[Página 1] SUMARIO Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia Resoluciones mediante las cuales se designa a la ciudadana y al ciudadano que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se señalan. Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas BCV Aviso Oficial mediante el cual se publica el «Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito» marzo 2012. Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras INSOPESCA Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Jonnas Alejandro Rodríguez Piñango, como Subgerente Encargado de la Subgerencia Sucre de este Instituto. Ministerio del Poder Popular para la Salud Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Pedro Salazar, en su carácter de Director Estadal Encargado de Salud Distrito Capital, adscrito a este Ministerio, la firma de los actos y documentos que en ella se indican. Resoluciones mediante las cuales se procede a la publicación de los Traspasos Presupuestarios de Gastos Corrientes a Gastos de Capital del Presupuesto de Gastos vigente de este Ministerio, por las cantidades que en ellas se especifican. Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución N° 070, de fecha 30 de abril de 2012, en los términos que en ella se señalan. Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación FUNDACITE Zulia Providencia mediante la cual se nombra al ciudadano Eduardo Antonio Ríos Méndez, como Director Ejecutivo de esta Fundación, (FUNDACITE Zulia). Providencia mediante la cual se delega la atribución y firma para asumir compromisos y obligaciones con cargo al Presupuesto de esta Fundación, así como autorizar la movilización de fondos y erogaciones de los gastos necesarios para el funcionamiento de la misma a los ciudadanos que en ella se mencionan. Providencia mediante la cual se delega en los ciudadanos que en ella se indican, la facultad de expedir copias certificadas de los documentos cuyos originales reposan en los archivos de esta Fundación. Providencia mediante la cual se revoca el concurso público convocado en fecha 14 de enero de 2009, para la selección del titular de la Unidad de Auditoría Interna de esta Fundación. Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Kurenan Lara, en su carácter de Coordinador al Despacho de la Viceministra de Protección Social, las atribuciones y firmas de los actos y documentos que en ella se señalan. Banco del Pueblo Soberano, C.A., Banco de Desarrollo Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Egda Adriana Goa Arias, como Secretaria de la Comisión de Contrataciones de este Banco. Número 39.931 Tribunal Supremo de Justicia «Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los Tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se insta a los jueces y juezas que conforman la Jurisdicción Especial Agraria a preservar en todas las etapas del proceso los principios constitucionales previstos en los artículos 2, 26, 49, 305, 306 y 307, y especialmente el principio agrario de la inmediación del juez, por lo que resultará en todo momento competente el tribunal agrario del lugar donde se implementó o pretendió desarrollar el plan de inversión de crédito con fines agrarios; o bien, el del sitio donde se localice el bien dado en garantía, siempre y cuando éste resulte afecto a la actividad agraria, aun cuando las partes hayan establecido de mutuo acuerdo un domicilio especial distinto». Ministerio Público Resolución mediante la cual se crea la Fiscalía Sexagésima Novena del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia en materia Antiextorsión y Secuestro, y sede en el Área Metropolitana de Caracas, adscrita a la Dirección General Contra la Delincuencia Organizada. Resolución mediante la cual se crea la Fiscalía Centésima Quincuagésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia Contra las Drogas, adscrita a la Dirección Contra las Drogas. Resolución mediante la cual se cambia la adscripción de los Archivos Estadales del Fiscal Superior del Ministerio Público de cada Circunscripción Judicial del país; a la Dirección de Secretaría General de este Despacho. Poder Ciudadano Consejo Moral Republicano Resolución mediante la cual se reforma la conformación de la Comisión de Contrataciones que conocerá de los procesos de contrataciones públicas, relacionadas con las modalidades de selección de contratistas para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios, la cual estará integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA DESPACHO DEL MINISTRO 202°, 153° Y 13° N°098 2 8 MAYO 2012 Fecha RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, designado según Decreto N° 6.398 de fecha 09 de septiembre de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.012 de fecha 09 de septiembre de 2008, en ejercicio de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en los numerales 2, 13 y 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo establecido en os artículos 5 numeral 2 y 20 numeral 9 de la Ley del Estatuto de la Función página original (tal como se publicó) [Página 2] Pública y con lo previsto en-los artículos 12 y 15 de la Ley de Registro Público y del Notariado, DESIGNA al ciudadanO (a) RAQUEL DEL VALLE PEREZ RANGEL, titular dela cédula de identidad N° V-9.269.786, REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERA DELESTADO BARINAS. Comuníquese y Publíquese. Por el Ejecutivo Nacional, TARECK EL AISSAMI REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA DESPACHO DEL MINISTRO 202°, 153° Y 130 2 8 MAYO 2012 N°099 Fecha RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, designado según Decreto N° 6.398 de fecha 09 de septiembre de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.012 de fecha 09 de septiembre de 2008, en ejercicio de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en los numerales 2, 13 y 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo establecido en los artículos 5 numeral 2 y 20 numeral 9 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y con lo previsto en-tos artículos 12 y 70 de ta Ley de Registro Público y del Notariado, DESIGNA al CiudadanO (a) LUIS GERARDO MOLINA GUILLEN, titular de la Cédula de identidad No V-13.212.561, NOTARIO PÚBLICO SEGUNDO DE BARINAS, ESTAPO BARINAS. Comuníqueße y Publiquese. Por el Ejecutivo Nacional, MENISTRO MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS AVISO OFICIAL El Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 numeral 26 de la Ley que lo rige, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y demás Tarjetas de Financiamiento.o Pago Electrónico, procede a publicar el siguiente: "ESTUDIO COMPARATIVO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO" Marze 2012 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTUDIO L. La Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y Demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.021, de fecha 22 de septiembre de 2008, tiene por objeto garantizar el respeto y protección de los derechos de los usuarios y las usuarias de dichos instrumentos de pago, obligando al emisor de los mismos a otorgar información adecuada y no engañosa a los y las tarjetahabientes. El presente "Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito" ha sido elaborado de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley, donde se establece que el Banco Central de Venezuela debe publicar "un estudio comparativo de las tasas de financiamiento en tarjetas de crédito que incluya como minimo lo siguiente: tasas de interés financieras, moratorias y beneficios adicionales que no impliquen costo adicional para el o la tarjetahabiente, cobertura, plazos de pago y el grado de aceptación". Para ello se ha tomado como base la información suministrada, con carácter de declaración jurada, por parte de las instituciones del sector bancario emisoras de tarjetas, de acuerdó con lo establecido en el artículo 46 de la misma Ley. En todo caso, el Banco Central de Venezuela reitera que se encuentra facultado para sancionar administrativamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 135 de la Ley que rige su funcionamiento, a aquellas instituciones que incumplan la normativa dictada por el Instituto en materia de tasas de interés financiera y moratoria que aplican a operaciones activas con tarjetas de crédito a que alude el articulo 45 de la Ley de Tarjetas de'Grédito, Débito, Prepagadas y Demás Tarjetas der Financiamiento o Pago Electrónico; así como a aquellas instituciones, que incumplan la obligación prevista en el artículo 46 de la Ley en referencia, relacionado con la obligación de suministrar, en la oportunidad y forma allí prevista, la información requerida para realizar el presente estudio comparativo. Igualmente, se observa que el incumplimiento de la normativa emitida por el Banco Central de Venezuela en materia de comisiones, tarifas o-recargos, será sancionado'conforme a lo previsto en el artículo 135 de la Ley del Banco Central deVenezuela. Asimismo, el Banco Central de Venezuela cumple con advertir que el objetivo de este informe no es promover ni patrocinar en forma alguna el uso de tarjetas emitidas por las instituciones del sector bancario, ni de franquicias o marcas asociadas a las mismas. En el caso de las tarjetas de crédito, el estudio comprende para cada tipo de tarjeta emitida por institución, los siguientes aspectos: tipo de tarjeta de crédito, tasa de interés de financiamiento y de mora, cobertura, plazo de pago y de financiamiento, número de puntos de venta y negocios afiliados, asi como beneficios sin costo para el cliente. Igualmente, en el caso de las tarjetas de débito, se considera: cobertura, número de puntos de venta, negocios afiliados y cajeros automáticos, desagregado en cajeros remotos y en agencias. DEFINICIONES I. Beneficios adicionales: Beneficios o servicios que brinda la franquicia (o marca) y el emisor a 1os r e emisores de tarjetas, no siendo por tanto, responsable el Banco Central de Venezuela de dicha calificación ni sobre su otorgamiento o no a los tarjetahabientes. Cobertura: Ámbito geográfico o sector de merca de en el cual puede ser utilizada la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Emisor: Empresas emisoras y operadoras de tarjetas de crédito, así como las instituciones bancarias tarjetas de crédito, débito, prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, de uso nacional, internacional, o en ambas modalidades en el territorio nacional. Franquicias: Entidades que otorgan las licencias de emisión de tarjetas. de crédito (Visa, Mastercard, American Express y Diners Club) y tarjetas de débito (Maestro y Visa). Negocios afiliados: Número de establecimientos comerciales que reciben pagos a través de la tarjeta en cuestión. Constituye un indicador del grado de aceptación. institución bancaria para que el tarjetahabiente realice, al menos, el pago mínimo indicado en su estado de cuenta so pena de incurrir en mora. Puntos de venta: Número de terminales de punto de venta que pueden procesar pagos originados por la tarjeta en cuestión. Constituye un indicador del grado de aceptación. Tarjeta de crédito: Instrumento magnético, electrónico o de cualquier otra tecnología de identificación del o de la tarjetahabiente que acredita una relación contractual entre el emisor y el o la tarjetahabiente, en virtud del otorgamiento de un crédito a corto plazo o línea de crédito a favor del segundo, el cual podrá ser utilizado para la compra de bienes, servicios, cargos automáticos en cuenta u obtención de avance de dinero en efectivo, entre otros consumos. Tarjeta de débito: Instrumento magnético, electrónico o de cualquier otra tecnología que permite al o la tarjetahabiente realizar consumos, o hacer retiros de dinero en efectivo con cargo automático a los haberes de su cuenta bancaria y.que es emitida previa solicitud de parte.del o de la titular de la cuenta bancaria. Tarjetahabiente: Persona natural o jurídica a la cual el Emisor, otorgue tarjetas de crédito, débito, prepagadas, y/o demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, para el uso de un crédito, línea de crédito o cargo en cuenta. Tasa de interés de financiamiento: Tasa promedio anual que cobra la institución financiera:emisora al tarjetahabiente por concepto del crédito. Tasa de interés de mora: Tasa promedio anual que cobra la institución financiera emisora al tarjetahabiente por concepto de retrasos en los pagos. Tales intereses deben ser calculados sobre el said o vencido y no sobre todo el capital originario. TARJETAS DE CRÉDITO II. En esta sección se detallan las tasas de interés de financiamiento y de mora que las instituciones bancarias cobran: a sus clientes. por el uso de las tarjetas de crédito, la cobertura, los plazos de pago y de financiamiento, el número de puntos de ventas y de negocios afiliados (Anexo N° 1), asi como los beneficios.adicionales que recibe el tarjetahabiente (Anexos Nros: 2 y 3). Las tarjetas. de crédito se encuentran clasificadas por niveles, de conformidad con Circular emitida por el Banco Central de Venezuela el 04/03/2808, ia cual'establece: Nivel 1 (clásicas y similares), Nivel 2 (doradas y similares), Nivel 3 (platinum y similares) y Nivel 4 (black y similares). Estas tarjetas operan bajo las franquicias Visa, Mastercard, American Express y Diners Club. La cobertura de estas tarjetas es nacional e internacional y algunas instituciones bancarias ofrecen tarjetas privadas, las cuales son aceptadas exclusivamente en los comercios afiliados a nivel nacional. En materia de tasas de interés, el Banco Central de Venezuela fijó las tasas de interés de financiamiento anual para las tarjetas de crédito en 17% la mínima, 29% la máxima y 3% adicional a la tasa de interés pactada por concepto de obligaciones morosas, según Aviso Oficial del 08/03/2012 (G.O. N° 39.879 del 08/03/2012). En este sentido, la mayoría de las instituciones bancarias se ubicaron en la tasa máxima de financiamiento. Sin embargo, se destaca que el Banco del Pueblo Soberano, en sus tarjetas Mastercard reporte las siguientes tasas de financiamiento: para el Nivel 1: 19%, Nivel 2: 21%, Nivel 3: 23% y Nivel 4: 25%. Asimismo, el Banco Nacional de Crédito, en su tarjeta privada, estableció una tasa del 26%. La tasa de mora se ubicó en 3% anual para todas las instituciones. Por su parte, para la tarjeta de crédito denominada "Cédula del Buen Vivir Bicentenario" del Banco de Venezuela, este Instituto mediante Aviso Oficial del 28/09/2010 (G.O. N° 39.521 del 30/09/2010), fijó en 15% la tasa de interés activa mínima anual a ser aplicada por las operaciones activas con dicha tarjeta. Iguamente, esa institución bancaria en la tarjeta de crédito identificada "Cédula del Buen Vivir Turismo", presentó una tasa máxima de financiamiento del 18%. Asimismo, el Banco del Tesoro tiene en circulación las tarjetas mencionadas en el párrafo anterior con las mismas características. página original (tal como se publicó) [Página 3] meses, siendo que el máximo de financiamiento lo ofreció BFC Banco Fondo Común; no obstante, la mayoria de los bancos financian a 36 meses. Las tarjetas de crédito son aceptadas en 296.389 puntos de venta, instalados en 233.9.12 negocios afiliados en el país. Es importante señalar, que existen 68.572 negocios adicionales que sólo aceptan la tarjeta American Express de Corp Banca. IV. TARJETAS DE DÉBITO En este apartado se presenta información sobre el número de puntos de venta, negocios afiliados y cajeros automáticos que aceptan tarjetas de débito emitidas por las instituciones bancarias, previo otorgamiento de licencias Maestro y Visa. Estas tarjetas pueden ser utilizadas sólo a nivel nacional y son recibidas en 295.351/terminales de puntos de ventas, instalados en 233.596 negocios afiliados así como en 9.389 cajeros automáticos (Anexo N° 4). Algunos negocios afiliados disponen de dos tipos de terminales, los que-aceptan las tarjetas de crédito y débito, y aquiles que sóle admiten transacciones de débito, lo cual:esigina que el número de puntos de venta de las tarjetas de débito difiera respecto al de las tarjetas de crédito. ANEXO·N° 1 Información acerca de Tarjetas de. Crédlito 3.4 Visa 100% BANCO Nacionai e 29.00% 3,00% 20 1.081 38 1.007 Intemacional Mastercard 1,2,3,4 Visa 1.2,3.4 ACTIVO Nacional e 29.00% 3,00% 20 3.820 3.133 36 1, 2, 3, 4 Intemnacional Mestercard AGRICOLA Mestercard 1. 2, 3,4 29,00% 3;00% . Nacional- 20 101 .38 101 Visa 1.2,3, 4 BANCARIBE Nacional e 29.00% 3,00% 20 8.038 38 9.189 Mastercard Intemacional 1. 2,3,4 Visa 1.2,3,4 Nacionale Mastercard 1.2.3.4 BANESCO 29.00% 3,00% Intemacional Amerlican 25 37.201 36 .51.127 1.2 Express (2) Priveda Nacional (1) 2 3.4 Naclonal Visa 12 (8) BANPLUS 28.92% 3.00% 20 3.893 Nacional e 3.005 Mastercard 1.2.3 36 Intemacional Visa 1.2,3 29.00% BFC Nacional e 3,00% 20 80 4.723 4.282 Intemacional Mastercard 1.2, 3. 4 1.2.3.4 Viss8 Nacional e BICENTENARIO 29.00% 3.00% 20 .24.248. 22.351 136 Intemaciontal Mestercard 1.2.3.4 1.2.3 Visa Nacional o 29.00% BOD Intemacional Mastercard 3.00% 1.2.3.4 20 30 17.811 18.054 2 Nacional (1) Prveda Visa 1.2.3 CARONI (v) Nacional e 29,00% 3.00% 20 38 2.838 3.085 Intemacional Mastercard 1.2.4 1.2.3 Visa Nacional e CITIBANK 29,00% 3.00% 20 38 0 0 Mastercard Intemacional 1.2.3 1.2.3.4 Visa 20 36 24.952 Mastercard CORP BANCA 1.2,3.4 Nacional e 29.00% 3,00% 27.931 Intemacionai American 21 1.2.3.4 48 Express (2) 68.572 1.2.3.4 Visa DEL SUR 28,02% Nacional e 3,00% 20 38 2.142 1.574 Meslercard 1.2,3.4 Intemacional 1.2,3,4 Visa Nacional e 28.00% 38 2.777 2.537 Intemacional 1.2, 3,4 Maslercard DEL TESORO 3,00% 21 15,00% (41) 24 Privada Nacional (1) 12. 18 2 18,00% (8) 1.2.3.4 Vlee EXTERIOR 29.00% Nacional e 3.00% 20 48 5.288 8.833 Intemacional (3) Mastercard 1. 2, 3, 4 1.2. 20.02 Ves GUAYANA9) Nacloniel 8 3,00% 20 38 1.883 1.819 Intemacional Mestercard 1.2.3,4 1.2:3.00 Viess 29.00% Nacional e INDUSTRIAL Intemacionai 3,00% 1.2.3 25 Mestercard 38 129 22 28.00% Priveda Nacional (1) 1 Viea 1.2.3.4 29 Nacional 1.2,3.4 Mestercard 43.785 30.392 MERCANTIL 29.00% Internacional 3.00% 38 Diners Club 22 2 Nacional (1) Prveda 20 1 18 1 Viea 1.2.3.4 29.00% Nacional NACIONAL DE 8.034 7.194 Intemacional Mastercard 3,00% CREDITO 1.2.3.4 30 38 20,00% Priveda Nacional (1) 34 1 14 Vea 1.2.3.4 Nacional io PLAZA 28,92% 3,00% 20 36 3.479 3.017 Intemacionai Meastercard 1.2.3,4 1.2.3.4 Ves Nacional e PROVINCIAL 29.00% 3,00% 30.381 25 38 47.240 Intemacional Mastercard 1.2.3.4 SOBERANO Neclonal o 25,00%() 3,00% Mestercard 1.2.3.4 36 20 374 370 Intemacional 1.2.3 Visa Nacional p. 29.00% Intemacional. Mestercard 1.2,3.4 3,00% 3.175 20 36 4.127 Priveda Nacional (1) 2 Vaa 1.2 Nacionalle 29.00% 3,00% 22 24 433 DE CREDITO 402 Intéimacionai Meetercard 1.2 1.2.3 Vea 29.00% Nacional o Mestercard 1.2.3.4 Intemacional American 28.394 36 23.718 1.2.3 Expreas (2) VENEZUELA 3,00% 30 29,00% 15,00% (4) Privada 1 Nacional (1) 790 254 24 18,00% (5) 84 31 (1) Unicamento en los establecimientos aíilados al banco según lo estabiecido en el convenio firmado entre ambas partes. (2) La franquicia ofrece tarjetas de cargo, en lana que los consumos reslizdos durento un eríodo daban ser ctencoledos en su olaldad al final del smo. Estas tarjetas no tenen financlemiento por lo oual no son consideradas tarjetas de crédito. (3) Exospto Prepegadan y Viaa Joven. (4) Carreaponde a la Cédula del Buen Vvir Bloentenario. () Poee une tarjeta (vela 1 y 2) convenio con las FANB y otra taretn (ngal 1) on FEDEIDusT, ambar con 22%6 de taa fnanclen. miento (par nle : 19, lvel : %y, nve : 2%, y glvel 4: 24). Aalmlemo, len une ta pefere da dol 17% para moro aarioa (aólo nivel 1 y 2). (0) Según G.O. N° 30.821 dal 15 de diclod CA.Bano Univeral,nobetante dicho fusión urtinl efeclos n vez een publicados y reistredos los eaulo exgios por la SuDEBA. ANEXO N° 2 Seguro de accidentes de viajes. Global Senvce, Master seguro Seguro de accidentes Centro de Asistencia Global. do viajoo. viajes. Serviaios de asistencia 1 Intemacional Selects. Seguro de socidentos de viajes, Global Sevioo, Master seguro Seguro de appidento en vajes. DIiners Club Cash. Salones de automóviles soguro de viajes, Servisios de soistensio asistencia de viajes, Mestor stencia en viajes viaje a. Acoeso il programa y otros servicios excluasvos. Europe, Asia y Sur Amérioa. seguro de autos. Intemacional Selects. 2 Acepiada por operadores de excursiones y proveedores de servicios luristios en la mayoria de los países. Cantro de Asistencia Giobal. Seguro de accidentes de viajes. Globel Servioa, Mester seguro Seguro de aictidento en vViajea. automóviles seguro de servicios de Servicios de aslqulledos, seguro médico de asistencia do viajen, ma viajes. Aecnio al programa seguro de auto, Conclergo, Intemacional Selects. y otros servicios exclusivos, MastecAsslt:Plus. 3 especiaios para servicios ejecutivos de negocio, ofertas exclusivas de viejos. Cantro de Exclusivas Viea Platinum. Seguro de accidentes de viaje a, Global Servioo, Mester Seguro Seguro de sopidento en viajes. seguro automóviles Servicios de asistencia en de viajes. Acceso al programa asisiencia do viajon, Maator emergencia, seguro de autoli, anisioncia centro de Intemecional Selects. Infinito Gateway, asistencia personal, Pílorty Pasa scosso a salas VIP. protección en de premios Visa Infinite ATM,MaisterAss Bleck, Rewards, ofertas exclusivas de inconveniencia de viajes, Vinjes, acceso al slto Web de 4 proilección de equlpajes. Visa Infinile, servicios especiales pars ejecutivos de negocio. Seguro de pérdida de equipaje. Seguro de demora de equipaje. Garaitia exdendica. Protección de compras. Centro de Asistencia Global. Exlusivas Visa Infinito. Exclusiva o Visa Signalture. ANEXO N° 3 Otros beneficios adicionales sin costos Visa 3.4 Atención telefónica a travès del cantro de 100% BANCO 1, 2, 3, 4 Mestercard Vissa 1, 2, 3, 4 Pego de sus tarjetas a través de la dirección ww.banconctivo.com. ACTIVO Recepción de los estados de cuenta Mestercard 1. 2, 3, 4 mensuales via come o AGRICOLA Meastercard Abención telefónica por el 0501-899.99.99 / 1.23.4 0212-953.78.42. MbrelL.: Proteción de compras, seguro Mia 1.2.4 pérdida de equipaje, seguro demora do BANCARIBE equipaje, garantia extendida. Iicees.3 x.4: Plan de Mllas Bancarbo. Masteroard .1. 2, 3, 4 Hicel.4: Aasistente personai. Viaa 1. 2. 3, 4 neisco On Line exclusivo; banca tolefónioa Baneaco; descuento en alianzas comerciaios, promociones de tarjetas de crédito/débito, Mestercard 1. 2,3, 4 servicio mensajeria SMS. Programa de BANESCO Amertean .72 Exppeas pago oportuno. Servicio de consulta de movimientos en cuenta, saldos, referencias Priveda pi 2 bencarins y pegos a través de diepenedoras de autoservicios. BANPLUS Mesbercang 1.2.3. Abención telefónica las 24 horas del dis. Vies 1.2.3 pagos y transferencias. Atención a través de BFC masa de 150 agenilaa a nivel nacional. Centro de Alención Telefónica las 24 horas del dia, los Mantercared 1.2.8.4 para Bamedas desdo Venezuelia. Via Envio de eslidoa de cuenta via correo 1.2 BICENTENARIO ellectrónioo, consulta de saldo, movimientos, pego y consuse a travia de la plg web: Mestercard 1.2 1.2.3 .Vipa Cn n n n n movimientos y pagos. Programa BODescuento, 1:2. 3:4 Mesteircard enb soqund ep uppnnea.en ve eajaoo anb pueden ser carteados por bienes y sérvitloo en BOD, el mismo ciroullo de la maroa privada (al lado oenon e ee n oqund on n Prepida o los consumos 2. rellradon por loa usuario o. Movif pera noticacionen do Servialo BOD consulta de said o de ia Tarjeta de Cridllo. Viaa 23 Serviclo de atención telefónica las 24 horas. CARONI estados de cuenta via correo Mnotercilgd. 1..3 Envio de electrónico, cuando el clete lo solicilia. V 1.2.3 Miestarödnd 1.2.s$ aw.cltbenk.com.vs. Senviclo de atención telefónica laa 24 hora o, a Vea 1.2.5,4 previo de 000 MIBANCA. Servilo de Coep Lino (Home Banikng).para consulta de said o, 1,2.84 supd p spn ed auugou Weib aoe0r.corols góca.camión. slefônica Ine 24 horas. travás de loe Giobal Asaist, servicio de asietoncia 9-X-100 9-XY-00 médica y legal al viajero. Seguro de American naclonal en) y 0058-212-2080333 accidente en viaje a. Acceso al 1. 2, 3, 4 Express armadas Intemacionaies). Los cllentes de programa Intemacional Selects. Progrerma Corp Bano a podnin realizar oonsulas do saldos y movimientos haciendo uso de Corp Rewards. través de la página poner.corobanca,com.vB. Pago de eus tacjetaa a trivda de la dirección www.delsur.com.ve, poalblidad de recibir sus Viea 1.3,3.4 estados do cuenta DEL SUR los 385 dias del año, a través del 0500- DELSUR-0 (0500-335.7870) y 501.990.989. 1.2,3.4 Mastercard Mensnjoria SMS para Información de vencimiento de pego. 1.2.3.4 Vies del 0800-b (0800-2837878). Eh0-de DEL TESORO 1. 2.3. Mastercard cstodoo do cuento do ia tarjeta. Privada pe 1,2 Visa 1.2,3, 4 EXTERIOR 1. 2;8, 4 Mastercard en ATM en TDE y"TOD e Infomeción sobre saldos y fechas de gege en TDC. Visa 1.2 Serviclo de pago, movimlentoa, coneula de GUAYANA Mastercard 1. 2. 3, 4 las 24 honis. 050 CANAML Meastercard 1.2, 3 Daseuento por pronto pego, do 3 puntos manos sobre Ja tnaa do Interdo oplcada. Servialo de Homo Banidng. a travdo do lo Viss 1.2,3 Web defónica 24 horas, loe 305 dies daf afo, a Privada 1. travão del 0800-248,7325. página original (tal como se publicó) [Página 4] por cada cor Visa 1, 2, 3, 4 realice, que Mastercard 1: 2, 3. 4 de la tarjeta Diners Club en Makro y en 19.000 entos afliados a nivel nacional. Diners Club Awverds, programas de bonificación Diners Club 2 MERCANTIL oportuno. del 1% de los consumos facturados. Bolos Privada c 1 Mercantll, en el cuíl, por cada consumo que realice, scumula bolos canjeables aplicados a la deuda gon la lerleia. Serviclo BNCNET para consultas de saldos, Visa 1. 2, 3, 4 movimientos y pego de las tarjetas a trevids de NACIONAL DE 1, 2, 3, 4 Mastercard tarea del senvicio de atención telefónica 0500. CRÉDITO Prvadas co red de ofloines on sus horarios estableclos. 1 Cantro de atención telefónica las 24 honss; 1.2, 3, 4 consulta de información via Intemet, en la Visa direcolión wew.bancoplaza.com: programa PLAZA puntos pieza: programa de lealtad pera cliontos 1, 2, 3. 4 Mastercard con protluctos dal nluel 3 y 4. Visa 1. 2, 3, 4 Prognama de Provlmiliss. Web: Página Servicio de PROVINCIAL Mastercard 1. 2, 3, 4 año. Atenclón telefónica los 385 dias del año, las 24 horas, consulta de said o, movi 1.2 y 050190-00-09. Tien pare Microempreearios SOBERANO Mastercard horas, consulta de saldo, movimientos, pegos y 3, 4 y 0501990-89-99. Accaso via Intemet al servicio de consultas de Vea 1, 2, 3 fecluraclones, pegos y consumos a través do www.sofitasa.com. Programa de soflpuntos. que se acumulan por pagos y consumos. SOFITASA Atención telefónica 24 horas y 385 dias al afo 1, 2, 3, 4 Mastercard travle del 0500-SOFTTEL Mensajeria Informativa por MSM. Goza de beneficios de disfruta del Parque do Privadas 2 Agua, ubicado en la cludad de Maracaibo. 1.2 Visa CRÉDITO 1.2 Mastercard Programa Juntos Sumamos Puntos, clave Mastercard 1, 2. 3 por el 0500 MICLAVE. telefónica personal DOr clavenet parsonal Mastercard 1, 2, 3, 4 servicio asistencia teifónica para emergencia las 24 VENEZUELA American 1, 2, 3 horas, los 385 diaa del afio. Express "Buen Vivir Turiamo" están exoneradas de la Privadas () 1 cuota de emisión. (1) Beneficio opcional ofrecido al cliente, cuyo costo es asumido en su totalidad por la Institución bancaria. (2) Tarjetas propias del banco, sólo pasan por sus puntos de venta. (3) Tarjetas propias del bano o, pólg.pasan por sus puntos de venta y por los del Banco de Venezuela. ANEXO N° 4 Información acerca de Tarjetas de Débito -A400% BANCO Maestro Naclonal 1.08 1.007 33 31 2 Masstro Nacional ABTIVO 3.620 30133 24 24 0 Meastiro Nacional 79 DLA 10 13 66 Maastro -Necional 181 181 9.18 20 Messtro 37.204 51.127 1.,782 1.072. 690 BANPLUS Meestro Neclonel 20 3.893 0 BFC Maeptro Neclonel 744 .4.282 141 4.723. 3 Maestro Naclonal 985 334 651 22.351 BICENTENARIO 24.248 BOD Maestro Necional 545 319 228 17.811 18.054 Maestro CARONI Nacional 98 88 2.938 10 3.085 CITIBANK Maestro Nacional 15 0 15 0 0 Maestro Nacional 228 156 27.931 24.952 72 47 DEL SUR Maestro Nacional 1.574 7 40 2.142 DEL TESORO Nacional Meestro 86 2.537 231 145 2.777 Maestro 14 EXTERIOR Nacional 142 128 6.833 5.268 GUAYANA 1.819 Maestro Nacional 83 55 1.883 8 INDUSTRIAL Maestro Nacional 304 129 22 166 138 MERCANTIL Meestro Nacional 1.307 601 708 43.785 30.392 Meestro Nacional NACIONAL DE CREDITO 315 86 229 7.194 6.034 PLAZA Maestro 13 Necional 3.017 3.479 8 5 PROVIINCIAL Maestro Nacional 1.397 30.381 299 1.098 47.240 Maestro Nacional 374 370 40 29 SOBERANO 11 Maestro SOFITASA Nacional 4.127 3.175 128 23 105 Maiestro VENEZOLANO DE 433 192 137 55 Nacional 401 Visa Superefectiva Maestro Nacional 338 VENEZUELA 28.394 23.718 1.098 780 1/ Ubicados fuera de las agencias. 2/ Ubicados dentro de las Igencias. ANEXO N° 5 NÚMERO DE PUNTOS DE VENTA TARJETA DE DÊBITO TARJETA DE CRÉDITO 300.000 296.389 300.000 286.000 - 295.00 290.000 - 290.00 205.000 206.000 200.000 20.00 178.000- 275.000 178.000 178.00 25.000- 20.00 200.000- 200.000 255.000- 258.000 20.0 20.00- 345.000 245.000 ANEXO N° G NÚMERO DE NEGOCIOS AFILIADOS TARJETA DE DÉBITO TARJETA DE CRÉDITO 233.912 26.000 233.588 236.000 230.000- 238.00- .226.0 225.000 230.000 2230.00 216.000 216.00 290.000 210.000- 205.000- 205.00 200.000 200.00 - 196.000 105.000 9.389 9.000- 9.380 0.400 9.200 3,276 0.00 1.446 1.073 892 989 800 413 281 8.000- 249 Caracas, 22 de mayo de 2012. En micarácter de Secretario del Directorio certifico la autenticidad del presente Aviso Oficial. Eudomar Tovar Primer Viceppasidente Gerente MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAAGRICULTURA Y TIERRAS VENEZUELA. MINISTERIO DEL POOR REPÚBLICA BOLIVARIANA DE POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS.INSTITUTO SOCIALISTA DE LA DESPACHO DE (INSOPESCA). ACUICULTURA Y PESCA PRESIDENCIA.PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 18-2012. CARACAS, 24 DE MAYO DE 2.012. 202º y 153º De conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 54 numerales 3 y 8 del Decreto Con Rango Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, concatenado con el artículo 34 del Decreto Con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y, en concordancia con lo pautado en el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Se designa al ciudadano JONNAS ALEJANDRo RODRIGUEZ PIÑANGO, titular de la Cédula de Identidad Nº 15.328.826, como SUBGERENTE ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA SUCRE de este Instituto, a partir del 01 de Marzo de 2.012. Artículo 2. Se delega al ciudadano antes identificado la firma de los actos y documentos que a continuación se especifican: 205.351 1. Expedición de autorizaciones de pesca artesanal. 2. Expedición de permisos a personas naturales que exploten la pesca comercial artesanal. 3. Expedición de permisos a personas naturales o jurídicas, propietarias de buques pesqueros comerciales, menores de diez unidades de arqueo bruto (10 AB). 4. Expedición de certificación sanitaria para la exportación de productos y subproductos pesqueros o acuícolas. 5. Expedición de la guía de transporte de productos pesqueros. 6. Expedición de inspecciones para la emisión de autorizaciones para acuicultura. página original (tal como se publicó) [Página 5] 7. Expedición de certificación para la instalación o levantamiento de cuarentena para la introducción al país de especies exóticas. 8. Expedición de inspección y evaluación durante el período de cuarentena. 9. Expedición y evaluación de certificación de empresas industriales procesadoras de productos y subproductos pesqueros, por línea de producción. 10. Expedición y evaluación de certificación de empresas procesadoras de propiedad social o colectiva artesanal de productos y subproductos pesqueros. expedición de certificación y registro de laboratorios de control de calidad de productos pesqueros y acuícolas. NSOPESCA 12. Expedición de certificación de inspección sanitaria, en puertos o aerepuertes, de lotes a Importar o exportar y de los Insumos necesarlos para la aculeultura. 13. Expedición y evaluación de certificación de establecimientos dedicados al acopio, mayoreo o comercio de productos pesqueros. 14. Expedición de certificación de sistemas de control de calidad. 15. Expedición de certificación de muestras a exportar sin valor comercial. 16. Expedición de certificación e inspección del desembarque en buques pesqueros, de atún o langosta. 17. Expedición de certificación e inspección del desembarque en buques pesqueros de otros productos pesqueros. 18. Expedición de constancia e inspección de artes, instalaciones, equipos y dispositivos y buques pesqueros, menores de diez unidades de arqueo bruto (10 AB). 19. Expedición de inspección y constancia de artes, Instalaciones, equipos y dispositivos y buques pesqueros de cargo-mero y otras embarcaciones artesanales entre diez unidades de arqueo bruto (10 AB) y treinta unidades de arqueo bruto (30 AB). 20. Expedición de Inspección y constancia de artes, instalaciones, equipos y dispositivos y buques pesqueros cerqueros y cajeros. 21. Expedición de inspección y constancia de artes, instalaciones, equipos y dispositivos y buques pesqueros palangreros. 22. Expedición de inspección y constancia de artes, instalaciones, equipos y dispositivos y buques pesqueros extranjeros. 23. Expedición de inspección y certificación de evaluación técnica del recurso hidrobiológico, con fines de pesca comercial en cuerpos de agua sometidos a desecamiento progresivo. 24. Expedición de inspección y certificación de establecimientos dedicados a la acuicultura, acopio o comercialización de recursos hidrobiológicos vivos. 25. Expedición de habilitación para embarcaciones. 26. Expedición de inspección y certificación de las actividades conexas. 27. Aperturar, sustanciar y otras actuaciones a que hubiere lugar, relacionados con los procedimientos administrativos previstos en el Decreto Con Rango Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura. 28. Incorporar a la Flota Pesquera, los Buques Menores de Diez Unidades de Arqueo Bruto («<10 UAB), por ante el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura LA (INSOPESCA) . 29s, Otorgar autorización de Incorporación a la Flota Pesquera a los Buques APestenores de Diez Unidades de Arqueo Bruto (<10 UAB), antes de solicitar el espacios acuáticos. 30. Las demás funciones inherentes y de acuerdo a los procedimientos y lineamientos establecidos, en el Decreto Ley. Artículo 3. Los actos y documentos firmados con motivo de ésta Providencia Administrativa, deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y número de la presente Providencia Administrativa y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en donde haya sido publicada. Artículo 4. El Presidente del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA), podrá discreclonalmente firmar los actos y documentos referidos en la presente Providencia Administrativa. Artículo 5. El funcionario delegado deberá rendir cuenta al Presidente del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA) de los actos y documentos firmados en virtud de ésta delegación. Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 del Decreto Con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, respecto de los actos y documentos que no pueden ser delegados. Comuníquese y publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, PEDRO EMILIO GURRA SASTERLNO Presidente del nsthaesaoafista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA) MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD NÚMERO DE DE 2012 2 8 HAY 202° y 153° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 7.436 de fecha 24 de Mayo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.434 de fecha 28 de mayo de 2010, modificado mediante Aviso Oficial de fecha 09 de junio de 2010, publicado. en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.442 de la misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, numerales 2 y 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, este Despacho Ministerial, RESUELVE ARTíCULO 1. Delegar en el ciudadano PEDRO SALAZAR, titular de la cédula de identidad N° V- 4.142.446, en su carácter de Director Estadal Encargado de Salud Distrito Capital, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud; la firma de los actos y documentos que a continuación se indican: 1. Las donaciones y aportes que reciba de personas naturales o jurídicas, de instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 2. Las designaciones, remociones y retiros de los funcionarios clasificados como de libre nombramiento y remoción, adscrito a la Dirección Estadal de Salud Distrito Capital, previa aprobación de la Ministra del Poder Popular para la Salud. 3. Elaboración de los contratos de trabajo y su rescisión, previa aprobación de la Ministra del Poder Popular para la Salud. 4. Los ingresos, egresos, suspensiones, traslados, comisiones de servicio y apertura de procedimientos disciplinarios, de los funcionarios adscritos a la Dirección Estadal de Salud Distrito Capital. 5. Designación del personal de confianza, previa aprobación dela Ministra del Poder Popular para la Salud. ARTícULo 2. Los actos y documentos firmados de conformidad con la presente Resolución, deberán indicar inmediatamente bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y número de la Resolución y Gaceta Oficial donde haya sido publicada. ARTIcULo 3. La Ministra del Poder Popular para la Salud, podrá discrecionalmente firmar los actos y documentos referidos en la presente Resolución, y esta delegación de firma no implica de modo alguno la delegación de competencias que le son propias. ARTíCULO 4. El ciudadano PEDRO SALAZAR, antes identificado deberá rendir cuenta a la Ministra de todos los actos y documentos que hubiere firmado conforme a esta delegación. ARTícuLo 5. Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. ARTícULo 6. Se delega en el Director General del Despacho, la juramentación de Ley. ARTícULo 7. La presente Resolución tendrá vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. EUGENIAADER CASTELLANOS Ministra del oder Popular para la Salud Decreto 7.436 del 24 de mayo de 2010 página original (tal como se publicó) [Página 6] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD 2 8 HAY NÚMERO 0 6 9 DE 2012 DE 202° y 153° RESOLUCIÓN De conformidad con lo establecido en los numerales.15 y 19 del Artículo 77 del Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008 en concordancia con el Artículo 4 de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012, y lo dispuesto en el Artículo 86 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público Sobre Sistema Presupuestario, se procede a la publicación del traspaso presupuestario de gastos corrientes a gastos de capital del presupuesto de gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para la Salud, por la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE MIL BOLÍVARES CON CERO CENTImos (Bs. 420.000,00). Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, aprobados por este Ministerio según Oficio N° 0868 de fecha 04 de Mayo de 2012. En consecuencia, se autoriza su publicación de acuerdo con la siguiente imputación presupuestaria. DE: Acción (Bs.420.000,00) Gestión Administrativa Centralizada 540002000 Acción las Apoyo Institucional a Acciones Específicas los Especifica: de (Bs.420.000,00) Proyectos del Organismo 540002001 Dirección Regional de Salud del (Bs.420.000,00) UEL: 11006 Estado Portuguesa (Bs.4 20.000,00) Servicios No Personales Partida 403 (Bs.120.000,00 Viáticos y pasajes Genérica: 09 (Bs. 120.090-00) Viáticos y pasajes dentro del país Específica: 01 (Bs. 300.000,00) Impuestos indirectos Genérica: 18 (Bs.300.000,00) Impuesto al valor agregado Específica: 01 PARA: Acción Bs. 420.000,00 Gestión Administrativa Centralizada 540002000 Institucional las Apoyo Acción a Acciones Específicas los de Específica: Bs. 420.000,00 Proyectos del Organismo 540002001 Dirección Regional de Salud del UEL: 11006 Bs. 420.000,00 Estado Portuguesa Bs. 420.000,00 Activos Reales Partida 404 Maquinarias y demás equipos construcción, campo, Genérica: 03 de Bs. 420.000,00 industria y taller Bs. 420.000,00 Maquinarias y equipos de energía Específica: 06 Comuníquese y publíquese, EUGEMIA SADER CASTELLANOS Ministra del Roder Popular para la Salud creó N° 7.486 de fecha 24 de mayo de 2010 Gaceta-Qficial No 39.434 de fecha 28 de mayo de 2010 Aviso-Oficial de fecha 09 de junio de 2010 Gaceta oficial N° 39.442 de fecha 09 de junio de 2010 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD DE 2012 2 8 NÚMERO?7 ( HAT DE 202° y 153° RESOLUCIÓN De conformidad con lo establecido en los numerales 15 y 19 del Artículo 77 del Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008 en concordancia con el Artículo 4 de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012, y lo dispuesto en el Artículo 86 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de La Administración Financiera del Sector Público Sobre el Sistema Presupuestario, se procede a la publicación del traspaso presupuestario de gastos corrientes a gastos de capital del presupuesto de gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para la Salud, por la cantidad de CIEN MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs.100.000,00). Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, aprobados por este Ministerio según Oficio N° 878 de fecha 04 de Mayo de 2012. En consecuencia, se autoriza su publicación de acuerdo con la siguiente imputación presupuestaria. DE: Acción (Bs.100.000,00) Gestión Administrativa Centralizada: 540002000 Apoyo Institucional a las Acciones Acción (Bs.100.000,00) Específicas de los Proyectos del Específica: Organismo 540002001 Oficina de Comunicación y (Bs.100.000,00) UEL: 10009 Relaciones Institucionales (Bs.100.000,00) Servicio No Personales Partida 403 (Bs.100.000,00) Genérica: 09 Viáticos y Pasajes Viáticos y Pasajes Dentro del País (Bs.100.000,00) Específica: 01 A: Acción Bs. 100.000,00 Gestión Administrativa Centralizada: 540002000 Apoyo Institucional a las Acciones Acción Específicas de los Proyectos del Específica: Bs. 100.000,00 Organismo 540002001 Oficina de Comunicación y UEL: 10009 Bs.100.000,00 Relaciones Institucionales Bs.50.000,00 Servicios No Personales Partida 403 Conservación Reparaciones y Bs.50.000,00 Genérica 11 Menores de Maquinaria y Equipos Reparaciones Conservación y Menores de Máquinas, Muebles y Bs.50.000,00 Especifica: 07 Demás Equipos de Oficina Alojamiento Bs.50.000,00 Activos Reales Partida 404 Equipos de Comunicaciones y Genérica 05 Bs.50.000,00 Señalamiento Bs.50.000,00 Equipos de Telecomunicaciones Especifica: 01 Comuimquese y puplíquese, EUGEMIA $ADER CASTELLANOS Minist-del Roder Popular para la Salud Decreto N° 7.436 de fecha 24 de mayo de 2010 Gaceta Oficial N° 39.434 de fecha 28 de mayo de 2010 visa@ficial de fecha 09 de junio de 2010 Gaceta oficial N° 39.442 de fecha 09 de junio de 2010 página original (tal como se publicó) [Página 7] MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HÁBITAT REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HABITAT DESPACHO DEL MINISTRO - CONSULTORÍA JURÍDICA NÚMERO: 088 CARACAS, 14 DE MAYO DE 2012 202° y 153° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, designado según Decreto N° 7.514 de fecha 22 de junio de 2010, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de la misma fecha, reimpreso por error en Gaceta Oficial N° 39.461 de fecha 08 de julio de 2010, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 62 y 77 numerales 2,19 y 27, en concordancia con lo previsto en los artículos 16 y 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el artículo 4 de la Ley de Publicaciones Oficiales; este Despacho Ministerial, RESUELVE Artículo 1. Se corrige por error material, contenido en la Resolución N° 070 de fecha 30 de abril de 2012, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 39.913 de fecha 02 de mayo de 2012. Donde dice: "Artículo 1. Designar la Junta Directiva del Instituto Nacional de Tierras Urbanas, quedando conformada de la siguiente manera: PRESIDENTE : CHRISTOPHER MARTINEZ BERROTERAN, titular de la Cédula de Identidad número V-13.969.093. VICEPRESIDENTE: GONzALO JOEL PRATO CARRERO titular de la Cédula de Identidad númera V- 13.712.898. (...) Debe decir: "Artículo 1. Designar la Junta Directiva del Instituto Nacional de Tierras Urbanas, quedando conformada de la siguiente manera: PRESIDENTE ENCARGADO: CHRISTOPHER MARTINEZ BERROTERAN, titular de la Cédula de Identidad número V-13.969.093. VICEPRESIDENTE ENCARGADQ: GONZALO JOEL PRATO CARRERO titular de la Cédula de Identidad númera V- 13.712.898. (...) Artículo 2. Se procede en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley de Publicaciones Oficiales, a una nueva impresión de la Resolución número 070 de fecha 30 de abril de 2012, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 39.913 de fecha 02 de mayo de 2012; subsanando error material y cualquier etro que hubiere lugar, RICARDO ANTONIO MOLINA PBÁBRBGEDA nr Ministro REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HÁBITAT DESPACHO DEL MINISTRO, CONSULTORÍA JURÍDICA NÚMERO: 070 CARACAS, 30 DE ABRIL DE 2012 202° y 153° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 39 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Regulación Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos o Periurbanos N° 8.198 de fecha 5 de mayo de 2011, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.668 de fecha 06 de mayo de 2011 y conforme al Decreto N° 7.514 de fecha 22 de junio del año 2010, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de la misma fecha; este Despacho Ministerial, RESUELVE Artículo 1. Designar la Junta Directiva del Instituto Nacional de Tierras Urbanas, quedando conformada de la siguiente manera: PRESIDENTE ENCARGADO: CHRISTOPHER MARTINEZ BERROTERAN, titular de la Cédula de Identidad número V-13.969.093. VICEPRESIDENTE ENCARGADQ: GONZALO JOEL PRATO CARRERO titular de la Cédula de Identidad número V- 13.712.898 Directores Cédula de Identidad MARIA BASTIDAS RAMIREZ V-9.164.760 FREDDY MOGOLLÓN SANCHEZ V-7.302.567 JOSÉ ARISMENDI V-2.629.546 Artículo 2. La presente Resolución entrará an vigencia a partir de su de Venezuela. publicación en Gaceta Oficial de la República RICARD ANTONIO MLINAALOZ DESPACHO Ministro MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INDUSTRIAS INTERMEDIAS FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN EL ESTADO ZULIA FUNDACITE ZULIA FECHA: 12 de Julio de 2011 No. 001/2011 201° y 152° El Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Zulia, Ingeniero Ángel Noe Villalobos Rodríguez, titular de la cédula de identidad N° V- 12.217.273, carácter que consta en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.703 de fecha 28 de Junio de 2011, en uso de la atribución que le confiere el numeral 12, de la cláusula Vigésima Primera de los Estatutos Sociales de la Fundación, y previa ratificación por decisión de Junta Directiva acordada en reunión No. 216 celebrada en fecha 11 de Julio de 2011. Dicta la siguiente: página original (tal como se publicó) [Página 8] PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA PRIMERO: Se Nombra al ciudadano EDUARDO ANTONIO RIOS MENDEZ, venezolano, mayor de edad, Licenciado en Educación, titular de la cédula de identidad No.7.604.295,como Director Ejecutivo de Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Zulla (Fundacite Zulia) a partir del día 11de Julio de 2011. SEGUNDO: Se deja sin efecto cualquier disposición anterior a la presente providencia administrativa. Publíquese, Regístrese yNotifíquese, ÁNGEL NOE VILLALOBOS-RODRÍGUEZ Presidente FUNDACITE ZULIA Según Resolución No. 080 de fecha21/06/2011 Publicada en Gaceta Oficlal No.39.703 de fecha 28 de Junio de 2011 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCI TECNOLOGÍA E INDUSTRIAS INTERMEDIAS FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN EL ESTADO ZULIA FUNDACITE ZULIA FECHA: 04 de Agosto de 2011 No. 002/2011 152° 201° y La Junta DireCtiva de FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN EL ESTADO ZULIA (FUNDACITE ZULIA), Ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, en su Reunión Ordinaria No. 217 de fecha 04 de Agosto de 2011, conforme las facultades conferidas en los artículos 34 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en los artículos 51 y 52 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, en ejercicio de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en las cláusulas Octava y Décima Novena numeral cinco de los Estatutos Sociales de la Fundación, y lo aprobado en reunión ordinaria de Junta Directiva No. 190 de fecha 26/11/2008, como máxima autoridad de dirección y administración, dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA ARTÍCULo PRIMERO: Se delega la atribución y firma para asumir compromisos y obligaciones erogaciones de los gastos necesarios para el funcionamiento de la misma a los siguientes ciudadanos: - Angel Noe Villalobos Rodriguez, titular de la cédula de identidad No.12.217.273, en su condición de Presidente, Firma tipo A, hasta 5.000 UT, para Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios y hasta 20.000 UT, contratación para ejecución de obras. - Eduardo Antonio Rios Méndez, titular de la cédula de identidad N° 7.604.295, en su condición de Director Ejecutivo, firma tipo B, hasta 2.500 UT. para Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios. - Luís Acosta, titular de la cédula de identidad N° 13.930.883, en su condición de Jefe Unidad de Administración, Firma tipo B, hasta 500 UT, para Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios. Los referidos ciudadanos deberán informar periódicamente a esta Junta Directiva, de los actos y documentos que hubieren firmado en virtud de la presente delegación. ARTÍcuLO sEGunDO: Se deja sin efecto cualquier disposición anterior a la presente providencia administrativa. ARTicULO TERCERO: Esta Providencia Administrativa tiene vigencia desde el día 04 de Agosto de 2011, fecha en que fue aprobada por la Junta Directiva, y será publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de cumplir con los artículos 35 y 42 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública. Publiquese, Registrese y Notifiquesp. Por la JGSta Directiva de FUNDACITE,ZULIA. Josezalez Estilnawvolero Ánge Villalobas Eduardo Rios DirectorEecutivo Rresidente Directora Director tener. ULIA Reinaldo Atencio Haydee Cninchilla Directora Director REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIÀ. TECNOLOGÍA E INDUSTRIAS INTERMEDIAS FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN EL ESTADO ZULIA FUNDACITE ZULIA No. 003/2011 FECHA: 04 de Agosto de 2011 201°y152° La Junta DireCtiva de FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN EL ESTADO ZULIA (FUNDACITE ZULIA), Ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, en su Reunión Ordinaria No. 217 de fecha 04 de Agosto de 2011, conforme las facultades conferidas en los artículos 34 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en los artículos 51 y 52 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, en ejercicio de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en la cláusula Décima.Cuarta y Décima Novena de los Estatutos Sociales de la Fundación, dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA ARTÍcuLO PRIMEro: Se delega en los ciudadanos que ejerzan la titularidad de los cargos que se señalan a continuación, la facultad de expedir copias certificadas de los documentos cuyos originales reposan en los archivos de esta Fundación. Presidente(a).Ing. Angel Noe Villalobos Rodriguez, titular de la cédula de identidad No. 12.217.273. Director(a) Ejeculive(a). Lcdo. Eduardo Antonio Rios Méndez, titular de la cédula de identidad N° 7.604.295. Jefe(a) de la Unidad de Administración. Lcdo. Luis Acosta Pérez, cédula de identidad No.13.930.883. ARTicuLo sEGunpo: Se deja sin efecto cualquier disposición anterior a la presente providencia administrativa. ARTicULO TERCERO: Esta Providencia Administrativa tiene vigencia desde el dia 04 de Agosto de 2011, fecha en que fue aprobada por la Junta Directiva, y será publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de cumplir con los articulos 35 y 42 dal Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública. Publiquese, Registrese y Notifiquese, Por JerJupta Diectiva de FUNDACITE/YLIA. EstiyeMolero José González Eduardo Rios Directopa Director Directorejecutivo Presiganle Rtud Reinaldo Atencio Directora Director REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INDUSTRIAS INTERMEDIAS -FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN EL ESTADO ZULIA FUNDACITE ZULIA FECHA: 04 de Agosto de 2011 No. 004/2011 201°y 152° La Junta DireCtiVa de FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN IEL IESTADO ZULIA (FUNDACITE ZULIA), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, como Máxima Autoridad Jerárquica de Fundacite Zulia, en ejercicio de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en las cláusulas Décima Cuarta, Décima Novena y Trigésima de los Estatutos Sociales de la Fundación y en el artículo 6 del Reglamento sobre los Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales. y Municipales y los Titulares de las Unidades de Auditoría Intema de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal y sus Entes Descentralizados, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuel la INo. 39.350 de fecha 20 de Enero de 2010, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica da la Contraloría General de la República y del Sistema Nacianal de Control Fiscal, de conformidad con el mandato contenido en la Resolución No. 01-0n-ano152, emitida por la Contralora General de la República (E), en fecha 22 de Julio de 2D11 y lo aprobado en Reunión Ordinaria de Junta Directiva No. 217 de fecha 04/08/2011. CONSIDERANDO Que el artículo 32 de lla Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y gel Sistema Nacional de Cantrol Fiscal, prevé que el Contralor General de la República puede revisar los cancunsios para la designación de los titulares de los órganos de control fiscal, cuando detecte en la realización de los mismos, la comisión de graves irregularidades, y en consecuencia, revocar el concurso, la designación respectiva y ordenar la apertura,de muevo concurso. CONSIDERANDO Que en reunión No. 204, celebrada en fecha 03 de Marzo de 2010 como Máxima Autoridad Jerárquica de Fundacite Zulia, la Junta Directiva, previo cumplimiento del página original (tal como se publicó) [Página 9] correspondiente procedimiento administrativo y notificación al ciudadano LUIs RAFAEL PIÑA HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad No. 4.759.729 en fecha 08/03/2010, de la Unidad de Auditoria Interna de Fundacite Zulia. CONSIDERANDO Que en efecto la Contraloría General de la República mediante Oficio No. 06-00-0513 de fecha 18-05-2010, suscrito por la Directora General de Control de la Administración Nacional Descentralizada, ordenó la evaluación del proceso de selección y designación del Auditor Interno de Fundacite Zulia, emitiendo informe definitivo No. 24 de fecha 30/11/2010, a través del cual remite los resultados de la actuación fiscal practicada. CONSIDERANDO Que en fecha 22 de Julio de 2011, la Contralora General de la República (E) emite la Resolución distinguida con el No. 01-00-000152, a través de la cual resolvió ordenar a la Máxima Autoridad Jerárquica de Fundacite Zulia, revocar de conformidad con el principio de autotutela administrativa, el concurso público convocado para la selección del titular de la Unidad de Auditoria Interna de esta Fundación, así como la designación del ciudadano LUÍS RAFAEL PINA HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad No.4.759.729, del cargo de Auditor Interno de Fundacite Zulia y emprender las acciones necesarias, dirigidas a convocar un nuevo concurso público para la selección y designación del Titular de la Unidad de Auditoria Interna de Fundacite Zulia. DECIDE PRIMERO: Se revoca el concurso público convocado en fecha 14 de Enero de 2009, para la selección del titular de la unidad de auditoria interna de esta Fundación. SEGUNDO: Se revoca el Oficio No. PS031-2009 de fecha 03/03/2009, mediante el cual se le notificó al ciudadano LUÍS RAFAEL PIÑA HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad No.4.759.729, como ganador del concurso público convocado en fecha 14 de Enero de 2009, para la selección del titular de la unidad de auditoria interna de esta Fundación. TERCERO: Se revoca el acto de juramentación como titular de la Unidad de Auditoria Interna de esta Fundación del ciudadano LUIS RAFAEL PIÑA HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad No. 4.759.729, celebrado en reunión de Junta Directiva No. 193 de fecha 11/03/2009. CUARTO: Se revoca la Providencia Administrativa No. 001-2009 de fecha 16 de Abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial No. 39.268 de fecha 21 de Septiembre de 2009, mediante la cual esta Fundación designó al ciudadano LUIS RAFAEL PIÑA HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad No.4.759.729, como titular de la Unidad de Auditoria Interna de esta Fundación. QUInTO: Emprender a partir de la presente fecha, las acciones necesarias, dirigidas a convocar un nuevo concurso público para la selección y designación del titular de la unidad de Auditoria Interna de Fundacite Zulia. SExTo: Designar a la ciudadana Lennye Rivera García, titular de la cédula de identidad No. 7.604.546, como encargada de formalizar las inscripciones en el concurso público y para que realice todas las acciones que sean necesarias tendentes al normal y correcto desenvolvimiento del Concurso Público para la Selección del Titular de la Unidad de Auditoria Interna de Fundacite Zulia, que se encuentran previstas en el Reglamento sobre los Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales y los Titulares de las Unidades de Auditoria Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal y sus Entes Descentralizados, publicado en Gaceta_ Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.350 de fecha 20 de Enero de 2010. SÉPTimO: Se instruye a la Oficina de Recursos Humanos para que notifique el contenido de la presente decisión al ciudadano LUIS RAFAEL PIÑA HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad No.4.759.729, de conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Contra la presente decisión podrá interponer en el término de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de la notificación, recurso contencioso administrativo de nulidad por ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, con sede en Maracaibo, de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 32 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Publíquese, Regístrese y Notifíquese, Por la Junta Directiva de FUNDACITE ZULIA. QM Estifnta Molero Eduado Rios Angel Villalobos Director Director Ejecutivo Directora Presidente ILA Reipaldo Atencio Haydee Chinchilla Directora Director MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL MPCPS- N° 034-2012 Caracas, 08 de mayo de 2012 202° y 153° RESOLUCIÓN La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, designada mediante el Decreto N° 7.508 de fecha 22 de junio de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivaiana de Venezuela N° 39.451 de la misma fecha, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 34 y 77, numerales 22 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, conjuntamente con los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 de fecha 12 de agosto de 2005, de conformidad con lo previsto en el articulo 33 del Decreto N° 6.732 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202 de fecha 17 de junio de 2009 y en concordancia con lo dispuesto en los Articulos 1 y 6 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1.969, contentivo del Reglamento sobre Delegación de Firmas de los Ministros del Ejecutivo Nacional, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 29.025 del 18 de septiembre de 1.969. RESUELVE: PRIMERO: Delegar en el ciudadano Kurenan Lara, titular de la cedula de identidad N° 18.885.283 en su carácter de Coordinador al Despacho de la Viceministra de Protección Social; las atribuciones y firmas de los actos y documentos que se señalan a continuación: 1. La suscripción de documentos relacionados con el manejo de fondos de Anticipo. 2. La suscripción de cheques ordenes de compra, servicios y pago para la adquisición de bienes y servicios hasta por un monto de cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T). 3. La Suscripción de documentos inherentes. a la autorización, tramitación y pago de viáticos. 4. La Suscripción de documentos inherentes a la adquisición de bienes y prestación de servicios. SEGunDo: El presente acto de delegación no conlleva, ni entraña la facultad de subdelegar la firma delegada. TERCERO: El funcionario objeto de la presente delegación presentará a la Ministra, en la forma que ésta indique, una lista detallada de los actos y documentos sobre los cuales ejerza la presente delegación. CUARTO: Los documentos suscritos por el ciudadano Kurenan Lara, titular de la cédula de identidad N° 18.885.283 en ejercicio de la presente delegación, deberán indicar bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y el número de esta Resolución, así como la fecha y el número de la Gaceta Oficial donde hubiere sido publicada. QUINTA: Según corresponda, la funcionario delegatorio procederá a registrar su firma en la Oficina Nacional del Tesoro y en la Contraloría General de la República, si fuere el caso. SEXTA: La presente delegación entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. página original (tal como se publicó) [Página 10] Conforme lo establece el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, comuniquese y publiôuese. VanT ISIS OCHOA CANIZALEZ Socia Ministra del Poder Popular para las Comunas Prot Decreto N° 7.508 de fecha 22 de junio He2010 Gaceta Oficial N° 39.451 de fecha 22 de jun 2010 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCION SOCIAL BANCO DEL PUEBLO SOBERANO C.A, BANCO DE DESARROLLO Caracas, 30 de Abril 2012 201° y 152° BPS/PRES-Nro. 004 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA El Presidente del Banco del Pueblo Soberano, C.A, Banco de Desarrollo, LEONARDO J. RODRIGUEZ BASTARDO titular de la Cédula de Identidad N° V-6.463.755, designado mediante Decreto N° 7.599 publicado en Gaceta Oficial N° 39.480 de fecha 04 de agosto de 2010, en concordancia con la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5992 Extraordinaria de esa misma fecha, en ejercicio de las atribuciones emanadas por el artículo 34, numeral 4 del Documento Constitutivo Estatutario del Banco del Pueblo Soberano C.A, Banco de Desarrollo, de conformidad con el Articulo 10 de la Ley de Contrataciones Públicas y en concordancia con la Resolución de Junta Directiva N° 245 de fecha 30 de abril de 2012. DECIDE Articulo 1. Se designa a la Ciudadana EGDA ADRIANA GOA ARIAS titular de la cedula de identidad N° V-10.505.484, como secretaria de la Comisión de Contrataciones del Banco del Pueblo Soberano C.A. Banco de Desarrollo, la cual tendrá derecho a voz pero no a voto, en sustitución de la Abogada ADRIANA LISETH BASTARDO NUÑEZ, titular de la cedula de identidad N° 15.914.628, quedando ratificados los miembros Principales y Suplentes nombrados mediante Providencia Administrativa Nro. BPS/PRES/001/2011 de fecha 11 de abril de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 385.145, de fecha 05 de mayo de 2011, constituida de la siguiente manera: ÁREA TÉCNICA: Lic. GUSTAVO ENRIQUE PALACIOS LANZA, C.I. N° V- 3.817.026 (Principal) y EI Lic. HENRY JOSE OROPEZA GUERRA, C.I. N° V-10.634.231 (Suplente) ÁREA FINANCIERA: Lic. YVELISSE JOSEFINA HERRERA DE URDANETA, C.I. N° V-10.547.545 (Principal) y La Lic. ORNELLY DEL CARMEN RECINE DIAZ, C.I. N° V-13.246.789 (Suplente) ÁREA LEGAL: La Abogada, DORIS DE LA VIRGEN GONZALEZ, C.I. N° V-9.158.755. (Principal) y La Abogada NANCY DE JESUS ULACIO PUERTA, C.I. N° V-7.920.420 (Suplente). SECRETARIA: La Ciudadana EGDA ADRIANA GOA ARIAS titular de la cedula de identidad N° V- 10.505.484, con derecho a voz, mas no a voto Comuniquese y Publígge EONARDO J. RODRIGUEZ B Presidente Banco del Pueblo Soberano Decreto N° 7.599 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.992 de fecha 04/08/2010 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO Expediente N° 09-0924 Mediante Oficio N° 452-2.009 del 23 de Julio de 2009, el Juzgado Superior Primero Agrario del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala expediente signada con el N° 2.009-5211 contentivo de la sentencia dictada el 29 de Junio de 2009, en la que el referido juzgado desaplicó por control difuso de la constitucionalidad el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil, en el marco del proceso de Ejecución de Hipoteca, incoado por la Compañía LAAD AMÉRICAS N.V, contra la Sociedad Mercantil AGROPECUARIA RAW3, C.A, relativo a la potestad de las partes de fijar el domicilio especial en materia de contratos agrarios por cuanto dicha norma colide con las garantías constitucionales previstas en los artículos 2, 26, 49 y 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que a su vez se traduce en violación del orden público dnediación y de la resolución N° 00013 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de uie a de fecha 22 de febrero de 2.006, referida al cese inmediato de toda actividad de los tribunales ejecutores de medidas del país, relacionada con la ejecución de decisiones El 4 de agosto de 2009, se dio cuenta en $ala y se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo. En virtud de la reconstitución de la Sala y del nombramiento de sus muevos integrantes en sesión de la Asamblea Nacional del 7 de diciembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.569 del 8 de diciembre de 2010, quedó reconstituida la Sala de la siguiente forma: Presidenta Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Vicepresidente Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, y los Magistrados y Magistradas Marcos Tulig Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys Maria Gutiérrez Alvarado. Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones. I DE LA SENTENCIA CONSULTADA El pronunciamiento jurisdiccional sometido a la consulta de esta Sala lo constituye la sentencia N° 2.009-5211 dictada por el Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 29 de junio de 2009, la cual decidió lo siguiente: "PRIMERO: Sin Lugar la apelación interpuesta por el ciudadano abogado LEONARDO ENRIQUE MOGOLLON CARRASCO. apoderado judicial de las compañÍas AGROPECUARIA RAW3, C.A., y AGROPECUARIA LA PREVENCIÓN IXL. C.A.. contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia página original (tal como se publicó) [Página 11] Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas de fecha cuatro de (4) de Diciembre de 2.008. SEGUNDO: Se confirma en los términos de esta Alzada la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha cuatro de (4) de Diciembre de 2.008. En consecuencia se declara IMPROCEDENTE la cuestión previa contenida en el ordinal 11 del articulo 346 del Código de Procedimiento Civil, opuesta por el ciudadano abogado LEONARDO ENRIQUE MOGOLLON CARRASCO, en su carácter de apoderado judicial de la compañia AGROPECUARIA RAW3,C.A. Asimismo se declara EXTEMPORÁNEO el escrito de oposición a la ejecución de hipoteca opuesto por ciudadano abogado LEONARDO ENRIQUE MOGOLLON CARRASCO, en su carácter de apoderado judicial de la compañía AGROPECUARIobstmuco PREVENCIÓN IXL C.A. TERCERO: Se declara firme el Decreto Intimatorio dictado por el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha tres (03) de julio de 2.008, y en consecuencia firme la orden de las intimadas AGROPECUARIA RAW3, C.A. y AGROPECUARIA LA PREVENCIÓN IXL, C.A. de pagar a la parte ejecutante LAAD AMERICAS, N.V. las cantidades dinerarias siguientes A) SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES AMERICANOS (USS 650.000), que a los fines exigidos por el Banco Central de Venezuela equivale al cambio oficial a UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (BS.F.1.397.500) por concepto de capital adeudado derivado del préstamo que le fue otorgado a Ia compañia AGROPECUARIA RAW3. C.A., según contrato de fecha 11 de julio de 2.001; B) La cantidad de CIENTO CUARENTA MILLONES DE BOLIVARES (BS. 740.000.000) equivalentes a la ,cantidad de CIENTO CUARENTA MIL BOLÍVARES FUERTES (BS.F. 140.000) por concepto de costas y costos incluidos los honorarios de los abogados estipulado por las parres en el documento constitutivo de la hipoteca de fecha 12 de septiembre de 2.001.CUARTO: De conformidad con lo previsto en el articulo 334 de la Constitución de la República Bolivariand de Venezuela, se desaplica por el control difuso de la constitucionalidad y para el caso en concreto, el articulo 47 del Código de Procedimiento Civil, y las Cláusulas Primera y Décima Primera del documento hipotecario, relativo a la potestad de las partes de fijar el domicilio especial en materia de contratos agrarios por cuanto dicha norma colida con las garantias constitucionales previstas en los artículos 2, 26, 49 y 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que a su vez se traducen en la violación al orden público procesal agrario, a los principios rectores de la materia agraria, concretamente el Principio de Inmediación, y a la Resolución No 00013 de la Sala Plena de nuestro máximo tribunal de fecha 22 de febrero de 2006, referida al cese inmediato de toda actividad de los tribunales ejecutores de medidas del pais relacionada con la ejecución de decisiones proferidas por tribunales con competencia agraria. Así se decide. QUrNTO: Como consecuencia del particular anterior y en atención a que el inmueble objeto de garantía hipotecaria en la presente causa, se encuentra ubicado en la Circunscripción Judicial del estado Zulia, específicamente en el Municipio Colón del Estado Zulia, Parroquia Urribarri, se declara competente al JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA CON SEDE EN LA CIUDAD DE MARACAIBO a los fines de que continué (sic) con la ejecución de la sentencia de conformidad con lo establecido en el articulo 662, con arreglo a lo dispuesto en el titulo IV Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. Todo ello en virtud a que el JUZGADO AGRARIO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTDAO (sic) ZULIA, tribunal competente por el territorio según resolución N°. 2.007-0048 de fecha 28 de noviembre de 2,007, no ha iniciado actividad judicial. Motivo por el cual está impedido de Alevar a cabo dicha ejecución. SEXTO: Se hace del conocimiento de las partes intervinientes en la presente causa, que la presente sentencia se publicó dentro del término legal establecido para ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 de la ley de Tierras y Desarrollo Agrario". Ahora bien, el referido Juzgado Superior Agrario procedió en un capítulo pe denominado "DE LA COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTRATOS HIPOGARIOS PASTTTUCH AGRARIOS, Y DE LA DESAPLICACIÓN POR CONTROL DIFUSO DELA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 47 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ". A desarrollar sobre la base de los siguientes razonamientos: "Ahora bien, este Juzgado Superior Primero Agrario, en su sagrada misión de asegurar la materialización de los presupuestos supremos contenidos en los articulos 2, 26, 49 y 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pasa de seguidas a determinar lo referente a la comperencia territorial en materia de contratos agrarios, especificamente cuando el bien afecto a la actividad agraria y dado en garantía hipotecaria, se encuentra fuera de los límites territoriales de los juzgados agrarios de primera instancia, en virtud de lo establecido en el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil, que establece la facultad que tienen tas partes de convenir el domicilio especial para este tipo de causas en el documento de crédito. En ése (sic) sentido quien decide observa lo siguiente: Entiende la doctrina generalmente aceptada, que la jurisdicción es él (sic) todo y la competencia es la parte de ese todo; además de ser considerada como la medida de la jurisdicción, la cual contiene tres (3) aspectos: siendo el primero de ellos, el buen funcionamiento del Poder Judicial, y la práctica de los principios juridicos tales como la equidad y la justicia, la inmediatez, la celeridad del proceso; segundo, la división del trabajo en la actividad jurisdiccional, y como último y tercer aspecto la función de cumplir un rol secundario; porque puede haber juez con jurisdicción pero sin competencia, aunque dicha circunstancia no se da con mucha frecuencia, pero existe, el juez con competencia pero sin jurisdicción. De ésta (sic) conceptualización, se puede concluir que la finalidad última de la competencia se traduce en la fragmentación especializada de la administración de justicia: civil, penal, laboral, agraria, etc. ya que, muchos autores definen a la competencia como la capacidad para administrar justicia en una determinada área judicial; siendo considerada desde el punto de vista objetivo como la medida de la función pública que desempeña cada órgano, es decir, la órbita jurídica. dentro del cual se ejerce el poder público del órgano correspondiente; y desde el punto de vista subjetivo, es el conjunto de atribuciones otorgado a cada órgano jurisdiccional para que ejerza sus facultades. En relación a la competencia, diferentes autores definen la naturaleza jurídica de la competencia de la siguiente forma: 'Eduardo J. Couture define a la competencia como la medida de la Jurisdicción asignada a un órgano del poder judicial, a efecto de la determinación genérica de los asuntos en que es llamado a conocer por razón de la materia, de la cantidad y del lugar. Hugo Alsina la define como la aptitud del juez para ejercer su Jurisdicción en un caso determinado. Francisco Carnelutti: Es el poder propio del oficial de justicia para ejercer la Jurisdicción ENEZUELA del caso'. Por lo tanto, la competencia obedece a criterios procesales, por lo ug T que las tradicionales competencias son la civil, penal, agraria, laboral, entre otras. En Europa desde la Edad Media aparece la competencia comercial, porque Europa ha sido el centro promotor para el surgimiento del Capitalismo. Posteriormente, por necesidad de un buen funcionamiento administrativo y por la división del trabajo surge la competencia laboral, agraria, de familia etc.; y así sucesivamente por la ampliación del universo jurídico van surgiendo nuevas competencias. Por lo tanto, la competencia obedece a una cuestión de política procesal, vale decir, es absolutamente dinámica. En nuestro país. la competencia se reputa como de orden público, porque emana de la ley, y la ley siempre tiene esta naturaleza de ser pública, porque está ligada a un cumplimiento obligatorio: es decir, es un mandato obligatorio y general, que todos tienen que cumplirlo, siendo clasificado de la siguiente manera: A- Por el territorio: La cual se encuentra de marcada dentro un limite territorial-espacial. B- Por la materia: La cual presupone que se debe determinar la naturaleza de la situación discutida, pudiendo ser civil, penal, laboral, contencioso administrativo, agrario, bancario, maritimo, mercantil, entre otras.C- Por la cuantía: Depende del valor de la demanda y se determinan según las disposiciones establecidas en la Ley. D- La Funcionarial o funcional: Aquella que presupone el orden de la jerarquía, donde se encuentran los tribunales de primera instancia, de segunda instancia, y relativa. En el caso que nos ocupa, concretamente en relación a la competencia por el territorio, cuando el bien afecto a la actividad agricola y dado en garantía hipotecaria se encuentra fuera de los limites (sic) territoriales y por ende competenciales de los juzgados agrarios de primera instancia, en virtud a lo establecido en las cláusulas especiales contenidas en los documentos de crédito redactadas en uso de la facultad prevista en el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil, la cual como se precisó en su oportunidad, se regula como la de marcada dentro un límite territorial-espacial sobre el cual recaerá el ámbito de aplicación del poder decisorio del juez; quien decide observa, lo contenido en el contrato de crédito que dio origen a la presente juicio de Ejecución de Hipoleca, y en ese sentido, observa especificamente lo establecido en sus Cláusulas Primera y Décima Primera, a saber: PRIMERA: Según consta de documento de préstamo celebrado en fecha 09 de julio de 2.001 (en lo adelante el contrato de préstamo), LAAD AMERICAS N.V, entidad financiera constituida de conformidad con las Leyes de Curazao, Antillas Neerlandesas y con domicilio en Kaya F.G. (Jombi) Mensig 14 Cucacao Antillas Neerlandesas (en lo sucesivo denominada LAAD) con vino en otorgar al Prestatario un préstamo por la cantidad de Seiscientos Cincuenta Mil Dólares de los Estado Unidos de América (USS 650.000) (en lo adelante denominado el Préstamo) cantidad esta que solo a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 95 de la Ley del Bunco Central de Venezuela se estiman equivalentes a la cantidad de Cuatrocientos Sesenta y Siete Millones de Bolvares (Bs. 467.350.000,00). Se acompaña para ser agregados al cuaderno de comprobantes un ejemplar del contrato de préstamo. El presto dejare de pagar cualquiera obligaciones adeudada en favor de LAAD en la fecha de su vencimiento, las mismas devengará intereses de mora a partir de entonces a razón de dos por ciento (2%) anual, en adición a la taza de interés antes mencionada. El préstamo estará evidenciado adicionalmente por uno o más instrumentos pagarés que se emitan al efecto (los Pagares) Los intereses sobre el Préstamo serán calculados en base a un año de 360 días y días efectivamente transcurridos y las determinaciones de la taza de interés aplicable a las cantidades devengados por tal concepto que realice LAAD harán plena prueba frente al Prestatario del Préstamo, los intereses, los gastos y costos incurridos que son reembolsables por el prestatario y los pagos recibidos por cuenta de éste. Todas las cantidades bajo o en relación con el préstamo o el Contrato de Préstamo son pagaderas única y exclusivamente en dólares de los Estados Unidos de América en fondos inmediatamente disponibles, libres y necos sin deducción, retención, compensación o descento alguno, incluyendo deducciones por impuesto, tasa y costos u otros conceptos. El contrato de préstamo se rige e interpreta de página original (tal como se publicó) [Página 12] conformidad con el derecho venezolano y el Prestatario convenido bajo el mismo a someterse a la jurisdicción de los tribunales competente de la ciudad de Caracas, respecto de cualquier controversia relacionada con el Préstamo, el Contrato de Préstamo o cualquier documento emitido en relación con los mismos. DÉCIMA PRIMERA: Se elige como domicilio especial a los efectos de este documento la ciudad de Caracas, a la jurisdicción de cuyos tribunales el Prestatario acuerda someterse. Para efecto de notificaciones y requerimientos que se hicieren al prestatario, se fija como domicilio la siguiente direción: Av: 10, N° 10-49, Barrio La inmaculada, el Vigla, Estado Mérida. República Bolivariana de Venezuela. Asi pues, la parte intimante, tomando en consideración las cláusulas antes trascritas, aplicando lo establecido por el Legislador en el articulo 47 del Código de Procedimiento Civil. consignó su escrito de solicitud de Ejecución de Hipoteca, por ante el hoy extinto, Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de: Caracas, el cual fue suprimido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; mediante Resolución N° 2009- 0007, dictada en fecha 18 de marzo de 2009, atribuyéndole la competencia a los en el cuaderno de medidas que se le diera apertura en fecha 03 de julio de 2008. consta medida de prohibición de enajenar y gravar decretada por el mismo tribunal de origen en esa fecha, la cual recayó sobre el bien inmueble hipotecado, es decir, sobre la finca agricola denominada San Camilo, la cual tal y como se desprende de autos, se encuentra ubicada en el sector denominado el Chivo. Parroquia Urribarri, Jurisdicción del Municipio Colón del Estado Zulia. En ese sentido, en el caso sometido a la consideración de este órgano jurisdiccional, se determina con meridiana precisión que el domicilio especial fue expresamente convenido por las partes en el contrato hipotecario adjunto a la presente solicitud, signado con la letra F èn uso de la facultad prevista en el artículo 47 eiusdem, lo que en principio en materia civil no puede ser relajado por el Jurisdicae, no siendo asi en materia especial agraria en virtud de que la ejecución marerianoon posible sentencia de mérito, debe realizarse en la ubicación fisica del inmueble dado en garantia hipotecaria a cargo de un tribunal agrario competente por el territorio, que no siempre resulta ser el competente para el conocimiento del mérito de la controversia, ante la facultad que tienen las pares de elegir un domicilio especial para dirimir los conflictos derivados de los contratos de créditos con garantía real hipotecaria sobre bienes afectos a la actividad agrícola, lo que puede colocar en riesgo los Principios de Seguridad Alimentaria y Soberanía Nacional, y por ende el espiritu y propósito de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Asi las cosas, observa este Tribunal como las partes intervinientes en el referido contrato de crédito, convinieron en sus Cláusulas Primera y Décima Primera, antes transcritas, celebrado en fecha 11 de julio de 2.001. y autenticado por ante la Notaria Pública Quinta del Municipio Chacao del Distrito Capital, protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro de los Municipios Colón, Catatumbo, Jesús Maria Semprúm y Francisco Javier Pulgar del Estado Zulia. San Carlos del Zulia, (folios 152 al folio 164 del presente expediente), como domicilio especial a la ciudad de Caracas, y solicitando en su escrito libelar la ejecución de la medida sobre un bien inmueble ubicado en el estado Zulia. lo cual deja entrever una colisión con el Orden Constitucional vigente, y con los principios rectores de la materia agraria.También observó esta Superioridad, que el juzgado que conoció en primera instancia la presente causa decretó medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el bien inmueble dado en garantia hipotecaria, denominada finca "San Camilo". sin competencia territorial en el estado Zulia para decretar y ejecutar dicha medida, participando la referida medida, al Registrador Público de los Municipios Colón. Catatumbo. Jesús Maria Semprúm y Francisco Javier Pulgar del Estado Zulia, mediante oficio N° 2008-288, de fecha 03 de julio de 2008, vulnerando la naturaleza juridica del Principio de Inmediación del Juez Agrario, al decretar una medida sobre un lote de terreno sobre el cual, el alcance de su jurisdicción se encontraba limitada por la competencia territorial. Precisado lo anterior, en relación a la competencia territorial, tanto la doctrina como la jurisprudencia, han establecido reiteradamente que la competencia de los órganos Jurisdiccionales en razón del territorio, se encuentra fundamentalmente dirigida a facilitar el acceso de las partes al órgano jurisdiccional, donde la competencia territorial está determinada r la vinculación personal del demandado con la respectiva circunscripción, pesada a su vez en la expresión: actor sequitur forum rei, según la cual el actor ee seguir el fuero del demandado, el cual no es otro que el domicilio del defnandado y su fundamento es proporcionar a éste la mayor comodidad para su defensa, moderando un poco las ciertas facilidades que se le dan al actor para elegir, en algunos casos, el fuero ante el cual puede intentar su demanda. En este mismo orden de ideas, dispone la doctrina civilista ampliamente aceptada, doctrina esta, considerada superada en lo que al derecho especial agrario social y humanista se refiere: que la materia relacionada con la competencia se encuentra consagrada en la ley adjetiva civil; vale decir, el Código PrōcedimieCivil, artículo 47 eiusdem, el cual consagra lo siguiente; Articulo 47.- La competencia por el territorio puede derogarse por convenio de las partes, caso en el cual la elegido como domicilio. La derogación no podrá efectuarse cuando se trate de causas en las que debe intervenir el Ministerio Público, ni en cualquier otro en que la ley expresamente lo determine. Establece dicha norma, que las parres pueden elegir un fuero especial territorial ante el cual se diriman las controversias. Esta elección nace de un convenio destinado a prorrogar la competencia territorial; dicha norma permite la derogatoria de la competencia por el territorio, de lo cual consecuencia, las partes pueden, al momento de celebrar el contrato establecer un domicilio especifico ante el cual dilucidar sus pretensiones derivadas de dicho contrato. En este sentido, el autor Ricardo Henriquez La Roche, cuando interpreta el citado articulo 47, expresa que el pacto que deroga el fuero territorial asignado por la Ley, implica la escogencia de un Juez competente para el conocimiento del asunto y agrega que dicha comperencia no es exclusiva ni excluyente, correspondiéndole al Juez del domicilio, ya que la norma utiliza la locución verbal, podrá proponerse, lo cual significa que es porestativo de la parte interesada proponer la demanda en el domicilio convenido o en el domicilio del demandado a su elección, deducción que se hace por aplicación de la lógica del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, que otorga una potestad o arbitrio al Juez cuando la Ley lo faculta mediante la inflexión verbal: el Juez puede o podrá. Sin embargo, el criterio anteriormente expuesto no era plenamente compartido en los diferentes foros del país, y las partes continuarán indicando que la cláusula mediante la cual se escogia el domicilio con fundamento en el artículo 47, constituía una derogatoria de todos los demás fueros competentes a lo cual se ponia otro sector de la doctrina y concretamente el Dr. Carlos Delgado Ocando, en el trabajo denominado De los efectos de la elección del domicilio en el Código de Procedimiento Civil venezolano publicada en la revista de Derecho N° 09. del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual expresó: La interpretación del articulo 47 del Código de Procedimiento Civil vigente debe ser realizada dentro el sistema de normas procesales que determinan las modificaciones a los límites territoriales de competencia, configuradores de fueros especiales concurrentes unto con el fuero general del domicilio del demandado. En efecto, si se limita a una simple interpretación de la norma antes indicada, se pondría de manifiesto que el legislador, lejos de facultar a las partes a una derogatoria de los limites de competencia territorial que conlleva la anulación del fuero general del domicilio y de los fueros especiales contemplados en los articulos precedentes, lo que realmente permite a las partes mediante acuerdo preventivo es la posibilidad de prorrogar la competencia territorial al Juez que no la tiene, mediante la elección de un domicilio especial en la forma prevista en el artículo 32 del Código Civil, para cñadir a los fueros de comperencia previstos en la Ley. un nuevo fu concurrente a la elección del demandante. Asimismo, el texto de la comentada norma del articulo 47 sobre la elección del domicilio, aun cuando resulte equivoco por el uso inadecuado que hace del verbo derogar, aparece, sin embargo, es clara. en cuanto al efecto procesal que el legislador quiso darle a un acuerdo de esa naturaleza, cuya intención no fue otra, que conceder a las partes la posibilidad de proponer su demanda ante un fuero especial, concurrente y electivo con el fuero general del domicilio y con los otros fueros especiales determinados por la Ley, como se deduce de su texto al disponer: omissis casa en el cual la demanda podrá domicilio. En donde el legislador utiliza la locución adverbial caso en el cual, para referirse precisamente a la naturaleza de la derogacoria permitida en la oración precedente, que no fue otro que facultar a las partes (más no obligar las) para proponer la demanda ante el tribunal del domicilio elegido de mutuo acuerdo por las mismas y que el mismo fuese competente en cuantía, materia, territorio y funcional, a los fines que el fallo que pudiese dictar dicho Juzgado de instancia, pueda ser ejecutado en la oportunidad legal correspondiente, pues no es otro el sentido del verbo poder, que significa tener expedita la facultad de hacer algo, en su sentido potencial de aquello que está en calidad de posible. Como lo señala el autor Chiovenda, en relación a la competencia territorial que puede ser relajada por las partes en un contrato, donde expresa que una cosa es que el demandante renga la opción de escoger entre diferentes fueros (llamados, por eso, fueros concurrentes efectivos que es la hipótesis consagrada en el articulo 47 en n e e n n facultativo la acción podrá ser propuesta; y otra cosa es que el fuero sea exclusivo, exclusividad que la ley expresa con el imperativo la acción se propone, se debe proponer, etc. (Giuseppe Chiovenda. Instituciones de: Derecho Procesal Civil. pag. 299 y 300); y es también claro que las partes no pueden, en base al citado artículo 47 del Código de Procedimiento Civil. cuya interpretación debe ser restrictiva por ser una excepción al artículo 5° eiusdem, dejar sin efecto el fuero concurrente electivo alli previsto, por un fuero exclusivo o necesario. Por otra parte, la discusión doctrinaria que hasta la fecha se había generado en torno al carácier que tenía la cláusula de elección del domicilio, fue establecida en origen, por la decisión de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 16 de Diciembre de 2.003, caso Electrificaciones Joreica C.A. Exp. N°. 1981- 000006, en la cual con fundamento a los criterios dactrinales, y en Interpretación de la normativa legal venezolana, declaró que en el caso de elección de domicilio con fundamento en el articulo 47 del Código de Procedimiento Civil, el demandante tiene la posibilidad de intentar la demanda tanto en el domicilio del demandado como en el domicilio elegido por las partes en el contrato. Siguiendo con la competencia territorial en materia agraria, se: debe tomar como ápice a los fines de una justa decisión el Derecho Agrario, al ser un derecho en constante evolución y desarrollado en distintos fenómenos económicos, políticos, sociales y página original (tal como se publicó) [Página 13] ambientales, donde se ha creado un nuevo derecho agrario más social, orientado fundamentalmente hacia la búsqueda de la paz social en el campo a tratar del. establecimiento y perfeccionamiento de instituciones que le son propias, es como la propiedad, posesión, contratos, empresas, entre otras, que en múltip ocasiones se confunden con las instituciones del Derecho Civil o común al momento de ser sometidas a conocimiento del órgano jurisdiccional. Asimismo, vale hacer referencia al principio de la perpetuatio fon o perperuación jurisdictionis) el cual se traduce en que la competencia del órgano jurisdiccional. cuando la ley no disponga expresamente lo contrario, se determina por la situación fáctica y normativa existente para el momento de la presentación de la demanda, sin que pueda modificarse la competencia, salvo supuestos excepcionales.En relación a las excepciones en materia agraria, es importante destacar, que existen a juicio de quien aquí decide dos (2) excepciones, donde no es relajable por las partes la competencia territorial en materia contractual especial agraria de carácter patrimonial; es decir, que las partes no pueden convenir el domicilio especial aplicando el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil, las cuales son las siguientes: PRIMERA EXCEPCIÓN: En los artículos 167 y 168 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario el Legislador estableció lo siguiente: omissis Artículo 167. Son competentes para conocer de los recursos que se intenten contra cualquiera de los actos administrativos agrarios. 1. Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios competentes por la ubicación del inmueble, como Tribunales de Primera Instancia.2. La Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, como Tribunal de Segunda Instancia. Artículo 168. Las competencias atribuidas de conformidad con el articulo anterior comprenden el conocimiento de todas las acciones que por cualquier causa, sean intentadas con ocasión a la actividad u omisión de los órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones, las demandas patrimoniales y demás acciones con arreglo al derecho común que sean interpuestas contra cualesquiera de los órganos o los entes agrarios. Omissis. De las normas ut-supra citadas, se desprende que los Juzgados Superiores Regionales Agrarios son competentes para conocer como Tribunales de Primera Instancia de los recursos que se intenten contra cualquier Ente Estatal Agrario, tomando como base para el conocimiento de dichas acciones la ubicación del inmueble. y que la competencia atribuida en el articulo 167 ejusdem, comprende el conocimiento de todas las acciones que sean incoada con ocasiónja la actividad u omisión de los Entes Estatales Administrativos en materia agraria; siendo éste el primer supuesto excepcional, ya que, para el conocimiento las demandas contra dichos Entes Estatales Descentralizados Agrarios, la competencia se encuentra atribuida a los Juzgados Superiores Regionales Agrarios, por la ubicación del inmueble, de lo cual se desprende, que la competencia territorial en este caso no es relajable en de las expropiaciones, las demandas patrimoniales y demás acciones contra dichos entes u órganos agrarios. Así pues, confirmando lo antes señalado por la Le)y especial agraria, la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Juvicia, en sentencia de fecha 23 de abril de 2009, con ponencia del Magistrado Juamgfael Perdomo, se realizó una breve y concisa interpretación de la compereaun' territorial otorgada a los Juzgados Superiores Regionales Agrarios como Tribunales de Primera Instancia, estableciéndose o siguiente: omissis... Por su parte, los artículos 167 y 168 de la Ley referida establecen lo siguiente: Articulo 167: Son competentes para conocer de los recursos que se intenten por razones de ilegalidad contra cualquiera de los actos administrativos agrarios: 1. Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios competentes por la ubicación del inmueble, como Tribunales de Primera Instancia.2. La Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, como Tribunal de Segunda Instancia. Artículo 168: Las competencias atribuidas de conformidad con el artículo anterior comprenden el conocimiento de todas las acciones que por cualquier causa, sean intentadas con ocasión a la actividad u omisión de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones. las demandas patrimoniales y demás acciones con arreglo al derecho común que sean interpuestas contra cualesquiera de los órganos o tos entes agrarios. De lo.s artículos anteriormente descritos, emana la competencia de la jurisdicción agraria para conocer el Procedimiento Contencioso Administrativo Agrario cuando las demandas sean contra los Entes Estatales Agrarios; igualmente se desprende de los mismos, la atribución de competencia de esta jurisdicción al conocimiento de todas las acciones que por cualquier motivo sean intentadas con ocasión a la igualmente que los Tribunales Superiores Regionales Agrarios por la ubicación del inmueble son competentes para conocer de las demandas contra los entes agrarios como Tribunales de Primera Instancia. Por su parte, la jurisprudencia de esta Sala en cuanto a este punto, en fecha 09-05-2006, expediente N° 05-1416. con norma transcrita, esta Sala infiere que la comperencia atribuida en el primer grado de jurisdicción a los tribunales superiores regionales agrarios, es para el conocimiento de los recursos que se intenten contra cualquiera de los actos administrativos agrarios emanados de un ente agrario. Ahora bien, el caso sub examine versa sobre un juicio de reivindicación, en:el cual un particular demanda a otros particulares, a varias empresas y al Instituto Nacional de Tierras (entre otros), donde la parte demandante refiere en su libelo de demanda en el punto 26. exactamente que: 26) AL INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI) (..) por ener bajo su dominio la cantidad de QUINCE MIL HECTAREAS (15.000.00 Has) en las sabanas de Agua Linda y Carrao, objeto fundamental de la presente acción, en efecto el Instituto Agrario Nacional afecte mediante procedimiento de adquisición amigable una extensión de Quince M³l Hectáreas (15.000 Has)(sic) aproximadamente ubicadas en el sector conocido como Barrancones, que formó parte de una mayor extensión del Hato Agua Linda (...). La referida negociación la hace el Instituto con la Sociedad Mercantil Hato Agua Linda C.A. en fecha 20 dnio de 1982 (.. Es decir que las tierras adquiridas por el extinto Mgituro Agrbrio Nacional (IAN), vendidas por la Sociedad Mercantil Hato Agua C.n Lagmismas tierras ocupadas por Agropecuaria Barinas C.A. y Agropecuaro adrote Negro C.A. y las tierras que vienen siendo usufructuadas por las cuatro (4) empresas que conforman Hato Romero y Caño de Jesús. Como se desprende de la trascripción anterior, las tierras objeto del presente juicio de reivindicación, no son propiedad (hoy en dia) del Instituto Nacional de Tierras (INTI). aun más, el conocimiento por parte de los Juzgados Superiores Agrarios de las demandas mismo un acto administrativo que lo haya emitido el mismo Ente Estadal Agrario. En consecuencia, luego de haber hecho un análisis de lo pautado en la Ley de Tierras referido a cuándo se aplica el procedimienco ordinario agrario y cuándo se aplica el procedimiento contencioso administrativo agrario, esta Sala manifiesta que este caso especifico no cumple con lo pautado en la Ley para que esta demanda de reivindicación sea conocida por un Tribunal Superior; puesto que se desprende del mismo que es una relación entre particulares, la cual debe regirse por el procedimiento ordinario pautado en los artículos 197 y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Asi se establece. Ahora bien, establecida la comperencia por la materia, esta Sala al referirse a la comperencia por el territorio, manifiesta que las tierras correspondiences a este caso están ubicadas dentro de las sabanas inmemorables de Agua Linda y Carrao, Municipios Pedraza y Ezequiel Zamora del Estado Barinas, por lo tanto, el Tribunal competente por la materia y por el territorio, es el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. Asi se decide. En aplicación de lo establecido anteriormente, esta Sala concluye que corresponde seguir conociendo del presente asunto al el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, por tener atribuida la comperencia territorial en los Municipios Pedraza y Ezequiel Zamora del Estado Barinas, donde se encuentran ubicadas las tierras en cuestión'. De la Jurisprudencia antes descrita, se desprende que la comperencia territorial en materia agraria no es relajable por las partes cuando se trata de demandas patrimoniales incoada contra Entes Estarales Agrarios, en el régimen de contratos administrativos, régimen de las expropiaciones, de las demandas patrimoniales, demás acciones interpuestas contra cualquier órgano o ente agrario; siendo incluida dentro de las acciones patrimoniales los contratos agrarios. SEGUNDA EXCEPCIÓN: En relación d la segunda excepción, quien decide considera, que igual restricción debe aplicarse en lo referente a la marerica contractual de carácter patrimonial ejercida entre particulares, especificamente. la derivada de los contratos de naturaleza eminentemente agraria, donde resulta pendiente, que no se puede aplicar la normativa prevista en el articulo 47 del Cpdigo Procedimiento Civil, por cuanto tiende a colidaur con normas institucionales, referidas específicamente a normas de orden público procedimentales. Asimismo, se debe tomar en cuenta, igualmente como en el primer supuesto, la ubicación del inmueble, ya que, relajar la competencia erritorial de un Tribunal el cual es competente de forma material, en cuantía. funcional y por el territorio, implicaría, en lo-que a la jurisdicción especial agraria se refiere, interponer demandas cuya ejecución resultaría imposible o ilusoria, ello en virtud de considerar quien decide, que incoar una solicitud de ejecución de hipoteca agrarias por ante un Juzgado especial agrario, el cual, en principio resulta competente de forma material y territorial según el relajamiento de dicha comperencia a menor de los dispuesto en el articulo 47 del Código de Procedimiento Civil, y al mismo tiempo, entender que dicho juzgado cuya competencia territorial se le ha dado por acto inter partes, resulta incomperente para dictar medidas cautelares innominadas o no, ejecutar sentencias y garantizar la continuación de la actividad agroproductiva, actividad ésta sobre la cual recae la acción, y la tutela de los principios rectores del derecho agrario, especificamente el principio de inmediación; resultaría a todas luces improcedente en derecho, ya que ello constituiría sin lugar a dudas, la admisión de acciones que no podrían de forma alguna, concluir con sus respectivas ejecuciones y tutela. situación esta, contraria al espiritu, propósito y razón del novel derecho procesal agrario social y humanista que nos ocupa. Ahora bien, en el caso bajo estudio, la parte intimante interpone la presente solicitud de ejecución de hipoteca por ante un Juzgado que si bien es cierto es competente por la materia, cuantía y, funcional derivada del articulo 47 in comento, no es menos cierto, que no lo era por el territorio al momento de decretar la medida de prohibición de Enajenar y Gravar, ni para ejecutar, en el caso de ser procedente su futuro fallo. por cuanto su comperencia territorial se encontraba limitada por la ubicación del inmueble dado en garantía, ya que su comperencia territorial, sólo podia ejercerla. especificamente en el Área Metropolitana de Caracas y Miranda, por ende, su página original (tal como se publicó) [Página 14] competencia no era extensible al Estado Zulia, siendo competente el JUiZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. En este sentido, el articulo 23 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario prevé lo siguiente: Los jueces competentes de la jurisdicción agraria, el Instituto Nacional de Tierras, la Corporación Venezolana Agraria, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y cualquiera de los órganos agrarios. podrán desconocer la constitución de sociedades, la celebración de contratos y, en general, la adopción de formas y procedimientos juridicos. cuando sean realizados con el propósito de efectuar fraude: a las normas contenidas en la presente Ley' De la normativa antes indicada, se desprende la posibilidad que tienen los jueces de la jurisdicción agraria de desconocer la constitución de sociedades, asi como la celebración de contratos y en general la adopción de formas o procedimientos juridicos, siempre y cuando hayan sido realizados para efectuar fraude procesal a las normas prevista en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Es importante señalar, que el contenido y alcance del articulo precedente. fue declarado constitucional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 20 de noviembre de 2002, con ponencia del Magistrado Antonio J Garcia Garcia (artículo 25 del Decreto Ley). Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia, mediante resolución N° 2006-0013, de fecha 22 de febrero de 2006. 5Sístableció que conforme al contenido del articula 197 de la Ley de Tietras y Desarrollo Agrario, las controversias que se susciten entre los particulares motivo de las actividades agrarias, deben ser sustanciadas y decididas por Juzgados agrarios por el procedimiento ordinario agrario, con aplicación de los principios previstos en el articulo 198 ejusdem. Asimismo. se dispuso en dicha resolución lo siguiente: 'Que la referida ley especial no prevé dentro de estructura de medidas, sino en rodo caso un mandato expreso para que los juzgados de primera instancia agraria ejecuten las sentencias definitivamente firmes o cualquier otro acto equivalente que renga fuerza de cosa Juzgada (articulo 24] eiusdem) o dicten oficiosamente medidas cautelares orientadas a proteger el interés colectivo, siendo el aspecto competencial por la materia de orden público. RESUELVE Articulo 1: Ordenar el cese inmediato de toda actividad de 1o.s tribunales ejecutores de medidas del país relacionada con la ejecución de decisiones proferidas por tribunales con competencia agraria, cuya ejecución de conformidad con el ordenamiento juridico aplicable corresponde a los tribunales agrarios. Articulo 2: Los tribunales ejecutores de medidas deberán devolver de inmediato a los tribunales agrarios, los expedientes.de causas agrarias que hayan recibido' La resolución N° 2.006-0013 antes transcrita, dispone que virtud. que el aspecto competencial agrario es de orden público. y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario no prevé los tribunales ejecutores de medidas agrarios, los Ju-gados de Primera Instancia Agraria deben ejecutar las sentencias definitivamente firme. y cualquier otro acto que tenga fuerza de cosa juzgada, asi como el dictamen de medidas cautelares de carácter oficios o, las cuales siempre deben ir orientadas ci proteger la continuidad de la producción, y el interés colectivo. vale decir lc función social: motivo por el cual, y con fundamento en dicha resolución. lo.s Juzgados ejecutores de medidas de todo el país deberán abstenerse de ejecutar cualquier decisión o medida emitida por los Juzgados Agrarios. por cuanto su ejecución o decreto corresponde sólo y exclusivamente a dichos Tribunales en materia agraria: y remitir de forma inmediata a los Juzgados Agrarios, las causas agrarias que se encuentren bajo su conocimiento. Por lo tanto, no podia el Juzgado A-quo, materializar sentencias a través de tribunales ejecutores de medidas ubicados en el Esado Zulia. En este sentido, se debe mencionar que con la modificación de la estructura de la competencia agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y del estado Miranda, mediante Resolución N°. 2009-0007, de fecha 18 de marzo de 2009, dictada por la Salc Plena del Tribunal Supremo de Justicia y especificamente la supresión del Juzgado de su Primera Instancia Agraria de la Circunscripción, hace perentoria lci necesidad de establecer la comperencia por el territorio para aquellos contratos de créditos agrarios donde las partes eligieron como domicilio especial a la ciudad de Caracas. y donde se haya presentado alguna controversia que deba ser : dirigida ante el órgano jurisdiccional. En virtud de lo precedentemente expuesto. es importante destacar. que la novel jurisdicción especial agraria. resulta le máxima garante de salvaguardar los principios constitucionales previstos en los articulos 2. 26. 49, 259, 305 y 307 y que el legislador concentró en el articulo la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. como la consolidación de los mismos dentro de un estado democrático, social de derecho y de justicia, en la búsqueda de la profundización de los valores constitucionales de desarrollo sustentable. inherentes a la justa disponibilidad suficiente de alimentos de calidad, distribución de la riqueza y planificación estratégica. democrática y participativa que toda actividad agraria persigue. Por ello, los procedimientos aplicables para resolver controversias agrarias, garantizando con sus procedimientos la continuidad de la actividad agroproductiva del sector urbano, industrial o rural, en consonancia con el ambiente y la biodiversidad, deben aplicarse en absoluta consonancia con las garantias constitucionales y los principios establecidos en los articulos 163 y 166 mencionados. prevé que el Juez Agrario debe velar por la continuidad de la producción agroalimentaria. ia continuidad en el entorno agrario de los servicios públicos. la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, ei mantenimiento de ia biodiversidad. ia conservación de la infruestructurc productiva del Estado, la cesación de actos y hechos que puedan perjudicar el interés social y colectivo, asi como el establecimiento de condiciones favorables al entorno social e interés colectivo, y en el segundo artículo se establece que los procedimientos previsto en la Jurisdicción Especial Agraria, se deberán regir por los principios de inmediación, concentración, brevedad, oralidad, publicidad y de carácter social del proceso agrario. Es asi, como la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, especificamente, en el articulo 166 y en él segundo aparte del artículo 198. establece los principios predominantes del nuevo procedimiento agrario venezolano y como fórmula para la búsqueda de la verdad dentro del proceso, razón por la que, el principio de inmediación, concatenado con el resto de los principios rectores del procedimiento agrario, noies más que una parte esencial del desarrollo de los valores supremos contenidos en el articulo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ajustados a los requerimientos de los procesos judiciales agrarios. Siendo importante destacar que el principio de inmediación implica un contacto estrecho entre el juez y las partes en conflicto en la mayoría de las fases del proceso, motivo por el cual la inmediación le acredita y faculta al juez agrario una serie de potestades que van desde dirigir los actos procesales, exhortar a las partes a una posible conciliación u otro mecanismo de auto-composición procesal, hasta el pronunciamiento cle la sentencia de mérito, y su competencia para resolver los casos, va más dla de lo que le otorga la Ley. Considerando lo antes esgrimido, el articulo 197 de la misma Ley especial dispone que las controversias que se susciten entre particulares con motivo de las actividades agrarias, deben ser sustanciadas y decididas por los tribunales de la jurisdicción agraria, conforme al procedimiento ordinario establezcan procedimientos especiales; y en consecuencia; el Juez como director del proceso debe decidir de acuerdo a la equidad y fundar su decisión en los conocimientos de hecho y de derecho que consten en autos. De modo que, tomando en consideración el análisis doctrina y normativo, este Juzgador considenunque una demanda relativa a derechos personales y reales, se rige por lo dispuso en los artículos 40 y 41 del Código de Procedimiento Civil, los cuales contienamaur medida de la potestad general de la jurisdicción y de la comperencia en el área civil, y que sin embargo, en materia agraria, específicamente en materia contractual especial agraria de carácter patrimonial, la demanda tiene que ser propuesta en el lugar donde el Juzgado de instancia pueda decretar las medidas que considere pertinentes sobre el bien inmueble objeto de la acción, y donde se deba ejecutar la futura sentencia, sin que quede ilusoria la ejecución del fallo. o donde se encuentre la cosa mueble o inmueble objèro de la demanda: resultando necesario indicar además, que en el primer y.último caso, es decir, el lugar donde se ha contraído la obligación o donde se encuentre la cosa mueble o inmueble, deben dichas acepciones ser concurrentes con el domicilio del demandado, por lo que queda fuera de tal determinación de competencia territorial concurrente, y sólo el segundo de los casos, es decir, DONDE DEBA EJECUTARSE LA OBLIGACIÓN, tomándose en cuenta la competencia territorial del Juzgado donde se interpone la demanda. Así pues, nuestro sistema de control jurisdiccional de la constitucionalidad y legalidad, está orientado a preservar la supremacia y estricta observancia de las disposiciones constitucionales respecto de las legales que pudieran amenazar el texto constitucional; en tal sentido, conforme a dicho mecanismo de control, todos los jueces de la República, cualquiera sea su competencia, están investidos, en el ámbito de sus funciones, del deber de velar por la integridad de nuestra Carta Magna. Asi, dicho sistema de control, puede ser ejercido de dos maneras a tenor de lo previsto en el articulo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bien a través del denominado control concentrado o por medio del llamado control difuso, este último también previsto en el articulo 20 del Código de Procedimiento Civil; disposiciones normativas éstas que resultan del siguiente tenor: Artículo 334: Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esti Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la inegridacd de este Constitución. En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica. se aplicarán las disposiciones constucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente. Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella. Articulo 20.- Cuando la ley vigente, cuya aplicación se pida, colidiere con alguna disposición constitucional, los jueces aplicaran ésta con preferencia. El denominado control difuso, radica en la posibilidad que tiene todo juez de causa en los asuntos sometidos a su consideración, de señalar que una norma juridica de constitucional, procediendo dicho juzgador, bien de oficio o a instancia de parte. a desaplicar y dejar sin efecto legal la señalada norma en el caso concreto. tutelando asi la disposición constitucional que resultaba vulnerada. De ig forma. debe destacarse que esta desaplicación ocurre respecto a la causa en particular o caso concreto que esté conociendo el sentenciador, mas no asi con efectos generales, por cuanto ello entrañaria otro:tipo de pronunciamiento que escaparia del ámbito competencial de dicho juzgador. Por el contrario, el control concentrado o control por via de acción ejercido a través de la máxima jurisdicción constitucional (conformada por Sala Constitucional, en algunos casos página original (tal como se publicó) [Página 15] por la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y por los demás Tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), supone la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley o disposición de rango sub legal, vista su colisión con el texto fundamental, con efectos generales, es decir, erga omnes, distinta de la situación que se configura al desaplicar una normativa en una controversia determinada a través del control difuso, caso en el cual, como se señaló supra, la norma sólo deja de tener aplicación para el caso en concreto por colidir con la Constitución.En este mismo orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia N° 833 del 25 de mayo de 2001 (criterio confirmado en sentencia de fecha 28 de noviembre de 2008. con ponencia de la Magistrada CARMEN ZULETA DE MERCHAN) al analizar el articulo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableció lo siguiente: Consecuencia de dicha norma es que corresponde a todos los jueces Constitución, lo cual adelantan mediante el llamado control difuso. Dicho control se ejerce cuando en una causa de cualquier clase que está conociendo el juez, éste reconoce que una norma jurídica de cualquier categoría (egal, sublegal), que es incompatible con la Constitución. Caso en que el juez del proceso, actuando a instancia de parte o de oficio, la desaplica (la suspende) para el caso concreto que está conociendo, dejando sin efecto la norma en dicha causa (y sólo en relación a ella), haciendo prevalecer la norma constitucional que la contraria. Por lo tanto, el juez que ejerce el control difuso, no anula la norma inconstitucional, haciendo una declaratoria de carácter general o particular en ese sentido, sino que se limita a desaplicarla en el caso concreto en el que consideró que los artículos de la ley invocada, o hasta la propia ley, coliden con la Constitución. La declaratoria general de inconstitucionalidad de una o un conjunto de normas jurídicas (leyes), corresponde con exclusividad c la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien, ante la colisión. declara, con carácter erga omnes, la nulidad de la ley o de la norma inconstitucional. Dicha declaratoria es diferente a la desaplicación de la norma, tratándose de una decisión de nulidad que surte efectos generales (no para un proceso determinado) y contra todo el mundo. Mientras que los Tribunales de la República, incluyendo las Salas del Tribunal Supremo de Justicia diferentes a la Constitucional. pueden ejercer sólo el control difuso. Las Salas Constitucional y Político Administrativa pueden ejercer el control difuso en una causa concreta que ante ella se ventile, y el control concentrado mediante el juicio de nulidad por inconstitucionalidad. cuyo conocimiento a ellas corresponde. La máxima jurisdicción constitucional se refiere al control concentrado, el cual es un control por pia de acción, que lo tuace la Sala Constitucional, conforme al articulo 336 constitucional y, en ciertos casoda Sala Politico Administrativa.Conforme al artículo 334 aludido, el control difu sólo lo efectúa el juez sobre normas (lo que a juicio de esta Sala incluye las contractuales) y no sobre actos de los órganos que ejercen el poder público, casí ellos se dicten en ejecución directa e inmedicna de la Constinución. No debe confundirse el control difuso, destinado a descplicar normas jurídicas, con el poder que tiene cualquier juez como garante de la integridad de la Constitución. de anular los actos procesales que atenten contra ella o sus principios, y'a que en estos casos, el juzgador cumple con la obligación de aplicar la ley; cuya base es la Constitución. Distinta es la situación del juez que desaplica una norma porque ella colide con la Constitución, caso en que la confrontación entre ambos dispositivos (el constitucional y el legal) debe ser clara y precisa'. De la sentencia antes indicada, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se infiere, que el control difuso o desaplicación de una norma por prevalencia de la norma constitucional, consiste en una facultad del juez o jueza en el desempeño de su labor jurisdiccional; y cuyo ejercicio está dirigido a facilitar la obtención de una tutela judicial efectiva; sin embargo, su uso noipuede ser indiscriminado, por lo que es indispensable que la confrontación de la norma desaplicada con el texto constitucional sea clara, precisa y motivada. Ahora bien, asumiendo el criterio jurisprudencial reiterado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, asi como de la normativa constitucional supra citada, observa este Juzgador, que circunscribiéndonos al caso de autos, el Juzgudo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Mletropolitana de Caracas, no realizó inspección judicial sobre el fundo objeto de lu presente acción, a los fines de constatar la producción agraria existente en el bien inmueble objeto de la presente acción, por cuanto no tenía competencia territorial para practicar la misma, en virtud que en la Cláusulas Primera y Décima Primera del contrato de crédito de fecha 11 de julio de 2001. autenticado por ante la Notaria Pública Quinta del Municipio Chacao. igualmente protocolizado cnte la Oficina Subalterna de Registro de los Municipios Colón, Catatumbo. Jesús María Semprim y Francisco Javier Pulgar del Estado Zulia. San Carlos del Zulia.(Folio 152 al folio 164 de la primera pieza del presente expediente), al elegir en dichas cláusulas como domicilio especial la ciudad de Canacas; relajando de esta forma la competencia territorial de los Juzgados de instancias del estado Zulia, por cuanto hicieron uso de la norma establecida en el Código de Procedimiento Civil, especificamente, el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil. al establecer como domicilio especial la ciudad de Caracas, e interponer la presente acción por ante el extinto Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Juzgado que en principio no tenia para ese momento competencia territorial para admitir la presente solicitud, más sin embargo. es importante resaltar que todas las actuaciones procesales existentes en el expediente N°.08-3844, de la nomenclatura llevada por el mismo. Juzgado A-quo, se tienen como válidas, ya que, no se evidencia que el Juzgado de mera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana Caracas, a pesar de su incompetencia sobrevenida haya violado el orden de blico procesal de las partes intervinientes en el presente juicio: motivo por el cual, este Juzgado Superior Primero Agrario tiene como válida dichas actuaciones procesales por no existir en las mismas, errores que afectarán o menoscabaran el derecho de las partes, y ninguna infracción de las normas legales establecidas por el Legislador, evitándose de esta forma, una reposición inútil, garantizándole a ambas partes intervinientes en la presente causa, ef principio de la tutela judicial efectiva, el principio de la celeridad y economía procesal, asi como el principio del derecho a la defensa previsto en. el articulo 49 de nuestra Carta Magna. Igualmente, se debe señalar que el Juzgado Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. constriñó el principio de inmediación, al decretar medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el bien inmueble objeto de la presente acción, el cual se encuentra localizado en el sector denominado El Chivo, Parroquia Urribarri, Jurisdicción del Municipio Colón del Estado Zulia; ya que tal juzgado no tenia competencia territorial para decretar dicha medida, ni para enviar oficio informando al registro respectivo sobre el decreto de dicha medida, y la parte intimante interpuso la presente solicitud de ejecución de hipoteca por dnte el mencionado Tribunal de instancia, estando en conocimiento de que al relajarse la competencia territorial de conformidad con el articulo 47 del Código de Procedimiento Civil, se violaba el principio de inmediación, uno de los principios fundamentales de los Jueces agrarios para administrar justicia, y preservar la continuidad de la producción agraria, así como la función social, al momento de tomar una decisión ajustada a derecho: además que la decisión que se tomara en relación cil mismo, seria ilusoria su ejecución, por cuanto la misma no podía ser ejecutada, siendo que el Juzgado de instancia antes referido no tenía competencia territorial para ejecutar el fallo que dictara en relación a la presente causa. Todo ello se evidencia de la diligencia de fecha trece (13) de noviembre de 2.008, y que riela al folio trescientos cuarenta (340) de la primera pieza del presente expediente. presentada por el ciudadano abogado HENRY PEREIRA GORRÍN, apoderado judicial de la compañia LAAD AMERICAS, N.V, parte intimante en la presente solicitud de ejecución de hipoteca, mediante la cual solicitó respetuosamente al Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que de conformidad con lo establecido con el artículo 662 del Código de Procedimiento Civil, decretar la medida de embargo ejecutivo, o cuyo efecto solicitó se comisionare a un Juez competente territorialmente según la ubicación de dicho inmueble.Como consecuencia, de lo precedentemente expuesto éste Juzgado Superior Primero Agrario, se ve en el deber de desaplicar por control difuso de la constitucionalidad, el articulo 47 del Código de Procedimiento Civil. relacionado a la facultad otorgada a las partes de convenir el domicilio especial en el contrato celebrado, así como las cláusula primera y décima primera del contrato de crédito objeto de la presente acción, solo en cuanto al establecimiento del domicilio procesal en la ciudad de Caracas, por cuanto colidan con las garantias constitucionales previstas en los articulos 2, 26, 49 y 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cada vez que la misma obre en desmedro de las garantías suprema del Estado Social, debido proceso y derecho a la defensa, del juez natural: y por ende la aplicación de los principios rectores de la materia agraria, especialmente el principio de inmediación, celeridad, economía procesal, de la tutela judicial efectiva y el debido proceso.Ya que en materia agraria, específicamente en los contratos de créditos, las partes intervinientes en el contrato, deben tomar en cuento a la ubicación del bien inmueble hipotecado o sobre el cual se solicita la suma líquida y exigible, como lo es el caso, de las (solicitudes de ejecución de hipoteca), y los Juzgados de instancias evitar admitir demandas donde no puedan materialmente decretar medidas o ejecutar su fallo, declinando así su competencia al juzgado agrario competente, si el bien inmueble se encuentre ubicado en otro territorio y su competencia territorial no se encuentre limitada a la hora de decretar las medidas respectivas y ejecutar su fallo, evitando así que dicha sentencia o decisión quede ilusoria y no se pueda satisfacer la tutela judicial efectiva a la parte solicitante, según sea el caso; garantizándose asi el principio de la economía procesal, el principio de inmediación, la tutela judicial efectiva (establecida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), el derecho a la defensa: el debido proceso, siempre salvaguardando los principios ugrurios contenidos en el articulo 163 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Por lo que, se insta a los Juzgados de Primera Instancig agraria, a los fines que en futuras ocasiones, al momento de admitir una demanda de contratos de créditos. ya sea por una solicitud de ejecución de hipoteca, deben desaplicar la norma prevista en el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil, y cualquier cláusula contractual, en relación al domicilio especial contenido por las partes en los mismo, cuando se limite su competencia territorial a la hora de decretar cualquier medida sobre un bien mueble o inmueble que se encuentre fuera de su competencia territorial y quede ilusoria la ejecución del futuro fallo; tomando en consideración el lugar del inmueble, y declinar la competencia al Juzgado agrario competente donde se encuentre el bien inmueble con producción agraria, a los fines de no violentar los principios agrarios ni la función social; y en el caso donde exista universalidad de bienes inmuebles, se deberá tomar en cuenta o se considerara el página original (tal como se publicó) [Página 16] inmueble donde exista producción agraria, a los fines de no violeniar lo.s principios agrarios: y en los contratos de créditos donde se establezca como domicilio especial la ciudad de Caracas, y los inmuebles sobre los cuales se soliciten las medidas pertinentes se encuentren ubicados igualmente en la ciudad de Caracas, el Tribunal competente será el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, con sede en la población de Los Teques; según el articulo 3, de la Resolución N°.2009-0007, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 18 de marzo de 2009; y en consecuencia, este Juzgado Superior Primero Agrario, ordena remitir la presente causa al JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL continué con la ejecución. Y asi se decide.Y como consecuencia, de la declaratoria de improcedencia de las cuestión previa opuesta por el ciudadano LEONARDO ENRIQUE MOGOLLON CARRASCO, en su carácter de apoderado judicial de la empresa co-inrimada AGROPECUARIA RAW3 C.A., en su escrito de fecha 23 de extemporaneidad del escrito de oposición presentado por el ciudadano LEONARDO ENRIQUE MOGOLLON CARRASCO, en su carácter de apoderado judicial de la empresa AGROPECUARIA LA PREVENCIÓN IXL. C.A., Su escrito de fecha 30 de octubre de 2008, se debe continuar con la ejecución del decreto intimarorio tal como lo dispone el artículo 662 del Código de Procedimiento Civil. con arreglo a lo dispuesto en el titulo IV libro Segundo del C'ódigo de Procedimiento Civil. Asi se decide." II DE LA COMPETENCIA De acuerdo con el artículo 336 numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supreno de Justicia realizar el examen de las sentencias de control de la constitucionalidad que dicten los tribunales de la República, en los siguientes términos: "Articulo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: ..omissis. 10. Revisar las sentencias definitivamente firmes de cumparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas juridicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orginica respectiva. Al respecto, esta Sala en fallo N° 1.400 del 8 de agosto de 2001. determinó lo siguiente: "(..) el juez constitucional debe hacer saber cil Tribunal Supremo de Justicia sobre la decisión adoptada, a los efectos del ejercicio de la revisión discrecional atribuida a la Sala Constitucional conforme lo disponen los articulos 335 y 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela". Por su parte, el numeral 12 del articulo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Suprem de Justicia, ratifica la competencia de esta Sala para conocer de las sentencias constitucionalidad, en los siguientes términos: "Artículo 25 Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: (.….) 12. Revisar las sentencias definitivamente firmes en las que se haya ejercicio el control difuso de la constitucionalidad de las leyes u otras normas jurídicas, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República". Conforme a lo anterior, visto que en el presente caso la sentencia contenida en el Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas el 29 de junio de 2009, desaplicó el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil, como resultado de la específicamente en los casos de ejecuciones de hipoteca, esta Sala Constitucional resulta competente para realizar el examen sobre el ejercicio del control difuso efectuado. Así se declara. III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR A los fines de resolver el asunto planteado, esta Sala advierte como punto previo, que el presente caso, se trata de una sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, signada con el N° 2009-5211 de fecha 29 de junio de 2009, mediante la cual se desaplicó por control difuso el articulo 47 del Código de Procedimiento Civi, especificamente en los jui de ejecución de hipoteca en materia agraria. En tal sentido, la revisión de las sentencias definitivamente firmes en las cuales se haya ejercido el control difuso de la constitucionalidad, conlleva a una mayor protección de la Constitución e impide la aplicación generalizada de normas inconstitucionales, o bien, la desaplicación de normas no ajustadas al Texto Fundamental, en perjuicio de la seguridad jurídica y del orden público constitucional (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 701 del 18 de abril de 2005, caso: "Wendy Coromoto Galvis Ramos "). De allí que se plantea para esta Sala dilucidar, si la desaplicación realizada por el Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, fue ajustada a derecho, tomando en consideración que en lo que a dicho control dè la constitucionalidad se refiere, esta Sala reitera que esta modalidad es inherente al sistema de justicia constitucional y "se ejerce cuando en una causa de cualquier clase que está conociendo el juez, éste reconoce que una norma juridica (.), es incomparible con la Constitución. Caso en que el juez del proceso, actuando a instancia de parte o de oficio, la desaplica (la suspende) para el caso concreto que está conociendo, dejando sin efecto la norma en dicha causa (y sólo en relación a ella), haciendo prevalecer la norma constitucional que la contraría. No debe confundirse el control difuso, destinado a desaplicar normas jurídicas, con el poder que tiene cualquier juez como. garante de la integridad de la Constitución, de anular los actos procesales que atenten contra ella o sus principios, ya que en estos casos, el juzgador cumple con la obligación de aplicar la ley, cuya base es la Constitución (..). Distinta es la situación del juez que desaplica una norma porque ella colide con la Constitución, caso en que la confrontación entre ambos. dispositivos (el constitucional y el legal) debe ser clara y precisa. Esto último, conlleva a la pregunta ¿si en ejercicio del control difuso un juez puede interpretar los principios constitucionales, y en base a ellos, suspender la aplicación de una norma? (..). Fuera de la Sala Constitucional, debido a las facultades que le otorga el articulo 335 de la Constitución vigente, con su carácter de máximo y última intérprete de la Constitución y unificador de su interpretación y aplicación, no pueden los jueces desaplicar o inaplicar normas, fundándose en principios constitucionales o interpretaciones motu propio que de ellas hagan, ya que el articulo 334 comentado no expresa que según los mcipios :, control concentrado, con una modalidad para el-derecho venezolano. cual es que sólo la interpretación constitucional que jurisdiccionalmente haga esta Sala, es vinculante para cualquier juez, así esté autorizado para realizar control concentrado" (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 1.851/08). página original (tal como se publicó) [Página 17] En este sentido, el control difuso es un medio que conlleva en si un juicio de inconstitucionalidad de la norma entendida en los efectos lesivos al caso concreto, que necesariamente requieren de un análisis de ponderación entre el cumplimiento de la consecuencia jurídica establecida en la disposición a desaplicar y su aproximación con el posible perjuicio y desnaturalización de un derecho o principio constitucional; ameritando un examen en relación a la validez de la norma (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 701/09). Siendo ello así, su alcance viene determinado precisamente por el texto constitucional que da origen a su fundamentación como medio de protección, delimitando la naturaleza de las normas que se encuentran dentro de su ámbito de regulación, de conformidad con el primer aparte del artículo 334. de la Constitución "En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, cun de oficio, decidir lo conducente" y, el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, que establece "Cuando la ley vigente, cuya aplicación se pida, colidiere con alguna disposición constitucional, los jueces aplicarán ésta con preferencia". De ello resulta pues, que uno de los presupuestos para la procedencia del control difuso de la constitucionalidad, sea la existencia de un proceso en el cual la inconstitucionalidad de la norma no sea el objeto principal del mismo, como carácter propio pronunciamiento del control difuso que ejerce cualquier tribunal de la República, por parte de esta Sala (ex articulo 336.10 constitucional), que se articula con la comperencia exclusiva de la Sala para que juzgue la constitucionalidad de las leyes y dematoactos estadales que se dicten en ejecución directa e inmediata de la Constitución, via comrot Constitucional es mixto o integrado pues, por una parte, figura el control difuso y, por la otra, el control concentrado, pero cada uno de estos medios de control de la constitucionalidad no actúan anárquicamente, sino, por el contrario, encuentran espacio común en la Sala Constitucional, la cual, tendrá a su cargo el mantenimiento de la uniformidad de las interpretaciones de los principios y derechos constitucionales" (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 19/09). Igualmente, la Sala ha aclarado que "la supremacía constitucional en materia de normas, jurisdiccionalmente se ejerce mediante el control difuso y el control concentrado: mientras que las infracciones normativas, o provenientes de actos, hechos u omisiones que afecten o amenacen afectar de manera irreparable la situación juridica de una persona, se controlan mediante el amparo" (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 1.267/01) y, en ese contexto, el juez que conoce de la apelación puede pronunciarse acerca del contenido o aplicación de las normas constitucionales que desarrollan los derechos fundamentales, revisar la interpretación o aplicación que de éstas ha realizado la administración pública o los órganos de la administración de justicia, o establecer si los hechos de los que se A deduce las violaciones constitucionales, constituyen una violación directa de la Constitución. Precisado lo anterior, esta Sala considera necesario reiterar respecto a la competencia agraria, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concibió una reforma del marco institucional del Estado, que traza una redefinición estructural del arquetipo para el desarrollo del mismo y, particularmente de las competencias del Estado -los órganos del Poder Público- (Vid. Sentencia de esta Sala N° 1.444/08), la legislación vigente y la sociedad, en orden a armonizarlo con los fines que le han sido constitucionalmente encomendados. Tenemos entonces, en criterio del juez proponente, en el marco de un juipor ejecución de hipoteca, a su criterio resultaba plausible la desaplicación el artículo 47 d Código de Procedimiento Civil, y las cláusulas primera y décima primera del documento hipotecario, relativo a la potestad de las partes de fijar el domicilio especial en materia de contratos agrarios, por cuanto dicha norma colide con las garantias constitucionales previstas en los artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, " (..) que a su vez se traducían en la violación al orden público procesal agrario, a los principios rectores de la materia agraria concretamente el Principio de Inmediación, y a la Resolución N° 00013 de la Sala Plena de fecha 22 de febrero de 2006, referida al.cese inmediato de toda actividad de los tribunales ejecutores de medidas del pais relacionada con la ejecución de decisiones proferidas por tribunales con competencia agraria". En ese sentido, y a los fines de resolver el asunto planteado, se aprecia de manera preliminar de un análisis realizado a la exposición de motivos de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, -ley que rige a un importante sector estratégico del país en términos de seguridad y soberanía alimentaria-, que fue instituido todo un Título en el que se desarrolla lo relativo a la jurisdicción agraria, tanto en lo referente a la jurisdicción ordinaria agraria, como a la jurisdicción contencioso administrativa en materia agraria, sustituvéndose de esta manera a la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, e implementándose así los principios de inmediación, concentración, brevedad, oralidad, publicidad y carácter social del proceso agrario, como una de sus principales innovaciones que vinieron refrendar las garantías suprema del derecho a la defensa a favor de los justiciables. Efectivamente, la jurisdicción especial agraria está llamada a amparar los principios constitucionales previstos en los artículos 2, 26, 49, 305, 306 y 307, y que el legislador óoncentró en el artículo 2 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, como la consolidación de los mismos dentro de un Estado democrático, social de derecho y de justicia, en la _búsqueda de la profundización de los valores constitucionales de desarrollo sustentable, inherentes a la seguridad agroalimentaria y a la justa disponibilidad suficiente de alimentos de calidad, distribución de la riqueza y planificación estratégica, democrática y participativa; así como la mejora de la calidad de vida de la población campesina, y el logro de un desarrollo armónico y viable en el contexto dej la justicia social que to actividad agraria persigue. Esta visión integral y por ende sistémica del derecho agrario, se encuentra desarrollada en un régimen estatutario de derecho público que ha sido objeto de tutela por parte del legislador, no sólo mediante una serie de medidas relacionadas directamente con el régimen sustantivo de los derechos -vgr. La afectación de uso y redistribución de las tierras-, sino mediante la creación de una jurisdicción especial, regulada por un derecho adjetivo también especial, que permita a los particulares un acceso directo a organos jurisdiccionales especializados; que estén en capacidad de atender con criterios técnicos, sus necesidades frente a las actividades u omisiones de la Administración, tomando en consideración el interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. Con el referido criterio, se evidencia que "el legislador viene a reforzar la protección juridico-constitucional de los particulares a través de normas garanristas de los derechos amparados por la Constitución, favoreciendo la tutela judicial efectiva y protegiendo para el presente caso, la vigencia y efectividad del derecho a la seguridad agroalimentaria en pro del interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos cle protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. Todo en el contexto de la actuación eficaz del Poder Público, donde los órganos y entes del Estado gestionan efectivamente sus competencias, fomentando la consolidación del principio de paz social. el bien común y la convivencia, en un medio ambiente armónico" (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 962/06). página original (tal como se publicó) [Página 18] Conforme a lo anteriormente expresado, considera esta Sala Constitucional, que en cuanto al procedimiento ordinario agrario se refiere. -procedimiento aplicable a las causas surgidas entre particulares con ocasión a la actividad agraria-, así como aquellos procedimientos especiales establecidos en la ley adjetiva civil -Código de Procedimiento Civil- utilizados para dirimir asuntos de naturaleza agraria, indudablemente conuven un OVSTTUCK 'instrumento fundamental para la realización de la Justicia en el campo, de manera tat que no se encuentran exentos de la labor tuitiva de protección de la integridad de la Constitución encargada a los jueces y juezas de la República. Ahora bien el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil bajo análisis, establece la potestad de las partes de elegir un fuero especial ante el cual pueden dirimir sus controversias. Esta elección nace de un convenio destinado a prorrogar la competencia territorio, de lo cual se deduce que dicha competencia en principio resulta de estricto orden privado y en consecuencia las partes pueden, al momento de celebrar el contrato, establecer un domicilio específico ante el cual dilucidar sus pretensiones derivadas de dicho contrato. Las anteriores consideraciones permiten sostener que la competencia de los órganos jurisdiccionales en razón del territorio, se encuentra dirigida a facilitar el acceso a los tribunales de los justiciables, la regla general atributiva de competencia territorial está determinada por la vinculación personal del demandado con la respectiva circunscripción, expresada a su vez en la expresión: actor sequitur forum rei según la cual el actor debe seguir el fuero del demandado, el cual no es otro que el domicilio del demandado y su fundamento es proporcionar a éste la mayor comodidad para su defensa, moderando un poco las ciertas facilidades que se le dan al actor para elegir, en algunos casos. el fuero ante el cual puede intentar su demanda. Es así como el domicilio especial concertado por las partes de manera preventiva no necesariamente se corresponderá con el lugar de ubicación de los bienes propiedad del demandado, lo cual resulta plausible en el fuero civil-mercantil, en tanto que mediante exhortos o comisiones pueden materializarle ante otras circunscripciones judiciales del país distintas a la sede natural del juicio, las medidas preventivas y ejecutivas dictadas a los fines de que no resulte ilusoria la ejecución del fallo. No obstante lo anterior, observa esta Sala, que en el caso resuelto por el Juzg Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas las partes eligieron como domicilio especial a los tribunales agrarios de Caracas, en uso de la atribución que les conferida la cláusula décima primera del contrato de crédito suscrito por estas, como una potestad derivada del artículo 47 de la ley adjetiva civil, -norma que fuera objeto de desaplicación por el juez de instancia-. Siendo que la unidad de producción agrícola otorgada en garantía hipotecaria y sobre el cual recayó la ejecución de la sentencia de mérito, denominada "Finca San Camilo". se encuentra ubicada en el sector El Chivo, parroquia Urribarrí, en la jurisdicción del municipio Colón del estado Zulia, y por ende fuera de los limites competenciales de los tribunales agrarios de Caracas. En tal sentido, apunta la Sala, que uno de los fines del Derecho es la justicia, cuyo principio se encuentra expresamente consagrado en el articulo 257 constitucional. que establece: "el proceso constituye un instrumento fundamental de :: ;uxtina Lus leves procesales establecerán la simplificación. uniformidad y eficacia de los trámites (. ; No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales" Por ello, los esquemas tradicionales de la justicia, esencialmente formales, a la luz de la Constitución vigente, desaparecieron cuando ésta denunció un amplio espectro de los derechos protegidos y recogió principios generales que rigen la convivencia social. Por ello. concreta, el sentido general del Derecho, ésta debe hacerse con el auxilio del texto constitucional. De allí, que no pueden las leyes procesales contrariar la Constitución y, por tanto, los derechos y garantías constitucionales deben ser elinorte que guie la interpretación. La interpretación de la normativa procesal especialmente el articulo 47 del Código de Procedimiento Civil -norma preconstitucional-, debe garantizar el ejercicio de los derechos en el proceso y, ante diversas interpretaciones debe elegirse la que mejor mantenga el En ese sentido, esta Sala Constitucional en atención a la desaplicación propuesta. no concibe a existencia de un derecho agrario sin la necesaria y. directa vinculación del juez con el principal bien de producción como lo es la tierra en las diversas etapas del proceso y en la búsqueda de la materialización plena de la justicia, que le permita desde la lase cognición y sin inconvenientes, constatar el correcto desenvolvimiento de los ciclos agrícolas, el uso adecuado de la semilla, el manejo y uso racional de las aguas entre otros aspectos fácticos. Así como el contacto inmediato con la comunidad campesina, para promover los métodos alternativos del resolución de conflictos, evacuar pruebas in-situ, exhortar a los terceros ocupantes a participar en el juicio, y ejecutar directamente de ser el caso la sentencia, garantizando en todo momento el derecho a la defensa, debido proceso y acceso a una tutela judicial efectiva, lo cual resultaría de imposible cumplimiento si no se detenta la competencia territorial. Las anteriores consideraciones, nos permiten sostener que el derecho agrario venezolano, social y humanista, resulta de creciente importancia, no sólo porque se trata de la disciplina juridica propia de la agricultura, sino, porque se asienta en auténticos fundamentos constitucionales, técnicos-científicos, económicos, sociales y ambientales, y porque además, constituye el instrumento jurídico insustituible y de extraordinaria importancia para el desarrollo socio-económico de la Nación. Se trata entonces de un derecho que ostenta en su contenido una pluralidad de ámbitos como la flora, fauna, suelos, bosques, humedales, aguas, semillas, tierras. ctc., e institutos jurídicos propios, como la empresa agraria, derechos reales agrarios, obligaciones agrarias, contratos agrarios y crédito agrario - éste último que diera origen a la presente juicio-, y una riquísima y sistemática normativa especial, etc., siempre desarrollada con extraordinaria relevancia científica y juridica desde el siglo pasado en que resultaron y resaltan los nombres de los profesores Bolla, Carrozza, Massart, Germanó, Bassanelli, Galloni, Costato, Figallo, Sanz Jarque y muchos otros agraristas de primera linea y de reconocido prestigio mundial. Sobre la base de las anteriores consideraciones, esta Sala Constitucional estabiece que en el presente caso la desaplicación por control difuso se generó en el marco de un juicio ejecutivo, que verificó una contradicción entre la "Constitución y una ley u otra norma juridica" -conforme a las consideraciones antes expuestas-, que obligaba al ejercicio de la competencia contenida del artículo 334 de la Constitución por parte del Juzgado Superior Primero Agrario, con lo cual se procuró garantizar una efectiva tutela del principio de inmediación (ya señalado), lo cual se vincula directamente con la garantia suprema del derecho a la defensa y al debido proceso, tutelado por el orden constitucional (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 1205 del 16 de junio de 2006). Asi las cosas, resulta fundamental resaltar que en el ordenamiento juridico venezolano, se encuentra establecido en el articulo 7 Constitucional. el cual es del tenor siguiente: página original (tal como se publicó) [Página 19] "La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercer en Poder Público están sujetos a esta Constitución." Con el objeto de hacer efectivo el principio de supremacía Constitucional, el propio Texto Fundamental ha previsto diversos mecanismos de control de la constitucionalidad, entre los cuales se encuentran el control difuso y el control concentrado. Siendo, que en lo que atañe al control difuso, el cual acogió el artículo 334 de la Constitución, éste impone a ts los jueces la obligación de aplicar con preferencia las normas Constitucionales cando exista una incompatibilidad entre éstas y una ley u otra norma jurídica. El Catedrático Español Manuel Aragón Reyes, en alusión a los modelos de control concentrado y difuso de la constitucionalidad, opina lo s guiente: "A diferencia del modelo norteamericano, de carácter difuso, porque el control de constitucionalidad está alli atribuido a todos:los órganos judiciales, y de efectos limitados a la contienda judicial concreta, ya que, si se afvgcia inconstitucionalidad de una norma, ésta sóld resulta inaplicable caso especial (Tribunal Constitucional) distinto de los órganos que ejercen jurisdicción ordinaria; Tribunal al que se le atribuye el monopolio (jurisdicción concentrada) de la declaración de inconstitucionalidad de la ley, dotándose, además, a esa declaración de efectos generales (ergci omnes). de 1al inconstitucionalidad de la norma supone su anulación. " (Temas Básicos de Derecho Constitucional, Civitas, Madrid, 2001, Tomo III pág. 26). En este mismo orden de ideas, mediante sentencia del 25 de mayo de 2001 (Caso Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao vs. la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo). esta.Sala expresó lo siguiente: "..el juez que ejerce el control difuso, no anula la norma inconstitucional, haciendo una declaratoria de carácter general o particular en ese sentido, sino que se limita a desaplicarla en el caso concreto en el que consideró que los artículos de la ley invocada, o hasta la propia ley, coliden con la Constitución. La declaratoria general de inconstitucionalidad de una o un conjunto de normas juridicas (leyes), corresponde con exclustvidad a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien, ante la colisión, declara, con carácter erga omnes. la nulidad de la ley o de la norma inconstitucional. Dicha declaratoria es diferente a la desaplicación de la norma, tratáindose de una decisión de nulidad :ue surte efectos generales (no para un proceso determinado) y contra todo el mundo. Mientras que los Tribunales de la República, incluyendo las Salas del Tribunal Supremo de Justicia diferentes a la Constinucional, pueden ejercer sólo el control difuso. Como se desprende de la doctrina y de la sentencia que fue citada, cuando se ejerce el control difuso de la constitucionalidad, el juez, en un caso concreto, resta eficacia a una norma juridica por considerar que es contraria al Texto Fundamental. A diferencia de lo que ocurre en el control difuso, cuando el órgano competente realiza el control concentrado de la constitucionalidad, los efectos de sus decisiones tienen un carácter generaf, en el entendido de que la declaratoria de nulidad de una norma que es contraria a la Constitución, expulsa a aquélla del mundo jurídico y, esa decisión, surte efectos erga omnes. Siendo lo importante resaltar que, a través del control difuso de la constitucionalidad, el criterio que lleva al juez a considerar como inconstitucional determinada norma jurídica únicamente produce efectos en el caso concreto, por lo cual, esa consideración no a secuencias inmediatas más allá de la contienda en la que el control difusos produce ida consideración de que el juez no se estaría pronunciando sobre la validez de la Boa en cuestión con carácter erga omnes. Es así que a criterio de esta Sala Constitucional, efectivamente en el caso de los denominados juicios ejecutivos o monitorios -de eminente naturaleza civil-mercantil- entre los que destaca el juicio por ejecución de hipoteca, en el cual las partes hayan convenido en fijar un domicilio especial a los fines de verificarse cualquier controversia derivada del contrato distinto al lugar donde se encuentren los bienes afectos a la actividad agraria otorgados en garantía, indudablemente va en desmedro del conjunto de garantías sustanciales y procesales especialmente diseñadas por el legislador en desarrollo de los artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución y por ende la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional agraria, en términos de derecho a la defensa, debido proceso y al acceso a la tutela judicial efectiva. De manera que ha criterio de esta Sala, deberá resultar en todo momento competente el tribunal agrario del lugar donde se implementó o pretendió desarrollar el plan de inversión de crédito con fines agrarios; o bien, el del sitio donde se localice el bien dado en garantía, siempre y cuando éste resulte afecto a la actividad agraria. Así las cosas, esta Sala Constitucional declara que el Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuó conforme al ordenamiento jurídico Constitucional y legal vigente, al desaplicar para el caso en concreto, el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil y demás cláusulas contractuales, amparando los principios constitucionales previstos en los artículos 2, 26, 49, 305, 306 y de dicho artículo, que se antepongan a la aplicación de tal principio en los procesos agrarios. En tal virtud, se declara conforme a derecho la desaplicación del artículo 47 del Código de Procedimiento Civil y demás cláusulas de rango contractual, efectuada por la juicio de Ejecución de Hipoteca, incoado por la Compañía LAAD AMÉRICAS NE la Sociedad Mercantil AGROPECUARIA RAW3, C.A., En ese sentido, se insta a los jueces y juezas que conforman dicha jurisdicción especial a preservar en todas las etapas del proceso los principios constitucionales previstos en los artículos 2, 26, 49, 305, 306 y 307, y especialmente el principio agrario de la inmediación del juez, por lo que resultará en todo momento competente el tribunal agrario del lugar donde se implementó o pretendió desarrollar el plan de inversión de crédito con fines agrarios; o bien, el del sitio donde se localice el bien dado en garantía, siempre y cuando éste resulte afecto a la actividad agraria. Así se establece.- IV DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara CONFORME A DERECHO la desaplicación efectuada en la sentencia N° 2.009-5211 dictada por el Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de: Caracas, el 29 de junio de 2009, mediante la cual desaplicó el artículo 47 del Código de:Procedimiento Civil. Se ORDENA la publicación íntegra del presente fallo en la Gaceta Judicial y la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente: "Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se insta a los jueces y juezas que conforman la Jurisdicción Especial Agraria a preservar en todas las etapas del proceso los principios constitucionales previstos en los articulos 2, 26, 49. 305, 306 y 307: y especialmente el principio agrario de la inmediación del juez, por lo que resultará en todo desarrollar el plan de inversión de crédito con fines agrarios; o bien. el del sitio donde se localice el bien dado en garantia, siempre y cuando éste resulte efecto f la ILAA agraria, cun cuando las partes hayan establecido de mutuo acuerdo un domicilio cial distinto ". página original (tal como se publicó) [Página 20] Publíquese y regístrese. Remitase copia certificada de la presente decisión al Tribunal Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Cúmplase con lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 2s dias del mes de Abrcde dos mil doce (2012). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación. denta de la Sala, MEESAMUÑO El Vicepresidente. amv FRANCISCO ANTONIO EARASQUERO LÓPEZ Los Magistrados, MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN CARMEN ZULETA DE MERCHÁN ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES Merog JUAN JOSE MENDOZA JOVER GLADYSMARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO OLIVARIANPSecretario. SÉ LEONDO REQUENA CABELLO Exp. N° 09-0924 MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 21 de mayo de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 667 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 4 del artículo 25 eiusdem. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le asigna al Ministerio Público un conjunto de atribuciones que requieren su pronta y efectiva respuesta; CONSIDERANDQ: Que las causas sobre las cuales debe conocer el Ministerio Público, se han incrementado notablemente; CONSIDERANDQ: Que para el conocimiento de las causas referidas en el Considerando anterior, se requiere acrecentar el número de Despachos Fiscales, asignándoles el personal correspondiente. RESUELVE: Artículo 1.- Crear la Fiscalía Sexagésima Novena del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia en materia Antiextorsión y Secuestro, y sede en el Área Metropolitana de Caracas, adscrita a la Dirección General Contra la Delincuencia Organizada. Artículo _2.- La Fiscalía del Ministerio Público creada mediante la presente Resolución, será dotada de sede física, así como del personal, bienes muebles e insumos necesarios para su adecuado funcionamiento. Artículo 3.- Las Direcciones de Secretaría General, Infraestructura y Edificación, Recursos Humanos, Presupuesto, y Administración y Servicios, quedan encargadas de la eoucio de la presente Resolución. PistresaCoraúniquese y Publíquese. LUISA ORTEGA DÍAZ Figgal General-de la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 21 de mayo de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 668 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 4 del artículo 25 eiusdem. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le asigna al Ministerio Público un conjunto de atribuciones que requieren su pronta y efectiva respuesta; página original (tal como se publicó) [Página 21] CONSIDERANDQ: Que las causas sobre las cuales debe conocer el Ministerio Público, se han incrementado notablemente; CONSIDERANDO: Que para el conocimiento de las causas referidas en el Considerando anterior, se requiere acrecentar el número de Despachos Fiscales, asignándoles el personal correspondiente. RESUELVE: Artículo 1.- Crear la Fiscalía Centésima Quincuagésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia Contra las Drogas, adscrita a la Dirección Contra las Drogas. Artículo _?.- La Fiscalía del Ministerio Público creada mediante la presente Resolución, será dotada de sede física, así como del personal, bienes muebles e insumos necesarios para su adecuado funcionamiento. Artículo 3.- Las Direcciones de Secretaría General, Infraestructura y Edificación, Recursouvganos, Presupuesto, y Administración y Servicios, quedan encargadas de lacueiosa presente Resolución. Registreauese y Publigquese. F GeneraL de-la República REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 25 de Mayo de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCION N° 677 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de las atribuciones conferidas en el encabezamiento del artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, numerales 1 y 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público; CONSIDERANDO: Que para optimizar el desempeño de las funciones del Ministerio deben evaluar las competencias de cada una de las Direcciones Generaley Direcciones de Línea, reflejadas en el organigrama estructural del e la Fiscal General de la República; CONSIDERANDO: Que se hace necesario adecuar la dinámica organizativa y estructural ue adelanta el Ministerio Público, con el fin de ajustar los procesos a la nueva Tifosofía institucional, establecidos en el Plan Estratégico del Ministerio Público 2008-2014. CONSIDERANDO: Que los Archivos Estadales, se encuentran actualmente, adscritos al Fiscal Superior del Ministerio Público de cada Circunscripción Judicial del país. RESUELVE: PRIMERQ: Cambiar la adscripción de los Archivos Estadales, del R1O Fiscalperior del Ministerio Público de cada Circunscripción Judicial del país; a la Direcin de Secretaría General de este Despacho, manteniendo las ones que vienen desempeñando desde su creación. SEGunpQ: La presente Resolución, formará parte del "Reglamento Inter que define las competencias de las dependencias que integran el espacho del Fiscal General de la República", dictado mediante Resolución N° 979 de fecha 15 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.511, Extraordinario de fecha 20 de diciembre de 2000. TERCERO: Se ordena incluir. en el organigrama del Ministerblic a los Archivos Estadales, como dependencias adscritas a la Dirección de ecr General de este Despacho. CUARTO: La presente Resolución entrará en vigencia a pair de ta echa de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivanama,de Venezuela. Regístreseonuquese y Publíquese. REPUBLICA 6 EUISA ORTEGA DÍAZ al general de la República PODER CIUDADANO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER CIUDADANO CONSEJO MORAL REPUBLICANO Resolución N° CMR-003-2012 Caracas, 24 de mayo de 2012. En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 10 numeral 18 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, en concordancia con el artículo 10 de la Ley de Contrataciones Públicas y 15 de su Reglamento publicados en Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela Nros. 39.503 de fecha 06 de septiembre de 2010 y 39.181 del 19 de mayo de 2009 respectivamente. página original (tal como se publicó) [Página 22] RESUELVE: Articulo 1°.- Reformar la conformación de la Comisión de Contrataciones que conocerá de los procesos de contrataciones públicas, relacionadas con las modalidades de selección de contratistas para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios, la cual estará integrada, en calidad de Miembros Principales y Suplentes, por los ciudadanos que se mencionan a continuación: 1.- Area Económica-Financiera. Miembro Suplente Miembro Principal Luis Esteban Cruz. Pierre Ponte. C.I. N° V- 5.977.024 C.I. N° V- 13.086.170 2.- Área Técnica. Miembro Suplente Miembro Principal Doris Jiménez de Ramos. María José Marcano. C.I. N° V- 4.248.432 C.I. N° V- 10.604.755 3.- Área Jurídica. Miembro Suplente Miembro Principal Luisa Bermúdez de Rojas. María Gabriela Arcia. C.I. N° V- 4.075.974 C.I. N° V-16.115.541 Artículo 2°.- Se designa Secretario de la Comisión de Contrataciones a la ciudadana Tibisay Lugo, titular de la cédula de identidad N° V-6.118.625, y suplente a la ciudadana Iraima Pacheco, titular de la cédula de identidad N° V- 14.406.512. La secretaria tendrá derecho a voz más no a voto en los procesos relacionados con la selección de contratistas. Articulo 3°.- Se deroga la Resolución N° CMR-005-2008 de fecha 02 de junio de 2008, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.945 del 04 de junio de 2008, y entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese Atentamente; GABRIELA DEL MAR RAMIR Presidenta del Consejo MorabRep Defensora del Pue A LA VENTA en las taquillas de la Gaceta Oficlal LE de Simladn de de ADMINISTRATIVOS LEY del Régimen Prestadonal deVIVIENDA y HÁBITAT SACETA CRIAL SACETA OFICIAL LEY Orgánlia de l FUERZA ARMADA NACIONAL Bollvariana LEY de refoparcadla ay de SEGURO-SOCIAL SACTTA CEICIAL LEY ORGÁNICA CICTE OFCAL página original (tal como se publicó) [Página 23] A LA VENTA en las taquillas de la Gaceta Oficial LEY ORGÁNICA de EDUCACIÓN GACETA OFICIAL página original (tal como se publicó) [Página 24] DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppO 187207DF1 Número 39.931 AÑO CXXXIX MES VIII Caracas, lunes 28 de mayo de 2012 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas- Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 24 Págs. costo equivalente a 10,05 % valor Unidad Tributaria DE VENEZUELA. Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único. Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial. Artículo I3. En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea conveniente porel Ejecutivo Nacional. Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIAÑA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos. El SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y.GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados. página original (tal como se publicó)