itnitaciones a la libertad estén sometidas al control de una autoridad revestida de suficientes garantias de independencia e imparcialidad (Juez), siguiendo sn procedindertto legal qus en el mumeral 1 del articudo 44 de la Constinactón de la República Bolivariana de Venezuela, se ve materiatimoda fimdamentalmente, dentro del proceso penal, en el r n n d p r e s n n n n nivel internacional, en los distintos pactos sobre derechos humanos que regulan la materia, como a nivel Intarno, siendo este el caso del Código Orgárico Procesal Penal (sentencia n.° 2.426/2001, del 27 de nóviembre, de esta Sala), de e r e n n libertad personal y la necesidad Irremunclable de ama persecución penal efectiva. (...)) Ahora bien, con base en tales funciones, los drganos policiales tienen la potestad de practicar la aprehensión in fragant de quienes in serán en la comisión de ue delito, y ponerlos a disposición del Ministario Público. Los jueces, asi, juagan a quienes son aprehendidos por la Policia y llevados ante el Máinisterio Público. De igual forma, los órganos de policia tienen la potestad de ejecutar las detenciones preventivas ordenadas por los jueces de la Repáblica" (Subrayado del original). En el referido fallo, la Sala concluyó que "(..) a loi puarpos policiales del Estado Lara (y los de cualquier entidad. federal o municipio; ni siqudera a través de sus Gobernadores o Alcaldes) les está vedado aplicar la medida de arresto como sanción definitiva. Debe aclararse que sólo podrán hacerlo en los'casos en que se haya cometido sn hecho punible, sea a través de la aprehensión en flagragicia o cuando medie una orden judicial. En esos casos, tal como se seflaló supra, su tarealee limita a conducir a, la persona aprehendida ante el Ministerio Público (aprehensión en flagrancia) o ante el juez (orden judicial). Son órganos del sistema de fusticia; mmca -como se pretende en el caso del Código impugnado- la justicia misma (..)". Conforre a los razonamiento expuestos, esta Saia debe reiterar ese del Código de Policia del Estado Miranda, en virtud que la aplicación de una sanción de arresto sin privar una decisión judicial o su detención in franganti, vulnera la disposición contenida en el artículo 44.1 del-Testo.Constitacional, la cual establece las condiciones de procedencia para la restricción de la libertad parsonal. Así se decide. .. Con base en lo anterior, se evidencia que en el caso de los artículos 10.4, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 28. 30, 31, 34, 38, 40, 49, 52, 56, 62, 63, 66, 80, n25, 150, 167, 179, 180, 213, 223, 232, 233, 234. 24Q, y 244 del Código de Policáa d Estado Miranda, existe una inconstitucionalidad-sobrevenida que recae sobre la parte o proposición que obliga a los órganos administrativos q aplicar una pena de restricción de libertad a los infractores, siendo que tal posibilidad está proecrita por el texto del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, esta Sala ha constatado que los articulos 11 numeral 6, 15, 16, 29, 217, 213, 220, 236, 242, 245 y 251, establecen la pena de arresto como única sanción o la privación de la libertad personal del individuo, en caso de verificación de la hipótesis tipificada, por lo cual, esta últimas normas son contrarias, en la totalidad de su contenido (a diferencia de las anteriores, que sólo lo son parcialmente) al derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 44 del Texto Constitucional. En igual sentido, debe declararse que la conversión de multas en arresto y la impugnado, respectivamente 'son inconstitucionales, por cuanto aunque las autoridades administrativas si pueden imponer multas y menciones -siempre y cuando estén previstas en una ley, sea nacional, estadal o municipal-, la inconstitucionalidad deviene en la incumplimiento de la caución en arresto, todo ello sin que la Sala deje de reparar en la curiosa fórmula, establecida en el artículo 248 del precitado, Código -común a otras leyes, según ha podido constatar en otros procesos de calidad-, segón la cual quien no pudiera satisfacer una multa o una caución tendrá derecho a que se le conmute en arresto. Así se declara (Vid. Sentencias de esta Sala nros. 130/2006, 1744v2p07 y 191/2010). Asimismo, en relación al articulo 231 del referido Código de Policia, debe señalarse que el mismo establece la clasificación de las fuitas. En dil sentido, y con base en 1o anterior, se declara la inconstitucionalidad de la parte de dicho artículo en lo que se refiere a las penas de arresto -ertículo 231.1-. En consecuencia, tal articulo tendrá aplicación dica privativas de libertad. Asf se decide. En otro orden de ideas, alegan los accionantes que :"(.) los articulos 11, en sus numerales 4, 16 y 18; articulo 11 en su mumeral 6; y los articulos 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22. 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 49, 50, 51, 52,-55, 56, 60. 62, 63, 66, 73, 75, 80, 98, 119, 122, 123, 125, 135, 14 -144, 150, 163, 167, 172, 173, 179, 180, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 193, 196, 197, 198, 206, 207,. 213, 214, 215, 216, página original (tal como se publicó) [Página 28] 243. 244, 246, 247, 248 y.251 todos dal Código de Polcia de. Estado Miranda, establecen procedimientos sumar los que no solamente atentan en si mismos contra derechos constitucionales tales como el debido proceso, la inviolabilidad de recintos privados, la igualdad y la no discriminación y el derecho al libre tránsito, sino que al prever la aplicación de sanciones como multas, decomiso, caución de buena conducta, amonestaciones, confinamiento, expulsión, clausura dè establecimientos comerciales, suspensión o retiro de patentes a establecimientos comerciales, desalojo de establecimientos públicos, limitación de expendio y consumo de licores, así como el remate de bienes, demolición de inmuebles, entre otros, y la aplicación de medidas de amparos policiales para la protección de la posesión de bienes inmuebles, vulneran el principio de !legalidad de los procedimientos toda vez que su regulación está reservada de manara exclusiva a la Asamblea Nacional a través de leyes nacionales (...)". En atención a lo expuesto, denuncia la accionante la presunta inconstitucionalidad por parte de los mencionados artículos, al establecer procedimientos sumario que limitan el ejercicio de los derechos constitucionales enunciados en el escrito de nulidad. En este sentido, se aprecia, tal como se ha establecido en anteriores oportunidades, que la limitación de los derechos fundamentales es, ciertamente, máteria de estricta reserva legal, humana, estén o no recogidos expresamente en el Texto Constitucional. No obstante, como bien aclaró, entre otras, en sus sentencias nros. 266/2005 y 2.641/2003, esa reserva legal no es exclusividad del Poder Nacional, por lo que leyes estadales y ordenanzas- pueden disponer ciertas restricciones al ejercicio de derechos fundamentales. .. En estos casos, al igual que para el supuesto de limitaciones que estén recogidas en Ja ley nacional, el límite del legislador es el contenido esenčial del derecho fundamental, es decir, que la ley podrá limitar por causa justa el derecho siempre que no lo desnaturalice y no le imponga cortapisas desproporcionada o- arbitraria : Como afirmó la Sala"en la sentencia n.° 266/2005, cuando expuso: "(.) estimeà la Sala que no resulta necesariamente contrario a la Constitución, la Imposición por la Ley d restricciones al ejercicio de derechos fundamentales, desde que, precisamente, el propio constituyente aceptó- la posibilidad de que el Legislador ordene y limite el ejercicio de esos derechos. La violación a la Constitución sólo se producirá cuando la Lay viole el contenido esencial del derecho, esto es, cuando lo desraturalice o cuando imponga Iimitaciones desproporcionada o arbitrarias (...)". En atención a ello, se aprecia que la sola restricción a los derechos fundamentales, que invocó la parte demandante, por parte de las normas del côdigo de Policfa del Estado Miranda que se impugnaron, no resulta contraria al principio de reserva legal en materia de regulación y limitación al ejercicio de tales derechos, siempre que estos no sean el derecho a la libertad personal o el derecho a la vida, los cuales se encuentran vedados por el Texto Fundamental, a una reserva legal nacional, en el primero de ellas, y en el segundo de los casos, a una reserva absoluta (ex artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Vegezuela). Así se decide. 'a violación al principio de reserva legal en materia de procedimientos, la Sala en el premencionado fallo N.° 1.744/2004, estableció el alcance del principio de legalidad en materia de procedimientos y el alcance que sobre esta materia puede tener la regulación de leyes estadales, como sucede con estos Códigos de Policía. Afrespecto, la Sala expuso lo siguiente: "El articulo 156.32 de la Constitución de la Repúblicg Bolivariana de Venezuela, establece que es competencia del Poder Público Nacional, la legislación en principio de legalidad de los procedimientos, o de legalidad de las formas procesales, el cual ha sido denunciado como trfringido en el presente caso. Ahora bien, tal principio abarca esencialmente a dos campos, an primer lugar; a administrativos. regulación de éstos sólo puede ser llevada a cabo mediante leyas dictadas por la Asamblea Nacional, es decir, por leyas formales; tal como las define el articulo 202 del Texto Constitucional. El fundamento de ello' se encuentra no sólo en el etusdem. Esto cobra especial relevancia en el ámbito juridico-panal, en el cual no se puede imponer una pena o medida de seguridad: en tanto son consecuencias juridicas del delito o falta, sino en virtud de una sentencia firme dictada en un proceso penal desarrollado conforma a la lay procesal -nacional- ante el órgano jurisdiccional competente, lo cual puede resenirse en i aforismo nemo damnetur nisi per legal tudicio. Ahora bien, en el campo de los procedimientos administrativos -especlficamante los sancionadores- tal principio, sufre sus matisaciones, toda vas que si bien el legislador nacional tiene la potestad de establecar las bases fundamentales de los procedimientos administrativos (por ejemplo, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrattvos), ello no obsta a que los Estados y Municipios puedan llevar a cabo la ordenación, a través de sus respictvas leyes (como es el caso de los. Códigos de Policla), de procedimientos especlales de asta indole. descentralizado) hace plausible que en la esfera campetencial de los distintos entes politico territoriales se ubique la potestad de legislar -no ast la de impartir justicia-, de la cual se deriva, a su vea, la facultad de ordenación de los procedimientos administrativos correspondientes, a lfe fines.de su adaptación a la espec(fica actividad aduiniatrqtiva prevista en cada caso y a la organización administrativa encargada de su desarrollo". En consecuencia, se advierte que los artículos denunciados como contrarios al principio de legalidad de los procedimientos, contienen normes de naturaleza sustantiva y no adjetiva, en el sentido de que únicamente regulan :conductas sancionables y sus respectivas sanciones, es decir, tipifican una conducia cuya realización por cuaiquier persona acarreará para ésta la imposición. de una sención. Ppr tanto, no constituyen normas :le adjudicación a través de las cuales se articular procedimientos "sumario" tendientes a !a producción de un acto juridico, como lo sería, por ejemplo, un acto administrativo para la imposición de una sanción; sino que, por el contrario, establecen diversas especies de faltas administrativas. En consecuencia, esta Sala concluye qua, en este caso, mal podría existir un agravio por parte de los articulos que la actora denunció como inconstitucionales, respecto del principio de legalidad de las formas procesales, toda vez que tales enunciados contienen reglas sustantivas que escapan de la aplicación de ese principio, mientras que este último rige sólo aquellas normas de naturaleza adjetiva. Así se declara. Igualmente, alega la parte recurrente que los articulos impugnados del Código de Policía del Estado Miranda, vulneran el derecho ail debido proceso "(...) toda vez.que en. nuestro ordenamiento jurídico, la comisión de un delito, falta o infracción es el ánico supuesto admitido constitucionalmente para ser objeto de sanción, siendo absolutamente imprescindible que el delito, falta o infracción esté previo en uía lay emanada de-la Asamblea Nacional". Sobre el particular, debe esta Sala destacar que en ef fallo n.° 1 744/07, se estableció que el artículo 49, cardinal 6, de la Constitución de la República Boliveriana de Venszala, recogió la garantía formal del derecho al debido proceso segón el oual nadie puede ser n e n n n e :infracciones en leyes preexistentes (..)", en atención a lo cual, como se declaró en ese veredicto: "(..) de esta primera garantía se desprendan a su ves otras cuatro garantías estructurales. En tal sentido, se habla en primer hugar de sna GARAnTiA CRIMTiNAL, la cual implica que el delito esté previamente establecido por la ley (nullum crimen sine lege): de una GARANTIA PENAL, por la cual debe cometido (zulla poena sine lege): de una GARANTLa JURISDICCIONAL, en virtud de la cual la comprobación del hecho punible y la ulterior Iuposición de la pena deben canalizarse a través de un procedimiento legalmente regulado, y materializarse en un acto final constituido por la sentencia; y por último, de sujetarse a una ley que regule la maleria". Dicha garantía encuentra aplicación, conforme allo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Yenezuela, en cualquiera de las manifestaciones del fus puniendi del Estado, esto es, faato en el marco del Derecho Penal delito ni pena sin ley formal preedstente y no puede Apber-tficlto administrativo ni sanción administrativa sin ley formal preexistente (..)" (Vid: Seutencia de esta Sala n.° 1.789/2008). Sin embargo, cuando la sanción impuesta se cegara o sé ubica dentro de la categoría de las penas dentro del Derecho Penal, dicha ganuntia se (ucuentra revestida de una exigencia adicional, y es que se encuentre-preceptuado en unía ley nacional, en razón de la reserva legal establecida en el artículo 156.32 df la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No obstante, ubicándonos dentro del Derecho Adminiatradvo Saacionador cuando se cuestiona la legalidad o-no de una-determinada sanciõa administrativa, la reserva legal es suficiente, cuando ésta se encuentra consagrada en uq acto normativo, estadal o-municipal, pues las mismas no son materia de reserva legal paciopal; supuesto éste en'el cual difiere el Derecho Administrativo Sancionador, en el que la reserva Iead puede quedar satisfecha, incluso, -a través de regulaciones del legisiador estadal o municipal, pues se trata de una materia de reserva legal pero no de la reserva nacional (Vid. Decisiones de esta Sala nroa. 1.744/2007 y 191/2010). : En consecuencia, se aprecia que los artículos que tipificaron conductas que n n e e r n n e consecuencia jurídica, alternativamente, la imposición de penas de multa o de penas privativas de la libertad (arresto), normas que, en le que se refiere a la sanción penal, son inconstitucionales porque injurian la garantia del principio de legalidad de las penas que recogió el articulo 49.6, de la Constitución, en concordancia con el artículo 156.32, página original (tal como se publicó) [Página 29] o r n g !egisiador estadal. En consecuencia, la Sala decide que dichas normas, las -cuales se anularon parcialmente en el presente falo, agravian el artículo 44.1 de la Constitación, asf como los artículos 156.32 y 49.6, del mismo texto Fundemental. A.af sAdecide. Distinto sucede respecto de la sanción administrativa de multa, amonestación, comiso, entre otras, que las mismas normas recogieron, caso en el-cual, por cuanto el Código de Policia del Estado Miranda tiene rango de ley, plena los extremos que, de las normas sancionatorias administrativas, exige el artículo 49.6 del Texto Fundarrental. Asf-se decide. . En este sentido, se aprecia que los articulos denunciados, por cuanto se trata de normas que establecen competencias de los órgamos de policía. y procedimientos pera la imposición de sanciones administrativas, y no tipos ni sanciones penales, no se verifica la violación al principio de legalidad de la pena, por lo que se desestima, la impugnación respecto de estos articulos en cuanto al establecimiento de ide sanciones administrativas, no obstante, como ya se declaró, taies normas son inconstitucionales en atención a la violación al derecho a la libertad persomal (vid. Sentencias de esta Sala n.* 91/2010 y 845/2010, entre otras). Asf se decide. Asimismo, denuncia la parte recurrente que 1os artftulos 10 (en su numeral 18), 28 (parágrafo único), 31 (primer aparte), 32, 36, 37, 38, 39, 42 (parágrafo único), 217 y 221 del Código de Policia del Estado Miranda, vulneran lo estáblecido en los astículos 54, 75 y 78 del Texto Pundamental, al establecer procedimientos sumario en materia de niños, niñas y adolescente, en este sentido dobe esta'Sada citar el dilo N° 1789/2008, en el cual se decidió un asunto al similar al de autos, desestimando tal ergumoento, por considerar que al n n e Constitucional, al efecto, dispuso dicho fallo, lo siguiente:. "Ciertamente, algunos de los preceptos del Código e Policia del Estado Trufillo tienen incidencia en la esfera jurídica de menores de edad, como serian la vigilancia de que cumplan con su obligación de ir a -la escuela, no deambulen en n e n 14): protección al menor frente a situaciones de embriagues en establecimientos abiertos (articulo 39); el control y protección de maenpres prófugos, abandonados encargados de casas de fuegos licitos de consentir en ellas a menores de edad (articulos 45 y 46), la vigllancia policial respecto de la obligación de los padres o representantes de enviar a los menores a las escuelas primarias (articulo 47): la prevención de la prostitución y de la concurrencia de menores de edad a casas de prostitución (articulos 32 y 53): auxilio policial, a solictud dal padre de familia, n intento de corrupción (articulo 227). Ahora bien, aun cuando la Sala en su sentencia n.° 3414/05 de admisión de esta evitar posibles daños a niños, niñas y adolescentias, el análisis exhaustivo de constitucionalidad que en esta oportunidad se realiza en cuanto al fondo de la demanda llevan a la conclusión de que tales normaside la ley estadal no violan la Constitución, sino que, por el contrario, son preceptos que disponen medidas de protección a menores y adolescentes que es, precisamente, el principio que recogen las normas constitucionales que se demunclaron como conculcadas. En todo caso, y como anteriormente se abuso, la eventual colisión entre estas normas estadales y las layes nacionales, en el supuesto de que la regulación de objeto de sna demanda de colisión de leyes, porque trata de preceptos de igual jerarquía jurídica, lo que es materia qjena a esta demanda de nulidad por Inconstitucionalidad Asl se decide". En consecuencia, esta Sala considera tal como se expuso en el referido fallo que tales normas no coliden con el Tecto Constitucional, y en consecuencia se desestima la inconstitucionalidad de los referidos articulos y, asl se decido. Asimiamo, en lo que se refiere al articale 243 del Código de Policia del Batado Miranda, se observa que la demandante. no realizó ninguna denuncia de inconstitucionalidad concreta en contra de ese precepto. En todo caso, en ejercicio de sus facultades oficios, la Sala anaiza su contenido y concibye que la norma no incurre en ninguna de las delaciones de inconstitucionalidad que se realizaron en este caso (Vid. Decisión de esta Sala N° 1789/2008), pues se constata que la misma, se trata de una regla que define y cinsifica las faltas a los efectos de ees Lay estadal, segón su intensidad y sogón el bien juridico que en cada caso se vea amenizado por la conducta antijuridica; no obstante, como se indicó, la sola clasificación no incurre en inconstitucionalidad ni sgravia ningún derecho fundamental. En consecuencia, se desestima la nulidad de ese artículo. A.sf se decide. Finalmente, se aprecia que la parte recurrente adujo que "(..) tos artícuios 35 y 237 :1el Código de Policia del Estado Miranda se encuentran iciados de nulidad, puesto que desarrollan la llamada Lay sobre Vagos y Maleantes, la cual fue declarada nconsritucional (..), mediante sentencia emanada de la extinta Corte Suprema de Justicia, -n Pleno, de fecha 6 de noviambre de 1997 (..)". Al respecto, esta Sala Constitucional observa que los artículos 35 y 237 del Código nulada por razones inconstitucionales, por lo que una vez declarada la nulidad por inconstitucionalidad de la Ley sobre Vagos y Maleantes, resulta contrario al onden constitucional cualquier desarrollo normativo posterior que haya tenido o que tenga como Ordenamiento Jurídico venezolano mediante la Sentencia de la extinta Corte Suprema de Justicia en Pleno, en vigencia de la Constitución Nacional de 1961 (Vid. Sentencia de esta Sala n.° 191/2010). En este mismo orden de ideas, resulta oportuno reitetat las consideraciones expuesta cor esta Sala en los fallos nros. 1.744/2007 y 1.053/2009, resaltando que en el primero de ellos, se dejo establecido lo siguiente: "Ahora bien, al posibilttar el legislador, estadal la aplicación de la normativa establece sanciones privativas de libertad), cupramente ha reflejado esta reprochable -y anacrónica- tendencia del 'Derecho Penal del autor: en el texto de una norma sanctonadora de naturaleza administrativa, todo lo cual resulta abiertamente contrario al PRINCIPIO DE CULPABILIDAD (mullum Derecho Administrattvo Sanclonador, y el-cual axdge que a-la persona pasible de sanción se le pueda reprochar personalmente la realización del injusto, es decir, que su conducta pueda considerarse como la consecuencia del ejercicio normal de su autonomia personal. En el cago, sub lite, el mencionado principio se ve afectado en una de sus espaclfica manifestaciones, a saber, en el PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD POR EL HECHO, en VIrtud del cual sólo se puede responder por hechos y no por caracteres personales o por proteger. En efecto, el Tribunal Constitucional-español en STC I50/1991, de 4 de julio, señaló que ..no será constitucionalmente legitimo un derecho penal «de autor» que determinara las penas en atención a la personalidad del reo y no según la culpabilidad de éste en la comisión de los hechos...'. (...) La Constitución de la República·Boltvarlána de Venezuela recoge en su texto sin duda alguna el PRINCIPIO DE CULPABILIDAD, pero no se trata de una recepción expresa, sino tnferida de otros valores, principios y derechos. Para ello, hay que atender fundamansalmente al carácter democrático del modelo de Estado venezolano deltneado en el articulo 2 de la Constitución de la República Boltvarlana de Venasuela, cuyos fundamentos filosóficos radican en la dignidad del ser humano, la igualdad real de los hombres y la e también puede deductrse del contenido de articulo 21 en sus rumerales 1 y 2, del artículo 44.3, del articulo 46 en sus mumarales 1 y 2, y del articulo 49.2 del Texto Constucional. De Igual forma, cabe señalar que el principio de culpabilidad se encuentra consustancialmente vinculado con el principio de legalidad, el cual también se desprende del modalo de Estado delineado en la mencionada norma constitucional. Resulta entonces obvio que el contenido de todos estos valores, principios y derechos constitucionales antes mencionados se ve afectado por la norma p r n 'maleante constituirá un presupuesto para las sanciones correspondientes (a saber, las previstas en la Ley scbre Vagos y Maleantes) (...)". En consecuencia, la Sala ratifica su 'criterio antes expuesto y pronuncia que los articulos 35 y 237 del Código de Policía del Estado Mfiranda, son inconstitucional al desarrollar el contenido de una Ley Nacional que fue declarada nula por inconstitucional, y resultar per se contrarias al principio ce culpabilidad, de allf que esta Sala declara su nulidad y así se decide. Con base en los planteamientos expuestos a tob largo del presente fallo, y de conformidad con el principio de supremacia constitucional consagrado en el articulo 7 y con la Disposición Derogatoria Úniea de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe esta Sala Constitucional declarar parcialmente con lugar el recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad Inteepuesto por la representación de la Defensoría del Pueblo, contra el artículo 10, en sus numerales 4, 16, y 18; articulo 11 en sus numerales 6 y 9: y los artículos 12, 13, :4, 15, 16, 17, 18, €1, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 49, 56, 51, 52, 55, g6; 60, 62, 63, 66, 73, 75, 80, 98, 119, 122, 123, 125, 135, 141, 144, 150, 163, 167, 172, 173, 179, 180, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 193, 196, 197, 198, 206, 207, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 248 y 251, todos-del Código de Policia del Estado Miranda, publicado en la Gaceta Oficial rie esa entidad, en'el nómero extraordinario del 10 de agosto de 1972. ". En consecuencia, se declaran anuladas las proposiciones contenidas en los artículos 10.4, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 34, 38, 40, 49, 52, 56, 62, 63, 66, 80, 125, 150, 167, 179, 180, 213, 223, 23J.1, 232, 233, 234; 240 y 244 del Código de Policía del Estado Miranda, que autorizan llevar a cabo la práctica de privaciones de la libertad personal. De igual forma, se declaran anuladas en su totalidad las normas contenidas en los artículos 11 numerales 6, 15, 16, 29, 35, 217, 218, 220, 235, 236, 237. -239, 242, 245, 248 y 251 eiusdem. Así se decide. Finalmente, en relación con los efectos de la decifón en el tiempo, esta Sala rletermina que esta sentencia tendrá efectos ex tume y ex 'mumc: Así se decide. página original (tal como se publicó) [Página 30] IV DECISIÓN Por las razones que fueron expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la Repóblica pot sutoridad de la Ley, declara PARCTALMENTE CON LUGAR la soción: de nulidad por razones de inconstitucionalidad conjuntamente con medida cautelar fspominada por el ciudadano Germán José Mundarain Hernández, actuando eni su condición de-DEFENSOR DEL PUEBLO, para la época, y los abogados Pélix Peña Ramos, Alberto Rossi Palencia, Social del -Abogado bajo 1os nros. 70.575, 71.275,- 75.192 y 78.194, respectivamente, actuando en su carácter de representantes de la Defensoria del Pueblo; contra el articulo 10, en sus numerales 4, 16, y 18; articulo 11 en sus mumerales 6.y 9; y los articulos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31; 32, 33; 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 49, 50, 57, 52, 55, 56, 60, 62, 63, 66, 73; 75, 80,; 98, 119, 122)123, 125, 135, 141, 144, 150, 163, 167, 172, 173, 179, 180, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 193, 196, 197, 198, 206, 207, 23s, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 y 251, todos del Código de Policia del Estado Miranda, publicado en la Gaceta Oficial dps entidad, en el nómero extraordinario del 10 de agosto de 1972. En consecuencia: 1. Se ANULAN los articulos 11 mumeral 6, 15, 16, 29, 35, 218, 220, 235, 236, 237, 239, 240, 242, 245, 248 y 251 del Código de Policla, del Estado Miranda. 2. Se ANULAN PARCIALMENTE los artículos 10.4, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 34, 38, 40, 49, 52, 56, 62, 63, 66, 80, 125, 150, 167, 179, 180, 213, 217, 223, 231.1, 232, 233, 234 y 244 del Código de Policia del Estado Miranda, especificamente la parte que se refiere a la imposición de medidas privativas de libertad. 3. Se declara SIN LUGAR la pretensión de mulidad de los articulos 10, en sus numerales 16, y 18; 11 mumeral 9, 12, 17, 18, 32, 33, 36, 77, 39, 42, 45, 50, 51, 55, 60, 73, 75, 98, 119, 122, 123, 135, 141, 144, 163, 172, 173, 182, l83, 185, 186, 187, 189, 193, 196, 197, 198, 206, 207, 214, 215, 216, 219, 221,-224, 238, 241, 243, 246 y 247, del Código de Policfa del Estado Miranda. 4. SE ORDENA poner en libertad a cualquier persona que estuviere sometida a la pena de arresto, con base en las nomas cuya, nulidad fue declarada en este fallo, y SE ORDENA eliminar cualquier referencia (en expedientes, archivos y/o registros) a la detención que hubieren sido objeto las personas a las que se les'aplicaron las normas ahora anuladas. 5. SE ORDENA. la publicación del teocto Integro de esta sentencia en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Oficial del Estado Miranda y en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, con la siguiente mención en su sumario: "Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara la nulidad absoluta de los articulos 11 mumeral 6, 15, 16, 29, 35, 218, 220, 235, 236, 237, 239, 240, 242, 245, 248 y 251 del Código de Policia del Estado Miranda, asf como la mulidad parcial de los articulos 10.4, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 34, 38, 40. 49, 52, 56, 62, 63, 66, 80, 125, 150, 167, 179, 180, 213, 217, 223, '231.1, La imposición de medidas privativas de libertad". 6. SE EXíORTA a los consejos legislativos estadales y a los concejos municipales para que deroguen cualquier disposición de contenido similar a las que han sido anuladas por este fallo y para que no incluyan, en lo sucesivo, sanciones de privación o restricción de libertad en sus textos legales. . Publiquese, regístrese y comuniquese. Cúmplase Io ordenado. Archívese el "xpediente. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho He la Sala Constitucional del de. dos mil doce (2012). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación. LAMUÑO nte El Vioepresidente, Los Magistrados, CARMEN ZULETA DE MERCHÁN ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES JUAN JOSÉ MNDEZA JOVER GLADYS-MARIA GUPIÉRREZ ALVARADO etario, JOS BONARDQQUENA CABELLO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD NÚMERO 097 13 DE AGOSTO DE 2012 202° y 153° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 7.436 de fecha 24 de Mayo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.434 de fecha 28 de mayo de 2010, modificado mediante Aviso Oficial de fecha 09 de junio de 2010,publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.442 de la misma fecha, de conformidad con los numerales 2 y 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la AdministraciónPública, en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 y artículos 13, 17, 18 y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública; artículo 48 del Reglamento Orgánico de este Ministerio; artículos 161 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público; 51 y 52 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, y los artículos 6, 7 y 23 de la Ley contra la Corrupción, este Despacho Ministerial, RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano CARLOS ENRIQUE OLAIZOLA VIZCAYA titular de la cédula de identidad N° V- 4.874.128, para ocupar el cargo de libre nombramiento y remoción como Director Encargado del Hospital Dr. Enrique Tejera, ubicado en Valencia, Estado Carabobo. página original (tal como se publicó) [Página 31] Artículo 2. Se autoriza al ciudadano CARLOS ENRIQUE OLAIZOLA VIZCAYA, antes identificado, en su carácter de Director Encargado del Hospital Dr. Enrique Tejera, para actuar como Cuentadante. Artículo3. El ciudadano CARLOS ENRIQUE OLAIZOLA VIZCAYA, antes identificado, deberá prestar caución suficiente para el ejercicio de sus funciones ante la auditoria intema de la respectiva unidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con el artículo 52 de su Reglamento N° 1 sobre el Sistema Presupuestario. Articulo 4. El ciudadano CARLOS ENRIQUE OLAIZOLA VIZCAYA, antes identificado, deberá presentar declaración jurada de patrimonio y anexar copia simple del comprobante emitido por la Contraloría General de la República, y posteriormente consignarlo por ante la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Artículo 5. Se deroga cualquier Resolución que colida con la presente Artículo 6. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Notifíquese y publiquese, EUGENIA SADER CAŞTELLANOS . Ministra del Poder Popular para la Salad Decreto N° 7.436 del 24 de mayo de 2010 Gaceta Oficial N° 39.434 del 28 de mayo de 2010 Aviso Oficial del 09 de junio de 2010 Gaceta Oficial N° 39.442 del 09 de junio de 2010 MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 09 de julio de 2012 Años 202° y 153° LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. ÚNICO: Designar al CiUdadanO JORGE LUIS PARRA MEJIAS, titular de la 0édula de identidad N° 20.863.984, TÉCNICO DE SEGURIDAD Y RESGuARDo I en la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 01 de agosto de·2012. Regist ORTEGA DEAZ OIS Geeral de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 18 de jullo de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 966 LUISA ORTEGA DÍAZ Flecal General de la República En ejercidio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Miínisterio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 elusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar al CudadanO ENOC MANUEL ROJAS PANTOZA, titular de la cédula de identidad N° 14.628.64S, TÉCNICO DE SEGURIDAD Y RESGuArDo I en la Fiscalfa Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Maracay, cargo creado y, de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 01 de agosto de 2012. LE AORTEGA DEAZ neral de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 18 de jullo de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 969 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNCO: Designar al ciudadano JAVIANI JOSÉ ARAQUE GONzÁLEZ, titular de la cédula de identidad Nº° 16.305.179, TÉCNnCO DE SEGURIDAD Y RESGUARDO I en la Dirección de Seguridad y Transporte, adscrita a la Vicefiscalía, cargo creado y, de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 01 de agosto de 2012. Regist ORTEGA DIAZ eral de Ja RepGblica página original (tal como se publicó) [Página 32] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas,18 de julio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 968 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 elusdem. RESUELVE: ÚNICO: DesIgnar al CudadanO EDINSON LUIS RIVAS APONTE, titular de la CÉdula de Identidad N° 15.022.443, TÉCNICO DE SEGURIDAD Y REsGuarDo I en la Dirección de Seguridad y Transporte, adscrita à la Voefiscalía, cargo creado y, de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 01 de agosto de 2012. algneral de la Repúblics REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 27 de julio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 984 LUISA ORTEGA DÍAZ Flscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 elusdem. RESUELVE: ÚNICQ: Designar ABOGADO INSPECTOR a la cudadana DEYSI RODRfGUES PEREIRA, titular de la cédula de identidad N° 16.952.222, en la Dirección de Inspección y Disciplina, adscrita a la Vicefiscalía, cargo creado y, de lbre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. La referida ciudadana se viene desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Octogésima Tercera del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia en materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos. El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 01 de agosto de 2012. Regis 2UISA ORTEGA DIAZ couandy 913p (eny REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 27 de jullo de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 985 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiecal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Mínisterlo Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 elusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar ABOGADO INSPECTORal cludadano JHOAN ALFREDO ELJURYS ARÉVALO, titular de la cédula de identidad N° 14.032.299, en la Dirección de Inspección y Disciplina, adscrita a la Vicefiscalía, cargo creado y, de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. El referido ciudadano se viene desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Centésima Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes. El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 01 de agosto de 2012. nuniquiere y Publíquese. Reg 3 UISA ORTEGA DÍAZ Fiscal neral de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 27 de julio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 986 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICQ: DesIgnar ABOGADO INSPECTOR a la Ciudadana RHINA MORos PÉREZ, titular de la cédula de identidad N° 11.063.907, en la Dirección de Inspección y Disclplina, adscrita a la Vicefiscalía, cargo creado y, de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. La referida ciudadana se viene desempeñando como Fiscal Provisorio en la Fiscalía Centésima Trigésima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia para la Defensa de la Mujer. El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 01 de agosto de 2012. 2f ISA ORTEGA DIAZ Gen tral de la República página original (tal como se publicó) [Página 33] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 27 de julio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 987 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICQ: Designar ABOGADO INSPECTOR a la cudadana PAUDELIS SOLÓRZANO, titular de la cédula de identidad N° 13.640.540, en la. Dirección de Inspección y Disciplina, adscrita a la Vicefiscalía, cargo creado y, de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. La referida ciudadana se viene desempeñando como Fiscal Provisorio en la Fiscalía Primera del Ministerio y competencia en materia de Delitos Comunes. El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 01 de agosto de 2012. se y Publíquese Reg abgeneral de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 27 de julio de 2012 Años 202° y 153° LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercido de la facuitad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atríbuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 elusdem. RESUELVE: ÚNICQ: Designar ABOGADO INSPECTOR al cudadanO JULIO CÉSAR ORTEGA BARBOZA, titular de la cédula de identidad N° 12.634.283, en la Dirección de Inspeoción y Disciplina, adscrita a la Vicefiscalía, cargo creado y, de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. El referido ciudadano se viene desempeñando como Fiscal Provisorio en la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Guarenas y competencia plena. El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 01 de agosto de 2012. Regist se y Publíiquese Eral de lar Répública REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 09 de julio de 2012 Años 202° y 153° LUISA ORTEGA DÍAZ Fiecal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 elusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar ESPECIALISTA a la ciudadana Lioenciada DESIRÉE DANIELA BRICEÑO YANES, titular de la cédula de Identidad N° 17.589.940, en la Dirección Contra la Corrupción, adscrita a la Dirección General de Actuación Procesal de este Despacho, cargo de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 01 de agosto de 2012. quese y Puplíquese Regist UISA ORTEGA DIAZ algineral de la Renública REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 09 de jullo de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 932 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar a la cudadana LicenciadaEVELYN BETZABÉ ABRAHÁN JIMÉNEZ, titular de la cédula de identidad N° 10.470.310, SUB- DIRECTORA EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, adscrita a la Dirección General Administrativa de este Despacho, cargo de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del" artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. La referida ciudadanà se viene desempeñando como Sub-Directora (Encargada) y Jefe de la División de Ordenación de Pago en la citada Dirección de Administración y Servicios. El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 01 de agosto de 2012. Regístresinunuese y Publíquese ORTEGA DÍAZ UIS neral de la República página original (tal como se publicó) [Página 34] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fscal General de la República Caracas, 09 de jullo de 2012 Años 202° y 153° LUISA ORTEGA DÍAZ Flacal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚnCQ: Designar a la cudadana Ingeniera BEATRIz ADRIANA PACHECO RUÍz, titular de la cédula de identidad N° 16.738.998, 3EFE DE LA DIVISIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS en la Dirección de Administración y Servidios, adscrita a la Dirección General Administrativa de este Despacho, cargo de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. La referida ciudadana se viene desempeñando como Especialista Contratante, adscrita a la Unidad Contratante en la citada Dirección. El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 01 de agosto de 2012. quese y Publiguesez 3∞ ISORTEGA DIAS heral de la República- REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 11 de julio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 948 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercido de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNCO: Designar à la ciudadana Licenciada GENNz YURAVID ANGELINO MORONTA, titular de la cédula de identidad N° 15.147.516, ESPECrALisTA en la Unidad Contratante, adscrita a este Despacho, cargo de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 01 de agosto de 2012. aguese yi Publíquese Regist ORTEGA DÍAS heral de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 11 de jullo de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 954 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3.del artículo 25 elusdem. RESUELVE: ÚNICQ: Designar a la cudadana JOCABED BARROZO, titular de la cédula de identidad N° 11.071.913, JEFE DE LA DIVISIÓN DE ORDENACIÓN DE PAGO en la Dirección de Administración y Servicios, adscrita a la Dirección General Administrativa de este Despacho, cargo de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público, en sustitución de la cludadana Licenciada Evelyn Betzabé Abrahán Jiménez, quien pasará a otro destino. La" ciudadana Jocabed Barrozo, se viene desempeñando como Asistente de Ordenación de Pago en la mencionada División. El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 01 de agosto de 2012. quesa y Publíquese ORTEGA DIAZ Fiscal Sneral de la Bepiblica REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 12 de julio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 956 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República .En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar al ciudadano Abogado EDWIN ADILES ARMAS PADRÓN, titular de la cédula de Identidad N° 15.928.702, JEFE DE LA DIVISIÓN DE CONTRATACIONES (ENCARGADO) en la COordinaCÓn de Contrataciones y Servicios, adscrita a la Dirección de Administración y Servicios de este Despacho. El referido ciudadano se viene desempeñando como Abogado Adjunto III en la citada Coordinación. El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 01 de agosto de 2012. 2 ORTEGA DÍAZ JIS heral de la-República página original (tal como se publicó) [Página 35] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Despecho de la Fiscal General de la República Caracas, 18 de jullo de 2012 Años 202° y 153° 496 e NOMOSad LUISA ORTEGA DÉAZ Piocal Cenèral de le Ropébllca En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del artículo 25 elusderi. RESUELVE: ÚsrrCQ: Designar al ciudadano JOuL, oJEDA, titular de la cédula de Identidad N° 14.965.286, CoMueneCADOR SOCTAL I en la Coordinación de Análisis y Evelueción de Medios de la Dirección de Relaciones Institucionales, adscrita al Despecho de la Fiscal General de la República, cargo creado y, de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo dispuesto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del, Ministerio Púbilio. El referido cludadano se viene desempeñando como Editer Audiovisual en la citada Coordinación. El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 01 de agosto de 2012. eneral de la -República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 18 de jullo de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN M° 979 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 elusdem. RESUELVE: ÚnCO: Designar a la cudadana Abogada LIDIs CoRoMOTO SÁNCHEZ de HERNÁNDEZ, Utular de la cédula de Identidad N° 9.248.366, SUB-DIRECTORA DE INVESTIGACIONES en la Dirección de ProteCción Integral de la Familla, adscrita a la Dirección General de Actuación Procesal de este Despacho, cargo creado y, de ibre nombramiento y remoción, de conformidad con lo dispuesto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público. La referida cudadana se viene desempeñando como Fiscal Provisorio en la Fiscalía Nonagésima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolltana de Caracas. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01 de agosto de 2012. eral de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 30 de jullo de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 1022 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiacal Ceneral de la República En ejercidio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Públlco y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 elusdem, y en atención al artículo 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Ofical de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781. Exdraordinario del 12-08-2005, por la presente Resolución. RESUELVE: ÚnECO: Designar a la cludadana Licenciada MARIALI CANDELARIA CARRIZALES PRIETO, titular de la cédula de identidad N° 18.080.855, JEFE DE DIVISIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA DEL. MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO MONAGAS (ENCARGADA), a partIR del 20-08-2012 y hasta la reincorporación de la cudadana Licenciada Eveling del Carmen González, quien hará uso de sus vacaciones. La dudadana Mariali Candelaria Carrizales Prieto, quien se desempeña como Contabilista Jefe en la citada Unidad, actuará como Cuentadante de la Unidad Administradora Desconcentrada, Código 23018, con sede en Maturín, e igualmente, conforme a lo establecido en el numeral 20 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público delego en la referida ciudadana, la firma de los asuntos rutinarios o de mera tramitación, mientras esté encargada de dicha-Enided Administradora. quese y Publíquese, FLUTSA ORTEGA DÍAÉ feneral de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 09 de julio de 2012 Años 202° y 153° LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadano AbOgado SIMÓN ANTONIO AMUNDARAY ROJAS, titular de la cédula de identidad N° 17.641.268, en la FISCALÍA DÉCIMA SEXTA del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia en lo Contencioso-Administrativo y en materia Tributaria, cargo creado. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del '01-08-2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. uese Publíquese. Regist UL ORTEGA DIAZ caleneraldeta República página original (tal como se publicó) [Página 36] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 27 de julio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 994 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICQ: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada LORENZ EULALIA CEBALLOS DE GENNARO, titular de la cédula de -identidad N° 14.936.918, en la FISCALfA CUARTA del Ministerlo Público de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, con sede en San Carlos y competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Cvil e Instituciones Familiares, cargo vacante. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-08-2012 y hasta nuevas instrucciones de_esta Superioridad. Regí UISAVORTEGA DIAZ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 27 de julio de 2012 Años 202° y 153° LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICQ: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la cudadana Abogada ELIZABETH CARVAJAL CALDERON, titular de la cédula de identidad N° 13.494.248, en la FISCALÍA DÉCIMA SEXTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy y competencia plena, cargo vacante. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-08-2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. uníquese y Publíquese. LUIEA ORTEGA DIZ General de ta República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 27 de julio de 2012 Años 202° y 153° LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facuitad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y; en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCALAUXILIAR INTERINO al CiUdadano Abogado PEDRO ELÍAS FERNÁNDEZ BLANCO, titular de la Cédula de identidad N° 10.547.205, en la FIsCALfA sUPERzOR del Ministerio Público de la Circunscripdión . Judicial del estado Vargas, con sede en Catia La Mar, cargo vacante. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01 de agosto de 2012 y hasta nuevas instrucciones-de.esta Superioridad. pex Publíquese Regístrese, ÉSA GRTEGA DIAZ Senefaroe la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 30 de julio de 2012 Años 202° y 153° T ON T LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICQ: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la cludadana Abogada CARMEN LISSETTE LÓPEZ JIMÉNEZ, titular de la cédula de Identidad N° 8.652.471, en la FISCALÍA SEGUNDA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, con sede en Cumaná y competencia en materia de Defensa Ambiental, en sustitución de la cudadana Abogada Gabriela Fátima Moreira Baena, quien pasará a otro destino. La ciudadana Carmen Lissette López Jiménez, se viene desempeñando como Asistente de Asuntos Legales II en la citada Fiscalía. La presente designación, tendrá efectos administrativos a partir del 01-08-2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Regístry aGeral de la Repúbliear página original (tal como se publicó) [Página 37] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 30 de julio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 1016 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada MARÍA GABRIELA CARMONA HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° 16.844.384, en la FISCALfA SEXTA del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Santa Elena de Uairén y competencia plena, cargo vacante. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-08-2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superdoridad. nesePublíquece. Regístreg ISAORTEGA DIAZ Gentral de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 30 de julio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 1017 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL. AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada LEOSANNA DE JESÚS CANACHE MALANDRA, titular de la cédula de dentidad N° 15.515.103, en la FISCALÍA VIGÉSIMA TERCERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con sede en Puerto La Cruz y competencia en Penal Ordinario Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes, cargo vacante. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-08-2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Supegioridad: 3 ORTEGA DÍAZ il Geeral de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 30 de julio de 2012 Años 202° y 153° LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICQ: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al Cudadano Abogado JUAN ARMANDO ALEJOS IBARRA, titular de la cédula de Identidad N° 12.119.016, en la FISCALfA TERCERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Maracay y competencia plena, en sustitución de la Abogada Thanimar del Valle Arcaya López, quien pasará a otro destino. El referido ciudadano se viene desempeñando como Abogado Adjunto A en la Fiscalía Cuadragésima Novena del Ministerio Público a Nivel Nacional. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-08-2012 y hasta nuevas instrucciones de esta:Superieridad. uníquese y Publiquese LUISA ORTEGA DÍAZ FseiGeneral de-lar República. RÉPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 30 de julio de 2012 Años 202° y 153° OO LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la Cludadana Abogada MARILYN IRAIDA MEDINA RIVAS, titular de la cédula, de identidad N° 12.385.509, en la FISCALA VIGÉSIMA NOVENA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia plena, cargo vacante. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-08-2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Regístrace Somuníquese Pubiiquese. UIORTEGA DIAZ Fal G neral de la República página original (tal como se publicó) [Página 38] A LA VENTA en las taquillas de la Gaceta Oficial LEY ORGÁNICA deEDUCACIÓN GACETA OFICIAL DELAREPOBLICEBOEAXTOLADE EN-O página original (tal como se publicó) [Página 39] A LA VENTA en las taquillas de la Gaceta Oficial LEY s ADIONISRATIACS LEY d liéghmen restadoa! VIVIENDA y HÁBITAT Otros: LEY OrpsirdadebFUazA AAADANGIONAL Babartana SEGERO:SCCIAL LEY ORGÁNICA EdaEBUCACIÓN Ley de Creación, Estimulo, Promocióni y Desarrolto del Sistena Mficrofeanciero Ley Orgánica de Tetecomunicaciones Compendio (Ley de Creación, Estimulo, Promoción y Desarrelle del Sistems Microfinanciero, Ley especial de Asociaciones Cooperativas) Ley de Tierras y Desacrollo Agrario Ley Orgánica de Hidrocarburos página original (tal como se publicó) [Página 40] DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXXXIX Número 39.984 MES XI Caracas, lunes 13 de agosto de 2012 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas - Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 40 Págs. costo equivalente a 16,45 % valor Unidad Tributaria DE VENEZUELA. ArtiCu/o 12. La GACETA OFICIAL C DE LA_REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; . y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único. Las ediciones extraordinarias de laGACETA OFICIAL tendrán una numeración especial. Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DELA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de Ios Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo Nacional. Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIAÑA DE VENEZUELA. cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos. El SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados. página original (tal como se publicó)