[Página 1] GACETA A OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA O CXXXVIII MES VI Caracas, lunes 21 de marzo de 2011 SUMARIO Presidencia de la República Decreto N° 8.096, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.- (Véase N° 6.020 Extraordinario de la GACETAOFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA, de esta misma fecha). Vicepresidencia de la República Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material la Resolución N° 001, de fecha 23 de febrero de 2011, en los términos que en él se mencionan. Consejo Federal de Gobierno Fondo de Compensación Intertemitorial Providencias mediante las cuales se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se mencionan. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José Frank Rendón Barroso, como Director General Encargado de la Oficina de Tecnologias de Información de este Ministerio. Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Mariela Nava Bernal, como Directora General de Planificación Social, adscrita al Despacho del Viceministro de Planificación Social e Institucional de este Ministerio. Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario Resolución mediante la cual se otorga la Pensión de Incapacidad a la ciudadana Janette Migdalia Salomón Mendible. Superintendencia Nacional de Valores Resolución mediante la cual se ordena al Registro Nacional de Valores estampar la correspondiente Nota Marginal en el libro respectivo donde conste la desincorporación del ciudadano Adal Morales González, como socio designado, responsable para suscribir los informes de auditoría de los clientes de la Firma de Contadores Públicos Lara Marambio & Asociados. Resolución mediante la cual se estampa la correspondiente Nota Marginal en el Registro Nacional de Valores, donde conste la cancelación de las acciones preferidas que en ella se señalan, emitidas por el Banco Provincial, S.A. Banco Universal. Resolución mediante la cual se suspende preventivamente la autorización para actuar como Operador de Valores Autorizado al ciudadano Lion el Ricardo Echeverría, hasta tanto culmine el proceso de intervención a la sociedad mercantil Megaval Casa de Bolsa, C.A. Resolución mediante la cual se estampa la Nota Marginal en el Registro Nacional de Valores, donde conste el cambio del valor nominal de las acciones de Corporación Industrial Montana, C.A., (CORIMON, C.A.) Resolución mediante la cual se declara Sin Lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la sociedad mercantil Venevalores, Casa de Bolsa, C.A., en contra de la Resolución N° 066, del 25 de mayo de 2010. Resolución mediante la cual se sanciona a la sociedad mercantil Capitalfin Sociedad de Corretaje de Títulos Valores, C.A., con multa por las unidades tributarias que en ella se indican. Resolución mediante la cual se autoriza el retiro de Oferta Pública y la cancelación de la inscripción del Registro Nacional de Valores que en ella se señala, de acciones que conforman el capital social de la sociedad mercantil BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal. Resoluciones mediante las cuales se cancela la autorización otorgada al ciudadano y a la sociedad mercantil que en ellas se indican, para actuar como Operadores de Valores Autorizados, medianle Resoluciones y fechas que en ellas se mencionan. Resolución mediante la cual se declara Sin Lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la ciudadana Mariela Guillén de Lira, Representante Legal de la socledad mercantil Cedel, Casa de Bolsa, C.Á., contra el Acto Administrativo dictado por esta Superintendencia. Número 39.638 Resolución mediante la cual se suspende preventivamente la autorización para actuar como Operador de Valores al ciudadano Santos Luis Cedeño. Superintendencia de la Actividad Aseguradora Providencias mediante las cuales se sanciona a las empresas que en ellas se señalan, con multa por las cantidades que en ellas se especifican. Providencia mediante la cual se ratifica el contenido del Acta Especial N° 01, en los términos que en ella se mencionan. CORPOTULIPA Providencia mediante la cual se ratifica y autoriza la designación de nuevos miembros que conformará el Comité de Contrataciones Públicas de esta Corporación, para el Periodo Fiscal 2011. Ministerios del Poder Popular de Planificación y Finanzas, para el Comercio, para la Agricultura y Tierras, para la Alimentación y para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias Resolución mediante la cual se fija en todo el territorio nacional el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP), de los productos alimenticios que en ella se señalan. Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Diana Beatriz Díaz Garellis, como Coordinadora (E), cargo adscrito a la Oficina de Consultor la Jurídica de este Ministerio. Resolución mediante la cual se sustituye en la ciudadana Tibisay Cruz Hung Rico, Adjunta al Despacho de la Directora (E) de la Oficina de Planificación del Sector Universitario del Consejo Nacional de Universidades (CNU), la representación de la Directora (E) de esa Oficina Técnica, ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta (UNA). Ministerio del Poder Popular para la Educación Resolución mediante la cual se procede a la publicación del Traspaso de Créditos Presupuestarios entre Gastos de Capital aprobado por este Ministerio, por la cantidad que en ella se menciona. Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Franklin Alfredo Albarrán Sánchez, como Presidente Encargado de ia Fundación Bolivariana de Informática y Telemática «FUNDABIT», adscrito a este Ministerio. Resolución mediante la cual se corrige por error materíal la Resolución N° 011, de fecha 4 de marzo de 2011, en los términos que en ella se indican. Resoluciones mediante las cuales se designa a la ciudadana y al ciudadano que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se señalan. Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Carmen Ludi Ghazala Benitez, como Directora General de la Oficina Estratégica, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. Alcaldía Metropolitana de Caracas Resoluciones mediante las cuales se concede el beneficio de Jubilación Especial a los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se señalan. Tribunal Supremo de Justicia Dirección Ejecutiva de la Magistratura Resoluciones mediante las cuales se designa al ciudadano y a la ciudadana que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se mencionan. República Bolivariana de Venezuela Defensa Pública Resolución mediante la cual se ordena el traslado del ciudadano Wilmer Evencio Mora Contreras, a la Defensoria Pública que en ella se indica. Resoluciones mediante las cuales se crea la División de Seguridad y las Defensorías Públicas que en ellas se indican, con las competencias que en ellas se especifican. Resoluciones mediante las cuales se remueve a las ciudadanas y al ciudadano que en las se indican, de los cargos que en ellas se mencionan. Ministerio Público Resoluciones mediante las cuales se crea las Fiscallas que en ellas se señalan, adscritas a las Direcciones que en ellas se especifican. página original (tal como se publicó) [Página 2] VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA AVISO OFICIAL Por cuanto en la Resolución Nº 001 de fecha 23 de febrero de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela N° 39.626 de fecha 1º de marzo de 2011, mediante la cual se designó a la CiUdadana NORIS AMPARO NEGRÓN RANGEL, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.149.718, como Directora General del Servicio Naclonal de Contrataciones (Snc), se incurrió en el siguiente error material: En el artículo 1: Donde dice: "ArtícuIo 1. Designar a la Ciudadana NORIS AMPARO NEGRÓN RANGEL, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.149.718, como Directora General del Servicio Nacional de Contrataciones Públicas (SNC)." Dabe decir: Articulo 1. Designar a la CiUdadana NORIS AMPARO NEGRÓN RANGEL, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.149.718,como Directora General del Servicio Nacional de Contrataciones (SNC). Se procede en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto el articulo 4º de la Ley de Publicaciones Oficiales, a una nueva impresión, subsanando el referido error y manteniéndose el número, fecha y firma de la referida Resolución y demás datos a que hubiere lugar. En Caracas, a los quince (15) días det mes de marzo de 2011. Años 2000 de la Independenca, 152°de la Federación y 12° de la Revolución Bolivariana. cutivo Nacional, EASAUA MILANO Viceprisigonte Ejecutivo COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN NÚMERO: 001 CARACAS, 23 DE FEBRERO DE 2011 200° y 152° De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 6° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificadón, publicada en Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.604 de fecha 28 de enero de 2011, y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 55 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, publicado en Gaceta Oficial de 1a República Bolivariana de Venezuela N° 39.181 de fecha 19 de mayo de 2009. RESUELVE Artículo 1. Designar a la Cudadana NORIS AMPARO NEGRÓN RANGEL, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.149.718, como Directora General. del a Servicio Nacional de Contrataciones (SNC). Artículo 2. La presente Resolución tendrá vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. S AA MILANO * Vicepraßidente Ejecutivo CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SECRETARIA DEL CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO FONDO DE COMPENBACION INTERTERRITORIAL DIRECCION EJECUTIVA PROVIDENCIA NUMERO 015, CARACAS 03 DE ENERO DE 2011 200° y 269" De conformidad con lo dispueato en la Resolución N° 001 de 1a Secretaría del Consejo Federal de Gobiemo, publicada en la Gacata Oficial de la República Bolivariana de Venezuela ar 38.434 de fecha 28 de mayo de 2010, en el ejercicio de la delegación conferida según Resolución N° 003 de 1a Secretarla del Consejo Federal de Gobiemo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivaniana de Venezuela N° 39.483 de fecha de 09 de agosto de 2010, se decide: Primero. Designar a la cludadana MARIA MAITAELIZA QUINTERO VILLARREAL titular de la cédula de identidad N° V.-11.157.083, en su carácter de litular COmO COORDMNADORA DE CONSULTORÍA JURIDICA, Cargo adscrito a la Gerencia de Gestión Interna del Fondo de Compensación Interterritonial (FCI) del Consejo Federal de Gobierno. Segundo. Los actos y documentos que la prenombrada suscriba de conformidad con esta decisión deberán indicar inmediatamente bajo la firma, la fecha y número de le Providencia y Gaceta Oficlal en la que haya sido publicada, de conformidad con lo estabiecido en articulo 18. numeral 7 de la Ley Orgánice de Procedinientos Administrativos. Tercero. Esta Providencia deja sin efecto la Providancia N° 003 de fecha 06 de octubre de 2010. publicada en la Gaceta Oficial de 1a República Bolivariana de Venezuela N° 39.533 del 19 de octubre de 2010. Cuarto. La presente designación entrará en vigencia a particdel 1 de enero de 2011. Comuniquese y Publiqu $18031 VERÓNICA GUERBERO RODURECUTIVA Directora Ejecutiva del Comitá Téonico dc Evaluación Fondo de Compenaación Interterritdte), Heaglución Ir 001 del 27 de meyo de 20 10 amenaza:8 Secretaria del Coneege Federal de Goblerno, Publicade en le Gacala Oicial de la OL p p g v rg REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SECRETARIA DEL CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL DIRECCION EJECUTIVA PROVIDENCIA NUMERO 016, CARACAS 03 DE ENERO DE 2011 200° y 261° De conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 001 de la Secretería del Consejo Federal de Gobiemo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 30.434 de fecha 28 de mayo de 2010, en el ejercicio de la delegación conferida según Resolución N° 003 de la Secretarla del Consejo Federal de Gobiemo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezueia N° 39.483 de fecha de 09 de agosto de 2010, se decide: página original (tal como se publicó) [Página 3] Primero. Designar a la ciudadana ROCIO VIVIANA GÒMEZ GUTIERREZ titular de la cédula de identidad N° V.-9.962.346, en su carácter de titular como Coordinadora de Recursos Humanos, cargo adscrito a la Gerencia de Gestión Interna del Fondo de Compensación Interteriborial (FCl) del Consejo Federal de Gobiemo. Segundo. Los actos y documentos que la prenombrada suscriba de conformidad con esta decisión deberán indicar inmediatamente bajo ia firma, la fecha y número de la Providencia y Gaceta Ofcial en la que haya sido publicada, de conformidad con lo establecido en artícuio 18, numeral7 de la Ley Orgánica de Procadimientos Administrativos. Teroero. Esta Providencia deja sin efecto la Providencia N° 005 de fecha 06 de octubre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.533 del 19 de octubre de 2010. Cuarto. La presente designación entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2011. Cqmuniquese y Publiquese VERÓNICA GUERRERO RODRIGUEZI DIRECCION EJECUTIVA Directora Ejeautiva del Comité Tácnico de EvaluJon Fondo de Compensación Intarterilorial Resolución N° 001dal 27 de mayo de 2010 ernenede de la Secretaria del Coneejo Fedeval de Goblerno, Publlceda en le Gaosts Onchet di REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SECRETARIA DEL CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL DIRECCION EJECUTIVA PROVIDENCIA NUMERO 017, CARACA8 03 DE ENERO DE 2011 200° y 251° De conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 001 de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivaniana de Venezuela N° 39.434 de fecha 28 de mayo de 2010, en el ejercicio de la delegación conferida según Resolución N° 003 de la Secretaria del Consejo Federal de Gobierno, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.483 de fecha de 09 de agosto de 2010, se decide: Primero. Designar a Ja ciUdadana ISABEL CRISTINA PINA SIERRALTA titular de la cédula de identidad N° V.-6.442.830, en su carácter de titular como GERENTE, cargo adscrito a la Gerencia de Control y Seguimienlo del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) del Consejo Federal de Gobiemo. Segundo. Los actos y documentos que la prenombrada suscriba de conformidad con esta decisión deberán indicar inmediatamente bajo la firma, la fecha y número de la Providencia y Gacata Oficial en la que haya sido publicada, de conformidad con lo establecido en articulo 18. numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Tercero. Esta Providencia deja sir efecto la Providencia N° 002 de fecha 06 de octubre de 2010. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.533 del 29 de octubre de 2010. Cuarto. La presente designación entrará en vigencia a parar del 1 de enero de 2011. Comuniquese y Bubllques DIRECCION VERÒNICA GUERRERÒ RODRIGUE EJECUTIVA Directora Ejecutiva del Comité Técnico de Evalición Fondo de Compeneación Interterritorial Resolución N° 00 1 del 27 de mayo de 2010 emenede de la Secretarla deil Consejo Fedsral de Gobierno, Publicade en la Geoeta Qfou República 8ollvprlena de Vønegueis, N° 39.434 de leche 28 de mayo de 2010. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SECRETARIA DEL CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL DIRECCION EJECUTIVA PROVIDENCIA NUMERO 018, CARACAS 03 DE ENERO DE 2011 200° y 281° De conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 001 de la Secretarla del Consejo Federal de Gobierno, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezueia N° 39.434 de fecha 28 de mayo de 2010, en el ejercicio de la delegación conferida según Resolución N° 0ó3 de la Secretaría del ConsejoFaderal de Gobiemo. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.483 de fecha de 09 de agosto de 2010. #e decide: Primero. Designar a la ciudadana IRIS RAFAELA BELLO PEREZ títular de la cédula de identdad N° V.-2.788.158, en su carácter de titular como GERENTE, cargo adscrito a la Gerencia Técnica de Proyectos del Fondo de Compensación Interterritorial (FCl) del Consajo Federal de Gobierno. Segundo. Los actos y documentos que la prenombrada suscriba de conformidad con esta decisión deberán indicar inmediatamente bajo la firma, la fecha y número de la Providencia y Gaceta Oficial en la que haya sido publicada, de conformidad con lo establecido en articulo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procadimientos Administrativos. Tercero. Esta Providencia deja sin efecto la Providencia N° 001 de fecha 06 de octubre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.533 del 19 de octubre de 2010. Cuarto. La presente designación entrará en vigencia a pertir del 1 de enero de 2011. Comuniquege y Publiques VERÒNICA GUERRERO RODRÍGUEZ EJECUTIVA Directora Ejecutiva del Comité Técnico de Evalus on Fondo de Compeneación Interterritorial Reeolución N° 001 det 27 de mayo de 2010 emenada de la Seoretarla del Coneejo Federal de Gobiermo. Publcada en la Gabeta Onciaro República Boliveriane de Venszuela, M° 39.434 de fecha 28 de mayo de 2010. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA BECRETARIA DEL CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL DIRECCION EJECUTIVA PROVIDENCIA NUMERO 019, CARACAS 03 DE ENERO DE 2011 200° y 281° De conformidad con lo dispuesto en la Reaolución N° 001 de la Secretarla del Consejo Federal de Gobierno, publicada en ta Gaceta Oficial de la República Bolivaniana de Venezuela N° 39.434 de fecha 28 de mayo de 2010, en el ejerciclo de la delegación conferida según Resolución N° 003 de la Secretarla República Bolivariana de Venezuela N° 39.483 de fecha de 09 de agosto de 2010, se decide: Primero. Designar a la ciudadana HAISCHEL ESCORCHE GONZÁLEZ titular de la cédula de identidad N° V.-12.096.874, en su carácter de titular como GERENTE, cargo adscrito a la Gerencia de Gestión Intema del Fondo de Compensación Interterritonial (FCl) del Consejo Federal de Gobiemno. Segundo. Los actos y documentos que la prenombrada suscriba de conformidad con esta decisión deberán indicar inmediatamente bajo la firma, la fecha y número de la Providencie y Geceta Oficial en la que haya sido publicada, de conformidad con lo establecido en articulo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Tercero. Esta Providencia deja sin efecto la Providencia N° 008 de fecha 23 de noviembre de 2010. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.569 del 08 de diciembre de 2010. Cuarto. La presente designación entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2011. Comuniquese y Publlquese VERÓNICA GUERRERO RODRIGUEZ Fondo de Compansación Interterritorn EJEcUTTvA Resolución N° 001 del 27 de mayo de 2010 emanada Secretaria del Consejo Federal de Gobiamo, Pubacade an la Gedbpficial de la Repúbica Bolivariane de Venezuele, N° 39.434 de leche 28 de mapo4n2910 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SECRETARIA DEL CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO FONDO DE COMPENBACION INTERTERRITORIAL DIRECCION EJECUTIVA PROVIDENCIA NUMERO 020, CARACA8 3 DE ENERO DE 2011 200°y 281° De conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 001 de la Secretarfa del Consejo Federal de Gobierno, publicada en la Gacete Oficial de la República Bolivaniana de Venezuela N° 39.434 de fecha 28 de mayo de 2010, en el ejercicio de la delegación conferida según Resalución A° o03 de ta Secretaría del Consejo Federal de Gobiarna, publicada en la Gaceta Ofitial die la República Bolivariana de Venezuntia ir mess de fecha de 09 de agatto dile 2010, sa decida: Primero. Deaignar al ciudadano UBbeLdRs (FMoMisco aCOSTA BRaAAD, titular de la cédula de idenidos Azutauere, cn sa cerècter dee toulair página original (tal como se publicó) [Página 4] como Coordinador de Sistemas y Tecnologías de Inlormación, cargo adscrito a la Gerencia de Gestión Intama del Fondo de Compensación Intarterilioriel (FCI) del Consajo Federal de Gobiemo. Segundo. Los actos y documentos que el prenombrado suscribe de conformidad con esta decisión deberán indicar innvediatamenta bejo la firma, la fecha y número de la Providencia y Gecuta Olicial en la que haya sido publicada, de conformidad con lo establecido en articulo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Tercero. Esta Providencia deja sin efecto la Providencia Ir 007 de feche 06 de octubre de 2010, publicada en la Gaceta Olicial de la República Bofivariena de Venezuela N° 39.533 del 19 de octubre de 2010. Cuarto. La presente designación entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2011. Comuniqueegy Publiquese VERÓNICA GUÈRRERO RODRIGUEA Directora Ejecutive del Comit Técaice de Eva Fondo de Compe EJECUTAIA O p o LZ 1 LOD Sacretarla del Consejo Fedural de Goblarwo, PrMoudn en le Ge República Bolvarlene de Venezuele, H° 38.43e de faca 28 de eniye REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VEMEZUELA SECRETARIA DEL CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL DIRECCION EJECUTIVA PROVIDENCIA NUMERO 022, CARACAS 14 DE FEBRERO DE 2011 200° y 151° De conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 001 de la Secretaria del Consejo Federal de Gobierno, publicada en la Gaceta Olicial de la Repúbáica ne e n n ejercicio de la delegación conferida según Resolución Nr oes de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno, publicada en la Gaceta Olicial de la República Bolivariana de Venezuela Mr 39.483 de fecha de 09 de agosto de 2010, se decide: Primero. Designar al ciUdadano JOSÉ GREGORIO HERRERA CHACÓN, 1itular de la cêdula de identidad N°. V.-8.953.761 como Tesorero, cargo adscrião a la Coordinación de Administración de la Gerencia de Gestión Initema del Fondo de Compensación Interterritorial del Consejo Federal de Gobierno. Segundo. Los actos y documentos que el prenombrado suscriba de conformidad con esta decisión deberán indicar inmediatamente bajo la firma. la fecha y número de la Providencia y Gaceta Olcial en ba que haya sado publicada, de conformidad con lo establecido en articulo 18. numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Tercero. Esta Providencia deja sin efecto la Providenca N° 012 de fecha 30 de Diciemnbre de 2010, publicada en la Gaceta Ofcial de ba Repúbéica Boinaríara de Venezuela N° 39.589 del 07 de Enero de 2011. Cuarto. La presente designación entrará en vigencia a partisdel 14 de febrero de 2011. Comuniquese y Publiqu VERÓNICA GUERRERO RODR Directora Ejecutiva del Comità Técnico d Fondo de Compensación Intertesriti Resolución H° 001 del 27 de mayo de 2010 emsenada Secreler a del Coneejo Federal de Gobierno, Publicada an le Gaonta Olical de a Rapública Bolivariana de Venazuala, N° 39.434 de lecha 28 de nayo de 20:5 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y NUSTICIA DESPACHO DEL MINISTRO 200°, 152º y 12° 73 FECOHA 215SP. 28T N°$ RESOLUCIÓN El Ministro dei Poder Popular para Relaciones Interiores y Justica, designado según Decreto No 6.398 de fecha 09 de saptiembre de 2008, publicado en la Gacsta Oficial de las República Bolivariana de Venezuela N° 39.012 de fecha 09 de septiembre de 20b8, en ejercicio de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en los numerales 2, 12, 19 y 27 del articulo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de ta Adminisbación Pública; en concordanda con lo establecido en los artículos 5 numeral 2; 20 numeral 6; 71 y 72 de la Ley det-Estotuto-de_la Funoón Pública; 71 y 72 del Reglamento General de la Ley-de Carrera Administraibive, designa al cudadano José Framk Rendón Barroeg, ttular de la cédula de Identidad No V-10.a00.873, como Duredtor General Encargado de la Oficina de Tecnologieq de Información de este Ministerio. Comuniquese y Puplíquese. Par el Ejecutivo Nadional, TARECK EL AISRAMI MIAATRO MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS Rpashes Beloarisna de Venguela p para Coononía y Tinangas Despacho del Ministro N° 3.000 Caracas, 1 8 MAR 2011 200° y 152º RESOLUCIÓN De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Púbica, se designa a la cludadana MARIELA NAVA BERNAL, titular de la céduladeIdentidad N° v.-5.535.382, como Director General de Planiflcación Sodal, adscrita al Despacho del VIceministro de Planificaclón Soclal e Instituclonal de este Ministerlo, a partir del 01 de enero de 2011. Comuníquese y publíquese, JORGE A.'GIORDNMBISTRO Ministro del Poder Popular de Planificaclón Finanzas Rapública Bolnvariang de Venezuela Sumnatendencia de lesinst.tiscres del Setoe Banr RESOLUCIÓN FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2011 NÚMERO: 069.11 Visto que la ciudadana Janette Migdalia Safomón Mendible, portadora de la céduia de dentidad N° V- 5.614.443, fue Gerente de Planificación y Presupuesto, adscrita a! Despacho del Superintendente devengando un salario integral de Diecinueve Mil Ciento veinticuatro Bolivares Fuertes con Cuarenta Céntimos (Bs.F. 19.124,40). Durante el lapso comprendido desde el 16 de septiembre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010 presentó reposos. La Oficina de Recursos Humanos mediante oficio N° DSB-ORH-16989 de fecha 8 de sepliembre de 2010 solicitó al Instituto Venezolano de los Seguros Socales (I.V.S.S.), Dirección General de Rehabilitación y Salud en el Trabajo, la evaluación de la precitada funcionaria. CONSIDERANDO Que ta ciudadana anteriormente identificada, presenta una incapacidad residual, por presentar reposos por más de un (1) año a causa de hernias fiscales C5 C6, C6 C7, Inversión de la Lordosis, Radicultepatia C5 C6, C6 C7 1izquierda Denervación, dagnosucada con hemias fiscales C5 C6, C6 C7 Denervación que conllevó a tratamiento quirúrgico: discectomía cervicai anterior y ACIF C4 C5, C5, C6 y C6 C7 más Atrodesis Cervical anterior C4 C5 C6 C7. En consecuencia, la Comisión Nacional de Evaluación de Incapaddad Residual del Instituto Venenzolano de los Seguros Sociales (I.v.S.S.), mediante oficio N° DNR-CN-15661-10PB de fecha 9 de diciembre de 2010, conjuntamente con la forma 14-06, certificó como diagnóstico de incapacidad: COLUMNA CERVICAL FALLIDA, con un porcentaje de pérdida de su capacidad para el trabajo de Sesenta y Siete por Ciento (67%), que le imposibilita la reincorporación a sus labores dentro de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. Que el Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario en el ejercido de las atribuciones conferidas en el artículo 160, numerales 1 y 9 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela I° 6.015 Extraordinario del 28 de diciembre de 2010, en concordancia con lo dispuesto en los articulos 14, 89 y 99 del vigente Estatuto Funcionarial de la Superintendenca de página original (tal como se publicó) [Página 5] las Institudiones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta Oficial de la República RESUELVE Articulo 1.- Otorgar una pensión de incapacidad a la cudadana Janetta Migdalla Salornón Mendible, portadora de la cédula de identidad N° V- 5.614.443, quien desempeñaba el cargo de Gerente de Planificación y Presupuesto, adscrita al Despacho del Superintendente, en virtud de la constancia de Incapacidad Residual, signada con el N° DNR-CN-15661-10-PB de fecha 9 de didembre de 2010, con un porcentaje de pérdida de la capacidad para el trabajo de sesenta y siete por ciento (67%), emitida por la Comisión Nacional de Evaluación de Incapacidad Residual del Instituto Venenzolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Artícule 2.- El monto de la pensión de incapacidad que se otorga es por la cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLÍVARES FUERTES COM TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (Be.F. 12.679,35). Articulo 3.- La presente Resolución entra en vigencia a partir del 16 de febraro de 2011. Edgar Hemández Behrens Superintendente REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES Resolución N° 0 4 0 Caracas, 8 2 MAR 2011 200º y 152º Vie qUe la SOCIedadCivilLARAMARAMBIO & ASOCIADO6. representada por el socio responsable cludadano Manues Bujan Tato, titular de la Cádula de Identidad N° 6.065.531, en su condición de Presidente Ejecutivo de *sta firma de Contadores Públicos, se dirigió ante este Organismo, a fin de solicitar la desincorporación del "Reglstro de Contadores Públicos en el Ejercicio Independiente de la Profesión" del ciudadano ADAL MORALES GONzÁLEZ, con informes de auditoria de esta sociedad civil, a parlir del periodo 2010/2011. La Superintendencia Nacional de Valores, habiendo constatado que se ha dado cumplimiento a los requisitos previstos en el articulo 3 numeral 3 de las "Nonmas Relativas a las Auditorias Extemas" en concordancia con el arlículo 36 de las "Nonas para la Elaboración de los Estados Financieros de las Entidades Sometidas al Control de la Comisión Nacional de Valores", RESUELVE 1.- Ordenar al Registro Nacional de Valores estampar la correspondiente nota marginal en el libro respectivo medlante la cual conste ta desincorporación del cludadano ADAL MORALES GONZÁLEZ., COn cédula de Identidad N° 6.281.734, como soclo designado, responsable para suscribir los informes de auditoría de los clientes de la Firma de Contadores Públicos LARA MARAMBIO & ASOCIADOs. 2.-Ordenar al Registro Nacional de Valores, estampar la correspondiente nota marginal en el libro respectivo medlante la cua! conste la cancelación de la inscripción del ciudadano ADAL MORALES GONZÁLEZ, con cédula de identidad N° 6.281.734, en el Registro de Contadores Públicos en el Ejercicio Independienta de la Profesión, que se lleva, bajo el N° CNV-M-687 de fecha 06 de Marzo de 1990. 3.-Notificar a la sociedad civil LARA MARAMBIO & ASOCIADOS., en la persona de su socio responsable Manuel Bujan Tato. lo acordado por esta Superintendancia Necional de Valores, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administralivos. NotipqeasteARubilquese, Tondg Siínchez Mejiad Superintendente Naclonal de Valor REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MIBTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES Resolución N° 0 4 1 Caracas, 8 2 MAR 2011 200° y 152º La Ley de Mercado de Valores, regula el mercado de valores, integrado por las personas naturales y jurídicas que participan de forma directa o indirecta en los procesos de emisión, custodia, inversión, intermediación de títulos valores así como sus actividades conexas o relacionadas establece sus principios de organización y funcionamiento. (Articulo 1 de la Ley de Mercado de Valores). Visto que la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil BANCOPROVINCIAL,S.A. BANCO UNIvERsAL, celebrada en fecha 08 de octubre de 2010, aprobó: . 1. AutoriZar al BANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIvERSAL, para que ejerza el derecho de rescatar las 20.826.700 acciones preferidas que se encuentran en circulación, el día 17 de enero de 2011. 2. Autorizar a la administración del Banco para pagar como precio de rescate por cada acción preferida la cantidad de Bs. 10,oo monto que se corresponde con el valor nominal de dichas acciones, según lo indicado en el Prospecto de Oferta Pública y en los Estatutos Sociales del Banco. 3. La reducción del capital social del Banco en la cantidad de Bs. 208.267.000,oo mediante el rescate 20.826.700 acciones preferidas. 4. Reformar el artículo 4to de los Estatutos Sociales, relativo al capital social. A tal efeCto.el BANCO PROVINCIAL,S.A. BANCO UmIvERsAL, de conformidad con lo aprobado en la referida Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, se dirigió ante esta Superintendencia Nacional de Valores, a los fines de solicitar, en primer lugar, la anulación de 20.826.700 acciones todas ellas nominativas, con un valor nominal de 8s. 10.oo cada una, las cuales fueron rescatadas y pagadas por la entidad bancaria en los términos aprobados en la citada Asamblea de Accionistas y en segundo lugar, que ordene desincorporar del Registro Nacional de Valores, las 20.826.700 acciones preferidas como consecuencia del rescate y pago de las mismas. página original (tal como se publicó) [Página 6] Visto que una vez realizada la reducción de capital por la cantidad de 20.826.700 acciones preferidas, con un valor nominal de Bs. 10,oo cada una, por un monto total de Bs. 208.267.000,0o, el capital social, nominal, totalmente suscrito pagado del BANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO y UNIVERSAL, es el siguiente: 870.007.750,00 Capital Social Suscrito y Pagado (Bs.) Tipo de Acciones comunes 87.000.775 Número de Acciones 10,00 Valor Nominal (Bs.) Esta Superintendencia Nacional de Valores actuando de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 43 numeral 1 de la Ley de Mercado de Valores y el artículo 12 de las Normas Relativas ai Funcionamiento del Registro Nacional de Valores, RESUELVE 1- Estampar la correspondiente nota marginal en el Registro Nacionai de Valores, en la cual conste la cancelación de 20.826.700 acciones preferidas de las cuales 15.000.000 corresponden a la Emisión 2007-1 y 5.826.700 corresponden a la Emisión 2007-ll, con un valor nominal de Bs. 10,oo cada una, por uno monto total de Bs. 208.267.000,oo, emitidas por el BANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL, quedando en consecuencia su capital social suscrito y pagado en la cantidad de Bs. 870.007.750,oo representado en 87.000.775 acciones comunes, nominativas con un valor nominal de Bs. 10,oo cada una. BANCO S.A. PROVINCIAL, BANCO Notificar al 2- UNivERSAL, lo acordado en la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. PÚBLICA DE VALORES BOLSA Notificar 3- BICENTENARIA, y a la BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A, lo acordado en la presente Resolución. 4- NotifiCar a Ia C.V.V. CAJA VENEZOLANA DE VALORES, S.A, lo acordado en la presente Resolución. Comuniquegey Pupliquese, Tomás Sánchez M. Superintendente Nacional de Valores. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES Resolución No 0 4 3 Caracas 0 2 MAR 2011 200° y 152° VIsto que el cludadano LION EL RICARDO ECHEVERRIA, tuiar de la Cédula de Identidad N° 4.449.262, se encuentra sometido al control de esta Superintendencia Nacional de Valores, a tenor de lo establecido en ei numeral 3 del artícuio 19 de la Ley de Mercado de Valores. Visto que la Superintendencda Nacional de Valores, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Mercado de Valores, acordó la intervención de la sociedad mercantil Megaval Casa de Bolsa, C.A., medlante Resolución N° 010, de fecha 21 de enero de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bollvarlana de Venezuela Nro 39.609 de fecha 4 de febrero de 2011. Visto que Megaval Casa de Bolsa, C.A., tiene como operador de valores autorizado al cludadano LION EL RICARDO ECHEVERRIA, debidamente aUtorizado por esta Superintendencia Nacional de Valores, según consta en Resolución N° 073-90, de fecha 27 de marzo de 1990. La Superintendencia Nadonal de Valores en uso de las abribuciones conferidas en el artículo 8 numeral 22 de la Ley de Mercado de Valores, 1.- Suspender preventivamente la autorización para actuar como operador de valores autorizado al ciudadano LION EL RICARDO ECHEVERRIA, titular de la cédula de identidad N° 4.449.262, hasta tanto culmine el proceso de intervención a la socledad mercantil Megaval Casa de Boisa, C.A. 2.- Notificar al cludadano LION EL RICARDO ECHEVERRIA arriba identificado, lo acordado en la presente Resoludón. 3.-Notincar a la Bolsa Pública de Valores Bicentenarla y a la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., lo acordado en la presente Resolución. De conformidad con lo establecido en los artículos 73 y 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, contra la presente decisión podrá ser ejercido Recurso de Reconsideradón, dentro de los quince (15) días hábiles gigulentes, contados a partir de la respectiva notificación. Comyyque publiíquese, Tomas Sânchez M Superintendente Naclonal de Va!oes REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES Resolución N° 045 Caracas, 200° y 1520 0 2 MAR 2011 Visto que de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Mercado de Valores, esta regula el mercado de valores, Integrado por las personas naturales y jurídicas que participan de forma directa o indirecta en los procesos de emisión, custodia, Inversión, intermediación de títulos valores así como sus actividades conexas o relacionadas y establece sus principios de organizado y funcionamiento. Visto que de conformidad con el numeral 2 del artículo 8 de la Ley de Mercado de Valores, la Superintendencia Nadlonal de Valores, tene entre sus atribuciones autorizar e inscribir en el Reglstro Nacional de Valores la oferta pública, en el territorio nacional, de valores emitidos por personas domiciliadas en la República, cumplidos lo requisitos establecidos en las Normas que se dicten al efecto. Visto que la cudadana Amella Ibarra, titular de la cédula de Identidad N° 6.911.566, procediendo en representación de 1a sociedad mercantil CORPORACION INDUSTRIAL MONTANA, C.A., (CORIMON, C.A.), se dirigió por ante la Superintendencia Nacional de Valores, a fin de página original (tal como se publicó) [Página 7] solicitar de conformidad con lo acordado por la Asamblea Ordinaria de Acclonistas celebrada en fecha 28 de julio de 2010, y ratificada en fecha 15 de novlembre de 2010, se estampe la nota marginal en el Registro Naclonal de Valores que haga constar el camblo de valor nominal de las acciones que conforman el capital social de su representada, en Noventa y CInco Bolivares (Bs. 95,00) por acción, para elevarlo de CInco Bolívares (Bs 5,00) a Cen Bolívares (Bs. 100,00) por acción y en consecuencia emitir una (1) acción que sustituirá cada veinte (20) acciones que posea todo accionista en la empresa inscrito en el Ubro de Accionistas a la fecha de celebración de la Asamblea, mediante el canje de los títulos antiguo por los nuevos títulos que representen el valor nominal de Cien Bolívares (Bs. 100,00) por cada una (1) acción, el cual se detalla a continuación: Capltal social Capital Cantidad da Cantidad de Concepto despues del Acdiones antes setopoe después del aumento de del aumento capital aumento del del valor nominal nominal Bs.97.973.320,00 0 0 Caplital Bs.97.973.320,00 Bs.78.383.090,00 783.830,90 Bs.78.383.090,00 15.676.618 Suscrito y Pagado Bs.100,00 Bs. 5,00 Valor Nominal Acclones Bs.78.383.090,00 783.830,90 Total Capital Visto que asimismo, la sociedad mercantil CORPORACION INDUSTRIAL MONTANA, C.A., (CORIMON, C.A.), a tavés de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 15 de noviembre de 2010, que a fin de permitir la división del capital social de la empresa entre el nuevo valor nominal de la acción, acordó aumentar el capital suscrito y pagado de la empresa en Novecientos Diez Bolívares (Bs. 910,00) para llevarlo a la cantidad de Setenta y Ocho Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Bolívares (Bs. 78.384.00,oo) mediante la emisión de la fracción de acción correspondiente como se detalla a continuación: Capital Antes del Aumento de Cantidad de Despues del Capital Acciones Aumento de Aumento de Propuesto Capital Capital 8s.78.383.090,00 $'6$ Bs.78.384.000,00 Capital Soclal Bs.910,00 Suscrito y Pagado Valor Nominal Bs.100,00 Acciones 783.840 Total Capital Bs.78.384.000,00 Esta Superintendencia Nacional de Valores, actuando de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 8 numeral 2 de la Ley de Mercado de Vaiores, el artículo 2 de las Normas Relativas a la Oferta Pública y Colocación de Valores y a la Publicación de las Emisiones, y el artículo 12 de las Normas Relativas al Funcionamiento del Registro Nacional de Valores. RESUELVE, 1- Estampar la nota marginal en el Registro Nacional de Valores, en la cual conste el cambio del valor nominal de las acciones de CORPORACION INDUSTRIAL MONTANA, CA., (CORIMON, C.A.), de Noventa y Cinco Bolívares (Bs. 95,00) para elevarlo de Cinco Bolívares (Bs. 5,00) a Cien Bolívares (8s. 100,00), a razón de una acción de Cien Bolívares (Bs.100,00) por cada 20 acciones de Cinco Bolívares (Bs. 5,00), reduciendo como consecuenda el número de acciones en circulación de 15.676.618 acclones comunes nominativas a 783.830,90 acciones comunes nominativas, representativas del capital social de la compañía, de conformidad con lo acordado en las Asambleas de Accionistas celebradas el 28 de julio y 15 de noviembre de 2010, con lo cual el capital social pasa a Setenta y Ocho Millones Trescientos Ochenta y Tres Mil Noventa Bolívares sin céntimos (Bs.78.383.090,00). 2- Autorizar la Emisión y Oferta Pública de 9,10 acciones de CORPORACION INDUSTRIAL MONTANA, C.A., (CORIMON, C.A.), con un valor nominal de Cien Bolívares (Bs.100,00) cada una, producto del aumento de capital social de Novecientos Diez Bolívares (Bs. 910,00) acordado en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 15 de novlembre de 2010, quedando el capital suscrito y pagado de la empresa en la cantidad de Setenta y Ocho Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Bolívares sin céntimos (Bs. 78.384.000,00), representado por 783.840 acciones comunes nominativas no transferibles al portador, con un valor nominal de Bs. 100,00 cada una. 3- Inscribir en el Registro Nacional de Valores, las acciones cuya oferta pública se describen anteriormente 4- Notificar a la Sociedad mercantil CORPORACION INDUSTRIAL MONTANA, C.A., . (CORIMON, C.A.), lo acordado por esta Superintendencia Nacional de Valores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 5- Notificar a la Boisa Pública de Valores Bicentenaria y a la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., lo acordado en la presente Resolución. Comuníquese--Rublíquese, Tomás Sánchez M. Superintendente Nacional de valores. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES Resolución N° 0 4 6 B 2 MAR 2011 Caracas, 200° y 152° MARIANO ADRIAN HERNANDEZ y ALICIA PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEz. venezolanos, mayores de edad, de este domicilio e identificados con las cédulas de identidad N°s. V-3.663.403 y V-12.401.910, procediendo en este acto, como apoderados por una parte, MARCOS SIERVO SABARSKY y EDUARDO SACCO PEREz SOSA. venezolanos, mayores de edad, domiciliados en Caracas de N°s. las titulares Cédulas de identidad V-10.828.680 11.739.114 respectivamente, Vsus en y caracteres de accionistas titulares conjuntamente del cien por ciento (100%) de las acciones que conforman el capital social de VENEVALORES CASA DE BOLSA, C.A.. sociedad mercantil de este domicilio e inscrita inicialmente ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado página original (tal como se publicó) [Página 8] Miranda, en fecha 23 de abril de 2007, bajo el Nº 68, Tomo 1558-A, (en adelante venevalores). actuando también como apoderados de VENEVALORES, carácter que consta en Inetrumento poder otorgado en fecha 14 de junio de 2010, por ante la Notaría Pública Tercera del Municipio Libertador, bajo el N° 1, tomo 64 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, acuden ante este Organismo, a los fines de plantear las siguientes peticiones y argumentaciones subsidiarias unas de las otras: "I. ARGUMENTACIÓN Y PETICION PRINCIPAL CONSISTENTE EN LA SOLICITUD DE REPOSICIÓN SANEADORA Y APERTURA DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE ASEGURE EL DERECHO A LA DEFENSA DE FORMA ADECUADA A. De loe hechos generadores de ls Intervención de cese de operaciones propias de venevalores con mercado de Venevalores según Resolución Nº 086 del mayo de 2010 (en adelante la "Resoluclón 25 de 066"). Es del conocimiento de esta Comisión Nacional de Valores (en adelante la CNv) que en fecha 19 de mayo de 2010, el Ministerio Públlco practicó una visita domiciliaria en la sede de Venevalores "a los fines de determinar el procedimiento objeto final de obtener para si o para sus clientes, la liquidación de saldos en moneda extranjera por la enajenación de los mismos en una oportunidad previa a su fecha de vencimiento, logrando de esta forma la conversión de una moneda a otra, lo cual podría constituir una presunta violación a la ley Contra Ilicitos Cambiarios" (cita textual de la Resolución 066). Es el caso que en el curso de dicha visita domiciliaria el Ministerio Público, conjuntamente con los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminológicas (CICPC) allí presentes, sin que mediara orden judicial alguna-tal y como lo exige la Constitución Nacional y demás leyes venezolanas para aquellos casos como el presente en que no hay flagrancia- detuvieron a Marcos Siervo y Eduardo Sacco, antes identificados, quienes actualmente son objeto de una Investigación penal, sin que exista a la fecha acusación formal en #u contra. nl mucho menos comprobación de la comisión de delito alguno. Sin embargo, a pesar de que como lo indicados anteriormente el Sr, Marcos Sisrvo no ha sido declarado culpable de delito alguno, de hecho ni siquiera ha sido acusado penalmente sino que únicamente se encuentra sujeto a una investigación penal, esta CNv ordenó la intervención de Venevalores, argumentando que a ralz de la detención de su Presidente Marcos Siervo se generaba "una situación difícil de ta cual se podía derivar, un perjuicio grave para los accionistas, acreedores, clientes y el mercado de valores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley de Mercado de Capitales", por lo que en consecuencia, ordeno la intervención con cese de sus operaciones propias de mercado de capitales al considerar que Venevalores podr la estar incursa en situaciones -no identificadas en la resolución 066- que harían presumir que pudiesen estar en riesgo el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su condición de corredor público de títulos valores y podrían en consecuencia supuestamente atentar contra el ordenado desenvolvimiento del mercado de capitales y constituir violaciones a la Ley de Mercado de Capitales. En consecuencia por las razones expuestas la CNV resolvió: 1. Intervenir a Venevalores con cese de operaciones propias del mercado. 2. Designar al ciudadano Ramón Ramos Acevedo como Interventor de Venevalores de conformidad con el articulo 82 de la Ley de Mercado de Capitales. 3. Se indica que el interventor presentará a la CNV, informes periódicos mensuales o con la periodicidad que la CNV requiera, los cuales deberán contener el detalle sobre los avances del proceso de intervención y las acciones a seguir en cada caso. 4. Notificar a Venevalores lo acordado en el Directorio de la CNV. 5. Notificar al Ministerio Público de la decisión a los fines de que se avoque al conocimiento de la causa y tcme las medidas de protección y resguardo de los bienes y operaciones de Venevalores. 6. Notificar a la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. lo acordado en dicha resolución. B. Del debido proceso administrativo. En el presente caso, tal y como se lee del propio texto de la Resolución 066, los motivos que fundamentan la intervención con cese de operaciones de Venevalores están fundados, no en la conclusión de un procedimiento administrativo debidamente abierto, notificado y sustanciado por la CNV con oportunidad de defensa por parte de Venevalores, sino en meras presunciones derivadas de una imputación al presidente de la casa de bolsa. Es así como vemos que la CNV en su Resolución 066, expresó como motivación para intervenir a Venevalores que ésta "podría estar incursa en situaciones que hacen presumir que pudiesen estar en riesgo el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su condición de corredor público de títulos valores y podría atentar contra el ordenado desenvolvimiento del mercado de capitales y constituir violaciones a la Ley de Mercado de Capitales (resaltado nuestro), sin determinar el contenido de dichas situaciones. En suma, no se evidencia on la resolución 066 motivación distinta p la. simple detención del presidente de venevalores para sustentar la Imposición automática de la gravísima sanción de Intervención de dicha caso de bolsa. _Mas adelante en este escrito abordaremos el tema de que Venevalores, aún con su Presidente preso disponia -y dispone- del patrimonio y el personal suficiente para garantizar el cumplimiento de los compromisos con clientes y terceros. Por lo que en esta sección l.B. Nos limitaremos a señalar que la falta de procedimiento antes mencionado comporta un vicio de nulidad del acto, previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por haber impt:?sto una sanción administrativa página original (tal como se publicó) [Página 9] sin que ello fuese consecuencia de una investigación propia de la Comisión naclonal de valores, evidenciando una violación dei derecho al debido proceso administrativo, el cual incluye dentro de sus parámetros la imposición de una sanción sin haber comprobado la falta. Al respecto la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela en el numeral 2 del artículo 49 indica que: "toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario". Este principio lo encontramos reproducido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11, según el cual: "...omissis... toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa" Este principio no discrimina entre personas naturales o jurídicas, ya que en todo caso, son las personas naturales los finales beneficiarios de la actividad en este caso de Venevalores, expresado no solo en sus dueños, si no en los empleados, proveedores y clientes que se ven afectados directa o indirectamente de la intervención injustificada. La aplicación de este principio en el derecho administrativo, lo encontramos interpretado por Alejandro Nieto, en su obra "derecho la administrativo sancionador"donde señala de la actividad probatoria en aras del importancia aseguramiento del debido proceso, asi: .omissis...l contenido de la presunción de inocencia se refiere primordialmente a la prueba y a la carga probatoria, pero también se extiende al tratamiento general que debe darse al imputado a lo largo de todo el proceso". El Tribunal Constitucional Español, en sus decisiones 76/1990 y 138/1990, sostuvo que"...omissis...es doctrina reiterada de este tribunal que la presunción de Inocencia rlae ain elordenamlento administrativo xepciongsen sancionador para garantizar el derecho a no aufrir sanción que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria sobre la cual el óraano competente pueda fundamentar un juicio razonable de culpabilidad" Por nuestro lado, la Sala Constitucional del Tribunat Supremo de Justida, en sentencia del 07 de agosto de 2001, establece que la garantía de presunción de inocencia comporta entre otros aspectos : "...omissis...(i) La neceaarla tramitación de una faee probatoria en la cual el particular, sin perjuicio de que la carga probatoria corresponde en estos casos a la Administración, pueda desvirtuar los hechos o infracciones que se le imputan, permitiendo así que el órgano competente pueda efectuar un -. juicio de culpabilidad y (i) que la culpabilidad del Indiclado hays aldo legalmente declarado. Tales elementos requieren.sin_ duda._ de_ la previa tramitaclóndel procedimiento administrativo correspondiente. pues. sin el cumplimiento de esta formalidad, es obvio que no pueda verificarse la actividad probatoria_ que permita. derivar la culpabilidad. ni que pueda considerarse que ésta ha sido legalmente declarada." Adicionalmente indica la sala en dicha sentencia cuales deben ser lag tree fases de una averiguación aanclonatorla de la administración, así (1) en la primera. tase aurgen foa indicios de culpabilidad respecto a un sujeto •n específico, los cuales motivan la apertura de la Investigaelón. Sobre esta fase Luciano Parejo Alfonso, dice que: "En esta fase de la Administración deberá a través de medios de prueba concretos, pertinentes y legales, atendiendo a las razones y defensas expuestas por el sujeto Indiclado, determinar definitivamente, sin ningún sujeto culpabilidad del t/po de duda. la Indiciado...omissis..." Finalmente, y en lo que se refiere a la tercera fase, la sala señala: Por último, corresponderá a la Administración, si fuęre el caso. declarar la responsabllidad de funclonarlos x aplicar las sanciones consagrados expresamente en las leyes, de manera proporcional, previa comprobación de los hechos Incriminados. Nótese, que el derecho constitucional a la presunción de inocencia, solo puede ser desvirtuado en la tercera fase, esto es cuando se determina definitivamente la culpabilidad del sujeto incriminado, luego de un procedimiento contradictorio. Peral contrario. sl en la primera o segunda fass la Administración infrinaló el ordenamiento Iuridico. y con prescindencla de procedimiento alguno, concluye en la culpabilidad del indicado. se estaría violando. sin duda alguna. el derecho constitucional a la presunción de inocencia..omissis..." "...Omlssis... el acto de iniciación o incoacclón tiene un mínimo contenido predeterminado, comprende la enb identificación de la persona o personas presuntamente responsables; la exposición sucinta de los hechos motivantes, su calificación posible las sanciones pudieren y que corresponder..." Es de observar que el caso que nos ocupa se encuentra identificado en esta primera fase, en la cual a través de una visita domiciliario del Ministerlo Púbiico (no de la CNV), en la que se privó de libertad al Presidente de Venevaloree, se derivó el inicio de una PRESUNTA situación difícil, que podr la generar la posibilidad de que Venevalores pudiese estar en riesgo de cumplir con las obligaciones derivadas de su condición de corredor de títulos valores atentando en consecuencia contra el ordenado desenvoivimlento del mercado de capitales y así constituir, a juicio de la CNV, presuntas violaciones a la Ley de Mercado de Capitales. página original (tal como se publicó) [Página 10] Sobre las demás fases de una averiguación sancionatoria de la administración prosigue describiendo (il) la segunda fase. en donde los cargos deben sor notificados al sujeto Indiclado para que este ejerza su derecho a la defensa. Al respecto citados: En consecuencia, y siguiendo el criterio de la Sala Constitucional, perfectamente ajustado al presente caso, es evidente que se violó el debido proceso administrativo al intervenir con cese de operaciones a Venevalores basándose en presunciones derivadas además de la actividad del Ministerio Público, sin que la CNV se haya apersonado y verificado los hechos que presuntamente generasen la situación difícil que perjudicaría al mercado de valores, lo cual además constituye un hecho falso, ya que a la fecha de la intervención, tal y como lo demostraremos en el siguiente aparte, Venevalores contaba y aun cuenta- con la capacidad patrimonial y el recurso humano para cumplir con los pasivos derivados de fa actividad de intermediación a la que se dedica. Por todo lo anterior, y debido a la potestad saneadora que tiene la Administración Pública, solicitamos la reposición del procedimiento al estado anterior a la intervención, con la finalidad de que puedan ser subsanados los vicios de nulidad absoluta del presente procedimiento, en forma tal que se pueda ejercer de manera adecuada y conveniente el derecho constitucional a la defensa, debido a que las condiciones actuales no hay cargos concretos que se puedan desvirtuar, constitutivo de una ausencia de motivación y de notificación de las faltas imputadas. II. DE LA PETICIÓN SUBSIDIARIA DE RECONSIDERACIÓN Y REVOCATORIA DEL ACTO POR NULIDAD. Para el supuesto negado de que la Comisión Nacional de Valores no acoja el planteamiento de la reposición señalado en la sección anterior como petición primera, y de manera subsidiaria, planteados una petición subsidiaria de reconsideración y revocatoria del acto recurrido por nulidad absoluta del mismo. A estos fines damos por reproducidos los mismos argumentos señalados en la sección 1 de este escrito, que demuestran fehacientemente que la Comlsión Nacional de Valores habria incurrido en vicios de nulidad absoluta al haber violentado el debido proceso, y haber basado su acto sancionatorio en hechos y aseveraciones no específicas, que imposibilitan en ejercicio del derecho a la defensa. En virtud de lo cual, de manera subsidiaria, solicitamos que se reconsidere el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 066, del 25 de mayo de 2010, notificada el 25 de mayo de 2010 para declararlo totalmente sin efecto por ausencia de procedimiento adecuado. LA ADICIONALES DURANTE PETICIONES IⅢI. PERSISTENCIA DEL PROCESO DE INTERVENCION. A todo evento, y sin perjuicio de las peticiones anteriores, llamados la atención a la Comisión Nacional de Valores sobre los siguientes hechos y circunstancias: a. De la capacidad patrimonial de Venevalores para cumplir con las obligaciones existentes a la fecha de la intervención con sus accionistas, acreedores, cllentes y el mercado de valores y del efecto creado en el público inversionista. 3.De la Capacidad patrimonial de Venevalores al 30 de abril de 2010. Tal y como consta en los estados financieros entregados en la Comialón Nacional de Valores el 14 de mayo de 2010, Venevalores contaba-y cuenta-con la capacidad patrimonial suficiente para cumplir con cada una de las obligaciones que a la fecha tenía pendiente con sus accionistas, acreedores y clientes. Como es de observar en el expediente de Venevalores que cursa en la Cnv, Venevalores desde su constitución ha mantenido au patrimonio dentro del rango que universales de las actividades comprende a Intermediación, corretaje y por cuenta propia, lo que comporta un alto compromiso con el mercado de valores en la realización de todo tipo de operaciones permitidas por el ordenamiento jurídico venezolano. En este sentido el artículo 95 de las Normas sobre Actividades de Intermedlación, Corretaje y Bolss Indica los índices de patrlmonlo y garantía de riesgo que deben tener las casas de bolsa que ostenten actividades universales, así Venevalores cuenta con los siguientes Índices: jIndice Mínimo Indice de Diterencla requerido por Venevaiores al favor de Venevelores as normas 30 de abril de 2010 ;Indice de .patrimonio 15,5 1 40,77 125,27 garantía y riesgo Indice de patrimonio 147,77 10.3 130,47 garantía y rlesgo (nivel 1) Como es de observar Venevalores excede -por mucho- los lo que mínimosrequeridosporlas normas, índices perfectamente demuestra su capacidad de cubrir las deudas y desvirtúa el argumento de la CNV de que los clientes están en riesgo, ya que la empresa se encuentra en perfecto estado de solvencia. Y esta situación no ha cambiado significativamente durante el mes de mayo de 2010, en los días en que operó el mercado de valores hasta su suspensión. Aunque no tenemos acceso a esas cifras hasta hoy. Es por ello que, estando Venevalores en plena capacidad patrimonial y contando con el personal que normalmente lleva a cabo las funciones diarias de la empresa para honrar compromisos con clientes, empleados y el mercado en general, su intervención con cese de operaciones causa más bien el efecto inverso al deseado por la Ley de Mercado de Capitales, generando retraso en el cumplimiento de las obligaciones con los clientes e inseguridad en el público inversionista. página original (tal como se publicó) [Página 11] Por todo lo anterior, solicitamos formal y respetuosamente a esta Comisión Nacional de Valores, en tanto que órgano rector de la intervención, proceda al pago de clientes de las obligaciones pendientes de pago de manera inmediata. con la finalidad de evitar que la mora pueda causar perjuicios aun mayores a estos terceros, todo en consonancia con las obligaciones y deberes que un buen administrador debe cumplir. Vista las razones de hecho y de derecho anteriormente transcritos por la recurrente y analizados como han sido por esta Superintendencia Nacional de Valores, el resto de los argumentos doctrinarios esgrimidos en defensa de la posición asumida por la recurrente contra la Resolución Nº 066 del 25 de mayo de 2010 emanada de la extinta Comisión Nacional de Valores. que decidió Intervenir a VENEVALORES CASA DE BOLSA, C.A., con cese de operaciones propias del mercado, en virtud de que 1a misma se dictó con prescindencia de la aplicación del debido proceso administrativo y por lo tanto contentivo de vicios de nulidad absoluta, por lo cual solicita la Reposición Saneadora del acto administrativo contentivo de la Resolución emanada de la extinta Comisión Nacional de Valores y la Apertura de Un Procedimiento Administrativo que Asegure el Derecho a una Defensa de Forma Adecuada y a todo evento una petición subsidiaria de reconsideración y revocatoria por acto de nulidad se observa: El profesor bseph HaeL indicaba que es indiscutible que las intervenciones del Estado en vida económica la han transformado profundamente el Derecho Comerciai, el cual se encuentra cada día más penetrado por el derecho público. Es éste el que determina los nuevos derechos del Poder Público y los límites dentro de los cuales se puede desenvolver la actividad privada. En sentido similar encontramos la posición del autor AlLan R. BaEwEa-Caais, para quien la intervención del Estado en la economía y el papel que éste ha venido desarrollando en el sistema económico le han venido imponiendo una serie de cuyo económica. realidad conformar la tareas para cumplimiento da origen a varias facetas de su actuación. encuentra fundamentalmente todo el régimen de policia administrativa, a través de la cual ei Estado interviene, regula, controla y fiscalía la actividad económica de los particulares, en el caso específico que nos ocupa la actividad financiera de los mismos. Como afirma Ausrepo MoaLes HErnAnpez las leyes de mercado de capitales y de protección al consumidor han introducido toda una depreceptos imperativos en relaciones suma tradicionalmente reguladas con preeminencia de la regla de la libertad de pactos. Esto ha acentuado el tradicional, aunque no siempre bien reconocido hecho, del permanente desplazamiento de normas de derecho privado al derecho público. Efectivamente, la promulgación de la Ley de Mercado de Capitales marca un importante hito en el proceso de intervención del Estado en el campo de la actividad económica privada, y en la cual asume la función tutelar del orden público y de los intereses de la colectividad. Siendo así, la regulación del mercado de capitales se centra en la protección del pequeño inversionista, que busca en este mercado instrumentos adecuados de ahorro e inversión, lo que garantiza a su vez un adecuado sistema de financiamiento interno para el desarrollo del país. Este interés colectivo debe siempre imponerse a los intereses individuales de los sujetos que participan en el mercado como intermediarios, como es el caso de la recurrente, por to cual la adopción de medidas por parte de la Comisión Nacional de Valores. ahora la Superintendencia Nacional de Valores, en protección del mercado y los pequeños inversionistas, no debe ceder ante al derecho individual de un administrado, quien en definitiva siempre podrà ver garantizado su derecho a la gubernativos como ha ocurrido en el presente caso. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia nacional, nos permitimos citar ia decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 11 de julio de 2002. caso Mercap Sociedad de Corretaje, C.A. contra la Resolución No. 336-99, dictada en fecha 20 de diciembre de 1999, por la Comisión Nacional de Valores, en la cual se afirma: "Como consecuencia de la potestad de supervisión fiscalización que sobre la sociedad mercantil Mercap Sociedad de Corretaje, C.A., posee la Comisión Nacional de Valores, se determinó la necesidad de que, posteriormente, se llevará a cabo una inspección formal la cual fue realizada el 10 de agosto de 1999. El resultado de la indicada inspección trajo como consecuencia la tramitación de un procedimiento administrativo que, a su vez, dio lugar a una serie de medidas administrativas como la de intervención y posterior designación del liquidador. Esta Corte observa además, que en el presente caso no están en inspección y demás medidas administrativas subsecuentes por parte de la Comisión Nacional de Valores; lo que se discute, entonces, es un proceder administrativo por parte de dicha Comisión, el cual, según la parte recurrente no le permitió ejercer su defensa, pues se adoptó sin procedimiento previo. Sobre ello, observa esta Corte, contrario a lo que señala el apoderado judicial de la recurrente, que Mercap Sociedad de Corretaje fue notificada y fue objeto de un debido procedimiento, el cual dista de no haber cumplido con el principio de respeto al derecho a la defensa del administrado que, entre otros, informan el régimen jurídico del derecho administrativo. En efecto, el desarrollo de dicho procedimiento administrativo se realizó sin que la afectada se hiciera parte en dicho procedimiento del cual tenía conocimiento. En consecuencia, esta Corte descarta, en primar lugar, la denuncia de violación del d'emehao aa um debido procao yy del derecho a la defensa por parte oe la nesosrrente, y al se declara." página original (tal como se publicó) [Página 12] 384.226 GACLIA UFILIAL DE LA KEPUDLICA BULIVARIAINA DE VENEZUELA También resulta interesante observar el criterio contenido en la sentencia del 4 de junio de 2002, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en el caso Oscar Zamora Lares contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución No. 010-995 de fecha 20/09/1995, emanada de la Junta de Emergencia Financiera, en la cual se afirma: "Al respecto, considera la Corte conveniente realizar, en primer lugar, un análisis previo de las normas procedimentales que rigen en Venezuela en materia de intervención de bancos y otras empresas financieras, así como de las empresas relacionadas con aquellos. La Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras no incluye un concepto expreso de lo que constituye una Intervención de un banco u otra institución financiera o de una empresa relacionada con aquellos, por lo cual debe presumirse que la intención del legislador era asumir la noción de la figura que venia manejándose en la práctica administrativa en Venezuela con anterioridad a la citada Ley. La doctrina define como intervención de empresas a la medida: "(.) extraordinaria en cuya virtud, por razones de interés general previamente declaradas en una norma con rango de ley, la Administración asume, mediante un acto singular, directa o indirectamente, y con carácter temporal (y excepcional), la gestión ordinaria, o la liquidación de una empresa privada o participada por las Administraciones Públicas, con respecto de los derechos patrimoniales de los sujetos afectados* (GAMERO CASADO, Eduardo. La intervención de Empresas. Marciat Pons, Ediciones Juridicas y Sociales, S.A. Madrid, 1996, pág. 143). Le Intervenclón tlene la particularidad de respetar la titularidad del propletario de la empresa intervenida. antes y durante la intervención, sin perjuicio de que el régimen de intervención concluya con un acto con base en el que se haga cesar dicha titularidad. De esta manera es pues con la intervención de empresas que el con sustancial propietario o accionista mantenga el derecho a los frutos derivados de la gestión administrativa temporal realizada o encomendada por la Administración. pues como señala la doctrina: "(.) fa intervención no se dirige, en sí misma, contra el propietario o accionista de la empresa sino contra la gestión de que Ia misma venia siendo objeto* (GAMERO CASADO, Eduardo, op. cit. pág. i49) Pero con respecto a la Cláusula Constitucional de! debido proceso en los procesos de intervención de empresas financieras y su relación con el articulo 49 de la Constitución, la extinta Corte Suprema de Justicia ha expresado certeramente, en decisión de la Sala Polftico-Administrativa número 612 de fecha 14 de agosto de 1996 (caso Británica de Seguros C.A.), que la materia procedimental en cuestión es: "(.) relativa ai jercicio de los poderes de disciplina, supervisión y control de un sector fundamental de la actividad económica, como lo es el Intearado por las Instituciones conforman_el istema financiero y crediticio. que llamados a desplegar una función clave dentro del ~a sistema económico general. mediante la captación de recursos del público y de Intermediación en el crédito on Lunes 21 de marzo de 2011 las que juega un papel trascendental la confianza y buena fe de la colectividad. a las que busca el ordenamiento jurídico tutelar Y brindar debida protección, medlanteel establecimiento de una Intervención dirigida a -como se expresó- discipiinar. supervisar y controlar el ejercicio de tales actividades por perte de las sociedades mercantiles creadas y autorizadas al efecto". (Subrayado de la Corte) El anterior criterio fue objeto de mayor desarrollo por la Sala Político-Administrativa en la referida decisión del 14 de agosto de 1996, al señalar que: "Son todas estas conelderaciones las gue han dado pie en la doctrina_ para formular la existencia de un ordenamiento especial destinado a regir el elercicio de la actividad credlticla y financiera mediante regulaciones singulares que, en clerto modo, difieren de la actividad administrativa ordinaria y que se caracterizan por una mayor latitud frente al sacramental cumplimiento de exigencias y formalidades que ordinariamente operan en el marco del derecho adminis:rativo general, dados log requerimientos de prontitud y eficlencia en la respuesta que sa exige a la acción supervisora controledora y correctora estatal: ordenamiento que por ancentrar como sujetos destinatarios especificos a las instituciones y soclededes que conforman especiales sectores de la actividad económica, ha venido a denominarse como ordenamiento jurídico sectorial, nombre con el que la doctrina Identificateóricamsnte @l conjunto de postulados que justifican. secto: por sector. apartarse un tanto de tos fundamentos ciásicos del derecho público regulador de la actividad de policía, para dar paso a otros que responden más acertadamente, en tales sectores. a los requerimientos de protección y tutela del Interés colectivo. Tal intervención. justificada como se ha dicho por razones de protección ai interés colectivo general. cobra más fuerza ante la presencia de situaciones criticas como la que ha venido experimentando el sector financiero venezolano. extendiéndose hasta_ aquellas sociedades o empresas gue, si bien no dedicadas directamente al elercicio de le actividad de intermediación crediticia, se encuentran respecto a alguna o algunas de ellas en una especial situación de relación o vinculación, cuestión que corresponde determinar a laa autoridades competentes. siguiendo los criterios que el ordenamiento estabiecs a tal efecto, con el fln de Implementar igualmente frente estas sociedades medidas gue aseguren la eficiente tutela del anotado Interés. Y es precisamente ante tales situaciones críticas o covunturajes. necesitadas de pronta respuesta por parte de las autoridades financleres, cuando cobran mayor relleve Importancia ias peculiarldades proplas de! ordenamiento sectorial bancarlo o financiero. en tanto y en cuanto se hace indispensable la adopción de medidas frente a los problemas detectados con el mayor grado de efectividad o eficiencia. aspectos estos últimos cuya contundencla. dadas las características de lss situaciones a las gue ge busca atender. guardan une página original (tal como se publicó) [Página 13] vinculación Irreductible con las condiciones sumarias.y expeditas con las gue deben ser adoptadas. dependiendo de ello el sentido mismo de la medida que se adopta." Corte). (Subraya la Sobre al particular. observaesta Corte Primera de lo Contencloso Administrativo. que_ los señalamientos de la Sala Polftico-Administratlva_ son enteramente compatibles con las enseñanzas de otros tribunales del derecho comparado que han tenido oportunidad de elaborar en materia de la garantía del debido proceso. Al respecto. por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América (pais donde la garantía_ del debido proceso es protegida constitucionalmente_a través de la Quinta y Décima Cuarta Enmiendas de su Constitución. efectuadas en los años 1791 y 1868, respectivamente) ha distinguido, en relación con la referida garantía constitucional del debido proceso. que la misma contiene un componente sustantivo, conocido como el debido proceso sustantivo, que prohíbe acciones arbitrarias de la Administración Pública, independientemente de la justicia y equidad de los procedimientos empleados para implementar los. y una garantía del procedimiento justo, conocida como el debido proceso procedimental ("procedural due process"). que es el relacionado con el caso de autos por ser el protegido por el artícuio 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, aun reconociéndose que las enseñanzas de los tribunales estadounidenses no resultan enteramente trasladables a nuestro ordenamiento jurídico (no solo por las evidentes diferencias de los respectivos textos constitucionales, sino por el hecho de que el sistema jurídico estadounidense es eminentemente consuetudinario. cuyo sequimiento en Venezuela podr la implicar conclusiones inconsistentes). esta Corte Primera de lo Contencioso- Administrativo considera conveniente resaltar que, según la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América. el análisis aplicable para determinar el debido proceso requerido en cada caso concreto, implica la consideración de tres factores. a saber: 1. el interés privado que será afectado (.): 2. el riesgo de una de privación errónea de dicho interés (.). asi como el valor probable, en cago de haberlo, de protecciones procedimentales sustitutivas o adicionales; y 3. finalmente, el Interés del Estado, incluyendo la función estatal involucradaylas cergasfiscalesy administrativas que los requerimientos procedimentales substitutivos o adicionales conllevarían (caso Mathews vs. Eldridge decidido por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América en el año 1976 y citado en el sistema estadounidense como 424 U.S. 319, 335 (1976)). De esta manera, pues, se ha señalado que en cierto punto el beneficio de protecciones procedimentales adicionales para el particular afectado y la sociedad en términos de garantias de que la acción administrativa es justa, puede ser superado por el consecuente costo (en sentido amplio). Así, se ha señalado, Igualmente, que la garantía del debido proceso, a diferencia de otras normas legales, no es una concepción técnica con un contenido filo no relacionado al tiempo, lugar y circunstancias que, por lo tanto no puede ser aprisionado dentro de los límites estrictos de una fórmula, ya que se trata de un proceso delicado que ineludiblemente Implica el ejercicio de cierto juicio por parto de aquellos a quienes la Constitución confló et desarroilo. de_ la_garantía constitucional. Si bien la protección constitucional trata de un proceso que contiene la sabiduría adquirida en el pasado para asegurar justicia fundamental. se requiere también un proceso dinámico. no confinado a instancias pasadas (Véase la opinión concurrente del Magistrado Frankfurter en la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Amêrica en el caso Joint Anti-fascist Refugee Committee vs. Mc Grath, del año 1951: y. en igual sentido, véase sentencia de esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Nº 99-02 de fecha 7 de enero de 1999)." Partes: Maria Cristina Coppola de Di _Masecontra ei acto administrativo de etectosparticulares contenido en la Resolución número 155-1195, emitida en fecha 22 de noviembre de 1995 por la Junta de Emergencia Financiera. Procedencia: Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Emisor: Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Fecha: 26-julio-2000. Los restantes alegatos traídos por las partes al proceso de autos se refieren a (i) la ausencia o inobservancia del procedimiento legalmente establecido para la emisión del acto recurrido, (ii) violación del derecho constitucional a la defensa, a ser oído, y a los artículos de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que desarrollan dichos principios, y (ii) vicios en el elemento causa o motivos del acto impugnado. Al respecto, considera la Corte conveniente realizar, en primer !ugar, un análisis previo de las normas procedimentales o de Derecho Administrativo Formal aplicables en_ Venezuela en materia de intervención de bancos y otras instituciones financieras y empresas relacionadas con aquéllas... La Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras utiliza ei vocablo intervención para referirse tanto a un acto (artículo_ 254 ejusdem) como al procedimiento o régimen posterior que !o sigue (artículo 255 ejusdem). La intervención, en el sentido de acto, es una medida que se realiza a traves de un acto administrativo definitivo que, dependiendo del caso, requiere un procedimiento constitutivo previo especial o, al menos, la exterlorización de un acto definitivo (esto es. recurribie), formal y suficientemente motivado, A implica la realización_ de determinados actos posteriores (intervención en el sentido de procedimiento o régimen) que finalizar con otro acto_ definitivo (es decir, recurrible) que decida: i) el regreso de la posesión y administración de la empresa intervenida a sus accionistas originales (articulo_ 255 ejusdem); (ii) la transmisión de la propiedad ce ta empresa intervenida, 0 de sus acciones, a terceras personas (artícuio 256 ejusdem): o (iii) ia liquidación de la empresa intervenida (artículo 260 ejusdem). De esta forma, puede decirse que el acto que inicia ia intervención es, en cierta medida, y a pesar de ser un acto calificable en sí mismo como definitivo a fos etectos del Derecho Administrativo Formal, cautelar con respecto al acto que cuimina la intervención" En vista de las razones de derecho que se recogen en los extractos de las citas jurisprudenciales antes transcritas, y página original (tal como se publicó) [Página 14] 384.228 GACETA OFICLAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA tomando en consideración lo solicitado en el caso de marras, se declara improcedente la declaratoria de reposición por contrario a derecho, del presente procedimiento Administrativo, al estado que deba Aperturarse un nuevo Procedimiento Administrativo y así se declara. Toda vez, que al quedar demostrado que la extinta Comisión Nacional de Valores, dio cumplimiento a la Ley de Procedimientos Administrativos, por facultad otorgada por la Ley de Mercado de Capitales, en su artículo 82, ahora artículo 21 de la Ley de Mercado de Valores y por constituir el acto de intervención con cese de operaciones propias del mercado, una medida preventiva, ya que la situación surgida coq respecto a las actuaciones del Ministerio Público, ponen en inminente riesgo a los accionistas, clientes e inversores en general de VENEVALORES CASA DE BOLSA, C.A., en conseCuenCia, el escrito presentado por los recurrentes se considera como un Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución Nº 066 del 25 de mayo de 2010 y así se declara. La Comisión Nacional. de Valores actuó en estricto derecho y nunca incurrió en vicios de nulidad absoluta por haber violentado el debido proceso, y haber basado su acto sancionatorio en hechos y aseveraciones no específicas, que imposibilitan el ejercicio del derecho a la defensa, todo lo contrario, la CNV apegada a lo establecido en el artículo 82 de la la derogada Ley de Mercado de Capitales, dictó una medida preventiva de intervención con cese de operaciones propias del mercado, en virtud que para ese momento existían y existen en consecuencia la situación patrimonial de VENEVALORES CASA DE BOLSA, C.A. Se dan igualmente por reproducidas las razones de derecho dictadas por este Organismo, a los fines de desvirtuar los proceso, que pretende en su escrito. Así se declara. En relación a los alegatos esgrimidos por la recurrente, en relación a la ausencia total de motivación y por lo tanto la existencia de un falso supuesto de la Resoluclón Nº 066 del 25 de mayo de 2010. se observa: De acuerdo al criterio de la Corte Suprema de Justicia, en Sala Polltico Administrativa (Caso InTEaoica S.A. contra la REPúsucA - MINISteaio DE FomEnTo, sentencia de 3 de octubre de 199o) el falso supuesto (vicio en la causa) y ausencia total de motivación son vicios incompatibles: "Igualmente no escapa a esta Sala que el recurrente invoca como vicio del acto administrativo el error de apreciación. Tales argumentos se refieren en definitiva al vicio en la causa del acto administrativo. Al respecto debe significarse que invocar conjuntamente la ausencia total de motivación y el error de apreciación en éstos vicios en la causa es, en efecto, contr.adictorlo porque_ambos_ se enervan entresí. Ciertamente, cuando se aducen razones para destruir o rebatir la apreciación de la Administración dentro del procedimiento administrativo normativo del acto, es porque se conocen las apreciaciones o motivos del acto; luego es lncompatible que a mae de calificar de errado el fundamento del acto se Indiaue que se desconocen tales fundamentos." (Énfasis nuestro) Lunes 21 de marzo de 2011 El TaIBunaL SuPREMo EsPañoL ha establecido en sentencia de 13 de febrero de 1992 la finalidad de este requisito, indicando: "... La motivación del acto administrativo cumple diferentes funciones. Ante todo y desde el punto de vista interno viene a asegurar la seriedad en la formación de la voluntad de la Administración. Pero en el terreno formal — exteriorización de los fundamentos por cuya virtud se dicta un acto administrativo - no es sólo una cortesía sino que constituye una garantía para el administrado que podrá así impuanar en su caso la decisión administrativa con la posibilidad de crlticar las bages en que e funda: además y en último término la motivación facilita el control jurisdiccional de la Administración art. 106.1 de la Constitución (española) que sobre su base podrá desarrollarse con conocimiento de todos los datos necesarios... Si el requisito de la motivación de los actos administrativos representa una garantia del administrado, al permitirie en ei proceso contencioso administrativo rebatir los fundamentos y motivos utilizados por la Administración para justificar su actuación, en el presente caso tal garantía se ha desplegado plenamente, lo que se evidencia del hecho de que la recurrente haya atacado el acto administrativo invocando el vicio de falso supuesto. es decir, atacando el elemento causa o motivo del acto. Esta situación permite afirmar que conocia los motivos que sirvieron de base al actuar de la Administración, y en consecuencia resulta improcedente el vicio de inmotivación. Por las consideraciones antes expuestas esta Superintendencia Nacional de Valores, como órgano regulador contralor y fiscalizador del Mercado de Valores venezolano, a tenor de lo en el artículo 94 de la Ley Orgánica de establecido Procedimientos Adminlstrativos, Resuelve Sin Lugar el Recurso de Reconsideración 1) Declara interpuesto por la sociedad mercantil VENEVALORES, CASA DE BOLSA, C.A., en contra de Resolución N° 066 det 25 de mayo de 2010 emanada del Directorio de la extinta Comisión Nacional de Valores. 2) Ratifica en toda y cada una de sus partes el contenido de Resolución N° 066 del 25 de mayo de 2010 emanada del Directorio de la extinta Comisión Nacional de Valores y por consiguiente se mantiene la medida de intervención contenida en la citada Resolución. Mariano Adrián Hernández y Alicia Patricia Rodríguez carácter de Sánchez,antes identificados, en su apoderados de VENEVALORES CASA DE BOLSA, C.A., conforme a lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y adviértasele que contra la misma podrán interponer recurso contencioso administrativo de conformidad con el articulo 93 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Publiquese ….TomáStnchez Me página original (tal como se publicó) [Página 15] REPUBLICA BOLIVARIANA DE VINEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES Rasolución N° 047 3 Caracae, 02 MAR 2M. 200° y 152° Visto que en fecha 27 de enero de 2011, la &uperintendencia Nacional de Valores, ordenó la apertura de un Procedimiento Administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, a ia sociedad mercantil CAPITALFIN SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TÍTULOS VALORES, C.A., cOnStituida y domiciliada en Caracas, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 31 de marzo de 2008. bajo el N° 32, Tomo 1784-A, fue autorizada para actuar en los mercados primario y secundario como corredor público de títulos valores, mediante Resolución N° 022-2009 de fecha 13 de diciembre de 2009. Visto que de conformidad con lo establecido en los articulos 1, 2, 19 y 44 de la Ley de Mercado de Valores, la sociedad mercantil CAPITALFIN SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TÍTULOS VALORES, C.A. se encuentra sometida al control de la Superintendencia Nacional de Valores. Visto que la Superintendencia Nacional de Valores, según el articulo 48 de la Ley Orgánlca de Procedimlentos Administrativos, ordenó la apertura del presente Procedimiento Administrativo, basado en las causales de hecho y de derecho que se mencionan en el informe levantado, producto de la inspección practicada por la Oireoción de Control de Auditoría e Inspecclón de este Organismo, a través del cual se evidenclaron, de acuerdo con el resultado de las pruebas realizadas durante la visita de inspección a la sociedad mercantil CAPITALFIN SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TÍTULOS VALORES, C.A.,heChos que supuestamente contravienen o incumplan con la normativa vigente para las operaciones de las sociedades de corretaje y bolsa dictadas por la Comisión Naclonal de Valores hoy Superintendencia Nacional de Valores específicamente. con las Normas Sobre intermediación de Corretaje y Bolsa dictadas por este Instituto. Tales operaciones y conforme al informe levantado por la Dirección Técnica se especifican a continuación: Razonea de Hecho y de Derecho La Superintendencia Nacional de Valores en atención al principio de la transparencia de la información que rige al mercado de valores, ha considerado necesario que todos los participantes del mismo, y en especial las personas que han contratado o pretendan contratar con las sociedades de corretaje de valores o casa de bolsa. dispongan en forma oportuna de toda información relacionada con la venta o cesión de las acciones representativas del capital de las mismas, asi como de las personas que conforman la Junta Directiva de dichos intermediarios. Los entes sometidos al control de la Superintendencia Nacional de Valores deben suministrar a este Organlsmo la información periódica u ocasional oportunamente. a los efectos de medir y evaluar los resultados de la gestión operativa realizada por los referidos entes, y permitir que dicha información esté en manos del público inversor a los fines de que sirva de base para la toma de decisiones de inversión, y asi garantizar la debida transparencia en el mørado de valores. Visto que producto de la inspección realizada a la Sociedad mercantil CAPITALFIN SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TÍTULOS VALORES, C.A.: 1. Los saldos de los Petrobonos 2016 y 2024 reflejados en el estado de cuenta emitido por el custodio Citibank (Morgan Stanley), 00 000 0. .0 00 000 38.700,00) respectivamente, con relación a lo indicado •n el detalle del portatolio de inversión suministrado por la sociedad. 2. Con relación a la liquidación de los Activos y Pasivos Flnancieros Indexados a Títulos Valores, no se pudo observar el movimiento de los valores en virtud que no tue suministrado el estado de cuenta emitido por el custodio, lo cual podría contravenir lo previsto en el articulo 29 de las "Normas Sobre Intermediación Corretaje y Boisa", el cual establece: A los efectos de asegurar la debida evidencia de cada operación de venta, compra, cesión de derechos o trastado de la titularidad entre la sociedad de corretaje y sus Clientes, deberá ser documentada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes en la cual se efectúa la operación...". 3. La sociadad de corretaje se comprometió realizar el ajuste contable del monto Bs. 107.500 reflejado en la cuenta 188000000000 Operaciones en tránsito. para el cierre mensual des 31/10/2010. 4. Ei libro de órdenes y operaciones no se encuentra debidamente sellado ante la Superintendencia Nacional de Valores, lo cual podría contravenir lo previsto en el articulo 6 de la Normas Relativas a las Operaciones que por cuenta propia Realicen los Corredores Públicos de Títulos Valores. en la cual se establece "los libros de Registro de Ordenes y Registro de Operaciones, antes de ser puestos en uso, deben ser sellados por la CNv". 5. De la revisión etectuada a los expedientes de clientes de la citada sociedad de corretaje, no fue suministrado los del Citibank Globaimarket y Bencorp Casa de Boisa, lo cual podría contravenir lo previsto en el artículo 9 de las "Normas de Intermediación Corretaje y Bolsa", el cual establece "Conjuntamente con tas condiciones de contratación y para asegurar el cumplimiento de los términos allí contenidos, las sociedades de corretaje deberán llevar actualizados los registros mínimos de información y archivos de cada uno de sus clientes activos... Visto que en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho expresados anteriormente y considerando que estos hechos podrán presuntamente constituir transgresiones a la Ley de Mercado de Valores, las Normas y Reglamentos dictados por este Organismo ORDENÓ LA APERTURA DEL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO a Ia Sociedad mercantil CAPITALFIN SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TÍTULOS VALORES, C.A., el cual fue debidamente notificado, de conformidad con el articulo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Mediante escrito de descargos presentado en tiempo hábil por el administrado, formuló una serie de argumentaciones tendentes a defender toda y cada una de los posibles incumplimientos a lo establecido en el articulo 29 de las "Normas Sobre Intermediación Corretaje y Bolsa", así como lo previsto en el artículo 6 de las Normas Relativas a las Operaciones que por cuanta propia Aealicen los Corredores Públicos de Tltulos Valores, asl como lo previsto en el artícuto 9 de las "Normas de Intermediación Corretaje y Boisa", del cual se extraen de seguidas, textualmente, los alegatos esgrimidos en su defensa: -..... I. De ia vleita de Inspección ordenada por la Superintendencle Nacional de Valores medlante oficlo DSNV/0428 y 429/2010. Es el caso que en fecha 25 de octubre de 2010 mediante oficio DSNV/0428 y 429/2010. la Superintendencia Nacional de Valores ordenó una visita de Inspección a Capitalfin, en donde solicitaron la siguiente información: 1. Disponibilidades: relación de cuentas bancarias en moneda nacional y extranjera, con indicación de Nº de cuenta, institución, saldo y copia de conciliaciones bancarias y mayores analíticos. página original (tal como se publicó) [Página 16] 2. Portafolio de Invarsiones: detalle del portafolio de inversiones con copias de los estados de cuenta emitidos por los respectivos entes custodlos. 3. Activos financieros directos: detalle de los préstamos y registro contable de la provisión. Activos financieros director: detalle de los préstamos o financiamientos de margen al cierre del 30 de septiembre de 2010, indicando lo siguiente: identificación det cliente, descripción del título valor, fecha valor, monto financiado, tasa de margen capital, requerimiento mínimo de mantenimiento, valor de mercado, saldo deudor, provisión de margen, intereses. 5. Activos y pasivos financieros indexados a títulos valores: detalle de la cancelación de los activos y pasivos financieros indexados a títulos valores, indicando lo siguiente: identificación del cliente. descripción dei título vaior, fecha valor, fecha de vencimiento, vaior nominal, valor de mercado, forma de pago, identificación de la entidad financiera y monto de la liquidación al 30 de septiembre de 2010, con sus asientos de diario, soportes correspondientes en fisico y electrónico. 6. Intereses, dividendos, comisiones, honorarios devengados por cobrar: Detalle de los dividendos. comisiones y honorarios devengados por cobrar al 30 de septiembre de 2010. 7. Bienes de Uso: detalle de los bienes de uso al 30 de septiembre de 2010. 8. Otros_Activos: detalle de los activos al 30 de septiembre de 2010. 9. Otros Pasivos: detalle de otros pasivos al 30 de septiembre de 2010. 10. Pasivos Laborales: detalle de tos pasivos laborales al 30 de septiembre de 2010. l. Encargos de Confianza: detalle de la custodia de clientes y respectivos estados de cuenta emitidos por los clientes custodios elaborado de acuerdo a lo señalado en el Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas. 12. Balance de Comprobación detallado. 13. Libro de órdenes y operaciones, desde enero a la fecha de la inspección. 14.Conformación de la Unidad de prevención y cantrol de operaciones de legitimación de Capitales. 15.Libro de Actas de Asambleas de Accionistas. De la información solicitada se delo constancla de haber entregado la totalidad de la información solicitada, observando solamente que el Libro de Ordenes y de operaciones, si bien se encontraba al día debidamente asentado, carecia de los sellos de la Superintendencia Nacional de Valores. Adicionaimente tal y como dejaron asentado en el acta, fueron requeridos diez (10) expedientes de clientes de la sociedad de corretaje, de los cuales fueron entregados ocho (os). quedando pendientes por entrega los expedientes de Citibank Globalmarket y Bencorp Casa de Boisa. 13. De la apertura del procedimiento administrativo. Así las cosas, en fecha 14 de enero de 2011, fue recibida en la sede social de Capitalfin el auto identificado DSNv-0045-2011, donde se notificada la apertura de un procedimiento administrativo por presunta infracción de la Ley de Mercado de Valores y normas consecuencia de las evidencias. resultado de las pruebas realizadas durante la visita de inspección. Por tal razón, y a los efectos de ejercer la debida defensa. a continuación esbozamos con detalle cada una de las observaciones realizadas por las inspectoras, las cuales se encuentran en su mayoría subsanadas o en proceso de subsanación: 1. Los saldos de lo Petrobonos 2016 y 2014 reflejados en el estado de cuenta emitido por el custodio Citibank (Morgan Stanley), difieren en $ 31.60 y $ 9000°4,30 p/Bs. (8s.136.00 y 38.700,00)respectivamente con relación a lo indicado en el detalle del portafolio de inversión suministrado por la sociedad. Al respecto, tal y como se evidencia en la relación detallada de cartera propia al 21 de enero de 2011, se puede constatar que el ajuste contable ya fue realizado. Dicha relación la adjuntamos marcada "A". 2. Con relación a la &iquidación de los activos y pasivos financieros indexados a títulos valores, no se pudo observar el movimiento de los valores en virtud que no fue suministrado el estado de cuenta emitido por el custodio, sin embargo y tal como se evidencia en el estado de cuenta emitido por BOD Valores Casa de Bolsa anexa "B", se reflejan que los títulos en custodia objeto de la única operación de mutuo realizada en ese año se encuentran en custodla del BOD. Dicho soporte fue requerido en múltiples oportunidades al BOD, quienes nos entregaron recientemente y que anexamos tal y como indicados al presente recurso. 3. Con relación al ajuste contable de ta cuenta 186000000000 Operaciones en tránsito, el mismo se puede ver reflejado en el Balance al 21 de enero de 2011 anexo al presente escrito e Identificado "c". donde se puede verificar que dicha cuenta se encuentra en ceto no presentando ningún saldo en dicha cuenta. Dicho ajuste se va a ver reflejado en el SIVAL a partir del 15 de tebrero de 2011. d. El Libro de Ordenes y Operaciones no se encuentra debidamente sellado ante la Superintendencia nacional de Valores. Al respecto es de comentar que los mismos se lievaban a Cabalidad parte nuestra por de gerencia de administrsclón, fos Ilbros de Órdenes y operaciones se encontraban debidamente asentados e Impresos. Tal y como se evidencia en el anexo "D", los libros fueron enviados & fa Superintendencia Nacional de Valores y se encuentran en proceso de sellado. 5. Con relación a los expedientes solicitados, es de destacar que de la revisión realizada los expedientes solo el del Citibank Globalmarket, no se encontraba dentro de los archivos ya que el mismo es un cliente profesional y por tal razón -y aunque ello no necesariamente excusa su falta- carecemos de los soportes que conforman el expediente ya que el volumen de las transacciones que se cruzan con ellos, aunado a su nombre bien conocido en el mercado financiero generaba la confianza en la institución. Tan es asi que ante nuestro requerimiento dicha institución emitió una carta en la que dejan constancia que no es de uso comercial enviar soportes legales a los clientes profesionales. Dicha carta nos fue enviada wa courier y la consignaremos tan pronto sea recibida. Yen relación a Bencorp Casa de Bolsa, anexo enviamos todos los soportes que conforman el expediente de la empresa, identificado-E"..... Ahora bien vistos los alegatos esgrimidos en su defensa por CAPITALFIN SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TÍTULOS VALORES, C.A. y analizados como han sido las pruebas consignadas que acompañan al escrito de descargos presentado, esta Superintendencia Nacional de Valores pasa a realizar las siguientes consideraciones: En cuanto al detalle de los saldos de los Petrobonos 2016 y 2014 con respecto al estado de cuenta emitido por CAPITALFIN SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TÍTULOS VALORES, C.A., loS miSmOS apareCen reflejados en el "Detalle de Cartora de Titulos de deuda aportado por el administrado en el anexo "A" y dond o se evidencia que el custodio autorizado es ol Citibank (Morgan Slanley). En cuanto a la liquidación de los activos y pasivos financieros indexados a títulos valores. especificamente en relación al hecho relativo a que vo se pudo observar el movimiento de los valores en página original (tal como se publicó) [Página 17] virtud que no fue suministrado el estado de cuenta emitido por el custodio, lo cual podría contravenir lo previsto en el artículo 29 de las "Normas Sobre Intermediación Corretaje y Bolsa", se pudo observar, que de acuerdo a lo aportado como prueba en descargo por el administrado. se evidencia que fue consignado por CAPiTALFIN SOCIEDAO DE CORRETAJE DE TÍTULOS VALORES, C.A., el EStado de Cuenta emitido por BOD Valores Casa de Bolsa, C.A., en donde se demuestra que la única operación de mutuo realizada en el año 2009. el cual refleja que la custodia se encuentra en el BOD. En cuanto a que la sociedad de corretaje se comprometió realizar el ajuste contable del monto Bs. 107.500 reflejado en la cuenta 186000000000 Operaciones en tránsito. relativa a Partidas por Aplicar. para el cierre mensual del 31/10/2010, conforme al Balance General al 21 de enero de 2011, consignado por el administrado, se evidencia que dicha cuenta se encuentra en cero, no presentando ningún saldo en la misma. En cuanto a que el libro de órdenes y operaciones no se encuentra debidamente sellado ante la Superintendencia Nacional de Valores, lo cuai podria contravenir lo previsto en el artículo 6 de la Normas Relativas a las Operaciones que por cuenta propia Realicen los Corredores Púbticos de Títulos Valores, el administrado en su defensa consignó copia de comunicación de fecha 17 de enero de 2011, dirigida a la Superintendencia Nacional de Valores mediante la cual remiten el Libro de operaciones a los tines de que sea debidamente sellado, subsanando aai la omisión incurrida. En cuanto a que los expedientes de clientes de CAPITALFIN SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TITULOS VALORES, C.A.. nO fUerOn suministrados los del Citibank Globalmarket y Bencorp Casa de Bolsa, lo cual podria contravenir lo previsto en el articulo 9 de las "Normas de Intermediación Corretaje y Bolsa", el administrado consigno sendas copias de comunicaciones emitidas por el custodio autorizado Morgan Stanley Smith Barney dirigida a CAPITALFIN SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TÍTULOS VALORES, C.A., mediante la Cual responden que "no .sposibie pars nuestra _organización satistacer tal petición visto que no es costumbre para las organizaciones de nuestra magnitud atender tales pedimentos puesto que se nos Imposibiiits conseguir para cada operador firmas, documentos, respaldos, etc. Por lo que en aras de la costumbre estamos básicamente exonerados por lo Impráctico y casl Imposible de ejecutar." Sobre el particular, este Organismo debe acotar que conforme a lo establecido en el artículo 33 de las "Normas Sobre Actividades de Intermediación Corretaje y Bolsa" que textualmente expresa: "Custodla de Valores. La Custodia de valores objeto da las operaciones de corretaje deberá etectuerse ante depositar los *autorizados mediante una estructura de subcuentas a nombre de los cllentes dentro de ls cuenta da la Socladad de Corretaje, cuando se trate de Calas de Valores o custodios extranjeros, o madlante depósito en cuentas de custodia directa a favor dal cliente cuando se trate de otros custodlos autorizados." Tal acotación se hace en virtud de que independientemente a la imposibilidad del ente custodio extranjero autorizado en este caso, Morgan Stanley Smith Barney, no pueda, o dentro de sus politicas de atención a sus clientes. no tenga previsto et sistema de subcuentas a favor de los clientes de la Sociedad de Corretaje que por cuenta y orden de sus clientes utilizan los servicios de custodia a través de éstos Custodios extranjeros, no es Óbice para que CAPITALFIN SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TITULOS VALORES, C.A. tenga SU prOpIO SIStema interno que a manera de registro de los titulos valores cuya custodia sea llevada por custodios extranjeros, exprese las subcuentas a favor de sus clientes, de modo de llevar de una manera eficiente la información de las operaciones con títulos valores en custodia ante custodios extranjeros, debidamente autorizados. Por lo cual en atención a lo previsto en el articulo 9 de las "Normas de Intermediación Corretaje y Bolsa", el cual establece "Conjuntamente con las condiciones de contratación y para asegurar el cumplimiento de los términos alli contenidos, las sociedades de corretaje deberán llevar actualizados los registros mínimos de información y archivos de cada uno de sus clientes activos..", en concordancia con el artículo 33 ejusdem, existe un incumplimiento de CAPITALFIN SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TÍTULOS VALORES, C.A. al no tener la información actualizada de los clientes a que se ha hecho reterencia en el presente escrito. así como también carecer de una una estructura interna de subcuentas a nombre de sus clientes dentro de la cuenta de la Sociedad de Corretaje, cuando se trate de Cajas de Valores o custodios extranjeros Asi se decide. En relación a la ficha del cliente BENCORP CASA DE BOLSA, C.A., consignada por el administrado a los fines de probar la existencia de la Ficha de Registro de Persona Juridica, cabe observar que la misma carece de muchos datos identificatorios del cliente, asi como de las firmas de los representantes de esta Casa de Bolsa, ciudadanos Luis Alberto Benshimol Chonchol. C.l. N° 6.809.624. Presidente y Miguel Eduardo Ortiz Simoza, C.l. N° 10.347.848, Director. Por lo tanto. la SoCiedad merCantil CAPITALFIN SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TiTULOS VALoRES, C.A., conforme a la muestra seleccionada su cliente BENCORP CASA DE BOLSA, C.A., no dió cumplimiento con lo establecido en el articulo 9 de las "Normas de Intermediación Corretaje y Boisa". Asi se decide. La Superintendencia Nacional de Valores, en uso de fas atribuciones que le confiere el artículo 8, numeral 3° del artículo 19. articulo 20 y numeral 7 del articulo 50 de la Ley de Mercado de Valores, en concordancia con lo establecido en los articulos 9 y 33 de las Normas de Intermediación Corretaje y Bolsa; RESUELVE 1 . Sancionar a la sociedad mercantil CAPITALFIN SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TÍTULOS VALORES, C.A.. ya identificada, cOn multa de cinco mil unidades tributarias (5ooo U.T.), con un valor de SESENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. F. 85,00) cada una, la cual constituye la unidad tributaria vigente para el momento de la detección del incumplimiento. equivalente a la cantidad de TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL BOLIVAAES (Bs. 325.000,00). por violaciÓn a la disposición establecida en el numeral 7 del articulo 50 de la ley de Mercado de Valores. 2 - Notificar a la Sociedad mercantil CAPITALFIN SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TÍTULOS VALORES, C.A.. lo acordado en la presente Resolución. La sanción impuesta en la presente Resolución deberá ser cancelada dentro de los quince (15) dias hábiles siguientes. contados a partir de la notificación del presente acto. De contormidad con lo establecido en los arlículos 73 y 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, contra la presente decisión podrá ser ejercido Recurso de Reconsideración dentro de los quince (15) dias hábiles siguientes a su notificación. Comuniquese y Publiquese, TOMAS E. SANCHEZ MEJIAS Superintendente Nacional de Valores página original (tal como se publicó) [Página 18] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SUPEAINTENDENCIA NACIONAL DE VALORE$ 048 Resolución N° Caracas, 0 2 MAR 2011 200° y 152º Visto que el ciudadano Lermith F. Rosail, venezolano, mayor de edad. titular de la cédula de identidad Nº V-10.336.282, procediendo con el carácter de Vicepresidente División de Asesoría Legal de la sociedad mercantil BFC BAncO FONDO COmun, C.A. Banco Unlversal, antes denominada (TotalBank, C.A. Banco Universal), inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 22 de enero de 2001, bajo el Nº 17, Tomo 10- A-PRO., debidamente autorizado por la Sesión de Junta Directiva de la sociedad, para realizar todos los trámites conducentes para solicitar el retiro de Oferta Pública de las acciones que conforman el capital soclal del ente absorbido BFc BANCO FOnDO CoMuN, C.A. Banco UniversaI, solicitó formal retiro de la Oferta Pública de las acciones que conforman el capital social de su representada, es decir, la cantidad de ciento setenta millones (170.000.000) de acclones, en virtud dal perfeccionamiento de la fusión por absorción sobre BFC BAnCo FOnDo COMuN, C.A. Banco Unlversai y TotaIBank, C.A. Banco Universal. Visto que mediante Oficios Nos. SBIF-DSB-II-GGTE-GEE-04987 y SBIF-DSB-Il-GGTE-GEE-04988, de fechas ambos, 13 de abril de 2010 respectivamente, fue debidamente aprobado por el ente con competencia natural, Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, la fusión por absorción sobre BFC BANCo FOnDo COmuN, C.A. Banco Unlversal y TotalBank, C.A. Banco Universal. Comisión Nacionai de Valores, Visto ahora que Superintendencla Nacional de Valores, mediante Resolución N° 047, de fecha 08 de abril de 2010 autorizó la Oferta Pública de las acciones provenientes de la fusión por absorción y que conforman el capital sOcial de BFC SANCO FONDO COMUN, C.A. Banco Universal y asimismo ordenó la inscripción de dichas acciones en el Registro Nacional de Valores. Visto que el solicitante dio formal cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 2 de las Normas Sobre los Requisitos que Deben Cumplir las Entidades que Deseen Retirar de la Oferta Pública sus Acciones u Otros Títulos Valores. El Superintendente Nacional de Valores, actuando de conformidad con lo estabiecido en los artículos 1 y 2 de las Normas Sobre los Requisitos que Deben Cumplilr las Entidades que Deseen Retirar de la Oferta Pública sus Acciones u Otros Títulos Valores, en concordancia con lo establecido en los numerales 6º y 21º del artículo 8º de la Ley de Mercado de Valores. Resuelve 1. Autorizar el retiro de Oferta Pública y la cancelación de la inscripción del Registro Nacional de Valores de ciento setenta millones (170.000.000) de acciones que conforman el capital sociaI de Ia sociedad mercantil BFC BANCO FONDO COMUN, C.A. Banco Universal, entidad que se extingue como consecuencia de la fusión por absorción por parte de la sociedad mercantil Totalbank, C.A. Banco Universal. 2. Se ordena al Registro Nacional de Valores hacer la correspondiente nota marginal donde conste el cambio de denominación social de Totalbank, C.A. Banco Universal, entidad resultante del proceso de fusión, a BFC BANCo FONDO COmun, C.A. Banco Univereel. 3. Notifíquese la presente decisión a BFC BANCO FONDO COmuN, C.A. Benco Universaf, en la persona del ciudadano Lermlth F. Rosell ya identificado, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 4.-Notifíquese la presente decisión a la Boisa de Valores de Caracas, C.A. 5.- Notliquese la presente decisión a la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria. Tomás Sánchez Mejlaß! Superintendente Nacional de Val REPUBLICA BOLIVARIANA DE VBNEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES Resolución N° 0 4 9 Caracas, 200° y 152° 0 2 MAR 28B11 Visto que los Operadores de Valores Autorizados, se encuentran sometidos al control, vigilancia y fiscalización de la Superinlendencia Naclonal de Valores, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 numeral 3 de la Ley de Mercado de Valores. Visto que la Superintendencia Nacional de Valores tiene la atribución de cancelar o suspender por causa debidamente justificada y mediante Resolución motivada, la inscripción en el Pegistro Nacional de Valores de cualquier persona regulada por la Ley de Mercado de Valores, contorme a lo establecido en el articulo 8 numeral 21 de la Ley supra indicada. Visto que se encuentra bejo la tutela jurídica de esta Superintendeneia Nacional de Valores el ciudadano Viptor 8iva Orta, titular de la cédula de identidad N° V-10.871.953, quien fue autorizada por este Organiamo para actuar como Operador de Vaiores Autorizado, mediante Resolución N° 091, de fecha 16 de noviembre de 2010. febrero de 2011, el cludadano fecha21de Visto que Victor Silva Orta, arriba identificado, se dirigió ante este Organismo a los fnes de solloitar la suspensión temporal de su autorización para actuar como Operador de Valores Autorizado. página original (tal como se publicó) [Página 19] Visto que la Superintendencia Nacional de Valores una vez analizada la solicitud presentada por el referido cludadano , y en uso de la atribución conferida en el numeral 21 del artículo 8 de la Ley de Mercado de Valores, RESUELVE 1.- Cancelar la autorización otorgada al ciudadano Victor Silva Orta, para actuar como Operador de Valores Autorizado, mediante Resolución Nro. 031, de fecha 16 de noviembre de 2010, emanada por la Suparintendencia Nacional de Valores. 2.- Cancelar la Inscripción en el Registro Nacional de Valores que se lleva del cludadano Víctor Silva Orta, para actuar como Operador de Valores Autorizado. 3.- Notificar al cludadano Víctor Silva Orta, titular de la cédula de identidad N° V-10.871.953, lo acordado en la presente Resolución, conforme a lo previsto en los artículos 73 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimienios Administrativos. . Gomuníquese y publiquese. Superintendencia Nacional di Valores- : REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES Resolución N° () 5 1 0 2 MAR 2011 Caracas, 200°y 152° Visto que ios Oppradores de Valores Autorizados, se encuentran sometidos a! control, vigilancia y fiscalización de la Superintendoncia Nacional de Valores, de conformidad con fo establecido en el artículo 19 numeral 3 de ia Ley ce Mercaco de Valores. Visto que la Supeirintendencia Nacicnal de Valores tiene la atribución de cancela a suspender por causa debidamente justificada y meciante Resolucion motivada. por la Ley de Mercado de Valores, conforme a lo establecido en el aítículo 8 numeral 21 da la Ley supra indicada. de Valores la sociedad mercantil Equltas Casa de Bolsa, C.A., autorizada por este Organismo para actuar como operador de Valores Autorizado. según Resolución N° 155-04. do fecha 02 de diciembre de 2004. Visto que la saciepad mercantil Equllas Casa de Bolsa, C.A.. se dirigió anto este Organismo a los fines de solicitar la cancelación de su autorización para actuar ariculo 40 Paragráfo Segundo y 41 de lasiNormas Relativas a la Autorización y Registro de los Corredores Públicos de Valores y Asesores de inversión. La Superintendencia Nacional de Valores, en uso do la atribución conferida en el numeral 21 del articulo 8 de la Ley de Mercado de Valores, RESUELVE 1.- Cancelar la autorización otorgada a la sociedad mercantil Equltas Casa de Bolsa, C.A., para actuar como Operador de Valores Autarizado. mediante Resolución 'Nro.155-04, de focha 02 de diciembre de 2004.] emanada de la comisión Nacional de Valeres hoy Superintendencia Nacianal de Valores. 2.- Cancelar la nscripción en el Registro Nacional de Valores que se lleva de la socledad mercantil Equitas Casa de Bolsa, C.A., para actuar œomo Operador de Valores Autorizado. 3.- Notilicar al ciudadano Octavio Boccalandro Orlandino. titular de la códula de identidad N° V-10.330.462, en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil Equltas Casa de Bolsa, C.A., lo acordado en la presente Resolúción, conforme a Administrativos. [i Comuniquese x publíquese, 3 Tomás Sánchsz Melias |. Superintendencla Nacional de Valores, REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES Resolución N° 0 5 2 Caracas, 0 2 MAR2011 200° y 152° Visto que on fecha 25 de enero de 2011 la ciudadana MARIELA GUILLEN DE LIRA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio e identificada con la cedula de identidad N° V-3.887.222, procediendo en su carácter de representante legal de la sociedad mercantil CEDEL Casa de Bolsa, C.A., inscrita el 20 de marzo de 1991 en el Registro Mercantis Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capitai y Eslado Miranda. bajo el N° 29, tomo 105-Sgdo.. acude ante este Organismo, a fos fines de interponer en tiempo hábil, Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 060. de fecha 30 de d:cieinbre de 2010 emanada de la Superintendencia Nacional de Valores. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.594 del 14 do enero de 2011, mediante la cual este Organismo acordó la intervención de CEDEL Casa de Bolsa, C.A., con cese de operaciones propias del mercado de valores. A continuación se procede a evacuar el mismo, Alegatos de la recurrente La representación de CEDEL Casa de Bolsa, C.A. expone lo siguiente: 1 Inicia su escrito copiando textualmente el acto recurrido. es decir la Resolución N° 060, admitiendo que el mismo fue notificado el día 4 de enero de 2011. y publicado en Gaceta Oficial N° 39.594 del 14 de enero de 2011. Afirma que el Recurso de Reconsidoración objeto del presente análisis se ejerce dentro del lapso establecido en el articulo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 2-Seguidamente bajo el título Antecedentes expone que la visita de inspección ordenada por la Superintendencia Nacianal de Valores en fecha 06 de octubre de 2010 mediante oficio DSNv/0339/2010, la cual culminó el 31 de agosto de 2010: fue la que sirvió de base al acto administrativo recurrido, en la que se resolvió intervenir a su representada, por presuntos incumplimientos al Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas y a las Normas sobre Actividades da Intermediación de Corretaje y Balsa. Destaca que entre la fecha en que culminó la visita de inspección hasta la fecha de notificación de la intervención, 04 de enero de 2011, no se tuvo noticia de a apertura de procedimiento administrativo,que generara lb sanción administraliva de intervención. página original (tal como se publicó) [Página 20] GACETA QFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 384.234 3- Continúa con su exposición titulándola "De los vicios de nulidad del Acto Administrativo". Argumentó que la Resolución N° 060 del 30 de diciembre de 2010. se encuentra viciada de nulidad absoluta por violar normas de rango legal y constitucional, sobre la base de la violación al debido proceso, y al derecho a la defensa. Para ello transcribe parte de la motivación del acto administrativo a saber: "1-) La cuenta bancaria denominada en moneda extranjera, no se encuentra ajustada al tipo de cambio de Bs. 4,30 por dólar, incumpliendo con lo previsto en la Resolución N° 10-06-04 emitida por el Banco Central de Vanezuela en fecha 10/06/2010. 2-) CEDEL mantiene una posición en el portafolio para Comercialización PiC correspondiente a una porción de Bonos PDvSA 2015 por un valor nominal de US $ 341,00. en custodia en el Banco Nacional de Crédito, y sobre el que manifestaron que se encuentran imposibilitados de negociar por ser una porción inferior a US $ 1.000,00. 3-) CEDEL mantiene dentro de las obligaciones a la Vista, en la cuenta 21283MM0000c . "Cuentas por pagar por operaciones de corretaje" por un monto de Bs. 22.411,28 partidas correspondientes a intereses y/o vencimientos de títulos valores con una antiguedad que va desde el mes de abril 2010, incumpliendo con la dinámica contable prevista en la Fe de erratas del Manual de Contabilidad y Pian de Cuentas, la cual establece que una vez transcurridas 48 horas contadas a partir de la fecha de Iiquidación de la operación sin que se dé la confirmación de la entrega del titulo valor deberán realizarse los registros contables de incumplimiento de operaciones. 4-) En cuanto al cálculo dei índice patrimonial CEDEL, presenta error en la matriz de cálculo de las partidas de ajustes determinables y cuantificables contablemente al no considerar el suporavit no realizado por ajuste a vaior de mercado con saldo acreedor como partida de ajuste, incumpliendo con el procedimiento descrito on -E! Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas" en 8u Capítulo V "Indices Patrimoniales de las Sociedades de Corretaje". 5-) CEDEL tlene el libro de operaciones debidamente sellado por ia Comisión Nacional de Valores; sin embargo se evidenció que en él sólo se asientan las operaciones realizadas con renta variable, es decir, que las operaciones de renta fija no se encuentran asentadas en el referido libro, lo cual podría constituir un presunto incumplimiento al artícuio 18 de las "Normas Sobre Actividades de intermediación de Corretaje y Boisa"._ 6-) En los casos de transferencias de los títulos valores denominados en Dólares, entregados al cliente por operación de permuta, cEDEL giraba instrucciones a UBS international, Inc. (custodio original de los bonos PDVSA), a fin de que los valores fueran traspasados a la cuenta UBS SB-01276 a favor de Cedel International Investment, LTD.; es decir, que de esta forma los títulos no quedan a nombre del cliente sino a nombre de un tercero relacionado a CEDEL. Cabe señalar que dei total de las once (11) operaciones de permuta, sólo dos Lunes 21 de marzo de 2011 (2) muestran evidencia de la instrucción por parte del cliente para efectuar el referido traspaso, lo cual podría constituir una presunta infracción a lo establecido en los artícuios 17 (literal i) y 33 de las "Normas Sobre Actividades de Intermediación de Corretaje y Bolsa". 7-YEn cuanto al detalle de personas relacionadas con la sociedad, los representantes de CEDEL consignaron un escrito mediante el cual detallan las personas jurídicas que mantienen relación accionaria con los accionistas de su representada, para lo cual acompañaron los documentos constitutivos. Cabe destacar que en el referido escrito no mencionan a Cedel International Investment, LTD., como empresa relacionada. Sin embargo en escrito consignado a este Organismo en fecha 28/10/10 , admiten que el único accionista de la referida compañía es el ciudadano Santos Luis Cedeño quien es a su vez Director de CEDEL, lo cual podría constituir una presunta infracción a lo estabiecido en el numeral 23 del articuio 50 de la Ley de Marcado de Valores." La representación de CEDEL Casa de Bolsa, C.A., afirma que los incisos anteriormente citados que sirvieron de motivación en la Resolución recurrida, constituyen supuestos de hecho que se derivaron de una visita de inspección ordenada mediante oficlo DSNV/0339/2010. de fecha 06 de octubre de 2010. Sostienen "...que este hecho viola rotundamente el derecho a la defensa de su representada , toda vez que en ningún momento se le permitió expresar su opinión sobre la situación verlflcada, violandose, los principios generales de los incluso, procedimientos administrativos." (Negrillas nuestras) Tras ilustrar sus argumentos con distintas citas tanto doctrinarias como jurisprudenciales, la representación de CEDEL Casa de Bolsa, C.A. sostiene que el derecho a la defensa tione como fundamento principal el derecho a ser oído dentro de un procedimiento legalmente establecido, asi como e! derecho a ser notificado de la decisión administrativa, de tal manera que en el acto administrativo objeto del presente Rocurso se irrespetaron esos derechos. Continúa su argumento exponiendo que de acuerdo a lo expresado en la Resolución 060, la intervención de CEDEL Casa de Boisa, C.A. se derivó de la realización de "una visita de inspección" la cual no supone la realización de un procedimiento administrativo de acuerdo con lo dispuesto en nuestra Constitución. Y que de por si sólo hecho determina la nulidad de la actividad ...este administrativa"... al encontrarse incursa en el causal de nulidad de los actos administrativos consagrada en ei numeral 4 del arifculo 19 de fa Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, e! cual cita textualmente: "Artículo 19 - Los actos de la administración serán absolutamente nulos en los siguientes casos: (..) 4. Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes, o con prescindencla total y absoluta del procedimiento legalmente establecido."(Negrillas de la recurrente). Afirma que no existió ninguna notificación del inicio de un procedimiento legalmente establecido y que en consecuencia el acto administrativo impugnado es absolutamente nulo. Conciuye este argumento solicitando formalmente la reconsideración del acto administrativo contenido en la Resolución 060 del 14 de diciembre de 2010 y sea declarada nula dicha Resolución. 4- El siguiente argumento expuesto por la representación de CEDEL Casa de Bolsa. C.A. lo titula "Violación al Principio de Tipicidad". página original (tal como se publicó) [Página 21] medida administrativa mediante la cual Afirma su que la representada fue intervenida se justificó y apoyó en el artículo 21 de la Ley de Mercado de Valores. Para lo cual cita textualmente dicho artículo. Destaca que dicho artículo confiere al Superintendente Nacional de Valores facultades para que proceda a intervenir un operador de valores de oficio, lo que supone la imposición de una sanción administrativa, la cual debe ser producto de un supuesto de hecho taxativamente delimitado. En este sentido expone que el derecho administrativo sancionatorio dada su especial naturaleza está sometido a algunos principios administrativo. Destaca que uno de los principios que lo rigen es el Principio de taxatividad, que establece que todo supuesto de hecho al que el Estado ate como consecuencia la aplicación de una sanción para los particulares, debe ser expresado de la manera más claramente posible, de tal forma que no permita interpretaciones que abran las puertas a la arbitrariedad. Insiste, que cuando la Superintendencia Nacional de Valores aplicó en perjuicio de Cedei Casa de Bolsa, C.A. una sanción de tan alta gravedad como lo es la intervención con cese de sus operaciones, incurre no sólo en la aplicación de una norma inconstitucional, sino que viola al mismo tiempo el mencionado principio de taxatividad. En consecuencia, argumenta que de acuerdo a este principio la Superintendencia Nacional de Valores al aplicar como fundamento a su decisión de intervención. el artículo 21 de la Ley de Mercado de Valores estará violando el principio de tipicidad consagrado en el numeral 6 del articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual "ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones e leyes preexistentes." Por las razones antes referidas la representación de Cedei Casa de Bolsa, C.A. solicitó formalmente a esta Superintendencia Nacional de Valores, la reconsideración del acto administrativo contenido en la Resolución N° 060 del 30 de diciembre de 2011. 5- La representación de Cedel Casa de Bolsa, C.A. bajo el título "Desproporción de la sanción" alegó que la actividad administrativa desplegada por la Resolución N° 060 del 30 de diciembre de 2010 viola lo establecido en el artícuto 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, desde que no toma en cuenta los hechos que eila misma establece como causa del acto administrativo, sino que determina de una vez la intervención de CEDEL Casa de Bolsa, C.A., sin entrar a considerar el supuesto de hecho que la misma Superintendencia Nacional de Valores reconoce. 6- Finaliza la representación de CEDEL Casa de Botsa, C.A., solicitando formalmente la declaratoria con lugar del recurso de reconsideración interpuesto contra la decisión contenida en la Resolución N° 060 del 30 de diciembre de 2010 emanada de la Superintendencia Nacional de Valores que ordenó la Intervención, con cese de sus operaciones propias del mercado de valores, de CEDEL Casa de Bolsa, C.A., con fundamento en ios artículo 90 y 94 de ia Ley Orgânica de Procedimientos Administrativos. Il Razones para Decidir En atención a los argumentos presentados por el recurrente en su escrito, este Organismo pasa a exponer las razones para decidir. 1-En cuanto al punto 1 de los argumentos expuestos por el recurrente, mediante el cuai transcribió ei texto integro dei acto administrativo contenido en la Resolución N° o60, admite que la misma fue debidamente notificada e igualmente advierte que el recurso presentado se ejerce dentro del lapso legal útil establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Al respecto no existen por parte de esta Superintendencia Naclonal de Valores elementos que controvertir y así se declara. 2- Dada la vinculación que se observa entre el argumento del recurrente identificado con el punto 2 y el expuesto en el punto 3 esta Superintendencia Nacional de Valores pasa a su análisis en forma conjunta. En cuanto al punto 2 de los argumentos del recurrente este advierte que la Resolución 060 del 30 de diciembre de 2010 en la que se resolvió intervenir a su representada tuvo visita de inspección ordenada por como base una la Superintendencia Nacional de Valores en fecha 06 de octubre de 2010 mediante oficio DSNV/0339/2010, la cual culminó el 31 de agosto de 2010. Que posteriormente a la visita de inspección hasta la fecha de notificación de la Resolución 060, no se tuvo noticia de la apertura de un procedimiento administrativo. que generara la sanción administrativa de intervención. Y en cuanto al punto 3, el recurrente nuevamente transcribe textualmente los distintos elementos que sirvieron de base para que esta Superintendencia adoptará la decisión de intervenir a su que este hecho viola representada. Afirma el recurrente rotundamente el derecho a la defensa de su representada, toda vez que en ningún momento se le permitió expresar su opinión sobre la situación verificada, violandose, incluso, los principios generales de los procedimientos administrativos. Al respecto esta Superintendencia observa que al dictar el acto administrativo de intervención a CEDEL Casa de Bolsa, C.A., no se violó el derecho a la defensa por cuanto desde el mismo momento en que se le está informando en la parte motiva del acto, las razones que dieron origen a la decisión, la cual les fue notificada el 04 de enero de 2011, se le está permitiendo a su representada mediante el ejercicio de la interposición del Aecurso de Reconsideración objeto del presente análisis que exponga las razones y argumentos en defensa de sus derechos e intereses. Adicionaimente. se advierte que en el punto 1 de las razones para decidir esta Superintendencia Nacional de Valores observó que la representación de CEDEL Casa de Bolsa.C.A.. admite haber sido notificado y haber ejercido el recurso de reconsideración en el tiempo legal hábil, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica de procedimientos Administrativos. Por otra parte, esta Superintendencia Nacional de Valores no admite lo afirmado por la representación de CEDEL Casa de Bolsa, C.A., cuando realiza su denuncia de violación al derecho a la defensa argumentando que antes de iniclar los procedimientos administrativos la Administración debe (slc) realizar fiscalizaciones para determinar el cumplimiento de la normativas que rigen su actividad. por cuanto unos pocos párrafos antes afirma que en ningún momento se le permitió expresar su opinión sobre la situación verificada. Al respecto se observa contradicción pues la misma representación está afirmando que los hechos que sirvieron de motivación a la Resolución objeto del presente Recurso de Reconsideración fueron verificados. En este orden de ideas cabe advertir que la actuación de esta Superintendencia Naclonal de Valores estuvo apegada a derecho desde el mismo momento en que se cumplió con la visita de inspección (lo cual es admitido por la representación de Cedel Casa de Bolsa) y se verificaron como lo afirma la recurrente, unos incumplimientos a la normativa que rig• su actividad en el mercado de valores venezolano. De tal manera página original (tal como se publicó) [Página 22] que se desestima el argumento de violación al derecho a la defensa. Así se declara. Por otra parte esta Superintendencia Nacionai de Valores tampoco admite la denuncia de la recurrente según la cual la decisión contenida en la Resolución Nº 060 que resuelve intervenir a CEDEL Casa de Bolsa, C.A., esta viciada de nulidad absoluta, es decir que está incursa en el numeral 4 del articulo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por habérsele impuesto una sanción sin que se haya iniciado un procedimiento. Al respecto esta Superintendencia Nacional de Valores observa que nuevamente entra en contradicción la representación al afirmar que no existió notificación del inicio de un procedimiento administrativo y por tanto el acto administrativo impugnado es absolutamente nulo. Ya quedó demostrado en el punto 1 de las Razones para decidir de la presente Resolución que existió la debida notificación del acto administrativo, y que tal notificación cumplió con su finalidad, es decir, permitió el conocimiento de los hechos imputados con indicación de las infracciones a Normas o instructivos, y le permitieron también conocer acerca de los recursos que procedan en su oportunidad y el lapso previsto para su presentación, organismos ante los cuales ejorcerlos y, finalmente permitieron al hoy recurrente ejercer en defensa de su representada a través de su escrito recursorio, la defensa correspondiente objeto del presente análisis. En consecuencia se desestima tal argumento. Asl se deciara. 3- En cuanto al punto 4 an el que la representación de CEDEL Casa de Bolsa, C.A., denuncia que esta Superintendencia Nacional de Valores al dictar la Resolución 060 del 30 de diciembre de 2010 que resuelve intervenir a su representada, incurre en "Violación al Principio de Tipicidad". Al respecto cabe observar que no es posible que se haya violado tal principlo dado que tal decisión se fundamento en el artículo 21 de la Ley de Mercado de Valores que confiere al Superintendente Nacional de Valores facultades para que proceda a intervenir un operador de valores de oficio. sobro la base de un supuesto de hecho taxativamente delimitado, los cuales le fueron indicados en la parte motiva de la misma y tantas veces citada textualmente por la representación de CEDEL Casa de Bolsa, C.A., en su escrito recursorio. Y que no son otras que incumplimientos a la normativa dictada por este Organismo en procura de un mercado ordenado, transparente y sano que facilite la labor de resguardo de los intereses de quienes en él invierten, En este punto cabe destacar que en la citada decisión fue adoptada preventivamente por la Superintendencia Nacional de Valores una vez verificados unos incumplimientos a la normativa vigente que reguia la materia, en resguardo de los principios de orden del mercado y transparencia, al público inversor. Y tal decisión fue notificada, otorgándosele a CEDEL Casa de Bolsa la oportunidad de ejercer oportunamente el Recurso de Reconsideración objeto del presente análisis. En consecuencia tal argumento se desestima. Asi se deciara. 4- En cuanto a la denuncia formulada por ia representación de CEDEL Casa de Bolsa, C.A., según la cual la Resolución 060 dictada por esta Superintendencia Nacional de Valores que resuelve su intervención se encuentra viciada de nulidad, puesto que la misma se dictó en franca y abierta desproporción entre la actividad administrativa ejercida por la Superintendencia Nacional de Valores y el hecho que dió origen a la actuación pública. Fundamenta su denuncia en lo establecido en el artículo 12 de fa Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos el cual establece que: "Aún cuando una disposición legal o reglamentaria deje alguna medida o providencia a juicio de la autoridad competente, dicha medida o providencia deberá mantener la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y cumplir los trámites, requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia ".(Negrilas nuestras) Al respecto esta Superintendencia Nacional de Valores desestima tal argumento por cuanto la medida preventiva de intervención a CEDEL Casa de Bolsa, C.A. fue lo suficientemente evaluada por el organismo, para lograr la validez y eficacia a que alude el citado articulo in fine, y ejerció de manera eficiente y oportuna su acción supervisora sobre una sociedad que se encuentra bajo su control por actuar en el mercado de valores; lo cual le permitirá responder acertadamente a los requerimientos de protección y tutela del interés colectivo -público inversor-. Adicionalmente cabe destacar que la Superintendencia Nacional de Valores forma parte de los organismos públicos que regulan controlan y fiscalizar para evitar distorciones en el Sistema Financiero Nacional, particularmente dentro de su campo de acción el cual es el mercado de valores. En consecuencia al adoptar la medida preventiva de intervención, no solo preve las posibles sometidos a su control y fiscalización pudieran ocasionar en el mercado de valores nacional, sino también en el sistema financiero nacional. Por las razones expuestas este argumento se desestima y asi se declara. de CEDEL Casa de Bolsa, C.A., y no habiendo encontrado esta Superintendencia Nacional de Valores elementos que permitan reconsiderar (a decisión adoptada on la Resolución 060 del 30 de diciembre de 2010 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.594 de! 14 de enero de 2011. La Superintendencia Nacional de Valores en uso de las atribuciones establecidas en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Admin.strativos. RESUELVE 1.-) Declarar sin lugar ei recurso de reconsideración interpuesto por la ciudadana Mariela Guillén de Lira, tituiar de la Cédula de Identidad Número 3.887.222, actuando en su caráctor de representante legal de la sociedad mercantil CEDEL, Casa de Bolsa. C.A.. contra el acto administrativo dictado por la Superintendencia Nacional de Vaiores contenido en la Resolución N° 060 del 30 de diciembre de 2010, mediante la cual se resolvió intervenir con cese de operaciones propias del mercado de valores. 2.-) Ratificar en todas y cada una de sus partes la Resolución N° 060 del 30 de diciembre de 2010, dictada por este Organismo. 3.) Notificar a la sociedad mercantil CEDEL. Casa de Bolsa, C.A., en la persona de su representante legal, ciudadana Mariela Guillén de Lira, plenamente identificada, 1o acordado en la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Artículos 9 (numeral 1) y 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Admonistrativa, contra la presente decisión podrá ser interpuesta la correspondiente impugnación por ante los órganos de página original (tal como se publicó) [Página 23] la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el término de ciento ochenta (180) días contados a partir de la notificación de la presente decisión. NAHLM Comunauge y Paalíquese, Fomdé Sánchez REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES Resolución N° 050 Caracas 0 2MAR 2011 200° y 152º Viato quo el crudadano SANTOs LUIS CEDEño, venezolano, mayor de edad, litular de la cédule de identidad N° 6.138.896, se encuentra autorizado para acluar como corredor público de valores, hoy denominado operador de valores según consta de Resolución N° 054-2006, de fecha 12 de mayo de 2006. Vislo que la Superintendencia Nacional de Valores, de conformidad con lo establecido en el artículo 2i de la Ley de Mercado do Valores, acordó la intervención de la sociedad mercantil CEDEL Casa de Bolsa, C.A.. mediante Resolución N° 080-2010, de techa 30 de diciembre de 2010. por las razones que se explican en la citada Resolución. Visto que CEDEL Casa de Boisa, C.A., tiene como operador do valores al ciudadano SANTOS LUIS CEDEÑO. ya identificado. La Superintendencie Nacional de Valores en uso de las atribuciones conferidas en al arlículo 8 numerales 21 y 22 de la Ley de Mercado de Valores. RESUELVE 1.- Suspender prevantivamente la autorización para actuar como oporadcr de valores al ciudadano SANTOS LUIS CEDEÑO, titular de la cédula de identidad N° 6.138.896. 2.- Notilicar al ciudedano SANTOS LUIS CEDEAo arriba Identificado. lo acordado en la presente Resolucióni. 3.- Nouilcar a la Boisa de Valoree de Caracas, C.A., lo acordado en la presento Aolución. Procedimientos Administralivos, contra le presente decisión podrá ser ejercido Recurso de Reconsideración, dentro de los quince (15) dias háblles siguientes, contados a parlir de la respectiva notificación. Tomás Sénchez Majias Superintendente Necional de Valol w.144 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA FSS-2-3- 000511 Caracasg 8 FEB2011 200° y 1510 Visto que en fecha 26 de agosto de 2009, mediante Providencia N° FSS-2-3-002418, esta Superintendencia de Seguros, ahora Superintendencia de la Actividad Aseguradora, dio inicio a una averiguación administrativa contra la empresa BAnEsco SEGuros C.A., en virtud de la denuncia interpuesta por el Ciudadano JOSÉ LUIS BERROTERÁN VELIZ, titular de la Cédula de identidad N° V- 6.861.433, en virtud del incremento en la prima de la Póliza de Hospitallzación, Cirugía y Matemidad Nro. 01- 11-465, Certificado Nro. 6861433, con el fin de determinar si la aseguradora con su conducta incumplió lo establecido en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros(vigente para el momento en que se emitió el contrato), sancionable de conformidad con lo contemplado en el artículo 169 ejusdem. Visto que mediante Oficio signado con el Nro. F$s-2-3-005677- 010196 de fecha 03 de septiembre de 2010, este Organismo notificó el día 06 de septiembre de 2010 según se evidencia de sello húmedo estampado al pie del mismo oficio (folio 43) a la empresa BANEsCO sEGURos C.A., de la apertura de la averiguación administrativa, otorgándole un lapso probatorio de diez (10) días hábiles sigulentes a la recepción del mencionado oficio para alegar sus razones y remitir sus pruebas y mediante Oficio signado con el Nro. FSS-2-3-005678-010197 de fecha 03 de septiembre de 2010, enviado el 20 de septiembre del mismo año por correo, se le notificó al denunciante de la apertura de la averiguación concediéndole un plazo no mayor de diez (10) días hábiles a fin de que presente cualquier otra documentación pertinente. ALEGATOS DE LA EMPRESA BANESCO SEGUROS C.A. En fecha 20 de septiembre de 2010, en escrito de descargo signado con el N° 00018914 del control Interno de correspondencia, estando dentro del lapso legal, la empresa aseguradora alegó lo siguiente: Que la empresa utiliza en sus contrataciones los modelos de pólizas, anexos y demás documentos complementarios debidamente autorizados por la Superintendencia. Que la Superintendencia de la Actividad Aseguradora autorizó la documentación utilizada en la Póliza en las siguientes fechas: Condicionado general y particular de la Póliza Banesco Salud • Integral el 19 de diciembre de 2005, oficio Nro. 10175. Anexo de Matemidad, Anexo de contingencias Extremas, Anexo de Servicio Odontológico, Anexo de Asistencia en Viajes, Anexo de Servicio Funerario, 19 de diciembre de 2005, oficlo Nro. 10175. Anexo de Atención Primaria de Salud, Anexo de Asistencia Médica Domiciliaria el 08 de junio de 2006, oficio Nro. 4753. Certificado de Salud Colectivo, el 29 de diciembre de 2004, oficio Nro. 10862. Igualmente alega que en cuanto a la Tarifa empleada en la póliza colectiva, se utiliza el reglamento actuarial de la tarifa Coberturas Básicas de la Póliza Banesco Salud Integral, aprobado según oficio Nro. 010715 de fecha 19 de diciembre de 2005. Finalmente la empresa aseguradora solicitó el cierre y posterior archivo del expediente. página original (tal como se publicó) [Página 24] CONSIDERACIONES DEESTA SUPERINTENDENCIA DELA ACTIVIDAD ASEGURADORA Antes de entrar a conocer los hechos, se hace necesarlo señalar que los sucesos que a continuación se transcriben, ocurrieron bajo la vigencia de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros de fecha 08 de marzo de 1995, quien suscribe, en su carácter de Superintendente de la Actividad Aseguradora, acuerda que la situación denunciada sea examinada bajo la luz de ésta, la cual resulta aplicable para la fecha en que ocurrieron los hechos: Realizadas tales precisiones y siendo el momento de decidir, se observa que la presente averiguación administrativa tiene por objeto comprobar si la Compañía BANEsco SEGURoS, C.A., realizó un acto infractor de una conducta exigida por el ordenamiento jurídico que regula la actividad aseguradora; la determinación de la responsabllidad administrativa y la imposición de las sanciones a que hubiere lugar. En tal sentido, la averiguación que a través de este acto administrativo se decide, tiene por objeto determinar la responsabilidad administrativa de la empresa BANEsco SEGuros, C.A., en lo que respecta a si la misma infringió el contenido de los artículos 66, 67 y 68 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros. Estima necesarlo esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora hacer algunas consideraciones preliminares; en tal sentido, debemos observar el contenido de los artículos 66, 67 y 68 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, los cuales rezan: "Artículo 66. Las pólizas, anexos, recibidos, solicitudes y demás documentos complementarios relacionados con aquellos y las tarifas y arancel de comisiones que usen las empresas de seguros en sus operaciones, deberán ser previamente aprobados por la Superintendencia de Seguros. Los solicitantes deberán acompañar a las pólizas la forma o procedimiento que utilizarán para la determinación de la prima. Si el solicitante no presenta tarifa aplicable en algún riesgo, deberá exponer ante la Superintendencia de Seguros las razones que así lo justifiquen y la Superintendencia resolverá lo conducente. En todo caso, las tarifas aplicables por las empresas de seguros deben ser el resultado de estudios actuariales, que sirvan de base para su determinación y suscritas por licenciados en ciencia actuariales, egresados de una universidad venezolana o residentes en el país debidamente autorizados. Cuando en ejecución de políticas del Estado venezolano, por razones de interés público, la Superintendencia apruebe una tarifa uniforme para cierta clase de riesgos, las empresas deberán aplicarla en sus operaciones en el ramo correspondiente." "Artículo 67. Las empresas de seguros no podrán modificar en forma alguna el contenido de las pólizas y documentos que les hayan sido aprobados, sin la previa autorización de la Superintendencia de Seguros. Parágrafo Único. Cuando la naturaleza del riesgo por asegurar obligue a establecer condiciones especiales no comprendidas en las pólizas, anexos o cláusulas que les hayan sido aprobados, las empresas de seguros deberán solicitar la previa autorización de la Superintendencia de Seguros, la cual resolverá en el plazo perentorio que fije el Reglamento, si es procedente o no lo solicitado." "Artículo 68. Las empresas de seguros no podrán alterar las tarifas aprobadas sin la previa autorización de la Superintendencia de Seguros. En el caso de seguros generales, la Superintendencia de Seguros ordenará a la empresa que hubiere Infringido la disposición contemplada en este artículo, la cancelación de la póliza y la devolución a prorrata al asegurado o contratante de la prima no consumida, correspondiente al periodo que falte por transcurrir, de conformidad con la tarifa. La empresa de seguros no podrá participar en el seguro o reaseguro de dicho riesgo durante el lapso de los tres años sigulentes. Cuando se trate de seguros de vida, la Superintendencla de Seguros ordenará la devolución al asegurado o contratante del exceso de primas cobradas o el pago por éste a la empresa de la diferencia de primas no cobradas. En los casos a que se refiere este artículo, la Superintendencia de Seguros impondrá además las sanciones a que hubiere lugar." Ahora bien, es necesario indicar que el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Empresa de Seguros y Reaseguros exige que las tarifas utilizadas por las aseguradoras observen principios técnicos de equidad y suficiencia, y que sean el producto de la utilización de información estadística que cumpla las exigencias de homogeneidad y representatividad. En efecto, el objeto de cualquier sistema de tarificación es obtener primas equltativas y sufidentes. En tal sentido, el principio de equidad de la prima desde el punto de vista actuarial implica que en la elaboración de las tarifas deben considerarse los factores de riesgos que en mayor medida permitan explicar o conocer el comportamiento del costo del rlesgo, siendo que estos factores deben valorarse en los niveles adecuados para evitar una excesiva dispersión en tal costo. Por su parte, el principio de suficiencia de prima busca garantizar la capacidad del asegurador para hacer frente a las obligaciones contraídas. Por otro lado, un Instrumento técnico del cual se vale la actividad aseguradora para sumar herramientas que permitan alcanzar un adecuado equilibrio en sus resultados, es el análisis de los riesgos, lo cual puede concretarse en el seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, entre otros mecanismo, a través de la información contenida en la solicitud de seguro y del uso de exámenes médicos, cuestionarios o declaraciones de salud. En ese orden de Ideas, el artículo 66 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros establece que las tarifas que utilicen las aseguradoras se encuentren previamente aprobadas por la Superintendenda de Seguros (ahora Superintendencia de la Actividad Aseguradora), ello se debe a que la prima debe ser considerada bajo un doble enfoque,: por una parte, configura una obligación fundamental a cargo del tomador, que representa la contraprestación de éste a la asunción de los riesgos por parte del asegurador (artículo 20 del Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguros) y, por la otra, constituye un elemento esencial dei seguro, en orden a la formación del fondo común para el pago de siniestro, de allí la necesidad que su pago se realice por anticipado. La doctrina ha señalado que "La prima es un elemento indispensable de la explotación en masa del seguro que hace posible el cumplimiento por el asegurador de sus obligaciones, al estar respaldado en cada contrato por el conjunto de las primas percibidas" (Joaquín Garrigues, El Contrato de Seguro Terrestre. Segunda Edición, Madrid, 1993, pág. 1093). Sobre este particular, prima pagada por el tomador -comercial o de tarifa, está conformada por el valor real del rlesgo (prima pura o reta), más los gastos de administración, las comisiones, etc., siendo que a partir de la acumulación de riesgo el criterio de determinación de la prima varia según la mayor o menor probabilidad que se verifique el siniestro, aumentándola o disminuyéndola, por lo que de acuerdo con lo expuesto por el autor Rubén Stiglitz: "una vez establecida la prima, ésta constituirá la contraprestación correspondiente a un riesgo determinado, lo que presupone que cualquier interpretación sobre los alcances dei mismo, que importen ampliar los beneficios acordados pueden llegar a producir un desequilibrio en el conjunto de las operaciones de la aseguradora"(Stiglitz, Rubén, Derecho de Seguros II, Tercera edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág, 309). Es evidente que la prima pura (o neta) se refiere a la proporcionalidad del precio del seguro en relación de equivalencia con el riesgo, de forma tal que en la cuantificación de la prima deben incluirse elementos como: los gastos de adquisición, la consideración del riesgo en un tiempo determinado, la suma asegurada y la duración del contrato. Es por ello que, efectivamente la viabilidad técnica del contrato de seguro está página original (tal como se publicó) [Página 25] unida al costo matemático del riesgo, en cuanto permite generar dicha estabilidad. En este sentido, una vez vistos las actas que conforman el presente expediente, esta Superntendencia de la Actividad Aseguradora pasa a analizar los siguientes aspectos: En lo que respecta a la cobertura básica y de exceso de hospitalización y cirugía incluidas en los Cuadros Pólizas Salud Colectivo Nros. 1-11-465 y 1-11-557, de revisión efectuada al Archivo Central de este Organismo no reposa expedientes alguno cuyo plan para el seguro de hospitalización y cirugía sea: Bs. 20.000,00 con un deducible de Bs. 150 como cobertura básica y Bs. 120.000,00 en exceso de Bs. 20.000,00 como cobertura de exceso. Igualmente la tarifa de la cobertura de Asistencia Médica Domiciliarla se encuentra vencida desde el 01-12-06, de acuerdo con el Oficio Nro. FSS-1-1-714-4753 del 08-06-06. La prima cobrada por BANEsCo SEGURos, C.A., en la Póliza de Salud Colectiva Nro. 1-11-557 difiere de la aprobada en el oficio anteriormente señalado. Adicionalmente, la tarifa de la cobertura del Servicio Odontológico se encuentra vencida desde el 15-07-07, según se evidencia en el Oficio Nro. FSS-1-1-1901-10751 del 19 de diciembre de 2005. Visto que BANEsco SEGURos, C.A., está utilizando una tarifa que no se encuentra aprobada por este Organismo, así como se encuentran vencidas las aprobaciones provisionales de las tarifas de las coberturas de Asistencia Médica Domiciliaria y Servicio Odontológico. Visto que de los hechos antes expuestos quedó comprobada la violación por parte de la aseguradora al contenido de los artículos 66 y 68 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros (vigente para el momento en que ocurrieron los hechos), es por lo que esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora sanciona a la empresa BANESCo SEGURos, C.A., con multa por la cantidad de VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 20.950,00), suma que corresponde a la media de la sanción aplicada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169 ejusdem, con ocasión de los hechos denunciados por el ciudadano josé LUIS BERROTERÁN VELIZ, titular de la cédula de identidad N° V- 6.861.433, al utilizar una tarifa que no está aprobada por este Organismo, así como al estar vencidas las aprobaciones provisionales de las tarifas de las coberturas de Asistencia Médica Domiciliaria y Servicio Odontológicos en la Póliza de Salud Colectiva Nro. 1-11-557 para el período 2008-2009, monto que resultó tomando en consideración el valor de fa unidad tributaria vigente para el momento en que ocurrió la infracción (año 2008), cuyo valor para la fecha era de CUARENTA Y SEIS BOLÍVARES SIN CÉnTIMos (Bs. 46,00) de conformidad con lo previsto en el artículo 1º de la Ley que establece el Factor de Cálculo de Contribuciones, Garantías, Sanciones, Beneficios Procesales o de Otra Naturaleza en Leyes Vigentes, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.362 del 26 de diciembre de 1997. La referida multa fue calculada aplicando el sistema de graduación de pena previsto en el Código Penal Venezolano, el cual prevé en su Título III, De la Aplicación de las Penas, artículo 37 lo siguiente: "Cuando la ley castiga un delito o falta con pena comprendida entre dos límites, se entiende que la normalmente aplicable es el término medio que se obtiene sumando los dos números y tomando la mitad; se la reducirá hasta el límite inferior o se la aumentará hasta el superior, según el mérito de las respectivas circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso concreto, debiendo compensárselas cuando las haya de una y otra especie. No obstante, se aplicará la pena en su límite superior o en el inferior, cuando así lo disponga expresamente la ley, y tamblén se traspasar a uno u otro límite cuando así sea menester en virtud de disposición legal que ordene aumentar o rebajar la pena correspondiente al delito en una cuarta parte, que entonces se calculará en proporción a la cantidad de pena que el juez habría aplicado al reo sl no concurriese el motivo del aumento o de la disminución. Si para el aumento o rebaja mismo se fijar en también dos límites, el tribunal hará dentro de estos el aumento o rebaja respectivo, según la mayor o menor gravedad del hecho. En todos estos casos se tendrá siempre presente la regla del artículo 94." Adicionalmente a lo precedentemente expuesto, la Administración al momento de calcular e imponer una multa de naturaleza administrativa, debe igualmente guardar la aplicación de lo previsto en la Ley que establece el Factor de Cálculo de Contribuciones, Garantías, Sanciones, Beneficios Procesales o de otra naturaleza en Leyes Vigentes, el cual dispone en su artículo 1° que: “Se sustituye en las leyes vigentes al salario mínimo como factor de cálculo de contribuciones, garantías, sanciones, beneficios procesales o de otra naturaleza por el valor equivalente en bolívares a tres Unidades Tributarias (3 U.T.)". Aplicando las consideraciones anteriores al presente acto administrativo, el monto de la multa aplicada a la empresa BANEsCo SEGURos, C.A., por violación al contenido de los artículos 66 y 68 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, sancionable de conformidad con lo previsto en el artículo 169 ejusdem, se cálculo de la siguiente manera: Equivale al monto de Tres (3) U.T. Un Salario Bolívares 46,00 Mínimo Urbano (Gaceta Oficial N° 38.855 Es igual a decir: 22-01-2008) Bs. 138,00 Ahora bien, Multiplicado por 300 salarios Mínimo Es igual a Bs. Urbano (Limite máximo de la pena) 20.950,00 más 500 Bolívares (límite minimo de la Bs. 138,00 pena) entre Dos (2) (Media de la sanción) Finalmente, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora, se permite citar un extracto de la sentencia N° 1876 de fecha 20 de octubre de 2004, emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en la que se indica: "independientemente de las dificultades que en la práctica pueda conseguir un particular para obtener del Estado el reintegro del dinero erogado por concepto del pago de una multa, el carácter coactivo de las decisiones jurisdiccionales obliga a la Administración, en el caso de declararse con lugar el recurso incoado, a devolver el monto percibido por concepto de la multa anulada. En este sentido, debe quedar claramente establecido, que la devolución del monto de la multa impuesta en ejecución de la decisión favorable del recurso, no constituye una potestad discrecional de la Administración, por el contrario, es un verdadero deber jurídico derivado de una sentencia cuyos efectos son de obligatorio cumplimiento y cuya inobservancia genera responsabilidades personales y directas a los funcionarios públicos. Asimismo, la Sala ha precisado que la devolución de la multa no constituye una prestación de imposible ejecución, ya que una vez acordada la nulidad de la misma, basta la realización del correspondiente procedimiento administrativo, para que proceda el reintegro del dinero." (Negrillas nuestras). Finalmente, tomando en consideración que esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora tiene dentro de sus atribuciones ejercer la potestad regulatoria para el control, vigilancia previa, concomitante y posterior supervisión, autorización, inspección, verificación y fiscalización de la actividad aseguradora, desarrollada en el territorio de la República, o materializada en el extranjero, en tutela del interés general representado por los derechos y garantías de los tomadores, asegurados y beneficiarios de los contratos de seguros, de reaseguros, los contratantes de los servicios de medicina prepagada y de los asociados de las cooperativas que realicen actividad aseguradora, es por lo que este Organismo considera pertinente la publicación del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Publicaciones Oficiales, el cual dispone: "En la GACETA OFICIAL página original (tal como se publicó) [Página 26] DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, Se pUblICarán además los Decretos, Resoluciones y otros actos del Poder Ejecutivo que por mandato legal o a juicio de aquel requieran publicidad; sin perjuicio de que dichos actos tenga la debida autenticidad y vigor sin el requisito de la publicación." (Negrillas nuestras). En fuerza de las consideraciones que anteceden, y siendo que es deber fundamental de este Organismo velar porque los entes sometidos a su control den estricto cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la actividad aseguradora nacional, en beneficio de los contratantes, asegurados y beneficiarios de los seguros mercantiles y de la estabilidad del sistema asegurador, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora, por órgano de quien suscribe, JOsÉ LuIs PÉREZ, Superintendente de la Actividad Aseguradora, de conformidad con to previsto en la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros (vigente para el momento en que ocurrieron los hechos). DECIDE: Primero: Sancionar a la empresa BANEsCO SEGURoS, C.A., con multa pOr la Cantidad de VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 20.950,00) mOntO que corresponde a la sanción aplicada en su término medio de conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo 169 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, al transgredir lo dispuesto en los artículos 66 y 68 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, al utilizar una tarifa que no está aprobada por este Organismo, así como se encuentran vencidas las aprobaciones provisionales de las tarifas de las coberturas de Asistencia Médica Domiciliaria y Servicio Odontológicos en la Póliza de Salud Colectiva Nro. 1-11-557 para el período 2008-2009. Dicha multa deberá ser cancelada con el Formulario LIQ-01, que le será entregado una vez emitido por el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. Segundo: Exhortar a la empresa BANESCO SEGURoS, C.A., a que en lo sucesivo utilice en sus operaciones, únicamente los documentos que hayan sido debidamente aprobados por esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Contra la presente decisión la empresa BANEsCO SEGURoS, C.A. podrá intentar el Recurso de Reconsideración previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por ante el Superintendente de la Actividad Aseguradora, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo. Notifíquese y solicítese la emisión de las correspondientes planillas de liquidación. /aCsPdrz b 1020/ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA N°FSAA-2-3-0005?.1 Caracas, 2 3 FEB 2011 200° γ 151? I. ANTECEDENTES. Visto que mediante escrito recibido ei día 12 de marzo de 2010, signado en el control interno de correspondencia bajo el N° 00004487, el ciudadano José B. Sánchez, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.653.857, solicitó a este Organismo opinión respecto a la aplicación de un ajuste de prima efectuado por la empresa Interbank Seguros, S.A., con ocasión de la renovación de la Póliza de Hospitalización, Cirugía y Maternidad N° 0034-001-00-2105, para el período 2010/2011 (follos 1 al 11). Visto que en fecha 26 de octubre de 2010, mediante Providencia número FSS-2-3-003106 (folios 14 y 15), esta Instancia de Control inició una averiguación administrativa a la empresa Interbank Seguros, S.A., en virtud de los hechos expuestos por el mencionado ciudadano, con el fin de determinar si la aseguradora con su conducta incumplió lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros (vigente para el momento en que se emitió el contrato), sancionable de conformidad con el artículo 169 ejusdem. Visto que mediante Oficio número FSS-2-3-007293/00013085 de fecha 03 de noviembre de 2010, este Organismo notificó a la empresa Interbank Seguros, S.A. ta apertura de la averiguación administrativa y el lapso probatorio acordado. Este Oficio fue recibido por ta aseguradora el día 04 del mismo mes y año, según consta en el sello húmedo asentado en la copia que del citado Oficio reposa en el expediente del caso (folio 16). Visto que en fecha 09 de noviembre de 2010, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora envió por correo al ciudadano José 3. Sánchez, el Oficio número FSS-2-3-007294/00013086 de fecha 03 de ese mismo mes y año, acompañado de la Providencia de apertura de la averiguación administrativa a la empresa Interbank Seguros, S.A., indicándole el lapso probatorio acordado (folio 17). II. ALEGATOS DE LA ASEGURADORA. Visto que estando dentro del lapso legal, para esgrimir sus alegatos y pruebas en defensa de sus derechos e intereses, la representación de la empresa Interbank Seguros, S.A., mediante escrito recibido en fecha 18 de noviembre de 2010, signado con el N° 00024800 en el control interno de correspondencia (folios 18 al 20), señalaron un resumen de los antecedentes del caso, el cual involucra, las actuaciones llevadas a cabo desde la suscripción del contrato de seguro hasta la apertura de la averiguación administrativa. Asimismo, expusieron los siguientes alegatos que a continuación se transcriben en forma resumida, toda vez que reposan en el escrito que riela en el expediente del caso: En fecha 15 de febrero de 2001, el ciudadano José B. Sánchez, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.653.857, solicitó para él y su grupo familiar, una póliza de seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, por lo que fue emitido el contrato N° 34-01-002105, con vigencia desde el 15/02/2001 hasta el 15/02/2002, siendo renovado hasta 1a actualidad, con 1a exclusión en la renovación del año 2002 de uno de los hijos del mencionado ciudadano. Indicaron que en el mes de febrero de 2010, su representada se vlo en la necesidad de implementar una nueva tarifa comercial de Hospitalización, Cirugía y Maternidad Individual, "..en virtud del incremento de los costos Médicos - Hospitalarios por encima de la inflación en el sector salud al 31 de diclembre de 2009, de acuerdo a cifras del Banco Central de Venezuela.". Continuaron señalando que desde la suscripción del contrato de seguros, vale indicar desde el año 2002, se ha realizado en cada una de las renovaciones un incremento de la prima a pagar, toda vez que es una máxima de experiencia que la inflación anual es de aproximadamente treinta y cinco por ciento (35%) y más en el año 2010, cuando la moneda nacional sufrió una fuerte devaluación, que trajo como consecuencia que los costos de suministros de salud se incrementarán el doble del costo del año inmediatamente anterior, por lo que más que una máxima de experiencia es un hecho notorio y comunicacional. En vista de lo antes expuesto, recalcaron la necesidad por parte de las empresas de seguros de Incrementar los montos de las primas, toda vez que al incrementarse los costos médicos, indefectiblemente ello aumenta los costos de las aseguradoras en lo que respecta a las pólizas de seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, además que actuarialmente una prima insuficiente no puede soportar los siniestros amparados por el contrato de seguro suscrito. página original (tal como se publicó) [Página 27] Consideraron que el ajuste realizado a la mencionada póliza, se efectuó de conformidad con el incremento de los costos de los suministros médicos, los cuales han aumentado en virtud del alto índice inflacionario y la devaluación sufrida por la moneda nacional en enero de 2010, por lo que la aseguradora no incumplió lo señalado en el artículo 66 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros (vigente para el momento en que se emitió el contrato). Finalmente, solicitaron se ordene el cierre y posterior archivo del expediente administrativo. III. CONSIDERACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA. Antes de entrar a conocer los hechos, se hace necesario señalar que los hechos que a continuación se transcriben, ocurrieron bajo la vigencia de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros de fecha 08 de marzo de 1995, quien suscribe, en su carácter de Superintendente de la Actividad Aseguradora, acuerda que la situación denunciada sea examinada bajo la luz de ésta, la cual resulta aplicable para la fecha en que ocurrieron los hechos. Realizadas tales precisiones y siendo el momento de decidir, se observa que la presente averiguación administrativa tiene por objeto comprobar si la compañía Interbank Seguros, S.A. realizó un acto infractor de una conducta exigida por el ordenamiento jurídico que regula la actividad aseguradora; la determinación de la responsabilidad administrativa y la imposición de las sanciones a que hubiere lugar. En tal sentido, la averiguación que a través de este acto administrativo se decide, tiene por objeto determinar fa responsabilidad administrativa de la empresa Interbank Seguros, S.A., en lo que respecta a si la misma infringió el contenido del artículo 66 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, al ajustar la prima de la póliza de seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad N° 0034-001-00-2105, sin contar con la aprobación previa de esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Ahora bien, es necesario indicar que el articulo 69 del Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros exige que las tarifas utilizadas por las aseguradoras observen principios técnicos de equidad y suficiencia, y que sean el producto de la utilización de información estadistica que cumpla las exigencias de homogeneidad y representatividad. En efecto, el objeto de cualquier sistema de tarificación es obtener primas equitativas y suficientes. En tal sentido, el principio de equidad de la prima desde el punto de vista actuarial implica que en la elaboración de las tarifas deben considerarse los factores de riesgos que en mayor medida permitan explicar o conocer el comportamiento del costo del riesgo, siendo que estos factores deben valorarse en los niveles adecuados para evitar una excesiva dispersión en tal costo. Por su parte, el principio de suficiencia de prima busca garantizar la capacidad del asegurador para hacer frente a las obligaciones contraídas. Por otro lado, un instrumento técnico del cual se vale la actividad aseguradora para sumar herramientas que permitan alcanzar un adecuado equllibrlo en sus resultados, es el análisis de los riesgos, lo cual puede concretarse en el seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, entre otros mecanismos, a través de la información contenida en la solicitud de seguro y del uso de exámenes médicos, cuestionarios o declaraciones de salud. En ese orden de ideas, el artículo 66 de la 1.ey de Empresas de Seguros y Reaseguros establece que las tarifas que utilicen las aseguradoras se encuentren previamente aprobadas por la Superintendencia de Seguros (ahora Superintendencia de la Actividad Aseguradora); ello se debe a que la prima debe ser considerada bajo un doble enfoque: por una parte, configura una obligación fundamental a cargo del tomador, que representa la contraprestación de éste a la asunción de los riesgos por parte del asegurador por la otra, constituye un elemento esencial del seguro, en orden a la formación del fondo común para el pago de siniestros, de alí la necesidad que su pago se realice por anticipado. La doctrina ha señalado que "La prima es un elemento indispensable de la explotación en masa del seguro que hace posible el cumplimiento por el asegurador de sus obligaciones, al estar respaldado en cada contrato por el conjunto de las primas perclbidas." (Joaquín Garrigues. Et Contrato de Seguro Terrestre. Segunda Edición, Madrid, 1993, pág. 103). Sobre este particular, la prima pagada por el tomador -comercial o de tarifa-, está conformada por el valor real del riesgo (prima pura o neta), más los gastos de administración, las comisiones, etc.; siendo que a partir de la acumulación de riesgos el criterio de determinación de la prima varía según la mayor o menor probabilidad que se verifique el siniestro, aumentándola o disminuyéndola; por lo que de establecida la prima, ésta constituirá la contraprestación correspondiente a un rlesgo determinado, lo que presupone que cualquier interpretación sobre los alcances del mismo, que importen ampliar los beneficios acordados pueden llegar a producir un desequllibrio en el conjunto de las operaciones de la aseguradora." (Stiglitz, Rubén. Derecho de Seguros II, Tercera edición, Abeledo- Perrot, Buenos Aires, pág. 309). Es evidente que la prima pura (o neta) se refiere a la proporcionalidad del precio del seguro en relación de equivalencia con el riesgo, de forma tal que en la cuantificación de la prima deben incluirse elementos como: los gastos de adquisición, la consideración del riesgo en un tiempo determinado, la suma asegurada y la duración del contrato. Es por ello que, efectivamente la viabilidad técnica del contrato de seguro está unida al costo matemático del riesgo, en cuanto permite generar dicha estabilidad, aunque igualmente debe recordarse que el artículo 32 del Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro contempla el réglmen aplicable a la agravación del riesgo, cuando señala que cuando es conocido por la aseguradora la agravación del riesgo, ésta dispone de quince (15) días continuos para proponer la modificación del contrato o para notificar su rescisión, lo cual no sucedió, limitándose simplemente a emitir la renovación del contrato. Igualmente, olvida señalar la empresa Interbank Seguros, S.A. que la tarifa aprobada en el caso específico de la póliza de seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad utilizada, venció el 19 de mayo de 2007, tal como lo señala el Oficio N° FSS-1-1-457/4371 de fecha 19 de mayo de 2006, donde se le otorgó una vigencia provisional de un (1) año para su uso; siendo ello así y tomando en consideración que la emisión o renovación de la póliza de seguro en cuestión, se produjo el 15 de febrero de 2010, momento en el cual se le aplicaron dichos cálculos, evidentemente denota la infracción del artículo 66 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros. Visto que de los hechos antes expuestos quedó comprobada la violación por parte de la aseguradora al contenido del artículo 66 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros (vigente para el momento en que ocurrieron los hechos), es por lo que esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora sanciona a la empresa Interbank Seguros, S.A. con multa por la cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (BS. 14.750,00), suma que corresponde a un cuarto de la sanción aplicada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169 ejusdem, con ocasión de los hechos denunciados por el ciudadano José B. Sánchez, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.653.857, respecto a la aplicación de un ajuste de prima efectuado por la mencionada empresa en la renovación de fa Póliza de Hospitallzación, Clrugía y Maternidad N° 0034-001-00-2105, para et período 2010/2011, monto que resultó tomando en consideración el valor de la unidad tributaria vigente para el momento en que ocurrió a infracción (año 2010), cuyo valor para 1a fecha era de Sesenta y Cinco Bolívares (Bs. 65,00), de conformidad con el artículo 1° de la Ley que establece el Factor de Cálculo de Contribuciones, Garantías, Sanciones, Beneficios Procesales o de otra naturaleza, en leyes vigentes, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.362 del 26 de diciembre de 1997. La referida multa fue calculada aplicando el sistema de graduación de pena previsto en el Código Penal Venezolano, el cual prevé en su Título III, De la Aplicación de las Penas, artícuto 37, lo siguiente: "C'uando la ley castiga un delito o falta con pena comprendida entre dos limites, se entiende que lu normalmente aplicable es el término medio que se obtiene sumando los dos numeral y tomando la mitad. se la reducirá hasta el limite inferior o se la aumentará hasta el superior, según el mérito de las respectivas circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso concreto, debiendo compensárselas cuando las haya de uma y otra especie. página original (tal como se publicó) [Página 28] 384.242 GACETA OFICLAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA No obstante. se aplicará la pena en su límite superior o en el inferior. cuanulo asi lo disponga expresamente la ley, y también se traspasura uno u otro limite cuando así sea menester en virtud de disposición legal que ordene aumentar o rebajar la pena correspondiente al delito en una cuarta parte, que entonces se calculará en proporción a la cantidad de pena que el juez habría aplleado al reo si no concurriese el motivo del aumento o de la disminución. Si para el aumento o rebaja mismo se fijar en también slos límites, el tribunal hará dentro de estos el aumento o rehuja respectivo. según la mayor o menor gruvedul del hecho En tonlos estos casos se tendrá siempre preseme la regla dlel articulo 94.". Adicionalmente a lo precedentemente expuesto, la Administración al momento de calcular e imponer una multa de naturaleza administrativa, debe igualmente guardar la aplicación de lo previsto en la Ley que establece el Factor de Cálculo de Contribuciones, Garantías, Sanciones, Beneficios Procesales o de otra naturaleza en Leyes Vigentes, el cual dispone en su artículo 1° que: "Se sustituye en tas leyes vigentes al salario minimo como factor de cálculo de contribuciones, guruntias, sanciones, beneficios procesales o de otra naturaleza por el valor equivalente en bolívares a tres Unidades Tributarias (3 U.T).". Aplicando las consideraciones anteriores al presente acto administrativo, el monto de la multa aplicada a la empresa Interbank Seguros, S.A. por la violación al contenido del artículo 66 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, sancionable de conformidad con lo previsto en el artículo 169 ejusdem, se cálculo de fa siguiente manera: Salario Equivale al monto de Tres (3) U.T. Bs. 65,00 Es igual a Mínimo (Gaceta Oficial N° 39.361 de fecha decir: Urbano 04/02/2010 - vigente para el momento que Bs. 195,00 ocurrieron los hechos) Ahora bien, Multiplicado por 300 salarios Mínimo Uroano (Límite máximo de la pena) Es igual a Bs. 195,00 más 500 mil Bolívares (límite minimo Bs. 14.750,00 de la pena) entre Cuatro (4) (Un cuarto de la sanción) Finalmente, esta Superintendencia Seguros (ahora Superintendencia de la Actividad Aseguradora), se permite citar un extracto de la sentencia N° 1876 de fecha 20 de octubre de 2004, emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en la que se indica: "independientemente de las dificultades que en la práctica pueda conseguir un particular para obtener del Estado el reintegro del dinero erogado por concepto del pago de una multa, el carácter coactivo de las decisiones jurisdiccionales obliga a la Administración, en el caso de declararse con lugar el recurso incoado, a devolver el monto percibido por concepto de la multa anulada. En este sentido, debe quedar claramente establecido, que la devolución del monto de la multa impuesta en ejecución de la decisión favorable del recurso, no constituye una potestad discrecional de la Administración, por el contrario, es un verdadero deber jurídico derivado de una sentencia cuyos efectos son de obligatorio cumplimiento y cuya inobservancia genera responsabilidades personales y directas a los funcionarios públicos. Asimismo, la Sala ha precisado que la devolución de la multa no constituye una prestación de imposible ejecución, ya que una vez acordada la nulidad de la misma, basta la realización del correspondiente procedimiento administrativo, para que proceda ef reintegro del dinero." (resaltado nuestro). Finalmente, tomando en consideración que esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora tiene dentro de sus atribuciones ejercer la potestad regulatoria para el control, vigilancia previa, concomitante y posterior, supervisión, autorización, inspección, verificación y fiscalización de la actividad aseguradora, desarrollada en el territorio de la República, o materializada en el extranjero, en tutela del interés general representado por los derechos y garantías de los tomadores, asegurados y beneficiarios de los contratos de seguros, de reaseguros, los contratantes de los servicios de medicina prepagada y de los asociados de las cooperativas que realicen actividad aseguradora, es por lo que este Organismo considera pertinente la publicación del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Publicaciones Oficiaies, el cual dispone qUe: "Eu la GACETA OFICIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE PENEZUELA, se publicarán aulemas los Decretos. Resoluciones y Lunes 21 de marzo de 2011 otros actos del Podler Ejecutivo que por mandato legal o a juicio de aquel requieran publicidad: sin perjuicio de que dichos actos tengan la slebica autenticidad y vigor sin el requisito de la publicación.". (Énfasis nuestro). En fuerza de las consideraciones que anteceden, y siendo que es deber fundamental de este Organismo velar porque los entes sometidos a su control den estricto cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la actividad aseguradora nacional, en beneficio de los contratantes, asegurados y beneficiarios de los seguros mercantiles y de la estabilidad del sistema asegurador, quien suscribe, José Luis Pérez, Superintendente de la Actividad Aseguradora, de conformidad con lo previsto la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros (vigente para el momento en que ocurrieron los hechos). DECIDE: PRIMERO: Sancionar a la empresa Interbank Seguros, S.A. con multa pOr la cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA BOLIVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 14.750,00), en viSta que la mencionada aseguradora contravino la disposición contenida en el artículo 66 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, sancionable de conformidad con el artículo 169 ejusdem, por las razones precedentemente expuestas. Sanción que se impone tomando como base de cálculo el valor de la Unidad Tributaria vigente para el momento en que ocurrieron los hechos (año 2010), cuyo valor para la fecha era de Sesenta y Cinco Bolívares (Bs, 65,00), de conformidad con el artículo 1° de la Ley que establece el Factor de Cálculo de Contribuciones, Garantías, Sanciones, Beneficios Procesales o de otra naturaleza, en leyes vigentes, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.362 del 26 de diciembre de 1997. Dicha multa deberá ser cancelada ccn el Formulario LiQ-0i, que le será entregado una vez emitido por el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. SEGUNpo: Ordénese la publicación del presente acto administrativo, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Publicaciones Oficiales. Contra la presente decisión, la empresa Interbank Seguros, S.A. podrà intentar el Recurso de Reconsideración previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por ante el Superintendente de la Actividad Aseguradora, dentro de los quince (15) dias hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo. Notifíquese y solicítese la emisión de la correspondiente planilla de liquidación. UIS PÉR) SuperintendenAetivic Aseguradora Resolución No. 2.59--sdeero d 2010 C.O.R.B.V. No. 39.360 de fecha 3 de fe de 2070" REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Caracas, 23 FB 201 Providencia Nº 000530 200° y 151º Visto que en fecha 10 de noviembre de 2010, el ciudadano Lic. REINALDO RoDRiGUEZ, designado y adscrito a la Dirección de Auditoría, oe esta Superintendencia de Seguros ahora Superintendencia de la Actividad Aseguradora, debidamente autorizado y en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 12 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, en concordancia con el artículo 21 del Reglamento General de página original (tal como se publicó) [Página 29] Aplicación de dicha Ley, durante la inspección general practicada a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009 de la empresa BANEsCo SEGuRos, C.A., Inscrita en el Registro de empresas de Seguros llevado por este Órgano de Control bajo el N° 109, mediante dos (02) Actas Especiales levantadas en la citada fecha dejaron constancia de hechos que podrían constituir violación al Ordenamiento Jurídico que regula la actividad aseguradora. Visto que de conformidad con lo señalado en el artículo 21 del Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, la empresa BANEsCO SEGURoS, C.A. disponía de un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de cierre de la Inspección, a los fines que presentara sus observaciones a las Actas Especiales levantadas, lo cual realizó en fecha 29 de noviembre de 2010, mediante escrito signado con el N° 00029784 del control interno de correspondencia. Esta Instancia Administrativa, en la oportunidad de emitir su pronunciamiento en el presente caso girará las instrucciones pertinentes y establecerá las sanciones a que hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, instrumento normativo vigente para el ejercicio económico a inspeccionar. ACTA ESPECIAL N° 01 La presente acta especial tiene por objeto: "..dejar constancia que de revisión efectuada a la cuenta 207. Cuentas Diversas 01. Cuentas a Cobrar, presentada en el Balance de Situación ai 31/12/2009, por la cantidad de Noventa y Cuatro Miliones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mll Doscientos Cuarenta y Siete Bolívares con Ochenta y Ocho Céntimos (Bs. 94.448.247,88), se evidenció que la empresa aseguradora registró la cantidad de Quince Millones Cuatrocientos Doce Mil Selscientos Cuarenta y Seis Bolívares con Ochenta y Dos Céntimos (Bs. 15.412.645,82), por financiamiento de primas por parte de la empresafinanciadora de primas BAnEsco FINANCIADORA DE PRIMA, C.A., tal como se demuestra en el siguiente cuadro: Fecha Monto Fecha de Monto Fecha de Financiamiento Financiado Cancelación Vencimiento Cancelado 22-12-2009 08-01-2010 1.069.905,94 06-01-2010 1.069.905,00 2.537.560,12 2.537.560.12 23-12-2009 11-01-2010 08-01-2010 816.023,88 24-12-2009 12-01-2010 616.025,07 08-01-2010 28-12-2009 13-01-2010 2.329.540,37 13-01-2010 2.329.540.37 29-12-2009 14-01-2010 2.514.409,21 14-01-2010 841.725,63 30-12-2009 15-01-2010 1.531.104.08 15-01-2010 496.104.00 31-12-2009 18-01-2010 21-01-2010 7.521.787.82 4.814.102,03 TOTAL 15.412.846,82 15.412.648,82 No cumpliendo con la instrucción establecida en el Oficio N° HSS- 2-4548-06590 de fecha 23/07/1998, y recibida por la aseguradora el 28 de julio de ese mismo año, la cual dispone un plazo para realizar el cobro de diez (10) días hábiles siguientes de haberse producido el financiamiento, contraviniendo lo establecido eg el artículo 152 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros (vigente para el período evaluado), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela bajo el N° 4.865 Extraordinario de fecha 08/03/1995, el cual establece que: "Las empresas de seguros, en la colocación de sus recursos, no podrán otorgar préstamos o descuentos a los asegurados o contratantes con el objeto de cancelar el valor de las primas de los seguros que contraten (...)". De considerar procedente la observación señalada, la citada empresa de seguros deberá dar cumplimiento a las normativas vigentes". ΩBSERVACIONES DE LA EMPRESA DE SEGUROS Fecha de N° Fecha Monto Fecha de Monto Cancelado Finsnciado Canceiación Financiemiento Vencimiento 06-01-2010 1 069 905,94 08-01-2010 1.069.905,94 22-12-2009 1 2.537.560.12 2 537.560.12 2 23-12-2009 11-01-2010 08-01-2010 08-01-2010 616.025.07 3 24-12-2009 12-01-2010 616.025,07 2.329.540.37 2.329.540.37 28-12-2009 13-01-2010 13-01-2010 4 29-12-2009 14-01-2010 2.514.409,21 14-01-2010 2.514.409,21 5 30-12-2009 15-01-2010 1.531.104.08 15-01-2010 1.531.104,08 6 4.814.102.03 4.814.102,03 31-12-2009 18-01-2010 21-01-2010 7 15.412.646,82 15.412.648,82 TOTAL "... Por lo que respecta a la observación contenida en el Acta Especial N° 01, debe advertirse en primer lugar, que las primas correspondientes a los financiamientos identificados en el cuadro anterior, fueron pagadas por la BANESCO FINANCIADORA DE PRIMAS de la siguiente forma: Los identificados en el cuadro que antecede con los números 1 y 3, EN EL OCTAVO (8°) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a haberse producido el financiamiento. El identificado en el cuadro que antecede con el número 2, √ EN EL NOVENO (9°) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a haberse producido el financiamiento. Los identificados en el cuadro que antecede con tos números 4,5 y 6 EN EL DÉCIMO DÍA HÁBIL SIGUIENTE de haberse producido el financiamiento. Es por ello que, tal y como expresa el acta especial No 1, los pagos fueron realizados por BANESCO FINANCIADORA DE PRIMA en tiempo oportuno y en consecuencia, BANESCO SEGUROS recibió fos montos correspondientes a las primas financladas por la FINANCIADORA en el lapso establecido por la SUPERINTENDENCIA. Con lo cual, se evidencia que BANESCO SEGUROS no ha otorgado de manera directa ni indirecta crédito alguno con la finalidad de efectuar el pago correspondiente al monto de las primas debidas con ocasión a los contratos de seguro suscritos, sino que por et contrario, ha recibido de manera oportuna dichas cantidades de parte de la FINANCIADORA. (Omisis)... En efecto, el sentido del Oficio Nro. HSS-2-4548-06590 precisamente es ordenar la forma en la cual el pago debe ser efectuado por la FINANCIADORA de prima, sin embargo, la falta de pago dentro de ese lapso, no quiere, decir que entrañe necesariamente la realización de una conducta antijurídica o que_a través_ del mismo pueda entenderse que se ha_ otorgado un préstamo con el objeto de cancelar el valor de la prima de seguro. (Omisis)... Precisamente, el pago que la empresa FINANCIADORA de prima efectuó a nuestra representada, identificado en la tabla bajo el número 7, no puede entenderse como una operación que materiaimente origine una operación de financiamiento, toda vez que mi representada obtuvo el pago de la prima en un tiempo perentorio, tal y como lo reconoce el ACTA. Pero además, tampoco esto puede acreditar una conducta negligente de nuestra representada, pues de hecho, ha sido verificado anteriormente que BANESCO SEGUROS ha recibido de manera oportuna los montos por concepto de primas cobradas de parte de la FINANCIADORA y es por ello que el supuesto identificado con el número 7, no entraña ningún tipo de perjuicio económico para mi Representada. Debe además destacarse que, esta situación no implicó violación alguna de la LESYR ni de su REGLAMENTO, pues lo cierto es que mi representada no otorgó préstamo, descuento o financiamiento, que es la conducta prohibida en el artículo 152 de la LESYR, citado en el ACTA. Es por ello que queremos insistir en que se trató de un caso donde la prima si fue debidamente enterada y donde no hubo lesión del bien jurídico tutelado por esta regulación, a saber, la solvencia y solidez de la empresa aseguradora. Pero hay todavía otro argumento a considerar, que la fecha en la cual debía efectuarse el pago -primeros días de enero- se caracteriza por ciertas dificultades operativas propias del asueto decembrino y de las obligaciones formales que toda empresa debe cumplir al inicio del año. Luego, esta situación no supone violación del artícuto 152 de la LESYR, sino que además, puede ser excusado por la fecha en la cual se produjo, teniendo además en cuenta el principio general de buena fe, reconocido en la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. En resumen, en cuanto a la observación contenida en el Acta Especial N° 01, debemos señalar que (1) mi representada no ha incurrido en conducta prohibida en el articulo 152 de la LESYR, que prevé que las empresas de seguros en la colocación de sus recursos no podrán otorgar préstamos o descuentos a los asegurados o contratantes con el objeto de cancelar el valor de las primas de los seguros que contraten, toda vez que BANESCO SEGUROS no ha otorgado de manera alguna préstamos o descuentos con tales página original (tal como se publicó) [Página 30] características; (i) no puede acreditarse que nuestra representada incurrió en una conducta negligente que haya puesto en riesgo su solvencia, y finalmente (ii) la fecha en fa cual el plazo se verificó supone dificultades operativas derivadas del asueto decembrino anteriormente indicado". CONSIDERACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Ahora bien, en ese sentido es oportuno mencionar que por cuanto efectivamente la Superintendencia de Seguros (ahora Superintendencia de la Actividad Aseguradora) tiene la potestad de efectuar o ejecutar actos en función del control, supervisión y vigilancia del mercado asegurador, mediante providencias administrativas, órdenes, instrucciones o a través de circulares (artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos), giró las instrucciones contenidas en la Circular N° HSS-2-4548- 06590 de fecha 23 de julio de 1998, destinadas a la adopción de "...las medidas que considere necesarias, en relación con las financiadoras de primas con las cuales opera, a los fines de establecer acuerdos en el sentido de que el pago de las primas financiadas por éstas se efectúe en un lapso que no exceda de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que se otorgó el préstamo. Todo esto con el objeto de evitar que dichas operaciones puedan ser consideradas como financiamiento de primas por parte de la empresa de seguros.". En tal sentido, es preciso recordar que el artículo 152 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros es muy claro al establecer que las compañías de seguros no pueden otorgar préstamos o descuentos a los asegurados o contratantes con el objeto de cancelar el valor de las primas de los seguros que contraten, por cuanto éstas representan la contraprestación de la obligación asumida por el asegurador necesaria para preservar el equilibrio de los desembolsos que se efectúen en virtud de las indemnizaciones. Siendo ello así, la mejor manera de salvaguardar los intereses de los asegurados se da cuando se evita que las empresas de seguros incumplan parámetros legales dispuestos en la Ley que los rige. En otras palabras, como las primas representan el ingreso principal de las compañías de seguros y que por ello la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros prohibe su financiamiento por parte de las aseguradoras, sería imposible aceptar que las compañías de seguros utilizando mecanismos en apariencia apegados a una norma legal, incumpla otra que es de obligatorio acatamiento para este tipo de sociedades de comercio. Es necesario considerar que las aseguradoras no pueden otorgar a sus asegurados préstamos para el pago de la prima, y si ésta es pagada por la financiadora en nombre del asegurado, al existir un retardo considerable en el pago, vale decir, más de diez (10) días hábiles, podría entenderse en base al artículo 152 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, que el asegurador se encuentra financiando la prima por el período de tiempo que va desde la emisión de la póliza hasta el pago efectivo de la prima. Al respecto, en el Acta Especial N° 01 levantada por el funcionario actuante, se observa que la financiadora efectuó pagos parciales a la aseguradora respecto a las cantidades debidas, por lo que se deduce que BANEsCo SEGURos, C.A., recibió pagos por montos menores a los correspondientes por las primas financiadas. Visto que la regulación del financiamiento de primas, se fundamenta en el principio económico mediante el cual el monto de la prima debe ingresar enteramente al patrimonio de la empresa aseguradora, vale decir, en el lapso establecido en la Clrcular N° HSS-2-4548-06590 de fecha 23 de julio de 1998, cuyo contenido es conocido por la empresa BANEsCo SEGURos, C.A. Visto que de la revisión del caso, no se puede apreciar la cancelación de las pólizas en el lapso establecido por el Órgano de Control en el Oficio antes señalado. Así, la empresa BANEsCo SEGURos, C.A., teniendo conocimiento que las nórmas contenidas en la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros (vigente para el período evaluado), son de obligatorio cumplimiento, tal como la orden contenida en el oficio circular, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora estima que la mencionada aseguradora incurrió en responsabilidad administrativa al no haber exigido a la financiadora el pago oportuno de las respectivas primas que se refleren en el Acta Especial en análisis. En este sentido, se ratifica la misma y se deja para el final de la Providencia las sanciones a que haya lugar. ACTA ESPECIAL N° 02 La presente acta especial tiene por objeto: "...dejar constancia que de revisión efectuada la cuenta 2o7. Cuentas Diversas 02. Anticipo a Cuenta de Comisiones reflejada en el Balance de Situación al 31 de diciembre de 2009, por la cantidad de Ochocientos Cuarenta Mil Setecientos Sesenta y Siete Bolívares con Ochenta y Seis Céntimos (Bs. 840.767,86), de prueba selectiva realizada, se observó que la mencionada empresa de seguros no cobro en su debida oportunidad los anticipos a cuenta de comisiones otorgados, tal como se detalla en el cuadro siguiente: Fesha de Fecha d8 Seloo al Monto Original saldo al Fechs de Cancalación Mombre del Intemedaro 31-12-2909 3004/2010 Otorgaumienig Venciemianmto Be dal Ampcipo Agecias Sonda Checr Eduerdo Ra/ 21 272.73 11 272 0.00 0.020c2 24/12008 2402/2910 11/112009 19 990,82 18 839.4 1108/2009 0.00 250320-0 250220c 15082000 15/12/2009 28 479.43 Naera lore Angaca Joseéira 00c lu d pes 20 $73.11 : 586.94 0.00 0808/2010 01/092009 C1/12/2009 Andrada Z'amorano Heydy Alicas 8002/4 1–2 27.022010 29 815,38 23 616.18 23022070 0.00 *0145 1 932 48 100727 88 Egregou 2002/2040 31 887.71 Sarlancer Cortos 31 687,71 0.00 20112009 18 1209 18030319 Vaches Gonzalez y C 3 88.53 ss 0 s 0.0c 18-320-c 800221 /23 02/03/2015 Amata Abreu Leo e Enue 2 519.40 42 481.32) 00:0 25062010 0.00 Vadereme D'a Lues Gregor o 55 427 0 0413209 0405/2013 5 525.085 03/03230 16.831,8 161.08,42 0.0€ S.p-Tolar Sessieg Comtle de Sea 5/10r2009 80120:3 60.241,.67 126 84,72 0.00 La Coordnadore Socedad de Comelae de Seguros. C a C10229z 300 344 57 325 304.72 Sue-Tolal 0.00 Yolal General 0.00 $08.317,90 664.112.69 Los cuales no fueron cancelados en el plazo máximo de los noventa (90) días, tal como lo establece el Artículo 165, literal a del Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, que expresa textualmente " (...) Dichos anticipos cumplirán con las condiciones siguientes: a) Deberán ser cancelados en un plazo máximo de noventa días (...)", en concordancia con el Articulo. 151 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros _(vigente para el periodo evaluado), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 4.865 Extraordinario de fecha 08/03/1995, el cual establece "(...) deberán establecerse Garantias Hipotecarias o Prendarias suficientes para responder del cabal cumplimiento de las respectivas obligaciones (...) que permitan el cabal cumplimiento de las obligaciones por parte de los intermediarios de Seguros anteriormente señalados. OBSERVACIONES DE LA EMPRESA DE SEGUROS ".. (Omisis) La expresión "CANCELADOS" a la que se refiere el litera a) citado, en realidad, debe ser interpretada como sinónimo de pagados. Es decir, que los ANTICIPOs que se otorguen de acuerdo con el artículo 165 del REGLAMENTO, deben ser pagados por los deudores dentro del plazo allí indicado. La conducta que regula el literal a) es, pues, la del deudor, tanto así gue dicha norma se encuentra contenida dentro del CAPÍTULO IX DEL REGLAMENTO DENOMINADA "DE LOS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS", y no así la conducta de la Empresa de Seguros, toda vez que quien debe pagar el anticipo es, en efecto, el INTERMEDIARIO. Por lo tanto, si ese ANTCIPO no es pagado dentro del plazo, la conducta antijurídica sería cometida por el intermediario y no por la empresa de seguro, tanto así que si incumplimiento es sancionado con la imposibilidad de solicitar más ANTICIPOS durante 8 meses contados desde el último ANTICIPO no pagado. ...(Omisis) En realidad, pese a la diligencia de BANESCO SEGUROS, algunos intermediarios -no todos, como se verá- pagaron fuera del plazo que establece el REGLAMENTO. Se trata, en todo caso, de una conducta no imputable a nuestra representada, que no puede acreditar un manejo negligente de las cuentas por cobrar, como lo demuestra el bajo número de incidencias detectadas. ...(Omisis) página original (tal como se publicó) [Página 31] En todo caso, entendemos que el lapso de noventa (90) días a que alude el citado artículo 165 se cómputo por DÍAS HÁBILES y no por días continuos. Toda vez que el literal a), en efecto, solo alude a "90 días" sin especificar si son hábiles o continuos, siendo que de acuerdo Con la LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, debe tratarse de DÍAS HÁBILES (artíCulo 42). Por ello, sI tomados en cuenta el lapso de 90 DÍAS HÁBILES (de número de casos donde hubo pago extemporáneo por parte del Intermediarlo se reduce a cuatro (4), lo cual corrobora que no estamos ante una situación que acredite la negligente gestión de cobro de los anticipos en desmedro de la solldez del patrimonio de BANESCO SEGUROS. En abundancia a lo anterior, se trató —como bien señala el Acta- de ANTICIPOS ordinarios, pero no de préstamos a los que se contrae el artículo 151 de la LESYR, es decir, préstamos a mediano o largo plazo, que son los únicos que deben ser garantizados. La inaplicación de garantías en casos de ANTICIPOS queda definida en especial, al examinar tos extremos que, para esta concreta operación, detalla el ya citado artículo 165 det REGLAMENTO, en los cuales no se prevé la constitución de garantías... ...(Omisis) Finalmente, un aspecto que consideramos pertinente destacar, lo constituye el hecho que las demoras atribuibles a los intermediarios en el pago de los ANTICIPOS otorgados, en su aspecto económico no suponen de manera alguna perjuicio patrimonial a mi Representada, toda vez que los montos están suficientemente soportados por la RESERVA VOLUNTARIA, creada por mi Representada por la cantidad de Bs. 100.000,00; tal y como se evidencia del comprobante contable anexo marcado "B", y que adicionalmente, a ia fecha, las comisiones fueron pagadas en su totalidad. Por ello, en resumen, (i) el establecimiento de garantías reales aplica solamente para el CRÉDrro y no para la figura del ANTICiPO, cuyas regulaciones, tal como expusimos anteriormente difieren sustancialmente, (il) la falta de pago detectada en el ACTA Especial N° 02 no es imputable a mi representada sino a los intermediarios-deudores; (IlI) BANESCO SEGUROS a efectuado de manera constante la gestión de cobro de los ANTiCIPOS a los intermediarios; (iv) BANESCO SEGUROS no ha incumplido de modo alguno con las previsiones del artículo 151 de la LESYR, toda vez que ella aplica de manera exclusiva a los CRÉDrTOS y no a los ANTICIPOS, (v) el número de incidencias en la demora de los pagos por parte de los intermediarios es bajo, en especial, si se toma en cuenta que el lapso se determina por días hábiles y (vi) esta situación de modo alguno puso en riesgo la solvencia de la empresa, toda vez que existe una reserva voluntaria que la soporta.". CONSIDERACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Visto los argumentos de defensa expuestos por la empresa aseguradora, a través de la cual expresa su desacuerdo con el Acta Especial levantada, por cuanto se trata de una conducta no imputable a la aseguradora, manifestando que en todo caso la conducta antijurídica sería cometida por el intermediario y no por la empresa de seguro. En efecto, si bien constituye una obligación para los intermediarios de seguros cancelar los anticipos en el plazo establecido, no menos cierto es que las empresas deben igualmente procurar el cumplimento de tal normativa, por lo que en esta oportunidad se estima conveniente conminaria a prestar mayor colaboración al respecto, con la finalidad de dar estricto cumplimiento a la Ley que regula la materta. En este sentido, se decide dejar sin efecto el Acta Especial N° 02. En consecuencia, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora, por Órgano de quien suscribe, DECIDE: PRIMERO: Ratificar el contenido del Acta Especial N° 01. SEGUNDO: SanClonar a la empresa "BANESCO SEGUROS, C.A.", con multa por la cantidad de Veinticinco Mil Bolívares (Bs. 25.000,00), suma- que corresponde al término medio de la sanción prevista en el literal b) del artículo 169 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, por haber transgredido lo dispuesto en el artículo 152 ejusdem, (vigente para el momento de ocurrencia de los hechos), la cual deberá ser cancelada con el Formulario LIQ-01, que le será entregado una vez emitido por el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. (Acta Especial No 1). TERCERO: Dejar sin efecto el Acta Especial N° 02. CUARTO: Exhortar a la empresa "BANESCO SEGUROS, C.A." a que en lo sucesivo de cumplimiento a lo establecido en la Ley que regula la materia, (anteriormente la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, derogada ésta por la Ley de la Actividad Aseguradora, publicada en Ia G.O.R.B.V. N° 5990 Extraordinario de fecha 29 de julio de 2010, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.481 de fecha 05 de agosto de 2010). Contra la presente decisión la empresa "BANEsCO SEGURoS, C.A.", podrá intentar el Recurso de Reconsideración previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por ante el Superintendente de la Actividad Aseguradora, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de la notificación de esta Providencia. Notifíquese, uisPér Superintendente dala ActigioaAsggurador Resolución No 2593 de fecha-03 da entre de 2010 G.O.R.B.V. N° 39.360 de fecha 03 daenero·de 20 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS Superintendencia de la Actividad Aseguradora Providencia N° 2-β.00563 Caracas, 2 4FEB 2011 200° y 151° I.- ANTECEDENTES.- Visto que en fecha 11 de febrero de 2009, mediante escrito identificado con el N° 1899, el ciudadano Erasmo Álvarez, titular de la cédula de identidad N° 5.415.867, solicitó a este Organismo opinión respecto a la aplicación de un ajuste de prima efectuado en la renovación correspondiente al periodo 2008/2009 de su Póliza de Hospitalización, Cirugía y Maternidad identificada con el N° 828136013, suscrita con la empresa Seguros Caracas de Liberty Mutual, C.A. Luego de requerirle información a la empresa de seguros mediante los Oficios números FSS-2-3-003445/0007736, FSS- 2-3-005579/00011661 y FSS-2-3-001838/00003798, de fechas 6 de julio de 2009, 14 de septiembre de 2009 y 20 de marzo de 2010 respectivamente, en fecha 1 de octubre de 2010 esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora mediante Providencia N° 002800, ordenó la apertura de una averiguación administrativa a la empresa Seguros Caracas de Liberty Mutual, C.A., a fin de determinar si la misma transgredió el contenido de los artículos 66 y 68 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, norma vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, al ajustar la prima de la Póliza de Hospitalización, Cirugía y Maternidad identificada con el N° 828136013, sin la previa aprobación, lo cual fue notificado tanto a la empresa aseguradora como al denunciante, informándote de la apertura de un lapso página original (tal como se publicó) [Página 32] probatorio de diez (10) días hábiles siguientes a su recepción para alegar sus razones y remitir sus pruebas. II.- ALEGATOS DE LA EMPRESA ASEGURADORA.- La empresa Seguros Caracas de Liberty Mutual, C.A. en fecha 27 de octubre de 2010, remitió su escrito de pruebas identificado con el número 21652 de nuestro control interno de correspondencia, donde expuso entre otras cosas lo siguiente. La aseguradora señala que para la renovación de la póliza de seguros correspondiente al período de vigencia comprendido entre el 22 de enero de 2009 al 22 de enero de 2010, se incluyeron una serie de coberturas a los fines de ofrecer un mejor servicio sin que ello implicará que las mismas fueran de carácter obligatorio, tanto es así, que el asegurado el 27 de enero de 2009, solicitó la exclusión de dichas coberturas. Señala de igual forma, que en las diversas comunicaciones consignadas ante este Organismo, se señaló que uno de los planes implementados para el ramo de seguros de personas individuales, consistía en emitir y proponer de forma automática a los asegurados, para que éstas pudieran ser evaluadas por el interesado y decidiera si tenía interés o no en contratar las, lo cual no pudo lograrse a cabalidad por lo que se le ofrecía directamente al asegurado la opción de suscribir dichas coberturas adicionales. La empresa aseguradora rechaza el contenido de la Providencia N° 002800 del 1 de octubre de 2010, a través de la cual esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora inició el procedimiento administrativo,, ya que a su juicio no ha infringido el contenido de los artículos 66 y 68 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros y por ende tampoco el artículo 67 de su Reglamento de Aplicación al no haber modificado la tarifa aprobada en su oportunidad por este Despacho. En tal sentido señala, que efectivamente la empresa podía ofrecer un descuento en la renovación de las pólizas en virtud de no presentar reclamos, ello cuando no se afecte el equilibrio técnico del ramo, tal como lo dispone el artículo 69 del Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros y en el caso particular, la nota técnica se fundamentó en estudios dei año 2005, realidad que ha presentado una serie de variaciones, situación que ha conllevado a la aseguradora a tomar medidas a los fines de garantizar dicho equilibrio técnico que han sido informados a este Organismo en todo momento, solicitándose la aprobación de una nueva Nota Técnica y/o Reglamento Actuarial de la Póliza de Salud Individual, que no ha tenido respuesta. Por otra parte indica la empresa de seguros, que desde que fue aprobada la mencionada tarifa en el año 2006, la realidad del mercado se ha modificado haciéndose más compleja, señalando además que entre otras cosas el incremento de la inflación en los bienes y servicios de salud pagados por el consumidor y especialmente en los años a que se refiere las renovaciones de la póliza suscrita por el denunciante asciende al 133,6%, en donde los costos clínicos se han incrementado en un 210,6%, los honorarios médicos en 183,7% y el costo del siniestro promedio en 98,3%, todo ello basándose en la información recogida por el Banco Central de Venezuela. Señala la aseguradora, que al no mantenerse tarifas acordes con la realidad, se incumplan los principios técnicos de equidad y suficiencia de la prima que debe garantizar el Estado y las compañías de seguros, por lo que se afectaría la estabilidad de otros ramos y así la masa de asegurados, por lo que en el caso en comento, Seguros Caracas de Liberty Mutual, C.A., no aplicó el descuento establecido en su oportunidad en la tarifa aprobada por el Organismo. En atención a ello, estima la aseguradora que en ningún momento ha habido la intención dolosa de infringir normas legales, solicitando en consecuencia el cierre del presente procedimiento administrativo. III.- CONSIDERACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA.- La averiguación que por este acto se decide, tiene por objeto determinar la responsabilidad administrativa de la empresa Seguros Caracas de Liberty Mutual, C.A. en Cuanto a si la misma transgredió el contenido de los artículos 66 y 68 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, al ajustar las primas de la Póliza de Hospitalización, Cirugía y Maternidad identificada con el N° 828136013, sin la previa aprobación de esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Antes de continuar con el análisis del caso, considera este Organismo aclarar, que si bien fue promulgada la nueva Ley de la Actividad Aseguradora el 29 de julio de 2010, mediante la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.990 Extraordinaria, reimpresa por error material el 5 de agosto de 2010, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.481, el presente caso será ventilado de acuerdo a lo previsto en la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros del año 1995, puesto que era la Norma vigente para el momento en que sucedieron los hechos. Ahora bien, el artículo 69 del Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros exige que las tarifas observen principios técnicos de equidad y suficiencia, y que sean el producto de la utilización de información estadística que cumpla las exigencias de homogeneidad y representatividad. En efecto, el objeto de cualquier sistema de tarificación es obtener primas equitativas y suficientes. El principio de equidad de la prima desde el punto de vista actuarial implica que en la elaboración de las tarifas deben considerarse los factores de riesgos que en mayor medida permitan explicar o conocer el comportamiento del costo del riesgo, siendo que estos factores deben valorarse en los niveles adecuados para evitar una excesiva dispersión en tal costo. El principio de suficiencia de la prima busca garantizar la capacidad del asegurador para hacer frente a las obligaciones contraídas. Por otro lado, un instrumento técnico de que se vale la actividad aseguradora para sumar herramientas que permitan alcanzar un adecuado equilibrio en sus resultados, es el análisis de los riesgos, lo cual puede concretarse en el seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, entre otros mecanismos, a través de la información contenida en la solicitud de seguros y del uso de exámenes médicos, cuestionarios o declaraciones de salud. Sobre el particular, no existen restricciones, legales o técnicas, que impidan a La Oriental de Seguros, C.A. hacer uso de tales mecanismos, independientemente que se trate de un seguro individual o colectivo. En este mismo orden de ideas, el artículo 66 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros exige que las tarifas estén previamente aprobadas por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Ello se debe, a que la prima debe ser considerada bajo un doble enfoque: por una parte, configura una obligación fundamental a cargo del tomador, representa la contraprestación de éste a la asunción de los riesgos por parte página original (tal como se publicó) [Página 33] del asegurador (artícuto 20 del Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro), y, por la otra, constituye un elemento esencial del seguro, en orden a la formación del fondo común para el pago de siniestros, de allí la necesidad que su pago se realice por anticipado. El autor Joaquín Garrigues en su obra Contrato de Seguro Terrestre, señala: "La prima es un elemento indispensable de la explotación en masa del seguro que hace posible el cumplimiento por el asegurador de sus obligaciones, al estar respaldado en cada contrato por el conjunto de las primas percibidas." (Obra citada, Segunda Edición, Madrid,1993, página 103). Sobre este particular, fa prima pagada por el tomador -comercial o de tarifa-, está conformada por el valor real del riesgo (prima pura o neta), más los gastos de administración, las comisiones, etc.; siendo que a partir de la acumulación de riesgos el criterio de determinación de la prima varía según la mayor o menor probabilidad que se verifique el siniestro, aumentándola o disminuyéndola; por lo que de acuerdo con lo expuesto por el autor Rubén Stiglitz: "...una vez establecida la prima, ésta constituirá la contraprestación correspondiente a un riesgo determinado, lo que presupone que cualquier interpretación sobre los alcances del mismo, que importen ampliar los beneficios acordados pueden llegar a producir un desequilibrio en el conjunto de las operaciones de la aseguradora." (Stiglitz, Rubén. Derecho de Seguros II, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Página 309). Es evidente que la prima pura (o neta), se refiere a la proporcionalidad del precio del seguro en relación de equivalencia con el riesgo, de forma tal que en la cuantificación de la prima deben incluirse elementos como: los gastos de adquisición, la consideración del riesgo en un tiempo determinado, la suma asegurada y la duración del contrato. En definitiva, la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros establecía claramente que las empresas aseguradoras no pueden alterar las tarifas aprobadas sin la previa autorización de este Organismo, tal como se dispone en su artículo 68. De acuerdo a los argumentos expuestos por la empresa de seguros, se observa la transgresión de 1os artículos 66 y 68 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, por cuanto afirma no haber aplicado el descuento previsto en la tarifa aprobada por este Organismo en su oportunidad. Por último debemos indicar, que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 01 de junio de 2004, señaló que la aprobación previa de los documentos utilizados por las aseguradoras en sus operaciones, por parte del Órgano Supervisor es un requisito de validez del contrato. En consecuencia, vistas las consideraciones anteriores, quien suscribe, José Luis Pérez, Superintendencia de la Actividad Aseguradora, en ejercicio- de las facultades que le otorga la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, DECIDE PRIMERO: Sancionar ala empresa Seguros Caracas de Liberty Mutual, C.A. con multa por la cantidad de Vinticinco Mil Bolívares (Bs. 25.000,00), sanción que corresponde a la pena media contemplada en el artículo 169 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, tomando como base de cálculo el valor de la Unidad Tributaria vigente para el momento en que se produjo la infracción de Cincuenta y Cinco Bolívares (Bs. 55,00), de conformidad con lo previsto en el artículo 1º de la Ley que establece el Factor de Cálculo de Contribuciones, Garantías, Sanciones, Beneficios Procesales o de otra Naturaleza en Leyes Vigentes, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.362 del 26 de diciembre de 1997, al ajustar la prima de la Póliza de Automóvil N° 59954, sin la previa aprobación de esta Superintendencia de Seguros, contraviniendo el contenido de los artículos 66 y 68 ejusdem. SEGUNDO: Ordenar a la empresa Seguros Caracas de Liberty Mutual, C.A. a que en futuras oportunidades solicite previamente, de conformidad con lo previsto en la Ley de la Actividad Aseguradora, los ajustes en las tarifas y condiciones de las pólizas de seguros que pretenda comercializar. Contra la presente decisión podrá ser interpuesto el Recurso de Reconsideración previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos,. por ante el Superintendente de la Actividad Aseguradora, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su notificación, Notifíquese y Publíquese. oprinp Resolución2.5p3 de fechade 2010 G.O.R.B.V. No.sOach: de 2040- REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PLANIFICACIÓN Y LAS FINANZAS CORPORACIÓN PARA LA ZONA LIBRE PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA EN LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ (CORPOTULIPA) Pueblo Nuevo, 21 de Enero de 2011 Años 151° y 200° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 6722 La Junta Directiva de la Corporación para la Zona Ubre para el Fomento de la Invensión Turística •n la Península de Paraguaná, "CORPOtuupA", en sesión N° 169, del21 de Enero de 2011 y en uso de las atribuciones que le confieren el Ordinal 4, del Arlículo 8 de la Ley de Creación y de Régimen de lo Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la Peninsula de Paraguaná, Estado Falcón. CONSIDERANDO Que es competencia de la Junto Directivo como máxima autoridad de la Corporación, designar y autorizar al Presidente y demás miembros de la Corporaclón para la Zona Ubre para el Fomento de la Inversión Turústica en la Península de Paraguané, "CorPotuupA", para la realización de todos las operaciones necesarias para el cumplimiento del buen desarrollo de la actividad turística de la Zona Libre. CONSIDERANDO Que la Junta Directiva, en el ejercicio de sus funciones, podrá, medlante Providencias Administrativas. constituir provisionalmente. Camité Técnicos Adhoc, que servirán de Órganos de auxilio en el estudio y evaluación de iniciativas, proyectos, contratación de obras, servicios, adquisición de bienes y el establecimiento de estrategias promocionales, entre atras, que redunden en beneficio del régimen de Zona libre. Que a los fines de lo estabiecido en el artículo 3 ordinal 1 de la Ley de Contrataciones Públicas, la Corporación para la Zena Ubre para el Fomento de la Inversión Turistica en la Península de Paraguaná, "CorPotuuPa constituye un Ente contratante por ser un Instiuto Autónomo de la Administrasión Pública descentralizada. CONSIDERANDO Que en cumplimiento dei arículo 15 de la Ley anteriormente citada, es deber de la Junla Directiva la creación y conformación de las comisiones de contrataciones y podrá realizar sus funciones a tiempo completo a en tiempo parcial, dependiendo el volumen de los procesos que manejar o de la complejidad de los mismos. página original (tal como se publicó) [Página 34] RESUELVE PRIMERO: Ratificur y Autorizar la designación de nuevos miembros quu conformará el Comité de Contralacionos Públicos de CORPotuLiPA paro el Periodo Fiscal 201 1. SEGunDo: La Constilución del referido Comité estado integrada por miembros de cahficada y reconocido capacidad técnica. Los cuales se indican continuación. TERCERO: De la designación de miembros: COMITÉ DE CONTRATACIONES PÚBLICAS C.1 Corgo en la 3uplente ds Mamhleral Cerponación V-15.982 692 Conlador II V-10.973 640) Anolsla de Icdo. Jorge Hnanciero Lcdo. Roiao Medino AcoCio 13 V-7.573.585 1.5.0 sn) Promolor de Gle. V.12.497.540 recnco Ing. Herymart Proy Soclo- López Cerlslcaclón y Cahna connlonos Reghstro V .18.679 242 Austente V-7.520.504 Consultor Rujono Br. Legol Juriaico Mothalle Juridico Ishilgi10 V.17.726 463 1.5.0 Promotur de V-14.074075 Comprodon 1n no Yols Lcdo. Secrelarla Loury Mercadero y V.17.499 198 Doniel 1.5.U Convpiodori T.S.U · Doniol V.9.803.625 Coord, Blonens y Coordinodor Mora Gomboa Sarvici0s cu Arro: La referida Comisión tendrá entre sus atibuciones, las contenidos en el articulo 16 del Reglomento de la Ley Orgánica de Conirataciones Públicas. sin perjuicio de las atribuciones previstas en lo ley ejusdem. Quinto: Asimismo la comisión a la que se hace relerencia. deberá ordenar y fijar sus actuaciones de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Procedimlento de Compra oContralaciones aprobado por la jymto Directiva para tales fines. sExto: Queda facultada la referido comisión cora levantar sus actuaciones mediante actas o informes que deberán suscribir todos sus miembros en seña! de conformidad. SEPTimO: Queda derogada la providencia N° 6013 de fecho 10 de Agosto de 2010. que reguia lo conformación de los miembros do Comisión de Contrataciones de CORPOrULIPA para el periodo 2010. octAvo: El Presidente y Miembros de la Junta Directiva de la Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Imvensión Turística en la Península de Paraguaná, "COrpotuipA". velarór por el cumplimiento de la presente Providencia :os veintiún (21) dios del mes de enero de dos mil once (2011). Por la JunDIre Lcdo. JosN Presidegté MINISTERIOS DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS, PARAEL COMERCIO, PARALAAGRICULTURA YTIERRAS, PARALAALIMENTACIÓN Y PARACIENCIA, TECNOLOGÍA E INDUSTRIAS INTERMEDIAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN DM/N° 3001. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN DM/N° MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN DM/N° 041. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN DM/N° 007-11. MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INDUSTRIAS INTERMEDIAS DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN DM/N° 044. CARACAS, 21 DE MARZO DE 2011 Años 200° y 152° Por cuanto, la Constitución de la República Bollvariana de Venezuela establece que el Estado debe garantizar la seguridad alimentaria de la población, la cual se alcanzará desarrollando y privileglando la producción primaria de las actividades agrícolas, vegetal, pecuario, acuícola, pesquera y forestal, en tal sentido le corresponde dictar medidas de orden financiero, comercial, y cualesquiera que fueren necesarias para alcanzar los niveles estratégicos de autoabastecimiento y así promover acclones para compensar las desventajas proplas de la actividad agrícola; Por cuanto es obligación del Estado garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria, en concordancia con los Ilneamlentos, principios y fines constitucionales y legales en materia de seguridad y defensa Integral de la Nación, Por cuanto, le corresponde al Ejecutivo Nacional a través de sus órganos competentes, asegurar la distribudón de la producción nacional agroalimentaria con el propósito de atender la satisfacción de las necesidades básicas de la población, Por cuanto existe un conjunto de productos de la agrupación de allmentos sujetos al control de precios que tienen una alta ponderación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (InPC) y no han sido ajustados desde hace dos años en promedio, teniendo en su estructura de costos un componente importado que ha sido afectado por la reciente unificación cambiaria, Por cuanto el Ejecutivo Nacional en articulación con el Banco Central de Venezuela ha realizado el estudio correspondiente tomando en consideración los factores incidentes en la estructura de costos así como los impactos en la dinámica inflacionaria de cada uno de los productos para el ajuste de precios, De conformidad con lo establecido en el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las atribuclones previstas en el artículo 77, numerales 1 y 27, del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Adminlatración Pública, en el numeral 4 del artículo 20 del Decreto N° 6.071 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Seguridad y Soberanía Agroalimentarla, y en el artículo 5 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios; en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Nº 2.304 mediante el cual se Declaran Bienes y Servicios de Primera Necesidad en todo el Territorio Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.626, de fecha 6 de febrero de 2003 y con lo estipulado en los numerales 1 y 35 del artículo 2º del Decreto N° 7.187 de fecha 19 de enero de 2010, mediante el cual se fusionan el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarroilo y el Ministerlo del Poder Popular para Economía y Finanzas, para conformar el Minlsterio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, publicado en la Gaceta Oficlal de la República Bolívariana de Venezuela N° 39.358 de fecha 01 de febrero de 2010, corregido por error material en la Gaceta Oficial de la Repúbllca Bolivariana de Venezuela Nº 39.372 de fecha 23 de febrero de 2010 y cuya última corrección por error material se publica en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela N° 39.377 de fecha 02 de marzo de 2010; los artículos 11 numeral 1, 14 numerales 1 y 18, 23 numerales 12 y 23, y 26 numerales 1 y 11 del Decreto N° 6.732, sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Públlca Nacionai de fecha 2 de junio de 2009, publicado en la Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202 de fecha 17 de junio de 2009, Estos Despachos dictan la siguiente, RESOLUCIÓN CONJUNTA QUE FDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL EL PRECIO MÁXIMO DE VENTA AL PÚBLICO (PMVP) DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS INDICADOS. Artículo 1. Se fija en todo el territorio nacional el Precio Máximo de Venta al Público (PMvP) para los sigulentes productos alimenticios: N° PRESENTACIÓN PRODUCTOS PMVP COMERCIAL (Bs.F.) 5,52 Pan de Trigo salado de panadería. 1 Kg 1 4,33 2 1 Kg Pastas Alimenticias elaboradas con Mezcla de Trigo (Sémoia Durum y 2,70 500 g Sémola) 250 g 1,73 Los Precios Máximos de Venta al Públlco (PMVP) no incluyen el monto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando fuere procedente. Artículo 2. El Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) fijado en la presente Resoludón, deberá ser impreso por el fabricante o importador en el cuerpo o envoltorlo del producto. En los casos en que la naturaleza del blen no permita el marcaje del precio en el cuerpo del producto, o éste no se mantenga en el producto al momento de su venta al consumidor, se deberá indicar el mismo en listas de precios o carteles de predos por los expendedores, en lugares accesibles y fácilmente visibles por el consumidor. Artículo 3. El proveedor deberá marcar en el cuerpo del producto o Indicar en la lista respectiva, según sea el caso, el precio de venta al público (PvP) página original (tal como se publicó) [Página 35] máximo de venta al público (PMvP), marcado por el fabricante o importador. Tal disposición se aplicará a los alimentos regulados y a los no regulados por esta Resoluclón. Artículo 4. Cuando el Predo de Venta al Público (PVP) marcado, Impreso o anunciado en listas, resulte superior al Preclo Máximo de Venta al Púbilco (PMVP) fijado en esta Resolución, el producto deberá expenderse al precio más bajo, de conformidad con lo establecido en La Ley de Reforma Parcial de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Artículo 5. Los propietarios o responsables de los establecimientos comerciales son garantes solidarios con el sector fabricante o importador, de que los productos alimenticios indicados en el artículo 1 de esta Resolución tengan el marcaje Impreso, en el envase o envoltorio del producto, el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) fijado por el Ejecutivo Nacional, salvo que la naturaleza del bien no permita este marcaje. Artículo 6. El fabricante e importador de los productos alimenticios que tienen los precios regulados por esta Resolución, deberán cumplir con las normas y reglamentaciones técnicas establecidas por estos productos. Igualmente, los comerciantes deberán cumplir con las normas y reglamentaciones técnicas, en materia de información al consumidor o asociadas a la comercialización en el mercado nacional. Artículo 7. Los propietarios o responsables de establecimientos comerciales deberán exhibir con preferencia a sus semejantes no sujetos a control de precios, los productos señalados en el artículo 1 de esta Resolución. Artículo 8. Toda empresa fabricante, importadora, así como los propietarios o responsables de los establecimientos comerciales mayoristas y detallistas de los productos alimenticios descritos en esta Resolución, deberán garantizar en todos los eslabones de la cadena de comercialización nacional, el expendio de las presentaciones, modalidades y denominaciones comerciales sujetas a control de precios. Artículo 9. Los productos alimenticios contenidos en el artículo 1 de la presente Resolución están sometidos a control de precios por el Ejecutivo Naclonal, independientemente de su presentación comercial. En consecuencia, las presentaciones comerciales que no tengan fijado el respectivo Precio Máxlmo de Venta al Público (PMVP) y su marcaje en el cuerpo o envoltorio del mismo, no deberán ser comercializados en el mercado nacional. Artáculo 10. En los casos en que se verifique el incumplimiento de las disposiciones señaladas en esta Resolución, así como de la normativa vigente que rige la materia, los Ministerios del Poder Popular Involucrados en la presente Resolución, actuarán conforme a lo estabiecido en el Título VII del Decreto N° 6.071 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroafimentaría, sin perjuicio de la aplicación de la Ley de Reforma Parcial de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, por parte de la autoridad competente. Artículo 11. A partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, se derogan los Preclos Máxlmos de Venta al Público (PMvP) para el Pan de Trigo Salado y las Pastas Allmenticias, fijados por el Ejecutivo Nacional en Resoluciones anteriores a esta. Artículo 12. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su pabllcación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y deroga cualquier disposición de Igual o Inferior jerarquía que colida con lo aquí dispuesto. Comuníquese y publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, JORGE GIORDANI MINISTRO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS EDMÉE BETANCOURT MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO JUAN CARLOS LOYO MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS CARLOS OSORIO ZAMBRANO MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INDUSTRIAS INTERMEDIAS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 8 CARACAS,18 M6:. 2011 AÑOS 200° Y 152° De conformidad con lo previsto en los artículos 62 y 77.26 del Decreto N° 6.217 15 de jullo de 2008. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008; en los artículos 5. 19.2 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta septiembre de 2002; en 1os articulos 33 y 34 del Decroto N° 6.732 sobre la Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, de fecha 02 de junio de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202, de fecha 17 de junio de 2009; en concordancia con el articulo 90 del Decreto N° 6.076. contentivo del Reglamento Orgánico del Ministerio del PoderPopular para la Educación Supenior, de fecha 14 de mayo de 2008. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.032, de fecha 07 de octubre de 2008, POR CUANTO El supremo compromiso y la mayor eficacia política y calldad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la República Bolivariana de Vanezuela, basado en principios humanistas, se sustenta en condiciones morales y éticas que persiguen al desarrollo de la patria y del colectivo, RESUELVE ne n e e de le cédula de identidad N° 10.217.970, como Coordinadora (E), cargo adscrito a la Oficina de Consultoría Juridica del Ministero del Poder Popular para la Educación Universitaria. Artículo 2. Se delega en la referida ciudadana, la firma de documentos dirigidos a otras dependencias de aste Ministerio, previa instrucción del Director o Directora de la Oficina de Consultoría Jurídica. sobre los documentos suscritos por delegación, al Director o Directora de la Oficina de Consultoría Jurídica. Artículo 3. La funcionaria designada, antes de tomar posesión de su cargo. deberá prestar juramento de cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República, los deberes inherentes al cargo y rendir cuentas del mismo en los términos y condiciones que determine la ley. Artículo 4. A partir de la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezvela, quedará sin efecto la Resolución N° 859. de fecha 04 de enero de 2011, publicada en la Gaceta Oficiel de la República Bolivariana de Venezuala N° 39.586, de la misma fecha. omuniguagp y Publiquese, TIARIEAEAADIRA CÓRDOVA Ministra daldgCpular para la Educación Universitaria página original (tal como se publicó) [Página 36] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 8O CARACAS, 18 FBR. 2311 AÑOS 200° Y 152° De conformidad can lo dispuesto en el artículo 6 des Reglamento de la Universidad Nacional Abierta, reformado mediante Resolución N° 1.600 de fecha 16 de septiembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No 5.098 Extraordinario, de fecha 18 de septiembre de 1996, POR CUANTO El sup:amo compromiso y la mayor eficacia política y calidad revoludonaria en la construcción del Socdaliemo,la refundación de laRepública Bolivariana de Venezuela, basado en principios humanistas, se sustenta en condidones morales y éticas que persiguen el desarrollo de la patria y del colectivo, RESUELVE Articulo 1°. Se sustituye en la Cudadana TIBISAY CRUZ HUNG RICO, Utular de la cédula de Identidad #° 2.764.747, Adjunta al Despacho de la Directora (E) de l8 Oficina de Planificadón del Sector Universltarlo del Consejo Naclonal de Universidades (CNU), la representación de la Directora (E) de esa Oficina Técnica, ante el Consejo Superior de la Universidad Naclonal Ablerta (UNA), Artículo 2°. Se designa al cudadano VZRGILIO ALFONSO ROA RIVAS, titular de la cédula de idenddad Nº 6.431,513, suplente de la Directora (E) de la Oficina de Planificacón del Sector Universitarlo del Consejo Nacional de Universidades (CNU), ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional Ablerta (UNA). Articulo 3°. La prasente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, fecha a partr de la cual dejará de surtir efectos la Resolución N° 949 de fecha 28 de febrero de 2011, publicada en la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.625 de la misma fecha. ,ALV ,penuníquęsey Publíquese, MARLKINEYADIRA CÓRDOVA Ministra del Padei Popular para la Educación Universitaria MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN Repuúbica Bulvanana de Veorzuela roseno del Pode lopalar para la bdacapión onaonp pp opere:] DM/ N° Caracas, 017 21 DE MARBO DE 201F 200° y 151° Con el Supremo compromiso y voluntad de lograr una mayor eficacia política y calidad revoluoonana en la construcción del Socialismo, la refundación de la Nación Venezolana, basado en pnncipios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 62 y numeral 15 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el articulo 4 de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011 y en el artículo 86 del Reglamento No 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público Sobre el Sistema Presupuestario, se procede a la publicación del Traspaso de Créditos Presupuestarios entre Gastos de Capital aprobado por este MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION, POr la Cantidad de SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA BOLÍVARES (Bs.7.779.970), de acuerdo a la siguiente Imputación presupuestaria: Fuente de Financiamiento: Ingresos Ordinarios ACC ONO UCHA 0rA ADWd 08M PART UEL ACC GENT. PARTIDA CEDENTE de Funoionemlento 7.779.970 Planteles Educativos 100069 Dotar de meterlalse, suministros y mercancías y prestar servicios a planteles del Nivel de Educación Primarla a través de gastos 002 7.779.970 de funalenamiento Zonas Educativas 10025 Coordinaclón Zonal 7.779.970 7.778.970 Activos reales 00 00 00 404 Equlpos de transporte, 04 00 00 7.779.970! tracción y @elevación Vehiculos automotores 01 00 7.779.970 terrestres PARTIDA RECEPTORA de Funclonamiento 100059 Planteles Educatlvos 7.779.970! Dotar malerlales, de suministros y mercancías y prestar servicios a planteles del Nivel de Educación Primaria a través de gastos 7.779.970 002 de funoionamlento Direoción del Despaohe 01101 7.779.970 404 00 7.779.870 00 00 Activos reales Equlpos clentífioos, religiosos, de enseñanza y 07 00 7.779.970 00 recreación Equipos de enseñanza. 02 00 7.779.970 deportes y recreación Total...... 7.779.970 Comuniquec®y Publiquese, VANN DEL CAREN NANSON FLORES inistra del PoderPoplarpara la Educacón República Bolivariasa de Venezuela Minsterio del Poder Popular pana la Edocación Despacho del Ministro de 2011 Caracas, 1A de Marzo DM/N° 015 200° Y 152° En ejercicio de las atribuclones conferidas en el numeral 19 del artículo 77 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública, concatenado con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concordancia con lo establecido en la Cláusula Décima Cuarta de los Estatutos Socales de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática *FUNDABIT", este Despacho, RESUELVE Designar al CiUdadanO FRANKLIN ALPREDO ALBARRAN SANCHEZ, titular de la cédula de identidad No V- 6.314.063, como PRESIDENTE ENCARGADO DE LA FUNDACIÓN BOLIVARIANA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA "FUNDABIT", ente adsCritO a este Ministerio, a partir de su publicación en la Gaceta Oficlal-a e Repúbllca Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y pybriquase, Maryann Hansøn Flores Ministra del Poder Populaf para la Edacación Repubica Boivanana de Venczuela Ministeno del Poder Popular para la Educacón de 2011 DM/N° Caracas,18 016 de Marzo 200° y 152° Por cuanto en la Resolución N° 011 del 04 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.629, de la misma fecha, mediante la cual se designó a la ciudadana Nieves Rojas como Directora General Encargada de Educación Primaria Bolivariana adscrita al Despacho del Viceministro para la Articulación de la Educación Bolivariana, del Ministerio del Poder Popuiar para la Educación, se Incurrió en el siguiente error material: Donde dice: *Artículo 1. DesIgnar a la Ciudadana NIEVES ROJAS MONTESINOS, titular de la cédula de identidad N° V. 6.018.321, como Directora General Encargada de Educación Primaria Bolivarlana, adscrita al Despacho del página original (tal como se publicó) [Página 37] GACETA OFICLAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 21 de marzo de 2011 Debe decir: "Artículo 1. Designar a la Cludadana NIEVES TEODORA ROJAS MONASTERIO, titular de la cédula de identidad N° V- 6.018.321, como Directora General Encargada de Educación Primaria Bolivariana, adscrita al Despacho del Viceministro para la Articufación de la Educación Bolivariana, a partir del 04 de marzo de 2011, ..". Se ordena su corrección de conformidad con lo dispuesto en el articulo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y en consecuencia procédase a su reimpresión, subsanándose el referido error material y manteniéndose el número, fecha, firma y demás datos a que hubiere lugar. Comuníquese y publíquese. MARYANN HAASON FLORES Repibuca Boitvariana de Venezuca Ministerio del Poder Populas para la Euxación Despacho dei Ministo DM/N° 011 04 de marzo de 2011 Caracas, 200° y 152° Con el supremo compromiso que la Administración Pública esté al servicio de las personas y su actuación dirigida a la atención de sus requerimientos y a la satisfacción de sus necesidades, de conformidad con las atribuciones establecidas en los artículos 5 numeral 2, 19 último aparte y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, concatenados cn los artículos 34, 62 y 77, numeral 26 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 1 del Reglamento sobre Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional; este Despacho, RESUELVE Articulo 1. Designar a la ciudadana NIEVES TEODORAROJAS MONASTERIO, titular de la cédula de identidad N° V- 6.018.321, como Directora General Encargada de Educación Primaria Bolivarlana, adscrita al Despacho del Viceministro para la Articulación de la Educación Bolivariana, a partir del 04 de marzo de 2011, quien ejercerá las funciones previstas en el artículo 23 del Reglamento Orgánico y el artículo 164 del Reglamento Interno de este Ministerio; teniendo por norte los principios y valores humanistas del socialismo, cuyo objetivo fundamental descansa sobre la justicia social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanos y las instituciones de la República, contemplados en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 del Proyecto Nacional "Simón Bolívar". Artículo 2. Delegar en la referida ciudadana las competencias y firma de los actos y documentos que conclernan a las funciones de la Dirección a su cargo. Artículo 3. Los actos y documentos firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma de la funcionaria delegada, la fecha y el número de la presente Resolución, así como la fecha y el número de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela donde haya sido publicada. Comuníquesely publíquese, MARYANNIHANSON FLORES 384.251 Repblna Bolivariara de Vonzuele DM/N° Caracas, 21 de de 2011 018 MAR3O 200° y152° Con el supremo compromiso que la Administración Pública esté al servicio de las personas y su actuación dirigida a la atención de sus requerimientos y a la satisfacción de sus necesidades, de conformidad con bas abribuciones establecidas en los artículos 5 numeral 2, 19 último aparte y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, concatenados con los artículos 34, 62 y 77, numeral 26 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de ia Administración Pública, en concordancia con lo estabiecido en el artículo 1 del Regiamento sobre Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional; este Despacho, RESUELVE ArticuIo 1. Designar a Ia ciudadana YELITZA MARÍA DEL PILAR JOHN RANGEL, titular de la cédula de identidad N° V- 3.936.912, como Directora General Encargada de Educación Especial, adscrita al Despacho del Viceministro o Viceministra de Desarrollo para la Integración de la Educación Bolivariana, def Ministerio del Poder Popular para la Educación, a partir del dia 02 de marzo de 2011, quien ejerce las funciones previstas en el artículo 32 del Reglamento Orgánico y el articulo 166 del Regtamento Interno de este Ministerio; teniendo por norte los principios y valores humanistas del socialismo, cuyo objetivo fundamental descansa sobre la justiaa social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanos y las instituciones de la República, contemplados en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Econámico y Social de la Nación 2007-2013 del Proyecto Nacional "Simón Bolívar*. Artículo 2. Delegar en la referida ciudadana las competencias y firma de los actos y ducumentos que conciernan a las funciones de la Dirección a su cargo. Articulo 3. Los actos y documentos firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma de la funcionaria delegada, la fecha y el número de la presente Resolución, asi como la fecha y el número de la Gaceta Oficial de la República Bolvariana de Venezuela donde haya sido publicada. Articulo 4. Dejar sin efecto la Resolución Nº 009 del 2 de febrero de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.627 del Q2. de marzo de 2011. Comuniquese y publiquese, Maryann Hanson Flores Migistra del Poder Popular para la Educación DM/ N° CaraCaS, 21 DE MARBO DB 2011 610 200° y 152° Con el supremo compromiso que la Administración Pública esté al servicio de las personas y su actuación dirigida a la atención de sus requerimientos y la satisfacción de sus necesidades, de conformidad con las atribuciones establecidas en los artículos 5 numeral 2, 19 último aparte y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, concatenados con los articulos 34, 62 y 77, numeral 26 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 1 del Reglamento sobre Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional; este Despacho, RESUELVE Articulo 1. Designar al ciudadano ROGER STICK JAUREGUI LOVERA, titular de la cédula de identidad N° 11.922.055, como Director General (E) de Supervisión Educativa, adscrito al Despacho del Viceministro o Viceministra de Programas de Desarrolio Académico, quien ejerce funciones previstas en el artículo 57 del Reglamento Orgánico de este Ministerio, desde el 26 de octubre de 2010; teniendo por norte los principios y valores humanistas del socialismo, cuyo objetivo fundamental, descansa sobre los caminos de la justicia social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanos y las instituciones de la República, contemplados en las Lineas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007- 2013 del Proyecto Nacional "Simón Bolívar". página original (tal como se publicó) [Página 38] Artículo 2. Delegar en el referido ciudadano las competencias firma de los actos y documentos que conciernan a las funciones de la Dirección a su cargo. Artículo 3. Los actos y documentos firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y el número de la presente Resolución, así como la fecha y el número de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela donde haya sido publicada. Artículo 4. Se deja sin efecto la Resolución DM/N° 004, de fecha 25 de de Venezie Comuníquest publíquese; MARYANNHANSON FLORES Ministra del Poder/Popular para la Educación MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO RIEPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO DESPACHO DE LA MINISTRA Resolualón N° 008 Caracas, 15 de merzo,de 2011 EL MINISTERIO DIEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GEnEirO, creado mediante Decreto 6.6#3, de fecha 02 de abril 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezueia N° 39.166 de fecha 13 de abnl de 2009, representado por la Ministra del Poder Populer para la Mujer y la Igualdad de Género, Dra. NANCY PÉREZ suERRA, titular de la cédula de identidad N° V-4.055.363, designada mediante Decreto N° 7.504, de fecha 22 de junio de 2010, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolvariana de Venezuela N° 39.451, de fecha 22 de junio de 2010, en el ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 5 ordinal 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en Gsceta Ofcial de la República Bolvariana de Venezuela N° 39.046, de fecha 28 de octubre de 2008, en concordancia con lo dispuesto en los numerales 2 y 19 del Pública, pubkcada en la Gaceta Oñicial de la República Bolivanana de Venezuela N° 5.890, de fecha 31 de julio del 2.008 y de conformidad con los artículos 19 y 20 numeral 6 de la Ley del Estaturto de la Función Pública, Publicada en Gaceta Ofcial de la República Bolivariana de Venezuele N° 39.046, de fecha28 de 0ctubre de 2008. RESUELVE: Artículo 1: Desugno a la cludadana CARMEN LUDI GHAZALA BENIrEZ, itular de la cédula de identidad número V- 13.ass.301, como Directora General de la Oficina Estralégica, Seguimiento y Evaluación de Polficas Públicas. Artículo 2: De conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Decrelo con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Púbica, se delega la compelencia y actividades propias de esa Oficina a su cargo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Artículo 3: La funcionaria desigrada, antes de tomar posesión de su cargo, deberá prestar juramento de cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuele, las leyes de la República, los deberes inherentes al cargo y rendir cuentas del misma en los términos y condiciones que determine la ley. Artículo 4: A pertir del quince (15) de marzo de 2011, se deja sin efecto la Resolución IN° 027 de fecha 22 de juio de 2010, publicada en la Geceta Oficial de la Repúbica Bolivaniene de Venezuele N° 39.474 de fecha 3 de agosto de 2010, en relación a la designación del cludadano Roberto Antonio Martínez Aponte. Artloulo B: Esta resolución entrará-en vigencia a través de su publicación en Gaceta Oficial. Comuniquese y Publiquege Dra. HANCY PIREZ SIERRARS STILA DIL PODUR POPULAR PAMA LA MLUEIR Y LA IGLIAL (Segón Deirute k° 7.504 de fecha 2a/08/201.0 Pudionglo en lan Gaontg. Olechet de ia Rapobica Bobvelane de Veneruels Nrit 40s de fecha 2a067a030) ALCALDÍA METROPOLITANA DE CARACAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ALCALDÍA METROPOLITANA DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS DESPACHO DEL ALCALDE 1 8 GCT 2010 000281 RESOLUCIÓN N° 200° y 151° Fecha Por disposición del ciudadano Vicopresidente Ejeculivo de la República en ejercicio de la facultad de acordar Jubilaciones Especiales conferida por el ciudadano Presidente de lo República Bolivariana de Venezuela, contenida en Decr•to N° 5.818 de fecha 17 de enero de 2008, y publicado en la Gaceta Oficial de la Recública Bo!ivarlana de Venezuela N 6 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pengiones de tos Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacronal, de los Estados y de los Municipios, en concordancia con el articulo 14 de su Reglamento. RESUELVE Artículo Único: Conceder el beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL, aprobada mediante Planilia FP-026 N° 14 del 28 de Septiembre de 2039, a la Giudadana GABAY CASTRO ALEGRIA, tituiar de la Cédula de identidad N° 3.969.040 de CINCUENTA y SIETE (57) sños de edad, con (18) AÑOs (05) MEsE8 Y (15) DIAS, de servicio prestados en la Adminislración Pública Nacional en la SECRETARIA de CULTURA y RECREACION adscrita a la Alcaldía Metropolltana de Caracas. siendo su último cargo desempeñado BOLIVARES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHO CENTIMOS (8s. 789.08, equivalente al 46% de $u remuneración promedio mensual de los últimos 24 meses, equiparándose el monto de la jubilación a BOLIVARES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTIMOS (987.50), de acuerdo al Decreto Presidencial N° 6.660 publicado en la Gaceta Oficlal N° 39.153 de fecha 3 de abril de 2.009, la cuai se hará e(ectiva a partir del dia Veintinueve de Septiembre de 2.010. Comuniquese y,públiquese:7 ANYONIO LEQEZMA L Alcalde Meiroppolltano [: . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ALCALDÍA METROPOLITANA DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS DESPACHO DEL ALCALDE RESOLUCIÓN N° _00 02 8 2 1 8 OCT 2010 200° y 151 Fecha Por d'posición del ciudadano Vicepresidentc Ejecutivo de la República en ejercicio de la facultad de acordar Jubilaciones Especiales conferida por el ciudadano Presidente de la Repúbica Bolivariana de Venezuela. contenida en Cecreto N° 5.818 de fecha 17 de enero de 2Co8, y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.855 de fecha 22 de enero de 2008. y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 6 de la Lay del Estatuto Sobre al Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionanas o Empleados o Empleadas de la Admunistración Pública Nacional. de los Estados y de los Municipios. en concordancia con el articulo 14 de su Raglamento RE8UELVE Articulo Único: ConCeder el beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL, aprobada mediante Planilla FP-026 N° 240 del 08 de Oclubre de 2009, al ciudadano PRATO SANTANA REINALDO RAMON titular de la Cádula de identidad N° 6.909.464, de CUARENTA Y CINCO (45) años de edad, con (22) AÑO9 Y (04) ME8ES, de servicio prestados en la Administración Pública Nacional en la SECRETARIA DE CULTURA Y RECREACiON adscrita a la Alcaldia Metropolitana de Caracas, siendo su último cargo desempeñado PROFEsIONAL I, el monto de la pensión de Jubilación Especial es la Cantidad de BOLIVARES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON SETENTA CENTimos (Bs. 777,70) equivalente al $5,00% de su remuneración promedio menauel de los últimos 24 meses, equiparándose el monto de la Jubilación a BOLIVARES NOVECIENTOS SESENTA Y BIETE CON CINCUENTA CENTIMOS (Bs. 987,60) de acuerdo al Decreto Presldencial N° 6.660 publicado en la Gacete Oficial N° 39 153 de fecha 3 de abril de 2.009, la cual se harà efectiva a partir del dia 29 de Septiembre de 2.010. Comuniquese y publíquese. ANTONIO-LEDEZMA Alcelde Metropolitanol A! • . : página original (tal como se publicó) [Página 39] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ALCALDÍA METROPOLITANA DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS DESPACHO DEL ALCALDE RESOLUCIÓN N° 10.0 028 3 1 8 0CT 2010 200° y 151" Fecha Por disposición del ciudadano Vicapresidente Ejecutivo de le República en ejercicio de la facultad de acordar Jubilaciones Especiales conferida por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, contenida en Decreto N° 5.818 de fecha 17 de enero de 2008. y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de preceptuado en el articuio 6 de la Ley del Estatuto Sobre ei Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionanes o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, en concordancia con el articulo 14 de su Reglamento. RESUELVE Articulo Único. Conceder el beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL, aprobada mediante Planilla FP-026 N° 90 del 15 de Agosto de 2009, al ciudadano MiR LARA MANUEL ENRIQUE titular de la cédula de identidad N° 6.425.402, de CUARENTA Y NUEVE (49) años de edad, con (26) AÑOS, (02) MESES Y (02) DIAS, de servicio prestados en la Administración Pública Nacional en la PREFECTURA DE CARACAS adscrita a la Aicaidia Metropolitana de Ceracas, siendo su último cargo desempeñado JEFE CIVIL. el monto de la pensión de Jubllación Especial es la cantidad de BOLIVARES UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTimOS (Bs. 1.579,50) equivalente al 85,00% de 8u remuneración promedio mensual de los últimos 24 meses, la cual se harà efectiva a pertir del dia 29 de Septiembre de 2.010. ANTONIGILEDEZMA Acaide MptropaThano.o -- D:1. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ALCALDÍA METROPOLITANA DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS DESPACHO DEL ALCALDE 1 8 OCT 2010 RESOLUCIÓN N 00 02 8 4 200° y 151° Fecha Por disposición del ciudadano Vioepresidente Ejecutivo de la Rapública en ejercicio de la facultad de acordar Jubilaciones Especiales conferida por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuele, contenida en Decreto N° 5.818 de feche 17 de ener de 2008, y pubicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuele N 38.855 de fecha 22 de enero de 2008, y de conformidad con lo preceptuado en el erticulo 8 de la Ley del Estatuto Sobre ei Régimen de Jubilaciones y Pensiones de tos Funcionarios o Funcionaries o Empleados o Empleades de la Adminiatración Pública Nacional, de los Estados y de ios Municipios, en concordancia con el articulo 14 de su Reglemento. RESUELVE Articulo Único: Conoeder el beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL, aprobada mediante Planilla FP-028 N° 198 dei 13 de Noviembre de 2009. a la ciudadana HERNANDEZ ZAIDA COROMOTO, titular de 1a cédula de identidad N° 5.521.457, de cincuenta y dos (52) años de edad, con (27) años y (06) meses de servicio prestados en la Adminiatreción Pública Nacional en la Prefecture de Caracas adscrita a la Alcaldie Metropolitana de Caracas, siendo su último cargo desempeñado JEFE CIVIL, el monto de la penalón de Jubilación Especlal es la cantidad de BOLIVARES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON CINCO CENmiMOS (Bs. 1.197,05), equivalente al 67,50% de su remuneración promedio mensual de los últimos 24 meses, le cuel se hará efectiva a partir del dia Catoroe de Ootubre de 2.010. Comuniquesa y púbiau ~ 4. ANTONIOLEDEZMA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ALCALDÍA METROPOLITANA DEL ÁREA METROPOLITANA DE GARACAS DEBPACHO DEL ALCALDE 000285 RESOLUCIÓN N° 1 8 OCT 2010 200° y 161° Fecha Por disposición del ciudadano Vicepreeidente Ejecutivo de la República en ejercicio de laj República Bolivariene de Vanezuele, contenido en Decreto N° 5.818 de fecha 17 de enero de 2oos, y publicado en la Geceta Oficial de ta República Bolivariana de Venezueia N9 38.855 de fecha 22 de enero de 2008, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo" Funcionarios o Funcionarias o Empleedos o Empleedas de la Administración Pública Necional, de los Estados y de los Municipios, en concordancia con el articulo 14 de su Reglemento. RESUELVE Artículo Únlco: Conceder el beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL. aprobado mediante Planilila FP-028 N° 169 del 05 de Noviembre de 2009, al cludadano DOMINGUEZ JO8E MANUEL, tilular de la cédula de ldentidad N° 3.232.40a, de cincuenta y nueve (59) años de edad, con (16) años (01) mes y (28) dias de servicio prestados en la Administración Púbica Necional en la Prefectura adscrita a le Alcaldía Matropolitana de Caracas, siendo Su último CargO desempeñado SECRETARIO DE JEFAYÚRA CIVIL, el monto de la pensión de Jubilación Especi el es la cantidad de BOLIVARBS QUINIENTOs OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTIMOS (Be. 588.80), eQUiVSlente 0l 37,80% de 6U remuneración promedio mensual de los últimos 24 meses, equiparándose el monto de la JUDIlaCIÓn à BOLIVARES NOVECIENTOS SESENTA SIETE CON CINCUENTA CENTiMO9 (Bs. 967.80) de acuerdo el Decreto Presidencial N° 6.680 publicado en la Gaceta Oficial N° 39.183 de fecha 3 de abril de 2.009. la cual se hera efectiva a partir dei dla catorce de Octupre de 2.010. Comuniquese y pubiiqud ANTÓNICILED ALC.: 05 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ALCALDÍA METROPOLITANA DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS DESPACHO DEL ALCALDE 000286 1 8 OCT 2010 RESOLUCIÓN N° 200° y 151° Fecha Por disposición del cludadano Vicepresidente Ejecutivo de la República en ejarcialo de la facultad da acordar Jublaciones Especieles conferida por el ciudadano Presidente de l Repúbiica Bolivariana de Venezuela, contenida en Decrsto N° 5.818 de fecha 17 de ener de 2008. y publicado en la Gaceta Oficlal de la República Bolivariane de Venezuela Nt 38.855 de fecha 22 de ensro de 2008, y de conformidad con lo preceptuado sn sl articuio Funcionarios o Funcionaries o Empleados o Empleades de la Administracón Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, en concordancia con el articulo 14 de su Reglamento. RESUELVE Articulo Único: Conceder el beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL, aprobada mediante ANA BEATRiZ, titular de la cédula de identidad N° 1.854.788, de sesenta y ocho (66) Pública Nacional an la Secretaria de Deporte adscrita a la Alcaldie Metropolitana de Caracas, siendo su último cargo desempeñado BAChiLLER I, el monto de la pensión de Jubiladón Especial s la Cantided da BOLIVAREs QUINIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (Bs. 580.41), equivalente al 67,50 % de su remuneración promedio mensual de los últimos 24 meses, equiparándose el monto de ls Jublación a BOLIVARES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTIMOS (Ba. 987.50) de acuerdo al Decreto Presidencial N° 6.880 publicado en la Gacele Oficlal N° 39.153 de fecha.3 de abril de 2.009, la cuei se hará efectiva a partir del dia Catorce de Octubre de 2.010. Comunlauera Alca de Mbtropqlitano... página original (tal como se publicó) [Página 40] TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución No 0091 Caracas, 21 de marzo de 2011 200° y 151° La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano FRANCISCO RAMOS MARÍN, tItular de la cédula de Identidad N° 13.336.942, domicillado en esta cludad de Caracas, Distrito Capital, en su condición de Director Ejecutivo, designación que consta en la Resolución N° 2008-0004 de fecha 02 de abril de 2008, publicada en la Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.917 de fecha veinticuatro (24) de abril de 2008, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 9, del artícuio 15 de la Ley Orgánlca del Tribunal Supremo de Justida, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela N° 37.942, de fecha 20 de mayo de 2004. RESUELVE PRXMERQ: Designacón del ciudadano Carlos Eduardo Requena Jahen, titular de la cédula de identidad N° 13.858.502, como Director General de Planificación y Desarrollo Instituconal de la Dirección Ejacotiva_de la Magistratura, en calidad de encargado, a partir de la presente fecha, Dada firmada y selladgainirecció Ffecuva de la Magistratura, en Caracas a los veintiún (21) Comuniquese y PRANO RAÓS MARIN factor Ecutivo REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución N° 0095 Caracas, 21 de marzo de 2011 200° y 151° La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano FRANCISCO RAMOS MARÍN, ttular de la cédula de identidad N° 13.336.942, domiciliado en esta cludad de Caracas, Distrito Capital, en su condición de Director Ejecutivo, designación que consta en la Resolución Nº 2008-0004 de fecha 02 de abril de 2008, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela Nº 38.917 de fecha veinticuatro (24) de abril de 2008, en ejercicio de las Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bollvarlana de Venezuela N° 37.942, de fecha 20 de mayo de 2004. RESUELVE PBIMERO: DesIgnacón de la Cudadana MARY EUGENIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, titular de la cédula de Identidad N° 12.352.073, quienocupa el cargo de Anallsta Profesional III, como Jefa de la División de presupuesto de la Dirección General de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en calidad de encargada, a partir dle la presente fecha. Dada firmada y Publiquepé Comunique FRANESS AMO MARIN igkto Ejegafvo REPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2011-_0132 FEB2G: Caracas, 200°, 152ª y 12° La Defensora Pública GCneral, Dra. RAMONA OMAIRA CAMACHO CARRIÓN, titular de la Cédula de Identidad N° 8.471.964, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha 11 de marzo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.384, de la misma fecha, reimpresa por error material según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.395, de fecha 26 de marzo de 2010, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, y en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el Artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, organizar estructural, funcional, administrativa y financieramente a la Defensa Pública como Organismo Constituclonal que forma parte del Sistema de Justicia. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensa Pública garantizar a toda persona el derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judiclal y administrativo de conformidad con la Ley y la Constitución de la República Bollvariana de Venezuela. CONSIDERANDO Que para et cumplimiento de los fines antes referidos la máxima autoridad de la Defensa Pública, en ejercicio de sus atribuciones legalmente atribuidas, podrá ordenar el trasiado de funcionarios o funcionarias, reasignándolos o reasignándolas en cua!quiera de las dependencias administrativas regionales de la Defensa Pública. RESUELVE PRIMERO: ORDENAR EL TRASLADO del CIUdadanO WILMER EVENCIO MORA CONTRERAS, titular de la Cédula de Identidad N° V-14.418.552, Defensor Público Provisorio Tercero (3ro.) con compelencia en materia Penal Ordinario en 1a Unidad Regional de -ia Defensa Pública del estado Táchira, Extensión San Antonio, a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Táchira, para que ejerza funciones Como DEFENSOR PÚBLICO PROVISORIO en la DEFEN$ORÍA PÚBLICA DÉCIMA SEXTA (16ta.) cOn COmpetenCia en la isma materia. SEGunDo: Se ordena publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General de la Defensa Púb!ica. AVARIANA Comuniquese y funge PraNA GMAIRA GAMACHO CARRIÓN orensbra Pública General REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2011-02139 Caracas, 10 2 MAR 201T 200°,152° y 12* La DefenSOra Pública General, Dra. RAMONA OMAIRA CAMACHO CARRIóN, titular de la Cédula de Identidad N° V- 8.471.964, designada mediante acuerdo de la Asamblea Nacional del 11 de marzo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.384 de esa misma fecha, reimpresa por error material según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.395, del 26 de marzo de 2010, con fundamento en el articulo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el articulo 14, numerales 1 y 12, ejusdem, CONSIDERANDO Que la Defensa Pública es un Órgano Constitucional del Sistema de Justicia, dota de de autonomía, funcional, financiera y administrativa, bajo la dirección y supervisión de la Defensora Pública General. página original (tal como se publicó) [Página 41] CONSIDERANDO Que la Defensa Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, fundamentada en los principios de honestidad, eficiencia y eficacia, sobre la base de los valores de la vida, la libertad, la igualdad, la justicia, la paz, la solidaridad, el bien común, el imperio de la Ley, la ética, la seguridad y la preeminencia de los derechos humanos. CONSIDERANDO Que corresponde a la Defensora Pública General organizar estructural, funcional, administrativa y financieramente a la Defensa Pública. CONSIDERANDO Que de la evaluación realizada se determinó que la Defensa Pública requiere hacer cambios y modificaciones que permitan garantizar que tas acciones relacionadas con la seguridad de los usuarios, empleados y bienes de asta Institución se ejecuten y desarrollen en forma eficaz, eficiente y oportuna, a través de la asignación de responsabilidades y la distribución equitativa del trabajo, todo a los fines de brindar un servicio de calidad tanto a los usuarios como al personal gerencial, empleado, funcionarial y obrero de la Defensa Pública, dando respuesta a los requerimientos del organismo y respondiendo adecuadamente a las exigencias actuales y futuras del mismo. RESUELVE PRIMEro: Crear la División de Segundad, adscrita a la Coordinación de Servicios de la Defensa pública, la cual tendrá como función principal garantizar la seguridad física de los usuarios dentro de la sede central y demás dependencias de esta Institución, asi como, la protección del recurso humano y bienes de la Defensa Pública. SEGunDo: La División de Seguridad estará a cargo de un (1) Jefe o una (1) Jefa de División de libre nombramiento y remoción por la Defensora Pública General, y demás personal necesario para la prestación efectiva del servicio. TERCERO: La División de Seguridad, tendrá las funciones siguientes: 1. Proponer políticas, estrategias y normas de seguridad de la Defensa Pública. 2. Gestionar y tramitar la capacitación del recurso humano de la Defensa Pública en materia de seguridad. 3. Vigilar y proteger los bienes de la Defensa Pública, sus trabajadores y trabajadoras, los usuarios y usuarias y público en general. 4. Implementar acciones de investigación e inteligencia. 5. Gestionar los planes de seguridad en las sedes de la Defensa Pública. 6. Establecer relaciones con 1os diferentes organismos de seguridad del Estado, previa autorización del Coordinador de Servicios. 7. Las demás funciones que en ei ámbito de sus atribuclones le sean asignadas por la Defensora Pública General. CUARTO: Corresponde al Jefe o Jefa de la División de Seguridad la dirección, supervisión y control de la Dependencia y tendrá las atnbuciones siguientes: 1. Velar por el correcto funcionamiento de la División. 2. Cumplir y hacer cumplir las instrucciones impartidas por la Defensora Pública General o el Coordinador de Servicios. 3. Supervisar el cumplimiento del horario de trabajo y las funciones asignadas por parte de los funcionarios y demás personal adscritos a la División. 4. Planificar y supervisar el cumplimiento de las guardias por parte de los funcionarios y las funcionarias y demás personal de la División. Remitir ante los organismos competentes, las denuncias que se 5. originen en el ejercicio de las funciones y atribuciones de la División e informar inmediatamente de ello al Coordinador de Servicios y a la máxima autoridad de esta Institución. Remitir al Coordinador -de Servicios una relación mensual de las 6. gestiones realizadas por la División. Autorizar, previo visto bueno del Coordinador de Servicios, los traslados 7. de los funcionarios y funcionarias fuera de la sede para ejercer labores propias de su cargo, velando que durante su ausencia no se afecte la continuidad del servicio de seguridad. Coordinar los servicios de vigilancia, protección e inteligencia en la 8. Defensa Pública. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e identificación. 9. 10. Velar por la guarda y custodia de los bienes asignados a la División. 11. Informar al Coordinador de Servicios de manera motivada, sobre cualquier conducta irregular en que incurran los funcionarios, las funcionarlas y demás personal adscrito a la División. 12. Proponer al Coordinador de Servicios planes y políticas destinadas al mejoramiento del servicio de seguridad. 13. Realizar los enlaces que sean necesarios, previa autorizado del Coordinador de Servicios, con organismos públicos y privados para mejorar el servicio de seguridad. 14. Sistematizar y mantener actualizados los procesos de registro y control de acceso del Organismo. 15. Planificar y ejecutar, previa autorzadón del Coordinador de Servicios y previa aprobación de la Defensora Pública General, cursos, talleres o foros relacionados con la materia de seguridad, dirigidos al asesoramiento y orientación de los trabajadores y trabajadoras de la Defensa Pública. 16. Divulgar, a través de la Coordinación competente, las normas de seguridad que se deben cumpllr en el Organismo. 17. Establecer conjuntamente con el Coordinador de Servicios las normas internas de la División y someterlas a la aprobación de la Defensora Pública General, 18. Cualquier otra que señalen las Leyes y Reglamentos, asi como la Defensora Pública General. QuInro: La Defensora Pública General, en ejercicio de sus atribuciones y de acuerdo con las necesidades da la Institución, podrá organizar el funcionamiento interno de la División, por medio de Resoluciones, reglamentaciones internas, o en el Manual de Normas y Procedimientos de la Defensa Pública. SExTO: Se suprime la Oficina de Seguridad, adscrita a la Coordinación General de la Defensa Pública, regulada en el Manual de Organización aprobado mediante Punto de Cuenta CPP-007-08 de fecha 02 de junio de 2008. En consecuencia, los bienes y el personal de la dependencia suprimida pasan a formar parte de la División de Seguridad adscrita a la Coordinación de Servicios de la Defensa Pública. SÉPTIMo: Se deja sin efecto cualquier normativa o instrumento que regule las dependencias u oficinas de seguridad de la Defensa Pública. oCTAvo: Se ordena publicar el texto íntegro de la presente Resolución en 1a Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General de ia Defensa Pública. D RÁROINA OMARRA CAMACHO CARRIÓN, DEPENSORR/PÚBLICA GENERAL. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2011-_0/34 2 4 FEB 2011 Caracas, 2G0°, 152* y 12° La Defensora Pública General, Dra. RAMONA OMAIRA CAMACHO CARRIÓN, titular de la Céduia de Identidad Nº 8.471.964, designada según Acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha 11 de marzo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 39.384, de la misma fecha, reimpresa por error material y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.395, de fecha 26 de marzo de 2010, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 2, 3, 9 y 36 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones previstas en el Artículo 14, numerales 1, 2, 12, 16 y 17, ejusdem, CONSIDERANDO Que la Defensa Pública es un órgano constitucional autónomo del sistema de justicia con plena autonomía funcional, financiera y administrativa, única e indivisible, bajo la dirección y responsabilidad de la Defensora Pública General. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, organizar estructural, funcional y administrativamente a la Defensa Pública como Organismo Constitucional-que forma parte del Sistema de Justicia, pudiendo por lo tanto, crear dependencias administrativas necesarias para garantizar el efectivo y eficaz cumplimiento de los objetivos del órgano con las atribuciones y facultades contempladas en la Ley Orgánica de la Defensa Pública y las normas internas de organización y funcionamiento. CONSIDERANDO Que la Defensa Pública, mediante Resolución N° DDPG-2011-0047, de fecha 31 de enero de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.607, de fecha 02 de febrero de 2011, en cumplimiento de la Ley página original (tal como se publicó) [Página 42] Orgánica de la Defensa Pública y por razones de la prestación del servicio, activó LA COMPETENCIA EN MATERIA CIVIL Y ADMINISTRATIVA ESPECIAL INQUILINARIA Y PARA LA DEFENSA DEL DERECHO A LA VIVIENDA. RESUELVE PRIMERO: CREAR LA DEFENSORÍA PÚBLICA CUARTA (4ta.) CON COMPETENCIA EN MATERIA CIVIL Y ADMINISTRATIVA ESPECIAL INQUILINARIA Y PARA LA DEFENSA DEL DERECHO A LA VIVIENDA, dscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, Extensión Sede Central de la Defensa Pública. SEGUNDO: DESIGNAR a la CiUdadana ALBIMAR DE LA ROSA LEAL, titular de la Cédula de Identidad N° V-14.890.875, como DEFENSORA PÚBLICA PROVISORIA CUARTA (4ta.) CON COMPETENCIA EN MATERIA CIVIL Y ADMINISTRATIVA ESPECIAL INQUILINARIA Y PARA LA DEFENSA DEL DERECHO A LA VIVIENDA, adscrita a la Unidad Regiona de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, Extensión Sede Central de la Defensa Pública, TERCEBQ: ASIGNAR a la Defensora Pública aquí designada, competencia plena en el territorio nacional para conocer de los asuntos relacionados con la materia Civil y Administrativa Especlal Inquilinara y para la Defensa del Derecho a la Vivienda. CuARão: Se ordena publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficlal de la República Bollvariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General de la Defensa Pública. NA OMAIRA CAMACHO.CARRIÓN DES9AC Sefeasthra-Púbiica General REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2011-_ 0/33 Caracas, 2 FEB 2011 200°, 152° y 12° La DefenSora Pública General, Dra. RAMONA OMAIRA CAMACHO CARRIÓN, titular de la Cédula de Identidad N° 8.471.964, designada según Acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha 11 de marzo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República 8olivariana de Venezuela N° 39.384, de la misma fecha, reunpresa por error material y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.395, de fecha 26 de marzo de 2010, con fundamento ern lo dispuesto en los Artículos 82 de la Constitución de la República Bolivariara de Venezucla y 2, 3, 9 y 36 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones previstas en el Articulo 14, numerales 1, 2, 12, 16 v 17, ejusdem, CONSIDERANDO Que la Defensa Pública es un órgano constitucional autónomo del sistema de justicia con plena autonomía funcional, financiera y administrativa, única e indivisible, bajo la dirección y responsabilidad de la Defensora Pública General. CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de la Defensa Pública, organizar estructural, funcional y administrativamente a la Defensa Pública como Organismo Constitucional que forma parte dei Sistema de Justicia, pudiendo por lo tanto, crear dependencias administrativas necesarias para garantizar el efectivo y eficaz cumplimiento de los objetivos del órgano con las atribuciones y facultades contempladas en la Ley Orgánica de la Defensa Pública y las normas internas de organización y funcionamiento. CONSIDERANDO Que la Defensa Pública, mediante Resolución N° DDPG-2011-0047, de fecha 31 de enero de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.607, de fecha 02 de febrero de 2011, en cumplimiento de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y por razones de la prestación del servicio, activó LA COMPETENCIA EN MATERIA CIVIL Y ADMINISTRATIVA ESPECIAL INQUILINARIA Y PARA LA DEFENSA DEL DERECHO A LA VIVIENDA. RESUELVE ~ 4 PRIMERQ: CREAR LA DEFENSORÍA PÚBLICA TERCERA (3ra.) CON COMPETENCIA EN MATERIA CIVIL Y ADMINISTRATIVA ESPECIAL INQUILINARIA Y PARA LA DEFENSA DEL DERECHO A LA VIVIENDA, dscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, Extensión Sede Central de la Defensa Públlca. SEGUNDO: DESIGNAR al CIUdadanO LUÍS ENRIQUE PINZÓN QUIROZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-14.974.505, Como DEFENSOR PÚBLICO PROVISORIO TERCERO (3rO.) CON COMPETENCIA EN MATERIA CIVIL Y ADMINISTRATIVA ESPECIAL INQUILINARIA Y PARA LA DEFENSA DEL DERECHO A LA VIVIENDA, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, Extensión Sede Central de la Defensa Pública. TERCERO: ASIGNAR al Defensor Público aquí designado, competencia plena en. el territorio nacional para conocer de los asuntos relacionados con la materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda. CUARTQ: Se ordena publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la- Defensora Pública General de la A ONAIRA CAMACHO CARRIÓN (Dra. enspra Pública General 18 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA U 8ENE 2011 N° DDPG-2011-_C0.2 Caracas, 200°, 151° y 11° La DefensOra Pública Genera!, Dra. RAMONA OMAIRA CAMACHO CARRIóN, itular de la Cédula de Identidad N° 8.471.964, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Naclonal de fecha 11 de marzo de 2010, publicado en la Gaceta Oficia! de la República Bolivariana de Venezuela No 39.384, de la misma fecha, relmpresa por error materlal según Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.395, de fecha 26 de marzo de 2010, con fundamento en fo dispuesto en el Articulo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, y en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el Artículo 14, numerales 1, y 11, ejusdem, RESUELVE PBIMERQ: REMOVER a la CIUdadaNa PEGGY MASSIEL SEVILLA CHÁVEZ, .titular de la Cédula de Identidad N° V-11.149.839, del cargo de DEFENSORA PÚBLICA PROVISORIA DECIMASEXTA (16*) CON COMPETENCIA EN MATERIA PENAL ORDINARIO, adsCrIta a la Unidad Regionai de la Defensa Pública del estado Carabobo, a partir de la presente fecha. SEGunpQ: En virtud de la presente remoción, la cludadana PEGGY MASSIEL sEVILLA CHÁVEZ, deberá hacer la respectiva entrega al Coordinador de la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Carabobo. IERCERQ: Publicar el texto íntegro de la presente Resoiución en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Púbica General de la Defensa Pública. página original (tal como se publicó) [Página 43] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DOPG-2011-0046 Caracas, 3 1 ENE 2011 200°, 151°7 11: La Defensora Pública Generat, Dra. RAMONA OMAIRA CAMACHO CARRIóN, titular de la Cédula de Identidad N° 8.471.964, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha 11 de marzo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 39.384, de la misma fecha, reimpresa por error material según Gaceta Oficia de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.395, de fecha 26 de marzo de 2010, con fundamento en lo dispuesto en el Articulo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el Artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem, RESUELVE PRIMERQ: REMOVER ala CiUdadana LAURA DEL VALLETERÁN RODRiGUEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-11.471.074, como Defensora Pública Provisoria Décima Séptima (17ma.) con competencia en materia de Protección del Niño, Niña y del Adolescente adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, Extensión Sede Central de la Defensa Pública, a partir de la presente fecha. SEGunDQ: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. LVARLANA Dada, firmada y sellad la Defensa Pública. Dra. MONOMAIR CAMACHO CARRIÓN Dafansoragablica General REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Caracas, '0 2 FEB 2011 Nº DDPG-2011-_0076 200°, 151° y 12* La Defensora Pública General, Dra. RAMONA OMAIRA CAMACHO CARRIóN, titular de la Cédula de Identidad N° 8.471.964, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha 11 de marzo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.384, de la misma fecha, reimpresa por error material según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.395, de fecha 26 de marzo de 2010, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el Articulo 14, numeral 1, ejusdem, RESUELVE PRIMERQ:REMOVERala CIUdadana JOHANA CAROLINATIRADO LAMu$, titular de la Cédula de Identidad N° V-14.150.145, como Defensora Pública Suplente con competencia plena a nivel nacional, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Trujillo, a partir de la · presente fecha. Segunpo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Ballvagana de Venezuela. Dada, firmada y s IZUVELA la Defensa Públig Comuníquese y Dra. AMONAÓNTAIRA CAMACHO CARRIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA 2 FEB 2011 N° DDPG-2011-_103 Caracas, 200°,152° y 12° La Defensora PÚblica General, Dra. RAMONA OMAIRA CAMACHO CARRIóN, titular de la Cédula de Identidad N° 8.471.964, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nadonal de fecha 11 de marzo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.384, de la misma fecha, reimpresa por error materlal según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.395, de fecha 26 de marzo de 2010, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y ejercicio de sus atribuciones establecidas en el Articuio 14, numerales 1 y 11, ejusdem, RESUELVE PRIMERQ: REMOVER a Ia CUdadana YAZMIRIAN YAJAIRA JIMÉNEZ DE ROJAS, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.529.470, como Defensora Pública Provisoria Primera (1ra.) con competenda en materla de Responsabilidad Penal del Adolescente, adscrita a la Unidad Regional de 1a Defensa Públlca del estado Falcón, Extensión Punto Fijo, a partir de la presente fecha. SEGunpQ: Publicar el texto íntegro de la presente Resoluclón en la Gaceta Oficial de la República Bolivaríana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General de la Defensa Pública. Comuníquese y PublíqyARAL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA 2 FEB 2C1 Caracas, Nº DDPG-2011-_0104 200°, 152ª y 12° La Defensora Pública General, Dra. RAMONA OMAIRA CAMACHO CARRIÓN, titular de la Cédula de Identidad N° 8.471.964, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha 11 de marzo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 39.384, de la misma fecha, reimpresa por error material según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.395, de fecha 26 de marzo de 2010, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y ejercicio de sus atribuciones establecidas en el Artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem, RESUELVE PRIMERQ: REMOVER a la CUdadana ISABEL SOLEDAD MONSALVE DE LILO, titular de la Cédula de Identidad N° V-8.132.417, como Defensora Pública Provisorla Cuarta (4ta.) con competenda en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Reglonal de la Defensa Púbiica del estado Falcón, a partir de la presente fecha. SEGunpQ: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General de la Defensa Pública. Comuníquese y Publíquese AIRÁCAMACHO CARRIÓN página original (tal como se publicó) [Página 44] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA 2 FEB 2%! S010 -02-900 O Caracas, 200°, 157° y 12° La Defensora PÚblica General, Dra. RAMOIA OMATRA CAMACHO CARiRIóN, titutar de Ia Céduda de Identikad N° 8.471.964, designada medlante Acuerdo de la Asamblea Iacioral de fecha 11 de marzo de 2010, publicado en la Gaceta Ofictal de ta República Bolivariana de Venezuela N° 39.384, de la misma fecha, reimpresa por error material según Gaceta Ofictal de la República Bolivertana de Venszuela Nº 39.395, de fecha 26 de marzo de 2010, con fundamento en to dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y ejercido de sus atribuciones establecidas en el Artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem, RESUELVE ERIMERQ: REMOVER a Ia dUdadaNa FLORANGEL ESTHER FIGUEROA ORTEGA, titular de la Cédula de Identidad Nr V-10.700.992, como Defensora Pública Provisoria Segunda (2da.) con competencia en matería Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regiorail de la Defensa Pública del estado Falcón, a partir de la presente fecha. SEGunpQ: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gacata Oficial de la República Bollivariana de Venezueta. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General de la Defensa Pública. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA 2 2 FEB 2011 N° DDPG-2011-_01220_ Caracas, 200°, 252° y 12° La Defensora PÚblica General, Dra. RAMONA OMAIRA CAMACHO CARrIón, ttular de la Céduta de Identidad N° 8.471.964, designada medlante Acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha 11 de marzo de 2010, publicado en la Gaceta Ondal de ta República Bolivarana de Venezuela N° 39.384, de la misma fecha, reimpresa por error material según Gaceta Ondal de la República Bolivarlana de Venezueia Nº 39.395, de fecha 26 de marzo de 2010, con fundamento en lo dispuesto en el Articulo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y ejercicio de sus atribuciones establecidas en el Artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem, RESUELVE PRIMERO:REMOVER a Ia CIUdadaNa EYDING CAROLINA ROJO RIVAS, titular de la Cédula de Identidad N° V-11.015.165, como Defensora Pública Provisoria Décima Sexdta (16ta.) con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regioral de la Defensa Pública del estado Táchira, a partir de la presente fecha. SEGunpQ: Publicar el teocto integro de la presente Resolución en la Gaceta Oficdal de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de ta Defensora Pública General de la Defensa Pública. Comuníquese y Publiquese CAMACHO CARRIÓN Dra. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA 2 2 FEB 2011 N° DOPG-2012-_0!12.3_ Caracas, 200°, 152° y 12° La Defensora Pública General, Dra.RAMONA OMAIRA CAMACHO CARRzón, titular de la Cédula de Identidad N° 8.471.964, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha 11 de marzo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 39.384, de la misma fecha, reimpresa por error materlal según Gaceta Oficial de la Repúbllca Bollvarlana de Venezuela N° 39.395, de fecha 26 de marzo de 2010, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y ejercicio de sus atribuciones establecidas en el Artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem, RESUELVE PRIMERQ: REMOVER a Ia CIUdadana NANCY LORENA RODRÍGUEZ FIALLO, ttular de la Cédula de Identidad N° V-11.500.489, como Defensora Pública Provisoria Cuarta (4ta.) con competencia en materla Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Táchira, Extenslón San Antonio, a partir de la presente fecha. SEGunpa: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General de la Defensa Pública. Comuníquese y Publíquese VARIANA Dra. Pública General REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA N° DDPG-2011-0/024 Caracas, 2 2 FEB 2011 200°, 152° y 12° La Defensora Pública General, Dra. RAMONA OMAIRA CAMACHO CARrióN, titular de la Cédula de Identidad N° 8.471.964, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Naclonal de fecha 11 de marzo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela No 39.384, de la misma fecha, reimpresa por error material según Gaceta Oficial de la Repúbllca Bollvariana de Venezuela N° 39.395, de fecha 26 de marzo de 2010, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y ejercicio de sus atribuclones establecidas en el Artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem, RESUELVE PRIMERQ: REMOVER a la ClUdadana GENNY YULMAR MOLINA MOLINA, titular de la Cédula de Identidad N° V-11.841.366, como Defensora Públlca Provisoria Segunda (2da.) con competenda en materla Agraria, adscrita a la Unidad Regional de 1a Defensa Pública del estado Táchira, a partir de la presente fecha. SEgunpo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficlal de la República Bolivarlana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Públlca General de la Defensa Pública. Comuníquese y Publíquese página original (tal como se publicó) [Página 45] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA 2 2 FEB 201f Nº DDPG-2011-_0/25 Caracas, 200°, 152° y 12° La DefenSOra PÚblica General, Dra. RAMONA OMAIRA CAMACHO CARRIóN, titular de la Cédula de Identidad N° 8.471,964, designada mediante Acuerdo de la Asambiea Nacional de fecha 11 de marzo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bollvarlana de Venezuela No 39.384, de la misma fecha, reimpresa por error material según Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela N° 39.395, de fecha 26 de marzo de 2010, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y ejerddo de sus atribuclones estableddas en el Artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem, RESUELVE PBIMERO: REMOVER al CIUdadanO HÉCTOR ALEXÁNDERABREU RANGEL, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.245.412, como Defensor Públlco Provisorlo Octavo (8º) con competenda en materla de Protección del Niño, Niña y del Adolescante, adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Táchlra, a partir de la presente fecha. SEGunpQ: Publicar el texto íntegro de la presente Resoludón en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General de la Defensa Pública. Comuníquese y Publíquese 9/. RAMROMAIRA GAMACHO CARRIÓN MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 18 de marzo de 2011 Años 200° y 152° RESOLUCION N° 345 LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal General de la Rapública En ejercicio de las atribuciones conferidas en el encabezamiento del articulo 284 de la Constitución de la Repúbiica Bolivarlana de Venezuela y en el artículo 25 numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. CONSIDERANDQ: Que la Constitución de la Repúbica Bolivariana de Venezuela le asigna al Ministerio Público un conjunto de atribuciones que requieren su pronta y efectiva respuesta; CONSIDERANDQ: Que entre las atribuciones del Ministerio Público, está la de garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juido previo y el debido proceso, consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; CONSIDERANDO: Que se hace necesario crear Representaciones del Ministerlo Público con competenda exclusiva para actuar en las Fases Intermedia y de Juicio Oral, previstas en los artículos 327 al 331 y 332 al 341 del Código Orgánico Procesal Penal, respectivamente, a fin de potenciar la intervención de los Fiscaies en las audiencias celebradas ante los tribunales, optimizando de esta manera el desempeño y la representatividad Institucional en estas instancias del sistena de justicia venezolano. RESUELVE: Articulo I.- Crear la Flscalla Vigéeima Novena del Ministario Público de la Circunscripción Judidal del estado Aragua, con seda an Maracay y competencia para Intervenir on las Fases Intermedia y de Juiclo Oral, adscrita a la Dirección de Delitos Comunes. Artícazio 2- La Fscaitia del Ministerio Público creada mediante la presente Resolución, será dotada de sade física, asi como del personal, bienes muebles e insumos necesarios para su adecuado funcionamiento. Artícnlo 3.- Las Direcciones de Secretaría Generol, Infraestructura y Edlficación, Recursos Humanos, Presupuesto y, Adiministración y Servicios, quedan encargadas de la ejecución de la presente Resolución. Regist Galylral de ba-Répública REPUBLICA BOLIVARIARA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 18 de marzo de 2011 Años 200* y 152° SVE ON NOOTTIOSERI LUTSA ORTEGA DIAZ Fisc el Generel de la Rapública En ejercicio de las atribuciones conferidas en el encabezamiento del artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25 numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. CQISIRERAMRQ: Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le asigna al Ministerio Público un conjunto de abribuciones que requieren su pronta y efectiva respuesta; CONSTDERAMDQ: Que las causas sobre las cuales debe conocer el Ministario Público, se han incrementado notablemente; CONSIDERANDQ: Que para el conocimiento de las causas referidas en el Considerando anterior, se requiere acrecentar el número de Daspachos Fiscales, asignándoles el personal correspondiente. IATRE Articula_I.- Crear la Fscalia Trigéeima del Ministario Público de la Circunsaripdón Judical del estado Aragua, con sede en Maracay y competencia en maberta Conbra las Drogas, adscrita a la Direcdión Contra las Drogas. Artíaurio. 2.- La Fscalia del Ministerto Público creada medlante la presente Resolución, será dotada de sede física, así como del personal, bienes muebles e insumos necesarios pera su adecuado funcionamiento. Artigala 3,- Las Direcciones de Secretaría General, Infraestructura y Prasupuesto, Administración y Servidios, quedan Edificación, Recursos bug tecente Regolución. encargadas de la ajegí Publiqueke. ISg ORTEGA DIAL al de Er Repcolica página original (tal como se publicó) [Página 46] A LA VENTA en las taquillas de la Gaceta Oficial LEY ORGÁNICA de EDUCACIÓN GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA página original (tal como se publicó) [Página 47] A LA VENTA en las taquillas de la Gaceta Oficial LEY de Srmpiliadón de-Trédaies ADMINISTRATWOS L'EY del Régimer Prestadoonal deVIVIENDA y HÁBITAT CACETA OFICAL SACETA OFICIAL LEY angina de dmintndon PÚBLICA CAEDA OFICLAL: Otros: LEY Orginia de la FUERZA ARMADA NACIONAL Bollvarana LEY de reforma parcial dela Lay del SEGURO-SOCIAL GLCETA OFICIAL TDLO YDYA LEY ORGÁNICA EDUCACIÓN GACETA OFICLAL Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del.Sistema Microfinanciero Ley Orgánica de Telecomunicaciones Compendio (Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero, Ley especial de Asociaciones Cooperativas) Ley de Tierras y Desarrollo Agrario Ley Orgánica de Hidrocarburos página original (tal como se publicó) [Página 48] DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppO 187207DF1 AÑO CXXXVIII — MES VI Número 39.638 Caracas, lunes 21 de marzo de 2011 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas - Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 48 Págs. costo equivalente a 19,65 % valor Unidad Tributaria DE VENEZUELA. Articu/o 12. La GACETA OFICIALDE e LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos Ios días hábiles. sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario: y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único. Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial. ArtiCulo 13. En 1a GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de Ios Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo Nacional. Articulo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos. El SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Mimistros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados. página original (tal como se publicó)