[Página 1] GACETA A OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO CXXXVIII — MES IV Número 39.602 Caracas, miércoles 26 de enero de 2011 SUMARIO .Presidencia de la República Decreto N° 8.013, mediante el cual se crea el Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados. Decreto N° 8.014, mediante el cual se dicta el Reglamenlo de Organización y Funcionamiento de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas Resolución mediante la cual se otorga la Jubilación Especial al ciudadano Juan Evangelista Virguez. SUDEBAN Resolución mediante la cual se acuerda la liquidación de la empresa Inversiones Dolomita, C.A. FOGADE Providencia mediante la cual se dicta las Normas para la Liquidación de Instituciones del Sector Bancario y Personas Jurídicas Vinculadas. Ministerio del Poder Popular para el Turismo Resolución mediante la cual se encomienda a los ciudadanos que en ella se indican, para que efectúen las inspecciones correspondientes al Sistema Turístico Nacional. Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana María Fernanda Piña Antúnez, Directora General de Registro y Licencia, de este Ministerio. Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tlerras Acta. CIARA Providencia mediante la cual se corrige por error material la Providencia Administrativa N° 018/2010, de fecha 30 de diciembre de 2010, en los términos que en ella se señalan. INSA! Providencia mediante la cual se designa como secretaria de la Comisión de Contrataciones de este Instituto, a la ciudadana Carmen Lisbeth Delgado Ovalles. INLA Providencias mediante las cuales se nombra a las ciudadanas y al ciudadano que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican. Ministerio del Poder Popuiar para la Salud Resoluciones mediante las cuales se designa al ciudadano y a la ciudadana que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se mencionan. Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo Resoluciones mediante las cuales se designa como Cuentadantes responsables de las Unidades Administradoras que en ellas se indican, a los ciudadanos que en ellas se seflalan. República Bolivariana de Venezuela Defensa Pública Resolución mediante la cual se Reestructura y Reorganiza Administrativamente la Coordinación de Consultoría Jurídica de fa Defensa Pública, Contraloría General de la República Decisión mediante la cual se declara la Responsabilidad Administrativa del ciudadano Favio Manuel Quijada Saldo. Decisión mediante la cual se declara Sin Lugar el recurso de reconsideración interpuesto por el ciudadano Favio Manuel Quijada Saldo. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 25 de enero de 2011 Decreto N° 8.013 HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo, y en ejercicio de tas atribuciones que le confieren los artículos 226 y 236 numerales 2, 11 y 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el artículo 117, numeral 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, el artículo 182 de la Ley Orgánica de Drogas, en Consejo de Ministros, CONSIDERANDO Que es deber del Ejecutivo Nacional apoyar medidas que permitan el uso eficiente, el cumplimiento del principlo de suficiencia, y la adecuación de los medios a los fines institucionales, con respecto a los recursos y bienes del Estado en los órganos y entes de la Administración Púbilca Nacional, CONSIDERANDO Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Drogas, la Oficina Nacional Antidrogas precisa crear el Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados con la finalidad de asegurar la eficiente administración, disposición y enajenación de los bienes asignados por los tribunales penales del país, CONSIDERANDO Que para optimizar la administración de los bienes asegurados o incautados, confiscados y decomisados, se requiere la implementación de medidas y procedimientos que favorezcan la aplicación de criterios en la administración, enajenación, disposición, manejo y custodia de fondos y bienes, página original (tal como se publicó) [Página 2] CONSIDERANDO Que para lograr la asignación de recursos y bienes previsto en la Ley Orgánica de Drogas y destinarlos a los planes y proyectos. de prevendón Intagral social, se hace necesarlo contar con procedimientos especiales en el marco de la ley, que garanticen los actos de disposición de los bienes asignados por los tribunales penales del país. DICTA El sigulente, DECRETO QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACION Y ENAJENACIÓN DE BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS, CONFISCADOS Y DECOMISADOS Creación Artículo 1°. Se crea el Servicio Nacional de Adminištración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados, servicio desconcentrado especializado, sin personalidad jurídica, dependiente de la Oficina Nacional Antidrogas, con autonomía técnica y capacidad de gestión administrativa, operativa,presupuestaria, financiera y de disposición, el cual se regirá por la Ley Orgánica de Drogas, el presente Decreto y Reglamentos. Objeto Artículo 2°. El Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados, es el órgano encargado de la planificación, organización, funcionamiento, administración, disposición, liquidación, enajenación, custodia, inspección, vigilancia, procedimientos y control dentro y fuera del país, sobre los blenes muebles e inmuebles, capitales, naves y aeronaves, vehículos automotores, obras de arte y' joyas, semovientes, activos y haberes bancarlos, acciones y derechos asignados por los Tribunales Penales del país, conforme a la ley que regula la materia de drogas, sin perjuicio de otros blenes, derechos y acclones que conforme a su competencia se le atribuyan. Domicillo Artículo 3°. El domicilio del Servicio Nacionai de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados será la cludad de Caracas, pudiendo crear dependencias en todo el territorio nacional y realizar actividades dentro y fuera del país. Atrlbuclones Artículo 4°. Son atribuciones del Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados, las siguientes: 1. Diseñar, proponer y fijar las metodologías y procedimientos generales relativos a la administración, disposición, conservación y enajenación de los bienes, acclones y derechos asegurados o incautados, confiscados y decomisados. Planificar y diseñar las metodologías idóneas y los 2. macaniamos rer designación,uso,py conservación, mantenimiento, control, y fiscalización de los bienes, acdones y derechos, de conformidad con la naturaleza del bien, garantizando la equidad y transparencia en los pro Casos. Practicar las medidas conducentes e inmediatas de debida 3.0 custodia, conservación y administración de los bienes, con el objeto de evitar que se alteren, desaparezcan, deterioren o destruyan. Ejercer la supervisión sobre la custodia, mantenimiento, 4. conservación y seguridad de los bienes asignados, mediante acuerdos de administración especial, con arreglo a Ley; pudiendo adoptar las medidas que considere pertinentes ante el eventual incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Decreto. Implementar los procedimientos especiales a seguir en 5.a caso de aseguramiento o incautación preventiva, decomiso y confiscación de bienes, acciones y derechos, con arreglo a la ley que regula la materia. Nombrar o designar depositarios administradores 6. especiales de acuerdo a lo que establece la ley que regula la materia de drogas. Realizar seguimiento y control a la gestión realizada por los 7. administradores especiales. 8. Realizar operaciones en moneda extranjera conforme a la normativa legal cambiaria vigente. 9. Diseñar los mecanismos que permitan obtener la identificación precisa de los bienes o instrumentos utilizados en actividades ilícitas, para el cumplimiento de sus funciones, 10. Gestionar la restitución de los gastos ocasionados por el mantenimiento y œnservación del bien afectado, objeto de devolución por los tribunales penales del país. 11. Informar a la Oficina Nacional Antidrogas y al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y justicia, las necesidades, planes y proyectos orientados a la optimización de la administración y disposición de los bienes, derechos y asignaciones y cualquier otro aspecto que considere relevante. 12. Automatizar el sistema de registro de información de blenes, derechos y acclones asignados. 13. Informar de manera continua y permanente a la Procuraduría General de la República sobre los bienes que sean objeto de enajenación por parte del Servicio, conforme a la ley. 14. Controlar y fiscalizar la correcta utilización de los recursos asignados. 15. Fijar el monto o importe de los gastos prestados por el Servicio, conforme a cada caso. 16. Gestionar ante las Instituciones bancarias la transferencia de los fondos en moneda nacional o extranjera, objeto de medida de Inmovilización o incautación decretada por los tribunales penales del país. 17. Acceder a la información, datos y apoyo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 18. Emplear las técnicas especiales necesarias para obtener la información sobre la identificación de los bienes y activos objeto de este Decreto. 19. Someter al avalúo los blenes que por su naturaleza, se requiera determinar su valor en el mercado. 20. Constituir fideicomisos de administración o de inversión, según estime conveniente, con el objeto de garantizar la transparencia en la administración y optimizar el rendimiento de los recursos administrados. 21. Velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en ef presente Decreto, así como, la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar, de conformidad con la normativa aplicable. 22. Capacitar y actualizar permanentemente al personal del Servicio en las áreas de su competencia. 23. Mantener intercambio de Información y de trabajo con organismos y las redes Intemacionales en su área de competencia. 24. Cualesquiera otros deberes o atribuciones que le corresponda conforme a lo establecido en las leyes, por la naturaleza de sus fundones o que le sean especialmente asignados. página original (tal como se publicó) [Página 3] Fuente de ingresos Artículo 5°. Los ingresos del Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados, serán los siguientes: 1. Los recursos provenientes de la Ley de Presupuesto bajo la denominación "Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados", así como los extraordinarios. Los recursos financieros y no financieros asignados por el 2. Ejecutivo Nacional, los gobiernos estadales o municipales y los aportes de instituciones privadas. 3. Los recursos derivados de convenios celebrados con instituciones públicas y privadas. Las donaciones, legados, auxilios, contribuciones, 4. subvenciones, transferencias, o cualquier clase de asignación lícita de personas naturales, entidades nacionales o internacionales, gubernamentales o no. Los recursos derivados de convenios, tratados o 5. instrumentos contractuales suscritos con entes u órganos públicos o privados, nacionales e internacionales, destinados al fortalecimiento del Servicio. Los beneficios, producto, rentas e intereses que resulten 6. de la administración de sus recursos y de las operaciones financieras provenientes del Fondo Especial. Los beneficios que obtenga de conformidad con la 7. prestación de sus servicios en materia de administración, Los recursos en moneda nacional o extranjera que 8. ingresen al Servicio. Los demás bienes que adquiera por cualquier título para la 9. consecución de su objeto. 10. Los recursos que se generen por leyes especiales. 11. Cualquier otro recurso producto de su autogestión. De la organización del Servicio Artículo 6°. El Servicio Naclonal de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados, será dirigido y administrado por un Consejo Directivo y demás dependencias operativas y sustantivas que se requieran para cumpllr con su objeto. La estructura organizativa y funcionamiento de las unidades operativas serán establecidas en su Reglamento. Las normas previstas en el Reglamento del Servicio determinarán las atribuciones de los miembros y el réglmen de actividades del Consejo Directivo que no esté previsto en este Decreto, así como el de convocatoria, el mínimo de asistencia requerida para seslonar válidamente y las demás modalidades bajo las cuales se celebrarán las reunlones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo. Constitución del Consajo Directivo Artículo 7°. El Consejo Directivo es el órgano de mayor jerarquía administrativa del Servicio Nacional de Administración y Enajenaclón de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados. Estará conformado por el Presidente de la Oficina Nacional Antidrogas, quien presidirá el Consejo, el Secretario Ejecutivo, un Director General y dos Directores, designados por el Presidente de la Oficina Nacional Antidrogas. Requisitos de los miembros Artículo 8*. Los miembros del Consejo Directivo deberán ser venezolanos o venezolanas, mayores de edad, solventes con el Tesoro Nacional, Estadal y Municipal y además: 1. De reconocida solvencia moral. 2. No haber sido condenado penalmente o sentenciado por delltos cometidos contra la cosa pública. 3. No haber sido condenado penalmente o sentenciado por delitos tipificados en la legisiación penal venezolana. Atribuciones del Consajo Directivo Artículo 9°. El Consajo Directivo tendrá las siguientes atribudones: 1. Ejercer la dirección del Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados, aprobar las operaciones y procedimientos a ser efectuados, de acuerdo con las políticas Impartidas por la Oficina Nacional Antidrogas y lineamientos del Ministerio con competencia en materia de relaciones Interiores y justicia. Informar trimestralmente al órgano rector, acerca de la 2. ejecución de los planas y actividades desarrolladas. Aprobar el Plan Operativo Anual. 3. Aprobar el proyecto de presupuesto anual de Ingresos y 4. gastos correspondiente a cada ejercicio. Definir las estrategias y programas de desarrollo de sus 5. actividades en las distintas reglones del pals y evaluar periódicamente sus resultados. 6. Autorizar al Director General del Servicio a celebrar contratos, convenios y acuerdos, nacionales e internacionales en los que participe el Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados para el cumplimiento de su objeto. Los contratos que impliquen actos de disposición, requenrán la autorización expresa de la máxima autoridad del órgano rector. 7. Decidir sobre la organización y funcionamiento de las unidades y órganos internos del Servicio Nacdonal de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados. Designar y remover al personal que labore en el Servicio 8. Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados. 9. Elaborar los materiales e Instrumentos institucionales, técnicos de funcionamiento y proceso, que deben, desde el ámbito de su competencia, ular el funcionamiento del Servicio. 10. Aprobar la Memoria y Cuenta del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados. 11. Aprobar el Informe Anual de actividades que debe presentar el Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados. 12. Designar y aprobar la contratación de auditores extemos y fijar el monto de sus honorarios. 13. Aprobar los programas de Inversión y colocación de los recursos del Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Blenes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados. 14. Aprobar el Reglamento. 15. Aprobar los manuales de normas y procedimientos que orlentarán las acciones administrativas y operativas del Servicio. 16. Elevar ante el Ministerio con competencia en la materia las recomendaciones que juzgue necesarias para cumpllr con sus funciones. 17. Fijar la remuneración por la contraprestación de servicios. 18. Las demás que le asigne la legislación que reguia la materia, su reglamento y normas operativas. Fondo Especlal Artículo 10. El Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados constituirá un Fondo Especial de Administración o Fideicomiso, el cual estará destinado a administrar los recursos asignados al mismo. Patrimonlo del Fondo Especial Artículo 11. El Fondo Especial se constituirá con el aporte inicial, los aportes subsiguientes y ios recursos disponibles en página original (tal como se publicó) [Página 4] moneda nacional o extranjera conforme a la normativa legal vigente en la materia, los montos obtenidos producto de las operaciones, enajenaciones realizadas por el Servicio y demás bienes. Alcance de la potestad de administración Artículo 12. La administración de los bienes -asegurados o incautados por parte del Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados, comprende su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión. Serán conservados en el estado en que se hayan asegurado, para ser devueltos en las mismas condiciones, salvo el deterioro normal que se les cause por el transcurso del tiempo; también podrán utilizarse, arrendarse o ser enajenados en los casos y cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley que regula la materia de drogas. Administraclón de recursos Artículo 13. Los recursos producto de ingresos, rentas, rendimientos o excedentes obtenidos por la administración y enajenación de los bienes, acciones y derechos por parte del Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Blenes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados, podrán ser destinados a: 1. La ejecución de los programas y proyectos de la Oficina Nacional Antidrogas, al Sistema Público Nacional de Atención y Tratamiento de Adicciones, al Sistema Nacional Antidrogas, Los organismos públicos dedicados a la prevención, 2. represión, control y fiscalización de los delitos tipificados en la ley que regula la matería de drogas y a los organismos dedicados a los programas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social debidamente acreditados. 3. Autofinanciamiento de los gastos operativos y de funcionamiento del Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados. Administración de moneda nacional o extranjera Artícuio 14. Los recursos en moneda nacional o extranjera serán administrados a través del Fondo Especial del Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados. Destino de recursos excedentes Artículo 15. Los recursos que se obtengan de la administración de los bienes asegurados se destinarán a resarcir el costo de mantenimiento y administración de los mismos y el remanente, si lo hubiera, se mantendrá en ún fondo especial que se entregará a quien en su momento acredite tener derecho, en caso de devolución de los bienes afectados. Bienes perecederos o de difícil administración Artículo 16. El Servicio Nacional de Adninistración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados, podrá disponer de manera anticipada de los alimentos, bebidas, blenes perecederos o de difícil administración incautados preventivamente, cuando así to determine un juez o jueza de control, a través de su venta o utilización con fines sociales para evitar su deterioro, daño o pérdida. El producto de la venta de fos mismos será resguardado en el fondo especial hasta que exista sentencia definitivamente firme. El producto que se obtenga de la enajenación de los bienes a que se refiere este Decreto será depositado en el fondo especial. Enajenación o transferencia de bienes con finas socia las Articulo 17. Los bienes no cónsonos con el objeto del Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados que no puedan ser utilizados para la ejecución de las actividades señaladas en el presente Decreto y en la Ley que regula la materia, serán enajenados o bien transferidos con fines sociales o asignados a fas dependencias respectivas, según cada caso, en coordinación con el Ministerio con competencia en materia de relaciones interiores y justicia, oída la opinión de fa Oficina Naclonal Antidrogas. Pólizas de seguro Artículo 18. El Servicio Naclonal de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados podrá contratar pólizas de seguro para et caso de pérdida o daño de los bienes, cuando el valor y las características de los mismos lo ameriten. Excepclón de procedimiento de enajenación de buenas del sector público Artículo e 19.Se exceptúaal ServicioNaclonal de Administración de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados o Decomisados de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica que Regula la Enajenación de Bienes del Sector Público no Afectos a las Industrias Básicas. Recursos presupuestarios de contingencia Artículo 20.El Servicio Naclonal de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados, deberá contar con una cuenta de contingencia que tenga por objeto mantener durante cada ejercicio fiscal, una cantidad de recursos disponibles a fin de cubrir una eventual insuficiencia para la atención de los planes y proyectos. El uso de los recursos de esta cuenta se realizará de forma subsidiaria cuando se hayan agotado los mecanismos ordinarios y extraordinarios para la obtención de recursos y la situación del fondo así lo amerite. Recursos presupuestarios de reserva Artículo 21. El Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados deberá contar con una cuenta de reserva que tenga por objeto incrementar el acervo patrimonial del Servicio durante el transcurso del tiempo, con el fin de disminuir progresivamente el impacto presupuestario de las actividades relacionadas con la administración de los bienes, acciones y derechos asignados. El uso de los recursos de esta cuenta se realizará de forma excepcional, una vez utilizados los recursos de la cuenta de contingencia y verificado que no existan recursos disponibles en el Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados y se hubieren agotado los mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la obtención de recursos y la situación del Servicio así lo amerite. No obstante, sólo podrá utilizarse hasta el ochenta por ciento (80%) de los recursos existentes en esta cuenta para el ejercicio fiscal en curso. Designacón de depositarios o administradores espaciales Artículo 22. El Servicio Nacional de Administradón y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Conflecados Y página original (tal como se publicó) [Página 5] Decomisados, podrá designar depositarios o administradores espedales a fin de evitar que los bienes incautados o decomisados se alteren, desaparezcan, deterioren, disminuyan considerablemente su valor económico o destruyan; quienes deberán someterse a las directrices de este Servicio y presentarle Informnes periódicos de su gestión. Estas personas adquieren el carácter de funcionarlos públicos a los fines de la guarda, custodia, uso y conservación de los bienes y responderán administrativa, civil y penalmente ante el Estado venezolano y terceros agraviados. Cualidad de depositar los o administradores especiales Artículo 23. Los depositarios o administradores serán preferentemente las dependencias de la Administración Pública previa solicitud o acuerdo correspondiente, sin perjuicio de que puedan ser designadas otras personas profeslonalmente idóneas, y las comunidades legalmente organizadas. Debar de rendición de cuentas Artículo 24. Quienes reciban bienes asegurados en depósito o administración, están obligados a rendir al Servicio un informe bimestral sobre los mismos y a darle todas las facilidades para su supervisión y vigilancia. Prohlbición de enajenación Artículo 25. Los administradores designados no podrán enajenar o gravar los bienes a su cargo. Control Artículo 26. Le corresponderá a la Oficina de Auditoría Interna del Ministerlo con competencia en materia de relaciones Interiores y justicia ejercer sobre el Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados, el Sistema de Control Interno y el régimen previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, y el Sistema Nacional de Control Fiscal, de conformidad con las disposiciones y normativa vigente en la materla. Publicaclón de los estados financieros Artículo 27. Los estados financieros auditados, una vez aprobados por el Consejo Directivo, deberán ser publicados en un diario de clrculadón naconal. Disposiclones complementar las Artículo 28. Las disposiciones de este Decreto son de orden público y de observancia general en todo el territorio Nacional. El control, funcionamiento y desarrollo de los procedimientos para la administrador y destino de los blenes, derechos y acciones por parte del Servicio Naclonal de Administraclón y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados, se regirá conforme a lo señalado en la ley que regula la materla de drogas, el presente Decreto, el reglamento, resoluciones, normas y directrices que se dicten a tal efecto. Base de datos Artícuio 29. El Servicio Naclonal de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados, integrará una base de datos en línea con el registro de los blenes asegurados, abandonados y decomisados, que podrá ser consultada por las autoridades competentes, así como por las personas que acrediten un Interés jurídico para ello. Dicho registro deberá contener como mínimo datos que identifiquen el bien, a su propietario o poseedor y la autoridad que haya dictado la resolución de que se trate. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Blenes, derechos y acciones administrados por la ONA Prlmera. Los bienes, derechos y acciones asignados a la Oficina Nacional Antidrogas de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Drogas, serán transferidos al Servicio Naclonal de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados, al entrar en pleno funcionamiento el referido Servicio. Reglamento Segunda. El Reglamento para la Administración de los Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados deberá dictarse dentro de los ciento veinte (120) días contados a partir de la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela del presente Decreto. Organización estructural y funcional Tercera. Se establece que el Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o .Incautados, Confiscados y Decomisados, dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, deberá adecuar su organización estructural y funcional, así como lo relativo a su personal y a los objetivos establecidos en el presente Decreto, previo cumplimiento de los requisitos de ley. DISPOSICIONES FINALES Primera. El Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia en coordinación con la Oficna Nacional Antidrogas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento de los lineamientos establecidos en el presente Decreto. Segunda. El Ministerio con competencia en materia de relaciones interiores y justicia incorporará en su Reglamento Orgánico, el Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados,Confiscados y Decomisados, como servicio desconcentrado, dependiente de la Oficina Nacional Antidrogas. Tercera. El Ministerio con competencia en materia de planificación y finanzas realizará las gestiones pertinentes a objeto de obtener los recursos financieros necesarios para el funcionamiento del Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados, y tramitar la autorización para abrir las cuentas receptoras. Cuarta. Queda derogada cualquier disposición de igual o menor rango normativo que contradiga lo dispuesto en este Decreto. Quinta. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los veinticinco días del mes de enero de dos mil once. Años 200° de la Independencia, 151° de la Federación y 11° de la Revolución Bollvariana. Ejecútese, (L.S.) HUGO CHAVEZ FRIAS página original (tal como se publicó) [Página 6] Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo (L.S.) ELIAS JAUA MILANO Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia (L.S.) FRANCISCO JOSE AMELIACH ORTA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Reladones Interiores y Justicia (L.S.) TARECK EL AISSAMI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) NICOLAS MADURO MOROS Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificacón y Finanzas (L.5.) JORGE GIORDANI Refrendado El Minlstro del Poder Popular para la Defensa (L.S.) CARLOS JOSE MATA FIGUEROA Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Comercio (L.S.) RICHARD SAMUEL CANAN Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería (L.S.) JOSE SALAMAT KHAN PERNANDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) JUAN CARLOS LOYO HERNANDEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) MARLENE YADIRA CORDOVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educaclón (L.S.) JENNIFER JOSEFINA GIL LAYA Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Salud (L.S.) EUGENIA SADER CASTELLANOS Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Sodlal (L.S.) MARIA CRISTINA IGLESIAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones (L.S.) FRANCISCO JOSE GARCES DA SILVA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo (L.S.) RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (LS.) ALEJANDRO HITCHER MARVALDI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Clencia, Tecnología e Industrias Intermedias (L.S.) RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicacón y la Informaclón (L.S.) ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA Refrendado La Ministra del Poder Popular para les Comunas y Protección Social (L.S.) ISIS OCHOA CAÑIZALEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Allmentación (L.5.) CARLOS OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Encargado del Mínisterlo del Poder Popular para la Cultura (L.S.) FRANCISCO DE ASTS SESTO NOVAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.) HECTOR RODRIGUEZ CASTRO Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) NICIA MALDONADO MALDONADO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) NANCY PEREZ SIERRA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica (L.S.) ALI RODRIGUEZ ARAQUE Refrendado El Ministro de Estado para la Banca Pública (L.S.) HUMBERTO RAFAEL ORTEGA DIAZ Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revoludonaria de la Gran Caracas (L.S.) FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS página original (tal como se publicó) [Página 7] Decreto N° 8.014 25 de enero de 2011 HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la Repúbllca Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones" morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el artículo10 de la Ley de Universidades y el artículo 10 del Decreto N° 6.616 mediante el cual se crea la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 39.120 de fecha 13 de febrero de 2009, CONSIDERANDO Que la Universidad Nacional Experimenta! de la Seguridad fue creada en el marco de la misión Alma Mater, con el propósito de contribuir a consolidar, a través de la formación de base y continua de las funcionarias y funcionarios, la creación Intelectual y la vinculación social, de cuerpos de seguridad cludadana transparentes, con sentido ético, conflables, eficaces, abiertos a la participación popular y a la contraloría social, al serviclo del pueblo venezolano y ajustados al cumplimiento de los derechos y libertades ciudadanas, CONSIDERANDO Que la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad debe contar con un régimen especial acorde con su misión particular y cumplir con los lineamientos impartidos por el órgano rector en materia de seguridad ciudadana y otros órganos y entes de la administración pública. DICTA El siguiente, REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD (UNES) TITULO I DISPOSICIONES FUNDAMENTALES Objeto Artículo 1°. El presente Reglamento establece la estructura orgánica y funcional de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Naturaleza Artículo 2°. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad creada en el marco de la misión Alma Mater, con personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene como propósito la formación de base y continua, la creación intelectual y la vinculación social, ai serviclo dei pueblo venezolano, con miras a la profesionalización y al desarrolio Integral del personal que conforma los órganos de seguridad cludadana. Sus funciones de generación, transformación, Integración a la práctica soclal y divulgación del conocimiento están dirigidas a consolidar órganos de seguridad ciudadana transparentes, con sentido ético, confiables, eficaces, abiertos a la participación popular y a la contraloría social, ajustados al cumplimiento de los derechos y Ilbertades ciudadanas. La Universidad Nacional Experimental de la Segurdad es de carácter civil, lo cual se expresa en sus autoridades, dirección, modelo de gestión, personal, estructura, cultura, régimen disciplinario, Instalaciones, equipamiento y dotación. Objetivos Artículo 3°. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad tlene como objetivos: 1. Formar a las y los responsables de la seguridad ciudadana como seres humanos y profesionales calificados para proteger a las personas y sus derechos, preservar el ambiente, promover la convivencia y" velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Garantizar la formación inicial y permanente bajo criterios 2. comunes y conforme a los principios constitudonales, asf como también los definidos en los instrumentos jurídicos reguladores de la seguridad ciudadana, con diversificación según las disciplinas y áreas del servicio, contextualizadas en función de las realidades locales, regionales y nacional." Promover y generar conocimiento en el área de seguridad, 3. por medio de la investigación, 1a sistematización y el análisis crítico de las situaciones, casos y prácticas profesionales, la consulta pública y el diálogo de saberes con las comunidades. Contribuir a crear una cultura de la seguridad ciudadana 4. dirigida al pleno ejercicio de los derechos de todas y todos, fundamentada en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad. Incentivar la participación protagónica del pueblo 5. venezolano en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. Princlplos Articulo 4°. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad asume la educación y el conocimiento como bienes públicos al serviclo de todas y todos, bajo los principios de justicia social, respeto a los derechos humanos, igualdad de género, diversidad e Interculturalidad, corresponsabilidad, cooperación solidaria, participación ciudadana,. calidad, pertinencia, formación integral, educación a lo largo de toda la vida, vinculación con los pianes de desarrollo nacional, cooperación internacional y carácter civil de la formación en seguridad ciudadana. Articulación con las Políticas Públicas y el Sistema Integrado de Policía Artículo 5°. Las actividades de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad deben articularse con las políticas públicas y lineamientos definidos por el órgano rector en materia de seguridad ciudadana, por el órgano con competencia en materia de educación universitaria y con los órganos que conforman el Sistema Integrado de Policía. La Universidad Nacional Experimental dela Seguridad coordinará con el órgano rector en materia de seguridad ciudadana los procesos de ingreso, prosecución y graduación de las y los discentes, los programas de asistencia técnica y el funcionamiento de ios centros de formación. página original (tal como se publicó) [Página 8] De la Adscripción Artículo 6°. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad está adscrita al Ministerio del Poder Popular con competenda en materia de seguridad ciudadana. Del Rágimen Académico y administrativo Artículo 7°. La Universidad Nadonal Experimental de la Seguridad esta sujeta a un régimen especial en materia académica, administrativa y de recursos humanos, acorde con su misión específica la cual supone una particular disciplina de servicio. Del Réglmen de Personal Artículo 8°. El personal profesional académico, asf como las empleadas y los empleados de apoyo de , la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, dada la naturaleza de las fundones que esta realiza, será objeto de regímenes reglamentarios especiales, respectivamente, debidamente autorizados por las máximas autoridades académicas, oída la opinión del Órgano Rector en materia de seguridad ciudadana y de los Ministerios delPoder Popular con competencia en materla de Planificación y Finanzas y Educación Universitaria. Dichos reglamentos establecerán las normas especlales en materia de derechos y obligaciones sobre reclutamiento, selección y empleo, ciasificación de cargos, remuneraciones, capadtación y adiestramiento, estabilidad, ascenso, promoción, traslado, suspensión retiro, así como cualesquiera otras materias inherentes al sistema de personal. Funclones Sustantivas Artículo 9°. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad asume como funciones sustantivas la formación integral, la creación intelectual y la vinculación social. La formación integral comprende las actividades académicas conducentes a certificaciones de habilitación profesional, las de pregrado y postgrado, así como las actividades de formación permanente. La creación intelectual está dirigida a generar, transformar y apropiar conocimiento en el área de seguridad ciudadana entendida desde sus múltiples determinaciones, por medio de la investigación, la sistematización y el análisis crítico de las situaciones, casos y prácticas profesionales, la consulta pública y el diálogo de saberes con las comunidades. La vinculación social comprende actividades comunitarias, diseñadas a partir de diagnósticos situacionales, ejercicios de reflexión y acción comunitaria, y estará dirigida a la creación de una cultura de la seguridad cludadana fundada en el pleno ejercicio de los derechos de todas y todos, la corresponsabilidad y la participación protagónica del puebio venezolano en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas. TTTULO 1I DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA De la estructura académica Artículo 10. La estructura académica de la Universidad NacionalExperlmentalde la Seguridad está orientada a garantizar: 1. El desarrollo Integrado de las actividades de formación integral, creación intelectual y vinculación social. El fortaledmiento de mecanismos de participación y 2. vinculación permanente con las comunidadescomo protagonistas en las funciones universitarias y en el nuevo modelo de seguridad ciudadana. La promoción del trabajo Interdisciplinario y transdisciplinario. 4. La interacción entre las y los discentes, las educadoras y los educadores y de éstos con distintas disciplinas, corrientes de pensamiento y fuentes de información. 5. La flexibilldad para atender situaciones diversas, derivadas de las necesidades de la formación, la creación intelectual y la vinculación social de la Institución. 6. La reubicadón y el rediseño de funciones y la movilidad Intra e interinstitucional de las y los educadores y del personal técnico de apoyo. 7. La utilización compartida de los servicios y recursos existentes, asf como la creación y el fortalecimiento de servicios, laboratorios, proyectos y centros de información compartidos. Los mecanismos que permitan ampliar el tiempo y la 8. extensión del uso de los servicios y recursos en función de las necesidades de la educación abierta y permanente. 9. Laevaluadióninstitucionalpermanentey la retroalimentación para la toma de decislones. 10. El trabajo colaborativo y el aprendizaje colectivo y, en particular, establecimientos nacionales e internacionales. Criterios de gestión académica Artículo 11.La gestión académica procurará humanismo,. eficiencia, eficacia, calidad, transparencia, participación y evitará la proliferación burocrática. Componentes de la estructura académica Artículo 12.La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad para el desarrollo de sus actividades contará con una estructura académica integrada por las siguientes unidades: 1. Centros de Formación; Programas Nacionales de Formación y 2. 3. Campos de Conocimiento De los Centros de Formación Artículo 13. Los Centros de Formación se definen como espacios físicos donde se desarrollan uno o más programas de formación y están à cargo de una Directora o Director. Cada Centro dispondrá con los servicios de atención estudiantil y las áreas necesarias para la administración de recursos humanos y financieros, que garanticen el mantenimiento de su infraestructura, así como las instancias Indispensables para crear y desarrollar el vínculo social con las comunidades. Estos Centros estarán bajo la dirección del Vicerrectorado de Centros de Formación. De los Programas Naclonales de Formación Artículo 14. Los Programas Nacionales de Formación se definen como el conjunto de actividades académicas conducentes a títulos, grados o certificaciones de estudios otorgados por la Universidad Nacional Experlmental de la Seguridad. Los Programas Nadonales de Formación que gestionará la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad serán propuestos por el Consejo Directivo de ésta, sobre la base de los diagnósticos realizados por las unidades académicas y los órganos de seguridad ciudadana, atendiendo las políticas públicas definidas por el órgano con competencia en seguridad ciudadana y serán autorizados por el órgano con competencia en educación universitaria. Cada Programa Nacional de Formación contará con una Dirección Nacional, responsable de diagnosticar necesidades de formación, planificar, supervisar y evaluar el currículo de formación y el desempeño de las y los discentes en la Universidad Nacional Experlmentai de ia Seguridad. página original (tal como se publicó) [Página 9] Los Programas Nacionales de Formación contarán con una Coordinadora o Coordinador en cada uno de los Centros de Formación. De los Campos de Conocimlento Artículo 15. Los Campos de Conocimiento se definen como las áreas de estudio y desarrollo intelectual donde se reúnen las trabajadoras y los trabajadores académicos en unidades transdisciplinarias. Cada Campo contará con una Unidad Académica y podrá conformar los equipos de trabajo que se desprendan de los diagnósticos vinculados al área de seguridad cludadana, previa aprobación del Consejo Directivo de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Los Campos de conocimiento trabajarán en estrecha relación con los centros de creación intelectual que conforme fa Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Del Centro Nacional de Investigación en Seguridad Ciudadana Artículo 16. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad contará con un Centro Nacional de Investigación en materia de seguridad ciudadana y estará adscrito al Vicerrectorado de Camoos de Conocimlento. -El Centro Nacional de Investigación estará dedicado a fomentar la creación intelectual, el desarrollo tecnológico y la producción de conocimientos útiles en el área de la seguridad ciudadana, desde un enfoque inter y transdisclplinario, orientado a asegurar el impacto social de sus resultados y será corresponsable en la difusión y socialización de conocimientos en materia de seguridad ciudadana. De otras Institudones educativas en materla de seguridad cludadana Artículo 17. La Universidad Nacional Experimentaldela Seguridad establecerá las condiciones académicas, de personal e infraestructura indispensables para que los estudios realizados en otras instituciones sean reconocidos por ésta y definirá los mecanismos de evaluación, seguimiento y asistencia técnica para estas Instituciones. El reconocimiento de estudios en otras instituciones estará condicionado a los lineamientos del órgano rector con competencia en materia de seguridad cludadana. La Universidad entregará al órgano rector en materia de seguridad ciudadana, informes periódicos del registro de instituciones cuyos estudios serán reconocidos por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. TITULO III DE LOS ORGANOS DE DIRECCION Órganos de Dirección Artícuio 18. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad contará para el cumplimiento de sus funciones de dirección, orientación y control institucional con los siguientes órganos colegiados y órganos directivos funcionales: 1. Órganos coleglados: El Consejo de Participación Social y el Consejo Directivo. 2. Órganos directivos funcionales: a Rectorado, el Vicerrectorado de los Centros de Formación, el Vicerrectorado Programas de Formación, el Vicerrectorado de Campos de Conodmiento, el Vicerrectorado de Asistencia Técnica y la Secretaría. CAPITULO I DE LOS ORGANOS COLEGIADOS Del Consejo de Participación Soclal Artículo 19. El Consejo de Participación Social es un órgano colegiado de planificación y contraloría sodal que se encargará de velar por el cumplimiento de los objetivos definidos en el artículo 3° del presente Reglamento. Este ·Consejo estará conformado por: 1. Dos (2) voceras o voceros de las y los discentes; 2. Una (1) vocera o vocero de las trabajadoras y trabajadores académicos; Una (1) vocera o vocero de las trabajadoras y trabajadores 3. administrativos y obreros; Tres (3) integrantes designados por el órgano rector en 4. materia de seguridad ciudadana, vinculados con las áreas de policía preventiva y de investigación, bomberil, penitenciaria y de protección civil; Dos (2) voceras o voceros de organizaciones sociales y 5. comunitarias; Cada integrante de este Consejo contará con una o un suplente. La elección o designación de las y los integrantes del Consejo de Participación Soclal será regulada por los reglamentos Internos, contará con una Secretaría Ejecutiva y se eenformasemestral,y reuniráordinariamente extraordinariamente por convocatoria de un tercio de los miembros que lo conforman o a petición del Consejo Directivo. Atribuciones del Consajo de Participación Social Artículo 20. Son atribuciones del Conseja-de Participación Social: Ejercer la contraloría social de Universidad Naconal 1. Experimental de la Seguridad. 2. Participar en la formulación del Plan de Desarrollo Institucional. 3. Participar en la elaboración de la Memoria y Cuenta de la Universidad Naconal Experimental de la Seguridad. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual y el 4. presupuesto de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. 5. Conocer, proponer y realizar recomendaciones sobre las orientaciones y el desarrollo de las funciones de formación Integral, creación intelectual y vinculación social. 6. Dar seguimiento a las actividades administrativas y de funcionamiento de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. 7. Recomendar políticas institucionales derivadas de la consulta pública, 8. Comunicar públicamente a través de informes el resultado de las evaluaciones realizadas a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Designar su Secretaría Ejecutiva. 9. 10. Dictar su reglamento Interno. Del Consejo Directivo Artículo 21. El Consejo Directivo es el máximo órgano de decisión en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Sus puntos de discusión y decisión serán ampliamente divulgados a la comunidad universitaria y se página original (tal como se publicó) [Página 10] establecerán mecanismos de consulta permanente para asegurar la participación de todas y todos en la gestión universitaria. Conformación del Consejo Directivo Artículo 22. El Consejo Directivo es un cuerpo colegiado integrado por: 1. La Rectora o Rector quien lo preside; 2. La Vicerrectora o Vicerrector de Centros de Formación; 3. La Vicerrectora o Vicerrector de Programas de Formación; La Vicerrectora o Vicerrector de Campos de Conocimiento; 4. La Vicerrectora o Vicerrector de Asistencia Técnica; 5. La Secretaria o Secretario; 6. 7. Un (1) representante del Ministerio del Poder Popular con competencia en servicio de policía y seguridad ciudadana; 8. Un (1) representante del Ministerio del Poder Popular con competencia en educación universitaria; 9. Una (1) vocera o vocero de las y los discentes; 10. Una (1) vocera o vocero de las y los educadores; 11. Una (1) vocera o vocero de los trabajadores administrativos y obreros. Cada representante, vocera o vocero mencionados desde la "g" a la "k" contarán con un suplente. Atribuciones del Consejo Directivo Artículo 23. Son atribuciones del Consejo Directivo: 1. Velar por el cumplimiento de los principios de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. 2. Coordinar la elaboración, aprobar y velar por la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional. 3. Considerar y aprobar la Memoria y Cuenta de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Aprobar y dictar los reglamentos de la Universidad 4. Nacional Experimental de la Seguridad. Establecer los estándares para el ingreso de las y los 5. discentes, perfil del personal docente, administrativo y obrero; características de la planta física y dotación de los Centros de Formación para funcionarias y funcionarios de seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. 6. Autorizar la adquisición, enajenación, desincorporación y gravamen de bienes y la aceptación de herencias, legados y donaciones. 7. Autorizar la celebración, modificación o rescisión de los contratos y convenios, públicos o privados, nacionales o Internacionales, de carácter académico, social,técnico, administrativo o de asesoría a ser suscritos por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad para el cumplimiento de sus objetivos y funciones. Someter para su aprobación los Programas Nacionales de 8. Formación en materia de seguridad ciudadana, ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de educación universitaria. Considerar los indicadores nacionales para el desempeño 9.G estudiantil, su evaluación y políticas para su mejoramiento contínuo. 10. Aprobar las reformas curriculares que incluyan contenidos de unidades curriculares, creación y supresión de unidades curriculares, diseño y aplicación de modalidades de enseñanza, así como los lineamientos para las actividades de la formación permanente. 11. Aprobar la creación, conformación,modificación y supresión de las unidades académicas, administrativas y de servicios para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. 12. Aprobar los lineamientos para la incorporación, evaluado, desarrollo profesional, formación permanente, ascenso y egreso de trabajadores aca démicos y asegurar su cumplimiento. 13. Remitir a los órganos rectores en materia de seguridad ciudadana y de educación universitaria, las recomendaciones de Intervención, asistencia técnica o suspensión de los procesos de formación dictados por los órganos de seguridad ciudadana, que no estén siguiendo los lineamientos para ef ingreso, la formación básica y continua de los funcionarios de carrera, según lo establecido en las leyes y reglamentos de la República Bolivariana de Venezuela. 14. Considerar los lineamientos y metodologías para la evaluación, seguimiento y asistencia técnica a otras instituciones educativas, cuyos estudios puedan ser acreditados por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, presentados por el Vicerrectorado de Asistencia Técnica. 15. Evaluar el funcionamiento de las unidades y direcciones de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. 16. Aprobar el Calendario Académico de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. 17. Acordar la suspensión parcial o total de las actividades universitarias y la duración de dichas medidas. 18. Aprobar las solicitudes de reválidas de títulos, equivalencias de estudios, acreditación de aprendizajes y traslados, de conformidad con los reglamentos correspondientes. 19. Aprobar el conferimiento de títulos de Doctor Honoris Causa, Profesora o Profesor Honorario y otras distinclones semejantes, otorgadas por la in Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. 20. Conceder las licencias por becas y año sabático a las trabajadoras y los trabajadores académicos de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. 21. Designar las Comisiones de Contrataclones de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. 22. Designar o remover a las Directoras o los Directores de las unidades académicas. 23. Dictar reglamentos del régimen de seguros, jubilaciones, pensiones y despidos de acuerdo con las respectivas leyes. 24. Las demás que señalen las leyes y los reglamentos. Seslones del Consejo Directivo Artículo 24. El Consejo Directivo sesionará de forma ordinaria una vez al mes y extraordinariamente, previa cconvocatoria de la página original (tal como se publicó) [Página 11] Rectora o Rector o de la mayoría simple de sus miembros. El quórum estará constituido por la mitad más uno de sus integrantes y las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de los presentes. En caso de empate la Rectora o Rector tendrá el voto decisivo. Comisiones Consultivas Artículo 25. El Consejo Directivo contará con comisiones consultivas que asesorarán en las áreas académicas científicas en los campos de conocimiento que fueren necesarias. Las comisiones consultivas se conformarán tanto por expertas y expertos nacionales como internacionales en las áreas de seguridad ciudadana. Las comisiones consultivas asistirán cuando las convoque la Rectora o Rector para tratar temas vinculados a su competencia. CAPITULO II DE LOS ORGANOS DIRECTIVOS FUNCIONALES De la Rectora o Rector Artículo 26. La Rectorado es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad NacionalExperimental de la Seguridad, está representado por la Rectora o Rector, quien ejerce la representación legal de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. La Rectora o Rector deberá ser venezolana o venezolano, de trayectoria universitana, sólida solvencia moral y profesional, haberejercidofuncionesdocentes, de investigación y tener experiencia en matena de prevención y seguridad cludadana. Atribuciones del Rectorado Artículo 27. La Rectorado tendrá las siguientes atribuciones: Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y demás 1. normas universitarias. 2. Convocar y presidir el Consejo Directivo. Presentar al Consejo Directivo la Memoria y Cuenta de la 3. Universidad. Presentar al Consejo Directivo el proyecto de Plan de 4. Desarrollo Institucional, Plan Operativo Anual y el Proyecto de Presupuesto Anual, elaborados de conformidad con lo dispuesto por las leyes que rigen la materia. Conferir los títulos y grados universitarios y expedir los 5. certificados de competencia que otorgue la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la matería. Suscribir, previa autorización del Consejo Directivo, la 6. contratación del personal, la adquisición de bienes, contratación de obras y ejecución de servicios en general que se requiera para el funcionamiento de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. 7. Velar por la correcta administración del patrimonio de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Someter a la consideración del Consejo Directivo los 8. nombramientos y remociones de Directoras y Directores de los Programas Nacionales de Formación y de los Centros de Formación. Adoptar, en caso de emergencia, las providencias 9. convenientes para la conservación del orden dentro de la Universidad y someterla en forma perentoria a la consideración del Consejo Directivo. 10. Organizar la Coordinación del Rectorado. 11. Presentar al Consejo Directivo el proyecto de programa anual de actividades de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. 12. Representar judicial y extrajudicialmente a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. 13. Designar a los responsables de las diferentes unidades operativas de la Universidad Nacional Experimentai de ia Seguridad, de acuerdo con los respectivos reglamentos e informar oportunamente al Consejo Directivo. 14. Dirigir, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar el normal desenvolvimiento de las actividades universitarias Nacional Experimental de la Seguridad. 15. Elaborar la agenda conjuntamente con la Secretaria o Secretario, los asuntos que serán sometidos a la consideración del Consejo Directivo de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno. 16. Suscribir las actas del Consejo Directivo, conjuntamente con la Secretaria o Secretario. 17. Las demás que señalen las leyes y los reglamentos. Del Vicerrectorado y la Secretaría Artículo 28. El Vicerrectorado y la Secretaría son órganos directivos responsables de cooperar, en el ámbito de su competencia, con el Rectorado en el gobierno de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Las Vicerrectoras o Vicerrectores y la Secretaria o Secretario deben ser venezolanas o venezolanos, de trayectoria universitaria, sólida solvencia moral y profesional, haber ejercido funciones docentes o de investigación en materia de prevención y seguridad ciudadana. Atribuciones del Vicerrectorado de Centros de Formación Artículo 29. El Vicerrectorado de Centros de Formación tendrá las siguientes atribuciones: 1. Formular y dar seguimiento al Plan de Desarrollo de la planta física, despliegue tecnológico, dotación y mantenimiento de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Promover el diseño de planes dirigidos a incentivar las. 2. relaciones entre los Centros de Formación y la comunidad organizada y proponer metodologías de trabajo, con el fin de optimizar las actividades universitarias y cooperar con el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en el área de competencia de esta Universidad. 3. Formular y coordinar las políticas universitarias en materia de organización y convivencia para promover la disciplina voluntaria. 4. Diseñar las políticas públicas y los estándares para la construcción y desarrolio de los centros de formación en todo el territorio nacional y según la caracterización regional. 5. Dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de los Centros de Formación locales y regionales que componen la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Convocar y presidir las reuniones con las Directoras y 6. Directores de los Centros de Formación, así como atender a los requerimientos y propuestas para fortalecer los Centros de Formación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Diseñar, evaluar y dar seguimiento a los servicios de 7. atención integral a las y los discentes. 8. Coordinar con los Vicerrectorados de Programas de Formación y de Campos de Conocimiento, las actividades dirigidas al seguimiento de los procesos académicos, su integración, el desarrollo profesional y la formación permanente de las y los trabajadores académicos. 9. Apoyar al Vicerrectorado de Asistencia Técnica en las actividades de acompañamiento, evaluación y seguimiento de instituciones educativas autorizadas para gestionar los programas de formación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. 10. Coordinar con el Vicerrectorado de Programas de Formación y con el Vicerrectorado de Campos de Conocimientos las actividades formativas en espacios no convencionales. 11. Cumplir protocolos de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad referido a los concursos para ingresar a los Cuerpos de Poiicía. página original (tal como se publicó) [Página 12] 12. Informar periódicamente al Consejo Directivo sobre su gestión. 13. Las demás que se establezcan en el presente Reglamento y por el Consejo Directivo. Atribuciones del Vicerrectorado de Programas de Formación Artículo 30°. El Vicerrectorado de Programas de Formación tendrá las siguientes atribuciones: 1. Diseñar y presentar al Consejo Directivo los Programas Nacionales de Formación en materia de seguridad ciudadana. Asegurar el desarrollo y evaluación de los programas de 2. formación en las dimensiones de desempeño estudiantil, currículo, estrategias, metodologías y didácticas, y uso de tecnologías educativas. 3. Diseñar y someter a consideración del Consejo Directivo los indicadores nacionales para el desempeño estudiantil, realizar su evaluación y establecer políticas para su mejoramiento continuo. Coordinar y asegurar la consistencia pedagógica de los 4. procesos de ingreso, evaluación y orientación diseñados conforme a los perfiles y naturaleza específica de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Elaborar diagnósticos permanentes que permitan identificar 5. necesidades de formación, actualizar los programas y caracterizar problemas y situaciones que alimenten las actividades académicas en función de alcanzar una formación contextualizada y pertinente. Incorporar un programa especial en el último tramo de la 6. formación, de acuerdo a los protocolos emitidos por el órgano rector en relación a los concursos de ingreso a los Cuerpos de Policía. Proponer al Consejo Directivo reformas curriculares que 7. incluyan contenidos de unidades curriculares, creación y supresión de unidades curriculares, diseño y aplicación de modalidades de enseñanza. Proponier metodologías y didácticas de trabajo que 8. vinculen la práctica con la teoría y generen experiencias problematizadoras, capaces de develar situaciones concretas que atentan contra la seguridad ciudadana y promuevan acciones para su protección. Diseñar e implementar metodologías que faciliten la 9. acreditación de aprendizajes por experiencia. 10. Diseñar programas y actividades de formación a distancia y semi-presenciales. 11. Proponer al Consejo Directivo los lineamientos para las actividades de la formación permanente, velar por su cumplimiento y evaluar las propuestas que se eleven para su consideración. 12. Designar las y los responsables de la supervisión de los programa en cada uno de los Centros de Formación. 13. Convocar y presidir las reuniones con los Directores de los Programas de Formación de Grado y Postgrado. 14. Coordinar con el Vicerrectorado de Campos de Conocimlento la programación docente, la evaluación curricular de los programas de formación existentes y el diseño de nuevos programas, acordes con las necesidades detectadas en el campo de la seguridad ciudadana, así como la integración de las y los discentes en actividades de creación intelectual, sistematización y vinculados social. 15. Coordinar con el Vicerrectorado de Centros de Formación, el desarrollo y evaluación de las actividades de difusión y vinculación social. 16. Apoyar al Vicerrectorado de Asistencia Técnica en las actividades de acompañamiento, evaluación y seguimiento. de centros regionales o municipales de formación. 17. Informar periódicamente al Consejo Directivo sobre su gestión. 18. Las demás que se establezcan en el presente Reglamento y por el Consejo Directivo. Atribuciones del Vicerrectorado de Campos de Conodmlente Artículo 31. El Vicerrectorado de Campos de Conodimlento tendrá las siguientes atribuciones: 1. Coordinar las actividades de los distintos Campos de Conocimlento aprobados por el Consejo Directivo de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Consultar, proponer, impulsar y evaluar las líneas y los 2. programas de creación Intelectual, sistematización, difusión y vinculación social conjuntamente con las o los coordinadores y el persona! académico de cada Campo de Conocimiento sobre la base de diagnósticos situadonales y regionales. Promover la articulación y el trabajo compartido entre los 3. distintos Campos de Conocimiento. Promover la participación de las y los discentes y personal 4. académico er las actividades de creación Intelectual, sistematización, difusión y vinculación social. Generarlineamientos y metodologías la 5. para sistematización de experiencias en materia de seguridad ciudadana. 6. Garantizar la articulación de las actividades de creación intelectual, sistematización, difusión y vinculación social con los programas de formación. 7. Proponer al Consejo Directivo los lineamientos para la incorporación, evaluación, desarrollo profesional, formación permanente, ascenso y egreso de las y los trabajadores académicos, y asegurar su cumplimiento. Dirigir coordinar las actividades y programas de 8. incorporación, evaluación, desarrolio profesional, formación permanente, ascenso y retiro de las y los trabajadores académicos. 9. Coordinar con el Vicerrectorado de Programas de Formación el desarrollo de las actividades de formación integral, la evaluación curricular de los Programas Nacionales de Formación existentes y el diseño de nuevos programas acordes con las necesidades detectadas en el campo de la seguridad ciudadana. 10. Coordinar con el Vicerrectorado de Centros de Formación el desarrollo y evaluación de las actividades de difusión y vinculación soclal. 11. Apoyar al Vicerrectorado de Asistencia Técnica, en las actividades de acompañamiento, evaluación y -seguimiento de centros regionales o municipales de formación. 12. Suplir las ausencias temporales de la Rectora o Rector, 13. Las demás que se establezcan en el presente Reglamento y por el Consejo Directivo. Atribuciones de la Vicerrectorado de Asistencia Técnica Artículo 32. El Vicerrectorado de Asistencia Técnica tendrá las siguientes atribuclones: Diseñar, ejecutar y coordinar programas y actividades de 1. asistencia técnica para el Ministerlo del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, para los órganos de seguridad ciudadana en el área de formación y para otras instituciones educativas en materia de seguridad ciudadana. Diseñar, previa consulta nacional, y elevar a la 2. consideración del Consejo Directivo los lineamientos y metodologías para la evaluación, seguimiento y asistenda técnica otras Instituciones educativascuyos estudios puedan ser acreditados por la Universidad Nacionai Experimental de la Seguridad. Conformar equipos de trabajo espedaltzados que 3. acompañen los procesos de adecuado al nuevo modelo educativo, garantizando la Incorporación de los estándares nacionales de formación,emanados'tanto de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad como del Órgano Rector con competencia én materia de seguridad ciudadana. página original (tal como se publicó) [Página 13] hacer seguimiento generar Diagnosticar, 4. y recomendaciones político-pedagógicas sobre las condiciones académicas, de personal e infraestructura indispensables para que los estudios en otras instituciones en materia de seguridad ciudadana sean reconocidos por la Universidad Nacional Experlmental de la Seguridad. Diseñar sistemas de información para el registro, 5. monitoreo y evaluación sistemática de las condiciones de otras instituciones educativas, cuyos estudios puedan ser acreditados por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, sobre la base de estándares que unifiquen criterios de funcionamiento e Indicadores del desempeño académico. Sistematizar todos los procesos de acompañamiento a 6. otras instituciones educativas cuyos estudios puedan ser acreditados por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, con la finalidad de producir conocimiento contextualizado, con pertinencia social y política sobre la educación y la seguridad ciudadana. Elevar a la consideración del Consejo Directivo las 7. recomendaciones de Intervención, asistencia técnica o suspensión de los procesos de formación, aplicados por los órganos de seguridad ciudadana que no estén siguiendo los lineamientos para el ingreso, la formación básica y continua de las funcionarias y funcionarios de carrera de conformidad con las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Informar a la Secretaría General de las instituciones de 8. formación en el área de materia de seguridad ciudadana que dictan los Programas de Formación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Elevar a consideración del Consejo Directivo la propuesta 9. de aquellas instituciones cuyos estudios pueden ser acreditados por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad para su aprobación. 10. Coordinar con el Vicerrectorado -de Programas de Formación las actividades de evaluación, seguimiento y asesoría, vinculadas con el proceso de formación integral y la evaluación del desarrollo curricular de los Programas Nacionales de Formación. 11. Coordinar con el Vicerrectorado de Centros de Formación las actividades de evaluación, seguimiento y asesoría, vinculadas al desarrollo y evaluación de las actividades de difusión y vinculación social en las otras instituciones educativas cuyos estudios pueden ser acreditados por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. 12. Coordinar con el Vicerrectorado de Campos de Conocimiento las actividades y programas de desarrollo profesional, evaluación y formación permanente del personal docente de las otras instituciones educativas, cuyos estudios pueden ser acreditados por la Universidad Nacional Experimental de !a Seguridad. 13. Las demás que se establezcan en el presente Reglamento y por el Consejo Directivo. De la Secretaría Artículo 33. La Secretaría es el órgano directivo responsable de las certificaciones y títulos de la Universidad, así como de los sistemas de información y documentación académica. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 1. Acreditar los Programas Nacionales de Formación básica, continua y especializada en sus distintas modalidades, desarrollados en los Centros de Formación y en otras instituciones educativas en materia de seguridad ciudadana. Remitir periódicamente al órgano rector en materia de 2. seguridad ciudadana las acreditaciones otorgadas por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Preparar la agenda de las sesiones del Consejo Directivo. 3. Elaborar y certificar el acta de las sesiones del Consejo 4. Directivo, la cual será suscrita los miembros presentes. Dar a conocer decisiones y acuerdos del Consejo Directivo. 5. Asegurar la integridad, registro y validez de los procesos de ingreso, evaluación, control de estudios y certificación en todos los Centros de Formación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y otras instituciones educativas en materia de seguridad ciudadana. Mantener el Archivo General y los registros académicos de 7. la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, ejerciendo la custodia correspondiente. Administrar y gestionar las bases de datos de las y los 8. discentes, y las y los trabajadores académicos en el ámbito de su competencia. Procesar y actualizar los datos estadísticos de la institución 9. con respecto a las y los discentes y personal académico, así como diagnosticar y pronosticar tendencias del proceso de formación en el ámbito de su competencia. 10. Coordinar el desarrollo del Sistema Integral de Información de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y de la infraestructura requerida en materia de tecnologías de la información en su área de competencia. 11. Suscribir junto con la Rectora o el Rector, los títulos, diplomas y certificados que expide la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y refrendar la firma de la Rectora o del Rector en las resoluciones, los acuerdos y demás actos oficiales. 12. Los demás que le señale las leyes y los reglamentos. Designaclón de las Autoridades Artículo 34. La Rectora o Rector es designada o designado por la Ministra o Ministro del Poder Popular con competencia en la materia de seguridad ciudadana y permanecerá en el ejercicio de sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser designada o designado para nuevos períodos y removida o removido en caso de incumplimiento de sus funciones. Las Vicerrectoras o los Vicerrectores y la Secretaria o Secretario, serán designadas o designados por la Rectora o el Rector. TITULO IV DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA De las y los discentes Artículo 35. Son discentes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento -Interno sobre las normas de Ingreso y Permanencia Estudiantil, que a tal efecto dicte la Universidad. De las y los trabajadores académicos Artículo 36. Son trabajadoras y trabajadores académicos el personal, contratado o permanente, encargado de desarrollar las actividades de formación y creación de conocimientos dentro de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, en estrecha relación con las y los discentes y las comunidades. Los requisitos y condiciones para su incorporación, evaluación, acreditación, ascenso y egreso serán establecidos en el reglamento que al efecto establezca la Universidad, en el marco de las leyes aplicables. Las trabajadoras y los trabajadores académicos se distinguirán de la siguiente manera: Educadoras y Educadores de Carrera Académica; 1. Son los que poseen título universitario, formación pedagógica y en materia de seguridad ciudadana o afines, que dedican a la Universidad al menos de medio tiempo, comprendiendo actividades de formación, creación intelectual y vinculación social. 2. Educadoras y Educadores de Carrera en Cuerpos de Seguridad Ciudadana: Son los que poseen título universitario, capacitación pedagógica, experiencia comprobada y destacada actuación profesional, cuya página original (tal como se publicó) [Página 14] participación en las actividades de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad está -condicionada a las necesidades de servicio del cuerpo de seguridad ciudadana al cual están adscritos. 3. Auxillares Docentes: Son los que sin poseer título universitario handesarrollado experiencia, trabajos, creaciones o investigaciones valiosas para las actividades académicas de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Se comprenden en esta categoría las y los funcionarios de cuerpos de seguridad ciudadana cor experiencia comprobada y destacada actuación profeslonal, así como entrenadores en técnicas específicas necesarias para las actividades de formación en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad.' Las formas de contratación de este personal considerará su condición laboral y las necesidades de servicio. 'La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad procurará la acreditación de conocimientos y experiencias y la titulación universitaria de estos trabajadores. Monitoras y Monitores: Son las funcionarias y 4. funcionarios de cuerpos de seguridad ciudadana, con trayectoria, encargados del acompañamiento integral y seguimiento disciplinario de un grupo de estudiantes. Educadoras Invitadas y Educadores Invitados: Son 5. los que poseen título universitario, experiencia, trabajos, creaciones o investigaciones valiosas para las actividades académicas de la Universidad. Serán contratadas o contratados por tiempo determinado y para actividades específicas en las áreas de formación o creación intelectual dentro de los programas y proyectos de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Ingreso, formación permanente y evaluación de las y los trabajadores académicos Artículo 37. Para el Ingreso como trabajadora o trabajador académico en la Universidad constituye un requisito indispensable la realización y aprobación de un curso de Inducción en educación para la seguridad ciudadana. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad garantizará la formación permanente y la evaluación continua de todo su personal docente. De las y los Trabajadores de Apoyo Artículo 38. A los fines de este Regtamento, las y los trabajadores de Apoyo son responsables del. ejercicio de las actividades técnicas, administrativas y de servicios de la Unlversidad Nacional Experimental de la Seguridad. Se regirán por la normativa interna y acatarán las directrices administrativas y funcionales de la dependencia a la cual se encuentran adscritos, siguiendo para ello los lineamientos jerárquicos definidos en la estructura unlversitarla. TITULO V DEL ORGANO DE CONTROL FISCAL De la Auditoría Interna Artículo 39. La Auditoría Interna es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos y gastos, bienes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad así como de las operaciones relativas a los mismos. Goza de autonomía funcional, administrativa y organizativa, y orlenta su actuación a las funciones de inspección de los organismos y unidades de la Universidad. Nacional Experimental de la Seguridad. Sus atribudones están contempladas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y sus Reglamentos. TITULO VI DE LOS ORGANOS DE GESTION De la estructura administrativa y de apoyo Artículo 40. Las unidades administrativas y de apoyò de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad están adscritas al Rectorado y actuarán conforme a criterios de apoyo a la actividad académica, participación, eficiencia, transparencia, simplificación de trámites y rendición de cuentas. La estructura administrativa procurará la eficiencia de costos y evitará la proliferación burocrática y la misma estará conformada por: 1. Consultoría Jurídica. Dirección de Gestión Comunicacional. 2. 3. Dirección de Recursos Humanos. Dirección de Planificación y Presupuesto, 4. Dirección de Tecnologías Información 5. y Telecomunicaciones. 6. Dirección de Administración y Servicios. 7. Oficina de Atención al Ciudadano. El Consejo Directivo podrá modificar, crear y suprimir unidades de la estructura administrativa, previo cumplimiento de los requisitos legales. De la Consultoría Jurídica Artículo 41. La Consultoría Jurídica es el órgano responsable de prestar asesoría jurídica de orden institucional. Su organización y funcionamiento serán determinados por su normativa interna. De la Dirección de Gestlón Comunicacional Artículo 42. La Dirección de Gestión Comunicacional es el órgano responsable de elaborar, diseñar, coordinar, planificar, desarrollar y ejecutar las estrateglas comunicacionales, con la finalidad de posicionar la Universidad Naclonal Experimental de la Seguridad, con una imagen e Identidad eficiente y eficaz, de alta capacidad técnica, operativa y profesional, previa autorización de Consejo Directivo. Su organización y funcionamiento serán determinados por su normativa interna. De la Dirección de Recursos Humanos Artículo 43. La Dirección de Recursos Humanos es la instancia responsable de coordinar, dirigir, controlar y evaluar los procesos de Ingreso, movimiento,_ egreso, reclutamlento y selección del personal universitario, la evaluación del desempeño laboral, la remuneración, los beneficios, los servicios, la formación y la disciplina, fomentando la igualdad de condiciones en el ejercicio de fos deberes y derechos laborales de todos los miembros de la comunidad universitaria. Su organización y funcionamiento serán determinados por su normativa interna. De la Direcclón de Planificación y Presupuesto Artículo 44. La Dirección de Planificación y Presupuesto es la instancia responsable de preparar, supervisar la ejecución y evaluar la política de planificación y presupuesto de la Universidad Naclonal Experimental de la Seguridad. Su organización y funcionamiento serán determinados por su normativa interna. página original (tal como se publicó) [Página 15] De la Dirección de Tecnologías de Información y Telecomunicaclones Artículo 45. La Dirección de Tecnologías. de Información y Telecomunicaciones es la instancia administrativa responsable de coordinar, controlar y evaluar el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de tecnologías de información y telecomunicaciones Institucionales, la innovación de la plataforma tecnológica, el apoyo a los usuarios, la administración de redes, las telecomunicaciones y la administración de las bases de datos y de los sistemas operativos.Suorganizacióny funcionamlentoserán determinados por su normativa interna. De la Dirección de Administraclón y Serviclos Artículo 46. La Dirección de Administración y Servicios es responsable de coordinar, dirigir, controlar y evaluar los procesos administrativos, económicos, financieros y contables. Su organización y funcionamiento serán determinados por su normativa interna. De la Oficina de Atenclón al Cludadano Artículo 47. La Oficina de Atención al Ciudadanoesla encargada de atender al público en relación a las diferentes solicitudes y planteamientos que realizan para ser canalizadas por la Unlversidad Nacional Experimental de la Seguridad. Su organización y funcionamiento serán determinados por su normativa interna. TTTULO VII DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera. Hasta el nombramiento de a Rectora o Rector, Vicerrectoras o Vicerrectores y la Secretaria o Secretario, la Universidad Nacional Experimental de la Segurldad estará bajo la dirección del actual Consejo Superior. Segunda. La Rectora o Rector, Vicerrectoras o Vicerrectores y la Secretaria o Secretario en conjunto con los representantes Ministerlales conformarán un Consejo Directivo provisional. En un plazo de nueve (09) meses a partir de la publicación de este Decreto el Consejo Directivo provisional organizará los procesos de consulta para la elección de las voceras y voceros de discentes y trabajadores académicos y de apoyo, los cuales integrarán el Consejo Directivo permanente. Tercera. El Consejo Directivo de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad presentará el Plan de Desarrollo Institucional en un lapso máximo nueve (09) meses. Cuarta. Los Institutos universitarios, escuelas y academias de formación y capacitación en materia de seguridad ciudadana, dependientes de esta Universidad, continuarán con su actual régimen académico, hasta tanto el Consejo Directivo dicte las políticas a seguir para su integración. TTTULO VIII DISPOSICIONES FINALES Primera. El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento entrará en vigencia, con todos sus efectos, a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficlal de la República Bolivarlana de Venezuela. Segunda. Lo no previsto en el presente Reglamanto de Organización y Funcionamiento, será resuelto por el Consejo Directivo. Dado en Caracas, a los veinticinco días del mes de enero de dos mil once. Años 200° de la Independencia, 151° de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.) HUGO CHAVEZ FRIAS Refrendado El Vicepresidenta Ejecutivo (L.S.) ELIAS JAUA MILANO Refrendado El Ministro de! Poder Popular del Despacho de la Presidenda (L.S.) FRANCISCO JOSE AMELIACH ORTA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (L.S.) TARECK EL AZSSAMI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exterlores (L.S.) NICOLAS MADURO MOROS Refrendado El Ministro def Poder Popular de Planificadón y Ananzas (L.S.) JORGE GIORDANI Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa (L.S.) CARLOS JOSE MATA FIGUEROA Refrendado El Mínistro del Poder Popular para el Comercio (L.S.) RICHARD SAMUEL CANAN Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Industrlas Básicas y Minería (L.S.) JOSE SALAMAT KHAN FERNANDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (LS.) JUAN CARLOS LOYO HERNANDEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitarla (L.S.) MARLENE YADIRA CORDOVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación (L.S.) JENNIFER JOSEFINA GIL LAYA página original (tal como se publicó) [Página 16] Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Salud (L.S.) EUGENIA SADER CASTELLANOS Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Sodal (LS.) MARIA CRISTINA IGLESIAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones (LS.) FRANCISCO JOSE GARCES DA SILVA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.) Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo (L.S.) RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Amblente (LS.) ALEJANDRO HITCHER MARVALDI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencla, Tecnología e Industrias Intermedlas (L.S.) RICARDO JOSE MENENDEZPRIETO Refrendado El. Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Informaclón (L.S.) ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA Refrendado La Ministra del Poder Popúlar para las Comunas y Protección Social (L.S.) ISIS OCHOA CAÑIZALEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentaclón (LS.) CARLOS OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (L.S.) FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (LS.) HECTOR RODRIGUEZ CASTRO Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) NICIA MALDONADO MALDONADO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) NANCY PEREZSIÈRRA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica (L.S.) ALI RODRIGUEZ ARAQUE Refrendado El Ministro de Estado para la Banca Pública (LS.) HUMBERTO RAFAEL ORTEGA DIAZ Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revoludonaria de la Gran Caracas (LS.) FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMIA Y FINANZAS 2955 No Caracas, 2 6 ENE 2011 Resuelto: Por disposición del cludadano Vicepresidente de_ la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con el articulo 6º de la Ley del Estatuto Sobre el Rágimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Adiministración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, publicado en Gacata Oficial N° 3.850 - Extraordinario, de (echa 18 de Julio de 1.986, se le otorga Jubilación Especlel al (la) ciudadano (a): JUAN EVANGELI8TA VIRGUEZ. cédula de identidad N° 4.283.512, quien se desempeña como: Supervisor de Seguridad, en el Banco Induatrlal de Venszuele C.A. Por tener s0 años de edad y haber prestado servicios durante 24 años en la Administración Pública Nacional, firmado por el Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, la Jubilación se hará efectiva por la cantidad de Tresclentoe Velnticinco Bolívares con Ochenta y Tres Céntimos (Bs. 325,83 ) mensuales, a partir del 23 de Novlembre del Dos MI1 Diez. ALIVANTIANAN Comuníquese y publíquese, Jorge Gibddani C. Minlstro del Poder Popqlar de Planificación y Finanzas Decreto N° 7.207. dd-echa2bi01-2010 Repuhlica Boivariana de Vemanmala S.prieur de 4n celS-CteK-a1i0 RESOLUCIÓN FECHA: .8 3 ENE 2019 N°007.1 Visto que en fecha 12 de junio de 2009, mediante Resolución N° 268.09, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bafinsariana de Venezuela N° 39.215 de fecha 07 de julio de 2009, esta Superintendendia resolvió Intervenir la empresa INvERsIONES DOl.OMITA, C.A. sociedad mercantil inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscr:pción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el N° 66, Tomo 99-A-Sgdo., en fecha 12 de sepbembre de 1978. por existir unidad de decisión y gestión con respecto al Grupo Fimanciero Cavendes. Visto que Ios interventores de ba soderdad mercantil INVERSIONES DOLOMITA, C.A., presentaron a la consideración de esta Supenintendencia, un informe general de la referida empresa al 31 de octubre de 2010, a través del cual recomiendan la liquidación de la misma, por cuanto: Actualmente, se emcuenbra Inactiva y no cumple su objeto social. 1- 2- No posee activos. Presenta pasivos por ila cantidad de Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco 3- Bulivares Fuertes om Cuarenta y Sicte Céntimos (Bs.F. 2.845,47). Presenta un défiot acumulado por la cantidad de Dos Mil Noveclentos Treinta y 4- Un Bolívares Fuertes oon Cuarenta y Siete Céntimos (Bs.F. 2.931,47). Presenta un patrimonio por 1a cantidad negativa de Dos Mil Ochocientos 5- CuarentayCinoo BolivaresFuertes con Cuarenta y Siete Céntimos (Bs.F. 2.845,47). Visto que este Organismo, una wez examinada la información suministrada por los interventores de la empresa pv ERSIONEs DOLOMITA, C.A., no bene objedón que página original (tal como se publicó) [Página 17] , realizar con respecto a la recomendación de liquidación de la misma, ya que no bene activos que favorezcan la situación económica del Grupo Financiero al cual está reladonada. Visto que de conformidad con lo dispuesto en el primer aparte del artículo 235 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, vigente para la fecha, este Ente Sopervisór obtuvo la opinión favorable del Banco Central de Venezuela, otorgada en Reunión N° 4.348 de fecha 09 de diciembre de 2010. Visto que de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 255 de la mencionada Ley, esta Superintendencia obtuvo la opinión favorable del Consejo Supertor, acordada en fecha 28 de diciembre de 2010, según se evidencia del Acta Nº 037-2010. Vistos los elementos anteriores, esta Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 172 y en ei numeral 3 del artículo 257 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, RESUELVE 1.- Acordar la liquidación de la empresa INVERSIONES DOLOMITA, C.A. 2.- Notificar a la sociedad mercantiI INVERSIONES DOLOMITA, C.A., lo acordado en la presente Resolución. 3.- Notificar al Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, io acordado en la presente Resolución, a los fines que de conformidad con lo estableodo en el articulo 261 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, ejerza las funciones atribuidas a los liquidadores y proceda a la liquidación de la mencionada empresa, relacionada al Grupo Financiero Cavendes. Contra la presente Decisión, de conformidad con los artículos 230 y 236 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, podrà ejercerse el Recurso de Reconsideración ante esta Superintendencia, dentro de los diez (10) días hábiles bancarios contados a partir de la presente publicación; o el Recurso de Anulación ante cualesquiera de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias conbnuos siguientes a la publicación de esta Decisión, o de aquella mediante la cual se resuelva el Recurso de Reconsideración, si éste fuere interpuesto, de acuerdo con el articulo 231 ejusdem. Comuníquese y b EdgarHemendezens Superintendente REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS FECHA: 14 DE ENERO DE 2011 2000 Y 1510 PROVIDENCIA N° 058 El Presidente del Fondo de Protección Sodal de Jos Depósitos Bancarios en ejercicio de la atribución que le confiere los numerales 2 y 3 del artículo 113 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario y conforme a lo aprobado en Reunión de Cuenta al Presidente Nº 58 de fecha 14 de enero de 2011, resuelve dictar las sigulentes: NORMAS PARA LA LIQUIDACIÓN DE INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO Y PERSONAS JURÍDICAS VINCULADAS DISPOSICIONES GENERALES Objeto Artculo 1. Las presentes Normas tienen por objeto regular el proceso de liquidación de las instituciones del sector bancario y personas jurídicas vinculadas acordada por la Superintendencia de las Institudiones del Sector Bancario, y regirán al Fondo de Protección Soclal de los Depósitos Bancarios en su función de liquidador, así como a las actividades de los Coordinadores de Procesos de Liquidación designados de acuerdo a lo establecido en estas Normas. Liquldaclón de personas juridicas vinculadas Artieulo 2. La liquidación de las personas jurídicas vinculadas, podrá ser acordada en las Asambleas de Accionistas correspondientes, cuando ello sea conveniente para el desarrollo y culminación de los procesos de liquidación de las instituciones del sector bancario relacionadas con dichas personas jurídicas. Los procesos de liquidación de las personas jurídicas vinculadas controladas acdonariamente, cuya liquidación sea acordada de acuerdo a lo establecido en este artículo, se regirán por las presentes Normas, sus Estatutos Soclales y por las disposiciones del Código de Comercio que sean aplicables. Actividades que comprende la liquidación Artlculo 3. La liquidación de las instituciones del sector bancario y de las personas jurídicas vinculadas, comprende el conjunto de actividades destinadas a hasta su concurrencia, atendiendo el orden de prelación de pagos correspondiente, con la finalidad de extinguir los negocios sociales pendientes. proceso de liquidación, no podrán Iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto soclal, conservarán su capacidad jurídica a los solos fines de su liquidación y deberán acompañar a su denominación social la expresión "en proceso de liquidación". De la compensación de obligadonas Articulo 4. Las instituciones del sector bancario o personas jurídicas vinculadas en proceso de liquidación, podrán compensar obligaciones con terceros, cuando reúnan la condición de recíprocos deudores. Resguardo y recuperación de bienes Artículo 5. El Fondo de Protecclón Social de los Depósitos Bancarios tendrá las amplias facultades para el resguardo y recuperación de los bienes propiedad de las instituciones del sector bancario o de las personas jurídicas vinculadas en proceso de liquidación. A tales efectos, el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios cuando existan fundados indicios de posibles daños a la masa de los bienes propiedad de las instituciones del sector bancario o de las personas jurídicas vinculadas, podrá solicitar a las autoridades competentes que se abstengan de registrar o autenticar cualquier documento a través del cual se pretenda enajenar o gravar a dichos blenes. Acceso a información por parte del Fondo Artículo 6. El Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarlos tendrá acceso en todo momento a los registros contables, archivos y documentación de cualquier índole de las instituciones del sector bancario y de las personas jurídicas vinculadas en proceso de liquidación. TÍTULO I1 DE QUIEN EJERZA LAS FUNCIONES DE LIQUIDADOR Modalidades de liquidación Artículo 7. El Fondo de Protección Sociai de los Depósitos Bancanios ejercerá la función de liquidador de las instituciones del sector bancario y de las personas jurídicas vinculadas, sin perjuicio que el Presidente de ese Instituto designe a una o más personas naturales, las cuales se denominarán Coordinadores del Proceso de Liquidación, a los fines que coordinen con sujeción a las disposiciones establecidas en las presentes Normas y dentro de los términos fijados por el Presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, los procesos de liquidación que les sean asignados. El Presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancanios, podrá designar a funcionarios adscritos a ese Organismo como Coordinadores de Procesos de Liquidación, en cuyo caso no aplicará lo dispuesto en el artículo 8 de las presentes Normas. El Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios podrá en cuaiquier momento sustituir a los Coordinadores de Proceso de Liquidación o asumir directamente el proceso de liquidación correspondiente. Contratación de los Coordinadores de Procesos de Liquidación Articulo 8. Los Coordinadores de Procesos de Liquidación serán contratados por la respectiva institución del sector bancario o de las personas jurídicas vinculadas en proceso de liquidación bajo la modalidad de honorarios profesionales, en los términos y con la remuneración que fije el Presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios. Dicha remuneración será pagada con recursos provenientes de la masa de bienes en liquidación correspondiente. Cuando se designe a un mismo Coordinador de Proceso de Liquidación para varias instituciones del sector bancario y personas jurídicas vinculadas en proceso de liquidación, el Presidente del Fondo de Protección Soclal de los Depósitos Bancarios fijará su remuneración y determinará la Institución del sector bancario o la persona jurídica vinculada que realizará la contratación de acuerdo a lo establecido en este artículo. Responsabilidad de los Coordinadores de Procesos de Liquidación Artículo 9. Los Coordinadores de Procesos de Liquldación tendrán a su cargo la guarda, custodia y administración de los bienes propiedad de las correspondientes instituciones del sector bancano y de las personas jurídicas bajo el control de las mismas. Los Coordinadores de Procesos de Liquidacón serán responsables por las actuaciones realizadas en contravención de las presentes Normas y de las leyes respectivas y responderán con su patrimonio de los daños por ellos ocasionados a las correspondientes instituciones del sector bancarlo y de las personas jurídicas vinculadas en proceso de liquidación. Los funcionarios designados por el Presidente del Fondo de Protección Sodal de los Depósitos Bancarios como Coordinadores de Procesos de Liquidación además de las obligaciones y responsabilidades estableddas en ei presente articulo deberán rendir cuenta al Presidente del Fondo de Protección Social de !os Depósitos Bancarios y a la Unidad de dicho Organismo relacionada con la materia, mediante la presentación de informes de gestión cuando les sea requerido y no quedan excluidos de la aplicación de las sanciones previstas en los instrumentos jurídicos correspondientes y relacionados con su condidón de funcionario de esa Institución. Cualquier sanción impuesta a los Coordinadores de Procesos de Liquidación no otorgará a éstos acción alguna contra la respectiva institución del sector bancario o de las personas jurídicas vinculadas en proceso de liquidación. página original (tal como se publicó) [Página 18] Delegación de la liquidación Artículo 10. El Presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios podrá delegar en personas naturales o jurídicas la liquidación de una o .varias instituciones del sector bancario y de las personas jurídicas vinculadas, las cuales en todo caso deberán sujetarse a los términos fijados por el Presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios y a lo establecido en la presentes Normas y en las leyes que rigen la matería. TITULO III DE LA LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA CAPÍTULO I DEL PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN Plan General de Liquidación Artículo 11. El Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios o el respectivo Coordinador de Proceso de Liquidación, según sea el caso, deberán elaborar un Plan General de Liquidación por cada institución del sector bancario o persona jurídica vinculada en proceso de liquidación, dentro de un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de su designación, el cual contendrá como mínimo los siguientes aspectos: 1. Formación del inventario de activos y pasivos. 2. Programación de la enajenación de bienes. 3. Programación del proceso de calificación de obligaciones. 4. Programación del proceso de pago de las obligaciones calificadas. s. Relación del personal máximo que se deba mantener para el desarrollo y culminación del proceso de liquidación, con especificación de sus funciones, remuneración, beneficios y cualquier otra mención que se considere conveniente y cronograma de desincorporación del personal. 6. Relación de las demandas Intentadas contra la institución del sector bancario o persona jurídica vinculada y de las demandas intentadas contra terceros por la institución del sector bancario o persona jurídica vinculada, con indicación expresa del registro contable de las mismas y si se constituyeron las provisiones o contingencias correspondientes. CAPÍTULO II DE LA FORMACIÓN DEL INVENTARIO DE ACTIVOS Y PASIVOS Aspectos que debe contener el inventario de activos y pasivos Artículo 12. El inventario de activos y pasivos de cada institución del sector .bancario o persona jurídica vinculada en proceso de liquidación, deberá comprender como mínimo los siguientes aspectos: 1° Descripción detallada de los recursos liquidos disponibles, bienes muebles e inmuebles, derechos de crédito, valores y efectos, con su respectiva valoración. 2° Descripción de los pasivos con especificación del orden de prelación de pagos que le corresponde, incluyendo a aquellas obligaciones que pueden afectar eventualmente su patrimonio, tales como obligaciones condicionales, litigiosas, las fianzas y avales. El inventario de activos y pasivos deberá ser actualizado anualmente o cada vez que el Presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios lo considere pertinente. CAPÍTULO III DE LA CALIFICACIÓN DE OBLIGACIONES Convocatorla a acreedores Artículo 13. El proceso de calificación de obligaciones se iniciará mediante convocatoria a quienes reglamen el pago de obligaciones contra la institución del sector bancario o la persona jurídica vinculada en proceso de liquidación, a través de dos (2) avisos publicados en un (1) diario de circulación naclonal y en un (1) diario de circulación regional, según sea el caso, con un intervalo de ocho (8) dias continuos, para que en un- plazo de quince (15) días hábiles bancarios siguientes a la publicación del primer aviso, presenten los recaudos justificativos de sus acreencias. Vencido el plazo establecido en el presente artículo, no podrá aceptarse ninguna solicitud de calificación de obligaciones. En caso que no se presente ningún acreedor dentro del plazo establecido en este artículo, se aplicará lo dispuesto por los artículos 21 y 22 de estas Normas. No convocatoria a acreedores Artículo 14. No se efectuará la convocatoria a acreedores nl la calificación de obligaciones previstas en este Capítulo, cuando una vez elaborado y aprobado el inventario de activos y pasivos a que se reflere el Capítulo II de este Título, se determine que la respectiva Institución del sector bancarlo o la persona jurídica vinculada en proceso de liquidación no dispone de bienes o recursos que le permitan pagar ninguna de sus obligaciones, todo lo cual se Informará a los acreedores respectivos, medlante un (1) aviso de prensa publicado en un (1) diario de circulación nacional y en un (1) diario de circulación regional, según sea el caso. En dicho aviso deberá indicarse que el balance de liquidación correspondiente se encuentra a la disposición de los interesados. Transcurrido diez (10) días hábiles bancarios desde la publicación del aviso a que se refiere el encabezado de este artículo, se elaborará el Balance Definitivo de Liquidación respectivo, el cual deberá ser aprobado por el Presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios a los fines de concluir con el proceso de liquidación correspondiente y se aplicará lo dispuesto en el artículo 33 de estas Normas. Solicitud de calificación de obligaciones Artículo 15. Quienes pretendan derechos contra una institución del sector bancario o una persona jurídica vinculada en proceso de liquidación, una vez efectuada la convocatoria a que se refiere el artículo 13 de estas Normas, deberán solicitar por escrito la calificación de sus obligaciones al Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios o a los respectivos Coordinadores del Proceso de Liquidación, según sea el caso, dentro del plazo establecido en dicho artículo. En todo caso, las personas que pretendan derechos contra la institución del sector bancario o la persona jurídica vinculada en proceso de liquidación, deberán expresar con claridad en su solicitud la naturaleza de la obligación recamada y acompañarán a la misma como mínimo los siguientes recaudos: Personas naturales: 1. Documento que evidencie su carácter de acreedor o acreedora en original y copia. 2. Cédula de identidad o Pasaporte vigente del acreedor o acreedora, representante legal o apoderado, según corresponda, en original y copla. 3. De efectuar la gestión de cobro un apoderado, el documento que lo autoriza para cobrar en nombre del acreedor o acreedora, con facultad expresa para recibir cantidades de dinero, debidamente autenticado; y, en el supuesto de haber sido otorgado en el exterior, el mismo deberá ser traducido al idioma castellano por intérprete público, si fuere el caso, y debidamente legalizado o apostillado. Personas jurídicas: 1. Documento que evidencie su carácter de acreedora, en original y copla. 2. Registro de Informadión Fiscal (R.I.F.) de la acreedora en original y copia. 3. De efectuar la gestión de cobro un apoderado, el documento que lo autoriza para cobrar en nombre de la acreedora, con facultad expresa para recibir cantidades de dinero, debidamente autenticado, Dicho poder, deberá ser otorgado por el órgano social que conforme a lo previsto en el documento constitutivo estatutario respectivo tenga las correspondientes facultades de administración y disposición. 4. De efectuar la gestión de cobro una persona autorizada, la copla de la certificación del acta en donde conste la autorización del órgano estatutario correspondiente para recibir cantidades de dinero, asi como copia del acta contentiva de la designación de las personas que integran los órganos de administración y de dirección. 5. Cédula de identidad o pasaporte vigente del representante legal o apoderado de la acreedora, en original y copia, así como los documentos que demuestren dicha condición debidamente autenticado o certificado según sea el caso. 6. Documento Constitutivo o Estatutos Sociales vigentes y sus modificaciones. 7. Toda la documentación previamente señalada, otorgada en el extranjero, debe estar traducida al idioma castellano por intérprete público, si fuere el caso y debidamente legalizada o apostillada. De efectuar la gestión de cobro el representante de una suceslón, dicho representante deberá presentar en original y copia lo siguiente: el documento que lo autoriza para cobrar en nombre de la sucesión, con facultad expresa para recibir cantidades de dinero y en caso de que sea otorgado en el extranjero, debe cumplirse con 1o establedido en el numeral 7 del presente artículo; solvencia sucesoral expedida por el organismo competente en la materia; Registro de Información Fiscal (RIF) de la sucesión. Callficación de obligaciones Artículo 16. Vencido el plazo establecido en el artículo13 de estas Normas, corresponderá al Presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios aprobar, diferir o rechazar las solicitudes de calificación de obllgadones dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días háblles bancarlos, contados a partir de dicho vencimiento. Las obllgaclones aprobadas deberán ser calificadas en el orden de prelación de pagos correspondiente. El Presidente del Fondo de Protección Soclal de los Depósitos Bancarios cuando lo considere conveniente, podrá prorrogar el plazo establedido en el encabezado de este artículo, dependiendo de las características de cada proceso de llquidacón, página original (tal como se publicó) [Página 19] Aviso de calificación de obligaciones Artículo 17. Una vez transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anteror, se publicará un (1) aviso contentivo del listado de las obligaciones aprobadas, diferidas y rechazadas, en un (1) diario de circulación nacional y en un (1) diario de circulación regional, según sea el caso. El listado a que se refiere el encabezado del presente articulo, deberá contener como minimo los siguientes aspectos: 1. Identificación del acreedor. 2. Naturaleza de la obligación. 3. Monto de la obligación, indicando el capital. 4. Ubicación en el orden de prelación de pagos correspondiente. En el aviso de prensa a que se refiere el encabezado de este artículo, deberá indicarse a las personas cuyas solicitudes de calificación de obligaciones fueron rechazadas o diferidas, que podrán interponer el recurso de reconsideración, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de publicación en prensa del Aviso contentivo de la calificación de las obligaciones y que la decisión de dicho recurso agota la vía administrativa. No interposición del recurso de reconsideración Artícuio 18. En caso que ningún interesado interponga el recurso de reconsideración a que se refiere el artículo anterior, quedará firme el listado de obligaciones aprobadas, diferidas o rechazadas a que se refiere el articulo 17 de estas Normas y se procederá conforme a lo establecido en el Capítulo IV de este Titulo. CAPÍTULO IV DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Pago Je las obligaciones calificadas Artículo 19. Los recursos obtenidos de la realización de los activos que conforman la masa de bienes en liquidación, deberán ser destinados al pago de las obligaciones aprobadas de acuerdo a lo establecido en el Capítulo III de este Título, en el orden de prelación de pagos correspondiente. Dichas obligaciones devengarán intereses sólo en el caso en que haya excedentes de recursos en la masa de bienes de la liquidación respectiva, los cuales serán calculados a la tasa establecida en el artículo 108 del Código de Comercio, desde la fecha en que se acordó la liquidación por parte de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. Cuando los recursos correspondientes a la masa de bienes en liquidación, sean inferiores al monto total de las obligaciones aprobadas, las mismas serán pagadas en forma prorrateada, en el orden de prelación de pagos respectivo. Convocatoria a acreedores para el pago de las obligaciones calificadas convocará a los acreedores cuyas obligaciones hayan sido aprobadas, a través de un (1) aviso publicado en un (1) diario de circulación nacional y en un diario (1) días hábiles bancarios contados a partir de la fecha de esa publicación, se en la medida en que las disponibilidades de los recursos lo permitan, el monto del capital y en lo relativo a los intereses se aplicará lo dispuesto en el artículo 21 de las presentes Normas. Pago de las obligaciones no reclamadas y litigiosas asi como de los intereses Articulo 21. En el caso que una vez efectuado el pago de las obligaciones aprobadas según lo establecido en el artículo anterior, quedaren recursos excedentes en la respectiva masa de bienes en liquidación, el Presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, determinará la modalidad de administración de dichos recursos hasta tanto se paguen las siguientes obligaciones: 1. Obligaciones aprobadas cuyos acreedores no se presentaron al cobro, en la oportunidad establecida en estas Normas. 2. Obligaciones no reclamadas que aparezcan debidamente justificadas en los registros contables respectivos. 3. Intereses causados desde la fecha en que se acordó la liquidación por parte de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. 4. Obligaciones litigiosas una vez que los Órganos Jurisdiccionales dicten Sentencia definitivamente firme. A los efectos del pago de las obligaciones a las que se refieren los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo, se convocará a los acreedores respectivos mediante un (1) aviso publicado en un (1) diario de circulación nacional y en un (1) diario de circulación regional, según sea el caso, a los fines que se presenten a cobrar dichas obligaciones dentro del plazo de quince (15) dias hábiles bancarios contados a partir de la publicación del referido aviso de prensa. Transcurrido el plazo señalado, sin que los acreedores respectivos efectúen el cobro de sus acreencias, corresponderá al Presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, con la previa autorización del Ministro del Poder Popular con competencia en matería para las finanzas, determinar la forma de administración de los recursos correspondientes, hasta tanto se efectúe la repartición de los haberes sociales entre los acclonistas de la institución del sector bancario o la persona jurídica vinculada de la que se trate, conforme a lo establecido en el Capítulo VII de este Título. En lo relabvo a las obligaciones contempladas en el numeral 4 de este artículo, el Presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarlos con la para las finanzas, determinará la forma en que serán administrados los recursos correspondientes, hasta tanto los Órganos Jurisdiccionales competentes dicten Sentencia definitivamente firme. Traspaso de depósitos y demás pasivos no reclamados Artículo 22. Cuando se trate de depósitos u otros instrumentos financieros no reclamados por sus titulares dentro del plazo establecido en el artículo anterior, el Presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios podrà aprobar el traspaso de los mismos a otras instituciones financieras operativas, determinado en esa oportunidad los términos y condiciones de dichos traspasos, todo lo cual deberá ser notificado a los titulares de los depósitos y demás Instrumentos financieros de los que se trate, a través de un (1) aviso publicado en un (1) diario de circulación nacional y en un (1) diario de circulación regional, según sea el caso. Cuando se trate de pasivos distintos a los depósitos y demás instrumentos financieros a que se refiere el encabezado de este artículo, se podrá aplicar lo establecido en el artículo 34 de estas Normas. CAPÍTULO V DE LA LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL Desincorporación del personal Artículo 23. Las instituciones del sector bancario o las personas jurídicas vinculadas en proceso de liquidación, deberán mantener al personal indispensable para el desarrollo y culminación del respectivo proceso de liquidación y deberán desincorporar al personal que no sea necesario a tales efectos. Personal que ingrese a partir de la fecha de liquidación Articulo 24. Excepcionalmente, el Presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios podrá autorizar la contratación de personal por parte de las instituciones del sector bancario o de las personas jurídicas vinculadas en proceso de liquidación, cuando ello sea necesario para facilitar la culminación de los procesos de liquidación respectivos. El personal a que se refiere el presente artículo, sólo podrá ser contratado a tiempo determinado por la institución del sector bancario o por la persona jurídica vinculada de la que se trate, por un periodo que no podrá exceder del plazo previsto en la Ley que reguia la materia, para la culminación de la liquidación de las instituciones del sector bancario o de las personas jurídicas vinculadas. Personal anterior a la liquidación Artículo 25. El personal que para la fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de la Resolución de liquidación respectiva, esté prestando servicios en la institución del sector bancario o en la persona juridica vinculada de la que se trate, mantendrá hasta su desincorporación las mismas condiciones de su relación de trabajo vigentes hasta esa fecha, sin perjuicio de las mejoras o beneficios que posteriormente pueda aprobar el Ejecutivo Nacional o el Presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancanios. CAPÍTULO VI DEL 8ALANCE DE LIQUIDACIÓN Contenido del balance de liquidación Articulo 26. El balance de liquidación será elaborado mensualmente por el Coordinador del Proceso de Liquidación o por la Unidad competente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, según sea el caso, de acuerdo a los principios de contabilidad aplicables y el mismo se regirá por las siguientes consideraciones generales: 1. Los activos se registrarán de acuerdo a su valor de liquidación, entendiéndose como tal el valor razonable de los mismos. 2. Los pasivos se presentarán de acuerdo a su valor nominal o actua!. El Coord:nado del Proceso de Liquidación o la Unidad competente del Fondo de Protección Social de fos Depósitos Bancarios, mensualmente, pondra a disposición de ios acreedores de la institución del sector bancario o de la persona jurídica vinculada en proceso de liquidación, el respectivo balance de liquidación, Activos del balance de liquidación Articulo 27. Los activos del balance de liquidación serán aquellos cuya titularidad a favor de la respectiva institución del sector bancario o de la persona juridica vinculada esté comprobada, incluyendo a fos activos que por alguna página original (tal como se publicó) [Página 20] razón no se encuentran contabilizados, pero que conste o logre comprobarse su pepperon Pasivos del balance de liquidación Artículo 28. Dentro de los pasivos del balance de liquidación, se incluirá a las contingendas derivadas de cualquier obligación a cargo de la institución del sector bancario o de la persona jurídica vinculada en proceso de liquidación. Ajustes y conciliaciones Artículo 29. Cuando se determine la existencia de registros contables que no se adapten a la realidad patrimonial de la institución del sector bancario o de la persona jurídica vinculada en proceso de liquidación, el Coordinador del Proceso de Uiquidación o la Unidad competente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarlos, según sea el caso, elaborará el análisis correspondiente y lo elevará a la consideración del Presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, para la aprobación de los ajustes respectivos. CAPÍTULO VII DEL PAGO DE LOS HABERES SOCIALES Pago de los haberes sociales Artículo 3o. Una vez pagadas las obligaciones aprobadas de acuerdo a lo pautado en el Capitulo II de este Título y efectuado lo establecido por el artículo 21 de las presentes Normas, los recursos remanentes serán repartidos entre los acclonistas de la institución del sector bancario o de la persona jurídica vinculada, en forma proporcional a su respectiva participación accionaria, en los términos y en la oportunidad que fije el Presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios. Convocatoria a los accionistas Artículo 31. A los efectos del pago de los haberes sociales a los que se refere el articulo anterior, el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios convocará previamente a los accionistas de la institución del sector bancario o de la persona jurídica vinculada de la que se trate, mediante un (1) aviso publicado en un (1) diario de circulación nacional, y en un (1) diario de circulación reglonal, según sea el caso, a los fines que se presenten a cobrar sus haberes sociales dentro del plazo de diez (10) días hábiles bancarios contados a partir de la publicación del referido aviso de prensa. Transcurrido el plazo señalado en este artículo sin que los accionistas efectúen el cobro de sus haberes sociales, corresponderá al Presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios determinar el destino de los recursos respectivos, a los fines de culminar los procesos de liquidación correspondientes, pudiendo aplicar a taies efectos lo establecido en el artículo 34 de estas Normnas. Balance definitivo de liquidación Articulo 32. Efectuado el pago de los haberes sociales correspondientes o determinado el destino de los recursos no reclamados por los accionistas de la Institución del sector bancario o de la persona jurídica vinculada, según lo pautado en el artículo anterior, se elaborará el balance definitivo de liquidación de la Institución del sector bancario o la persona jurídica vinculada de la que se trate, el cual deberá ser aprobado por el Presidente del Fondo de Protección Soclal de los Depósitos Bancarios, a los fines de declarar concluido el proceso de liquidación respectivo. Participación registral Artículo 33. Dentro de los diez (10) días hábiles bancarios siguientes a la aprobación por parte del Presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios del balance definitivo de liquidación, se deberá efectuar ante la Oficina de Registro Mercantil competente la participación de la condusión del proceso de liquidación correspondiente, a los fines de la extinción de la personalidad jurídica de la institución del sector bancario o de la persona jurídica vinculada de la que se trate. TÍTULO IV DEL TRASPASO DE ACTIVOS Y PASIVOS Traspaso de activos y pasivos Artículo 34. El Presidente del Fondo de Protección Soclal de los Depósitos Bancarios podrá acordar el traspaso de activos y pasivos entre instituciones del sector bancario o personas jurídicas vinculadas en proceso de liquidación, cuando ello sea necesario a los fines de facilitar el desarrollo y culminación de los procesos de liquidación respectivos. Los traspasos de activos y pasivos a que se refiere el presente artículo, serán efectuados sin contraprestación alguna. TÍTULO V DEL RÉGIMEN DE ENAJENACIÓN DE BIENES De la Enajenadón Artículo 35. Los bienes propiedad de las instituciones del sector bancario o de las personas jurídicas vinculadas en proceso de liquidación, serán enajenados en los términos y condiciones establecidos en la Ley que regula la materia, así como en las normas que a tal efecto dicte el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios. TÍTULO VI DEL PAGO DE LOS GASTOS ENTRE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y EMPRESAS RELACIONADAS NO FINANCIERAS Pago de gastos necesarios Artículo 36. Las instituciones del sector bancario o las personas jurídicas vinculadas en proceso de liquidación que dispongan de recursos suficientes, podrán pagar los gastos de mantenimiento, custodia y similares, incluyendo los gastos legales y judiciales, correspondientes a los bienes propiedad de otras instituciones del sector bancario o de las personas jurídicas vinculadas en proceso de liquidación que carezcan de recursos para honrar los mismos, cuando ello sea necesario a los fines de salvaguardar los bienes propledad de estas últimas, todo lo cual deberá ser aprobado por el Presidente del Fondo de Protección Sociai de los Depósitos Bancarios. Los gastos a los que se refiere este artículo, serán reembolsados a la institución del sector bancario o de las personas jurídicas vinculadas correspondiente, con los recursos obtenidos de la enajenación de los bienes respectivos. DISPOSICIONES FINALES Normas supletorias Artículo 37. En todo lo no previsto en estas Normas se aplicarán en cuanto sea procedente el Código Civil, el Código de Comercio y tas Leyes Especiales que regulen la materia. Vigancia Artículo 38. Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y también serán aplicables a los procesos de liquidación de instituciones del sector bancario y personas jurídicas vinculadas que se encuentren pendientes de culminación a la fecha. Derogatoria Articulo 39. Se derogan las "Normas para la Liquidación de Bancos, Entidades de Ahorro y Préstamo, Otras Instituciones Financieras y Empresas Relacionadas No Financieras", publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.966 Extraordinario, de fecha 10 de marzo de 2010. En Caracas, a los catorce (14) dias del mes de enero de dos pmf once (2011). OAVED ALASTRE Presidente Decreto N° 7/229 del 09902-2010 Gaceta Oficial N$ 39.364 del 09-02-2010 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO DESPACHO DEL MINISTRO-DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE CONSULTORIA JURIDICA ·CARACAS. 24 DE ENERO DE 2011 NUMERO. 003 200° y 151° RESOLUCIÓN Eli Ministro del Poder Popular para el Turismo, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Decreto N° 7.208 de techa 01 de febrero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.360, de fecha 03 de febrero de 2010, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del articulo 77 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. en concordancia con el numeral 2 del articulo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y los articulos 19 y 20, numeral 6 ejusdem, este Despacho, RESUELVE Articulo 1. Se encomienda a los ciudadanos Juar Legórburu, Tulia Cortés. Lenny Mendoza, Esteban Naranjo, Alfred Grössi, Ann Sans, Heather Mata. Ingrid Chopite, Iván Núñez, Jesnady Garcia, José Echenique, Juan Solórzano, Leandro Alvarez. Leomar Torrealba, Mauricio Ruiz, Norvid Micheille Salama, Oswaldo Terán, Yanira Pérez y Yesenia Rodriguez, , titulares respectivamente de las cédulas de identidad números: V-6.914.851. V-14.510.249. V- 13.864.177. V-12.568.401, V-9.487.544. V-17.427.030, V-19.022.040, V- 10.801.726. V-11.228.440. V-14.102.931. V-14.535.115. V-16.085.762. V- 13.713.723, V-15.487.974. V-15.837.957. V-14.048.737, V-12.171.853. V-19.649.878. y V-17.490.046. para que efectúen las inspecciones correspondientes al Sistema Turistico Nacional, conforme lo establece el articulo 9, numeral 18, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgânica de Turismo. página original (tal como se publicó) [Página 21] Artículo 2. Los ciudadanos nombrados, en cumplimiento de la presente Resolución, podrán efectuar todo tipo de inspecciones en matena turistica a los prestadores de servicios turísticos definidos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo. A tales efectos levantarán las Actas de Inspección sobre el cumplimiento de los deberes formales consagrados en la normativa turistica, asi como en cuanto al Registro Turistico Nacional, la Licencia de Turismo, Categorización y Clasificación. Articulo 3. Para garantizar el cumplimiento de las inspecciones, este Ministerio prestador de servicio turístico, detallando la razón o denominación social, dirección, número del Registro Turistico Nacional y de la Licencia de Tunismo, de ser el caso. y cualquier otro elemento que sirva para identificar al prestador objeto de la inspección, identificando asimismo a los inspectores encomendados a efectuar la misma. Articulo 4. Quedan a saivo las inspecciones que por atribuciones de Ley les corresponda a los entes adscritos a este Ministerio y a cualquier otro de la Administración Pública. Articulo 5. Los ciudadanos especificados anteriormente deberán presentar mensualmente una relación detallada de las inspecciones efectuadas. ante la Dirección General de Inspección y Fiscalización. Artículo 6. Se deroga la Resolución 065, de fecha 13 de julio de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivanana de Venezuela N° 39 465, de fecha 14 de julio de 2010. Artículo 7. La presente Resolución entrará en vigencia a parlir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuniquese y Pubilquese. ALEJANDRO FLEMNG 2 PARA EL TURISMO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO DESPACHO DEL MINISTRO-DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE CONSULTORIA JURIDICA NUMERO: 004 CARACAS, 24 DE ENERO DE 2011 200° y 151° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para el Turismo, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Decreto N° 7.208 de fecha 01 de febrero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.360 de fecha 03 de febrero de 2010, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y los artículos 19 y 20, numeral 6 ejusdem, este Despacho, RESUELVE Artículo Único. Designar a partir del 24 de enero de 2011, a la ciudadana María Fernanda Piña Antúnez, titular de la cédula de Identidad N° 16.728.611, Directora General de Registro y Licencia de este Ministerio, con el propósito de fomentar y promover la optimación de los servicios turísticos, que coadyuve en facilitar los mecanismos necesarios para_el desarrollo endógeno del turismo, para mejorar la ofertasunotoaal pals. Comuniquese y Publíquese, ALEJANDRO ANTONIO/FLEMINECABRERA MINISTRO DEL PODER PORDARL PARA EL TURISMO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALAAGRICULTURA Y PIERRAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA * MDISTERIO DEL POOER POPULAR PARA RELACIOMES INTERIORES Y JUSTICIA * RM No. 466 SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS. 200° y 151° REGISTRO MERCANTIL DEL ESTADO YARACUY Municipio San Felipe. 16 de Dicembre del Año 2010 Por presentado el antenor documento por su FIRMANTE. para su inscripción en el Registro Mercanti y fjación Hágase de conformidad, y ARCHiVESE onginal. El antenor documento redactado por el Abogado MARIA CAROLINA CATARI MEJIAS IPSA N. 108979, s• inscnbe en el Registro de Comercio bajo el Número: 54. TOMo -28-A . Derechos pagados 88 0,00 Según Planaile RM No. , Banco No. 1 Por BS: 91,00. La ydenfcación se efectuó asi. MARIA CAROLINA CATARI MEJIAS, C.I. V-16.386.546. AbOgado ReVISOr ANAI ANTONIA MUÑOZ MORENO Ragistrader Mercantil Abog JESUS MARIA LOPEZ ESTA PÁGINA PERTENECE A EMPRESA MIXTA SOCIALISTA LEGUMINOSAS DEL ALBA, S.A Número de expediente: 28241 DIV ACTA N° 15 EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCSEDAR MERCANTIL EMPRESA MIXTA SOCIALISTA LEGUMINOSAS DELCALBA S.A. En la ciudad de Urachiche, siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) del día Viena 08 de octubre de 2010, reunidos en la sede principal de la Sociedad, en la carrera Corredor Agro industrial Edificio Unidad de Producción Socialista piso planta baja, Iocal 1 Sector Belisa I mun:cipio Urachiche del estado Yaracuy, oportunidad fijada para que tenga lugar la Junta Directiva de la Sociedad Mercantif EMPRESA MIXTA SOCIALISTA LEGUMINOSAS DEL ALBA, S.A, debidamente inscTita ante el Registro Mercantil Pnmero de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, bajo el Nº 54, Tomo 357-A de fecha 21 de Diciembre de 2007. Motiva la celebración de la presente Junta Directiva la necesidad de resolver el Punto del Orden del Dia, y se convoca a instancias de la Presidenta de la Sociedad Mercantil. Están presentes los miembros de la Junta Directiva, ciudadana LaURa LorENzo MARRERO, titular de la cédula de identidad N° v-7.398.995, soltera, en su aráCter de PreSidenta de la EMPRESA MIXTA SOCIALISTA LEGUMINOSAS EL ALBA, S.A.; CiUdadano ROLANDO VIERA VELAZCO, PaSaporte Cubano N° 208cos, soltero,en Su carácter de Vicepresidente de la EMPRESA MIXTA SOCIALISTA LEGUMINOSAS DEL ALBA, S.A.; en representación del Instituto Autónomo Corporación Venezolana Agraria (CVA) el Ciudadano ALFREDO RICARDO MIRANDA RODRIGUEZ, titular de la Cedula de dentidad N° y- 3.978.984; en su carácter de Director Suplente; la cludadana MARIA CAROLINA CATARI MEDIAS, titular de la cédula de identidad N° V- 16.386.546, soltera, Secretaria de la Junta Directiva de la EMPRESA MIXTA SOCIALISTA LEGUMINOSAS DEL ALBA, S.A.; presidida la Junta por la PreSidenta de la EMPRESA MIXTA SOCIALISTA LEGUMINOSAS DEL ALBA, S.A., CIudadana LAURA LORENzO MARRERO, viSta las ConvOcatonas y asistencia de los miembros de la Junta Directiva queda constituida la Asamblea Extraordinaria, y conforme a los Estatutos se procede a leer los Puntos del Orden del Dia: PRIMER PUNTQ: Remoción del Gerente de Adnuinistración y Finanzas de l3 Empresa. SEGUNDo PUNTO: Revisión por parte de la Asamblea de Junta DireCIVa de la EMPRESA MIXTA SOCIALISTA LEGUMINOSAS DEL ALBA, $A., las propuestas de candidatos al cargo de Gerente de Administración y Finanzas de conformidad con la Cláusula 24 numeral 12 y Cláusuia 29 Documento Constitutivo y Estatutario. IERCER PunTo: Reestructuración Comisión de Contrataciones Públicas de la Empresa. Una vez finalizada la leatba del Orden del Día, la Asamblea pasó a conocer el PRIMER PUNTo: tor *a página original (tal como se publicó) [Página 22] palabra, la Ciudadana LAURA LORENZO MARRERO, tomó la palabra y seña que es preciso Remover a la Gerente de Administración y Finanzas de la Empresa Mixta Socialista Legumin sas del Alba, S.A., Ciudadano JAIPO 3OSÉ ROJAS LEAL, titular de la Céduia de Identidad N° V-10.768.087, de conformidad con la Cláusula 24 numeral 12 y Cláusula 29 del Documento Constitutivo y Estatutano de la Empresa por ser un cargo de libre nombramiento y remoción por una parte y por la otra, que la gestión realizada por dicho funcionario no satisfizo las expectativas esperadas por la Junta Directiva; no habiendo objeción alguna, está moción fue aprobada de forma unánime por los presentes en la Asamblea. SEGUNDO PUNTO: tomó la palabra el Ciudadano ROLANDO VIERA VELAZCO, Vicepresidente de la Empresa quien manifestó que es imperante la necesidad de hacer una revisión por parte de la Junta Directiva de la EMPRESA MIXTA SOCIALISTA LEGUMINOSAS DEL ALBA, S.A., de las propUeStas de Candidatos al Cargo de Gerente de Administración y Finanzas de conformidad con la Cláusufa 24 numeral 12 y Cláusula 29 del Documento Constitutivo y Estatutario. Luego de deliberar, la Asamblea acordó designar como Gerente de Administración y Finanzas Titular al Ciudadano ALY ANTONIO TORREALBA, venezolano, mayOr de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.124.631, quien se venía desempeñando como Gerente Encargado de Administración y Finanzas. TERCER PUNTO; Continuando COn la palabra el Ciudadano ALFREDO RICARDO MIRANDA RoDRIGUEz, en su carácter de Director Suplente de la Empresa quien señaló que es preciso Reestructurar la Comisión de Contrataciones Públicas de carácter permanente de la Empresa, la junta directiva acordó que la Comisión esta integrada por los servidores públicos que se mencionan a continuación: Miembros Suplentes Area Miembros Principales Económico Yesica Lugo - Aly Antonio Torrealba C.I. V-16.270.248 Financiera C.I. V. 4.124.6.31 Richard Wormes - Maria Carolina Catari - Juridica C.1. V-16.386.546 C.I. V-7.905.854 - José Azuaje - Fresther Ruiz Técnica C.I. V-14.161.966 C.I. V-7.435.239 - Noralit Alvarez Secretaria C.I. V-16.138.275 La ausencia de los miembros principales será cubierta por e! suplente que corresponda según el orden establecido en la anterior relación. Está moción fue aprobada de forma unánime por los presentes en la Asamblea. No habiendo más puntos que tratar, se declaró culminada la Asamblea de Junta Directiva, se autoriZó a Ia Ciudadana MARIA CAROLINA CATARI MEJIAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad N° V-16.386.546, Secretaria de ba Unta DireCliva de la EMPRESA MIXTA SOCIALISTA LEGUMINOSAS DEL A, S,A., proceda a los trámites de registro y publicación correspondiente de la esente Acta de Asamblea de Junta Directiva. Tratados como efecto fueron los puntos del orden del dia, se declaró terminada la asamblea y se levantó el Acta correspondiente, la cual fue suscrita por los presentes en señal de conformidad. En San Felipe, a la fecha de su presentación. ROLANDOVIERAVELAZCO CAURA LORENZO MARRERO HnuudG LFREDO RICARDO MIRANDA RODRIGUEZ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN PARA APOYAR LA RBVOLUCIÓN AGRARIA (CIARA). PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 003/2011. CARACAS, 20 DE ENERO DE 2011. AÑOS 200º y 1512 En uso de ia facultad conferida en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimlentos Administratlvos, se corrige al error materlal que se Incurrió en !a Provldencla Administrativa Nº 018/2010 de fecha 30 de diclembre de 2010, publicada en la Gacata Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.586 de fecha 4 de enero de 2011, contentiva de la creación del Plan Administrado de Salud de la FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN PARA APOYAR LA REVOLUCIÓN AGRARIA (CIARA), En consecuencia, se corrige el sigulente error materlal: Donde dice: "..Direcclón de la Oficina de Recursos Humanos..." Debe decir: "...Oficina de Recursos Humanos de la Fundación de Capacitaclón e Innovación para Apoyar la Revoluclón Agraria (CIARA)..." De conformidad con el artículo gº la Lay de Publlcaciones Oficiales, reimprímase a continuación el texto Íntegro de la Providencla Administrativa N° 018/2010 de fecha 30 de diclembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela Nº 39.586 de fecha 4 de enero de 2011, con la corrección antes indicada. Comuníquese y Publíquese. MARTHA BOUNAR ACOSTA Presidenta de la Fundacón de Capacitación e Innovaclón pará Apoyaria Re'/oluclón Agrarla Según Rasolución DM/Nr 182/2008 de fecha 09 de diclembre de 2008. publicada en Gaceta Onclal de la República Bollvarlana de Venezueia No. 39.076 de fecha 09 de diclembre de 2008. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN PARA APOYAR LA REVOLUCIÓN AGRARIA (CIARA). PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 018/2O1O. CARACAS, 30 DE DICIEMBRE DE 2010. En ejercicio de las atribuclones conferidas por el numeral 13 del Artículo 20. Título V de los Estatutos vigentes de la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA), publicados en la Gaceta Oficlal de la República Bollvarana de Venezuela N° 39.467 de fecha 16 de Jullo de 2010, de conformidad con lo dispuesto en el único aparte del Artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Funclón Pública, Por cuanto, la salud es un derecho social fundamental que debe ser garantizado como parte del derecho a la vida, y el Estado debe promover y desarrollar políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el blenestar colectivo y el acceso a los servicios, Por cuanto, el acceso a los servicios de salud a través de Intermediarios (Empresas de Seguros) resulta ser muy oneroso. Este Despacho dicta la siguiente: página original (tal como se publicó) [Página 23] PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artícuio 1. Sa Crea el Plan Administrado de Salud de la FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN PARA APOYAR LA REVOLUCIÓN AGRARIA (CIARA). El CUaL eS Un sistema de gestión y tramite de hospitalización, cirugía y matemldad (HCM), accidentes personales y serviclos funerarios, administrado por la Oficina de Recursos Humanos de la Fundación de Capacitación e innovación para Apoyar la Revelución Agraria (CIAn A). para garantizar el blenestar de los trabajadores, trabajadoras y sus famillares beneficiarios, asegurándoles la protección soclal frente a diversas eventualidades que puedan surgir. Artículo 2. Este Plan Administrado de Salud tendrá vigencia a partir dal Primero (1°) de Enero de 2011. Comuníquese y Publíquese. MARTHA BÉIVAR ACOSTA Presidenta de la Fundaclón de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agrarla Segin Resoluclón DM/ns 182/200lea de feche 09 de diclembre de 2008, publicada en Gacata Onclal de la Repóblica Bolvariana de Venazuela No. 39.076 de fecha 09 de diclembre de 2008. REPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRICOLA INTEGRAL. PRESIDENCIAVINSAI N° 02 CARACAS, 20 DE ENERO DE 2011 AÑO5 200° y 351° De conformidad con las facultades que me conflere el artículo 61 numeral 2 y 3 del Decreto No. 6.129, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Salud Agricola Integral, de fecha 03 de junio de 2008 publicado en la Gaceta Ofidal de la Rapública Bolivarlana de Venezuela No. 5.890 Extraordinario de fecha 31 de Jullo del 2008,en concordancia con la Resoludón No DM/003/2010 de fecha 27 de enero de 2010, dictada por el Ministro del Poder Popular para ia Agricultura y Tierras, pubicada en la Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.356 de fecha 28 de enero de 2010, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela Nº 39.373 de fecha 24 de febrero de 2010, en concordanda con el artícuio 10 de La Ley de Contratacdones Públicas, publicada en la Gaceta Oficial de la República 8olivariana de Venezuela N° 39.503 de fecha 06 de septembre de2010, en concordancia con el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contratadones Públicas, de fecha 19 de mayo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.181 de la misma fecha, y de acuerdo con lo aprobado en el Punto de Cuenta N° 893 de fecha 14 de septiembre de 2010, este Despacho dicta la sigulenta Providencla Administrativa, PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA POR LA CUAL SR DESIGNA LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE CONTRATACIONES DEL INSTITUYO NACIONAL DE SALUD AGRÍOOLA INTEGRAL (INSAI) Artículo.1. Se designan Como seCretaria de la COMIEIÓN DE CONTRATACIOnES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (INSAI), a la cudadana CARMEN LISBETH DELGADO OVALLES, titular de la Cédula de Identidad N° 9.6ss.833, quien tendrá derecho a voz pero no a voto, y ejercerá las fundones siguientes: Públicas para las reuniones a que haya lugar, Informándoles la agenda respectiva. 2. Velar por la elaboración de las actas correspondientes y demás documentos reladonados con el cumplimiento de las fundones de la Comisión de Contratacones Públicas. 3. Lever el registro, archivo, control y resguardo de tos expedientes de los procedimientos de Contratadones Públicas, someddos a consideración de la Comisión de Contrataciones Públicas. e en e e oe en r decislones de la Comisión de Contrataciones Públicas. 5. Presentar mensualmente a los Integrantes de la Comisión de Contrataciones Públicas, un Informe general de todos los actos que suscriban, con ocasión a los procesos de contratación para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios adelantados. - 6. Cualquier otra que le asigne la Comisión de Contrataciones Públicas. Artíaula_2. La presente Providencia Administradva entrarà en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Ofidal de la República Bollvardana de Venezuela. NANDAENOOVAL CABRERA MARIA PRESIRENTALTARELANET TUTO NACIONAL DESATSAUO NEGRAL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS. DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINITRATIVA No. 213. CARACAS, 20 DE DICIEMBRE DE 2010 Años 200° y 151° El Presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), en ejercicio de la atribución conferida en el numeral 1 del artículo 12 de la Ley del Enstituto Naclonal de Investigaciones Agrícolas, en concordancia con el único aparte del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, artículo 20 eiusdem y el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, decide dictar la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Articulo 1: Se nOmbra a la cludadana CARMEN DEISY CASTRO DE BOLÍVAR, titular de la cédula de dentidad N° V-8.679.940, ∞mo CONSULTORA 3UREDICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS (INIA) en condición de Encargada, a partir del 12 de noviembre de 2010. Comuníquese y publíquese, del INIA (E) 057 de lecha 22 de diciembre de 2008, según Rai 0 r REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTTTUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS. DESPACHO DELA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA No. 214. CARACAS, 21 DE DICIEMBRE DE 2010. Años 200° y 151° El Presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícoias (INIA), en ejercicio de la atribución conferida en el numeral 1 del artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas, en concordancia con el único aparte del artículo 5 y articulo 20, numeral 3 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, decide dictar la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Articulo 1: Se nOmbra a la Ciudadana JAMME JOSELINE CALLES SANTANA, titular de la Cédula de identidad N° V- I3.750.212 como JEPE DE LA OFICaNA DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL ESTADO MIRANDA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS (INIA- MIRANDA), en condición de Encargada, desde el 12/11/2010 hasta el 02/12/2010. Comuniquese y publíquese, eidante del INIA (E) No. 057 de fecha 22 de diciembre de 2008, Seguin Resolución Publicado en Gaceta Oficial No. 39.086 de fecha 23 de diclembre de 2008 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS. DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA No. 215. CARACAS, 21 DE DICIEMBRE DE 2010. Años 200° y 151° El Presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas (INIA), en ejercicio de la atribución conferida en el numeral 1 del articulo 12 de la Ley del Instituto Nacional de InvestgacionesAgricolas, en concordancia con el único aparte del artículo 5 y articulo 20, numeral 3 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y el artículo 17 de la Ley Orgánca de Procedimientos Administrativos, decide dictar la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA ArtÍculo 1: Se nombra a la Ciudadana YANET JOSEFINA PINTO HIDROGO titular de la cédula de identidad N° V- 15.740.402 como JEFE DE LA OFICENA DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL ESTADO SUCRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS (INIA-SUCRE), en condición de Encargada, a partir del 01 de diciembre de 2010. Comuniquese y publíques EDUARDO GIA PINTO Presidente del INIA (E) Segin Roiouaón sp. 057 de reora 22 de tdemore de 2008. Frhacado en Cecnta Oncer No. 39.0ss de fooe 23 oe dorambre de 20s REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS. DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA No. 216. CARACAS, 21 DE DICIEMBRE DE 2010. Años 200° y 151° El Presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), en ejercicio de la atribución conferida en el numeral 1 del articulo 12 de la Ley del Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas, en concordancia con el único aparte del articulo 5 y página original (tal como se publicó) [Página 24] articulo 20, numeral 3 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, decide dictar la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Articulo 1: Se nOmbra al CiUdadanO NERWIN JAVIER CADENAS RINCON titular de la Cédula de identidad N° V- I3.650.948 Como JEFE DE LA OFICENA DE RECURSOS HUMANOS DE LAUNIDAD EJECUTORA DEL ESTADO GUÁRICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS (INIA- GUARICO, en condición de Encargado, desde el 09/12/2010 hasta el 06/01/20±1. Comuníquese y publíquese, YÁQUARDO GIL PINTO dento del INIA (E) Ao. 057 de Aecha 22 de doambre der 2008, Cilcióin Puplado en Gacrta Ofaul Nio. 39.a86 de Pecha 2.3 de dlolambre de 2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD NÚMERO 005 25 DE DE 2011 ENE. 200° y 151° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 7.436 de fecha 24 de mayo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vonezuela N° 39.434 Extraordinano de fecha 28 de mayo de 2010, modificado mediante Aviso Oficiel de fecha 09 de junio de 2010. publicado en la Gaceta Oficial de la Repúbica Bolivanana de Venezuela N° 39.442 de la misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2, 15 y 19 del articulo 77 del Decrelo con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de le Administración Pública, en concordancia con lo previsto en los articulos 5 numerales 2 y artículos 17,18 y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, asl como el articulo 48 del Reglamento Orgánico de este Ministerio, articulos 181 de la Ley Orgânica de la Administración Financiera del Sector Público, 51 y 52 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera dai Sector Público sobre el Sistema Presupuestario. articulos •, 7 y 23 de la Ley Contra la Corrupción y articulo 6 del Reglamento de Deiegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, este Despacho Ministenial, RESUELVE ARTICULO 1. DesIgnar al CIUdadanO ALVARO ALEXANDER CALDERÓN CHACÓN, titular de la cédula de identidad N° V- 9.227.465, para ocupar el cargo como DIRECTOR ENCARGADO DE ADQUISICIONES, adsCrito a la Oficine de Gestión Administrative del Ministerio del Poder Popular para le Salud. ARTICULO 2. Se BUtOnza al CiUdadanO ALVARO ALEXANDER CALDERÓN CHACón. antes identificado, para qua actúe como Cuentadante. ARTicuLO 3. La presente Resolución entrará en vigenda a partir de su publicación en la Geceta- Ofcial dy la RepúblicarBolivariana de Venezuela. Mintype del roder Popular pare la Salud i r i n Gaceta Ofcial N° 39.442.del 09 de junio de 2010 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD NÚMERO 0 0 6 2 5 DEENE. DE 2011 200° y 151° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 7.436 de fecha 24 de mayo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.434 Extraordinario de fecha 28 de mayo de 2010, modificado mediante Aviso Oficial de facha 09 de junio da 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39,442 de la misma fecha, de conformidad con lo dispuesto •n los numerales 2. 16 y 19 de1 artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgânica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto an los articulos 5 numerales 2, 17,18 y 19 último sperte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, asi como al articulo 48 del Regiamento Orgânico de esta Ministerio, artículo a 161 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera dei Sector Público. 51 y 52 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, articulos 6, 7 y 23 de la Ley Contra la Corrupción y articulo 6 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, este Despacho Ministenial, RESUELVE ARTICULO 1. Designar a l8 Ciudadana MILAGRO CLARET VERA FEREiRA, titular de la cédula de identidad N° V. 7.804.349, pare ocupar o: CargO COMO DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DÈ GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD, quien deberá cumplir fiel y cabaimente las funciones estabiecidas en el articulo 13 del Reglamento Orgánico de este Ministerio. ARTícuLo 2. Se delega en la ciudadana, antes identificada, en su CaráCter de DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE GESTIÓN ADMiNiSTRATiVA, las competencias, gestión de atribuciones y las firmas de los actos y documentos que a continuación se indican: Administración y Servicios, las órdenes de pago diregias avances a pagadores o administradores, por concepto d remuneración y gastos de personal, asi como los gastos distintos a remuneraciones. 2. Conjuntamente con el (la) Director (a) de la Oficina de Administración y Servicios. los actos y documentos relacionados con la adquisición de bienes y servicios. Conjuntamente con el (la) Director (a) de la Oficina de 3 Administración y Servicios, las órdenes de pago y avances a pagadores o administradores por concepto de jubilaciones, pensiones, becas, alquileres, contratos, pagos a proveedores, subsidios y cartas de crédito. Conjuntamente con el (la) Director (a) de la Oficina de 4. Administración y Servicios, la tramitación para la firma del ciudadano Ministro o Ministra de los contratos y cartas de crédito. Conjuntamente con •l (ia) Director (a) de la Oficina de 5. Administreción y Servicios, la movilización de cuentes corrientes, órdenes de pago, certificaciones de las mismas, endosos y firma de cheques y otros títulos de créditos, dentro de los límites de su delegación previa consuita y aprobación del ciudadano Ministro o Ministra, por conducto de la Dirección del Despacho. 6. Los contratos de prestación de servicios de mantenimiento, arrendamiento, permuta, comodato, y en general, los relacionados con la gestión ordinaria del Ministenio, que no supere las mil unidades tributarias (1.000 U.T.). 7. La firma y aceptación de fianzas de fiel cumplimiento y de anticipo, otorgadas a favor del Ministerio y de las comunicaciones mediante las cuales se notifica le no aceptación de este tipo de garantías. 8. La correspondencia dirigida a las Direcciones y demás dependencias del Ministerio, relacionadas con las áreas de finanzas, tecnologia de información y administración, comunicación, seguridad integral de higiene y seguridad laboral. La correspondencia dirigida a la Oficina de Información de ta 0. Presidencia de la República, a la Oficina Nacional de Presupuesto, a la Oficina Nacional de Estedística y a las Direociones y Dependencias del Ministario del Poder Popular para las Finanzas, a la Contraloria General de la República, à la Comisión de Finanzas de la Asembles Nacional, an relación con las gestió funciones propias de le Oficina de Gestión Administrativa. 10. Las circulares y desmás comunicaciones dirigidas a les Din Generales y Estadudes de Salud del Ministerio del Pode para la Salud. 11. Conjuntamente con el Director General del Despacho, la tramitación, ejecución y firma da los documentos contentivos de los actos relacionados con el otorgamiento de subsidios y ayudas a personas naturales o juridicas. 12. La correspondencia externa, postal, telegráfica, radiogréfica o de cualquier otra naturaleza en contestación a solicitudes dirigidas por particulares, sobre asuntos cuya atención sea competencia de la Oficina a su cargo. 13. La certificación de las copias de los documentos, oficios, memoranda o circulares emanadas de esa Oficina. 14. Conjuntamente con el (la) Director (a) de la Oficina de Administración y Servicios, los actos de tramita relacionados con las licitaciones y cartas de crédito, así como las actividades contables, financieras y la ejscuclón presupuestaria del Ministario. 15. Los contratos relacionados con becas y ayudas económicas para la formación de recursos humanos en el área de la salud. 16. Las demás atribuciones que le asigne al ciudadano Ministro o Ministra del Poder Popular para la Salud. 17. Las que le atribuyan las leyes. reglamentos, decretos y resoluciones. ARTICULO 3. Se autoriza a la Ciudadana MILAGRO CLARET VERA FEREIRA, titular de la cédula de identidad N° V-7.804.349, en su CaráCter de DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE GESTIÓN ADMiNIsTRATiVA del Ministerio del Poder Popular para la Salud, para que actúe como Cuentadante. página original (tal como se publicó) [Página 25] ARTicuLO 4. La funcionaria delegada deberá remitir dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes, un informe detallado de las actuaciones realizadas a la Dirección del Despacho y al Despacho de los Viceministros. ARTicULO 5. El Minis:ro o Ministra del Poder Popular para la Salud, podrá discrecionalmente firmar los actos y documentos referidos en la presente Resolución. ARTicuLO 6. De conformidad con lo establecido en el artveufo 6ggel Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros d E Nacional, la referida ciudadana deberá rendir cuenta al Ministo o del Poder Poputar para laSalud, de todos los actos y documert: hubiere firmado en virtud de esta delegación. ARTicuLo 7. Queda a salvo lo establecido en los articulos 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Públicas y 3 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional. ARTícuLo B. Se derogacualquier Resolución que colida con la presente. ARTicuLO g. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gacata Oficial de la República Bolivaniana de Venezuela. Noafitiquese y Publilquese. EUGENIA SADER CAPIELLANOIS Ministta del Ebder Popudar para la Salud Decreto N° 7.436 del 24 de mayo de 2010 Gaceta Oficial N° 39 434 del 28 de mayo de 2010 Aviso Oficiàl del 09 de junio de 2010 Gaceta Oficial N° 39.442.del 09 de junio de 2010 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA Y PETRÓLEO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EA ENERGIA Y PETRÓLEO DESPACHO DEL MINISTRO No 189 200ºy 151° Caracas, 27 DIC. 2010 RESOLUCION De conformidad con io dispuesto en el artículo 77 numeral 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo Diepuesto en el artículo 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica De la Adminiatración Financiera del Sector Público sobre el SistemaPresupuestario,designocomoCuentadante responsable de la Unidad Administradora, a partir del 01 de Enero de 2011, al siguiente funcionario: CODIGO DE C.I.N° UNIDAD NOMBRES Y APELLIDOS UNIDAD EJECUTORA SEDE DIRECCION 00050 LUIS BARBERAN 3.000.400 FALC REGIONAL FALCON Comuníquese y publíquese, Po e Ejecutivo Nacion RAFAEL D. RAMIREZ C. Mirdstro del Poder Popular Para la Energía y Petróloo REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGIA Y PETRÓLEO DESPACHO DEL MINISTRO 06IoN Caracas, 27 0IC. 2010 200° y 151° RESOLUCION 8 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 numeral 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo Dispuesto en el artículo 51 del Reglamento N° 1 de ta Ley Orgánica De la Administración Financiera dei Sector Púbiico sobre SistemaPresupuestario, designo Cuentadante como 18 responsable de la Unidad Administradora, a partir del 01 de Enero de 2011, al siguiente funcionario: UBICACION C.I.N° UNIDAD CODIGO DE NOMBRES Y APELLIDOS OVOINN EJECUTORA SEDE 00053 4.531.627 WILLIAN PEREZ DIRECCION BARCELOMA REGIONAL BARCELONA Comuníquese y publíquese, Po/ 4} Ejecutivo Naciona! RAFAEL D. RAMIREZ C. Minkstro del Poder Popular Paraja Energía y Petróleo REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGIA Y PETRÓLEO DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 27 DIC. 2010 I6I6N 200° y 151º RESOLUCION De conformidad con lo dispuesto en el artícuio 77 numeral 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo Dispuesto enei artículo 61 del ReglamentoN° 1 de la Ley Orgánica De la Administración Financlera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, designo como Cuentadante responsable de la Unidad Administradora, a partir del 01 de Enero de 2011, al siguiente funcionario: UNIDAD C.1.N° UBICACION CODIGO DE NOMBRES Y APELLIDOS UNIDAD EJECUTORA BEDE ALFREDO RAFAEL, DIRECCION 00055 13.595.298 REGIOMAL BOLIVAR MATA GARCIA BOLIVAR Comuníquese y publíquese, RAFAEL D. RAMIREZ . Mi istro del Podar Popular Pata la Energía y Petróleo REPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA 3 8NE 2C11 N° DDPG-2011-_00.23 Caracas, 200°. 151° y 11° 4 La DefensOra PÚblica General, Dra. RAMONA OMAIRA CAMACHO CARRIÓN, titular de la Cédula de Identidad N° 8.471.964, designada madiante Acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha 11 de marzo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Botivariana de Venezuela N° 39.384, de la misma fecha, reimpresa por error material según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezueia N° 39.395, de fecha 26 de marzo de 2010, con fundamento en lo dispuesto en el Articulo 3 de la- Ley Orgánica de la Defensa Pública, y en ejercicio de sus atribuciones establecidas en'el Artícu!o 14, numerales 1 y 12, ejusdem, CONSIDERANDO Que es competencia de la Defensora Pública General organizar estructural, funcional, administrativa y financieramente a la Defensa Pública como Organismo Constitucional que forma parte del Sistema de Justicia. CONSIDERANDO Que la Coordinación de Consultoría Jurídica tiene competencia para brindar asesoramiento directo a la Defensora Pública Gereral, así como, a las Coordinaciones Nacionales y Regionales, de este Organismo. página original (tal como se publicó) [Página 26] CONSIDERANDO Que la magnitud, complejidad e importancia actual de la Defensa Pública como Órgano Constitucional del Sistema de Justicia, trae consigo un aumento significativo de las labores propias de todas sus Dependencias, incluyendo la Coordinación de Consultoría Jurídica. CONSIDERANDO Que luego de la evaluación preliminar realizada a la Coordinación de Consultoría Juridica, se determinó que la misma no fue estructurada formalmente para garantizar una gerencia eficaz, eficiente y oportuna, afectando notablemente la jerarquización en las funciones, la asignación de responsabilidades y la distribución equitativa del trabajo, lo cual incide en el nivel de respuesta de la Dependencia. CONSIDERANDO Que la Coordinación de Consultoría Jurídica de la Defensa Pública requiere ser reestructurada administrativamente, a los fines de dar respuesta oportuna y de calidad a los requerimientos formulados a esa Dependencia Junídica, asi como, agencias actuales y futuras de la Defensa Pública. RESUELVE CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES PRIMERO: REESTRUCTURAR y REORGANIZAR administrativamente la Coordinación de Consultoría Jurídica de la Defensa Pública. En tal sentido, la Coordinación de Consultoría Juridica de la Defensa Pública estará estructurada administrativamente por el Despacho del Coordinador o Coordinadora de Consultoria Jurídica y tres (3) Divisiones adscritas a la misma, de la forma que se detalla a continuación: 1pespacho de la Coordinación de Consuitoría Jurídica: A cargo de un .(ordinador o Coordinadora de libre nombramiento y: remoción de la eferra Pública General, el cual continuará ejerciendo sus atribuciones en el ambiNacional. espacho de la Coordinación de Consultoría Jurídica estará 'conformado de la c. manera siguiente: 1.1- Un (1) Director o una (1) Directora de Análisis Legal, de libre nombramiento y remoción de la Defensora Pública General, de profesión Abogado con más de cinco (5) años de experiencia en el ambito juridico. 1.2- Un (1) Jefe o Jefa del Despacho, de libre nombramiento y remoción de la Defensora Pública General, que posea titulo universitario en Derecho y un minimo de tres (3) años de experiencia en la carrera. .3- Un o una (1) Asistente Legal, estudiante de Derecho o recién raduado o graduada. 1.4- Una (1) Secretaria Ejecutiva que cumpla con el perfil previsto en el Manual Descriptivo de Cargos y una (1) Secretaria asistente o de apoyo. 1.5- Un (1) Mensajero 0 Mensajera, que reúna los requisitos exigidos para el cargo. División de Opiniones y Contrataciones: Conformada por un (1) Jefe o efa de División, de libre nombramiento y remoción de la Defensora Pública General y demás Abogados y Abogadas adscritos y adscritas a lá misma. 3.- División de Procedimientos Administrativos y Judiciales: Conformada por un (1) Jefe o Jefa de División, de libre nombramiento y remoción de la Defensora Pública General, y demás Abogados y Abogadas adscritos y adscritas a esta Dependencia. 4.- División de Anállsis de Expedientes Disciplinarios: Conformada por un (1) Jefe o Jefa de División, de libre nombramiento y remoción de ia Defensora Pública General, y demás Abogados y Abogadas adscritos y adscritas a la misma. Estas Divisiones contarán con el servicio de una (1) Secretaria. Prágrafo Único: De acuerdo con las necesidades y exigencias del servicio de Defensa Pública a nivei nacional, la Defensora Pública General podrá designar Deec dos o Delegadas de la Coordinación de Consultoria 'Juridica ante las Únid es Regionales de la Defensa Pública. Egonpo: La nueva estructura de la Coordinación de Consultoria Juridica es la =que se observa en el organigrama siguiente: DESPACHO DEL .COORDINADOR DE CONSULTORÍA JURÍDICA 1 Coordinador 1 Jefe o Jefa del Despacho 1 Director o Directora de Análisis Legal 1 Mensajero o Mensajera 1 Asistente Legal 1 Secretarla Ejecutiva División de Procedimentos División de Análsis de isión de Opiniones Y Expedientes Adminustrativos y Judiciales Contrataciones Discipllnarios 1 Jefe de Divislón 1 Jele de División Jefe: de Oivisión Abogados Abogados Abogados 1 Secretaria CAPÍTULO II DEL DESPACHO DEL COORDINADOR DE CONSULTORÍA JURÍDICA cEro: La Consultoría Jurídica de la Defensa Pública es una dependencia oministrativa que tiene el carácter de Coordinación, esta a cargo y bajo la respensabilidad de un Coordinador o Coordinadora de libre nombramiento y remoción de la Defensora Pública General, debiendo por lo tanto, rendir cuenta ante ésta de todas y cada una de las actividades y funciones que ejecuta. Asimismo, dicha Dependencia deberá cumplir las instrucciones giradas por la Coordinación General de la Defensa Pública. CuARTo: La Coordinación de Consultoria Juridica tiene por objeto asesorar.a la Defensora Pública General a los fines de tomar decisiones adecuadas al ordenamiento juridico venezolano, con miras a proteger los intereses del Organismo y de la República, y garantizar el cumplimiento de los fines de esta .Institución, asi como representar a la Defensa Pública previo los trámites legales pèatinentes, en la defensa de sus derechos e intereses que tiene la República por órgano de esta Institución. La&:opiniones de la Coordinación de la Consultoría Juridica serán vinculantes para tógáis las demás dependencias de la Defensa Pública, salvo instrucción expresa de Defensora Pública General, QuInto: La Coordinación de Consultona Juridica tiene las atribuciones sigulentes: 1.- Asesorar jurídicamente a la Defensora Pública General, a las autoridades y distintas dependencias de la Defensa Pública, en los ámbitos administrativo, laboral, penal, civil, mercantil, protección de niños, niñas y adolescentes entre otras. 2.- Representar a la Defensa Pública previo los trámites legales pertinentes, en la Insiución. 3mitir informes y opiniones a solicitud de la Defensora Pública General y demás -Coordinadores y Coordinadores Nacionales y Regionales de la Defensa Pública. 4,- investigar, interpretar y analizar las Leyes, Reglamnentos, Decretos, Resoluciones, asi como, la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional en cualquiera de las materias jurídicas. s.-lar por la correcta aplicación del régimen jurídico vigente en los diferentes ac administrativos y técnicos que suscriba la Defensora Pública General. 6.- Efectuar el estudio jurídico y avalar las formas de contratación y los contratas administrativos a ser suscritos entre la Defensa y proveedores, personal, contratistas de obras y servicios, entre otros. 7.- Asesorar juridicamente a la Comisión de ContratacionesPúblicas de la Defensa Pública. 8.- Realizar el estudio jurídico y opinar sobre las acreencias reclamadas a la Defensa Pública. 9.- Analizar los procedimientos administrativos aperturados por la Coordinación de Vigilancia y Disciplina, preparar los proyectos de decisión para la firma de la Deengora Pública General. 10.-Elaprar los proyectos de decisión sobre actos y recursos administrativos a los fines Bce presentarlo ante la Defensora Pública Ganeral para su firma. 11.-Baborar o revisar según los casos, los contratos demás actos juridicos tales, relacionados con las Coordinaclones Regionales de la Defensa Pública que sean sometidos a su consideración. página original (tal como se publicó) [Página 27] 12.-Asesorar, coordinar y colaborar en la elaboración de proyectos de layes, reglamentos, reformas legales, resoluciones, circulares y otros instrumentos jurídicos relacionados con la Defénsa Pública, que le encomiende la Defensora Pública General directamente o a través de la Coordinación Gener la, los Coordinadores y Coordinadoras Nacionales de la Defensa Pública, en ejercicio de sus atribuciones legalmente establecidas. Canalizar la colaboración que en materia jurídica la Defensa Pública preste a organismos públicos. Procurar la unificación de los criterios jurídicos administrativos en las diversas 14 mejías que son competencia de la Defensa Pública. 15.- Sistematizar y divulgar la doctrina jurídica de la Defensa Pública. 16.- Compilar las leyes, decretos, resoluciones, reglamentos, circulares y demás actgjbue se refieran a la Defensa Públlca. Revisar, analizar y dar el visto bueno adicional a los puntos de cuenta y puntos de información realizados por otras Coordinaclones cuyo contenido esté relacionado con la materia objeto de la competencia de la Coordinación. 18.- Organizar su funcionamiento Intemo con aprobación de là Defensora Pública General. 19.- Las demás funciones que le señalen las leyes, regiamientos, decretos y resoluciones, así como aquellas que le instruya o le delegue la Defensora Pública General. sTo: El Coordinador o Coordinadora de Consultoría 3unidoca tendrá las atribuciones siguientes: 1.-unificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades debía Coordinación de Con uttoria Jurídica. 2.- Suscribir los documentos emanados de la Coordinación de Cconsultoría Jurídica. 3.- Refrendar con su Visto Bueno los Actos Administratiyos, Resoluciones, Circulares y Contratos relativos la funcionamiento de la Defensã Pública, así como, los Puntos de Cuenta y Puntos de Información sometidos a sù consideración por las demás Coordinaciones, y cualquier otra documentación a solicitud de la Defensors Pública General. 4.- Asesorar jurídicamente ala Defensora Pública General y a las demás Coordinaciones de la Defensa Pública. 5.-¡Coordinar y fijar las estrategias jurídicas y logísticas para la defensa judicial y exjudicial de los intereses y derechos de la Defansa Pública, y participar di tamente en la misma cuando sea necesario o por instrucción de la Defensora blica General. 6.-Planificar y elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de la Cpordinación, según : los lineamientos establecidos para ello. 7.- Preparar el Informe de Gestión Anual de la Coordinación de Consultonía urídica. Coordinar y promover las reuniones que se celebren con el resto de las dependencias de la Defensa Pública, a los fines de emitir: criterio sobre las materias discutidas o los actos administrativos que proyecten dictarse. 9.- Certificar los documentos que reposan en los archivos de la Coordinación a solicitud de las distintas dependencias o de particulares interesados, de conformidad con la normativa legal vigente y fas normas o instrucciones intemas dictadas por la Máxima Autoridad de la Defensa Pública. 10.- Colaborar con la'Defensora Pública General y las demás Coordinaciones dé la Defensa Pública en la planificación, preparación y organizaciónide eventos de tipo 11.- Representar a la Defensora Pública General, cuando ésta asi lo disponga. 12x Mantener relaciones de cooperación en materia jurídica con los demás organismos públicos. :13:coordinar la divulgación de los aspectos jurídicos e institucionales de la Dy Pública. 14.- Cualquier otra a requerimiento de la Defensora Pública General, dentro del ámbito de sus competencias. SÉpTImo: El Director o Directora de Análisis Legai del Despacho de la Coordinación de Consultoría Jurídica, tendrá las funciones siguientes: 1.- Fungir como apoyo jurídico del Coordinador de Consultoría 3urídica. 2.r Revisar y analizar y dar el visto bueno previo interno a los proyectos de oficios, memorandos, opiniones, dictámenes, puntos de cuenta, puntos de Infong ción, resoluciones, circulares, instrucciones, reglamentos, escritos, eno del Coordinador. Redactar proyectos de oficios, memorandos, opiniones, dictámenes, puntos de cuenta, puntos de información, resoluciones, circulares, instrucciones, reglamentos, escritos, y en general, todos los documentos qué deben contar con la firma y visto bueno del Coordinador, a solidtud de éste. Asesorar jurídicamente, por instrucciones del Coordinador, a los Jefes de División y a los usuarios y usuarias que lo requieran. 5.- Realizar todas las diligencias y gestiones que considere pertinentes para la resolución de los casos sometidos a su conocimiento. 6.- Servir de enlace, por instucciones del Coordinador, entre la Coordinaclón de Consultoría Jurídica y el resto de las Coordinaciones y demás dependencias administrativas de la Defensa Pública, para asuntos jurídicos. 7.- Informar diariamente al Coordinador sobre la gestión realizada. 8.- Cualquier otra que le asigne el Coordinador. octavo: El Jefe o Jefa del Despacho del Coordinador o· Coordinadora de Conéktoría Jurídica tendrá las funciones siguientes: .1.- Tr nsmitir a los Jefes de División las órdenes e instrucciones que imparta el Coerg inador de Consultonía Jurídica de la Dafensa Pública. 2.- Recibir la correspondencia interna y externa, ordinaria y someterla a la revisión y asignación del Coordinador. 3.- Distribuir los trabajos asignados a las Divisiones. 4.- Llevar el control del archivo de los trabajos distribuidos. 5.- Velar por el cumplimiento de las normas interás de la Cooidinación. 6.- Informar diariamente al Coordinador sobre su gestión. 7.- Cantrolar y coordinar el envío de la correspondencia enviada a través del Mensaãro o Mensajera y llevar el archivo y data de las copias recibidas de la misma Recopilar, organizar y redactar el proyecto de Informe de Gestión Anual de la Coordinación. 9.- Llevar el archivo jurídico, dcctrinarlo, legal y jurisprudencial,de la institución. 10evar el control estadístico de la Defensa Pública. 11.- Cualquier otra que le asigne el Coordinador de Consultoría Jurídica. NovEno: El Mensajero o Mensajera tendrá las atribuciones siguientes: 1.- Distribuir la correspondencia extema e inter a de acuerdo con las instrucciones que gire el Jefe o Jefa del Despacho. 2.- Rendir cuenta de sú actuación diaria ante el Jefe o la Jeía del Despacho del Coordinador o Coordinadora de Consultoría Jurídica. 3.- Cumplir las instrucciones del Coordinador o Coordinadora de Consultonía Jurídica, bien sea directamente, o por medio del Jefe o Jefa dei Despacho. 4.- Cualquier otra que le asigne el Coordinador de Consultoría Qurídica. DÉgMo: El o la Asistente Legal de la Coordinación de Consultonía Junídica, las siguientes atribuciones: tena Cumplir las Instrucciones que gire el Coordinador o Coordinadora de Consultoría Jurídica. 2.- Servir de apoyo administrativo, técnico y jurídico y asistir al Coordinador o Coordinadora de Consuitoría Jurídica en los asuntos que le sean encomendados. página original (tal como se publicó) [Página 28] : 3.- Realizar las investigaciones y labores sustantivas que le ordene el Coordinador o Coordinadora de Consultoría Jurídica, pudiendo a tales efectos realizar estudios e investigaciones y elaborar proyectos de documentos legales y de Memorandos, Minutas, Informes, Oficios, Resoluciones, Circulares contratos, opiniones, Cogsdinadora de Consultoría Jurídica analizar y organizar archivos y documentos, debiendo mantener un registro 4.actua zado de los documentos que ingresan y egresan de la Coordinación. 5.-. Llevar el control y archivo de los casos revisados y por revisar para el visto bueno definitivo del Coordinador o Coordinadora de Consultoría Jurídica. 6.- Apoyar, colaborar y asistir al Coordinador o Coordinadora de Consultoría física en actos, eventos o reuniones. 7.- Cualquier otra a requerimiento del Coordinador o Coordinadora de Consuitoría Jurídica. DÉCIMO PRIMERO: La Secretaria Ejecutiva de la Coordinación de Consultoría Jundica, tendrá las siguientes atribuclones: 1. Brindar apoyo al Coordinador de Consultoría Jurídica en ias tareas establecidas, y ejercer la vigilancia de los procesos a seguir dentro de la Coordinación. 2.- Llevar el control de llamadas, visitas a la Dependencia Administrativa, citas y la agenda del Coordinador de Consultoría Jurídica. 3.Recibir y realizar llamadas telefónicas, enviar Fax, correos electrónicos e ingemar al Coordinador sobre tales asuntos. 4. Velar por la observancia los requisitos que deben cumplir-los usuarios a los Anes de acceder a la atención personal del Coordinador. 5. Presentar al Coordinador los informes que éste le solicite con relación al servicio prestado y al funcionamiento de la Oficina. 6. Suministrar materiales y equipos de trabajo al personal de la dependencia y controlar la existencia de los mismos, asl como, llevar el control de las requisiciones del material de ofcina. 7. Redactar cartas, memorandos, oficios y comunicaciones, a solicitud del Coordinador. 8. Recibir y tramitar solicitudes de servicios de mantenimiento y reparaciones de loquipos y de la dependencia en general. 9Brindar apoyo logístico en actividades especiales. 10.- Tramitar el transporte para traslado del personai de la Coordinación, a actividades propias de la misma. f.- Cualquier otra que le asigne el Coordinador o la Coordinacora, dentro de sus funciones y competencias. CAPÍTULO III DE LAS DIVISIONES DE LA COORDINACIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA Sección I De la División de Opiniones y Contrataciones DÉCIMo SEGUnDO: La División de Opiniones y Contrataciones estará a cargo de. un (1) Jefe o Jefa. de División el cual será un funcionario de libre nombramiento y remoción de la Defensora Pública General, y la misma, tendrá las atribuciones siguientes: 1.-Analizar jurídicamente los casōs que someta a su consideración el Coordinador o Coordinadora de Consultoría Juridica. 2.- :mitir proyectos de Opiniones, Dictámenes, Minutas e Informes, sobre los casdf que se sometan a su conocimiento. 3.- Redactar proyectos de Resoluciones, Circulares, Reglamentos, Reformas de tedos legales, entre otros instrumentos jurídicos. 4.- Realizar observaciones a proyectos de leyes, contratos, actas y cualquier otro documento sometido a su revisión. 5.- Redactar proyectos de oficios, memorandos, puntos de cuenta, puntos de información y cualquier otro a solicitud del Coordinador o de la Coordinadora. 6.- Estudiar, revisar y redactar, los contratos administrativos: Laborales, de servicios, adquisición de bienes y de obras que pretenda suscribir la Defensa Paplica. Llevar a cabo la revisión y verificación de la documentación legal y recaudos exigidos, para la firma del contrato por sas partes. 8.- Revisar y emitir proyectos opinión sobre los procedimientos de selección de contratistas a solicitud de la Comisión de Contrataciones de la Defensa Pública o el Coordinador o Coordinadora de Consultoría Jurídica. 9.- Estudiar y redactar proyectos de Opiniones con relación a las distintas garantías contractuales exigidas por el Organismo. 10.- Revisar y analizar los recursos administrativos interpuestos por los funcionarios y funcionarias de la Defensa Pública y emitir los proyectos de decisión respectivos para la consideración de la Defensora Púbfica General, 11.- Cualquier otra que le asigne el Coordinador o Coordinadora de Consultoría Junídica. DÉCIMO TERCERO: El Jefe o Jefa de la División de Opiniones y Contrataciones, bene las siguientes atribuciones: 1.- Supervisar y controlar el funcionamiento de la División. y al personal que laboreen la misma, velando por el cumplimiento estricto de las normas internas de la Gabrdinación. 2.- Reibir y distribuir los trabajos asignados por el Coordinador o la Coordinadora, entre sus Abogados y Abogadas adscritos y adscritas. 3.- Revisar los trabajos, escritos y demás proyectos realizados,por los abogados y abogadas adscritos y adscritas a la División y remitirlos ante el Director o Directora de Análisis Jurídico. 4.- Levar el archivo de los casos asignados, resueltos y en trámite. 5.- Evaluar al personal a su cargo en la oportunidad prevista pára ello. 6.- Presentar el Informe de su gestión anual ante el Supervisor o Supervisora Especiarista de Area para su revisión y compilación. 7.- C quier otra que le asigne el Coordinador o de la Coordinadora de Consuoría Junídica. Sección II De la División de Procedimientos Administrativos y Judiciales DÉCIMo CUARTO: La División de Procedimientos Administrativos y Judiciales estará a cargo de un (1) Jefe o Jefa de División el cual será un funcionario de libre nombramiento y remoción de la Defensora Pública General, y la misma, ndrá las atribuciones siguientes: 1,7 Llevar el control y seguimiento de los procedimientos administrativos y judiciales incoados contra la Defensa Pública, éstos últimos por medio del respectivo enlace con la Procuraduría General de la República.: 2.- Ejercer la defensa de la Defensa Pública ante fbs procedimientos administrativos y judiciales interpuestos contra este Órgano, Constituconal, en todas las etapas procesales. 3.- Emitir proyectos contestación de demandas, y otros escritos relacionados con las etapas procesales judiciales y administrativas para su interposición ante el órgano correspondiente. 4.- Ejercer las acciones administrativas o judiciales necesanas para garantizar la defensa de los intereses de la República por órgano de esta Institución. 5.- Cualquier otra que le asigne el Coordinador o Coordinadora de Consuitoría Jurídica. DÉCIMO QUINTO: El Jefe o Jefa de la División de Procedimientos Administrativos y Judiciales, tiene las siguientes atribuciones: 1.- Supervisar y controlar el funcionamiento de la División, velando por el cumplimiento de las normas internas de la Coordinación. 2.- Recibir y distribuir los trabajos asignadas por el Coordinacor o Coordinadora de Consultoría Jurídica. 3.- Revisar los trabajos, escritos y proyectos realizados por los abogados y abogadas adscritos a la División y remitirlos ante el Director o Directora de Análisis Jurídico. página original (tal como se publicó) [Página 29] ar el archivo de los procedimientos administrativos y juicios, estado su altos y en trámite. 5.- Bfaluar al personal a su cargo en la oportunidad prevista pára ello. 6.- Presentar el Informe de su gestión anual ante Director o Directora de Análisis Jurídico pera su revisión y compilación. 7.- Cualquier otra que le asigne el Coordinador de Consultoría, Jurídica. Sección III De la División de Análisis de Expedientes Disciplinarlos DécEMo sExTo: La División de Análisis de Expedientes Discplinarios estará a cargo de un (1) Jefe o Jefa de División el cual será un funcionario de libre nombramiento y remoción de la Defensora Pública General, y la misma, tendrá las atribuciones siguientes: 1.-Llevar el archivo y control de los expedientes administrativos y disciplinarios de los funcionarios y funcionarias de la Defensa Pública presentados para la Decisión da ta Defensora Pública General. 2.- Revisar y analizar los procedimientos administrativos sancionatorios yantados por la Coordinación de Vigilancia y Disciplina, así como, los Autos de apertura de tales procedimientos y emitir los proyectos de decisión respectivos. .- Cuplquier otra que le asigne el Coordinador de Consultoría Jurídica. picamo sÉPTIMO: El Jefe o Jefa de la División de Análisis de Expedientes Meciplinarios, tiene las sigulentes atribuciones: 1.- Supervisar y controlar el funcionamiento de la División, velando por el cumplimiento de las normas intemas de la Coordinación. 2.- Redbir y distribuir los trabajos asignados por el Coordinador o Coordinadora de Consultoría Jurídica y los expedientes disciplinarios en etapa de decisión. 3.- Revisar los trabajos, escritos y proyectos realizados por los abogados y pagadas adscritos a la División y remitirlos ante el Director o Directora de éádisis Jurídico. - Llevar el archivo de los procedimientos disciplinarios, estado actual, resueltos en trámite. NSEN Evaluar al personal a su cargo en la oportunidad prevista para ello. 6.- Presentar el Informe de su gestión anual ante Director o Directora de Análisis Jurídico para su revisión y compilación. .- Cualquier otra que le asigne el Coordinador de Consultoría:Jurídica. Sección IV De la Secretaria de las Divislones de la Coordinación de Consultoría Jurídica Décumo oCTAvO: La Secretaria de las Divisiones de la Coordinación de Consultoría Juridica, tiene las atribuciones siguientes: 1.- Cumplir las instrucciones emanadas de los Jefes o Jefas de las Divisiones, en jerciclo de sus atribuciones. Ejercer labores de redacción de informes y memorandos. ICA -Realizar labores de fotocopiado y archivo. 4.- Recibir y distribuir la correspondencia entrante y saliente de las Divisiones, en 5.- Cualquier otra a consideración del Coordinador o Coordinadora de Consultoría Jurídice. CAPÍTULO IV DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES DÉCIMO NOvENo: Hasta tanto la Defensa Pública no dicte su Manual Descriptivo de Cargos, el perfil profesional exigido a los trabajadores de la Coordinación de Consuitoría Jurídica será el mismo que se ha*venido requiniendo en los distintos instrumentos de Recursos Humanos emitidos por el antes Sistema Autónomo de la Defensa Pública. VIGésIMo: Queda sin efecto cualquier instrumento o normativa que regule la amanización de la Coordinación de Consultoría Jurídica. VIGÉSIMO PRIMERO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la olivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la Reg Dada, firmada y Defensa Pública. Comnuníquese y p DRAFYOM/RA CAMACHO CARRIÓN Defensaf/Púbilica General CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDINIENTOS ESPECIALES DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Decisión 200° y 15.1° Caracas, 24 de septembre de 2010 NARRATIVA A. DE LOS HECHOS. Se inició la presente averiguación administrativa, mediante auto de apertura de facha 21 de diciembre de 2001, inserto a los follos 1 al 3 del expediente signado con el N° 08-01-07-01-095, dictado por la otrora Dirección de Averiguaclones Administrativas de la Dirección General de Aveniguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales de la Contraloria General de la Rcpública, actualmente Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales, en atención a la actuación fiscal practicada por la Dirección de Control de Estados de la Dirección General de Control de Estados y Municipios de este organismo contralor, en la Fundaclón para el Desarrollo de la Economía Social del Estado Sucre (FUnpEs), durante el año 1997 y ei lapso comprendido entre los meses de enero a agosto de 1998, de la cual se denivaron presuntas irregularidades administrativas, las cuales se señalan a continuación: Contratacón de Servidos Publiitarios a la Compañía Radio Sucre C.A., por el monto total de Bs. 20.375.000,00, a través de Órdenes de Servoo S/N°s de fechas 30-01-98, 27-02-98, 2/-03-98, 01-04-99 (sic), 29-05-98 y 19-06.98, omltiendose el ejercicio del control previo al compromiso por parte de 'a Contralorla Interna de la Fundadón. Situación ésta que de ser verificada constiturla un supuesto generador de responsaluidad administrativa establecióo en ei numeral 16 del articu o 113 de la Ley Orgánica de 1a Contraloria General de la Repúblicd. Ordenación de pago a traves de cheque Nº 41001858 del Banco Orinoco por la cantdad de Bs. 47S.009,00, por concepto de servidos por aiqunler de un bien inmuubie, para ser asignado ai Presidenke de dicha Fundación, los Cuales no fueron contratados. Situacón ésta que de ser verincada constituiria un supuesto generador de responsabilidad adrniristrativa establecido en el numeral 10 del articulo I13 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República. Por haber efectuado gastos, sin estar previa y legalmente autorizado por el Consejo Direcoivo de la Fundación, al haberse subsidhado el pago para la cancelaoón de tres meses de celular por Bs. 45.000,00 y dos meses (abril-mayo 1998) por Bs. 30.000,00 a uno de los Directivos de la Fundaclón y la cancelación de 12 tarjetas Telpago por concepto de telefonia celular para ser utilizadas por el Presidente de dicha Fundación, por Bs. 96.000,00. Situadón ésta que de ser venficada constutuarla un supuesto generador de responsabilidad administrativa estableddo en el articulo 35 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. Adquisición de compromisos sin estar previa y legalmente autorizado por el Consejo Directivo al adquirir un teléfono celular Pocket 910 Motorola y sus accesorios, para el Presidente de la Fundación, por la cantidad de Bs. 193.163,00, a tavés de Orden de Compra S/N° de fecha 03-11-97. Situadión ésta que de ser verificada constituiría un supuesto generador de responsabilidad admunistrativa establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimano Públlco. Utilizadón de fondos públicos por un total de 8s. 1.441.605,00 en finalidades distintas a las previstas al imputar las adquisiciones de alimentos y bebuas a la "Relacones Socales". Situadón ésta que de ser verificada constituiria un supuesto generador de responsabilidad administrativa estableddo en el numeral 12 del articulo 113 de 1a Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. B.- ENTRE LAS ACTUACIONES Y DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL PRESENTE EXPEDIENTE CURSAN LOS SIGUIENTES 1.- Informe sin número y sin fecha, emanado de la Dirección de Control de Estados de la Dirección General de Control de Estados y Municipios de este Organismo Contralor, contentivo de la actuación fiscal practicada en la Fundación para el Desarrollo de la página original (tal como se publicó) [Página 30] Economía Social del Estado Sucre (FUNDES) durante et año 1997 y el lapso que comprende los meses de enero a agosto de 1998 (folios 4 al 26). 2.- Oficio N° 06-00-03-158-22 de fecha 19 de noviembre de 1998, susonto por ol funcionario José Cabezas Saez, Auditor Senior de esta Contraloría General de la República, solicitando ai Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Social del Estado Sucre (FunDES), suministrar a esa Comisión Contralora, los manuales de organización y procedimientos de dicho ente, indicando el número y fecha del acta de reunión de Consejo Directivo en la que se decidió autorizarlo (folio 29). 3.- Oficio sin número de fecha 24 de noviembre de 1998, suscrto por el Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Social del Estado Sucre (FUNDES), en atención al Oficlo N° 06-00-03-158-22 de fecha 19 de noviembre de 1998, mediante el cual informó al Auditor Senior de esta Contraloría General de la República lo siguiente: "..) en esa Institución no existen Manuales de Organización debidamente estructurados y aprobados por el Consejo Directivo, sin embargo, si existen procedimientos establecidos establece el Consejo Directivo (..)"(folio 31). 4.- Copia certificada del Decreto N° 2022 de fecha 06 de junlo de 1997, suscrito por el Gobemador del Estado Sucre, para la fecha, ciudadano Ramón Martínez Abdenur, mediante d cual a partir de esa fecha, designó al ciudadano osCAR CEDEÑo HERNÁNDEz, Cédula de Identidad No V-3.366.916, como Tesorero de la Fundacón para el Desarrollo de la Econqmia Social del Estado Sucre (FUnDEs) (folios 32 y 33). 5.- Copla del Decreto Nº 2297 de fecha 22 de octubre de 1997 suscrito por el Gobemador designó a partir de esa fecha, al ciudadano FAVIO QULBADA SALDO, Cédula de Identidad No V-1.504.000, como Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Social del Estado Sucre (folios 34 y 35). 6.- Copla del Decreto N° 2242 de fecha 26 de septiembre de 1997, suscrito por el Gobernador del Estado Sucre, para la fecha, cudadano Alberto José Terlus F., mediante el cual nombró a partir de esa fecha, a la ciudadana SULYS ÁVILA LEZAMA, Cédula de Identidad Nº V-6.958.554, como Contralora de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Social del Estado Sucre (FUNDES) (follos 36 y 37). 7.- Copia certificada del Decreto N° 3466 de fecha 31 de agosto de 1998, suscrito por el Gobernador del Estado Sucre, para la fecha, ciudadano Iván Esquerre Izaguirre, mediante el cual designó a partir de esa fecha, al cludadano MANUEL PLÁCIDO TAVERA, Cédula de Idenudad N° v-4,945.635, como Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Social del Estado Sucre (FUNDES), en sustitución del ciudadano FAVIo QUIADA (folios 38 y 39). 8. Copia certificada del sumario de la Gaceta Oficial del Estado Sucre Nº 4.055 de fecha 31 de agosto de 1998, donde se señala la publicación del Decreto N° 3.466 de fecha 31de agosto de 1998, medlante el cual se designó al Ciudadano MANUEL PLÁCIDO TAVERA, Cédula de Identidad Nº V-4.945.635, como Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Economia Social del Estado Sucre (FUNDES) (follo 40). 9,- Oficio sin número de fecha 24 de noviembre de 1998, suscrito por el ciudadano MANUEL PLÁCIDO TAVERA, en su condición de Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Social del Estado Sucre (FUnDES), quien en atención al Ofido N° 06-00-03-158-1, envió coplas de los Decretos donde nombran al Presidente y Directivus de esa Fundación (folio 43). Anexa al oficio referido, copia del Decreto No 2563 de fecha 28 de septiembre de 1998, suscrito por el Gobernador del Estado Sucre, para la fecha, ciudadano Iván Esquerre Izagulrre, mediante el cual designó a partir de esa fecha, para integrar el Consejo Directivo de la Fundeción para el Desarrollo de la Economía Social del Estado (FUNDES) a los sIgulentes cludadanos: Presidente: MANUEL PLÁCIDO TAVERA, Cédula de Identidad Nº v-4.945.635; Directores Principales: DELIDA MARCANO, Cédula de Identidad N° V-4.300.088; HERNÁN ANTÓN, Cédula de Identdad No V-3.873.202; GETULIO RINCONES, Cédula de Identidad N° V-536.246 y JORGE LEONARDO NUÑEZ, Cédula de Identidad Nº V-4.852.155 (folios 44, 45 y 82 y 84). Asl como copia certificada del Decreto Nº 2218 de fecha 09 de agosto de 2000, suscrito , suscnto por el Gobemador del Estado Sucre, para la fecha, ciudadano Ramón Martínez Abdenur, mediante el cual designó a partir del momento en que se ordene la disolución y Hquidación de la Fundación para la Comercialización y Mercadeo del Estado Sucre (FUnCOME) y se transflera a la Fundación para el Desarrollo de la Economía Social del Estado Sucre (FUnDES) al cludadano SIMÓN MENESES, Cédula de Identidad Nº 3.874.474, para ocupar el cargo de Presidente en la refendo ente, (folios 46 y 47). 10.- Ofcio sin número de fecha 31 de julio de 2001, suscrito por el cludadano SIMÓN MENESES, en su condición de Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la requerida y atinente al presente procedimiento, a tal efecto anexó copla certificada de listado del movimiento de personal del Consejo Directivo, Directores y Tesorero de la Fundación, entre el 06 de junio de 1997 y el 15 de agosto de 2000 (folio 52); así como copia de las Gacetas Oficiales del Estado Sucre, identificadas de la siguiente manera: la N° 91 Extraordinario del 23 de julio de 1993, donde se publicó el Decreto N° 084 del 14 de julio de 1993, mediante el cual se constituye FUNDES; la N° 330 Extraordinarlo del 22 de octubre de 1997, donde se publicó el Decreto N° 2.297 de fecha 22 de octubre de.1997, a través del cual se designó al ciudadano FAVIO QUI3ADA SALDO, Cédula de Identidad N° V-1.504.000, Presidente de FUNDES, en sus Stitución de HERNÁN CHINCHILLA; la N° 4.041 de fecha 15 de mayo de 1998, donde se publicó el Decreto N° 3.078 de fecha 11 de mayo de 1998, mediante el cual se modificaron articulos de los Estatutos de FUnDES; extractos de Gaceta Oficial del Estado Sucre relacionados con el presupuesto del Estado (folios del 64 al 78); sumario de la Gaceta Oficial del Estado Sucre N° 312 Extraordinarlo de fecha 06 de junio de 1997, que refiere la publicación del Decreto N° 2.020 del 06 de junio de 1997, a través del cual se designó al cudadano OSCAR CEDEÑo HERNÁNDEZ, Cédula de oficio de fecha 18 de septiembre de 1998, mediante el cual el dudadano Manuel Plácido Tavera, en su condición de Presidente de FUNDiEs le notifica al ciudadano OSCAR CEDEÑO, Cédula de Identidad N° V-3.366.916, que a partir de la fecha indicada fue destituido del cargo de Tesorero de la Fundación (folio 85); copla certificada del oficio de fecha 23 de septiembre de 1998, mediarte el cual el ciudadano Manuel Plácido Tavera, en su condición de Presidente de FUNDES le notifica a la ciudadana CARMEN MILLAN, Céduia de Identidad N° V-10.883.720, que a partir de la fecha indicada fue designada Gerente de Administracón y Finanzas (folio 86); copla certificada del Decreto N° 0069 de fecha 27 de enero de 1999, mediante el cual el para la fecha Gobernador del Estado Sucre, cludadano Eloy GH Emmanuell, designó a partir de la fecha Indicada, a la dudadana CARMEN TERESA MILLÁN CARABALLO, Cédula de 2dentidad N° V-10.883.720, Gerente de Administración y Finanzas de FUNDEs (folios 87 y 88); copla certificada del Informe de Gestión de la fundación correspondiente al año 1997 (folios 91 al 171). 11.- Copia certificada del acta de Asambles General Extraordinaria de fecha 15 de enero de 1998, mediante la Cual los accionistas de la empresa "RADIO SUCRE, C.A", acordaron modificar el articulo 17, relativo a la designación de la nueva Junta Directiva y se designó como Presidente al cludadano MANUEL ALONSO SUÁREZ, Cédula de Identidad No 9.271.422 (folios 178 al 182). 12.- Copia certificada del Contrato de Servicios Publicitarios, suscrito entre Fundadión para el Desarrollo de la Economía Soclal del Estado Sucre (FUnDES), representada por el ciudadano FAVIO MANUEL QUIJADA, en su carácter de Presidente y Manvel Alonso Suárez, en su carácter de Presidente de la empresa "RAD1O SUCRE, C.A" protocolizado ante el Registro Mercantl de la CIrcunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 23 de enero de 1998, N° 78, Tomo A-18 de los libros respectivos(follos 183 al 186). 13.- Copia certificada del oficio sin número de fecha 12 de novembre de 1998, medlante el cual el Contralor Intemo de la Fundación para el Desarrollo de la Economía del Estado Sucre (FunDES) ciudadana Sulys Ávila Lezama, remite al Ejecutivo Reglonal, Informe del gasto de publicidad y propaganda, relacionado con pagos efectuados los días 20 y 21 de agosto de 1998; entre cuyas conclusiones destaca que los pagos no fueron sometidos al control previo (folios 188 al 191) 14.- Copia certificada los siguientes documentos: Órdenes de Servicio S/N° de fechas 30- 01-98, 27-02-98, 27-03-98, 01-04-98, 29-05-98 y 16–06-98, cuya descripción obedece a la transmisión de pautas publicitarias de diversos programas, acompañadas de sus respectivos certificados de transmisión; Cheques N°s 32002294 de fecha 21-08-98 por Bs. 6.000.000,00; 26002292 de fecha 20-08-98 por Bs. 8.375.000,00 y 39002295 por Ba. 6.000.000,00 de fecha 21-08-98 (folios 192 al 217). 15.- Copia certificada del Cheque del Banco Orinoco N° 41001858 de fecha 17 de noviernbre de 1997, por la cantidad de Bs. 475.000,00, por concepto de serviclos por alquiler de inmueble en Residencia Santa Catalina, para ser asignado al Presidente de la Fundaclón para el Desarrotlo de la Economía Social del Estado Sucre (FUnDES) Uc. Favlo Quijada, emitido por la señalada Fundación y su correspondiente Recibo de Egreso No 6695 de fecha 17-11-97. (folios 218 y 219), 16.- Copla certificada de los siguientes documentos: Cheques Nros 58001875 y 65002174 del Banco Orinoco, de fechas 26 de noviembre de 1997 y 02 de Jullo de 1998 por la cantidad de Bs. 45.000,00 y Bs. 30.000,00 respectivamente, emitidos por FUNDES, por concepto de cancelación de subsidio correspondiente a los meses: septiembre, octubre, página original (tal como se publicó) [Página 31] noviembre, abril y mayo, del celular a Directivo de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Soclal del Estado Sucre (FUNDE5) y sus Recibos de Egreso Nros 6006 y 4042 de fechas 26-11-97 y 02-07-98 en su orden, (follos 220 al 223). 17.- Copia certificada de los siguientes documentos: Comprobante de pago de fecha 19 de agosto de 1998 por la calidad de Bs. 96.000,00, emanado de FUnDES, por concepto de compra de 12 tarjetas Telpago, para ser utilizadas en el celular del Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Economnia Social del Estado Sucre (FUNDES), acompañado de su correspondiente Orden de Compra de fecha 19-08-98; Cheque N° 29002291 del Banco Orinoco por Bs. 96.000,00; Requlsición de Bienes de fecha 19-08-98 y Factura de fecha 20-08-98, por el mismo monto y concepto (folios 224 al 228). 18.- Copia certificada de los siguientes documentos: Orden de Compra S/N de fecha 03 de noviembre de 1997 a favor de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Soclal del Estado Sucre (FUnDES), por la cantidad de Bs. 193.163,00, por concepto de compra de teléfono celular Pocket 910, forro para motorola Pocket, Línea Telcel, batería motorola 20 HRS y cargador doble y su correspondiente Requisición de bienes de esa fecha y por el mismo concepto; Cheque N° 25001845 del Banco Orinoco de fecha 04 de noviembre de 1997 por la cantidad de Bs. 193.163,00, por concepto de adquisición de teléfono celular, forro, batería y cargador para uso oficial del Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Economia Soclal del Estado Sucre (FUnDES) y su correspondiente comprobante de pago y factura N° 000980 de de esa fecha y por el mismo concepto; Contrato Nº 1157179 de fecha 05 de noviembre de 1997, suscrito entre el Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Economia Social del Estado Sucre (FUNDES) y la empresa Telcel, por concepto de adquisición de línea telefónica (folios 229 al 235). 19.- Copia certificada de los cheques y facturas pcr gastos realizados por la Fundación para el Desarrollo de la Economía Social del Estado Sucre (FUnDES), por concepto de alimentos y bebidas, que a continuación se detallan: Monto a. Follo Factura Cheque Feche Honto Sa. Beneficlarle N° N° 236 26001857 21.000,00 S/N 21.000,00 238 17/11/97 El Colmao El Colmao S/N 59.500,.00 242 52001956 10ZT 13/03/98 856.570,00 244 856.570,00 247 El Campanazo El Colmao 281 6920 253 33002086 38/05/98 110.695,00 36.465,00 7490 259 17.820,00 El Colmao 7425 24.100.00 El Colmao 263 7544 22.220,00 El Colmao 268 37002246 173.140.00 173.140,00 274 S/N Arepera E/Tak 268 29/07/98 32002252 274 7875 99.330,00 20.515,00 El Colmeo 277 86/10/05 8039 El Colm30 C8Z! 14.410,00 El Colmão : 286 8345 13.420,00 8409 31.075,00 El Colmao 289 9656 19.910.00 El Colmao 293 296 S/N 180.870.00 297 25002293 21/08/98 180.870,00 Total: 1.441.605,00 C.- CITACIÓN/ DECLARACIÓN SIN JURAMENTO/ FORMULACIÓN DE CARGOS/ ESCRITO DE DESCARGOS. C-1. CITACIÓN. El CiUdadano FAVIO MANUEL QUIADA SALDO, Cédula de Identidad N° V- 1.504.000, fue citado en fecha 02-08-03, a través del Oficio N° 08-01-847 fechado 28-07. 03 (follo 305) a fin de que compareciera a rendir Declaración Sin Juramento, de conformidad con lo previsto en el articulo 119 de ia Ley Orgánica de la Contralona Generai de la República, vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos que se investigan. C-2. DECLARACIÓN SIN JURAMENTO. Acta de Declaración sin Juramento rendida en fecha 08 de agosto de 2003, por el ciudadano FAVIO MANUEL QUIJADA SALDO, antes identificado (folios 307 al 310). En fecha 14 de agosto de 2003, el precitado cudadano consignó escrito el cual fue agregado al expediente (folios 317 al 326) C-3. FORMULACIÓN DE CARGOS. De conformidad con lo previsto en el articulo 119 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos presuntamente Inegulares, previa valorados de la Declaración Sin Juramento rendida por el Ciudadano FAVIO MANUEL QUIIADA SALDO y de los documentos probatorios cursantes al expediente, se acordó mediante formularle cargos mediante Acta de fecha 19 de agosto de 2003, en su condición de Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Social del Estado Sucre (FUNDES) (folios 327 al 330), en los términos sigulentes: "PRImERO: Por haber contratado través de Órdenes de Servido S/N°s de fechas 30-01-98, 27-02-98, 27-03-98, 01-04-99 (sic), 29–05-98 y 19-06-98 (sic), a favor de la Compañía Racho Sucre C.A., por un monto total de 8s. 20.375.000,00, omitióênose el ejercicio del control previo al compromiso por parte de la Contraloria Interna de la Fundación, conforme a lo estableddo en el articulo 16 del Reglamento que Regula el Funcionamiento y la Administradón de las Fundacones, Empresas Estadales, Institutos Autónomos, Consejos Estadales, y demás Entes Públicos dependientes del Ejecutivo Regional, que brascrito a la Previo, los Adminiatradores de las Fundaclones y demás Entes sujetos a este Regiamento, deberán someter previamente a la consideración de la Contralora Interna, las adquisiciones de Bienes, Servicios y demás Contratos que proyecten celebrar y qua Impliquen Compromiso a Financieros para el Organiamo. Igualmente sa debe presentar a ia Contraloria Interna para su revisión y conformación, todas las Ordenes da Pago y Emisión da Cheques girados contra el Patrimonio del Ente antes da ser entregados a su beneficiario" (Destacado nuestro). Hecro éste que de ser verificado constituaría un supuesto generador de responsabilidad administrabva establecido en el numeral 16 del articulo 113 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República, vigente para el momento de ocurrenoa de los hechos investigados cuyo carácter de lídto admirustrativo persiste en la nueva Ley Orgárica de la Contraloría General de la República y del Sistema Naoonal de Control Fiscal en su articulo 91, numeral 9, tal y como se evidenoa de los siguentes documentos: Contrato de Servidos Publiditanios suscrto entre Ja Fundaoón para el Desarrollo Socal del Estado Sucre (Funpes), representada por su persona en su carácter de Presidente de la misma y el ciudadano Manuel Alonso Suárez, en su carácter de Presidente de la empresa RAD10 SUCRE C. A., suscrito en fecha 22-01-1998 (follos 178 al 186), asi como Órdenes de Servico S/N° de fechas 30-01-98, 27-02-98, 27-03-98, 01-04-98, 29-05-98 y 16-06-98, por transmisión de pautas publiatarlas de diversos programas y cheques N°s 26002292, 32002294 y 39002295 de fechas 20-08-98 y 21-08-98, respecbvamente, cursantes a los folios (192 al 217). SEGunDO: Por haber ordenado pago a través del cheque No 41001858 del Banco Orinoco, por la cantidad de Bs. 47s.o00,00, por concepto de servicios por aiquiier de un bien inmueble, para ser asignado a su persona en su carácter de Presidente de dicha Fundadión, los cuales no fueron contratados. Tal y como se evidencia de 10s siguientes documentos: Cheque del Banco Caroni, N° 41001858 de fecha 17-11-97, por Bs. 475.000,00 a favor del dludadano Gustavo Bermúdez y del Recbo de Egreso N° 76695 de fecha 17-11-97, folios (218 y 219). Supuesto subsumible para la época de ocurrenaa de los hechos presuntamente imegulares en cuestión, en el numeral 10 del articulo 113 de la derogada Ley Orgánica de la Contraloria General de la República; hoy contenido en el numeral 7 del articulo 91 de la novísima Ley Orgánica de 1a Conbraloría General de la República ydel Sistema Nacional de Control Fiscal, TERcERO: Por haber dispuesto en finalidades distintas a las previstas legalmente los fondos provenientes del presupuesto correspondiente al ejercido fiscal 1997 y el lapso comprendido entre los meses de enero a agosto 1998, por un total de 8s. 1.441.605,00, al imputar las adquisidones de alimentos y bebidas a la partida presupuestaria 4.02.01.01.00 "Alimentos y Bebidas para Personas", siendo 1a Socales", de conformidad con el Plan Único de Cuentas elaborado por la Oficina Central de Presupuesto para el año 1998, contraviniéndose el artículo 57 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario del Estado Sucre, el cual es del tenor siguiente:"Articulo 57: No se podrá adquirir compromisos para los cuales no existan créditos presupuestarios, nl disponer de créditos para una finalidad disbnta a la prevista". Supuesto éste subsumible para la época de ocurrencia de los hechos, presuntamente irregulares en cuestión en el numeral 12 del artículo 113 de la Ley Orgánica de la Contralora General de la República, hoy contenido en el numeral 22 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Tal hecho se evidendla de los siguientes ndidos: Cheques N°s 260011857, 52001956, 33002086, 37002246, 32002252 y 25002293 de fechas 17-11-97, 13-03-98, 18-05-98, 29- 07-98, 30-07-98 y 21-08-98, por los montos de 8s. 21.000,00, 856.570,00, 110.695,00,173.140,00, 99.330,00 y 180.870,00; Facturas S/N, S/N, 1701,6920, 7490,7425, 7544, 5/N, 7875, 8039,8345, 8409,9656 Y S/N a favor de los estableCimientos "EL COLMÁO", "EL CAMPANAZO", "AREPERA EL TAKO", cursantes a los folios 236 al 298". C- 4. ESCRITO DE DESCARGOS. De conformidad con lo previsto en el articulo 120 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos, en fecha 03 de octubre de 2003, el ciUdadano JOSÉ LORENZO RODRÍGUEZ AGUERREVERE, apoderado Apud Acta del ciudadano FAVIO MANUEL QUIJADA SALDO, presentó en tempo hábil escrito de descargos para ejercer su derecho a la defensa en la presente avenguación administrativa, contentivo de trece (13) folios más anexos marcados A, B, C y D, cuyo conten:do será analizado en el Capitulo 1I de la Motiva (follos 335 al 347). II MOTIVA Relacionadas las actuaciones y examinadas la documentación que Íntegra el presente expediente, quien suscribe, Director de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales de la Contralorla General de la República, pasa a pronunciarse sobre el carácter la presuntamente irregular de los hechos investigados y la determinación de las responsabilidades que pudieran derivarse de los mismos. Al respecto, observa: Al respecto observa que se inició la presente averiguación administrativa en virtud de la existencia de presuntas de irregularidades ocurnidas en la Fundación para el Desarrollo de la Economia Social del Estado Sucre (FUNDES) durante el ejercicio fscal página original (tal como se publicó) [Página 32] 1997 y el lapso que comprendió los meses de enero a agosto de 1998, cabe destacar que la Gobemeción del Estado Sucre, mediante Decreto N° 084, publicado en la Gaceta Oficial número edraordinario 91 de fecha 23 de jullo de 1993, creó la Fundación para el Desarrollo de la Economía Soclal del Estado Sucre (FUnDES) con personalidad Jurídica y patrimonio propio. Las presuntas irregularidades se relacionan con la presunta Contratación de Servicios Publicitarlos, por el monto total de Bs. 20.375.000,00, omitiéndose el ejercicio del contral previo al compromiso por perte de la Contraloría Interna de la Fundación; Ordenación de pago por la cantidad de Bs. 475.000,00, por concepto de servicios por alquiler de un blen inmueble, para ser asignado al Presidente de dicha Fundación, los cuales no fueron contratados y utiltzadón de fondos públicos por un total de Bs. 1.441.605,00 en finalidades distintas a las previstas, at imputar el gasto incorrectamente en otra partida a la que por la naturaleza le correspondía. Consejo Directivo de la Fundación, al haberse subsidiado el pago para la cancelación de tres meses de celular por Bs. 45.000,00 y dos meses (abri-mayo 1998), por Bs. 30.000,00 a uno de los Directivos de la Fundación y la cancelación de 12 tarjetas Telpago por concepto de telefonía celular para ser utizadas por el Presidente de dicha Fundación, por Bs. 96.000,00 y, finalmente la adquisición de compromisos sin estar prev la y legalmente autorizado por el Consejo Directivo, al adquirir un teléfono celular Pocket 910 Motorola y sus accesorios, para el Presidente de la Fundación, por la cantidad de Bs. 193.163,00. Tales hechos, fueron subsumidos en los numerales 10, 12 y 16 del articulo 113 de la derogada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Gaceta Ofcial de la República de Venezuela N° 5.017 Extraordinario de fecha 13 de diciembre de 1995) y el artículo 35 de la derogada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público (Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 3.777 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 1982), los cuales subsisten como ilícitos administrativos en los numerales 9, 7 y 22 dei artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Ofdal de la República Bolivariana de Venezuela Número 37.347 de fecha 17 de didlembre de 2001). Por tal motivo, analizaremos en primer término dichos supuestos generadores de -41 responsabilidad administrativa, para luego pronunclarnos sobre los alegatos realizados por el indiciado en la presente causa. En este sentido el numeral 10 del artículo 113 de la derogada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para la época de ocurrencia de los presuntos hechos irregulares, el cual en la actualidad se mantiene como supuesto generador de responsabiidad administrativa en el numeral 7 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, "Artículo 11.3.- Son hechos generadores de responsabilidad administrativa: (om/spis) 30. La ordenecón de pagos por obras o servidos no realizados o no Asimismo, es necesario transcribir el contenido del articulo 91 numeral 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, cuyo tenor es el siguiente: "Artéaulo 1.- Sin perjuico de la responsabridad chil o penal, y de lo que dispongan otras Leyes, consbluyen supuestos generadores de responsabilidad administrabva, los actos, hechos u omisiones que se menaonan a continuación: (omissis) 7. La ordenación de pagos por bienes, obras o servicios no suministrados, realizados o ejecutados total o paroalmente, o no contratados (omissis)". De lo anterior se evidencia la obligación que tiene el funcionario ordenador de pagos, de hacerlo en atención a las disposiciones legales que le son aplicables a cada situación en particular, por cuanto la inobservanda det marco normativo al que debe ceñir su conducta, lo hace susceptible de incurrir, además de la responsabilidad administrativa, en responsabilidad civi y/ o penal. En consecuencia, todo funcionario público o particular que tenga a su cargo la administración, manejo o custodia de fondos pertenecientes al correspondiente- se logre establecer que alguno de éstos sujetos ordenaron pagos por concepto de obras o servicios que no se hayan realizado efectivamente o que no se hayan contratado, ello en virtud de la protección del los bienes o fondos públicos. En cuanto al numeral 12 del artículo 113 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repúbica, vigente para la época de ocurrencia de los presuntos hechos Irregulares, expresamente establecía: Artiaude 11.3.- Son hechas generadores de responsablidad administrativa independientemente de la responsablidad civil o penal a que haya luger, además de los previstos en el Titulo IV de la Ley Orgónioa de Savaguarda del Patrimonio Público, los que se mencionan a continuación: (omissts) 32.- El empleo de fondos públicos en finalidades diferentes de aquellas a que ge e d Ahora bien, el hecho referido precedentemente mantiene su continuidad de llícito administrativo en el numeral 22 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistemna Nacional de Control Riscai, cuyo texto es del tenor siguiente: "Brtiaalo. 1.- Sin perjuido de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras Leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa, los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación: (omissis) 22,- El empleo de fondos de algunos de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artiauto 9 de esta Ley en finalidades diferentes de aquellas a que estuvieron destinados por Ley, regiamento o cualquier otra norma, inducida la noma intema o acto administrativo". De la lectura de las disposiciones legales antes transcritas, se desprende que, a los fines de la procedencia de una eventual declaratoria de responsabilidad administrativa, bastará determinar, en primer término, la utilización de fondos públicos en una específica finalidad y en segundo lugar, que dicha finalidad sea distinta a la que estaba originalmente cualquier violación al carácter limitativo de los créditos presupuestarios, en su aspecto funcionario o particular infractor. Igualmente, se debe tomar en cuenta que la utilización del patrimonio del Estado, en este caso particular, en un dest'no diferente al asignado presupuestariamente mediante una ley, reglamento o acto administrativo, en la generalidad de los casos obliga al Estado a proveer con otros medios económicos, las necesidades que aquellos habían de cubrir a objeto de no quedar desatendidos los servicios públicos para los cuales dichos fondos habían sido presupuestados. De lo expresado se puede afirmar, que la utilización de fondos públicos en una finalidad distinta a la prevista (ilicito denominada por la Doctrina como "malversación fondos") es un supuesto de "lesión" cuya consumación es Instantánea y objetiva, por cuanto se configura con el sóio hecho de la inversión de los fondos en un objeto o finalidad diferente a la que estaba previamente determinada. Dentro de esta línea argumentativa, es necesario hacer referencia al principio de legalidad o de sujeción administrativa al sistema jurídico, el cual constituye el pilar fundamental de toda organización social que pretenda denominarse "Estado de Derecho", el cual, conforme a la más calificada doctrina comparada y nacional regula, en todos los sentidos, el ejercicio del orden público, en beneficio directo de los administrados y de la estabilidad y seguridad que debe Implicar el cumplimiento de las finalidades estatales. El principio en cuestión se encontraba contenido en la Constitución de la República de Venezuela, en el artículo 117, el cual disponía: "Artiaule 11z.-. La Constitución y las leyes definen las atribuciones del Poder público, y a ellas deben sujetarse su ejerció". Igualmente nuestro Texto Fundamental, consagra dicho principio, especificamente en el articulo 137, el cual establece: "Articula 1.3z -. Esta Constiluoón y la ley definen las atribudones de los órganos que ejerzan el Poder púbico, a las cuales deben sujetarse las actividades que reahcen". En atención a dicho principio, los entes y organismos que Integran las distintas ramas del Poder Público, deben ceñir sus actuaciones a lo que disponen las normas que integran el llamado "bloque de la legalidad"de derecho Público, según el cual se impone a las autoridades y en general, a los funcionarios que ejercen el Poder Público, la obligación de cumplir sus labores públicas atendiendo a lo que dispongan fas normas contenidas en la Constitución, Leyes, Decretos, Reglamentos y Actos Administrativos, existiendo slempre la posibilidad de que frente a actuaciones contrarias a lo establecido en la norma vigente, los órganos competentes procedan a establecer las responsabllidades civiles, penales o administrativas, a que haya lugar, De acuerdo con el mencionado "Principio de Legalidad', todos los actos de la Administración han de ser ejecutados con estricto cumplimiento de las reglas o normas preestabiecidas por la autoridad competente, sea en razón de que se esté en presencia de obligaciones Impuestas desde afuera por la Constitución y las Leyes de la República, es dear, que dichas normativas emanen del mismo ente donde deban ser aplicadas. > página original (tal como se publicó) [Página 33] Como derivación inmediata del aludido principio, a los órganos de la Administración Pública les estará permitido únicamente actuar respaidados por una norma o disposición legal que los faculte para ejercer determinada actividad, estando consecuencialmente prohibido a dichos órganos, alterar mediante actos singulares el contenido de los actos generales que determinan el ámbito de sus competencias. Lo antes expuesto, lleva necesariamente a conducir que la competencia se traduce en una de las bases sobre las que descansa el "Principio de Legalldad", toda vez que constituye el ámbito de actuación legítimamente reconocido por la Ley a los órganos de la Administración Pública, asf como a los funclonarios que ejercen el Poder Público en sus Ahondando en el análisis que antecede, se debe tener en cuenta que en el caso específico de los fundonarios públicos, su esfera de acción estará predeterminada por las leyes aplicables a la función que deben desempeñar. Estas Leyes, persiguen no sólo ordenar y delimitar las competencias que tienen los funcionarios dependiendo de la labor pública que desempeñan, sino que igualmente están establecidas para mantener un orden en la acción administrativa de determinado ente de la Administradón Pública, buscando la consecución de los fines u objetivos para los cuales dicho organismo fue creado. Afirmar lo conbario, sería tanto como admitir que la acción del Estado se desenvuelve en una suerte de actos sin rumbo, sin orlentación precisa y determinada, al antojo del funcionario de tumo y donde la reallzadón de los cometidos del Estado se traduce en una mera expectativa de su cumplimiento. Por lo tanto, se debe tener presente que la actuación del funcionario público no puede ser nunca arbitraria, incidental, ocasional, esporádica, motiva, psíquico o motivacional. La actuado del funcionario público debe ser y ha sido siempre reglada o llevada a cabo con sentido, direccionada, con los límites establecidos en la Ley. De modo pues, que dentro de dicho ámbito privan las normas consagradas especialmente para el uso de la Administración sobre aquellas que regulan la actividad de los particulares y que se encuentran, en principio, dirigidas exclusivamente a los mismos. En este orden de Ideas, la derogada Constritución de la República de Venezuela del 23 de enero de 1961, en su artículo 227 establecía: "Articsalo Z2Z.- No se hará del Tesoro Nacional gasto alguno que no haya sido previsto en le Ley de Presupuesto. Sdio podrán decrotarse crádrtos adicionales al presupuesto, para gastos necesarios no previstos o cupeas partidas resumen insuficientes y siempre que el Tesoro cuente con recursos para atender a la respectiva erogaoón. A este efecto se requerirá previamente el voto favorable del Cornsejo de Ministros y la autorización de las Cámaras en sesión conjunta, o en su defecto, de la Comisión Delegada (Ver enmienda N° 2, de fecha 26 de marzo de 1983)". (Destacado nuestro) Por su parte, la vigente Constitución de la Repúbica Bollvariana de Venezuela, establece en su artículo 315 lo siguiente: popog ue sgres ep cepeaue soopand sqpondnraud soy ug -'sTE opropr. los nhreles de goblerno, se establecer de manera dara, pare cada crédito prasupuastario, el objetivo específico a que asté dirigido, los e n funcionarias públicas responsables para el logro de tales resultados Éstos se desempeño, sempre que ello ses técnicamente pasble. El Poder Efecutivo, dentro de los seis meses posteriores al venamvento del ejercicio anual, presentará a la Asambles Nacional la rendroón de cuentas y el balance de la efecudión presupuestaria correspondiente a dicho ejeroco". (Destacado nuestra) La Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario (Gaceta de la República de Venezuela N° 5.358 Extraordinario de fecha 29 de junio de 1999), vigente Sopyq seuadu 4 eoypugad soy aoepgese Ae7 aguerud #7 :--T'orojy. que regirán el proceso prasupuertario de los organlenos del sector Constituaon y las leyes confieren a los órganos de la funoón contralora. Estn sujetos a las disposiciones de la presente Ley: (onwisss) (Destacado nuestro) 6. -Las fundaciones y asocacones y asooacones móviles constituidas o dingidas por alguna de las personas refendas en el presente articulo, o aquelas de cuya gesbón pudieran derivarse compromisos finanderos pera esas personas, cuando contnbuciones en un ejercicio, efectuados por una o varias personas referidas en este articulo, represente el cincuenta por dento (50%) o más de su presupuesto". (omissts) Por su parte el articulo 18 de la citada Ley prevé: "Artiqula If.-: Los créditos presupuestarios de Presupuesto de Gastos por proprioaa, subprogremes, proyectos y partiabaa, covescituryen et límite opopa) .( sgred aed rondap sevqugne se) p op (ogsanu El Capitulo V, titulado "Control y Evaluación de la Ley de Presupuesto" de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario del Estado Sucre, vigente pera la fecha de ocurrencia de los hechos Irregulares (Gaceta Onclal del Estado Sucre, N° 290 Extraordinaria de fecha 09 de diciembre de 1996) en su Artículo 57, sefatabe: "Actígulo_ 43.c: No se podrá adquirir compromiso pare los cueles no están créditos presupuestarios, nl afaponer de crdditoe pere wne freltded aflutinta a An prevlutas. "(Destacado nuestro) Cabe destacar que, los referidos principios se mantienen Incólumes en la vigente Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Públlico (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.465 de fecha 14 de julio de 2010). Como puede advertirse, a la luz de las disposiciones constitucionales y legales transcritas, se desprende la obligación que tene el funcionario público competente para ejecutar el presupuesto, de realizar dicha actividad atendiendo, por una parte, a la disponibilidad presupuestaria asignada para determinado ejercicio fiscal, y por la otra, a la necesidad de emplear los fondos del Estado en las finalidades que le han sido encomendadas y no en objetivos diferentes, aunque éstos últimos estén relaclonedos con actividades inherentes a la propia administración. Lo anterior, ha sido desarrollado por la doctrina como los principlos que rigen la formulación y ejecución del presupuesto, entre los que se destacan, la especificidad cuantitativa y cualitativa del presupuesto de gastos, conforme a los cuales las autorizaciones disponibles para gastar, deben utilizarse dentro de los límites previstos y para el objetivo indicado, sin que los funcionarlos ejecutores tengan facultad pare modificar estos aspectos. Determinado el empleo que debe dársele a los créditos por ella especificados, por lo que el funcionario que se aparte de lo establecido en dicha normativa presupuestaria, incurriría en violación del citado Principio de Especificidad Cualitativa, cuyo cumplimiento se verifica en la práctica con la correcta utilización del Plan Único de Cuentas de Recursos y Egresos, en la actualidad Clasificador Presupuestario de Ingresos y Egresos, Instrumento de uso obligatorio por parte de los entes sujetos a la citada Ley, cuyos códigos describen los conceptos comprendidos en cada una de las partidas presupuestarias con sus respectivas divisiones. Respecto a lo anterior, es importante señalar el principio presupuestario referente a la "Programación Integral del Presupuesto", el cual establece que el Presupuesto debe incluir el contenido y la forma de la programación, es decir, que debe programarse los objetivos adoptados vinculados a los expresados planes de desarrollo, el conjunto de acciones requeridas para el logro de esos objetivos, recursos humanos, materlales y otros necesarlos para ejecutar dichas acciones y los financieros, para la adquisición de recursos reales. En consecuencia, es Imprescindible que cada programa, subprograma o proyecto contengan todos los recursos reales y financieros necesarlos para obtener los respectivos objetivos previstos, en otras palabras, no deben estimarse en un programa, gastos que oe e n n ennn n n Cualitativa del Presupuesto, el cual señala que no podrán ejecutarse gastos con una finalidad distinta a la prevista en el respectivo crédito presupuestario. En relación ai numeral 16 del artículo 113 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para la época de ocurrenda de los presuntos hechos irregulares, el cual establecía como supuesto de hecho generador de responsabilidad administrativa la omisión al controi prevo al compromiso y al pago, manteniéndose el mismo en el numeral 9 del artículo 91 de la vigente Ley Orgánica de la Conbraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, a tenor siguiente: "Artíaulo 21,-: "Sin perjuicio de la responsabilidad civi o penal, y de lo que t n nn administrativa los actos, hechos u omisiones que se mendonan a continuadón: (omussis)" 9. La omisión del control previo. (omissis)"(Destacado nuestro). De la norma precedentemente transcrita se conduce, que a los fines de la procedencia de una eventual declaratoria de responsabilidad administrativa, estará determinar, en el caso que nos ocupa, que el funcionario competente para adquirir válidamente compromisos, lo haya realizado sin que previamente se hayan sometido al página original (tal como se publicó) [Página 34] En atención a lo anterior, el funcionario público infractor al no cumplir con el control previo asume una conducta contumaz, debido a que su comportamiento no está y por ende un acto de orden administrativo. La finalidad que se persigue fundamentalmente con el establecimiento del control previo sobre el compromiso y sobre el pago (de conformidad al Dictamen No 04-00-01- 271 del 25 de abril de 1998), consiste en garantizar, entre otros aspectos, la ejecución conforme al presupuesto de gastos, lo cual significa que el legislador pretende propiciar la disciplina en la ejecución de gastos públicos, evitar el sobregiro presupuestario y que se vele porque los fondos autorizados en el presupuesto se Inviertan en las finalidades previstas; debiéndose verificar los siguientes extremos, los cuales estaban contemplados en el articulo 21 de la derogada Ley Orgánica de la Contraionía General de la República, en la actualidad articulo 38 de la Ley Orgánica de la Contralonía Generai de la República y del Sisterna Nacional de Control Fiscal: "Artículo 21.-: Los órganos y entidades de la Administraalón Central, antes de contratos que impliquen compromisos financieros, deberán asegurarse el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Que el gasto esté correctamente Imputado a la correspondiente partida del presupuesto o a créditos adicionales. 2. Que exista disponibilidad presupuestaria. 3. Que se hayan previsto las garantías necesarias y suficientes para responder por las obligadones que ha de asumir el contratista. 4. Que los preoos sean justos y razonables. 5. Que se hubiere cumplido con los términos de la Ley de Liotaciones y las demás leyes que sean aplicables. Las administradores no podrán ordenar ningún pago ni iniciar la ejecudón de ios enn n nur rn control intemo certiñique el cumplimiento de los requisitos establecidos en este articulo". De la norma transcrita, se evidencia lo siguiente: El cumplimiento de los extremos contenidos en los primeros dos ordinales garantizan la ejecución conforme el presupuesto, evitando el sobregiro presupuestario; . El tercer ordinal preserva al órgano contratante de eventuales daños derivados del incumplimiento de sus obigaciones por parte de los proveedores de la administración; El cuarto evita el sobreprecio y; El último, vela por el cumplimiento de la ley de licitaciones y demás leyes . contentivas de disposiciones que tengan por objeto salvaguardar el patrimonio de los entes contratantes. Cabe destacar que tal y como lo prevé la Ley, se trata de un control de naturaleza preventiva, que implica el control de los gastos en los entes nacionales, estadales y descentralizados, así como el examen de las operaciones y transacciones propuestas por dichos organismos antes de su ejecución, con el propósito de establecer su legalidad, veracidad y conformidad con el presupuesto. En consecuencia, el control previo interno se materializa con la revisión de los documentos con ocasión a la adquisición de bienes y servidos o a la elaboración de otros contratos que impliquen compromisos financieros para la República, los Estados y entes Descentralizados, por tal motivo, el responsable debera velar por el cumplimento cabal de todos y cada uno de los requisitos que aparecen reflejados en las órdenes de pago que se emitan contra el Tesoro Nacional. Luego de haber realizado el anterior preámbulo, tenemos que el ciudadano JOSÉ LORENZO RODRÍGUEZ AGUERREVERE, apoderado del CiUdadano FAVIO MANUEL QUIDADA SALDo, actuando de conformidad con io establecido en el articulo 120 de la Ley Orgánica de la Contralonía General de la República, vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos investigados, presentó en tiempo hábil su escrito de descargos (folios 335 al 347), alegando fundamenta'mente lo siguiente: "I Antecedentes: 1.0) Mediante oficio 108 de 24-09-98, que no aparece consignado en el expediente, el Gobernador solicitó la realización de una auditoria fiscal en la PUNOACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO SUCRE (FUNDES), y la Dirección de Control de Estados de la Direccón General de Control de Estados y Municipios de la Contraloria General de la República procedió atender dicha solicitud medante actuación no programada, (..) sin ajustarse al requisito de planeficadón previsto en el artícuio 61 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República. 1.1) El Gobemador del Estado Sucre, omitió dirigirse al órgano de control externo competente como lo es la Contraloría Genveral del Estado Sucre (omissis). 3.2) En fecha determinada, (..) la Dirección de Control de Estados, presenta el Informe denominadO ACTUACIÓN PRACTICAOA EN LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DEL ESTADO SUCRE (FUNOES), en dicho Informe se recomienda: "La Contraloria Intema deberá ejercer las ee s e fundonamiento y administración de las fundadones, asf como realizar las averiguaciones administrativas a que se refiere el parágrafo segundo del artícuto 14 elusdent. 1.4) La Direcdión de Control de Estados, usurpó la competencia legal de fiscalización que corresponde a los estados, consagrada en los artículos 4, 158, 163 de la Constitución y en el artículo 60 de la Lay Orgánica de la Contraloría General de la República (...). 1.6) (. ) En fecha 21 de dicambre de 2001 (..) medlante un auto carente de motivación ordenó la apertura de procedimiento de averiguación administrativa. 1.7) Venoidos los plazos que contempla el articuló 53 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contralonía General de la República, y sin qua medilare auto ( dn r r nn e e e t n n avenguadón y la citación del Indicado (..). ( rn ( () aportó la falsedad de dos de ellas. A pesar que ml representado alegó que se le impedia ejercer su derecho a defensa, consagrado en el articulo 49 constilucional en virtud que los documentos que se encuentran agregados al expediente eran inexactos e incompletos y que además no se encontraban en el sobre los argumentos y pedimentos de mi representado en fecha 19 de agosto de 2003. II Viclos que acarrean la nulidad absoluta de todo lo actuado El procedimiento administrativo que culminó en la imposición de cargos en contra de mi representado está pagado de una serie de vivos que lo hacen nulo de nulidad absoluta, (...). 2.0) Dirección de Control de Estados de la Dirección General de Control de Estados y Municipios de la Contralorla General de la República atandió una solloitud mediante una actuado no programada (..) que no está expresamente consagrada en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y que solamente puede ser ejercida por los órganos de contral intemo del ente, o a traves del control externo de la Contralonia General det Estado Sucre (...). 2.1) Aunque fuere posible la realización de la actuación no programada, lo procedente era Informar del resultado a la Contraloría Estadal. 2.2) De usurpaclón de la Competencia (omissis) 2.2.1) (..) el articulo 163 consbtudional consagra el princplo de autonomle orgánica y funcion el de las Contralorías de los estados (..) comespondiéndoles a los respectivos órganos de control externo formular reparos y dedarar la responsabibdad administrativa de los fundonarios de alto nivel de las Administraciones (Central y Descentralizada) de esos entes territoriales. 2.2.2) (...) Tal averiguación debla haber sido segunda por el ente reglonal en virtud de que el Indiclado, para el momento de la investigado había casado en su cargo, pro lo tanto no estaba irvestdo de cualidad de alto funcionario de una fundación del Estado Suore. 2.3) Violación del debido proceso administrativo (omissis) 2.3.1) El auto de fecha 21 de diciembre de 2001, que ordena la apertura del procedimiento administrativo carece absolutamente de motivación (...) como lo ordenan los articulos 9 y 15, numeral 5º (sic) de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos 2.4.0) Violación del principio constitucional que consagra la presunción de Inocencia de mi representado. (...) sin que esta Direccón llamará a dedarar a alguna persona; sin que recabará pruebas adidonales a las que ya había recibido; después de apredar pruebas que carecían de autenticidad ya que en su totalidad estaban compuestas por fotocopias de documentos privados carentes de certificado, y por lo tanto sin valor probatorio alguno de conformidad con la Ley (...). III Preecripción de la acción: (omissis) 3. 1) AI entrar en VgeNCa la LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL, se HeNA el vado que existía en cuanto a la prescripdón de la acción en la ley derogada, establedendo los artculo 114 y 115 lo sigulente: (omissis). 3.2) Es principlo universal recogido por nuestra legisiadón al principio de la imetroactividad (..) y por cuanto los hechos que presuntamente acarrean responsabilidad administrativa a ml representado ocurrieron hece mas de dnco años, es por lo que alego expresamente la prescripdón de la acdón de cada uno de los hechos que se le imputan como generadores de responsabilidad administrativa (...) IV Objeciones de fondo (omissis) 4.1) Reproduzco en todas y cada une de sus pertes y hago valer el n e p l t n r como parte integrante de este esarto de oposidón a los cargos (..) PRACTICADA EN LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DEL presuntamente lo elaboraron y haber sido redactado y presentado sin dar cumplimento a los Artículos 25 y 26 de las Normas Generales de Auditor la del Estado, dictadas por la Contraloria General de la República mediante Resoludión Nº 01-00-00-016 de fecha 30 de abril de 1997. 4.3) Impugno el valor probatorio de los documentos privados, mal certificados cursantes a los follos 83 al 171 (...) 4.4) Impugno ei valor probatorio de los documentos privados que dice certificar el Presdente de la Fundación para el Desarrollo de la Economla Soctal del Estado Sucre, según el literal K det Artículo 10 de los Estatutos de la Fundación, toda vez que dicho literal no le faculta para certificar los documentos de la por el abogado Junior (sic) FERNANDO PULGAR MACHADO, dicho Informe no se 4.6) Señalo que al folio 174, cursa memo 07-01-1193 de fecha 26 de octubre de 2001, mediante el cual se remate a esta (sic) Oirección un alcance al informe definitivo, no se encuentra en el expediente el mencionado alcance (..) V Responsabilidad Objetiva (omissis) ya que la administración no toma en cuenta para nada el factor en documentos aparentemente no suscritos por el contralor intemo de la consagrado del pnncipio de responsabilidad objetiva, sin tomar en cuenta la n VI Pruebas. (.) para ejercer el derecho al control de la prueba requeridos (...) original del admunustrativa (..) lo que induye el Informe de vaioraclón jurídica (..) asi como también el documento denominado alcance al informe definvivo al que se refere el memorando que cursa al folio 174 del expediente". Antes de entrar analizar los descargos des indiciado y en aras de privilegiar el derecho a la defensa, contemplado en el artículo 49 de la Constitución de ia Repúbica página original (tal como se publicó) [Página 35] Bolivariana de Venezuela, como una garantía dentro del debido proceso y en apego al principio de la verdad materlal que debe regir en todo procedimiento administrativo, previa expedición del acto administrativo que corresponda, conforme al cual, ia decisión debe ajustarse a la verdad real y efectiva de los hechos a tenor de lo establecido en el articulo 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, quien suscribe, considera necesario señalar lo siguiente: En fecha 14 de agosto de 2003, previa declaración sin juramento rendida por el ciudadano FAVIO MANUEL QUIDADA SALDO, ante la otrora Dirección de Averiguaciones Administratvas de la Dirección General de Averiguaciones Admunistrativas y Procedimientos Especiales, según Acta de fecha 08 de agosto de 2003 (folios 307 al 310) el apoderado del indiciado, ciudadano JOSÉ LORENZO RODRiGUEZ AGUERREVERE, consignó escrito para ampliar la referida dedaración, constante de cinco (5) folios útiles y anexos distinguidos A, B, C y D (follos 317 al 325) contentivos de coplas con sello húmedo de la Gerencia de Administración y Ananzas de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Social del Estado Sucre (FUNDES), de las Actas Nros 10 y 61 de fechas 23 de marzo de 1994 y 08 de mayo de 1997, respectivamente, mediante las cuales el Consejo Directivo del mencionado ente, acordó lo siguiente: "(...) autorizar al Presdente de la Fundación, para realizar todos los actos que excedan de la simple administración, aprobados por este Consejo, dando e constitutivos, de igual forma se convalidar los actos realizados hasta ahora (...)" "(...) cancelar un subsidio de Qunce Mil Bolivares (15.000,00) mensual al celular N° 016-931609, perteneciente al Direcbvo Rubén Duarte (..)". En atención a lo anterior, ésta Dirección de Determinación de Responsabilldades, valoró dichas pruebas y visto que el ciudadano FAVIO MANUEL QUDADA SALDO, en su condición Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Social del Estado Sucre (FunDEs), demostró que tenía autorización para realizar tales actos, no formuló entonces vigente, articuio 35 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. De lo señalado precedentemente, se refleja de manera clara e inequívoca que la conducta asumida por el dudadano supra identificado, al haber efectuado gastos subsidlando el pago para la cancelación de tres meses de celular por 8s. 4s.000,00 y dos meses (abril-mayo de 1998) por Bs. 30.000,00 a uno de los Directivos de la Fundación, asi como la cancelación de 12 tarjetas Telpago por concepto de telefonia celular y la . adqusicrón de un teléfono celular Pockt 910 Motorola y sus accesorios, por la cantidad de Bs.193.163,00, actuando en su condición de Presidente de la Fundación para cl Desarrollo de la Economia Social del Estado Sucre (FUnDES) y suficientemente autonzado para ello por el Consejo Directivo en sus reuniones de fechas 23 de marzo de 1994 y 08 de mayo de 1997, estuvo ajustada a derecho. Así se declara. Una vez realizadas las consideraciones que anteceden, quien suscribe, procede a analizar las defensas esgrimidas por el indiciado en su escrito de descargos, con respecto a los demás hechos y pasa a pronunciarse en primer lugar sobre los alegatos expuestos en los puntos identificados como 3.0), 3.1) y 4.0) relacionados con la prescripción de la acción, por tratarse de una institución de orden púbico y su importancia dentro del procedimiento administrativo, toda vez que si la misma se encuentra consumada no podrá perseguirse la responsabilidad administrativa del presunto responsable. La prescripción comporta la extinción, por el transcurso del tiempo, de la Potestad Sancionatona respecto a los supuestos especificos, esto es que, ante la comisión de un ilícito administrativo, la Administración deberà iniciar el procedimiento respectivo y aplicar la sanción del caso, pues el transcurso del tiempo produce la extinción de esa Potestad. En este mismo orden de ideas, conviene destacar que bajo la vigencia de la derogada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Gaccta Oficial de la República de Venezuela N° 5.017 Extraordinario de fecha 13 de diciembre de 1995), la prescnpción se regía por lo dispuesto en el articulo 102 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público (Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 3.777 Extraordinano de fecha 23 de diciembre de 1982), aplicable ratonae tempons, que hacia remisión expresa al Código Penal, vigente para el momento de ocurrencia de os hechos, en los términos siguientes: "Articulo 10z.- Las acclonesperales, cvles y administrativas denvadas de la presente Ley, prascribirán por cinco alos, tos cuales se cortaron siguiendo las reglas establecidas en el Código Penal. Sin embargo, cuando el (Destacado nuestro). En este sentido, la prescnpción estaba regulada a partir de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de ocurrencia del hecho y cuando se trataba de funcionarios públicos, comenzaba a contarse a partir de la fecha de cesación en el ejercicio del cargo en el cual se hubiere cometido el hecho regular. Aunado a lo anterior, a los fines de la interrupción de la prescripción se aplicaba una interpretación del artículo 110 del Código Penal, vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos presuntamente irregulares, según la cual ésta se interrumpia por la citación a que se refería el articulo 119 de la derogada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. El mencionado artículo sustantivo penal, expresamente disponía: "articulo 110.- Se interrumpirá el curso de la presoripaón de la acoón penal requisitoria que se libre contra el reo, si éste se fugare. Interrumpirán también la presonipcón el auto de detención o de oitacón para s estabiece la Ley un término de prescripdón menor de un año, quedará ella interrumpida por cualquier acto de procedimiento; pero si en el tármino de un presonipaión interrumpida comenzará a comer nuevamente desde el día de la intemrupdón. La interrupción de ia prescripaón surte efecto para todos los que han concurrido al hecho pumble, aun cuando los actos que interrunpan la prescripdón nose refieran sno a uno" (Destacado nuestra). Sobre éste particular, en fecha en fecha 25 de noviembre de 1999, la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrado Belén Ramirez Landaeta (Exp. S840) dictó la sentencia No 1622, emitiendo pronunciamiento con relación a la aplicación supletoria de los principios contenidos en el artícuto 110 del Código Penal al procedimiento administrativo sancionador, en los términos siguientes: "(..) Al respecto, observa la Sala que uno de los principios que goblernan la actividad punitiva del estado, aplicable por tanto al proceso penal estricto sensu y al procedimiento administrativo sandonador, es el de la prescripción de la ación sancionatoria. La aceptación de la prescipaión como principlo general, se traduce en que dicha institución puede llegar aplicarse, incluso por analogía, en ausencia de una norma que fye el lapso de prescripción aplicable para un determinado campo de la actividad administrativa sanoonatona. Asi lo ha entendido esta Sala, al sostener en sentenaa del 23 de febrero de 1995, que en.. ausenaa de un plazo especial, son aplicables las reglas generales contenidas en el Código Penal a los fines de establecer, el lapso de prescripción de la ación administrativa. Los motivos lógicos que sirven de fundamento al instituto de la prescrpoón, son diversos, y entre ellos sueien invocarse razones de segundad indefindamente situaciones expectantes de posible sanción y su permanenoa er ei Derecro matenal sancionador; así como las razones de oportunidad, pues se afirma que cuando pasa cierto bempo se carece de razón para el castigo, porque buena medida, al modificar el tiempo las arcunstarcias concurrentes, la adecuación entre el hecho y la sanción principal desaparece (Cr. NIETO, ALEJAnDRO. Derecho Administratvo Sanconudor. Edit. Civitas: pp 462 463). () Respecto de ello, observa la Sala que hasta la crtrada en vigencia de la Ley Orgánica se Salvaguarda del Patnmonio Público, no existia una norma general que estalieciera el plazo dde presonpicón aplicable a la acción sancioratona destinada a deciarar la responsabilidad administrativa de los funcionanos públicos. (.) De otra parte, en cuanto al primer acto surccpuible de interrumpir 'a prescnpciór de la acción sar-cionatona, observa la Sala, que en ausencia de la dispoyción iega! expresa en el ómbtu administralivo, resulta aplicable el oniipo general consagrado en el articulo 110 del Código Penul, confone el al: "Articulo 1 10.- Se intemumpera el curso de la prescripción de las acción penal po: el pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria, o por la requisituna que se lbre contra el reo, si este se fugare. Interrumpirà también la prescrpaón ci auto de detención o de alación para renalr inlayatona y las diligencias procesales que le sigan; pero si el julcio, sin culpa del reo, se prolonyare por un tiempo igual al de la prescnpción aplicable, mas la mitad cet mismo()- Según se evidencia de la norma antes transcnta, el primer acto del preoso penal susceptible de interrumpir dicho lapso de prescripción, es la emisión del auto detención, si se trata de delitos que merecen pena privativa de libertad; o la ataoón para rendir dedlaranón Indagatona ('uego que se dicta el auto de sometimiento d juicio), si se trata de licitos no nerecedones de pena corporales. Las declaranones snlormativas sin juramento, que rinden los rvaiuados en la clap a de investigación, no son suficientes para producir el señalado efecto interruptivo. Aplicando mutatis mutandi los referidos principlos al procedimiento administrativo sancionador, resulta concluyente que el primer acto Interruptivo da la prescripción en tales procedimientos lo constituye el levantamiento del Acta de Formulación de Cargos, por ser ese trámite el que se asimila al auto de procesamiento judictal, en cuanto circunscribe la averiguación en una determinada persona (Erfasis nuestro) En este sentido, debe recordarse que al igual de lo que acontece en el proceso penal-judicial, en el procedimiento de averlguaclones administrativas, durante la fase sumaria que precede a la formulación de cargos de responsabilidad administrativa, lo que se Investigan son simples hechos. Sólo si tales hechos se compruaban, y existen fundados Indicios que permiten suponar la participación da un determinado funcionario en su comisión, es que se inicia el procesamiento administrativo del respectivo funcionario y a tal efecto se levanta la correspondiente Acta de Formulación de Cergos. Del mismo modo, tal coin o acontece en el proceso penal con el auto de procesamiento (i.e.: el auto de detención o de soinetimierito a (uico, según el caso), en et procecimiento página original (tal como se publicó) [Página 36] administrativo sanaonador en acta de cargos es el acto de trámite que Inicia el procesamiento del funcionano, quen - al serle formulado los cargos respectivosadquiere la condición de parte investigada en el procedimiento (Énfasis nuestro). En definibva, es concuyente para esa Sala que así como en el proceso penel el indagatoria, si se inubiere dictado un auto de sometimiento a juicio) es el primer acto susceptible de interrumpir la prescnpaón de la acción penal; en el procedimiento administrativo sancionador, dicha función la cumple el Acta ce Formuladión de Cargos, por cuanto en dicho acto de tráimita, er primara voz se le imputa al sujeto investigado la presunta comisión de actuadlones Ilícltas" (Énfasis y subrayado de la sentencia). Tal como se desprende de lo parcialmente transcrito, fue a través de la junsprudencia que se establecieron los principios y reglas que ngen a la materia de la prescripción en los procedimientos administrativos sancionatorios. En este contexto, quedó definido que el acto que interrumpia la prescripción de la acción en materia de averiguaciones administrativas era el Acta de Formulación de Cargos, por cuanto es a partir de ese momento que se adquiere condición de parte investigada (imputado) de ilicitos concretos producto de las investigaciones llevadas a cabo por el órgano de control en el ejercicio de sus funciones. Por otra parte, en fecha 19 de septiembre de 2002 la Sala Potíbco Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa (Exp. Nº 0840) dictó la sentencia N° 011140, emitiendo pronunciamiento con relación a la figura de la prescripción, en los términos siguientes: "(...) La prescripción, cuyo término ha sido concebido en el derecho de d-versa formas, està refendo, entre otras, en matena penal, a la extinción de la acción o de la pena, por virtud del transcurso del tiempo. Esto úlbmo es importante porque prensa distinguir entre uno y otro caso. De esta forma, se entiende que la figura de la prescripción resulta diferente según se trate de la acción o de la pena, pues en el primer caso, atiende al transcurso del tempo desde que ocurrieron los hechos imputados y hasta el momento en que tiene lugar el ejercicio de la acción respectiva; mientras que, en el segundo supuesto, esto es, la prescripdón de la pena, ésta fuera a partir del momento en que se dicta la decson y hasta ei término que fije la ley en ose ppes Parbendo de los argumentos señalados y en el senbdo que aqui nos ocupa, a saber, la extinción de la llamada por el recurrente acción admirustrabiva; es importante adarar pnmero que no existe tal figura, pues la acción es de orden exclusivamente junsciccional, por lo que siempre estará referida en este último sentido. Se trata, por el contrano, de la actividad de policía que desempeña la traves del ejercicio de su potestad sanconatona. Dicho esto, se entiende que la prescrpcón administrativa se consumaria cuando el lapso transcurndu desde la fecha en que sucedieron los hechos administrabvo correspondiente, supere el lapso estableddo en la ley sin haberse ejerado la ación respectiva. Como quiera que con la prescripción, se persigue extinguir el procedimiento administrativo cuando ha transcurrido un tiempo administrative correspondiente, lo que supone ei ejerció de la acción" (Negrillas nuestras). De conformidad con el criterio jurisprudendal antenormente señalado, el Auto de Apertura interrumpe la prescripción de la acción en materia de procedimientos sancionatorios como el que nos ocupa, por cuanto en él quedan asentadas las investigaciones preliminares del procedimiento administrativo y es a partir de allí donde se concretan los hechos que determinarán la sustanciación de dicha investigación llevada a cabo por el organo de control en ejercicio de sus funciones y la posterlor formulación de cargos, como resultado de la misma. (Sentencia reiterada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Politico Administrativa de fecha 19 de julio de 2006, con Ponencia del Magistrado Hadell Mostafá Paolini. Exp. Nº 1998-14828, Sentencia N° 01853). Scbre la base de lo precedentemente expuesto y tomado en consideración los critenos reiterados por el máximo Tribunal, se concluye que los actos susceptibles de interrumpir la prescnprión en materia de averiguaciones administrativas son: en primer lugar el auto de apertura por contener la descnpción de los actos, hechos u omisiones presuntamente irregulares y en segundo lugar el acto de formulación de cargos, por comisión de actuaciones rfícitas. Asimismo, con relación al lapso máximo de prescripción, el articulo 110 del Código Penal establecia que si el "juicio", sin culpa del "reo", se prolongaba por un tiempo iguai al de la prescripción aplicable, más la mitad del mismo, entonces operaba la prescripción de la acción; dsponiendo también que la prescripción interrumpida comenzaba a correr nuevamente desde el dia de la interrupción. Al efecto, existian dos (2) posibilidades, a saber: Si desde el momento en que comenzaba a contarse la prescripción habían transcurrido cinco (5) años sin que ésta hubiere sido interrumpida, entonces la acción se encontraba prescrita; si durante el transcurso del lapso de prescripción ésta era interrumpida, comenzaba a contarse nuevamente dicho lapso y si éste llegaba a sumar cinco (5) años más dos (2) años y seis (6) meses, sin que hubiere recaído decisión en el caso, entonces en ese momento operaba la prescripción, Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Contralonia General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se establece en el Titulo III, De las Potestades de Investigación, de las Responsabilidades y de las Sanciones, Capitulo VI, De las Prescripción, lo siguiente: "Artiaulo 114.- Las acciones administrativas sandonatorias o resarcitorias derivadas de la presente Ley, prescnbirain en el término de cinco (5) años, saivo que en Leyes espedales se establezcan plazos diferentes. Dicho término se comenzará a contar desde la fecha de ocurrenda del hecho, acto u omisión que origine la responsabilidad administrabiva, la imposición de la funaonario público, la prescripaón comenzará a contarse desde la fecha de cesación en el cargo o función ostentado para la época de ocurrencia de la irregularidad. 9 se tratare de funconarios que gocen de inmunidad, se contara a partir del momento en que ésta hubiere cesado o haya sido allanada. si durante el lapso de prescripaón el infractor llegare a gozar de inmunidad, se continuaran los procedimientos que pudieran dar lugar a las acciones administrativas, sancionatorias o resaratorias que corespondan. En caso de reparos tributarios, la prescnpaón se regirá por lo estableddo en el Código Orgánico Tributanio". "Artlcule 11.5,- La prescripoón se intemumpe: 1. Por la información suministrada al Imputado durante las investigaciones preliminares, conforme a lo previsto en el articulo 79 de esta Ley; 2. Por la notficación a los interesados del auto de apertura del procedimiento para la determinación de responsabilidades, establecido en esta Ley; J. Por cualquier actuación fiscal notificada a los interesados, en ia que se haga constar la existencia de irregularidades, siempre que se Inicie el procedimiento para la determinación de responsabilidades establecido en esta Ley". Se desprende de las normas transcritas que la prescripción es igualmente de cinco (5) años y cuando se trata de funcionarios púbicos, comienza a contarse a partir de la fecha de cesación del cargo, constituyéndose en actos interruptivos de la prescnpción, la notficación prevista en el articulo 79 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacicnal de Control Fiscal y la notificación prevista en el artículo 98 erusdemn, además, cualquier actuación fiscal que se noti que al interesado, donde quede constancia de la existencia de irregularidades, que posteriormente den inicio al procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, interrumpe la prescripción. Igualmente, se evidenoa que en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repúblic o y del Sistema Nacional de Control Fiscal, subsisten las mismas dos (2) posibilidades para que opere la prescripción, a saber: Si desde el momento en que comienza a contarse la prescripción transcurre cinco (5) años sin que ésta sea interrumpida, entonces la acción se encuentra prescrita; si durante el transcurso del lapso de prescripción ésta se interrumpe (artículo 115), comienza a contarse nuevamente dicho lapso y si éste llega a sumar cinco (5) alos más dos (2) años y seis (6) meses, sin que recaiga decisión en el caso, según la interpretación del citado articulo 1 10 del Código Penal, en ese momento operará la prescripción. Luego de haber realizado las anteriores consideraciones teóricas, tenemos que cursan a los folios 34 y 35; 59 y 60 copia certificada def Decreto Nº 2.297 de fecha 22 de octubre de 1997 y copia de la Gaceta Oficial del Estado Sucre Extraordinaria No 330 de fecha 22 de octubre de 1997, mediante las cuales el Gobemador del Estado Sucre, designa desde esa misma fecha al ciudadano FAVIo QUIDADA sALDo, Cédula de Identidad No V-1.504.000, como Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Social del Estado Sucre (FUnDES). Asimismo, a los folos 38 y 39, cursa copia certificada del Decreto N° 3.466 de fecha 31 de agosto de 1998, mediante el cual el Gobemador del Estado Sucre, designa desde esa misma fecha al ciudadano Manual Plácido Tavera, Cédula de Identidad No 4.945.635, Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Social del Estado Sucre (FUNDES), en Sustitución del CIudadano FAVIO QUDIADA SALDO. Cabe destacar que para el ciudadano supra identificado, la prescripción fue Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Social del Estado Sucre (FUNDES), es decir, en fecha 19 de agosto de 2003 (folios 327 al 330) debiéndose contar, a los efectos de la prescripción, cinco (5) años más la mitad del mismo, es decir dos (2) años y seis (6) meses, por la aplicación supletoria de la norma contenida en el articulo 110 dei Código Penai, vigente para ei momento de ocurrencia del hecho y por cuanto a la página original (tal como se publicó) [Página 37] presente fecha ha transcurrido un lapso de siete (7) años, un (1) mes y cinco (5) días, lo que representa un período de tiempo menor a lapso de prescripción estabiecido en la Ley. considera que en la presente causa, no están dados los extremos vinculados a la misma, por lo que este alegato debe ser desestimado. Así se declara. En relación con los señalamientos asentados en los puntos identificados 1.0); 1.1), 1.2), 1.4), 2.0), 2.1), 2.2), 2.2.1 y 2.2.2) de los Títulos distinguidos como Antecedentes y Vicios que Acarrean la Nulidad Absoluta de todo lo Actuado, en el aludido escrito de descargos, los cuales guardan relación de manera coincidente con el hecho de que el procedimiento administrativo que culminó en la imposición de cargos está pagado de una serie de vicios que lo hacen nulo, slendo uno de ellos el que la Dirección de Control de Estados de la Dirección General de Control de Estados y Municipios de este organismo contralor, realizara una actuación no programada que no esta expresamente consagrada en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos investigados. y que solamente puede ser ejerdda por los órganos de control interno del ente, o a través del control extemo de la Contraloría del Estado Sucre y aunque fuere posible realizará, lo procedente era informar del resultado a la Contraloría Estadal, por lo cual sc produjo una usurpación de competencias, en virtud del prinapio de autonomía orgánica y funcional de las Contralonías de los Estados, púes tat avenguación administrativa debió seguirá el ente Regional, se observa lo siguiente. Desde el punto de vsta administrativo, los Estados al igual que los entes creados por ellos, constituyen un órgano de descentraización territorial. Es decir, a diferencia de los institutos funcionalmente descentralizados, lo que se descentraliza aqui no es la función sino la circunstancia de que estos entes van a prestar servicios para 'ina determinada región y, por tanto, toda su gestión pública habra de ejercerse en esa región y para ella. Fuera de dicho ámbito espacial no tienen competencia, Es por eso que se habia de descentralización territorial. Tenemos entonces que la Constitución de la República de Venezuela, vigente para el momento de ta ocurrencia de los hechos, salvaguardaba la autonomía estadal. Por lo tanto, es de la competencia de cada Estado la organización de sus poderes públicos, como asimismo, la administración de sus bienes y la inversión del situado constitucional y asi lo estatuye en su articulo 16, hoy articuto 159 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Adicionalmente a la autonomia atribuida a los Estados, el constituyente estableció al consagrar la existencia de la Contraloría General de la República, que las funciones de éste organismo podrán extenderse por Ley a la administración estadal, tal como lo expresa en su artículo 235 la Constitución de 1961: "Articulo z35°,- Las funoones de la Contraloria General de la República podrán extenderse por la ley a los nsblutos autónomos, asi Constiltuoón" Hoy articulo 163 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezueia. En desarrolio de la norma antes señalada, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, aplicable ratiorae teriporis (Gaceta Oficial de la República de Venezuela, N° 5.017 Extraordinario de fecha 13 de diciembre de 1995) establecía las entidades sujetas al control, vigilancia y fiscalización, a saber: "Artísulo 5- Están sujetos al control, vigilancia y fiscalización de la Contraloria General de la Republica, en los términos de esta Ley, los siguientes organismos, entidades y personas: (omisss) 2. Los órganos de los Estados, las Asambieas Legistativas, de los Munvopios, de los Ternitorios Federales.". Asimismo, el referido instrumento normativo en desarrollo de las normas constitucionales establecía en el Título V * Del Control de Ios Estados, Del Distrito Federal, De los Munioplos y De Los Territorios Federales", lo siguiente: "Adtlaulo 6l.- El control fiscal en los órganos de los Estados y Municiplos, induidos los entes descentralizados en que astos lengan participación, corresponde a las contralonias estadales y municipales, sin perjuicio de que la Contraloría General de la Repúbica pueda ejercer sobre tales administraciones las lunoones de Inspección y de fiscalización, asi como las potestades de investigaoón y sanción ejercerlas en las en las contralorías estadales y municipales, en los berrtorios Federales y en el Distrito Federal". "Artilaulo @i1.- La gestiónfiscaizadora de la Contralonia sobre los entes tomará en cuenta los planteamientos y saliotudes del Congreso de la Repúbica, las denuncias que reciba, los resultados de su gestión anterior de inspecoióny fiscalización, asl como la stuación administraliva, importanola, dimensión y las áreas cuicas de los entes sonpadsa "Artículo 62.- La Contraloría podrá ampliar su acción de control sobre las enbdades a que se reflere este título, apoyándose en las contralorías dictámenes y estudios técnicas emitidos por los auditores, consultores y profesionales independientes que aquéllas contraten. Podré asimismo la Contraloría contralar directamente tales trabajos y coordinar con los entes controlados para que éstos sufraguen total o pardalmente el costo de los mismos". Bajo estos contextos normativos, -la acción de la Contraloría se ejercía cuando ella lo juzgare conveniente y necesario para la defensa del patrimonio de recursos públicos administrados por este tipo de entes territorialmente descentralizados. Estas disposidones tenen importancia tanto porque reconoce la condición de directriz de la Contraloría General en materia de control, cuanto porque admite que debe existir una cooperadón entre los controles en miras a una mejor administración. En desarrolio de esas competencias, éste Máximo Organismo Contralor en fundamento a una solicitud efectuada en fecha 24 de septiembre de 1998 por el Gobemnador del Estado Sucre, procedió a realizar una actuación fiscal en la Fundación para el Desarrollo de la Economía Social del Estado Sucre (FunDES), que estuvo orientada a la determinación ce ios ingresos percibidos por 1a misma durante et año s997 y el lapso que comprendió los meses de enero-agosto de 1998, asi como a la verificación de la legalidad de la inversión de dichos recursos, a los fines constatar que fueron utilizados en las finalidades previstas. En este sentido, se pudo verificar de los soportes documentales que fueron solicitados, algunas observaciones derivadas de la actuación respecto a los egresos, a saber: " ; o Se canceló con el cheque N° 41001858 de fedha 17-11-97 del Banco del Onnoco, ia canbdad de Bs. 475.o0,00, por concepto de alquiler de un apartamento asignado al Presiderte de la fundación, sin que en las piezas justolicativas del gasto .presentadas se encuentren los siguientes recaudos: el contrato de arrendamiento, la revisión y aprobación preva del compromiso por parte de la Contraloría Interna, y la autorización del Consejo Directrivo. (omissis) o La fundación canceio a la emisora Radio Sucre, CA con cargo al contrato de servico suscnto el 22-01-99, pautas publiatarias por 8s. 20.375.000,00. (omissis) o Comprobentes de pagos por la canpdad de Bs. 1.441.60s,00 tueron imputados incorrectamente a la partida 4.02.01.01.00 "Alimentos y Bebidas para Personas", cuando por la naturaleza del gasto y de conformidad a lo previsto en el Plan Único de Cuentas debieron mputarse a la partida 4.03.05.03.00 "Reladones Sodales" (..)" Vista tal situación y con. fundamento en las observaciones realizadas en el mencionados informe de actuación fiscal, la Contralonia General recomendó que la Contraioria Interna, en uso de las atribuciones previstas en el Reglamento que Regula el Funcionamiento y Administración de las Fundaciones, realizara las averiguaciones administrativas a las que hubiere lugar. No obstante la antenor recomendación, en atención al Principio de Universalidad de Control fiscal y sobre el análisis previo a la documentación, la otrora Dirección de Averiguaciones Administrativas, detectó indicios sobre la comisión de hechos presuntamente irregulares en la Fundación para el Desarrollo de la Economia Social del Estado Sucre (FUnDES), lo cual conllevó al inicio una avenguación administrativa en fecha 21 de dicembre de2001 (foo 1 y 2). En este orden, es importante señalar, que el procedimiento administrativo iniciado v sustanciado por la para entonces Direcoón de Avenguaciones Administratvas de éste organismo contraior, se llevó a cabo en ejercicio de las competencias que la Constitución y Ley atnbuye a ia Contralcria Genera! de la República, a la cual, como órgano rector del control fiscal, le intcresa garantizar el manejo adecuado y transparente de las recursos públicos. En consecuencia, no existe un fundamento para aseverar, como lo alega et indiciado, que se produjo el vicio de usurpación de funciones, el cual, se constata, conforme a la junsorudencia del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia N° 06174 de fecha 09 de noviembre de 2005, con Ponencia del Magistrado Emiro García Rosas) cuando una autoridad legítima dicta un acto invadiendo la esfera de competencia de un órgano perteneciente a otra rama del Poder Público, violentando de ese modo las disposidones contenidas en los articulos 117 y 1 18 de la Constitución de la República, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, actualmente artículo 136 y 137 de la Constitución de la República Bolvariana de Venezuela, en virtud de los cuales se consagra por una parte, el principio de separación de poderes, según el cual cada rama del poder público tiene sus funciones propias y establece por la otra, que sólo la Constitudión y la ley definen las atribuciones del poder público y a éstas normas debe sujetarse su ejercido, destacándose además que con la entrada en vigenda de la Ley Orgánica de la Contralonía General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, las Contralorías Estadales asi como las Unidades de Auditoría Interna, Integran el Sistema Nacional de Control Fscal y bajo la rectoría de la Contraloría General, interactúan coordinadamente, con la finalidad de lograr ei puen funcionamiento de la aoministración pública. > página original (tal como se publicó) [Página 38] Sobre la base de las consideraciones antes expuestas, se desestiman los alegatos indicados en los puntos 1.0); 1.1), 1.2), 1.4), 2.0), 2.1), 2.2), 2.2.1 y 2.2.2) del escrito de descargos. Así se declara. Ahora bien, en lo atinente a los puntos idenbficados 1.6), 2.3.0) y 2.3.1) del escrto de defensa, en los cuales el indiciado expresó que el auto de fecha 21 de diclembre de 2001, que ordena la apertura del procedimiento carece absolutamente de motivación, pues no contiene expresión sucinta de los hechos, de las razones que hubieren sidu alegadas y de los fundamentos legales pertinentes, como lo ordena la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Sobre este particular, quien suscribe, considera pertinente realizar los siguientes señalamientos: De conformidad con el artículo 115 de la Ley Orgánica de la Contralonía General de la República, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos presuntamente irregulares, deberá formarse expediente de los procedimientos de averiguación administrativa, los cuales se iniciarán con auto de apertura debidamente motivado. En tal sentido, tal auto deberá contener claramente señalados tres elementos fundamentales, a saber: 1.- Indicaclón dara y precisa de los hechos, con expresión de la norma en la cual éstos hayan sido tipificados como generadores de responsabilidad administrativa. 2.- El señalamiento de tos elementos indiciarios y pruebas que sirvieron de base para decidir la apertura de la averiguación. 3.- La orden de practicar todas las diligencias necesarias para el total esclarecimiento del caso y para la determinación de las responsabilidades a que hubiere lugar. La ausencia de alguno de los elementos antes enumerados viciaría ab initio el procedimiento de averiguación, desde que se estaría impidiendo a los interesados el conocimiento de las razones de hecho y de derecho y las pruebas que sirvieron a la administración de fundamento para iniciar la averiguación. En consecuenda, es ciara la norma al disponer que dicho expediente deberá iniclarse con el auto de apertura debidamente motivado. En este sentido, la Sala Poliítico Administrativo del Tibunal Supremo de Justicia, ha emitido pronunciamiento en relación al vicio de Inmotivación, en los términos que a continuación se expresan: "Reiteradamente ha señalado este aito tribunal, que la matiyacién del acto atianda a dea dircunatancias: la referencia a los hachan y la indicación da lgs fundamantea legaiss sn gue ge basa la Administración. as decir. au justificación fáctica y jurídica, lo que Ia constituya un elemento austancal para la validez del acto. va que la ausencia de causa o fundamentos abra amplíe campo para st arbitrio del funcionario, pusa tal situación jamás podrán ios administrados saber per qua ee las prevé de sua daceches o se latsanciona. Corolario de lo anotado as que la motivación dal acto permite al control iurisdiecional sobra.la gractitud de les motivo, constituvéndess en garantia de los derechos de loa administrados. Pero, advierte nuevamente la Sala, la motivación dal acto no Implica un minucioso y compisto raciocinio da cada una de las normas aua le aincan de funsdamante al erovedmiento. púas basta que guada inferirsa del taxte los fundamentos lagalss y los supuestos de hacha aus constitureron los motivos an qus ss apoyo la Administración.nara dacidlr. No se trata entonces, de una exposidón.riaurosamante analítica o de axprasar cada uno da los datos e da los argumentos an aus sa funda. de vna manara extansa. diacriminada. guas asha llegado a conaldarar suficientamante motivada una resolución cuando ha aide axoedida cen Jaaaa an hechos, datos o cifras ciertas que consten da manera axpraea an slexpadilanta o Incluso, cuando Ia motbación aRacazca del mismo expedienta administrativo. siamprs por supuarto. que al destinatario del acto hava tenido al necesario acceso a tales elamantog. Asi pues, que la Inmothadón como vico de forma de los actos administrativos, constata.en la ausancla absoluta de motivación; maa ne aquella qua contenga les.siamantoa principaisa del asunto dabatido.Y au principal fundamentación Isgal. lo cual garantiza al inberssado.si cenocimianta.del juicio qua eirvió de fundamento para la decisión. Da manara, gue cuando a pesar de ser sucinta, permita conocer ia fvanta legal aal como las raxonas x hechos apreclados por el funcionario. la motivación dabe renutarsa como suficlante. En suma, que hay Inmotiración ante un Incumellmianto total ds la Administración da señalar las razones que tuxo en cuanta gara raolyer. En cambio. s suficiente cuando el interesado: como los érganes adminiatrativon.o iuriadiccienales qua reodaan la declalón puedan coleair cuálaasen las normas.y hachos aua alpcieren de fundamento da la declalón. Luego. sl as goalble hacarsstas detsoninacionga no pueda. ciertamente. habiara da ausencia da fundamentación da Lacto". (Negrillas y subrayado nuestro). (Sentencia No 01076 emanada de la Sela Pollico-Administrativa del 11-05-2000, con ponencia del registrado Levs Ignaco Zerpa, en el Juido de Carlos Alterto Urdaneta Anuco, en ei expediente N° 13.564). En desarrollo de la jurisprudencia antes citada, ha quedado entendido de manera clara y precisa que, el vicio de inmotivación se produce cuando no es posible conocer cuáles fueron los motivos del acto y sus fundamentos legales, o cuando los motivos del acto se destruyen entre sí, por ser contrarios o contradictorios, por lo tanto la insuficiente motivación de los actos administrativos, sólo da lugar a su nulidad cuando no permite a constituyeron los motivos en que se apoyó el órgano administrativo para dictar la decisión, pero no cuando, a pesar de su sucinta motivación, permite conocer la fuente legal, las razones y fos hechos apreciados por la Administración. Concatenando lo anterior, en el caso especifico objeto de la presente decisión, se observa que cursa en el expediente administrativo signado con el N° 08-01-07-01-095, Auto de fecha 21 de diciembre de 2001 (folios 1 y 2) el cual contlene la referencia de los hechos y los fundamentos legales del acto, tal y como lo dispone el artículo 9° de la Ley Orgánica de Procedimlentos Administrativos y, además, se encuentra debidamente mobvado de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos. Por todas las razones que anteceden, quien aquí decide, desestima el alegato señalado anteriormente, toda vez que el mismo no aporta al presente procedimiento razones que desvirtúen las presuntas irregularidades en las cuales se fundamentan los cargos formulados al ciudadano FAVIO MANUEL QUIJADA SALDO, en su condición de Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Soclal del Estado Sucre (FUNDES). Asi se declara. Asimismo, en cuanto a lo expresado pór el indiciado en el purto 1.7) de su escnto de defensa, relacionado a que entre el auto de apertura de la averiguación administrativa y la citación con fecha 28 de julio de 2003, este organismo contralor dejó transcurrir un periodo de 1g _meses, sin que mediare un auto motivado que justificara la prórroga por un período máximo de seis (6) meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República, produciéndose una violación al debido proceso. En relación a lo alegado quien desde observa, que con respecto a la legalidad de las actuaciones que se practican -en el marco de un procedimiento de averiguación administrativa- con posteriondad a tos lapsos anteriormente señalados, ha sido pacifica y reiterada la junsprudencia, al sostener que, en cumplimiento de las funciones que constitucional y legalmente tienen atribuidas, entre otros, los órganos de control fiscal y en aras de los principios que rigen la formación del acto administrativo, entre los cuales se encuentra, el Principio de Oficiosidad, el cual tiene dentro de sus manifestaciones el principio de la verdad material de los hechos, se les impone la obligación de practicar todas y cada una de las actuaciones que sean necesarias para un mejor conocimiento de los asuntos que deben decidir. Siendo asi, se estima que un procedimiento de averiguación administrativa que ha excedido los lapsos legalmente establecidos, no adolece de vido que comporte su nulidad, cuando en el mismo se han cumplido todas y cada una de las fases procedimentales y se ha garantizado a los interesados, el pleno ejercicio de sus derechos constitucionales. En efecto, es conteste la doctrina y jurisprudencia patria, al afirmar que la falta de la estricta observancia de los lapsos y trámites sólo puede originar la nulidad de los actos adnunistratvos, cuando con ello se ha causado indefensión; pues el vicio de procedimiento que en propiedad puede dar lugar a la nulidad del acto administrativo, es el de la prescindencia total y absoluta de procedimiento, toda vez que se vulnera la garantía consttucional del debido proceso y en consecuencia, del derecho a la defensa y ello constituye indudablemente un grave perjuicio en la esfera jurídica del particular destinatario del acto, que evidentemente acarrea su nulidad. (Tnbunal Supremo de Justicia, Saia Politico Administrativa, Sentencia N° 01383 de fecha 01 de agosto de 2007). En consecuencia, corresponde advertir a título de antecedente, la normativa adjetiva que nge a las averiguaciones administrativas seguidas por esta instancia contralora y que fue aplicada en el caso bajo examen. Conforme a la derogada Ley Orgánica de la Contraloria General de la Repúblicavigente para el momento de practicarse la actuación fiscal que originó el inicio del procedimiento de avenguaciones administrativas, las actuaciones fiscales (inspecciones, fiscalizaciones y auditorias) se realizaban con fundamento en las funciones de control, vigilancia y fiscalización de ingresos, gastos y blenes públicos constitucional y legalmente atribuidas a este organismo contralor, lo cual implicaba que de oficio o por denuncia, se podian ordenar actuaciones dirigidas a verificar la legalidad y sinceridad de las operaciones página original (tal como se publicó) [Página 39] de entes públicos, dependencias y demás organismos sometidos a su control, relacionados con la administración, manejo y custodia de blenes o fondos públicos. funcionarios de control con conocimiento técnico, designado a tal efecto y plasmados en un Instrumento denominado Informe Prefiminar. Como paso sigulente, el contenido del Informe Preliminar se hacía del conocimiento de las autoridades del ente u órgano objeto de la actuación fiscal, a fin de que éstas formularán las observaciones que estimarán pertinentes y aportaran -de ser el caso- la documentadón a que hubiere lugar, patentizándose el primer acto de control de prueba y por ende el derecho a la defensa. Posteriormente, del análisis meticuloso, riguroso y armonizado de la información asentada en el Informe Preliminar conjuntamente con las observaciones formuladas por las autoridades del ente u órgano auditado, surgir el Informe Definitivo, el cual representa el Instrumento a través del cual el organismo contralor, recomienda, suglere, exhorta, insta al ente u órgano para que elabore un plan de acciones correctivas a fin de erradicar o minimizar las causas que originan las desviaciones, irregularidades o deficiencias detectadas. Por su parte, el artícuio 115 de la derogada Ley Orgánica de la Conbraloría General de la Repúbica, establecía el inicio del procedimiento administrativo mediante auto de apertura, debidamente motivado, continuaba con la sustanciación de la averiguación administrativa dentro de un plazo de seis (6) meses haciendo remisión al Reglamento de la Ley, con et objeto de reunir en el expediente los documentos, declaraciones, experticias, informes y demás elementos de julio que sean necesarios para esclarecer la verdad de los actos, hechos u omisiones que se investigan, De seguidas, el artículo 119 derogado, consagrada que dentro del curso de la averiguación administrativa, cuando surgian indicios de responsabilidad contra alguna persona, la Contralonía procedería a citar la conforme a lo dispuesto en el artículo 117 eiusdem, el cual remitir a las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil- ordenándose su comparecencia dentro de los dlez (10) días continuos siguientes a la fecha de la citado, en cuya oportunidad le romaría declarado sin juramento. Continuaba estableciendo que dentro de los seis (6) dias siguientes al acto de comparecencia, la Contralonía valoran a fa declaración del indicado y de considerarlo procedente, le formulario los cargos al término de dicho plazo. A continuación, tal y como lo disponía el articulo 120 de la Ley en comento, se abrinía un lapso de cuarenta y cinco (45) dias continuos para que las personas a quienes la Contraloría les hublere formulado cargos, pudieran contestar los medlante escrito razonado. Transcurrido este lapso, el procedimiento debía culminar con una decisión que podría ser de absolución, sobreseimiento o responsabilidad administrativa, según el caso. Asf las cosas, en fecha 29 de noviembre de 2001, la Dirección General de Control de Estados y Municipios, Dirección de Control de Estados de este organismo contralor, a través de Informe plasmó los resultados de la actuación fiscal realizada en la Fundación para el Desarrollo de la Economía Soclal del Estado Sucre (FUnDES) (folios 4 al 26). En razón de ello, la otrora Dirección General de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especlales, Dirección de Averiguaciones Administrativas, en fecha 21 de diciembre de 2001, procedió a la apertura de la averiguación administrativa, en virtud de que surgían Indicios de comisión de hechos presuntamente Irregulares derivados de dicha actuación fiscal, de conformidad con los artículos 112 y 115 de la Ley Orgánica de la Conbralora General de la República (folios 1 al 3). En fecha 28 de julio de 2003, se libró Oficio N° 08-01-847 al cludadano FAVIO MANUEL QUIJADA SALDO, 8tular de la Cédula de Identidad N° V-1.504.000, a los fines de que comparecieran por anbe la referida Dirección de Averiguaciones Administrativas, dentro de los diez dias continuos siguientes, más cinco (05) días que se le concedieron como término de la distancia, contados a partir de la fecha de recepción de ese oficio, para que aportara su deciaradón en relación a la averiguación administrativa que se adelantaba por presuntas Irregulardades ocurridas en la Fundación para el Desarrolto de la Economia Soclai del Estado Sucre (FunDES), durante el ejercicio fiscal 1997 y el lapso enero-agosto de 1998, todo ello realizado en el marco de lo dispuesto en el arículo 1 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para el momento de los hechos Investigados, ofido de notificación que fue recibido en fecha 02 de agosto de 2003 (folio 305). En fecha 08 de agOsto de 2003, el ciudadano FAVIO MANUEL QUDADA SALDo, compareció ante la Dirección de Averiguadiones Administrativas, a los fines de rendir declaración sin juramento tal y como consta en acta de esa misma fecha (folos 307 al 310) y se le previno que de conformidad con los artículos 119 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para el momento de los hechos Investigados, debía comparecer nuevamente a los fines de ser impuesto de la valoración que, a tales efectos, se haría de su declaración, conjuntamente con los documentos cursantes al expediente. Vencido como fue el lapso correspondiente, estando presente el cludadano FAVIO MANUEL QUIJADA SALDO, asiStido pOr el abOgado JOSÉ LORENZO RODRÍGUEZ AGUERREVERE, le fueron formulados cargos en fecha 19 de agosto de 2003 (folios 327 al 330), advirtiéndosele que de conformidad con el artículo 120 de 1a Ley Orgánica de la Contzaloría General de la República, vigente para el momento de los hechos investigados, disponía de un plazo de cuarenta y cinco (45) días continuos, contado a partir de la notficación de la respectiva Acta de formulación de cargos, para contestar los mismos y acompañar las pruebas que estimara pertinentes para ser agregadas al expediente y apreciadas en la decisión, Asimismo, el abogado JOSÉ LORENZO RODRiGUEZ AGUERREVERE, apoderado del Ciudadano FAVIO MANUEL QUIJADA SALDO, consignó (dentro del lapsO legal establecido) ante la mencionada Dirección de Averiguaciones Administrativas, el respectivo escrito de defensa (folios 335 al 347). Visto lo antenor y, dado que los procedimientos de averiguación administrativa y actualmente, los de determinación de responsabilidades -regulados respectivamente en la derogada Ley Orgánica de la Contraioría General de la República y en la vigente Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal-, una vez iniciados, deben necesariamente conducir con la respectiva decisión de responsabilidad administrativa, formulación de reparo, Imposición de multa, absolución o sobreseimiento; dichos procedimientos se reputan como válidos, aun en aquellos casos en que la sustanciación de los mismos ha excedido el lapso legalmente previsto y no se ha hecho estricta observancia del trámite relativo a la prórroga de dicho lapso, siempre que en su tramitación se haya cumplido con todas las fases procedimentales y se haya garantizado a los interesados el pleno ejercido de sus derechos constitudonales, como en efecto ocurre en el caso de autos. Por las razones que anteceden, dado que en el presente caso no ha habido en lo absoluto prescindencia del procedimiento de averiguación administrativa que pudiera originar su nulidad; no habiéndose causado Indefensión alguna y visto que la configuración de los ilícitos administrativos imputados al Indiciado en su condición Presidente de la Fundaclón para el Desarrollo de la Economía Socia! del Estado Sucre (FUNDES), no se desvirtúan como consecuencia del alegato en estudio, quien suscribe considera que el mismo debe ser desestimado. Así se declara. Asimismo, en cuanto a lo expresado por el representante egal del indicado en los puntos 1.8) y 6.1) de su escrito de descargos, relativo a que los documentos del expediente eran inexactos e Incompletos, razón por la cual solicitó a la otrora Dirección de Averiguaciones Administrativas que requirlera los documentos faltantes, pues los mismos son imprescindibles para ejercer su derecho al control de la prueba, no habiendo emitido dicha Dirección pronunciamiento sobre tal petición, sino que procedió a dictar los cargos y vulneró de esta manera su derecho a la defensa. Es pertinente señalar que los Cargos imputados al Indicado, mediante acta de fecha 19 de agosto de 2003 (folos 327 al 330), están sustentados en los documentos que se Indican a continuación: 1) Contrato de Servicios Publicitarios suscrito entre la Fundación para el Desarrollo Social oe la Economía Social del Estado Sucre (FUNDES), representada por FAVIo MANUEL QUIADA SALDO, en su carácter de Presidente de la misma y el ciudadano MANUEL ALONSO SUÁREZ, en su Carácter de Presidente de la empresa RADIO SUCRE C.A, suscrito en fecha 22-01-1998 (folios 173 al 186), asf como Órdenes de Servidos S/N de fechas 30-01-98, 27-02-98, 27-03-98, 01-04-98, 29- 05-98 y 16-06-98, por transmisión de pautas publicitarias de diversos programas y cheques N°s 26002292, 32002294 y 39002295 de fechas 20-08-98 y 21-08-98, respectivamente, cursantes a los follos 192 al 217 2) Cheque del Banco Orinoco, N° 41001858 de fecha 17-11-97, por Bs. 475.000,00 a favor del ciudadano Gustavo Bermúdez, y del Reoibo de Egreso 4° 76695 de fecha 17-11-97, (follos 218 y 219). página original (tal como se publicó) [Página 40] 3) Cheques N°s 260011857, 52001956, 3002086, 37002246, 32002252 y 25002293 de fechas 17-11-97, 13-03-98, 18-05–98, 29-07-98, 30-07-98 y 21-08-96, por los montos de Bs. 21.000,00, 856.570,00, 110.695,00, 173.140,00, 99.330,00 y 180.870,00; Facturas S/N, 5/N, 1701,6920, 7490,7425, 7544, S/N, 7875, 8039,8345, 8409,9656 y S/N a favor de los establecimientos "EL COLMAO", "EL CAMPANAZO", "AREPERA EL. TAKO", cursantes a los folos 236 al 298. Conforme a lo antes expuesto, se desprende con suma claridad, que los elementos de pruebas señalados precedentemente cursantes en el expediente, bastan por sí solos momento de formular dichos cargos y demuestran los hechos que se imputaron al indiciado en su condición de Presidente de la Fundación para el Desarrollo Social de la Economnia del Estado Sucre (FunDES), los cuales se relacionan con el-haber contratado través de Órdenes de Servico S/N°s de fechas 30-01-98, 27-02-98, 27-03-98, 01-04-98, 29-05-98 y 19-06-98, a favor de la Compañía Radio Sucre C.A., por un monto total de Bs. 20.375.000,00, omitiéndose el ejerdco del control previo al compromiso por parte de la Contraloría Interna de la Fundacón, conforme a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento que Regula el Funcionamiento y la Administración de las Fundaciones, Empresas Estadales, Institutos Autónomos, Consejos Estadales y demás Entes Púbicos dependientes del Ejecutivo Regional, asi como el haber ordenado pago a través del cheque Nº 41001858 del Banco Orinoco, por la cantidad de Bs. 475.000,00, por concepto de servicios por alquiler de un bien inmueble, para ser asignado a su persona como de Presidente de dicha Fundación, los cuales no fueron contratados y finalmente, el haber dispuesto en finalidades distintas a las previstas legalmente los fondos provenientes del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 1997 y el lapso comprendido entre los meses de enero a agosto 1998, por un total de Bs. 1.441.605,00, al imputar las adquisiciones de alimentos y bebidas a la partida presupuestaria 4.02.01.01.00 "Alimentos 4.03.05.03.00 "Relaciones Sociales", de conformidad con el Plan Único de Cuentas elaborado por la Oficina Central de Presupuesto para el año 1998, contraviniendose el articulo 57 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario del Estado Sucre. Aunado a ello, el indiciado, a través de su representante legal, ha tenido acceso a toda la documentación que conforman el expediente y ha podido ejercer con total amplitud, su constitucional derecho a la defensa, siendo evidente que no se han producido -situaciones en que se hayan visto conculcadas las garantias constitucionales que asisten a todo ciudadano sometido a un-procedimiento administrativo sancionatorio. Por lo antes expresado, quien suscribe, considera que el pedimento del indiciado respecto a la solicitud de los documentos faltantes es inoficioso, toda vez "que la sustanciación del presente expediente reúne los documentos necesarios para establecer la verdad de los hechos investigados, razón por la que se desestima por improcedente este alegato. Así se declara. Con relación al punto identificado 2.4) del escrito de defensa, en el cual el consagra el derecho a la presunción de inocencia, toda vez que, luego de dictado el auto que ordenó la apertura del procedimiento, se procedió a citar a su representado en calidad e e e e e n se e n Contraloría General de la República, sin que la otrora Dvección de Averiguaciones Administrativas llamará a declarar a alguna persona. En relación al argumento antes referido, quien decide, estima necesario hacer las siguientes consideraciones: Toda Averiguación administrativa supone, por parte del órgano contralor, la delimitación de los sujetos que serán investigados, situación que Implica la Indvidualización de la potestad sancionadora frente a determinados sujetos que, eventualmente, podrían haber cometido alguna infracción, La afirmación anterior, se manifiesta en el articulo 119 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos investigados, el cual consagrada lo siguiente: "Actiaulo, 11g.- Si en el curso de Is averiguación surgleren Indiclos de responsabilidad contra alguna persona, Ia Contraloria proceder a citar la conforme a lo dispuesto en el articulo 117 de esta ley y le n n n fecha de la citación, en auya oportunidad le tomar dedaracón sin Juramersto. La Contraloría dentro de los seis (6) días sigulentes al acto de n n plasze. No se admitirá ningún recurso contra la dedsión de formular los respectivos cargas. L epaad nu ap uppues ppuduy ay as 'ocecuco ou oeppu p is el articulo 127 de esta ley, sin pejuido de que la averiguaoldn continúe en ausencia y se estampen los carlos en el respectivo epedienta, sin embarga, sempre se dure al interesado un lapso de tres (3) dias háolles pare Justinar su anaststenda cuando la misma ocurra par causa Justificada". (Destacado Canane De conformidad con lo señalado en la disposición supra indicada, se desprende que, dentro del curso de la averiguación administrativa, cuando surjan Indicios de responsabilidad contra alguna persona, la Contraloría procederá a citarta conforme a lo de sepuaqun sauoposip ses e aquel eno po- uapn zu orore un osansp Código de Procedimiento Cvii- ordenándole su comparecencia dentro de los diez (10) días continuos siguientes a la fecha de la citación, en cuya oportunidad se le tomará dedaracón sun juramento. Continúa establedendo la norma, que dentro de ios seis (6) dias siguientes al acto de comparecencia, la Contraloría valorará ta declaración del indiciado y de considerarlo procedente, le formulará los cargos al término de dicho plazo. En el presente caso, a través del ofico N° 08-012-847 de fecha 28 de julio de 2003 (folio 305), la otrora Dirección de Averiguaciones Administrativas de esbe organismo contralor, procedió a Otar al dudadano FAVIO MANUEL QUIADA SALDO, de conformidad con el artículo 119 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, a objeto de rendir dedaración relacionada con la averiguadón administrativa signada con el No 08-01-07-01-095, que se adelantó por presuntas irregularidades ocurridas en la Fundación para el Desarrollo de la Economia Social del Estado Sucre (FUNDEs) durante el periodo durante el cual el cudadano antes mencionado se desempeño como Presidente del referido ente, En virtud de dicha la Declaración Sin Juramento, se permitió al indiciado hacer exposiciones espontáneas y se le formularon los interrogantes tendientes al (folios 307 al 310) en la cual además se le advirtió que debía comparecer dentro de los seis (6) días siguientes a objeto de conocer la valoración que se hidere de su dedaradón. Transcurido dicho lapso, se procedió en fecha 19 de agosto de 2003 a formularle cargos, contra los cuales presentó, en tiempo hábil el respectivo escnto de defensa, objeto del presente análisis. En consecuencia, este órgano de control fiscal actúo ajustado a lo establecido en el Titulo IV de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos investigados, aplicable por mandato del artículo 117 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Naclonal de Control FIscal, por lo que al Considerar al Ciudadano FAVIO MANuEL QUIJADA SALDO como indiciado en la presente averiguación administrativa, no vulneró el Princpio Constitucional de Presunción de Inocencia, contenido en el articulo 49, numeral 2 de la Constrtución de la República Bolivariana de Venezuela, basado en la máxima de que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, toda vez que de la revisión de los autos cursantes al expediente, se evidenda daramente que el indiciado ha tenido en todo momento el tratamiento de "presunto responsable" de hechos "presuntamente" irregulares, sin que durante la sustanciación del procedimiento, se haya asegurado ni afirmado su definitiva participación en los hechos investigados, además, el procedimiento que lleva en curso la Administración, en ningún momento ha considerado al accionante como responsable en lo administrativo, más aún cuando éste no ha concluido y se han respetado sus derechos a la defensa y la debido proceso, tal como consta en el Acta de fecha 19 de agosto de 2003 mediante la cual se formuló cargos dándole el tratamiento de presunto responsable. En consecuencia, no existiendo evidencia en autos en la que se haya emitido pronunciamiento -previo a la presente decisión- respecto a la responsabilidad definitiva del indiciado, se desestima el alegato esgrimido, relativo a la violación de su derecho a la presunción de inocencia. Asi se dedara. En cuanto a lo alegado por el representante legal del Indiciado en su escrito de defensa, relacionado a que la para entonces Dirección de Averiguaciones Administrativas púes no toma en cuenta el factor intencionalidad, requisito Indispensable para declarar la culpabilidad del presunto infractor, quien decide, observa que los ilícitos administrativos que nos atañen poseen una naturaleza especial pues, se perfecclonan desde el momento en que la irregularidad ocurre, independientemente de la intención del agente o sujeto pasible de la norma y del perjuicio causado. En efecto, el supuesto fáctico es tajante al no contemplar términos que permitan interpretar que el perfeccionamiento del Ilícito y por lo tanto, la debeminación de la responsabilidad administrativa, requiera de la demostración página original (tal como se publicó) [Página 41] de la inbencionalidad del sujeto a quien va dirigida la norma. Por lo tanto, para que se considere consumado cada uno de los Ioltos administrativos bajo examen, esta con que se verifique la relación de causalidad entre el hecho irregular y el autor del mismo, tal y como se desprende en el presente caso de los documentos indicados en el Acta de Formulación de Cargos de fecha 19 de agosto de 2003 (follos 327 al 330). Slendo elo así y en virtud del carácter objetivo de la responsablidad administrativa, las crcunstanclas referidas al elemento intancionel no pueden ser consideradas a los fines de su determinación, no obstante, si pueden apreciarse en la oportunidad de la Imposición de la eventual sención de multa que pudlera derivarse del presente procedimiento, razón por la cuai se desestima por Improcadente este alegato. Así se declare. En cuanto al punto identificado 4.1), relacionado con la reproducción del valor e n as e ne n p e os Presidente, tenía autorización por parte del Consejo Directivo de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Soclal del Estado Sucre (FUnpes) de realizar todos los actos que excedieran de la simple administración, los cuales fueron señalados en el auto de apertura de la presente averiguación administrativa como supuestos generadores de e n e sn n rn e n e Saivaguarda del Patrimonio Público, Vgente para el momento de ocurrencia de los hechos Investigados, quien decide, ratifica las consideraciones señaladas en ésta decisión vinculadas con la valoración de dicho escrito y sus recaudos. Así se dedara. Con relación a la Impugnación planteada en el escrito de descargos contra el Informe denominado Actuadión Fiscal Pracicada en la Fundadión para el Desarrollo de la Economía Soclal del Estado Sucre (FUnDES) quien decide, estima conveniente destacar el valor probatorio de los documentos contentivos de resultados de actuaciones llevadas a cabo por el órgano de control fiscal, como producto del ejercidio de sus potestades de policía administrativa y en concreto, de la actividad de fiscalización e investigado que éstos desarrollan en estricto cumplimiento de las normas legales aplicables a la matería. En este sentido, se estima a nivel de doctrina, que cuando un órgano de control fiscal documenta su actividad a través de los dichos y de los funcionarios públicos competentes para ello, genera un documento público administrativo y como tal, constituye Es por ello que se considera, que las actas fiscales son documentos públicos competentes y que a su vez, se fundamenta en el principio general de documentación de las actos administrativos y en particular, en el principio de documentadlón de la actividad fiscalizadora de la administración. Siendo así, tales documentos gozan de la naturaleza juridica en cuanto prueba documental de documentos auténticos, entendiendo por tales en sentido amplio aquellos derivados de la actividad de un funcionario público competente para ello, o de particulares legalmente autorizados y que previo cumplimiento de las formalidades legales, se acredita como cierto y positivo, de forma que en lo sucesivo hace fe de los señelamlentos que contiene (fehaciencla en juicio). Aunado a lo anterior, existe el criterio emanado de la Direcdón General de los Servicios Jurídicos de este Organismo Contralor, contenida en el Dictamen N° DGSJ-1-128 de fecha 23 de agosto de 1985, en el cual se expone respecto al valor probatorio de las actas fiscales emanadas de la Contralora General de la República, que no se trata de simples requisitos de forma en la constitución del acto administrativo, sino que por el contrario, constituyen un requisito esencial para la formación de la voluntad de la Administración, toda vez que tiene la triple finalidad de constituir la prueba formal de los hechos que configuran una contravención, hacerios del conocimiento de su autor y permitir establecer la responsablidad por tales hechos. En consecuencia, se estima -con fundamento en los razonamientos precedentemente expuestos- que el Informe de actuación Fscal Practicada en la Fundación para el Desarrollo de la Economia Social del Estado Sucre (FUNDES) está conformado por los dichos de funcionarios competentes y técnicamente calificados, dealgnados por le otrora Dirección de Control de Estados de la Dtrecoión General de Control de Entidades Autónomas, través del ocio Nº 06-0-03-158 de fecha 21 de octubre de 199e, acerca de los hechos y circunstandas de las cuales han tenido percepción directa durante la fase de fiscalización en la referida Fundación y además, con el conocimiento e intervención de los propios interesados, los documentos que contiene tales conclusiones, son actos producidos por la Contraloría en ejercicio de sus atribuciones y en consecuencia, se reputan como documentos públicos que hacen fe de los señalamientos que contiene, teniendo plena fuerza probatoria mientras no sea desvirtuados en debate judicial, tal como lo establecía el artículo 124 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repúbica, vigente para el momento de los hechos irregulares, que disponía: "Atiado 124.-:"Las digencas efectuadas por le Contraloría, Induida la prueba testimonial, dene fuerza probatoria mientras no sean desvirtuadas en el debate Judiclad (..)"(Destacado nuestro) En la actualidad, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, reproduce en su articulo 83, el contenido de la referida norma al disponer que "las diligencias efectuadas por los órganos de control fiscal, incluida la prueba testimonial, tene fuerza probatoria mientras no sean desvirtuadas en debate judicial." De la trascripción de las precedentes disposiciones legales, se observa que el legislador ha cuidado en asignar fuerza probatoria a fos elementos de juicio o probanzas que la Contralonía haya logrado acumular u obtener durante el procedimiento investigativo. Esto tiene gran importancia para los efectos de asignar eficacia a 1a tramitación administrativa de las averiguaciones, ya que de esta manera ellas constituirán un fundamento serio y de valor que necesariamente habrán de ser consideradas y ponderadas en plenitud en las instancias judiciales. Así lo ha afirmado la extinta Corte Suprema de Justica, hoy Tribunal Supremo de Justicia, al señalar que los informes rendidos por la Contralorla General de la República son catalogados como documentos públicos, en cuanto al valor probatorio que debe dárseles en Juicio. En consecuencia, en el caso de autos, el alegato objeto de análisis esgrimido por el apoderado del Cludadano FAVEO MANUIEL QUEJADA SALDO en su escrito de defensa, debe ser desestimado. Así se declara. Respecto a lo señalado por el representante del indiciado en los puntos Identificados 4.3) y 4.4) de su escrito de descargo, relacionados con la impugnación del valor probatorio de los documentos privados cursantes a los folos 80 al 170 del expediente, así como de los documentos que fueron mal certificados por el Presidente de la Fundación para ei Desarrollo de la Economia Soclal del Estado Sucre (FunDES), según el Iiteral K del artículo 10 de los Estatutos de la mencionada fundación, toda vez que dicho literal no lo facultaba para certificar los documentos, pues tal atribución correspondia al Secretario Ejecutivo conjuntamente con el Presidente, quien decide, observa lo sigulente: La certificación administrativa es una declaración que ente el funcionario con competencia para ello, de que las coplas sobre las cuales recaen son una reproducción fehaciente de sus respectivos originales, lo cual supone una labor de confrontación por aquel funcionario, de modo que pueda asumir una responsabilidad por la veracidad de su declaración. En esse sentido y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1.384 del Código Ovil Venezolano, ls certificación debe emanar del funclonaro competente, quién deberá identificarse mediante nombre, Cédula de Identidad y cargo, estampado su firma de manera autógrafa y no por medios mecánicos, así como el sello húmedo de la respectiva dependencia. Ahora bien, es criterlo sostenido por éste máximo órgano de control fiscal que los documentos certificados que se inserten en los expedientes administrativos, deben expresar el nombre y ei cargo del funcionario, quien lo hará de manera autógrafa y no por medios mecánicos. En el caso de que la máxima autoridad del organismo hubiere delegado la firma de documentos en algunos Directores, se hará el señalamiento, con indicación del número y fecha de la Gaceta Oficial en la cual se púbico la referida delegación. En virtud de lo antes expresado, resulta Importante hacer referencia a la competencia atribuida al Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Socdal del Estado Sucre (FUNDES) contenida en el Iiteral K del articuio décimo de los Estatutos de la referida Fundación, modificados según Decreto N° 3.078 de fecha 15 de mayo de 1998, publicado en la Gaceta Oficlal del Estado Sucre Nº 4.041 de esa misma fecha, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos investigados, a saber: "Artípulo Dédag-: El Presidenbe de la Fundadón tendrá las sigulentes ainioudiones: (omisais) • página original (tal como se publicó) [Página 42] K) Suscribir a nombre de la Pumndación codos los actos, contratos, gen n n e A a Pundación que aaf lo requiere"(Destacado nuestro). De la anterior disposidón legal se infiere de manera dara e inequívoca que el. (FUNDES) como mádma autoridad administrativa, estaba facultado para suscribir en nombre de dicha fundación todos los documentos que fueran necesarios para la realización del objeto y desarrollo de actividades de la misma, lo cual representa el ejercicio de una facultad amplia, que Implica la potestad de dar fe sobre el contenido de cualquier documento relacionado con el referido organismo. La afirmación anterior se desprende también del articulo dugdécimo de los mencionados Estatutos, en donde se le otorga al Secretario Ejecutivo entre otras, la facultad para levantar las actas del Consejo Directivo y dal Consejo de Gerencia y dar fe indispensable la certificación del Presidente. Ahora bien, trasladado los requerimientos indicados precedentemente al caso en concreto, tenemos que los documentos cursantes en autos se encuentran certificados por los cudadanos MANUEL PLÁCIDO TAVERA y SIMÓN MENESES, titulares de las Cédulas de Identidad Nros.- V-4.945.635 yV-3.874.47 respectivamente, en su condición de Presidente de la Fundadón para el Desarrollo de la Econamia Social del Estado Sucre (FUNDES) tal y como se evidencia de los Decretos Nros. 2563 de fecha 28 de septiembre de 1998 y 2218 de fecha 09 de agosto de 2000, los cuales realizaron una labor de confrontación con sus originales en ejercicio de la abribudón conferida por los Estatutos de dicha Fundadón, Asimismo se evidencla, que la cartificadión de tales documentos cumple con los extremos Indicados para demostrar su autenticidad. Por tales razones se desestima la pretensión planteada en el sentido señalado. Así se declara. Finalmente, en cuanto a lo expuesto por el representante del Indidado en el punto Identificado 4.6) de su escrito de descargo, relacionado a que no se encuentra agregado al expediente el Informe Definitivo regido por la Dirección de Control de Estados a la Dirección de Averiguaciones Administrativas, quien aquf decide observa, que tal alegato carece de toda fundamentación, toda vez que el Informe referido en el Memorándum No 07-01-1193 de fecha 26 de octubre de 2001 cursa a los follos 4 al 26 del presente, expediente administrativo. Asl se declara. descargo, este órgano decisor se debe pronuncar acerca de las eventual responsablidad Fundación para el Desarrollo de la Economía Sodal del Estado Sucre (FunDEs) y que con su actuar se materlalizó presuntamente los Hícitos administrativos Imputados en el Acta de Formulación de Cargos de fecha 19 de agosto de 2003 (folios 327 al 330). Resulta entonces imperloso demostrar, la relación de causalidad edstente entre el hecho irregular Imputado en el PRIMER CARGO referido a la presunta Contratación de Servicios Publicitarios, por el monto total de Bs. 20.375.000,00, omitiéndose el ejerciclo del control previo al compromiso por parte de la Contralorla Inbema de la Fundación para atribuida al ciUdadanO FAVIO MANUEL QULBADA SALDO, en su condición de Presidente de la referida fundación. En tal sentido, este órgano decisor considera importante resaltar, que durante el ejercidio fiscal auditado, la competencia para ejercer el control previo estaba contemplada en el artículo 16 del Reglamento que Regula el Funcionamiento y la Administración de las Fundaciones, Empresas Estadales, Institutos Autónomos, Consejos Estadales y demás Entes Públicos dependientes del Ejecutivo Regional, que trascrito a la letra es del siguiente tenor: "Acticulo 1E.- Purs los afectos del Control Previa, los Adneinietradores eqe n s ng png s someter previamente a la consideración de la Contreioria Interna, las adgulalciones de Bienes, Servicies y demás Contratos que proyecta cofebrer y que Impliquen Compromieos Financleroe pare el Organisaso. Iguaimente se debe presentar a la Cantraloria Interna pare su revdaidn y conformación, todas las Ordenes de Pogo y Emisión de Cheguas g un beneficlarfo"(Destacado nuestro). De la norma antes transcrita, se pone de manifiesto que los funcionarios competentes pare adquirir véidamente compromisos en las Fundaciones y demás entes sujetos a este Reglamento, tienen la obligación de someter a la Contreloria Interna, la revisión previa de los documentos con ocasión a la adquisición de blenes y servidos o a le elaboración de otros contratos que Impliquean compromisos finenderos para las misme, así como todas las órdenes de pagos y cheques emitidos contra el patrimonio del ents. Al respecto, en el caso bajo examen se evidenció que el Contrato de Servidios Publicitarios suscrito en fecha 22 de enero de 1998, entre la Fundación pars el Desarrollo Social del Estado Sucre (FUNDES), representada por el cudadano FAVIO MAMUEL QUADA SALDo, en su carácter de Presidente de la misma con el cudadano MANUEL ALONSO SUÁREZ, en su carácter de Presidente de la empresa RADIO SUCRE C. A, cursantes a los folios 178 al 186, así como dei les Órdenes de Sarviclo S/Nros de fechas 30-01-98,27-02-98,27-03-98, 01-04-98, 29-05-98 y 16-06-98, por conompto de transmisión de pautas publicitarias de diversos programas y, los cheques N°s 26002292, 32002294 y 39002295 de fechas 20-08-98 y 21-08-98, respectivamente, cursantes a los follos 192 al 217, no fueron presentados para el ejercicio del control previo al compromiso por parte de la Contralorfa Interna de la referida Fundación, razón por la cual ha quedado plenamente evidenciada la relación de causalidad entre el hecho Irregular establecido en el numeral 16 dal artículo 113 de la Ley Orgánica de la Contralora General de ta República, vigente pars el momento de ocurrencia de los hechos Investigados, cuyo carácter de lícito administrativo persiste en la Ley Orgánica de la Contraloríe General de la República y el agente que en él incurrió. Así se declara. Ahora bien, en cuanto al hecho Imputado al indicado en el SEGUnDo CARGO, relacionado con la ordenación de pago por ta cantidad de Bs. 475.000,00, por concepto de servicos por alquiler de un bien inmueble para ser asignado a su persona, en su carácter de Presidente de la Fundación para el Desarrollo Soclal del Estado Sucre (FUnDES), los cuales no fueron contratados, quien decide, estima conveniente realizar algunas consideradones en torno a la figura jurídica de los contratos administrativos, en los sigulente términos: El contrato administrativo, según el autor José Roberto Dormi, (Tratado de Derecho Administrativo, Medrid, 1983), es el "acuerdo dle vofuntadas, ganarador de obligaciones, celebrado entre un órgano del Estado en ejercido de les funciones d n o o ngeuue d n pao a se administrado, para satisfacer finalidades públicas". Asimismo, el citado autor en su obra Institudiones de Derecho Administrativo (Segunda Reimpresión), aduce en cuento a la referida conceptualizadión, que los contratos administrativos constituyen, "(...) un acto de declaración ole voluntad común, productor de efectos Jurídicos, entre un drgano estatal en ejercicio de la función administrativa y un particular u otro ente público estatal o no (.)". En este sentido, es de significar como elemento coincidente en las definiciones precedentemente seflaladas, el hecho de que el órgano estadal o administrativo, como sujeto activo de la relación lo hace siempre en ejerdico de una fundo púbica atribuida expresamente a éste, a diferenda del particular que lo hace siempre y cuando no se encuentre Inhabilitado para tal fin. En este mismo orden de Ideas, conviene aludir los princplos de Derecho que suponen, que desde el punto de vista de Derecho Cull (Principlo de Autonomia de la Voluntad) la capaddad es la regla y la Incapacidad es la excepción y que, a diferencia de éste, en el Derecho Público la capacidad es la excepción y la Incapacidad es la regla. En relación con el primero de los axiomas Indicados, debe entenderse, que el particular debe en n n circunscrito a que el ejercicio de las atribuciones por parte de los funclonarios públicos deben estar legalmente asignadas. Dicho lo anterior, es de significar que a los fines de que un contrato administrativo sea válido, es necesario que los sujetos que en él Intervienen deban manifestar Iibremente su voluntad para celebrarlo, Para que esa manifestación de voluntad sea válida, ha de ser otorgada libre de vicios, debe tratarse de una manifestación de voluntad querida, libre de errores y respecto a la administración, ésta deberá estar representada por un fundionarlo competencia y la capacidad para el particular. En consecuencia, la facultad de contratar en el âmbito de los entes estadales de derecho público, supone una competencia administrativa dada a un funcionario, para que éste en razón de ella represente a un determinado ente público contratante, lo cual Implica que la manifestación de voluntad o el consentimiento emanado de éste, debe ser recogido en el documento contractual de modo expreso, a los fines de dar fe y cerbiza página original (tal como se publicó) [Página 43] acerca de la declaración de voluntad de la administración, lo cual, como blen ha sido mencionado, provlene única y exclusivamente del fundonario que tene la actitud legal para obligarse (competente) y ello es así, pues toda contratación deviene, en un gasto público que cumple con una función encomendada a los fines de satisfacer un servicio público. Se colige que el funcionario púbico competente para suscribir contratos, debe hacerlo garantizando los Intereses de la administración, por ello es indispensable al momento de obligar al ente público de que se trate, el establecimiento claro, inequlvoco y compromete, en virtud de lo cual es necesario la suscripción del respectivo contrato, que a fines de que los mismos sean honrados, previa constatación de la prestación efectiva de los servicios contratados. Aplicado lo expuesto precedentemente al caso bajo análisis tenemos que, el cludadano FAVIO MANUEL QULJADA SALDO en Su Condición de Presidente de la Fundeción para el Desarrollo de la Economía Social del Estado Sucre (FUnDEs) de conformidad con, el Estatuto de dicha fundación, tenía entre otras, las siguientes "Articulo Dédmg-: El Presidente de la Fundación tendrá las sigulentes atribuciones: (om/ssis) k) Suscribir a nombre de la Pundación todos los actos, contratos, convenios y en general toda documentación de la Fundación que ast lo requiera. "(Destacado nuestro) (omissis) De la norma antes transcrita se evidencia como facultad inherente en la persona del Presidente de la referida Fundadón, el suscribir contratos, acto que conlleva necesariamente la capacidad de asumir compromisos y ordenar pagos. Al respecto, cursa a los folios 218 y 219 del expediente, copia certificada del Cheque N° 41001858 del Banco del Orinoco de fecha 17 de noviembre de 1997, suscrito por el ciudadano FAVIO MANUEL QUIIADA SALDO, en su Carácter de de Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Soclal del Estado Sucre (FUNDES) y Recibo de Egreso, suscrito por el cludadano GUSTAVO BERMúDEz, ambos por la cantidad de Bs. 475.000,00, por concepto de cancelación por alquier de inmueble (apartamento para ser asignado al Presidente de la Fundación), no evidenciándose en autos la documentación que debería soportar el mencionado gasto, es decir el contrato de arrendamiento, el cual se ha debido suscribir previamente a la ordenación de dicho pago, por lo que a criterio de quién suscribe, quedó suficientemente demostrado la configuración del supuesto generador de responsabilidad administrativa previsto en el numeral 10 del artículo 113 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 1a República, vigente para el momento de ocurrenda de los hechos Investigados, cuyo carácter de ilícito administrativo persiste en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en su articulo 91, numeral 7 y la responsabilidad del indiciado. Así se declara. Finalmente, en cuanto al hecho imputado al indiciado en el TERCER CARGO, referido a la utización de fondos en finalidades distintas a las previstas, al imputar las adquisiciones de alimentos y bebidas a la partida presupuestarla 4.02.01.01.00 "Alimentos y Bebidas para personas", siendo la partida correcta en razón de la naturaleza del gasto es la 4.03.05.03.00 "Relaciones Sociales", quien suscribe, observa lo siguiente: El Plan Único de Cuentas de Recursos y Egresos, actualmente Clasificador Presupuestario de Ingresos y Egresos, dictado por la Oficna Central de Presupuesto (OCEPRE) hoy Oficina Nacional de Presupuesto (OnAPRE), como clasificador único de ingresos y gastos de uso obligatorio por parte de los órganos ejecutores del presupuesto, según lo previsto en el articulo 10 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, señala que la Sub-partida presupuestaria 4.02.01.01. 00 "Almentos y Bebidas para personas", está referida a "Productos alimenticios y bebidas destinadas al consumo humano, ya sean productos estrictamente agrícolas y pecuarios, manufacturados o no, tales como: refrescos, vinos, cervezas, licores y agua suministrada en botellas. No induye la adquisición de animales vivos que se imputan por la 4.02.01.03.00 "Productos agricolas y pecuarios". Se incluye la adquisición de comidas, debidamente justificadas, que efectúa el organismo para los trabajadores" Asimismo, Indica el mencionado Instrumento que la Partida 4.03.05.03.00, cuyo relacionados con actividades sociales. Servicios de hoteles, restaurantes, agencias de mesoneros, por recepciones, homenajes, agasajos y similares. Comprende la prestación de servicios personales, alquileres de útiles y suministro de bebidas y comidas con dicho fin. En imputarán en la Sub-partida 4.02.01.01.00"Alimentos y bebidas para personas". Aunado a ello, el artículo 57 de la Ley Orgánica del Régimen Presupuestarto del Estado Sucre, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos investigados, señalaba presupuestarios, ni disponer de créditos para una finalidad distinta a la prevista". En el caso que nos ocupa, se observa que la conducta presuntamente Irregular desplegada por el ciudadano FAVIO MANUEL QUIDADA $ALDO, ya Identificado, en su condición de Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Social del Estado Sucre (FunDES), está circunscrita al hecho de haber ordenado pagos por un total de Bs. 1.441.605,00 en finakdades distintas a las previstas, al imputar las adquisiciones de Personas", tal y como consta de los Cheques N°s 260011857, 52001956, 33002086, 37002246, 32002252 y 25002293 de fechas 17-11-97, 13-03-98, 18-05-98, 29-07-98, 30- 07-98 y 21-08-98, por los montos de Bs. 21.000,00; 856.570,00; 110.695,00; 173.140,00; 99.330,00 y 180.870,00; Facturas S/N, S/N, 1701, 6920, 7490, 7425, 7544, S/N, 7875, e CAMPANAZO" y "AREPERA EL TAKO", cursantes a los follos (236 al 298), actuaciones al margen de las cisposiciones legales estableddas en la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, toda vez que dichos pagos por la naturaleza del gasto han debido imputarse a la partida 4.03.05.03.00 "Relaciones Sociales", por lo que a criterio de quién suscribe, quedó suficientemente demostrado la configuración del supuesto generador de responsablidad administrativa previsto en el numeral 12 del artículo 1 13 de la Ley Orgánica de Conbraloría General de la República, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, hoy numeral 22 del artáculo 91 de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fscal y la responsabilidad del indiciado. Así se dedara. Sobre la base del contexto precedentemente expuesto, quien suscribe, Director de la Dirección de Determinación de Responsablidades de la Direccdión General de Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República, RArsprca los cargos formulados al Ciudadano FAVIO MANUEL QUIJADA SALDO, plenamente identificado en autos, contenidos en el acta de fecha 19 de agosto de 2003 (folios 327 al 330). Así se declara.- 111 DISPOSITIVA En ménto de los razonamientos precedentemente expuestos, quien suscribe, Director de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General Procedimlentos Especiales, actuando de conformidad con el artículo 2 numeral 19 de la Resolución Organizativa N° 5 de fecha 23 de diclembre de 2003, emanada de este máximo órgano de control fiscal, publicada en la Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela No 37.881 de fecha 17 de febrero de 2004 y por delegación del ciudadano Contralor General del República, a tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de ta República y del Sistema Naclonal de Control Fiscal, según Resolución No 01-00-035 de fecha 17 de enero de 2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.364 de fecha 24 de enero de 2006, procediendo en atención a la atribución prevista en el artículo 106 de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República y del Sistema Nacionai de Control Fiscal, para dictar las decisiones a que se refiere el artículo 103 de la misma Ley y conforme a lo estableddo en el artículo 117 eiusdem, pasa a emitir los siguientes pronundamientos: PRIMERQ: Se declara la Responsabilidad Administrativa del cludadano FAVgo MAnUEL QUIJADA SALDO, ttular de la Cédula de Identidad N° V-1.504.000, de nadonalidad venezolana, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión Docente, domioilado en El Muco, El Rosario, Calle Los Muchachos, S/no, Carúpano, Estado Sucre, en su condición de Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Social del Estado Sucre e e nn e e n a e n de agosto de 2003 (folios 327 al 330). Contraioría General de la Repúbica y del Sistema Nacional de Control Aiscal, en concordancia con el articulo 121 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos irregulares, aplicable por mandato legal del articulo 117 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Irretroactividad de la Ley contenido en el artículo 44 de la Constitución de la República de Venezuela vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos, actualmente articulo 24 de la Constitución de la República Bclivanana de Venezuela, quien suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de ia Repúbica y por aplicación analógica del artículo 37 del Código Penal y habiéndose página original (tal como se publicó) [Página 44] considerado y compensado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal, la circunstancia agravante contenida en el literal "b" y la circunstancia atenuante prevista en el numeral 1, ambas contenidas en el articulo 66 del Reglamento de la Ley Orgánca de la Contraloría General de la República, referidas a la condición de funcionario público del declarado responsable y el no haber incurrido el mismo en faita que amerite la imposición de multa durante los tres (3) años anterlores a aquél en que se cometió la infracción y de conformidad con el articulo 1 de 1a Ley que Establece el Factor de Cálculo de Contribuciones, Garantías, Sanciones, Beneficios Procesales o de otra Naturaleza en Leyes Vigentes (Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.362 de fecha 26 de diciembre de 1997) que sustituye al salario mínimo como factor de calculo de sanciones por el valor equivalente en bollvares a tres (3) unidades tributarias (UT), vigente para el momento en que ocurrieron los hechos irregulares AcuERDA imponer multa al cludadano FAVIO MANUEL QUIJADA SALDO, en su condición de Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Social del estado Sucre (FUnDES), por la cantidad de NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 907.200,00), equiValente a NOVECIENTOS SIETE BOLÍVARES FUERTES CON VEINTE CÉnTIMOs (Bs.F. 907,20) en razón de la entidad de los hechos irregulares y BOLÍVARES (Bs.5.400) equiValente a QUINIENTOS CUARENTA BOLÍVARES FUERTES (Bs.F. 540), vigente para el ejercicio fiscal 1997, según Providencia N° 171 de fecha 04 de junio 1997, emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), publicada en la Gaceta Ofcial de la República de Venezuela N° 36.220 de fecha 04 de junio de 1997, cantidad ésta que equivale a 168 UT (56 salarios minimos). IERCERQ: Se advierte al CludadanO FAVIO MANUEL QUIJADA SALDO, antes identificado, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repúbica y del Sistema Nacional de Control Fiscal, podrá interponer contra la presente declaratoria de responsabilidad administrativa, el correspondiente Recurso de Reconsideración ante quien suscribe, dentro de un lapso de quince (15) días hábiles, más seis (6) dias que se le conceden como término de distancia, contado a partir de la fecha de notificación del presente auto decisorio, o podrá interponer Recurso de Nulidad por ante el Tribunal Supremo de Justida, dentro del lapso de sels (6) meses, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente auto decisorio o del auto que decida el Recurso de Reconsideración, de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal. CuARTo: En razón de los principios de Ejecutividad y Ejecutoriedad de los actos administrativos, se ordena la aplicación y formalización de la multa impuesta en el presente auto decisorio. ougno: Noufiquese al interesado y remítase a los efectos legales consiguientes, un ejemplar de la presente decisión a la Gobernación del Estado Sucre, a la Dirección General de Coordinación y Seguimlento, adscnta al Despacho del Vice-Ministro de Planificación Social e Institucional del Ministerio del Podes Popular de la Planificación y Finanzas y a la Dirección de Control de Estados de este organismo contralor. SExTO; Publiquese la presente decisión en la Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el articulo 62 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República, Cúmplase, ALECANDER PÉREZ ABBEUL Director de Determinación de Responsabilld REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Caracas, 23 de diciembre de 2010 Mediante escrito consignado en fecha 18 de noviembre de 2010, el CiudadanO FAVIO MANUEL QUIJADA SALDO, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° 1.504.000, actuando en su propio nombre, interpuso recurso de reconsideración contra la decisión de fecha 24 de septiembre de 2010, mediante la cual, quien suscribe, en su condición de Director de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General Procedimientos Especiales de esta Contraloría General de la República, actuando en virtud de la delegación conferida por el ciudadano Contralor General de la República, mediante Resolución N° 01-00-035 de fecha 17 de enero de 2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela N° 38.364 del 24 del mismo mes y año, dedaró la responsabilidad administrativa del precitado ciudadano en su condición de Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Social del Estado Sucre (FUnDES), por los hechos irregulares ocurridos durante el año 1997 y el lapso comprendido entre los meses de enero a agosto de 1998, relacionados con la contratación de Servicios Publicitarios a favor de la Compañía Radio Sucre C.A., omitiéndose el control previo al compromiso por parte de la Contraloría Interna de la referida Fundación, así como la ordenación de pagos por concepto de alquiler de un inmueble para ser asignado a su persona, los cuales no fueron contratados y finalmente la disposición de fondos en finalidades distintas a las previstas legalmente. EL ACTO IMPUGNADO A los efectos de establecer la responsabilidad, este Órgano Contralor sostuvo que el recurrente contrató a través de las Órdenes de Servicio sin número de fechas 30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 01 de abril 29 de mayo y 19 de junio de 1998, a favor de la Compañía Radio Sucre C.A., por un monto de Bs. 20.375.000,00, equivalente a Bs. 20.375,00, omitiéndose el ejercicio del control previo al compromiso por parte de la Contraloría Interna de la referida Fundación, conforme a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento que regula el Funcionamiento y la Administración de las Fundaciones, Empresas Estadales, Institutos Autónomos, Consejos Estadales dependientes del Ejecutivo Regional y demás Entes Públicos. Asimismo, se imputó al recurrente haber ordenado a través de! cheque N° 41001858 del banco del Orinoco, por la cantidad de Bs. 475.000,00, equivalente a Bs. 475,00, por concepto de servicio correspondiente al alquiler de un bien Inmueble, para ser asignado su persona como Presidente de dicha Fundación, los cuales no fueron contratados. Finalmente, se le imputó haber dispuesto en finalidades distintas a las previstas legalmente los fondos provenientes del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 1997 y del lapso comprendido entre los meses de enero a agosto de 1998, por un monto total de Bs. 1.441.605,00, al imputar las adquisiciones de alimentos y bebidas a la partida presupuestaria 4.02.01.01.00 "Alimentos y Bebidas para Personas" siendo la partida correcta página original (tal como se publicó) [Página 45] en razón de la naturaleza del gasto la 4.03.05.03.00 "Relaciones Sociales" de conformidad con el Plan Único de Cuentas elaborado por la Oficina Central de Presupuesto para el año 1998, contraviniéndose el artículo 57 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario del Estado Sucre. Las conductas descritas fueron consideradas por este órgano administrativo como causales de responsabilidad administrativa de conformidad con lo dispuesto en los numerales 10, 12, 16 del artículo 113 de la derogada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para la época de la ocurrencia de los hechos, cuyo contenido se mantiene en los numerales 7, 9 y 22 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, razón por la cual se declaró la responsabilidad administrativa e impuso multa, por la cantidad de Bs. 907.200,00 equivalente a Bs.F. 907,20. FUNDAMENTOS DEL RECURSO El recurrente luego de narrar los antecedentes del caso solicita la reconsideración del acto a que se alude en el encabezamiento de la presente decisión sobre la base de los planteamientos siguientes: Señala, que el Máximo Órgano de Control Fiscal de la República no puede aplicarle retroactivamente la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal a los solos fines de interrumpir la prescripción para imputable los ilícitos administrados antes señalados. Agrega, que no sólo se viola el principio de irretroactividad de la ley sino los criterios vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia referidos a la irretroactividad de los criterios jurisprudenciales establecidos en el artículo 335 de la Constitución los cuales se extienden a los órganos y entes que conforman el Poder Público en Venezuela. En este orden de argumentación, indica que este Órgano Contralor, para justificar la interrupción de la prescripción, mal puede basar su acto administrativo en dos criterios jurisprudenciales de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, cuando los hechos que se le imputan ocurrieron durante el ejercicio fiscal 1997 y el lapso comprendido entre los meses de enero a agosto de 1998, períodos en los cuales ocupó el cargo de Presidente de (FUNDES). Agrega, que se Incurrió en un error al interpretar la decisión de la referida Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia al aplicar la analogía para verificar el cumplimiento del lapso de prescripción, lo cual por razones de seguridad jurídica le resulta inaplicable en materia sancionatoria. Asimismo, sostiene que este Organismo no puede con base en el derecho vigente, interrumpir la prescripción aduciendo que en fecha 21 de diciembre de 2001, se inició la averiguación administrativa con el auto de apertura y que en fecha 19 de agosto de 2003, se formularon los cargos, pues señala que en el caso de marras se configuró el vicio de la invalidez sobrevenida, el cual se aplica a los supuestos en los que un acto inicialmente válido se convierte en contrario a derecho por circunstancias posteriores a su promulgación, en consecuencia estima el recurrente que el acto impugnado debe ser declarado nulo de acuerdo a lo previsto en los artículos 19 y 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y 25 del Texto Constitucional. Por otra parte, denuncia que esta Dirección. de Determinación de Responsabilidades cercenó flagrantemente el principio de celeridad y eficacia, debido al retardo injustificado de 19 meses que mediaron entre el auto de apertura y la citación, violando igualmente el principio de legalidad al haber aplicado normas y criterios jurisprudenciales en forma retroactiva, con la única finalidad de subsanar la omisión de este Órgano y considerar que se había verificado la interrupción de la_ prescripción de las acciones administrativas sancionatorias. En este sentido sostiene que el cumplimiento de los principios de oficiosidad y el de la verdad material no justifica el retardo en el procedimiento administrativo. En otro orden de ideas, aduce que durante el lapso que ejerció el cargo de Presidente de FUNDES, cuya sede estaba ubicada en la ciudad de Cumaná, la Gobernación del Estado Sucre a través de Punto de Cuenta de fecha 15 de noviembre de 1997, autorizó el pago inicial por concepto de arrendamiento de inmuebles por la cantidad de Bs. 475.000,00, equivalente a Bs. 475,00, cuyos cánones mensuales continuó pagando con su propio peculio a través de contrato verbal que celebró con el propietario del inmueble, según se desprende de anexo que acompañó a su recurso marcado con la letra "A". Agrega, que el referido contrato se regía por normas de derecho privado, su naturaleza es civil y en forma alguna debe considerase como un contrato administrativo, toda vez que dicho contrato fue celebrado entre el particular propietario del inmueble y su persona; y no cumple con ninguno de los criterios jurisprudenciales que definen al contrato administrativo, en puede imputársele ilícito consecuencia estima que no administrativo alguno. página original (tal como se publicó) [Página 46] Finalmente, señala que es totalmente Infundada la imputación relacionada con los gastos de alimentación del personal de FUNDEs y su persona, generados por haber laborado horas extras y en días no laborados, dado que dichos gastos se ocasionaron por motivos vinculados con el ejercicio de funciones públicas, los cuales estaban establecidos en la normativa correspondiente y fueron autorizados por el Gobernador del Estado,según se desprende detanexo identificado en su recurso con la letra "B". ANÁLISIS DEL ASUNTO Una vez examinado el expediente, y vistos los alegatos expuestos por el recurrente, quien suscribe, pasa a decidir en los términos siguientes: En lo que atañe al alegato relativo a que el acto Impugnado está viciado de nulidad por haberse fundamentado la declaratoria de responsabilidad administrativa en su contra, en la aplicación retroactiva de la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal a los fines de interrumpir la prescripción de los ilícitos administrados imputados, cabe destacar que ha sido criterio reiterado de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que el principio de irretroactividad de la Ley consagrado en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está referido a la prohibición de aplicar una normativa nueva a situaciones de hecho nacidas con anterioridad a su vigencia, de forma que la disposición novedosa resulta ineficaz para regular situaciones fácticas consolidadas en el pasado, permitiéndose la retroactividad de la norma sólo como defensa o garantía de la libertad del ciudadano o en aquellos casos en que la modificación de la pena seal a menor. Esta concepción permite conectar el aludido principio con otros de similar jerarquía, como el de la seguridad jurídica, entendida como la confianza y predictibilidad que los administrados pueden tener en la observancia y respeto de las situaciones derivadas de la aplicación del Ordenamiento Jurídico. De modo tal, que la previsión del principio de irretroactividad de la ley se traduce, al final, en la interdicción de la arbitrariedad en que pudieran Incurrir los entes u órganos encargados de la aplicación de aquella (vid. sentencia de la referida Sala No° 00900, de fecha 4 de abril de 2006). Aplicando estos razonamientos al caso de autos, es evidente el error en que incurre el recurrente al afirmar que el acto recurrido aplicó retroactivamente Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, pues este Organismo en el acto impugnado arribó a la conclusión de que en ei presente procedimiento no se había consumado ia prescripción alegada por el recurrente, luego de señalar que bajo la derogada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.017 Extraordinario de fecha 13 de diciembre de 1995), aplicable ratione temporis, la prescripción se regía por lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público (Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 3.777 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 1982), que hacía remisión expresa al Código Penal, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos. En efecto, quien suscribe previo al análisis de la figura de la prescripción conforme a las citadas normas y a los criterios jurisprudenciales de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los cuales fueron interpretados correctamente y se dan por reproducidos en esta oportunidad, sostuvo que en el presente caso, la misma fue interrumpida en la oportunidad en que le fue formulado cargo al recurrente en su condición de Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Social del Estado Sucre (FUNDES), es decir, en fecha 19 de agosto de 2003 (folios 327 al 330) debiéndose contar, a los efectos de la prescripción, cinco (5) años más la mitad del mismo, es decir dos (2) años y seis (6) meses, por la aplicación supletoria de la norma contenida en el artículo 110 del Código Penal, vigente para el momento de ocurrencia del hecho y por cuanto a la fecha había transcurrido un lapso de siete (7) años, un (1) mes y cinco (5) días, lo que representa un período de tiempo menor a lapso de prescripción establecido en la Ley. Con base en las anteriores consideraciones, se desecha la denuncia de nulidad esgrimida por el recurrente. Así se declara. En cuanto a la supuesta violación del principio de celeridad y eficacia por parte de este Organismo Contralor, debido al retardo injustificado de 19 meses, que mediaron entre el auto de apertura y la citación, resulta necesario reiterar en que un procedimiento administrativo que ha excedido los lapsos legalmente establecidos, no adolece de vicio que comporte su. nulidad, cuando en el mismo se han cumplido todas y cada una de las fases procedimentales y se ha garantizado a los interesados, el pleno ejercicio de sus derechos constitucionales. Sobre este particular, es conteste la doctrina y jurisprudencia patria, al afirmar que la falta de la estricta observancia de los lapsos y trámites sólo puede originar la nulidad de los actos administrativos, cuando con ello se ha causado indefensión; pues el vicio de procedimiento que en propiedad puede dar lugar a la nulidad del acto administrativo, es el de la prescindencia total y absoluta de procedimiento, toda vez que se vulnera la garantía constitucional del debido proceso y en consecuencia, del derecho a la defensa y eno constituye página original (tal como se publicó) [Página 47] indudablemente un grave perjuicio en la esfera jurídica del particular destinatario del acto, que evidentemente acarrea su nulidad. (Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, Sentencia N° 01383 de fecha 01 de agosto de 2007). Por las razones que anteceden, dado que en el presente caso no ha habido prescindencia del procedimiento de averiguación administrativa que pudiera originar su nulidad; y no habiéndose causado indefensión alguna al recurrente, tal como fue suficientemente analizado en el acto recurrido, quien suscribe procede a desestimar el alegato en. estudio. Así se declara. En relación al argumento según el cual la Gobernación del Estado Sucre a través de Punto de Cuenta de fecha 15 de noviembre de 1997, autorizó el pago inicial por concepto de arrendamiento de inmuebles por la cantidad de Bs. 475.000,00, equivalente a Bs. 475,00, según se desprende del anexo que acompañó a su recurso marcado con la letra "A", es de destacar que cursa a los folios 218 y 219 del expediente, copia certificada del Cheque Nº 41001858 del Banco del Orinoco de fecha 17 de noviembre de 1997, suscrito por el ciudadano FAVIo MANUEL QUIJADA SALDO, en su carácter de Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Social del Estado Sucre (FUNDES) y Recibo de Egreso, suscrito por el ciudadano GUSTAVO BERMÚDEZ, ambos por la cantidad de Bs. 475.000,00, por concepto de cancelación por alquiler de inmueble (apartamento para ser asignado al Presidente de la Fundación), no evidenciándose en autos la documentación que debería soportar el mencionado gasto, es decir el contrato de arrendamiento, el cual se ha debido suscribir previamente a la ordenación de dicho pago, por lo que quedó suficientemente demostrado la configuración del supuesto generador de responsabilidad administrativa previsto en el numeral 10 del artículo 113 de la Ley Orgánica de la Contratoría General de la República, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos investigados, cuyo carácter de ilícito administrativo persiste en la Ley Orgánica de la Contraloría General de ta República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en su artículo 91, numeral 7 y la responsabilidad del indiciado. En consecuencia resulta irrelevante la autorización del pago inicial por concepto de arrendamiento de inmuebles por la cantidad de Bs. 475.000,00, equivalente a Bs. 475,00, por parte de la Gobernación del Estado Sucre a los fines de soportar el referido gasto. Así se declara. Finalmente, en lo que respecta a que le resulta infundada la imputación relacionada con los gastos de alimentación del personal de FUNDES, dado que dichos gastos se ocasionaron por motivos vinculados con el ejercicio de funciones públicas, los cuales estaban establecidos en la normativa correspondiente y fueron autorizados por el Gobernador del Estado, resulta necesarlo reiterar que el Plan Único de Cuentas de Recursos y Egresos, actualmente Clasificador Presupuestario de Ingresos y Egresos, dictado por la Oficina Central de Presupuesto (OCEPRE) hoy Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), como clasificador único de ingresos y gastos de uso obligatorio por parte de los órganos ejecutores del presupuesto, según lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, establece que la Sub-partida presupuestaria 4.02.01.01. 00 "Alimentos y Bebidas para personas", está referida a "Productos alimenticios y bebidas destinadas al consumo humano, ya sean productos estrictamente agrícolas y pecuarios, manufacturados o no, tales como: refrescos, vinos, cervezas, licores y agua suministrada en botellas. No incluye la adquisición de animales vivos que se imputan por la 4.02.01.03.00 "Productos agrícolas y pecuarios". Se incluye la adquisición de comidas, debidamente justificadas, que efectúa el organismo para los trabajadores" Asimismo, indica el mencionado instrumento que la Partida 4.03.05.03.00, cuyo concepto obedece a "Relaciones Sociales", comprende "Servicios prestados por particulares relacionados con actividades sociales. Servicios de hoteles, restaurantes, agencias de mesoneros, por recepciones,;-homenajes, agasajos y similares. Comprende la prestación de servicios personales, alquileres de útiles y suministro de bebidas y comidas con dicho fin. En el caso en el que los alimentos y bebidas sean adquiridos directamente por el organismo se imputarán en la Sub-partida 4.02.01.01.00″Alimentos y bebidas para personas". Aunado a ello, el artículo 57 de la Ley Orgánica del Régimen Presupuestario del Estado Sucre, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos investigados, señalaba que: "No se podrá adquirir compromisos para los cuales no existan créditos presupuestarios, ni disponer de créditos para una finalidad distinta a la prevista". Ahora bien, en el caso que nos ocupa, tal como se precisó en la decisión recurrida la conducta desplegada por el ciudadano FAVIO MANUEL QUIJADA SALDO, ya Identificado, en su condición de Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Economía Social del Estado Sucre (FUNDES), está circunscrita, entre otros, al hecho de haber ordenado pagos por un total de Bs. 1.441.605,00 en finalidades distintas a las previstas, ai imputar las adquisiciones de alimentos y bebidas a la partida presupuestaria 4.02.01.01.00 "Alimentos y Bebidas para Personas", tal y como consta de los Cheques Nros 260011857, 52001956, 33002086, 37002246, 32002252 y 25002293 de fechas 17-11-97, 13-03-98, 18-05-98, 29-07-98, 30-07-98 y 21- página original (tal como se publicó) [Página 48] DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXXXVIII — MES IV Número 39.602 Caracas, miércoles 26 de enero de 2011 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas- Vencuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oflcial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve / http:/Amprenta.gotdns.org Esta Gaceta contiene 48 Págs. costo equivalente a 19,65 % valor Unidad Tributaria DE VENEZUELA. ArtiCulo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario: y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único. Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial. Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán Ios actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo Nacional. Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos. El SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y .GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Mimistros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados. 08-98, por los montos de Bs. 21.000,00; 856.570,00; 110.695,00; 173.140,00; 99.330,00 y 180.870,00; Facturas S/N, S/N, 1701, 6920, 7490, 7425, 7544, S/N, 7875, 8039, 8345, 8409, 9656 y S/N a favor de los establecimientos "EL COLMAO", "EL CAMPANAZO" y "AREPERA EL TAKO", cursantes a los folios (236 al 298), actuaciones.al margen de las disposiciones legales establecidas en la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, toda vez que dichos pagos por la naturaleza del gasto han debido imputarse a la partida 4.03.05.03.00 "Relaciones Sociales", por lo que independientemente de que dichos gastos se ocasionaron por motivos vinculados con el ejercicio de funciones públicas y fueron autorizados por el Gobernador del Estado, quedó suficientemente demostrado la configuración del supuesto generador de responsabilidad administrativa previsto en el numeral 12 del artículo 113 de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, hoy numeral 22 del artículo 91 de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Ccntrol Fiscal, por tanto con fundamento en lo expuesto resulta forzoso desestimar el alegato bajo análisis. Así se declara. DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de reconsideración interpuesto por el Ciudadano FAVIO MANUEL QUIJADA SALDO, identificadO en el encabezamiento de esta decisión y, en consecuencia, SE CONFIRMA el acto administrativo de fecha 24 de septiembre de 2010, mediante el cual, quien suscribe en su condición de Director de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General Procedimientos Especiales de esta Contraloría General de la República, actuando en virtud de la delegación conferida por el ciudadano Contralor General de la República, mediante Resolución N° 01-00-035 de fecha 17 de enero de 2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.364 del 24 del mismo mes y año, declaró la responsabilidad administrativa e impuso multa al recurrente por la cantidad de Bs. 907.200,00 equivalente a Bs. 907,20. Notifíquese al interesado la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y adviértasele que contra la misma podrá ejercer el recurso de nulidad por ante el Tribunal Supremo de Justicia en el término de ciento ochenta (180) días continuos a la fecha de notificación del presente acto, según lo previsto en los artículos 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Remítase copia de esta decisión a los mismos entes indicados en el acto recurrido. NAS PÉREZ ABREU ión de Responsabilidades página original (tal como se publicó)