[Página 1] NO CXXXIX MES X Caracas, viernes 10 de agosto de 2012 SUMARIO Asamblea Nacional Acuerdo en conmemoración del Tricentésimo Sexagésimo Aniversario de la Aparición de Nuestra Señora de Coromoto. Ministerio del Poder Popular de PlanificaciónyFinanzas Resolución mediante la cual se incorpora los procesos y trámites desmaterializados en las órdenes de pago, según los mecanismos de Firma Electrónica aplicados al Módulo de Órdenes de Pago del Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas SIGECOF. ONAPRE Providencias mediante las cuales se procede a la publicación de varios Traspasos de Créditos Presupuestarios de Gastos Corrientes a Gastos de Capital de los Ministerios que en ellas se mencionan, por las cantidades que en ellas se señalan. Superintendencia de la Actividad Aseguradora Providencia mediante la cual se autoriza a la empresa Mercantil Financiadora de Primas, C.A., para el ejercicio de la actividad de Financiamiento de Primas de Seguros e inscribir la bajo el N° 03 en el Registro de Empresas Financiadoras de Primas que para el efecto se lleva en esta Superintendencia. Providencia mediante la cual se sanciona a la empresa C.A De Seguros Ávila, con multa por la cantidad que en ella se indica. Providencia mediante la cual se autoriza a la empresa Inversora Catatumbo Financiadora de Primas, Compañia Anónima (INCAFICA), para el ejercicio de la actividad de Financiamiento de Primas de Seguros e inscribir la bajo el N° 06 en el Registro de Empresas Financiadoras de Primas que para el efecto se lleva en esta Superintendencia. Providencias mediante las cuales se sustituye en la Junta Interventora de las empresas que en ellas se señalan, a los ciudadanos que en ellas se mencionan, y se designa en su lugar a las ciudadanas que en ellas se indican. Bolsa Pública de Valores Bicentenaria Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución DP/ Nº 07-2012, del 22 de marzo de 2012, en los términos que en ella se mencionan. Junta Administradora de la Empresa del Estado, Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A. Providencia mediante la cual se designa al ciudadano José Luis Castillo Rubio, Auditor Interno (E) de este Organismo. FOGADE Providencia mediante la cual se extiende hasta el 30 de septiembre de 2012, el plazo para que los depositantes, ahorristas y acreedores de las instituciones bancarias que en ella se indican, soliciten la calificación de sus respectivas acreencias, por ante este Fondo en el Centro de Atención al Ciudadano, ubicado en la Dirección que en ella se señala. Providencia mediante la cual se delega en el ciudadano Héctor Guillermo Villalobos Espina, Consultor Jurídico de este Fondo, la atribución para autorizar a los apoderados judiciales de planta o externos designados por este Instituto, a los efectos de recibir cantidades de dinero, convenir, desistir, transigir, absolver, designar árbitros y constituir el tribunal con asociados. Ministerio del Poder Popular para la Defensa Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Mayor General Wilmer Omar Barrientos Fernández, en su carácter de Comandante Estratégico Operacional, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los Créditos Desconcentrados que en ella se indican. Número 39.983 Resolución mediante la cual se nombra a la ciudadana Contralmirante Luz Karim Comett Pabón, Presidenta de la Comisión de Contrataciones del Sector Defensa. Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos Profesionales Militares que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican. Resoluciones mediante las cuales se delega en los ciudadanos Profesionales Militares que en ellas se señalan, la facultad para suscribir los actos, documentos y compromisos que en ellas se mencionan. Ministerio del Poder Popular para el Comercio INDEPABIS Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Onofre José Ramos Mirabal, como Auditor Interno de este Instituto. Ministerio del Poder Popular para el Ambiente Resoluciones mediante las cuales se designa a ias ciudadanas y al ciudadano que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se indican, de este Organismo. Ministerio del Poder Popular para la Alimentación Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Thamar Yamary Piña Arteaga, como Directora General (E) de Calidad de este Ministerio. Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica Resolución mediante la cual se reforma parcialmente la Resolución N° 014, de fecha 14 de mayo de 2012, en los términos que en ella se indican. Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Juan Carlos González Molinero, la firma de ios actos y documentos que en ella se indican. Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario Resoluciones mediante las cuales se delega en la ciudadana Adrilú Álvarez Marcano, en su carácter de Presidenta del Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias(FONEP), ente adscrito a este Ministerio, la firma de los contratos o documentos que en ellas se señalan. Tribunal Supremo de Justicia Tribunal Disciplinario Judicial Decisión mediante la cual se absuelve de Responsabilidad Disciplinaria al ciudadano Ricardo Sperandio Zamora. Decisión mediante la cual se absuelve de Responsabilidad Disciplinaria al ciudadano Euiogio Paredes Tarazona. Dirección Ejecutiva de la Magistratura Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Darys Garcia Zapata, como Jefa de la División de Servicios al Personal de la Dirección Administrativa Regional del estado Aragua de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Encargada. Ministerio Público Resoluciones mediante las cuales se traslada a las ciudadanas Abogadas y ciudadanos Abogados que en ellas se mencionan, a las Fiscalías que en ellas se indican. Resoluciones mediante las cuales se designa Fiscales Provisorios a los ciudadanos Abogados y ciudadanas Abogadas que en ellas se señalan. Defensoría del Pueblo Resolución mediante la cual se designa al ciudadano David Pompeyo Rojas Valero, como Director de Asuntos Legislativos, adscrito a la Dirección General de Servicios Jurídicos. página original (tal como se publicó) [Página 2] ASAMBLEA NACIONAL LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMO VOCERA DEL PUÊBLO SOBERANO ACUERDO EN CONMEMORACIÓN DEL TRICENTÉSIMO · SEXAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA APARICIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE COROMOTO CONSIDERANDO Que el próximo 8 de septiembre se cumple el tricentésimo sexagésimo aniversario de la Aparición de la Santísima Virgen de Coromoto ante la familia del cacique Coromoto de la tribu de los Cospes, en las sabanas al suroeste de Guanare, capital del estado Portuguesa, pidiéndole que fuesen a ser bautizados y proclamando que tendría tantos de votos como estrellas en cielo, para reafirmar la fe en el Creador. CONSIDERANDO Que en el sitio de la Aparición de la Virgen María en la advocación de Coromoto, fue levantado con el esfuerzo del pueblo y del Gobierno venezolano en los últimos 30 años, un Templo que con la visita del Papa Juan Pablo II el 10 el Papa Benedicto XVI en el 2006 como Basílica Menor, que se ha convertido én referencia espiritual y en faro de fe del continente, por lo que todos los años pasan para generar la Sagrada Imagen de la Patrona Nacional y Patrona de la ciudad de Caracas, aproximadamente 3 millones de de votos y turistas. CONSIDERANDO Que el 11 de septiembre se celebra además, el sexagésimo aniversario de su coronación litúrgica como Patrona de todos los venezolanos y venezolanas, y. guía de la familia católica nacional, por lo que el pueblo venezolano se regocija con esa celebración, llegando en decenas de peregrinaciones a la capital espiritual de Venezuela. CONSIDERANDO Que esa aparición, resaltando la importancia del sacramento del bautizo como entrada a la religión cristian a y ratificando el respeto que debe tenerse al habitante originario del Nuevo Mundo, convierte a la Virgen de Coromoto en misionera de los indígenas, en aurora de fe del continente y en madre espiritual del pueblo venezolano. ACUERDA Primero. Rendirle homenaje a la Patrona Nacional, Patrona de Caracas y Patrona del Deporte, la Virgen de Coromoto, como expresión de fe y devoción, a quien con su amor infinito demostró su preocupación por los pueblos originarios y la elevación de su calidad de vida, basada en los supremos valores espirituales, que enalteció a la familia venezolana, al aparecerle en varias oportunidades al Cacique Coromoto, a su compañera y a sus hijos. Segundo. Hacer entrega del presente Acuerdo a las autoridades de la Diócesis de Guanare, encabezadas por su Obispo, Monseñor José de la Trinidad Valera Angulo y a la Conferencia Episcopal Venezolana. Tercero. Dar publicidad al Presente Acuerdo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los nueve días del mes de agosto de dos mil doce. Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación. DIOSDADO CABELLO-RONDÓN Presidente de Ia Asamblem [acional ARISTÓR ULO ISTÚ BEANCA BSKRHOUT Primer Vifepresidont Segunda Vicepresidenta IVÁN EREA QUERRERO TOR CLARK BOSCÁN Secropario Subsecaptarto MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS Caracas, 0 9 AGO 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 3 2 4 2 El Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 1, 26 y 27 del artículo 77 y en el artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en los artículos 4, 51 y 116 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con los artículos 31 y 32. del Reglamento N° 3 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema de Tesorería, con los artículos 2, 3 y 46 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. y el numeral 22 del artículo 1 del Decreto N° 7.187, mediante el cual se fusionan el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo y el Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, para conformar el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. CONSIDERANDO La obligatoriedad e idoneidad en la modernización de la Administración Financiera del Estado y visto que se han cumplido con los extremos de seguridad y procesamiento de la información, contenidos en el Decreto con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas de fecha 10 de febrero de 2001, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.148 del 28 de febrero de 2001. Resuelve, Artículo 1. Incorporar procesos y trámites desmaterializados en las órdenes de pago, según los mecanismos de Firma Electrónica aplicados al Módulo de Órdenes de Pago del Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas SIGECOF, los cuales serán de obligatorio cumplimiento para los ordenadores de compromisos y pagos a partir del 15 de agosto de 2012. Artículo 2. Si por cualquier causa no se pudiera realizar la suscripción electrónica de las órdenes de pago, el ordenador de compromisos y pago deberá presentar exposición de motivos sobre la necesidad del trámite y la causa de la imposibilidad de la firma electrónica al Jefe de la Oficina Nacional del Tesoro, para que autorice la aplicación de procedimientos establecidos. Artículo 3. Los ordenadores y ordenadoras de compromisos y pagos, se la adquisición y renovación anual de los correspondientes certificados de firma electrónica a partir del ejercicio económico financiero 2013. Artículo 4. La Oficina Nacional del Tesoro y la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, dictarán los lineamientos necesarios para la incorporación de la firma electrónica a los procesos de administración financiera del sector público en las áreas de su competencia. Artículo 5. Se delega en el Jefe o Jefa de la Oficina Nacional del Tesoro la firma de los actos administrativos mediante los cuales se dispensa excepcionalmente de la suscripción electrónica de las órdenes de pago, así como de aquellos acuerdos o convenios necesarios para la prestación del servicio de Tesoreria a los órganos y entes de la Administración Pública. Artículo 6. La entrega de los certificados y dispositivos de firma electrónica para el ejercicio 2012, entre los meses de junio y diciembre de 2012, será responsabilidad de la Oficina Nacional del Tesoro, en caso de pérdida o deterioro de los mismos durante el referido ejercicio, la reposición será asumida por el órgano respectivo, con cargo a su presupuesto de gastos. Artículo 7. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. ORGE GIORDANI MINISTRO BESRBR POS ULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS República Bolivariana de Venezuela - Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas - Oficina Nacional de Presupuesto - Número: 139 - Caracas, 08 de agosto de 2012 202° y 153° PROVIDENCIA De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, se procede a la publicación de un traspaso de Créditos Presupuestarios de Gastos Corrientes a Gastos de Capital del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES, por la cantidad de CIENTO UN MIL QUINIENTOS BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 101.500) (Ingresos Ordinarios), que fue aprobado por esta Oficina en fecha 08 de agosto de 2012, de acuerdo a la siguiente imputación: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES Bs. 101.500,00 060023000 "Ejecución de la política exterior de Proyecto: Venezuela a través de las Redes de Cooperación Diplomáticas (RECOD), el diseño de Iniciativas Estratégicas por continente y las Actuaciones Diplomáticas y Consulares de representación." 101.500,00 página original (tal como se publicó) [Página 3] eción 060023005 "Ejecución de actuaciones operativas specífica: de las Misiones Diplomáticas Y Oficinas Consulares acreditadas en América Latina y el Caribe." 101.500,00 91 E LA: "Servicios no personales" 101.500,00 99 4.03 artida: Ingresos Ordinarios Sub-Partida Genérica, . Específica y 02.02.00 "Alquileres de equipos de transporte, Sub-Específica: 101.500,00 tracción y elevación" LA: 4.04 "Activos reales" artida: Bs. 101.500.00 Ingresos Ordinarios ub-Partidas genéricas, specíficas y ubspecíficas: 01.02.02 "Reparaciones mayores de equipos de transporte, tracción y elevación". 66 100.000,00 05.01.00 "Equipos de telecomunicaciones" 500,00 12.04.00 1.000,00 66 omuníquese y Publíquese, GUSTAVO J. HERNANDEZ J. Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto (E) República Bolivariana de Venezuela - Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas - Oficina Nacional de Presupuesto — Número: 140 - Caracas, 08 de agosto de 2012 202° y 153° PROVIDENCIA De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento N° 4 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, se procede a la publicación del traspaso presupuestario entre Gastos de Capital del MiNIsTERIO DEL PODER POPULAR PÁRA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN por la cantidad de CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 5.600.000,00), que fue aprobado por esta Oficina en fecha 08 de agosto de 2012, de acuerdo con la siguiente imputación: Ministerio del Poder Popular Para la Comunicación y la Información: 5.600.000,00 Bs. De la: Acción Centralizada: 360002000 "Gestión Administrativa" 5.600.000,00 9 Acción Específica: 360002001 "Apoyo institucional a las acciones especificas de los 5.600.000,00 proyectos del organismo" 00'000.009'$ Partida: 4.04 "Activos reales" -Ingresos Ordinarios Sub-Partida Gerérica, Específica y Sub-Específica: 02.01.00 "Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado" 5.600.000,00 A la: 4.04 "Activos reales" Bs. 5.600.000.00 -Ingresos Ordinarios lub-Partida enérica, specífica y lub-Especifica: 04.01.00 "Vehículos automotores terrestres" Bs. 5.600.000,00 Pommaniqucse y Publiquesc, Jefe de la Oficina Nacional de Precueso( República Bolivariana de Venezuela - Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas - Oficina Nacional de Presupuesto - Número: 141 - Caracas, 09 de agosto de 2012 202° y 153° PROVIDENCIA De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, se procede a la publicación de un traspaso de Créditos Presupuestarios de Gastos Corrientes a Gastos de Capital del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES, por la cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 6.450,00), (Ingresos Ordinarios), que fue aprobado por esta Oficina en fecha 09 de agosto de 2012 de acuerdo a la siguiente imputación: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES 6.450,00 Bs. EXTERIORES 060023000 "Ejecución de la política exterior de Proyecto: Venezuela a través de las Redes de Cooperación Diplomáticas (RECOD), el diseño de Iniciativas Estratégicas por continente y las Actuaciones Consulares de Diplomáticas y 6.450,00 representación." Acción Específica: 060023006 "Ejecución de actuaciones operativas de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares acreditadas en 6.450,00 Europa." 99. DE LA: 6.450.00 4.03 "Servicios no personales" Partida: Ingresos Ordinarios Sub-Partida Genérica, Específica y 6.450,00 Sub-Específica: 01.01.00 "Alquileres de edificios y locales" A LA: "Activos reales" 4.04 6.450.00 Partida: Bs. Ingresos Ordinarios Sub-Partida Genérica, Específica y 09.02.00 "Equipos de computación" 6.450,00 Sub-Específica: Comuníquese y Publíquese, GUSTAVO J. HERNANDEZ J, Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesta (E) REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA PROVIDENCIA N° FSAA-2-5.0 0 2 1 9 9 2 6 JUL 2012 Caracas, 202° Y 153o Visto que el ciudadano ALBERTO BENSHIMOL MEDINA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad número 2.939.613, actuando en su condición de Director de la empreSa MERCANTIL FINANCIADORA DE PRIMAS, C.A., solicitó la autorización para operar como empresa Financiadora de Primas de Seguros. Visto que del análisis efectuado a los documentos presentados por la eMpreSa MERCANTIL FINANCIADORA DE PRIMAS, C.A., Se verificó que éstos cumplen con los requerimientos técnicos y legales establecidos en el artículo 143 de la Ley de la Actividad Aseguradora, exigidos para otorgar la autorización solicitada. página original (tal como se publicó) [Página 4] Vista las atribuciones conferidas al Superintendente de la Actividad Aseguradora en el artículo 7, numeral 13 y 141 de la Ley de la Actividad Aseguradora publicada en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 5.990 Extraordinario del 29 de julio de 2010, reimpresa en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.481 de fecha 05 de Agosto de 2010, corresponde a este Organismo ejercer la regulación, control, supervisión y fiscalización de la actividad de financiamiento de primas de seguros. En virtud de las consideraciones que anteceden, quien suscribe, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley de la Actividad Aseguradora, decide: DECIDE: PRIMERO: AutoriZar a la empreSa MERCANTIL FINANCIADORA DE PRIMAS, C.A, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 31 de octubre de 1974 bajo el número 43, tomo 191-A-pro, cuya última modificación estatuaria consta de asiento inscrito por ante la Oficina de Registro antes citada, el 21 de julio de 2008, bajo el No 5, tomo 112-A, para el ejercicio de la actividad de Financiamiento de Primas de Seguros e inscribir la bajo el No 03 en el registro de empresas Financiadoras de Primas que para el efecto se lleva en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. SEGUNDo: Se deja sin efecto el Registro de Inscripción como Empresa Financiadora de Primas No 34 otorgado por esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora, a la compañía MERCANTIL FINANCIADORA DE PRIMAS, C.A., (antes denominada Inversiones Veninversa, C.A.) en fecha 09 de septiembre de 1999. TERCERO: Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Comuníquese y Publíquese. Superintendee la Activ G.O.R.B.V N° 3poc icna0 de febrero de 2010 REPÚBLICA BOLIVARTANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA 2 2 JUN 2012 Providencia N° FSAA-2-3- 00190 Caracas, 202° y 153º I.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL FONDO Visto que en fecha 29 de julio de 2010, fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 5.990 Extraordinario, la Ley de la Actividad Aseguradora, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.481 del 05 de agosto del mismo año, cuyo objeto es establecer el marco normativo para el control, vigilancia, supervisión, autorización, regulación y funcionamiento de la actividad aseguradora, desarrollada en el territorio de la República, o materializada en el extranjero, a fin de garantizar el interés general representado por los derechos y garantías de los tomadores, asegurados y beneficiarios de los contratos de seguros, de reaseguros, los contratantes de medicina prepagada y de los asociados de las cooperativas que realicen actividad aseguradora. Visto que el numeral tercero de las disposiciones finales de la Ley de la Actividad Aseguradora, dispone que la misma entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Visto que tal publicación trae como consecuencia la derogatoria de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros del 23 de diciembre de 1994, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.822 Extraordinario, reimpresa por error material en fecha 08 de marzo de 1995, según Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.865 Extraordinario. Visto que el numeral 2 del artículo 7 de la Ley de la Actividad Aseguradora faculta al Superintendente de la Actividad Aseguradora para dictar los actos administrativos generales o particulares inherentes a las competencias que le atribuye la referida Ley. Visto que en fecha 01 de febrero de 2011, este Organismo mediante Providencia Nº 000293, ordenó la apertura de un procedimiento administrativo a la empresa C.A. de Seguros Ávila, a objeto de determinar si existe elusión o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones frente al ciudadano Víctor José López Pérez, titular de la cédula de identidad N° 8.305.400, de conformidad con lo que establecía el artículo 175 de la derogada Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros del 08 de marzo de 1995; quien suscribe en su carácter de Superintendente de la Actividad Aseguradora, acuerda que la situación denunciada sea examinada a la luz de ésta última, la cual resultaba aplicable para la fecha en que se suscitaron los hechos. II.- ANTECEDENTES Mediante oficio distinguido con el número FSS-2-3-00000491 / 00003061 del 09 de febrero de 2011, se notificó a la aseguradora, de la apertura de la averiguación administrativa página original (tal como se publicó) [Página 5] del lapso probatorio acordado, a objeto que presentara las uebas que estimara necesarias para el ejercicio de la efensa de sus derechos e intereses, en relación a los hechos enunciados. deja constancia que dicho oficio fue recibido por C.A. de eguros Ávila, el día 10 de febrero de 2011, tal como se asprende del sello húmedo colocado al margen inferior erecho del ejemplar que del referido oficio cursa al folio 26 elexpedienteadministrativoqueformaraesta uperintendencia de la Actividad Aseguradora. sto que C.A. de Seguros Ávila, disponía de diez (10) días ábiles, contados a partir de la recepción del oficio antes entificado, para que ejerciera su defensa contra los hechos puestos en el auto de apertura, de conformidad con lo spuesto en el artículo 49 de la Constitución de la República olivariana de Venezuela, plazo que venció íntegramente el día 4 de febrero de 2011, sin que la mencionada aseguradora presentará observaciones al respecto. I.- CONSIDERACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA E LA ACTIVIDAD ASEGURADORA stas las actuaciones y documentos que conforman el salado expediente, esta Superintendencia de la Actividad aseguradora, a fin de decidir al respecto formula las siguientes nsideraciones: e hace necesario entonces analizar los hechos relevantes de denuncia, a los fines de verificar la conducta asumida por la mpresa C.A. de Seguros Ávila de cara al artículo 175 de la y de Empresas de Seguros y Reaseguros, instrumento rídico aplicable para el momento en que se suscitaron los echos, efecto, el objeto de la presente averiguación administrativa comprobar si la compañía C.A. de Seguros Ávila realizó un to infractor de una conducta exigida por el ordenamiento rídico que regula la actividad aseguradora; la determinación : la responsabilidad administrativa y la imposición de las ndiones a que hubiere lugar. tal sentido, en el auto de apertura de la averiguación Iministrativa se atribuyó. a la mencionada aseguradora la esunta violación del artículo 175 de la Ley de Empresas de euros y Reaseguros, durante la tramitación del siniestro portado por el ciudadano Víctor José López Pérez artículo 175 de la Leyde Empresas de Seguros y seguros, dispone: "Las empresas de seguros que sin causa justificada, a juicio del Superintendente de Seguros, eludan o retarden el cumplimiento de sus obligaciones frente a sus contratantes, asegurados o beneficiarios serán sancionadas de acuerdo con la gravedad de la falta..." (omissis) Parágrafo Segundo. Las empresas de seguros dispondrán de un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para pagar los siniestros cubiertos, contados a partir de la fecha en que se hayaterminado el ajuste correspondiente, si fuere el caso, y el asegurado haya entregado toda la información y recaudos indicados en la póliza para liquidar el siniestro." Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ante sentencias números 00581 del 04 de mayo de 2011, del 05 de mayo de 2010 y 890 del 17 de junio de 2009, ratifica el criterio expresado en la sentencia N° 03683 de fecha 02 de junio de 2005, en la cual se pronunció sobre los tres tipos sancionatorios previstos en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, en los siguientes términos: "Así, la falta de pago o la ausencia de respuesta ante la solicitud de cancelación de las coberturas previstas en una determinada póliza, se subsumiría en el supuesto de elusión de las obligaciones establecidas a cargo de la aseguradora, pues implicaría el incumplimiento del deber de notificar por escrito o de pagar las indemnizaciones debidas; en tanto que, la respuesta o el pago fuera del plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya terminado el ajuste correspondiente, si fuere el caso, y el asegurado haya entregado toda la información y recaudos indicados en la póliza para liquidar el siniestro, se subsumiría en el último, la emisión de respuesta negativa dentro del plazo previsto en la norma pero conformada con argumentos escuetos e insuficientes para explicar el rechazo del pago que se trate, configuraría el tipo de rechazo genérico prohibido en el mismo parágrafo cuarto del artículo en comento". (Resaltado nuestro) Ahora bien, en el caso que se analiza tal como se indicó al inicio de las consideraciones expuestas por este Organismo, C.A. de Seguros Ávila, no presenta defensa alguna a su favor que le sirvieren de fundamento para no haber dado cumplimiento a su obligación de indemnizar el reclamo presentado por el asegurado. A los fines de determinar la responsabilidad administrativa de la empresa C.A. de Seguros Ávila,por los hechos denunciados, se hace necesario explicar el alcance de la norma arriba transcrita. El artículo 175 antes transcrito en su primera parte dispone que las empresas de seguros que sin causa justificada, a juicio del Superintendente de Seguros, eludan el cumplimiento de sus obligaciones frente a sus contratantes, asegurados o beneficiarios, quedan sujetas a las sanciones administrativas previstas en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros. El mencionado supuesto de hecho ha sido interpretado por esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora como el uso de artificios o sutilezas para no encargar una responsabilidad; en otras palabras, cuando el asegurador rechaza o evita indemnizar un siniestro sin contar con motivos serios y suficientes para ello. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora ha sido constante en afirmar que las empresas de seguros una vez que les ha sido notificada la ocurrencia de un siniestro, deben brindar una explicación coherente, fundada y seria de su voluntad de no asumir o rechazar la reclamación que se le presenta, pues ello resulta compatible con el principio de buena fe que debe imperar en las relaciones contractuales. De manera que el interés jurídico tutelado por la citada norma legal no es otro que la estabilidad del sector asegurador con el propósito de proteger a los contratantes, asegurados y beneficiarios de los seguros mercantiles, estableciendo a cargo de las aseguradoras la obligación de responder oportunamente a sus compromisos con los asegurados, o bien, a rechazar en forma motivada, seria y oportuna los siniestros, de manera tal que en aquellos casos en los cuales efectivamente existan dudas sobre la responsabilidad del página original (tal como se publicó) [Página 6] asegurador, sean los tribunales competentes los llamados a resolver el conflicto. DEL RETARDO sobre tal disposición legal debe puntualizarse que el asegurador tiene la obligación de pronunciarse en el plazo egal acerca de los derechos del asegurado, se trata de un deber en el marco de un contrato de seguro en etapa de jecución. Lo expuesto significa que, en principio, el asegurador debe pronunciarse siempre que haya una denuncia de siniestro, bien sea asumiendo la responsabilidad o echazando con fundamento, según corresponda; actuación que debe cumplirse en los términos que establece el arágrafo segundo del artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, esto es, treinta (30) días hábiles, lapso que corre a partir del momento en que el asegurado entregue todos los recaudos exigidos y se haya realizado el ajuste correspondiente, de ser el caso. A igual lazo y condiciones quedan sometidas las empresas de seguros para notificar por escrito los motivos de hecho y de derecho que aleguen para considerar un siniestro como no cubierto. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS De acuerdo con los documentos que cursan al expediente se iene lo siguiente: echa de siniestro: 22-10-2009 26-10-2009 Notificación del siniestro: 26-10-2009 Entrega de recaudos: echa denuncia ante la 03-05-2010 Sudeaseg: 19-07-2010 (*) Icto conciliatorio: *) Se deja constancia que en el acta que se levantó a tal fecto, cuyo ejemplar cursa al folio 13 del expediente dministrativo, la representación de la empresa se habría comprometido a efectuar el pago correspondiente en un plazo lo mayor de quince (15) días, promesa que hasta la presente echa no ha sido cumplida. aplicando las consideraciones anteriores al caso que se analiza e observa que el día 22 de octubre de 2009 ocurrió el inistro, haciéndose entrega de los recaudos necesarios para a tramitación del mismo el día 26 de octubre de 2009, echa para la cual comenzaba a correr para la aseguradora el Nazo de treinta (30) días hábiles previstos en el artículo 175 le la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, para ndemnizar o rechazar el siniestro presentado, sin que hasta la resente fecha (febrero 2012), este Organismo tenga pnocimiento que C.A. de Seguros Ávila, haya procedido a honrar los compromisos asumidos frente al ciudadano Víctor osé López Pérez, ni explicado a éste ni al Órgano de Control ina vez iniciado el procedimiento administrativo en su contra, as razones de su incumplimiento. En virtud de las consideraciones anteriores resulta evidente la infracción de la señalada disposición legal, siendo que respecto este hecho la representación de la aseguradora no presenta argumento alguno que haga presumir a este Órgano de Control que tal falta de atención se debe a un incumplimiento involuntario; se hace necesario entonces determinar si el incumplimiento de las obligaciones dispuestas en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, se debió a culpa de C.A. de Seguros Ávila, ello en virtud que el ejercicio de la potestad sancionatoria administrativa requiere como requisito esencial la exigencia de la culpabilidad del autor de la infracción, para castigar la conducta omisiva. Al respecto, la doctrina contemporánea, en materia de Derecho Administrativo Sancionador, ha discutido ampliamente el tema de la exigencia de la culpabilidad en los ilícitos administrativos. Sobre el particular se han establecido tres posiciones. La primera de ellas plantea la aplicación en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador de las reglas y principios que sobre culpabilidad se han desarrollado en el Derecho Penal; la segunda, plantea la independencia de la responsabilidad por ilícitos administrativos, no siendo exigible la culpabilidad; finalmente, úna posición intermedia que aplica la noción de culpabilidad en los predios del Derecho Administrativo Sancionador, pero con las matizaciones propias derivadas de las peculiaridades de éste, que lo diferencian claramente del ámbito penal. Respecto a la primera de las posiciones, es decir, la que pretende trasladar al Derecho Administrativo Sancionador los principios creados y desarrollados por el Derecho Penal, autores de la calidad de ALEAnDRo NrETo han demostrado la banalidad de dicha tesis, porque no es cierta del todo esa pretendida extensión de la exigencia de culpabilidad y, además, cuando realmente se exige, provoca unos problemas de solución imposible. Para demostrar lo que se está diciendo basta pensar en los supuestos de infracciones cometidas por personas jurídicas o en los casos de solidaridad y subsidiaridad y en la aparición extrema de la presunción de culpabilidad. (NIETO, Alejandro: Derecho Administrativo Sancionador, Segunda Edición, Madrid, Editorial Tecnos, 1994; Pág. 24). La segunda de las posiciones, aquella que proclama la independencia del Derecho Administrativo Sancionador, y en consecuencia la no exigencia de culpabilidad, ha sido reconocida por la doctrina y jurisprudencia en derecho comparado. En sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo de 7 de octubre de 1988 se señaló: "Pueden especialmente - siempre en principio y en determinadas condiciones - penalizar un hecho materlal u objetivo en sí, con independencia que proceda de dolo o negligencia." La no exigencia de culpabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador, se ha fundamentado en la diferente valoración legal que dicha figura merece en la esfera administrativa de la que puede merecer en la penal, ya que distinta y divergente es la naturaleza jurídica con que se regulan en uno y otro de tales ordenamientos esa responsabilidad hasta el punto que cambia en lo esencial la nota característica de la citada manifestación intencionada o maliciosa como elemento básico de la misma. Finalmente, la posición intermedia, que plantea la exigibilidad en las infracciones administrativas pero no en los mismos términos que en el Derecho Penal, debido a las diferencias página original (tal como se publicó) [Página 7] istentes entre ambos regímenes punitivos, plantean las guientes ideas: el Derecho Penal es el repertorio de ilícitos lo eficientemente breve como para ser conocido por todos los udadanos y, además, coincide a grandes rasgos con la ciencia popular. De tal manera que es infrecuente cometer delito sin conciencia de ello. el Derecho AdministrativoSancionador, en cambio, la tuación es muy diferente. Aquí los repertorios de ilícitos son abarcables y el Estado no puede exigir a nadie que los nozca. El conocimiento real es sustituido por la ficción legal que se conoce. Por tanto, si la culpabilidad se concibe como ciencia y voluntad de alcanzar un resultado ilícito y se nora -de hecho- que es ilícito, el sistema cae por su propio eso. En consecuencia, si nos tenemos a la culpabilidad en el ntido penal, el Derecho Administrativo Sancionador se suelve y queda sustituido por un juego de ficciones y esunciones. ciudadano no puede ciertamente conocer los ilícitos que da día van creando las normas; pero tampoco puede fugiarse en su ignorancia, que sería además de una excusa masiado sencilla un desprecio para el Estado y para los cereses públicos protegidospor el ilícito. De aquí la ligación genérica no ya de conocer todo el repertorio de itos sino de procurar conocerlo. Y, en consecuencia, su sponsabilidad le será exigida no ya por sus conocimientos ales sino por los conocimientos exigibles a la diligencia bida. Diligencia que es variable en atención a las constancias personales de cada uno: grado de cultura, edio en que vive, grado de proximidad del ilícito a sus tividades habituales y, sobre todo, profesión. r tanto, tomando en consideración que la aseguradora debía ner exacto conocimiento de las obligaciones derivadas de su tividad y en consecuencia de la norma que exige el mplimiento de sus obligaciones, se considera que en su uación estuvo presente el elemento culpabilidad, en los minos definidos anteriormente. efecto, como se indicó anteriormente, C.A. de Seguros la, tiene el conocimiento que las normas contenidas en la de Empresas de Seguros y Reaseguros, (hoy derogada) 1 de obligatorio cumplimiento, en consecuencia, esta perintendencia de la Actividad Aseguradora estima que la ncionada aseguradora incurrió en responsabilidad ninistrativa al no haber dado cumplimiento con su igación de indemnizar o rechazar dentro del plazo almente previsto el siniestro presentado por el ciudadano tor José López Pérez, sin contar con causa justificada para )e o que de los hechos antes expuestos quedó comprobada la acción por parte de la aseguradora al contenido del artículo de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, aumento jurídico aplicablepara la fecha en que se citaron los hechos, es por lo que esta Superintendencia de Actividad Aseguradora sanciona a la empresa C.A. de juros Ávila, con multa por la cantidad de CUARENTA Y MIL TRESCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 41.300,00), la que corresponde a la media de la sanción prevista en el culo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, no haber dado cumplimiento con su obligación de mnizar o rechazar dentro del plazo legalmente previsto el stro presentado por el ciudadano Víctor José López Pérez, contar con causa justificada para ello. La referida sanción se impone tomando como base de cálculo el valor de la Unidad Tributaria vigente para el momento en que se cometió la infracción (2009), de Cincuenta y Cinco Bolívares (Bs. 55.00), de conformidad con el artículo 1 de la Ley que establece el Factor de Cálculo de Contribuciones, Garantías, Sanciones, Beneficios Procesales o de otra naturaleza, en Leyes vigentes, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.362 del 26 de diciembre de 1997. Finalmente,este Organismo considera pertinente la publicación del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Publicaciones Oficiales, el cual dispone que:"En la GACETA OFICIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DEVENEZUELA, se publicarán además los Decretos, Resoluciones y otros actos del Poder Ejecutivo que por mandato legal o a juicio de aquel requieran publicidad; sin perjuicio de que dichos actos tengan la debida autenticidad y vigor sin el requisito de la publicación.". (Énfasis nuestro). Vistas las consideraciones anteriores, quien suscribe, José Luis Pérez, Superintendente de la Actividad Aseguradora, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 12 ejusdem. DECIDE Primero: Sancionar a la empresa C.A. de Seguros Ávila, con multa por la cantidad de CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 41.300,00), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros del 08 de marzo de 1995, al no haber dado cumplimiento con su obligación de indemnizar en el plazo legalmente establecido, el reclamo presentado por la ciudadana Víctor José López Pérez. Segundo: Ordénese la publicación del presente acto administrativo, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Publicaciones Oficiales. Tercero: Se ordena notificar a las partes involucradas, de conformidad con el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo. Contra la presente decisión podrá la empresa C.A. de Seguros Ávila, intentar el Recurso de Reconsideración, por ante el Superintendente de la Actividad Aseguradora, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de esta Providencia, conforme a lo establecido en el artículo 94 de la citada Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Notifíquese y Publíquese. LUIS/PRA ebrero de 20fdn Actwvi de fech Resolución No página original (tal como se publicó) [Página 8] REPÚBLICA BOLIVAREAMIA DE VENIEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Caracas,2 6 JUL 2 PROVIDENCIA N° FSAA -2-5 0 0 2 2 03 202° Y 1530 Visto qUe la CIUdadana MARIA LUISA MORENA RUSSO venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad número 5.163.984, actuando en su condición de representante de la Sociedad Mercantil, INVERSORA CATATUMBO C.A., inscrita en el Registro de Comercio de la Secretaría del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 03 de julio de 1970, con el N° 18, Libro II, TomoVII; páginas 98-113, Reformada totalmente su acta constitutiva y Estatutos en Asamblea General de Accionistas, de fecha 14 de marzo 1983, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunsoripción Judicial del Estado Zulia, el 13 de abril de 1984, con el N° 77, Tomo 21-A, solicitó la autorización para operar como empresa Financiadora de Primas de Seguros, bajo la denominación INVERSORA CATATUMBO FINANCIADORA DE PRIMAS, COMPAÑÍA ANÓNIMA (INCAFICA). Visto que del análisis efectuado a los documentos presentados por la INVERSORA CATATUMBO C.A. se verificó que éstos cumplen con los requerimientos técnicos y legales establecidos en el artículo 143 de la Ley de la Actividad Aseguradora, exigidos para otorgar la autorización solicitada. Vista las atribuciones conferidas al Superintendente de la Actividad Aseguradora en los artículos 7 numeral 13 y 141 de la Ley de la Actividad Aseguradora, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.990 Extraordinario del 29 de julio de 2010, reimpresa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.481 de fecha 05 de Agosto de 2010; corresponde a este organismo ejercer la regulación, control, supervisión y fiscalización de la actividad de financiamiento de primas de seguros. En virtud de las consideraciones que anteceden, quien suscribe, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley de la Actividad Aseguradora, DECIDE: PRIMERO: Autorizar a Ia empresa INVERSORA CATATUMBO PRIMAS, COMPAÑÍA ANÓNIMA FINANCIADORADE (INCAFICA), para el ejercicio de la adilvidad de Financiamiento de Primas de Seguros e inscribir la bajo el N° 06 en el Registro de Empresas Financiadoras de Primas que para el efecto se lleva en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. SEGunDo: Se deja sin efecto el Registro de Inscripción como Empresa Financiadora de Primas N° 15, otorgada por esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora, a la sociedad mercantil INVERSORA CATATUMBO C.A., en fecha 30 de JULIO de 1999. TERcERo: Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Comuníquese y Publíquese. (ABALUIS PERZ) Superintendent de la Actijvid Resolución N°/2 G.O.R.B.V N°39.3605 de febrero de 2010 PÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 16 JUL 2012 Caracas, Providencia N° PSAA- 002142 202° Y 153° Visto que mediante Providencia N° FSS-2-001888 de fecha 20 de julio de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.474 del 27 de julio de 2010, la Superintendencia de Seguros, hoy Superintendencia de la Actividad Aseguradora decidió intervenir, sin cese de operaciones, de conformidad con el artículo 125 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, vigente para el momento, a la empresa SEGUROS CARABOBO, C.A., sociedad mercantil inscrita en el Registro mercantil que llevaba originalmente el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Crcunscripción Judicial del Estado Carabobo, de fecha 25 de febrero de 1955, bajo el N° 100, e inscrita por ante esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 38, mediante Resolución N° 4451 de fecha 29 de septiembre de de 1955, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 24.861 de la misma fecha. Por cuanto se ordenó sustituir en el ejercicio de sus funciones a los administradores, a la Junta Directiva y a la Asamblea de Accionistas de la empresa SEGURoS CARABOBO, C.A., por una Junta Interventora integrada por los ciudadanos: RAMÓN RAFAEL LIMPIO REYES, titular de la cédula de Identidad N° V.-2.742.618, NECOLO CATALANO CAMPISI, titular de la Cédula de Identidad N° V.-6.153.318 y RODRIGO JOSÉ DELGADO HERNÁNDEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V.-6.107.863. Quien suscribe, JOSÉ LUIS PÉREZ, Superintendente de la Actividad Aseguradora, designado mediante Resolución No 2593 de fecha 03 de febrero de 2010, emanada del Ministerio página original (tal como se publicó) [Página 9] el Poder Popular de Planificación y Finanzas, publicada en la aceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 9.360, de igual fecha, de conformidad con las facultades que e otorga el artículo 99 de la Ley de la Actividad Aseguradora. DECIDE: RIMERo: Sustituir en la Junta Interventora de la empresa SEGUROS CARABOBO, C.A. al CiUdadanO NICOLO CATALANO CAMPISI, titular de la Cédula de Identidad N° .-6.153.318, pOr la CiUdadana YADIRA LISBHET RIVAS ABALA, titular de la Cédula de Identidad N° V.-6.347.090, al CiUdadanO RODRIGO JOSÉ DELGADO HERNÁNDEZ, itular de la Cédula de Identidad N° V.-6.107.863 por la iudadana ISABEL GAZAUI NUITER, titular de la Cédula de dentidad N° V.-6.269.862. EGUNDO: Se ratifica al Ciudadano RAMÓN RAFAEL IMPIO REYES, titular de la cédula de Identidad N° V.- .742.618. a presente Providencia entrará en vigencia a partir de su ublicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de enezuela. Comuníquese y publíquese. JOS PE.) Resolución No.-2.59s de fecha 3 de febrero de 2010 G.O.R.B.V. No. 39:360 de fecha àß de febrero de 2010 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA rovidencia N° FSAA-002 1 43 Caracas, :16 JUL 202 202° Y 153° isto que mediante Providencia N° FSS-2-002438 de fecha 01 e septiembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la epública Bolivariana de Venezuela N° 39.511 del 16 de ptiembre de 2010, esta Superintendencia de la Actividad aseguradora decidió intervenir, de conformidad con lo previsto a los artículos 1, 2 y 7, numeral 39 de la Ley de la Actividad aseguradora, a la sociedad mercantil INVERSORA INSECAR, A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Ircunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, 9 de abril de 1996, bajo el N° 50, tomo 158-A-Sgdo., cuya tima modificación fue inscrita en esa misma Oficina en fecha de julio de 1997, bajo el Nº 46, tomo 344-A-Sgdo. or cuanto se ordenó sustituir en el ejercicio de sus funciones los administradores, a la Junta Directiva y a la Asamblea de cionistas de la empresa INVERSORA INSECAR, S.A., por sa Junta Interventora integrada por los ciudadanos: RAMóN AFAEL LIMPIO REYES, titular de la cédula de Identidad N° -2.742.618, NICOLO CATALANO CAMPISI, titular de la dula de Identidad N° V.-6.153.318 y RODRIGO J0SÉ ELGADO HERNÁNDEZ, titular de la Cédula de Identidad N° -6.107.863. uien suscribe, JOSÉ LUIS PÉREZ Superintendente de la tividad Aseguradora, designado mediante Resolución N° 2593 de fecha 03 de febrero de 2010, emanada del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.360, de igual fecha, de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 1, 2, y 7 numeral 39 de la Ley de la Actividad Aseguradora. DECIDE: PRIMERO: Sustituir en la Junta Interventora de la empresa INVERSORA INSECAR, S.A. al CiUdadanO NICOLO CATALANO CAMPISI, titular de la Cédula de Identidad N° V.-6.153.318, por la ciUdadana YADIRA LISBHET RIVAS ZABALA, titular de la Cédula de Identidad N° V.-6.347.090, y al CiUdadanO RODRIGO JOSÉ DELGADO HERNÁNDEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V.-6.107.863 por la ciudadana ISABEL GAZAUI NUITER, titular de la Cédula de Identidad N° V.-6.269.862. SEGUNDO: Se ratifica al CiUdadano RAMÓN RAFAEL LIMPIO REYES, titular de la cédula de Identidad N° V.- 2.742.618 La presente Providencia entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese. JOLUIS PEKE de febrero de 2010. Resolución No. 2.5$3 de e G.O.R.B.V. No.39.360 de fecha p3 de febrero de 2019 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENÉZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS BOLSA PÚBLICA DE VALORES BICENTENARIA RESOLUCIÓN DP/ N° 11-2012 Caracas, 28 de JUNIO de 2012 202° y 153° El Directorio de la Bolsa Pública de Valores Bicenteneria, en sesión celebrada en fecha 21 de junio de 2012, considerando que en la Resolución DP/ N° 07-2012 del 22 de Marzo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.941 de fecha 11 de junio de 2012, contentiva del Reglamento Interno de la Unidad de Auditoria Interna de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, se incurrió en los siguientes errores materiales: En el encabezado. 2001° Debe decir. 201°. En el artículo 4: Donde dice: las República. Debe decir. la República. En el Artículo 8 Donde dice: Artículo 8: La Unidad de Auditoría Interna estará adecrita a la mábáima autoridad jerárquica de la Boisa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), sin embergo su personal, funciones y actividades estarán desvinculadas de las operaciones sujetas a su control, a fin de garantizar la independencia de crilorio en sus actuaciones, así como su objetividad e imparcialidad. página original (tal como se publicó) [Página 10] Debe decir: Articulo 8: Las actuaciones realizadas por la Unidad de Auditoría Interna coadyuvarán en el mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto en el logro de las metas de las dependencias que conforman la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria. En consecuencia, de conformidad con ei artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 5 de la Ley de Publicaciones Oficiales, proceda reimprimir la mencionada Resolución, incluyendo las respectivas correcciones y manteniéndose el número, fecha y firmas. Publíquese: Félix Antonio Franco Baptista Edgar Martinez. r Suárez rector Director REPUBLICA BOLIVARIÁNA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS BOLSA PÚBLICA DE VALORES BICENTENARIA RESOLUCIÓN DP/ N° 07-2012 Caracas, 22 de marzo de 2012 201° y 153° El Directorio de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, en su sesión N° 23/2012, celebrada en fecha 22 de marzo de 2012, resuelve impartir su aprobación al Reglamento Interno de la Unidad de Auditoria Interna de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, elaborado por la referida unidad, con base en el Modelo Genérico de Reglamento Interno de Unidades de Auditoria Interna dictado por la Contraloría General de la República, cuyo tenor es el siguiente: REGLAMENTO INTERNO UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA BOLSA PÚBLICA DE VALORES BICENTENARIA CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Articulo 1: El presente reglamento tiene por objeto establecer la estructura organizativa de la Unidad de Auditoría Interna de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), como Órgano de Control Fiscal Intero, así como las funciones y competencias de las Coordinaciones que la integran y las atribuciones genéricas y específicas que ejercerán sus responsables. Artículo 2: La Unidad de Auditoría Intemna es el órgano especializado y profesional de control fiscal interno de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB). Su titular y demás personal actuará de manera objetiva e imparcial en el desempeño de sus funciones y darán cumplimiento a las disposiciones constitucionales, legales y sublegales que la regulan y especialmente, a los lineamientos y políticas que dicte la Contraloría General de la República como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal. Artículo 3: La Unidad de Auditoría Interna, realizará el examen posterior, objetivo, sistemático y profesional de las actividades operativas, administrativas y financieras de Ia Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), con el fin de evaluarlas, verificarlas y elaborar el respectivo informe con las observaciones, hallazgos, conclusiones y recomendaciones correspondientes. Artículo 4: Para el ejercicio de sus funciones la Unidad de Auditoría Intema se regirá por lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Controt Fiscal y su Reglamento; Ley Orgánica de la Administración Financiera del Secior Público; Reglamento sobre la Organización de Control Interno de la Administración Pública Nacional y demás normativas dictadas por la Superintendencia Nacional de Auditoría Intema (SUNAl): las Normas Generales de Control Interno, el Modelo Genérico de Reglamento Interno de Unidades de Auditoría Interna y demás normativas dictadas por la Contraloría General de la República, así como, los instrumentos legales y sublegales que resulten aplicables. Artículo 5: La Unidad de Auditoria Intemna ejercerá sus funciones de Control Posterior sólo en las dependencias de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria las cuales deberá realizarse las auditorías. En el ejercicio de sus funciones la Unidad de Auditoría Interna podrá realizar actuaciones de control dirigidas a evaluar operaciones realizadas por las personas operaciones con la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) o que hayan recibido aportes, subsidios, otras transferencias o incentivos fiscales, o que en cualquier forma intervengan en la administración, manejo o custodia de recursos de la misma, a objeto de verificar que tales recursos hayan sido invertidos en las finalidades para las cuales fueron otorgados. Igualmente, deberá ejercer sobre los responsables, las potestades investigativas, sancionatorias y resarcitorias, a que hubiere lugar, cuando corresponda. Articulo 6: La Unidad de Auditoría Intema tendrá acceso a los registros, necesarios para la ejecución de sus funciones; y podrá apoyarse en los informes, dictámenes y estudios técnicos emitidos por auditores, consultores, profesionales independientes o firma de auditores, registrados y calificados ante la Contraloría General de la República. Artículo 7: Los servidores públicos y los particulares están obligados a proporcionar a la Unidad de Auditoría Interna, las informaciones escritas o verbales, los libros, registros y demás documentos que le sean requeridos en el ejercicio de sus competencias, así como atender oportunamente las citaciones o convocatorias que le sean formuladas. Artículo 8: Las actuaciones realizadas por la Unidad de Auditoría Interna coadyuvarán en el mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto en el logro de las metas de las dependencias que conforman la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria. Artículo 9: La máxima autoridad jerárquica de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), deberá dotar a la Unidad de Auditoría Interna, de razonables recursos presupuestarios, humanos, administrativos y materiales, incluyendo un adecuado espacio físico, que le permitan ejercer eficazmente sus funciones. Artículo 10: Para el óptimo ejercicio de las funciones de la Unidad de Auditoría Intema, incluyendo sus dependencias, todas las autoridades y demás funcionarios y funcionarias de la Boisa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), sujeto a control, así como, los particulares que guarden relación con los recursos de estos, deberán prestar la debida colaboración. Artículo 11: La Unidad de Auditoría Inter a mantendrá un programa de capacitación técnica dirigido a sus auditores y personal de apoyo con el fin de lograr su adecuado desarrollo profesional en el área de su competencia y en disciplinas complementarias para el cumplimiento de sus funciones. Artículo 12: La Unidad de Auditoría Intema estará adscrita a la máxima autoridad jerárquica de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), sin embargo su personal, funciones y actividades estarán desvinculadas de las operaciones sujetas a su control, a fin de garantizar la independencia de criterio en sus actuaciones, así como su objetividad e imparcialidad. página original (tal como se publicó) [Página 11] Articulo 13: La máxima autoridad jerárquica de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), dotará a la Unidad de Auditoria Interna del personal profesional idóneo y necesario para el cumplimiento de sus funciones, seleccionado por su capacidad técnica, profesional y elevados valores éticos. Su nombramiento o designación debe realizarse con la previa opinión favorable del Auditor Interno. Para la remoción, destitución o traslado del personal de la Unidad de Auditoría Interma, se requerirá la opinión previa del Auditor Interno. Artículo 14: La remuneración y los beneficios socioeconómicos a percibir por el personal adscrito a la Unidad de Auditoría Interna, incluyendo el Auditor Intemo, así como el régimen jurídico aplicable a éstos será el contenido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, en los Decretos Presidenciales que se dicten para tales efecios, así como, aquellos beneficios que acuerde la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB). Artículo 15: La Unidad de Auditoría Inter a, comunicará los resultados, Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) a la máxima autoridad jerárquica de la Institución, al responsable de la dependencia donde se ejecutó la actividad objeto de evaluación, así como a las demás autoridades a quienes legalmente este atribuida la posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias. CAPÍTULO II DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA . Artículo 16: Para el cumplimiento de su misión, funciones y objetivos, así como el logro de sus metas, la Unidad de Auditoría Intema tendrá la estructura organizativa básica siguiente: 1. Despacho del Auditor Interno 2. Coordinación de Control Posterior y . 3. Coordinación de Determinación de Responsabilidades. Articulo 17: La Unidad de Auditoría Intema, actuará bajo la dirección y responsabilidad del Auditor Interno, quien será designado por la máxima autoridad jerárquica de la Boisa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), de acuerdo con los Contraloría General de la República, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. El Auditor Interno así designado, durará cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones, podrá ser reelegido mediante concurso público por una sola vez, de República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y no podrá ser removido o destituido del cargo sin la previa autorización del Contralor o Contralora General de la República. Articulo 18: Las faltas temporales del Auditor Interno, serán suplidas por el Unidad de Auditoría Intema, el cual será designado por la máxima autoridad arárquica de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB). Artículo 19: Cuando se produzca la falta absoluta del Auditor Interno, la máxima autoridad jerárquica de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB). inmediatamente inferior dentro de la Unidad de Auditoría Interna y convocará el ecal, de conformidad con lo previsto en la normativa dictada al efecto por el Contralor o Contralora General de la República. Artículo 20: Los responsables de las Coordinaciones de Control Posterior y determinación de Responsabilidades, tendrán el mismo nivel o rango jerárquico del Auditor Interno. CAPÍTULO IIII DE LAS FUNCIONES Artículo 21: Son funciones de la Unidad de Auditoría Interna de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), las siguientes: 1. Elaborar el Plan Operativo Anual tomando en consideración las solicitudes y los lineamientos que le formule la Contraloría General de la República, la Superintendencia Nacional de Auditoría Intemna, o cualquier órgano o ente legalmente competente para ello, según el caso, las denuncias recibidas, las áreas estratégicas, los resultados de gestión anterior de inspección y fiscalización, así como la situación administrativa, importancia, dimensión y áreas críticas de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB). 2. Elaborar su proyecto de presupuesto anual, con base a criterios de calidad, economía y eficiencia, a fin de que la máxima autoridad jerárquica, lo incorpore a la planificación y presupuesto de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB). 3. Elaborar y ejecutar un Programa Anual de Evaluación y Control, cuya finalidad es comprobar el nivel de cumplimiento de las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo; así como de los planes, programas y controles intemos adoptados por el Sujeto Obligado para prevenir, controlar y detectar operaciones que se presuman relacionadas con la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. 4. Evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial de las distintas dependencias de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), así como el examen de los registros y estados financieros para determinar su pertinencia y confiabilidad y la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía en el marco de las operaciones realizadas. 5. Realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cuaiquier naturaleza en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones, así como para evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de su gestión. 6. Efectuar estudios organizativos, estadísticos, económicos y financieros, análisis e investigaciones de cualquier naturaleza, para determinar el costo de los servicios que opera la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB). 7. Vigilar que los aportes, subsidios y otras transferencias hechas por la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) a otras entidades públicas o privadas sean invertidos en las finalidades para las cuales fueron efectuados. A tal efecto, podrá practicar inspecciones y establecer los sistemas de control que estimen convenientes. 8. Realizar el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación y declaratoria de fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes públicos de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), en los términos y condiciones establecidos por la Contraloría General de la República en la Resolución dictada al efecto. 9. Promover el uso y actualización de Manuales de Normas y Procedimientos que garanticen la realización de procesos eficientes así como el cumplimiento de los aspectos legales, técnicos y administrativos de los procesos y procedimientos de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB). página original (tal como se publicó) [Página 12] 10. Estabiecer sistemas que faciliten el control y seguimiento de las actividades realizadas en la Unidad de Auditoría Intemna, incluyendo la medición de desempeño, mediante indicadores de gestión. 11. Realizar seguimiento al plan de acciones correctivas implementado por la unidad auditada de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) y sus dependencias, con la finalidad de que se cumplan las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría o de cualquier actividad de control, orientadas a corregir de manera inmediata, las deficiencias detectadas. 12. Mantener un archivo permanente que debe actualizarse regularmente, con la información que se considere de interés y utilidad para el desempeño de las actividades propias de la Unidad. 13. Fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión pública de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), sin menoscabo de las funciones que le corresponde ejercer a la Oficina de Atención Ciudadana. 14. Recibir y verificar las cauciones presentadas por los funcionarios encargados de la administración y liquidación de ingresos o de la recepción, custodia y manejo de fondos o bienes públicos de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), antes de la toma de posesión del cargo. 15. Verificar la sinceridad, exactitud y observaciones que se formulen a las actas de entrega presentadas por las máximas autoridades jerárquicas y demás gerentes, jefes o autoridades administrativas de cada departamento, sección o cuadro organizativo de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), en ocasión del cese de funciones de los funcionarios que administren, manejen o custodien bienes públicos. 16. Recibir y tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que formule cualquier órgano, ente o servidores públicos, vinculadas con la comisión de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, relacionados con la administración, manejo y custodia de fondos o bienes públicos de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB). 17. Ejercer la potestad investigativa, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento. General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades, a objeto de formular reparos, declarar la responsabilidad administrativa o imponer multas, cuando corresponda. 19. Presentar el informe de gestión anual de las actividades, ante el Directorio de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB). 20. Participar, cuando se estime pertinente, con carácter de observador sin derecho a voto, en los procedimientos de contrataciones públicas promovidos por la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB). 21. Informar al Servicio Nacional de Contrataciones Públicas sobre presuntas irregularidades detectadas en los procesos de contrataciones analizados con motivo de las actividades de control efectuadas, a fin de que dicho Servicio adopte las medidas pertinentes. 22. Remitir a la Contraloría General de la República los expedientes en los que se encuentren involucrados funcionarios de alto nivel en el ejercicio de sus cargos, responsabilidad. 23. Las demás funciones que establezca la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás intemo, así como las asignadas por la máxima autoridad jerárquica de la Bolsà Pública de Vaiores Bicentenaria (BPVB), en el marco de las competencias que les corresponde ejercer a los órganos de control fiscal intemo. Artículo 22: La Coordinación de Control Posterior, tendrá las funciones siguientes: 1. Evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial de las distintas dependencias de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), así el marco de las operaciones realizadas. 2. Realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en nombre de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de las operaciones, así como evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de su gestión. 3. Recibir y tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que formule cualquier órgano o ente o servidores públicos, vinculadas con la comisión de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición. legal o sublegal relacionados con la administración, manejo y custodia de fondos o bienes públicos de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB). 4. Realizar el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación y declaratoria de fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes públicos de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), en los términos y condiciones establecidos por la Contraloría General de la República en la Resolución dictada al efecto. 5. Realizar seguimiento al plan de acciones correctivas implementado por la unidad auditada de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) y sus dependencias, con la finalidad de que se cumplan las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría o de cualquier actividad de control, orientadas a corregir de manera inmediata, las deficiencias detectadas. 6. Efectuar estudios organizativos, estadísticos, económicos y financieros, análisis e investigaciones de cualquier naturaleza para determinar el costo de los servicios públicos, los resultados de la acción administrativa y en general, la eficacia con la que opera la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB). 7. Recibir y verificar las cauciones presentadas por los funcionarios encargados de la administración y liquidación de ingresos o de la recepción, custodia y manejo de fondos o bienes públicos de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB). antes de la toma de posesión del cargo. 8. Verificar la sinceridad, exactitud y observaciones que se formulen a las actas de entrega presentadas por las mápámas autoridades jerárquicas y demás gerentes, jefes o autoridades administrativas de cada departamento, sección o cuadro organizativo de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), en ocasión del bienes públicos. 9. Vigilar que los aportes, subsidios y otras transferencias hechas por la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) a otras entidades públicas o privadas sean invertidos en las finalidades para las cuales fueron efectuados. A tal efecto, podrá practicar inspecciones y establecer los sistemas de controi que estimen convenientes. 10. Fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión pública de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), sin menoscabo de las funciones que le corresponde ejercer a la Oficina de Atención Ciudadana. página original (tal como se publicó) [Página 13] 11.Suscribir la valoración jurídica o preliminar de las actuaciones en la Potestad . Investigativa. 12. Ejercer actividades Inherentes a la Potestad Investigativa: a) Realizar las actuaciones que sean necesarias, a fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, determinar el monto de los daños causados al patrimonio público, si fuere el caso, así como la procedencia de acciones fiscales. b) Formar y sustanciar el expediente de la potestad de investigación. c) Notificar de manera específica y clara a los interesados legítimos vinculados con actos, hechos u omisiones objeto de investigación. d) Ordenar mediante oficio de citación la comparecencia de cualquier persona a los fines de rendir y tomarle la declaración correspondiente. e) Dictar, previa aprobación del Auditor Interno el auto de proceder de la Potestad Investigativa. f) Elaborar el informe dejando constancia de los resultados de las actuaciones realizadas con ocasión del ejercicio de la potestad investigativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo 77 de su Reglamento. g) Elaborar la comunicación a fin de que el Auditor Interno remita a la Contraloría control, cuando existan elementos de convicción o pruebas que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas a funcionarios de alto nivel de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), a que se refiere el rticulo 65 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. h) Remitir a la Coordinación de Determinación de Responsabilidades, el expediente de la potestad investigativa que contenga el informe de resultados, a los fines de que ésta proceda, según corresponda, al archivo de las actuaciones realizadas o al inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades. 13. Las demás funciones que le señale la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno, así como las asignadas por el Auditor Interno. Artículo 23: La Coordinación de Determinación de Responsabilidades, tendrá las funciones siguientes: 1º 1. Valorar el informe de resultados de la potestad investigativa a que se refiere el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, a fin de ordenar, mediante auto motivado, el archivo de las actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, para la formulación de reparos, la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas, según corresponda. 2. Iniciar, sustanciar y decidir previa delegación del Auditor Interno los conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento. 3. Notificar a los interesados, según lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, de la apertura del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades. electrónicos, de particulares o solicitudes que formule cualquier órgano, ente o empleado público, siempre que a la misma se acompañen elementos suficientes de personas determinadas que presuntamente se encuentren vinculadas con la sublegal, relacionados con la administración, manejo y custodia de fondos o bienes públicos de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB). 5. Remitir a la Contraloría General de la República aquellos expedientes que le sean requeridos por ese órgano para realizar directamente las investigaciones o continuar las iniciadas por la Unidad de Auditoría Intema. 6. Recibir y evacuar las pruebas indicadas y/o promovidas por los sujetos presuntamente responsables de los actos, hechos u omisiones o por sus. representantes legales. 7. Asesorar y asistir al Auditor Interno en todo el procedimiento relacionado con el acto oral y público previsto en el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 8. Preparar el auto expreso para la realización de la audiencia oral y pública prevista en el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 9. Elaborar la decisión del procedimiento administrativo que declare la formulación de reparos, responsabilidad administrativa e imposición de multas, sobreseimiento o absolución de dichas responsabilidades por los funcionarios, funcionarias o particulares que tengan relación con la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB). 10. Elaborar la comunicación a fin de que el auditor intero remita al Contralor o Contralora General de la República copia certificada de la decisión que declare la responsabilidad administrativa, así como del auto que declare la firmeza de la decisión o de la resolución que resuelva el recurso de reconsideración, a fin de que éste aplique las acciones accesorias a la declaratoria de dicha General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal tales como: la veinticuatro (24) meses, la destitución o la imposición de la inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años del declarado responsable, por haber incurrido en alguno de los supuestos generadores de responsabilidad administrativa, contemplados en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 11. Analizar y determinar la existencia de indicios de responsabilidades civil o penal y elaborar, para la firma del Auditor Intemo, el oficio de remisión acompañado de la copia certificada del expediente respectivo al Ministerio Público, así como de los elementos probatorios que evidencien la existencia de indicios dè responsabilidad civil o penal y daños patrimoniales a la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria. 12. Elaborar la comunicación a fin de que el Auditor Interno remita a la Contraloría General de la República el expediente de la investigación o de la actuación de control, cuando existan elementos de convicción o pruebas que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas a funcionarios de alto nivel de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) a que se refiere el artículo 65 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, que se encuentren en ejercicio de sus cargos. página original (tal como se publicó) [Página 14] decisiones que determinen la responsabilidad administrativa. 14. Dictar los autos para mejor proveer a que hubiere lugar. 15. Llevar el registro de los procedimientos para la determinación de responsabilidades y de las decisiones generadas y velar por el estricto control de los expedientes instruidos y el archivo de los mismos. 16. Imponer, por delegación del titular de la Unidad de Auditoría interna, las multas Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y participar al órgano recaudador correspondiente. 17. Notificar al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, previa aprobación del Auditor Intemo, de las multas impuestas a los funcionarios, empleados, obreros, contratados y particulares a quienes se le haya declarado responsabilidad administrativa, a fin que le sea emitida la correspondiente planilla de liquidación. 18. Las demás funciones que le señale la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal intemo, así como las asignadas por el Auditor Interno. CAPÍTULO IV DE LAS ATRIBUCIONES Artículo 24: Son atribuciones del Auditor Interno, las siguientes: 1. Planificar, supervisar, coordinar, dirigir y controlar las actividades desarrolladas por las Coordinaciones que conforman la Unidad de Auditoría Interna de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB). 2. Elaborar y someter a la aprobación del Directorio de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), el Reglamento Intemo, la resolución organizativa, asi como, los manuales de organización, normas y procedimientos, con el fin de regular el funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna, según corresponda. 3. Aprobar el Plan Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna y coordinar la ejecución del mismo. 4. Coordinar con la Oficina de Recursos Humanos de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) para que el personal profesional y técnico de la Unidad de Auditoría Intema, participe en cursos de capacitación y adiestramientos tendentes a fortalecer las competencias del Órgano de Control Fiscal. 5. Asegurar el cumplimiento de las normas, sistemas y procedimientos de control interno, que dicte la Contraloría General de la República, la Superintendencia Nacional de Auditoría Intema, en el caso de los órganos del Poder Ejecutivo Nacional y sus entes descentralizados; y el Directorio de la Boisa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB). 6. Atender, tramitar y resolver los asuntos relacionados con el personal a su cargo, de acuerdo con lo previsto en la normativa legal aplicable a la Boisa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB). 7. Evaluar los procesos inherentes a la Unidad de Auditoría Intema y adoptar medidas tendentes a optimizarlos. 8. Recibir y absolver consultas sobre las materias de su competencia. 9. Coordinar la formulación del proyecto de presupuesto de la Unidad de Auditoría Intema. 10. Elaborar y presentar ante el Directorio de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, el informe de gestión anual de la Unidad de Auditoría Intemna. 11. Declarar la responsabilidad administrativa, formular reparos, imponer multas, absolver de dichas responsabilidades o pronunciar el sobreseimiento de la causa conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento. 12. Decidir los recursos de reconsideración y/o de revisión interpuestos contra las decisiones que determinen la responsabilidad administrativa, formulen reparos e impongan multas. 13. Suscribir informes de las actuaciones de control. 14. Solicitar al Directorio de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), la suspensión en el ejercicio del cargo de funcionarios sometidos a una investigación o a un procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades. 15. Comunicar mediante el informe de auditoría, los resultados, las conclusiones y recomendaciones de las actuaciones practicadas en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), a la máxima autoridad jerárquica de la Institución, al responsable de la dependencia evaluada, así como a las demás autoridades a quienes legalmente este atribuida la posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias. 16. Emitir la calificación y declaratoria del fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria. 17. Participar a la Contraloría General de la República el inicio de las investigaciones que se ordenen, así como los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades que inicie la Unidad de Auditoría Interna. 18. Participar a la Contraloría General de la República las decisiones de absolución o sobreseimiento que dicte. 19. Remitir al Contralor o Contralor General de la República copia certificada de la decisión que declare la responsabilidad administrativa, así como del auto que declare la firmeza de la decisión o de la resolución que resuelva el recurso de reconsideración, a fin de que éste aplique las acciones accesorias a la declaratoria de dicha responsabilidad, previstas en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal tales mayor de veinticuatro (24) meses, la destitución o la imposición de la inhabilitación años del declarado responsable, por haber incurrido en alguno de los supuestos generadores de responsabilidad administrativa, contemplados en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 20. Remitir a la Contraloria General de la República, los expedientes de la investigación o de la actuación de control, cuando existan elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas a funcionarios de alto nivel de los órganos y entes mencionados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, a que se refiere el articulo 65 de su Reglamento, què se encuentren en ejercicio de sus cargos. 21. Remitir al Ministerio Público la documentación contentiva de los indicios de responsabilidad penal y civil, cuando se detecte que se ha causado daño al patrimonio de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), pero no sea procedente la formulación'de reparo. 22. Certificar los documentos que reposen en los archivos de la Unidad de Auditoría Interna a petición de parte interesada y podrá delegar esta competencia en funcionarios del órgano de control fiscal interno. página original (tal como se publicó) [Página 15] 23. Certificar y remitir a la Contraloría General de la República copia de los documentos que reposen en la Unidad de Auditoría Interna, que ésta le solicite de conformidad con lo previsto en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, actuando en su carácter de órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal. 24. Remitir a la Contraloría General de la República o al órgano de control externo competente, según corresponda, el acta de entrega de la Unidad de Auditoría entrega de los órganos y entidades de la Administración Pública y de sus respectivas oficinas o dependencias. administración y liquidación de ingresos o de la recepción, custodia y manejo de fondos o bienes públicos. 26. Formular, discutir, efectuar seguimiento y evaluar los objetivos de desempeño individual (ODI) del personal que le reporta directamente. 27. Suscribir la correspondencia y demás documentos emanados de la Unidad de Auditoría Interna, sin perjuicio a las atribuciones similares asignadas a otros servidores públicos adscritos a la Unidad de Auditoría Interna. 8. Ordenar la publicación de la decisión de declaratoria de responsabilidad administrativa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela cuando haya quedado firme en sede admini: rativa. 29. Las demás funciones que señale la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos egales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal intemo, así como las asignadas por el Auditor Interno. Artículo 25: Los responsables de las Coordinaciones de Control Posterior y Determinación de Responsabilidades de la Unidad de Auditoría Interna de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria tendrán las atribuciones comunes siguientes: 1. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades inherentes que se deben cumplir en las cuales participen las Coordinaciones a su cargo. 2. Velar porque las Coordinaciones a su cargo cumplan con las funciones que le asigna el presente Reglamento. 3. Evaluar los procesos inherentes a la Unidad de Auditoría Interna, y adoptar todas las, medidas tendentes a optimizarios. 4. Decidir todos los asuntos que le competen a las Coordinaciones a su cargo, sin perjuicio de las atribuciones asignadas a los funcionarios adscritos a la misma. s. Presentar al Auditor Interno, informes periódicos y anuales acerca de las Ictividades desarrolladas en las Coordinaciones a su cargo. 3. Atender, tramitar y resolver los asuntos relacionados con el personal a su cargo, le acuerdo con las normas establecidas en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB). I. Participar en el diseño de políticas y en la definición de objetivos institucionales n n i e n luncionamiento de la Coordinación a su cargo. j. Absolver consultas sobre las materias de su competencia. ). Elevar a consideración del Auditor Intemo, el proyecto de solicitud de suspensión en ei ejercicio del cargo de servidores públicos sometidos a una nvestigación o a un procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades según corresponda. 10. Firmar la correspondencia y documentos emanados de la respectiva Coordinación de Control Posterior y Determinación de Responsabilidades, sin perjuicio de las atribuciones similares asignadas a funcionarios adscritos a ésta, cuando ello sea procedente. 11: Someter a la consideración del Auditor Intemo, el inicio de las potestades investigativas o la apertura del procedimiento administrativo para la. determinación de responsabilidades, según corresponda, e informar previo a la toma de decisiones, los resultados de las investigaciones realizadas o de los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades llevados a cabo. 12. Las demás atribuciones que le confiera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional, de Control Fiscal y su Reglamento, y demás intemo, así como las asignadas por el Auditor Intemo. Artículo 26: El Coordinador de Control Posterior de la Unidad de Auditoría Intema de la BPVB, tendrá las atribuciones específicas siguientes: 1. Dictar el auto de proceder de la Potestad Investigativa. 2. Someter a la consideración del Auditor Intemo la programación de las auditorías y demás actuaciones de control, antes de su ejecución. 3. Suscribir el informe de resultados de la Potestad Investigativa a que se refiere el Sistema Nacional de Control Fiscal y el artículo 77 de su Reglámento. 4. Suscribir los informes de las actuaciones de control practicadas y preparar comunicación para la firma del Auditor Interno a objeto de remitir oportunamente los resultados, conclusiones y recomendaciones a las dependencias evaluadas y a las demás autoridades a quienes legalmente esté atribuida la posibilidad de adoptar medidas correctivas necesarias. 5. Elaborar Programa Anual de Evaluación y Control para evaluar el cumplimiento de las Normas Reiativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y demás disposiciones legales que rigen la materia. 6. Realizar una evaluación para verificar el cumplimiento del Plan Operativo Anual Financiamiento al Terrorismo con el fín de comprobar ei el sujeto obligado previene, controla y detecta operaciones que se presuman relacionadas con ese delito; así como también, el cumplimiento de las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Teñrorismo, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y otras normas vigentes que rigen la materia. 7. Comunicar los resultados, conclusiones y recomendaciones de las actuaciones practicadas en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), a la máxima autoridad jerárquica de la Institución, al responsable de la dependencia evaluada, así como a las demás autoridades a quienes legalmente este atribuida la posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias. 8. Las demás atribuciones que le confiera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno, así como las asignadas por el Auditor Interno. Articulo 27: El Coordinador de Determinación de Responsabilidades, tendrá las atribuciones específicas siguientes: 1. Dictar el auto motivado a que se refiere el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscai y el página original (tal como se publicó) [Página 16] artículo 86 de su Reglamento, mediante el cual, una vez valorado el informe de resultados de la potestad investigativa, se ordena el archivo de las actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento administrativo para la determinación de sepeprqesuodse. 2. Dictar el auto motivado a que se refiere el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y el artículo 88 de su Reglamento y notificarlo a los presuntos responsables. 3. Recibir y evacuar las pruebas indicadas y/o promovidas por los sujetos presuntamente responsables de. los actos, hechos u omisiones o por sus representantes legales. 4. Fijar, por auto expreso, la realización de la audiencia oral y pública a que se refieren el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y los artículos 92 al 97 de su Reglamento. 5. Dictar, por delegación del Auditor Intemo, las decisiones a que se refiere el Sistema Nacional de Control Fiscal. 6. Imponer, por delegación del Auditor Interno, las multas previstas en los artículos Sistema Nacional de Control Fiscal, y participarias al órgano recaudador 7. Ordenar la acumulación de expedientes, de oficio o a solicitud de parte, cuando sea procedente de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, esto con el fin de evitar decisiones 8. Las demás atribuciones que le confiera la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, ta Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás interno, así como las asignadas por el Auditor Intemo. CAPÍTULO V RECEPCIÓN, MANEJO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS Artículo 28: El auditor mantendrá absoluta reserva respecto a los datos e información relacionados con la auditoría que realiza, aún después de haber cesado en sus funciones, y en ningún caso retendrá para sí, documentos que por su naturaleza deban permanecer en los archivos de la entidad u organismo. Artículo 29: La recepción, manejo y archivo de los papeles de trabajo resultantes del ejercicio de la potestad de investigación son de carácter reservado y confidencial, siempre y cuando de la misma se deriven actuaciones dirigidas a verificar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones, contrarios a una disposición legal o sublegal, determinación de un daño al Patrimonio Público, así como la carácter reservado, si durante el ejercicio de dicha potestad se imputare a alguna persona, actos, hechos u omisiones que comprometan su responsabilidad. Artículo 30: Los papeles de trabajo generados de las actuaciones realizadas son propiedad de la Unidad de Auditoría Intema y por tanto esta será responsable de su archivo, manejo y custodia. Artículo 31: Toda la documentación de la Unidad de Auditoria Interna, por su naturaleza es reservada para el servicio de la misma, y ta exhibición de su contenido, inspección, certificación o publicidad respecto a terceros sólo podrá realizarse de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de ta República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Artículo 32: La correspondencia recibida y despachada, así como los expedientes demás documentación relacionada con la Unidad de Auditoría Interna, deberá respectiva. Artículo 33: El archivo de la Unidad de Auditoría Interna se encuentra bajo la dirección y custodia del Auditor Interno y sólo tendrán acceso a los archivos los servidores públicos adscritos a la Unidad de Auditoría Interna. El acceso por parte de otros funcionarios o empieados públicos o particulares debe ser autorizado por el Auditor Interno an quien delegue tal función. Artículo 3t: El Audior Interno certificará los documentos que reposen en los archivos de la Unidad de Auditoría Interna, y podrá delegar dicha competencia a certificaciones sobre datos de carácter estadísticos, no reservados, que consten en los expedientes o registros a su cargo y para los cuales no exista prohibición uggenng ep eseuce A Artículo 35: Los documentos archivados producto de las funciones relacionadas con la Unidad de Auditoría Interna, podrán ser desincorporados previa autorización del Audilor Interno, una vez transcurridos Diez (10) años a partir de su incorporación, savo que en los mismos no consten acciones a favor de las n e nn n e mn een quedado desprovisios de efectos jurídicos. Artículo 3i: El Asdilor Intero calificará, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y demás normativa legal y sublegal que regula fa materia, la confidencialidad y reserva de los documentos que están bejo su carol y custodia. DISPOSICIONES FINALES Artículo 37: Todo lo no previsto en este Reglamento Intero, se regirá por las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de la Condialoría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y s Reglamento, y demás instrumentos normativos legales y sublegales que reaulien aplicables. Artículo 3e: El presenie Reglamento, podrá ser modificado oída la opinión del titular de la Unidad de Auditoría Intemna de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, y de saren caso a solicitud de la Contraloria General de la República, asegurando siempre el mayor grado de independencia dentro de la organización. Artículo 38: El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaosta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Publiquese Félix Antonio Franco Baptista Presidente Edgiar Martinez ytrez Director página original (tal como se publicó) [Página 17] REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÔN Y FINANZAS JUNTA ADMINISTRADORA DE LA EMPRESA DEL ESTADO, BOLIVARIANA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Providencia Administrativa N°: 003 Caracas, 18 de junio de 2012 202° y 153 El ciudadano TOMÁS EDUARDO SÁNCHEZ RONDÓN, Sular de la cédula de Identidad N° V-1.714.045, en su carácter de Presidente de la empresa del Estado, Bolivariana de Seguros y Reaseguros S.A., designado mediante Decreto Presidencial N° 7.322 de fecha 22 de marzo de 2010, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezueia N° 39.392 de fecha 23 de marzo de 2010, y de conformidad con lo previsto en el- Capítulo VI, Cláusula Vigésima Quinta del Documento Constitutivo de la empresa, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.322, de fecha 07 de diciembre de 2.009. Dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA de identidad N°V-11.166.830, Auditor Interno (E) de la empresa del Estado, Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A., según Punto de Cuenta N°. BSR-RRHH-06-071 de fecha 18 de junio del presente año. Comuniquese y publíquese, S EDUARDO SANCHEZ RONDÓN dFBolivartana de Seguros y Reaseguros, S.A. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS FECHA: 11 DE JULIO DE 2012 202°Y 153° PROVIDENCIA N° 148 De conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 106; numerales 1 y 18 del artículo 113; así como el artículo 264 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, CONSIDERANDO Que mediante Providencia N° 085 de fecha 26 de julio de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.742 de fecha 24 de agosto de 2011, este Instituto expendio hasta el 31 de agosto de 2011, el lapso a los depositantes, ahorristas y acreedores de las instituciones bancarias: Banco Provivienda, C.A. Banco Universal (BAnPRO); Banco Canarias de Venezuela, Banco Universal, C.A.; Baninvest, Banco de Inversión, C.A.; Inverunión, Banco Comercial, C.A.; Helm Bank de Venezuela, S.A., Banco Comercial Regional; Banco del Sol, Banco de Desarrollo, C.A.; Banco Federal, C.A. y Banco Real, Banco de Desarrollo, C.A.; para que solicitasen la calificación de sus respectivas acreencias por ante el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios. CONSIDERANDO Que mediante Providencia N° 133 de fecha 27 de abril de 2012, publicada en la Gaceta Oficlal de la República Bolivarlana de Venezuela N° 39.922 de fecha 15 de mayo de 2012, este Instituto expendio hasta el 30 de septiembre de 2012, el lapso a los depositantes, ahorristas y acreedores de las instituciones bancarias: Banco Provivienda, C.A. Banco Universal (BAnPRO); Banco Canarias de Venezuela, Banco Universal, C.A.; Baninvest, Banco de Inversión, C.A.; Inverunión, Banco Comercial, C.A.; Helm Bank de Venezuela, S.A., Banco Comercial Regional; Banco del Sol, Banco de Desarrollo, C.A.; Banco Federal, C.A. ; Banco Real, Banco de Desarrollo, C.A.; Banvalor Banco Comerclal, C.A.; Bancoro, C.A., Banco Universal Regional y Casa Propia Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A., que estén comprendidos enel primer y tercer orden de prelación de pago, previsto en el artículo 262 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario a los fines que dichos depositantes, ahorristas y acreedores soliciten la calificación de sus respectivas acreencias por ante el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios. CONSIDERANDO Que las instituciones bancarias antes señaladas han comunicado la existencia de in gran número de depositantes, ahorristas y acreedores que continúan presentando sus respectivas solicitudes de calificación, las cuales deben ser analizadas y verificadas conforme a la normativa relacionada con la materia, y por uanto la actividad administrativa debe efectuarse con apego al principio de la ficada, y su actuación debe estar dirigida a la atención de los requerimientos y e carácter soclal, tal como lo prevé los artículos 5 y 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. RESUELVE PRIMERo: Extender hasta el 30 de septiembre de 2012, el plazo para que los depositantes, ahorristas y acreedores de las instituciones bancarias antes aludidas, que estén comprendidos en el segundo, cuarto, quinto y sexto orden de prelación de pago previsto en el artículo 262 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, soliciten la de los Depósitos Bancarios en el Centro de Atención al Ciudadano, ubicado en la Planta Baja del Edificio Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, Esquina San Jacinto, Caracas. SEGunDo: Informar a los interesados, a través del portal electrónico del Instituto, www.fogade.gob.ve, el procedimiento a seguir a tales efectos, y a través de su twitter, @fogade, el estatus de su respectiva solicitud. Comuníquese y Publíquese, DAYID ALASTRE Aresidente Decreto N° A229 del 09-02-2010 'Gaceta Oficial NP 39.364 del 09-02-2010 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS FECHA: 17 DE JULIO DE 2012 202° Y 153° PROVIDENCIA N° 149 De conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008; en concordancia con el único aparte del artículo 111 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.627 de fecha 2 de marzo de 2011; numerales 1 y 18 del artículo 113 del referido Decreto, y lo pautado por el artículo 3 del Reglamento de Firmas del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.812 de fecha 1° de diciembre de 2011, delego a partir de la presente fecha en el ciudadano HÉCTOR GUILLERMO VILLALOBOS ESPINA, titular de la cédula de identidad N° 1.745.133, Consultor Jurídico del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, la atribución para autorizar a los apoderados judiciales de planta o externos designados por este Instituto, a los efectos de recibir cantidades de dinero, convenir, desistir, transigir, absolver posiciones juradas, disponer del derecho en litigio, hacer posturas en remates judiciales, designar árbitros, y constituir el tribunal con asociados. Los actos suscritos con fundamento en la presente delegación, deberán indicar el número y fecha de esta Providencia y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela donde se haya publicado. Comuníquese y Publiquese, DAVID ALASTRE Decreto N°7.229 del 09-02-2010 Gaceta Oficial N° 39.364 del 09-02-2010 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALADEFENSA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 09 AG0 2012 202° y 153° RESOLUCIÓN N° _J23260 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE HENRY DE JESÚS RANGEL SILVA, designado mediante Decreto N° 8.765 de fecha 06 de enero de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.839 de fecha 10 de enero de 2012, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 34 y 77 numerales 19 y 26 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, en concordada relación con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Naclonal Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la Repáblica Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011 y lo señalado en el artículo 1 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional de fecha 17 de página original (tal como se publicó) [Página 18] septiembre de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, RESUELVE: PRIMERQ: Delegar a partir del 09 de julio de 2012, en el Mayor General WILMER OMAR BARRIENTOS FERNÁNDEZ, C.I. N° 7.189.059, en SU carácter de Comandante Estratégico Operacional, designado mediante Resolución N° 023123 de fecha 09 de julio de 2012, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los créditos desconcentrados acordados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones a favOr de la UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA CON FIRMA, CÓdIgO N° 0132O °COMANDO ESTRATÉGICO OPERACIONAL", asÍ COmO de las UNIDADES ADMINISTRADORAS DESCONCENTRADAS SIN FIRMA, SeñaladaS en las acciones específicas de los Proyectos 080070000 "LoGísTIca", 080062000 *EDUCACIÓN", 080065000 "OPERACIONES", y 080084000 *SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA", de aCuerdo a la ResoluCión Nº 021007 de fecha 05 de enero de 2012, mediante la cual se aprueba la ESTRUCTURA PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012, hasta DOS MIL QUINIENTAS (2.500 U.T) para lo Cual deberá registrar su firma autógrafa en la Oficina Nacional del Tesoro, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.781 Extraordinario de fecha 12 de agosto de 2005. De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el referido ciudadano deberá rendir cuenta al Ministro de todos los actos y documentos que hubiere firmado en virtud de esta delegación. Queda a salvo lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, respecto a los actos y documentos, cuya firma no puede ser delegada. SEGUNDO: La presente Resolución entrará en vigencia, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese. Por el Ejecutivo Nacional, S h en Jefe Pro Poder Popular REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 09 A60 2012 202° y 153° RESOLUCIÓN N° J23261 Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo dispuesto en artículo 77 numeral 19 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, actuando en concordancia con lo estabiedido en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011, RESUELVE ÚNICO: Efectuar el siguiente nombramiento: COMISIÓN DE CONTRATACIONES DEL SECTOR DEFENSA - Contralmirante LUZ KARIM CORNETT PABÓN,C. I. N° 5.30B.739, Presidenta, e/r del General de Brigada ALBERTO DE ABREU FERREIRA C. I. N° 5.601.463. Comuníquese y publíquese. Por el Ejecutivo Nacional, VDEJES RAAGEL SILVA Beneralen sefe de/Poder Popular Parnta Defensa REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 09 AGO 2012 202° y 153° J23253 RESOLUCIÓN N° El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE HENRY DE JESÚS RANGEL SILVA, designado mediante Decreto N° 8.765 de fecha 06 de enero de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.839 de fecha 10 de enero de 2012, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 34 y 77 numerales 19 y 26 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administradión Pública de fecha 31 de julio de 2008, en concordada relación con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011 y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financlera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, RESUELVE ÚNICO: Designar a partir del 10 de julio de 2012, al General de División GILBERTO ANTONIO BARRIOS CONTRERAS, C.I. N° 5.760.702, COmO responsable del manejo de los Fondos de Funclonamiento (Partidas 402, 403 y 404), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin delegación de firma, 6TO. CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO, CÓdIgO N° 29513. Comuníquese y publíquese. Por el Ejecutivo Nacional, DiEpESÚS RAPCEL SILVA del Poder Popuiar para la Defensa REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 09AG0 2012 202° y 153° RESOLUCIÓN N° _J23254 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE HENRY DE JESÚS RANGEL SILVA, designado mediante Decreto N° 8.765 de fecha 06 de enero de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela No 39.839 de fecha 10 de enero de 2012, en ejercicio de las página original (tal como se publicó) [Página 19] atribuciones que le confieren los artículos 34 y 77 numerales 19 y 26 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de jullo de 2008, en concordada relación con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011 y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre RESUELVE ÚNICO: Designar a partir del 10 de julio de 2012, al General de División GILBERTO ANTONIO BARRIOS CONTRERAS, C.I. N° 5.760.702, COMO responsable del manejo de los Gastos de Personal (Partida 401), inherentes a la realización del proyecto de ampliación de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin delegación de fIrma, 6TO. CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO, Código Nº 29513. Comuníquese y publíquese. Por el Ejecutivo Nadonal, HENAY DE YESÚS RANGEL SILVA Géneral en Defe Hnistgö/del Poder Popular para la Defensa REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 09 AG0 2012 202° y153° RESOLUCIÓN N° J23255 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL. EN JEFE HENRY DE JESÚS RANGEL. SILVA, designado mediante Decreto N° 8.765 de fecha 6 de enero de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.839 de fecha 10 de enero de 2012, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 34 y 77 numerales 19 y 26 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, en concordada relación con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011, y lo señalado en el artículo 1 del Reglamento de Delegación de Firmá de los Ministros del Ejecutivo Nacional de fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, RESUELVE PRIMERQ: Delegar en el General de DiviSión GILBERTO ANTONIO BARRIOS CONTRERAS, C.I. N° 5.760.702, en su carácter de Comandante del Sexto Cuerpo de Ingenieros del Ejército Bolivariano, designado según Resolución del Ministerio del Poder Popular para la Defensa N° 009794 de fecha 14 de abril de 2009, la facultad para suscribir los actos, documentos y compromisos que se deriven de la ejecUción de la obra "AMPLIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA". De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el referido ciudadano deberá rendir cuenta al Ministro de todos los actos y documentos que hubiere fimado en virtud de esta delegación. Queda a salvo lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, respecto a los actos y documentos, cuya firma no puede ser delegada. El Ministro del Poder Popular para la Defensa podrá discrecionalmente, firmar los actos y documentos delegados en la presente Resolución, SEGUNDQ: La presente Resolución entrará en vigencia, a partir de su publicación en la Gaceta Ofical de la República Bollvariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese. Por el Ejecutivo Nacional, DRJESÚS RAIGEL SILVA ua General en Sefe para la Defensa REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 09 AGO 2012 202° y 153° 023256 RESOLUCIÓN N° El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE HENRY DE JESÚS RANGEL SILVA, designado mediante Decreto N° 8.765 de fecha 06 de enero de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No39.839 de fecha 10 de enero de 2012, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 34 y 77 numerales 19 y 26 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, en concordada relación con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nadional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011 y lo señalado en el artículo 1 del Reglamento de Delegadón de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional de fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, RESUELVE PRIMERQ: Delegar en el General de División HURDIS ROBERTO HOLDER PÉREZ, C.I. N° 8.867.062, en su carácter de Jefe de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, designado mediante Resolución Nº 023250 de fecha 04 de agosto de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela N° 39.980 de fecha 07 de agosto de 2012, la facultad de firmar las asignaciones y transferencias del personal de Ofidales de Comando hasta el grado de Teniente Coronel sin comando directo, Oficales Técnicos, Oficiales Asimilados, Oficiales de Tropa, Oficiales Técnicos Asimilados, Suboficiales Profesionales de Carrera en fase de transición y Tropa Profesional. Conforme a la jerarquía de los actos administrativos, las decisiones de la Oficina de Recursos Humanos tendrán la den Ominadón "ORDEN GENERAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA", cuyas copias deberán ser .remitidas a la Dirección del Despacho del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el referido ciudadano deberá rendir cuenta al Ministro de todos los actos y documentos que hubiere firmado en virtud de esta delegación. Queda a salvo lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, respecto a los actos y documentos, cuya firma no puede ser delegada. El Ministro del Poder Popular para la Defensa podrá discrecionalmente, firmar los actos y documentos delegados en la presente Resolución. SEGUNDQ: La presente Resolución entrará en vigencia, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese. Por el Ejecutivo Nacional HENRY DÉJESUS RANGEL SILVA eneral en efe para la Defensa página original (tal como se publicó) [Página 20] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 09 AG0 2012 202° y 153° RESOLUCIÓN N° _ J23257 El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL. EN JEFE HENRY "DE JESÚS RANGEL. SILVA, designado mediante Decreto Nº 8.765 de fecha 06 de enero de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.839 de fecha 10 de enero de 2012, en ejércicio de las atribuciones que le confieren los artículos 34 y 77 numerales 19 y 26 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de jullo de 2008, actuando de conformidad con lo estabiecido en el artículo 5 del Decreto N° 368 con Rango y Fuerza de Ley Sobre Simplificación de Trámiltes Administrativos de fecha 5 de octubre de 1999, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto N° 5.929 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contratadones Públicas de fecha 11 de marzo de 2008, en concordada relación con lo establecido en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011 y lo señalado en el artículo 1 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Naclonal de fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 29.025.de fecha 18 de reptlembre de 1969, RESUELVE IMERQ: Delegar en las personas del General de División HURDIs ROBERTO DLDER PÉREZ, C.I. N° 8.867.062, en su carácter de Jefe de la Oficina de cursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, designado adelante Resolución N° 023250 de fecha 04 de agosto de 2012, publicado en la ceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela N° 39.980 de fecha 07 de osto de 2012, General de Brigada REINALDO ENRIQUE CENTENO MENA, L. N° 6.921.975, en su carácter de Jefe la Oficina de Administración, nombrado gún Resoludón N° 021381 de fecha 19 de enero de 2012, publicada en Gaceta Idal N° 39.851 de fecha 26 de enero de 2012, y la Capitán de Navío LISBETH SEFINA BRICEÑO BRAVO, C.I. N° 6.438.371, nombrada según Resolución .015396 de fecha 21 de septiembre de 2010, en su carácter de Directora de rsonal Cvil de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular ra la Defensa, la atribución de suscribir conjunta o separadamente todas las municaciones de solicitudes de adelantos, liquidaciones de personal, solicitudes capitalizadones, bloqueo por embargo o cualquier otro documento que este abonado con el fideicomiso del Personal Civil del Ministerio del Poder Popular nco de Venezuela. conformidad con lo estabiecido en el artículo 6 del Regiamento de Delegación Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el referido cudadano deberá dir cuenta al Ministro de todos los actos y documentos que hubiere firmado en ud de esta delegación. nistro del Poder Popular para la Defensa podrá discrecionalmente, firmar los bs y documentos referidos a la presente Resolución. ada a salvo lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de Delegación de na de los Ministros del Ejecutivo Nacional, respecto a los actos y documentos, EUNDQ: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación la Gaoeta Oficlal de la República Bollvariana de Venezuela. Comuníquese y publíqu Por el Ejecutivo E JESÚS RANGEL SILVA General en Jefe ministro del Poder Popular para la Defensa MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIQ. Gobiemo Bollvarieno| corazón de Venezuela olos (NDEPABIS) NDEPABIS Caracas, 10 de Agosto de 2012 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 011-2012 200°,152° Y 12° La Presidenta del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), CONSUELO CERRADA MÉNDEZ, titular de la Cédula de Identidad N° 14.131.530, designada mediante Decreto Presidencial N° 8607, de fecha 18 de Noviembre de 2011, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.803 de fecha 18 de Noviembre de 2011, en concordancia con el artículo 1 de la Resolución DM/N°116 del 21 de noviembre 2011 publicado en la Gaceta Oficial N°. 39.806 del 23 de noviembre de 2011, en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 5, Ordinal 5°. Parágrafo Único de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y de acuerdo con lo estabiecido en el Artículo 106, Numeral 7, de la Ley del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS). CONSIDERANDO Que el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, dispone: que los titulares de los Órganos de Control Fiscal de los entes y Organismos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley serán designados mediante concurso público con excepción del Contralor General de la República, en consonancia con el articulo 30 de la Ley Supra citada que señala: "los titulares de las unidades de Auditoría Interna de los entes y organismos señalados en el artícuio 9, numeral 1 al 11, de esta Ley, serán designados por la Máxima autoridad jerárquica de la respectiva entidad, de conformidad con los resultados del concurso público" CONSIDERANDO Que el Articuio 43 del Reglamento sobre Concursos Públicos para la designación de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.350 de fecha 20 de enero de 2010, señala: "se considerará ganador del concurso al participante que haya obtenido la mayor puntuación, la cual debe ser igual o superior a la exigida en los articulos 39 al 42 del presente Reglamento según corresponda para cada caso, y su designación se hará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del lapso previsto para la aceptación del cargo a que se refiere el artículo 47 del presente Reglamento" CONSIDERANDO Que en fecha 01 de Agosto de 2012, se recibió del jurado designado por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) mediante acto motivado de fecha 13 de Junio de 2012, donde designan como representantes del Jurado Calificador a los ciudadanos Zulay Parra, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.172.305 y Melina Salazar, titular de la Cêdula de Identidad N° V-13.499.632, como miembros principales, y Luis Medina, tilular de la Cédula de Identidad N° V-5.989527 como miembro principal de la Superintendencia Nacional de Auditoria Interna (SUNAl). quienes entregaron el acta final contentiva de los resultados obtenidos en dicho concurso los cuales arrojan como ganador del mismo al ciudadano Onofre José Ramos Mirabal, titular de la cédula de identidad N° V-6.057.744, quien obtuvo una calificación de setenta y dos (72,00) puntos. ACUERDA : ARTÍCULO PRIMERO: DESIGIAR al ciudadano ONOFRE JOSÉ RAMOS MIRABAL, titular de la cédula de identidad N° v-B.057.744 como AUDITOR INTERNO del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acoeso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS). ARTÍCULO SEGUNDO: Notillquese al precitado ciudadano ONOFRE JOSÉ RAMOS MIRABAL, titular de la cédula de identidad N° V-8.067.744 como AUDITOR INTERNO del Instituto para la Defensa de las Persones en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) y. a la Oficina de Recursos Humanos de este Instituto el contenido de la presente Providencia, a los fines legales consiguientes. Comuniquese y Publiquese. ICÓNSDELCERRARAH PRASIDENDPA DE INDEPA Designedn sugurOecreto NR.8.607 / fechar página original (tal como se publicó) [Página 21] MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE Número: Caracas, 1 0 AGO 2612 000009 202° Y 153° RESOLUCIÓN De conformidad con el Articulo 34, del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica el Artículo 5, Ordinal 2° de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el Artículo 77, numeral 26 ejusden publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 de fecha 31-07-2008, y el Artículo 1 del Reglamento de Delegación de firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, contenido en el Decreto N° 14o de fecha 17 de Septiembre de 1969, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 29.025 del 18 de Septiembre de 1969, en concordancia con lo dispuesto en Resolución N° 0032 de fecha 03 de Julio de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.7o9 de fecha o8 de Julio de 2011, designo a partir del 27-08-2012 hasta el 24-09-2012, a la ciudadana INGRID COROMOTO OSIO HERNANDEZ, titular de la Cédula de Identidad N° 5.613.468, como Directora Encargada de Recursos Administrativos adscrita a la Consultoría Jurídica de este Organismo. Se le autoriza para firmar los actos y documentos en las materias concernientes a las atribuciones y actividades de esa Dirección. Comuníquese y Publíquese Por el Ejecutivo Nacional, DIRECTORA GENERAL DEL DESRACHO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE Número: Caracas, 1 ?! 000010 202º Y 153° RESOLUCIÓN De conformidad con el Articulo 34, del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica el Artículo 5, Ordinal 2° de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el Artículo 77, numeral 26 ejusden publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 de fecha 31-07-2008, y el Artículo 1 del Reglamento de Delegación de firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, contenido en el Decreto N° 14o de fecha 17 de Septiembre de 1969, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 29.025 del 18 de Septiembre de 1969, en concordancia con lo dispuesto en Resolución N° o032 de fecha 03 de Julio de 201, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivaríana de Venezuela N° 39-709 de fecha 08 de Julic de 2011, designo a partir del 13-08-2012 hasta el 14-09-2012, a la ciudadana NELLY ELIZABETH VILLAFAÑE RIVAS, titular de la Cédula de Identidad N° 4.925.i64, como Directora Encargada de Estudios, Proyectos y Dictámenes adscrita a la Consultoría Jurídica de este Organismo. Se le autoriza para firmar los actos y documentos en las materias concernientes a las atribuciones y actividades de esa Dirección. Comuníquese y Publíquese Por el Ejecutivo Nacional, NUMIDIA DIKZERNANDEZ DIRECTORA GENERAL DEA ESPAGHIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE Caracas, 1 0 AGO 20:2 Número: 000011 202° Y 153 RESOLUCIÓN De conformidad con el Articulo 34, del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica el Artículo 5, Ordinal 2° de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el Artículo 77, numeral 26 ejusden publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 de fecha 31-07-2008, y el Artículo 1 del Reglamento de Delegación de firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, contenido en el Decreto N° 14o de fecha 17 de Septiembre de 1969, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 29.025 del 18 de Septiembre de 1969, en concordancia con lo dispuesto en Resolución N° 0032 de fecha 03 de Julio de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.709 de fecha 08 de Julio de 2011, designo a partir del 26-06-2012 hasta el 31-07-2012, al ciudadano JOSÉ OCTAVIO MENDEZ ECHENIQUE, titular de la Cédula de Identidad N° 3.769.551, como Director General Encargado de la Oficina de Planificación y Presupuesto de este Organismo. Se le autoriza para firmar los actos y documentos en las materias concernientes a las atribuciones y actividades de esa Dirección. Comuníquese y Publíquese Por el Ejecutivo Nacional, NUMIDIA DIXZ HERNANDEZ Resolución N° 00p0032 de fecha 08/07/2011 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO. DM/N°0 5 4. 1 2 Caracas, 08 de agosto de 2012 202° y 153° RESOLUCIÓN Quien suscribe, CARLOS osORIO ZAMBRANO, Ministro del Poder Popular para la Alimentación, designado mediante Decreto N° 7.541 de fecha 01 de julio de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.474 de fecha 27 de julio de 2010, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 y los numerales 2 y 19 del artículo 77 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, concatenado con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5, y el numeral 6 del artículo 20, así como el 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, RESUELVE ARTÍCULO 1. Designar a la Ciudadana THAMAR YAMARY PIÑA ARTEAGA titular de la cédula de Identidad V.-16.031.829, como DIRECTORA GENERAL (E) DE CALIDAD de este Ministerio, a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Yenezuela. Comuníquese yaifaase, GARLOS OSORIO ZAMBRANO MINISTROLPODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN página original (tal como se publicó) [Página 22] MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGIA ELECTRICA DESPACHO DEL MINISTRO N°028 Caracas, 10 AG0 2012 202° y 153° RESOLUCIÓN De conformidad con lo dispuesto en los Artículo 77 numerales 22 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en cumplimiento con lo concordancia con el Articulo 5° de la Ley de Publicaciones Oficiales. RESUELVE dictar la siguiente, REFORMA PARCIAL DE LA RESOLUCIÓN N° 014, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2012, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 39.942, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2012, MEDIANTE LA CUAL SE DESIGNO AL CIUDADANO JULIAN MANUEL ELJURI M., COMO DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA. ARTicuLo 1°: Se procede al cambio de modalidad de designado a la condición de encargado, quedando redactado de la siguiente manera: "Por disposición del ciudadano Presidente de la República, de conformidad con lo establecido en los Artículos 4 y 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; se ENCARGA a partir del 1 de agosto de 2012, al ciudadano JULIAN MANUEL ELJURI M, titular de la Cédula de Identidad N° V-7.565.409 como Director General de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica." ARTícuLo 2°: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5° de la Ley de Publicaciones Oficiales imprímase a continuación el texto Íntegro de la Resolución con las reformas aquí acordadas, sustitúyase el número, fecha y demás datos a que hubiere lugar. Comuníquese y publíquese, WaMSTh HÉCTOR NAVARROIAZ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA DESPACHO DEL MINISTRO N029 Caracas, 10 A60 2012 202° y 153° Por disposición del ciudadano Presidente oe la República, de conformidad con lo establecido en los Artículos 4 y 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; se ENCARGA a partir del 1 de agosto de 2012, al ciudadano JULIAN MANUEL ELJURI M., titular de la Cédula de identidad N° V-7.565.409 como Director General de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización del Administración Pública, en concordancia con el Artículo 1° del Reglamento de Delegación de Fima de os Ministros del Ejecutivo Nacional, se delega al ciudadano JULIAN MANUEL ELJURI M., la Sirma de los actos y documentos que a continuación se indican: Las circulares, comunicaciones y avisos oficiales emanados de la Oficina de Planificación, a) Los oficios de respuesta a funcionarios subaltemos, administrativos, judiciales o municipales b) Presupuesto y Organización. Los oficios dirigidos a órganos y entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la (c) Energía Eléctrica, relacionados con las competencias atribuidas a la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización. Las solicitudes y órdenes de pago dirigidas a ia Oficina Nacional del Tesoro, hasta por un (d) monto de VEINTICINCO MIL Unidades Tributarias (25.000 u.t). La coneepondencia postal, telegráilioa, radiotelegrilica o de cualquier otra naturaleza en .) respuesta a sollilludes dirigidas a la Olicine de Plenlcación, Preeupuesto y Organización. La certificación de las copias de los documentos, oficios, memoranda y circulares emangpe f) Se autoriza al ciudadano JULIAN MANUEL. ELJURI M. ye identificado, el ejercicio de las siguientes funciones: 1. operativos del Ministerio, asegurar su articulación con los planes de desarrollo nacional, de acuerdo con los lineamientos del órgano rector en ls maleria. Asistir y asesorar al Ministro o Ministra, a las dependencias del Ministerio y a los demás " n e Preperar el Proyecto de Preeupuesto de Gastos del Ministerio en coordinación con los 3. Despachos de Viceminietros, las Oficinas de Gestión Administrativa y Recursos Humanos, de sus Efeciuar el seguimiento, control y evaluación de la ejecución fisica de los planes operativos, del presupuesto ordinario y extraordinario de les dependencias del Ministerio y sus demás órganos y entes adscritos, así como aquellos que seen desarrollados en forme conjunta o complementaria con otros organismos de la Administración Pública. Apoyar en materia de ejecución presupuestaria a las dependencias del Ministerio, sus 5. órganos y entes adscritos ejecutores de planes y proyectos, y tomar las previsiones necesarias para der cumplimiento a los objolivos establecidos. Suministrar información permanente a la Oficina Estratágica de Seguimiento y Evaluación de adscrlos, asi como cualquier otra información que sea necesaria para dicha Oficina con la finalidad de brindar soporte a las decisiones de la Junts Mínisierial. Servir de enlace entre el Ministerio y los órganos rectores de los sistemas nacionales de Planificación, Presupuesto, Estadística, Organización y Sistemas, con el fin de obtener lineamientos técnicos en les materias consideradas, para ser aplicados en la formulación de los planes, proyectos y presupuestos relativos a las áreas antes mencionadas que prevea desaollar el Ministerio. 8. realizar los ajustes pertinentes con la finalidad de fortalecarlos oportunamente, de conformidad con Apoyar en el diseño, análisis e instrumentación de los sistemes administrativos y metodologías de trabajo de las unidades administrativas del Ministorio que lo requieran. establecimiento de un sisterna gerencial eficiente, dentro del Ministerio, como son los objetivos, en funciones, recursos, planes, normes, procedimientos, metodologías, estándares y servicios. Coordinar la elaboración de los diferentes mensuales de organización, organigramas, normas y 11. unidades administrativas del Ministerio y mantenerlos debidamente actualizados. 12. Elaborar e implementar el plan de simplificación de trámites administrativos del Ministerio. Diseñar conjuntamente con la Olicina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas 13. n n nr n in e n e n e in pn e n e n correspondencia con los planes de desarrollo necional. 14. Diseñar, implementar y coordinar el sistema de control de gestión y evaluación de la gestión institucional de acuerdo con la normativa legal vigente. 15. Planiicar y coordinar la producción de información estadística generada por la gestión del Ministerio en correspondencia con las pautas establecidas por el Instituto Nacional de Estadística. 16. Eleborar el segmento del mensaje presidencial relativo al Sector Eléctrico, la Memoria y Cuenta del Ministerio, conjuntamente con les demás dependencias administrativas del Ministerio. 17. Aprobar y tramitar las modificaciones presupuestarias intemas y exdemas correspondientes a este Ministario y sus Entes Adscrios, de acuerdo con el ordenamiento legal que rige el sistema presupuestario. 18. Las demás que señalen las leyes y actos normativos en materia de su competencia. 'esenbyqnd A esenbjunuon HÉCTORNAVARRO A orga Ectrica REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 10 A60 2012 N° 030 202° y 153° RESOLUCIÓN Por disposición del ciudadano Presidente de la República de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 5 numeral 2 de la Ley de Estatuto de la Función Pública; se designa como Director General de la Oficina de Sistemas y Tecnología de la Información del Ministerio del Poder Popular para la Energia Eléctrica, a partir del 10 de agosto de 2012, al ciudadano JUAN CARLOS GONZÁLEZ MOLINERO, titular de Cédula de Identidad N° V- 4.116.203. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 26 del Artículo 77 de la Ley página original (tal como se publicó) [Página 23] Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, se delega en el ciudadano JUAN CARLOS GONZÁLEz MOLINERO, la firma de los acIos y documentos que a continuación de indican: a) Las circulares, comunicaciones y avisos oficiales emanados de la Oficina de Sistemas y Tecnologías de la Información. b) Los oficios de respuesta a funcionarios subaltemos, administrativos, judiciales o municipales de los Estados y Distrito Capital relacionados con asuntos dirigidos a la Oficina de Sistemas y Tecnología de la información. respuesta a solicitudes dirigidas a la Oficina de Sistemas y Tecnologia de la Infompació d) La certificación de las copias de los documentos, oficios, memorandos y circulares Se autoriza al ciudadano JUAN CARLOS GONzÁLEZ MOLINERO, el ejercicio de las información para las dependencias del Ministerio y sus entes adscritos, de acuerdo con las directrices del órganó ministerial rector en la materia. 2. Monitorear y evaluar la tendencia existente en el mercado en cuanto a la tecnología y equipos de informática, para asesorar y apoyar la adquisición de tecnologia de información 3. Planificar estratégicamente el desarrollo y mantenimiento de los componentes más generales de la infraestructura informática del Ministerio a saber: la arquitectura de datos de información, de sistemas y aplicaciones, de servicios de información y tecnológica, mediante el uso de tecnologías de información de vanguardia. 4. Planificar, dirigir y controlar el desarrollo, instalación e implementación de sistemas y aplicaciones contratadas o adquiridas a operadores de software, exigiendo su adecuación a materia. 5. Desarroliar y mantener la arquitectura de datos e información adecuada a la organización. 6. Desarrollar y mantener el portafolio de sistemas y aplicaciones requeridas por el Ministerio. adecuada a las arquitecturas de datos, sistemas y aplicaciones, y de servicios, mediante el uso de tecnologías de información de vanguardia. tecnologías de información a nivel organizacional. 9. Mantener actualizado el inventario de equipos y tecnologias de información del Ministerio. 10. Planificar, ejecutar la evaluación, instalación y desincorporación del equipamiento de los sistemas automatizados de información necesarios, pera el buen funcionamiento de lag dependencias del Ministerio y entes adscritos. 11. Diseñiar y ejecutar un plan de mantenimiento integral preventivo y correctivo, información. 12. Asesorar a las dependencias del Ministerio en el uso del software libre, de acuerdo con los lineamientos dictados en la materia. 13. Supervisar la ejecución de los contratos que suscribe el Ministerio en materia de adquisición de bienes o prestación de servicios, en el campo de tecnologia de la información. 14. Las demás que señalen las leyes y actos normativos en materia de su competencia. Comuníquese y Publiquese, HpCTOR NAVARQODUBF Ministro del Rpder Popular par MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARAEL SERVICIO PENITENCIARIO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO DESPACHO DE LA MINISTRA 201°, 153° y 13° FECHA: 09-08:12. N° MPPSP/DGD//36 12012 Quien suscribe, MARÍA IRIS VARELA RANGEL. Ministra dal Poder Popular para el Servicio Penitenciario, designada mediante Decreto 8.342 de fecha 26 de julio de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.721 de la misma fecha, en ejercicio N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en septiembre de 1969, mediante el cual se dicta el Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacionai, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, este Despacho, concatenado con los articulos 4 Edificaciones Penitenciarias, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.945 de fecha 15 de junio de 2012;este Despacho RESUELVE Artículo 1: Se delega en la ciudadana ADRILÚ ÁLVAREZ MARCANO, tular de la cédula de órgano delegante, de los contratos o documentos que deban suscribirse sobre los recursos del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, correspondientes al proyecto: "Modernización del Sistema Penitenciario de la República Bollvariana de Venezuela" Artículo 2: En el ejercicio de esta delegación, la ciudadana ADRILÚ ÁLVAREZ MARCANO, Penitenciario, en la forma que ésta indique, en la que exponga una relación detallada de los actos, se tendrán dictados por la Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y la funcionaria delegada será responsable de la ejecución del Proyecto Artículo 4: Todos los.actos administrativos suscritos por la delegada deben indicar su condición y se tendrán dictados por la Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Artículo 5: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuniquese. Por el Ejecutivo Nacional, Mayta)AVarelaRailSTRA Ministra del Poder Popular para en Servicio Penitenciario REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO DESPACHO DE LA MINISTRA 201°, 153° y 13° FECHA: 09-0B-/2 N° MPPSP/DGD/ / 3 -/2012 Quien suscribe, MARÍA IRIS VARELA RANGEL, Ministra del Poder Popular pa'a el Servicio Penitenciario, designada mediante Decreto 8.342 de fecha 26 de julio de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.721 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confiere los articulos 34, 40 y 77 numerales 2, 19, 22 y 26 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo establecido en los Articulos 1 y 5 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, mediante el cual se dicta el Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, este Despacho, concatenado con los artícuios 4 literales b y c, 5 y 9 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.945 de fecha 1.5 de junio de 2012;este Despacho RESUELVE identidad 12.632.820, en su carácter de Presidenta del Fondo Nacional para Edificaciones órgano delegante, de los contratos o documentos que deban suscribirse sobre los recursos correspondientes al proyecto: "Apoyo a la Reforma del Sistema Judiclal Penal", Sub-Programa: "Construcción de Nuevos Centros de Tratamlento Comunitario", llevados en Fideicomiso suscrito con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), identificado con el Código Contable N° 0536-2. Articulo 2: En el ejercicio de esta delegación, la ciudadana ADRILÙ ÁLVAREZ MARCANO, página original (tal como se publicó) [Página 24] documentos suscritos y de las gestiones que genere en virtud de esta delegación. se tendrán dictados por la Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y la funcionaria delegada será responsable de la ejecución del Proyecto Articulo 4: Todos los actos administrativos suscritos por la delegada deben indicar su condición y se tendrán dictados por la Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Artícuio 5: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese. Por el Ejecutivo Nacional, MafiaA6 Varela Ringel Ministra del Poder Popular para el Sarvicio Penitenciarig REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO DESPACHO DE LA MINISTRA 201°, 153° y 13° FECHA: 09-08-12_ N° MPPSP/DGD/ / 3 8 /2012 Quien suscribe, MARÍA IRIS VARELA RANGEL, Ministra del Poder Popular para él Servicio Penitenciario, designada mediante Decreto 8.342 de fecha 26 de julio de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.721 de la misma fecha, en ejercicio N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo establecido en los Articulos 1 y 5 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, mediante el cual se dicta el Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, publicado én la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, este Despacho, concatenado con los artícuios 4 literales b y c, 5 y 9 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Fondo Nacionai para Edificaciones Penitenciarias, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.945 de fecha 15 de junio de 2012;este Despacho RESUELVE Articulo 1: Se delega en la ciudadana ADRILÚ ÁLVAREZ MARCANO, titular de la cédula de identidad 12.632.820, en su carácter de Presidenta del Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP), ente adscrito a este Ministerio, la firma, previa revisión y aprobación del correspondientes al proyecto: "Conectividad y Tecnología de Seguridad 2012-2014 del MPPsp", ejecutados a través del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES). irtículo 2: En el ejercicio de esta delegación, la ciudadana ADRILÚ ÁLVAREZ MARCANO, eberá rendir cuentas mensualmente a la Ministra del Poder Popuiar para el Servicio enitenciario, en la forma que ésta indique, en la que exponga una relación detallada de los actos, ocumentos suscritos y de las gestiones que genere en virtud de esta delegación. tendrán' dictados por la Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y la funcionaria Blegada será responsable de la ejecución del Proyecto rtículo 4: Todos los actos administrativos suscritos por la delegada deben indicar su condición y tendrán dictados por la Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Iicial de la República Bolivariana de Venezueia. omuníquese. br el Ejecutivo Nacional, /Mafia Vareila Rarpe REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO DESPACHO DE LA MINISTRA 201°, 153° y 13° FECHA: 09-08-12 N° MPPSP/DGDI/39 12012 Quien sUscribe, MARÍA IRIS VARELA RANGEL, Mínisira dei Poder Popular para el Servicio Penilenciario, designada mediante Decreto 8.342 de fecha 26 de julo de 2011, publicado en la Gaceta Olicial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.721 de la miemna fecha, en ejercicio de las atribuciones que fe confiere los articulos 34, 40 y 77 numerales 2, 19, 22 y 26 del Decreto M° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo establecido, en los Artículos 1 y 5 del Decreto N° 140 de fecha 17 de sepliembre de 1969, mediante el cual se dicta el Reglamenio de Delegación de Fima de los enn e nn r n n rn cp 29.025 de fecha 18 de sepliembre de 1989, este Despacho, concatenado con los artículos 4 Sterales b y c. 5 y 9 del Decreio con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Fondo Nacional para Edilicaciones Penilenciaries, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela M° 39.945 de fecha 15 de junio de 2012;este Despecho REBUELVE Articulo 1: Se delega en la ciudadana ADRILÚ ÁLVAREZ MARCANO, titular de la cédula de identidad 12.s3z.sa0, en su carácier de Presidenta del Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FOnEP), enta adscrito a este Ministorio, la firma, previa revisión y aprobación del 2600s7o0s denominada: "Fortalecer la Dirección Naclonal de Servicios Penitenciarios", con el objolo de financiar el "Plan de Hunsanización Pentenclaria", depositados en Fideicomiso suscrito con el Banco del Tesoro C.A. Banco Universal, identificado con el Código Contable N° 0735. Artículo 2: : En el ejercicio de esta delegación, la cludadana ADRILÚ ÁLVAREZ MARCANO, deberà rendir cuentas mensualmente a la Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, en la forma que êsta indique, en la que eoponga una relación detallada de los actos, ree n e u n aes nn sn s e s u Articulo 3: Todos los actos administrativos suscritos por le delegada deben indicar su condición y delegada será responsable de la ejecución del Proyecio. documentos señalados en ls presente Resolución, cuando así lo estime conveniente. Articulo &: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Olicial de la República Bolivariena de Venezuela. Por el Ejeculivo Nacional, /MgA rote Tanty Minisira deal Podaf Populer para el Sericio Pentonciario STRA1 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO DESPACHO DE LA MINISTRA 201°, 153° y 13° FECHA: 09-08-12 N° MPPSPIDGDI 40 12012 Penilonciario, designada mediante Decreio 8.342 de fecha 26 de jullo-de 2011, publicado en la Gaceta Olicial de ia República Bolivariana de Venezuele N° 39.721 de la miema fecha, en ejercicio de lus abribuciones que le conlere los articulos 34, 40 y 77 numerales 2, 19, 22 y 26 del Decreto r n n n n n concordancia con lo establecido en los Arílculos 1 y 5 del Decreio N° 140 de fecha 17 de sepliembre de 19e9, mediante el cual se dicta el Reglamento de Delegación de Firma de los Minisáros del Ejacufivo Necional, publicado en Is Gecets Olicial de la República de Venezuela N° 29.025 de facha 18 de seplierbre de 1989, este Deepacho, concatenado con los artículos 4 litersies à y c, 5 y 9 del Decrelo con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Fondo Nacional pera Edificaciones Panitoaciarios, publicado en la Gecata Olcial de ln República Boliveriane de Venesrusia Ir 30.945 de feche 15 de junio de 2012;esle Deepecho página original (tal como se publicó) [Página 25] RESUELVE Articulo 1: Se delega en la ciudadana ADRILÚ ÁLVAREZ MARCANO, titular de la cédula de identidad 12.632.820, en su carácter de Presidenta del Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP), ente adscrito a este Ministerio, la firma, previa revisión y aprobación del aprobados mediante Crédito Adicional, bajo la partida Sub-Especifica N° 01.03.02 denominada: "Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin fines Empresariales", Financiar los Proyectos de loe Entes Descentralizados", especificamente "Fondo de Asistencia Penitenciaria", llevados en Fideicomiso suscrito con ei Banco de Venezuela S.A. Banco Universal, identificado con el N° F-30517. Artículo 2: En el ejercicio de esta delegación, la ciudadana ADRILÚ ÁLVAREZ MARCANO, deberá rendir cuentas mensualmente a la Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, en la forma que ésta indique, en la que exponga una relación detallada de los actos, Articulo 3: Todos los actos administrativos suscritos por la delegada deben indicar su condición y se tendrán dictados por la Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y la funcionaria delegada será responsable de ia ejecución del Proyecto. Articulo 4: La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, podrá firmar los documentos señalados en la presente Resolución, cuando así lo estime conveniente. Articuio 5: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuniquese. Por el Ejecutivo Nacional, Mapta hyVirela Ranger. Ministra del Poder Papular para el Servicio Psnitapciario Gaceta OficialN° 36.721 de fecha 26e Jlel01 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIÁNA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL AUVARIAN. Expediente N° AP61-D-2041<000243 En fecha diez (10) de octubre de 2011, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) recibió denuncia interpuesta por la ciudadana EVA CIFUENTES GRUBER, titular de la cédula de identidad número V-3.814.157, contra el funcionario judicial RICARDO SPERANDIO ZAMORA, titular de la cédula de identidad N° V- 9.971.054, en su condición de Juez del Tribunal Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, designándosele la nomenclatura N° AP61-D-2011-000243. En fecha veinticuatro (24) de enero de 2.011, fue recibida por la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial la presente denuncia, acordando darle entrada y verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el articulo 54 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana e instruir la investigación preliminar destinada a recabar los elementos indiciarios de los hechos denunciados, para lo cual acordó comisionar a la abogada sustanciadora Beatriz Cioppa, así como para elaborar el correspondiente informe sobre la procedencia de la denuncia. En fecha veinte (20) de marzo de 2.012, la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial recibió de la Presidencia del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, copias certificadas del expediente N° AP11-F-2010-000539 y decisión sobre la inhibición del Juez del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En fecha quince (15) de marzo de 2.012, la Oficina de Sustanciación agregó el informe correspondiente, relativo a la presente causa y acordó remitir al presente expediente al Tribunal Disciplinario Judicial. En fecha veintiuno (21) de marzo de 2.012, el Tribunal Disciplinario Judicial recibió de la Oficina de Sustanciación, el presente expediente y por distribución aleatoria correspondió su ponencia al Juez HERNÁN PACHECO ALVÍAREZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión. -1 :En fecha veintisiete (27) de marzo de 2.012, el Tribunal Disciplinario Judicial, admitió RUBER, titular de la cédula de identidad número V-3.814.157, contra el funcionario 9.971.054, en su condición de Juez del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana intervinientes, y fijó audiencia oral, para que dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a su citación, formule los alegatos que tenga a bien esgrimir en su defensa, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. En fecha diecisiete (17) de abril de 2.012, el Tribunal Disciplinario Judicial dictó auto mediante el cual fijó la celebración de la audiencia oral para el día veinticuatro (24) de \mayo de 2.012, a las diez de la mañana (10:00 a.m.). En fecha veinticinco (25) de abril de 2.012, el Tribunal Disciplinario Judicial dictó auto mediante el cual reorganizó la celebración de la audiencia oral para el dia cuatro (4) de julio de 2.012, a las diez de la mañana (10:00 a.m.). DE LOS HECHOS DENUNCIADOS La denuncia formulada por la ciudadana EVA CIFUENTES GRUBER, se basó en las siguientes argumentaciones, entre las cuales se destacan: "(...)"que el ciudadano Juez Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, no ha actuado con la debida diligencia, ya que no ha oido la apelación, ni ha habido ningún pronunciamiento a los efectos de que el Tribunal inmediatamente Superior, conozca y dirima la controversia, en relación a la medida cautelar, decretada, grave, en cuanto a la evacuación de las pruebas, ya que en fecha 30-6-2011, el Juzgado Séptimo por auto expreso, admitió las pruebas promovidas por la parte demandante. En fecha 5-8-2011, el apoderado de la parte actora, presentó escrito al Tribunal, donde informó al Juzgado Séptimo que debía librar oficios, ya que eran documentos que se jurídicas, de conformidad con lo establecido en el articulo 433 del Código de Procedimiento Civil y el Juez denunciada. o libró los oficios correspondientes (...)" Il DE LA AUDIENCIA En fecha cuatro (4) de julio de 2.012, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m) se llevó a cabo la audiencia oral y pública, a la cual se refiere el artículo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en el presente proceso, se constituyó el Tribunal Disciplinario Judicial, por los jueces principales HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ, JACQUELINE SOSA MARIÑO Y CARLOS MEDINA ROJAS; la Secretaria Temporal DANIELA RIVERO BRICEÑO: y el Alguacil DARwIN LOVERA, reunidos en la Sala de Audiencias, en presencia del juez VENIZUELA denunciado ciudadano RICARDO SPERANDIO ZAMORA, iniciándose el debate, se desenvolvió de la siguiente manera: "(...)El Presidente del Tribunal Disciplinario Judiciai, expresa que esta audiencia de conformidad con el encabezamiento del Jueza Venezolana, tiene como finalidad la realización del debate acerca del proceso disciplinario que por denuncia interpuesta por la ciudadana EVA CIFUENTES GRUBER, titular de la cédula de identidad N° V-3.814.157, se presenta en contra del ciudadano RICARDO SPERANDIO ZAMORA funcionario judicial denunciado ciudadano RICARDO SPERANDIO ZAMORA,(...) y de la comparecencia(...) de la ciudadana EVA CIFUENTES GRUBER, (...) en su condición de parte denunciante (..) el Juez Presidente del Tribunal Disciplinario Judicial, estableció el iter procesal a seguir en la presente audiencia, Asimismo, se deja constancia de la incomparecencia de la representación judicial del Ministerio Público, aun cuando consta en autos la práctica de su debida notificación. Seguidamente, el Juez Presidente estableció las reglas del debate e informó a las partes como director de la audiencia que moderará la discusión y resolverá conjuntamente con los integrantes del Tribunal Disciplinario Judicial, las incidencias y demás solicitudes formuladas por Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana; de igual forma, manifestó que la celebración de la audiencia quedará registrada, a fin de garantizar a las partes la más exacta y acertada valoración de lo discutido, mediante el uso de un dispositivo de almacenamiento audiovisual. Posteriormente, el Juez Presidente, dio la palabra a la parte denunciante a los fines de realizar su exposición: "Se dio 0O JUDICIAL cónyuge y a la vez abogada, en donde se le informó al Juez denunciado en el escrito libelar, que existía un acuerdo previo bienes y la ocupación del inmueble en virtud a tener 2 hijos estudiando en la universidad. El caso es que el Tribunal página original (tal como se publicó) [Página 26] Séptimo en materia civil a cargo del Juez Ricardo Sperandio Zamora dicta la medida cautelar de enajenar y grabar. Luego, intempestivamente levanta dicha medida, por lo que la ahora denunciante apela de la decisión sin que se pronunciara de la misma, sino transcurridos dos meses aproximadamente, en el cual el juez ahora denunciado oye la apelación cursando dos procedimientos paralelamente. La segunda violación es en el escrito liberar se promovieron una serie de pruebas estas fueron admitidas mas no libraron los correspondientes oficios, no se evacuaron estas pruebas, citando que el juez denunciado alegó que no podía evacuar las pruebas porque la parte actora no suministró los recursos, él no le dio el debido impulso procesal. Finalmente, establece la denunciante que su cónyuge fallece, y en la actualidad el expediente está cerrado, ras sin embargo arguye que si se cometieron infracciones". De seguida, se le concede el derecho de palabra al Juez sometido a procedimiento disciplinario, quien señala en su defensa lo siguiente: "La denunciante dice que la apelación no fue oida y hoy dice que si fue oida; existe una contradicción evidente en cuanto a lo denunciado en su escrito y lo argumentado en la presente audiencia. Asimismo, establece que, hizo un escrito donde realizó. su escrito de descargo, el cual ratificó en este acto, donde carro todo claramente. Señala, que en virtud de haber consignado diligencia donde interpone recurso de apelación en el expediente principal, ordenó el desglose de la misma y procedió a abrir un cuademo de medida el cual se extravió y es el personal de archivo quien le solicita, un tiempo prudencial para la búsqueda del mismo. Transcurrido los dias, ellos mismos le dijeron que no aparecía y procedió a levantar el acta respectiva. Se reconstruyó dicho cuaderno y se oyó la apelación a un solo efecto y.el Tribunal Superior Quinto Civil declara sin lugar dicha apelación; arguyendo que todo consta denunciada denota que en el Circuito donde se encuentra se rigen por el Sistema luris y se deben de cumplir una serie de protocolos que no se pueden obviar. En tal sentido, establece que se admitieron las pruebas y se le solicitó a la promovente que consignara las respectivas copias fotostáticas, para ser enviadas al ente, haciendo la salvedad el juez denunciado que hasta que no son aportados dichos fotostatos no se envía a Alguacilazgo, por lo que la parte promovente no impulsó, UDIt Procedimiento Civil, situación que no ocurrió, no habiendo interés para ello, por lo que no se le dio trámite. Es todo.-. Inmediatamente, se le otorgó la oportunidad a las partes el derecho a réplica y contra réplica, a lo cual ambas partes expresaron no querer hacer uso de ese derecho. Luego, ante la pregunta del Presidente dei Tribunal, en cuanto a que si iban a hacer uso de su derecho a promover alguna prueba para ser evacuadas en la presente audiencia; manifestaron. ambos, su negativa a promover y evacuar pruebas. Asimismo. se le concedió el derecho para que las partes intervinientes realizaran sus respectivas conclusiones. Finalizada la exposición tanto de la ciudadana denunciante como el juez denunciado, se da por concluido el debate y en consecuencia los jueces del Tribunal Disciplinario Judicial se retiran a deliberar con el objeto de dictar el pronunciamiento respectivo, anunciando a los intervinientes la reconstitución de la audiencia para el día de hoy a las tres de la tarde (3:00 pm). Siendo la hora para continuar con el presente acto, los jueces se incorporaron a la Sala de Audiencia con la finalidad de emitir el respectivo pronunciamiento una vez analizados los alegatos de la ciudadana denunciante y del juez denunciado, asi como las actas cursantes en el expediente disciplinario judicial; lo cual se hace en los siguientes términos: "En primer lugar la denunciante en su escrito expone que el juez sometido al presente proceso disciplinario no actuó con la debida diligencia, por cuanto, no oyó la apelación ejercida en el cuaderno separado de la causa N°AP11 V2008-15678, ni ha habido ningún pronunciamiento a los efectos de que el Tribunal inmediatamente superior conociera y dirimiera la, controversia", e igualmente a las dos apelaciones alegadas por la denunciante, en relación con el levantamiento de la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar dictada por el Tribunal a cargo del juez denunciado; en este sentido se observa que riela al folio ciento treinta (130) de la pieza 2 auto de fecha veintinueve (29) de junio de 2011, realizado por el Juzgado a cargo del Juez denunciado donde oye la apelación ejercida por la ciudadana denunciante y del folio ciento treinta y seis (136) al ciento cuarenta y nueve (149) de la pieza 2 del presente expediente disciplinario que en fecha treinta y uno (31) de noviembre de 2011. el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dictó decisión mediante la cual declara sin lugar la apelación interpuesta por la ciudadana Eva Cifuentes y confirma la decisión apelada, quedando claro que no existieron dos apelaciones por parte de la ciudadana denunciante sino varios escritos donde ratificada la apelación en contra del levantamiento de medida cautelar de prohibición Jurisdiccional observa que el juez denunciado, en su momento oportuno, dictó auto oyendo la apelación respeqtia, no quedando evidenciada ninguna violación a principlo, procesal alguno que hubiese vuinerado derechos a las partes?. intervinientes o al proceso en si ya que el juez denunciado si actuó con la debida diligencia, de conformidad con el artículo 291 del Código Procedimiento Civil: y en consecuencia se hace imperioso deciarar la absolución en el punto denunciado. ASI SE DECLARA. Con respecto al segundo punto alegado por la denunciante, referente a que el Juez denunciado realizó auto de admisión de pruebas tal como se deriva del folio doscientos ocho (208) al doscientos diez (210) de la pieza 2 del presente expediente disciplinario. y éste no libró los oficios necesarios para la efectiva evacuación de las pruebas promovidas. En este punto se observa que al Tribunal admitir las pruebas promovidas por la parte demandante —-ahora denunciante— se genera, para esta última, la carga procesal de consignar las copias certificadas que se deben anexar al oficio que el Tribunal libra a efectos de que se evacue la prueba de informe. En este sentido no se evidencia del expediente disciplinario judicial que la denunciante haya cumplido con esa carga procesal de consignar las copias necesarias para que el Tribunal pudiese librar el oficio y adjuntar dichas copias al mismo. Es por ello que se hace imperioso para este Tribunal Disciplinario Judicial declarar la absolución en el punto denunciado. ASI SE DECLARA. conformidad con todo lo expuesto y en vista de que no fueron probados los hechos objeto de la denuncia, razón por la cual no es posible subsumirlos en la causal contenida en el numeral 6 del artículo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, este Tribunal Disciplinario Judicial en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y_ por autoridad de la Ley, ABSUELVE DE DISCIPLINARIAal ciudadano RESPONSABILIDAD RICARDO SPERANDIO ZAMORA, en su condiCión de Juez del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de los hechos imputados en la denuncia presentada por la ciudadana EVA CIFUENTES GRUBER. Por último, el Juez Presidente declaró cumplido el procedimiento establecido en el encabezamiento del artículo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana y se hace del conocimiento de la presente que conformidad con el artículo 81 eiusdem. Asimismo, se establece un lapso de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la presente fecha, para elaborar informe sumario que contendrá una relación sucinta de los hechos, la valoración de los alegatos y las conclusiones a que se haya llegado, acerca de la responsabilidad del juez denunciado en la presente audiencia, de conformidad con el primer aparte"del,smo mencionado articulo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Igualmente se informa a las partes que la sentencia será ejecutada una vez que adquiera el carácter de definitivamente firme..." CONSIDERACIONES PARA DECIDIR El artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ordinal 2 establece: "El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. En base a lo anteriormente transcrito considera necesario este Tribunal Disciplinario, el análisis del articulo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, el cual señala: "Cuando se trate de un hecho que amerite amonestación escrita se notificará al juez o jueza por escrito del hecho que se le imputa y demás circunstancias del caso, para que dentro de los cinco dias hábiles siguientes a la notificación, en una audiencia oral, formule los alegatos que tenga a bien esgrimir en su defensa. El Tribunal Disciplinario Judicial oirá a las partes en-esta audiencia oral. (Subrayado y negrillas nuestro). Cumplido el procedimiento anterior se elaborará una información sumaria que contendrá una relación sucinta de los hechos, la valoración de los alegatos y las conclusiones a que se haya llegado. Si se comprobare la responsabilidad del juez o jueza se aplicará la sanción de amonestación escrita, . dentro del lapso de cinco dias hábiles..." El Código de Procedimiento Civll, en su articulo 433, refiere lo siguiente: "Cuando se trate de hechos que consten en documentos, libros, archivos u otros papeles que se hallen en oficinas públicas, bancos, asociaciones gremiales, sociedades civiles o mercantiles e instituciones similares, aunque éstas no sean parte en el juicio, el Tribunal, a solicitud de parte, requerirá de ellas informes sobre los hechos litigiosos que aparezcan de dichos instrumentos, o copia de los mismos...". El artículo 506 ejusdem, cita: MUONIAL "Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probar la, y quien pretenda que ha sido libertad o de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación...". Y asi mismo, establece el eminente jurista Arístides Rengel Romberg, que: "...la prueba es un acto de parte y no del juez, las partes suministran el material probatorio al juez, del mismo modo que suministran los temas de la prueba en sus alegatos. Esto es una manifestación del principio dispositivo (Art. 12 C.P.C) según el cual, el juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. De modo que corresponde página original (tal como se publicó) [Página 27] exclusivamente a las partes no solo determinar el alcance y contenido de la causa (thema decidendum), sino también 1a carga de la alegación y de la prueba de los hechos (iudex doctrina moderna es unánime en aceptar, que en el proceso Chiovenda- el juez debe rechazar la, aun sin una particular instancia del demandado; y lo mismo puede decirse si falta la prueba de la excepción Onus probandi incumbit ei qui asserit" (la carga de la prueba incumbe al que afirma)..." Nuestro proceso civil se encuentra regulado por el sistema dispositivo y el Juez como operador de justicia no puede llegar a una convicción sobre el asunto litigioso por sus propios medios, sino ateniéndose a lo alegado y probado en autos, conforme al contenido del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. De alí que las partes tengan la obligación desde el punto de vista de sus intereses, no solo de afirmar los. chos en que se fundan sus pretensiones sino también probar los, para no correr el 1bonos alegados no sean considerados como verdaderos en la sentencia y sufran el perjuicio de ser declarados perdedores. Ello es lo que se conoce como la carga de la prueba y en ese sentido la Sala de Casación de la extinta Corte Suprema de Justicia, hTribunal Supremo de Justicia, expresó: "Al atribuir la carga de la prueba la doctrina modera atiende a la condición jurídica que tiene en el juicio el que invoca el hecho denunciado, y no la cualidad del hecho que se ha de probar.." Esa doctrina tiene su ôn de ser en el articulo 1.354 del Código Civil en concordancia con los artículos 254 y506 ambos del Código de Procedimiento Civil, que aún cuando solo se refieren expresamente a la prueba de las obligaciones, deben entenderse como aplicables a las demás materias del Derecho. Con relación a ello la Sala de Casación Civil, ha decidido que: "... La carga de la prueba depende de la afirmación de un hecho, está obligado a suministrar la prueba de la existencia o de la no existencia del hecho, toda vez que sin esta demostración, la demanda o excepción no resulta fundada. No es admisible como norma absoluta la vieja regla jurídica conforme a la cual los hechos negativos no pueden ser probados, pues cabe lo sean por hechos o circunstancias positivas contrarias..." féma su convicción que se ha de traducir en la sentencia sin que le queden dudas, no tene ningún interés determinar a quien corresponde la carga de la prueba. El problema se_presenta cuando llegado el momento de dictar sentencia, el Juez se encuentra con en los autos no hay suficientes elementos de juicio para convencerse de la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos, y ello porque en nuestro derecho ef Juez en ningún caso puede absolver la instancia. Es en ésta situación donde alcanzan una relevancia extraordinaria las reglas sobre la carga de la prueba, porque ateniéndose a ellas, el Juez puede formarse en juicio afirmativo o negativo a la incertidumbre que rodea el caso sublimine, en virtud de que esas reglas le señalan el modo de llegar a esa decisión. Por otra parte la Sala de Casación Civil ha ampliado el concepto de distribución de la carga de la prueba, estableciendo a cuál parte corresponde la misma, según la actitud especifica que el demandado adopte a las pretensiones del actor, distinguiendo los siguntes supuestos: a) Si el demandado conviene absoluta, pura y simplemente en la demanda; el actor queda exento de toda prueba; b) Si el demandado reconoce el pero le atribuye distinto significado jurídico, le corresponde al juez aportar el c) Si el demandado contradice o desconoce los hechos, y por tanto, los derecha derechos que de ellos derivan, de manera pura y simple, sin aportar hechos nuevos, le alcance de sus pretensiones; y d) Si el demandado reconoce los hechos pero con limitaciones, porque opone el derecho una excepción fundada en un hecho extintivo, mpeditivo o modificativo; le corresponde al demandado probar los he las condiciones impeditivas o modificativas (CFA. Hernando Debis Bchandia. Teoria Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia) de fecha 17-11-1.997 entre otras). En razón a las normas anteriormente transcritas observamos que nos encontramos en presencia de un proceso por amonestación debiendo regirse por el procedimiento establecido en el articulo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, y dado que la ciudadana denunciante Eva Cifuentes Gruber realiza dos denuncias en contra del juez denunciado RICARDO SPERANDIO ZAMORA, la primera de ellas cuando afirma que no se oyó la apelación ni ha habido ningún pronunciamiento a los efectos de que el Tribunal inmediatamente superior conociera y dirimiera la controversia e igualmente que existen dos apelaciones interpuesta por la misma, en lación con el levantamiento de la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar dictada por el Tribunal a cargo del juez denunciado; en contra posición a lo afimado por el juez denunciado quien no presentó ningún tipo de prueba en la celebración de la audiencia, sin embargo ratificó escrito que ya había presentado ante este Tribunal Disciplinario en fecha 12-4-12, afirmando en su favor al momento de serle otorgado el derecho de palabra que él ordenó el desglose de la apelación realizada por la ciudadana denunciante Eva Cifuentes Gruber, por lo que procedió a abrir un cuaderno de medida ei cual se extravió, por lo que el personal de archivo le solicitó un tiempo prudencial para la búsqueda del expediente y en razón del transcurso de varios días y no apareció se levantó el acta respectiva, reconstruyéndose dicho cuaderno y se oyó la apelación a un solo efecto, y el Tribunal Superior Quinto Civil declaró sin lugar dicha gado, observa que cursa inserto al folio ciento treinta (130) de la pieza 2 auto de veintinueve (29) de junio de 2011, realizado por el Juzgado a cargo del Juez feara denunciado donde oyó la apelación ejercida por la ciudadana denunciante y del folio ciento treinta y seis (136) al ciento cuarenta y nueve (149) de la pieza 2 del presente expediente disciplinario que en fecha treinta y uno (31) de noviembre de 2011, el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dictó decisión mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por la ciudadana Eva Cifuentes y confirmó la decisión apelada, quedando claro que no existieron dos apelaciones por parte de la ciudadana gesunciante sino varios escritos donde ratificada la apelación en contra del levantamiento de medida cautelar de prohibición.de enajenar y gravar. En tal sentido este Órgano Jurisdiccional observa que el juez denunciado, en su momento oportuno, dictó auto oyendo la apelación respectiva, no quedando evidenciada ninguna violación a principio procesal alguno que hubiese vulnerado derechos a las partes intervinientes conformidad con el artículo 291 del Código Procedimiento Civil; y en consecuencia se hace imperioso declarar la absolución en el punto denunciado. ASI SE DECLARA. En cuanto a la segunda denuncia realizada por la ciudadana Eva Cifuentes, en contra del mencionado Juez, toda vez que éste realizó auto de admisión de pruebas tal como se deriva del folio doscientos ocho (208) al doscientos diez (210) de la pieza 2 del agente expediente disciplinario, y no libró los oficios necesarios para la efectiva evquación de las pruebas promovidas; arguyendo el juez denunciado en el acto de la audiencia oral y pública que ciertamente se admitieron las pruebas presentadas y se le solicitó a la promovente que consignara las respectivas copias fotostáticas, para ser aportados dichos fotostatos no se envía a Alguacilazgo, por lo que la parte promovente no impulsó, teniendo 30 días de despacho para ello y pudiendo solicitar una prórroga conforme al artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, situación que no ocurrió, no habiendo interés para ello, en consecuencia no se le dio trámite. Como resultado a lo anteriormente transcrito, este Juzgado observa que del folio doscientos ocho (208) al doscientos diez (210) de la pieza 2 del presente expediente disciplinario cursa auto de admisión de pruebas presentadas por la parte demandante —ahora denunciante— por parte del Tribunal Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y geneandose para la ciudadana Eva Cifuentes Gruber, la carga procesal de consignar lascop s certificadas que se debían hacer acompañar al oficio que el Tribunal tenía qu librar a fos efectos de la evacuación de la prueba de informe, tal como es ordenado en dicho auto; y por cuanto de la revisión realizada al presente expediente disciplinario judicial, consignar las copias necesarias para que el Tribunal denunciado pudiese librar el oficio y adjuntar dichas copias al mismo, resultando imperioso para este Tribunal Disciplinario Jugicial declarar la absolución en el punto denunciado, dado al principio general de la rga y apreciación de las pruebas establecida en nuestra Legislación venezolana. En base a lo.anteriormente narrado, la conducta objeto de la controversia que se pretendió sancionar, de conformidad con el artículo 31 numeral 6 dei Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, el cual señala "6.- Incurrir en retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos", en consecuencia; este Tribunal Disciplinario en aras de una correcta y sana administración de justicia ABSUELVE DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA al ciudadano RICARDO SPERANDIO ZAMORA, titular de la cédula de identidad N° V- 9.971.054, en su condición de Juez del Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de los hechos imputados en la denuncia presentada por la ciudadana EVA CIFUENTES GRUBER, titular de la cédula de identidad N° V-3.814.157, en virtud que no fueron probados los hechos objeto de la denuncia, todo de conformidad con lo eapiecido en el articulo 49 numeral 2 de nuestra Carta Magna. ASI SE DECLARA. IV DECISIÓN /Por todo lo expuesto, en vista de que no fueron probados los hechos objeto de la denuncia este Tribunal Disciplinario Judicial en nombre de la República Bolivariana de página original (tal como se publicó) [Página 28] Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: ÚnICO: ABSUELVE DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA al CiUdadanO RICARDO SPERANDIO ZAMORA, titular de la cédula de identidad N° V-9.971.054, en su condición de Juez del Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de los hechos imputados en la denuncia presentada por la ciudadana EVA CIFUENTES @RUBER, titular de la cédula de identidad N° V-3.814.157, todo de conformidad con lo blecido en el articulo 49 numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana venezuela en concordancia con los artículo 29 y 31 numeral 1 ambos del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. Quedando las partes debidamente notificadas con la publicación de la presente sentencia de conformidad con lo establecido en articulo 82 Ejusdem. Dada, firmada y sellada en la sede del Tribunal Disciplinario Judicial, en la ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela, a losl/m() días del mes de julio de dos mil doce (2012). Amzde la Independencia y 153° de la Federación. PACHECO ALVIÁREZ Preicidente ponerte CARLOS MEDINA ROOAS JACQUELINE SOSA MARINO FNIPEUELA Jueza Juez RAQUEL SUE GONZÁLEZ Secretaria En fecha/8) de_O_de 2.012, siendo la(s)3:0lde laADE. se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° GMOIRO La Secretaria AP612.012-000243 NPL CMELS/ RS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL EXPEDIENTE N° AP61-D-2011-000324 El dos (2) de noviembre de 2011 se recibió en la Unidad de Recepción Distribución de Documentos (URDD) de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial denuncia interpuesta por la ciudadana TERESA DE JESÚS SANZ SANZ, titular de la cédula de identidad N° E- 926.725 contra el ciudadano Eulogio PAREDES TARAZONA, titular de la cédula de identidad N° V- 03.368.570 quien se desempeña como Juez Provisorio del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua. El tres (3) de noviembre de 2011 se le dio entrada a la anterior denuncia,en la Oficina de Sustanciación y se acordó verificar el cumplimiento de los requisitos de ley, así como recabar los elementos indiciarios relacionados con los hechos denunciados. El cinco (5) de diciembre de 2011, la Oficina de Sustanciación acordó proseguir con la investigación de los hechos denunciados con el objeto de recabar todos los elementos indiciarios dentro de los treinta (30) días hábiles conforme a lo previsto en el Manual de Procedimientos de la Oficina de Sustanciación. En esa misma fecha se libró oficio CDJ/OS/N° 00240-2011 dirigido al Juez Rector de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a los fines de que remitiera copias certificadas del expediente N° 11-16-295 así como la certificación de los días de despacho desde el mes de julio: El seis (6) de diciembre de 2011 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial escrito interpuesto por la ciudadana denunciante mediante el cual solicitó se diera por terminada la denuncia interpuesta. El doce (12) de enero de 2012 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) oficio N° 1042-2011 del 12 de diciembre de 2012 emanado del Juez Rector de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. El siete (7) de febrero de 2012, la Oficina de Sustanciación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial dictó el informe de investigación en el cual evidenció que existían suficientes elementos indiciarios para señalar que la conducta del juez podía subsumirse como presunta falta disciplinaria y, en consecuencia, remitió el expediente a este Tribunal Disciplinario Judicial a los fines de que se pronunciara acerca de ta admisión de la denuncia de conformidad con el artículo 55 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. El nueve (9) de febrero de 2012, se recibió el presente expediente en el Tribunal Disciplinario Judicial. El veintitrés (23) de febrero de 2012, este Tribunal Disciplinario Judicial admitió la denuncia, ordenó las notificaciones de las partes y la citación del juez denunciado a los fines de que consignara su escrito de descargos, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jyeza Venezolana. VENETUMA El catorce (14) de marzo de 2012 se agregó a los autos diligencia suscrita por juez denunciado, mediante la cual solicita a este Tribunal Disciplinario Judicial se siviera informarle de las actuaciones sucesivas del expediente vía telefónica. El quince (15) de marzo de 2012 se agregó a los autos escrito de descargos El veinte (20) de marzo de 2012, se agregó a los autos oficio N° 0224-2012 del 13 de marzo de 2012 proveniente del Juez Rector de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, mediante el cual se remitieron las boletas de notificación efectuadas al juez denunciado y a la ciudadana denunciante, firmadas y recibidas. El veintidós (22) de marzo de 2012, culminado el lapso probatorio sin que las partes hayan hecho uso de éste, este Tribunal Disciplinario Judicial fijó la celebración de la audiencia oral y pública para el 3 de julio de 2012. En la oportunidad pautada tuvo lugar la celebración de la audiencia, en la cual las partes expusieron sus alegatos, se deliberó y adoptó la referida decisión, tal como consta en el acta cursante en el presente expediente disciplinario, correspondiendo en esta oportunidad dictar el texto integro de la decisión, en cumplimiento del artículo 82 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, y al respecto se observa: DE LA DENUNCIA El dos (2) de noviembre de 2011 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de esta Jurisdioción Disciplinaria Judicial denuncia interpuesta por la ciudadana Teresa de Jesús Sanz contra el ciudadano Eulogio Paredes Tarazona, quien se desempeña como Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario mediante la cual expuso los siguientes hechos: "(..) Es el caso ciudadano juez que en fecha 07 de Julio de 2011 introduje una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, tránsito (sic). y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a cargo del Juez Dr. EULOGIO PAREDES TARAZONA, expediente signado con el Nro. 11-16295 según la nomenclatura llevada por ese Tribunal, con el fin de anular las actas de asamblea donde me excluyen fraudulentamente como socia de la SOCIEDAD CIVIL 'UNION (sic) SAN LUIS" y por el pago de hasta hoy, además solicite (sic) ante este mismo tribunal una MEDIDA FONTUR me acepte los mas de NUEVE MIL (9000) TICKETS, proveyendo estado de indefensión, vuinerando mis derechos económicos y sociales con estudiantiles bien en para el sistema Fontur una fecha de vencimiento Por todo lo antes expuesto es por lo que paso a denunciar formalmente al Juez de Primera Instancia en lo Civil; mercantil sic), Tránsilo, y bancario de EULOGIO PAREDES TARAZONA, por Retardo Procesal" Il DE LA INVESTIGACIÓN El siete (7) de febrero de 2012, la Oficina de Sustanciación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial dictó informe de investigación, mediante el cual concluyó lo siguiente: "(...) sa desprende de las actas que conforman al expediente, que en fecha (denunciado) se abocó a conocimiento de la causa N° 11-16.295, tal como consta en la pieza 1 folio 90 del expediente. ya que se encontraba en vacaciones legalmente aprobadas en fecha 06 de junio de 2011. (pieza 1 folio 22 del expediente), en este mismo auto del 23 de septiembre y vista las diligencias del 09 de agosto de 2011 y 21 de septiembre de ese mismo año, suscritas por las abogadas Nancy Utrera y Deisy Sánchez, respectivamente, en su carácter de Co-apoderadas Judiciales de la parte actora, mediante las cuales ratifica e insiste la solicitud de medida cautelar innominada, acordó proveer lo solicitado en auto separado en su correspondiente cuaderno de medidas. Tal y como fue ordenado en el cuademo principal en fecha 23 de septiembre. página original (tal como se publicó) [Página 29] Asimismo, en fecha 29 de septiembre mediante auto el juez denunciado e rn n n fundamentos juridicos del Periculum in Mora y de Fumus Boni luris tal y como consta en el folio 214 de la pieza uno del expediente, posteriormente a esta actuación y visto una seria de escritos consignados por las partes en fecha 28 de octubre de 2011, es decir, 24 dias de despacho después de haberse abocado al conocimiento de la causa decidió acordar la medida cautelar innaminada a la parte actora, dicha actuación está fuera del lapso comprendido en el articulo 10 del Código de Procedimiento Civil que le establece un lapso no mayor a tres dias después de hecha la solicitud. Ahora bien, con basa a las consideraciones antes expuestas este Órgano desempeño como Juez de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en la tramitación disciplinarias prevista y sancionada en el mencionado Código de Ética, para aplicar el procedimiento disciplinario correspondiente. En consecuencia, de presente informe y las actas del expediente al Tribunal Disciplinario Judicial, DE LA ADMISIÓN En la oportunidad procesal de la admisibilidad de la referida denuncia de conformidad con lo establecido en el articulo 55 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, este Tribunal Disciplinario Judicial consideró mediante auto del 23 de febrero de 2012, que la denuncia interpuesta resultaba admisible y en consecuencia, estimó que los hechos denunciados y constatados por la Oficina de Sustanciación de la Jurisdicción Disciplinario Judicial podian de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana que da lugar a la sanción de suspensión, ordenándose en consecuencia las notificaciones de las partes asi como la citación del juez denunciado a los fines de que consignara su escrito de descargos, conforme al articulo 62 eiusdem. V DEL ESCRITO DE DESCARGOS DEL JUEZ DENUNCIADO Mediante escrito de descargos presentado en fecha 14 de marzo de 2012 y agregado a los autos el 15 de marzo de 2012, el juez denunciado expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho en su defensa, a saber: Expresó que "(a)duce la denunciante que en fecha 07 de julio de 2011 introdujo demanda por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua, a cargo de mi persona, asimismo, afirma que en fecha 08 de Agosto de 2011 pronunciado sobre lo solicitado, incurriendo según su dicho en retardo procesal lo ha vulnerado sus derechos económicos, sociales y constitucionales" Que "(...) de las actas del expediente se verifica con claridad que ciertamente ni dirección, la cuál fue procesada por el juez temporal ANTOnIO HERNANDEZ en fecha 14 de Julio de 2011, tal como se desprende de auto que ordena el despacho saneador que acompañio en copia certificada marcada 'A" Que "(...) la referida denunciante corrigió su demanda en los términos ordenados en fecha 02 de Agosto de 2011, en la cual solicita medida cautelar innominada, la demanda fue admitida por el juez temporal ANTONIO HERNANDEZ (sic), en fecha 05 de Agosto de 2011, tal como se desprende de auto de admisión fue acompaño en copia certificada marcada 'B'. En dicho auto de admisión el juez en cuestión ordenó la apertura del cuaderno de medidas, sin embargo en dicha Que "(..) en el periodo correspondiente al 23 de junio de 2011 (inclusive) durante ese periodo cumplió funciones en calidad de juez temporal el Abg. Antonio José Hemández, titular de la cédula de identidad N° V-8.470.482, al efecto anexo copia certificada del libro de actas marcada 'C" Que "(u)na vez que me incorpore a mis funciones en fecha 29 de agosto de 2011, se encontraba transcurriendo el receso judicial hasta el dia 16 de septiembre de 2011. siendo el primer dia de despacho siguiente el dia 19 de septiembre de 2011, es el caso que la parte actora en fecha 21 de septiembre de 2011, diligencia pidiendo la notificación de la parte demandada conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del Código de Procedimiento Civil e insiste en la cautelar. proveyendo este juzgador en fecha 23 de sepliembre de 2011 pero en primer término sobre el avocamiento, es decir. se proveyó al segundo (2do) dia de despacho siguiente a la solicitud, ordenando de inmediato la apertura del cuaderno de medidas tal como se demuestra del auto de la misma fecha que se acompaña 'D' en el que además consta que se ordenó el desglose y la confrontación del cuaderno de medidas. Igualmente se acompaña copia certificada del auto que apertura el cuademo de medidas marcado 'E" Que "(u)na vez aperturado (sic) el cuademo de medidas y desglosado y armado el referido cuaderno separado, este juzgador en fecha 29 de septiembre de 2011, tras haber analizado la solicitud cautelar procedió a ordenar a la accionante que ampliar a los medios altemativos del Periculum in mora y del fumus bonis iuris, facultad otorgada en el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil que dispone: 'Cuando el Tribunal encontrare. deficiente la prueba producida para solicitar las medidas preventivas, mandará a ampliar la sobre el punto de la insuficiencia, determinándolo. Si por el contrario hallase bastante la prueba, decretará la medida solicitada y procederá a su ejecución...' Se anexa copia del referido auto marcado 'F" Que "(...) la parte actora no diligencia sino hasta el día 14 de octubre de 2011 consignando al efecto una serie de recaudos pero no consigna los tickets o copia de los tickets objeto de canje ante FONTUR, nuevamente consigna escrito en fecha 18 de octubre de 2011, pero no consigna los tickets o copia de los tickets objeto de canje ante FONTUR y finalmente el 19 de octubre de 2011 es que la denunciante certificada de las referidas diligencias marcadas F1, a partir de ese momento es que la parte actora cumplió con acreditar los medios demostrativos del periculum in mora y fumus bonis iuris, proveyendo este juzgador respecto de la medida innominada en 14 fecha 28 de octubre de 2011 (...)" Que "(..) para el decreto cautelar era necesario el cumplimiento de los requisitos supra referidos, requisitos que la accionante no comprobó sino hasta el día ? 19 de Octubre de 2011. por lo que este juzgado al proveer sobre la medida el dla 28 de Octubre de 2011 tarde un total de siete (07) dias de despacho para proveer que transcurieron así 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de octubre de 2011 se anexa cómputo de los dias de despacho realizado por secretaría marcado 'H', a tal efecto el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil dispone 'La justicia se administrará lo más brevemente posible. En consecuencia, cuando en este Código o en la leyes especiales no se fije término para librar a alguna providencia, el Juez deberá hacerlo dentro de los tres días siguientes a aquél en que se haya hecho la solicitud correspondiente"" Que "(...) con fundamento en lo antes expuesto este juzgador si bien es cierto se retrasó en el decreto de la medida esto fue por un plazo de cuatro (04) días de despacho, es decir, no fue un plazo irracional, sino que fueron sólo cuatro (04) dias más de lo previsto en la ley" Que "(...) la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia 458 del 8 de abril de 2005, estableció que '.. se entiende conculcado el derecho petición, y oportuna respuesta cuando la Administración, si bien da la respuesta, la'misma no ha sido dada en el tiempo previsto para elloni en uno razonable...' el disciplinaria toda vez que en muchas ocasiones en virtud de múltiples circunstancias se hace imposible para los tribunales del pals proveer en los tres dias que pauta el articulo 10 del Código de Procedimiento. Civil. Continúa dicha sent en.ia argumentando: 'Ahora bien, de lo expuesto no debe afirmarse que la respuesta debe ser favorable para el administrado para asl no resultar conculcado el derecho de petición, oportuna y adecuada respuesta ante el requerimiento formulado por el individuo, sino que la respuesta dada por la Administración debe ser, en primer lugar, oportuna en el tiempo, es decir, que la misma no resulte inoficiosa debido al largo transcurso desde la petición formulada hasta la respuesta obtenida'. En el caso sub judice la respuesta de este tribunal visto solo siete (07) dias desde el momento en que la denunciante cumplió de manera efectiva con acreditar los requisitos de procedencia para la medida cautelar innominada el plazo de esos siete (07) dias no puede a criterio de este juzgador estimarse como irracional, asimismo una vez decretada la medida, esta (sic) no resultó inoficiosa, por el contrario ya el Fondo ¿Nacional de Transporte Urbano (FONTUR) recibió los tickets estudiantiles que portaba la denunciante, sin riesgo de que opere su vencimiento, por lo tanto la medida innominada cumplió su cometido" Que "(..) debe tomarse en cuenta los plazos transcurridos desde las peticiones. por separado, es decir, desde que me avoque (sic) al conocimiento de la causa en fecha 23 de septiembre de 2011, este juzgador en fecha 29 de septiembre de 2011 -al cuarto (04) dia de despacho- procedió a ordenar a la accionante que ampliar a los medios demostrativos del periculum in mora y del fumus bonis iuris, es decir, desde la primera petición hecha a este juzgador hasta el pronunciamiento transcurrieron solo 4 dias de despacho, seguidamente la denunciante presenta 3 diligencias de fechas (viemes 14 de octubre de 2011, martes 18 de octubre de 2011 página original (tal como se publicó) [Página 30] y miércoles 19 de octubre de 2011) se hace expresa mención que la denunciante consignó las copias de los tickets objeto de canje ante FONTUR que son las pruebas demostrativas del fumus bonis iuris y el periculum in mora, en la última oportunidad, es decir, el 19 de octubre de 2011, momento en que se consideran cubiertos los extremos, cabe destacar que entre estas 3 diligencias sólo transcurrieron cuatro dias de despacho, para ser más explícitos la parte diligenció (sic) el jueves, el martes y el diario o prestada a la parte, haciéndose dificil su análisis durante ese plazo, por lo que fue después de la última diligencia (19 de octubre de 2011) que de verdad pudo ;este tribunal pasar a analizar la medida solicitada y el cumplimiento de los requisitos de ley por parte de la solicitante, el cual se hizo en cuotas, pues fue tras la presentación de 3 escritos que la accionante fundamento (sic) y consignó los medios de prueba para sustentar los requisitos de la cautelar. En conclusión desde la. petición (19 de octubre de 2011) hasta el decreto de la cautelar (28 de octubre de 2011) transcurrieron siete (07) días de despacho" Señaló que consideraba razonable el plazo de 7 días porque "(e)n primer lugar no se trata de una medida típica, sino una cautelar innominada que como su nombre lo dice no poseen una denominación o tipo, y que requieren la comprobación de 3 requisitos (fumus bonis iuris, periculum in mora y periculum in damni) y no de 2. en el caso particular se trataba de una medida dirigid a un órgano del Estado (FONTUR) y antes de proceder a su decreto este juzgador debía hacer un mesurado análisis de la situación y las particularidades del caso, para no invadir competencias no atribuidas al tribunal que dirijo y respetar las prerrogativas del Estado frente a órdenes judiciales. (...) En consecuencia para el decreto de la cautelar este juzgador tuvo que revisar las documentales acompañadas con la demanda, y las acompañadas con los 3 escritos presentados por la parte demandante al tratar de comprobar los requisitos de ley. Entre esas documentales se destacan: actas de asamblea de fecha 02 de julio de 2009 y de 27 de junio de 2011, inspección extra item, comunicación dirigida a FONTUR, 80 TICKETS ESTUDIANTILES con fechas de emisión y de vencimiento distintas, lo cual incidía en la demostración del periculum in mora, mas la revisión argumentativa de los escritos presentados por la accionante" (Resaltado y mayúsculas del original). Que "(e)/ Juzgado que presid o posee múltiples competencias, a saber: Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario, Laboral (Que fue suprimida quedando aún expedientes en fase de ejecución y en apelación o casación) Protección del Niño y del Adolescente, Amparo Constitucional, causas que abundan en este juzgado por poseer competencia en todo el Estado Aragua" Que si bien el juzgado no se encuentra totalmente al día o actualizado, no menos cierto es que las estadisticas e informes anuales reflejan el gran volumen de trabajo que maneja este juzgado, aunado a la gran cantidad de casos que productividad. Se anexan los gráficos en los que se refleja el rendimiento del tribunal oxtraidos de la página Web del Tribunal supremo de justicia marcados '* Que "(..) resulta evidente que se trata de un juzgado que se ha puesto al día con los justiciables, aminorando en gran medida el número de causas pendientes por sentencia, tal como se evidencia del siguiente cuadro elaborado desde la gestión anterior a mi ingreso al tribunal hasta enero 2012 (...)" Finalmente solicitó a este Tribunal Disciplinario Judicial que "(...) una vez verificados todos y cada uno de mis alegatos se sirva absolverme de la denuncia y ordene su archivo definitivo (...)" V DE LA AUDIENCIA El tres (3) de julio de 2012, siendo las diez de la mañana (10:00 a. m.), se llevó a cabo la audiencia a la cual se refiere el artículo 73 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, estando constituido el Tribunal Disciplinario Vudicial por los jueces principales, reunidos en la Sala de Audiencias del Tribunal Disciplinario Judicial de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, en presencia del ciudadano Eulogio Paredes Tarazona, titular de la cédula de identidad N° V. 1013 05.970.926, en su condición de juez denunciado. Del desarrollo de la mencionada audiencia se, desprenden los siguientes hechos que a continuación se transcriben: "(..) En el dia de hoy tres (3) de julio de 2012, siendo las diez horas de la mañana (10:00 a. m.). estando constituido el Tribunal Disciplinario Judicial por los jUeCes prinCipales HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ, JACQUELINE SOSA MARIÑO y CARLOS MEDINA ROJAS, por la Secretaria Temporal RODRiGUEz; reunidos en la Sala de Audiencias del Tribunal Disciplinario Judicial de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, ubicada en el piso tres (3) del edificio de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, avenida Francisco de Miranda, entre las calles Élice y La Joya; a los fines de celebrar la audiencia prevista en el articulo 73 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, por el proceso disciplinario que se sigue al ciudadano EULOGIO PAREDES TARAZONA, titular de la cédula de identidad N° V-3.368.570, por haber incurrido, presuntamente, en falta disciplinaria durante su desempeño como Juez Provisorio del Juzgado de Primera Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua en la causa judicial N° 11- 16-295, consistente en retardar ilegalmente el pronunciamiento de una medida cautelar con ocasión de la pretensión de nulidad de acta de asamblea de la Sociedad Civil "Unión San Luis" así como la suspensión de sus efectos juridicos, incoada por la ciudadana Teresa de Jesús Sanz Sanz, prevista en el articulo 32 numeral 6 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, que da lugar a la sanción de suspensión. En consecuencia, se procede a dar inicio al presente aclo: Se deja constancia de la presencia del ciudadano Eulogio Paredes Tarazona, antes identificado, en su condición de juez sometido a procedimiento disciplinario; la presencia de la ciudadana Teresa de Jesús Sanz Sanz, titular de la cédula de identidad N° E.- 926.725, en su condición de denunciante, asistida por el abogado Guillermo Acosta, titular de la cédula N° V.- 13.116.017 inscrito en el IPSA bajo el número 156.896, y la incomparecencia de la representación de la Fiscala del Ministerio Público, aún cuando consta en autos su notificación. Acto seguido se informa a los presentes que a los fines de garantizar la más exacta y acertada valoración sobre lo discutido, las intervenciones de los presentes serán grabadas. Se concede la palabra a la parte denunciante, quien cuenta con un tiempo de diez (10) minutos para formular su exposición respecto a la denuncia. respecto lo siguiente: El abogado asistente de la denunciante señaló que conoció de la causa judicial interpuesta por los apoderados de su mandante sobre la nulidad de cautelar innominada el 19 de octubre de 2011, después de acudir a diferentes entes del Estado para obtener respuesta oportuna. Por su parte, la ciudadana denunciante expuso que llevaba 8 años trabajando en la asociación civil Unión San Luis de la cual fue excluida arbitrariamente y que como consecuencia de su exclusión perdería el cobro de diez (10) meses de tickets estudiantiles, los cuales le acarreará un familiar. Que el 29 de octubre de 2011 pidió el expediente en el tribunal y no tuvo RIO UDICIAL acceso a éste y, en consecuencia, interpuso la denuncia el 2 de noviembre de 2011 ante esta instancia disciplinaria, siendo que la medida le había sido otorgada el 28 de octubre de 2011, información que fue de su conocimiento con posterioridad a la interposición de la referida denuncia y que de haber conocido con anterioridad el pronunciamiento sobre la medida otorgada no juez sometido a procedimiento disciplinario. Seguidamente, se concede la palabra al juez denunciado por un tiempo de diez (10) minutos para formular su exposición, quien luego de realizar un recuento de los antecedentes que dieron origen a la denuncia del caso bajo exponiendo al respecto lo siguiente: Que no había sustanciado, procesado y tramitado la causa desde su inicio, quedando a cargo del tribunal temporalmente el ciudadano Antonio conocimiento de la causa y posteriormente en fechas 21 y 23 de ese mes y año la denunciante ratificó el pedimento cautelar, no obstante, observando que el juez temporal no habla abierto el cuaderno de medidas, ordenó su apertura el 23 de septiembre de 2011. suficientes elementos probatorios para acordar la medida cautelar solicitada, ordenó la ampliación de los medios demostrativos. Que posteriormente, la denunciante no actuó en el expediente sino hasta el 14 y 18 de octubre de 2011, oportunidades en las cuales ratificó el pedimento cautelar, siendo efectivamente el 19 de octubre de 2011 que consignó copia de los tickets objeto de canje ante FONTUR, momento a partir del cual la denunciante cumplió con incorporar al expediente los medios demostrativos solicitados. Que el 28 de octubre de 2011 acordó la medida cautelar solicitada y que, desde el 19 de octubre de 2011 solo hablan transcumido seis (6) dias, de los Código de Procedimiento Civil para decidir, incurriendo solamente en un retraso de cuatro (4) días, dilación debida al hecho de que la medida solicitada era una cautelar innominada, debiéndose acreditar además de los requisitos tradicionales, el del periculum in damni, y que ésta no resultó inoficiosa por haber cumplido con su cometido. Señialó que el tribunal a su cargo posee múltiples competenci considerable de causas heredadas de las cuales hoy en dia 3 restan 43 Reio en el OISCPLNA tribunal. respectivo, anunciando a los intervinientes la reconstitución de la audiencia para el dia de hoy a la una de la tarde (1:00 p. m.). incorporaron a la Sala de Audiencia con la finalidad de emitir el respectivo pronunciamiento una vez analizados los alegatos de las partes y las actas cursantes en el expediente disciplinario, y se procedió a dar lectura a la presente acta cuyo contenido es del tenor siguiente: Respecto al ilicito disciplinario imputado al ciudadano Juez Provisorio Eulogio Paredes Tarazona a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua, previsto en el artículo 32 numeral 6 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, por- haber presuntamente retardado ilegaimente el decrelo de la medida cautelar innominada solicitada por la ciudedana Teresa de Jesús Sanz en le causa respecto a la solicitud de medida mediante auto separado, el cual se materializó el 29 de ese mismo mes y afo, ocasión en la cual, actuando de conformidad con el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil, ordenó a la parte solicitante la ampliación de los documentos y argumentos juridicos demostrativos para pronunciarse acerca de la procedencia de la medida cautelar solicitada. Posteriormente, la parte solicitante en fechas 14, 18 y 19 de octubre de 2011 procedió conforme a lo dictaminado por el juez denunciado en referencia a la ampliación de los argumentos y documentos demostralivos de su solicitud, siendo especificamente en esta última fecha, es decir, el 19 de oclubre de 2011, que consignó las copias fotostáticas de los boletos o ticleeis n e rr n een rr n e nn n e cuales se habla solicitado la medida cautelar, procediendo en consecuencia el juez denunciado a dictar la medida cautelar solicitada el 28 de octubre de página original (tal como se publicó) [Página 31] 2011, no advirtiéndose un retardo ilegal en su pronunciamiento, tomando en cuenta que podía solicitar la ampliación de los medios demostrativos antes de decretar o no la medida cautelar de conformidad con el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil. De manera qus, el periodo transcumdo entre la fecha del abocamiento del juez denunciado a la causa judicial referida, esto es, el 23 de septiembre de 2011, hasta el pronunciamiento de la providencia cautelar el 28 de octubre providencia cautelar. Por otra parte, se advierte que desde el 19 de octubre de 2011, fecha en la cual la denunciante consignó copia simple de los tickets estudiantiles en razón de los cuales solicitó el decreto de la medida cautelar, hasta el 28 de transcurrieron siete (7) días de despacho, según el cómputo que riela al folio 326 de expediente, lapso éste que excede el de tres (3) dias establecido en el articulo 10 del Código de Procedimiento Civil. No obstante lo anterior, estima este Tribunal Disciplinario Judicial que el retraso de cuatro (4) días en el pronunciamiento de la medida cautelar no se constituye en injustificado, tomando en cuenta el número de expedientes tramitados ante el tribunal a cargo del juez denunciado, asl como las estadisticas de decisiones de los años 2006 al 2011 que corren insertas en el presente expediente disciplinario. De la misma forma, advierte este Tribunal que el retraso de cuatro (4) dias advertido no causó un daño a la tutela judicial efectiva de-la denunciante, comunicación enviada por el apoderado judicial de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR) y dirigida al juez denunciado, mediante la cual se le informa que la Gerencia de Finanzas tramitaria el pronunciamiento de la medida acordada por el juez denunciado. Por las razones expuestas, este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela Rojas, aprobada de manera unânime, declara lo siguiente: 1.. ABSUELVE al CiUdadano EULOGIO PAREDES TARAZONA de responsabilidad disciplinaria respecto a la falta disciplinaria prevista en el articulo 32 numeral 6 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, imputación establecida a partir de la actividad investigativa Disciplinaria Judicial por sus actuaciones desplegadas como Juez Provisorio del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario Cagua.... Se hace del conocimiento de los presentes que con la lectura de este acta se tienen por notificadas las partes del dispositivo de la decisión, de conformidad con el articulo 81, último aparte, del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Asimismo, según lo dispone el artículo 82 eiusdem, este Tribunal publicará dentro de los cinco (5) dias de despacho siguientes, el texto Integro de la decisión del presente caso. Igualmente se informa a las partes que la sentencia será ejecutada una vez que adquiera el carácter de definitivamente firme" (Mayúsculas y resaltado del original). VI DE LA COMPETENCIA Corresponde a este Tribunal Disciplinario Judicial, en primer lugar, pronunciarse acerca de su competencia para el conocimiento del presente proceso disciplinario, en los términos siguientes: En este orden de ideas, la novísima norma del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, establece en su artículo 2, a quiénes esta jurisdicción puede aplicar la potestad disciplinaria judicial, cuyo tenor reza: "Artículo 2. El presente Código se aplicará a todos los jueces y todas las FENSEZUELA juezas dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Se entenderá por juez o jueza todo aquel ciudadano o ciudadana que haya sido investido o investida conforme a la ley. para actuar en nombre de la República en ejercicio de la jurisdicción de manera permanente, temporal, ocasional, accidental o provisoria. (...omissis...)" De conformidad con el aítículo parcialmente transcrito, el ámbito de aplicación y en consecuencia la potestad disciplinaria judicial del señalado Código se extiende para cualquier juez de la República, incluyendo los permanentes, temporales, ocasionales, accidentales o provisorios; haciéndose extensiva no sólo para los jueces que hubieren ingresado a la carrera judicial según la previsión del artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referido a la Carrera Judicial (concursos públicos de oposición). La competencia legal para el ejercicio de la potestad disciplinaria en el poder judicial, la encontramos expresada en el artículo 39 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana: "Articulo 39. Los órganos que en el ejercicio de la jurisdicción tienen ia competencia disciplinaria sobre los jueces y juezas de la República, son el Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, los cuales conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia, respectivamente, los contenidos en este Código. El Tribunal Disciplinario Judicial contará con ia Secretaría corresponderte y los servicios de Alguacilazgo." Como se desprende del presente artículo, el Tribunal Disciplinario Judicial TVIDA setenta la competencia para aplicar el régimen disciplinario, lo cual se traduce en la salvaguarda de los principios orientadores y deberes en materia de ética previstos en el señalado Código, imponiendo ante su incumplimiento, las sanciones disciplinarias previstas en los artícu' s 31, 32 y 33 eiusdem. Siendo así las cosas, queda claramente definida la competencia de este Tribunal Disciplinario para aplicar en primera instancia los correspondientes procedimientos disciplinarios contra los jueces y juezas de la República. Así se decide. VII CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Analizadas las actas que conforman el presente expediente y apreciadas las exposiciones de las partes en la audiencia oral y pública celebrada el 3 de julio de 2012, y siendo la oportunidad para dictar el extenso de la decisión contenida en el acta de esa fecha, este Tribunal observa lo siguiente: Respecto al ilicito disciplinario imputado al ciudadano Juez Eulogio Paredes bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua, previsto en el articulo 32 numeral 6 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, por haber, presuntamente, retardado ilegalmente el decreto de la medida cautelar innominada solicitada por la ciudadana Teresa de Jesús Sanz en la causa judicial N° 11-16295, en virtud del cual la Oficina de Sustanciación estimó que "(...) en fecha 29 de septiembre mediante auto el juez denunciado solicitó a la parte actora en el juicio ampliar los medios demostrativos y fundamentos jurídicos del Periculum in Mora y de Fumus Boni luris tal y como consta en el folio 214 de la pieza uno del expediente, posteriormente a esta actuación y visto una serie de escritos consignados por las partes en fecha 28 de octubre de 2011, es decir. 24 días de despacho después de haberse abocado al conocimiento de la causa decidió acordar medida cautelar innominada"a la parte actora, dicha actuación está fuera del lapso caneprendido en el articulo 10 del Código de Procedimiento Civil que le establece un lapso no mayor a tres dias después de hecha la solicitud", este Tribunal considera conveniente realizar un estudio exhaustivo de las actas que conformen el presente La ciudadana Teresa de Jesús Sanz, denunciante ante esta instancia disciplinaria, interpuso ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua, a cargo en ese entonces del Juez Temporal Antonio Hemández, una pretensión de nulidad de acta de asamblea de la Sociedad Civil "Unión San Luis" así como la suspensión de sus efectos jurídicos en fecha 7 de julio de 2011 (folios 34 al 36). El anterior juzgado, a cargo del Juez Temporal referido, en fecha 14 de julio de 2011 ordenó a ta parte actora, en ejercicio del despacho saneador, la corrección del libelo en virtud de que se había omitido la estimación de la demanda, a los fines de pronunciarse acerca de la admisión o no de la pretensión (folios 47 y 48). El 2 de agosto de 201.1, la denunciante presentó libelo modificado ante el referido juzgado, solicitando adicionalmente el decreto de una medida cautelar conforme a los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil consistente en la suspensión temporal de los efectos de la comunicación emanada de la Sociedad Civil "Unión San Luis", por cuanto le habían negado la aceptación de los boletos estudiantiles y consecuencialmente el pago oportuno de éstos, trayendo como consecuencia un daño a su patrimonio (folio 49 al 54). El 5 de agosto de 2011, el tribunal en cuestión, a cargo aún del Juez Temporal Antonio Hernández admitió la pretensión incoada por la ciudadana denunciante, ordenando el emplazamiento de la contraparte para la contestación (folio 83). NIPLMAN En fechas 9 de agosto y 21 de septiembre de 2011, la ciudadana denunciante solicitó al juzgado en cuestión pronunciamiento acerca de la medida cautelar solicitada (folios 208 y 211 respectivamente). El 23 de septiembre de 2011, el ciudadano Juez Eulogio Paredes Tarazona, denunciado en la presente causa disciplinaria, se abocó al conocimiento de la referida causa judicial N°11-16295 (folio 90) en virtud de su reincorporación luego del disfrute de sus vacaciones legales de los años 2007-2008 y 2008-2009, según consta de acta de entrega del tribunal por parte del Juez Temporal Antonio Herández (folios 27 al 29) por cuanto le correspondia el disfrute de vacaciones desde el 6 de junio de 2011 hasta el 8 de agosto de 2011, con fecha de incorporación el 9 de agosto de 2011 según planilla de programación de caciones (folio 22). En esa misma fecha, el juez denunciado dictó auto mediante el cual abrió el cuaderno de medidas y ordenó agregar las diligencias de fechas 9 de agosto y 21 de en relación a esta última estimó que proveería lo conducente mediante auto separado. El 29 de septiembre de 2011, el tribunal a cargo del juez denunciado dictó auto mediante el cual, vista la solicitud contenida en la diligencia del 21 de ese mismo mes y año referente a la medida cautelar, ordenó a la parte solicitante ampliar los medios demostrativos y fundamentos jurídicos del periculum in mora y del fumus página original (tal como se publicó) [Página 32] boni iuris, a los fines de proveer sobre el decreto de la medida cautelar innominada solicitada (folio 214). El 14 de octubre de 2011, la ciudadana denunciante presentó ante el juzgado en cuestión escrito exponiendo razones y fundamentos juridicos en torno a los requisitos de la medida cautelar solicitada (folio 312). El 18 de octubre de 2011, la ciudadana denunciante presentó ante el juzgado gcrio y aneocos correspondientes a copia fotostática del acta de socio de la jedad Civil Unión San Luis, oficio de revisión de los tickets estudiantiles avalado FONTUR del 20 de juio de 2011 y copia certificada de la inspección judicial zada por el Tribunal del Municipio Zamora el 9 de febrero de 2011 (folio 313). El 19 de octubre de 2011, la ciudadana denunciante presentó ante el juzgado fotostática simple de los boletos estudiantiles correspondientes a los meses de - marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, obtenidos con_su vehiculo de transporte público en la ruta de la asociación civil Unión San Luis (folio 314). El 28 de octubre de 2011, el tribunal a cargo del juez decretó medida cautelar innominada contra la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), a los fines de que le fueran recibidos a la ciudadana denunciante los tickets percibidos hasta esa fecha y los que continuará percibiendo hasta que fuese dictada lá sentencia definitiva en el juicio de nulidad de acta de asamblea incoado. Ahora bien, analizadas de manera exhaustiva las actas que conforman ei presente expediente disciplinario, así como los alegatos proferidos por las partes en la audiencia oral y pública celebrada el 3 de julio de 2012, este Tribunal ha podido nstatar que el juez denunciado se abocó al conocimiento de la causa judicial N° 16295, contentiva de la demanda de nulidad de acta de asamblea incoada por la ciudadana denunciante Teresa de Jesús Sanz, en fecha 23 de septiembre de 2011 de la medida cautelar solicitada mediante auto separado, el cual se materializó en denunciado procedió a emitir un auto requiriendo a la solicitante la ampliación de los medios demostrativos de su solicitud de medida cautelar innominada a los fines de acreditar los requisitos de periculum in mora y fumus boni iuris, de conformidad con el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil. Seguidamente, la solicitante de la medida cautelar innominada, hoy oportunidades ante el juzgado en cuestión, específicamente en fechas 14, 18 y 19 de octubre de 2011 (folios 218 al 219, 230 y 250 al 258 del expediente). y en esta dos últimas consignó documentos demostrativos de la solicitud de la medida cautelar innominada, tales como copia del oficio de revisión de, los tickets o boletos estudiantiles avalado por la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR) del 20 de julio de 2011, copia certificada de la inspección judicial .realizada por el Tribunal del Municipio Zamora el 9 de febrero de 2011 y finalmente, pia fotostática de los boletos o tickets estudiantiles cuya fecha de canje podía vencerse si no se decretada la medida cautelar solicitada. En este sentido, el juez denunciando decretó la medida cautelar innominada solicitada en fecha 28 de octubrede 2011, ordenando al efecto librar el correspondiente oficio a la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR) a los fines de que los boletos fueran recibidos y tramitados para su Ello así, advierte este Tribunal que el periodo transcurrido entre la fecha del abocamiento del juez denunciado a la causa judicial referida, estos es, el 23 de septiembre de 2011, hasta el pronunciamiento del decreto que acuerda la medida cautelar el 28 de octubre de 2011, no fue motivado a un retardo ilegal en el pronunciamiento de una providencia cautelar, sino que por el contrario, el juez denunciado hizo uso de la facultad que le era atribuida conforme al articulo 601 del Código de Procedimiento Civil al ordenarle a la solicitante ampliar los medios nostrativos de su pretensión cautelar. Por otra parte, advierte este Tribunal que desde el 19 de octubre de 2012. dija en la cual la parte denunciante consignó en autos la copia simple de los tickets udiantiles en razón de los cuales solicitó la medida cautelar, hasta el 28 de ubre de 2011, fecha en la cual el juez decretó la medida cautelar innominada, transcurrieron siete (7) días de despacho, según el cómputo de Secretaría que riela al folio 326 del presente expediente disciplinario, lapso éste que excede el de tres (3) dias establecido en el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, en el cual se establece que cuando las leyes no fijen término para librar alguna providencia, el juez deberá hacerlo dentro de los tres (3) dias siguientes a aquél en que se haya hecho la solicitud correspondiente. No obstante lo anterior, debe tomar en consideración esta instancia disciplinaria que el tribunal unipersonal a cargo del juez denunciado posee una multiplicidad de competencias; una cantidad considerable de causas que se estiman en un aproximado de 11.333 de los expedientes de años anteriores y 477 del año en referencia según consta de inventario de expedientes que riela al folio 331 del expediente; asi como también cuenta con estadísticas de productividad favorable tal y como se advierte de los informes anuales de gestión de los años 2004 al 2011 que corren insertos a los folios 332 al 345 del expediente y las tablas demostrativas de las sentencias dictadas durante los años 2006 al 2011 que corren insertas a los tolid 327 al 329 del expediente disciplinario. Adicionalmente, estima este Tribunal Disciplinario Judicial que el retraso de oagtro (4) dias advertido en el pronunciamiento de la medida cautelar solicitada no causó daño alguno a la tutela judicial efectiva de la denunciante, lo cual puede apoderado judicial de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FORNTUR) dirigida al juez denunciado mediante el cual se le informa que la Gerencia de Finanzas tramitaría el pago de los tickets estudiantiles en cumplimiento de la medida cautelar innominada decretada (folios 357 y 358 del expediente), así como de las propias declaraciones explanadas por la denunciante en la audiencia oral y pública celebrada ante esta instancia disciplinaria. De lo anterior concluye este Tribunal Disciplinario Judicial que el retraso de .cuatro (4) días en que incurrió el juez denunciado en ei pronunciamiento de la medida cautelar innominada solicitada por la denunciante no se constituye en injustificado, en virtud de lo cual estima esta instancia jurisdiccional disciplinaria que el ciudadano Juez Eulogio Paredes Tarazona no se encuentra incurso en responsabilidad disciplinaria por el ilícito previsto en el artículo 32 numeral 6 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, ante lo cual se le ABSUELVE de la imputación realizada a partir de la actividad investigativa llevada a cabo por la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial. Así se decide. VIII DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se ABSUELVE al Ciudadano EULOGIO PAREDES TARAZONA de responsabilidad disciplinaria respecto del ilícito disciplinario imputado previsto en el articulo 32 numeral 6 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana durante su desempeño como Juez Provisorio del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua. Notifiquese a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y a la Dirección General de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura; e infórmese a la Rector la de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua y a la Dirección Administrativa Regional de ese Estado. La presente decisión se ejecutará una vez que adquiera el carácter de definitivamente firme. Contra la presente decisión podrá ejercerse apelación ante publicación de la presente decisión, de conformidad con el artículo 83 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Tribunal Disciplinario Judicial de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, a los d'iecocho (18 días del mes de julio de dos mil doce (2012).-Años 202° de la Independencia y 153º de la Federación. PACHECO ALVIÁREZ Juez Presidente CARLOS MEDINA ROJAS JAUQUELINE SOSAMARINO Juez Ponente RAQUEL SUE SONZÁLEZ Secretaria En fecha cicce oofo(8) de julio de dos mil doce (2012), se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° TOJ- SD-20R- 193 Exp. N° AP61-D-2011-000324 página original (tal como se publicó) [Página 33] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución N° 0286 Caracas, 03 de agosto de 2012 202° y 1530 La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano FRANCISCO RAMOS MARÍN, titular de la cédula de identidad .N° 13.336.942, domiciliado en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en sircondición de Director Ejcutivo, designación que consta en la Resolución :Nº. 2008-0004 de fecha.02 de abril de 2008, publicada en.la Gaceta Oficial. de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 38.917 de fecha veinticuatro (24) de abril de 2008, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 9, del artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.942, de fecha 20 de mayo de 2004. RESUELVE PRIMERQ: Designación de la ciudadana DARYS GARCÍA ZAPATA, titular de la cédula de identidad N° 17.299.305, quien ejerce el cargo de Analista Profesional II, como Jefa de la División de Servicios al Personal de la. Dirección Administrativa Regional del estado Aragua de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a partir/de la presente fecha, en condición de encargada. Compuniquese „Dietbr ecutiv de la Magistratura MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas,11 de jullo de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 942 LUISA ORTEGA DÍAZ Filscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar a la cudadana Abogada ANDREA YAZMÍN VARóN, titular de la cédula de identidad N° 20.129.747, quien se viene desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, con sede en San Carlos; a la Fiscalía Quincuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia en materia Contra la Legiltimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, cargo creado; a partir del 01 de agosto de 2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad: ese y Publíquese. Registre ORTEGA DIAZ Gelleral de la-Republica REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 11 de julio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 945 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada CAROLINA ALEJANDRA DOMfNGUEz GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° 10.334.734, quien se viene desempeñando como FISCAL PRovIsorrO en la Fiscalía Municipal Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; a la Fiscalía Quincuagésima Segunda del Ministerio Público de la 01 de agosto de 2012 y hasta nuevas instrueciones de esta Superioridad. Regis FUISAORTEGA DIAZ gcal §mineral de-ler República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 18 de julio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 976 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNCQ: Trasladar a la cudadana Abogada YOSMAR ALMEIRA, titular de la cédula de identidad N° 8.374.164, quien se viene desempeñando como ABOGADO ADJUnTO IV en Ia Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos; a la Dirección en lo Constitucional y Contencioso-Administrativo, adscrita a la Dirección General de Apoyo Jurídico de este Despacho, cargo creado; a partir del 01 de agosto de 2012. Regist E LUI A ORTEGA DIAZ caleneral de la-República. página original (tal como se publicó) [Página 34] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 19 de jullo de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 980 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUE ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado DARfo oSwALDO GUZMÁN MAzzEI, titular de la cédula de identidad N° 7.948.347, quien se viene desempeñando como FISCAL PRovIsoRIO en. la Fiscalía Centésima Cuadragésima Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; a la FISCALfA NONAGÉSIMA del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial, con competencia en Penal Ordinario Víctima Niño, Niña y Adolescente, en sustitución de la ciudadana Abogada Lidis Coromoto Sánchez de Hemández, quien pasará a otro destino; a partir del 01 de agosto de 2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. pe y Publíquesé. Regi SLUTSA ORTEGA DIAZ Fiscalseneral de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 23de julio de 2012 Años 202° y 153° LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: único: Trasladar con el cargo al ciudadano Abogado MARCo ANTONIO RODRÍGUEZ AGUTLERA, titular de la cédula de Identidad N° 10.528.800, quien se viene desempeñando como FIsCAL PROvIsoRIO en la Fiscalía Novena del Ministerio Público. del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, con sede en Cumaná; a la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial, con competencia en materia Contra la Corrupción y sede en Cumaná; a partir del 01 de agosto de 2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Regist íquese y Publíquese. ALUISA ORTEGA DÍAZ cal General de la-Republica. REPÚBLICA BOLIVÀRIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 23 de julio de 2012 Años 202° y 153° LUISA ORTEGA DÍAZ Filscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar con el cargo a la cudadana Abogada ALrsoN JANNETTE FREIRE EDREIRA, titular de la cédula de identidad N° 10.781.404, quien se viene desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en 1a Fiscalía Novena del Ministerio Público del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, con sede en Cumaná; a la Fiscalía Quinta del Ministerio' Público de la citada Circunscripción Judicial, con competencia en materia Contra la Corrupción y sede en Cumaná; a partir del 01 de agosto de 2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. quese y Publíquese. Regis LUISA ORTEGA DIAZ al neral de la Répública REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 27 de julio de 2012 Años 202° y 153° LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICQ: Trasladar a la ciudadana Abogada NIYULIS TIBISAY ARIAS MEJÍAS, titular de la cédula de identidad N° 9.487.668, quien se viene desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Centésima Trigésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia para la Defensa de la Mujer; a la FISCALÍA DÉCIMA SEXTA del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial, con competencia plena, cargo vacante, a partir del 01-08-2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. rese y Pubilquese, Regí L SA ORTEGA DÍAZ Fiscal Gepural de la República página original (tal como se publicó) [Página 35] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 27 de julio de 2012 Años 202° y 153° B66 ON NONE O LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 elusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar al Cludadano Abogado CARLOS ENRIQUE LEÓN BUITRAGO, titular de la cédula de identidad N° 13.112.659, quien se viene desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Sala de Flagrancia, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; a la FIsCALÍA QUINCUAGÉSIMA oCTAVA del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competendia plena y sede en la cludad de Caracas, a partir del 01-08-2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Regist Runiquese y Publiquese. SA GRTEGA DIAZ General de la -República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 27 de julio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 993 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICQ: Trasladar al cudadano Abogado FERNANDO CESAR LEDEZMA RAVAGO, titular de la cédula de identidad N° 9.289.265, quien se viene desempeñando como FISCAL AUXTLIAR INTERINO en la Fiscalía Octogésima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia de Protección de Derechos Fundamentales; a la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia en materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, cargo vacante;a partir del 01 de agosto de 2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Regíst GISAORTEGA DIAZ Sferait de ta República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 27 de julio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 997 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICQ: Trasladar al ciudadano Abogado GERMÁN DAVID MENDoZA PINEDA, titular de la cédula de identidad N° 15.234.795, quien se viene desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la FiScalía Décima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia; a la FISCALfA CUADRAGÉSIMA del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia plena y sede en la ciudad de Maracaibo del citado estado, cargo vacante, a partir del 01-08-2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. SA ORTEGA DIAZ Genrat de la República. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 27 de julio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 998 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICQ: Trasladar a la ciudadana AbogadaJANETH ALIZABETH LEÓN DÁVILA, titular de la cédula de identidad N° 10.804.020, quien se viene desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Septuagésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia plena; a la Fiscalía Cuadragésima Octava del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia plena, cargo vacante; a partir del 01 de agosto de 2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Regist eral-de Ta República página original (tal como se publicó) [Página 36] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 27 de julio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 999 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚnICO: Trasladar al ciudadano Abogado JUAN CARLOS TORO cAsTaÑo, titular de la cédula de identidad N° 15.879.512, quien se viene desempeñando como FISCAL AUXLIAR INTERINO en la Fiscalía Sexagésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competenda plena; a la Fiscalía Vigésima Segunda del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia plena, cargo vacante, a partir del 01 de agosto de 2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. yPuplíquese: Registre SA GRTEGA DIAZ Gene fal de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 27 de julio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 1000 LUISA ORTEGA DÍAZ Filscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley rgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los amerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚeCO: Trasladar al ciudadano Abogado DEAN CARLOS VALDIVIA ancoPA, titular de la cédula de identidad N° 16.880.366, quien se viene sempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Sala de Flagrancia, Iscrita a la Ascalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Área Metropolitana de Caracas; a la Fiscalía Sexagésima Quinta del Ministerio il ciudadano Abogado Juan Carlos Toro Castaño, quien pasará a otro destino; a rtir del 01 de agosto de 2012 y hasta nuevas instrueciones de esta Superioridad. pey Publíquese. ORTEGA DIAZ Gengral de la -República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 27 de julio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 1001 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar al cudadano Abogado APOLONIO JOsÉ CORDERO R0JAS, titular de la cédula de identidad N° 13.585.106, quien se viene desempeñando como FISCAL PRovIsoRIO en la Fiscalía Sexta del Ministerio Público del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con sede en Guanare y competencia en Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes; a la Fiscalía Primera del Ministerio Público del Segundo Circuito de esa Circunscripción Judicial, con sede en Acarigua y competencia plena, cargo vacante, a partir del 01 de agosto de 2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. se y Publíquese. Regi E SA ORTEGADIAZ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 27 de julio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 1002 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejerdidio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 elusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar a la cludadana Abogada THANMAiR DEL VALLE ARCAYA LÓPEZ, titular de la cédula de identidad N° 12.177.334, quien se viene desempeñando como FISCAL AUXaLIAR INTERINO en la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Maracay y competencia plena; a la Fiscalía Trigésima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valendia y competenda en materia para la Defensa de la Mujer, cargo vacante, a partir del 01 de agosto de 2012 y hasta nuevas Instrucciones de esta Superioridad. Publíquese. Regístre SA ORTEGA DÍAZ l de la República página original (tal como se publicó) [Página 37] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 27 de julio de 2012 Años 202° y 153° LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICQ: Trasladar a la ciudadana Abogada. JOSEUDYS ISMENIA GUEVARA LEANDR0, titular de la cédula de identidad N° 13.827.680, quien se viene desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Sala de Flagrancia, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; a la Fiscalía Septuagésima Tercera del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial, con competencia plena, en sustitución de la ciudadana Abogada Janeth Alizabeth León Dávila, quien pasará a otro destino; a partir del 01 de agosto de 2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad: 3 Genfal de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 27 de julio de 2012 Años 202° y 153° LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado ROBERT RAMÓN HERRERA 3ARAMILLO, titular de la cédula de identidad N° 12.854.490, quien se viene desempeñando como FIsCAL PRovIsoRIO en la Fiscalía Décima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, con sede en Trujillo y competencia en materia de Ejecución de la Sentencia; a la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, con sede en San Felipe y competencia plena, cargo vacante; a partir del 01 de agosto de 2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Registrg ISA PRTEGA DIAZ Genfral de la Repúblicar REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 30 de julio de 2012 Años 202° y 153° O N LUISA ORTEGA DÍAZ Fiacal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 elusdem. RESUELVE: ÚNICQ: Trasladar al ciudadano Abogado JORGE LUTS URDANIETA MONRoY, titular de. la cédula de Identidad N° 16.492.831, quien se viene desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, con sede en Puerto Ayacucho y competencia plena; a la Fiscalía Septuagésima Quinta del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia en materia de Régimen Penitenciario y sede en la ciudad de Maracalbo, estado Zulla, cargo vacante; a partir del 01 de agosto de 2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. e y Rublíquese Regist gomurt UnIS ORTEGA DIAZ> FISCALCE Keral de la Republica REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 30 de julio de 2012 Años 202° y 153° LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado HENRY J0SÉ ESCALONA ZAMBRANO, titular de la cédula de Identidad N° 10.074.677, quien se viene desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda; a la FISCALÍA VIGÉSIMA SEXTA del Ministerio Público de la citada Defensa de la Mujer, en sustitución de la Abogada Zulay Yolanda Gómez Morales, quien pasará a otro destino, a partir del 01-08-2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. íquese Publíquese. UISORTEGA DÍAÉ calneral de la República página original (tal como se publicó) [Página 38] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 30 de julio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 1026 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICQ: Trasladar a la ciudadana Abogada MERCEDES ELENA URBINA REYES, titular de la cédula de identidad N° 10.699.314, quien se viene desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Octogésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; a la FISCALÍA DÉCIMA CUARTA del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia en materia de Ejecución de la Sentencia, con sede en el Área Metropolitana de Caracas, cargo vacante, a pártir del 01-08-2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Fcaleneral de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 30 de julio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 1027 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado 3OsÉ ENRIQUE ORTEGA ROA, titular de la cédula de identidad N° 11.396.210, quien se viene desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Décima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, con competencia en "materia de Protección de Derechos Fundamentales y sede en Barinas; a la FISCALÍA SEXAGÉSIMA sÉPTIMA del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia plena y sede en la ciudad de Guanare, estado Portuguesa, cargo vacante, a partir del 01-08-2012 y hasta nuevas instrucciones de esta-Superioridad. omuníquese y Publíquese.. scabgeneral de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 30 de julio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 1029 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado ALBERTO DAVID RODRfGUEZ CARUCL, titular de la cédula de identidad N° 12.764.310, quien se viene desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Centésima Quincuagésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia para intervenir en las Fases Intermedia y de Juicio Oral; a la FIscALÍA TRIGÉSTMA SÉPTIMA del Ministerio Público aNivel Nacional, con competencia plena y sede en la ciudad de Caracas, cargo creado, a partir del 01-08-2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. omuníquese y Publiquese. Reg ISAJORTEGA DIAZ al Gereral de la-República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 30 de julio de 2012 Años 202° y 153° LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercido de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada EILINGH del VALLE MÁRQUEZ CALDERÓN, titular de la cédula de identidad N° 10.501.726, quien se viene desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Trigésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia de Protección de Derechos Fundamentales; a la Fiscalía Cuadragésima Octava del Ministerio Público de esa agosto de 2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. amnuniquese y Publíquese LUISA ORTEGA DÍAZ General de la Repúbilicar página original (tal como se publicó) [Página 39] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 30 de julio de 2012 Años 202° y 153° LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICO: Designar FISCAL PROVIsoRIO a la ciudadana Abogada GABRIELA FÁTIMA MOREIRA BAENA, titular de la cédula de identidad Nº 13.338.671, en la FISCALfA SEGUNDA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, con sede en Cumaná y competencia en materia de Defensa Ambiental, cargo vacante. La referida ciudadana se viene desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la citada Fiscalía. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-08-2012 y hasta nuevas instrucciones deestr-Superioridad. Regístreg pe y Rubliquese. SA ÖRTEGA DIAZ Genefal de la Repúbtica REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 30 de julio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 1010 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley rgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los merales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. ÚNICO: Designar FISCAL PROVIsORIO a la ciudadana Abogada AULA MARÍA zIRI-CASTRO LÓPEZ, titular de la cédula de identidad 16.225.219, en la FISCALÍA SEPTUAGÉSIMA OCTAVA del Ministerio Público : la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia materia Contra la Corrupción, cargo vacante, La referida ciudadana se viene sempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Quincuagésima Tercera Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia plena. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del -08-2012 y hasta nuevas instrucciones de esta-Sugerioridad. JISA ORTEGA DIAZ Gereral de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 30 de jullo de 2012 Años 202° y 153° LUISA ORTEGA DÍAZ Fiacal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚnCO: Designar FISCAL. PROvIsORIO a la cudadana Abogada ZULAY YOLANDA GÓMEZ MORALES, titular de la cédula de identidad N° 6.407.654, en la FISCALIA DÉCTMA SÉPTIMA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy y competencia en el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes, cargo vacante, Fiscalía Vigésima Sexta del Ministerio Público de esa Circunscripción Judicial. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01 de agosto de 2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. Regis ORTEGA DIAZ eral de Ja-República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 30 de julio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 1014 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICQ: Designar FISCAL PROVIsoRIO al ciudadano Abogado RAÚL ENRIQUE PAREDES VELÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad N° 10.698.133, en la FISCALÍA SEGUNDA del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, con sede en Carúpano y competencia plena, cargo vacante. El referido cudadano se viene desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la citada Fiscalía. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01 de agosto de 2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superieridad. ese y Publíquesac Regístres ISA PRTEGA DÍAZ Gepmral de la República página original (tal como se publicó) [Página 40] DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppO 187207DF1 AÑO CXXXIX MES X Número 39.983 Caracas, viernes 10 de agosto de 2012 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas - Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 40 Págs. costo equivalente a 16,45 % valor Unidad Tributaria DE VENEZUELA. ArtíCulo 12. LaGACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único. Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial. Articulo 13. En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo Nacional. Articulo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de . públicos por el hecho de aparecer en la GACETAOFICIAL DE LÀ REPÚBLICA BOLIVARIAÑA DE VENEZUELA. cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos. El SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 11 de julio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 946 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. RESUELVE: ÚNICQ: Designar FISCAL PROVIsoRIO al ciudadanO Abogado EDGAR ALEXANDER ECHENIQUE CASTILLO, tituIar de la cédula de identidad N° 15.144.540, en la FISCALÍA MUNICIPAL TERCERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia territorial en la Parroquia Sucre y sede en la localidad de Catia, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial, en sustitución de ia ciudadana Abogada Carolina Alejandra Domínguez González, quien pasará a otro destino. El referido ciudadano se viene desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la mencionada Fiscalía Municipal. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-08-2012 y hasta nuevas instrucciones de esta-Superieridad. Regí íquese y Rublíquese, L LUISA ORTEGA DÍAZ scabeneral de la Repúbiica DEFENSORÍA DEL PUEBLO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DESPACHO DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO CARACAS, 07 DE AGOSTO DE 2012 2020Y 1530 RESOLUCIÓN N° DdP-2012-089 GABRIELA DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ, DefensOra del PuebIo de la República Bolivariana de Venezuela, designada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 13 de diciembre de 2007, según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.836, de fecha 20 de diciembre de 2007, actuando de conformidad con el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en ejercicio de la atribución de realizar nombramientos conferida por el artículo 29 numeral 19 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.995, de fecha 05 de agosto de 2004, en concordancia con el artículo 11 del Estatuto de Personal de la Defensoría del Pueblo, contenido en la Resolución N° DP-2007-210, de fecha 17 de diciembre de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.838 del día 26 de diciembre de 2007. RESUELVE: Designar al ciudadano DAVID POMPEYO ROJAS VALERO, titular de la cédula de identidad N° V-14.929.685, como Director de Asuntos Legislativos, adscrito a la Dirección General de Servicios Jurídicos, desde el día 16 de agosto de 2012. uese y Publíquese, GABRIELA DEL MAR RAMIREZ PEREZ DEFENSORA DEL PUEBLO página original (tal como se publicó)