[Página 1] GACETA OFICIAL 1 DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUÉLA AÑO CXXXVIII— MES III Caracas, martes 4 de enero de 2011 SUMARIO Presidencla de la República Decreto N° 7.980, mediante el cual se exonera del pago, del Impuesto al Valor Agregado, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, a las importaciones definitivas de los bienes muebles corporales, realizadas por los Órganos o Entes de la Administración Pública Nacional, destinados exclusivamente al mantenimiento, atención de fallas, inspección y supervisión del sistema eléctrico nacional que en él se señalan. Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencla Resolución mediante la cual se aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de este Ministerio, y la designación de los funcionarios responsables de las Unidades Administradoras de dicha Estructura. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Resoluciones mediante las cuales se procede a la publicación de los Traspasos Presupuestarios de Gastos Corrientes para Gastos de Capital de este Minislerio, por las cantidades que en ellas se indican. Ministerio del Poder Popudar de Planlficación y Finanzas SUDEBAN Resolución por la cual se interviene con cese de intermediación financiera a BanValor Banco Comercial, C.A. Superintendencia de la Actividad Aseguradora Providencias mediante las cuales se sanciona a las empresas que en ellas se señalan, con multa por las cantidades que en ellas sa especifican. Providencias mediante las cuales se suspende temporalmente la autorización otorgada a las ciudadanas que en ellas se indican, para actuar como Corredoras de Seguros. Ministerlo del Poder Popular para la Defensa Resolución por la cual se corrige por error material la Resolución N° 016840, de fechà 09 de diciembre de 2010. Minlsterio del Poder Popular para la Agricuitura y Tlerras CIARA Providencia mediante la cual se crea el Plan Administrado de Salud de esta Fundación. Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas y al ciudadano que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican. Minlsterlo del Poder Popular para la Cuitura Fundación Teatro Teresa Carreño Providencia por la cual se modifica la conformación de los Integrantes de la Comisión de Contrataciones de esta Fundación, la cual es de carádiar permanente. Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Resolución por la cual se designa al ciudadano José Germán Panqueva, como Director de la Oficina de Administración y Servicios de este Ministerio. Resolución por la cual se designa al ciudadano José Germán Panqueva, responsable de la Unidad Administradora conforme a la Estructurapara la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ejercicio Fiscal 2011 de este Ministerio. Contraloria General de la República Cartel de Notificación del Acto Administrativo N° 01-00-000268, de fecha 30 de agosto de 2010. Resolución por la cual se designa a la ciudadana Luz Esther Farías La Rosa, como Contralora Interventora de la Contraloria Municipal del Municipio Manapiare del estado Amazonas. Resolución mediante la cual se interviene la Contraloria Municipal del Municipio Cabimas del estado Zulia. Defensoría del Pueblo Resolución por la cual se dispone concluir el día 03 de enero de 2011, la Encargaduría como Director de Informática (Encargado) del ciudadano Luis Alfredo Espejo Moledo. Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Pablo Emilio Carrillo Ribes, como Director de Informática, adscrito a la Direcclón General de Administración, a partir del dia 04 de enero de 2011. Número 39.586 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 7.980 30 de diciembre de 2010 HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por mandato del pueblo, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 11 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Veñezuela y de conformidad con lo establecido en los artículos 74, 75 y 76 del Código Orgánico Tributario y artículo 65 del Decreto con Rangó, Valor y Fuerza de Ley que Establece el Impuesto al Valor Agregado, en Consejo de Ministros, CONSIDERANDO Que en virtud de la situación coyuntural en el sector eléctrico, se requiere el traslado de personal técnico para la atención de fallas, inspección y supervisión del sistema, por lo cual es necesario sustituir y renovar el parque automotor para mejorar la confiabilidad del suministro del servicio a nivel nacional, CONSIDERANDO Que es deber del Ejecutivo Nacional en el marco de las competencias que le han sido asignadas por la Constitución y las leyes, dotar a los organismos y entes de la Administración Pública Nacional, de los bienes y recursos destinados al sector eléctrico, necesarios para garantizar la optimización de la prestación del servicio eléctrico, constituyéndose en soporte estratégico para el impulso del desarrollo endógeno de la República Bolivariana de Venezuela y a la construcción de una sociedad socialista, CONSIDERANDO Que es política del Ejecutivo Nacional instrumentar los incentivos fiscales que coadyuven a la eficiencia, calidad, página original (tal como se publicó) [Página 2] continuidad, confiabilidad y seguridad en la prestación del servicio eléctrico, con la finalidad de garantizar que toda la demanda nacional de electricidad sea atendida preservando el medio ambiente y así alcanzar el desarrollo científico, tecnológico e industrial del país en materia de energía eléctrica. DECRETA Artículo 1°. Se exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado, en los términos y condiciones previstos en aste Decreto, las importaciones definitivas de los bienes muebles corporales, realizadas por los Órganos o Entes de la Administración Pública Nacional, destinados exclusivamente al mantenimiento, atención de fallas, inspección y supervisión del sistemas eléctrico nacional, que se señalan a continuación: CÓDIGO DESCREPCIÓN DESCRIPCIÓN ITEM CANT. ARANCELARIO ARANCELARIA COMERCTAL demás Los velículos automóvil Vehículo automóviles pars el 4x4 para transporte de 8702.90.91 50 transporte de un máximo personas Land Cruiser de 16 personas, Induido el 78 conductor Automóviles de turismo y demás los vehículos concebidos automóviles Vehículo automóvil principalmente para 4x4 para transporte de bransportede personas, 8703.24.00 2 400 personas Land Crulser conmotorde émbolo 71 Machito Techo (pistón) altamativo, de aund encendido por calspa, de clindrada superior a 3.000 cm³ Vehículo automóvil para transporte de 500 demás Los vehículos mercancías, tipo Plckautornóviles para Up (dable cabina) transporte de mercancias, con motor de émbolo 3 8704.31.00.10 Vehículo (pistón) de encendido por chispa, de peso total de 4x4 pars bansporte de 50 carga máodma Inferior o mercancias, tipo Plckígual a 4,537 t. Up Land Crulser 79 Artículo 2°. A los fines del disfrute de la exoneración prevista en este Decreto, los beneficiarios al momento de registrar su declaración, deberán presentar ante la respectiva Oficina Aduanera los recaudos siguientes: 1) Listado descriptivo de los bienes muebles corporales a importar y la facturacomercial emitida a nombre del Órgano o Ente del Poder Público Nacional, según sea el caso, encargado de la adquisición de los bienes muebles corporales señalados en el artículo anterior. Licencia de importación, Certificación de inexistencia o 2) Insuficiencia de la producción nacional de los bienes muebles corporales amparados por el beneficio, emitido por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. Artículo 3°. Las importaciones definitivas de los bienes muebles corporales señalados en el artículo 1 de este Decreto, deben efectuarse por la misma oficina aduanera elegida por el beneficiario de la exoneración. La oficina aduanera de ingreso debe llevar un registro de las operaciones exoneradas del Impuesto al Valor Agregado, donde se Identifique la fecha de importación, las cantidades de bienes, el valor CF de los blenes Importados, el monto del respectivo Impuesto de importación yel monto del Impuesto al Valor Agregado Exonerado, así como el monto de los recargos, derechos compensatorios, derechos antidumping, intereses moratorios y otros gastos que se causen por la importación, según sea el caso. Para el caso de importaciones parciales de los bienes muebles corporales señalados en el artículo 1° de este Decreto, la oficina aduanera de ingreso deberá llevar un control de los saldos pendientes por importar, hasta cubrir las cantidades objeto de la exoneración establecida en este Decreto. En caso de que el Órgano o Ente del Poder Público Nacional requiera realizar importaciones definitivas de los bienes muebles corporales por una aduana diferente a la seleccionada, deberá notificarlo a la oficina aduanera de ingreso. Artículo 4°. La evaluación periódica a que se contrae el artículo 65 del Decreto con Ranco, Valor y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor c:regado, se realizará tomando en cuenta las siguientes variables: Variable Ponderadón 30% Calidad de los bienes mruabies corporales induldos en la operación exonerada 30% Destiínación de los blenes muebles corporales Cumplimianto del objetivo para el! 40% cuai se destinaron los blenes muebles! corporales Estas variables son condiciones concurrentes en el estricto cumplimiento de los resultados esperados en los que se sustenta el beneficio otorgado. El mecanismo mediante el cual se evaluar el cumplimiento de los resultados esperados, será a través de la creación de un Índice ponderado. El resultado de este índice reflejará el porcentaje de cumplimiento de las metas definidas para cada una de las variables, determinadas según lá naturaleza propia de la actividad u operación exonerada. Este índice deberá ubicarse dentro de un rango de eficiencia del cumplimiento de las metas establecidas. Este rango relevante se ubicará entre un cien por ciento (100%) y un setenta y cinco por ciento (75%); quedando sujeto a la condición que el desempeño de las variables en cualquier período de tiempo debe ser distinto a cero por ciento (0%). El cumplimiento de estos rangos será flexible al momento de la evaluación, cuando por causa no imputable al beneficiario de la exoneración, o por caso fortuito o de fuerza mayor se incida en el desempeño esperado. En estos casos, se establece un máximo de un (1) semestre para compensar el rezago presentado en el semestre evaluado. Artículo 5°. La evaluación se realizará semestralmente, de acuerdo con lo que determine el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Estos períodos tendrán como referencia el cronograma de ejecución de la actividad u operación exonerada. Quedan encargados de efectuar la evaluación del cumplimiento de los resultados esperados conforme lo previsto en este Decreto, el Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas en coordinación con el Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Artículo 6°. Perderán el beneficio de exoneración, los Órganos y Entes del Poder Público Nacional, que no cumplan con la evaluación periódica y los parámetros establecidos en los artículos 3 y 4 de este Decreto. página original (tal como se publicó) [Página 3] Asimismo, perderán el beneficio de exoneración, los Órganos y Entes que no cumplan con las obligaciones establecidas en el Código Orgánico Tributario y otras normas tributarias y aduaneras. Artículo 7°. El plazo máximo de duración del beneñcio de exoneración establecido en este Decreto sará de Un (1) año, contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia. Artículo 8°. Quedan encargados de la ejecución de este Decreto, el Ministro del Poder Popular de Plamificación y Finanzas en coordinación con el Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Artículo 9º. Este Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los treinta días del mes de diciembre de dos mil diez. Años 200° de la Independencia, 151° de la Federación y 11° de la Revolución Bolivariana. Ejecútese, (L.S.) HUGO CHAVEZ FRIAS Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo (L.S.) ELIAS JAUA MILANO algún Decrelo le 9.218 de fecha 03 de febrero de 2.010, Publicado en la Gaosta Ditriondinarla de la República Bolvarlana de Venazueda MP 5.959 de fecha 05 de Aebrero de 2.010. Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia (L.S.) FRANCISCO JOSE AMELIACH ORTA Refrendado El Ministro del Podar Popular para Relaciones Interiores y Justicia (LS.) TARECK EL AISSAMI Refrendado El Ministro del Podar Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) NICOLAS MADURO MOROS Réfrendado El Ministro del Poder Popular de Pianificadón y Finanzas (LS,) JORGE GIORDANI Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa (LS.) CARLOS JOSE MATA FIGUEROA Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Comercio (L.S.) RICHARD SAMUEL CANAN Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería (L.S.) JOSE SALAMAT KHAN FERNANDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tlerras (L.S.) JUAN CARLOS LOYO HERNANDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) EDGARDO RAMIREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación (L.S,) JENNIFER JOSEFINA GIL LAYA Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Salud (L.S.) EUGENIA SADER CASTELLANOS Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (LS.) MARIA CRISTINA IGLESIAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte y Comunicaclones (L.S.) FRANCISCO JOSE GARCES DA SILVA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo (L.S.) RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) ALEJANDRO HITCHER MARVALDI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencla, Tecnología e Industrias Intermedias (L.S.) RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO Refrendado .El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA página original (tal como se publicó) [Página 4] Refrendado La Ministra del Poder Popuiar para las Comunas y Protección Soclal (L.S.) ISIS OCHOA CAÑIZALEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) CARLOS OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Encargado del Ministerlo del Poder Popular para la Cultura (L.S.) FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.) HECTOR RODRIGUEZ CASTRO Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) NICIA MALDONADO MALDONADO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) NANCY PEREZ SIERRA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Energla Eléctrica (L.S.) ALI RODRIGUEZ ARAQUE Refrendado El Ministro de Estado para la Banca Pública (L.S.) HUMBERTO RAFAEL ORTEGA DIAZ Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.) FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Repaablaars Bobvanana dle Venatuela Mnrsten rlel Poder Popular del Despacho de lu Presilencia Deapaho da la &nara N° 264 29 de octubre de 2010 RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Poputar del Despacho de la Presidencia, designado mediante Decreto N° 7.715, de fecha 11 de octubre de 2010, publicado en la Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.528, de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 2 del Reglamento Orgánico del Miniaterio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia publicado en la Gaceta Oficial N° 38.915, de fecha 22 de abril de 2008, en concordancia con lo establecido en los artículos 62 y 77 numerales 2,12 y 19 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gacete Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008; y de conformidad con los artículos 47 del Reglamento N° 1 y°35 del Reglamento N° 4 de la Lay Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, dictados mediante Decretos Números 3.776 y 4.099. de fecha 18 de julio y 21 de noviembre del 2005. RESUELVE financiera del Articulo 1. Aprobar la estructura para la ejecución presupuesto de gastos del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y la designación de los funcionarios responsables de las Unidades Administradoras de dicha estructura, como se indica a continuación: UNIDAD ADMINISTRADORA CENTRAL Númęro y Unidad Nombre y Ubicación de la Funclonario Administradora Cédula de Reaponsable Unidad Central Identidad Adminiatradora FRANCISCO Miniatro del Poder Miniaterlo del JOSÉ AMELIACH °00011 Poder Popular Popular del ORTA. Cédula de Despacho de la del Despacho de Identided N° Pregidencia la Precidencia. 7.062.172 UNIDADES ADMINISTRADORAS DESCONCENTRADAS Número y Unldad Nombre y Cédula Funcionarlo Ubicaclón de la Adminiatradors Responsable Unided Desconcentrada Adminiatradoras G/D Elvis Enrique Comandante Guardia de Sulbarán °00014 de la Guardia Honor Basildas. Sede Distrito de Honor Presidencial Capital Cédula de Presidencial Identidad N° 7.747.036. G/D Robert Secretaría del Secretario del *00020 Rafael Grant Consajo de Consejo de Sede Distrito Castillo. Cédula Defensa de la Defensa de la Capital Nación Nación 5.254.103 Oficina Manuel Antonio Estratégica De *03033 Briceño Peña. Director Inspección, Sede Distrito Cédula de Seguimiento y Ejecutivo Capital Identidad N° Evaluación de la 14.400.981 Gestlón Publica Articulo 2. La presente estructura entrará en vigencia a partir de la ajeoución financiera del presupuesto de gastos de ejercicio económico financiero 2011. Conforma a lo establecido en el 72 de le Lay Orgánica de Procedimlentos Administrativos, comuniques a y publiquese. FRANCISCO JOSÉ AMELIACH ORTA MINISTRO DEL PODER RORULAR EL DESPACHO DE LA PREOIOLNCIA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARARELACIONES EXTERIORES REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZURLA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO 288 CARACA5, 31 de dic1embre de 2010 200° y 151° RESOLUCION E? Minstro del.Puder Pupular para Relaciones Exteriores, de conformidad con lo establecido en el Articulo Unco del Decrero Nu 5.106, de fecha 08 de enero de 20u7, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Balrvariana de Venezueia No 38.600 de fecha (19 de enero de 2007, en ejercicio de las atribuciones que le confiencn los Articrios 62 y 77 numerales 15 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuenza de Lay Orgánica de la Administhacióon Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 4 de las Disposoones Generales de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 20i0, en concordande con lo previsto en al numeral 3 del Articuio 86 del Reglamantu No I de ia Ley Orgánica de la Administractór! Ananciera del Sector Público sobre el Sistenia Presupuestario, procede a la publlcadión del traspaso praisupuestario de gastos comrlentes Dara gESTOS de CODITa! del MINISTERJO DEL PODER POPULAR PARA RBLACIONES EXTERIORES DOr I3 CANTIOSd Je MIL NOVECIBNTOS SSTENTA Y SEIS BOLVARES FUBRTES COW CERO CÉNTIMOs (Ba.F. 3.976,o0), (INGRESOS ORDINARIOS), que fueaprobedo por ante Ministario mercante traspaso intemo N° 662 de fecha 30 de Noviembre de 2010, de acuerdo con la siguiente impetacón: Ba.f.1.876,00 MINISTERJO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIQRES: del Rolde la Ampllación República de Bollvariana 060012000 Venazuela an la Geopolítica 3.974,00 Intarnacional página original (tal como se publicó) [Página 5] Acclón 060012005 Fortalecer la relación de Venezuela con los movimientos sociales y Especifica: políticos de pensamientos progresistas 1.976.00 el mundo, 6n continente el en europeo De le: "Servicos no Personales" Pertida: 4.03 1.976,00 - Ingresos Ordinarios epρR-qns Genérica, Especifica y 1.014,00 09.02.00 "Viáticos y pasajes fuera del país" Sub-Partida Genérica, Específica y 16.01.00 "Sarvicios dedrversión, esparcimiento 962,00 y culturales" A le: "Activos Reales" Partida: 4.04 1.976,00 - Ingresos Ordinarios Sub-Partida Genérica, Especinca y 910,00 05.01.00 "Equipos de telecomunicaciones" Sub-Especinica: Sub-Partida Genérica, Especifica y 1.066.00 Sub-Especifica: 09.01.00 Comuniquese y Publíquese, APURO MOROS AR PARA RBLACIONES EXTERIORES MINISTRO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENBZURLA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTSRIORES DESPACHO DEL MINISTRO N° 289 CARACAS, 31 de diciembre de 2010 200° y 969° RESOLUCION E! Maniatro del Poder Popular para Reiacrones Extertores, de conformdad con lo estabiecido en el Articulo Unico dul Decreto No 5. 106, de fecha 08 de enero de 20u7, publicado en la Gaceta Oncial de a República Bolivariana de Venezuela Nio 38.600 de fecha 09 de enero de 2007, en ejercnro de las ainbuciones que ie conferer los Articulos 62 y 77 numeraies 15 y 19 del Decreto cun Rango, v#lor y Fuerza de Ley Orgánica de la Adininistrauón Púbica, de acuerdo con lo dispuesto an el Articrio 4 de las Disposiciones Generaies de la Ley de Presupuesto pera el Eyercicro Facal 20i0, @n concordanci con lo previsto en el numeral 3 del Articulo 86 del Reglamento No 1 de la LeyOrgánica de la Admunistración Financiera del Seclor Pibico sobre el Sistena Presupuestario, procede a la pubucacón del traspaso presupuestano de gastos corrientes DAVa JASIOS de CSDITaI del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES #XTERIORES DOR IA CANIED de TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES BOLIVAREE FUERTES CON UN CENTIMo (8a.13.9s3,01), (INGREsOS ORDINARIOS), que fue ap IObado por ese Ministero ne Iante traspaso nteno No 680 de fecha 06 de diciembre de 2010, de acuerdo con la sguvente iniputación: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERJORES: Be. 13.232.01 Ampliación del Rol de ia República Bolivarlana de Proyecto: 060012000 " 13.333.01 Venezuela en la Genpolilica Intarnecional Fortalecer la relación de Venezuela con :os Acción movimientos sociales y políticos de pensamienios Epeclfica 060012005 13 333,01 progresisiae en el mundo. especialmente en el continente europeo 0e a: "Melera'es. sunurvatros y mercancias' 4 02 Perluda -Ingresos Ordinanioe Sub-Peri de 13 333.01 05 04 00 "Libros rivas y pedro8 Genérice. Espelica y Sub-Eepecifica 13 393 01 'Activos Heales" A la: 4 04 ingresos Ordina10s Pertda Sub-Pertida 4 753.01 0 10 60 Genénca 2 080 00 09 02 00 Equpos de computación Especitiee y Sub-Especifica 00 009 8 Comuniquese y Publiquese, LAS MADURO NOROS OPULAR PARA RELACIONES EXTIRIORES MINISTRÓ MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS República Bolhvarlana de Veneauele Superintendencla de las Instituciones del Sector Bancano RESOLUCIÓN NÚMERO:001.11 FECHA: 04-01-2011 Visto que BanValorBanco Comercal, C.A. es una Sodedad Mercantil inscrita ante el Registro Mercantil de la Crcunsaipción Judidal del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha S de juno de 1963, bajo ei N° 19, Tomo 21-A, cuya última modificación del documento constitutivo fue Inscrita ante el prestado Registro Mercantil en fecha 13 de marzo de 2007, bajo el N° 59, tomo 31-A-Pro, donde se autorizó el cambio de denominación y objeto social a banco comercai. Visto que el objeto de BanValor Banco Comercial, C.A. es realizar operadones de intermediación financiera y demás operadones y servidos que sean compatibles con su naturaleza de Banco Comercial. Visto que medlante Providenda Nº FSS-2-002716 del 22 de septiembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.516 del 23 de septiembre de2010, la Superintendenda de la Actividad Aseguradora deddió intervenir, de conformidad con el artículo 99 numeral 2 de la Ley de la Actividad Aseguradora a la empresa Seguros Banvalor, C.A., sodedad mercantil Inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judida) del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 14 de enero de 1992, bajo el N° 36, Tomo 15-A-Sgdo., e inscrita por ante esa Superintendencia de la Actividad Aseguradora, bajo el N° 10s, la cual constituye el accionista mayoritario de BanValor Banco Comercial, C.A. Visto que durante el segundo semestre de 2010, BanValor Banco Comercal, C.A., se encontraba incurso en los numerales 1 y 2 del artículo 241 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financleras, vigente pera la fecha, relativos a: 1) Situaciones de acreedores o para la sotidez del sistema bancarlo; y, 2) Hublere incurrido en dos (2) o más infracciones graves a las disposiciones de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, de la Ley del Banco Cantral de Venezuela, del Código de Comercio, de los Reglamentos o de las normativas prudenciaies, generales o particulares de la Superintendencia de Bancos y Otras Institucionas Financieras o dei Banco Central de Venezuela, durante un semestre, respectivamente. Visto que lo antes expuesto, se evidenció de las sigulentes situaciones: a) En fecha 29 de junlo de 2010, la Institución Finandera remltló una propuesta para 1a reposición de pérdidas (Plan de Fortalecimlento Instituclonal), toda vez que los requerimientos de provisión exigidos por este Organismno disminuían su patrimonio en sesenta y cinco corn a ochenta y cuatro por ciento (65,84%), donde se plantaaba efectuar un aporte de capital en efectivo por parte de su accionista mayoritarlo Seguros Banvalor, C.A. b) En fecha 2 de agosto de 2010, este Ente Regulador a través dol oficlo Nro. S81F-II- GGIBPV-GIBpV3-12641, le instruyó al Banco convocar una Asamblea General Extraordinarla de Accionistas para reponer las pérdidas, razón por la cual, la Institución Financlera en fecha 26 de agosto de 2010, celebró la Asamblea de Acclonistas donde se aprobó reponer las pérdidas por Ciento Nueve Millones de Bolivares Fuertes (Bs.F. 109.000.000). Cabe resaltar que la autorización del referido aporte de capital se encontraba condicionada por la opinión que debía emitir la Superintendenda de ta Actividad Aseguradora en respuesta a las comunicaciones enviadas a esta úluma por Seguros Banvalor, C.A. en fechas 23 de julio y 17 de septiembre de 2010, referidas a la capacidad económica-financiera de la mencionada compañía de seguros para realizar el aludido aporte. c) En fecha 24 de septiembre de 2010, esta Superintendencia, a través del oficio SBIF- II-GGiBPv-GiBPv3-19108, negó la reposición de capital propuesta por BanValor Banco Comerclal, C.A. Adiclonalmente, fa Superinbendenda de la Actividad Aseguradora y la Junta Interventora de Seguros Banvalor, C.A. Indicaron que la citada empresa de seguros no contaba con la capacidad económica para reponer las pérdidas del Banco y le solicitaron el reintegro del aporte que sería utilizado para la reposición de pérdidas por Cento Nueve Millones de Bolivares Fuertes (Bs.F. 109.000.000). Visto que la Institución Financiera incurrió en sucesivas infracciones a las disposiciones previstas en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, vigente para la fecha, slendo evidencia de lo anterior los incumplimientos de los numerales 5 y 8 del artículo 185 y el articulo 251 de la citada Ley, detectados durante la Visita de Inspección General realizada con fecha de corte al 31 de enero de 2010, notificados mediante el oficio Nro. SBIF-DSB-1I-GGI-GI3-06642 del 11 de mayo de 2010; así como, los como los sancionados a través de ias Resoluclones Nros. 174.10 y 421.10 de fechas 23 de abril y 12 de agosto de 2010, respectivamente. Visto que cono consecuencia de o anterior y de conformidad con lo estableddo en el articulo 246 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, esta Superintendencia medlante oficio Nro. SBIF-DS8-C-OD-19126 del 24 de septiembre de 2010, convocó a BanValor Banco Comeraal, C.A. a una audiencia el día 27 de septiembre de 2010, a las 11:00 a.m. por cuanto del análisis que este Ente realiza del Sistema Bancario Nacional y en especifico de cada una de las Institudones que lo integran y están bajo su tutela, observó que la situación financiera de esa Entidad página original (tal como se publicó) [Página 6] 382.492 GACETA OFICLAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANADE VENEZUELA numerales 1 y 2 del articulo 241 de la Ley General de Bancos y Otras Institudones Financieras, vigante para la fecha. Visto que dada la situación anterior, este Organismo mediante oficio Nro. SBtF-I- GGIBPV-GIBPV3-19160 de facha 27 de septiembre de 2010 en el ejercicio de sus facultades conferidas en el numeral 15 del artículo 235 de la Ley General de Bancos y Otras Institudones Financieras, vigente para la fecha, decidió aplicar las medidas administrativas a que se contraen los numerales 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10 del artículo 242 ejusdem, a saber: Reposición de capital, hasta por el monto necesario para cubrir las provisiones Instruidas por esta Superintendencia; la cual deberá efectuarse en dinero en efectivo. Los financiamientos bajo la modalidad de créditos comerciales a plazo fijo y por cuotas no deberán exceder dos (2) veces el patimonio del deudor, ni ser otorgados a clientes que presenten las sigulentes características: a) Empresas de reciente constitución; b) No demuestren fehacientemente capacidad de generar recursos sufidentes para honrar los compromisos de pago de capital e Intereses; c) No suministren la Información financiera necesaria que permita evaluar el cumplimiento de las obligaciones contractuales; d) Sin Garantías o con garantías de difícil liquidación y de insuficiente cobertura. De igual forma, no podrán otorgarse sobregiros en cuenta corriente. Prohibiclón de realizar sin autorización de este Ente Regulador, nuevas inversiones; así como, ceder, traspasar o permutar títulos valores, salvo la adquisición de títulos emitidos o avalados por la Repúbica Bolvarlana de Venezuela o ei Banco Central de Venezuela, los cuales deben mantenerse en custodia en el Ente Emisor o en una Institución Financiera domiciliada en el país, no relacionada con la Entidad Bancaria. Prohibición de realizar operaciones de reporto con títulos valores o cartera de créditos, excepto aquellas efectuadas con el Banco Cantral de Venezuela. Prohlbición de decretar pago de dividendos. Suspensión de pago de dietas u otros emolumentos; salvo los sueldos y salarios que a la fecha devenguen los mlembros de la Junta Directiva. Prohibición de adquirir, ceder, traspasar, permutar o de cualquier forma enajenar cartera de créditos y bienes de uso sin la previa autorización de este Ente Regulador. Prohibición de vender o liquidar algún activo o Inversión, sin la previa autorización de este Organismo. Prohlbición de mantener publicidad o propaganda. Prohibiclón de generar gastos por concepto de remodelaclones a los bienes proplos o alqullados, excepto para aquellas remodelaclones y/o modificaciones tanto de los espacios fisicos como tecnológicos, requeridas por la normativa prudencial emitida por esta Suparintendenda. Prohlbición de incurrir en gastos no cónsonos con la actividad bancaria. Prohibición de liberar, sin previa autorización de este Organismo de Supervisión Bancaria, provisiones específicas y genéricas; de Igual forma, efectuar castigos a la cartera de créditos sin la debida autorización por parte de este Ente Supervisor. Prohlbición de realizar operaciones finanderas o conexas con empresas vinculadas. Designar a dos (2) funcionarios con derecho a voz, para que asistan a las reuniones de la Junta Administradora u otros comités y a las Asambleas de Acclonistas de esa Entidad Bancarla, quienes deberán ser convocados formalmente. Los referidos funclonaros serán designados mediante acto administrativo distinto al que contiene las medidas impuestas. Visto que de conformidad con el artículo 247 de la Ley General de Bancos y Otras Instituclones Financleras, vigente para la fecha, se solicitó al Banco medlante el precitado oficio Nro. S8IF-II-GGIBPV-GIBPV3-19160 presentar un Plan de Recuperación, el cual fue emitido por la Institución Financiera en comunicación de fecha 18 de octubre de 2010, en el cual se preveía: Un aporte de capital en efectivo de Clento Veinticinco Millones de Bollvares Fuertes (Bs.F. 125.000.000) por parte de su accionista mayoritario Seguros Banvalor, C.A. al momento de la aprobación del Plan de Recuperación. Aporte que se llevará a cabo sl se levanta la medida de intervención que pesa sobre la referida compañía de seguros. Ingreso de CIncuenta Millones de Bolívares Fuertes (Bs.F. 50.000.000), producto de las cancelaciones de los compromisos de pago efectuados por escrito por los deudores que se mencionan a continuación: Inverslones La Herradura 7, C.A.; Perforadora Del Centro PCV, C.A.; Electrónica Merbel, C.A.; Inversiones Industriales Giramundo, C.A.; Atelier Modain, C.A.; Coglove, C.A.; Rectificadora Americana, C.A.; Inverslones Deyvil, C.A.; Inversiones Tarraja, C.A.; Inversiones Cataure, C.A.; Servicios de Transporte Constelación; Autolavado Vehí-Vash, C.A; AdminIstradora Orsay, C.A.; 1nverslones Trocadero, C.A.; Farmacia Cha Ai, C.A. y Wildey Inverslones y Construcciones, C.A. Según ofertas de pago realizadas por algunos clientes dichas cancelaciones se producirian durante el mes de octubre de 2010. Plan agresivo de cobranzas del saldo de la cartera de créditos compuesta por: "Saldo a Capital Vigente, Saldo- Capital Reestructurado, Said o a Capltal Vencido, Saldos de Capital Vigente y Vencidos por Tarjetas de Crédito". Reestructuración Organizativa: Replanteamiento de la Estructura Organizativa y Funclonal a través de fa adecuación de la plantilla del personal y la eliminación de procesos y subprocesos no esenciales, lo cual conlleva a la reducción de gastos administrativos. Adicionalmente, contemplaba lo siguiente: La Gerencia de Negocios Especiales y la Gerenda de División de Finanzas elaborarán un plan de captaciones. Otorgamientos de financiamientos bajo la modalidad de créditos a plazo fijo y por cuotas, bajo las condiciones establecidas en el aludido oficio Nro. SBIF-II- GGIBPV-G1BPV3-19160. Adquisición de títulos valores emitidos por la República Bolivariana de Venezuela o el Banco Central de Venezuela, Revisión del portafolio de Productos y Servicios Financicros elaborados por la √ Gerencia de Productos y Canales vigentes desde el año 2009. Martes 4 de enero de 2011 Visto que en oficio Nro. SBIF-II-GGIBPV-GIBPV3-21690 del 25 de octubre de 2010, se le participó al Banco que debía reformular el aludido Plan, en virtud de la Imposibilidad de la reposición de pérdidas a través de Seguros Banvalor, C.A., toda vez que dicha Empresa de Seguros se encuentra bajo régimen de Intarvendón, por lo tanto: El citado aporte por Cento Velnticinco Millones de Bolívares Fuertes (Bs.F. 125.000.000) deberá ser efectuado por el resto de los acclonistas de BanValor Banco Comerdal, C.A. El reintegro de los aportes por Clento Nueve Millones de Bollvares Fuertes (Bs.F. 109.000.000), realizados por Seguros Banvalor, C.A. en fecha 15 de septiembre de 2010, para reponer las pérdidas del Benco. Asimismo, se le particlpa que los referidos fondos no podrán ser utilizados para futuras. capitalizadones o reposiciones de pérdidas de la aludida Inetitución Pinandera. Visto que en fecha 2 de noviembre de 2010, fue remitido el Plan de Recuperación reformulado de la Institución Financiera, cuya propuesta radicaba principalmente en: Reestructuración de la composición accionaria actual de BanValor Banco Comercial, C.A. y no en una reposición de párdidas, excluyendo a su acdonista mayorltario Seguros BanValor, C.A. de la participado accionaria. Solicitud del difermlento del reintegro de los aportes por 8s.F. 109.000.000 en fecha 15 de septiembre de 2010, realizado por Seguros BanValor, C.A. para reponer las pérdidas de BanValor Banco Comerdal, C.A. Visto que en oficio Nro. SBIF-II-GGIBPV-GIBPV3-23802 del 15 de noviembre de 2010, se le participó al Banco que debía remitir explicación sobre algunos aspectos contenidos en el aludido Plan, toda vez que la reposición de pérdidas Instruida por esta Organ!smo no significaba, por sí misma, que se produjera un cambio en la composición accionaria. Visto que se le Indicó al Banco que la decisión sobre el diferimiento del reintegro de los aportes por Bs.F. 109.000.000, realizado por Seguros BanValor, C.A. para reponer las pérdidas del Banco, sele dependía de los interventores de Seguros BanValor, C.A., los noviembre de 2010, que consideraban la propuesta inviable, toda vez que para tal reposición la empresa objeto de la medida de intervención dispuso entre otros, de fondos provenientes del pago de la prima de la póliza de Seguro de Hospitalización, Cirugía y Matemidad Colectiva de la Gobernación Bolivariana del Estado Miranda por Bs.F. 43.142.566,25. Visto que en fecha 8 de diciembre de 2010, esta Superintendenca mediante oflclo Nro. SBIF-II-GGIBPV-GIBPV3-26268 dio respuesta a la comunicación emitida por el Banco el 24 de noviembre del mismo año, en el cual se le Informó que no se consideraba procedente el Plan de Recuperación presentado por BanVator Banco Comercial, C.A., debido a: 1) La imposibilidad de sus accionistas Leopoldo Castilio Bozo y Gabriel Castillo Bozo de efectuar el aporte para la reposición de pérdidas del Banco, toda vaz que en fecha 1 de diciembre de 2010, el Juzgado Décimo Tercaro en Funclones de Control del Tribunal de Primera Instancia en lo Penal decretó Medidas Preventivas de Aseguramlento de Blenes pertenecientes a los mencionados cludadanos; 2) La incapacidad de realizar el pago por parte de los accionistas minorltarios Homero Faría, Leopoldo Vizcarrondo, Antonio Brando y Joaquín Silvelra y de su accionista mayoritario Seguros Banvalor, C.A., según lo manifestado en comunicaciones de fechas 24 y 26 de noviembre de 2010, respectivamente; y, 3) Lo indicado en el oficio N° SBIF-II-GGIBPV- GIBPV3-23802 del 15 de noviembre de 2010. Visto que existen marcadas debilldades en la Institución Financiera en su sistema de controi interno y de gestión de riesgo, que han tenido un Impacto significativo en la estructura fnanclera de la Entidad Bancaria, evidendado por los altos nive las de provisiones determinados por este organismo supervisor, debiéndose constituir las mismas para cubrir el deterioro de su cartera de crádito. Visto que la Entidad Bancaria continúa como demandante de fondos, lo que demuestra poca capacidad para responder con recursos propios sus compromisos de préstamos e inversiones, así como, los retiros de depósitos y venclmientos de pasivos. Visto que el Banco no genera ingresos producto de su actividad principal, desde el primer semestre del año 2009, no obstante, los saldos registrados en la subcuenta ingresos operativos varios le permitían obtener un resultado positivo, los cuales eran onginados principalmente por Ingresos por recuperación de gastos, producto de ajustes realizados a las subcuentas 274.99 "Otras provisiones" y 272.99 "Otras cuentas por pagar varias". Visto que durante el mes de julio de 2010, la Entidad Bancaria registró Ingresos extraordinarios que corresponden a donaclones recibidas para la cobertura de gastos; sin embargo, al cierre del mes de octubre del presente año, presentó un resultado negativo (8s.F. -69.246.511). Visto que al cierre del mes de noviembre de 2010, la Institución Financiera no ha cancelado depósitos a plazo a fijo vencidos por un monto total de Bs.F. 35.808.211,33 correspondientes al Fondo Espedal de Jubllaciones y Pensiones de los Trabajadores de la Administración Pública, toda vez que el Banco no dispone de suflcente liquidez para afrontar dicha obligación, aún cuando el aludido Fondo exigió el pago. En atención a los elementos de hecho antes expuestos, este Ente Supervisor procedió a solicitar la opinión del Banco Central de Venezuela y del Consejo Superior, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Finanderas vigente para la fecha, para proceder a la Intervención con cese de intermediación financiera a BanValor Banco Comercial, C.A, ios cuales se pronundaron favorablemente, el primero en sesión N° 4.350 de fecha 16 de didembre de 2010 y e! segundo según consta en Acta N° 037-2010 del 28 de diciembre de 2010, y asimismo, se obtuvo la opinión del Presidente del Órgano Superior del Sistema Financiero Naclonal quien ejerce transitoriamente las funciones del Órgano Superlor del Sistema Financiero Nacional, atendiendo a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica del Sistema Financiero Naconal, según consta en la mencionada Acta. Celebrada la audiencia a que se refiere el artículo 243 de la Ley de Institudones del Sector Bancario en fecha 4 de enero de 2011. página original (tal como se publicó) [Página 7] Esta Superintendencla, en atención a lo previsto en la Disposidón Transitorla Primera de la Ley de Instituclones del Sector Bancarlo, en aras de preservar los intereses de la República, la estabilidad del sistema finandero naclonal y los derechos e Intereses de los ahorristas, depositantes, dientes y acreedores del citado Banco; de conformidad con el numeral S y 15 del artículo 172 en concordanda con el artículo 239 y los numerales 2 y 5 del artículo 247 y 251 de la referida Ley; RESUELVE 1º Intervenir con case de intermediadón finandera a BanValor Banco Comercal, C.A. 2° Designar como integrantes de la Junta Administradora a Jos dudadanos Mary Esplnoza de Robies y Carlos Rafael Reverand, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 9.411.520 y V-3.373.652, respectivamente. 3º. La Junta Administradora presentará a la Superintendenda de las Institudones del Sector Bancario, Informes que contengan los avances del proceso de intervención con cese de intermediación finandera y las acciones a seguir en cada caso. A los sesenta (60) días continuos contados a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bollvarlana de Venezuela de la presente Resoludón, o si única prorroga, la Junta Administradora presentará a esta Superintendencia un informe mediante el cual se suglera la liquidadón o su rehabilitadón. Contra esta decisión de conformidad con los artículos 230 y 236 de la Ley de Instituclones del Sector Bancarlo, podrá ejercerse el Recurso de Reconsideradón ante esta Superintendencia, dentro de los diez (10) días háblles bancarios sigulentes a la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela; o el Recurso de Anulación ante cualesquiera de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la publicación de la presente Resolución en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, o de aquella mediante la cual se resuelva el Recurso de Reconsideración, si éste fuera interpuesto de acuerdo con el artículo 231 elusdem. Comuníquese y Publíquese Edgar Hernández Behrens Superintendente REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPU: : DE PLANIFICACION Y FINANZAS Superintendencia de . ctividad Aseguradora Providencia N° 2-£03296 +t NOV 201? Caracas, 200 151° 1.-ANTECEDENTES.- Visto que en fecha 30 de abril de 2009, mediante escrito identificado con el N° 8195, :3 ciudadana Ana Rodríguez de Blanco, titular de la céduia de identidad N° 931.846, solicitó a este Organismo opinión respecto à la :plicación de un ajuste de prima efectuado en la renovación correspondiente al periodo 2009/2010 de su Póliza de Automóvil identificada con el N° 59954, suscrita con la empresa La Oriental de Seguros, C.A. En virtud de lo anterior, en fecha 14 de enero de 2010 esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora mediante Providencia N° FSS-2-2-000337, ordenó la apertura de una averiguación administrativa a la empresa La Oriental de Seguros, C.A., a fin de determinar si la misma transgredió el contenido del artícuio 66 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros al ajustar la prima de la Póliza de Automóvil Na 59954, sin la previa aprobación, lo cual fue notificado tanto a la empresa aseguradora como a la denunciante, informándole de la apertura de un lapso probatorio de diez (10) días hábiles siguientes a su recepción para alegar sus razones y remitir sus pruebas. IL.- ALEGATOS DE LA EMPRESA ASEGURADORA.- La empresa La Oriental de Seguros, C.A. en fecha 19 de febrero de 20i0, remitió su escrito de pruebas identificado con el número 2889 de nuestro control interno de correspondencia, donde expuso entre otras cosas lo siguiente. a aseguradora señala que efectivamente no tiene aprobadas las oberturas de terremoto y exceso de límite, la primera en vista que a pesar de solicitar las, no han sido aprobadas por este Organismo y, en cuanto a la cobertura de exceso, utilizan la tarifa contenida en la autorización acordada mediante el Oficio Nª 3428 del 18 de agosto de 1977, del mismo modo que las coberturas de Asistencia Penal y Defensa Penal del 5 de octubre de 1999, en virtud de una instrucción acordada por la Superintendencia de Seguros el 5 de septiembre de 2002. Asimismo, menciona que las coberturas de muerte por conductor y/o pasajeros, invalidez de conductor y/o pasajeros y gastos médicos son coberturas aprobadas en la póliza autorizada por este Organismo el 18 de julio de 1977. Reconoce por otra parte, haber incluido por error los gastos de emisión, un monto superior al autorizado por la Superintendencia de Seguros. En atención a ello, solicitan el cierre del procedimiento administrativo, ya que a su juicio, en ningún momento ha habido la intención dolosa de infringir normas legales, además de mencionar que se encuentran en la tarea de solicitar la aprobación de las citadas tarifas y coberturas por ante la Superintendencia de Seguros. III.- CONSIDERACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA.- La averiguación que por este acto se decide, tiene por objeto determinar la responsabilidad administrativa de la empresa La Oriental de Seguros, C.A. en cuanto a si la misma transgredió el contenido del artículo 66 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, al ajustar las primas de la Póliza de Automóvil N° 59954, sin la previa aprobación de esta Superintendencia de !a Actividad Aseguradora. Ahora bien, el artículo 89 del Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros exige que las tarifas observen principios técnicos de equidad y suficiencia, y que sean el producto de la utilización de información estadística que cumpla las exigencias de homogeneidad y representatividad. En efecto, el objeto de cualquier sistema de tarificación es obtener primas equitativas y suficientes. El principio de equidad de la prima desde el punto de vista actuarial implica que en la elaboración de las tarifas deben considerarse los factores de riesgos que en mayor medida permitan explicar o conocer el comportamiento dei costo del riesgo, siendo que estos factores deben valorarse en los niveles adecuados para evitar una excesiva dispersión en tal costo. El principio de suficiencia de la prima busca garantizar la capacidad del asegurador para hacer frente a las obligaciones contraídas. Por otro lado, un instrumento técnico de que se vale la actividad aseguradora para sumar herramientas que permitan alcanzar un adecuado equilibrio en sus resultados, es el análisis de los riesgos, lo cual puede concretarse en el seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, entre otros mecanismos, a través de la información contenida en la solicitud de seguros y del uso de exámenes médicos, cuestionarios o declaraciones de salud. Sobre el particular, no existen restricciones, legales o técnicas, que impidan a La Oriental de Seguros, C.A. hacer uso de tales mecanismos, independientemente que se trate de un seguro individual o colectivo. En este mismo orden de ideas, el artículo 66 de la Ley de-Empresas de Seguros y Reaseguros exige que las tarifas estén previamente aprobadas por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Ello se debe, a que la prima debe ser considerada bajo un doble enfoque: por una parte, configura? una obligación fundamental a cargo del tomador, representa la contraprestación de éste a la asunción de los riesgos por parte del asegurador (artículo 20 del .Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro), y, por la otra, constituye un elemento esencial del seguro, en orden a la formación del fondo común para el pago de siniestros, de allí la necesidad que su pago se realice por anticipado. página original (tal como se publicó) [Página 8] El autor Joaquín Garrigues en su obra Contrato de Seguro Terrestre, señala: "La prima es un elemento indispensable de la explotación en masa del seguro que hace posible el cumplimiento por el asegurador de sus obligaciones, al estar respaldado en cada contrato por el conjunto de las primas percibidas." (Obra citada, Segunda Edición, Madrid, 1993, página 103). Sobre este particular, la prima pagada por el tomador —comercial o de tarifa-, está conformada por el valor real del riesgo (prima pura o neta), más los gastos de administración, las comisiones, etc.; siendo que a partir de la acumulación de riesgos el criterio de determinación de la prima varía según la mayor o menor probabilidad que se verifique el siniestro, aumentándola o disminuyéndola; por lo que de acuerdo con lo expuesto por el autor Rubén Stiglitz: "...una vez establecida la prima, ésta constituirá la contraprestación correspondiente a un riesgo determinado, to que presupone que cualquier interpretación sobre los alcances del mismo, que importen ampliar los beneficios acordados pueden llegar a producir un desequilibrio en el conjunto de las operaciones de la aseguradora." (Stiglitz, Rubén. Derecho de Seguros I1, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Página 309). Es evidente que la prima pura (o neta), se refiere a la proporcionalidad del precio del seguro en relación de equivalencia con el riesgo, de forma tal que en la cuantificación de la prima deben incluirse elementos como: los gastos de adquisición, la consideración del riesgo en un tiempo determinado, la suma asegurada y la duración del contrato. En definitiva, la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros establecia claramente que las empresas aseguradoras no pueden alterar las tarifas aprobadas sin la previa autorización de este Organismo, tal como se dispone en su artículo 68. De acuerdo a los argumentos expuestos por la empresa de seguros, se observa claramente la transgresión del artículo 66 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, por cuanto no basta con solicitar por ante el órgano de control autorización para la utilización de determinada tarifa o condicionado, éstas deben encontrarse aprobadas para poder ser utilizadas, lo cual no ocurrió en el caso particular. Asimismo, confiesa haber cobrado en exceso los gastos de emisión, los cuales fueran aprobados por este Organismo mediante el Oficio N° 3404 del 20 de mayo de 2005, en vista de lo cual, La Oriental de Seguros, C.A., ha transgredido el contenido del artículo 66 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros. Por último debemos indicar, que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 01 de junio de 2004, señaló que la aprobación previa de los documentos utilizados por las aseguradoras en sus operaciones, por parte del Órgano Supervisor es un requisito de validez del contrato. En consecuencia, vistas las consideraciones anteriores, quien suscribe, José Luis Pérez, Superintendente de la Actividad Aseguradora, en ejercicio de las facultades que le otorga la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, decide: PRIMERO: Sancionar a la empresa La Oriental de Seguros, C.A. con multa por la cantidad de Seis Mil Doscientos Cincuenta Bolívares (Bs. 6.250,00), sanción que corresponde a un octavo de la pena máxima contemplada en el artículo 169 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, tomando como base de cálculo el valor de la Unidad Tributaria vigente para el momento en que se produjo la infracción de Cincuenta y Cinco Bolívares (Bs. 55,00), de conformidad con lo previsto en el artículo 1º de la Ley que establece el Factor de Cálculo de Contribuciones, Garantías, Sanciones, Beneficios Procesales o de otra Naturaleza en Leyes Vigentes, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.362 del 26 de diciembre de 1997, al ajustar ia prima de la Póliza de Automóvil N° 59954, sin la previa aprobación de esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora, contraviniendo el contenido del artículos 66 ejusdem. SEGUNDO: Ordenar a la empresa La Oriental de Seguros, C.A. a que en futuras oportunidades solicite previamente, de conformidad con lo previsto en la Ley de la Actividad Aseguradora, los ajustes en las tarifas y condiciones de las pólizas de seguros que pretenda comercializar. Contra la presente decisión podrá ser interpuesto ei Recurso de Reconsideración previsto en el artícuio 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por ante el Superintendente de la Actividad Aseguradora, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su notificación. Notifíquese. Sé Luis Rergzy Relación Noig3-de ( de febrefo de 2010 G.O. No. 391360.echa 3 de febrero de 2010 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA 003396 N° FSS-2-3- Caracas, 2 5 NOV 2010 2000 y 151° I.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL FONDO Visto que en fecha 29 de julio de 2010, fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, No 5.990 Extraordinario, la Ley de la Actividad Aseguradora, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº39.481 del 05 de agosto del mismo año, cuyo objeto es establecer el marco normativo para el control, vigilancia, supervisión, autorización, regulación y funcionamiento de la actividad aseguradora, desarrollada en el territorio de la República, o materializada en el extranjero, a fin de garantizar el interés general representado por los derechos y garantías de los tomadores, asegurados y beneficiarios de los contratos de seguros, de reaseguros, los contratantes de medicina prepagada y de los asociados de las cooperativas que realicen actividad aseguradora. Visto que el numeral tercero de las disposiciones finales de la Ley de la Actividad Aseguradora, dispone que la misma entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Visto que tal publicacióntrae como consecuencia la derogatoria de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros del 23 de diciembre de 1994, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No 4.882 - Extraordinario, reimpresa por error materia! en fecha 08 de marzo de 1995, según Gaceta Oficial de la República de Venezueia N° 4.865 - Extraordinario. Visto que el numeral 2 del ar: culo 7 de la Ley de la Actividad Aseguradora faculta al Sur erintendente de la Actividad Aseguradora para dictar los tos administrativos generales o particulares inherentes a las competencias que le atribuye la referida Ley. Visto que en fecha 04 de a sto de 2010, este Organismo mediante Providencia Nº 00° 78, ordenó la apertura de un página original (tal como se publicó) [Página 9] procedimiento administrativo a la empresa C.A. de Seguros Ávila, a objeto de determinar si existe elusión o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones frente al ciudadano Arpad Andrés Nagy Belloso, titular de la cédula de identidad No 12.394.504, de conformidad con lo que establecía el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros del 08 de marzo de 1995, cuyo texto ha quedado derogado; quien suscribe en su carácter de Superintendente de la Actividad Aseguradora, acuerda que la situación denunciada sea examinada a la luz de ésta última, la cual resultaba aplicable para la fecha en que se suscitaron los hechos. II.- ANTECEDENTES Mediante oficio distinguido con el número FSS-2-3-004942 - 009320 del 16 de agosto de 2010, se notificó a la aseguradora, de la apertura de la averiguación administrativa y del lapso probatorio acordado, a objeto que presentara las pruebas que estimara necesarias para el ejercicio de la defensa de sus derechos e intereses de su representada, en relación a los hechos denunciados. Se deja constancia que dicho oficio fue recibido por C.A. de Seguros Ávila, el día 17 de agosto de 2010, tal como se desprende del sello húmedo colocado al margen inferior derecho del ejemplar de diciù oficio que cursa al folio 29 del expediente administrativo que formara esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora. III.- DE LOS ALEGATOS Y PRUEBAS PRESENTADOS POR C.A. DE SEGUROS ÁVILA. Visto que de conformidad con lo señalado en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la empresa C.A. de Seguros Ávila, disponía de un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación del inicio del procedimiento administrativo iniciado en su contra, para presentar las pruebas que estimara necesarias, período éste que venció el día 01 de septiembre de 2010, sin que la misma ejerciera su derecho a la defensa. IV.- DEL DESISTIMIENTO: Visto el escrito de fecha 19 de julio de 2010, distinguido con el Nº 14744 del control interno de correspondencia, a través del cual el ciudadano Arpad Andrés Nagy Belloso, manifiesta su voluntad de desistir de la denuncia interpuesta contra C.A. de Seguros Ávila, habida consideración que la misma procedió con el respectivo pago, se estima necesario aclarar a las partes intervinientes que si bien el artículo 63 de la Ley Orgánica de contempla que el ProcedimientosAdministrativos desistimiento supone la terminación del procedimiento administrativo, el artículo 66 del citado instrumento legal, dispone que si por razones de interés público se justifica, la Administración puede continuar la tramitación del mismo; y siendo que corresponde a esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora velar porque las empresas de seguros den oportuno cumplimiento a las disposiciones legales y contractuales establecidas para atender los reclamos formulados por los tomadores, asegurados y beneficiarios de los contratos de seguros, atribución que impone a este Organismo implementar las medidas necesarias a fin de corregir la situación irregular que puedan presentar las empresas en perjuicio, no sólo de los asegurados, sino también del sector asegurador, es evidente entonces que por razones de interés público se justifique la continuación del procedimiento administrativo iniciado. V.- CONSIDERACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Vistas las actuaciones y documentos que conforman el señalado expediente, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora, a fin de decidir al respecto formula las siguientes consideraciones: Se hace necesario entonces analizar los hechos relevantes de la denuncia, a los fines de verificar la conducta asumida por la empresa C.A. de Seguros Ávila de cara al artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, instrumento jurídico aplicable para el momento en que se suscitaron los hechos. En efecto, el objeto de la presente averiguación administrativa es comprobar si la compañía C.A. de Seguros Ávila realizó un acto infractor de una conducta exigida por el ordenamiento jurídico que regula la actividad aseguradora; la determinación de la responsabilidad administrativa y la imposición de las sanciones a que hubiere lugar. En tal sentido, en el. auto de apertura de la averiguación administrativa se imputó a la mencionada aseguradora el presunto incumplimiento de los supuestos de hecho denominados "elusión y retardo" durante la tramitación del siniestro reportado por el ciudadano Arpad Andrés Nagy Belloso, hechos sancionables de conformidad con lo previsto en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, que dispone: "Las empresas de seguros que sin causa justificada, a juicio del Superintendente de Seguros, eludan o retarden el cumplimiento de sus obligaciones frente a sus contratantes, asegurados o beneficiarios serán sancionadas de acuerdo con la gravedad de la falta... (omissis) Parágrafo Segundo. Las empresas de seguros dispondrán de un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para pagar los siniestros cubiertos, contados a partir de la fecha en que se haya terminado el ajuste correspondiente, si fuere el caso, y el asegurado haya entregado toda la información y recaudos indicados en la póliza para liquidar el siniestro." La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 31 de mayo de 2005, indicó lo siguiente: "De tal forma, que puede colegirse que el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros de 1994, prevé tres tipos sancionatorios distintos, configurados por: 1. La elusión de las obligaciones a cargo de la aseguradora frente a los contratantes, asegurados o beneficiarios, como por ejemplo la de pagar las coberturas previstas en los contratos de seguros ante la ocurrencia del riesgo previsto, o la de notificar motivadamente su negativa de pago de dichas coberturas; 2. El retardo en el cumplimiento de las referidas obligaciones; y 3. El rechazo de los siniestros reclamados mediante argumentos genéricos. Así, la falta de pago o la ausencia de respuesta ante la solicitud de cancelación de las coberturas previstas en una determinada póliza, se subsumiría en el supuesto de elusión página original (tal como se publicó) [Página 10] de las obligaciones establecidas a cargo de la aseguradora, pues implicaría el incumplimiento del deber de notificar por escrito o de pagar las indemnizaciones debidas; en tanto que, la respuesta o el pago fuera del plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya terminado el ajuste correspondiente, si fuere el caso, y el asegurado haya entregado toda la información y recaudos indicados en la póliza para liquidar el siniestro, se subsumiría en el supuesto de retardo sancionado por la norma y, por último, la emisión de respuesta negativa dentro del plazo previsto en la norma pero conformada con argumentos escuetos e insuficientes para explicar el rechazo del pago que se trate, configuraría el tipo de rechazo genérico prohibido en el mismo parágrafo cuarto del artículo en comento". Ahora bien, en el caso que se analiza tal como se indicó al inicio de las consideraciones expuestas por este Organismo, C.A. de Seguros Ávila, no presentó el respectivo escrito de defensa contra los hechos impuestos en su contra y por el cual explicara las razones de hecho y de derecho que lo asistieron para no efectuar el pago dentro del lapso legalmente previsto para ello. En este sentido, y como quiera que fue el propio asegurado ciudadano Arpad Andrés Nagy Belloso, quien informara a este Organismo del pago efectuado por C.A, de Seguros Ávila, por concepto de indemnización del siniestro reportado esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora se limitará a examinar únicamente la figura denominada retardo, pues resulta inoficioso pronunciarse por la elusión, al haberse materializado el pago, de acuerdo con los términos establecidos por el Tribunal Supremo de Justicia, sobre tal figura. A los fines de determinar la responsabilidad administrativa de 1a empresa C.A. de Seguros Ávila, por lo que al retardo se refiere, se hace necesario indicar en que consiste dicho supuesto de hecho. VI.- DEL RETARDO Sobre tal disposición legal debe puntualizarse que el asegurador tiene la obligación de pronunciarse en el plazo legal acerca de los derechos del asegurado, se trata de un deber en el marco de un contrato de seguro en etapa de ejecución. Lo expuesto significa que, en principio, el asegurador debe pronunciarse siempre que haya una denuncia de siniestro, bien seaasumiendo la responsabilidad o rechazando con fundamento, según corresponda; actuación que debe cumplirse en los términos que establece el parágrafo segundo del artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, esto es, treinta (30) días hábiles, lapso que corre a partir del momento enque el asegurado entregue todos los recaudos exigidos y se haya realizado el ajuste correspondiente, de ser el caso. A igual plazo y condiciones quedan sometidas las empresas de seguros para notificar por escrito los motivos de hecho y de derecho que aleguen para considerar un siniestro como no cubierto. VII.- CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS Corre inserto a los folios 12 y 13 del expediente administrativo, el escrito de denuncia presentado en fecha 11 de marzo de 2010, del cual se desprende claramente fo siguiente: 14-10-2009 Fecha de siniestro: Entrega de recaudos: 15-10-2009 Fecha denuncia ante la Sudeseg: 11-03-2010 Actos conciliatorios: 06-05-2010 26-05-2010 (*) 17-06-2010 Fecha de pago: 13-07-2010 (*) Se deja constancia que en el acta que se levantó a tal efecto, cuyo ejemplar cursa al folio 20 del expediente administrativo, la representación de la empresa se comprometió a realizar los trámites necesarios para que el pago se efectuara en un plazo de quince (15) días hábiles, no habiéndose materializado dicho compromiso. Aplicando las consideraciones anteriores al caso que se analiza se observa que el día 14 de octubre de 2009 ocurrió el siniestro (robo de una moto), que los documentos necesarios para el análisis del mismo fueron consignados a decir del denunciante el día (15-10-2009), haciendo entrega del último recaudo (trimestres cancelados), el día (20-10-2009) y el pago de la indemnización se produjo el 13 de julio de 2010, tal como se desprende de la copia del comprobante de pago correspondiente al cheque emitido a favor del asegurado, cuyo ejemplar cursa al folio 25 del expediente administrativo esto es, a los nueve (9) meses después de haberse hecho entrega del último recaudo, plazo que supera ampliamente los treinta (30) días hábiles que contempla el parágrafo segundo del artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros para el pago de siniestros. En virtud de las consideraciones anteriores resulta evidente la infracción de la señalada disposición legal, siendo que respecto a este hecho la representación de la aseguradora no presenta argumento alguno que haga presumir a este Órgano de Control que tal falta de atenciónse debe a un incumplimiento involuntario, se hace necesario entonces determinar si el incumplimiento de la obligación dispuesta en el parágrafo segundo del articulo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, se debió a culpa de C.A. de Seguros Ávila, ello en virtud que el ejercicio de la potestad sancionatoria administrativa requiere como requisito esencial la exigencia de la culpabilidad del autor de la infracción, para castigar la conducta omisiva. Al respecto, la doctrina contemporánea, en materia de Derecho Administrativo Sancionador, ha discutido ampliamente el tema de la exigencia de la culpabilidad en los ilícitos administrativos, Sobre el particular se han establecido tres posiciones. La primera de ellas plantea la aplicación en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador de las reglas y principios que sobre culpabilidad se han desarrollado en ef Derecho Penal; la segunda, plantea la independencia de la responsabilidad por ilícitos administrativos, no siendo exigible la culpabilidad; finalmente, una posición intermedia que aplica la noción de culpabilidad en los predios del Derecho Administrativo Sancionador, pero con las matizaciones propias derivadas' de las peculiaridades de éste, que lo diferencian claramente del ámbito penal. Respecto a la primera de las posiciones, es decir, la que pretende trasladar al Derecho Administrativo Sancionador los principios creados y desarrollados por el derecho penal, página original (tal como se publicó) [Página 11] 382.497 GACETA OFICLAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANADE VENEZUELA Martes 4 de enero de 2011 autores de la calidad de ALEJANDRo NIETO han demostrado la banalidad de dicha tesis, porque no es cierta del todo esa pretendida extensión de la exigencia de culpabilidad y, además, cuando realmente se exige, provoca unos problemas de solución imposible. Para demostrar lo que se está diciendo basta pensar en los supuestos de infracciones cometidas por personas jurídicas o en los casos de solidaridad y subsidiaridad y en la aparición extrema de la presunción de culpabilidad. (NIETO, Alejandro: Derecho Administrativo Sancionador, Segunda Edición, Madrid, Editorial Tecnos, 1994; Pág. 24). La segunda de las posiciones, aquella que proclama la independencia del derecho administrativo sancionador, y en consecuencia la no exigencia de culpabilidad, ha sido reconocida por la doctrina y jurisprudencia en derecho comparado. En sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo de 7 de octubre de 1988 se señaló: "Pueden especialmente - siempre en principio y en determinadas condiciones - penalizar un hecho material u objetivo en sí, con independencia que proceda de dolo o negligencia." La no exigencia de culpabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador, se ha fundamentado en la diferente valoración legal que dicha figura merece en la esfera administrativa de la que puede merecer en la penal, ya que distinta y divergente es la naturaleza jurídica con qué se regulan en uno y otro de tales ordenamientos esa responsabilidad hasta el punto que cambia en lo esencial la nota característica de la citada manifestación intencionada o maliciosa como elemento básico de la misma. Finalmente, la posición intermedia, que planta la exigibilidad en las infracciones administrativas pero no en los mismos términos que en el derecho penal, debido a las diferencias existentes entre ambos regímenes punitivos, plantean las siguientes ideas: En el derecho penal es el repertorio de ilícitos lo suficientemente breve como para ser conocido por todos los ciudadanos y, además, coincide a grandes rasgos con la conciencia popular. De tal manera que es infrecuente cometer :n delito sin conciencia de ello. En el derecho administrativo sancionador, en cambio, la situación es muy diferente. Aquí los repertorios de ilícitos son inabarcables y el Estado no puede exigir a nadie que los conozca. El conocimiento real es sustituido por la ficción legal de que se conoce. Por tanto, si la culpabilidad se concibe como conciencia y voluntad de alcanzar un resultado ilícito y se ignora -de hecho- que es ilícito, el sistema cae por su propio peso. En consecuencia, si nos tenemos a la culpabilidad en el sentido penal, el Derecho Administrativo Sancionador se disuelve y queda sustituido por un juego de ficciones y presunciones. El ciudadano no puede ciertamente conocer los ilícitos que cada día van creando las normas; pero tampoco puede refugiarse en su ignorancia, que sería -además de una excusa demasiado sencilla- un desprecio para el Estado y para los intereses públicos protegidos por el ilícito. De aquí la obligación genérica no ya de conocer todo el repertorio de ilícitos sino de procurar conocerlo. Y, en consecuencia, su responsabilidad le será exigida no ya por sus conocimientos reales sino por los conocimientos exigibles a la diligencia debida. Diligencia que es variable en atención a las a circunstancias personales de cada uno: grado de cultura, medio en que vive, grado de proximidad del ilícito a sus actividades habituales y, sobre todo, profesión. Por tanto, tomando en consideración que la aseguradora debía tener exacto conocimiento de las obligaciones derivadas de su actividad y en consecuencia de la norma que exige el cumplimiento de sus obligaciones, se considera que en su actuación estuvo presente el elemento culpabilidad, en los términos definidos anteriormente. En efecto, como se indicó anteriormente, C.A. de Seguros Ávila, tiene el conocimiento que las normas contenidas en la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, (hoy derogada) son de obligatorio cumplimiento, en consecuencia, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora estima que la mencionada taaseguradoraincurrióenresponsabilidad administrativa al haber retardado el cumplimiento de su obligación de indemnizar el reclamo presentado por el ciudadano Arpad Andrés Nagy Belloso. Visto que de los hechos antes expuestos quedó comprobada la infracción por parte de la aseguradora al contenido del parágrafo segundo del artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, instrumento jurídico aplicable para la fecha en que se suscitaron los hechos, es por lo que esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora sanciona a la empresa C.A. de Seguros Ávila, con multa por la cantidad de Veinte i Mil Seiscientos Cincuenta Bolívares (Bs. 20.650,00), suma que corresponde a un cuarto de la sanción prevista en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, por haber incurrido en el supuesto de retardo con respecto a los hechos relacionados con la reclamación presentada por el ciudadano Arpad Andrés Nagy Belloso. La referida sanción se impone tomando como base de cálculo el valor de la Unidad Tributaria vigente para el momento en que se cometió la infracción (2009), de Cincuenta y Cinco Bolívares (Bs. 55.00), de conformidad con el artículo 1 de la Ley que establece el Factor de Cálculo de Contribuciones, Garantías, Sanciones, Beneficios Procesales o de otra naturaleza, en Leyes vigentes, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.362 del 26 de diciembre de 1997. Finalmente, este Organismo considera pertinente la publicación del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Publicaciones Oficiales, el cual dispone que: "En la GACETA OFICIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, se publicarán además los Decretos, Resoluciones y otros actos del Poder Ejecutivo que por mandato legal o a juicio de aquel requieran publicidad; sin perjuicio de que dichos actos tengan la debida autenticidad y vigor sin el requisito de la publicación.". (Énfasis nuestro). Vistas las consideraciones anteriores, quien suscribe, José Luís Pérez, Superintendente de la Actividad Aseguradora, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros (ahora contenidas en el artículo 166 de la Ley de la Actividad Aseguradora). DECIDE Primero: Sancionar a la empresa C.A. de Seguros Ávila, con multa por la cantidad de Veinte Mil Seiscientos Cincuenta Bolivares (Bs. 20.650,00), de conformidad con lo dispuesto página original (tal como se publicó) [Página 12] en el artícuto 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros del 08 de marzo de 1995, al haber incurrido en retardo en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales frente al ciudadano Arpad Andrés Nagy Belloso. Segundo: Cerrar ta averiguación administrativa abierta a C.A. de Seguros Ávila, por lo que al supuesto de elusión se refiere, visto que la misma procedió a dar cumplimiento con su obligación de indemnizar el siniestro reportado por el ciudadano Arpad Andrés Nagy Belloso. Ordénese la publicación del presente acto administrativo, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Publicaciones Oficiales. Contra la presente decisión podrá la empresa C.A. de Seguros Ávila, intentar el Recurso de Reconsideración, por ante el Superintendente de la Actividad Aseguradora, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de esta Providencia, conforme a lo establecido en el artículo 94 de la citada Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Notifíquese y Publígpegeana. ( LUISPÉREZ) Supermtendene de lasnctividanAseguradora Resouin No. seghan3-ebfero de2010 G.O.R.B Nor 3ocgetecha 03 de ebrero de 2010 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Caraca,5 NOV 200ovidencia N° 003398 200° 151° Visto que en fecha 28 de abril de 2010, se recibió por ante este Organismo la comunicación N° 0008337 de nuestro control interno de correspondencia, por medio de la cual la ciudadana YLDELMAR DELGADO NOVOA, titular de la cédula de identidad N° V- 5064, para actuar como Corredor a de Seguros, en virtud que actualmente se desempeña como personal contratado de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora ejerciendo funciones técnicas en el área de seguros. Como punto previo al análisis de fondo de los hechos relacionados con el presente caso, este Despacho considera menester hacer referencia al cambio normativo operado en el sector asegurador en fecha 29 de julio de 2010, oportunidad en la cual entró en vigencia la novísima Ley de la Actividad Aseguradora, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 5.990 Extraordinario, reimpresa por error material en fecha 05 de agosto de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.481, marco normativo destinado a regir el sector de seguros en Venezuela en sustitución de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros de 1995. En tal sentido, este órgano administrativo considera de primer orden clarificar que el texto legal aplicable a la situación jurídica objeto de la presente decisión será aquella ley vigente al momento de configurarse el hecho, en este sentido, si la concreción de las situaciones fácticas fueron realizadas encontrándose vigente la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros del año 1995, la decisión que se adopte deberá recoger la regulación normativa de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros derogada. Visto que tal situación se encuentra prevista en el literal b) del artículo 138 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, cuya Ley se encontraba vigente para el momento de la solicitud de la suspensión, en concordancia con el literal a) del artículo 142 del Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, los cuales establecen: "Artículo 138.- No podrán actuar como productores de seguros: ...Omissis... b) Los administradores, gerentes, comisarios o empleados de instituciones bancarias, de crédito, de seguros, de reaseguros o de corretaje de reaseguros; ni de entidades de ahorro y préstamo, de agencias de viaje, de comisionistas y de agentes aduanales, así como las propias instituciones bancarias, crediticias, reaseguradoras, entidades de ahorro y préstamo, agencias de viaje, comisionistas y agentes aduanales;". "Artícuio 142.- Los productores de seguros podrán solicitar la suspensión de la autorización concedida en los casos siguientes: a) Cuando estén desempeñando empleos públicos o funciones de las señaladas en los literales b), c) y e) del artículo 138 de la Ley;". En consecuencia, vista la participación de la YLDELMAR DELGADO NOvOA, antes identificada, quien suscribe, en uso de las atribuciones que le conflere el artículo 142 literal a) del Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros. DECIDE: PRIMERo: Suspender temporalmente la autorización otorgada a la ciudadana YLDELMAR DELGADO NOVOA, titular de la cédula de identidad N° V-10.514.060, para actuar como Corredor a de Seguros bajo el Nº 5064, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 142 del Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros. Insértese la nota marginal correspondiente en el Libro de Registro de Corredores de Seguros. SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo primero y segundo del artículo 142 del Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, la presente suspensión no podrá reactivarse antes de que haya transcurrido un período de seis (06) meses, contados a partir desde la fecha de la notificación de la suspensión. Transcurridos tres (3) años desde la suspensión de la autorización, sin que la misma sea reactivada, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora revocará la autorización. Contra la presente decisión podrá ser interpuesto el Recurso de Reconsideración previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por ante el Superintendente de la Actividad Aseguradora, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su notificación. Comuníquese_y publíquese, (ATUIS PEREZ Superintende e dais Actividad aseguradora Resoluciongno b defecha vdeorerp de 2010 G.O.R.B.VNg 39.Se febrero de 2010 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA N° FSS-2-1-003385 Caracas, 2 5 NOV 2010 200° y 151° Visto que en fecha 28 de Abril de 2010, se recibió en este Organismo la comunicación signada bajo el Nº 0008344 del control página original (tal como se publicó) [Página 13] de correspondencia, medlante la cual la ciudadana CARMEN ELVIRA GAMBOA BRUZUAL, titular de la cédula de identidad N° V-5.413.446, solicita la suspensión temporal de la autorización para actuar como Corredor a de Seguros bajo la .credencial No 4981, debido a que se encuentra laborando como empleada de una empresa aseguradora, en virtud de lo cual permanecerá inactiva en su actividad habitual como Corredor a de Seguros. Como punto previo al análisis de fondo de los hechos relacionados con el presente caso, este Despacho considera menester hacer referencia al cambio normativo operado en el sector asegurador en fecha 29 de julio de 2010, oportunidad en la cual entró en vigencia la novísima Ley de la Actividad Aseguradora, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela -No. 5.990 Extraordinarlo, reimpresa por error material en fecha 05 de agosto de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.481, marco normativo destinado a regir el sector de seguros en Venezuela en sustitución de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros de 1995. En tal sentido, este órgano administrativo considera de primer orden clarificar que el texto legal aplicable a la situación jurídica objeto de la presente decisión será aquella ley vigente al momento de configurarse el hecho, en este sentido, si la concreción de las situaciones fácticas fueron realizadas encontrándose vigente la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros del año 1995, la decisión que se adopte deberá recoger la regulación normativa de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros derogada. Visto que la circunstancia indicada por la mencionada ciudadana, se encuentra enmarcada en el supuesto previsto en el artículo 138 literal b) de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, cuya Ley se encontraba vigente para el momento de la solicitud de suspensión, en concordancia con el artículo 142 literal a) del Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, del siguiente tenor: "Articulo 138. No podrán actuar como productores de seguros: b) Los administradores, gerentes, comisarios o empleados de Instituciones bancarlas, de crédito, de seguros, de reaseguros o de corretaje de reaseguros; ni de entidades de ahorro y préstamo, de agencias de viaje, de comislonistas y de agentes aduanales, así como las propias Instituciones bancarlas, crediticias, reaseguradoras, entidades de ahorro y préstamo, agencias de viaje, comisionistas y agentes aduanales;" "Artículo 142. Los productores de seguros podrán solicitar la suspensión de la autorización concedida en los slgulentes casos: a) Cuando estén desempeñando empleos públicos o funciones de las señaladas en los literales b), c) y e) del artículo 138 de la Ley;" En consecuencia, vista la participación de la ciudadana CARMEN ELVIRA GAMBOA BRUZUAL, quien susCribe, en USO de las atribuciones que le confiere el artículo 142 literal a) del Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros. DECIDE: PRIMERo: Suspender temporalmente la autorización otorgada a la Ciudadana CARMEN ELVIRA GAMBOA BRUZUAL, titular de la cédula de Identidad N° V-5.413.446, para actuar como Corredor a de Seguros bajo el Nº 4981 de conformidad con lo dispuesto en el Ilteral a) del artículo 142 del Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros. Insértese la nota marginal correspondiente en el Libro de Registro de Corredores de Seguros. SEGunDo: De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo primero y segundo del artículo 142 del Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, la presente suspensión no podrá reactivarse antes que haya transcurrido un período de seis (06) meses, contados a partir de la fecha de la notificación de la suspensión. Transcurridostres (3) años desde que haya sido suspendida la autorización, sin que la misma haya sido reactivada, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora revocará la autorización. Contra la presente decisión podrá ser interpuesto el Recurso de Reconsideración previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por ante el Superintendente de la Actividad Aseguradora, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su notificación. Comuníquese y publíquese, LActigaAsaguradora Resolución Neno3 de ebrero de 2010 G.O.R.B.V. N° 39.360 @e fecha 03 de febrero de 2010 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALADEFENSA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 30 DIC 2010 2000 y 151° RESOLUCIÓN N° 016906 El Ministro del Poder Popular para a Defensa, GENERAL EN JEFE CARLOS JOSÉ MATA FIGUEROA, designado mediante Decreto N° 7.193 de fecha 26 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficia! de la República Bolivariana de Venezuela No 39.358, de fecha 01 de febrero de 2010, en ejercicio de las atribuciones que le confiere ei articulo 77 numeral 19 del Decreto N° 6.217 con Rango, Vaior y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 200s, actuando de conformidad con lo estabiecido en los artícuios i1 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Boiivariana de fecha 21 de octubre de 2c09, reimpresa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezueia N° 39.359 de fecha 02 de febrero de 2010, en concordada relación con el articulo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de fecha 01 de julio de 1981, RESUELVE PRIMERQ: Corregir la Resolución N° 016840 de fecha 09 de diciembre de 2010, mediante la Cua! se pasa a la situación de RETIRO (TIEMPO DE SERVICIO CUMPLIDO), a partir dei 01 de enero de 2011, en virtud del error material en que incurrió la Administración al incluir al Maestro Técnico Mayor FRANKLIN JOSÉ ROSAL VILORIA, C.I. N° 5.413.824. SEGuNDO: Excluir del acto administrativo contenido en la Resolución N° 016840 de' fecha 09 de diciembre de 2010, al Maestro Técnico Mayor FRANKLIN 30SÉ ROSAL VILORIA, C.I. N° 5.413.824. IERCERQ: Imprimase integramente a continuación el texto de la Resolución N° manteniéndose el mismo numero Comuniquese publiquese. Por el Ejecutivo Nacicdal, CARLOS JOSÉ MATA FIGUEROA Genéral en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 09DIC2010 2000 y 151° RESOLUCIÓN.N° 016840 Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fue:za Armada Nacionai Bolivariana, de conformidad con lo Gispuesto en el artículo 77 numeral 19 dei Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, en concordancia con :0 establecido en los artícuios 11 y 107 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacionai Solivariana de fecha 21 de octubre de 2009, reimpresa en la Gaceta oficial de la República Bclivariana de Venezuela N° 39.359 de fecha 02 de febrero de 2010, página original (tal como se publicó) [Página 14] RESUELVE ÚNICQ: PaSar 8 la SItuaCIór de RETIRO (TIEMPO DE SERVICIO CUMPLIDO), al Personal Mitar del Ejército Bolivariano abajo mencionado, a partir del 01 de enero de 2011: COrOnel MARLENE GISELA PEROZA PINO, C.1. N° 5.961.641. COrOnel CARLOS RAFAEL SALAZAR BERNAL, C.I. N° 7.607.847. COrOneI JOSEFINA DEL VALLE VELÁSQUEZ RODRIGUEZ, CI. NO 6.066.362. Comuníquese y Por el Ejecuth CARLOS JOSE MATA FIGUEROA General en Jefe Ministro dei Poder Popular para la Defensa MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALAAGRICULTURA Y TIERRAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN PARA APOYAR LA REVOLUCIÓN AGRARIA (CIARA). PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA NS 018/2010.CARACAS,30 DE DICIEMBRE DE 2010. AÑOS 200º y 1518 En ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 13 del Artículo 20, Título V de los Estatutos vigentes de la Fundaclón de Capacitación e innovación para Apoyar la Revolución Agrarla (CIARA), publicados en la Gaceta Oficlal de la República Bollvariana de VenezuelaN° 39.467 de fecha 16 de Julio de 2010, de conformidad con lo dispuesto en el único aparte del Artículo 5 de la Loy del Estatuto de la Funclón Públlca, Por cuanto, la salud es un derecho soclal fundamental que debe ser garantizado como parte del derecho a la vida, y el Estado debe promover y desarrollar políticas orientadas a elevar la calldad de vlda, el bienestar colectivo y el acceso a los serviclos, Por cuanto, el acceso a los servicios de salud a través de Intermediarlos (Empresas de Seguros) resulta ser muy oneroso, Este Despacho dicta la sigulente: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Se crea el Plan Administrado de Salud de la FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN PARA APOYAR LA REVOLUCIÓN AGRARIA (CIARA). EI CUal eS Un sistema de gestión y tramite de hospitalización, cirugía y matemidad (HCM), accidentes personales y servicios funerarios, administrado por la Direcclón de la Oficina de Recursos Humanos, para garantizar el blenestar de los trabajadores, trabajadoras y sus familiares beneficlarlos, asegurándoles la brotecclón soclal frente a diversas eventualidades que puedan surgir. Artículo 2. Este Plan Administrado de Salud tendrá vigenda partir dei Primero (1°) de Enero de 2011. Camuníquese y Publíquese. MARTHA BPLIYAR ACOSTA CIARA Presidenta de la Bandación de Capacibación e Innovación para Apoyar la Revolución AgranasiDEnCiA Segón Resoluclón DMNo 182/g008 de facha 09 de diclembre de Z008, publicada en Gacata Oficlal do la República Bollvariana de Venezuala No. 39.076 de fecha 09 de diclembre de 2008. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 86 0 4 Eu€. 2010 CARACAS, AÑOS 200° Y 151° En conformidad con lo previsto en los artículos 62 y 77, numeral 26 del Decreto No 6.217 de fecha 15 de julio de 2008, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; 5, numeral 2 y segundo aparte del artículo 19 de la Ley del Estatuto de la Función Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.032, de fecha 7 de octubre de 2002, CONSIDERANDO El supremo compromiso y la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el desarrollo de la patrla y del colectivo, RESUELVE Articulo 1. Se designa a la Ciudadana HILDAMAR ELENA AZUAJE RO8LeS, titular de la cedula de identidad N° 11.128.506, como Directora General (E) de la Oficina de Consuitoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. En consecuencia, le corresponde el ejercicio de las atribuciones contenidas en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, Artículo 2. Se Delega en la mencionada funcionaria, la firma de actos y documentos que se especifican a continuación: 1. Las Circulares y comunicaciones que emanen de la Dirección General de la Oficina de Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. 2. La correspondencia dirigida a funcionarios de otros entes u órganos de la Administración Pública Nacional. 3. La correspondencia a través de medios electrónicos o informáticos y telemáticos, con relación a solicitudes elevadas a este Ministerio por particulares. 4. Las copias certificadas de los documentos que reposan en los archivos de la Dirección General de la Oficina de Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, a solicitud de los interesados, de conformidad con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el Decreto No 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. 5. La aceptación de la renuncia del personal que presta sus servicios en la Dirección General de la Oficina de Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Artículo 3. La funcionaria designada deberá rendir cuentas al Ministro de los actos delegados en los términos que determine la Ley. Artículo 4. La funcionaria designada, antes de tomar posesión de su cargo, deberá prestar juramento de cumplir la Constitución de la página original (tal como se publicó) [Página 15] República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República, los deberes inherentes al cargo y rendir cuentas del mismo en los términos y condiciones que determine la ley. EDGARDO ANTONIO RAMIREZ Ministro del Poder Popular para la Educacien,bnlvereitara REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 857 CARACAS, 04 EVE 2011 AÑOS 200° Y 151° En conformidad con lo previsto en los artículos 62 y 77, numerales 19 y 26 del Decreto Nº 6.217 de fecha 15 de julio de 2008, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008; 5, numeral 2, último aparte del artículo 19 y 20, numeral 8 de a Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002; en concordancia con el artículo 89 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.032 de fecha 07 de octubre de 2008, RESUELVE Articulo 1. Se designa a la ciudadana ADRIANA YEMILY RODRIGUEZ JIMENEZ, titular de la cedula de identidad N° 15.519.344, como Directora General (E) de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. En consecuencia le corresponde el ejercicio de las atribuclones contenidas en el artículo 15 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. Artículo 2. Se delega en la referida ciudadana, las firmas de actos y documentos que se especifican a continuación: 1. Las circulares y comunicaciones que emanen de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas; 2. La correspondencia dirigida a funcionarios de otros entes y órganos de la Administración Pública Nacional; 3. La correspondencia a través de medios electrónicos, informáticos y telemáticos con relación a solicitudes elevadas a este Ministerio por particulares; 4. Las copias certificadas de los documentos que reposan en los archivos de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, a solicitud de los interesados; 5. La aceptación de la renuncia del personal que prestas de la sus servicios en la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. Artículo 3. La funcionaria designada deberá rendir cuentas al Ministro de los actos delegados en los términos que determine la Ley. Artículo 4. La funcionaria designada, antes de tomar posesión de su cargo, deberá prestar juramento de cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República, los deberes inherentes al cargo y rendir cuentas del mismo en los términos y condiciones que determine la ley. Comuníquese y Publíquese, , EDGARDO ANTONIO RAMIREZ Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria". REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DEL MINISTRO 04 E 2011 RESOLUCIÓN N° 858 CARACAS, AÑOS 200° Y 151° En conformidad con lo previsto en los artículos 62 y 77, numerales 19 y 26 del Decreto Nº 6.217 de fecha 15 de jullo de 2008, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivaniana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008; 5, numeral 2, último aparte del artículo 19 y 20, numeral 8 de la Ley del Estatuto de 1a Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002; en concordancia con el artículo 89 det Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°39.032 de fecha 07 de octubre de 2008, RESUELVE Artículo 1. Se designa al ciudadano JOSUE ALEJANDRO LORCA VEGA, titular de la cedula de identidad N° 17.978.521, como Coordinador (E) de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitania. En consecuencia le corresponde el ejercicio de las atribuciones contenidas en el artículo 15 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. Artículo 2. Se delega en el referido ciudadano, las firmas de actos y documentos que se especifican a continuación: 1. La correspondencia dirigida a funcionarios de otros entes y órganos de la Administración Pública Nacional, para lo cual se le instruya; 2. La correspondencia a través de medios electrónicos, informáticos y telemáticos con relación a solicitudes elevadas a este Ministerio · : por particulares; Articulo 3. El funcionario designado deberá rendir cuentas al Ministro de los actos delegados en los términos que determine la Ley. Artículo 4. El funcionario designado, antes de tomar posesión de su cargo, deberá prestar juramento de cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República, los deberes Inherentes al cargo y rendir cuentas del mismo en los términos y condiciones que determine la ley. EDGARDO ANTONIO RAIREZ Ministro del Poder Popular para la Educaok-univertiaria REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DEL MINISTRO 0 4 ENE 2011 A CARACAS, AÑOS 200° Y 151° En conformidad con lo previsto en el artículo 62, numeral 26 del artículo 77 del Decreto N° 6.217 de fecha 15 de julio de 2008, con Rango, Valor y Fuerza, de ley Orgánica de la Administración pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fechà 31 de julio de 2008; artículo 5, numeral 2, artículo 19 último aparte y artículo 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002; en concordancia con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.032 de fecha 07 de octubre de 2008, CONSIDERANDQ El supremo compromiso y la mayor eficacia politica y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el desarrollo de la patria y del colectivo, página original (tal como se publicó) [Página 16] RESUELVE Articuto 1. Se designa a la Ciudadana JOSEFINA DE LA CRUZ MEDINA UGUETO, titular de la cédula de Identidad N° 12.161.503, como Coordinadora (E), cargo adscrito a la Oficina de Consultoría Jurídica del Miristerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Artículo 2. Se delega en la funcionaria designada en el presente acto la firma de los actos y documentos que se especifican a continuación: 1. La correspondencia dirigida a funcionarios de otros entes u órganos de la Administración Púbiica, para lo cual se le instruya; 2. La correspondencia a través de medios electrónicos o informáticos y telemáticos, con relación a solicitudes elevadas a éste Ministerio. Artículo 3. La funcionaria designada en el presente acto, antes de tornar posesión del cargo deberá prestar juramento de cumplir la Constitución de la República Bolivaniana de Venezuela, las leyes de la República, los deberes inherentes al cargo y rendir cuentas del mismo en los términos y condiciones que determina la ley. Artículo 4. A partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de la presente Resolución, se deja sin efecto la Resolución N° 491 de fecha 01 de julio de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.457 de la misma fecha. Comuníquese y Publiques EDGARDO ANTONIO RAMIREZ jversitaria Ministro del Poder Popular para la Educación MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALA CULTURA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA FUNDACION TEATRO TERESA CARREÑO DICTA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 005-2010 CARACAS 28 de DICIEMBRE de 2010 200° Y 159° Quien «suscribe FRAnCiSCO DE ASÍs 8ESTO NOVAS, venezolano, mayor de edad. da este domicilo y titular de la Cêdula de Identidad N° V- 3.249.086 Presidente Encargado de la Fundación Teatro Teresa Carreño, según ResoluciónN° 103, de fecha 29/oe/10, emenada del Ministerio del Poder Popular pera la Cultura y publicada en la Geoeta Oñcial de la República Bolivanana de Venezuela N° 39.520 del 21/09/2010, en cumplimiento de la atribución contenido en ei numeral 01 de la Ciáusula Decima Sexta de su Acta Constilutiva y Estatutos Socia los registrados en la Oficina Subalterna de Registro del Il Circuito dal Municipio Libertedor del Distrito Metropolitano, (ahora Municiplo Boliveriano Lubertador del Distrio Capital), bajo el No. 54, Tomo 10, Protocolo 1, de fecha 11/0e/73, siendo 8u úflima modificación la de fecha 21 de sepliembre de 2010, quedando Igualmente registrada ente la Oficina de Regiatro respectiva anotada bajo el No. 08, Tomo 35, Folio 62, Protopolo de transcripción y por mandato dei Consejo Directivo como máxima autoridad administrativa quien en Sesión N° 007/2010 celebrada en fecha 30 de noviambre de 2010. acordó el nombramiento de los y las integrantes de la Comisión de Contraleciones en los siguientes términos: Arlículo 1: Se modifica la conformación de los Integrantes de la Comialón de Contrataciones de la Fundación Teatro Taresa Carreño, la cual as de carácier permanente, y tene por objeto conocer de los procesos de selección de contratistas pera la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios, oonatituida mediante Providencia Administrative N° 07-2009 de fecha 28 de mayo de 2009 publicada en la Gepeta Ohcial de la República Bolivariana de Vanezuela N°. 39.202 de fecha 17 de junio de 2009. Articulo 2: La Comisión de Contrataciones estara integrada por los empleados que a continuación se mencionan con carácter de miembros principales y suplentes, en representación de les Areas Juridicas, Económica-Financiera y Técnica. AREA JURÍDICA MIEMBRO PRINCIPAL MIEMBRO SUPLENTE KLEEBLATT BRITO BORGES MIRELIS GONZALEZ VALDERRAMA C.I. N° 11.180.760 C.I. N° 14.421.831 CONSULTOR JURIDICO ABOGADA DE LA CONSULTORIA JURIDICA AREA ECONÓMICA-FINANCIERA MIEMBRO PRINCIPAL MIEMBRO SUPLENTE MIGUELANGEL 8ALAZAR ENDER ROJAS C.I. N° 13.047.715 C.1. N° 13.406.379 COORDINADOR PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN Y JEFE DE UNIDAD PRESUPUESTO SEGUIMIENTO AREA TÉCNICA. MIEMBRO SUPLENTE MIEMBRO PRINCIPAL ROBERTO ZANETTI KATIUSKA NAVARRO C.1. N° 4.774.590 C.I. N° 13.149.394 JEFE DE LA UNIDAD DE FINANZAS COORDINADOR OE INFRAESTRUCTURA SECRETARIO (A) DE LA COMISIÓN ULÉICA GUEDEZ C.I. N° 14.157.500 ADMINISTRADORA ESPECIALISTA Articulo 3: La comisión de Contralaciones de la Fundación Teatro Teresa Cerreño será competente para conocer y ejecutar los procedimientos de contrataciones para la ejecución de obras, Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas, publicada en la Gacela Onciel de la República Bolivariane de Venezuela N° 39.503 de fecha 06 de sepliembre de 2010 y su Reglamento. Articulo 4: La comisión de Contrataciones se conattuirà validamente con la presencia de la sus decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoria. Articuio 5: El secretario (a) de la comisión tendrá derecho a voz más no ha voto y se encargara de compilar, organizar y suministrar tode la información y documentación que fuere necesana para le correcta actividad de la Comisión. En sl ejercicio de sus funciones deberà levantar actas de las reun:ones que se lleven a cabo y de los actos públicos de recepción y apertura de sobres cu. tantivos de manifestaciones de voluntad y de oferta, asi como realzer cuaiquier otra labor relacaonec" con en buen funcionamiento de la Comisión. Articulo 6: La Contraloria General de la República y la Audrtoria Intemna de la Fundación Teatro Teresa Carreño podrán designar representantes pare que actúen como observadores sin derecho a voto. Articuio 7· La Comisión de Contrataciones Permanente de la Fundación Teatro teresa Carreño, Deberá Veiar por el estricto cumpêmiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas, publicada en la Gaceta Ofcial de la República Boirvariana de Venezuela N° 30 503 de fecha 06 de septiembre de 2010 y su Reglamento. Articulo 8: Se deroga la Providencua Adminisirativa N° 07-2009 de fecha 28 de mayo de 2009 publicada en la Gacata Ofcial de la Repúbica Bolivariana de Venezuela N° 39.202 de fecha 17 de juno de 2009 Articulo 9: La presente Providencia entrara en vigencia a partir de su publicación en la publicación en Gaceta Oncial de la República Bolvanana de Venezuela. ANA cid:) Comuniquese y Publiquese FRANCISCE DE ASIS SESTO NOVAS PRESIDENTE (E) DE LA FUNDACIÓN TEATRO TERESA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS República Bolvanana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indigenas Caracas, 04 de enero de 2011 200° y 1990 Resolución N° 001 Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Marina Maldonado, designada por el cudadano Hugo Rafael Chávez Frias, Presidente de la república Bolvariana de Venezuela, mediante Decreto N° 5.106 de fecha 8 de enero de 2007, publicado en la gaceta Oficial N° 38.600 do fecha 09 de enero de 2007, conforme a las atribuciones que le confere lo dispuesto en el articuio 76 numeral 8 y 25 de le Ley Orgánica de la Administración Pública en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del articulo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Resuelve Artículo 1. Se designa al Ciudadano José German Panqueva, titular de la cédula de Identidiad N° 9.235.55., como Director General de la Oficina de la Oficina de Adminietración y Servicios, del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, en sustitución de Jorge Enrique Cuadra, titular de la cédula identidad N° 9.136.479. En consecuencia queda autonzado para ejercer las atribuciones inherentes a dicho cargo. ARTicuLo 2 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuniquese y Publiquese. Por el Ejecutivo Nacional Aica Männa Maldonado Maldonãdo Ministra del Poder Popular pára los Pueblos Indígenas página original (tal como se publicó) [Página 17] RepúblicaBolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indigena.s Caracas, 04 de enero de 2011 200º y 1990 Resolución N° 002 Maldonado, designada por el ciudadano Hugo Rafaei Chávez Frías, Presidente de la República Bolivarlana de Venezueia N°38.600 de lecha 09 de enero de 2.007, conforme a las atribuciones qua le confere lo dispuesto en el articulo 76 de la Ley Orgánica de la Administación Pública en GacetaOficial de la República Bolvanana de Venezueia Extraordinaria N° 5.781 de fecha 12 de agosto de 2.005. Resuelve Artíeulo 1°. Se designa al ciudadano que a continuación se menciona, como funcionar o responsable de la Unidad Administradora que conforme la estructura para la ejecución financiera del Presupuesto de Gasto del Ejercico Fiscal 2.ost el Ministeno del Poder Populaz para los Puebios Indigenas. Código Unidad Cádula de Nombre y Apellido Cargo Idenbdad Ejacutora DIRECTOR GENERAL DE Joed Garmant LA OFICINA DE V. 9.235.551 52008 Pariquews ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Artículo 2°. La presente entrará en Vigencia a parur de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolvariana de Venezuela Comuniquese y Publiquese. Por el Ejecutivo Nacional AeaikaurAnrMpdbnaromudonedo Ministra derPoder Popular parar los Puebios Indigenas CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 200° y 151° SE HACE SABER Al CiudadanO WILLIAM ENRIQUE QUINTERO VIELMA, Cédula de Identidad N° V- 6.894.259, que mediante Resolución N°01-00- 000268 de fecha 30 de agosto de 2010, suscrita por el ciudadano Contralor General de la República, en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente para la época de ocurrencia de los hechos, se le impuso la sanción de inhabilitación para el ejerciclo de funciones públicas por un periodo de cinco (5) años, contado a partir de la ejecución de la presente Resolución. La referida Resolución es del tenor siguiente: "Resolución N° 01-00-000268 Caracas, 30 de agosto de 2010 CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI Contralor Generai de la Rapública CONSIDERANDO Que en fecha 1º de enero de 2002, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001, la cual en su 4 artícuio 127 deroga la Ley Orgánica de la Contraloría General de 1a República, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No 5.017 Extraordinario del 13 de diciembre de 1995. CONSIDERANDO Que el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría Generai de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 1º de enero de 2002, estabiece que: "(..) Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueido por un período no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable (...) e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años (...". CONSIDERANDO Que en auto decisorio de fecha 25 de abril de 2006, suscrito por el ciudadano REINALDo MARTiNEZ, en su carácter de Director de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales de la Contraloría Metropolitana de Caracas, designado según Resolución N° 008- 205 del 20 de enero de 2005, procediendo por delegación del ciudadano Contralor Metropolitano, de acuerdo a la Resolución N° 0024-2005 del 26 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficlal del Distrito Metropolitano de Caracas en la misma fecha, constan los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la declaratoria de responsabilidad administrativa del CiUdadanO WILLIAM ENRIQUE QUINTEROVIELMA, Cédula de identidad N° V-6.894.259, funcionario adscrito a la Secretaría de Salud de la Alcaidia del Distrito Metropolitano de Caracas, para el momento, por el hecho siguiente: Por haber vendido de manera llegal Certificados de Salud, en el año 2005, por la cantidad de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00), equivalente a cinco bolívares fuertes (Bs. F. 5,00) y por habérsele incautados un bolso color azul con correa negra contentivo de la cantidad de ochenta y un (81) Certificados Médicos vacíos y con sello de la Dra. Mireya de Lucero; cuatro (04) bolígrafos; tres (03) diskette de información importante, una tijera, una engrapadora, diferentes sellos y almohadillas, material suficiente para la elaboración y expedición de manera llegal de Certificados de Salud. La situación antes expuesta, es generadora de responsabilidad administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 91 numeral 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. CONSIDERANDO Que la decisión de fecha 25 de abril de 2006, por la cual se declaró la responsabllidad administrativa del ciudadano WILLIAM ENRIQUE QUINTERO VIELMA, cédula de identidad N° V- 6.894.259, quedó firme en vía administrativa, en virtud de no haber interpuesto el Recurso de Reconsideración en el lapso previsto para ello por la Ley. CONSIDERANDO Que de conformidad con el artículo 112 del Reglamento de ia Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente a parti: del 12 de agosto de 2009, para acordar la suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo o la destitución del cargo, e imponer la inhabilitación para el ejercicio de sus funciones públicas derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 105 de la mencionada Ley, el gravedad del ilícito o irregularidad administrativa que dio lugar a dicha declaratoria de manera que la sanción sea proporcional a los hechos. RESUELVE De conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Imponer al CiUdadanO WILLIAM ENRIQUE QUINTERO VIELMA, cédula de identidad N° V- 6.894.259, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un periodo de CINco (5) Años, contado a parti: de la fecha de ejecución de la presente Resolución. Notifiquese ai interesado. página original (tal como se publicó) [Página 18] Infórmese a la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, a la Dirección de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especlales de la Contraloría Metropolitana, a la Dirección Regional de Salud del Distrito Capital, Distrito 2, del Ministerio del Poder para la Salud, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Dirección General de Coordinación y Seguimiento adscrita al Despacho del Viceministro de Planificación Social e Institucional del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. Cúmplase y publíquese, CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI Contralor General de la República AG/APA/NMG" Se le advierte que se entenderá por notificado quince (15) días hábiles después de la publicación del Cartel en un diario de mayor circulación de la entidad territoria! donde la autoridad que conoce el asunto tiene su sede, de conformidad con lo previsto en el artículo 120 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con lo previsto en el artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por cuanto ha resultado impracticable su notificación personal. Asimismo, se le comunica que podrá interponer ante el ciudadano Contralor General de la República, el correspondiente Recurso de Reconsideración previsto en el artículo 114 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en un lapso de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de su notificación o el recurso de nulidad por ante el Tribunal Supremo de Justicia, en el plazo de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de la fecha de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencloso Administrativa (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.447 de fecha 16 de junio de 2010) en concordancia con el numeral 5 del artículo 26 de ia Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (Gaceta Oficial de la República Bolivarfana de Venezuela N° 39.522 de fecha 01 de octubre 2010). Cúmplase y publiquese, ALEXANDER PÉREZ ABRE Director de Determinación de Respogofid REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resolución N°01-00- g C 0 4 5 8 DiC.2010 C + 3 Caracas, 200° Y 151° CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI Contralor General de la República Con fundamento en la competencia establecida en los articulos 287 y 289 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual le atribuye a esta Contraloría, el carácter de Organo Rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, a los fines de lograr la unidad de dirección de los sistemas y procedimientos de control que coadyuven al logro de los objetivos de los distintos entes y organismos sujetos a la Ley Orgánica que rige sus funciones, así como también al buen funcionamiento de la Administración Pública, en cualquiera de sus tres niveles territonales. Visto que con fundamento en las facultades previstas en el articulo 34 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, esta Contraloría General de la República intervino la Contraloria Municipal del Municipio Manapiare del Estado Amazonas, mediante Resolución N° 01-00-000174 de fecha 02 de agosto de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.480 del 04 de agosto del 2010. Visto que mediante Resolución N° 01-00-000178 de fecha 09 de agosto de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.483 de la misma fecha, se designó a la ciudadana MARIANA PADRÓN OJEDA, titular de la cédula de identidad N° 11.892.673, como Contralora Interventora de la Contraloría Municipal del referido Municipio. Visto que por razones de servicio, esta Contraloría General de la República ha considerado sustituir a la ciudadana, arriba plenamente identificada. RESUELVE: PRIMERO: Designar a la ciudadana LUZ ESTHER FARIAS LA ROSA, titular de la cédula de identidad N° 6.360.208, como Contralora Interventora de la Contraloria Municipal del Municipio Manapiare del Estado Amazonas, a partir de la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en sustitución de la ciudadana MARIANA PADRÓN OJEDA, antes identificada, quien cesa en las funciones asignadas mediante fa Resolución, antes señalada. SEGuNDo: La Contraiora Interventora tendrá las atnbuciones y deberes siguientes a) Ejercer las funciones de Control que el articulo 104 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y las Ordenanzas Municipales atribuye:a las Contralorías Municipales. b) Al décimo (10) día hábil siguiente al vencimiento de cada mes en que dure la intervención, la Contralora Interventora deberá presentar a la Contraloría General de la República un Informe pormenorizado de su gestión. TERCERO: La medida de intervención durará hasta tanto el Concejo Municipal del Municipio Manapiare del Estado Amazonas, celebre el concurso público para la designación del Contralor (a) Municipal de esa localidad, designe y juramento a quien haya obtenido la mayor puntuación en dicho concurso y restilte ganador del mismo. CLODOSBAGPR RUSSIAN UICATEGUI Contralosseneral do laRepública 2256 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Resolución N°01-00- g C 8 4 5 9 21 01€.2010 Caracas, 200° y 151° CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI Contralor General de la República CONSIDERANDO Con fundamento en la competencia establecida en los artículos 287 y 289 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, a los fines de lograr la unidad de dirección de los sistemas y procedimientos de control que coadyuven al logro de los objetivos de los distintos entes y organismos sujetos a la Ley Orgánica que rige sus funciones, así como también al buen funcionamiento de la Administración Pública. CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en el artículo 14, numeral 1 de ia Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con los artículos 4 y 33 ejusdem, corresponde al Contralor General de la República velar por el cumplimiento de la mencionada LeyOrgánica y demás leyes relacionadas con la materia, asl como el ejercicio de la rectoría del Sistema Nacional de Control Fiscal. página original (tal como se publicó) [Página 19] CONSIDERANDO Que el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, le otorga competencia al Órgano Rector del Sistema Nacional de Control Fiscal para evaluar periódicamente los Órganos de Control Fiscal, a los fines de determinar el grado de efectividad, eficiencia y economía con la que operan. CONSIDERANDO Que este Máximo Órgano de Control, mediante Oficios N° 07-02-0476 y 07-02-0477, ambos de fecha 02/11/2010, suscritos por la Directora de Control de Municipios, de conformidad con la competencia delegada por el Contralor General de la República, prevista en los artículos 13 y 9 numeral 4 de la Resolución Organizativa Nro. 4 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.178 del 03-05-2005), se ordenó una actuación fiscal en la Contraloría del Municipio Cabimas del Estado Zulia. CONSIDERANDO Que de los resultados de la actuación fiscal practicada, contenidos en el Informe Especial de fecha 17 de diciembre de 2010, se determinaron, los hechos siguientes: La Contraloría del Municipio Cabimas del Estado Zulía, efectúo actividades de control fiscal sobre las contrataciones objeto de revisión celebradas por la alcaldía de esa localidad, sin embargo no constan los Informe de Auditoría correspondiente, que contengan los resultados de las actuaciones realizadas por ese órgano de control; la Contraloría Municipal ejerció control previo al pago, aún cuando para la fecha, dicha función había sido suprimida por la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (Gaceta Oficia! N° 38.204 de fecha 08-06-2005); asimismo, ejerció actividades de control sobre las contrataciones celebradas entre la empresa FLANCARBE, C. A. y la Alcaidía de Cabimas, cuando debió inhibirse del ejercicio de dicho control conforme a la establecido en las leyes que regulan la materia, toda vez que se verificó la existencia de un vinculo entre el presidente de la citada empresa y la Contralora Municipal, situación que atenta contra los principios de honestidad, transparencia y responsabilidad que debe poseer el funcionario público en ejercicio de sus funciones. CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del articulo 58 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial Nro. 39.240 del 12 de agosto de 2009), la situación antes descrita, constituye grave irregularidad que afecta la legalidad, la efectividad, la eficiencia y economia de las operaciones administrativas del órgano de control fiscal y viola los principios que rigen el sistema nacional de control fiscal. CONSIDERANDO Que el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 57 de su reglamento, otorga al Contralor General de la República la facultad de intervenir a los Órganos de Control fiscal. RESUELVE: PRIMERO: Intervenir Ia Contraloría Municipal del Municipio Cabimas del Estado Zulia. SEGUNDO: Designar a la ciudadana CELESTINA M. PARRA DÍAZ, titular de la cédula de identidad Nro. 6.492.480, en condición de Contralor Interventor del referido Municipio. TERCERO: SUspender a _la ciudadana ARELIS MARIA OJEDA ESCALANTE, titular de la Cédula de identidad Nro. 7.207.863, en el ejercicio del cargo de Contralor Municipal del citado Municipio. CUARTO: Se insta al Concejo Municipal del Municipio Cabimas del estado Zulia a: Iniciar el procedimiento correspondiente para la destitución de • la titular del órgano de control fiscal intervenido. Convocar al concurso público para la designación del nuevo titular de la Contraloria Municipal de esa entidad, una vez que esta Contralona General de la República autorice la destitución. QUInTO: La Contralora Interventora tendrá las atribuciones y deberes siguientes: a) Exigir a la Contralora saliente que haga entrega oficial de la dependencia a través de acta, b) Ejercer las funciones de Control que el artículo 104 de La Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y las Ordenanzas Municipales atribuyen a las Contralorías Municipales. c) Presentar al Contralor General de la República y al Concejo Municipal: Los Informes mensuales de su gestión. Un Informe sobre los resultados de su gestión, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la culminación de la intervención. SEXTO: La medida de intervención tendrá una duración de noventa (90) días hábiles, contados a partir de la publicación de la presente resolución, prorrogables hasta por un lapso igual, por una sola vez, sin perjuicio de que pueda cesar antes, con motivo de la designación, mediante concurso público, del nuevo titular del órgano de control : fiscal. SEPTimO: La funcionaria interventora se mantendrá en el cargo hasta la fecha en que ocurra la designación por concurso público del nuevo titular. Comuniquese y publiquese. U. CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI : Contralor-Géneral de la Republica DEFENSORÍA DEL PUEBLO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUEL DEFENSORÍA DEL PUEBLO DESPACHO DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO CARACAS, 03 DE ENERO DE 2011 RESOLUCIÓN N° DdP-2011-002 GABRIELA DEL MAR RAMÍREZPÉREZ, DefenSOra del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, designada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 13 de diciembre de 2007, según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.836, de fecha 20 de diciembre de 2007, actuando de conformidad con el articulo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 29 numeral 19 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.995, de fecha 5 de agosto de 2004. CONSIDERANDO Que mediante la Resolución Nº DdP-2010-182, de fecha 1° de sept:embre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.502, de fecha 03 de septiembre de 2010, fue designado el ciudadano LUIS ALFREDO ESPEJO MOLEDO, titular de la cédula de identidad N° V-15.201.956, quien ocupa el cargo de Jefe de la División de Tesorería, para que ejerza simultáneamente el cargo como Director de Informática, en calidad de encargado, desde e1 día 30 de agosto de 2010, hasta nueva disposición. RESUELVE: . Concluir el día 03 de enero de 2011, la encargaduría cono Director de Informática (Encargado) del funcionario LUIS ALFREDO ESPEJO MOLEDO, titular de 1a cédula de identidad N° V-15.201.956, quien continuará ejerciendo el cargo del cual es titular como Jefe de-la División de Tesorería, adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas. Comuníquese y Publíquese, GABRIELA DEL MAR RAMIREZ PÉREZ DEPENSORA DEL\PUEBLO página original (tal como se publicó) [Página 20] REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DESPACHO DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO CARACAS, 03 DE ENERO DE 2011 2000 Y 1510 RESOLUCIÓN N° DdP-2011-003 GABRIELA DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ, DefenSOra del PuebIO de la República Bolivariana de Venezueta, designada por la Asamblea Nacional de la República Bolivaníana de Venezuela, en fecha 13 de diciembre de 2007, según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.836, de fecha 20 de diclembre de 2007, actuando de conformidad con el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en ejercicio de la atribución de realizar nombramientos conferida por el artículo 29, numeral 19 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.995, de fecha 05 de agosto de 2004, en concordancia con el articuio 11 del Estatuto de Personal de la Defensoría del Pueblo, LEY d sSmplacin de ranes ADMINISTRATIVOS LEY del Réglmen Prestadonal deVIVIENDA y HABITAT CACETA OFICLAL GACETA OFICIAL LEY argelia e l dainstciónn PÚBLICA GACEZA OFICIAL contenido en la Resolución N° DP-2007-210, de fecha 17 de diciembre de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.838 del día 26 de diciembre de 2007, RESUELVE: Designar al Ciudadano PABLO EMILIO CARRILLO RIBES, titular de la cédula de identidad No V-14.718.309, como Director de Informática, adscrito a fa Dirección General de Administración, a partir del día 04 de enero de 2011. Comuníquese y Pubiíquese, yorpd BABRIELA DEL MAR RAMIREZ PÉREZ DERENSORA DEL RUEBAO LEY Orgáni la de la FUERZA ARMADA NACIONAL Bolivardana LEY de reforma parc a de la Ley del SEGURO SOCIAL GACETA OFICLAL GACETA OFICLAL LEY ORGÁNICA de EDUCACIÓN CACETA OFICIAL página original (tal como se publicó) [Página 21] A LA VENTA en las taquillas de la Gaceta Oficial LEY de Simplliadónde Trciles ADMINISTRATIVOS L'EY del Régimen Prestadonal deVIVIENDA y HÁBITAT TYOLIO YEOYS SACETA OFICIAL LEY Argnia d Admaltndn PÚBLICA GACEDL OFICLAL Otros: LEY Orgárnica de a FUERZA ARMADA NACIONAL Solhvariana LEY de reforma paidal dela lay de SEGURO SOCIAL CACTA OFICAL LEY ORGÁNICA. eEDUCACIÓN SACETA DEICLAL Ley de Creación, Estimulo, Promoción y Desarrollo. del.Sistema Microfinanciero Ley Orgánica de Telecomunicaciones Compendio (Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero, Ley especial de Asociaciones Cooperativas) Ley de Tierras y Desarrollo Agrario Ley Orgánica de Hidrocarburos página original (tal como se publicó) [Página 22] A LA V'ENTA en las taquillas de la Gaceta Oficial LEY ORGÁNICA de EDUCACIÓN GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA página original (tal como se publicó) [Página 23] A LA VENTA en las taquillas de la Gaceta Oficial LEY de SmpäsdondeTrénes ADMINISTRATIVOS LEY del Réglmen Pestadonal deVIVIENDA y HÁBITAT CICETL OFTICAL TYOL0 YOYS LEY Drgánia dela daininde PÚBLICA Otros: LEY Orgáni a de la FUERZA ARMADA NACIONAL Bolhvariana LEY de reforma paidal de la Lay de SEGURO-SOCIAL GÁCETA OFICAL CACETA OFICAL LEY ORGÁNICA. de EDUCACIÓN GACELA OFICAL Ley de Creación, Estimulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinancierc Ley Orgánica de Telecomunicaciones Compendio (Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero, Ley especial de Asociaciones Cooperativas) Ley de Tierras y Desarrollo Agrario Ley Orgánica de Hidrocarburos página original (tal como se publicó) [Página 24] DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppO 187207DF1 AÑO CXXXVIII— MES III Número 39.586 Caracas, martes 4 de enero de 2011 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelarla Caracas- Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve / http://imprenta.gotdns.org Esta Gaceta contiene 24 Págs. costo equivalente a 10,05 %valor Unidad Tributaria DE VENEZUELA. Ártículo 12. La GACETA OFICIAL DEeLAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los dias hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único. Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial. Articulo /3. En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de Ios Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo Nacional. Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos. El SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados. página original (tal como se publicó)