[Página 1] GACETA A OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO CXXXVIII—MES IV Caracas, jueves 13 de enero de 2011 SUMARIO Presidencia de la República Decreto N° 7.994, mediante el cual se nombra Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria de la República Bolivariana de Venezuela a la ciudadana Marlene Yadira Córdovà. Ministerlo del Poder Popular para Relaciones Interlores y Justicia Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Marly Astrid Zambrano de Pinto, Notaria Pública de Puerto Ayacucho, estado Amazonas. Ministerlo del Poder Popular de Planificación y Finanzas Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Claudia Patricia Díaz Guillén, Subtesorera Nacional de la Oficina Nacional del Tesoro. SUDEBAN Resolución mediante la cual se corrige por eror material la Resolución N° 438.10, de fecha 17 de agosto de 2010. SENIAT Providencia mediante la cual se designa al ciudadano David Ramón López Orellana, como Jefe del Sector de Tributos Intemos Mérida, de la Gerencia Regional de Tributos Intemos de la Región los Andes, en calidad de Titular. Superintendencia Nacional de Valores Resoluciones por las cuales se autoriza a Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA), para actuar en el mercado de valorescomo emisor de obligaciones y obligaciones en canje, por los montos que en ellas se indican, de conformidad con lo aprobado por la Junta Directiva de la citada sociedad. Resolución por la cual se autoriza la oferta pública de Obligaciones Quirografarias al Portador no convertibles en acciones, hasta por el monto que en ella se señala, Emisión 2010, de la sociedad mercantil Toyota Services de Venezuela, C.A. Superintendencia de la Actividad Aseguradora Decisión mediante la cual se sanciona a la empresa C.A. de Seguros Ávila, con multa por la cantidad que en ella se especifica, al haber incurrido en retardo en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales frente a la sociedad mercantil Auto Parts MV Brothers, C.A. BCV Convenio Cambiario mediante el cual serán liquidadas al tipo de cambio de dos bolívares con sesenta cántimos (Bs. 2,60) por dólar de los Estados Unidos de América, las operaciones de venta de divisas correspondientes a las autorizaciones de liquidación de divisas aprobadas por la Comisión de Administración de Divisas (CADivI) para los conceptos a que se contraen los literales que en ella se mencionan, del articulo 1 del Convenio Cambiario N° 14 del 8 de enero de 2010, así como los artículos 3 del Convenlo Cambiario N° 15 del 19 de enero de 2010 y 1 del Convenlo Cambiario N° 17 del 15 de abril de 2010, enviadas por dicha Comisión al Banco Central de Venezuela y recibidas por éste el 31 de diciembre de 2010, vigentes hasta la fecha, y cuya liquidación no hubiere sido solicitada al Ente Emisor por parte del operador cambiario respectivo a la fecha antes indicada. Número 39.593 Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras CIARA Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Arminda Pastora Sosa Mesa, como Directora de la Oficina de Planificación y Proyectos de esta Fundación. Ministerlo del Poder Popular para la Educación Universitarla Resolución por la cual se designa al Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación de Medicina Integral Comunitaria, el cual quedará conformado por las representaciones que en ella se señalan. Resolución mediante la cual se reconoce los estudios conducentes al Título de Bibliotecología y Ciencias de la Información, conferido por la Universidad de La Habana, en la ciudad de La Habana, República de Cuba, a los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan. Ministerio del Poder Popuiar para el Ambiente Resolución por la cual se corrige por eror matenal la Resolución N° 0000001, de fecha 03 de enero de 2011. Ministerlo del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias INAPYMI Providencia mediante la cual se modifica parcialmente la Providencia N° 01-2010, de fecha diecisiete (17) de mayo de 2010, en los términos que en ella se indican. Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social Resoluciones mediante las cuales se otorga la Jubilación Especial a las ciudadanas y al ciudadano que en ellas se mencionan. INASS Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones Permanente de este Instituto, conformada por los miembros principales y suplentes que en ella se señalan. Ministerio del Poder Popular para el Deporte Resolución por la cual se designa al ciudadano Luis Alberto Brando Urbina, cormo Director General de la Oficina de Administración y Finanzas, de este Ministerio. Comisión de Funclonamiento y Reestructuración del Sistema Judicial Sentencias dictadas por esta Comisión.-(Drs. José Delfín Carillo García, María Natividad Olivier Villafañe y José Alberto Zambrano García). Ministerio Público Resolución mediante la cual se revoca la creación de la Fiscalía Octogésima Cuarta del Ministerlo Público a Nivel Nacional, con competencia en materia Contra las Drogas, con sede en la ciudad de Barquisimeto, adscrita a la Dirección Contra las Drogas. Contraloría General de la República Resoluciones mediante las cuales se ratifica la medida de Intervención de las Contralorías Municipales que en ellas se mencionan, y se ratifica a las ciudadanas que en ellas se señalan en condición de Contraloras Interventoras de esos Municipios, en los términos que en ellas se indican. Avisos página original (tal como se publicó) [Página 2] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 7.994 13 de enero de 2011 HUGOCHAVEZ FRIAS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y dal colectivo, por mandato del pueblo, y en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 3 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en concordancia con lo establecido en los artículos 4º y 20 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. DECRETO Artículo Único. Nombro Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria de la Repúbllca Bolivariana de Venezuela a la Ciudadana MARLENE YADIRA CORDOVA, titular de la cédula de Identidad N° V-4.581.205, con las competendas Inherentes al referido cargo de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Dado en Caracas, a los trece días del mes de enero de dos mil once. Años 200 de la Independenda, 151° de la Federación y 11° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L..S.) HUGO CHAVEZ FRIAS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DEVENEZURLA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA DESPACHO DEL MINISTRO 200* y 151° 305 ? 7 0IC. 2010 N° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Reladones Interiores y Justicia, designado según Decreto N° 6.398 de fecha 09 de saptiembre de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.012 de fecha 09 de septiembre de 2008, an ajercicio de las atribuclones que le conflere lo dispuesto en los numarales 2, 13 y 19 dal artículo 77 dal Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo establecido en los artículos 5 numeral 2 y 20 numeral 9 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y con lo previsto en los artículos 12 y 70 de la Ley de Registro Público y del Notarlado, designa a la ciudadana-Marly_Astrid Zambrano De Pinto, titular de la cédula de identidad Me V-9,347.684, Notar a Pública de Puerto Ayacucho, Comuníquese y Plblíquese. Por el Ejecotivo-nractonat;" MINISTRO MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS REPUBLICA BOLIVAJLANA LE VENEZUBLA MEINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PLANTFICACION Y FINANZAB N° 2.926 Caracas, 12 de Einero de 2011 200° y 131° RESOLUCION De conformidad con lo previsto en el articulo 5, nurmoral 2 de la Lay del Estatuto de la Función Publica, en concordancia con el articulo 310 de laLa y Orgánioa de la Administración Financiera del Sector Publico, se designa a la ciudadane Clendia Patricla Diaz Gulien, titular de la códula 11.502.896, Subtesorera Nacional de la Oficina Nacional del Tesoro, a pertir de la fecha de publicación en Geceta Oficial. Comuniquese y Publiquese JORGE CIORDANI Ministro del Poder Popular pera la Planificación Y Finanzas Repúbica Bolverlene de Vanecueue Buperindonfonole de Sen Olrce Iradtuclonen Pinanal MP.G-30007161-3 RESOLUCIÓN PECHA:J 3 DIC 2010 c?3.10 NÚMERO: Visto que la Superintandencia de Bancos y Otras Instituciones Finanderes como persona jurídica de derecho público, ejerce potestades públicas como la de autotutala n nn n n n rn máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, como la potestad o poder de la Administración de revisar, controlar y ejecutar sin intervención de los órganos jurisdiccionales, los actos dictados por el proplo órgano administrativo, o dictados por sus inferiores, la cual se ve materlalizada en el ordenamiento jurídico, a través del ejercicio de diversas facultades, como lo son la posible convalidación de los actos viciados de nulidad relativa a través de la subsanación de éstos; la revocatoria del acto, página original (tal como se publicó) [Página 3] por razones de oportunidad e ilegalidad, siempre que no originen derechos o bien a través del reconocimiento de la nulidad absoluta, y por último, mediante la corrección de errores materlales. Visto que una de las formas de manifestación de la denominada potestad de autotutela de la Administración Pública, es la facultad que tiene la misma de revisar y corregir sus actuaciones, la cual se puede desdoblar en tres potestades a saber: pobastad de revocatoria, potestad convalidatoria y potestad correctiva. En este sentido, como principio legal, doctrinario y jurisprudencialmente reiterado, la Administración Pública puede revisar de oficio o a instancia de parte interesada sus actos (potestad de revisión), para ajustarlos al Princlpio de Legalidad Administrativa, así como, a los arfterios de oportunidad y conveniencia (mérito). Esta obligación de la Admánistración no queda agotada con ei incumplimiento de los requisitos de fondo y de forma que le Imprimen validez a los actos dictados por ella, sino que adicionalmente y gracias al Principio del Control de la Legalidad o Autotutela Administrativa, tiene una tacita obligación de vigilancia sobre su propia actuación y en esta misma medida, de corregir o enmendar los ciclos en que hubiere incurrido aún por omisión. Al respecto, el Doctor Eloy Lares Martinez en su obra "Manual de Derecho Administrativo", sobre la potestad de autotutela de la Administración, expresa: "(omissis)..la administración pública tiene la potestad de proceder por si misma sin necesidad de acudir a los tribunales, a declarar la extinción o reforma de los actos administrativos que considere total o pardalmente viciados por razones de manto o de legalidad. Es lo que Zanobini hadenominado "el prindpio de la autotutela de la administración pública". Según el citado autor (Zanobini), este poder tiene el mismo fundamento que el principio de ajecutoriedad de los actos administrativos, Asl, la voluntad de la administración pública se Impone sin madiaclón de los tribunales, cuando se trata de dar ejecución de sus actos, tanibién dicha voluntad se basta a sí misma sin necesidad de Intervención jurisdiccional, cuando por una u otra razón declara la supresión o modificación de actos anteriores, deben ser acatadas por todos los órganos de la administración y su obediencia se impone a los particulares, sin perjuicio del derecho que corresponde a quienes se consideren agraviados, de pedir a los tribunales competentes se declare la nulidad de la revocación o reforma, lo que implicaría el mantenimiento del acto anterior Incólume...(omissis)" Entendida así, la revisión de oficio o a instancia de parte interesada, está consagrada en el Título IV, Capítulo I de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en el cual se establece la potestad de autotutela de los actos administrativos, a saber: 1°) La convalidación (potestad convalidatoria); 2°) 1, revocado (potestad revocatoria y anulatoria); 3°) La reposición (escasos de vicios en el procedimiento) Y4°) La corrección de errores matertales (potestad correctiva por razones de hecho). Asimismo, respecto al alcance de la potestad de autotutela y particularmente de la potestad de revisión, la Sala Politico Administrativa en sus fallos Nros. 01388, Caso: Iván Darío Badell, 00517 Caso: Glorta América Rancel Cárdenas y 01589 Caso: Cargill de Venezuela C.A., estableció lo sigulente: "(...) En aste sentido, se observa que la potestad de autotutela como medio de juridicos de los actos administrativos a Instanca de parte, a travás de los recursos administrativos, como de oficlo, por iniciativa única de la propia Administración." Por su parte el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos señala que la Administración podrá, en cualquier tiempo, corregir errores materiales o de cálculo en los que hubiere incurrido en la configurado de los Actos Administrativos. Es el caso, que en fecha 17 de agosto de 2010, este Organismo de conformidad con lo previsto en los artículos 352 y 402 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, mediante Resolución N° 438.10 de esa misma fecha, resolvió sancionar a Banvalor Banco Comercial, C.A., con multa por la cantded de Dosclentos Mi! Bolívares Fuertes (Bs.F. 200.000,00) equivalente al dos por clento (2%) de su capital pagado, el cual para la fecha de la Infracción ascendía a Den Millones de Bolivares Fuertes (Ba.F. 100.000.000,00), de conformidad con el numeral 1 del artículo 28 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agrarlo. En este sentido, esta Superintendenda en ajercicio de la potestad de revisión de sus actos constató, que Incurrió en un error de cálculo al efectuar la conversión dei porcentaje sancionatorio a su equivalente en Bolivares Fuertas, toda vez que el dos por clento (2%) del capital pagado para la fecha de la Infracción equivale a la cantidad de Dos Millones de Bolívares Fuertes (Bs.F. 2.000.000,00) y no a la cantidad de Dosclentos Mil Bolvares Fuertes (Bs.F. 200.000,00) como se indicó en la precitada Resolución, razón por la cual este Ente Supervisor atendiendo al prindplo de autotutela administrativa y da conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos corrige el error de cálculo en que Incurrió en la Resolución N° 438.10 antes identificada. En consecuenda, quien suscribe, resuelve: DECISIÓN 1. Corregir de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procadimientos Administrativos, la Resoludón N° 438.10 de fecha 17 de agosto de 2010, específicamente el error de cálculo referido al monto de la multa Impuesta, la cual deberá anbenderse por lacontidad de Dos Millones de BolivaresFuertes (Bs.F. 2.000.000,00) correspondiente al dos por ciento (2%) de su capital pagado, el cual para la fecha de la Infracción ascendía a Cien Millones de Bolívares Fuertes (Be.F. 100.000.000,00), así como, confirmar el resto del contenido de la precitada Resolución en todos sus aspectos, considerándose el presente acto administrativo como parte integrante de la misma. 2. Notificar a Banvalor Banco Comercial, C.A. de la presente Resoludón. 3. Oficiar al Director de Serviclos Financieros de la División de Contabilidad Fiscal del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, a los fines que deje sin efecto la planilla de liquidación a nombre de Banvalor Banco Comercal, C.A., solicitada por la cantidad de Doscientos Mil Bolívares Fuertes (Bs,F. 200.000,00) y emita nueva planilla por la cantidad de Dos Millones de BolívaresFuertes (8s.F. 2.000.000,00). a Cúmpleg Edgarromnendet Behrens Superintendente RAPÚBLICA BOLIVARIANA DE VEMOLUILA SENLA OO NCDR NNCHDO ADMCORUNNI THIe D D RAAE E 13 ENE 2011 Ceracas, 200° y 151° Quien suacnbe, JOSÉ DAVID CABELLO RONDON, Utular de la cédula de Identidad N° 10.300.z26. Superintendente del Serviclo Nacional Intagrado de Administración Aduanera y Tnbulana - SENiAT, en mi condición de máxima aulorided contcrme lo establece el artículo 7 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Adminiatración Aduanera y Trbularie. publicada en la Gaceta Oncal de la Repúbica Bolivariana de Venezueia N° 37 320 de fecha 08 de noviembre de 2001. y en uso de las einbuciones que me confieren los numarales 3 y 9 del articulo 10 de la atada Ley, articulo 21 de la Providencis Administrative que dicta la Reforma Parcial del Estatuto del Sislema de Recursos Humanos del SENiAT, publicade en la Gacate Ohcial de la República Bolvanana de Venezueia N° 38.292 de fecha 13 de oclubre de 2005. articulo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicada en la Gaceta Oficial de la Repúbiica Bolivanana de Venezuela N° 38.681 de fecha 11 de abni de 2007, articulos 48. 49 y 51 del Reglamento N° 1 Sobre el Sisteme Presupuestario, pubicado en la Geceta Ohcial de le República Bolivanena de Venezuela N° 5.781 Extraordinario, de fecha 12 de agosto do 2005, dicto la siguiente 0002 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° SNAT-2011-_ Resolución 32 de fecha 24 de marzo de 1995, pubicade en Gacala Oficial de 1a República de Venezuele el 20 de marzo de 1995, bajo a: N° 4.881. EXTRAORDINARIO. sobre la Organización, Atnbuciones y Funciones del Servicio Necionel Integrado de Adntiristración Trbutaria. Artioulo 2. Designo al mencionado ciudsdeno, funcionario responsable de la Unidad Administradora Desconcentrada de la Estruclura para la Ejecución Financiera del Presupueato de Gasto del Servicio Nacionel Integrado de Administración Aduanera y Tnbutana (SENiAT) para el ejercicio fisca 2011 Articulo 3. Dalego en el mencionado ciudadano la facultad para ordenar compromisos y pagos hasla por un monto de 1000 U.T. ee ee e e n el número y fecna de la presente Providencis, asi como el número de le Gaceta Oncial da la República Bolivariana de Vengzuela y la fecha de publicación. Artículo 8. Le presente Providencia Adminratrauva entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la Repúbiica Bollvarians de Venezuels. OSE DAYID CAE-TTONRPON DENTE DEC SERVICIO NACTONAL INYEGRADO INISTRACIÓN &DUANGRA Y TRIBUTARIA Decreio N° 5.851 de facha 01-02-2008 cele Ofciel de la República Bolvarens de Vanazuels N° 38,883 del 01-02-2009 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIPICACIÓN Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES Resolución N° 004 Caracas, 08 de octubre de 2010 200° y 151° Visto que la sociedad mercanti, PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A (PDVSA), representada por su Director Ejecutivo de Finanzas, ciudadano Víctor Eduardo Aular Blanco, se dirigió a esta Superintendencia Nacional de Valores, a fin notificar que su representada, mediante resoluciones de Junta Directiva ha decidido efectuar una emisión de obligaciones por un monto hasta de Tres Mil Miliones de Dólares de los Estados Unidos de América, ($ 3.000.000.000,00), a ser colocadas a través del sistema de oferta pública y al respecto, solicita la Inscripción de dichos valores en el Registro Nacianal de Valores, a los efectos de su negociación en el mercado secundario. 1.- CARACTERISTICAS DE LA EMISIÓN DE _ BONOS. EMISOR: PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A (PDVSA). MONTO MAXIMQ: HASTA $. 3.000.000.000,00. DENOMINACIÓN: DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: INSTRUMENTO REGISTRADO SEGÚN LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL DE NY. COLOCACIÓN PRIMARIA: SERÁN ADQUIRIDOS EN BOLÍVARES A PRECIO DE 4,30 BS/ US$. YENCIMIENTQ. 5, 6 y 7AÑOS. PAGO DEL PRINCIPAL: PAGO ÚNICO AL VENCIMIENTO. CUPCNES: ENTRE 9,00% Y 10,00% ANUALES: PAGO: SEMESTRAL. VALOR NOMINAL. 10D%. ENTE CUSTODIQ. EUROCLEAR, BANK; S.A/N.V. y CLEARSTREAM BANKING. LISTADQ: BOLSA DE LUXEMBURGO. MEDIO DE página original (tal como se publicó) [Página 4] COLOCACION PRIMARIA. SISTEMA DE COLOCACIÓN PRIMARIA DE TÍTULOS EN MONEDA EXTRANJERA. (SITCOME). IMPUESTQ, EXONERADO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. COORDINADOR DE LA EMISIÓN. CITYBANK N.A. Esta Superintendenca Nacional de Valores, habiendo constatado que en el presente caso se ha dado cumplimiento a los extremos legales que regulan la presente emisión, actuando de conformidad con los artículos 1, 2, 15 y 28 de la Ley de Mercado de Valores, Resuelve, 1.- Autorizar a PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A (PDVSA), para actuar en el mercado de valores como emisor de obligaciones por un monto de hasta Tres Mil Millones de Dólares de los Estados Unidos de América, ($ 3.000.000.000,00), de conformidad con lo aprobado por la Junta Directiva de la citada socledad, en sus respectivas reuniones. 2.- Inscribir en el Registro Nacional de Valores, a los efectos de su negociación en la Boisa Pública de Valores, la emisión de obligaciones por un monto de hasta Tres Mil Millones de Dóleres de los Estados Unidos de América, ($ 3.000.000.000,00), a ser emitida por PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A (PDVSA). 3.- La inscripción de los valores a que se refiere el numeralanterior quedarán realizada de pleno derecho en la Bolsa Pública de Valores, en el momento en que la misma sea creada. 4.- Aprobar la versión del prospecto correspondiente a la presente emisión. 5.- Notificar a PETROLEOS DE VENEZUELA, S. A (PDVSA), lo acordado en la presente Resolución. Comuníquese y Publíquese, Tomãs E. Sánchez M. Superintendente Naclonal de REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES Resolución N° 005 Caracas, 08 de octubre de 2010 200° y 151° Visto que la sociedad mercantil, PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A (PDVSA), representada por su Director Ejecutivo de Finanzas, dudadano Víctor Eduardo Aular Blanco, se dirigió a esta Superintandenda Nacional de Valores, a fin notificar que su representada, mediante resoluciones de Junta Directiva ha decidido efectuar un canje de obligaciones hasta por un monto hasta Tres Mll Millones de Dólares de los Estados Unidos de América, ($ 3.000.000.000,00), a través del sistema de oferta pública y al respecto, solicita la inscripción de los valores resultantes en el Registro Nadonal de Valores, a los efectos de su negociadón en el mercado secundario. 1.- CARACTERISTICAS DE LOS BONOS ENTREGADOS EN CANDE. EMISOL: PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A (PDVSA). MONTO MAXIMQ: HASTA $. 3.000.000.000,00. DENOMINACIÓN: DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: INSTRUMENTO REGISTRADO SEGÚN LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL DE NY. VENCIMIENTO: 3 AÑOS. PAGO DEL PRINCIPAL: PAGO ÚNICO AL VENCIMIENTO. CUPONES: ENTRE 7,00% Y 9,00% ANUALES: PAGO: SEMESTRAL. PROPORCIÓN_DE INTERCAMBIQ. ENTRE 1,16 1,10. ENTE_ CUSTODIQ. EUROCLEAR, BANK; 5.A/N.V. Y CLEARSTREAM BANKING. LISTADQ: BOLSA DE LUXEMBURGO. MEDIO DE COLOCACION PRIMARIA. SISTEMA DE COLOCACIÓN PRIMARIA DE TÍTULOS EN MONEDA EXTRANUERA, (SITCOME). IMPUESTO, EXONERADO DEL PAGO. DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA COORDINADOR DE LA EMISIÓN. CITIBANK N.A. Esta Superintendencia Nacional de Valores, habiendo constatado que en el presente caso se ha dado cumplimiento a los extremos legales que regulan la presente y actuando de conformidad con los artículos 1, 2, 15 y 28 de la Ley de Mercado de Valores, Resuelve, 1.- Autorizar a PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A (PDVSA), para actuar en el mercado de valores como emisor de obligaciones en canje hasta un monto de Tres Mil Millones de Dólares de los Estados Unidos de América, ($ 3.000.000.000,00), de conformidad con lo aprobado por la Junta Directiva de la citada socledad, en sus respectivas reuniones. 2.- Los bonos entregados en canje estarán de pleno derecho inscritos en el Ragistro Nacional de Valores, a los efectos de su negociación en el mercado secundario. 3.- La Inscripclón de los valores a que se refiere el numeral primero quedarán realizada de pleno deracho en la Boisa Pública de Valores, en el momento en que la misma sea creada. por canje. 5.- Notificar a PETROLEOS DE VENEZUELA, S. A (PDVSA), lo acordado en la presente Resolución. Comuníquese y Publíquese, Tomás E. Sánchez M. Superintendente Nacional de W REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINIBTERIO DEL POOER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y PINANZAS BUPERINTENDENCIA HACIONAL DE VALORES Resolución N° 069 Caracaa, 30 de diclembre 2010 200ª y 151ª Visto quelasocledad mercantil TOvOTASERviCEs 30 VENEzUELA, C.A, se dirigió ante este Organiemo a fin de solioltar en primer lugar, autorización para hacer oferta pública de Obligaciones Quirogrefarias al Portador Emisión 201o-l, hasta por un monto de Doscientos Millones de Bollvares (8s. 200.000.000,o0), emitidas en diez (10) series de hasta Velnte Millones de Bolivares (Be.20.000.000,00) cada una y: en segundo lugar, la aprobación de la designación de Mercantii Merinvest, Casa de Bolsa, C.A., como Representante Común Provisional de los Tenedores de Obiigaclones Quirografarlas al Portador no convertibles en acciones, de conformidad con lo acordado en la Agambiea General Extreordinarla de Accioniatas celebrada en fecha 31 de mayo de 2010 y en los términos fijados por geglón de Junta Directiva de la citada sociedad mercanti, de fecha 09 de julio de 2010 Esta Superintendencia Nacional de Valores en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8 numerales 2 y 5 de la Ley de Mercado de Valores, página original (tal como se publicó) [Página 5] en concordancia con el artículo 4 de las Normas sobre Organización y Protección de los Obligacionistas, RESUELVE 1.- Autorizar la oferta pública de Obligaciones Quirografarias al Portador no convertibles en acciones, hasta por un monto máximo da Doscientos Millones de Bolívares (Bs. 200.000.000,oo), Emisión 2010 de la sociedad mercantil TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA, C.A, de conformidad con lo aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 31 de mayo de 2010 y según los térmınos fijados por la Junta Directiva de fecha 09 de Julio de 2010. 2.- Aprobar la designación de Mercantil Merlnvest, Casa de Bolsa, C.A., como Representante Común Provisional de los Tenedores de Obligaciones Quirografarlas al Portador, emitidas por la sociedad mercantil TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA, C.A., de conformidad con la Asambiea General de Accionistas de fecha 31 de mayo de 2010 y según lo acordado en sesión de Junta Directiva de fecha 09 de julio de 2010. 3.- La 8ociedad mercantil TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA, C.A, deberá informar a este Organismo, el monto de las Obligaciones Quirografarias al Portador no convertibles en acciones, efectivamente colocadas, a los fines de proceder a su inscripción en el Regiatro Nacional de Valores. 4.- Autorizar el texto de la versión preliminar del prospecto de la oferta pública de Obligaciones Qulrografarias al Portador no convertibles en acciones de la sociodad mercantil TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA, C.A., hasta por un monto de Doscientos Millones de Bolivares (Bs. 200.000.000.00). 5.- NolIficar a la sociedad mercantil TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA, C.A. y a Mercantil Merinvest, Casa de Bolsa, C.A., lo acordado en la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 6.- Notificar a la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., y al Bolsa Pública de Valores Bicentenaria lo acordado gn la presente Resalución. NARLANL omunqesey Publlquese, Tomas Sanchez Superintendente Nacional REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA 003316 Caracas, N° FSS-2-3- 2 4 NOV 2010 200° y 151° I.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL FONDO Visto que en fecha 29 de julio de 2010, fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 5.990 Extraordinario, laLey de la Actividad Aseguradora, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.481 del 05 de agosto del mismo año, cuyo objeto es establecer el marco normativo para el control, vigllanda, supervisión, autorización, regulación y funcionamiento de la actividad aseguradora, desarrollada en el territorio de la República, o materializada en el extranjero, a fin de garantizar el interés general representado por los derechos y garantías de los tomadores, asegurados y beneficiarios de los contratos de seguros, de reaseguros, los contratantes de medicina prepagada y de los asociados de las cooperativas que realicen actividad aseguradora. Visto que el numeral tercero de las disposiciones finales de la Ley de la Actividad aseguradora, dispone que la misma entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Visto que tal publicación trae como consecuencia la derogatoria de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros del 23 de diciembre de 1994, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No 4.882 - Extraordinario, reimpresa por error material en fecha 08 de marzo de 1995, según Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.865 — Extraordinario. Visto que el numeral 2 del artículo 7 de la Ley de la Actividad Aseguradora faculta al Superintendente de la Actividad Aseguradora para dictar los actos administrativos generales o particulares inherentes a las competencias que le atribuye la referida Ley. Visto que en fecha 12 de agosto de 2010, este Organismo mediante Providencia N° 002107, ordenó la apertura de un procedimiento administrativo a la empresa C.A. de Seguros Ávila, a objeto de determinar si existe elusión o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la sociedad mercantil Auto Parts MV Brothers, C.A. representada por el ciudadano Pietro Custode, cédula de identidad N° 10.335.216, de conformidad con lo que establecía el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros del 08 de marzo de 1995, cuyo texto ha quedado derogado; quien suscribe en su carácter de Superintendente de la Actividad Aseguradora, acuerda que la situación denunciada sea examinada a la luz de ésta última, la cual resultaba aplicable para la fecha en que se suscitaron los hechos (septiembre 2009). II.- ANTECEDENTES Mediante oficio distinguido con el número FSS-2-3-005363- 009609 del 20 de agosto de 2010, se notificó a la aseguradora, de la apertura de la averiguación administrativa y del lapso probatorio acordado, a objeto que presentara las pruebas que estimara necesarias para el ejercicio de la defensa de sus derechos e intereses, en relación a los hechos denunciados. Se deja constancia que dicho oficio fue recibido por C.A. de Seguros Ávila, el día 23 de agosto de 2010, tal como se desprende del sello húmedo colocado al margen inferior derecho del ejemplar que cursa al folio 10 del expediente administrativo que formara esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora. III.- DE LOS ALEGATOS Y PRUEBAS PRESENTADOS POR C.A. DE SEGUROS ÁVILA. Visto que de conformidad con lo señalado en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la empresa C.A. de Seguros Ávila, disponía de un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la apertura del procedimiento (23-08-2010), para presentar sus descargos contra los hechos impuestos en el auto de apertura, página original (tal como se publicó) [Página 6] 382.724 GACETA OFICLAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA período éste que venció el día 06 de septiembre de 2010, sin que ejerciera su respectivoderecho a la defensa. IV.- CONSIDERACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Vistas las actuaciones y documentos que conforman el señalado expediente, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora, a fin de decidir ai respecto formula las siguientes consideraciones: DEL DESISTIMIENTO: Visto el escrito de fecha 27 de septiembre de 2010, recibido el día 29 del mismo mes y año, bajo el Nº 19430 del control interno de correspondencia, a través del cual el ciudadano Pietro Custode Jannone, manifiesta su voluntad de desistir de la denuncia interpuesta contra C.A. de Seguros Ávila, habida consideración que la misma procedió con el respectivo pago, se estima necesario aclarar al denunciante que si bien el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos contempla que el desistimiento supone la terminación del procedimiento administrativo, el artículo 66 del citado instrumento legal, dispone que si por razones de interés público se justifica, la Administración puede continuar la tramitación del mismo; y siendo que corresponde a esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora velar porque las empresas de seguros den oportuno cumplimiento a las disposiciones legales y contractuales establecidas para atender los reclamos formulados por los tomadores, asegurados y beneficiarios de los contratos de seguros, atribución que impone a este Organismo implementar las medidas necesarias a fin de corregir la situación irregular que puedan presentar las empresas en perjuicio, no sólo de los asegurados, sino también del sector asegurador, es evidente entonces que por razones de interés público se justifique la continuación del procedimiento administrativo iniciado. Se hace necesario entonces analizar los hechos relevantes de la denuncia, a los fines de verificar la conducta asumida por la empresa C.A. de Seguros Ávila de cara al artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, Instrumento jurídico aplicable para el momento en que se suscitaron los hechos. En efecto, el objeto de la presente averiguación administrativa es comprobar si la compañía C.A. de Seguros Ávila realizó un acto infractor de una conducta exigida por el ordenamiento jurídico que regula la actividad aseguradora; la determinación de la responsabilidad administrativa y la imposición de las sanciones a que hubiere lugar. En tal sentido, en el auto de apertura de la averiguación administrativa se imputó a la mencionada aseguradora el presunto incumplimiento de los supuestos de hecho denominados "elusión y retardo" durante la tramitación del siniestro reportado por el ciudadano Pietro Custode Jannone, en nombre de su representada sociedad mercantil Auto Parts My Brothers, C.A., hechos sancionables de conformidad con lo previsto en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, que disponía: "Las empresas de seguros que sin causa justificada, a juicio del Superintendente de Seguros, eludan o retarden el cumplimiento de sus obligaciones frente a sus contratantes, asegurados o beneficiarios serán sancionadas de acuerdo con la gravedad de la falta..." - (omissis) Jueves 13 de enero de 2011 Parágrafo Segundo. Las empresas de seguros dispondrán de un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para pagar los siniestros cubiertos, contados a partir de la fecha en que se haya terminado el ajuste correspondiente, si fuere el caso, y el asegurado haya entregado toda la información y recaudos indicados en la póliza para liquidar el siniestro." La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 31 de mayo de 2005, indicó lo siguiente: "De tal forma, que puede colegirse que el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros de 1994, prevé tres tipos sancionatorios distintos, configurados por: 1. La elusión de las obligaciones a cargo de la aseguradora frente a los contratantes, asegurados o beneficiarios, como por ejemplo la de pagar las coberturas previstas en los contratos de seguros ante la ocurrencia del riesgo previsto, o la de notificar motivadamente su negativa de pago de dichas coberturas; 2. El retardo en el cumplimiento de las referidas obligaciones; y 3. El rechazo de los siniestros reclamados mediante argumentos genéricos. Así, la falta de pago o la ausencia de respuesta ante la solicitud de cancelación de las coberturas previstas en una determinada póliza, se subsumiría en el supuesto de elusión de las obligaciones establecidas a cargo de la aseguradora, pues implicaría el incumplimiento del deber de notificar por escrito o de pagar las indemnizaciones debidas; en tanto que, la respuesta o el pago fuera del plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya terminado el ajuste correspondiente, si fuere el caso, y el asegurado haya entregado toda la información y recaudos indicados en la póliza para liquidar el siniestro, se subsumiría en el supuesto de retardo sancionado por la norma y, por último, la emisión de respuesta negativa dentro del plazo previsto en la norma pero conformada con argumentos escuetos e insuficientes para explicar el rechazo del pago que se trate, configuraría el tipo de rechazo genérico prohibido en el mismo parágrafo cuarto del artículo en comento". Ahora bien, en el caso que se anallza tal como se indicó al inicio de las consideraciones expuestas por este Organismo, C.A. de Seguros Ávila, no consignó informe alguno donde se expliquen las razones de hecho y de derecho que lo asistieron para no efectuar el pago correspondiente dentro del lapso legalmente previsto para ello. En este sentido, y como quiera que C.A. de Seguros Ávila, procedió el día 20 de septiembre de 2010 a pagar el siniestro reportado el mes de septiembre de 2009, este Organlsmo se limitará a examinar únicamente la figura denominada retardo, pues resulta inoficioso pronunciarse por la elusión, al haberse materializado el pago, de acuerdo con los términos establecidos por el Tribunal Supremo de Justicia. A los fines de determinar la responsabilidad administrativa de la empresa C.A. de Seguros Ávila, por lo que al retardo se refiere, se hace necesario indicar en que consiste dicho supuesto de hecho. DEL RETARDO Sobre tal disposición legal debe puntualizarse que el asegurador tiene la obligación de pronunciarse en el plazo legal acerca de los derechos del asegurado, se trata de un deber en el marco de un contrato de seguro en etapa de ejecución. Lo expuesto significa que, en principio, el página original (tal como se publicó) [Página 7] asegurador debe pronunciarse siempre que haya una denuncia de siniestro, bien sea asumiendo la responsabilidad o rechazando con fundamento, según corresponda; actuación que debe cumplirse en los términos que establece el parágrafo segundo del artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, esto es, treinta (30) días háblles, lapso que corre a partir del momento en que el asegurado entregue todos los recaudos exigidos y se haya realizado el ajuste correspondiente, de ser el caso. A igual plazo y condiciones quedan sometidas las empresas de seguros para notificar por escrito los motivos de hecho y de derecho que aleguen para considerar un siniestro como no cubierto. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS Corre inserto al folio 1 del expediente administrativo, el escrito de denuncia presentado en fecha 09 de marzo de 2010, del cual se desprende claramente lo sigulente: Fecha de siniestro: 08-06-2009 24-09-2009 Entrega de recaudos: Fecha denuncia ante el Órgano de Control: 09-03-2010 Notificación de inicio Del procedimiento Administrativo: 23-08-2010 Fecha de pago: 20-09-2010 Aplicando las consideraciones anteñores al caso que se analiza se observa que el día 24 de septiembre de 2009, se hizo entrega de los documentos necesarios para el análisis del siniestro (reembolso de gastos) y el pago de la indemnización se produjo el 20 de septiembre de 2010, tal como se desprende de la copia del comprobante de pago correspondiente al cheque emitido a favor del asegurado, cuyo ejemplar cursa al folio 11 del expediente administrativo esto es, al (1) año siguiente de haberse hecho entrega de los recaudos necesarios para la tramitación del reclamo, plazo que supera ampliamente los treinta (30) días hábiles que contempla el parágrafo segundo del artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros para el pago de siniestros. En virtud de las consideraciones anteriores resulta evidente la infracción de la señalada disposición legal, siendo que respecto a este hecho la representación de la aseguradora no presenta argumento alguno que haga presumir a este Órgano de Control que tal falta de atención se debe a un Incumplimiento Involuntario, se hace necesario entonces determinar si el incumplimiento de la obligación dispuesta en el parágrafo segundo del artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, se debió a culpa de C.A. de Seguros Ávila, ello en virtud que el ejercicio de la potestad sancionatoria administrativa requiere como requisito esencial la exigencia de la culpabilidad del autor de la infracción, para castigar la conducta omisiva. Al respecto, la doctrina contemporánea, en materia de Derecho Administrativo Sancionador, ha discutido ampliamente el tema de la exigencia de la culpabilidad en los ilícitos administrativos. Sobre el particular se han establecido tres posiciones. La primera de elias plantea la aplicación en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador de las reglas y principios que sobre culpabilidad se han desarrollado en el Derecho Penal; la segunda, plantea la independencia de la responsabilidad por ilícitos administrativos, no siendo exigible la culpabilidad; finalmente, una posición intermedia que aplica la noción de culpabilidad en los predios del Derecho Administrativo Sancionador, pero con las matizaciones propias derivadas de las peculiaridades de éste, que lo diferencian claramente del ámbito penal. Respecto a la primera de las posiciones, es decir, la que pretende trasladar al Derecho Administrativo Sancionador los principios creados y desarrollados por el derecho penal, autores de la calidad de ALEJAwpRo NIETo han demostrado la banalidad de dicha tesis, porque no es cierta del todo esa pretendida extensión de la exigencia de culpabilidad y, además, cuando realmente se exige, provoca unos problemas de solución imposible. Para demostrar lo que se está diciendo basta pensar en los supuestos de infracciones cometidas por personas jurídicas o en los casos de solidaridad y subsidiaridad y en la aparición extrema de la presunción de culpabilidad. (NIETO, Alejandro: Derecho Administrativo Sancionador, Segunda Edición, Madrid, Editorial Tecnos, 1994; Pág. 24). La segunda de las posiciones, aquella que proclama la independencia del derecho administrativo sancionador, y en consecuencia la no exigencia de culpabilidad, ha sido reconocida por la doctrina y jurisprudencia en derecho comparado. En sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo de 7 de octubre de 1988 se señaló: "Pueden especialmente - siempre en principio y en determinadas condiciones - penalizar un hecho materlal u objetivo en sí, con independencia que proceda de dolo o negligente." La no exigencia de culpabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador, se ha fundamentado en la diferente valoración legal que dicha figura merece en la esfera administrativa de la que puede merecer en la penal, ya que distinta y divergente es la naturaleza jurídica con que se regulan en uno y otro de tales ordenamientos esa responsabilidad hasta el punto que cambia en lo esencial la nota característica de la citada manifestación intencionada o maliciosa como elemento básico de la misma. Finalmente, la posición intermedia, que plantea la exigibilidad en las infracciones administrativas pero no en los mismos términos que en el derecho penal, debido a las diferencias existentes entre ambos regímenes punitivos, plantean las siguientes ideas: En el derecho penal es el repertorio de ilícitos lo suficientemente breve como para ser conocido por todos los ciudadanos y, además, coincide a grandes rasgos con la conciencia popular. De tal manera que es infrecuente cometer un delito sin conciencia de ello. En el derecho administrativo sancionador, en cambio, la situación es muy diferente. Aquí los repertorios de ilícitos son inabarcables y el Estado no puede exigir a nadie que los conozca. El conocimiento rea! es sustituido por la ficción legal de que se conoce, Por tanto, si la culpabilidad se concibe como conciencia y voluntad de alcanzar un resultado ilícito y se ignora -de hecho- que es ilícito, el sistema cae por su propio peso. En consecuencia, si nos tenemos a la culpabilidad en el sentido penal, el Derecho Administrativo Sancionador se disuelve y queda sustituido por un juego de ficciones y presunciones. El ciudadano no puede ciertamente conocer los ilícitos que cada día van creando las normas; pero tampoco puede página original (tal como se publicó) [Página 8] refugiarse en su ignorancia, que sería -además de una excusa demasiado sencilla- un desprecio para el Estado y para los intereses públicos protegidos por el ilícito. De aquí la obligación genérica no ya de conocer todo el repertorio de ilícitos sino de procurar conocerlo. Y, en consecuencia, su responsabilidad le será exigida no ya por sus conocimientos reales sino por los conocimientos exigibles a la diligencia debida. Diligencia que es variable en atención a las circunstancias personales de cada uno: grado de cultura, medio en que vive, grado de proximidad del ilícito a sus actividades habituales y, sobre todo, profesión. Por tanto, tomando en consideración que la aseguradora debía tener exacto conocimiento de las obligaciones derivadas de su actividad y en consecuencia de la norma que exige el cumplimiento de sus obligaciones, se considera que en su actuación estuvo presente el elemento culpabilidad, en los términos definidos anteriormente. En efecto, como se indicó anteriormente, C.A. de Seguros Ávila, tiene el conocimiento que las normas contenidas en la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, (hoy derogada) son de obligatorio cumplimiento, en consecuencia, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora estima que la mencionada aseguradora incurrió en responsabilidad administrativa al haber retardado el cumplimiento de su obligación de indemnizar el reclamo presentado por la sociedad mercantil Auto Parts MV Brothers, C.A., representada por el ciudadano Pietro Custode Jannone. Visto que de los hechos antes expuestos quedó comprobada la infracción por parte de la aseguradora al contenido del parágrafo segundo del artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, instrumento jurídico aplicable para la fecha en que se suscitaron los hechos, es por lo que esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora sanciona a la empresa C.A. de Seguros Ávila, con multa por la cantidad de SeiscientosCincuenta Bolívares Veinte Mil (Bs. 20.650,00), suma que corresponde a un cuarto de la sanción prevista en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, por haber incurrido en el supuesto de retardo con respecto a los hechos relacionados con la reclamación presentada por la sociedad mercantil Auto Parts MV Brothers, C.A., representada por el ciudadano Pietro Custode Jannone. La referida sanción se impone tomando como base de cálculo el valor de la Unidad Tributaria vigente para el momento en que se cometió la infracción (2009), de Cincuenta y Cinco Bolívares (Bs. 55.00), de conformidad con el artículo 1 de la Ley que establece el Factor de Cálculo de Contribuciones, Garantías, Sanciones, Beneficios Procesales o de otra naturaleza, en Leyes vigentes, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.362 del 26 de diciembre de 1997. Finalmente, este Organismo considera pertinente la publicación del presente_acto administrativo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de OFICIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, Se publicarán además los Decretos, Resoluciones y otros actos del Poder Ejecutivo que por mandato legal o a juicio de aquí requieran publicidad; sin perjuicio de que dichos actos tengan la debida autenticidad y vigor sin el requisito de la publicación.". (Énfasis nuestro). Vistas las consideraciones anteriores, quien suscribe,José Lafs Pérez, Superinliendente de la Actividad Aseguradora, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros (ahora contenidas en el artículo 166 de la Ley de la Actividad Aseguradora). DECIDE Primero: Sancionar a la empresa C.A. de Seguros Ávila, con multa por la cantidad de Veinte Mil Seiscientos Cincuenta Bolívares (Bs. 20.650,00), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros del 08 de marzo de 1995, al haber incurrido en retardo en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales frente a la sociedad mercantil Auto Parts MV Brothers, C.A., representada por el ciudadano Pietro Custode Jannone. Segundo: Cerrar la averiguación administrativa abierta a C.A. de Seguros Ávila, por lo que al supuesto de elusión se refiere, visto que la misma procedió a dar cumplimiento con su obligación de indemnizar el siniestro reportado por la mencionada sociedad mercantil. Ordénese la publicación del presente acto administrativo, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Publicaciones Oficiales. Contra la presente decisión podrá la empresa C.A. de Seguros Ávila, intentar el Recurso de Reconsideración, por ante el Superintendente de la Actividad Aseguradora, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de esta Providencia, conforme a lo establecido en el artículo 94 de la citada Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Notifíquese y Publíquese. RODER RlucionNa 259cha 03 de febrero de 2010 G.NaBV. No. 39 36o't Techa 03 defebrero de2010 encIJ de bActu CONVENIO CAMBIARIO N° 15 El Ejecutivo Nacional, representado por el ciudadano Jorge Giordani, en 4u carácter de Ministro del Pouler Popular de Plasificación y Finanzas, autorizado por el Decreto N° 2.278 de fecha 21 de encro de 2003. por una parte; y por la otra, el Banco Central de Venezuela, representado por su Presidente, Nebon J. Merentes D.. autorizado por el Directorio de ese Iustituto en sesión N° 4.357. celebrada el 6 de enero de 2011. de Conformidad con lu previsto en el artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezucla, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 5. 7. numerales 2. 5 y 7; 21, numerales 16 y 17: 34: 122 y 124 de la Ley del Banco Central de Venezuela, 6 del Convenio Cambiario N° I del 5 de febrero de 20n3, y de acuerdo con lo establecido en el Convenio Cambiario Nª 14 del 30 de diciembre de 2010, ham convenido lo siguiente; Artículo 1. Serán liquidadas al tipo de cambio de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar de los Estados Unidos de Anverica, las operaciones de venta de divisas correspondientes a las autorizaciones de liquidación de divisas aprobadas por la Comisión de Administración de Divisas (CADivl) para los conceptos a que se contraen los literales a). b) c). d) y e) del artículo 1 del Convenio Cambiario N° 14 del 8 de enero de 2010, así como los artículos 3 del Convenio Cambiario N° 15 del 19 de enero de 2010 y 1 del Convenio Cambiario N° 17 del 15 de abril de 2010, enviadas por dicha Comisión al Banco Central de Venezuela y recibidas por éste hasta el 31 de diciembre de 2010, vigentes hasta esa fecha, y cuya liquidación no hubiere sido solicitada al Ente Emnisor por pare del operador cambiario respectivo a la fecha antes indicada. Igual tipo de cambio se aplicará para las operaciones de venta de divisas para los conceptos indicados en el presente artíoalo, correspondientes a autorizaciones de adquisición de divisas de importaciones canalizadas a través del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocus de la Asociación Latinoemericama de Integración (ALAD1). que para el 31 de diciembre de 2010 cuenten con el respectivo oódligo de reembi:so. A tales efectos, el Banco Central de Venezuela y la Comisión de Administración de Divisas (CADivI) publicarán de forma omjunta el listado de autorizaciones a las que se contrae el encabezamiento del presente artíoalo. página original (tal como se publicó) [Página 9] Artículo 2. Serín liquidadas al tipo de cambio de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar de los Estados Unidos de América, las operaciones de venta de divisas correspondientes a autorizaciones de adquisición de divisas (AAD) emitida por la Comisión de Administración de Divisas (CADTVI) al 31 de diciembre de 2010, y que no posean código de autorización de liquidación de divisas a la focha antes indicada, o emisión de código de reembolso en el caso de importaciones canalizadas a través del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la Asocisción Latinoamericana de Integración' (ALADI). para los conceptos que a continuación se señalan, previstos en las correspondientes Providencias dictadas por dicha Comisión, y cuya autorización para la liquidación de acuerdo con éstas resulte procedente: a) Importaciones para los sectores de alimentos y salud. h) Pagos por gastos de estudiantes cursantes de actividades académicas en el exterior. c) Pagos por gastos para recuperación de la salud, deporie, cultura, investigaciones científicas y otros casos de especial urgencia, a juicio de la Comisión de Adiministración de Divisas (CADIVI). d) Pagon a jubilados y pensionados residentes en el exterior. Artuieulo 3. Serán liquidadas al tipo de cambio de dos bolívares con sesenta céntimo» (Bs. 2,64) por dólar de los Extados Unidos de América, las operaciones de venta de divisas correspondientes a las autorizaciones de adquisición de divisas (AAD) que emita la Comisión de Adminisuración de Divisas (CADIVI) por. solicitudes que cuenten con Certificados de No Producción Nacional aprobados, al 31 de diciembre de 2010, por el Ministerio del Poder Popular para Ia Alimentación para importaciones del sector alimentos, y cuya autorización para la liquidación de acuerdo con la Providencia respectiva dictada por dicha Comisión resulte procedente. Aruículo 4. El presente Convenio entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezucla. Dado en Caracas, a los diez (10) días del mes de enero de dos mil once. Año 200° de la Independencia y 151º de ia Federsción. PAFB:OFMEIA NELSON J. MERENTES D. JOROE MORDANT Presidente del BanouCentral de Minisiro del Poder Popularde-Planificación FinanzasDESPACHO Venezuela MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALAAGRICULTURA Y PIERRAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN PARA APOYAR REVOLUCIÓN AGRARIA (CIARA). PROVIDENCIA LA ADMINISTRATIVA N° 002/2011. CARACAS, 06 DE ENERO DE 2011. AÑOS 200° y 151° De conformidad con el Artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en ejercicio de las atribuclones previstas en el único aparte del Artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Fundón Pública y en el Artículo 20, Título V de los Estatutos de la Fundación de Capacitaclón e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA), publicados en la Gaceta Oficlal de la República Bolivarlana de Venezuela N° 39.467 de fecha 16 de jullo de 2010, este Despacho dicta la siguiente; . PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Designar a la Cludadana ARMINDA PASTORA SOSA MESA, ttular de la cádula de Identidad número V-13.385.047, como DIRECTORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS de esta Fundadón. Artículo 2. La presente Providenda Administrativa, entraricon vigencia a partr del cinco (05) de enero de 2011. Comuníquese y publíquese. MARTHA BOKAR ACOSTA SIVL Presidenta de la FuAbación de Capacitacón e Innovación para Apoyar la Revoludón Agraria Sapin Aesaluoión Davnp 182/z00e de fechie 09 de diciembre de 200r, publicada en Cncuts Ofolal de le Rapuibllas Boheríana de Venezuela Ao, 39.c%s de le misma fecha. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 842 CARACAS, 130E 20H AÑOS 200% Y 151° En ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 15 del Decreto N° 6.626 de 03 de marzo de 2009, sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6°, 12° y 14° de la Resolución N° 3149 de fecha 7 de octubre de 2008, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.032 de la misma fecha, RESUELVE ARTicuLo 1: Designo al Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación de Medicina Integral Comunitaria, el cual quedará conformado por la siguiente representación: Por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria: . ANTONIO TORRES BUJAN, titUlOr dc Ia cédula de IdCntidad No 5.530.263, Coxorlinacr. MARÍA EUGENIA SANABRIA, titular de la cédula de identidad Nº 9.898.737, Secretaria. IVÓN AMÉRICA ZAMORA CARRILLO, tIlular de la cédula de identidad N0 6.390.381, en representación del Ministerio. Por el Ministerio del Poder Popular para la Salud: . JULIO CÉSAR ALVIÁREZ, titular de la cédula de identidad No 3.727.420. DIVIS DEL CARMEN ANTÚNEZ, titular de la cedula de identidad Nº 9.052.246. Dos (2) Representantes de la Coordinación Nacional de Docencia de la Misión Barrio Adentro. Por la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda: JUAN ANTONIO TALAVERA ARGUELLES, titular de la cédula de identidad N° 9.502.371. Por la Universldad Nacional Experimental Rafael María Baralt: DARÍO ANTONIO PARRA ARRIETA, titUlar de la cédula de identidad N° 3.378.778. Por la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana: CARLOS JOSE AMUNDARAY LUNAR, titular de la cédula de identidad Nº 8.444.924924 Por la Universidad Bollvariana de Venezuela: ANA YADIRA MONTENEGRO, titular de la cédula de identidad N° 6.191.060. Por la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos: . OMAIRA BELEN MEDRANO CARRERO, titUIar de la cédUla de identidad N° 7.220.320. Por la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequlel Zamora: DENYZ LUZ MOLINA CONTRERAS, titUlar de la CédUla de identidad N° 9.268.764. ARTicuLo 2: A partir de la presente Resolución publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, se dejarán sin efecto las Resoluciones N° 3.614 de fecha 15 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.158 de la página original (tal como se publicó) [Página 10] misma fecha y la N° 459 de fecha 21 de junio de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.450 de la misma fecha. Couníquese y Publíquese, EDGARDO ANTONIO RAMÍREZ Ministro del Poder Pópular para la Educación Universitaria REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 87.3 CARACAS, 13 (NE 201 AÑOS 200° Y 151° De conformidad con lo previsto en los artículos 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suscrito el 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009; 140 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.787, de fecha 15 de septiembre de 1999; RATIFICANDO Que sólo la unidad de los países latinoamericanos y caribeños, basada en los principios de cooperación, complementariedad, ayuda mutua y solidaridad permitirá preservar y consolidar la independencia, la soberanía y nuestras identidades; RECONOCIENDO Que la educación es un proceso político localizador fundamental que debe estar en función de la transformación de nuestras realidades a favor de la dignificación de la vida y de la construcción de la unión de 1os pueblos del Sur; CONSIDERANDO Que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental del Estado, es de importancia estratégica impulsar la democratización y universalización de la educación universitaria; CONSIDERANDO La necesidad de impulsar la integración de los sistemas educativos de los Países Miembros de la Alternaliva Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a fin de fortalecer el proceso de unión y reconocimiento mutuo de las realidades sociales, políticas económicas, culturales y ambientales de nuestros países; CONSIDERANDO Que la movilidad académica debe estar en función del desarrollo grannacional de nuestros países y de la región latinoamericana y caribeña; CONSIDERANDO Que el reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional constituye un paso fundamental para fortalecer el proceso de unidad que se construye en el seno de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA); RESUELVE ARTicuLo ÚnicO: Reconoõer los estudios conducentes al Título de BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN, COnferidO por la Universidad de La Habana, en la Ciudad de La Habana, República de Cuba, a los ciudadanos y ciudadanas que se mencionan a continuación: Cédula de Idantidad Nombre y Apellidos YOHALY PASTORA PÉREZ VILLASMIL 17.638.227 PASTORA DEL VALLE PEROZO SIVIRA 12.851.585 NILDA COROMOTU LÓPEZ DE SEGARRA 5.252.436 HEMILSE ARACELYS SEQUERL. HERRERA 14.229.654 XIOMARA MAYELI CASTILLO VÁSQUEZ 7.421.729 ELBA DEL CARMEN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ 12.882.733 LORENA ISABEL LAMEDA ÁVILA 14.003.227 Cédula de Identidad Nombre y Apallidos YULMI DEL CARMEN RODRIGUEZ COLMENAREZ 11.597.043 ALTAGRACIA PASTORA RIVERO CHÁVEZ 14.877.448 2.540.722 PÍO ANTONIO RODRIGUEZ ALVARADO 14.809.106 KELLY CAROLINA GUEDEZ VILLEGAS 9.621.366 DUMELI GREGORIA LÓPEZ CASTILLO JOSÈ GREGORIO ARROYO TORREALBA 16.868.046 DORYMAR YÉPEZ PÉREZ 16.641.030 DREISSY DAHIAN ABREU SÁNCHEZ 14.695.642 EDILIMAR ANNELICE YÉPEZ ANTEQUERA 16.957.686 7.432.565 MARIELY DEL CARMEN PACHECO DULCE MARÍA GALÍNDEZ RODRÍGUEZ 7.304.950 LIDICE RODRÍGUEZ OVALLES 7.330.651 ANA ROSA UTRERA RODRÍGUEZ 12.900.714 9.541.177 HÉCTOR MANUEL SEGUERI ROMERO 14.695.774 CÉSAR AUGUSTO MORA VELIZ FANNY YAJAIRA MORENO LINARES 10.956.971 DARWIN JAVIER CASTAÑEDA GUEDEZ 13.197.114 ASDRÚBAL ANTONIO VÁSQUEZ GONZÁLEZ 7.416.585 EDWIN JOSÉ GATICA URANGA 15.229.840 JUAN CARLOS LINAREZ PÉREZ 7.259.255 JHONNY ANTONIO RODRÍGUEZ MENDOZA 9.626.604 DENNYS JOSÉ BERMÚDEZ ORTIZ 13.528.090 LEOMAR JOSÉ MONTILLA PEÑA 11.785.740 5.947.222 CARLOS ALBERTO ROA GURIÉRREZ 13.991.707 GUILLERMO ANDRES PÉREZ REYEZ Comuníquese y Publíquese, EDGARDÒ ANTONIO RAMIREZ Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE de 2011 RESOLUCIÓN N° de Caracas, Años 200° y 151° De conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, visto que la Resolución N° ooõoo01 de fecha 03 de enero de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.589 de fecha 7 de enero de 2011, mediante la cual se designa al cudadano Alberto Enrique Trujillo Ruiz como DIrector Estadal Ambiental Zulia, se incurrió en el siguiente error material: Donde dice "designo a partir del 03/01/2010", debe decir "designo a partir del 03/01/2011". En consecuencia, reimprímase íntegramente a continuación el texto de la Resolución N° 0000001 de fecha 03 de enero de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela N° 39.589 de fecha 7 de enero de 2011, subsanando el error antes referido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley de Publicaciones Ofidales. Comuniquese y publíquese, Por el Ejecutivo Naclonal ALEJANPRO HITCHER MARVALDI MINISTRO DEL PÓDER POPULAR PARA EL AMBIENTE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE RESOLUCIÓN Nº 0000001 Caracas, 03 de enero de 2011 Años 200° y 151° De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, ordinal 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, designo a partir del 03/01/2011, al ciudadanO ALBERTO ENRIQUE TRUJILLO RUIZ, ttuIar de la Cédula de Identidad N° 5.051.325, COmO DIRECTOR ESTADAL AMBIENTAL ZULIA, de este Organismo. De conformidad con lo previsto en el articulo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en página original (tal como se publicó) [Página 11] concordancia con lo dispuesto en el artículo 77, numeral 26 ejusdem, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 5890 de fecha 31-01-2008, se le autoriza para firmar los actos y documentos en las materias concernientes a las atribuciones y actividades de esa Dirección Estadal Ambiental. A tenor de lo dispuesto en el artícuio 9 del Capítulo II del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administraclón Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinario de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 de fecha 12-08-2005, Decreto N° 3.776 del 18-07-2005, en concordancia con 3a Resolución N° 00104 de fecha 08-12-2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.570 del 09-12-2010, se le autonza para que actúe como Cuentadante de la Unidad Administradora Desconcentrada: Dirección Estadal Ambiental Zulia, Código N° 00760. Comuníquese y Publíquese, Por ei Ejecutivo Nacional, ING. ALEJANDRO NITCHER-MARVALDI MINISTRO DEL PÓDER POPULAR PARA EL AMBIENTE MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INDUSTRIAS INTERMEDIAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INDUSTRIAS INTERMEDIAS INSTITUTO NACIONAL DE DESAR':OLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI) Caracas, 18 de Noviembre 2010 PROVIDENCIA N°: 07-2010 200° y 151* La Presidenta del Instituto Nacional de Desarrolio de la Pequeña y Mediana Industria (INAPyMI), en ejercicio de las atribuciones que le confiere los numerales 1 y 4 del artículo 22 de la Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, así como de acuerdo a lo aprobado mediante Acta Nº 07/10 celebrada en fecha Primero (1°) de noviembre de 2010, por el Consejo Directivo este Instituto dicta la siguiente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Se modifica parcialmente la Providencia Nº 01-2010 de fecha diecisiete (17) de mayo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la Rapública Bolivariana de Venezuela Nº 39.446 en fecha quince (15) de junio de 2010, referente a la creación de la Comisión de Contrataclones del INApvMI la cual está conformada de acuerdo a las áreas respectivas, modificándose únicamente en lo que respecta al miembro principal designado en el Área Técnica, así como, de la Secretarla de dicha Comisión, designándose a tales efectos a las siguientes ciudadanas: Mlembro Princlpal: Mysoré Daniela Ramos Mirabal, titular de la Cédula de Identidad No V-11.557.002. Secretarla de la Comisión:Ana Lucía Rivas Tineo, titular de la Cédula de Identidad N° V-14.755.484. - Artículo 2. Se mantiene plenamente vigente el contenido de los artículos restantes expresados en la Providencla N° 01-2010. Comuníquese y publíquese, PATRICIAFEBLES MONTES- Presidenta del Instituto Naciona de desarrollo de la P queda y Mediana Industra (NAPYMI) Resolución Nº 074 de fecha 12 de agosto de 2008, publicada en la Gaoeta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.993 de fecha 13 de agosto de 2008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL RESOLUCIÓN MPPCPS N° 001-2011 Caracas, 07 de enero de 2011 200° y 151° ISIS OCHOA CAñIZALEz, en su carácter de Miniatra del Poder Popuiar para las Comunas y Protección Social, designada mediante Decreto N° 7 508 de fecha 22 de junio de 2010. dictado por el ciudadano Presidente de la República Bohvanana de Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial N° 39 451 de la misma fecha, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con lo dispuesto •n los articulos 62 y 77, numeral 19 del Decreto N° 6 217. con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y en cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del articulo 10 dei Decreto N° 4.107 de fecha 28 de noviembre de 2005. publicado en la Gaceta Oficial N° 38.323 de la misma de las Jubilaciones Especales para los Funcionanos y Empleados que prestan sarvicio en la Administración Pública Nacional. Estadal. Municipal y para los Obreros Dependientes del Poder Público Nacional. CONSIDERANDO Que en fecha 30 do Julio de 2008, mediante Planilla FP-026-E. el ciudadano Vicepresidenie de la República Bolivanana de Venezueia. en el ejercicio de las competencias que le fueron delegadas por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venazueia. y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6 ae la Ley oel Estaluto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionanos o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Adminietración Pública Nacional. de los Estados y de los Municipios, acordo la Jubilación Especial a un número significativo de funcionanos adscritos al Instituto Nacional del Menor, conforme al Plan de Jubilaciones presentado por el referido ente, a lales efectos, CONSIDERANDO Que de conformidad con las disposiciones dei referido Instructivo. el acto aprobatorio de Jubilación Especial. a favor de los funcionarios adscritos al referido ente. corresponde dicterto a aste órgano ministerial. siendo deber del mismo publicarlo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariena de Vanezuela. RESUELVE: ÚNICO: Otorgar la Jubilación EspeciaI a la CIudadana MARTI CARVAJAL MARlANELA, htular de la Céduia de Identidad N° V. 4.719.197, de CINCUENTA Y TRES (53) AÑOS DE EDAD. quien se desempeña como ARCHIVISTA I, adscnta a la SEDE CENTRAL, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, en el Instituto NacionaI del MenOr, Con DIECIOCHO (18) años de servicios prestados en la Administración Pública, con un sueldo promedio M°NSUaI de QUINIENTOS SETENTA Y DOS BOLÍVARES CON SESENTA Y TRES CÉnTiamos (8s. 572,63). por haber cumplido con los requisitos excepcionales a que se prestan servicio en la Adminisiración Pública Nacional, Estadal, Municipal y para los Obreros Dependientes del Poder Público Nacional El monto de la pensión de la Jubilación Especi el es la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES CON 8E8ENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Ba. 257,68), equi ValenIo al CUARENTA Y CINCO POR CIEnTO (45 %). de su remuneración promedio mensual de los últimos Vainticuatro (24) meses, ia cuei sará ajustada al salario minimo de conformidad con lo establecido en el articulo 80 de la Constitución de la Repúblice Bolivariana de Venezuala, y se hará efectiva a partir del treinta (30) de julio de 2008. Cúmplase y Publiquesa ISISOCHOA CANIZALEZ. MIISTRA QEGYODER ROPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓNSOCIAL Según Decrelo A° 7.508 de feche 22 de juno de 2010, publicado en le Gacela Oflcial Aº 39.451 de fecha 22 de juno de 2010. página original (tal como se publicó) [Página 12] REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL RESOLUCIÓN MPPCPS M° 002-2011 Caracas, 07 de anere de 2061 208 y 161° IBI8 OCHOA CAÑIZALEZ, en su carácter de Ministra del Poder Popularpars las Comunas y Protección Social, designada mediante Decruto Ir 7.508 de fecha 22 de junio de 2010, dictado por el ciudadano Presidente de la República Bolvanana de Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.451 de le miama fecha, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 5 de le Lsy del Estatuto de la Funcón Púbfica, en concordancia con lo dispuesto en loe articulos 62 y 77. numeral 19 del Decre o MP 6.217. con Rango, Valor y Fuerza de la Lay Orgánica de la Admanistración Pública, y en cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del articulo 10 del Deoreto N° 4.107 de de las Jubilaciones Especiaies pera los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la Adminiatración Pública Nacional, Estadal, Municipal y pera los Obreros Dupendientes del Poder Público Nacional. CONSIDERANDO Que en fecha 21 de Febrero de 2009, medianto Planila FP-aas-E. et ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariane de Venezuela, en el cjprtacio de Ias Bolivariana de Venezuela. y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6 de In Lay det Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de le Administreción Pública Nacionel. de los Estados y de loe Municipios, acordó la Jubilación Especial a un número eigndicalivo de funcionarios adscritos al instituto Nacional det Menor, conforme el Plan de Jubiluoones presentado por el referido ente, s tales efecios. CONSIDERANDO Que de conformidad con las disposiciones del referido Inetructivo, el acto aprobeorio de Jubilación Especial, a favor de Jos funcionarios adscritos el referido enta, corresponde dictarlo s este órgano ministerial, siendo deber del mismo publicario en te Geceta Ofic el de la República Bolivariana de Venezuela. RESUELVE: ÚNICO: Otorgar la Jubrlación Especial e la ciudadana MJARES DE S. IBARrTZA J. Muder de la Céduia da Identided NP V. 6.200.824, de CUARtENTA Y CBCO (4s) ARDS DE EDAD, quien se desempeña Como BACHILLER I. adscrita a la SEDE CENTRAL DIVISION DE BIENES Y MATERIAS, en el Institulo Nacionel det Menor, Con QUIMCE (16) años. TREs (03) meses de servicios prestados en la Administración Pública, con un sueido prOmediO mensUal de SETECIENTOS DIECISES BOLÍVARES COM CUATRO e n e pone nen os n uno q d (o'st ') contrsen los articulos 4 y 5 del Instructivo que establece Ias Nanmae que Regulen la n n n er e prestan servicio en la Adiministración Púbica Necional, Estadal, Munscipal y pere los Obreroe Dependventes del Poder Público Nacional. El monto de le penpón de la CON CINCUENTA CÉNTIMO8 (Be. 20B,50). eq UIVelerde el TREINTA Y SIETE COMA CINCO POR CIENTO (37,8%). de su remuneración promedo mensual de los Úlbmos Veinticuatro (24) meses. la cual sera ajustada al salario mínimo de conformidad con lo establecido en el articulo 80 de la Constitución de la Repúbica Bolivariana de Venazueia. y se hará efectiva a pertir dei veintiuno (21) de febrero de 2009. ISE OCHOA CANIZALEZ AMNIS TRA DEL POOBR BOPOLAR PARA LAS COMINAS PROTECCIÓN SOCIAL. O402 ep o p zz mpq op i59 0 A mog0 gggg U0 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL RESOLUCIÓN MPPCPS N° 003-2011 Caracas, 07 de enero de 2011 200º y 151° sas oCHOA CARizALEZ, en su carácter de Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, designada mediante Decrelo N° 7.508 de fecha 22 de junio de 2010, dictado por ei ciudadano Presidente de la República Bolivanana de Venezuela, publicado en la Gaceta Ofcial N° 39.451 de la misma fecha, en el ejercicio de las atnbuciones que le confiere el artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con lo dispuesto en los articulos 62 y 77, numeral 19 dei Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgânica de la Administración Pública. y en cumplimiento de lo dispuesto en el único aparte del artículo 10 del Decreto N° 4.107 de facha 28 de noviembre de 2005. publicado en la Gacela Oficial N° 38 323 de la misma facha, que contiene el instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en le Administración Pública Nacional. Estadal, Municipal y para los Obreros Dependientes delt Poder Público Nacionai. CONSIDERANDO Que en fecha 18 de Agosto de 2008, mediante Planila FP-026-E. el ciudedano competencias que le fueron delegadas por ei ciudadano Presidente de la República Bofivariana de Venezuela, y en cumplimiento de 1o dispuesto en el articulo 6 de la Ley del Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, acordó la Jubilación Especial a un número significativo de funcionarios adscritos al Instituto Nacional del Menor, conforme al Plan de Jubilaciones presentado por el refendo ente, a lales efectos, CONSIDERANDO Que de conformidad con las disposiciones del referido Instructivo, el acto aprobatorio de Jubiación Especial, a favor de los funcionarios adscritos al referido ente, corresponde dictarlo a este órgano ministenal, siendo deber del mismo publicarlo en la Gaceta Oficial de la República Bolivaniana de Venezuela. RESUELVE: ÚnICO: Olorgar la Jubilación Especial a la ciudadana VIERAS MARIA EDEN, titular de la CAdule de Identidad N° V. 4.361.624, de CINCUENTA Y 8IETE (67) AÑOS DE EDAD, quien Be desempeña Como SECRETARIA II, ads Cnta a la SEDE CENTRAL, DIVISION DE SERVICIOS GENERALES. en el Instiluto Nacional del MenOr, con DIECIOCHO (18) años de servicios prestados en la Administración Pública, con un sueido promedio men BUal de 8EISCIENTO8 CUARENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON NOVENTA Y DOS cÊnmamos (Ba. e49,82). por haber cumplido con los requisitos excepcionales a que sa prestan servcio en la Administración Pública Nacional, Estedal, Municipal y para los Obreros Dependientes del Poder Público Nacional. El monto de la pensión de la Jubilación Especial ss la cantidad de DOSCIENTO8 NOVENTA Y DOS BOLIVARES CON CUARENTA Y·SEIS CÉNTIMOS (Be. 292,46). eQUIValenIe al CUARTENTA Y CunCO POR CIENTO (46%). de su remuneración promedio mensual de los últimos Ventiouatro (24) meses, la cual será ajustada ai salario mínimo de conformidad con lo establecido en el articulo 80 de la Constitución de la República Bolivariane de Venezuela, y se hará efectiva a partir del dieciocho (18) de agosto de 2008. Cúmplase y Publiquese ISIS OCHOA CAÑIZALÊZ. MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL. Según.Degjesto A 7.508 de feche 22 de jume de 2010. publicado an gscele Onoal A° 39 451 de lecha 22 de juno de 2010. página original (tal como se publicó) [Página 13] REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL RESOLUCIÓN MPPCPS N° 004-2011 Caracas, 07 de enero de 2011 200° y 159° Comunas y Protección Social, designada mediante Decreto N° 7.508 de fecha 22 de junio de 2010, dictado por el ciudadano Presidente de la Repúbica Bolivariana de Venezuela. publicado en la Gacata Oficial N°39.451 de la miama fecha, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con lo dispuesto en los articulos 62 y 77. numeral 18 del Decreto Ar 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Adminiatración Púbica, y en cumplimiento de lo dispuesto en el único aporte del artículo 10 del Decreto N° 4.107 de fecha 28 de noviembre de 2005. publicado an la Gacata Oficial N° 38.323 de la miama fecha, que contiene el Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de les Jubilaciones Especiales pare los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la Administración Púbica Nacional. Estadal, Municipal y para los Obreros Dependientes del Poder Público Nacional. CONSIDERANDO Que en fecha 27 de Noviembre de 2009, mediante Planilla FP-026-O, el ciudadano Vicapresidente de Is República Bolrvariana de Verazuela, en el ajercicio de las competencias que la fueron delegadas por et ciudadano Presidente da la República Bolivarlana de Venazuele. y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6 de la Lay del Estatuto Sobra el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionanas o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, acordó la Jubilación Eapecial a un numero significabvo de funcionarios adscritos al Instituto Nacional del Menor, conforme al Plan de Jubilaciones presentado por el referido ente, a talas efectos, CONSIDERANDO Que de conformidad con las disposiciones del referido (instructivo, al acto probatorio de Jubilación Especial, a favor de los funcionarios adscritos al referido ente, oorreaponde dictario a aste órgano ministerial, siendo deber del mismo publicarlo en la Gaosta Ofciel de la Rapública Bolivanana de Venezuala. RESUELVE: ÚNICO: Otorgar la Jubilación ESpecial al cludadano OCHOA VEGAS DAVID RODOLFO. titular de la Cádufa de Identidad N° V-10.118.573, de CUARENTA Y CUATRO (44) AÑOS DE EDAD, quien se desempeña Como MENSAJERO. adscrito a la SEDE CENTRAL, OFICINA DE PERSONAL. en el Instituto Necional del Menor, con VEINTIDOS (22) años y CiNco (0&) meses de sarvicios prestado a an la Administración Pública, con un sueldo prOmediO mØnGUal de NOVECIENTOS SETENTA BOLIVARES CON NOVENTA Y DOS CÉnTimos (Ba. 970,92). por haber cumplido con los requisitos excepcionales a que se contraen los articulos 4 y 5 del instructivo que astablace las Normas que Raguden la Tramitsción de las Jubilacionea Especiales pera los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la Administreción Pública Nacional, Estadal, Municipal y pera los Obreros Dependientes del Podar Público Necional. El monto de ls pensión de la JubilaCiÓn EspaCial es la cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLIVARES CON CINCO CÉNTIMO8 (Ba. 634,05). eq UiVaIente al CINCUENTA Y CINCO POR C1ENTO (86%). de su remuneración promedio mensual de los últimos veinticuatro (24) mesas, la cual serà ajustado al salario minimo de conformidad con lo establecido en el articulo 80 de la Constitución de la República Bolivanians de Venezuela. y se hera efectiva a partir del veintisiete (27) de noviembre de 2009. Cúmplese y Publiquese ISIS OCHOA CAÑIZALEZ. MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL. gai peceto N° 7.508 de feche 22 de junio de 2010. publicado en la Gacers Ofcal A° 39.459 de fecha 22 de junio de 2010. REPÚULICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MENESTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL DESTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES (INASS) DIRECTORIO Carsons, 21 de Oetubre de 2010 FROVIDENCIA ADMINESTRATTVA N° CAV0U23/1O ACTO MOTTVADO De comfonmidad oon Ins atribuciones conferidas en el artículo T2 de la Ley de Servicios Socjales, pabliands cn la Geuta Olicial de la Republica Bolivarinne de Venozusla N° 38.270, de focha 12 de Septiombre de 2005, estc Dirvoturio, actuado cosmo Máxiana Autoridad del Instituto Nacional de d Social, de cufummidod con el articalo 71 ghunden, om reunión de feche Catoroe (1 4) de Octubro de 2009, con ln meisancin de los sigricntes anismbroe: la cindndena lomenin Algelce Pacbeco, en su canidier de Pruidosts dul ENASS, tituler de In códula de identidad N° V- 7.121.794, designada dte Decre o Prenideacial N° 5.848, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Veuzamls N° 38.p62 de fecha 31 de enoro de 200a, Eliana Castillo on su carácter de pme por los Puebilos Indigomes, Lic. Daloe Sefle Péree an su carácter do representante del h de repreaosteue dal Comcio Nacionel pera las Parsonas con Discapacidad, Roea Olbver on su cacicter de Repeunntouee de los Adultos y Adaltas Mayoree, Dr. Joué Pétis Rodrignea en su candcaer de reprencntante de Ia Dafansoria dol Pueblo, Dr. Gesdio Godoy en su carácter de representante del Ministerio del Poder Popeler pura las Comunas y Proteoción Social, Dra. Jesech Memn, an sa cerdictor de Seorebarie del Directorio, proceden a lo siguiento: CONSIDERANDO El Articulo 3 y 10 de In Ley de Relbrma de In Lay de Contratacionos Públicas, publicade en la Geauta Olicial de In Replblica Baliveriena de Vestuela N° 39.503, de feola 06 do suptimbro de 2010. CONSIDERANDO Qeo este ergeeiomo o entc que debe rogine por Ley de Contradaciones Pública a pera la adquisición de hicmos, cantrutnción de olres y de servicios. CONSIDERANDO La scaidad de le derigpecióe de loe ismbros do le Comisión de Contrataciones Permanento de) (SSVNLl) qoos og Ag ap pe Ng dgrng DECIDE: PsEaniaO: Ea umsire comdicide de Máxina Autoridad Diroctiva dal Inatituto Nacional de Servicios Socieles (DNASS). omstituir la Comisión de Contralacionss Permanente del Inatituto Necional de Servicios Sociales (tn AsS), le cual conocoré de Jos proveaos relacionados con la selección de comration pre la ejecución de obras, adquisición de bienes muebies y la prestación del sorvicios, carrespondiantas a dicho Instituto conforme a lo que establece el Deoreto con Rango, Valor y Fecza de Ley de Coutrataciones Públicas. SiECunpO: La Comisión de Contrataciones Permnenente del Instituto Nacional de Servicios n n n suplonies, quienes se uosciomen a contieseción: Yulcidy Ortear Ecomósnice Finenciera Miembro Principal C.E V - 17.328.515 Yuris Ag Económica Financiera Miembro Suplente C.1: V - 6.054,029 Yuliberth Cärdeput Téoaica Miembro Principal CI V- 15.013.073 Ing. Murlenc Micabal Téonics Miembro Suplente {C.1:V - 5.522.552 Jurídica Miembro Principal Abg. Juh Dolores Mone C.E: V -6.854.951 Abg. Fatinne Aumrillear Jarídica Miembro Suplente Herndndez C.:V - 14.531.037 Eoon. Piora Reyes Secretario CI-V-5.137.670 Las emsaacias de los amiombros principales sortin cubiortuas por el suplente quo orrosponde según el ados estabiecido en la smerior relación. Quoda entendido que dentro del ároa técnica podrán oompareoer los repruontunies de otra a Arees, sogim se trate de la maleria del contrato que se osté o TEIBCEBBO: Se desi a la ciodadena NORA REYES, titular de la cédula de idontidad N° V. 5.137.s70, como Secrvtaris de In Comisión de Contralaciones Permanento del Inutituto Nacional de Servicios Sociales (tlA.SS), In cual tundré darooko s vog mds po a voto. CUAuarTO: La Comgisión de Comtrutacionee Porroenanta del Instituto Naclonal de Servicios Socialse (DNAsS) padrá coqurir cerdo lo estimo seoneerio, Is participación de otnus personas en las voumiomns o actmpcioamos a Ins fines de los estudios o aclerasories de tipo tácnico, jurídico o sudesinintrativo. Cenndo el requtriniemo rectigs sobre algún funcionario del Inatinuto Nacional de Servicios Social en, dicha poracun osturt n la obligación de ofr la onvocetoria. En todo caso, Ins pamomas cosvocaden cosformo el preeonle articulo saistiren s Is correepondionte nión o solución de la Comisióe de Contrataciones Pernegente con derecho a voz pero no a vo. Punento: La Secrstarie de la Commiaión de Coatrataciones Perroanente además do las atribuciones couferides cemo miembro de viole consisión, tandré s su cargo las siguientes eotividades: 1. Cosfonee a Iainetreocioscs qos inperte el Gerente de Administreción convocar y camndimer Ime roumiomos de la Cominión, ud como de los actos públicos llevados a cabo enta n, en al meco de la oolebración de loe distintos procedimientos. 2. Levaptar Ins altas, Bover al control det archivo de la Comisión de Contrataciones y formar los eqpediemes de oomtratación esta el isforrae que le sosn requeridos por Jos miembros de In Cosuivión de Contratacionts. 3. Efoctiur in sotificaciomas de todos los actos en virtud de los procndimicntos Ievados e cabo por la Comisión de Costratacionos. 4. Precatur amte los mitambros de la Comisión de Contnatciones las propuestas de pliegos de página original (tal como se publicó) [Página 14] SEXxTO: La Comisión de Contratacionca Purmenente del Inatituto Nacional de Servicios Sociales q n n n e ) respectivos suplentes y sus decisiones ne tomará por el voto favorable de ia mayoría. SE.PT3mO: El miembro que disienta de una decisión, lo manifestara en el mismo acto deblendo delegar y exponer los motivos co el acta respectiva. OCTAVO: Queda derogada la Providencia Adminiatnathva N° 000sv2009 de focha 05 de Noviembre de 2009. e Gaceta Oficiel de la Rspúblics de Venozuela. DECiMO: Notifiquese a las gerencias Involucradas de tal decisión. La prosente decisión fue aprobada peodiense Raunión de Direciorio, de fecha 21 de Octubre de 2010, Acta N° 03, Orden del Dia en su Punto N° 4. En Caracas a los Veistiún (2 L) días del mes de Ociubre de 2010. ! t David Lópaz Roms Olher Consejo Nacional de las Personas con Rapresentante de las Achaltas y Adulios Discapacidad Mayores inisterio del Poaier Popular paro las Defensorig del Puslo Comonas y Id Prolección Social D Eliona bostilo Ellana Castillo Purblos Indigemnas y lf Igualdad de Genero a ~" Fanath Mone Secnetarla MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL DEPORTE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PEPORTE DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 002/11 El Ministro del Poder Popular para el Deporte cudadano HECTOR RODRIGUEZ CASTRO. titular de la cédula de identidad N° V-18.451.697 de acuerdo con designación que consta del decreto N° 7.507 de fecha 22 de Junio de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivaniana de articulo 77, numerales 2, 3, 19 y 27 dei Decreto 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en los articulos 5 numeral 2 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública RESUELVE: PRIMERO: Designar al ciudadano LUIS ALBERTO BRANDO URBINA, Titular de la Cédula de Identidad N° V- 6.474.776, como Director General de la Oficina de Administración y Finanzaa, del Ministerio del Poder Popular para el Deporte. El referido cargo es de libre nombramiento y remoción al ser de Alto Nivel, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del articulo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. El presente nombramiento surtirá efecto a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivaniana de Venezuela. SEGunDo: Se encomienda a la Oficina de Recursos Humanos de este Ministerio la notificación de la presente Resolución al ciudadano LUiS ALBERTO BRANDO URBINA del presente acto. Dado en caracas al primer (01) dia del mes de enero de dos mil once (2011). Años 200° de la independencia, 151° de la federación y 11° de la Revolución Bolivariana. Notifiquese y Publíquese. HÊCTOR RODRIGUEZ CASTRO MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL DEPORTE de la Repubica Bolvanana de Venezvels N° 39 452 de fobg3/06/2010 COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL Expediente N° 1164-2004 COMISIONADA PONENTE: BELKIS USECHE DE FERNÁNDEZ El 30 de abril de 2010, se recibió en esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, oficio N° 1243 del 19 de merzo del mismo año, anexo al cual la Sala Politico-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia remitió copia certificada de la sentencia N° 00154 dictada el 9 de febrero de 2010 y publicada el 11 del mismo mes y año, en la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la Inspectoria General de Tribunales, contra el aclo administrativo dictado el 3 de junio de 2004, mediante el cual este Órgano Disciplinano absolvió al Ciudadano JOsÉ DELFIN CARRILLO GARclA, titular de la cédula de identidad N° 6 203.670. por actuaciones durante su desempeño corno Juez del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, asl como emilio anexo el expediente disciplinario. Por auto del 3 de mayo de 2010. esta Comisión se abocó al conocimiento de la presente causa, y designó ponente a la Comisionada Belkis Ueeche de Fernández. Asimismo, se ordenaron las notricaciones correspondientes. las cuales fueron efectivamente practicadas. Cumpl:do el trámite procedimental, esta Instancia Disciplinania pasa a decidir previas las siguientes consideraciones: | ANTECEOENTES En fecha 13 de marzo de 2004, la Inspectoria General de Trbunales, presentó escrito contentivo del acto conclusivo contra el ciudadano José Oelfin Carrillo Garcia, por actuaciones durante su desempeño como Juez Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, en el cual indicó que la investigación se inicio por denuncia, que asimismo. se habia recibido del presidente de le Corle de Apelaciones dei estado Anzoátegui clicio N° 949-02 de fecha 16 de enero de 2003, mediante la cual remitió copia certificada de la sentencia que dictó en esa misma fecha con motivo de una incidencia de recusación contra el referido juez, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 88 del Código Orgánico Procesal Penal; que una vez realizada la investigación se determineò que ei referido ciudadano infringió las prohibiciones o deberes legales que le establecen las leyes, falla disciplinaria prevista en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, que contempla ta sanción de destitución, la cual solicitó le fuera aplicada. Postenormente, mediante decisión del 3 de junio de 2004, esta Comisión absolvió al Juez José Delin Camillo Garcia. por cuanto los hechos inıputados en el desempeßo de sus funciones so revisten trascendencia disciplinaria"; en virtud de lo cual, la Inspectoria General de Tribunales interpuso ante la Sala Politico de nulidad contre ese scto administrativo, el cual fue declarado con lugar. DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA En sentencia N° 00154, publicada el 11 de febrero de 2010. 1a Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declarò con lugar el recurso contencioso-administrativo de nulidad interpuesto por la Inspectoria General de Tribunales contra la decisión dictada por esta Comisión el 3 de junio de 2004, en.la cual se estableció lo siguiente: :. Coresponde a esta Sala pronunciarse sobre el recurso de nulidad ejercido por la representación judicial de la inspectoria General de Tribunales. contra el acto administrativo de fecha 3 de junio de 20o4, d:citado por la Comisión de Funcionamiento y Reesiructuración del Sisteme Jucicial, medianie el cual so absolvió al abogado Josi Delfin Camilo Garcla, en su condición de Juez Quinto de Pnmora Instancia en Funciones de Control del Circulo Judiaal Penal de la Circunscnpción Judicial dol Estado Anzoálegui, de los cargos imputados por la refenda Inispoctoria, on el procedimiento disciplinario segundo en su conira. f. JAhora bien, de la lectura de la acusación lonnulada por la Inspectoria General de Tnbunales contra el Juez José Delfin Camilo Garcia, (folios 173 al 194 de la pozo N° 2 del expediente admunistralivo). se conslate cono hechos imputados los siguientes "..quedo plenamente demostrado que el Juez Tilular investigado inció, su la presencia de los abogados defensores de los imputados, un acto de reconocimiento en rueda de individuos, y que cuando a dichos defensores se les permiso ol acceso ai recinto donde deban realizarse el acto, ya se habian liendo parcialmente los foma los correspondientes, especibcamenta lo refondo a las caraclerisicas fisonómicas de los impulacos. Asmismo se constató que snte la oposición de los defensores so levantó un acte en la que se dejó constancia de tal irreguiardad, por lo quo so tuvo que llenar nuevamente los forme los, y en consecuencia, sa anoxsron a la refenda acta, lento los fommalos imtos, como los que fueron elaborados de nuevo en presencia de ello. página original (tal como se publicó) [Página 15] Con lal proceder el Juez Titular investigado, infringió 16 dispuesto en el articulo 12 del Código Orgánico Procesal Penal, que dispone: (..omissis...J. Igualmente la sclitud Imputados, quebrantó el deber conalitucional de transparencia que debe imperar en la administración de justicia, cuyo cumplimiento se encuentra garantizado en el articulo 28 de le Constitución Nacional, que dispone: (..omissis...).(..) Es importante scoter qua lo ocurrido en el acto de reconocimiento en rueda de individuos, a su vaz constituye una ordenamiento juridico vigente. por mandelo del artículo 28 da le Consuilución Nacional antes señalado, y que debe careclenizar le canducte de los jueces, conforme e lo •stablecido en el articulo 3 de le Ley Orgânica del Poder Judicial (. .). casación en su contre, fundamentada en el supuesto contenido en el numeral 6 del articulo 86 del Código Orgánico Procesal Penel, que señala (...omissis...). Dicha causal fue declarada con lugar por la Corte de Apelaciones del Cirouito Judicial Penel del Estedo Anzoétegui, an la decisión dicte de el 5 de diciembre de 2002, en conire de la constitucional, que fue declareds sin luger por la Sala Constitucional del Tnbunal Supremo de Jualicia, quedando en consecuencia, definitivamente firme la mencionada decisión de le Corte de Apelecionas. por lo que el Juez investigado se hace acreedor de la sanción de desiaución de conformidad con lo dispuesto en el erticulo 88 del Código Orgánico Procesal Penel (...). Elo es esi, ye que la mencionada causal, se estableció como une garantia pera les pertes, de ser juzgados en el proceso por un juez imparcial, Irenaparenie y respeluoso de su derecho a la igualdad. por tanto, al no ajustar su corrportamiento a tales deberes y onconirarse bajo el supuesto del articulo 88 del Código Orgánico Procesel Penal, el Juez investigado incurrió en le falte disciplinaria que de lugar a la sanción de desifución, de conformidad con so establecido en el numeral 11 del artículo 40 de la Lay de Carrera Judici el ..' (Sic). (Resaltado del escrto). Asimismo se observa, que el juez imputado consignó escrto de lecha 1° de sbni de 2004, en el que expuso sus argumentos sobre todos los hechos que le fueron atnbuidos por la referido Inspectoria Generel de adminisirelivo. No obstante. la Comisrón de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judici el, en su decisiónabsolutoria únicamente señaló que del conlefido de. reconocimiento en si, el Tnbunal debe solicitante al testigo una descripción del imputado con le finelided de lener certeza de que lo conoce o lo ha vigslo con anterionded, lo cual, juicio de ese órgano disciplinario, no congituye un aclo que mente la presencia de las pertes y debe considerarse como un peso previo pere poder realizar el llamado reconocimiento en rueda de individuos que contempla los articulos 231 al 233 del Código suscrita por todas las partes. cursante del folio 171 y 173 de la primera pieza del expediente y, en consecuencia, (esa) Comisión (.) considera que los hechos investigados no tienen le transcendencia disciplineris qua le impute le Inspecioria General de Tribuneles". De le decisión cite de se desprende. que el órgano disciplinario sólo consideró el primar hecho denunciado por la Inspectoria Generel de Tribuneies, sin hecer pronunciamiento alguno con respecto a le sanción de destitución solicitada de conformidad con lo incidencia de recusación interpuesie en contra del abogado José Defin Carillo Martinez, Juez Quinto de Primere Instancia en Funciones de Control del Circurto Judicial Penal de la Circunacripción Judici el del Estado Anzoátegui y ante ia cuel, como fue señeledo, el mencionado imputado expuso sus alegatos de defensa. Anta dicha omisión, debe aste Sale advertir, que de las acta a que conforman el expediente admínistrelivo se evidencia, que la Corte de Apelaciones del Circuilo Judicial Penal de le Circunscnipción Judicial del Estado Anzoéfegui, mediante sentencia dicta de an feche 5 de diciembre de 2002 (fohos 99 al 118 de la pieza N° 1), entre otres cosas, declaró con lugar la causal de recusación fundamentada en el supuesto contenido en el ordinal 6° del articulo 86 del Código Orgánico Procesel Penel, razón por la cual, ordenó rendir » la Inspectore General de Tribunales copie cerificade de todas las actuaciones que conformaban le referida causa, e los fines previstos en s/ articulo 88 de ese Código, Los jueces profesionales, escabinos, fiscales del Miniaterio Público, secrelanos,expertos e intérpretes, y cualquiera otros funcionarios del Poder Judicial, pueden ser recusados indirectamente, sin la presencie de todas las pertes, aigune dese de comunicación con cuelqulera de •llas o de sus abogados. Sobre el asunto sometido a su conocimiento,... 'Articulo 88. Sanción. Si se declara con lugar le recusación con base en lo establecido en el ordinal 6° del articulo 86, el Tribunal que la acuerde debe remitir lo pertinente al organo disciplinario correspondiente, e los fines de que se abra el proceso de destitución del recusado por tal concepto'. Asimigmo se constate que contra la referida decisión, al señalado abogado interpuso ante la Sele Constilución de este Máximo Tribunal, soción de amparo constitucional, la cual fue declerede sin lugar mediante sentencia N° 3273 dictada el 26 de noviembre de 2003 (foios 180 el 189 de la pieza N° 2). Siondo ello asi, eata Sela considere que !a Comniaión de Funcionemianto y Reestrucluración del Siateme Judicial, al dictar el aclo impugnado insumo en un error en la apreciación de los hechos (falso supuesto de hecho). el no haber emilio pronunciamiento sobre todas y cede unas de las denunciados formuledes por la inspectoria Ganeral de Tnbunales. En electo. debe advertirse que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 62 de la Ley Orgánica de todes lss cuestiones que le hubieren sido plenleadas a lo largo del procecimientc. Por les razones entes expuestas, este Mâximo Tribunal concluye que en el caso concreto so configure al vicio del falso supuesto de hecho alegado, razón por le cuel, debe declererse con lugar el recurso de nulidad interpuesto y en consecuencia, la nulidad del ecto administralivo dictado por la Comisión de Funcionamlento y Reestructureolón del Sistema Judicial en fecha 3 da junio de 2004 Asl se deciara. Finaimente, observa este Sela que la parte ectore solicitó en su escrito libelar le destitución del abogado Jos* Deifin Camifo Garcia, del cargo de Juez del Juzgado Quinto de Prmera Instencia en Funciones de Control del Circuito Judici el Penel de le dentro del Poder Judicial, o en su cefocto, so ordene a ia refenda Comisión dictar una nueva decisión en la que se aplique le sanción comespondiente a las filas cometidas por el indicado funcionano. Al respecto. debe precisarse que ro le corresponde al juez contencioso administralivo. en principio, sustilur o la Acminstración (véase. entre ciras sentencia de esta Sala N° 1741 del 6 de julio de 2006). razón por la cual se ordena 2 la Comisión de Funcionomianto y Reestruclurecicn dal Sistomna Judicial que emta un pronunciamiento respecto a la sanción de destitución solicitada por la Inspeciorla General de Tnbunalos de conformidad con (o dispuesto s:1 el articulo 88 del Cédgo Orgenico Procesal Penal, en virtud de la incidencia de recusación interpuesta sn contra del abogado Jose Delfin Camllo Mertinez. Jues Quinto do Prmora Instencia en Funciones de Conirol dei CIrcuño Judicial Ponal de la Circunscnpción Judicial del Estedo Anzoátegui. lo cua! debera hacerse dentro de los noventa (80) oras siguicnes a la nctificacón dsi presente folio Así sa decide DECISIÓN Por las consideraciones anteriormente expuestas, eala Sala Polilico-Administraliva Accidantel del Tribunal Supremo de Justicia, adminiatrendo justicia en nombre de la Repúblice y por sutoridad de la Lay, declara: 1.- CON LUGAR el recurso de nulidad Interpuesto por el abogado Servio Tulio León n n n n n de Inspector General de Tribunales y la segunda, como apoderado judicial de dicho Organo, corira el acto adminisiralivo de fecha 3 de junio de 2004, dictado por la JUDICIAL, qus absolvió al abogado José Delfin Canillo Garcle, Juez Quinlo de Primera Instancia en Funcianes de Control del Cirouito Judici el Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoêtegul, de los cargos formulados por la Inspectoria Generel de Tribuneles, en al procedimiento disciplinario seguido en su contre. 2.- Se AnULA el mencionado ecto administrativo. 3.- Se ORDENA & la Comisión de Funcionamiento y Reestrucluración del Sistema Judicial emitir un pronunciamiento respecto a la sanción de destitución solicitada por la Inspectoria General de Tribuna los, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 88 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de la incidencia de recusación interpuesta en conira del juaz imputado, lo cual deberá hacerse dentro de los noventa (90) dias siguientes a la notificación del presente falo...". III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Corresponde a esta Comnisión, visto el contenido de la decisión N° 00154, pubicada el 11 de febrero de 2010, dictada por la Sala Politico Administraliva del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró con lugar el recurso de nulidad interpuesto por la Inspectoria Generai de Tibunales, contra el acto administrativo dictado el 3 de junio de 2004, por este Órgano Disciplinario mediante el cual se absolvió al ciudadano José Delfin Carrilo Garcie, por actuaciones durante su desempeño como Juez del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui: nulo dicho acto y. en consecuencia, ordenó a sta Comisión pronunciarse acerca de la sanción de destitución solicitada por la Inspectoria General de Tribunales, de conformidad con el articulo 88 del Código Organico Procesal Penal, en virtud de la incidencia de recusación interpuesta contra el prenombrado ciudadano; y a tal efecto se observa lo siguiente: En fecha 13 de marzo de 2004, la Inspectorla General de Tribunales, presentó escrito contentivo del acto conclusivo contra el ciudadano José Dalfin Carrillo Garcia, por actuaciones durante su desempeño como Juez Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control det Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, por haber disciplinana prevista en el numeral 11 del arlículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, que contemp!a la sanción de destitución, en el cual indicó lo siguiente: Que el prenombrado ciudadano incurrió en la refenda falta dado que inició sin la presencia de los abogados defensores de los imputados, un acto de reconocimiento n rueda de individuos, y que cuando a dichos defensores de los imputados se les permitió el acceso al recinto donde debía realizarse el acto, ya se habian llenado parcialmente los formatos correspondientes, especificamente lo referido a las características fisonómicas de los imputados. Que ante la oposición de los defensores se levantó un acta en que se dejó constancia de tal irregularidad, por lo que se tuvo que llenar nuevamente los forma los Irrilos, como los que fueron elaborados en presencia de ellos. Que con tal proceder infringió lo dispuesto en los articulos 12 del Código Orgánico Procesal Penal y 26 constitucional dado que los jueces no pueden presencia de la otre, por cuanto elo rompe con la igualdad y equilibrio procesal. Que en el presente caso el Juez sometido a procedimiento comenzó a llenar los formularios correspondientes a la prueba de reconocimiento •n rueda de individuos con la sola presencia de las víctimas y del Fiecal, y sin la de los abogados defensores de los imputados, lo que evidentemente estaba provocando une ventaje a la contraparte de estos, ya que los defensores no podía tener el control de prueba, de los defensores de los imputados, quebrantó el deber constitucional de transparencia que debe imperar en la administración de justicia, cuyo cumplimiento sa encuentra establecido en el articulo 26 constitucional, cuando llenó los formatos antes que estuvieran presente todas las partes, especificamente los defensores de los imputados, toda vez que los datos colocados en las planillas correspondia a aquellos que debia aportar los testigos, respecto a las caracteristicas que según su percepción tengan los individuos que presuntamente cometieron el delito. Que tal falta de transparencia del referido ciudadano, sino también por el hecho de intentar destrur los formatos llevados sin la presencie de los defensores de los imputados; lo cuel constituía, a su vez constituía una inobservancia del principio de imparcialidad que informa el proceso an nuestro ordenamiento juridico por mandato del referido y que debe caracterizar le conducta de los jueces, conforme lo establecido en el articulo 3 de la Ley Orgánica dal Poder Judicial, ello en razón de que al no estar presentes lodas las partes y levantar le información respecto a dicho acto de reconocimiento en esas circunstancias, reveló una inclinación del Juez hace una de las partes, en este caso, al Fiscal y ls victimas. Señalo igualmente que con su conducta el Juez originó una incidencia de recusación en su conira, tal como quedó evidenciado, con fundamento en el rumeret 6 del erticulo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, la cuai fue declarada con lugar por la Corte de Apelaciones dei Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, el 5 de diciembre de 2002: que asimismo el Juez interpuso una acción de amparo constitucional, declarada sin lugar por la Sala Constitucional del Tribungi Supremo de Justicia, quedando firme la decisión de la Corte en referencia_da alli lo congidaró responsabie de la falta imputada toda vez que la mencionada causal, fue establecida por el legislador como una garantia conferida a las partes a ser juzgados cla forma imparcial. transparente y respetuoso de su derecho a la igualdad. por tanto. al no ajustar el referido Juez su comportamiento a tales deberá y encontrarse bajo el supuesto del referido articulo 88 incurrió en la falta disciplinana establecida en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial. que acarrea la sanción de destitucion sanción que solicitó le fuera impuesta, por haber infringido prohíbe:ciones o deberes que le establecen las leyes. Por su parte. el ciudadano José Delfin Carrilio Garcia, mediante escrito dirigido a esta Comisión, presentado el 1º de abril de 2004. ante la Inspeclorla Generai ds Tribunales. Cursante a los folos 2 ai 16 de la tercera pieza del página original (tal como se publicó) [Página 16] expediente, indicó que el Tribunal pars entonces a su cargo, se trasladó a la sede la policia cientifica. en compañia de una pasante del mismo de nombre Yulimer Márquez, con el fin de colaborar con los trámites necesario para la realización del reconocimiento en rueda de individuos, donde se levantará el acta, se completar la el formato con las caracteristicas figonómicas similares a les del imputado y se verificará la presencia de las partes; que tal formato no lo llenó él, así como tampoco interrogó a los testigos reconocedores sin la presencia del defensor de los imputados, puesto que dicho formato fue terminado sin su presencia por la pasante en referencia, quien por desconocimiento lo elaboró en una sala contigua, sin sus instrucciones, con el fin de colaborar con la Secreteria. Que la referida pasante no fue llamada a declarar ni por la Corte de Apelaciones al momento de resolver la incidencia recusatoria, ni por la Inspectoria General de Tribunaies, como tampoco lo hicieron doce (12) testigos que presenciaron el heoho lo cuales pueden dar fe que no tuvo contacto directo con alguna de las partes sin la experiencia necesaria para estas actividades, son designados por la Dirección de Servicios Judiciales del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, por la carencia de personal tribunalicio. Que, la Inspectoria General de Tribunales, igualmente carecia de elementos probatorios para determinar que él llenó los mencionados formatos, púas no llamó a los testigos presenciales del hecho, ni a la Secretania, ni a la Fiscal o al defensor de los imputados, asi como tampoco a la referida pasante; limitándose a transcribir extractos tanto de la denuncia como de la decisión de la Corte de Apelaciones, que declaró con lugar la incidencia; pese a que en reiteradas oportunidades, vale decir, en escntos de descargos presentados en la referida Corle y ante la Inspectora de Tribunales comisionada, manifestó que nunca luvo comunicación con alguna de las partes sin las presencia de las demás. Ahora bien, de los alegatos de las partes y de las actas cursantes al expediente disciplinario, se observa lo siguiente: Consta a los autos quo el 26 de septiembre de 2002, el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Circuito Judicial Panal del estado Anzoátegui, a cargo pra ese entonces del ciudadano José Delfin Carrillo Garcla, dictò medida privativa judicial preventivo de libertad contre los ciudadanos Félix Martinez Rizzo, Iván Suárez Torres y Melvin José Anlaquars López Asimismo, se evidencia que el 30 de ese mismo mes y año se libraron las notificaciones a los defensores a los fines de hacerlas saber que el tribunal fijó la práctica de un reconocimiento en rueda de individuos, para el 17 de octubra del mismo año. siendo que en esa oportunidad se difirió dicho auto para el 24 de octubre a las dos (2:00 pm). (folios 131 al 136 y 150 de la pieza N° 1). Cursa a los autos el acta levantada por el referido Juzgado Qunto de Control entonces a cargo del Juez sometido a procedimiento disciplinano, en:le cual fue asentado lo siguiente: ".. Vointicuatio de octubre de dos mi (.) encontrándose este Tribunal en la sede.gg) Cuurpo de Investigaciones Cientificas Peneles y Cnminalisticas, Delegación de Barcelona. / . / loma la palabra el Abogado Defensor del Imputedo Felix Martinez quen expone: 8n este acto hago oposición de reconocimiento en Rueda de Individuos y perticipo bejo prolesto, en razon do quo este Juzgado de Control n° 05, levanto (sic) los formatos que contienen le deposición de le Victima (sic) en cuando e l8s características de los ciudavenos e reconocer, siendo que los mismas se levantaron: sin presencie de le defenss, debiendo realizarse nuovumente a peticiórr de este úflima, reconsidero que se violó (sic) el derecho de la defensa, u la igualdad de les partes y el debido proceso (...) Acto seguido se le concede la palabra al Representante del Mimistero Público quen expone (..) y en cuento al segundo vicio que alega la defense. ei nisino ha sido subsanedo debidenente constituido el Tribunal un er presencia de lodos las pertes (..) Seguidanente se le concede la palabra a fe Dra. Cruz Marla Suárez Pare;o, defensor de confianza del inpulodo Mervin Antequera López e Ivân Suárez Torres quien expuso" la delensa hece formal oposición dal acto de reconocimiento de individuos, aunque no se nrege a participar en el (.) igualmente dej constancia que los formatos del ecto de Reconocimiento donde le victima (suc) da las caructoristices fisonomces (sic) de los imputados las primeras tres fueron llenedos sin estar presenta ruguno de los Abogados defensores en la presente cause. Es lodo. Acto sugudo .este Tribun el. .en relación al pedimento de oposición al reconocintiento an virtud de habor por error mnvoluntario rellenado tres (3) formatos donde so descnbe las ceructeristicas lisononicas (sic) e reconocer (enero a le presente acta y oido como he sido el pedimento fiscal de subsanar en esto octo dichos fonnelos, esle tribunal acuerda negar la presente oposición y subsanar en esla acto, el referido error involuntario dejando sin electo dichos formatos y deber constancia nuevos forma los interrogendo en presencia de las pertes, (folios 186 y 167 de la pieza N° 1). Asimismo, cursa a lo autos los forme los que fueron parcialmente lienados sin la presencia de los abogados defensores y los que se llevaron con la presencia de todas las partes; folios 168 al 176 de la pieza N° 1, Cursa también escrito de recusación interpuesto por ei ciudadano Reinaido José Marcado Veliz abogado del ciudadano Félix Martinez contra el sometido a procedimiento disciplinario, -folios 58 al 85 de la pieza N° 1- asi como decisión dictada el 5 de diciembre de 200z por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Anzoategui, mediante la cual se deciaró parcialmente con lugar la recusación interpuesta, en los siguientes términos: -...ante fa ausencia de pedro probatorio fendente a demostrar los hechos según el recusante constituye enemistad manifiesta, considera este Corte de Apelaciones que lo correcto y ajustado a derecho es declarar sin lugar la presente danuncie..dela la el recusente...Ja causal de recusación contenida en el articulo 86 numeral 6° del Código Orgánico Procesal Penal..Conviene ente estos planteamientos fier los términos de la Irabazón de le litis y administrerlos con los supuestos de hecho contenidos en al numeral 6 del articulo 88 del Código Orgánioo Procesal Penal en sl entendido que la refenda norma consagra los siguientes eventos: 1) Sin le presencia de todas las pertes. lreber mantenido directa o indirectamente, 2) Aigune clase de comunicación con cualquier de ellas o de sus abogados. 3) Sobre el asunto sometido a su conocimiento. El Juez recusado, en su informe en modo alguno en el punto dedicado la los cuales fundamente su informe, antes, se límite a enaltecer según su crdenio le inmotivación en la fundamentación de ls causal de recusación invocada por el abogado Reineldo José Marcano, la cual a juicio de esle tribunal lejos de ser inmotivada, cuente con detalles los aceecimientos que dieron ongen a la presente incidencia..en fecto el crudedano Abogado José Delfin Carnillo Garcis, con su valuación se edecua a los supuestos de hecho previstos en la norma en comento, puesto que reconoce haberse reunrdo en lo Delegación de Barcalone del Cuerpo de Investigeciones, Cientilficas, Penales y Crimunalisicas, salvo Ia presencie del abogado Reinaldo José Marcano, en secarèder de Defensor del imputado FELx MARTIMEZ, en la cual sostuvo comunicación sobre el asunto sometido a su conocimiento, toda vez que el Juez controvertidos, ante el reconocimiento expreso del ciudadano Josó Delfin Camillo garcla y le consianeción en los autos de copie certificada de formatos previamente llevados por el Tribunal ain la presencia del Defensor, los cuales rielan @ los folios 145 al 147 anexados por el propio recusado an su asunto de informes, cuando manifestó: ..8si como los formatos anuledos insertos a los folios 145 al 147, el cual enero en copia certificada marca de con la leire "L"..: Documantos que hacen prueba en la causal de racusaoión bajo análisis, a la luz del principio de comunidad de la prueba. puesto que una vez incorporadas las pruebas pertenecen el proceso y no a las partes. Siluación qua a todas luces se ajusta a los presupuestos que hacen procedente le causal alegada, amén de que compromete la imparcialidad del Juez, por franca violación o los principios atementales de le Iransparencia dal proceso. Por lo cual este Tnbunal Colegiado considera que lo concreto y ajustado s derecho es declarar con ejercicio de la obligación que Impone la norme conlanida en al articulo 58 del Código Orgánico Procesal Penal, se ordena remitir copia certrficade de todes les actuaciones qu:8 conformen la presente causa, a la Inspectoria Generel de Tnbunalss a los fines previstos an la norma en comento.al recusante colina infracción del numeral 8 de le misma norma 86 del ordenamiento procesal, es decir; cualquier otre causa, funda de en motivos graves. que efedlen su imparcialidad..Jos hechos en los cuales el reousante fundamenta su pretensión son indelerminados, imprecisos, por tanto mal puede este Tnbunal entra a adivinar si se Irata de esta objeción o cuelquier otra. En consecuencia lo concreto y ajustado a derecho es decierar sin lugar le presante causal.., esla Corte de Apelaciones...declara PARCIALMENTE CON LUGAR la recusación..." -folios 26 al 45 de la pieza N°1-. Cursa también el documento notariado contentivo de la declaración del 29 de procedimiento disciplinario, ciudadana Yulimer Márquez, quien manifestó, entre otres lo siguiente: Yo. Yulimer MarquBz..DECLARO..BAJO JURAMENTO DE LEY Io siguiente: PRimero: Los fommetos que se dejaron sin efecto los cualas se encuentran anexos a los folios 145 el 146 de la 1er pieza el Asunto Principsl BP01-S-2002-0002478 de fecha 24/10/2002 fueron lenados por MI PERSONA en mi condición de pesante del Tribunal e los fines de colaborar can la Secretene cel Tribunal, que sin la intención de causar deño signo que por mi desconocimiento por ser una estudiante de derecho equivocedsmente los rallené parcieimente pragunténdole a las víctimas (sic) sus delos y caracteristicas faonórnicss de los imputados e reconocer actuación que realice (sic) sin el consentimiento ni la presencie del Juez Titular de la Causa Dr Jos* Delfin Carilio Garcla. sEGUnpo: Deciero que cuando interrogué al testigo reconocedor fue en una oficina del Cuerpo de Investigacionas Cientificas Penales y Criminalsticas (CICPC) con sede on Baroelona y en ningún momento estuvo presente el Juez de Control N° 05 Dr. José Delfin Carrlo Garcla yo que el mismo se encontraba fuere junto con los demés jueves que tenian actos de reconocimiento en puede de individuos. TERCERO: Decaró que los forma los que fueron enulados por sl Tnbunal de Control N° 5 a cargo del Dr. JOSE DELFIN CARRILLO GARCIA fueron rellenados con mi puÑo y letra y que a le prvebe me someto ds tel efirmeción. CUArTo: Declaro que nunca fui liamede a declarar en ralación a los relendos hechos investigados ni por organismo judici el u (sic) sdministrutivo alguno, queriendo decir con esto, que la presente deciaración os voluntaria, sin coacción de ningún especie, aspontanea y bajo juramento de decir le VERDAD QUInTo Declero que los hechos aqui cerrados me constan porque me encontraba presente el dia 24 de octubre de 2002 en le sede del Cuerpo de Investigaciones Cientifices Pena los y Criminalistices (CiCPC) de Barcelone en compenle del Tnbunal Quinto de Control N° 5 y fui yo la responsable de heber Henado dichos formatos sin orden y consentimiento def juez, error involuntario de mi parte por desconocimiento de (a préctice judicial Es lodo.." -folio 17 de le pieza N° 3-. Consta asimismo, a los autos del expediente disciplinano que contra esa decisión el sometido a praoedimiento disciplinario ejerció una acción de amparo constilucional la cual fue declarada sin lugar por la Sale Constitucion el del Tribun el Supremo de Justicia el 25 de noviembre de 2003. (foios 160 al 170 de la pieza N° 2). De las constataciones antes referidas se evidencia que el ciudadano José Delfin Camiio Garcla, en su desempeño, para ese entonces, como Juez Quinto de Anzoátegui. en un acto de reconocimiento en ruedas de individuos que tuvo lugar en la Delegación de la Policia Cientifica de Barcelona, dio inicio al mismo sin la presencia de los defensores de los imputados, siendo llevados parcialmente los formatos sin la presencia de los mismos, referidos a las caracteristicas fisonómicas acto, dejándose constancia en acta levantada por el Tribunal de tal hecho, tal circunstancia dio lugar a una recusación por parte del defensor de uno de los imputados, la cual fue declarada parcialmente con lugar por la Corte de Apelaciones de refendo estado, conforme a lo dispuesto en al articulo 86 numeral 6 del Código Orgánico Procesal Penal, al considerar la alzada, que el prenombrado Juez sostuvo comunicación sobre el asunto sometido a su conocimiento, toda vez que el Juzgador recusado habia reconocido la preexistencia de los formatos de reconocimiento, y que fueron llevados sin la presencia del defensor de confianza del ciudadano Félix Martinez, decisión contra la cual el ciudadano José Delfin Carrillo Garcia, ejerció une acción de amparo que fue declarada sin lugar por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Jualicia. Ahora bien, al respecio es oportuno señalar que el articulo 12 del Código partes en el proceso que "la defensa es un derecho inviolable en todo estado y e nn e r n r n n p n profesionales, escabinos y denás funcionarios judiciales no podrán mantener, directa o indirectamente, ninguna dase de comunicación oon aigune de las pertes o sus abogados, sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, salvo oon la presencia de las...". De la normativa citada se desprenda qua el legislador consagró expresamente justicia en todo momento, por lo que no esta permitido a un juez mantener comunicación alguna con las partes o sus abogados en los procedimientos penales sometidos e su consideración, salvo con la presencia de todas las partes, lo cual es un presupuesto de la tranepavencia de sus actuaciones. Asl mismo el articulo 88 eiusdem consagra entre lae causales de inhibición y recusación al numeral 6 en el cual se establece: Por haber mantenido directa o indirectamente, sin le presencia de todas las partes, alguna comunicación con cualesquiera de elles o de sus abogados, sobre el asunto sometido a s conocimiento". Igualmante resulta oportuno señalar que el articulo 88 del milano Código establece como sención en caso de declererse página original (tal como se publicó) [Página 17] la recusación conforme at referido numeral el Tribunal que la acuerde debe remitir al órgano disciplinario correspondiente, a los fines de que se abra el proceso de destitución del recusado por lal concepto, como en efecto ocurrió en el presente caso en el cual la Corte de Apelaciones al declarar parcialmente con luger la recusación interpuesta remitió a la Inspectoria General de Trbunales copia de la sentencia dictada con motivo de la recusación interpuesta por el abogado de confianza de uno de los imputados. Ahora bien, comprobado como ha quedado ei Juez sometido a procedimiento inició un acto de reconocimiento en puede de individuos sin la presencia de la defensa de confianza de los imputados, y que cuando los defensores de aquellos llegaron al lugar donde se desarrollarse el acto, ya estaban parcialmente elaborados los formatos utilizados para lales actos, esto es los referidos a las caracteristicas fisonómicas de los imputados y asi fue reconocido por el Juez en el acta supra transcrita, donde se dejó constancia de lo sucedido, lo cual en modo alguno resulta controvertido para esta Comisión dado que fue reconocido por el referido Juez, y asi lo dejo establecido la decisión dictada por la Corte de Apelaciones que conoció del la recusación interpuesta contra el referido ciudadano cuando señaló "..en afecto el ciudadano Abogado José Delfín Camilo Garcla, con su actuación se adecua a los supuestos de hecho previstos en le noma en comento, puesto que reconoce haberse reunido en la Criminelsticas, salvo la presencia del abogado Raineldo José Marcano, en su carâcter de Defensor del imputado FELIX MARTINEZ, en la cual sostuvo comunicación sobre el asunto sometido a su conocimiento, toda vez que el Juez rocusado reconoce la preexistencia de los confianza, además que no son hechos controvertidos, ente el reconocimiento expreso del ciudedano José Delfin Camilo Garcia y la consignación en los autos de copia cerificade de formatos previamente llevados por al Tnbunal sin la presencia del Dofensor, los cuales rielan a los folios 145 al 147 anexados por el propio recusado en su escrito de informes, cuendo manifestó. '..asi como los formatos anulados insertos a los folios 145 al 147, el cual anexo en copia certificada marcada con la letra "L"...: Documentos que hacen prueba on la causal de recusación bajo análisis, a la luz del principio de comunidad de le prueba..." De alli que con su actuación reveló el incumplimiento a su deber de garantizar la tutela judicial efectiva, pues no le estaba dado iniciar un acto sin la presencia de todas las partes en el proceso, asi como que se llenarán los formatos correspondientes al acto de reconocimiento de sin la presencia de todas las partes pues con ello, afectó la transparencia y la imparcialidad, que estaba obligado a garantizar, de conformidad cor el articulo 26 constitucional y el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que ocasionó ls recusación interpuesta que fue declarada parcialmente con lugar con fundamento en el articulo 86 numeral 6 del Código Orgánico Procesal Penal. lo cual ar .rea como la sanción la apertura dei proceso de destitución del recusado. En cuanto al argumento de defensa del sometido a procedimiento disciplinario. referido a que su entonces supervisada manifestó que es la responsable de los hechos acontecidos, no resulta válido pues él como director del proceso as el responsable de los actos judiciales realizados por el Tribunal, de modo que debió estar talento y vigilante de los mismos en especial del que se estaba llevando a cabo, como era el acto de reconocimiento. para que se cumpliera con las formalidades previstas en el ordenamiento jurídico a fin de garantizar la defensa e igualdad de las partes en ai procaso, y no como lo hizo violando con su actuación los principios de transferencia e imparcialidad al que està obligado a dispensar en el proceso. conducta esta que no es la esperada de un operador de justicia quien en todo momento debe garantizar la transparencia e imparcialidad en los asuntos sometidos a su arbitrio, con al fin de garantizar una tutela judicial efectiva. y un juicio justo. Y, siendo el caso que tal como quedó comprobado su actuación generó la recusación en su contra que fue conocida por le Corte de Apelaciones, la cual declaró que la conducta del Juez sometido a procedimiento disciplinario, configuró el supuesto de hecho establecido en el numeral 6 del articuio 88 del Código Orgánico Procesal Penal, como causal de inhibición y recusación, establecida por el legislador para garantizar la imparcialidad y transperencla de los operadores de justicia, considera esta Comisión que la conducta del Juez evidenció une clara infracción a los deberes que le establecen las leyes, en los artícuios 12 del refando Código, 26 constitucional y 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; en tal sentido la Saia Politico Administrative del Tnbunal Supremo de Justicia ha establecido respecto a dicha falla disciplinaria que tal supuesto está referido a aquellos casos en que el juez inobserve los deberes que le impone la Ley Orgánica del Poder Judicial por ser éste el marco juridico que regula la actividad jurisdiccional y los principios que la sustentan, y que que le establecen otras leyes, siendo que lal transgresión implique una alteración grave del proceso, que por si sole afecte los derechos de las partes (sentencia N° 2319 del 25 de octubre de 2006). En virtud de lo antes expuesto, considera esta Comisión que el ciudadano José Delfin Carrillo Gercia, incurrió en la falta disciplinaria prevista en el numeral11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, la cual acarrea la sanción de destitución del cargo, tal como lo precalificó el Órgano Instructor. Ahora bien, visto que el referido ciudadano al momento de ser notificado el 20 de octubre de 2010, del cbocamiento de esta Comisión en la presente causa señaló que hace varios años dejó de pertenecer al Poder Judicial y visto asimismo. que del expediente personal del refendo ciudadano se desprende que en fecha 12 de junio de 2007. fue destituido por esta Comisión del cargo de juez de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del estado Anzoâtegui y de cualquier otro que ocupará dentro del Poder Judicial, lo que corresponde es declarar su responsabilidad disciplinana al encontrarlo responsable de la referida faita disciplinaria. Así se decide. DECISIÓN Con fundamento en los razonamientos antes expuestos, esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, DECLARA LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA del CiUdadanO JOSÉ DELFÍN CARRILLO GARCIA, titular de la cédula de identidad N° V- 6.203.670. por haber incurrido en ia falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del articulo 40 de la Lay de Carrera Judicial, durante su desempeño como Juez del Juzgedo Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui. Notifquese de la presente decisión al prenombrado ciudadano, a la Inspectoria General de Trbuneles y la Fiscalla en Matera Disciplinaria con Competencia Necional. Contra le presente decisión las partes podrán interponer recurso administrativo de reconsideración ante esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. dentro de los quince (15) dias hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la presente decisión, o recurso contencioso administralivo de anulación, ante la Sala Politico-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la notificación. Publiquese en la Gaceta Oficial de la República Bolivaniana de Venezuela. Remitase copia certificada de la presente decisión a la Sala Politico- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de hacer de su conocimiento que esta Comisión dio cumplimiento a lo ordenado por dicha Sala en su sentencia N° 00154, del 9 de febrero de 2010. publicada el 11 del mismo mes y año. Déjese constancia de este acto administrativo en el expediente personal del ciudadano JOSÉ DELFIN CARRILLO GARCIA. que reposa en la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magislratura Dada. firmada y sellada en la Comision de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. En Caracas, a los 7 dias del mes dec.de dos mil diez (2010). Anos 200° de la Independencia y 151° de la Federacion. Las Comisuonadas. ALICTA GARCIA DE NICHOLLS Presidonta BELKIS USECHE DE FERNANDEZ FLOR VIOLETA MQNTELL ARAB Ponente Secretario 2.cci pom :.3 0153-2e10 J REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL PONENTE: BELKIS USECHE DE FERNÁNDEZ EXPEDIENTE N° 1824-2009/1989-2010/1925-2010. El 8 de octubre de 2009, se recibió en esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, oficio N° IGT-AA-3511-09, anexo al cual la Inspectoria General de Tribunales remitió el expediente disciplinano N° 06c641 acum. 070234 -nomenclaturas del referido órgano instructor-. sustanciado contra la Ciudadana MARÍA NATIVIDAD OLIVIER VILLAFAÑE, tituler de la cédula de identidad N° 3.048.704, ai encontrar la, presuntamente. Incursa en las faltas disciplinarias previstas en los numerales 11 y 16 del articulo 40 de la Ley de Judicatura, que dan lugar a la sanción de destitución, durante su desempeño como Jueza de la Sala N° 1 dei entonces Juzgado de Protección del Niño y del Adolescante de la Circunscripciór Judicial del estado Monagas, con sede en la ciudad de Maturin: asignándosele la nomenclatura interna 1824-2009. En esa misma fecha, se dio cuenta de la presente causa a esta Comisión, correspondiendo la ponencia a la Comisionada Belkis Useche de Fernández. El 13 de octubre de ese año, se admitió el acto conclusivo presentado por la Inspectoria General de Tribunales, y se fijó oportunidad para la celebración de la audiencia oral y pública para el 20 de enero de 2010. El 14 de diciembre de 2009, en virtud de la notificación infructuosa del ciudadano José Ángal Ysasis, denunciante en esa causa, se acordó oficiar a la Dirección de Información Electoral del Consejo Nacional Electoral. solicitando colaboración a los fines de que suministrará le dirección del domicilio del mencionado ciudadano. página original (tal como se publicó) [Página 18] El 8 de enero de 2010, la Fiscal Sexagésima Tercera del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competancia en Materia Dieciplinaria Judici el, abogada Scarlet Latouche López, se adhirió al acto conclusivo presentado por la Inspectorie General de Tribunales. El 18 de eso mes y año, esta Comiaión se pronunció sobre las pruebas promovidas por el Organo Instruclor. El 19 de enero de 2010, en virtud de la solicitud de diferimiento presenta de por la Jueza sometida a procedimiento disciplinario en le cual señaló que por motivos de emergencia tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, ce acordó diferir la en n n n nn p n otorgándosele tres (3) dias a la misma, a los fines de que coneignara el reposo médico debidamente convalidado por la Dirección de Servicios Médicos de ie. Dirección Ejecutiva de la Magistratura. El 25 de febrero de 2010, se recibió ofició N° ONRAM 249-2010, suscrito por el Director General de la Oficina Nacional de Registro Electoral del Conse,o Nacionel Electoral, mediante el cual suministró le información requerida el 14 de diciembre de 2009. El 4 da febrero de 2010. se recibió en eata Comisión oficio N° 281.10, anexo al cual la Inspectorla General de Tribunales remitió el expediente disciplinario N° 060522 -nomenclaturas del referido órgano instructor-, sustanciado contra la ciudadana MARÍA NATIVIDAD OLIVIER VILLAFAÑE, entes identificada, al considerarla, presuntamente, responsable de las faltas disciplinarias previstas en el numeral 9 del articulo 39 y numeral 7 del artículo 38 de la Ley da Carrera Judici el, que dan luger a las sanciones de suspensión y amonestación, respectivamente, asignándosele la nomenclatura interna 1889- 2010. En esa misme fecha, se dio cuenta a esta Comigión, correspondiendo la ponencia a la Comisionada Belkis Useche de Femández. El 9 de febrero de 2010, se admitió el acto conclusivo. y se fijó le oportunidad pera la celebración de la audi encia oral y pública para el 26 de marzo de 2010, en esa causa. El 18 de marzo da 2010, se recibió en este órgano, oficio N° 0641.10, anexo al cual la Inspectoria General de Tribunales remitió el expediente disciplinario N° 080530 -nomenclatura del referido órgano instructor-. austanclado contra la prenombrada ciudadana, al encontrar la, presuntamente incursa en las faltas disciplinarias previstas en el numeral 9 del artículo 39 y numeral 7 del articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial, que dan lugar a las sanciones de suspensión y amonestación, asignándoseie la nomencietura intema 1925-2010. El 17 de marzo de 2010, esle Comieión acordó la acumulación de los expedientes disciplinarios Nros. 1824-2009 y 188s-2010 -nomenclaturas de este órgano-. correspondiendo la ponencia a le Comisioneda Belkis Useche de Feméndez, y mantuvo la fecha fijada para la celebración de la audiencia oral y pública pare el 3 de mayo de 2010. En esa misma fecha, se dio cuenta a esta Comisión de la causa disciplinaria 1926-2010, correspondiendo la ponencia a la Comisioneda Flor Violeta Montell Arab. El 19 de marzo de 2010, se admitió el aclo conclusivo, y se fijó la oportunidad para la celebración de la audiencia oral y pública para al 9 de abril de 2010, en esa causa. El 6 da abril de 2010. se acordó acumular los expedientes disciplinarios Nros. 1824-2009/1880-2010 y 1925-2010 -nomenclatura de este órgano-. correspondiendo la ponencia a la Comisionada Belkis Useche de Fernándaz. quien con tal carácter suscribe la presonte decisión, y se mantuvo la fecha fijada pera la celebración de la audiencia oral y pública para el 3 de mayo de 2010. El 26 de abril de 2010, se acordó diferir la audiencia oral y pública, en virtud del reposo médico otorgado a la jueza sometido a procedimiento, por lo que esta Instancia fijó como nueva oportunidad el 27 de septiembre de 2010: y el día 3 de mayo, la Fiscal Sexagésima Tercera del Ministerio Público se adhirió a loa actos conclusivos presentados contra la jueza Maria Natividad Oivier Villafene. Postariormante, el 20 de septiembre de 2010, se acordó diferir dicho audiencia pera ei 26 de noviembre de 2010: y el 20 da octubre. esta Ingtancie Disciplineria se pronunció sobre las pruebas promovidos por el órgano instructor en los actos conclusivo cursantes en los expediente disciplinarios 1889-2010 y 1925-2010. En le oportunidad fijada pera la celebración de la audiencia orat y públics, las partes axpusieron sus alegatos, finalizada la misma y cumplida le deliberación se dictó el respectivo pronunciamiento, tal como consta en el acta de debate, correspondiendo en esta oportunidad dictar el extenso de la decisión y, al respecto se observa: DE LOS ACTOS CONCLUSIVOS Expediente disciplinario N° 1824-2009 -nomenclatura de esta Comiaión-. Indicó el órgano instructor que la investigación ge inició •l 28 de marzo de 2007, en virtud de la denuncia suscribe por el ciudadano José Ángel Ysaeis, en la cual señaló irregularidades en las que presuntamente incurrió la Jueza Maria Natividad Olivier Villafane en la tramitación de la causa judicial N° 14.235 nomenclatura de la Sala N° 1 del entonces Juzgado de Protección del Niño y Adolescente de ia Circunscripción Judici el del estado Monagas, con seda an la ciudad de Maturín; que culminada la investigación formuló acto conclusivo el 5 de agosto de 2009, en los siguiente términos: 1.- Que la prenombrada Jueza incurrió en abuso de autoridad, cuando el 5 de septiembre de 2006, acordo la medida de protección de colocación familiar provisional.del niño, cuya identidad se omite, a favor de la ciudadana Zuleíma Cuevas. su lia materna y emplazó al padre biológico, ciudadano José Á. Ysagis. a una solicitud de colocación familiar, siendo que ya la habla acordado; y uña yz que el referido ciudadano compareció en compañía del niño, entendiendo que se . cumplirá con un procedimiento judicial, fue desposeido de la guarda del mismo an presencia de la Jueza, de la Fiscal Octava dei Ministerio Público, de la Médico Psiquiatra del Equipo Multidisciplinario del Tribunal y de la guardadora (tla violación del derecho a la defensa que a éste le asistía. Que, l ejercicio de la guarda a personas distintas de los progenitores. consagrada en el articulo 358 de la Ley Orgánica para la Protección del Nifo y del Adolescente, vigente para ese momento, tiene obligatoriamente qua ester en concordancia con lo preceptuado en el articulo 39s da le referida ley, que establece en su literal "c", que la colocación femifiar o en cantidad da atención de un niño o adolescente procede cuando se ha privado a sus padres de la patria potestad o que se haya extinguido. Que si bien el padre biológico estaba divorciado de la madre para el momento de su fallecimiento, no se ia habia revocado la patria potestad sobre su hijo, por lo que tenía el deracho da que el niño estuviese bejo su guarda y custodia, al fallacer ta madre, indistintamente de qua requiriera atención psicológica para asimilar el dual o por la muerte de su "n e en n e u n a lo cual tenía derecho, lo que fue obviado por la jueza, configurando un abuso de autoridad, toda vez que solamente en ausencia de ambos progenitores es que los abuelos y los con cursan para ejercar la guarda y custodia de un niño. Indicó que cuando la Juaza citó al padre biológico del niño, no fue para que ejerciera su daracho a la defanse, sino para imponerlo da la medida tomada y ejecutar la entrega del niño a la tle materia, con lo cual colocó al pedro en una desigualdad procesal y de violación a su derecho a la defense y al debido proceso consagrados en el artículo 49 constitucional, ya qua obvió el procedimiento a seguir a fin de sustanciar la aolicilud da colocación familiar, y si bien el padre asistió an compañía de su abogada, no se e garantizarán los referidos derechos, pues se válido de su investidura pare utilizar de manara abusive las facultades que el legislador le ha conferido, siendo que debió observar lo dispuesto en al articulo 481 da la Ley especial, que establece que una vez presentada le solioilud de colocación familiar, alla Juez/e tiene la obligación de extender la orden de comparecencia a le otra parte (padre e hijo). otoraándole el plazo de cinco (5) dias para oirla. y no como aconteció, que al ciudadano José Angel Ysasis, fue citado el 5 de septiembre da 2006, a las dos de la tarde (2:00 p.m.). para que compareciera al dia siguiente a las diez de la mañana (10:00 am.), en compania de su hjo.,pecg no para oirlos, sino para cumplir y ejecutar su arbitraria decisión de entragac al niño a la tía materna. En razón de lo expuesto, consideró que la jueza quebrantó disposiciones constitucionales cuando acordó dicha medida de colocación familiar sin oir al padre ni tampoco al niño previamente, con el argumento de que éste último no estaba emocionaimente preparado para decidir con cuál familia que darse, decisión página original (tal como se publicó) [Página 19] que fue anulada por el Juzgado Superior el 10 de enero de 2007: además de que inobservó el deber de garantizar el derecho del padre a ejercar la responsabilidad de crianza, prevista en el articulo 76 constitucional; actuación que configuró un abuso de autoridad, falta disciplinaria contemplada en el articulo 40 numeral 18 de la Ley de Carrera Judicial, que da lugar a la sanción de destitución. 2. También, estimó el órgano instructor que la jueza Marla Natividad Olivier Villafañe Infringió el deber que le establecen las leyes, en lg tremitación da esa miama causa, cuando desacato lo ordenado por el Juzgado Superlor an lo Civil, Judicial del estado Monagas. el 24 de octubre de 2006, el cual, en conocimiento de un recurso de hecho interpuesto por el ciudadano José Ysasis, al haberse negado la apelación interpuesta contra el auto del 5 de septiembre de 2006, donde se acordó la colocación familiar provisional del niño en cesa de su tie meleme, declaró con lugar dicho recurso y se ordenó oir la referido apelación; no obstante, el 7 de diciembre de 2006, le aludida Jueze dictó une decisión en la cual declinó la interpuesta por la tía del niño, motivado a que éste residla en la ciudad de Caracas en casa de sus tias y abuela matema, observándose que no cumplió con lo ordenado, en virtud da lo cual ei 10 de enero de 2007, el Juzgado Superior declerò con lugar una acción de amparo constitucional interpuesta por el referido restitución del niño al padre biológico. En ese sentido, señaló que la Jueza infringió el deber legal de acatar lo proferido por al Superior de manera inmediata, oolocando e la parte pelicionanto en una situación de indefensión que lo obligó a interponer un amparo, al no darle le oportunidad de que su apelación fuera atendide, cercenándole su deracho constitucional de dirigir peticiones y a obtener oportuna y adecuada respuesta; con lo cual violentó los ariculos 26 y 51 constitucionales y et articulo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, faita disciplinaria previsto en el artículo 40 numeral 11 de la Ley de Carrera Judicial, quo da lugar a la sanción de destitución. 3.- El órgano instructor consideró que la Jueza sometida • procedimiento disciplinario infringió al haber de transparencia, cuando en el 17 de septiembre de 2007, otorgó poder especial al abogado Aifredo Aramis Gómez Valencia, quien era el apoderado judicial de la ciudadane Zuleima Cuevas, tía del niño, en evidente detrimento de la imparcialidad que estaba obligada a observar, para que la representara en un recurso de apelación interpuesto por ella contra la decisión de amparo constituciona: dictada el 10 de enero de 2007, por el Juzgado Superior en lo Civil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Sudicial del estado Monegas, pues se trataba del apoderado violentando con su proceder la transparencia que debe tener todo/a Juez/e. manteniendo una actitud de prudencia, distancia y absoluta neutrelidad:; principio lo contrario crea sospacha e incertidumbre que se traduce en inseguridad jurídica y perdida de credibilidad, que violenta lo preceptuado en el artículo 28 de la Constitucional, configurando la falta disciplinana prevista en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, que acarrea la sanción de destitución. 4.- Consideró el referido Órgano que le ciudadane Meríe Nativided Olivier Vilafañe dictó una providencia contraria a le ley por ignorancia el 27 de febrero de 2008, cuendo le otorgó al ciudedano Enrique L. Rivas, padrastro del niño, una autorización judicial de representación para retirar -en nombre del niñolo que le correspondia de los haberes herediterios de su madre fallecido, siendo que era el pedro biológico el llamado legalmente para representarlo, violando el principio iura novit curia. presunción de que ella Suez/a conoce el derecho, ye que ignoró lo establecido an el articulo 348 de la Lay Orgánioa para la Protección de Niños. Niñas y Adolescentes. Agimismo, señaló que el ciudadano Enrique L. Rives presentó ante la Juaze titulo de perpetua memoria que habia sido evacuado con anterioridad por ante el entonces Tribunal de Protección, para que en au carácler propio y del niño, como únicos y universales herederos, efectuar las diligencias y gestiones necesarias para tramitar los haberes de ambos, consistentes en le liquidación que le correspondia a la fallecida por los veinte (20) años de servicio en el cargo de Fiscal del Ministerio Público, asi como el monto de une póliza da seguros, siendo que para ese momento la Jueza estaba en conocimiento que el niño se. encontraba con su padre biológico, por lo que debió, en aras de une justicia n n n e u p e u i haberes qua le correspondian a él como legítimo esposo de la falecida pero no ejercer bajo ninguna circunstancia la representación dei niño, en contravención del referido articulo, el cual establece que quien ejerza la patria potestad, ejercerá lai representación y administración de los bienes de sus menores hijos. Que, la Jueza otorgó esa autorización, aun cuando el pedro biológico diligenció solicitando que revocará la misma el 6 de mayo de 2008, no obstante, mediente auto del 14 de ese mes y año, negó lo peticionado y ratificó su decisión del 27 de febrero de 2008, haciendo la aciaratorie que los haberes que le correspondieran al niño debian salir a nombre de él y ser consignado por ente el Tribunal a su cargo y que el pedro biológico aperturaria una cuenta de ahorros a nombre da su menor hijo en el banco Benfoandes, para depositar el dinero recibido. De lo anterior, consideró el Órgano Instructor que la Jueza ignoró lo establecido en el artículo 348 mencionado ut supre, que le otorgaba plana potestad al padre para ejercer la representación y administración de los bienes de su menor hijo, por lo que el hecho de haber otorgado autorización judicial de representación del niño a una parsone distinto al llemedo por la Ley configuró una providencia contrae a le Ley por ignorancia, falta disciplinane establecida an el numeral 10 del articulo 39 de le Ley Orgánica del Consejo de le Judicatura, que da lugar a la destitución. 5.- Indicó que la mencionada Jueza Infringió el deber de garantizar el deracho a la defenss y la tutela judicial efectiva del padre biológico del niño, otorga de el padrastro del niño, no slendo dste el llamado legalmente pare ejercerla, fundado su negativa bajo la premisa de que el auto era de mero trámite, y no sujeto a apelación, hecho que configuró una flagrante y absoluta violación a su derecho de defensa. puesto que el auto que estaba apelando no debió considerarse de mero trámite, toda vez que involuoraba el desconocimiento al derecho de representación que tenía el padre biológico y la esfera patrimonial de su menor hijo, indistintamente que el cheque saliera a nombre dal niño. Que, en virtud de lo exterior, la Fiacal Octava del Ministerio Público solicitó el 21 de julio da 2008. la reposición de la causa al estado de admitir nuevamente la petición de eutorizeción, al considerar que tei solicitud debió ser tramitada por el procedimiento de jurisdicción voluntaria puesto que existia une inepta acumulación ·con el procedimiento de colocación familiar; lo cual fue declarado improocdonde. por la jueza el 31 de ese mes y año, ya que para el momento en que fue emitida la autorización al ciudadano Enrique Rives, era el legítimo osposo de la fallecido y viudo, quien, conjuntamente con el niño. que slempre vivió con l y con su esposa, eran los únicos y universales herederos, asi como que los haberes del niño debian ingresar al Tribunal, dejando la responsabilidad al padre biológico de abrir la cuente de ahorros a nombre del niño y tramitar todo lo concerniente con al dinero. hasta que el niño cumpliera la mayoría de edad. que le correspondian al niño, obviando s la persona que era la llamada legalmente para efectuar dicha diligencia, en una clara violación al derecho que tenía el padre incertidumbre jurídica al apelante, pues aún teniendo da su parte los derechos que le consagrabe la Ley, entre ellos, de representar a su hijo para retirar los haberes hereditaros, los mismos les fueron cercenados, sin tomar ąn cuenta que se trataba de una apelación pera que sa le reconocerá ese derecho, por lo que inobservó su deber de velar por los derechos fundamentales que aeletien al apelante, consagrados en el artículo 49 constitucional. Indicó que al negar la apelación interpuesta a sabiendes que dicho recurso abarcaba la esfera patrimonial de un niño y desconociendo de su derecho que el representante legal, fa Jueza infringió el deber legal de garantizar una tutela juridica efectiva, en el sentido de que los planteamientos fueren resueltos por una jerarquía superior cuando estaban involucrados intereses, más allá del auto de mero trámite, como lo fue el retiro de los haberes hereditaros del referido niño; incurriendo de esta manera en la falta disciplinaria contemplada en el erticulo 40 numeral 11 de la Ley de Carrera Judicial, por haber infringido el deber de página original (tal como se publicó) [Página 20] sanción de destitución. Expadlante disciplinario N° 1889-2010, -nomencleture de esta Comisión-. Indicó. el órgano instructor que el 3 de octubre de 2006, se inició la investigación en virtud de la denuncia presentada por el ciudadano Franklin Garcia, demandado en las causas judiciales Nros. 7285, 9471, 12009 y 12095 nomenciatura de la Sala N° 1 del entonces Tribunal de Protecoión del Niño y Adolescente de la Circunacripción Judicial del estado Monagas- en le qua señaló preguntas irregularidades cometidas por la jueza Marta Natividad Olivier Villafane; que culminada la misma formuló acto conclusivo ei 3 de diciembre de 20gen qual señaló lo siguiente: 1.- Que en ef expediente judicial N° 7285, contentivo de demanda por pensión. de alimentos, la referida Jueza retardo legalmente dictar una sentencia, cuando el 8 da agosto de 2004, habiendo señalado mediante auto que por cuanto la causa se encontraba paralizada, acordada notificar a las partes de que se que presentaran sue conclusiones, siendo que el 8 y 14 da septiembre de ese año. expediente, sin que se produjera el dictamen, evidenciándose que la parte demandada diligenció los dias 10 y 31 de enero de 2005, en virtud de que no se decidía el fondo de la causa y solicitó la suspensión de la medida de embargo que pesaba sobre su salario, producirênose la sentencia el 14 de marzo de ese año, es decir, Iranscurrido como fueron, cuarenta y un (41) días de despacho, lo que se tradujo en denegación de justicia a la parte demandada, quien realizó la mencionada solicitud refiriendo que dos (2) de sus hijas vivían con él y ias otras dos (2) con la madre. En ese sentido, refirió que la ciudadana Norkis Fernández el 8 de anero de 2004, demandó a su ex cónyuge por pensión de alimentos a favor de cuatro (4) niñas y por auto separado fue acordada le medida de embargo solicitada en el libelo, consistiendo la misma en descontar un porcentaje sobre el salario mensual. Que, practicadas las citaciones se contestó la demanda y las partes promovieron pruebas, las cuales fueron admitidas y evacuadas, que •l 31 de mayo de 2004, la demandante había presentado escrito de conclusiones, más no la parte demandada, hecho que indicaba que los elementos probatorios que se encontraban en la causa hasta ese momento eran suficientes para que dictara la decisión correspondiente, no siendo necesario el informe de conclusiones de la demandada, quien había aportado a la causa sus descargos, como lo fue la contestación al fondo asl como la promoción de pruebas, indistintamente que cual no era óbice pera dictar la sentencia de fondo. Sin embargo, vencido el lapso de informes y transcurrido aproximadamente dos (2) meses de la última actuación, procedió a dictar un auto el 9 de agosto de 2004, donde notificó a las partes que por cuanto la causa judicial se encontraba paralizada, se procedería a dictar sentencia al tercer (3°) dia de despacho siguiente, luego de la notificación da las partes para que presentaran sus conclusiones. Que la causa se encontraba paralizada no por falta de impulso procesal.de les partes, ya que constaba en autos el escrito de informes de la demandante;.sino. por causa del Tribunal, al cuai contaba con suficientes elementos para sentenciar, pues, la parte demandante, en la diligencia donde presentó informes, solicitó al Juzgado pronunciamiento, sin embargo, posterior al auto del 9 de agosto 2005, se evidenció que ya el 14 de septiembre de ese año, constaban en aulos suficientes elementos de pruebas para su valoración y dictar sentencia, por lo que resultaba evidente la tranegresión a la ley por parte de la Jueza, al no dictar el fallo en el lapso establecido en el articulo 520 de la entonces Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, incurriendo en un retardo ilegal, que se tradujo para la parte demandada en una denegación de justicia, entendida ésta como el derecho que tania el justiciable a que el conflicto fuese resuelto con celeridad, habida cuenta que tenia parte del sueldo embargado desde poco menos de un año (1) año y que dos (2) de las niñas vivían con él, por lo que tuvo que diligenciar los días 10 y 31 enero de 2005, para que le levantará la medida decretada. Que la Jueza no observó lo preceptuado en el referido articulo, puesto que el 8 de septiembre de 2004, ya habian sido agregadas al expediente judicial las nolificaciones de las partes, trascurriendo cuarenta y un (41) días de despacho hasta la fecha en que se dicló la sentencia, el 14 de marzo de 2005, aun cuando cursaban en el expediente suficientes elementos de convicción pare dictar la decisión de fondo; actuación que denotaba que la jueza no fue una auténtica intérprete de la Constitución, ni de las normas que rigen el ordenamiento juridico venezolano, concretamente el principio de la tutela judicial efectiva, consagrada en el articuio 26 constitucional: por lo que consideró que la ciudadana Maria N. Olivier V. incurrió en un retardo ilegal en la tramitación de la mencionada causa, faita disciplinaria prevista en el sgticulo 39 numeral 9 de la Lay de Carrera Judicial. 2.- Señeló que en el expediente judicial N° 7431, relativo a une solicitud de cuando habiéndola recibido el 16 de febrero de 2004, la parte demandante solicitó evaluación psiquiátrica y psicológica al demandado asi como a las niños habida en el matrimonio, evidenciándose que el 11 de oclubre de ese año, ya constaba en el expediente el informe consignado por la psicólogo adscrita al Equipo Multidisciplinano del Tibunal, contentivo de los resultados generales de la evaluación con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, siendo que para el 12 de abril de 2007, no había sentenciado hasta el momento en que se efectuó la investigación pues no constaba en el expediente judicial el fallo respectivo. Que. en la miama fecha en que se admitió la mencionada solicitud, la Jueza, ordenó abrir un cuaderno de medidas donde fio un régimen provisional de visitas el cual quedar la supeditado a la decisión que las partes tomarán el dia del acto conciliatorio, el cual, una vez efectuado el 22 de abril de 2004, sin llegar a consenso alguno, quedó el juicio abierto a pruebas y se mantuvo el régimen de visitas provisional. Que, posterior a la consignación del informe psicológico la demandante solicitó un estudio social al demandado, lo cual acordó el 4 de noviembre de 2004, transcurridos veinte (20) meses. siendo que la demandada solicitó mediante diligencia del 20 de mayo de 2006, que se dictara sentencia. Agimismo, refirió que el 2 de junio de 2006, se incorporó al expediente judicial el Informe de Seguimiento y Control del Programa de Orientación Psicológica Familiar, acerca de la programación de citas asi como la inasistencia del grupo familiar, no obstante, la Jueza sin tomar en cuenta los elementos que ya constaban, acordó dictar su fallo, una vez que constara en autos la totalidad de las evaluaciones psicológicas, y transcurndo aproximadamente seis (6) meses, dictó otro auto donde acordó solicitar de oficio los resultados de esas evaluaciones practicadas, y el 12 de abri de 2007, el demandado diligenció solicitando que ya hablan transcurrido tres (3) años sin sentencia; siendo que el 23 de abril de 2007, se recibió en el Tribunal respuesta sobre los informes solicitados, en la cual se indicó que no había sido enviado el informe correspondiente motivado a que la persona que se le asignó, no estaba prestando servicios en esos momentos Que, la jueza ordenó la realización de la evaluación psicológica sin constatar que ya habia sido practicada y lo pertinente en este caso era solicitar al Equipo Multidisciplinario la referida evaluación para ser agregada a los autos y evitar retardos necesarios, especialmente en casos donde se encuentran involucrados menores de edad que esperan una pronta solución a los conflictos presentados entre sus progenitores, evidenciándose por e1 contrario, que la Jueza se limitó a esperar que el informe fuera consignado cuando tuviera a bien hacerlo, sin exigirio tal como era su deber, mucho más a una unidad que es auxiliar del Juzgado, ello en aras de una justicia expedita y sin dilaciones indebidas, indistintamente que estuviera presente o no la persona encargada de hacerlo, ya que para, ello la Jueza estaba investida de autoridad. Que. desde el 4 de noviembre de 2004, fecha del auto que ordenó la práctica del Informe Social hasta el 7 de junio de 2006, cuando la Jueza dictó un auto indicando que sentenciaría una vez que meses y doscientos veintidós (222) dias de despacho. Que, si bien es potestad de la Jueza ordenar la práctica de todos los informes llamada por ley a dar respuesta, fundamentalmente porque de las resultas del Informe depende el pronunciamiento respecto a la fijación del régimen de visitas, para mantener el contacto del grupo familiar, por lo que violentó el principio de la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 constitucional, y consideró que página original (tal como se publicó) [Página 21] la jueza incurrió en una omisión de pronunciamiento, falta disciplinaria prevista en el articulo 39, numeral 8 de la Ley de Carrera Judicial. 3.- Que la jueza incurrió en descuidos injustificados en el expediente judicial N° 1209s, contentivo de demanda por cumplimiento de obligación alimentaria, donde se declaró mediante auto perimida la instancia el 5 de diciembre de 2006. siendo apelado el 12 de ese mes y año, negando la miama por exiemporánea el 9 de enero de 2006, y en esa mismo auto, ordenó la notificación a la parte demandante, siendo que fue en ese momento que constató la falta de notificación, lo cual, a su criterio denotó un claro descuido de su parte ai no ordenar la notificación, tal y como era su deber hacerlo en la oportunidad correspondiente. Asimismo, indico que incurrió en desculdo injustificado en el expediente judicial N° 1208s, contentivo de demanda por cumplimiento de obligación alimentaria, cuando en un auto del 28 de marzo de 2006, acordó dictar sentencia al quinto (5") dia de despacho, en virtud de que ya contaba en autos los carteles de citación del demandado, siendo que la demandante diligenció los dias 10 y 30 de mayo de ese eño, solicitándole que dictara sentencia, actuación que obró contra la celeridad procesal, y no fue sino hasta el 7 de junio de 2006 que dictó un adeudadas por el demandado ya que at no constar en autos las miames, mal podia dictar sentencia sin esta base. Que, igualmente incurrió an descuido injustificado, cuendo en al expadiente judicial N° 7285, contentivo de damands por pensión de alimentos, la parta demandada solicitó el 18 de mayo de 2006, copias certificadas de todo el expedienta, que si bien las mismas fueron acordados por suto del 25 da mayo de 2006, el 12 de junio de ese año, la parte demandada luvo que diligenciar para que le fueren entregadas las copias certificadas solicitadas, ante lo cual lai Jueza mediante auto del 15 de junio de 2006, Instó al Aiguacil para que informará sobre las causas por las que no se sacaron las referidos copias, aconteciendóique por tercera (3°) vez, la parte demandada, el 2 de agosto de ese año, habiendo transcurrido veintiocho (26) dias de despacho desde que fueran acordadas. diligenció solicitando dichas copias, siendo acordada su entrega, por tercera (3*) vez al quinto (5°) dia de despacho, mediante auto de fecha 10 de agosto de 2006. controvertido por lo cual no se justificaba su descuido en el trámite de la misma, por lo que violentó el deber de dar respuesta oportuna a las peticiones efectuadas contra el deber de administrar justicia con celeridad y eficacia, inobservando el erticulo 10 del Código de Procedimiento Civil. Por allo, el Órgano Instructor consideró que la prenombrada Jueza estaba incurso en la falta disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 38 de la Ley de Carrare Judici el, al incurrir en descuido injustificado en las causas judiciales Nros. 12095, 12085 y 7285. Expediente dieciplinarlo N° 1826-2010, nomenclatura de esta Comisión-. Indicó el órgano instructor que la investigación se inició el 3 de agosto de 2006. en virtud de la denuncia presentada por la ciudadana María A. Campos R., demendente en la causa judicial N° 9857 -nomenciatura de la antes referida Sala N° 1 del entonces Tribunal de Protección del Niño y Adolescente- en la que señaló presuntas irregularidades cometidas por la jueza Maria Natividad Olivier Villafane. que culminada la investigación formuló acto conclusivo el 3 de marzo de 2010, en al que se estableció lo siguiente: 1 . Que la Jueza incurrió en retardo Injustificado en la tramitación de la cause judicial N° 9857. contentiva del juicio de divorcio incoado contra el ciudadano Marco Gómez. ya que el 11 de enero de 2006, la demandante solicitó se fijara nuevamente el acto oral, en virtud de que el pautado para el 18 de oclubre de 2005, no pudo concretarse por no haber despacho en el Tribunal, y sin haber sido diferido, obligó a la demandante el 15 de febrero de 2006, a solicitar nuevamente dicha fijación, lo cual, remitió el 6 de marzo de ese año, siéndole proveído el 7 de ese mes y año, transcurridos aproximadamente un (1) mes de despacho. descontando el asueto de carnaval, evidenciándose un retardo en providencia dicho requerimiento, violando el principio de celeridad procesal a que actuar apegada a los lapsos previstos por el legislador y en franca contravención a los articulos 26 constitucional y 10 de! Código de Prooedimiento Civil, toda vez que actuó en contra de la economia procesal, así como el principio de una justicia expedita, sin dilaciones indebidas, por ello consideraba que incurrió en la falta disciplinaria prevista en el articulo 38 numeral 7 de la Ley de Camera Judiciai. 2.- Asimismo, señaló el órgano instructor que la Jueza incurrió nuevamente en retardo en la tramitación de las causas judiciales Nros. 5395 y 2579, relativas a ofrecimiento de pensión alimentaria, y juicio de inquisición de patemidad, respectivamente; en la primera seguida por el ciudadano Luia José Valera, se evidenció que el abogado consignó escritos y recaudos el 28 de febrero de 2005, transcurridos como fueron aproximadamente cuatro (4) meses, el 7 de junio de ese año, los admitió. En la segunda de las causas, interpuesta por el ciudadano Elida Villarroel, se evidenció que el 12 de agosto de 2003, el Juzgado recibió la experticia ordenada en el 19 de mayo de ese mismo año, siendo que no fue sino transcurrido aproximadamente tres (3) años, que la Jueza dictó un auto, el 1° de junio de 2006, donde expuso que por cuanto la causa se encontraba paralizada, ordenaba notificar a las partes para que presentaran las respectivas conclusiones, procediendo a sentenciar al tercer (3°) dia de presentadas las mismas. Que sin embargo. al momento de realizarse la inspección el 17 de abril de 2007, es decir, aproximadamente un (1) año después, las causas se encontraban paralizada, sin que las partes hayan presentado sus conclusiones, evidenciándose una incertidumbre juridica que generó una violación a su derecho a una justicia Carta Magna, con lo cual incurrió en la faita disciplinaria contemplado en el numeral 9 del articulo 39 de la Ley de Carrera Judici el. 3.- Refirió que la Jueza Incurrió an descuido injustificado para sentenciar la causa judicial N° 7431, contentiva de la solicitud de fijación de régimen de visitas interpuesta por la ciudadana Norkis Fernández contra Franklin Garcia, la cual para el momento de la inspección efectuada por el Inspector de Tribunales comisionado el 17 de abril de 2007, aún se encontraba sin sentenciar. Que en el auto del 7 de juno de 2006, la aludida Jueza señaló que una vez que constara en autos el informe social donde indicara el domicilio de la adolescente, el Juzgado proceder la a dictar el fallo, sin embargo, el 17 de abril de 2007. transcurrido nueve (9) meses aproximadamente, aun no lo había hecho. Que, era deber de la jueza exigir del equipo multidisciplinario las resultas de la evaluación y del informe ordenado, asi como la celeridad en su realización, por sor precisamente la Jueza la directora del dicho informe dependia el pronunciamiento de la sentencia, verificando de •sta forma una conducta descudada en el ejercicio de sus funciones, falta disciplinaria prevista en el articulo 38 numeral 7 de la Ley de Carrera Judicial. ALEGATOS DE LA JUEZA SOMETIDA A PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO En la oportunidad de la celebración de la audiencia oral y pública en el procedimiento disciplinario fa jueza Marla Natividad Olivier Villafañe señalò: Que no era cierto lo referido por la denunciante Maria Campos, la forma en que se dirigió a ella. ni la forma pasiva como lo estaba haciendo en el mencionado acto oral, pues, del expediente se evidenciaba cuentas veces rechazó las ordenes de entrega del niño, acordada por el Tribunal y el terrible conflicto que había entre las partes, el cual se mantenía, por lo que no ere ella la que generó el conflicto, que según su dicho le apartaba del ejercicio profesional de la abogacía y de los Tribunales. Que tampoco era cierto lo señalado por el denunciante Franklin Yoel Garcia, ya que en el expediente reposaban las actuaciones que se hicieron, el conflicto que se seguia manteniendo con respecto a él. a las niñas y a la esposa, situación que incluso fue conocida por el Cuerpo de Investigaciones Cientificas Penales y Crminalisticas (CIPCP) por agresiones fisicas, lo cual no era culpa de ella. Que aceptaba el retardo. que se le podía acusar incluso de ignorante, pero no de lo señalado por los denunciantes, que ha pasado suficiente tiempo para que las página original (tal como se publicó) [Página 22] personas en conflicto solucionaran su siluación, no obstante, todavía existen peleas entre ellos y no puede entender como un padre y una madre se mantengan en esas circunstancias. Que la actividad de Jueza implicaba conocer una infinidad de expedientes, por lo que era obvio que se equivocase; que cometió errores y asumir toda la responsabilidad, que en unas era culpable y en otras no, por la cantidad de expedientes tramitados, los cuales tenía que decidir, y ello conilevaba celebrar actos conciliatorios, evacuación de testigos, niños que atender y padres que escuchar. Que no atendió a los denunciantes en su momento por cuanto tenla distintas reuniones propias de sus funciones. Que hoy en dia la situación había cambiado con la implementación del Circuito, a favor del Juez de Juicio y en detrimento del Juez de Mediación, cuyas condiciones según señaló eran "inhumanas". y si bien era cierto que cometió una serie de errores, estos no serán los últimos que cometeria. III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Del análisis de las actas que conforman el presente expediente, de las pruebas incorporadas al procedimiento y de la apreciación de las exposiciones realizadas por las partes durante la audiencia, siendo la oportunidad para dictar el extenso de la decisión contenida en el acta de audiencia oral y pública celebrada el 26 de noviembre de 2010. esta Comisión observa lo siguiente: Expediente disciplinario 1824-2009 —nomenclatura de esla Comisión-: En primer lugar, el órgano instructor consideró que la ciudadana Mania Natividad Olivier Villafañe incurrió en abuso de autoridad, cuando acordó una medida de protección de colocación familiar provisional de un nifo -cuya identidad se omite- a favor de la ciudadana Zuleima Evelia Cuevas, tia matema, sin haber escuchado previamente al ciudadano José Angel Ysasis. padre del niño, en una clara violación del derecho a la defensa que asistía al mencionado ciudadano, emplazándolo a comparecer en companla dei niño, el dia siguiente, en virtud de la existencia una solicitud de colocación familiar, siendo que ya habia acordado la colocación, y sin cumplir con el procedimiento judicial fue desposeido de la guarda del mismo, faña disciplinaria prevista en el articulo 40 numeral 16 de la Ley de Carrera Judicial que contempla la sanción de destitución la cual solicitó le fuera aplicada. Al respecto, esta Comisión constató lo siguiente: El 5 de septiembre de 2006, el Ministerio Público con Competencia en el Sistema de Protección al Nino yAdolescenle del estado Monagas, presentó ante el Circuito Judicial de Protección de ese estado, escrito contentivo de solicitud de medida de protección consistente en la colocación familiar provisional inmediata, en beneficio un niño, a fin de que la ciudadana Zuleima Cuevas, fuera fa persona que se encargara de atender, alimentar y oducar al niño (folios 149 al 153, pieza N° 1) En esa misma fecha la Jueza Maria Natividad Olivier Villafane dictó auto en el que estableció lo siguiente "VISIa IO SOicIUd esIA TnbUNeI CUerde con PREVIA HABILITACION DEL TIEMPO Y EAMILIAR PROVISIONAL del nIño . en el hogar de . ZULEIMA...CUEVAS, en su CBricler de tle materna de conformidad con los artículos. 396. 398 y 400 de la LOPNA, de quien Niño Quodâdolo totalmente prohibido hacer entrega del mismo a terceras personas sun la n aduplarse y oquiibrar su vide. por el fellecimento de su progenstors. Se acuerda librar boleta de Crlacron del crudadano: JOSE ANGEL YSAS/S.. que deberá comparecer s este Tnbunal el 163. pieza N° 1) Asimismo, se constató acta del 6 de septiembre de 2006, en la cual se dejó constancia de la comparecencia de la ciudadana Zuleima Cuevas, asl como del padre biológico del nifo, ciudadano José Ángei Ysasis y de su abogada y que estos últimos se negaron a suscribir dicha acta (folio 109 al 170, pieza N° 1). El 10 de enero de 2007, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito. de Protección del Nino y del Adolescente y Bancario de esa Circunscripción Judicial, actuando en sede Constitucional dictó una decisión en la cual anuló el auto del 5 de septiembre de 2006, donde se acordó la colocación provisional y ordenò la restitución del nino al padre biológico al considerar, lo siguiente: "Ahora ben igualmente observa esta Sentanciador que en fecha 06 de Sepbembre de 2006, JUdICIal. l CrUdadona JuBze MARIA NATIVIDAD OLIVIER prOcedió a ntregaNe B..ZULEIMA EVELIA CUEVAS, el niño quien Se encontraba Con su padre Ciudadeno JOSE ANGEL YSASIS, esto en vitud de la solcrtud de Coloceción familiar incoada por la mencionada Crudedana con lo cual violó flagrantemonte el derecho a la delensa y is garantía consblucional del debido proceso. ya que obvro de todo proced'mento a fin de sustanciar la solictud de colocación famiar..en el caso de marras se observe que la Juez de le causa en leche 05 de praviemento y und vez creado el cudedeno JOSE AnGEL YSASIS en esa misma feche pera que comparecer 06 de Sepliembre de 2006, este al comparecer a la sede del Tribunal le fue ordenado qua entregara el niño a la Crudedana ZULEIMA EVELIA CUEVAS, en 8se momento fal como consta en estos, obviando esl todo procedmento con lo cual ceroeno los derechos constitucionales ya mencionados con ocasión de la soliciud de Colocación Famdiar intentada por la mencionada ciudedane. En este senbdo observe este Juzgador que no era esta le forma en la cual se debla llevar a cabo ese procedimiento foda vez que existe une Ley que lo consagra como lo es le Lay Orgánca para la Prolección del Nifo y del Adolesoente (..) De le norma Irascata se evidencien las ceuseles por las cuales se puede soliater la colocación famihar y que una vez confgureda alguna de ellas se procederá como en ese capitulo se señeie; anora bren no se desprende de las actas procesales que conforman el presente expediente que l Ciudadano JOSE AnGEL YSAS/S, esle Incurso en aigune de elas y mucho menos que haya sido privado de la patria potestad, pues como lo señale la tercera mteresada en su escnto la dunta TAMARA CUEVAS, iba a intentar la acción correspondiente para privar al mencionado ciudedano de ase derecho y deber como lo as le página potestad, en vitud de ello considera quien suscnbe qua con esta actuación de la Juez an luger de boneficiar a les partes y bnndares le seguridad jurídica que merecen, le lesiono a une de allas violación de su Derecho a la Defensa y al Debido Procuso, supra señalados. ye que ai no seguir al procedimiento establecido en le Lay pars ordenar le colocación familiar no le permitió en aste determinar si debia al niño parmenecer con el o con sus tias malemas an vrlud que pera la fecha que se dicló le medida se encontraba el Trbunel en receso judicial y no se le permiso consecuencia inmediata de la solicitud de colocación familiar era venficar si se encontraba configurado el presente ceso en aigune de (as causes laxativemente seeladas en le Ley y no como ocumnó haciendo entrega a le Chudadane ZULEImA EVELIA CUEVAS del menor ... en lecha 06 de Sapfiembre da 2006, en razón de lo cuel se observe la fegrente violación de los Derechos Constilucionales a la Defensa y al Debido Proceso, situación jurídica que debe ser De los hechos constatados se compruebe que el 5 de septiembre de 2006. a la sometida a procedimiento disciplinario quien se desempeñaba como Jueza de la Sala N° 1 del entonces Juzgado de Protección del Nino y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, le fue presentada una solicitud de medida de protección consistente en la colocación familiar provisional inmediata de un niño, a fin de que la ciudadana Zuleima Cuevas fuera la persona que se encargara de atenderlo, alimentario y educarlo, petición que fue acordada en ess misma fecha, ordenando la citación de ciudadano José Ysasis, para que compareciera en compania de su menor hijo, el 6 de ese mes y año; llegado ese dia se dejó constancia en un acta de la comparecencia del referido ciudadano y de la ciudadana Zuieima Cuevas, asi como de la entrega del niño a la mencionada ciudadana, en virtud de lo cual el padre biológico interpuso acción de amparo ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescante y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Monegas, el cual ordenó el 10 de enero de 2007, la restitución del niño al padre biológico, al considerar entre otras cosas que se violó flagrantemente el derecho a la defensa y la garantia constitucional del debido proceso, ya que obvió todo procedimiento a fin de sustanciar la solicitud de colocación familiar. En orden a lo anterior, es oportuno referirse a los articulos 125. 126, 396 y 397 de la entonces Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente, vigente para el momento de los hechos, de los cuales se colige que la colocación familiar es una medida de carácter temporal mientras se determina una modalidad de protección permanente y procede una vez comprobada la amenaza o violación, especificamente, entre otras causas, cuando sea imposible abrir la tutela o continuar con la misma, o se haya privado al padre y la madre de la patria potestad o ésta se haya exlinguido. Asi las cosas, se evidencia que la Jueza sometida a procedimiento dictó una decisión arbitraria, carente de base legal, pues acordò una medida de colocación familiar de un niño con su tla matema, aun cuando al padre no se le habla privado de la patria potestad, sin haberlo escuchado previamente. y sin oir la opinión del niño, haciendo uso abusivo de las facultades que la ley le otorga en materia de protección de derechos de niños, niflas y adolescentes, procedió a despojar de guarda a su padre biológicos, actuación que realizó sin que mediara el procedimiento previó en el que se garantizara el derecho a la defensa, y de manera arbitraria, inobservando el articulo 76 constitucional que establece que la maternidad y la patemidad es protegida íntegramente, y que el padre y la madre —esta última fallecida en el caso de autos- tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos a hijas. siendo que en el presente caso no existia en ios autos impedimento alguno para el ejercicio de los derechos consagrados constitucional y legalmente. De ali que para esta Comisión quedó comprobado que la jueza sometida a procedimiento disciplinario con su actuación abusiva carente de bsse legal y desproporcionada afectó el derecho a la defensa, el debido procaso y la tutela judicial efectiva del padre biológico, tal como fue señalado por la Alzade que procedimiento establecido en la Ley para la colocación familiar no le remitió el página original (tal como se publicó) [Página 23] ciudadano JOSÉ ÁNGEL /SAS/S defenderse" y que no se evidenciaba que acordar tal medida. En ese sentido, es oportuno señalar que el debido proceso constituye un conjunto de garantias, entre las cuales se mencionan la de ser oldo, la presunción de inocencia, el acceso a la justicia y a los recursos legalmente establecidos, la de obtener una resolución fundada en derecho, correspondiendo a los jueces, como órganos rectores del proceso, salvaguardar esas garantías. No obstante, en el presente caso, tal como ha quedado demostrado, la jueza Maria Natividad Olivier Villafañe dictó una decisión mediante la cual acordó la colocación familiar del menor hijo del ciudadano José Ysasis, sin escuchar los previamente y sin atender a la normativa legal y constitucional que rigen la materia, como ha quedado comprobado, vuinerando el debido proceso, el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva consagrados en jos articulos 26 y 49 constitucional. De all que. considera esta Comisión, que la referida jueza incurrió en la falta disciplinana prevista en el numeral 16 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial que da lugar a la sanción de destitución, y así se declara. En segundo lugar. el órgano instructor estimó que fa jueza María Natividad Olivier Villafañe. infringió los deberes que ls establecen lss leyes, cuando desacató lo ordenado por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, de Monagas, el 24 de octubre de 2006, el cual conoció de un recurso de hecho, donde ordenó oír la apelación contra el auto del 5 de septiembre de 2006, en el cual se acordó la colocación familiar provisional del niño, faita disciplinaria prevista en el arlículo 40 numeral 11 de la Ley de Carrera Judicial, que da lugar a la sanción de destitución. En relación a esa imputación, esta Comisión evidenció de las actas del expediente disciplinario, que el 6 de septiembre de 2006, el ciudadano Josè Angel Ysasis presentó diligencia y escrito en los cuales planteó la recusación contra la referida Jueza; en virtud de ello, el 19 de ese mes y ao, otra Jueza a cargo de la Sala N° 2 del mencionado Juzgado de Protección, se abocó al conocimiento de la causa; el 25 de sepliembre de 2006, el referido ciudadano apeló de la decisión del 5 de ese mes y año, en la cual se acordó la colocación familiar provisional del niño, recurso que fue negado al considerarse que se efectuó de manera extemporánea el 26 de ese mes y año; asimismo, se constató que el 9 de octubre de 2006, el señalado Juzgado Superior declarò sin lugar la recusación interpuesta contre la jueza Marla N. Olivier Vilafañe, siendo devuelto el expediente al Juzgado a cargo de la prenombrada Jueza el 18 de octubre de 2006. El 24 de ese mes y año, el Juzgado Superior declaró con lugar el recurso de hecho interpuesto por el ciudadano José Ysasis y ordenó escuchar la apelación contra el auto del 5 de septiembre de 2006. En ese orden, se evidenció que el 7 de diciembre de 2006, la Jueza sometida a procedimiento disciplinario, en virtud de una solicitud realizada por la ciudadana Zuleima Cuevas, declinó la competencia -por el territorio- en el Tribunal de Protección del Niño y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (folios 171 ai 174, 192 al 195, 199 al 200, 234 al 240, 254 al 257 y 266 al 270. pieza N° 1). De los hechos constatados se evidencia que 6 de septiembre de 2006, el ciudadano José Ángel Ysasis recurso a la jueza Marla Natividad Olivier Villafane, en virtud de lo cual, otra jueza se abocò ai conocimiento de la causa, y el 25 de ese mes y año, el mencionado ciudadano ejerció recurso de apelación contra la decisión del 5 de saptiembre de 2006, en el que se acordó la colocación provisional de su menor hijo, siendo negado el mismo por extemporáneo, ante lo cual recurrió de hecho -devuelta la causa al juzgado a cargo de la sometida a contra-. posteriormente, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, del Protección del Nifo y dei Adolescente y Bancario de esa Circunscripción Judicial, declaró con lugar el recurso de hecho, ordenando escuchar la apelación; sin embargo el 7 de diciembre de 2006, la referida jueza declinó la competencia af Tribunal del lugar donde residía el niño. De all que, cuando la jueza declinó la competencia en un Juzgado de otra localidad sin pronunciarse sobre fa apelación contra el auto del 5 de septiembre de 2006, donde acordó la colocación familiar de un niño, aun cuando el Juzgado Superior le ordenó escucharlo, vulneró el debido proceso, el derecho a fa defensa, a la tutela judicial efectiva y oportuna respuesta, pues toda persona tiene derechos de acceso a los órganos de la administración de justicia para obtener con prontitud la decisión correspondiente, es decir oportuna y adecuada respuesta, tal como lo disponen los articulos 26, 49 y 51 constitucionales; de alli que con su omisión infringió el deber de acatar lo ordenado por la Aizada, conforme a lo previsto en el articulo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dispone que las decisiones por lo que esta Comisión considera que la prenombrada ciudadana incurrió en la falta disciplinaria prevista en el articulo 40 numeral 11 de la Ley de Carrera Judicial, que acarrea la sanción de destitución, y asi se declara. En tercer lugar, en cuanto a la imputación referida a que la ciudadana Maria N. Olivier Villafañe infringió el deber legal de observar una conducta transparente. cuando en el 17 de septiembre de 2007, otorgó poder especial al abogado Alfredo Aramis Gómez Valencia, quien era también apoderado judicial de la tia del niño involucrado en la causa judicial que estaba conociendo, en evidente detrimento de su imparcialidad, pnncipto previsto en el articulo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carera Judicial; al respecto, esta Comisión observa lo siguiente. De las actas que conforma el expediente disciplinario se evidencia que el 10 de enero de 2007, el antes mencionado Juzgado Superior, declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Jose Ysasis. anulando la decisión del 5 de septiembre de 2006, donde se acordó la colocación provisional y ordenó la restitución del niño al padre biológico (folios 271 al 278. pieza N° 1). Asimismo se evidencia que el 12 de enero de 2007, la ciudadana Zuleima Cuevas otorgó poder a os abogados Alfredo Aramis Gómez Valencia, Jeanette Revete Aponte y Carmen Carolina Salandy, inscntos en el inpreabogado bajo los Nros. 121.158, 24.573 y 36.865 respectivamente, para que la representara en todas las actuaciones judiciales derivadas de la acción de amparo constilucional intentada por ei referido ciudadano. El 15 de ese mes y año, la jueza María Natividad Olivier Villafañe interpuso recurso de apelación contra la decisión del 10 de enero de 2007, que decidió el amparo, otorgando el 17 de ese mes y año, poder Apud-Acta al abogado Alfredo Aramis Gómez apelación de amparo (folio 184, 187 y 191. pieza 6). De los hechos constatados, esta Comisión considera que so encuentra comprobado que el 10 de enero de 2007, el Juzgado Superior en lo Crvil, Mercantil, Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, declaró con lugar una acción de amparo constitucional ejercido por el cudadano José Ysasis, anulando el auto del 5 septiembre de 2006, dictado por la sometida a procedimiento disciplinario, en el cual acordó la colocación familiar de su menor hijo a su tia materna, ciudadana Zuleima Cuevas; quien el 12 de enero de 2007 otorgó poder especial, entre otros. al abogado Affredo Aramis Gómnez Valencia para que la representara en todas las actuaciones judiciales derivadas del amparo antes mencionado, siendo que el 15 de ese mes y año, la Jueza Maria Natividad Olivier Villafane interpuso recurso de apelación contra esa decisión de amparo, y el 17 de enero de 2007, otorgó poder al mismo abogado Alfredo Aramis Gómez Vaiencia para que la representara y defendiera sus derechos e intereses en el mismo. De lo antanior resulta evidente que la jueza sometida a procedimiento acfa a un abogado quien a su vez era ei apoderado de una de las partes, en una causa donde conoció como jueza. para que representara sus derechos e intereses en una apelación que ejerció contra una decisión de amparo que anuló una medida de colocación familiar provisional dictada por ella. En este sentido. debe señalarse que la imparcialidad y transparencia son garantias jurisdiccionales, inherentes al ejercicio de la función de administración de justicia, conforme a lo establecido en la norma señalada, que prevé una justicia idónea, imparcial y transparente que garantizan el debido proceso -articulo 49 constilucional-, lo cual se vio afectado por la actuación de la referida ciudadana. Por ello, considera esta Comisión que la jueza Maria Natividad Olivier Villafañe incurrió en la falta disciplinaria previsto en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, que da lugar a la sanción de destitución, y así se declara. página original (tal como se publicó) [Página 24] En cuarto lugar, el órgano instructor le imputó a la referida ciudadana haber dictado una providencia contraria a la ley por ígnorancla. cuando el 27 de febrero de 2008, otorgó al ciudadano Enrique Rivas, padrastro dei niño, una autorización judicial de representación para retirar -en nombre del niño- lo que le correspondia de los haberes hereditanos de su madre fallecida, siendo que era el padre biológico a quien legalmente corresponde representario, desconociendo lo establecido en el articulo 348 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños. Nuñas y Adolescentes, falta disciplinaria establecida en el numeral 10 del artículc 39 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, que da lugar a la destitución; esta Comisión, al respecto constató lo siguiente: El 27 de febrero de 2007, la Sala N° 1 del Juzgado de Protección del Niño y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, a cargo de la Jueza sometida a procedimiento disciplinario. en virtud de la solicitud presentada por el antes mencionado ciudadano, padrastro del niño, acordó autonzerlo para que en nombre y representación del piño, retirará y recibiera un cheque que a la orden de ese Tribunal debia emitir una empresa de seguros. Asimismo, sa evidencia que el 6 de mayo de ese año, el ciudadano José Ysasis, padre biológico, presentó diligencia mediante la cual solicitó se revocará la autorización otorgada, en virtud de que él ejercia la patria potestad, agí como la guarda y custodia -obligación de crianza- sobre su menor hijo; el 14 de mayo de 2008, la jueza dictó un auto donde indicó, entre otras cosas, qua "revocar la aulonzación reirasarte los trámites que se están reelizendo para que la parte que le corresponde al niño ingresen (sic) al tribunal para ser depositados a la Cuenta quo deberá aperurarse De lo anterior, se evidencia que el 27 de febrero de 2007, la Jueza sometida a procedimiento disciplinario a cargo de le Sala N° 1 del Juzgado de Protección dei Niño y del Adolescente, autorizó al ciudadano Enrique Rivas. padrastro del niño para que en nombre y representación de éste, retirará y recibiera el cheque que a la orden de ese Tribunal debia emitir une empresa de seguros, siendo que el 6 de mayo de ese año, el ciudadano José Yeasis. pedro biológico dei niño solicitó se r•vocera la autorización otorgada en virtud de que él ejercia la patria potestad, asl como la guarda y custodia sobre su menor hijo, pedimento que fue negado por la eludida Jueza ei 14 de mayo de 2008, considerando qua de revocarla atrasaria los trámites que se estaban realizando para que la parte que le corresponde al niño ingrasara al Tribunal para sar depositeda en le cuenta que deberia aperturarse. En orden a lo anterior, es oportuno señalar que los articulos 347 y 348 de la la patria potestad es un conjunto de deberes y obligaciones del padre y la madera con sus hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoridad, que tiene por objeto el cuidado, desarrolio y educación integral de los mismos y comprende la los hijos e hijas sometidos a ella, No obstante ello, en el ceso bajo estudio sa evidencia que le referida Jueza al esordar la autorización al padrastro dal niño pare que en su nombre y que ere al padre e quien le correspondia la representación y administración de los rlge la meteris. con lo cual dictó una providencia contraria • la ley al ignorer los dispuesto en los referidos articulos, situación que mantuvo aun cuando el ciudadano Jose Ysesis advirtió a le Jueza de que ere ái quien ejercia la patria potestad sobre el niño, y por ello ere el facultado para su representación, no obstante, ratificó su decisión contraria a le ley, incurriendo con tal actuación en.]a falte diaciplinana previsto en el numeral 10 del articulo 39 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, que de lugar a la sanción de destitución, sei se declara. En quinto lugar, le fve imputado a la juez Maria Natividad Olivier Villafañe, que Infringió el deber legal de garantizar una tutela juridica efeotive cuando el 26 de mayo de 200s, negó le apelación ejercida por el padre biológico del niño contra el auto dictado el 14 de mayo de 2008, en el cual se ratificó la @utorización judicial de representación que le habia otorgado al padrasto dal niño, faita disciplinaria prevista en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, que da lugar a le sanción de destitución; al respecto se observa lo siguiente: Consta a las actas del expediente discipinano que el 27 de febrero de 2007, la Jueza sometida a procedimiento disciplinario acordó una autorización al ciudadano Enrique Rivas, padrastro del niño, para que en nombre y representación de êste, recibiera el cheque que a la orden de ese Tribunal debía •mitir una ampress de seguros. El 14 de mayo de 2008, la prenombrada Jueza en virtud de una solicitud de revocación que realizó el ciudadano José Ysasis, padre biológico, dictó auto en el cual indicó, entre otras cosas, que "revocar la autorización atrasaría los trámites que se estaban realizando para que la parte que le corresponde el niño ingrese al Tnbunal mayo de 2008, el referido ciudadano ejerció recurso de apelación, siendo negado el 28 de mayo de 2008, al considerar que le misme era de mero tramite (folios 208. 2°3 y 217 pieza 6). Del análisis de los hechos constatados se avidenola que la decisión adoptada por la mencionada Jueza, se trató de un simple auto de trâmite, sino autorización para representar, retirar y recibir en nombre dei niño, un cheque que una empresa de seguros emitirá a una persona distinta a quien le correspondia ejercer la representación del nifo y la administración de aus bienes; siendo aue de conformidad con el articulo 348 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, era al padre a quien le corresponda esa función. De all que, considera esta Comisión, que la Jueza sometida a procedimiento disciplinario infringió el deber de garantizar una tutela judicial efectiva, conforma a lo previsto en el articulo 26 de la Carta Magna, al negar la apelación de la decisión dictada por ella el 14 de mayo de 2008, con lo cual violó el derecho a la defensa del apelante, infringiendo el deber legal de garantizar el debido proceso y el derecho a la defenga dei padre biológico, establecidos en el articulo 49 constitucional, por lo que incurrió en la falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del articulo 40 de Ley de Carrera Judicial, que acarrea la sanción de destitución, y así se declara. . Expediente disciplinario N° 1889-2010 -nomenclatura de esta Comigión-. En primer lugar, el órgano instructor le imputó a Ja ciudadana Maria Nativided Olivier Villafane que retardoò ilegalmente dictar sentencia en la causa judicial N° 7285. contentiva de una demanda por pensión de alimentos, cuando el 8 de agosto de 2004, habiendo señalado que por cuanto la causa se encontraba paralizada, acordada notificar a las partes que dictará sentencia, fijando el tercer (3°) dia de despacho a su notificación para que presentaran sus conclusiones; siendo que las partes ya estaban notificadas y fueron agregadas al expediente las respectivas conclusiones, sin que se produjera la sentencia, hasta el 14 de marzo de 2005, transcurridos cuarenta y un (41) dias de despacho, falta disciplinaria establecida en el numeral 9 del articulo 39 de la Ley de Carrera Judicial, que contempla la sanción de suspensión. Al respecto, de la revisión de las actuaciones del expediente disciplinario se evidencia que la demanda fue admitida el 1° de marzo de 2004, en la cual se prestaciones sociales que pudiese recibir al finalizar su relación de trabajo, dándose la contestación a la misma el 11 de de ese mes y año. y el 17 de marzo de 2004, el demandado promovió pruebas, y la demandante, el 31 de ese mes y año. presentó, escrito de conclusiones. Posteriormante, el g de agosto de ese año, la Jueza dictó auto en el cual señaló que: "Por cuento la presente causa se encuentra paralizada se acuerda notificar a las pares que se dictara sentencia de conformidad con e e Adolescante, se fija al tercer dia de despacho siguiente luego de heber sido notifiondos pera qua las partes presenten sus conclusiones. Asimismo, se dejó constancia de la notificación de las partes el 8 da septiembre de 2004; en esa miema feche, la demandante consignó escrio de conclusiones presentado con antelación, y el 14 de ese mes y año el demandado presentó escrito da Informes. También se evidenció que los dias 10 y 31 de enero 2006, el demandado solicitó al levantamiento de la medida, siendo dictada le sentencia el 14 de marzo de ese año. en le que declaró parcialmente ccn lugar la demanda, laventó la medida de embargo decretada inicialmente sobre el sueldo del demandado y ordenó abrir una cuenta a favor de las dos (2) hijas de las partes que vivian con su progenitora, ello en solicitud que realizara el padre de las mismos (folios 30, 33 al 37, 41, 42 y 51. 81 al 71 de la pieza N° 10), En relación al procedimiento especial de alimentos y guarda, la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente, vigente pare esa momento, en su articulo 520 disponía que vencido el lapso de pruebas -ocho (8) dias- o el dado'en página original (tal como se publicó) [Página 25] el auto pare mejor proveer, se dictará sentencia dentro de los cinco (5) dias, con vista a las conclusiones si las hubiere. De la referida norma asi como de los hechos comprobados se desprende, que la Jueza aun cuando había culminado la fase probatoria y una de las pertes presentado sus conclusiones, el 8 de agosto de 2004, dictó un auto en el que ordenó notificar a las pertes por cuanto la cause judicial se encontraba paralizada a partir de lo cual dictará sentencia conforme al articulo 520 eiusdem, asimismo fijó un lapso de tres (3) días para que las partes presentarán sus conclusiones; no obstante, no fue sino el 14 de marzo de 2005, que finalmente dictó la sentencia; demostrándose un retardo ilegal en dictar dicha sentencia, ya que el 9 de agosto de 2004, se encontraba vencido el lapso de promoción y aun así acordó la notificación de las pertes informándoles que dictará sentencia conforme ai mencionado articulo, lo cual tampoco cumplió ya que dictó le lema pasados los seis (6) meses de constatar las notificaciones de las partes, afectando la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 constitucion el, con lo cual incurrió en la falte disciplinaria prevista en el numeral 9 del artículo 39 de la Ley de Carrera Judicial, que contempla la sanción de suspensión, y asf se declara. En segundo lugar, el Órgano Instructor estimó que la prenombrada ciudadane incurrió en una omlaión da pronunciamiento, en la causa judicial N° 7431, cuando habiendo recibido una solicitud de régimen de visitas el 18 de febrero de 2004, y cursando en el expediente las evaluaciones ordenadas y les recomendaciones del Equipo Multidisciplinario, al momento de ser presentado el acto conclusivo, no constaba el fallo respectivo, falta disciplinaria establecida en el numerai 9 del articulo 39 de la Ley de Carrera Judicial, que contempla la sanción de suspensión. De la revisión de las actuaciones se evidenció que el 16 de febrero de 2004, la ciudadana Norkis Fernandez presentó solicitud de establecimiento de régimen de visita, la cual fue admitida el 17 de marzo de ese año, ordenándose la realización de evaluaciones psicológicas a las niñas y psiquiátrica al demandado agí como se acordó régimen provisional de visita El 22 de abril de 2004, sa dejó constancia que en el acto conciliatorio las partes no llegaron a un acuerdo, por lo que se dio apertura al lapso probatorio y se recibió la contestación de la demanda. El 28 de ese mes y año, el demandado promovió pruebes en ta cual solicitó la evaluación psicológica dei grupo familiar, y el 6 de mayo de 2004, se oyó la opinión de los niños; el 30 de agosto de ese año, el Tribunal acordó la evaluación psicológica solicitada. y el 11 de octubre de 2004, fue agregado al expediente el informe de dicha evaluación. El 4 de noviembre de ese año, se acordó la práctica de un estudio social al demandado, siendo que el 20 de mayo de 2006, éste solicitó pronunciamiento; en virtud de ello, el 7 de junio de ese año, se dictó un auto en el cual se señaló que no se habla realizado la totalidad de las evaluaciones del grupo familiar y que se procedería a sentenciar la causa una vez constarán en autos. Por otre parte, el 15 de marzo de 2007, la prenombrada Jueza dictó auto en el que señaló que una vez recibida la copia certificada de las evaluaciones psicológicas cursantes ante la Sala N° 2 del Tribunal de Protección, sentenciaria la causa; y el 12 abril de ese año, el demandado solicitó el pronunciamiento de la sentencia indicando que la causa judicial se encontraba en estado de sentencia hada más de tres (3) años, sin evidenciarse da las actas que la refenda causa judicial haya sido sentenciada (folios 83 al 101, 107, 114 al 123, 125, 128, 129 al 136 de la pieza N° 10). familiar- la entonces Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, vigente para ese momento, en su articulo 387 dispone que el mismo debía ser convenido por los padres y, de no lograrse, o si el mismo fuera incumplido reiteradamente afectando los intereses del niño/nina o adolescente, elle Juez/a actuando sumariamente, previos los informes técnicos que considere necesarios y considere necesario, el cual podria ser revisado a solicitud de parte, cada vez que el bienestar o seguridad del niño/a o adolescente lo justifique. Ahora bien, de los hechos comprobados se evidencia una dilación indebida al rotardar ilegalmente dictarpronunciamiento. en el procedimiento de establecimiento de régimen de visita, que lal como lo indica la referida norma, debe ser breve, previos los informes técnicos que considere necesarios y oide la opinión de quien ejerza la guarda, y si bien el 4 de noviembre de 2004, se ordenó la práctica de un estudio social al demandado, cuyas resulta no oonstabe en el expediente al 20 de mayo de 2008, fecha en la que el demandado solicitó se dictare sentencia definitiva, allo no justificaba la omisión en su pronunciamiento, pues no se evidencia actuación alguna de la operadora de justicia tendente a recabar dichas evaluaciones, sino que es hasta el 15 de marzo de 2007, que solicitó una copies de un informe psicológico ante otra sala del entonces Juzgado de Protacción del Niño y del Adolescente, siendo que el 12 de abril de ese año, el demandado volvió a solicitar el dictamen de la sentencia señalando que hablan transcurrido más de tres (3) años en estado de sentencia, sin que esta ssa feche se hubiera producido, actuación que atenta contra la tutela judicial efectiva, establece el articulo 26 constitucional. Por las razones expuestas, esta Comisión considera que la jueza Mería Natividad Olivier Villafañe Incumió en la falta disciplinaria prevista en el numeral 9 suspensión, y aai se declara. En tercer lugar, el órgano instructor estimó que la ciudadana Maria N. Olivier incurrió en descuidos Injuatificados. en la causa judicial N° 12096, cuando en el auto que declaró extemporánea la apelación ejercida por la parte demandada, en ese mismo auto ordenó la notificación de la demandante, momento en el que se percató de la falta de notificación de ésta; en la csus* Judicial N° 12085, en le que acordó sentenciar al quinto (5°) día de despacho, luego el 7 de junio de 2006, solicitó a la parte demandante intimera la cantidad adeudada por el demandado ya que al no constar en el expediente no podía dictar sentencia; y en la causa copias certificadas de todo el expediente, las cuales fueron acordadas al 25 de mayo de 2006, no obstante, evidenciándose que el 12 de junio de 2006, ei demandado tuvo que diligenciar solicitándole a la Juezs que le impartiers ordenes al alguacil para que le fuera entregadas, y si bien la Jueza neto al alguacil el 15 de junio de 2006. para que informara sobre las causes por las que no se habían sacado las referidas copias, la parte demandada tuvo que diligenciar nuevamente solicitando las copias acordadas el 2 de agosto de 2006, siendo efectuada su entrega por auto del 10 de agosto de 2006; configurándose la falta disciplinaria prevista en el numeral 7 del articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial, que prevé la sanción de amonestación; al respecto, esta Comisión constató lo siguiente: En la causa judicial N° 1209s, contentiva de una demanda de cumplimiento señalando además que "..por cuanto este Tribunal decretó medida de embargo y conforme al criterio asentado por la Sala Constilucional...deben mantenerse las medidas cautelares decreledas para gerantizar la obligación alimentaria haste que transcurre el lapso de los noventa (90) continuos. .que indica el articulo 271 del Código de Procedimiento Civil, contados 8 partir de le presente fecha. •ste Tribunal ACueRDA MANTENER VIGENTE LA MEDIDA DE EMBARGO", asImiSmO, 8e BVIdeNCIÓ QUE el 12 de diciembre de ese año, el demandado apeló de dicha decisión. En ese orden, cursa al expediente disciplinario, auto del "9 de enero de 2006", en el cual se señaló lo siguiente: "Observa aste Tribunal que la parte demandante no he sido notificada ni se ha dado por notificado, en consecuencia, haste la presente feche en que se está dictando el presente aulo, no es procedente oir le apelación interpuesto por.la diigenciante, por ser ésta extemporénea". Tembién se constató que el 8 de febrero de 2007, se consignó la resulta de la notificación de la decisión a la demandante, cuya boleta aparece con fecha 5 de diciembre de 2008 (folios 154, 155, 160 al 184 de la pieza N° 10). En la causa judicial N° 12085, contentiva de la demanda por cumplimiento de . obligación alimentaria, incoada por la ciudadana Marie Adelaida Campos contra el ciudadano Marco A. Gómez Rivara, se constató que el 28 de marzo de 2006, la sometida a procedimiento disciplinario señaló que: "Vencido el lapso probatorio en la presente cause, se acuerda dictar sentencia al Quinto die de Despacho siguiente al de hoy, de conformidad con lo establecido en el articulo 520 de la Ley Orgénica pera la Profección del Niño y del Adolescente, fijándose el Tercer (3er) dia de Despacho para que las partes presenten sus conclusiones". El 10 de mayo de 2006, la demandante estampó diligencia en la cual solicitó se dictara sentencia en la causa; pedimento que ratificó el 30 de ese mismo mes y año. El 7 de junio de 2008, la prenombrada Jueza dicto auto en el que señaló lo siguiente: "PRawEro: El juicio de cumplimiento de Obligación Alimentarie, es un juicio intimatorio, en consecuencia debe el actor (a) página original (tal como se publicó) [Página 26] estimar e intimar las cantidades adeudadas y en este juicio no se observa que se hayan n e e n n e búsqueda de la verdad real, principio que le permite al Juzgador tomar parte activa en este tipo de juicio... Posteriormente, el 09 de abril de 2007, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda por cumplimiento de obligación alimentaria (folios ; 208, 209, 215, 217, 223 y 231 de la pieza N° 10). En la causa Judicial N° 7288, contentiva de la demanda por pensión de alimentos, el 18 de mayo de 2005, el demandado solicitó copias certificadas de todo el expediente, las cuales fueron acordadas el 25 de ese mes y año. El 12 de junio de 2006, el demandado solicitó a la Jueza sometida a procedimiento que impartiese instrucciones al Alguacil respectivo, a los fines de que le fuesen entregadas las copias certificadas acordadas; por lo que la jueza;el 15 de junio de ese año, instó al Alguacil para que nolificará sobre las causas por las que no había sacado las copias solicitadas. El 2 de agosto de 200s, el demandado solicitó nuevamente que le fuesen entregadas las copias certificadas que le habían sido acordadas previamente: por lo que la prenombrada Jueza, el 10 de agosto de 2006. acordó lo solicitado (folios 86 al 91, pieza N° 10 del expediente disciplinario). De los hechos constalados 6e evidencia que en causa judicial N° 12095, la 12 de diciembre de 2006, por el demandado contra la decisión del 5 ese mismo mes y año, en la cual declaró perimida la causa y se mantuvo la medida cautelar decretada, señaló que le "demandante no ha sido nolificade ni se ha dado por notificada, en consecuencia , hasta le presente fecha en que se está dictando el presente auto, no es procedente oir le apelación interpuesto por la dligenciante por ser esta extemporánea" asimismo, cursa al folio 164 de la pieza N° 10 del expediente disciplinario, boleta de notificación del 5 de diciembre de 2006, cuya resulta fue consignada el 6 de febrero de 2007, de all que negó darle trámite al recurso que ejerció la parte demandada sólo con el argumento de que la parte actora no estaba notificada de la decisión, sin que antes de ese fallo tuviera el debido cuidado en verificar las circunstancias por las cuales no se hablan producido tal notificación pascual se hizo efectiva dos (2) meses después de librado el oficio, de lo cual se evidenela.el-deacuido imputado, que no tuvo justificación, falta disciplinaria establecida en el articulo 38 numeral 7 de la Ley de Carrera Judicial, y asi ee deciara. Asimismo, la Jueza sometida a procedimiento disciplinaria incurrió en un cuando el 28 de mayo de 2006, acordó que dictará sentencia al quinto (5°) día sentencia en dos (2) oportunidades, y no fue sino hasta el 7 de junio de ese año. que la referida Jueza se percató de la falta de indicación en al libelo de la cantidad presuntamente adeudada por la parte demandada, por lo que en esa oportunidad instó a la actora a intimar la cantidad adeudada, conducta que configuró la falta disciplinaria prevista en el numeral 7 del arlículo 38 de la Ley de Carrera Judicial, que da lugar a la sanción de amonestación, y así se declara. Por otra parte, en cuanto a la causa judicial N° 7286, se observa que ha certificadas, la cual fue acordada, posteriormente solicitó se instar a al Alguacil a los fines de que entregara las copias mencionadas, ante lo cual, la Jueza sometida a procedimiento disciplinario, requirió a dicho funcionano qua informara el motivo por el cual no se habia cumplido con lo acordado; posteriormente, la parle volvió a solicitar la entrega de las copias y la Jueza lo acordó, de ali que esta Comisión considera que la Jueza incurrió en el descuido imputado pues no obstante haber acordado to solicitado, las copas no le fueron entregadas en su oportunidad al solicitante quien debió diligenciar en varias oportunidades, siendo que la Jueza debió velar por el cumplimiento de lo ordenado por ella, y no lo hizo por lo que la parte se vio en la necesidad de ratificar sus solicitudes, incurriendo de esta manera, en la falta disciplinaria imputada de descuido injustificado prevista en el articulo 38 numeral 7 de la Ley de Carrera Judicial, y asi se declara. Expediente disciplinario N° 1925-2010 -nomenclatura de esta Comisión-. En primer lugar, el órgano instructor consideró que la prenombrada jueza incurrió en retardo injustificado en la causa judicial N° 9857. an la cual la demandante el 15 de febrero de 2006, solicitó se fijara nuevamente el acto orel -de evacuación de testigos-, en virtud de que el pautado anteriormente para el 18 de octubre de 2005, no se pudo celebrar por no haber despacho en el Tnbunal y, sin haber sido diferido, siendo ratificada dicha solicitud el 6 de marzo de ese año, sa proveyó el 7 de ese mes y año, Iranscurriendo aproximadamente un (1) mes de despacho, descontando el asueto de carnavai, falta disciplinaria prevista en el artículo 38 numeral 7 de la Ley de Carrera Judicial, que prevé la sanción de amonestación; al respecto esta Comisión constató lo siguiente: En el expediente judicial N° 9857 -contentiva de demanda de divorcio incoada por la ciudadana Maria Adelaida Campos Rondón contra el ciudadano Marco Antonio Gómez Rivera-. el 11 de enero de 2006, la parte demandante fijo el acto oral para el 5 de diciembre de 2005, el cual no se efectuó por no haber despacho en el Tribunal, siendo que el mismo no fue difendo. por lo que a ios fines de obtener celeridad procesal y un debido proceso, solicitaba se fijara nuevamente el dia para que tuviera lugar el acto en cuestión. Asimismo, consta que el 15 de febrero de 2006, la demandante digenció ralificando su solicitud del 11 de enero de 2006 (folios 57al 60. pieza N° 17). Posteriormente, el 6 de marzo de 2006, la parte demandante estampó diligencia en la cual expuso que por cuanto el acto oral fue fijado para el 5 de diciembre de 2005 -según auto del 18 de octubre de ese año-, y an vista de que esa Sala de Juicio N° 1 no tuvo despacho desde el 30 de noviembre esta el 19 de diciembre de 2005, acto que no pudo celebrarse y, aún cuando no fue diferido. no obstante, a través de diligencia del 11 de enero de 2006, efectuó tal solicitud, es por lo que le requirió al Tribunal se pronunciara sobre los motivos por los cuales el dia para que tuviera lugar el acto oral y con ello obtener el pronunciamiento correspondiente. jurando la urgencia del caso, pidiendo se habilitar a el Juzgado por el tiempo necesario, as! como que le diligencia fuese admitida y sustanciada conforme a derecho con el pronunciamiento de ley, en el lapso establecido, con la debida celeridad procesal, a fin de obtener una correcta administración de justicia; en virtud de lo anterior, el 7 de marzo de 2006. la Sala de Juicio N° 1 dictó aulo en el cual indicó que siendo evidente que el 5 de diciembre de 2005, fue fijado el acto despacho, es por lo que acordó fuarlo para el 15 de mayo de 2006, conforme al articulo 468 de la Ley Orgánica de Protección del Niro y del Adolescente -vigente para aquel momento- (folios 82 al 63, pieza N° 17 de expediente disciplinario). De los hechos conatatados resulte comprobado que el 11 de enero dal 2006, la accionante en la demanda de divorcio solicitó fijación de una nueva oportunidad para que se llevara a cabo el acto orai de evacuación de testigos, previsto en ese procedimiento, en virtud de que en la oportunidad que estaba fijada, 5 de diciembre de 2005, el Tribunal no dio despacho; siendo ratificada dicha solicitud el 15 de febrero y el 6 de marzo de 2006, hasta que el 7 de ese mes y año, la jueza Maria Natividad Olivier Villafañe fijó el referido acto para el 15 de mayo de 2006. De all que, la mencionada Jueza incurrió en retardo injustificado en la tramitación de la mencionada causa judicial. pues, siendo que inicia!mente se auto el 11 de enero de 2006, la oportunidad para realizarse el acto de evacuación de pruebas. ratificado en dos (?' oportunidades, es el 7 de marzo de ese año. que se pronunció fijándolo, incumpliendo con lo establecido en el articulo 10 de Código de Procedimiento Civil y el articulo 26 constitucional. que garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas; incurriendo en la falta disciplinaria prevista en el numeral 7 del articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial, y asi s0 declara. En segundo lugar, el órgano instructor le imputó a la jueza Maria Natividad Olvier Villafañe, que incurrió en retardo on la tramitación de las causas judiciales Nros. 5395 y 2579 -nomenclatura de la referida Sala de Juicio N° 1-. relacionadas con el ofreciniento de pensión alimentaria e inquisición de paternidad, respectivamente. falta disciplinaria que subsumió en el numeral 9 del articulo 39 de la Ley de Carrera Judicial; esta Comisión constató dei expediente disciplinario lo siguiente En la causa judicial N° 539s, contentiva del ofrecimiento de pensión alimentaria efectuada por el ciudadano Luis Valera el 18 de noviembre de 1998. el 28 de febrero de 2005, fue presentado por ei ciudadano Gecmar López, representante legai del prenombrado ciudadaro, en e' aual solicitó que vista la mayoría de edad de su hijo, se decretara la extir-ción de : pensión cimentaria y se dejara sin efecto página original (tal como se publicó) [Página 27] le medida de embargo qua pesaba sobre su sueldo, ofreciendo a favor da su hijo en n n n n n e constancia de la consignación de recaudos probatorios de su pretensión; en virtud de ello, el 7 de julio de 2005, la Jueza acordó admitirlo. Seguidamente, al 3 de julio de 2006, dictó auto en ei cual señaló que por cuanto la causa se encontraba paralizada, acordó notificar a las partes de que dictará sentencia conforme a lo establecido en el articulo 250 de la entonces Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, fijando el tercer (3°) día de despacho siguiente luego de notificar a las partes para que presentaran sus respectivas conclusiones, librándose las respectivas notificaciones (folios 152 al 157, pieza N° 17). En la causa judicial N° 2579, contentivo de demanda de impugnación de patemidad incoada por la ciudadana Elida Vilaroel contra el ciudadano Juan Antonio Borthomierth, la misma fue admitida por el entonces Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercanti de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, mediante auto del 16 de septiembre de 1998. El 9 de julio de 2002, la jueza Maria N. Olivier Villafane se abocó ai conocimiento del asunto. acordando notificar a las partes la fijación de un acto oral para que las parte».expusieran sus conclusiones a efectuarse diez (10) dlas de despacho después de que constara en el expediente judicial todas las notificaciones (folio 231, pieza N° 19). El 12 de mayo de 2003, se llevó a cabo el mencionado scto oral fijado para la exposición de las conclusiones, sin le presencia del demandado; seguidamente, el 19 de ese mes y año, la Jueza sometida a procedimiento disciplinario dictó auto para mejor proveer, ordenando la práctica de una experticia heredo biológica a fin de determinar 3a filiación patema; y el 12 de agosto de 2003, se consignó informe sobre la experticia ordenada. El 1° de junio de 200s, la Sala de Juicio N° 1, dictó auto en el cual señaló que dado que la causa se encontraba paralizada, acordó notificar a las partes que dictará sentencia al tercer (3°) dia de despacho estas presentaran sus conclusiones, librándose las respetivas boletas de notificación a las partes (folios 234 al 241, pieza N° 19). De las constataciones se evidencia que en la causa judicial N° 5395, el apoderado judicial del ciudadano Luis José Valera Patino, el 28 de febrero de 2005, solicitó la extinción de pensión de alimentos, en virtud de la mayoridad de su hijo, ofreciendo el veinte por ciento (20%) de su salario como ayuda estudiantil, la cuai fue admitida ai 7 de julio de ese año, siendo que el 3 de julio de 2006, acordó notificar a las partes que dictará sentencia al tercer (3°) dia de despacho siguiente. a los fines de que presentaran su conclusiones. En la causa judicial N° 2679, contentiva de un juicio de impugnación de palemidad, la jueza acordó mediante auto para mejor proveer, la práctica de una experticia heredo biológica a fin de determinar la filiación paterna, la cual fue consignada el 12 de agosto de 2003, no obstante, no fue sino hasta el 1° de junio de 2006, que la jueza sometida a procedimiento disciplinario acordó la notificación de las partes de que dictará sus conclusiones, en virtud de que la causa judicial se encontraba paralizada. En relación a lo anterior, es oportuno señalar que el Juez como director del proceso. debe impulsario hasta su conclusión, garantizando de esta manera el debido proceso y la tutela judicial efectiva, más aun en los procedimientos de protección donde ela Juez/a debe velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre ellos. a obtener con prontitud la decisión de los procesos. garantizando una justicia expedita, sin dilaciones indebidas ni formalismos inútiles. siendo que en el presente caso, se evidencia que la jueza María Natividad Olivier Viliafeñe retardo ilegalmente dictar la sentencia en las causas judiciales Nros. 5395 y 2579, en la primera de ellas, donde se presentó una solicitud el 28 de febraro de 2005 y no fue sino hasta al 3 de julio 2006 -pasado un (1) año-, que acordó la notificación de las partes para qua presentaran sus conclusiones y dictar sentencia: y en la segunda de ella, donde acordó la práctica de una experticia el 19 de mayo de 2003. la cual fue consignada en el expediente el 12 de agosto de ese año. no obstante, fue el 1° de junio de 2006, que acordó la notificación de las partes, más de dos (2) años después Asi las cosas, considera esta Comisión que la jueza incumió en la falta disciplinaria prevista en el numeral 9 del articulo 39 de la Ley de Carrera Judicial, que da lugar a la suspensión, y así se deciara. En tercer lugar, en relación & la imputación referida * que la prenombrada Jueza incurrió en descuido injustificado para sentenciar la causa judicial N° 7431, contentiva de la fijación de un régimen de visitas interpuesto por la ciudadana Norkis Femández contra el ciudadano Franklin Garcie, la cual, para el momento de la inspección efectuada por el órgano instructor -17 de abril de 2007-, aun se encontraba sin sentenciar, faita disciplinaria prevista en el numeral 7 del articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial; al respecto, esta Instancia Disciplinaria constató del expediente disciplinario lo siguiente: En la causa judicial N° 7431, el 7 de Junio de 2006, la cludadana María Natividad Olivier Villafañe dictó auto donde señaló que vista la solicitud de la actora del 20 de octubre de 2004, de que se practicara un informe social en el hogar donde residía el demandado y sus hijos, y dado que de los autos del expediente no se evidenciaba que se hubiese practicado, siendo que habla sido intorme solicitado al psicólogo del equipo multidisciplinario, en virtud de la falta de comparecencia de las partes, la Jueza señaló que se proceder la a sentenciar una iz que contará en autos la totalidad de las evaluaciones y se realizaran las onentaciones correspondientes, asl como el informe social. Liegado el 15 de marzo de 2007, emitió auto donde indicó que en virtud de que al grupo familiar Garcia Femández, le estaban realizando evaluaciones psicológicas en la causa judicial cursante ante la Sala de Juicio acordó solicitar de oficio copia certificada de los resultados de dichas evaluaciones. y que una vez que constarán en autos, procedería a dictar sentencia (folio 146 al 149, pieza N° 17). El 12 de abril de 2007, la apoderada judicial del demandado consignó diligencia en la cual indicó que visto el oficio remitido a la Sala de Juicio N° 2 a los fines de que le remita las evaluaciones psicológicas realizadas en la causa judicial (N° 14568) con el fin de dictar sentencia, no obstante, le solicitó que revisara minuciosamente las actas procesales ya que estaba ordenando la práctica y asimismo le señaló que dado que los lapsos procesales son preclusivos, se evidenció una obstrucción a la celendad procesal y violación del procedimiento establecido para dictar sentencia, pues desde que el Tribunal acordó practicar el informe hablan transcurrido dos (2) años. denotando'un atropello a los derechos constitucionales de sus representados, por lo que le solicitó sentenciara la causa y dejara sin efecto el oficio del 15 de marzo de 2007, ya que las evaluaciones las consideraba improcedentes. y que fuera tramitada con la celeridad en aras de una pronta administración de justicia (folios 150 al 151. pieza N°17). El 18 de abri de 2007, e1 Inspector de Tribunales Comisionado, consignó acta de inspección levantada en la sede de la Sala de Juicio det Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Monagas. donde dejó constancia, entre otras cosas, que la última actuación procesal realizada por la Jueza sometida a procedimiento disciplinario en la aludida causa judicial fue el au1o que dictó el 7 de junio de 2006, donde señaló que procedería a dictar sentencia una vez que constara en autos la totalidad de las evaluaciones, el informe social y las orientaciones correspondientes (folio 18, pieza N° 17). De los hechos constatedos, se evidencia que la jueza Maria N. Olivier Vilafeñe acordó mediante auto dal 7 de junio de 2006, dictar sentencia una vez que constara en autos la totalidad de las evaluaciones practicadas, entre elios, informa sccial del lugar donde residía el demandado y sus hijas, e informe psicológico del demandado, siendo que el 15 de marzo de 2007, acordó solicitar los estudios que se le reallzaban al grupo familiar y que una vez que constara en autos la totalidad de las evaluaciones ordenadas. proceder la a dictar sentencia, siendo que el 12 de abril de 2007, la apoderada judicial del demandado diligenció indicando que las evaluaciones solicitadas ya habian sido acordadas y evacuadas en su oportunidad. mediando una obstrucción a la celeridad procesal y violación del procedimiento establecido para dictar sentencia, pues desde que el Tribunal' acordó practicar el informe habian transcurrido dos (2) años, denotando un atropello a los derechos constitucionales, por lo que le solicitó sentenciara y dejara sin efecto el oficio del 15 de marzo de 2007. ya que las evaluaciones las consideraba improcedentes. y que fuera tramitada con la celeridad procesal debida en aras de una pronta administración de justicia; no obstante, para el momento de la práctica de la investigación disciplinaria. el 18 de abril de ese año, dicha causa aun no había sido sentenciada, página original (tal como se publicó) [Página 28] De modo pues, que la actuación antes descrita evidencia el descuido en el cual incurrió la prenombrada Jueza al tramitar el asunto Judicial sometido a su conocimiento, ya que si bien inicialmente acordó que sentonciarla la causa una vez condicionando el dictamen de la sentencia, no obstante, no practicó ninguna otra actuación dirigida a solventerdicha situación de manera de emitir el fallo correspondiente, lo cual conllevó a que una de las partes (demandado) se lo solicitara por escrito advirtiendo la ausencia de impulso procesal de su parte, al transcurrir más de dos (2) años, desde la fecha en que estableció lo anterior hasta la práctica de la investigación disciplinaria por perte del Órgano instructor, sin que el asunto haya sido sentenciado; en este sentido, conviene resaltar que, tal como se ha señalado en párrafos anteriores, todo Juez/a como director/a del proceso está en el deber dictar oportunamente un pronunciamiento, y en consecuencia, recabar aquellos elementos que sean necesarios para cumplir con ello, con la celeridad procesal requerida, mas aun cuando de tal circunstancia dependa su pronunciamiento. Por lo tanto, al quedar comprobado que la conducta asumida por la Jueza sometida a procedimiento disciplinario constituye un descuido injustificado la falta disciplinaria prevista en el numeral 7 del articulo 38 de le Ley de Carrera Judici el, que da lugar a la sanción de amonestación, tal como lo precalificó la Inspectorla General de Tribunales a lo cual se adhirió el Ministerio Público, y asi se declara. Ahora bien, en cuanto al argumento de defense eegrimido por la Jueza sometida a procedimiento disciplinario referido a que cometió errores, pero que los mismos se debian a la cantidad de trabajo, el número de expedientes tramitados, las entrevistas a realizar a las pertes y los niños, de lo cual no aportó elemento probatorio alguno, esta Comiaión considera que tales argumentos no deevirtúan las imputaciones realizadas en su contra por cuanto, como Jueza de la República debe garantizar un justicia expedita sin dilaciones indebidas, de manera de atender oportunamente las solicitudes realizadas por las partes, mae en los asuntos sometidos a su conocimiento referidos a la maleria de protección de niños, niñas y adolescentes, así como directora del proceso dabe ser garante de que se lleven a cabo las actuaciones ordenadas en las causas y cumplir con las decisiones dictadas por sus superiores, por lo que se desestiman tades argumentos, y aaí se declara. Por cuanto en la presente decisión se declaró que la jueza incurrió en faltas disciplinarias que dan lugar a la sanción de destitución, lo que corresponde en cuanto a las faltas en las que incurrió que contemplan la sanción de suspensión es declarar su responsabilidad disciplinaria, y sei se declara. Se deja constancia que para decidir se tuvo a la vista el expediente personal de la referida ciudadana del cuel se desprende que se le sancionó disciplinariamente con suspensión del cargo en el expediente disciplinario N° 1708-2008 -nomenclatura de este órgano-. DECISIÓN razonesexpuestas,esta Comisión de Funcionamiontoy Por las Reestructuración del Sistema Judicial, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de le ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PrimerO: DESTITUYE a la CiUdadana MARIA NATMIDAD OLIVIER VILLAFAAIE, titular de la cádula de identidad N° 3.048.704. del cargo de jueza de Primera Instancia por actuaciones durante su desempeño en el cargo de Juaza de la Sala N° 1 del ertonoes Juzgado de Protección del Niño y del Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monages, con sede en fa ciudad de Meturin, y de cualquier otro cargo que ocupe dentro del Poder Judicial, por haber incunido en las faltas disciplinarias previstas en los numerales 1 1 y 16 del artículo 40 de la Ley Judicatura. SegUndO:DECLARA LARESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de la ciudadana antes identificada, por incurrir en la falta disciplinaria prevista en el numeral 9 del articulo 39 de la Ley de Carrera Judicial, que da lugar a la suspensión. Tercero: AMONESTA a a ciudadana María Netividad Olivier Villafañe, antes identificada, por incurrir en la falta disciplinaria prevista en el numeral 7 del articulo 38 de la Ley de Carrera Judici el por actuaciones durante su desempeño como Jueza en el referido Juzgado. Contra la presente decisión se podrá ejercer recurso de reconsideración ante esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, dentro. de los quince (15) dlas hábiles siguientes a su publicación, o recurso contencioso de nulidad ante la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los treinta (30) dias continuos siguientes a su publicación. Publiquese en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Notifiquese a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, a le Dirección General de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, e infómmese a la Coordinación del Tribunal de Protección de Niños. Niñas y del Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas y a la Dirección Administrativa Regional de ese astado. Dada, firmada y sellada en la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. En Caracas, a los (— 03 - ) dias del mes de diciembre de dos mil diez (2010). Año 200° de la Independencia y 151° de la Federación. Las Gomisionadas, ATICIAGARCIE DE NICHOLLS — Presidenta BELKIS USECHE DE FERNÁNDEZ FLOR VIOLETA'MONTELL ARAB Ponente MANUEL NTONIO BOGNNANO PALMARES Secretario 2:50p2e ic010 O15-7010 1 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL Expediente N° 1956-2010 COMISIONADA PONENTE: FLOR VIOLETA MONTELL ARAB El 26 de mayo de 2010, se recibió en esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, oficio N° 1516-10 del 21 de ese mismo mes y año, anexo al cual, la Inspectoría General de Tribunales remitió el expediente disciplinario N° 070155, nomenclatura de ese organismo, constante de tres (3) pieza, contentiva del acto conclusivo correspondiente a la Investigación disciplinaria seguIda al ciudadano JOSÉ ALBERTO ZAMBRANO GARCÍA, titular de la cédula de identidad N° 6.342.048, por haber presuntamente incurrido en el ilicito numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, que da lugar a la sanción de suspensión, durante su desempeño como Juez Temporal del Juzgado del Municipio Acevedo de la Circunscripción Judicial del estado Miranda. El 27 de mayo de 2010, se dio cuenta a las Comisionadas y se designó ponente a la Comisionada Flor Violeta Montell Arab, Posteriormente, el 1° junio del mismo año, se admitió el acto conclusivo, fijándose la audiencia oral y pública para el día cuatro (4) de noviembre de 2010; ordenándose las notificaciones correspondientes, las cuales fueron efectuadas. E 2 de noviembre de 2010, se recibió el oficio N° FMP-64NN-717-2010 de fecha 29 de octubre del mismo año, suscrito por la ciudadana Carmen Beatniz Chang Ramos, Fiscal Sexagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Matera Disciplinaria Judicial, mediante et cual anexó escrito de adhesión a la imputación formulada por la Inspectoría General de Tribunales en su acto conclusivo. Por auto dictado el 2 de noviembre de 2010, esta Instancia Disciplinaria se pronunció soore !as pruebas promovidas por la Inspectoria General de Tribunales y por la Jueza sometida a procedimiento disciplinario. página original (tal como se publicó) [Página 29] Llegada la oportunidad, esta Comusión se constituyó en la Sala de Audiencias y vista Ja incomparecencia injustificada del Juez sometido a procedimiento, se decretó Medida Cautelar consistente en la suspensión sin goce de sueldo del referido ciudadano, hasta tanto fuese dictada la decisión definitiva en el presente caso, y se fijó el día lunes veintinueve (29) de noviembre de 2010, como nueva oportunidad para celebrar la audiencia oral y pública, con la advertencia de que en caso de una nueva incomparecencia sería declarada su contumacia; ordenándose las notificaciones correspondientes, las cuales fueron efectuadas. Posteriormente, en la fecha acordada, tuvo (ugar la audiencia oral y pública de las partes, acto en el cual, cada una expuso sus alegatos, finalizado y cumplida la deliberación se dictó el respectivo pronunciamiento, como consta en el acta de debate, cursante a los folios 121 al 139 de la pieza 3 del presente expediente, correspondiendo en esta oportunidad dictar el extenso de la decisión y al respecto se observa: I PUNTO PREVIO ALEGADO POR EL CIUDADANO SOMETIDO A PROCEDIMIENTO ANTES DE COMENZAR EL DEBATE Tal como consta en el acta levantada el dia lunes veintinueve (29) de noviembre de 2010, una vez que la Presidenta de este órgano estableció las reglas dei debate y advirtió a las partes que esta Comisión en atención a la potestad disciplinaria, podría cambiar la calificación juridica dada a los hechos por el Órgano Instructor, tal y como se ha establecido en reiteradas oportunidades, y que la audiencia estaba siendo grabada en audio y video; el ciudadano JOSÉ ALBERTO ZAMBRANO GARCiA, solicitó el derecho de palabra, alegando sostendría un punto previo relacionado con la celebración del acto; derecho que le fue concedido refiriendo que se trataba especificamente a la notificación que se efectúa en los procedimientos disciplinarios, la Cual se regula en los artículos 75 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, las cuales son de tres (3) formas, personal, por fax u otras vias, con acuse de recibo, cartel, lo cual ha hecho esta Comisión en otros casos. Indicó que tal y como aparece en el expediente disciplinario, según oficio de la Coordinadora Salwa Chikhani se estableció que su notificación fue infructuosa, por lo que, de considerarse que ét estaba notificado, sería crear un precedente negativo, en violación a lo dispuesto en los artículos 26 y 49 numerales 1, 2 y 3 de la Constitución, que se refieren a la tutela judicial efectiva, defensa y debido proceso. Que estaba en conocimiento de la audiencia del 4 de novie:mbre del presente año, pero que ésta no debió realizarse, porque no fue notificado de la misma, y señaló que hay jurisprudencia, entre ellas, la sentencia bajo la ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, N° 1114, la cual refiere a la tutela judicial efectiva y el acceso a los órganos de la administración. Manifestó que por medio de la Internet fue que se enteró de la medida cautelar dictada el 4 de noviembre de 2010, por lo que el 24 de noviembre del corriente compareció ante este órgano y soliotó copias simples del expediente, siendo que parte de las mismas les fueron entregadas ese día y otras se las ofrecieron para el día viemes 26 de noviembre de 2010. Además señaló que la notificación efectuada es un acto írrito, y afecta sus derechos constitucionales al realizarse una audiencia sin cumplir con las formalidades, ni haberse publicado el cartel. Que el Ministerio Público indicó que existía contumacia de su parte, lo cual no es cierto, por cuanto acudló a esta sede para asumir la audiencia. También rectores del Poder Judicial. Además señaló que consignaría en esa oportunidad, un escrito donde solicita: a) la nulidad de la decisión dictada el 4 de noviembre de 2010, al considerar que la notificación fue infructuosa, sin ningún soporte, b) el levantamiento de la medida cautelar de suspensión y, c) que fuese notificado para una nueva audiencia con ocasión al acto conclusivo. También, consta en el acta de fecha 29 de noviembre de 2010, que seguidamente se le dio el derecho de palabra a la representante de la Inspectona General de Tribunales, quien señaló que el fin de la notificación en esta causa disciplinaria se cumplió, que el Juez mencionó el acta que remitió la Coordinadora Judicial del estado Miranda, en la que catálogo la notificación como infructuosa, al indicar que éste no estaba presente en el Tribunal, ya que se encontraba practicando una comisión, habiendo despacho, que se remitió la notificación al despacho, sc recibió e hizo constar que el acto conclusivo se encontraba en el escritorio del ciudadano sometido a procedimiento, pero no habia firmado el acuse de recibo correspondiente. Destacó que el 4 de noviembre de 2010, no se celebró la audiencia, se dejó constancia de la inasistencia del sometido a procedimiento y de la actuación relativa a su notificación, por el contrario, se le dio et derecho de palabra a una persona del público que hizo denuncias contra el mismo. Indicó que no se ha violado el derecho a la defensa ni la tutela judicial efectiva, ya que fue notificado, siendo que el 24 de este mes y año, el ciudadano José Zambrano se presentó en este órgano para solicitar copias del expediente, por lo que consideró esa representación que el fin se cumplió. Igualmente, se dio el derecho de palabra a la representación del Ministerio Público, quien señaló en primer lugar, que el prenombrado ciudadano fue notificado en forma personal al hacer acto de presencia en esta Comisión, por 1o que para esta audiencia está debidamente notificado; en segundo lugar, indicó que la medida dictada en su contra, se debió a su inasistencia injustificada al acto previamente fijado, por lo que se procedió a inhabilitarlo hasta tanto se realizara la presente audiencia. Que el sometido a procedimiento adujo que la notificación era irrita porque no se practicó conforme a las formas establecidas en la ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y ante ello indicó que de las actas se constató dos (2) hechos considerables, primero el entorpecimiento por parte del sometido a procedimiento de remitir la boleta de notificación; y segundo, la circunstancia requenirse las resultas de la notificación, referida a que el Tnbunal estaba constituido sin la presencia del ciudadano JOSÈ ALBERTO ZAMBRANO, Señaló que el fin se cumplió, que el sometido a procedimiento alegó que las copias so!citadas cran para el viernes y otras para hoy, siendo éste un alegato distinto a le acontuodo con su nobficacón. Además refirió que de acuerdo al articulo 49 Constitucional se debe disponer del tiempo para preparar la defensa, sin embargo, en este caso, ha sadc el mismo ciudadano sometido a procedimiento el que ha entorpeodo todo el trámite ante esta Comisión, dejando a criterio de esta Instanca Disoplinana la decisión correspondente. Planteado ese punto previo y escuchadas como fueron las partes, ia Comasión, como consta a folea 123 de la peza 3 del expediente, se retiró a deliberar y decidió sobre ese punto, indicando que en cuanto a la medica cautelar, la misma se dictó con base a las crounstanoas verificadas en la causa disciplinana, la cual cursa en el prever expediente, específicamente lo informado por la Rectoria de Piranda en fecna 26 de octubre de 2010, pues det terto de esd comunicación consideró esta Comesón, que desde la fecha cn que s: indica, el cuudadano JOsÉ ZAMBPANO estaba con ef oficIo de notificación y el acte conclusrs quc se acompañó, sun dar la ceda devoluoón a las resultas elt confo:me: b) informado por el alguacil y el secretario det Tribunal a su ca:g:s. En efecto, st: ss: en ei ocio de le Rectonia de ia Crcunscrpción Judicial del estaco Bolivarano de Miranda, que corre inserto al folo 59 de la pieza 3, lo sigu:ente: ".. Tengo el honor de dirigirme a usted, en la oportunidad de expresarte nuestro más sinceros y respetuosos saldos, extersivo a su equipo que le acompaña y a su vez remitirle anexo al presente, resulta del Oficio N° 1513-2010 de fecha 0: de Junio de 2010, constante de un (1) folio util y la consignación del Oficio 1511- 2010 el cual no pudo practicarse por cuanto el sobre contentivo cel la not:ficacrir n DARwIN PInTo Aiguaol adscnto al Juzgado del Municipio Acevedo que :egenti esl referido Juez, en feíha 18 de Juno de 2010 a las 9:25 a.m.; en virtud quxe estü Rectona no recbialas resultas de dicha notificación, se procedió a reia: infinidad de Hamadas tefefóncas al No 0234-6621376 yatendidas p0r 12 funcionaria DaurY Lugo, Setretaria de ese Juzaado la cua! manifestó qt:e el ciudadanc Juez no se as habia devuelto e induso cuando se ie solicitó había con de comisión". De gual manera se pablo con el cudadano DARv!I!N PINTO requinénool: las resuilas de dicha notificación y este manifestó que se las hab entrega (sic) al precitado Dodtor y aún no se kas había devuerte. En (al senlico, se. comisionó a la Dra. sALmA ChmauanI, Coordinadora Judical Sel CirCuito Judical Pena! Ertensión Barlovento, con la finalidad de practicar nuevamente i3 notifiICaCión al Dr.JOSÉ ALBERTO ZAMBRANO, ia CUal fue :nfrUCTUOsa. reabrendo este Despacho comunicación de esta misma fecha suscric pcr la referida Cooroinadora remahendo anexo informe presentado por e' Alg:ia:: MAGVIRi ARIAS constante de un folio útil que se anexa..". De afi que. se manbene la legalidad del acto, siendo importante resaltar quc e: hecho alegado por el refendo cudadano de que se eneró de la medida cau!e'ai por via de Internet el misme 4 de novembre de 2010, en nada excusa su proceder, pues fue el 24 de ese mismo mes y año, que decidió comparecer ante este Órgano, tal como lo reflejó el funoonano de seigtiridad de esta instanc-a disciplinaria, entregandosele ese dia parte de las copias que solicitó, siendo que as restantes co fueron rebiradas, pues no compareció a esta seoe ni el dia ;ueves tampoco e! viemes, con'orme al Libro de Ertradas de esta Conusión, Fina!mente se conduyó, que en el presente caso no conste lesión a derecho a la delensa, al debido proceso n a la tutela judicial efectiva, consagraccs en la Constitucon de la Repúbica Bofivariana de Venezuela, y al cual se ha referido ur. varias oportunidades la Sala Constitucional del Tnbunal Supreme de Jusucia (entr otras, en sentencia No 97 del 15 de marzo de 2000, caso: Los Tres Reteldes C.A. ). ello por cuanto quedó comprobado, que el fin de la notificación que era po:verc en conocimiento del procedemeente disciplinario seguido en su contra, de la fijación cel acto oral y público a celebrarse, y del contenido de ta imputación del organo instructor, se cumplió. Agí se decide. Il IMPUTACIÓN FORMULADA POR LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES La InspectoniaGeneral de Tribunales señalo que ei ciuoacano sometido a procedimiento, durante su desempeño como Juez Temporal del Juzgado del Municipio Acevedo de la Crcunsonpuón Judical del estado Maranda, Ini:nquo t4 deber legal de ejecutar la totaidas de ia sentencia defintivemente firme, correspondente a b causa judicial N° 237-98. contentiva de caificacoón de despido, incoada por el crudadano Carios José Méndez contra la sociedad "Gran;a Los Torres", asi como el deber legal de garantizar a ese justiciable ia tutela judicial efectiva en foma oportuna, falta discpinana prevista en el numeral 11 oel ar:cuio 40 de la Ley de Carrera Judical, que da lugar a la sanción de destitución del ca: go. En cuanto a los hechos refirió que de la revisión efectuada al expediente judicial antes señalado, se desprende que el 23 de noviembre de 1998, la parte actora solicitó la ejecución de ta sentencia definitivamente firme dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instanoia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, el i6 de septiembre de ese mismo año, en cuyo acto de ejecución practicado el 3 de junio de 1999, el ciudadano Nicolas Torres, se negó 3 realizar el reenganche del trabajador, sin embargo, el Tnbunal declaró embargado ejecutivamente el ben. Pustenormente, el 4 de junio de 1999, el Trbuna!, en virtud de la oposición que formuló este dudadano, revocó el embargo ejecutivo practicado y ordenó la nulidad de lo actuado respecto a la ejecución forzoso; e nn n e r e e n Aizada, el 25 de julio de 2001, ordenándose ai Juez de ta causa continuar con 1a ejecución forzosa de la senlenoa definitivamente fime dictada. Alego, que el Juez Jose Alberto Zambrano Garcia, recibió el expediente judicial el 16 de octubre de 2u01, en etapa de ejecución forzosa, sicrído que después de cumplir las formalidades relativas a la designado y juramentación del perito contable para la determinación de los salarios caidos, por auto del 26 de mavo de 2003, decreto la ejecución forzosa de la sentencia, sin embargo, página original (tal como se publicó) [Página 30] médiante decisión del 16 de octubre de ese mismo año, declaró la nulidad del auto que dictó ese 26 de mayo de 2003, y ordenó oficiar al Registrador Subalterno correspondiente, a los fines de que remitiera certificación de gravámenes dei inmueble sobre el cual recaenía la ejecución, y ordenó la comparecencia de las partes para la designación del Perito Avaluador que efectuará el justiprecio del inmueble. Señaló, que luego de haberse cumplido lo ordenado por el Juez sometido a procedimiento, la parte demandada ejecutante le solicitó la suspensión de ejecución de la sentencia, lo cual acordo dicho Juez y ordenó oficiar nuevamente al Registro Inmobiliario del Municipio Acevedo para determinar la propiedad de las bienhechurias objeto de ejecución, aun cuando -indicó el Instructor- ya constaba en el expediente judicial la certificación de gravámenes correspondientes, luego a los fines de dejar constancia de las notas marginales producidas en dicho inmueble, posterior e ello, por auto del 17 de noviembre de 2006, se pronunció respecto a los escritos presentados por los ciudadanos Cesare Augusto Piteo Torres y María Victoria Piteo, a quienes le dio la cualidad de terceros opositores, y ordenó oficiar a la Oficina Regional Miranda del Instituto Nacional de Tierras, a los fines de aclarar las dudas acerca de la existencia de dos (2) parcelas de diferentes dimensiones en el mismo asentamiento campesino, que sería objeto de ejecución. Enfatizó, que el prenombrado Juez desconoció los efectos de ta cosa juzgada producidos por la sentencia definitivamente firme dictada por el Juzgado Superior, ei 16 de septiembre de 1998, por cuanto no hizo efectivo el reenganche dei trabajador, y sólo procedió con el embargo ejecutivo, a los fines de obtener el pago die los salarios caidos, cumpliendo asi con su obligación de ejecutar la totalidad de lo decidido, siendo que a criterio del Instructor, los jueces ro pueden actuar con extrema amolituc procesal en la tramitación de las causas bajo su cumplir con el dispositivo de ia sentencia, lo cual no realizó el sometido a procedimiento. En su opinión, el referido Juez no podia permanecer impasible ante la orden judicial a la cual estaba absolutamente obligado el patrono, esto es, el reenganche del trabajador, siendo que la ley para evitar que ello ocurra establece las normas para lograr el cumplimiento forzado de las decisiones judiciales, recurriendo inclusive a la fuerza pública (artículos 182 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo penal como tipificación de la conducta delictiva de ese desacato judicial, situaciones que no atend:ó el juzgador, quien solo realizó accidentalmente actos judiciales para ejecutar parcialmente el dispositivo de la sentencia, proceder con el cual violentó además de la tutela judicial efectiva del justiciable, el principio de coacción judicial que tiene el estaco, conducta que, a decir de la Inspectoria General de Tribunales, lo hace acreedor de la falta disciplinaria prevista en el numeral 1 b, del articulo. 40. de la Ley de Carrera Judiclai, pues en su criteno, infringió el deber legal de ejecutar debidamente el dispositivo del fallo dictado en la sentencia definitivamente firme correspondiente a la causa judicial N° 237-98. También le atribuyó haber incumplido su deber de actuar con a debida celeridad para darle curso a la ejecución de la sentencia definitivamente firme dictada, vulnerando de esa forma, la tutela judicial efectiva del justiciable, pues, insistió que el juez recibió la mencionada causa judicial N° 237-98, el 16 de octubre de 2001, encontrándose ésta en etapa de ejecución, siendo que se había decretado el embargo ejecutivo de unas bienhechurias para satisfacer el pago de los salarios caidos y donde la oposición formulada por el tercero Nicolas Torres, había sido declarada sin lugar, en consecuencia, el Tribunal de Alzada le habia ordenado al a quo continuar con la ejecución forzosa de la sentencia. Que contrario a ello, el Juez sometido a procedimiento, ordenó la ejecución voluntaria de la sentencia mediante auto del 26 de mayo de 2003, luego de una otorgó un lapso de cinco (5) dias para el cumplimiento de la ejecución, violentando con ello el principio de precluslón de los lapsos procesales, siendo que esa etapa procesal ya se encontraba superada en el expediente judicial, y fue solo con ocasión (fel pexdinento de la parte actora referido a la ejecución forzosa que el Juez se percató de la irregularidad existente en el mismo, por lo que el 16 de octubre de 2003 declaró la nulidad del acto que dicto el 26 de mayo de ase mismo año, y ordenó oficiar al Registro Subalterno correspondiente para continuar con la ejecución forzosa. Senal» que luego de constar en el expediente judicial la certificacion de gravamen: correspondiente, asi como el avalúo efectuado a las bienhechurias objetos de ejecución, el Juez sometido a procedimiento, en atención a la solicitud que presentaron los ciudadanos Cesare Augusto Piteo y Maria Victoria Piteo, ordenó nuevamente oficiar al Registro Inmobilario, el 15 de marzo de 2005, y luego de obtener la certeza de los datos de propiedad referentes al inmueble, medidas y gravámenes del mismo, ordenó una innecesaria inspección ocular en dicho Registro para ser practicada et 25 d: julio de 2006, la cual se efectuó el 23 de octubre sle ese mismo año, con ello dejó constancia de las notas marginales existentes, y precisó el Oigano Instructor que la dilatada actuación dei Juez fue mar alla, pues el 17 de noviembre de 2006, se pronunció sobre la oposic:ón al embargo presentada por los ciudadanos antes mencionados. Para la Inspectoria General de Tribunales resultó evidente que el prenombrado Juez no fue diligente, ya que incurrió en un desorden procesal con el requerimiento de actos que ya constaban en el expediente, como fueron las reileradas: peticiones de la certificación de gravámenes del inmueble, y la práctica de una inspección para dejar constancia de lo ya certificado por el Registrador Inmobiliario en dos (?) oportunidades, asi como la nulidad del auto dictado el 26 de mayo de 2003, situación que no se corresponde con el deber dei juez, quien debe darle impuso procesal a las causas por ser el rector de la actividad judicial. Ademas, el instructor cuestionó el hecho de que luego de encontrarse la causa judicial en etapa para publicar los carteles de remate respectivos, el Juez no dio curso a la ejecución de la misma, conducta con la cual cercenó el derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el texto constitucional. Destacó que si bien el Juzgador debe resguardar las garantias procesales tanto de las partes, como también de los terceros que pretendan ejercer sus derechos dentro del proceso judicial, esto no significa que el juez pueda asumir una actitud negligente frente a sus obligaciones como ejecutor de una sentencia dictada que quedó definitivamente firme el 16 de sepbembre de 1998, en la que asumió su potestad judicial desde el 16 de octubre de 2001, y que para la fecha de la Investigación disciplinaria (17 de noviembre de 2006), aún no había sido ejecutada. Consideró que al actuar de esa forma, el Juez demostró un desconocimiento de la normativa procesal para hacer efectiva la sentencia dictada, siendo que se observó un desinterés en tramitar la causa judicial, pues si bien la recibió el 16 de octubre de 2001, no le dio el impulso procesal necesario para su ejecución, a pesar de que la parte actora le solicitó el 14 de diciembre de 2001, la designación de peritos contables, y éste no se pronunció sino hasta el 13 de mayo de 2002, fecha en la cual se inhibió del conocimiento de la causa, y que posteriormente volviera asumir su potestad jurisdiccional el 22 de J'Jlio de 2002, por haber cesado la causal de inhibición, y alegó el Instructor que en esa misma fecha, el Juez ordenó el cumplimiento de la ejecución de la sentencia, oficiando al Registrador Inmobiliario para notificar sobre la medida de embargo ejecutivo y ordenó la designación de peritos contables que le había sido solicitada, designación que pese a la solicitud formulada por el actor el 1 de noviembre de 2002, no se había formalizado sino hasta el 7 de febrero de 2003, fecha en la cual el Juez juramento al Licenciado Agenol Espinoza. Asimismo señaló, que aún cuando el benito consignó el 26 de marzo de 2003, e! nforme correspondiente, el Juez sometido a procedimiento se mantuvo inerte hasta el 26 de mayo de ese mismo año, cuando a petición de la parte actora ejecutante decretó la ejecución voluntaria de la sentencia, siendo que dicha parte persistió en la ejecución, mediante diligencias fechadas 10 de junio y 9 de septiembre de 2003, incumpliendo el juez su obligación de ejecutar la causa judicial, pues permaneció inmutable ante esas peticiones y fue finalmente el 16 de octubre oe 2003 que se pronunció para revocar el auto del 26 de mayo del mismo año, ordeno solicitar al Registrador Inmobiliario la expedición de la certificación de gravámenes y designó el perito avaluador que determinará el valor del inmueble, nombramiento que se Ilevó a cabo el 19 de marzo de 2004, fecha para la cual ya constaba en el expediente la certificación de gravámenes solicitada. Que, no fueron librados los carteles de remate solicitados por la parte actora ejeculante:, el 2 de agosto de 2004, sino que el 15 de marzo de 200s, decidió la solicitud de suspensión del procedimiento de ejecución presentada por el ciudadano Cesare Piteo, tercero ajeno a la causa, sin que éste tuviera cualidad para actuar en ella, pues no se constituyó con tercero la ejecución, sino que formuló una petición que ya se había decidido, ya que por una parte, solicitó que la parte actora ejecutante presentara acta constitutiva de la sociedad Granja Los Torres, situación que ya había sido objeto de resolución dentro del proceso, y por otra, la revocatoria cel auto de ejecución de la sentencia dictado el 26 de mayo de 2003, que ya habia sido revocado por auto del 16 de octubre de ese mismo año, motivo por e: cual la Inspectoría General de Tribunales no encontró causas que justifiquen la actuación del juez en no continuar con los trámites de la ejecución de la sentencia para ordenar el 15 de marzo de 2005, oficiar nuevamente al Registro Inmobillario con relación a la Certificación de Gravámenes que se encontraban insertas en el proceso, la cual fue obtenida el 14 de abril de 2005 y ratificada por el Registrador Inmobiliarlo mediante oficio del 12 de mayo de 2005, no obstante el fecha en la cuat ordenó la práctica de una Inspección Ocular para el 25 de julio de 2006, fa cual fue diferida sin establecer piazo y finalmente practicada el 23 de octubre de ese año. Tambien señaló que no le resultó racional el hecho de que el 17 de noviembre de 2006, el referido Juez se haya pronunciado con relación al escrito presentado el 6 de diciembre de 2004, por los ciudadanos Cesare Piteo y María Victoria Piteo, mediante el cual formularon oposición, y a quienes consideró terceros intervinientes, ordenando oficiar al Instituto Nacional de Tierras. Para la Inspectoria General de Tribunales, los anteriores hechos reveian la faita de interés del Juez José Alberto Zambrano García, en darle celeridad al procedimiento bajo su conocimiento, con el único objeto de ejecutarlo, lo cual no efectuó a pesar de que transcurrió un excesivo lapso de más de un mil treinta y cinco (1035) días hábiles, con lo cual, vuineró la tutela judicial efectiva del actor . ejecutante, pues, no tiene justificación alguna, que haya tardado más de cinco (5) años Sin ejecutarse, y además de ello, afirmó el Instructor, que para la época en que se efectuó la investigación disciplinaria, el juez aún permanecía realizando accidentados trámites, sin proceder a la ejecución de la sentencia obtenida por el trabajador en el año 1998, por ello, concluyó que el juez con ta! proceder, infringió el deber legal de garantizar la tutela judicial efectiva del actor ejecutante correspondente a la causa judicial N° 237-98, falta d:sciplinaria prevista en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, que da lugar a la sanción de destitución. III ALEGATOS DEL CIUDADANO SOMETIDO A PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO El ciudadano José Alberto Zambrano Garcia, tal como consta en el acta de de 2008, presentó sus alegatos de defensa, en relación a los hechos contenidos en la denuncia que formuló en su contra el ciudadano Carios José Méndez, en cuya oportunidad efectuó una breve reseña de las actuaciones que cursan en la causa judicial N° 237-98, y señaló: Que el ciudadano Carlos José Méndez, en su escrito de denuncia efectuó afirmaciones sin indicar un solo hecho donde se pueda considerar que haya obstaculizado la ejecución de la sentencia, tampoco un solo acto que se haya dictado o dejado de dictar y que haya causado la demora, pues, contrario a ello, página original (tal como se publicó) [Página 31] de los hechos que carro en forma cronológica se evidencian que la causa principal del retardo procesal lo constituyó la duda de que el bien señalado por el actor denunciante para ser embargado, pudiese no ser propiedad del demandado. También aseveró que su primera actuación en el expediente se produjo el 16 de octubre de 2001 y estuvo inhibido desde el 13 de mayo de 2002 hasta el 22 de Julio de ese mismo año, fecha en la que se abocó nuevamente al conocimiento de la causa, siendo que en esa misma fecha en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, dictó auto mediante el cual acordó librar oficio al Registrador Subalterno del Municipio Acevedo, a fin de notificarle la medida de embargo practicada el 3 de junio de 1999 y acordó designar pento para la ejecución forzosa. Finalmente indicó que el denunciante sin señalar o indicar un solo hecho o acto, de forma irresponsable afirmó que incurso en violación de las siguientes normas: articulo 26, segundo aparte del articulo 257 y el primer aparte del articulo 334 Constitucional, asi como el primer aparte del artículo 30 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lo previsto en los artículos 34, 70 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y lo establecido en los articulos 21, 202 y 206 del Código de: Prccedimiento Civil. Asimismo, en la oportunidad de la celebración de la audiencia oral y pública, señalo que haría una cronología de los hechos y del derecho, e indicó que la causa fue conocida en un inicio por el Juez Carlos Vizcarrondo, y la medida fue dictada por otro juez, siendo que el primero de los nombrados anuló todo lo actuado, y le llamada la atención ei por que el denunciante en aquel momento, no formuló la denuncia, Que luego e correspondió conocer, y se inhibió con fundamen:o en los articulos 81 o 82 del Código de Procedimiento Civil, por enemistad manifiesta con uno de los abogados del demandante, pero después le tocó conocer de la misma en virtud de que el ciudadano Carlos Méndez sustituye al abogado que lo estaba representando. Refirió el Oficio 23/08 al Instituto Nacional de Tierras, donde se evidencia que los bienes eran del dominio público, por tanto inembargables, de alli que antes de vulnerar los intereses del Estado, csperó las resultas. Asimismo, señaló que fue presentado titulo de propiedad, es decir, ante la imposibilidad de la ejecución de la sentencia por haberse presentado una tcrcería, es algo que no le se podía ejecutar bienes de un tercero o que pudieran ser del Estado. Que ei denunciante pudo ejercer otras acciones de carácter civil o penai, de hecho denunció al Registrador, y hasta donde bene conocimiento llegaron a un acuerdo reparatorio, de esta manera estimó que se evidenciaba que quien afectó los derechos del cudadano Carlos Méndez fue aquel contra el cual ejerció una acción penai, y no su persona. también señaló que no levantó las medidas cautelares sobre los bie nes para no atenlar contra los derechos del trabajador, que desconoce a quien habrá obstaculizado. Que de todos fos folios que se desprenden del expediente se observa que sus actuaciones están ajustadas a derecho, que hubo una transferencias de la propiedad y afirnió que consignada ta comunicación que del INTI, referido a ln Carta Agrana, y a los bienes del dominio público. Destucó que et Registrador señaló que esos bienes no eran de la Granja Los Torres, quc queda demostrado la inviabilidad de la ejecución de la sentencia por parte del juez y la mejor disposición de la justicia y del justiciable. Además solicitó que se :valle bien la denuncia, sus descargos y se declare sin lugar la denuncia que formuló en su contra el ciudadano Carlos Mendez. Afirmó que la decisión no se podía ejecutar, ni aun destituyéndolo, que no se ha levantado la medida cautelar ni se va a levantar por interés del trabajador. Que existe una transferencia de la titularidad de los bienes embargados por el Instituto Nacional de Tierras, es deci, bienes absolutamente Inembargables, tambien solicitó que se exhorta al denunciante a no forniular denuncias temerarias, y que la emotividad obedecia a la defensa ante este tipo de denuncias. Que el denunciante señaló que él había incurrido en retardo procesal, y que si bien han pasado muchos años, éstos no le son imputables, y que la Inspectoria General de Tribunales no produjo elementos para demostrar la falta imputada; que la causa comenzó el 25 de febrero de 2002, y la práctica de la medida la efectuó otro Juez Temporal. Nuevamente refinió la carta arana expedida por el Instituto Nacional de Tierras y la aceptación de la oposición efectuada por un tercero, luego libró oficio al Registrador inmobiliario, solicitó información de un oficio antenor para asi poder ejecutar la sentencia, y sostuvo que su intención nunca fue perjudicar al denunciante, al contrario fue el único juez que intervino para asegurar el fallo, dictando medidas cautelares. Manifestó haber sido diligente como juez en todo momento, en esa causa y en todas las que han cursado en el Tribunal, qur: realizó las actuaciones procesales necesarias para la transparencia de juicio, pues actuó de acuerdo al derecho y a sus pnncipios de honestidad. IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Analizadas las actas que conforman el presente expediente, las pruebas y pública en este procedimiento; y siendo la oportunidad para dictar el extenso de la decisión contenida en el acta de audiencia oral y pública celebrada el veintinueve (29) de noviembre de 2010, esta Comisión pasa a decidir en los siguientes términos: Se le impUtó at Ciudadano JOSÉ ALBERTO ZAMBRANO GARCIA, haber infringido el deber legal de ejecutar la totalidad del contenido de la sentencia definitivamente firme, correspondiente la causa judicial N° 237-98, ello, durante su desempeño como Juez Temporal del Juzgado del Municipio Acevedo de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, pues conoció dicha causa, contentiva de calificación de despido, incoada por el ciudadano Carlos José Méndez, contra la "Granja Los Torres", cuya decisión se dictó el 16 de septiembre de 1998; además le imputó haber incumplido el deber legal de garantizar al justiciable la tutela judicial efectiva en forma oportuna, pues durante el conocimiento de esa misma causa judicial transcurieron aproximadamente mas de cinco años sin ejecutarse el fallo definitivamente firme, falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, que da lugar a la sanción de destitución del cargo. Para la determinación de la ocurrencia o no de los hechos imputados, esta Instancia observa de la pieza N° 2 del expediente disciplinario, las siguientes actuaciones: Decisión del 1 de junio de 1998, dictada por el Juzgado del Muricipio Acevedo de ia Circunscripción Judicial del estado Miranda, a cargo para ese entonces de! Juez Carlos Vizcarrondo Monagas, que declaró: procedente la acción intentada por el ciudadano Carlos José Méndez, contra la empresa Granja "Los Torres"; injustificado el despido del referido ciudadano; ordenó el reencancho de éste a su puesto, de trabajo, en las mismas condiciones en que venia desempeñandose para el momento del ilegal despido; ordenó pagar los salarios caidos dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha de s s efectiva reincorporación, y; condenó en costas a la parte demandada, por haber resultado totalmente vencida (folios 199 al 206). Se constató que el 3 de ese mismo mes y año, la parte demandada apeló de dicha decisión (foio 207), la cual fue oida a ambos efectos en esa misma fecha por el mencionado Tribunal, y acordó remitir el expediente al Juzgado Segunco de Primera Instancia de Estabilidad Laboral con sede en Guarenas (folio 207). También constató este Órgano que dicha alzada, dictó decisión et 16 de septiembre de 1998, en la cual declaró sin lugar la apelación ejercida y modificó la sentencia del a quo en cuanto al pago de los salanos caídos, ios cuales se indicó, venfique el reenganche (folios 209 al 211). Además se observó acta de investigacion levantada por la ciudadana Mirtha Bravo Corazpe, Inspectora de Tnbunales comisionada, en la cual, dejó ·constan'a de la rev.sión de las actuaciones del expediente judicial N° 237-98 (folos 159 a 169). Asimismo, se ohservaron actuaciones judiciales dictadas por el ciudadano sometido a procedimiento, específicamente la referida al día 16 de cctubre de 2001 (folo 240), oportunidad en la que recibió "nuevamente" el expediente judicial N° 237-98, proveniente del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Crcunscnpción Judicial del estado Miranda, y que el día 17 de noviembre 2006, ordenó librar oficio al Jefe Legal de la Oficina Regional Miranda del Instituto Nacional de Tierras, a los fines de aclarar la duda planteada en el caso, por los ciudadanos Cesare Augusto Piteo Torres y Maria Victoria Piteo Torres (folio 302 al 305), Se evidenció diligencia del 13 de diciembre" de 2001, suscrita por el sometido a procedimiento, el nombramiento de un pento a los fines del cálculo de los salanus caidos, y una vez que éste fuese juramentado, la correspondiente remisión del expediente al Tribunal Ejecutor de Medidas (folio 241), luego, el 13 de mayo du 2007, dicho ciudadano se inhibió de conocer la causa, de conformidad . con el ordinal 18 del articulo 82 del Código de Procedimiento Civil, por enemistad · con el abogado Joel Astudillo, apoderado judicial de la parte actora, y por auto del 22 de julio de ese mismo año, dicho ciudadano, en virtud del escrito presentado por ia parte actora, el 12 de junio de 2002 (folios 244 y 245), en el cual revocó el poder que habia otorgado al abogado antes mencionado, señaló que tal circunstancia hizo cesar la causal que originó la inhibición que pianteó junto con la secretaria del Tribunal y, en consecuencia, se abocaron al conocimiento de la causa (folio 246). Se verificó que el actor ejecutante mediante diligencia del 13 de diciembre de 2001, solicitó al ciudadano José Alberto Zambrano, el nombramiento de peritos a los fines del cálculo de los salarios caídos y luego de ello, la remisión de! expediente al tribunal ejecutor de medidas. También se verifico que dicho ciudadano, mediante auto dei 22 de julio de 2002, ordenó oficiar al Registrador Inmobrliano del Municipio Acevedo y acordó designar pentos contables (folios 247 y 248). Lueyo, el 1 de noviembre de ese mismo año, nuevamente el, actor ejecutante, en virtud de que hasta esa fecha no se había designado el perito avaluador, solicitó la designación en cuestión (249). Además, se observó que por auto del 7 de febrero de 2003, el prenombrado ciudadano designó al ciudadano Agenol Espinoza como perito contable (folio 250), asi como diligencia suscrita por el apoderado del actor ejecutante, el 20 de mayo de 2003, mediante la cual solicitó la ejecución voluntaria de la sentencia (1olio 252). Se constató auto dictado por el ciudadano sometido a procedimiento, el 26 de mayo de 2003, en el cual señaló: "..Vista la diligencia que antecede presentada por el Dr. GUSTAvO PINTO, inpreabogado N° 25.663, en su carácter de autos, el Tribunal la acuerda de conformidad y en consecuenda DECRETA la EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA y de conformidad con lo establecido en el articulo 524 del Código de procedimiento Crvil fija un lapso de 05 dias de Despacho para la EJECuCIOA VOLUNTARIA de la mISma..." (follo 253). También se constataron diligencias suscritas por el apoderado judicial de la parte actora ejecutante, en fechas 10 de junio y 9 de septiembre de 2003, en las cuales, solicitó al ciudadano sometido a procedimiento, la ejecución forzosa de la sentencia (folios 254 al 256). De igual manera se constató auto del 16 de octubre de 2003, mediante el cua! el crudadano José Aiberto Zambrano García, deciaró la nulidad del auto dictado el 26 de mayo de 2003, 1o cual fundamentó en el articulo 206 del Código de Procedimiento Civil y ordenó oficiar al Registrador [mobiliario :. página original (tal como se publicó) [Página 32] del Municipio Acevedo, a los fines de que remitiese con urgencia certificación notificación a la parte demandada para que designe perito para asillevar a cabo el publicaciones de los carteles de remate a los fines de proseguir con la ejecudón del mismo (folios 257 al 260). Asimismo, esta Comisión observó diligencia presentada por el apoderado de la parte actora, mediante la cual designó como Perito Avaluador al dudadano Rodrigo Garcia Cortez, y solicitó al Tribunal a cargo del Juez sometido a procedimiento, la correspondiente juramentación (263). También se observó auto del 19 de marzo de 2004, dictado por el prenombrado Juez, en el cual designó el Perito Avaluador que le correspondía a la parte demandada (folios 266). Cursa en autos diligencia presentada el 2 de agosto de 2004, por la parte actora ejecutante, en la cual solicitó al prenombrado Juez expedir los carteles de remate respectivos para su publicación, toda vez que ya constaba en autos el avalúo presentado por los peritos (folo 268). También cursa en autos certificación de gravámenes expedida por el Registrador Inmobiliario del Municipio Acevedo del estado Miranda, donde se dejó constancia de la propiedad del inmueble sobre el cual se decretó la medida de embargo ejecutivo, las bienhechurias, así como las enajenaciones y gravámenes que pesaban sobre el mismo (folios 264 y 265). Se observó diligencia del 10 de agosto de 2004, presentada por la parte demandada, mediante la cual solicitó suspensión de la medida de embargo, asi como la de todo el procedimiento a que se refiere la causa judicial N° 237-98, hasta tanto la parte actora presentara acta constitutiva de la empresa "Granja Los Torres" (folio 269). Esta Instancia Disciplinaria también constató escrito del 6 de dicieinbre de 2004, presentado por los ciudadanos Cesare Augusto Piteo Torres y Manía Victoria Piteo Torres, terceros en el proceso, mediante el cual solicitaron al Juez José Alberto Zambrano García, dejar sin efecto el auto de fecha 26 de mayo de 2003, que había decretado la ejecución de la sentencia (folios 273 y 274). A los folios 276 al 279 nela auto del 15 de marzo de 2005, en el cual ei Juez sometido a procedimiento, ordenó oficiar al Registrador Inmobiliario del Muniapio Accvedo del estado Miranda, a los fines de determinar a quién pertenecían las bienhechunas objeto del embargo ejecutivo, siendo que efectivamente a! folio 290 y su vuelto. consta oficio N° 7240-45, suscrito por el Registrador Inmobilianio para ese entonces, ciudadano Luis E. Blanco, quien manifestó: ". que mediante documento re:gistrado bajo el N° 7, Fs. 21 vto. Al 26, Prot° 1°, Tomo 2°, 2° Ttre; sw 1.978, ei l.A.N; adjudicó a Titulo Definitivo Oneroso a Nicolas Santiago Torres, un lote de terreno de 5,03 Has; y la casa en él construida, del Asenlamiento Campesino La Yaguapa, caucagua, Municipio Acevedo del Estado Miranda, según el cual le pertenece, ahora bien, por documento registrado bajo el N° 20, Fs. 117 al 123, Prot° 1°, Ton:o 2°, 2° Ttre. del 2.001, Cesare Augusto Piteo Torres y Maria Victona Piteo Torres, levantar Titulo Supletoro sobre bienhechurias construidas en el mismo lote de terreno de 5,03 Has; adjudicado por el 1.A.N. a Nicolás S. Torres y por documento registrado bajo el N° 26, Fs 95 al 99, Prot° 1°. Tonco 3°, 2° Tre. de! 2.005 de fecha 04/05,05; Nicolás Santiago Torres Sarmiento, cede y traspaso a Cesare Augusto Piteo Torres y María Victoria Piteo Torres, los derechos y acciones sobre la parcela de terreno y las bienhechurias construidas en el terreno de 5,03 Has del Asentamiento campesino La Yaguapa, documento previamente autenticado por ante la Notaria Pública de Higuerote bajo el N° 09, Tomo 10 de los Libros de Autenticaciones de fecha 22/03/2.001...*. Se observa que mediante diligencia del 26 de enero de 2006, la parte actora solicitó al prenombrado ciudadano la realización de una "inspección judicial" en la Oficina del Registro Inmobiliario del Municipio Acevedo, a los fines de verificar que para esa fecha no consta en los libros correspondientes, el registro ut supra señalado (folio 292 y su vuelto), lo cual fue acordado por el ciudadano sometido a procedimiento, mediante auto del 14 de julio de 2006, y fijó para ello el dia 25 du .julio de 2006, siendo que, la referida nspección fue practicada el 23 de octubre de ese año 2006, oportunidad en la cual hizo constar lo mismo a lo cuzl se hizo referencia en el oficio N° 7240-45, suscrito por el Registrador Inmobilianio del Municipio Acevedo (folio 96). Además se observa que el ciudadano sometido a procedimiento dictó auto el 17 de noviembre de 2006, mediante el cual se pronunció con relación ai escrito presentado el 6 de diciembre de 2004, por los ciudadanos Cesare Augusto Piteo Torres y María Victor a Piteo, quienes actuaron "como terceros opositores" y ordenó librar oficio al jefe del Área Legal de la Oficina Regional Miranda del Institoto Nacional de Tierras, a los fines de aclarar alguna duda por cuanto la oposición efectuada trataba de la misma parcela o de dos parceías diferentes con las mismas dimensiones, ubicadas en el mismo asentamiento campesino de La Yaguapa (folios 302 al 305). Finalmente, se constató certificación de dias de despacho transcurridos en el Juzgado del Monicipio Acevedo de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, desde el día 16 de octubre de 2001, fecha en que el ciudadano sometido a procedimiento recibió el expediente judicial N° 237-98, hasta el día 25 de mayo de 2007, fecha en que la Inspectora de Tribunales practicó la investigación encomendada, siendo que hasta esa ultima fecha transcurrieron un mil treinta y cinco (1035) dias hábiles, sin observarse del expediente que el Juez hubiese ejecutado el fallo dictado por la alzada el 16 de septiembre de 1998, el cual se encontraba definitivamente firme (folios 170 al 172). Constatadas dichas actuaciones, quedó plenamente comprobado que el ciudadano Carlos Jose Méndez interpuso demanda de calificación de despido contra la sociedad "Granja Los Torres", de la cual conoció el Juzgado det Municipro Acevedo de la Circunscnpción Judicia! del estado Miranda, a cargo para ese entonces del Juez Carios Vizcarrondo Monagas, quien el 1 de Junio de 1998, en cuya decslón dedaró procedente la acción intentada, injustificado el despido del actor; ordenó el reenganche de éste a su puesto de trabajo, en las mismas condiciones en que venía desempeñándose para el momento del ilegal despido; hasta la fecha de su efectiva reincorporación, y: condenó en costas a la parte demandada, por haber resultado totalmente vencida, respecto a la que en fecha 3 de ese mismo mes y año, la parte demandada interpuso recurso de apelación, la cual fue oida a ambos por el mencionado Tribunal, y acordó remitir el expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Estabilidad Laboral con sede en Guarenas, alzada que dictó decisión el 16 de septiembre de 1998, en la cual al pago de los salarios caídos, los cuales se deberán cancelar desde el 25 de febrero de 1998 hasta la fecha en que se verifique el reenganche. Así pues, se procedió a la practica el acto de ejecución, el 3 de junio de 1999, oportunidad en la que el ciudadano Nicolás Torres, se negó a realizar el reenganche del trabajador, no obstante el tribunal a quo deciaró embargado ejecutivamente el bien, posteriormente en virtud de la oposición que formuló el referido ciudadano, el Tribunal revocó dicho embargo y ordenó la nulidad de toco lo actuado en la causa judiclal, decisión que fue apelada por el actor ejecutante y declarada con lugar, el 25 de julio de 2001, ordenándose al Juez de la causa continuar con la ejecución forzosa de la sentencia definitivamente firme. Luego, el ciudadano JOSÉ ALBERTO ZAMBRANO GARCIA, reCibe el expediente judicial, el 16 de octubre de 2001, siendo que para el 13 de mayo de 2002 se inhibió de su conocimiento, retomando el mismo el 22 de julio de 2002, y por auto dei 26 de mayo de 2003, cumplidas las formalidades relativas a la designación y juramentación del perito avaluador para la determinación de ios salarios caidos, decretó la ejecución forzosa de la sentencia; no obstante, el 16 de octubre de ese mismo aão, declaró la nulidad del auto dictado ese 26 de mayo. ordenando oficiar al Registro Inmobiliario del Municipio Acevedo, a los fines de que remitiera ceruficación de gravámenes del inmueble sobre el cual recaeria la ejecución, y ordenó a las partes la designación del perito avaluador para que se efectuasc: el justiprecio del inmueble. Luego de esa designación y juramentación, así como de la consignación en autos de la certificación de gravámenes requerida, la parte demandada solicitó al ciudadano sometido a procedimiento la suspensión de la ejecución de la sentencia, y en vista de llo dicho Juez nuevamente acordò oficiar al Registro Inmobiliario para determinar la propiedad de las bienhechurias objetos de ejecución, seno que ello ya constaba en el expediente, pues esa Oficina de Registro Inmobiliarc ya habia expedido tal informan, además de ello, ei referido ciudadano acordo la práctica de una inspección ocular en la citada Oficia de Registro, para césar constancia de las notas marginales producidas en el inmueble objeto de ejecución, y finalmente por auto del 17 de noviembre de 2006, se pronunció respecto ai escrito aue presentaron los Cudadanos Cesare Augusto Piteo Torres y María Victoria Piteo Torres, a quienes le dio la cualidad de terceros opositores y ordenó oficiar a la Oficina Regional Miranda del (nstituto Nacional de Tierras, para aclarar las dudas acerca de la existencia de dos (2) parcelas de diferentes dimensiones en el mismo asentamiento campesino que sería objeto de ejecución. Respecto a su actuación, el ciudadano sometido a procedimiento alegó en su defensa que el c.udadano Carlos José Mendez, en su escr:to oe denuncia efectuó afirmaciones sin :ndicar un solo hecho que él considere que ha;a obstaculizado la ejecución de la sentencia, tampoco un sdo acta que se haya d:citado o dejado de dictar y que haya causado la demora, pues, contrario a ello, 1a causa principal del retardo procesal lo constituyó la duda de que el b:en señalado por el actor para ser embargado, pudiese no ser propiedad del demandado, que su primera actuación en el expediente se produjo el 16 de octubre de 200: y estuvo inhibido desde el 13 de mayo de 2002 hasta el 22 de julio de ese mismo año, fecha en la que se abocó nuevamente al conocimiento de la causa, siendo que en esa misma fecha en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Segunco dc Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripcón Judicial del estado Miranda, dictó auto mediante el cual acordó librar of:cio al Registrador Inmobiliario del Municipio Acevedo, a fin de notificarle la medida de embargo practicada el 3 ce junio de t999 y acordó designar pento para la ejecución forzosa. A los efectos de decidir, una vez constatados los hechos imputados, se precisa necesaria la referencia a lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley Organica dei Poder Judicial y 524 del Código de Procedimiento Civil, siendo que el prin:ero de eilos establece que 1a justicia se administrará en nombre de la República, y :os tribunales están en el deber de impartir la conforme a la ley y al derecho, ccn celeridad y eficacia, y el segundo establece que cuando la sentencia haya quedado definitivamente firme, el Tnbunal, a petición de la parte interesada, pondrá un decreto ordenando su ejecución, previendo un lapso el cual no podrá ser menor de tres (3) días ni mayor de (10), norma de aplicación supletoria en fase de ejecución en esa causa laboral para el momento en que se abocó, y en el cual no estaba vigente la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Alendiendo a dicha normativa asi como al deber que t'ene todo juez de la Repúbica, conforme se desprende de !os articulos 26, 49, y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de administrar justicia garantizando et debido proceso, la defensa y la tutela judicial efectiva, esta última que comporta no sólo la obtención de una decisión sino efectivamente su ejecución, para que ei proceso constituya el instrumento para el logro de la justicia, se observa que en el presente caso el ciudadano sometido a procedimiento infringió el deber legal de administra? justicia conforme a la ley y al derecho, con celeridad y eficacia, pues desde que se abocò a la causa (16 de octubre de 2001) hasta que se nhibió (13 de mayo de 2002) no consta ni así lo hizo valer, alguna actuación tendiente a dar la efectiva ejecución al fallo que orcienaba el reenganche del ciudadano Carlcs Méndez y el pago de sus salarios caídos, aun cuando existia expresa solicitud del prenombrado ciudadano de que se designara un perito, a los fines del cálculo de: los salarios caidos. página original (tal como se publicó) [Página 33] Siendo que despues ce retomado el conocimiento de esa causa laboral, al cesar el motivo por el cual se inhibió, esto es, ei 22 de julio de 2002, se observaron actuaciones tendientes a solicitar la designación del perito, y un auto acordando tal designación; no obstante, no existe actuación alguna dir:gada a la ejecución del dispositivo dei fallo referido ai reenganche del ciudadano Carlos Méndez tal y como fue ordenado, resultando mas bien, que en lugar de procederse a la ejecución forzosa, se acordó en auto del 26 de mayo de 2003, la ejecución de ese año, donde ordenó oficiar al Registro Inmobiliario para que remitiese al Juzgado a su cargo la correspondiente certificación de gravámenes del bien a ser embargado, to cual solicito nuevamente el 14 de julio de 2006. De al'i, que la omisión en cuanto a la ejecución de la totalidad del fallo, al no constar que se haya producido actuación alguna tendiente al reenganche del trabajador que fue ordenada y que había quedado definitivamente frme, asi como la dación de mas de cinco años que a la fecha aparecen como mas de nueve, faltas que le han sido imputadas se produjeron en fase de ejecución forzosa, y no pueden justificarse en un estado Social de Derecho y de Justicia como el que propugna nuestro Texto Fundamental, en la alegada inviabilidad de la ejecución de ese fallo, basado en tos hechos traídos ahora a colación por el cudadano José Alberto Zambrano (como la inembargabilidad de los bienes del Estado, ia transferencia de la propiedad del inmueble), pues -de ser el caso- se trata de situac-ones acontecidas con posterioridad al fallo que quedó definitivamente firme, a su abocamiento para la ejecución del mismo, y a las solicitudes formuladas por el demandante aqui denunciante de que se ejecutara; circunstancias que de presentarse tienen solución en el ordenamiento jurídico, (a través de la previsión presupuestaria, por ejemplo), siendo que tampoco disminuye su responsabilidad disciplinaria el hecho afirmado de haber mantenido las medidas cautelares dictadas sobre el inmueble, pues como ya se apuntó no dio efectiva ejecución a la totalidad del fallo, como lo imputara el órgano instructor a lo cuaf se adhinó el Ministerio Público. Por elio, se estima demostrado que el ciudadano sometido a procedimiento incurrió en la infracc:ón a los deberes que le imponen los articulos 26 y 51 oel Texto Fundamental y 9 de le Ley Orgánica del Poder Judicial, que establecen respectivamente, pues no cumplió con el deber de ejecutar el fallo definitivamente firme conforme lo imponen la ley y el derecho, con celeridad y eficacia, y al no actuar conforme a los postulados constitucionales y iegales incurrió en la falta disciplinaria. prevista en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, :a cuai ha Sico analizada por la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia entre otras oportunidades, en sentencia No 1138 del 23 de juivo de 2003, en la cual se estableció: " ..al interpretar la norma citada, esta Sala ha señalado que si bien no lo establece expresamente debe entenderse que tal supuesto está referido a aquellos casos en que el juez inobserve los deberes los deberes que le impone la Ley Orgánica del Poder Judicial, por ser este cl marco acompañan; tambien ocurre en aquellos casos en que infrinja los deberes que le establecen otras leyes y siempre quc tal transgresión aplique una alteración grave del proceso, que por si sola afecte los derechos de las partes ". Supuestos verificados en el presente caso, lo cual da tugar a la sanción de destitución. Asi se declara. Por otra parte, dado el señalamiento del denunciante Carlos Méndez en la denunciar al Registrador [mobiliario del Municipio en cuestión, respecto al cual no hizo mayor precisión, indicando naber recibido una suma de dinero de dicho funcionario, como parte de sus prestaciones sociales, y vista la solicitud formulada por la representación fiscal, quien señaló que del expediente judicial no consta ninguna actuación de tipo penal donde se haya acordado la realización del referido "acuerdo reparatorio", es por lo que solicitó a este Órgano, copia de la decisión en el presente caso al Ministerio Público, a Ios fines de que investigue la posible extenso de esta decisión ai Ministerio Público, para que -de considerar o pertinente- Inicie las nvestigaciones correspondientes. Asi se decide. Finalmente, se deja constancia que esta Instancia Disciplinaria tuvo a la vista ei expediente personal del CIudadano JOSE ALBERTO ZAMBRANO GARCIA, del cual se desprende que fue amonestado por este Órgano Disciplinario, en decisión de fecha 26 de junio de 200?. Por otra parte, se observa a los folios 98 y 99 de la pieza 3 del presente expediente, la renuncia del prenombrado ciudadano al cargo de Juez del Municipio Acevedo de la Circunscripción Judicial cel estado Miranda, to cual rizo ante la Rectoria de esa Circunscripción Judicial, mas no consta su aceptación por la autoridad competente. Así se decide. V DECISIÓN Con fundamento cn los razonamientos, tanto de hecho como de derecho precedentemente expuestos, esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DESTITUYE al CiUdadano JOSÉ ALBERTO ZAMBRANO GARciA, titular de la cédula de identidad N° 6.342.048, del cargo de Juez del Municipio Acevedo de la Circunscripción Judicia' del estado Mirandu, asi como de cualquier otro cargo que desempeñe dentro del Puder Judicial, por haber incurrido 40 de la Ley de C.carrera Judicial. En consecuencia, se levanta la medida cautelar dictada por est3 Comision el 4 de noviembre de 2010. Publíquese en ta Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Notifiquese a ia Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y a la Dirección de Recursos Humanos de la Direccxón Ejecutiva de la Magistratura para que tengan conocimiento de la presente decisión. Infórmese a la Rectoría de la Circunscrpcion Juaiciai del estado Mranda v a ia Dirección Administrativa Regional de dicho estac.. Remitase cep:a certificada de esta decisión al Ministenc Público, para que -de censiserar!e pertinente- inicie 'as :nvestigaciones correspondientes en relación a la posible comisión de hechos punibles por el supuesto "acuerdo reparatorio" referido por el denunciante, ciudadano Carlos José Méndez, con el Registrador Inmobiliario del Municipro Acevedo del estado Miranda. Contra esta decisión, podrá ejercerse recurso de reconsideración ante esta Comisión, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su publicación o recurso contencioso administrativo de anulación, ante la Sala Políbco Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los treinta (30) dias continuos siguientes a su publicación, Dada, firmada y sellada en la Sala Plenaria de la Comisión de Funconamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, En Caracas, a los_fc —(o?) dias del ines de diciembre de dos mil diez (2010). Años: 200° de la Independencia y 151º de la Federación. Las Comisionadas, ALICIA GARCIA DE NICHOLLS Preşidenta BELKIS USECHE DE FERNANDEZ FLOR VIOLETA MONTELL ARAB Ponente MANUEL ANTONIO BOGNANNO PALMÁRES Secretarlo 15:50 mm ny2 do ydenhe o2010 .i..:....ual qucd r~;trds bajo el sQss-Zol0 (i:.) Secicgrig(a) MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 12 de enero de 2011 Años 200° y 151° RESOLUCION N° 38 LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal General de la República En ejerciclo de la facultad conferida por el artículo 6 y 25 ordinal 1° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; los actos administrativos podrán ser revocados en cualquier momento, en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó. CONSIDERANDQ: Que mediante Resolución N° 03 de fecha 06-01-2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.590 de fecha 10 de enero de 2011, resolvió crear la Fiscalía Octogésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia en materia Contra las Drogas, con sede en la dudad de Barquisimeto, adscrita a la Dirección Contra las Drogas. RESUELVQ: UNIco: Revocar la creación de la Fiscalía Octogésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia en materia Contra las Drogas, con sede en la ciudad de Barquisimeto, adscrita a la Dirección Contra las Drogas, contenida en la Resolución N° 03 del 06-01-2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.590 de fecha 10 de enero de 2011, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado articulo 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Regístrese, ISA ORTEGA DIAZ Genekatde Ta República página original (tal como se publicó) [Página 34] CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resolución N° 01-00- 800083 Caracas, 12 ENE2011 200° Y 151° CLODOSBALDO RUSSIAN UZCÁTEGUI Contralor General da la Rapública Con fundamento en la competencia establecida en los artículos 287 y 289 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en General de le República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, a los fines de lograr la unidad de dirección de loa sistemas y procedimientos de control que coadyuven al logro de los objetivos de los distintos entes y organismos sujetos a la Lay Orgánica que riga sus funciones, asl como tambión al buen funcionamiento de la Adminiatración Pública. CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en al articulo 14, numeral 1 de la Ley Orgánioa de la Contraloria General de la Rapública y del Sistema. Naclonal de Control Flacal, en concordancia con los articulos4 y 3 ejusdem, corresponde al Contralor Genaral de la Repúblioa velar por el cumplimiento de la mencionada Ley Orgánica y demás layes relacionadas con le materla, asl como el ajercicio de la rectoria del Bistema Nacional de Control Fiscal. CONBIDERANDO Que en uso de la facultad conferida en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Slstema Necional de Control Fiscal, et Contralor General de la República intervino la Contraloria Municipal del Municipio Peña del Estado Yaracuy medlante resolución N° 01-00-000122 de fecha 11 de Junio de 2010, publicada en la Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.449 de fecha 24 de Junio de 2010. CONSIDERANDO Que mediante Acuerdo de Cámare N° CMP/65-10 de fecha 26-10-2010, al Concejo Municipal del Municiplo Paña del Estado Yaracuy convocó el Concurso Público para la designación del Contralor(a) Municipal de la entidad. CONSIDERANDO Que mediante comunicación S/N de fecha 10 de Diclembre de 2010. y recibida en fecha 14 de Diclambre de 2010 dirigida al Presidente dal Concejo Municipal de Municlpio Peña del Estado Yaracuy ANToNiO VALENTE, los Miembros del jurado calificador consignaron la lista de los participantes Jerarquizadoa da acuerdo a la puntuación obtenida, resultando ganadora la cludadana MARÍA INMACULADA MEDINA RODRiGUEz, titular de la Cédula de Identidad N° 7.348.962, con una puntuación 70,65 puntos. CONSIDERANDO Que mediante acuerdo N° CMP/85-10 de facha 14 de Diciembre de 2010. publicado en la Gaceta Municipal Extraordinarla Número 190, el Conoejo Municipal del Municlpio Peña del Estado Yaracuy acuerda "ia aprobación para notificar a este Máximo Órgano de Control Fisca! la denuncia presentado por la Jurado principal del Concurso para designar al Titular de la Contraloria del Municipio Peña del Estado Yaracuy, Nayueris del Valle López Quintero titular de la Cédula de identidad N° 16.632.476". CONSIDERANDO Que mediente oficio S/N de fecha 17 de Diciembre de 2010, suscrito por el Presidenta del Concejo Municipal del Municipio Peña, solicita a esta Máximo Órgano de Control Fiscal, se sirva ordenar "la suspensión del resultado del concurso y autorice al Concajo Municipal del Municipio Peña del EstadoYaracuy se abstenga de juramentar a la persona que resultó ganadora hasta tanto no haya un informe definitivo de la revisión del concurso". CONSIDERANDO Que mediante Acuerdo N° CMP/89-10 de fecha 21 de diclembre de 2010, publicado en la Gaceta Municipal Extraordinaria Número 197, el Concejo Municipal del Municipio Peña dal Estado Yaracuy acuerda suspender el procedimiento previsto en los artículos 43, 45, 46 y 47 del Reglamento sobre los Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditor la Intema de los Órganos del Poder Públlco Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados, hasta tanto la Comisión de Administración y Contraloría de ese Concejo Municipal, presente el Informe Definitivo de ese Concurso, "esto en virtud de salvaguardar los derecho a e intereses (...) de quian resultó ganadora Marla Inmaculada Medina Rodríguez (...)". CONSIDERANDO Que desde la fecha de notificación de los resultados del referido concurso público por parte del Jurado, ha transcurrido Veintiocho (28) días, sin que el Concejo Municlpal del Municipio Peña haya procedido a la notificación de los participantes de la puntuación obtenida ni juramentado a quien resultó calificada como ganadora en el mismo. CONSIDERANDO Que las situaciones antes adscritas afectan gravemente la efectividad, la eficiencia y economía de las operaciones administrativas de esa Contralorla Municipal. RESUELVE: PRIMERO: Ratificar la medida de Intervención de la Contralorla Municipal del Municipio Peña del Estado Yaracuy. acordada mediante resolución N° 01-00-000122 de fecha 11 de Junio de 2010, publicada en la Gacata Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela N° 39.449 de fecha 24 de Junio del 2010. SEGUNDO: Ratificar a la Cludadana MARÍA INMACULADA MEDINA RODRiGUEz, titular de la Cédula de Idantidad N° 7.348.962,_como Contralora Municipel Interventora del Municipio Peña del Estado Yaracuy. TERCiRO: La Contralora Interventora tendrá las atrlbuclones y deberes slguisntes: a) Ejercer las funciones de Control que el artículo 104 de La Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y las Ordenanzas Municipalas atribuyen a las Contralorías Municlpales. b) Al décimo (10) día hábil siguiente al vencimiento de cada mes en que dure la intervención, deberá presentar a la Contraloría General de la República un Informe pormenorzado de 8u gestión. CUARTO: La funcionaria interventora se mantendrá en el cargo hasta l8 fecha en que ocurra la designación por concurso público de la nueva titular, que resultó electa como ganadora del mencionado concurso público. Comuniquese y publiquess, ODOSALDO.SSIÁN UZCATEGUI página original (tal como se publicó) [Página 35] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resoluclón N°01-00-880004 Caracas, 1 2 ENE 2011 200° y 151° CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI Contralor General de la Repúblloa CONSIDERANDO Con fundamento en la competencia establecida en los artículos 287 y 289 de la Constitución de la República Bollvariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 4 de la Lay Orgánica de la Contraloría Ganeral de la República y del Sistema Naclonal de Control Fiscal, a los fines de lograr la unidad de dirección de los sistemas y procedimientos de control que coadyuven ai logro de los objetivos de n een e e sus funciones, así como también al buen funcionamiento de la Administración Púbilca. CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en el artículo 14, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Contralorla General de la Repúbilca y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con los artículos 4 y 33 ejusdem, corresponde al Contraior Generel de la República velar por el cumplimiento de la mencionada Ley Orgánica y demás leyes relacionadas con la materia, así como el ejercicio de la rectoria del Sistema Nacional de Control Fiscal. CONSIDERANDO Que el articulo 34 de la Ley Orgánica de la Contralorla General de la Repúbllca y dal Sistema Naclonal de Control Flacal, en concordencla con el articulo 57 de su Raglamento, le otorga competencia al Organo Rector del Sistema Nacional de Control Flsoal paraevaluar periódicamente los Órganos de Control Flscal, a los fnes de determinar el grado de efectividad, eficiencia y economía con le que operan. CONSIDERANDO Que este Máximo Órgano de Control, mediante Oficlo N° 01-00-000864 de fecha 26/10/2010, instruyó e la Contralorla del Estado Bolivarlano de Miranda, de conformidad con lo previsto •n los artículos 7 y 49 de la Ley Orgánica de la Contralorle General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en ooncordancie con lo establecido en el artículo 9, numeral 11, de las Normas pera el Funcionamiento Coordinado de los Sistemas de Control Extemo Intemo, para practicar una actuación fiscal en la Contralorla Munlclpal del Municipio Guaicalpuro del Estado Mlranda. CONSIDERANDO Que de los resultados de la actuación fiscal practicada, contenidos en el Informe Especial N° 03/04-1-10-41, se evldenclaron, entre otros, los hechos siguientes: debllidades en las operaciones relacionadas con la organización y funcionamiento; la creación de Direcciones. Divisiones y Oficinas para cumplir con las mismas funciones y responsabilidades, que no reportan actividades efectuadas durante el ejercicio fiscal auditado; no se constató la eficacia y efectividad de la función contralora, por cuanto no se cuiminaron las actuaciones fiscales iniciadas y previstas a ejecutar, además no se iniciaron procedimientos para el ejercicio de la potestad investigativa y/o determinación de responsabilidades; ausencia de un archivo permanente destinado al resguardo de los documentos e instrumentos contentivos de la información relativa a los órganos y entes sujetos a su control; emisión de ordenes de pago con imputaciones presupuestarias no acordes con la naturaleza del gasto; pagos sin la debida realización dei proceso de consulta de precios; inexistencia de contratos y compromisos para las adquisiciones de bienes y servicios; asimismo no fueron realizados los procedimientos establecidos para la evaluación y selección de contratistas mediante las especificaciones que establece la respectiva Ley; se constataron pagos a favor de la Máxima Autoridad por concepto de sueldos y bono vacacional, quien desde el inicio de sus funciones, se desempeñó bajo la condición Ad Honorem, por encontrarse percibiendo pensión de jubilación en otro órgano del estado. CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 7 del artículo 58 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (G.O. N° 39240 del 12/08/09), los hechos antes descritos constituyen graves irregularidades que afectan la legalidad, la efectividad, la eficiencia y economia de las operaciones administrativas del órgano de control fiscal y violan los principios que rigen el sistema nacional de control flecal. CONSIDERANDO Que medlante Ręsolución N° 01-00-000347 de fecha 04-11-2010, publicada en la Gacete Oficlal N° 39.545 de la llama fecha, en uso de la facuitad conferida en el erticulo 34 ejusdem, se Intervino la Contralorla Municipal del Municipio Gualcaipuro del Estado Miranda. RESUELVE: PRIMERO: Ratificar la medida de Intervención de la Contralorla Municipal del Municipio Gualcaipuro del Estado Miranda. SEGUNDO: Ratificar a la CiUdadana NAIGIBER JANUARY GUTIERREZ PINEDA, ttular de la cédula de Identided Nro. 13.642.260, en condición de Contralora Interventora de la Contraloría Municipal del Municipio Gualcalpuro del Estado Miranda. TERCERO: Suspender al ciudadano Ronaid Enrique Moreno Morón, titular de la cédula de identidad N° 5.972.756, en ei ejercicio del cargo de Contralor Municipal del Municipio Gualoaipuro del Estado Miranda. CUARTO: Se Insta al Concejo Municlpal del Municipio Gualcalpuro del Estado Miranda a: a) Iniclar el procedimiento correspondiente para le destitución del titular del órgano de control fiscal intervenido. b) Convocar al concurso público para la designación del nuevo titular de la Contraloria Municipal de esa entidad, una vez autorizada la destitución por la Contralorla General de la República. QUiNTO: La Contralora Interventora tendrá las atribuciones y deberes siguientes: a) Ejercer las funciones de Control que el artículo 104 de La Ley Orgánica del Poder Público Municipal, ylas Ordenanzas Municipeles atribuyen a las Contralor las Municipales. b) Presentar al Contraior General de la República y al Concejo' Municipal: el plan de acciones correctivas que haya elaborado para implementar las recomendaciones contenidas en el Informe respectivo, en un lapso que no excederá de diez (10) días hábiles contados a partir de su designación. Los Informes mensuales de su gestión. Un Informe sobre los resultados de su gesuon, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la culminación de la intervención. SExTO: La medida de intervención tendrá una duración de noventa (90) días hábiles, contados a partir de la publicación de la presente resolución, prorrogables hasta por un lapso igual, por una sola voz, sin perjuicio de que pueda cesar antes, con motivo de la designación, mediante concurso público, del nuevo titular del órgano de control fiscal. El funcionario interventor se mantendrá en el cargo hasta la fecha en que ocurra la designación por concurso público del nuevo titular de esa Contraloría Municipal. SBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI AtralorGeneral de la Rpública página original (tal como se publicó) [Página 36] AVISOS CARTEL DE CITACIÓN SREBUIAL TEARCERO DE PRORERA IINNTARCLA Maracay, 22 de Noviembre de 2.010 SI LO CIVIL, IGERICAUITIL V AORADO DE LA CORCVIRICRPCIÓS JUDICLAL DIL, IITADO ARAQUA 200° y 151° SE HACE SABER: Al ciudadano JOSE BUSTAMANTE, venezolano, mayor de edad, que debe comparecer por ante este juzgado dentro de los tres (03) dias de despacho siguientes a la publicación, consignación y última fijación que del presente cartel se haga en el expediente signado con el N° 14.156-A-, a fin de darse por citado en la querella INTERDICTAL DE AMPARO, incoada por la Ciudadana MILAGROS SOCORRO ZAPATA VIVAS contra usted. Se le advierte, que de no comparecer dentro del lapso señalado a darse por citado, se le designará defensor Ad-Litem con quien se entenderá su citación y demás trámites del procaso, todo de conformidad con lo stablecido en el Articulo 202 de la Ley de Tierras y Desamrollo Agrario. ABG. RAMONAINRACARO PARÍ EL SECKARIO, ABG. ANTONIO MANDEZ RCP/nury. EXP. N° 14.156-A LEY de anplladn de tener ADMINISTRATIOS LEY del Rgimer Pastadoal dVIVIENDA y HÁBITAT MOLO YLOYS SACETA CEISIAL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.- Maracay, 22 de Noviermbre de 2.010. 200° y 151° Vista la vigencia que antecede suscrita por el abogado en ejercicio ALBERTO sOLAnO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 14.604, en su carácter de Apoderado Judicial de la parte actora en el presente juicio, y el pedimento contenido en la misma, este Tribunal acuerda de conformidad lo solicitado. En consecuencia, se ordena citar al demandado ciudadano JOsÉ BUSTAMANTE por medio de carteles y hágase la publicaCIÓn en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, según lo dispuesto en el arlículo 202 y Disposiciór Transitoria Décimo Sexta de la Ley de Tierras y Desarrolo Agrarlo. Advirtiéndosele, que de no comparecer dentro del lapso señalado a darse por citado, se le designará Defensor de Oficio. Librense los correspondientes carteles y entréguesele dos (02) ejemplares al Secrelario, para que fije uno (1) en la cartelera de este Tribunal y el otro en la morada, negocio u oficina del demandado.- Librense Carteles. ULAR, ABG. RANOHLOAMAQARO PARRA EL SÉCREARIO, ABG. ANT HERNANDEZ. EXP. N° 14.156-A En esta misma fecha se libraron los carteles orde El 8ecr LEY Orgánda de la FUERZA ARMADA NACIOÑAL Bolhadara LEY de nfa pardal delaag SEGURO SOCIAL SACTA OFICAL CiceTi-OFICAL página original (tal como se publicó) [Página 37] A LA VENTA en las taquillas de la Gaceta Oficial LEY ORGÁNICA de EDUCACIÓN GACETA OFICIAL DE LAREPÓLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA página original (tal como se publicó) [Página 38] A LA VENTA en las taquillas de la Gaceta Oficial LEY de Smpllande Tram ADMINISTRATIWOS L'EY del Régimen Pastadonal deVIVIENDA y HÁBITAT TYOLO VILDYS GACETA OFICAL LEY ariana d a daindon PÚBLICA GACEZA OFICAL; Otros: LEY Orgánade la FUERZA ARMADA NACIOÑAL Bolivurtana LEY de reformapancaldataay del SEGURO SOCIAL GEACETA OFICA LEY ORGÁNICA. Ede EDUCACIÓN CALCETA OFICLAC Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinancierc Ley Orgánica de Telecomunicaciones Compendio (Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero, Ley especial de Asoclaciones Cooperativas) Ley de Tierras y Desarrollo Agrario Ley Orgánica de Eidrocarburos página original (tal como se publicó) [Página 39] A LA VENTA en las taquillas de la Gaceta Oficial LEY ORGÁNICA de EDUCACIÓN GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIYARIANA DE VENEZUELA página original (tal como se publicó) [Página 40] DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppO 187207DF1 AÑO CXXXVIII — MES IV Número 39.593 Caracas, jueves 13 de enero de 2011 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas - Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficlal N° 37.818 http://www.minci.gob.ve / http:/imprenta.gotdns.org Esta Gaceta contiene 40 Págs. costo equivalente a 16,45 % valor Unidad Tributaria DE VENEZUELA. Articulo 12. La GACETA OFICIAL mDE n LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DEVENEZUELA se publicará todos los días hábiles. sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único. Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial. ArtiCulo I3. En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuva inclusión sea conveniente porel Ejecutivo Nacional. Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIAÑA DE VENEZUELA. cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos. El SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y .GACETA OFICIAL de la RepúblIica Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados. página original (tal como se publicó)